“¿Estado o generador?”. Una pregunta que me acompaña desde hace treinta y un años como ciudadano libanés con (cero) derechos y (muchas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la calle, porque es la señal más segura de que la energía de la empresa  pública  de electricidad ha vuelto. Ahora una lamparita le ha arrebatado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esa lamparita como  a la pequeña esperanza de que mañana habrá más electricidad pública  que el día anterior.

Las reflexiones  de Sami1 acerca de su lucha silenciosa con las fuentes híbridas de electricidad que afligen su vida cotidiana expresan  las dificultades que experimentan a diario muchas personas  en el Líbano.

Desde los años de la guerra  civil (1975-1991), los habitantes del país  han  tenido que  cogestionar el suministro de  electricidad en sus hogares  y empresas debido  a los cortes  de energía  diarios  y al suministro poco fiable de la empresa estatal Électricité  du Liban (EDL). Dado  que  casi el 90 % de la población libanesa  reside  en zonas urbanas y a falta de un  sistema  público eficaz, la gente  se las arregla como puede  (individual y colectivamente) y, en sus edificios o bloques  de apartamentos, procura lidiar con los cortes de energía.

Esta cogestión  de los servicios públicos  básicos pesa mucho sobre la mayoría de la población y está en gran medida individualizada. Ha llevado a más personas  a depender de las redes informales.

Mientras que  algunos  edificios  tienen un  generador en  copropiedad  gestionado por  sus residentes, muchos hogares  contratan a empresas privadas  que operan grandes  generadores diésel en los vecindarios. Estos servicios, de los que  dependen Sami  y la mayoría de los habitantes del país también están  estrechamente vinculados a redes políticas  en una  intrincada red de clientelismo: el resultado es una  sociedad  abastecida por  una  energía  cara, contaminante y poco fiable.

El Líbano  sufre una  crisis financiera sin precedentes desde 2019 y, junto con la erosión  casi total  de los servicios básicos, incluida la electricidad (Human Rights Watch, 12 de diciembre de 2022), la vida cotidiana se parece a una carrera  de obstáculos: una lucha constante para adaptarse a los desafíos cambiantes y cada vez más arduos.  En 2021, el país se sumió  en la oscuridad cuando el Gobierno no pudo financiar las importaciones de combustible necesarias  para  mantener las luces encendidas.

La crisis energética se agravó  hasta  el punto en que los hogares solo recibían una  hora  −si acaso− de electricidad suministrada por EDL. La dependencia de los generadores se agudizó,  lo que aumentó la dependencia de los combustibles e incrementó los costos para los hogares.  Pero  la reciente crisis de electricidad no es un  acontecimiento aislado:  el país siempre ha experimentado lo que  podría denominarse una crisis prolongada de dotación de infraestructuras, que  afecta  principalmente al  suministro eléctrico  (Abi  Ghanem, 2018).

La experiencia de Sami y muchos más se convirtió en un aspecto normal de la vida en el país, donde  una infraestructura heterogénea de electricidad procedente de EDL, generadores privados y una gran cantidad de tecnologías eléctricas alimentan los hogares  y facilitan la vida cotidiana.

Esta situación es producto de  la corrupción estatal.  Desde  los años noventa, el país ha estado  dirigido  por un régimen político-financiero que fomenta la búsqueda de rentas  (Al-Masri, Abla y Hassan, 2020) y sigue apropiándose de las instituciones estatales  para conseguir beneficios financieros y políticos  (Leenders, 2012).

El sector  eléctrico,  en  particular, además  de ser disfuncional e ineficaz, ha alimentado durante décadas las redes clientelistas (Laughlin, Wood y Ray, 2022) y es un lastre para el presupuesto estatal, lo que contribuye considerablemente a la creciente deuda  nacional y al consiguiente colapso financiero (Ahmad et al., 2022). En las altas esferas del poder,  la falta de una  respuesta adecuada para planificar la recuperación de la crisis más reciente y la ausencia  de cambios en el sistema político  o en el reparto del poder  −que desde el final de la guerra  civil se ha fijado según criterios  sectarios− han erosionado el sentimiento de unidad y pertenencia de la ciudadanía.

