Susana Fernández Herrero

Nick Buxton: ¿Qué revela el genocidio en Palestina sobre la situación actual de la geopolítica: quién tiene el poder y cómo se ejerce?

Rafeef Ziadah: El genocidio en Gaza pone al descubierto la cruda realidad de la geopolítica moderna, poniendo de relieve los mecanismos del poder en un mundo moldeado por las ambiciones imperiales y la explotación estratégica de los recursos. En el centro de esta crisis se encuentra la alineación de las estructuras de poder occidentales con el colonialismo de asentamiento y el autoritarismo en Oriente Medio, con el fin de mantener el dominio económico y el control geopolítico.

El apoyo inquebrantable de Estados Unidos y las principales potencias europeas a Israel está profundamente entrelazado con sus intereses imperiales duraderos en la región. Como colonia de asentamiento, Israel sirve de punto de apoyo occidental en Oriente Medio (Hanieh, 2024). Este proyecto colonial no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una arquitectura de control más amplia, que actúa en connivencia con las monarquías petroleras del golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, para mantener un sistema regional y mundial que privilegia el poder económico y militar de Occidente.

Acuerdos como los de normalización de relaciones entre Israel y varios países del golfo reflejan una consolidación de fuerzas diseñadas para marginar por completo la liberación palestina y garantizar el statu quo del régimen autoritario y la extracción de recursos a expensas de los pueblos de la región.¹ Aunque el genocidio ha puesto en tela de juicio este proyecto, es poco probable que se abandone y es casi seguro que resurja con un nuevo nombre.

También debemos comprender claramente la trayectoria histórica más amplia que está en juego, especialmente el papel de los Acuerdos de Oslo y las promesas vacías de una solución de dos Estados. Los Acuerdos de Oslo pretendían transformar la lucha por la liberación palestina en un proyecto restringido de construcción de un Estado confinado a Cisjordania y Gaza, borrando deliberadamente la realidad colonial más amplia de Israel como Estado colonizador.²

Nick Buxton: ¿Qué podemos concluir, entonces, sobre el imperialismo estadounidense y su trayectoria?

Rafeef Ziadah: Su apoyo inquebrantable a Israel revela mucho sobre la naturaleza y la trayectoria del imperialismo estadounidense. En esencia, esta relación no se basa en una alineación ideológica o en lazos culturales, sino en la importancia estratégica de Israel como colonia de asentamiento para asegurar y proyectar el poder de Estados Unidos.

El proyecto colonial de Israel lo ha convertido en un socio único y firme en la región, cuya supervivencia está indisolublemente ligada al apoyo continuo de Occidente. A diferencia de otros aliados en Oriente Medio, cuyas alianzas con Estados Unidos son a menudo transaccionales o condicionales, la dependencia de Israel del respaldo estadounidense garantiza que actúe como una extensión coherente de los intereses estadounidenses.

Una de las formas más significativas en que Israel facilita los objetivos imperiales de Estados Unidos es ayudando a asegurar el control de los corredores comerciales y los recursos energéticos de importancia crítica en Oriente Medio. No se trata tanto de garantizar el flujo de petróleo hacia Estados Unidos o Europa, que han diversificado sus fuentes de energía, sino más bien de controlar el acceso a estos recursos como arma geopolítica. A medida que China emerge como un posible rival de Estados Unidos, la capacidad de este último para influir en la disponibilidad y el precio del petróleo de Oriente Medio se convierte en una herramienta clave para restringir el crecimiento económico y las opciones estratégicas de China y para evitar otros posibles rivales a su supremacía mundial.

La estrategia de Estados Unidos también ha consistido en fomentar un proceso de normalización entre los Estados del Golfo e Israel, lo que refleja un esfuerzo calculado por reafirmar su primacía en una región en la que su influencia ha experimentado un relativo declive en los últimos años. Estos acuerdos patrocinados por Estados Unidos buscan reforzar el papel de Israel como pilar central del poder estadounidense en la región y vincular más estrechamente a los Estados del Golfo a la influencia estadounidense. En esencia, la normalización no es solo una cuestión de diplomacia, sino una medida estratégica para gestionar el cambiante equilibrio de poder en la región.

Sin embargo, esta estrategia tiene costos significativos, sobre todo porque las acciones cada vez más genocidas de Israel provocan inestabilidad regional y erosionan aún más la posición de Estados Unidos en la opinión pública internacional. Se corre el riesgo de socavar el sistema más amplio de alianzas en el que se basa Estados Unidos. Mientras que los Estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos, han normalizado sus relaciones con Israel, las poblaciones de la región siguen profundamente opuestas a las acciones israelíes, lo que crea una tensión que podría desestabilizar a varios regímenes y, por añadidura, la estrategia regional de Estados Unidos.

Nick Buxton: ¿Por qué es importante que los movimientos sociales comprendan este panorama geopolítico?

Rafeef Ziadah: El genocidio en Gaza ha desencadenado una ola de solidaridad mundial sin precedentes, como parte de la cual millones de personas salieron a la calle, estudiantes acamparon en campus universitarios y activistas bloquearon puertos y fábricas de armas. Este aumento de las protestas se opone no solo las acciones de Israel, sino también a los sistemas mundiales que las hacen posibles. Sin embargo, aunque esto ha dado visibilidad a la causa palestina, la forma en que se suele enmarcar Palestina puede ocultar la verdadera naturaleza de la lucha. Con demasiada frecuencia, los debates se limitan a las violaciones inmediatas de los derechos humanos por parte de Israel —asesinatos, detenciones y robo de tierras— sin abordar los sistemas de poder subyacentes que hacen posibles estas violaciones. Enmarcar la cuestión únicamente desde la perspectiva de los derechos humanos despolitiza la lucha palestina, reduciéndola a violaciones aisladas en lugar de una campaña sistemática de colonialismo de asentamientos respaldada por el imperialismo occidental.

