Entrevista a David R. Boyd

En Papeles de relaciones ecosociales y cambio global núm. 165, entrevistamos a David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.

La entrevista realizada por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, aborda algunos de los principales retos que enfrenta su departamento y hace balance de su labor desde 2018.  

«La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos»

A continuación ofrecemos el texto íntegro e la entrevista.

Nuria del Viso (NV): Como es bien sabido, estamos viviendo una grave crisis ecológica. ¿Cómo afecta a los derechos humanos y qué grupos son los más perjudicados?

David Boyd (DB): La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos. Esto está claramente establecido desde hace muchos años. El cambio climático, la contaminación tóxica, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la propagación de enfermedades zoonóticas tienen efectos devastadores sobre los derechos humanos a la vida, la salud, a la alimentación, al agua, a un nivel de vida adecuado y, por supuesto, al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Estos terribles efectos afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y marginación, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, las personas mayores, los migrantes, los refugiados y las personas que viven en la pobreza. He sido testigo de estos impactos en misiones a países. Por ejemplo, en Fiyi visité Vunidogaloa, una de las primeras comunidades del mundo que tuvo que ser reubicada debido a la crisis climática. La subida del nivel del mar, las mareas de tempestad y la contaminación por agua salada de su agua potable y sus tierras de cultivo no les dejaron otra opción. Se reubicaron varios kilómetros tierra adentro, cortando sus estrechos lazos con el océano. En Portugal conocí a supervivientes de mortíferos incendios forestales que sufren estrés postraumático. En Chile me encontré con personas que luchan para hacer frente a una gran sequía que ha privado a comunidades enteras del acceso al agua. En Botsuana conocí a personas indígenas para quienes el calor se está volviendo insoportable, y está provocando escasez de agua, inseguridad alimentaria y conflictos entre seres humanos y fauna salvaje. Vimos una larga cola de mujeres y niñas esperando para llenar contenedores de agua en uno de los dos únicos grifos de una comunidad de 1.300 habitantes.

NV: Muchas de las violaciones de derechos humanos en relación con la destrucción de la naturaleza se están produciendo por la intensificación de las actividades extractivas, algunas estrechamente relacionadas con la transición verde, casi todas con el modo de vida de las sociedades más ricas, que están generando miles de conflictos socioecológicos en todo el mundo. ¿Qué vías considera más prometedoras para abordar y resolver estos conflictos y hacer valer los derechos humanos? ¿Qué herramientas se están desarrollando, en particular desde el ámbito de los derechos humanos?

 DB: Creo que los enfoques basados en los derechos humanos son la forma más prometedora de abordar estos conflictos y, en particular, el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Este derecho fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 (resolución 48/13) y por la Asamblea General de la ONU en 2022 (resolución 76/300). Un enfoque basado en los derechos humanos garantiza que las personas más directamente afectadas tengan acceso a la información, la oportunidad de participar significativamente en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con recursos efectivos si sus derechos se ven amenazados o vulnerados. El derecho a un medio ambiente sano abarca los elementos anteriores, así como aire limpio, agua salubre y suficiente, alimentos sanos y producidos de forma sostenible, entornos no tóxicos, ecosistemas y biodiversidad sanos y un clima seguro. El derecho a un medio ambiente sano se ha utilizado con éxito para exigir la limpieza de la contaminación industrial, impedir la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón, bloquear el uso de pesticidas que matan a las abejas, impedir proyectos mineros destructivos y mucho más. Este derecho es un catalizador de los cambios necesarios para lograr un futuro justo y sostenible, porque convierte las decisiones correctas en obligaciones para los Estados, en lugar de opciones.

NV: Uno de los impactos más extremos es la expulsión de grupos y comunidades enteras que tienen que abandonar su hábitat y se convierten en desplazados forzosos. ¿Qué resoluciones y herramientas específicas está desarrollando y aplicando el Comité de Derechos Humanos?

DB: Para que quede claro, hay una distinción importante entre el Comité de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. El Comité es un grupo de 18 expertos independientes que resuelven denuncias, examinan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados y publican Observaciones Generales para proporcionar orientación autorizada sobre dicho Pacto. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros y es el principal órgano de derechos humanos de la ONU.

En mi trabajo, los desplazamientos forzosos se producen en dos circunstancias principales: el desarrollo de grandes proyectos industriales, como presas hidroeléctricas, y el establecimiento de parques nacionales u otras zonas protegidas. En mi opinión, el desplazamiento forzoso viola los derechos humanos y debe condenarse. Los Estados tienen la obligación legal de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que son las principales víctimas de los desplazamientos forzosos. Sin consentimiento, no deben permitirse ni las actividades industriales ni los parques.