Sin embargo, la situación crítica  de muchos hogares  nos  obliga a profundizar en  la compleja red  de servicios básicos formales e informales de los que  depende la ciudadanía y estudiar cómo  se organizan colectivamente a nivel  de los edificios. Sabemos  que los edificios o bloques  de apartamentos son gestionados principalmente por comités encargados del mantenimiento de las zonas comunes y los servicios compartidos.

En el Líbano,  debido  a la prolongada escasez de energía,  estos comités  también gestionan la prestación de  servicios, como  es el caso de los generadores diésel compartidos. ¿Pueden estos comités, locales y presumiblemente representativos, sostener  una  transición energética que sea justa y sostenible? A la luz de todo  esto, nuestra investigación procuró analizar estos micromecanismos a nivel  comunitario y consideró los edificios como  unidad de análisis  y sus comités  como  una  forma  de organismo colectivo  comunitario que podría  aportar alternativas al fallido modelo de gobernanza energética dirigido  por el Estado.

Entre  mayo  y septiembre de 2023 realizamos una  investigación etnográfica colaborativa en  Beirut  y los barrios  periféricos.  Once investigadores aportaron  perspectivas y puntos de vista de la vida cotidiana de los edificios en los que viven.

Estos edificios estaban situados  en distintas partes  de la ciudad y abarcaban una  diversidad de grupos  de ingresos.  Nos  reunimos periódicamente, leímos  las notas  de campo  de los demás  y comentamos  los resultados. Sobre  todo,  intercambiamos las muchas formas  en  que  la lucha  constante contra los cortes  de electricidad y la búsqueda de soluciones energéticas determinaron nuestras vidas. Desde la perspectiva de la “justicia energética transformadora” (Sovacool  et  al., 2023), que  hace  hincapié en  la interseccionalidad y las continuidades que  existen  entre  la injusticia energética y otras formas  de injusticia, exploramos hasta  qué  punto la organización colectiva  en  los edificios  puede  apoyar  la democratización del acceso a la energía  y el empoderamiento de las comunidades como participantes, y no como  consumidores, en los sistemas energéticos esenciales para la vida cotidiana.

Visto así, estos esfuerzos no se consideran formas  románticas de organizaciones económicas solidarias,  sino modelos políticamente realistas  que  revelan  cómo  la gente  intenta que  los servicios sean más accesibles, inclusivos y democráticos, a través de comités de edificios o colectivos de residentes.

Concluimos que, a pesar de sus mejores  intenciones y de los enormes esfuerzos realizados  por estos comités, la gestión de los servicios de electricidad en los edificios distaba  mucho de ser un  proceso de democratización. La preocupación de los comités en cuanto a la cogestión  de la energía  resultaba onerosa y compleja, lo que provocaba la falta de empoderamiento y la aparición de prácticas excluyentes que  repercutían negativamente en  el bienestar de los residentes.

Concentrarse en el nivel de los edificios era clave, ya que se calcula que Beirut  cuenta con unas dieciocho mil estructuras residenciales de gran altura, la mayoría con más de seis plantas  (Krayem  et al., 2021).

Por ley, los comités  gestionan edificios residenciales que suelen constar  de apartamentos de propiedad privada  y zonas comunes (entrada, azotea, escaleras y otros espacios). Como  tal, el comité representa los intereses  de los propietarios de los apartamentos y tiene  el mandato de gestionar todo  lo relacionado con el cuidado y el mantenimiento de las zonas comunes y el funcionamiento del edificio, así como de resolver los conflictos ocasionales entre  los residentes.

Aunque no  todos  los edificios tienen comités  registrados legalmente, en el caso del suministro de electricidad los residentes recurrían  a los comités  para buscar soluciones colectivas adecuadas.

Abrirse paso en la oscuridad

La crisis financiera provocó  un  colapso  económico en  el Líbano, donde  la inflación  trepó  al 145 % y el aumento del costo de los combustibles  fósiles importados hizo que el precio  de la electricidad, el gas y el diésel subiera  casi un 600 %. Esto provocó la crisis eléctrica con  una  reducción aun  mayor  del  suministro estatal,  así como  la sextuplicación del costo de los generadores diésel.

La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costos sociales, económicos y ambientales, lo que  exacerbó  la des- igualdad de ingresos y la pobreza energética. Un 90 % de los hogares acordaron pagar por servicios básicos.