En esencia, este genocidio ha sido patrocinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en particular por algunos Estados miembros de la UE, que han dado luz verde a Israel en todo momento para que continúe con sus ataques y sus políticas de hambre, al tiempo que lo protegen diplomáticamente y arman a su ejército. Los debates sobre la política israelí suelen centrarse exclusivamente en las acciones de los primeros ministros, en particular de Benjamin Netanyahu, como si ellos solos determinaran la trayectoria del Estado. Si bien estas figuras son importantes, debemos ampliar nuestra perspectiva para comprender la dinámica más profunda y a largo plazo que sustenta las políticas de Israel. Para ello es necesario analizar las fuerzas estructurales e históricas que impulsan su proyecto colonial y su papel más amplio en el mantenimiento de la hegemonía occidental.

A este problema se suma la narrativa persistente que atribuye el apoyo occidental a Israel únicamente a la influencia de un «lobby proisraelí». Se trata de una visión peligrosamente simplista que malinterpreta la relación geopolítica más profunda. La alianza inquebrantable entre Occidente e Israel no es solo una cuestión de presión o influencia, sino una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales comunes.

Comprender el panorama geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas eficaces y elaborar una estrategia que vaya más allá de la solidaridad reactiva. Nos permite identificar y confrontar los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonial israelí de asentamientos, mientras que evita caer en la trampa de considerar a los regímenes autoritarios de la región como aliados en la lucha por la liberación palestina. Estos regímenes tienen sus propios intereses, a menudo basados en la preservación del poder o la obtención de beneficios económicos y militares, y alinearse con ellos sin adoptar una postura crítica puede socavar los objetivos más amplios de justicia y liberación.

Además, este análisis nos permite identificar a las empresas e industrias que se benefician y sostienen la violencia colonial de Israel. Los fabricantes de armas, las empresas de tecnología de la información y las empresas multinacionales desempeñan un papel fundamental en la viabilidad del proyecto colonial israelí, y denunciar su complicidad es fundamental para desarticular las redes de beneficios que sustentan la opresión. Identificar a estos actores y sus conexiones nos permite diseñar mejores estrategias y dirigir intervenciones que derriben los cimientos económicos de la dominación colonialista.

Por último, una comprensión más profunda del panorama general prepara a los movimientos para el largo plazo. Nos garantiza que nos mantengamos centrados y estratégicos, especialmente cuando nos enfrentamos a iniciativas como los debates sobre la condición de Estado de Palestina o los acuerdos diplomáticos que no cambian la situación sobre el terreno. Al mantener la claridad sobre las realidades de la ocupación y el despojo, podemos evitar dejarnos llevar por un progreso superficial o gestos simbólicos. En cambio, seguimos denunciando la violencia en curso del proyecto colonial de asentamientos y forjando un futuro verdaderamente anticolonial.

Nick Buxton: ¿Cambiará esta dinámica tras la caída del régimen en Siria?

Rafeef Ziadah: Es demasiado pronto para predecir exactamente lo que sucederá en Siria, ya que hay muchos actores involucrados, cada uno con sus propios intereses y agendas. Debemos permanecer atentos a la economía política de la situación, incluyendo los oleoductos propuestos, las rutas de transporte y las iniciativas de reconstrucción. En la región, la “reconstrucción” se ha utilizado para encubrir el control empresarial, la profundización de las divisiones y la consolidación del poder por parte de actores externos.

Por ahora, Israel parece estar centrado en controlar la situación: ha invadido más territorio, ha atacado al ejército sirio y parece preferir una Siria federada en la que pueda ejercer influencia. Este enfoque se ajusta a sus objetivos generales como Estado colonial que busca expandir su territorio y forjar un futuro que lo favorezca. Sin embargo, los planes de Israel dependerán en gran medida de las acciones y los intereses de otros actores clave.

El régimen de Assad es responsable de haber dejado el Estado sirio sumido en el caos. El régimen débil y sostenido por fuerzas externas, sin un apoyo interno genuino, dependía de Rusia e Irán para mantener a Assad en el poder, y dejó el terreno fértil para que ocurriera una fragmentación. Esta fragilidad ha creado oportunidades para que actores rivales persigan sus intereses en Siria, tanto potencias regionales como actores globales. Al igual que Israel, Turquía, por ejemplo, está profundamente interesada en ampliar su control y, al mismo tiempo, reprimir los movimientos kurdos.

Como suele ocurrir en estas constelaciones geopolíticas, los regímenes y los actores externos implicados no se preocupan por la libertad o la democracia de los sirios de a pie. Más bien persiguen sus propios intereses estratégicos y económicos. En última instancia, será el pueblo sirio el que decida su propio destino, aunque será una tarea increíblemente difícil dada la configuración actual de los actores locales y quienes los respaldan.

Nick Buxton: ¿Por qué, salvo algunas voces discretas como las de Bélgica, Irlanda, Italia y España, la Unión Europea ha sido tan cómplice del genocidio de Gaza y tan reacia a impulsar una posición independiente de Estados Unidos?

Rafeef Ziadah: La complicidad de la Unión Europea en el genocidio de Palestina no refleja tanto una subordinación a Estados Unidos, sino que es más bien una convergencia de intereses (Ní Bhriain y Akkerman, 2024). Aunque la Unión Europea suele proyectar una imagen de adhesión a un marco diferente –alegando que da prioridad al derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo–, en última instancia se beneficia y se alinea con el proyecto imperial más amplio que sustenta el dominio occidental en Oriente Medio. Las políticas y las relaciones de la Unión Europea con Israel, incluidos los acuerdos de libre comercio, los contratos militares y las asociaciones estratégicas, demuestran que sus intereses están profundamente entrelazados con el mantenimiento del statu quo.

La Unión Europea desempeña un papel estratégico al dar una imagen menos agresiva que Estados Unidos. Incluso dentro de este marco, no ha adoptado medidas significativas para presionar a Israel, como suspender los privilegios comerciales o la cooperación militar, lo que pone de manifiesto su falta de compromiso con una verdadera rendición de cuentas.

Los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea e Israel, como el Acuerdo de Asociación UE-Israel, facilitan la cooperación económica y proporcionan a Israel un acceso fundamental a los mercados europeos. Estos acuerdos persisten a pesar de las claras violaciones de Israel. Los contratos y las asociaciones militares consolidan aún más esta relación, ya que algunos Estados miembros de la UE participan en la venta de armas y el intercambio de tecnología que apoyan directamente al complejo militar-industrial israelí. Estas actividades ponen de relieve el interés material de la Unión Europea en los sistemas que sostienen la agresión israelí.

Gráfico 1. Exportaciones de armas de los estados miembro de la UE a Israel (2018-2022) con licencias de exportación concedidas, en millones de euros

Fuente: Ní Bhriain y Akkerman (2024)

En Europa, existe una división entre países como Alemania y el Reino Unido, que prestan un apoyo abierto a Israel, y otros como Bélgica, Irlanda y España, que abogan por una postura más crítica, a menudo enmarcada en la solución de dos Estados. Sin embargo, incluso este último grupo opera dentro de límites estrechos, centrándose en críticas más ligeras y evitando acciones que puedan poner en tela de juicio los lazos del bloque con Israel.

La alineación de la Unión Europea con Estados Unidos e Israel también sirve a los propios intereses estratégicos del bloque en Oriente Medio. Al apoyar a Israel, la Unión Europea contribuye a mantener un orden regional que garantiza las rutas comerciales, estabiliza el suministro energético y reprime los movimientos antiimperialistas. Al igual que Estados Unidos, la Unión Europea tiene interés en contener a las potencias rivales, especialmente en el contexto de la competencia mundial con Rusia y China. El papel de Israel como garante regional complementa estos objetivos, lo que lo convierte en un valioso aliado para los Estados europeos.

En esencia, el enfoque de la Unión Europea con respecto a Palestina no es una alternativa a la política estadounidense, sino que más bien la complementa. Su doble función de alineamiento y diferenciación permite a la UE mantener los beneficios económicos y estratégicos de la relación, mientras proyecta una imagen de neutralidad o moderación.

Nick Buxton: ¿Qué ha hecho China en respuesta al genocidio? ¿Qué dice esto sobre su papel como actor político global?

Rafeef Ziadah: La respuesta de China al genocidio en Gaza ha sido notablemente moderada, caracterizada por llamamientos al alto el fuego y a la ayuda humanitaria, pero carente de medidas contundentes. Aunque ha expresado su apoyo a la libre determinación de Palestina en las Naciones Unidas, no ha asumido un papel de liderazgo en la oposición directa a Israel ni ha prestado un apoyo material sustancial a la causa palestina. Este enfoque moderado refleja la política exterior general de China, que da prioridad a la no intervención y al mantenimiento de las relaciones con una amplia gama de actores, incluido Israel, por razones económicas y estratégicas.

Las acciones de China revelan que prioriza los intereses económicos sobre la alineación ideológica con los movimientos antiimperialistas. Aunque se posiciona como una alternativa a la hegemonía estadounidense, su enfoque a menudo refleja el cálculo pragmático de las potencias tradicionales. Su creciente interdependencia con las monarquías del Golfo y los corredores comerciales más amplios entre Asia Oriental y Oriente Medio sugieren un enfoque centrado en la integración económica más que un cuestionamiento directo a la influencia estadounidense en la región. Esto hace que China parezca evasiva en momentos de crisis aguda.

Nick Buxton: Muchas personas han celebrado que Sudáfrica haya denunciado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia como una señal del auge del Sur global en oposición al imperialismo y el sionismo. ¿Qué opina usted al respecto?

Rafeef Ziadah: La decisión de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene un profundo impacto, sobre todo teniendo en cuenta su propia historia de apartheid y su solidaridad con la lucha palestina. Que Israel sea acusado oficialmente de genocidio a nivel internacional es un paso importante, que pone de relieve la gravedad de sus acciones y refuerza el discurso contra su proyecto colonial.

Sin embargo, hay que reconocer las limitaciones y contradicciones del derecho internacional. Los procesos judiciales como los de la CIJ son largos, a menudo duran años, y el listón para demostrar delitos como el genocidio es muy alto. Incluso cuando las sentencias favorecen la justicia, su cumplimiento depende de la voluntad política de los Estados e instituciones poderosos. Países como Estados Unidos y sus aliados, que protegen a Israel diplomática y militarmente, pueden socavar o ignorar por completo las sentencias de la CIJ, convirtiendo el derecho en una herramienta de justicia selectiva en lugar de responsabilidad universal.

Esta medida también debe entenderse en el contexto más amplio de la dinámica política interna de Sudáfrica. Si bien el Congreso Nacional Africano (ANC) se ha posicionado históricamente como defensor del antiimperialismo y la solidaridad con Palestina, su trayectoria actual está plagada de contradicciones. El ANC se enfrenta a retos internos, como fallas en la gobernanza y la promoción de políticas económicas neoliberales, así como a una creciente desconexión con los movimientos de base.

Al mismo tiempo, debemos estar atentos a las voces de los enérgicos movimientos sociales de Sudáfrica, que llevan mucho tiempo reclamando que el país rompa sus lazos con Israel. Estos movimientos han liderado la demanda de medidas concretas, como el fin de las relaciones diplomáticas y la aplicación de boicots, desinversiones y sanciones (BDS). Si bien el caso de la CIJ tiene un gran poder simbólico, es la presión popular la que garantiza que estos gestos simbólicos se traduzcan en cambios significativos.

Nick Buxton: ¿Dónde encaja el poder empresarial en todo esto? ¿Qué empresas apoyan el genocidio y de dónde provienen?

Rafeef Ziadah: Lamentablemente, numerosas empresas de una amplia gama de sectores apoyan las acciones de Israel y se benefician de ellas, desde los productores de bienes de consumo hasta las empresas de informática  que proporcionan infraestructura de vigilancia (No Tech For Apartheid, 2025). Si bien las empresas de armas y energía desempeñan un papel fundamental en la facilitación del genocidio y han sido, con razón, foco de atención de los sindicatos y organizadores palestinos, resulta más eficaz que los individuos y los grupos cuestionen la complicidad dentro de sus propios sectores. Este enfoque amplio garantiza que el movimiento se dirija a todo el ámbito de la participación empresarial, reforzando la campaña en favor de la rendición de cuentas y la justicia.

El 16 de octubre de 2023, sindicatos y asociaciones profesionales palestinos lanzaron un poderoso llamamiento a los sindicatos internacionales, para instarles a «dejar de armar a Israel» (Workers in Palestine, 2023). Este llamamiento puso de relieve la enorme magnitud del apoyo militar y diplomático prestado a Israel, en particular por Estados Unidos y la Unión Europea. Las cifras son abrumadoras. En virtud del actual acuerdo con Estados Unidos, vigente de 2019 a 2028, se proporcionan anualmente 3.800 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En respuesta a la última agresión de Israel contra Gaza, Estados Unidos aprobó 14.500 millones de dólares adicionales en ayuda militar como parte de un paquete de seguridad nacional de 106 mil millones de dólares.

 Gráfico 2:

Nota: Primera columna, IAI ELTA (subsidiaria de IAI). Tercera columna, THALES (posteriormente, la empresa conjunta fue adquirida por Rumania); MBDA (surge de la fusión de Airbus, BAE Systems y Leonardo).
Fuente: Ní Bhriain y Akkerman (2024).

Los Estados miembros de la Unión Europea también desempeñan un papel importante. Alemania, por ejemplo, ha concedido 218 licencias de exportación de armas a Israel en 2023, el 85% de ellas después del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, los fabricantes de armas han obtenido ganancias enormes. El valor accionario de las cinco principales empresas armamentísticas estadounidenses −Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon− se ha disparado en 24.700 millones de dólares desde que comenzó el ataque. Estas cifras ponen de relieve la complicidad directa de la industria armamentista en el genocidio y destacan el potencial de los sindicatos y las campañas populares para interrumpir estas cadenas de suministro y detener el comercio de armas.

La industria mundial de los combustibles fósiles también desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la campaña genocida de Israel. La energía, en forma de carbón, petróleo crudo, combustible para aviones y gas, alimenta la maquinaria militar utilizada en el ataque contra los palestinos. Dado que Israel también funciona como un nodo crítico en las redes energéticas regionales, denunciar el transporte de suministros energéticos es un modo de alinear las luchas por la liberación palestina y la justicia climática, y exponer cómo el capitalismo fósil alimenta tanto el genocidio como los sistemas de explotación más amplios.

Por ejemplo, un acontecimiento importante en la estrategia de gas de Israel han sido los acuerdos energéticos con los Emiratos Árabes Unidos, formalizados tras los Acuerdos de Abraham en 2020. Estos acuerdos sobre el gas reflejan la profundización de los lazos económicos entre Israel y los Estados del golfo y tienen importantes repercusiones geopolíticas. En 2021, la empresa emiratí Mubadala Petroleum adquirió una participación de 1000 millones de dólares en el yacimiento de gas de Tamar, en Israel, lo que pone de manifiesto el interés estratégico de los Emiratos en las reservas de gas natural de Israel. Estos acuerdos permiten a Israel posicionarse como centro energético regional, proyectando su poder en toda la región y profundizando sus alianzas con los Estados del Golfo respaldados por Occidente. Al mismo tiempo, la extracción y exportación de gas, a menudo procedente de aguas palestinas, refuerza el dominio colonial y el robo de recursos por parte de Israel, lo que agrava el despojo de los palestinos. Se han firmado acuerdos similares de normalización sobre el gas con Jordania y Egipto. Estas alianzas refuerzan la influencia regional de Israel, ya que las exportaciones de gas fluyen a través de gasoductos y rutas marítimas fuertemente protegidas y militarizadas.

Perturbar estas industrias, ya sea mediante el bloqueo de envíos de armas, la denuncia de los flujos de combustibles fósiles o la oposición a los financiadores de la militarización, ofrece una vía tangible para socavar y desmantelar la infraestructura del colonialismo y el genocidio.

Sin embargo, rastrear estos envíos de armas y flujos de energía es una tarea muy difícil. Estas cadenas de suministro son intencionalmente opacas y las empresas suelen recurrir a redes complejas y ocultas para eludir su responsabilidad. Esto también genera tensiones. Es urgente actuar con rapidez para detener el genocidio en curso, pero las intervenciones significativas y estratégicas suelen requerir una investigación exhaustiva, organización y la creación de coaliciones.

Nich Buxton: El genocidio, sumado al imperialismo estadounidense, ha abierto los ojos de una nueva generación a los horrores de la violencia del colonialismo de asentamiento. ¿Cómo podemos mantener este movimiento? ¿Cuáles son las vías más estratégicas para la resistencia y la solidaridad?

Rafeef Ziadah: La solidaridad internacional con Palestina ha alcanzado un nivel de apoyo extraordinario en los últimos meses, con protestas masivas en ciudades de todo el mundo, lo que demuestra un creciente reconocimiento global de la urgencia de la lucha palestina por la justicia, la liberación y el retorno. Sin embargo, aunque estas manifestaciones han sido poderosas, el reto ahora es canalizar esta indignación y solidaridad generalizadas hacia una acción organizada y sostenida que pueda generar un cambio real y duradero para Palestina. Para ello, debemos ir más allá de la ola de manifestaciones masivas (que son importantes en sí mismas) y centrarnos en construir una infraestructura para una organización estratégica a largo plazo. Una forma de profundizar este movimiento es centrarse en la solidaridad de la fuerza laboral, en particular, mediante la organización en los lugares de trabajo para garantizar que todos los espacios pongan fin a toda forma de complicidad con Israel.

