El texto de  Xavier Casanovas Combalia: Fiscalidad justa: una respuesta solidaria a la crisis económica del Covid19, está incluido en la sección ACTUALIDAD del número 150 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global dedicado al «Trabajo y vida buena en la encrucijada».

La crisis económica derivada de la pandemia del Covid19 supone una oportunidad para abordar una reforma del sistema fiscal que mejore su progresividad y solidaridad. Para ello hacen falta modificaciones del sistema tributario largamente esperadas y medidas excepcionales valientes para que esta crisis no incremente más aún la desigualdad de nuestra sociedad. En este artículo proponemos una revisión del sistema tributario español, en el actual marco de competencia global, así como algunas posibles medidas a implementar.

Empecemos con un ejemplo. La revista Forbes arroja diariamente la variación de la fortuna de las principales riquezas mundiales en base al precio de sus acciones. Algunos periódicos lo han aprovechado para calcular cómo ha cambiado su patrimonio durante los dos primeros meses de pandemia. Parece que mientras 22 millones de personas perdían su empleo en EEUU, la riqueza de sus 600 primeras fortunas aumentaba un 15%, lo equivalente a 434.000 millones de dólares.[1] En el caso de España, a la vez que se perdían casi un millón de empleos y tres millones de personas entraban en un ERTE,[2] la fortuna de los 23 españoles más ricos aumentaba un 16%, sumando a su patrimonio 14.000 millones de euros.[3]

Tenemos un sistema económico extractivo y altamente financiarizado que alimenta de forma acuciante la desigualdad.  A inicios del año 2020 se pronunciaba al respecto la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cuando afirmaba que «la desigualdad de oportunidades, entre generaciones, entre mujeres y hombres y, por supuesto, la desigualdad de renta y riqueza» es uno de los más grandes desafíos de la economía global pero que tenemos herramientas para combatirlo: «las políticas fiscales y la tributación progresiva»[4]

Hablar de fiscalidad es hablar del modelo de sociedad que queremos. El debate por una fiscalidad justa choca de frente con dos de las corrientes sociales más fuertes de nuestro tiempo: la falsa meritocracia y el individualismo del sálvese quien pueda.

El discurso meritocrático se ha impuesto como una trampa que alimenta la ambición, pero se reconoce como una mentira que legitima altos grados de desigualdad y estigmatiza a los más pobres. La meritocracia justifica la dejación de responsabilidades de “los de arriba”, olvida que el mérito siempre está repartido y que nuestro esfuerzo –condición necesaria pero nunca suficiente para un buen desempeño en la vida– se construye en base a contextos sociales y estructuras económicas construidas colectivamente.

Hablar de fiscalidad es hablar del modelo de sociedad que queremos

Así pues, todas aquellas personas que apuestan por una sociedad de la responsabilidad colectiva están de acuerdo en que un sistema tributario progresivo y solidario es condición de posibilidad para vivir en sociedades justas. Desde los que creen que solo la fiscalidad permitirá al capitalismo salvarse de sí mismo,[5] a los que abogan por una transición hacia un modelo de socialismo democrático.

 

La fiscalidad española ante el espejo

La primera y evidente constatación es que España no ha conseguido nunca, ni en los tiempos de mayor crecimiento, acercarse a la presión fiscal media de los países de la eurozona. España tiene una presión fiscal del 35,4% mientras que países con economías similares a las nuestras, los llamados países del sur de Europa, están todos por delante nuestro en presión fiscal: Portugal en un 37,2%, Italia en un 42% e incluso Grecia en un 41,5%.[6] Los actuales más de seis puntos de distancia con la media de la eurozona evidencian una incapacidad constante de financiación del gasto público y un déficit enquistado que ha generado un aumento de la deuda llegando a superar el 100% del PIB actualmente. Hemos tenido sobradas oportunidades para salvar ese déficit por la vía de una mejora de nuestro sistema fiscal. No se ha hecho y más bien se nos ha dicho lo contrario: “no nos podemos permitir el estado del bienestar que tenemos”, imponiendo a través de este mantra un modelo social que ha ido externalizando y privatizando servicios básicos las últimas décadas.

En la actual estructura del sistema tributario la recaudación se sostiene básicamente en tres cuartas partes en las rentas de las personas físicas (IRPF), 40,8% de la recaudación, y en la tributación del consumo (IVA), en un 33,6%. Es decir, el sistema fiscal va a ser sostenible, si y solo si, las clases medias en este país no desaparecen. Algo que no parece que estemos evitando, pues viene erosionándose en las últimas crisis por la vía del aumento de la desigualdad.

La aportación vía impuesto de sociedades (IS) ha caído en picado en los últimos 13 años, suponiendo solamente el 11% de la recaudación cuando había llegado a ser del 22% en 2007. La recaudación impositiva en 2019 creció en total un 2% respecto al año anterior llegando al máximo de la serie histórica, pero lo hizo a costa del IRPF que aumentó un 4,9% en su recaudación, mientras que el IS cayó un 4,4%.[7]

La imposición especial o los llamados impuestos verdes tienen un peso realmente pequeño y las aportaciones de los impuestos cedidos a las autonomías suponen solo el 6%, dejando un margen de maniobra bajísimo a una subsidiariedad mal entendida. A todo ello hay que añadir el alto nivel de economía sumergida y fraude fiscal asociado, que se cifra entre el 18 y el 22% del PIB español según los informes. Algo que no ha mejorado especialmente en gobiernos de ningún color político.

 

La reforma que nunca llega

La necesaria reforma de nuestro sistema fiscal no ha llegado a darse a pesar de algunos infructuosos intentos al respecto. El último en 2014 con la presentación bajo bombo y platillo del famoso informe Lagares encargado por el ministro Montoro. Un informe que levantó un gran debate, generando no pocas reacciones, y finalmente siendo casi ninguneado por el mismo gobierno que lo encargó. En la última década, y desde la anterior crisis económica del 2008, en vez de poner las bases para acercarnos a un cierto estándar europeo en España nos hemos dedicado a usar los impuestos en clave electoralista.

Algunos ejemplos de ello son: la rebaja del impuesto de sociedades justo antes de la crisis económica de 2008 con aquel “bajar impuestos es de izquierdas” de Zapatero que ha pasado a la historia; un impuesto de patrimonio eliminado en 2008 pero recuperado con carácter excepcional y de forma temporal a partir de 2011 y renovado cada año en función de la capacidad de aprobar presupuestos del gobierno de turno, pero renunciando a establecer una imposición al patrimonio estable y efectiva; o el necesario aumento de los tipos del IRPF en plena recuperación económica en el bienio 2012-14, que poco se tardó en volver a bajar justo en 2015-2016 antes de elecciones perdiendo así una capacidad de recaudación importante cifrada en torno a los 9.300 millones de euros que hubiese permitido poner las bases para una mejor situación económica a futuras crisis como la actual. [8]

En vez de poner las bases para acercarnos a un cierto estándar europeo en España nos hemos dedicado a usar los impuestos en clave electoralista

Así pues, vamos acumulando evidencias de la necesidad de una reforma de nuestro sistema fiscal que tenga en cuenta los principios de equidad y progresividad, pero que sobre todo busque gravar bases impositivas amplias que permitan mejorar la recaudación eliminando el diferencial histórico que nos separa de la media de los países de la zona euro. Algunos de los consensos generales que deben abordarse para una reforma fiscal pasan por:

• Mejorar la progresividad del conjunto del sistema fiscal. Se esperaría de éste que la presión fiscal de los hogares creciera con la renta, pero debido al peso de los impuestos indirectos y de las bases mínimas de cotizaciones sociales, el 20% más pobre de los hogares españoles soporta un tipo medio efectivo superior que el siguiente 40%. Sólo el 40% más rico tiene una presión fiscal más alta. Esta anomalía viene siendo alertada desde hace años y aunque la progresividad del conjunto del sistema ha mejorado, sigue penalizando a las rentas más bajas.[9]
• La eliminación de ciertos beneficios fiscales. El conjunto de exenciones, deducciones y minoraciones de cuota hace del sistema fiscal un entramado con múltiples agujeros de los que se escapa gran parte de la recaudación. En 2017, la Plataforma per una fiscalitat justa analizaba 7.991 millones de euros de los 42.148 de beneficios fiscales y concluía que cada año se pierden 5.501 millones en beneficios fiscales discutibles tanto por su utilidad pública como por su carácter regresivo.[10]
• La competencia fiscal entre comunidades autónomas. Los impuestos cedidos a las autonomías, así como los ámbitos de regulación que atesoran, se han convertido en un terreno de canibalismo en el cual se compite para atraer rentas y patrimonios. Esta dinámica, de carrera fiscal a la baja, genera grandes pérdidas tributarias que debe ser cortada de raíz con la aplicación de tipos mínimos para todas las comunidades.

Los ámbitos necesitados de reforma son muchos más, pero, ciertamente, algunos escapan a las posibilidades del Estado Español de afrontarlas en solitario. Toda aquella imposición vinculada a la necesidad de gravar la riqueza o los rendimientos del capital, sea por la vía de sociedades o por la vía de la tributación personal, así como atajar de una vez por todas el régimen de privilegio de las sociedades de inversión como las SICAV o las SOCIMI, debería ser una prioridad, pero pide de una mirada al contexto global.[11]

 

Capital versus trabajo, una batalla a muerte en el tablero fiscal global

La globalización está en la base de la incapacidad de los Estados nación para atajar las fugas impositivas. Las razones son múltiples. Por un lado, el papel que juegan los paraísos fiscales como lugares donde el capital esconde fácilmente sus ganancias. Por el otro, la capacidad en una economía altamente financiarizada y globalizada, de trasladar los beneficios en aquellos espacios donde la regulación es más beneficiosa para las rentas del capital. Esto ha dado lugar, no solamente a pérdidas de recaudación, sino también a una dinámica de carrera a la baja en los tipos impositivos por el miedo a ver huir la poca recaudación aún existente en este campo. El caso del impuesto de sociedades lo evidencia: la media de los tipos impositivos en los años ochenta llegaba casi al 50 %. En el año 2000 los países de la Unión Europea (UE) tenían un tipo medio de impuesto de sociedades del 32 %, y en 2016 ya era solamente del 23 %. En diez años, España ha visto disminuir el tipo impositivo del 35 % al 25 %. Algunos estudios confirman que, entre 1994 y 2007, los países de la OCDE respondieron a la globalización aumentando impuestos para las clases medias y reduciéndolos para las empresas y las rentas más altas.[12]

Las empresas del Ibex35 han cuadruplicado el número de sociedades que tienen en paraísos fiscales desde 2009.[13] La realidad actual es que las multinacionales han dejado de declarar 13.500 millones de euros en España perdiendo así un 13% de recaudación en el IS. Según el economista Gabriel Zucman, el 40% de los beneficios de las multinacionales y el 8% de la riqueza financiera de los hogares –el 80% de la cual corresponde al 0,1% de la población más rica– tributa en paraísos fiscales.[14] En España es el 11% de la riqueza de las personas la que se encuentra en paraísos fiscales y el 9,6% sin declarar. Para combatir esta sangría fiscal la UE creó una lista oficial de paraísos fiscales que se ha demostrado totalmente insuficiente. Sobre todo por hipócrita: si se aplicaran sus criterios a los mismos países de la UE deberían entrar en la lista Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta o Chipre, países que por ser de la UE no están en ella.

Las multinacionales han dejado de declarar 13.500 millones de euros en España perdiendo así un 13% de recaudación en el impuesto de sociedades

Más evidencias. Las primeras conclusiones del informe Country by country presentadas en 2019, una iniciativa que obliga a las empresas de mayor tamaño a declarar cuál es su actividad, ingresos y beneficios, país por país, confirma lo que ya sabíamos: las multinacionales sólo tributan el 12,6% de sus beneficios en España.[15] Cuando la agencia tributaria informa de cuánto pagan las empresas en España en impuestos nos dice que el 7,7%, las grandes empresas, el 14,1% las medianas y las pequeñas el 18,4%,[16] a pesar de que el tipo nominal se encuentra en el 25%. La patronal siempre se queja de estos datos porque dicen que no tienen en cuenta los impuestos que las empresas pagan en otros países. El informe Country by country lo desmiente, si juntamos ambas informaciones concluimos que las empresas que facturan más de 750€ millones de euros pagan de media un 7,7% de impuestos en España y sólo el 4,5% restante fuera del país.

Se nos hace evidente que para abordar efectivamente esta sangría fiscal hacen falta medidas coordinadas e impulsadas en el plano supranacional. Ante la erosión de las bases imponibles en el impuesto de sociedades hemos asistido la última década a la lenta y fatigosa implementación de la agenda Base erosion and profit shifting (BEPS) de la OCDE. Con un cierto avance hemos visto cómo se va forjando la necesidad de tener una misma definición para el cálculo de las bases imponibles del IS en función de donde se localiza la actividad económica –y no donde se trasladan los beneficios– y un suelo mínimo de cotización común. Las diferentes iniciativas en marcha son importantes, pero hace falta más contundencia a través de sanciones a aquellos países que esgrimen descaradamente una competencia desleal. Se han visto tímidos intentos en Europa de combatir estas prácticas, como la famosa multa a Irlanda en el caso Apple en 2016. Pero a la vez poca valentía y falta de mirada a largo plazo de los líderes europeos para tejer dinámicas de cooperación fuertes entre países que pueden y deben marcar las reglas de juego fiscal en Europa. El actual momento puede ser una oportunidad también en este terreno para proponer medidas de cooperación fiscal a nivel de la UE.

 

Medidas extraordinarias ante la crisis de la Covid19

La crisis económica derivada de la Covid19 ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de retomar el debate fiscal allí donde quedó parado. El impacto en términos económicos en España se estima entre el 9,5% del PIB según el FMI y el 13,6% según el mismo Banco de España. Se abre un horizonte inquietante con escenarios que hablan de un desempleo cercano al 22%, una reducción del consumo privado en un 11,9% y una desinversión en equipamientos del -57,4% en el Estado en 2020. La fiscalidad puede ser una herramienta que permita en un primer momento aumentar la respuesta social, y en la fase de reanudación sostener las inversiones que reclamará un tejido productivo y una economía dañada. En cuanto a los ingresos, la caída en la recaudación de impuestos y en las cotizaciones, estimada entre 25.700 y 42.000 millones de euros en las primeras previsiones,[17] consolidan la perspectiva de un aumento del déficit y de la deuda pública que no puede trasladarse de nuevo a un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la ciudadanía que ya pagó la anterior crisis.

La crisis económica derivada de la Covid19 ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de retomar el debate fiscal allí donde quedó parado

La Plataforma por una Fiscalidad Justa acaba de proponer 15 paquetes de medidas[18] que deberían permitir levantar hasta 34.301 millones de euros abordando las reformas fiscales pendientes ya comentadas y apostando de forma valiente para pedir, en este momento, un mayor esfuerzo a quien más tiene. Lo que se propone no es revolucionario, sino que pone el énfasis en las actuales injusticias de nuestro sistema fiscal, y en lo que ha sido posible hacer en otros momentos históricos de crisis global.  Algunas de las medidas excepcionales deberían pasar por:

• Un impuesto sobre las ganancias empresariales para aquellas grandes empresas que presenten resultados extraordinarios. Esto debe hacerse a la vez que se implementa una tributación mínima efectiva del 15% sobre el resultado contable, y del 18% para grandes empresas y sector de la banca e hidrocarburos. Con un doble objetivo: evitar la elusión fiscal de los grandes grupos empresariales y aumentar la recaudación del impuesto de sociedades. A la vez la aplicación temporal para la pequeña y mediana empresa, de un sistema anticipado de compensación de pérdidas para el bienio 2020-2021.[19]
• Diferenciar en tres tramos las cuotas superiores del IRPF a partir de los 60.000 euros –como ya se hace actualmente en algunas comunidades autónomas– con tipos impositivos que puedan llegar alrededor del 50% a partir de los 175.000 euros. [20]
• Reducir la dualidad fiscal del IRPF equiparando la tributación de las rentas del capital, actualmente con tipos máximos de sólo el 23%, a los tipos de tributación de las rentas del trabajo creando nuevos tramos, así como aumentando su progresividad.
• Suprimir el régimen fiscal especial aplicable a las personas trabajadoras desplazadas en territorio español. La reforma fiscal de 2015 fijó la tributación en el 24% a los primeros 600.000 euros y en el 45% a partir de dicho importe, si bien se excluyó a los deportistas profesionales.
• Crear una tasa temporal y extraordinaria (CovidTax) sobre el patrimonio con recaudación finalista para paliar los efectos de la COVID-19, tanto en el ámbito sanitario como en el económico y social. Este nuevo impuesto debería gravar la riqueza de los patrimonios superiores al millón de euros –1% de la población más rica–[21] con tipos impositivos entre el 1% y el 3%.[22] Este impuesto debería ser consensuado en toda la Eurozona, y mientras no sea posible, crear mecanismos de cooperación reforzada entre países para empezar a implementarlo.

Evidentemente a esto hace falta añadir muchas otras medidas como la implementación de una tasa a las empresas tecnológicas, la tan necesaria Tasa Tobin para desincentivar los comportamientos especulativos en los mercados y que lleva estancada en su implementación desde 2012 o un paquete de impuestos “verdes” para profundizar en una fiscalidad ambiental que nos debería servir para atacar las actividades nocivas con el medioambiente e incentivar las inversiones en economía verde que permitan avanzar en la tan necesaria transición ecológica.

 

¿Qué podemos esperar?

Ciertamente no va a haber pasos valientes hacia una reforma fiscal a nivel estatal ni a nivel europeo si no hay un clamor ciudadano que lo secunde. Pero si algo hemos aprendido las entidades sociales y ciudadanas la última década es la importancia capital de hacer pedagogía sobre la bondad de los impuestos. Deben ser defendidos con uñas y dientes como la última posibilidad de una vida social compartida, donde nadie quede al margen. Son la tabla de salvación de un estado del bienestar por terminar de construir.

En el plano europeo, parece que el plan de recuperación que propone la Unión Europea –y de la que España se va a beneficiar– busca dar un paso más a nivel de coordinación fiscal. Se apuesta por la aparición de nuevos impuestos que graven los beneficios empresariales generados por la dinámica del mercado único y sobre el impacto ambiental de la actividad económica. La Comisión Europea propone la idea del single market tax, es decir, liderar la imposición en aquellos campos en los que los estados no consiguen plantar cara: la economía digital y su ubicuidad, y la necesaria transición ecológica. La UE deberá hacerlo contando con un sistema de financiación propio y liderando las inversiones, y para ello le tocará vencer las actuales dinámicas de revitalización de los sistemas estatales-nacionales. La Comisión ha lanzado la propuesta y ahora vamos a necesitar la aprobación de todos los estados miembros, veremos si llega a ser posible.

Necesitamos más valentía que nunca para implementar medidas extraordinarias

En el terreno estatal, ahora que hemos entendido la importancia de los servicios públicos y el mal que los recortes han hecho a una atención sanitaria que ha respondido de manera ejemplar, ¿alguien se atreverá a decir que no se puede mejorar la progresividad del IRPF? ¿O se escandalizará por la implementación de una CovidTax que grave los patrimonios de más de un millón de euros a tan sólo un 1%? ¿O por un impuesto que grave la especulación de quien se ha enriquecido con la volatilidad financiera de los últimos dos meses? Necesitamos más valentía que nunca para implementar medidas extraordinarias, y más consenso que nunca para abordar aquellas reformas fiscales históricamente aparcadas. Se lo debemos a cajeras, transportistas, enfermeras, riders, cuidadoras de ancianos, y tantos otros colectivos que han visto cómo su poder adquisitivo caía año tras año la última década y ahora han sido el último dique de contención de un modelo social y económico que hacía aguas.

No nos engañamos, sabemos que de esta crisis saldremos todos más pobres, y vendrán tiempos muy duros, pero si algo no podemos permitir es que salgamos de nuevo más desiguales. Una fiscalidad más justa puede ayudarnos a ello.

 

Xavier Casanovas Combalia es Director del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia, portavoz de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Autor de Fiscalidad justa: una lucha global (Cuadernos CJ, núm. 205, septiembre de 2017).

NOTAS: 

[1] Kristalina Georgieva, «Tale of two crises: billionaires gain as workers feel pandemic pain», AmericansForTaxFairness.org.

[2] Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, Informe de coyuntura laboral, mayo 2020.

[3] Begoña P. Ramírez, «La fortuna de los españoles más ricos crece durante los dos meses de pandemia», Infolibre, 1 de junio de 2020.

[4] Kristina Georgieva, «Reduce inequality to create opportunity», IMFBlog, 7 de enero de 2020.

[5] Joseph E. Stiglitz, Todd N. Tucker, and Gabriel Zucman, «The Starving State. Why Capitalism’s Salvation Depends on Taxation», Foreign Affairs, enero de 2020.

[6] Eurostat, «Tax-to-GDP ratio up to 40.3% in EU A one-to-two ratio across Member State», datos de 2018 publicados per Eurostat en octubre de 2019.

[7] Agencia Tributaria, Informe de recaudación de la Agencia Tributaria 2019.

[8] Agencia Tributaria, Informe de recaudación de la Agencia Tributaria 2016

[9] Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia, Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles. Cuarto informe: 2016 y 2017, FEDEA, Estudios sobre la Economía Española, núm. 2019-36, Madrid.

[10] Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental y solidària, Beneficios fiscales, ¿beneficios para quién?, marzo de 2018.

[11] Es necesaria una revisión del régimen de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) que mantiene un tipo de gravamen del 0% en impuesto sobre sociedades, y debe exigirse un gravamen especial del 19% sobre los dividendos distribuidos a los socios que estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%, con varias excepciones. El proyecto de Ley de PGE para 2019 preveía un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos. Para evitar la elusión de las grandes fortunas hace falta modificar la Ley y el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV, entre el 2% y el 5% del capital social máximo.

[12] Peter Egger, Sergey Nigai y Nora Strecker, The impact of globalisation on tax structures in OECD countries, mayo de 2016, CEPR – Centre for Economic Policy Research.

[13] Oxfam Intermon, Reparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del IBEX 35, febrero 2019.

[14] Gabriel Zuckman, Annette Alstadsæter y Niels Johannesen, «Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality», Journal of Public Economics, 2018, 162, pp. 89-100.

[15] Agencia Tributaria, Principales resultados de la explotación de la información declarada en el modelo 231 ejercicio 2016, noviembre 2019.

[16] Agencia Tributaria, Cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades.

[17] Gobierno de España. «España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas», 1 de mayo de 2020.

[18] Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Rescate Fiscal. Medidas de choque y propuestas de reforma estructural del sistema impositivo en tiempos de la Covid-19, mayo 2020.

[19] Se trataría de aplicar un impuesto negativo que no pueda superar la cantidad de impuestos pagados en los tres ejercicios anteriores, o la media de los cinco anteriores para mitigar la problemática de financiación de la pequeña y mediana empresa.

[20] Se propone establecer la tarifa estatal del IRPF (aplicable al 50% de la base liquidable) de forma que: a las rentas de más de 60.000€ se les aplique un tipo nominal del 22,5% en la escala estatal, a las de 100.000€, un tipo del 23,5%, a las de más de 140.000€, un 24,5% y a las de más de 175.000€, un 25,5%, (de forma similar a los tramos activos entre 2012 y 2014). En cuanto a la escala autonómica de la cuota (aplicable al otro 50% de la base) establecer también estas tarifas como mínimas, dejando a cada comunidad la posibilidad de poner, si quiere, tipos superiores.

[21] Según el último informe de Crédit Suisse sobre la riqueza en el mundo de 2019, en España hay 979.000 personas con un patrimonio superior al millón de euros. El número de millonarios se ha multiplicado por 4,7 desde el año 2010. En concreto hay: 899.008 que tienen entre uno y cinco millones de euros, 52.585 entre cinco y diez millones de euros, 26.270 entre diez y 100 millones euros; 685 entre 100 y 500 millones de euros; 61 más de 500 millones de euros. Credit Suisse, Global Wealth Report 2019.

[22] En concreto, vale la pena estudiar la medida propuesta por Zucman, Sáez y Landais que explora una tributación del 1% para los patrimonios de más de 1 millón de euros (1% de la población más rica), del 2% para los de más de 8 millones de euros (0,1%) de la población, y del 3% a partir de los 1.000 millones de €. Con esta tasa se podría recaudar el 1,05% del PIB de la UE cada año, con lo que, en diez años, sólo con esta tasa, se financiaría todo el gasto causado por la COVID-19. En países como España el 1% de los patrimonios controlan entre un 20% y un 25% de la riqueza del país. Se pueden ver los detalles de la propuesta en: A progressive European wealth tax to fund the European COVID response, CEPR – Centre for Economic Policy Research, mayo de 2020.

Acceso al texto completo en formato pdf: Fiscalidad justa: una respuesta solidaria a la crisis económica del Covid19