Entre  los más pobres,  el 20 % carecía de acceso a un  generador y los hogares  de bajos  ingresos  pagaban un  porcentaje sustancialmente mayor  de sus ingresos  por  el suministro privado de electricidad (Human Rights Watch, 9 de marzo  de 2023). A la vez, expertos ambientales estimaron que se registró  un aumento considerable de las emisiones, lo que magnificó los riesgos para la salud (Karam, 12 de septiembre de 2022). Además,  como  sucede  en otras  partes  del mundo, estos impactos están condicionados por  el género,  ya que las penurias por  la escasez del suministro recaen  en  mayor  grado sobre las mujeres (Ahmad, 3 de marzo  de 2021).

El costo macroeconómico implicó  la profundización de la dependencia del Líbano de las importaciones de diésel, que benefician principalmente a un  cártel  de importadores de petróleo para  alimentar a los generadores privados (Szakola, 14 de enero  de 2022), lo que afianza aún más las redes de poder  e influencia de los políticos.

En el otro  extremo de la crisis se encuentran las estrategias  que aplican  las personas  para  satisfacer  sus necesidades  energéticas diarias. Las soluciones individuales o colectivas ya son habituales en edificios y hogares. Las denominamos microarreglos, de iniciativa privada y pequeña escala, constituyen una  combinación de fuentes  de energía (generadores de edificios, generadores de vecindarios que venden electricidad, paneles  solares, inversores con baterías  de litio o ácido). Estos también constituyen también constituye la mayor  parte  de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional extraoficial para el suministro de energía  en este país asolado por la crisis.

Como  cada vez más gente recurre a los microarreglos, el país experimentó una proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala, que  algunos  celebraron como  la “revolución de la energía solar” (Raydan, 30 de septiembre de 2022). Según ellos, esta “revolución” incluso  permitiría que el Líbano  cumpla con el compromiso asumido en 2018 de alcanzar  una  combinación de 30 % de energías renovables para 2030 (Rasmi, 2 de marzo  de 2023). Sin embargo, la fiebre  solar  del  país ha  sido principalmente individual y privada, lo que resalta  las diferencias de clase en el acceso a la energía  solar de calidad,  ante  los altos costos de los paneles,  baterías  y equipos inversores necesarios. Además, hay una “crisis de residuos tóxicos en ciernes” (Choucair-Vizoso y El Murr, 11 de octubre de 2022) derivada de las baterías  y paneles  gastados, sin que existan  planes  para  su gestión.

La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados impulsó un  modelo con  fines de lucro  del mercado de la energía solar,  un  aspecto  negativo   de  la  transición energética que  ya  se señaló (Steinfort y Angel, 2023). Esto, junto con la complejidad del suministro energético en el Líbano, plantea la cuestión de la justicia energética. Sin “acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” (United Nations Environment Programme [UNEP], 2017), con repercusiones ambientales e intergeneracionales graves para el bienestar de los residentes (Majzoub, Root y Simet, 9 de marzo de 2023), resulta  evidente que el suministro energético en el Líbano  y la posible transición a las energías renovables no son justos.

Analistas  de la justicia  energética lo definen  como  un “sistema energético mundial  que  distribuye equitativamente tanto los beneficios como  los costos de los servicios energéticos, y que  cuenta con  un  proceso  de toma  de decisiones  representativo e imparcial en  materia de energía”  (Sovacool  et al., 2017). Principalmente, su visión afirma  el derecho a una  energía  asequible y sostenible, cuyo suministro sea transparente y esté sujeto a rendición de cuentas.

Un  año  antes  del peor  momento de la crisis, una  asamblea de ciudadanos libaneses  celebrada en  2020  produjo un  “imaginario de interdependencia que busca crear redes integradas comunales como  solución  colectiva  a pequeña escala en un  momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles” (Shehabi y Al-Masri, 2022).

Este deseo de una solución  liderada localmente e independiente del Estado  central se deriva  de la desconfianza en la capacidad  de este o de sus socios privados  para  resolver  el problema energético que  ya lleva decenios,  así como  de la desconfianza en las opciones renovables y de una  perspectiva distópica  que  preveía,  con  razón, un  mayor  deterioro del suministro energético. Destacamos la des- confianza popular en el Estado y sus instituciones como  prueba no solo de lo arraigados e históricos  que son los problemas de la electricidad en el Líbano,  sino también de cómo  la población es capaz de reconocer la corrupción en  el sector,  pero  se siente  impotente frente  a ella.

Vivir en la crisis de electricidad

La crisis eléctrica  hizo  que  los hogares  dependieran casi exclusivamente de la electricidad que suministran los generadores diésel. Los generadores son propiedad del edificio y dan servicio a los residentes que  pagan  por  su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un  servicio privado de generador diésel vecinal  es otra  opción que pueden contratar los apartamentos individualmente (a cambio de una cuota mensual) por una baja cantidad de amperios.

Sami escribe  cómo  su “sueño  siempre  ha sido la electricidad de EDL”, ya que  solo con ella puede  consumir más del volumen racionado  de apenas  cinco o diez amperios que  le permite el generador. La crisis destruyó  ese sueño  y generó  una  afinidad  por el generador diésel al que Sami está abonado, cuyo propietario “está con nosotros, y nada está en contra  de nosotros  excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica  EDL”, según  Sami. El sentir  de Sami refleja una relación  ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político  del país. Esa ambivalencia se extiende también a los propietarios de los generadores diésel, que se destacan por su codicia y su falta de rendición de cuentas.

La crisis eléctrica  se afianzó  como  una  realidad duradera, que dicta los ritmos  diarios  de la vida doméstica. “Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes:  a qué  hora  nos levantamos,  a qué  hora  volvemos  a casa, el horario de las duchas  y las comidas”, escribió Yasmin.

Las tareas cotidianas se organizan en torno al horario del generador y la vida se convirtió en una  lucha constante, como “un remolino infinito”, según Sami: las pilas de ropa sucia, las noches de verano en vela sin aire acondicionado, los amperios insuficientes para  los aparatos de alto  voltaje  como  los calentadores de agua.  Ahora  su vida  cotidiana también está  racionada: “Las luces  se apagan  a las once de la noche,  a la medianoche o incluso  a la una  de la madrugada… Es hora  de irse a la cama, y todo  el mundo se va a dormir a la misma  hora”.

Los mecanismos para  lidiar  con  la situación y adaptarse a ella alternaron entre  las soluciones individuales y la exploración de posibilidades  colectivas, que a menudo implican experimentar con nuevas  tecnologías. Como  el sistema  libanés  está orientado al mercado, las soluciones nuevas  −los microarreglos− están  al alcance  de quienes  disponen de los medios económicos.

En cambio, los residentes que dependen únicamente del generador privado vecinal muchas veces se sentían atrapados en una  relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es caro, en caso de ser posible.

Algunos  se mostraban hostiles  hacia  estos proveedores, pues se quejaban del creciente costo de vida que provocó  la crisis financiera, pero  a la vez necesitaban la energía  debido  a los cortes de luz. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulan la vida de la gente  sin freno  ni supervisión. Así, adquirieron aún  más poder, ya que para muchos el costo de las demás opciones  los convertía en la única opción.

Imagen 1. Paneles solares en balcones de Beirut

Fuente: Ebla Research Collective

La crisis la sufren  más quienes  tienen necesidades  sanitarias o asistenciales,  como  las personas  de edad  avanzada o con discapacidad que  dependen de un  ascensor  para  llegar  a su vivienda,  pero  que ahora  tienen que  programar sus salidas según  el horario del generador.  La opción de subir por las escaleras también es difícil para personas  de todas las edades, como señala Yasmin:

Nunca me había  percatado de lo que  eran  doce tramos  de escaleras hasta que tuve que subirlos  casi todas las noches… Al subir las escaleras, una y otra vez, empecé a sentir como si estuviera  fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle sin fin.

Esa sensación  de lo interminable −el remolino, el bucle infinito− refleja la exacerbación. El cansancio lo invade  todo  y pone  en el centro los cuerpos de quienes  experimentan la crisis. Resaltamos estas sensaciones  para apuntar las consecuencias intangibles que tiene  la crisis en las personas, dado lo liada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores  estatales  y no  estatales,  y la existencia  rutinaria aparentemente opresiva pueden tener repercusiones sociales y políticas importantes.

