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La recomendación de hoy es el lnforme de Greenpeace: La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental. Análisis del cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre Información no Financiera y Diversidad.

En un momento de emergencia climática como el actual, en el que la reducción de emisiones contaminantes y frenar la pérdida de biodiversidad es una necesidad incuestionable, Greenpeace ha analizado la contribución de algunas de las empresas más representativas del panorama económico español a los esfuerzos para evitar la degradación ambiental del planeta. Este grupo de 23 empresas, que bien podrían representar el concepto de “Marca España”, pueden ofrecer una muestra de cómo de concienciada está la clase empresarial del país ante un problema que hay quien quiere ver como una responsabilidad del Gobierno o de la ciudadanía.

“La ley no busca no solo busca información sobre las emisiones de los edificios de las empresas, sino el impacto global de su actividad”

Cuando se habla de reducir emisiones, es el sector económico en buena medida el principal responsable y en consecuencia el que más tiene esforzarse y adaptarse para el cambio, pero ¿se está adaptando el sector económico español al cambio? ¿está analizando su contribución al problema? A estas y otras preguntas pretende dar respuesta el Estado de Información No Financiera (EINF) de las empresas, donde deben recoger diferentes aspectos de su actividad, entre otras cuestiones, sobre asuntos medioambientales.

Esta ley incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 exige a empresas grandes que de forma anual publiquen los impactos y riesgos que sus actividades tienen para el medioambiente, así como qué hacen para corregir esta situación. Es fundamental aclarar que la ley no busca solo información relativa a, por ejemplo, emisiones de oficinas y vehículos de una compañía sino el impacto global de la actividad, es decir, las consecuencias que tiene la producción de carne en la deforestación del planeta o el impacto generado con la financiación de una central térmica.

La Ley establece que el Estado de Información No Financiera – EINF consolidado incluirá información significativa sobre cuestiones medioambientales:

• Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.

• Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.

• Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de residuos; acciones para combatir el desperdicio de alimentos.
• Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
• Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin.

• Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

Igualmente, aportará información sobre subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorías y resultados de estas.

Más información sobre el informe en la web de Greenpeace: