Introducción

La rivalidad geopolítica ha regresado para vengarse. Lo que comenzó como una competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China ahora incluye además a la Unión Europea y Rusia, y se ha convertido en una competencia en toda regla que hemos denominado “Segunda Guerra Fría” (Schindler, 2024). A diferencia de su predecesor, este nuevo conflicto no se centra en la ideología o la expansión territorial, sino en el control de redes mundiales estratégicas. El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] y exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo lo expresó de la siguiente manera: “No se trata de contención […] sino que estamos ante un nuevo y complejo desafío que jamás hemos enfrentado antes. La Unión Soviética estaba aislada del mundo libre. La China comunista ya es parte del mundo” ¹. El elemento central de esta Segunda Guerra Fría es la firme determinación de Estados Unidos de mantener su dominio mundial, incluso cuando su poder, aunque sigue siendo considerable, disminuye gradualmente en relación con el poder cada vez mayor de China (v. Lieven, 2022).

Los Gobiernos del mundo están respondiendo mediante la ampliación de sus funciones como actores de política industrial e inversores-accionistas. A fin de ejercer control sobre nodos fundamentales de las redes económicas mundiales, están aplicando políticas tecnoindustriales, utilizando fondos soberanos, bancos de orientación política, empresas públicas y otras formas de propiedad estatal. Aunque esta tendencia quizá no contribuya a disminuir la integración económica mundial, introduce una realpolitik o lógica pragmática a las conexiones transnacionales en las que se basa la globalización. Para  entender la importancia de este fenómeno, introducimos la noción de geopolítica estatal-capitalista, registramos su surgimiento y exploramos sus manifestaciones clave y posibilidades futuras. La geopolítica estatal-capitalista está transformando la estructura de la economía mundial y reconfigurando el terreno político  mediante oportunidades estratégicas para los países del Sur Global y los movimientos sociales progresistas transnacionales en todo el mundo.²

De contención a conectividad: el surgimiento de la geopolítica estatal-capitalista

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y la victoria de los Aliados era inminente, Winston Churchill y Joseph  Stalin se reunieron en Moscú para dividir el mundo de la posguerra. Tenían más aspectos en común de los que habrían admitido. Ambos disfrutaban los debates  geopolíticos y el espionaje clandestino que caracterizaron su primera reunión cara a cara. Se pusieron de acuerdo en el porcentaje de control que cada uno  ejercería en los diversos países tras el fin de la guerra: la Unión Soviética [URSS] obtuvo el 90 % de influencia en Rumania; Gran Bretaña obtuvo el 90 % en Grecia, y cada uno se quedó con un 50 % de control sobre Hungría y Yugoslavia.³ Este acuerdo informal fue posteriormente consolidado en la Conferencia de Yalta, cuando ambos líderes se reunieron con el entonces Presidente de Estados Unidos, Roosevelt, para fundar el orden mundial de la posguerra.

El aparente intento de cooperación entre los exiliados durante la posguerra finalizó abruptamente con el estallido de la Guerra de Corea (Radchenko, 2024). A medida que se afianzó la Guerra Fría, las esferas de influencia acordadas en Yalta se convirtieron en bloques territoriales. La geopolítica de la Guerra Fría  en  las décadas siguientes  significó una renegociación del acuerdo de Yalta, dado que tanto Estados Unidos como la URSS intentaban expandir sus bloques. La contención de la influencia comunista se convirtió en la piedra angular de la estrategia geopolítica estadounidense por temor a que si un país se volvía comunista provocaría un efecto dominó que haría “caer”, uno tras otro, a los países vecinos. Los soviéticos intentaron impedir el “cerco  capitalista” al dificultar la expansión del sistema de alianzas de Estados Unidos. Ambas potencias procuraron atraer a países recientemente descolonizados a sus respectivos bloques.

Ya en la década de los ochenta, el escenario estratégico había cambiado drásticamente. La URSS estaba rezagada con respecto a Estados Unidos en materia de desarrollo tecnológico, perspectivas económicas e influencia internacional. El ambicioso programa de reforma de Gorbachov para hacer frente a estos problemas terminó por desestabilizar al Partido Comunista y ello provocó la disolución de la URSS en 1991. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. Bajo la presidencia de Bill Clinton, Washington amplió la escala y el alcance  de las instituciones internacionales que integraban el exbloque de Occidente (Achcar, 2023). Este proyecto neoliberal mundial constituía una agenda maximalista de liberalización económica, comercial y financiera, que estuvo acompañada por el aislamiento de los mercados de la política democrática. En esta nueva era las empresas multinacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, Europa y Japón, trasladaron su producción al extranjero, donde la mano de obra era barata y carecía de poder. También externalizaron a los productores locales, creando redes de producción complejas de múltiples etapas y alcance verdaderamente mundial (Coe et al., 2004).

Los responsables de la elaboración de políticas de Estados Unidos consideraban que la interdependencia económica reduciría el conflicto, dado que a los Estados no les convenía ser excluidos de una economía conectada a nivel mundial. Los países que seguían desconectados de las redes mundiales eran considerados una  amenaza al orden internacional liderado por Estados Unidos debido a que no podían someterse a la disciplina del mercado, lo cual explica por qué el principal imperativo estratégico de Washington era integrar a las personas, los países y las regiones a la economía mundial, de ser necesario por la fuerza. Los expertos se refirieron a este fenómeno como geopolítica neoliberal: “El peligro ya no se percibe como algo que debe contenerse y mantenerse a distancia.  Ahora, en un contraste absoluto, el peligro es en sí definido como desconexión del sistema mundial” (Roberts, Secor y Sparke, 2003). Muchos países establecieron conexiones con redes mundiales bajo coerción. Las instituciones financieras internacionales impusieron programas de ajuste estructural para reducir los obstáculos a la movilidad del capital, mientras que Estados como Cuba, Irán y Libia soportaron sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como a nivel internacional. Al mismo tiempo, la invasión de Estados Unidos a Irak demostró que Washington estaba dispuesto a aplicar “mano dura” para ampliar las redes mundiales. La Autoridad Provisional de la Coalición, liderada por Estados Unidos, aprobó 100 decretos administrativos en sus primeros 14 meses, liberalizando ampliamente la maltrecha economía iraquí.

A fines del siglo XX y comienzos del XXI comenzaron a aparecer grietas en el sistema, cuando el proyecto de globalización neoliberal fue sacudido por una serie de crisis políticas y económicas, y el denominado Consenso de Washington atravesaba dificultades y comenzaba a fracasar (Rodrik, 2006). La liberalización del comercio  y la inversión se estancaron como resultado del fracaso de la ronda de negociaciones de Doha de la Organización Mundial del Comercio [OMC] en 2001, cuando los Gobiernos de los países de menores ingresos (al verse enfrentados a presiones sociales) ya no estuvieron dispuestos  a aceptar la promesa de que liberalizar el comercio sería la “salvación” para todos. La crisis financiera de Asia en 1997 también generó renuencia a adoptar la liberalización financiera, y en América  Latina se produjo una “ola rosada”, con la llegada de Gobiernos de izquierda al poder. La crisis financiera mundial de 2008 erosionó aún más la confianza en el modelo neoliberal. Tras esta crisis, Estados Unidos y China proporcionaron el contrapeso que mantuvo a la economía en pie, mediante la adopción de medidas estatistas decisivas para mantener la liquidez mundial y la inversión en la economía real (Tooze, 2018).

La crisis financiera también desencadenó el regreso de la competencia entre las grandes potencias, dado que puso de manifiesto las fallas del orden económico internacional liderado por Estados Unidos. La respuesta asertiva de Beijing y el robo generalizado de la propiedad intelectual alienó aún más a las empresas multinacionales que tenían grandes inversiones en China (Hung, 2022). La respuesta de Estados Unidos se centró en dos aspectos. Desde el punto de vista geopolítico, dio la señal de estar dispuesto a utilizar la fuerza  para  limitar el creciente poder naval  de China en el mar de China Meridional, al tiempo que intentó promover una mayor integración económica. La iniciativa emblemática del Gobierno de Obama, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, seguía estrechamente vinculado a las prácticas geopolíticas neoliberales. Si bien el acuerdo buscaba la integración de las economías de Asia y el Pacífico, excluía condicionalmente a China, aceptando su inclusión únicamente si esta desmantelaba su economía estatista (una exigencia imposible).

No obstante, el Gobierno de Trump marcó un quiebre decisivo con la política de incluir a China, mediante la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2017, en la que se definió oficialmente a China y Rusia como adversarios. Fue la primera vez en más de 20 años que “Estados hostiles”, en lugar de grupos terroristas no estatales, fueron identificados como la principal amenaza a Estados Unidos, y se abandonó la hipótesis de que la participación económica podía convertir a rivales en socios.⁴

Como  lo establecía  la Estrategia  de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2017:

Estas competencias obligan a Estados Unidos a repensar las políticas de los últimos 20 años, que se basaban en el supuesto de que la colaboración con rivales y su inclusión en las instituciones internacionales y el comercio mundial los convertiría en actores benéficos y fiables. En general, esta premisa  resultó  ser falsa.

China  respondió a las provocaciones del Gobierno de Trump mediante preparativos cada vez más amplios para reducir su dependencia tecnológica y económica de Estados Unidos, mediante el aumento del control estatal de industrias clave y de la banca, y al centrarse en los sectores estratégicos de la alta tecnología.

La competencia geopolítica actual  se ha intensificado y se ha convertido en una  Segunda  Guerra Fría –un conflicto arraigado que abarca a toda  la sociedad  y no tiene muchas perspectivas de resolverse rápidamente–. Sin embargo, a diferencia de la primera Guerra Fría, Estados Unidos no puede esperar  “contener” territorialmente a China en la actualidad, lo cual es indispensable para la economía mundial. En 2024, por ejemplo, la producción de ese país representó alrededor del 35 % de la fabricación mundial (Norton, 2024). Sin embargo, habida cuenta de que Estados Unidos ha descartado una mayor colaboración económica entre ambos  países, es preciso adoptar una nueva orientación estratégica. El nuevo campo de batalla gira en torno al control de las redes mundiales –de las cadenas de suministro de los semiconductores y la producción de vehículos  eléctricos, a las plataformas digitales, la infraestructura para el transporte y los sistemas de pagos. El control de estas redes transnacionales ofrece la posibilidad de ejercer el poder adecuadamente durante el siglo actual.  Estados Unidos, China y las potencias regionales están ampliando su papel como actores económicos, dado que compiten para definir la geografía de estas redes, establecer normas de participación, erigir obstáculos al ingreso de opositores y controlar sus nodos más estratégicos. Nos referimos a este fenómeno como geopolítica estatal-capitalista.

Gráfico 1.

Fuente: R. Baldwin/MD (2024) con base en datos de la OCDE.

La nueva era de la geopolítica estatal-capitalista

La geopolítica estatal-capitalista no funciona como una doctrina coherente, sino como un conjunto de prácticas en evolución. A medida que el mundo se ajusta a una nueva fase de rivalidad geopolítica en el contexto de una interconexión profunda que impide la contención o conexión como únicas opciones  viables, los Estados se ven impulsados a desarrollar estrategias nuevas para participar en la política de la fuerza. Ello, por supuesto, no significa que la geopolítica territorializada y la doctrina militar ya no sean importantes, como lamentablemente ha quedado claro tras la brutal invasión de Rusia en Ucrania  y la guerra genocida de Israel en Gaza y el Líbano. El papel de Estados Unidos en alimentar estos conflictos, su creciente incapacidad o falta de voluntad para gestionar otros y el peso cada vez mayor de las potencias del medio han provocado colectivamente un aumento marcado de la violencia intraestatal en las últimas décadas (Shidore, 2023; Vision  of Humanity, 2024). No obstante, como  se ilustrará más adelante, la estructura de la economía es tal que  de hecho  obliga  a que la competencia geopolítica adopte una nueva forma, centrada en las redes.

La geopolítica estatal-capitalista también implica una expansión y reconfiguración drásticas de las funciones de los Estados como actores de políticas  industriales, catalizadores de tecnología e innovación, contralores de nodos financieros e infraestructura clave, financiadores de defensores nacionales y sectores estratégicos, inversores-accionistas y propietarios directos de capital y activos. Es así que, además de los aranceles comerciales, las restricciones a la inversión  extranjera, los controles de las exportaciones, las sanciones financieras y otras medidas económicas defensivas u ofensivas, las formas emblemáticas de la geopolítica estatal-capitalista también incluyen aspectos como nuevas formas de políticas tecnoindustriales, fondos soberanos, bancos  de orientación política, empresas públicas, fondos públicos de capital de riesgo y otras empresas controladas por el Estado.⁵ Más que simplemente fomentar la inversión y el crecimiento, estos instrumentos y vehículos de políticas brindan a los Estados la capacidad de ejercer diferentes grados de propiedad y control respecto del capital y los activos, desde la propiedad estatal absoluta hasta Gobiernos que son propietarios mayoritarios o minoritarios de acciones, al utilizar acciones privilegiadas para mantener los derechos de veto o actuar como inversores pasivos. También les permiten forjar nuevas alianzas entre  Estado y capital con el fin de alcanzar  objetivos  geoestratégicos (Barbesgaard et al., 2024). En resumen, lo que hace de la geopolítica estatal-capitalista un  modo de práctica geopolítica distintivo y cualitativamente diferente es su lógica fundamental (define y controla las redes en las cuales se basa la globalización, controlando sus nodos más estratégicos) y sus herramientas y formas emblemáticas (la amplia movilización de intervencionismo económico estatal agresivo y la propiedad estatal renovada).

Para entender por qué los Estados del mundo practican cada vez más la geopolítica estatal-capitalista, debemos observar el desarrollo histórico del capitalismo mundial en los últimos 20 años. Lo que los expertos  llaman un “nuevo capitalismo de Estado” tiene  raíces profundas (Alami y Dixon, 2024). Al menos cuatro factores han impulsado su auge mundial. En primer lugar, las crisis financieras han desempeñado un papel decisivo en la elaboración de nuevas formas de intervencionismo y propiedad estatal. La financiarización del capitalismo implica que los impactos se sienten más rápidamente en el sistema crediticio mundial (la pandemia de COVID-19, por ejemplo, desató un shock financiero que sumergió a muchos países de ingresos medios y bajos en crisis de deuda). Los Gobiernos han tenido que adaptarse a este contexto de mayor vulnerabilidad, mediante la implantación de amplios planes de rescate, recapitalizaciones bancarias e inversiones contracíclicas tras las crisis financieras, mientras que los bancos centrales en los países de ingresos altos y más bajos han desarrollado instrumentos para estabilizar a los mercados financieros y asegurar su funcionamiento adecuado. Por ejemplo, el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos prácticamente se duplicó (con respecto al PIB) en respuesta a la crisis de COVID-19.

En segundo lugar, la reestructuración de la economía mundial y la formación de cadenas mundiales de valor cada vez más complejas han  impulsado a los Estados a realizar intervenciones importantes para asegurar  la “competitividad” de sus economías. De allí el resurgimiento, en los últimos 10 años, de la planificación del desarrollo, las políticas industriales y la inversión a gran escala coordinada por el Estado (a menudo a cargo de empresas públicas, fondos  soberanos  o bancos de desarrollo) en las redes eléctricas, las redes digitales, la infraestructura para el transporte y los sistemas logísticos integrales (Schindler y DiCarlo, 2023). Además, la acumulación de enormes superávits –provenientes, por  ejemplo, de la  consolidación de modelos orientados a la exportación en economías de Asia Oriental y Sudoriental y la “reprimarización” de muchas economías latinoamericanas y africanas–  ha suscitado  la multiplicación de los fondos soberanos y el fuerte crecimiento del control de los activos mundiales. Los fondos soberanos han ampliado sus operaciones a nivel nacional y en el extranjero desde comienzos de la primera década del siglo XXI, en ocasiones en asociación con empresas públicas. En 2024, había 179 fondos soberanos en el mundo, es decir que se septuplicaron con creces desde el año 2000. Estos fondos controlan grandes volúmenes de dinero y capital  (por un valor superior a 12,4 billones de dólares)  y se han convertido en actores fundamentales en los mercados financieros mundiales. El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) estima que las empresas públicas ahora representan el 20 % de las 2 mil empresas más grandes del mundo, el doble que hace 20 años.