La respuesta ante la crisis no solo agravó las desigualdades socioeconómicas existentes,  sino que −debido  a cómo  fue concebida− reforzó  estos desequilibrios de poder.  Por  ejemplo, el proceso  de racionamiento de la energía  de los generadores diésel propiedad de los edificios (para gestionar los costos y el desgaste mecánico) reveló necesidades  y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género,  tamaño y composición de la familia,  así como  por posición  económica y social.

Mientras que las personas  encargadas del hogar  preferían el suministro durante el día, quienes  trabajaban fuera  de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares  acomodados querían tener más suministro sin importar el costo. Fue preciso llevar a cabo negociaciones  y adaptaciones, que  a menudo les restaban prioridad a las necesidades  de los más débiles  o incluso  las ignoraban. En la toma  de decisiones  estuvieron ausentes  las voces de las mujeres, a veces de forma  deliberada, debido  a cuestiones como  el cuidado de los hijos y otras demandas de su tiempo.

Esta dinámica demuestra que, incluso  cuando las decisiones  son locales, se explotan las diferencias de poder.  La intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos para la resolución de problemas perjudicó en este caso a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo  una  inquietud, incluso en las respuestas locales.

En  cambio,  los  edificios  con  medios  económicos y residentes bien vinculados pudieron asegurarse el diésel con más facilidad  y protegerse de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en “una  fortaleza que a la vez protege  y distingue a sus residentes de lo que hay fuera”.

Sin embargo, las ventajas que disfrutan los hogares con mayores ingresos incluyen costos que recaen sobre los menos  afortunados. En este ejemplo, el ruido  del  generador que  funcionaba las veinticuatro horas del día resultó perjudicial para  la salud mental y el bienestar de los habitantes más pobres de  los edificios cercanos. Los vínculos personales con partidos políticos y élites influyentes se aprovecharon para conseguir diésel más barato, mientras que en otro edificio, los contactos del líder del comité con un partido político afianzaron su predominio sobre los vecinos.

Vemos claramente cómo las consecuencias de la crisis recaen con mayor dureza  en los edificios de ingresos más bajos. Los edificios con ingresos más altos, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general  de las zonas comunes, mientras que los de hogares de ingresos medios o bajos empezaron a padecer el deterioro de forma  visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut  ya no  son la entrada vistosa, el portón eléctrico o la fachada reluciente, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que brinda extensas horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.

Los edificios en plena crisis de electricidad

En un edificio, tres de las zonas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son:

1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.;

2) el generador diésel propiedad del edificio,

3) el uso de zonas comunes para instalar las soluciones energéticas, como designar un espacio para el generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.

Había un elemento temporal en esta crisis, señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos y sacrificar la comodidad y el confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos, y cómo, sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.

Los sentimientos cambiaron y aparecieron comentarios, del estilo de “quienes no hayan pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar”. Se celebraron largas asambleas y discusiones,  a menudo antagónicas, que empujaron a la gente  a adoptar soluciones individuales, como  los sistemas  de baterías de litio para sus hogares. Esto mitigó los problemas de quienes podían permitirse esas soluciones, pero redujo el interés por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en una  panacea para que la gente se ocupara de sus propias  necesidades y mitigara “el dolor  de cabeza”.

La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de la factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio  o correspondiente a una suscripción aparte de un servicio de generadores vecinal. Cuando los residentes no podían pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo  funcionar las veinticuatro horas,  algunos comités optaron por limitar su uso solo a quienes  podían permitírselo.

Mediante un  sistema  a control remoto, solo  podían llamar al ascensor quienes habían pagado. Como la electricidad de la red pública solo está disponible unas horas al día, el ascensor pasó a ser para el uso privado de los residentes más pudientes y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio cotidiano del edificio se convirtió en una expresión de la evolución de la crisis, al generar prácticas excluyentes y distanciamiento entre los vecinos.

Imágenes 2 y 3. Llaveros con control  remoto  de los ascensores para uso exclusivo de los residentes que hayan pagado por el servicio.

Fuente: Ebla Research Collective

El uso de las zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que, en definitiva, no eran tan comunes. Como sucede con los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios suelen verse invadidos, ya sea por la aparición de necesidades de instalaciones y servicios nuevos (por  ejemplo, tanques de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.

Ante  esta situación y el auge de la energía solar en Beirut y sus barrios periféricos, se plantea la cuestión de si los hogares tienen en verdad acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, solo tres tenían paneles solares instalados, pero estos pertenecían a los pocos apartamentos que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con sus vecinos, como  hecho  consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han  empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por  energía solar (Abdel-Riad, 2022), en nuestra muestra no observamos ningún esfuerzo colectivo por  invertir en ella. En un  edificio se discutió  el tema  y el comité  supuso que era  ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio de la azotea no alcanzaba para alojar los paneles necesarios.

Estos ejemplos revelan que, aunque en algunos edificios hubo comités  que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones  no  siempre eran  estratégicas,  eficaces ni  inclusivas. Aunque los edificios con mayores  ingresos  podían resolver  problemas al adquirir colectivamente generadores más grandes, eso no significa que el aspecto económico fuera el único factor en juego.

La intensidad de la crisis eléctrica, sumada a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos  personas  pueden dedicar  el tiempo y los recursos  financieros que exigen estas iniciativas.  Otra  causa del fracaso es la duración de la crisis (ya en su cuarto año), que hizo que la gente perdiera la paciencia y optara por soluciones individuales. Así, la cooperación ha sufrido  altibajos:  a veces ha surgido  en espacios compartidos y otras  ha desaparecido por  el estrés y la tensión de vivir en una crisis.

No obstante, los comités de edificio siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación demuestra que son fundamentales para proteger de la decadencia el entorno construido, ya que los edificios descuidados a veces son los “escombros intencionales” que impulsan las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios (Kanafani, 2017).

Habida  cuenta de que  antes  de la crisis los comités  de edificios eran  eficaces (en su mayoría) en el mantenimiento y la gestión  de los servicios de los generadores o en la búsqueda de soluciones para problemas relativamente menores, como el suministro irregular del agua, cabe preguntarse si esta crisis −por su complejidad y sus numerosas repercusiones− es demasiado para que un comité  pueda gestionarla por su cuenta.

Esto subraya  nuestro llamamiento a una  visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Nos preocupa hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que tengan éxito a largo plazo.

Una crisis en curso

La dinámica de los comités de edificio puede  captar la forma en que las personas adaptan sus rutinas cotidianas a las restricciones del suministro eléctrico, que negocian con sus vecinos para asegurarse  de que el suministro se ajuste a sus necesidades. Los comités pueden ser espacios de búsqueda de microsoluciones colectivas.  También encontramos estrategias  de resistencia  y de mejora vital que desafían la injusticia de la realidad energética, ya que los residentes intentan lograr  la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque solo sea temporalmente.

Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente exigiéndoles encontrar soluciones técnicas  colectivas  con  los aspectos  distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones,  pero  también mientras sucumben a las injusticias  energéticas globales, estatales  y sistémicas.

Demostramos que, incluso  con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités  de edificio individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Desde la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía  y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político  y activista.

Veamos el ejemplo de Um-Rami, una  abuela  de setenta y ocho años  que  lleva dos décadas  encargándose del comité  y la contabilidad  de su edificio. Lo anota  todo en dos cuadernitos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos diez años. También tiene una cajita metálica con el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.

Al final de cada año, calcula los totales  y los pasa a la página  siguiente. Um-Rami  se queja  de seguir siendo la responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha  intentado ayudarla manteniendo un  archivo  Excel que tiene dos hojas por  año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para las y los residentes. Ella también está cansada, le cuesta hallar el tiempo disponible entre  su trabajo, las tareas domésticas y la crianza  de sus hijos.

Descargar el peso de la solución a la escasez de energía  −un problema nacional que ya lleva décadas, además de una crisis climática mundial− sobre los hombros de residentes urbanos como Um-Rami no  es un  proceso  de democratización ni  de empoderamiento. De hecho,  incluso  entre  los miembros más jóvenes  o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios que son necesarios  para  la vida cotidiana de sus residentes, mientras que se enfrentan a una crisis política  dinámica, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.

Ante la magnitud de la crisis energética y la corrupción en el Líbano,  la reacción  empoderante no son las medidas  provisorias que los habitantes de Beirut  se vieron  obligados  a adoptar, ni el despliegue de soluciones técnicas  a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista ambiental, ni pensar  que la respuesta radica en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.