En recientes llamamientos de los sindicatos palestinos, se ha instado a los trabajadores a que dejen de armar a Israel negándose a manipular mercancías y equipo militar destinados al régimen israelí. Este reclamo representa un punto de inflexión clave en el movimiento de solidaridad, en el que la lucha por la liberación palestina se vincula directamente al poder de los trabajadores para desbaratar los sistemas de opresión. Los sindicatos internacionales ya han comenzado a tomar medidas, desde los trabajadores portuarios de Barcelona e Italia que han bloquean los envíos de armas, hasta el cierre de fábricas de armas en Canadá y el Reino Unido (Ziadah y Fox-Hodress, 2023). Estas acciones demuestran que, cuando los trabajadores se posicionan, pueden desafiar de manera significativa a las industrias que alimentan el proyecto colonialista israelí.

Este enfoque liderado por los trabajadores también conlleva el potencial de revitalizar los propios sindicatos, alejándolos de acciones meramente simbólicas. Por ejemplo, aunque las mociones aprobadas en los sindicatos en apoyo a Palestina son importantes, rara vez van acompañadas de reclamos concretos. Para construir realmente poder, estas mociones deben evolucionar hacia la organización comunitaria, la educación y la divulgación, que puedan llevar a los trabajadores a bloquear envíos, interrumpir líneas de producción o participar en boicots más amplios contra las empresas cómplices del genocidio israelí. Es necesario pasar de los gestos simbólicos a la adopción de medidas concretas para detener los sistemas que apoyan la violencia de Israel.

El fortalecimiento del poder de los trabajadores requiere un enfoque profundo y estratégico, centrado en la educación y la solidaridad a largo plazo. Los sindicatos palestinos han destacado la importancia de involucrar a los trabajadores de base en la educación política, ayudándoles a comprender la conexión entre su trabajo y los sistemas de opresión que perpetúan la violencia en Gaza. Muchos sindicalistas son nuevos en la lucha palestina y no todos los activistas conocen bien la historia del colonialismo israelí. Por lo tanto, es fundamental crear espacios de educación y solidaridad que se centren en el aquí y ahora, pero también en cómo construir movimientos sostenibles, liderados por los trabajadores, que puedan seguir luchando por la justicia más allá del momento inmediato.

La historia del internacionalismo obrero ofrece un marco valioso en este sentido. Al igual que los trabajadores de todo el mundo desempeñaron un papel decisivo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica o en el apoyo a los movimientos de liberación en Chile y Etiopía, el movimiento sindical mundial tiene la oportunidad de construir un legado similar de solidaridad con Palestina. Los trabajadores siempre han estado al frente de la lucha contra el imperialismo, y está claro que pueden desempeñar un papel transformador en esta lucha. La historia de las luchas exitosas lideradas por los trabajadores nos enseña que construir una solidaridad duradera lleva tiempo, pero también tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder, no solo para poner fin a la ocupación militar de Israel, sino también a los sistemas de opresión más amplios que la sostienen.

Traducción: Nuria del Viso (FUHEM).

 NOTAS: 

1 Los Acuerdos de Oslo, firmados en 1993 y 1995, y conocidos oficialmente como Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional, fueron un conjunto de acuerdos entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina. Mediante estos acuerdos se estableció la Autoridad Palestina para que se encargara de administrar partes de Cisjordania y Gaza, y se estableció un enfoque por etapas para lograr una solución de dos Estados. En la práctica, los Acuerdos de Oslo afianzaron el control israelí mediante la fragmentación de los territorios palestinos, la profundización de la dependencia económica y el aplazamiento de cuestiones clave, como el derecho de retorno de los refugiados palestinos, las fronteras y los asentamientos ilegales a una negociación de “condición definitiva” indefinida. Los Acuerdos de Oslo funcionaron básicamente como un mecanismo para gestionar  a la población palestina mediante la delegación a la Autoridad Palestina de la seguridad y las responsabilidades administrativas cotidianas. Este acuerdo permitió a Israel mantener control de aspectos fundamentales  de la vida palestina, como las fronteras, la seguridad y los recursos, mientras elude todo reconocimiento significativo de los derechos o la libre determinación de la población palestina.

2 Los Acuerdos de Abraham, formalizados en 2020, son una serie de acuerdos de normalización –alcanzados con la intermediación de Estados Unidos– entre Israel y varios Estados árabes, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y, posteriormente, Sudán. Los acuerdos, publicitados como un paso hacia la paz regional, intentan incluir a Israel en los marcos políticos y económicos de Oriente Medio, mientras que dejan de lado a la causa palestina. Al priorizar la cooperación económica y las alianzas de seguridad ––especialmente contra los países percibidos como adversarios regionales, como Irán––, los acuerdos representan una configuración geopolítica que legitima el proyecto de Israel como colonia de asentamientos. Asimismo, consolidan los sistemas de dominación mediante la normalización de la ocupación de Israel y la eliminación de los derechos palestinos de la agenda regional.

En mayo de 2024, siete meses después de que comenzara la guerra de Israel en Gaza, estudiantes de la Universidad de Ámsterdam (UvA) erigieron un campamento de solidaridad en los Países Bajos, siguiendo el ejemplo de los estudiantes de la Universidad de Columbia y de otras universidades de Europa y Estados Unidos. La junta directiva de la UvA, con el apoyo de la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, envió a la policía a desalojar el campamento. Pero eso no detuvo al movimiento. Los manifestantes estudiantiles pronto construyeron un segundo campamento, esta vez más grande (Bariş, 2024), suscitando así un movimiento de campamentos y protestas a favor de Palestina en todo el país que contaron con apoyo de estudiantes de otras universidades neerlandesas, diversos movimientos sociales y la diáspora palestina, e incluyeron a miembros de la clase trabajadora, especialmente de origen migrante. Surgió una nueva política antiimperialista.

Mientras que la guerra en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados en Cisjordania ha revitalizado la política antiimperialista, esta lucha se inspira en varios movimientos sociales recientes del Sur global que han estado a la vanguardia de la resistencia al autoritarismo provocado por el régimen capitalista y la política imperialista/expansionista. Ellos incluyen la alianza antiautoritaria Milk Tea Alliance en Asia Oriental y Sudoriental, formaciones políticas y Gobiernos de izquierda en varios países de América Latina y Europa, las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y diversas luchas locales y nacionales contra las industrias extractivas, la explotación capitalista, el poder oligárquico y la represión estatal.

Entender la naturaleza del imperialismo en la actualidad y las formas creativas que adoptan los movimientos sociales y la resistencia popular para combatirlo resulta fundamental para comprender los estragos causados por el capitalismo y el autoritarismo mundial y ofrecer soluciones alternativas.

Imperialismo: el regreso de un concepto olvidado

Las tensiones políticas y económicas entre Estados Unidos y China u otros poderes de nivel medio como Brasil, Rusia, India y Sudáfrica (los miembros originales de BRICS) se han vuelto puntos de discusión habituales en los discursos académicos, mediáticos y públicos. Además del bloque BRICS, otros países de poder medio como Qatar y Turquía han acaparado la atención mundial por plantear un cuestionamiento diplomático a la hegemonía de Occidente.

No obstante, estas explicaciones no analizan el panorama cambiante del poder mundial en el contexto del desarrollo histórico del capitalismo: un sistema político y económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, la explotación de la mano de obra y el afán de lucro. Como consecuencia de ello, sus explicaciones del mundo son pseudomoralistas e infunden miedo. Según estas, los poderes mayores y medios emergentes “amenazan la libertad, la democracia y el orden normativo” o son “la vanguardia salvadora” contra siglos de colonialismo e hipocresía occidentales.

Esta falsa dicotomía se reitera en discursos políticos. Muchas explicaciones liberales (Becbley y Brands, 2022) y conservadoras (Skiner, 2023) consideran que el auge de China es una amenaza a la libertad, mientras que, irónicamente, el denominado “mundo libre” está llevando a cabo una vigilancia generalizada de sus ciudadanos, ha intervenido en procesos democráticos para proteger sus intereses políticos y económicos y ha apoyado la represión de yemeníes y el genocidio de palestinos. Mientras tanto, algunas facciones de la izquierda y sectores progresistas, en sentido más amplio, poseen una noción idealizada del antiimperialismo del Tercer Mundo o del Sur global (La Botz, 2022) como inherente y eternamente progresista, y se niegan a ver las contradicciones propias de estos proyectos (o más bien Estados) políticos antiimperialistas y su frecuente degeneración en simple autoritarismo.

Es por ello que sigue siendo pertinente realizar una lectura contextual del imperialismo, basada en la economía política. Ella nos permitirá comprender los ámbitos de intersección del poder estatal y empresarial; el papel de Occidente, especialmente de Estados Unidos, en mantener el capitalismo y la forma actual de las relaciones internacionales; la complicidad de las élites políticas y económicas nacionales en perpetuar esta estructura de poder injusta, y la resistencia popular contra ese dominio mundial, especialmente la resistencia de movimientos sociales y de base del Sur global.

Según Lenin (1970), un elemento esencial del imperialismo es la expansión del capital y las relaciones sociales y políticas de los países ricos que lo acompañan –que posteriormente se convirtieron en metrópolis coloniales y potencias mundiales después de 1945, como Estados Unidos y Japón– a las zonas periféricas y subdesarrolladas –que en aquel entonces pasaron a ser conocidas como Tercer Mundo y, más tarde, como “Sur global”–.

En su forma actual, el imperialismo depende de varios mecanismos de extracción de ganancias (Smith, 2016) y coerción para la subyugación nacional (Amin, 2015), principalmente empresas transnacionales que utilizan mano de obra barata con fines de lucro, élites políticas que aplican métodos autoritarios y militares para disciplinar a los trabajadores y moderar sus posturas progresistas en nombre de la estabilidad política y para proteger las inversiones, y mantienen alianzas con los viejos poderes imperialistas.

Entonces, el imperialismo no es simplemente la expansión del capital y la explotación de la mano de obra por parte de las empresas transnacionales a escala mundial, sino, más bien, un proyecto político de la clase dominante en las metrópolis imperiales destinado a limitar y socavar la soberanía de los Estados-nación del Sur global (Chibber, 2022) para mantener su dominio por medios económicos, políticos e incluso militares.

Mientras que el imperialismo económico, fortalecido mediante el dominio nacional del capital en las sociedades capitalistas contemporáneas (Mau, 2023),  sigue siendo una de las característica principales del imperialismo actual, es su aspecto más vulgar y militarista que suele molestar a la consciencia pública. Este poder militar asegura no solo el imperialismo económico, sino que también ha cimentado el poder del imperialismo de Estados Unidos —junto con sus aliados estratégicos— durante y especialmente después de la Guerra Fría.

Se ha perseguido esta dimensión político-militar del imperialismo a pesar de su enorme costo militar y humano. La invasión y posterior ocupación estadounidense de Irak de 2003 a 2011, la intervención extranjera en la caótica guerra civil de Libia y la oportunista invasión israelí de Siria tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024 son tan solo algunos ejemplos.

Resulta curioso que algunos activistas, organizaciones y académicos de izquierda, especialmente que viven en Occidente, estén tan preocupados por la política nacional de sus respectivos países que no tienen en cuenta las dificultades que afrontan los movimientos antiimperialistas en el Sur global (W., J. y T., 2024) y las realidades desoladoras del cerco imperialista (Ness, 2022).

Un estudio recientemente realizado en varios países ha defendido la importancia de los análisis clásicos sobre el imperialismo. Demuestra que los países ricos se beneficiaron de la apropiación a gran escala de recursos y mano de obra del Sur global en el periodo posterior a la Guerra Fría (1990-2015), por un valor de alrededor de 242 billones de dólares en precios de mercado para todo el periodo (Hickel et al., 2022)

El auge económico de los países y regiones no occidentales y el desempeño de las economías de alto crecimiento, como los tigres asiáticos y las economías de los tigres menores (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam) no augura el fin de la estructuras de poder imperialista. Más bien al contrario, el imperialismo está continuamente reforzado por las empresas transnacionales y los Gobiernos de Estados Unidos y las ex potencias coloniales. Por ejemplo, el estudio de caso de Intan Suwandi sobre Indonesia demuestra que el imperialismo económico sigue funcionando mediante empresas proveedoras y empresas transnacionales del Norte global que lucran con el arbitraje laboral a nivel mundial (Suwandi, 2019) –es decir, la diferencia de salarios entre los trabajadores del Norte y el Sur global–. Los trabajadores de Indonesia y otras economías emergentes siguen siendo explotados, mientras que las empresas transnacionales obtienen ganancias enormes.

Este continuo saqueo económico y aventurerismo militar genera naturalmente una resistencia colectiva. Diversos movimientos sociales se han opuesto firmemente al imperialismo mundial mediante manifestaciones como la “Batalla de Seattle” contra la Organización Mundial del Comercio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, la oposición a los Gobiernos autoritarios respaldados por Occidente en muchos países de América Latina y Asia Oriental y Sudoriental, las manifestaciones masivas contra la invasión y posterior ocupación estadounidense de Irak, y la lucha de diversos movimientos sociales locales contra el acaparamiento de tierras, la explotación de los recursos, la privatización y la expansión empresarial. Puede que el auge de los movimientos armados de liberación nacional haya pasado, pero el espíritu antiimperialista sigue vivo.

Imperialismo, capitalismo autoritario y las falacias conceptuales

Estas dinámicas imperialistas coinciden con el giro mundial hacia una forma más autoritaria de capitalismo y la gobernanza electoral que lo sostiene –populismo reaccionario (Hadiz y Chryssogelos, 2017)  o iliberal–. Figuras como Donald Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro y Narendra Modi han ganado elecciones, mientras que movimientos populistas de derecha de diversas facciones, desde partidos políticos de extrema derecha opuestos a la inmigración en Europa hasta corrientes hindutva o islamistas en India y Turquía, respectivamente, han logrado avances políticos significativos.

A diferencia de la sabiduría tradicional que culpa de este malestar a la falta de cultura democrática y la ruptura del consenso de la élite, esta última ola de tendencias autoritarias ha prosperado como consecuencia del poder descontrolado del capital, el desmantelamiento de las instituciones de democracia participativa, el control oligárquico de la política y los ataques contra diversas formas de bienestar social o distributivo.

El capitalismo autoritario, entonces, puede considerarse un producto de la expansión del capital desde la metrópolis mediante un acuerdo imperialista. Este tipo de capitalismo se consolida a medida que los Estados poscoloniales del Sur global se integran cada vez más en el circuito capitalista mundial. Este proceso se intensificó tras la muerte lenta de los proyectos social demócratas y de liberación nacional.

Lo que ha estado en juego aquí no ha sido solo el desmantelamiento del Estado de bienestar y sus instituciones pos 1945 por parte de los acérrimos neoliberales defensores del libre mercado, sino también, para citar a Margaret Somers, los ataques institucionales y políticos contra el poder predistributivo del Estado y el concepto de ciudadanía social. Es decir, la idea misma de que el Estado debería prevenir las desigualdades incipientes en primer lugar y garantizar derechos sociales como parte de su contrato social con sus ciudadanos y residentes (Somers, 2022).

Como consecuencia de ello, los avances económicos y sociales logrados en la “era dorada” del Estado y las políticas de bienestar se han erosionado o revertido, y el reclamo democrático de ese tipo de prestaciones ha disminuido y ha sido tildado de “gasto irresponsable”. Asimismo, el Estado ha sido reestructurado de acuerdo con el imaginario neoliberal como facilitador de presupuestos equilibrados (para la ciudadanía, pero no para las empresas ni las élites políticas), lo que incluye la adopción de medidas de austeridad, privatización, libre comercio y la utilización de mano de obra barata a disposición.

Para ello hace falta la expansión hacia afuera del capital, sus instituciones y aparatos disciplinarios, y el declive de la política de solidaridad con experimentos políticos progresistas en el Sur global. Por consiguiente, este cambio de configuración inclina la balanza geopolítica y económica a favor de los intereses imperialistas.

Esta situación también ha provocado la disminución del bienestar de la clase trabajadora y el surgimiento del populismo autoritario. En Estados Unidos, por ejemplo, decenios de liberalización comercial y desindustrialización en aras de la “competitividad mundial” empobrecieron a las comunidades rurales y brindaron un terreno fértil para el populismo autoritario del estilo de Trump (Edelman, 2012). De modo similar, la globalización desenfrenada ha contribuido al éxito de la política reaccionaria en diversas facciones como el hindutva en la India (Nanda, 2011), el populismo islamista apoyado por la oligarquía en Indonesia (Hadiz, 2017) y el libertarianismo antidemocrático en América Latina (Fang, 2017). A pesar de su retórica “antielitista”, estas corrientes son un vehículo para las políticas neoliberales autoritarias.

Esta guerra económica contra los trabajadores tiene un efecto corrosivo en la democracia popular. En las democracias europeas, los partidos políticos, entre ellos los socialdemócratas, están desconectados del público (Mair, 2013) –los políticos son cada vez más una clase profesional que persigue sus propios intereses, separados de su electorado. Los intelectuales, con el apoyo de los grupos de presión de las grandes empresas, han inventado justificaciones analíticas para promover un mayor neoliberalismo, así como intereses oligárquicos a expensas de los procedimientos democráticos, como puede observarse en Estados Unidos (MckLean, 2017), América Latina (Fang, 2017) e Indonesia (Hermawan, 2024).

Cuando este control elusivo de la democracia no es suficiente para disuadir la resistencia popular, las élites políticas y económicas recurrirán a medidas represivas para salvar su diseño neoliberal y sus intereses (Swyngedouw, 2022, pp. 53-74)¹. Esa es la descripción del capitalismo autoritario.