En tercer lugar, la disminución del índice de crecimiento eco- nómico mundial –o incluso  el estancamiento absoluto en algunos países–  ha  aumentado la competencia por  la participación en  el mercado y el acceso a activos estratégicos y oportunidades de inversión en los sectores industriales, desde los agroquímicos a la construcción de buques, aluminio, acero, la producción de energía  a partir del carbón, los paneles solares, la tecnología 5G, etcétera. En respuesta a ello, los Gobiernos están aplicando políticas para apoyar la competitividad internacional de sus empresas y ayudar  a las empresas a desarrollar o adquirir capacidades  estratégicas  para estar a la vanguardia de la frontera tecnológica y de la productividad, como los semiconductores avanzados, las nanotecnologías, la inteligencia artificial  [IA], la computación cuántica, 5G, el Internet de las cosas, la computación en la nube  y la robótica inteligente, entre otros. Las políticas  industriales ambiciosas incluyen subsidios estatales y la creciente movilización de bancos de orientación política y fondos de inversión estatales para inyectar liquidez en la forma de inversión o crédito subsidiado. Los Estados también han aumentado las restricciones al comercio y la inversión y, en algunos  casos, han inyectado propiedad estatal  (en la forma de participación accionaria) en empresas clave para proteger las cadenas de suministro fundamentales de la competencia extranjera, como en los sectores de los semiconductores y las baterías para vehículos eléctricos. Estados Unidos, por ejemplo, ha impuesto aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos chinos, mientras que la Unión Europea ha impuesto aranceles a la importación del 38,1%.

En cuarto lugar, este contexto llevó a la elaboración de formas virulentas de nacionalismo económico que eliminan la distinción entre interés económico y seguridad nacional. Desde que se ha ampliado la definición de seguridad nacional, los competidores económicos son representados como amenazas a la soberanía y la integridad de la nación (Drezner, 2024). Para establecer el control de los sectores estratégicos, el nacionalismo económico renovado no duda en movilizar la propiedad estatal, por ejemplo, mediante acciones de fondos de inversión y empresas públicas. Tampoco duda en imponer sanciones comerciales para penalizar a los competidores extranjeros, con fundamentos a menudo cuestionables. Los aranceles aduaneros que la Unión Europea impone a los vehículos eléctricos importados de China ilustran esta tendencia. Estas variedades de nacionalismo económico a menudo tienen trasfondos problemáticos, dado que mezclan el proteccionismo económico con la xenofobia y los prejuicios raciales. La movilización del poder estatal para disciplinar a los competidores extranjeros en nombre de la seguridad nacional suele estar estrechamente vinculada –discursiva, ideológica y materialmente– con el desarrollo de formas coercitivas y represivas de dominación nacional en el mundo.

Gráfico 2.

Fuente: FMI (2023).

En resumen, las crisis, contradicciones y dinámicas competitivas capitalistas han creado las condiciones para una expansión drástica de la propiedad estatal y una proliferación concomitante de las modalidades agresivas de intervencionismo estatal.

La geopolítica estatal-capitalista está redefiniendo la globalización

A medida que la Segunda Guerra Fría se ha intensificado en los últimos años, los Estados poderosos han utilizado estas nuevas herramientas capitalistas cada vez más con fines geopolíticos. Ello no está desatando un proceso de “desglobalización”, es decir una reducción de los flujos mundiales de finanzas,  comercio y servicios, sino que en la mayoría de los casos el objetivo es reconfigurar y ejercer control sobre las redes económicas mundiales que sustentan la globalización. Un ejemplo de ello son las redes de infraestructura, donde los poderes hegemónicos y de rango  medio compiten para financiar, construir y controlar la infraestructura conectiva en los países de ingresos bajos y medios. Los competidores en esta carrera por la infraestructura han creado nuevas  entidades estatales específicas y han ampliado las existentes.

Como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, China coordina a una serie de organismos gubernamentales (como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma), bancos de desarrollo y políticas  (como el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China), empresas públicas (como China  Railway International y China  Machinery Engineering Company) y fondos soberanos (como el Fondo de la Ruta de la Seda y el Fondo de Desarrollo China-África), combinando así la ayuda orientada al desarrollo, los subsidios y los préstamos con tasas de interés por debajo del mercado, créditos a la exportación con orientación comercial y mecanismos de financiación basados en el mercado para la consecución de una gran variedad de proyectos de infraestructura mundiales.

El Programa de Políticas para la Promoción de Sistemas de Infraestructura en el Extranjero del Japón combina, de modo similar, las operaciones de múltiples agencias estatales, incluida la Agencia de Cooperación Internacional del Japón  [JICA] (agencia  oficial de ayuda  para el desarrollo), el Banco de Cooperación Internacional del Japón (créditos a la exportación), Nippon Export and Invesment Insurance [NEXI] (seguro de comercio) y dos fondos estatales de inversión en infraestructura: Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development [JOIN] y Fund Corporation for the Overseas Development of Japan’s Information and Communication Technology [JICT].

La Unión Europea también ha reconfigurado su arquitectura de financiación para el desarrollo con el objetivo de competir mejor. La relación entre el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, los bancos nacionales de desarrollo y los Estados miembros de la Unión Europea se ha modificado para ajustar a estas instituciones a los objetivos geoestratégicos con respecto al desarrollo de infraestructura en países de ingresos más bajos.

De modo similar, Türkiye ha incrementado su apoyo estatal (mediante créditos impositivos, financiación del Türk Eximbank y redes de mecenazgo) para  ayudar a las empresas de construcción turcas a establecerse no solo como principales contratistas, sino también como inversoras en infraestructura pública  y privada  en Oriente Medio, el Magreb  y el África Subsahariana (Calabrese,  2022). Incluso Estados Unidos, que a menudo es considerado renuente a participar en los bancos de desarrollo de propiedad estatal, ha ampliado las prerrogativas y el presupuesto de la Corporación Financiera de Desarrollo  Internacional de los Estados Unidos para que compita en la carrera  por la infraestructura (Departamento de Estado de Estados Unidos,  2024). Washington también está intentando forjar nuevas alianzas entre Estado y capital para competir a nivel internacional.

La deuda de transición de los mercados emergentes es un ejemplo de ello. Se trata de una asociación entre el Tesoro de Estados Unidos y los administradores de activos mundiales, cuyo objetivo es canalizar el capital privado de inversores institucionales a infraestructura limpia, tecnología limpia y descarbonización, mientras, según la exsecretaria del Tesoro Janet  Yellen, “se promueven las prioridades clave del Tesoro” (2024).

La geopolítica estatal-capitalista también está desempeñando un papel cada vez más importante en las redes de producción mundiales. Ello se puede  observar en los sectores digital y de fabricación avanzada, como los semiconductores y la IA. Los Estados exportadores de petróleo del Golfo Pérsico,  especialmente los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, utilizan sus fondos soberanos para invertir en la fabricación avanzada, los programas informáticos y la IA generativa en todo el mundo. Además, están adquiriendo grandes cantidades de semiconductores de alto rendimiento de Nvidia y otras  de las principales empresas fabricantes de chips, y ofrecen salarios generosos para atraer a ingenieros especializados en IA y desarrolladores de software de  todo el mundo (especialmente de China) con el fin de apoyar los esfuerzos y las ambiciones de desarrollo de la IA. Muchas economías capitalistas avanzadas  en Asia Occidental y Oriental han iniciado planes tecnoindustriales ambiciosos para consolidar su posición en las cadenas de suministro de semiconductores (una forma de reindustrializar, “relocalizar” las capacidades de producción estratégicas y asegurar la soberanía tecnológica). Ello incluye la Ley de Chips y Ciencia de Estados Unidos, la Estrategia Nacional de Semiconductores del Reino Unido, el Reglamento de Chips de la Unión Europea y la Ley K-Chips de Corea. Japón anunció un amplio programa de subsidios para incentivar a las principales empresas del sector industrial del mundo (TSMC, Micron, Samsung  Electronics, Rapidus y otras) a que inviertan en nuevos centros de producción en ese país. Además, la Corporación Japonesa de Inversiones, un fondo de inversión con apoyo estatal supervisado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, ahora está adquiriendo directamente participaciones de control en empresas estratégicas, como la empresa JSR, con sede en Tokio. Es la primera vez que el fondo de inversión ha tomado medidas para nacionalizar (aunque de un modo favorable al mercado) una empresa que controla un nodo fundamental de la cadena mundial de suministro de semiconductores, mitigando así los riesgos geopolíticos y para la cadena de suministro. Del mismo  modo, Estados Unidos está creando un fondo de riqueza soberana para  inyectar capital y realizar importantes inversiones en sectores estratégicos y cadenas de suministro, en un intento explícito de competir con sus rivales geopolíticos (Politi, 2024).

Las tecnologías limpias y la energía renovable son otro conjunto de redes de producción donde la geopolítica estatal-capitalista ha estado particularmente activa y ha suscitado polémica, y para las cuales se han movilizado grandes fondos soberanos, fondos estatales de capital de riesgo, bancos de orientación política  y empresas públicas.  La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, el Pacto Verde Europeo y los amplios programas de subsidios a la tecnología verde en China ponen de relieve lo que está en juego a nivel geopolítico (Bickenbach et al., 2024). Mientras tanto, el Fondo de Innovación de la OTAN (2024), creado tras la invasión de Rusia a Ucrania  en 2022, es el primer fondo de capital de riesgo multisoberano del mundo, cuyo mandato consiste en invertir mil millones de euros en empresas emergentes que desarrollan tecnología de vanguardia para abordar los desafíos en materia de defensa y seguridad, incluida la “tecnología verde” y la energía renovable (v. Alami, 2024). Ello sugiere que la propiedad estatal puede convertirse en un instrumento privilegiado para reunir los imperativos “verde” y de seguridad.

Los mercados emergentes y en desarrollo también están experimentando con herramientas del capitalismo estatal para participar en la geopolítica de la transición energética. Brasil anunció nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos y tiene programado combinar el capital y los conocimientos de Petrobras (la empresa petrolera estatal) y BNDES (un importante banco de desarrollo brasileño) para estructurar un fondo de capital de riesgo con apoyo del Estado destinado a la energía renovable y la movilidad baja en carbono (Morais, 2024). Una empresa estatal poderosa, OCP, desempeña un papel central en la estrategia de Marruecos de convertirse en  líder del hidrógeno verde conectado con la infraestructura del hidrógeno verde de Europa. Indonesia está aumentando su participación  y propiedad en el amplio panorama de empresas públicas y fondos de desarrollo estatales en el sector del níquel, con el objetivo de posicionarse en el centro de las cadenas de suministro mundiales del acero y las baterías  eléctricas.

Por  consiguiente, la geopolítica estatal-capitalista no está precipitando el fin de la globalización, sino que está reconfigurando la economía mundial. Los flujos de comercio y capital siguen registrando niveles más elevados que  nunca. Sin embargo, estos flujos son reconfigurados y limitados cada vez más por la intervención gubernamental (mediante una combinación de “sanciones”  y “recompensas”) en direcciones que favorecen objetivos geoestratégicos y de seguridad directos.

Estrategias de desarrollo nacionales y regionales: ¿hacia un polialineamiento?

La geopolítica estatal-capitalista desplaza la lógica de la geopolítica neoliberal, que buscaba producir una paz liberal mediante la subordinación de la economía mundial a las consideraciones más importantes de las empresas multinacionales. En ese sentido, ofrece a los países, especialmente del Sur Global, posibilidades de forjar nuevas estrategias de desarrollo en el orden político-económico mundial y de mejorar su posición relativa dentro de este. Cabe señalar especialmente dos cambios.

Gráfico 3.

Fuente: TNI basado en datos del Banco mundial (2022).

En primer lugar, las estrategias de inversión y ubicación de las empresas transnacionales demuestran una lógica geoestratégica. Puesto de manera sencilla, estas empresas están organizando sus operaciones no solo teniendo en cuenta cuestiones como los costos laborales y el acceso al mercado de consumidores, sino también la minimización de los riesgos geopolíticos. Lejos de simplemente liberalizar las economías y atraer  directamente a las empresas multinacionales, los países pueden captar inversiones al posicionarse como socios seguros al cultivar relaciones con superpotencias. Por ejemplo, pueden obtener validación con iniciativas como el programa internacional de “Seguridad Tecnológica e Innovación” de la Ley de Chips de Estados Unidos o mediante el desarrollo de “estrategias  de conectividad” para aprovechar sus activos geoestratégicos. Estos podrían incluir la ubicación a lo largo de las rutas  comerciales, la proximidad a mercados clave y la posesión de recursos estratégicos que son necesarios para las redes de producción nuevas y emergentes y los proyectos de descarbonización, como los materiales de transición fundamentales. Por otro lado, los “países conectores”,  como Hungría, Polonia, Vietnam, Indonesia y Malasia, se posicionan como conductos para evitar aranceles y sanciones, tendiendo redes para superar los conflictos geopolíticos (Gopinath et al., 2024). México lo está haciendo para facilitar la inversión china en vehículos eléctricos en el continente americano. Mientras tanto, Marruecos quiere atraer la inversión de empresas chinas, francesas, alemanas y coreanas  en su sector de producción de automóviles.

Además, una mayor intervención y control estatales permiten a los países del Sur Global evitar “elegir un bando”, dado que intentan permanecer conectados  con múltiples potencias,  como Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, o potencias regionales. Esta estrategia se denomina “polialineamiento”. Cuando el reportero de la publicación The Economist le preguntó al vice primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, “¿por qué describe la posición de Singapur como ni pro China ni pro Estados Unidos?”, este replicó brevemente: “Somos pro Singapur”. Los líderes estatales del mundo en desarrollo han expresado opiniones similares y desean entablar relaciones comerciales y políticas con múltiples socios. Por ejemplo, los Gobiernos de Indonesia y Vietnam desean atraer la inversión en manufacturas de empresas chinas y estadounidenses. El polialineamiento del Brasil está caracterizado por actores federales, subnacionales y no estatales que persiguen relaciones  e intereses diversos con China y las potencias de Occidente, lo cual da como resultado una política exterior multifacética que trasciende los límites ideológicos tradicionales y los cambios de Gobierno. Por su parte, Turquía transita proyectos de conectividad competidores, que cuentan con el apoyo  de potencias rivales (como el Corredor Central de China y el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa [IMEC], que tiene apoyo de Estados Unidos), mientras que persigue  sus propias  iniciativas como el Corredor de Zangezur y la Ruta de Desarrollo de Irak para mantener la autonomía estratégica. La eficacia a largo plazo de estas estrategias aún está por verse. Para empezar, el FMI advirtió que no elegir bandos  –a lo que denominó “incertidumbre en materia de políticas”– podría desalentar la inversión extranjera directa debido a que, como han demostrado algunos estudios  (Aiyar y Presbitero, 2023), ese tipo de inversiones fluye con mayor facilidad a Estados geopolíticamente alineados (FMI, 2023; Aiyar et al., 2024). Además, los Estados “polialineados” pueden de todos modos afrontar limitaciones al desarrollo y cuellos de botella, desde los riesgos de nuevas  “maldiciones de recursos” hasta la relegación como “zona de sacrificio” y la dependencia financiera.

En  segundo  lugar, el estancamiento geopolítico ha debilitado a las instituciones disciplinarias neoliberales como  la OMC, otorgando  a países con capacidad fiscal e institucional más espacio en materia de políticas para adoptar estrategias de desarrollo estatales, sin tanto temor a la recriminación. Los nuevos nacionalismos de los recursos están, por ende, en aumento en las economías del Sur. Indonesia, por ejemplo, está persiguiendo una estrategia industrial para captar valor en el sector de las baterías mediante la prohibición de la exportación de níquel en bruto con el fin de desarrollar capacidades de procesamiento a nivel nacional (Warburton, 2023). A pesar de que la Unión Europea ganó un fallo contra esta práctica en  la OMC  en  2022, el tribunal de apelaciones del organismo es incapaz de oír la apelación de Indonesia y, por ende, aplicar una sanción. Mientras tanto, la participación de ese país en la extracción de níquel a nivel mundial se disparó de un  5 % hace 10 años a un 50 % en 2023.

