Desigualdad por decreto

Antonio Chazarra. Profesor de Filosofía. Colegio

Hace mucho que vengo pensando que educar es una tarea importante y digna. Una buena educación enseña a los alumnos a madurar, a conocer y explorar el mundo en que viven, a tener en cuenta valores, a manejar con soltura el método científico y a sentirse herederos legítimos de la tradición humanista.

Se ha repetido, hasta la saciedad, que invertir en educación es invertir en futuro y preocuparse de que los alumnos de hoy tengan la mejor preparación es la mayor garantía de que el país tenga futuro.

Todo eso está muy bien. Pero, lo que observamos cada día nos llena de zozobra, incertidumbre y pesimismo. La educación, en nuestro país, es una nave atrapada en el mar de los sargazos. Una vez más, los que menos tienen son los que van a pagar el precio más alto. El fantasma del dualismo ha hecho ya su aparición. Educación para el que pueda pagársela y beneficencia para el resto, con pocos matices.

Los alumnos de los segmentos sociales más bajos, los inmigrantes y aquellos con necesidades educativas especiales son los que ya han empezado a sentir, en carne propia, el flagelo de la crisis y de los recortes. Lo peor, en buena medida, está por llegar. Con evidente cinismo se desgranan a diario mentiras, manipulaciones e infamias que van haciendo la atmósfera, progresivamente, irrespirable.

Cada año desciende el presupuesto de educación: hay menos profesores, son menores los sueldos, aumenta la ratio y han desaparecido, o se han limitado extraordinariamente, experiencias innovadoras como la de llevar la informática a las aulas y que los chicos y chicas puedan disponer de un ordenador personal. Unamos a esto los recortes a la autonomía de los centros y a la participación de la comunidad educativa y tendremos a la vista un horizonte desolador.

Lo peor de todo es que se dice, con evidente soltura de cuerpo, mendacidad y mala fe que se puede hacer más con menos y que todas estas medidas van a redundar en una mejora de la calidad educativa. En España ha habido, desde la instauración de la democracia, demasiadas leyes educativas y demasiadas reformas. Soy partidario de un gran pacto o acuerdo en educación que sea capaz de dotar de estabilidad al sistema durante, al menos, veinte años.

Lo que ocurre ahora es que estamos en plena contrarreforma, acoso y derribo a lo que tanto nos ha costado construir y cuyas consecuencias sociales serán graves y particularmente perceptibles a la vuelta de muy pocos años.

La LOMCE viene a empeorar notablemente las cosas. No aprendemos nada de las enseñanzas del pasado. Es una ley que se inspira, claramente, en la Ley Villar Palasí, es decir, una ley franquista de 1970. Contra todo lo que se ha venido experimentando en Europa, se cifra la calidad educativa en superar obstáculos y en acumular reválidas. La formación profesional entra en una vía muerta de la que será difícil que salga. La autonomía de los centros, la formación del profesorado y la ausencia de recursos hacen que el panorama se parezca, cada vez más, al de las siete plagas de Egipto.

Los ciudadanos protestan en la calle y nos hemos acostumbrado a hablar de la marea verde, la blanca, la morada o la negra. Varias generaciones bien preparadas padecen un paro brutal y retrocediendo, a las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado, tienen que ganarse el sustento emigrando a otros países.

Hemos de reaccionar y pronto, si no queremos ver como a nuestro alrededor todo se desmorona. No podemos ni debemos seguir sacrificando al “dios déficit” y a los criterios de austeridad, más vidas humanas ni más expectativas de justicia social y de una vida colectiva digna.

Quizás, éste sea el momento oportuno de recordar que hemos venido reclamando, durante décadas, el 6% del PIB para educación. Pero que yo recuerde no hemos reclamado, en absoluto, la presencia del asesino del hacha para que cause estragos profundos, no sólo de presente, sino de futuro.