Para  aclarar, académicos y activistas de la justicia  energética reclaman sistemas energéticos descentralizados y dirigidos  por las comunidades (Bell, Daggett y Labuski, 2020) y la devolución del “micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces fueron silenciadas  sistemáticamente durante demasiado tiempo” (Sovacool, 2023). Pero  sin una  acción política  paralela que desmantele los sistemas políticos de búsqueda de rentas del sur global  y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que se benefician de sistemas energéticos injustos  y extractivistas, los reclamos  de descentralización y energía  comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.

Se espera que las comunidades, como hemos visto en el Líbano y otros lugares del sur global (Seif Eddin, 24 de noviembre de 2023), soporten la carga de satisfacer  sus necesidades  energéticas con  los escombros de unos  sistemas  energéticos fallidos, pero  sin el poder ni los recursos para hacerlo  (Hamouchene y Sandwell, 2023).

Así, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos  comunitarios  no  a desplegar  soluciones tecnológicas para  la crisis energética, sino a ayudar  a organizarse colectivamente contra las políticas que la provocaron. Aunque las élites corruptas del Estado lograron sofocar la oposición mediante una  política  populista, clientelista y sectaria, la movilización contribuyó a impulsar el debate  sobre  los servicios y las infraestructuras.

Por  ejemplo, movilizaciones pasadas, como  la campaña #YouStink  (Ekdawi, 23 de febrero  de 2021), a pesar de su éxito limitado, apuntaban con acierto  a la corrupción política  que provocó  la crisis de los residuos, en lugar de concentrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos  sólidos.

Además, para los hogares individuales, el comité de edificios como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda  como punto de partida para  definir  y expresar  las necesidades  y prioridades a nivel  comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares proveedores de servicios informales, como  propietarios de generadores y electricistas  de la zona, y, allí donde  están activas, las autoridades municipales locales.

Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité  de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino  o que a veces negoció  en conjunto tarifas de abono con los proveedores privados  del vecindario, mientras que otro comité  analizó el incendio de un generador cercano  para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.

La función de las empresas de generadores, que suelen ser demonizadas  como  si fueran mafias porque tienen el monopolio de los servicios del vecindario y fijan los precios, podría gestionarse de otra manera (Abi Ghanem, 2021). Ponemos en cuestión esta denominación banal, dados los sentimientos encontrados de las personas  que se desprenden de nuestro estudio. Creemos que hay margen para su participación más allá de la prestación de servicios transaccionales.

Las empresas prestan servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que las personas  se esfuerzan por gestionar a nivel de cada edificio. Lo ideal no es, ni mucho menos,  seguir dependiendo de los servicios de los generadores en cada vecindario, ante  la falta  de rendición de cuentas  y las consecuencias para la salud ambiental. A pesar de ser entidades privadas, también −al igual que la tienda de comestibles del barrio−  integran sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.

Se debería brindar apoyo  para  que  los colectivos  de residentes puedan presionar para  que  mejoren las condiciones del  servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que podría apoyar a los residentes son las autoridades municipales de la zona.  En el edificio  en el que  el municipio asumió  un  papel  activo  en la regulación de las empresas privadas  de generadores, los residentes se beneficiaron de una  gestión  menos estresante de sus necesidades  energéticas cotidianas.

Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para  la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, a fin de lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de organizadores en cada edificio, como lo es Um-Rami, se invertirían mejor  en fortalecer los puentes entre  los residentes vecinos, movilizarse por un cambio  político  efectivo y presionar a los proveedores de servicios y a las autoridades locales para  que ofrezcan  soluciones energéticas más justas.

Años de corrupción y poder  incontrolado de la élite gobernante del país hacen que cualquier esfuerzo de apoyo a la transición a una energía  más ecológica o para  abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano  no es un  problema técnico que se pueda  paliar simplemente mediante proyectos energéticos locales dirigidos  por la comunidad.

Estas ideas nos convencen cada vez más de que se trata de una crisis política −provocada por años de descarado aprovechamiento del poder por parte de políticos corruptos con capacidad de influir  en la infraestructura energética− y de que una solución política es imperiosa.

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