Los Gobiernos locales  y regionales también  adaptan los programas de alineamiento a medida que reconsideran estrategias de desarrollo previas ante la tensión geopolítica, las prácticas estatales-capitalistas y la lógica de inversión geoestratégica. A diferencia de los intentos de “conservar” el capital internacional en el periodo de globalización neoliberal, las regiones hoy en día no pueden ignorar el papel cada vez más central que desempeñan los Estados y sus esfuerzos por reconfigurar la lógica de inversión de las empresas multinacionales, incluidas las empresas privadas e híbridas y aquellas que controlan directamente.

Están surgiendo dos tipos de estrategias de desarrollo regional a partir de la lógica de la geopolítica estatal-capitalista. En las economías de la periferia que  no están estrechamente alineadas con Estados Unidos o China, están emergiendo nuevas “regiones conectoras”. En Hungría, las regiones combinan el gas de Rusia con la coordinación administrativa de Europa y la tecnología de baterías de China. En Vietnam, los Gobiernos regionales intentan capturar fragmentos de cadenas de suministro chinas para integrarlos con empresas estadounidenses y así evitar o sobrellevar los controles de Estados Unidos.

Los distritos industriales más antiguos de las principales economías capitalistas también están hallando nuevas oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, Magdeburgo, en la ex Alemania del Este, y Ohio, en Estados Unidos, eran hasta hace poco considerados cinturones de óxido⁶ con dificultades para atraer  inversión de capital. En la actualidad, albergan enormes complejos de fabricación de chips para la empresa Intel.  El senador de Ohio Sherrod Brown afirmó que, gracias a la fabricación de semiconductores para Intel en su estado, ahora se puede “abandonar el término cinturón de óxido”. Si bien esto es inusual, ilustra la relación entre política nacional, política industrial y seguridad nacional. El vicecanciller alemán Robert Habeck  afirmó que la inversión de Intel en Magdeburgo “aumentará  considerablemente la producción de semiconductores en Alemania y es una  importante contribución para mejorar la soberanía europea”. Habida cuenta de la escala de los subsidios, esas regiones no pueden recurrir directamente a las empresas multinacionales para esas inversiones. En cambio, deben  posicionarse en primer lugar con los Gobiernos nacionales como lugares de inversión estratégicos  –en cuanto a cohesión social, seguridad nacional o, para decirlo sin rodeos, estrategias electorales de los partidos de Gobierno. Es decir que, el cambio hacia una geopolítica estatal-capitalista brinda oportunidades a localidades y regiones que anteriormente no eran considerados en la geopolítica neoliberal.

Aperturas estratégicas y dilemas  políticos para las fuerzas progresistas

Nos centraremos ahora en las posibilidades, menos examinadas, de cambio social emancipador y políticas progresistas habida cuenta de los modos  en que evoluciona el poder en el seno de la geopolítica estatal-capitalista, especialmente desde la perspectiva de los movimientos laborales y sociales. La coyuntura generada por esa geopolítica no es fácil de transitar para las fuerzas sociales progresistas. Cabe señalar que hay oportunidades tanto en términos ideológicos como materiales. Esta sección analiza las posibles estrategias  en este nuevo panorama para promover el cambio social emancipador, a la vez que se reconoce la complejidad de este terreno.

En primer lugar, la geopolítica estatal-capitalista ya ha repolitizado el papel del Estado como agente de transformación económica y social, dado que los Estados participan en las economías y sociedades en formas más explícitas y visibles que nunca. Este cambio socava las reformas institucionales neoliberales que  aislaron a los mercados de la política democrática. Ahora resulta más difícil para los ideólogos neoliberales defensores del libre mercado afirmar que los Estados no pueden alcanzar logros significativos más allá de proteger la propiedad privada, hacer dinero y librar guerras. Es así que la geopolítica estatal-capitalista brinda oportunidades a los movimientos sociales para que presionen a los Estados a que utilicen sus capacidades  y recursos  redescubiertos para fines que son, como mínimo, menos  destructivos desde el punto de vista social y ambiental, de modos que:

1) aborden de inmediato las crisis cada vez más intensas de los estándares de vida y la desigualdad en la mayoría de los países del mundo;

2) alteren el equilibrio de fuerzas  a favor de la clase trabajadora.

Los Estados pueden actuar en la economía en formas que favorecen más a sus ciudadanos, como mediante la rectificación de desigualdades, el empoderamiento de la clase trabajadora  y la descarbonización de las economías.

Los bancos estatales de desarrollo y orientación política se han convertido una vez más en actores centrales con una trayectoria demostrada de apoyo  a empresas, sectores  e industrias considerados estratégicos.  Su papel cada vez más importante suscita inevitablemente la siguiente pregunta: ¿por qué no ampliar considerablemente sus capacidades de crédito para generar vías de descarbonización rápidas y facilitar grandes transferencias de recursos  financieros de los países más ricos a los más pobres?  Los Estados ahora también son propietarios directa o indirectamente de un gran volumen de activos y capital mediante las empresas públicas y los fondos soberanos, que a su vez se invierten en una gran variedad de empresas y sectores. Aquí también existe potencial para obligar a los Estados a desinvertir de las industrias intensivas en carbono o simplemente a no explotar los combustibles fósiles. Ello también podría implicar utilizar a empresas y activos estatales como “accionistas  activistas”, a fin de influenciar a las empresas en las que tienen acciones para que desarrollen prácticas menos perjudiciales para el medio ambiente. Además, si el intervencionismo del Estado puede movilizarse para penalizar a Estados y empresas del extranjero o para obtener el control de las redes económicas clave, entonces seguramente dichas capacidades coercitivas del Estado pueden dirigirse a hacer cumplir la legislación ambiental, las normas laborales y los sistemas fiscales sólidos para disciplinar al capital intensivo en carbono y limitar el poder  de las empresas.

Sin embargo, la vía para aprovechar la geopolítica estatal-capitalista con fines progresistas está repleta de obstáculos. Décadas de neoliberalismo han erosionado las vías liberales-democráticas y los mecanismos de representación mediante los cuales las fuerzas progresistas han promovido proyectos reformistas. El poder de los sindicatos ha disminuido mediante la legislación y la reestructuración industrial; los partidos socialdemócratas han apoyado a los mercados y se han alejado de sus funciones originales de defensores de los intereses de la clase trabajadora; y la elaboración de políticas económicas está cada vez más desconectada de las necesidades diarias de los ciudadanos. En este contexto, resulta difícil, aunque no imposible, promover una forma de capitalismo estatal “más verde” y “más democrático” por las vías parlamentarias convencionales. De algún modo, seguimos (al menos parcialmente) constreñidos por la camisa de fuerza institucional neoliberal, aun cuando la ideología neoliberal posiblemente esté perdiendo peso. Además, el nuevo capitalismo estatal está cada vez más inmerso en los aparatos estatales represivos destinados a eliminar la disidencia popular, la movilización  y otras protestas y manifestaciones. Este solapamiento del nuevo capitalismo estatal y las tendencias autoritarias complica los esfuerzos de extraer sus posibles elementos progresistas. Esta dificultad se ve exacerbada por posturas geopolíticas y económico-nacionalistas agresivas, que a menudo acompañan al capitalismo estatal, en las cuales las élites describen cada vez más a la competencia por las redes económicas globalizadas como un juego de suma cero.

Para hacer frente a estos desafíos y oportunidades, señalamos varios ámbitos de investigación y posibilidades de acción. Forjar solidaridad transnacional, reformular conceptos clave, como seguridad y desarrollo, y aprovechar el papel ampliado del Estado ofrecen  posibilidades para lograr un futuro más equitativo. Las políticas industriales ocupan un papel central en la actual coyuntura geopolítica. Por ejemplo, hay margen para promover estrategias industriales verdes centradas en la descarbonización o para vincular los subsidios e inversiones estatales a beneficios comunitarios y derechos  laborales.

El periodo actual también ofrece la oportunidad de volver a priorizar alternativas a los modelos económicos neoliberales, como las cooperativas, las iniciativas de economía solidaria y los servicios públicos universales. Habida cuenta de la orientación de la geopolítica estatal-capitalista hacia las redes, existe una necesidad persistente de solidaridad transnacional. Por último, debido a las diferencias entre el neoliberalismo del “primer” y “tercer” mundo, para  que existan fuerzas progresistas en la geopolítica estatal-capitalista hacen falta políticas sociales contextuales y pactos verdes regionales. Ante la creciente competencia, la solidaridad interregional puede contribuir a resistir las tácticas de dividir y conquistar.

Una plataforma para aprovechar los poderes del capitalismo estatal con fines progresistas debe negarse categóricamente a aceptar que las conquistas de los trabajadores y ciudadanos de un país se logran a expensas del medio ambiente natural de otros.  Por ello es necesario adoptar nuevas formas de solidaridad planetaria como principio rector para nuestro proyecto de reconvertir el Estado, sus activos y facultades de planificación. No obstante, articular políticas internacionalistas coherentes y significativas es especialmente difícil en la coyuntura histórica actual.  Las estructuras y los efectos producidos por  la geopolítica estatal-capitalista tienden  a fomentar un clima propicio para el chauvinismo interimperial, en el cual se suelen adoptar narrativas de arriba hacia abajo que derriban la distinción entre interés  económico y seguridad nacional, y adoptan explícitamente una retórica que presenta a los competidores económicos como amenazas a la integridad nacional. Debemos rechazar estas ideas, discursos y visiones del mundo, y evitar que se acepten como “sentido común”. Para ello puede ser necesario articular visiones alternativas de la propiedad pública y la planificación ecológica en aras de la prosperidad compartida dentro y fuera de las fronteras nacionales-territoriales.

Para  aprovechar oportunidades mientras se superan obstáculos será necesario adoptar estrategias creativas de participación en el ámbito de la política  institucional y más allá de él, forjando nuevas alianzas populares transnacionales y produciendo visiones contrahegemónicas y alternativas atractivas para un futuro justo  y sostenible.

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NOTAS

1. Véase el discurso completo en inglés aquí https://mn.usembassy.gov/speech-secretary-pompeo-07-23-2020/

2. Utilizamos la expresión “Sur Global” para destacar que vivimos en un sistema mundial desarrollado en forma  desigual, donde  la pobreza  de la mayoría  del mundo está relacionada con la riqueza  de unas pocas economías capitalistas avanzadas.

3. Véase https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_Churchill-Stalin_sobre_los_Balcanes

4. Sírvase consultar el documento completo en el siguiente  enlace https://trumpwhitehouse.archives.gov/wpcontent/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

5. Las políticas tecnoindustriales son intervenciones gubernamentales para estimular la innovación, acelerar el cambio  tecnológico y promover industrias específicas.

6.  [N. de la T.]. La expresión “rust belt” en inglés hace referencia a las ciudades industria- les que han sufrido deterioro económico.