NV: El agua es un tema en el que se aprecia bien el cruce entre las cuestiones medioambientales y los derechos humanos. ¿Cómo caracterizaría esta crisis mundial del agua y cuáles son los problemas más acuciantes?

DB: El mundo se enfrenta a una crisis del agua cada vez más grave. Más de 2 000 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura (accesible en las instalaciones, disponible cuando se necesita y libre de contaminación). Más de 4 000 millones de personas −la mitad de la población mundia− carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, lo que significa que sus excrementos no se tratan, amenazando la salud humana y de los ecosistemas. Aproximadamente el 80% de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin tratar, contaminando las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y los océanos. Las aguas residuales incluyen los efluentes de la industria, la agricultura, los hogares y las instituciones, así como la escorrentía urbana. Las enfermedades transmitidas por el agua causan casi dos millones de muertes evitables al año en todo el mundo, y la mayor carga recae sobre los niños menores de cinco años. Para más detalles, véase mi informe sobre el agua A/HRC/46/28.

NV: Una cuestión candente es la degradación de los ecosistemas y su estrecha relación con las zoonosis y las pandemias. En el seminario que usted convocó en 2022, se mencionó un enfoque basado en los derechos humanos como una forma más eficaz y equitativa de prevenir las pandemias. ¿Podría explicar en qué consiste este enfoque?

DB: En lugar de tratar a la Tierra −este hogar único, sustento de la vida e irremplazable− con cuidado, respeto y reverencia, los seres humanos están infligiendo daños catastróficos a los ecosistemas y la biodiversidad, socavando las extraordinarias contribuciones de la naturaleza al bienestar y la prosperidad humanas. Las pruebas son inquietantes: las poblaciones de fauna y flora silvestres (incluidos anfibios, aves, peces y mamíferos) han caído en picado una media del 60% desde 1970; el ritmo de extinción es cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años y se está acelerando, con un millón de especies en peligro; casi tres cuartas partes de la superficie terrestre de la Tierra han sufrido alteraciones significativas; y dos tercios de la vida marina están experimentando impactos adversos, además de la acidificación, la desoxigenación y la pérdida de hielo marino.

El rápido declive de la salud de los ecosistemas y de la diversidad biológica está causado por los cambios en el uso de la tierra y del mar (por ejemplo, la conversión de bosques a la agricultura), la explotación directa de las especies (por ejemplo, la pesca, la caza, la caza furtiva, el comercio ilegal de especies silvestres), el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Las causas profundas incluyen los modelos de producción y consumo, el crecimiento demográfico, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los valores sociales. En los últimos cincuenta años, la población humana se ha duplicado, la economía mundial se ha cuadruplicado y el comercio mundial se ha multiplicado por diez, lo que ha disparado la demanda de energía y materiales. Las personas ricas son desproporcionadamente responsables del consumo excesivo y de la presión sobre la naturaleza.

En 2022, los Estados acordaron el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, comprometiéndose a emplear enfoques basados en los derechos para abordar el angustioso declive de la diversidad de la vida en la Tierra. Entre los compromisos específicos que deben cumplirse para 2030 figuran la protección del 30% de todas las tierras y aguas, la restauración del 30% de las tierras degradadas y la supresión de 500 000 millones de dólares anuales en subvenciones que perjudican a la naturaleza. El Marco reconoce específicamente la importancia del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

La transformación de la sociedad para lograr una buena calidad de vida para todos en armonía con la naturaleza requiere aumentar la conservación de la biodiversidad, la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados, una rápida transición a la energía limpia, el cambio a una economía circular, la disminución del consumo de energía y materiales por parte de las personas ricas y la reforma de las cadenas de suministro para reducir el impacto ambiental.

Necesitamos enfoques basados en los derechos para todos los aspectos de la conservación, protección, restauración, uso y beneficio de los ecosistemas sanos y la biodiversidad. La aplicación de un enfoque basado en los derechos aclara las obligaciones de los Estados y las empresas; cataliza acciones ambiciosas; pone de relieve la difícil situación de los más pobres y vulnerables; y capacita a las personas para que participen en el diseño y la aplicación de soluciones. Las acciones necesarias incluyen:

(a) supervisar e informar sobre el estado de la biodiversidad y las amenazas que pesan sobre ella;

(b) adoptar y aplicar planes nacionales de biodiversidad;

(c) integrar la biodiversidad en otros ámbitos políticos (por ejemplo, sanidad y finanzas);

(d) la creación de áreas protegidas y el establecimiento de otras medidas eficaces de conservación;

(e) el establecimiento de normas que garanticen el uso sostenible de la biodiversidad;

(f) promulgar leyes para proteger las especies amenazadas;

(g) restaurar los ecosistemas degradados;

(h) prevenir la propagación de especies invasoras; y

(i) proporcionar incentivos para la conservación y el uso sostenible.

NV: En ese seminario también se mencionó el proyecto de elaboración de un instrumento internacional para la prevención de pandemias. ¿Cuál es su situación?

DB: Se están llevando a cabo negociaciones en la Asamblea Mundial de la Salud, con la intención de finalizar un nuevo tratado a finales de 2024.

NV: Hablábamos antes de los colectivos afectados y uno de ellos es el de los defensores y defensoras de la tierra. ¿Cómo valora su situación actual?

 DB: Los defensores y defensoras de la tierra son héroes para sus comunidades y para el medio ambiente. Lamentablemente, siguen siendo acosados, amenazados, atacados, demandados, criminalizados e incluso asesinados por alzar su voz para defender la tierra, el agua, la naturaleza y los derechos humanos. Se trata de una situación trágica, y los Estados tienen la obligación de proteger a estas personas, investigar los delitos cometidos contra ellas y castigar a los autores. Todos deberíamos honrar y celebrar la labor de los y las defensoras de los derechos humanos medioambientales.

NV: Si he entendido bien, su trabajo como Relator Especial tiene que navegar entre las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente y los derechos humanos, y la rapacidad de algunas poderosas empresas, que casi siempre cuentan con el respaldo de los mismos Estados. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra? ¿De qué instrumentos disponen para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Sería necesario algún otro instrumento?

DB: Muchas grandes empresas abusan del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible contaminando el aire, el agua y el suelo, provocando y agravando la crisis climática, devastando la biodiversidad y los ecosistemas, produciendo y comercializando alimentos insalubres e insostenibles y liberando sustancias tóxicas que envenenan a los seres humanos, la fauna y los ecosistemas. Transformar el papel de las empresas es uno de los principales retos para avanzar hacia un futuro justo y sostenible.

Los paradigmas económicos y empresariales actuales se basan en la explotación de las personas y la naturaleza. Entre los defectos de estos paradigmas están el pensamiento a corto plazo, la creencia en un crecimiento ilimitado, un enfoque estrecho en la maximización de los beneficios para los accionistas y la externalización de los costes sociales, sanitarios y medioambientales a la sociedad. Por ejemplo, las empresas de combustibles fósiles obtienen beneficios de cientos de miles de millones de dólares mientras sus productos matan a millones de personas y agravan la emergencia climática. Las empresas transnacionales de la alimentación disfrutan de beneficios récord mientras los precios de los alimentos, el hambre y la malnutrición se disparan.

Para abordar los efectos sustanciales de las empresas sobre los derechos humanos han surgido varios marcos normativos, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y otros. A pesar de estos marcos, son pocas las empresas que aplican las medidas necesarias para respetar los derechos humanos, en gran medida porque estos marcos no son jurídicamente vinculantes.

Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a lo largo de sus cadenas de valor. Esta responsabilidad está por encima del cumplimiento de las leyes y normativas nacionales.

Sin embargo, muchas grandes empresas son delincuentes medioambientales. La aplicación de la ley se produce en contadas ocasiones. Incluso cuando son investigadas, procesadas y condenadas, las penas son insuficientes. Las mayores multas y sanciones medioambientales de la historia, 35 000 millones de dólares contra Volkswagen por su escándalo del diésel sucio y 65 000 millones contra BP por su mortífero vertido de petróleo en Deepwater Horizon, no tuvieron un impacto significativo a largo plazo en el precio de las acciones.

Por desgracia, los Estados son cómplices de la crisis planetaria. Fomentan, permiten y subvencionan actividades empresariales destructivas. Los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de los daños reales y potenciales que puedan causar las empresas dentro de su territorio, jurisdicción o control.

Los Estados deben establecer leyes, reglamentos, normas y políticas sólidas en materia de clima, medio ambiente y derechos humanos, incluida una legislación exhaustiva sobre derechos humanos y diligencia debida medioambiental. La supervisión y el cumplimiento efectivos son esenciales, y requieren instituciones con la autoridad, el personal y los recursos necesarios para prevenir, investigar, castigar y reparar los impactos climáticos y medioambientales sobre los derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos, las cortes y los tribunales tienen un papel supervisor vital.

La humanidad necesita reducir su huella ecológica colectiva y, sin embargo, miles de millones de personas del Sur global necesitan ampliar su huella energética y material para alcanzar un nivel de vida confortable y disfrutar plenamente de sus derechos humanos. La sociedad debe enfrentarse a esta paradoja. Los Estados ricos deben liderar la reducción de sus huellas y financiar el crecimiento verde en el Sur global.

NV: Concretamente, el mecanismo de solución de diferencias que permite a los inversores demandar a los Estados suscitó un informe por su parte que menciona las consecuencias catastróficas de este mecanismo, especialmente en el contexto de la emergencia climática. ¿Qué medidas podrían adoptar los Estados para evitar futuras demandas? ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

DB: Ante una crisis planetaria climática, medioambiental y de derechos humanos, es sencillamente una locura contar con un mecanismo que permita a los inversores extranjeros anteponer los beneficios y los intereses privados a los derechos humanos, la salud humana, el medio ambiente y la capacidad de los Estados para hacer frente a la crisis. Los Estados pueden y deben (debido a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos) resolver este problema. Pueden hacerlo retirando el consentimiento al arbitraje (un acto unilateral) y renegociando los acuerdos comerciales y de inversión que no incluyan mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados. Resulta alentador que diez Estados europeos ya se hayan retirado o hayan indicado sus planes de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía (entre ellos, España). También es alentador que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y EEUU hayan eliminado intencionadamente el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, tal y como se les aplicaba a ellos.

NV: Por último, ¿qué logros de su oficina destacaría en materia de medio ambiente y derechos humanos?

DB: Lo más destacado de mis seis años como Relator Especial ha sido lo siguiente:

1. El reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021), la Asamblea General de la ONU (2022) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2023), que marca un punto de inflexión vital en la evolución de los derechos humanos.
2. Las numerosas acciones que se están llevando a cabo para que el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible sea una realidad para más personas. Este derecho se está incorporando a la gobernanza medioambiental multilateral. Se incorporó en los documentos finales de la COP27 y la COP28, en el Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming Montreal y en la Declaración de Bonn por un Planeta Libre de Daños Causados por las Sustancias Químicas y los Residuos. El Comité de los Derechos del Niño reconoció por primera vez el derecho de los niños a un medio ambiente sano, situándolo en el centro de la Observación General 26. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han integrado el derecho a un medio ambiente sano en sus trabajos. Más Estados han reconocido el derecho a un medio ambiente saludable en la legislación, entre ellos Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Granada y Santa Lucía, lo que eleva el total a 161 Estados miembros. Desde la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2021, el derecho ha sido reconocido en leyes subnacionales como la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley de Cambio Climático (Futuro Neto Cero) de Nueva Gales del Sur, en Australia. La legislación de Nueva Gales del Sur establece claramente que «Las medidas para hacer frente al cambio climático deben ser coherentes con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible». Está en proceso de añadirse a la legislación sobre derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana. Las resoluciones de la ONU que reconocen el derecho, a pesar de su estatus de ley blanda, también han influido en una serie de decisiones judiciales relacionadas con la protección de especies en peligro de extinción, la necesidad de una acción climática ambiciosa basada en los derechos, la importancia de prevenir/rehabilitar las zonas de sacrificio, y los peligros tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos que plantea la minería a cielo abierto. Otra línea realmente fascinante de decisiones judiciales relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano ha sido el resultado de los desafíos empresariales e industriales a las medidas estatales que refuerzan las leyes climáticas y medioambientales. Algunos ejemplos son la regulación de las bolsas de plástico (Kenia, México y Uganda), una ley de protección de los ecosistemas glaciares (Argentina) y las restricciones a la importación de vehículos de motor más antiguos y contaminantes (Perú). En cada uno de estos cinco casos, el gobierno argumentó que sus acciones estaban justificadas por su obligación de proteger el derecho a un medio ambiente sano, y en cada caso, el tribunal estuvo de acuerdo.

3. Las personas extraordinarias que he conocido a lo largo de este viaje, de todas las naciones, de todas las profesiones y condiciones sociales, todos dedicados a hacer del mundo un lugar más limpio, más verde, más sano y más feliz para las generaciones presentes y futuras. Hay tantas personas increíbles e inspiradoras y ha sido un honor conocerlas, trabajar con ellas y aprender de ellas.

Espero que estas respuestas sean útiles.

NV: Sin duda. Muchas gracias.

Acceso al texto completo en formato pdf: Entrevista con David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente