Desde hace unos años la universidad, como institución fundamental para el progreso cultural, social y económico de un país, constituye objeto de debate, en el seno del cual aparecen propuestas y estrategias que se orientan a la modificación de sus funciones y de su organización. El objetivo de estas intervenciones abarca tanto la actividad académica (docencia e investigación) y su orientación, como la financiación, que incluye los precios que debe pagar el estudiante, hasta llegar al  mismo sistema de gobierno de las universidades.

En este contexto, resulta de enorme valor poder disponer de documentación e información transparente y estructurada, así como argumentación objetivada, que evite que la toma de posiciones y/o de decisiones basadas en posiciones apriorísticas e ideológicas más que en un conocimiento objetivo y razonado de la situación de la universidad.

El Observatorio del Sistema Universitario (OSU) desenvuelve su actividad precisamente en esta linea, como plataforma permanente que, desde la investigación, el análisis, el debate y la reflexión críticos sobre la universidad pública, interviene sobre materias de política universitaria ofreciendo documentación y análisis. Así, pues, son objetivos del Observatorio, en el ámbito de la política universitaria:ofrecer documentación, estudios y opinión documentada y razonada; fomentar los debates y la elaboración de propuestas; intervenir en los medios de comunicación y en los debates públicos en general.

En diciembre de 2017 el OSU publica el informe ¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE (2009-2015), presentado el pasado martes 16 de enero en la Universidad Complutense de Madrid con la presencia del rector de la UCM y de la autora y editora del informe Vera Sacristán.

Elaborado a partir de los datos publicados por el Ministerio de Educación Cultura y Deportes y la OCDE, ¿Quién financia la universidad? pone de manifiesto que ya en 2009, antes de los recortes, la financiación de las universidades públicas era muy dispar entre comunidades autónomas, y no guardaba relación con el número de estudiantes ni con la riqueza de cada comunidad.

De acuerdo con este informe y solo para destacar un dato relevante entre otros, la financiación pública de las universidades en España ha disminuido más que el PIB pasando del 0,80% al 0,65%.

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