Ser conscientes de estos procesos históricos interseccionales del imperialismo y el capitalismo autoritario puede ayudar a la clase trabajadora y los movimientos sociales progresistas a evitar dos tipos de falacias. En primer lugar, la falacia del antiimperialismo vulgar o “campismo”, es decir, la visión del mundo desde una perspectiva binaria, simplista e idealizada, en la cual el Primer Mundo es imperialista y el Tercer Mundo es eternamente progresista, y se pasan por alto factores como la política nacional, el estado de la democracia y la composición y relaciones de clase dentro de estos dos bloques. Las consecuencias de esta falacia pueden ser letales: en nombre del antiimperialismo es posible brindar apoyo no crítico a Estados autoritarios “antioccidentales”, como Rusia y Siria, y, lo que es peor, desestimar luchas populares, movimientos sociales y personas que realizan campañas a favor del socialismo, un régimen más democrático y los derechos sociales en esos Estados. Esto incluye al intelectual marxista ruso Boris Kagarlitsky,[26] un renombrado crítico y opositor a la extrema derecha y el autoritarismo de Putin, y las fuerzas kurdas que lucharon contra los terroristas totalitarios del Daesh e iniciaron la revolución de Rojava (Hoffman y Matin, 2021).

La segunda es la falacia de la rivalidad interimperialista (Hung, 2020). Esta tesis sostiene que el perfil actual de la política internacional es un reflejo de la rivalidad interimperialista entre Occidente, China y Rusia. También es una forma de pensamiento simplista, ya que equipara la expansión política y económica de potencias emergentes y de nivel medio, ya sean democráticas o autoritarias, con experiencias pasadas de potencias imperialistas. Mientras reconocemos el costo humano de este expansionismo no debemos perder de vista el horripilante historial del imperialismo y el colonialismo de Occidente (Sullivan y Hickel, 2022). Además, demuestra una falta de entendimiento de lo que significa la integración en el circuito de capital mundial y el orden internacional para una potencia económica como China y las potencias medias inconformistas, como Turquía y Qatar, que incluye la contención estratégica, la necesidad de nuevos mercados, la legitimidad internacional de su población nacional y la preservación de los intereses de las élites dominantes.

La profundización de las fracturas de la cooperación antagónica

 Sobre la base de diversas tradiciones socialistas, el activista-académico Promise Li describe este proceso simultáneo de confluencia y conflicto de intereses entre el imperialismo de Occidente liderado por Estados Unidos y un conjunto de potencias expansionistas, subimperiales y emergentes, como “cooperación antagónica” (Li y Fuentes, 2023). Si bien reconoce la influencia duradera del imperialismo de Occidente, Li y su interlocutor, Federico Fuentes, también señalan las contradicciones de la dispersa coalición de personas que cuestionan el orden internacional liderado por Estados Unidos y los múltiples antagonismos sociales que esta coalición genera, como la represión política a nivel nacional y los costos ambientales y sociales de sus inversiones extranjeras.

Esta interpretación del imperialismo contemporáneo es innovadora y muy necesaria para la reflexión analítica y el activismo. No obstante, los activistas y los movimientos sociales sobre el terreno no siempre pueden darse el lujo de esperar. En ocasiones deben actuar en momentos críticos y en coyunturas geopolíticas que están muy lejos de ser ideales.² Ello incluye aprovechar las oportunidades que presentan los quiebres dentro de esta cooperación antagónica y utilizar recursos de Estados que compiten contra el dominio de Estados Unidos y Occidente.

Tomemos los ejemplos de China y Qatar. China ha abandonado su política de apoyo a los movimientos revolucionarios, se benefició enormemente de su integración al capitalismo mundial y adoptó un amplio mecanismo de represión interna de la disidencia y las minorías (Byler,2021) en nombre de la estabilidad política y económica a nivel nacional. Sin embargo, nunca participó en aventuras coloniales en el extranjero, intervenciones militares y proyectos de “construcción del Estado”, a diferencia de varias ex potencias coloniales y Estados Unidos. Walden Bello señala que China mantiene en gran medida una postura militar defensiva estratégica, evita una carrera armamentista y solo tiene una base militar en el extranjero, en Djibouti (Bello, 2023).

Además, los efectos negativos de las inversiones económicas de China en el extranjero, especialmente en los derechos laborales, el bienestar de las comunidades locales y el medio ambiente, no son el resultado de la expansión empresarial y el control militar/autoritario apoyados por el Estado en el modo clásico del imperialismo.

En primer lugar, a pesar de sus recientes avances tecnológicos, el auge geoeconómico de China sigue dependiendo del capital extranjero mediante la globalización de la producción a través de las empresas transnacionales de Occidente (Starrs, 2019). Esto demuestra los límites de la ambición económica y la expansión de China y diferencia su desarrollo del de las potencias imperialistas existentes del Norte global. Decir que China es “imperialista” en un sentido leninista es, por consiguiente, un error.

En segundo lugar, la inversión extranjera china y la sed de recursos son consecuencia de la externalización del desarrollo económico del país en la que participan diversos actores estatales y privados, así como empresas (Hofman y Ho, 2012) con diferentes niveles de cumplimiento de las normas laborales y ambientales.

Es decir que la preferencia de la estabilidad nacional, la presencia de actores de desarrollo que compiten entre sí y tienen intereses diferentes, y la relativa dependencia del capital extranjero de los Gobiernos chinos posteriores a Mao imponen un límite considerable a las élites capitalistas, estatales y del partido con intereses imperialistas en China. El legado duradero de la economía moral y el ethos político maoísta/de izquierda de los movimientos laborales y sociales de China (China Labour Bulletin, 2018) también frenan el impulso expansionista de algunas secciones de las élites del país.

Otro ejemplo interesante es el de Qatar, que ocupa una posición diferente a la de China en su dialéctica de cooperación antagónica con Occidente; Qatar es una potencia media independiente, mientras que China es una potencia dominante emergente con una historia socialista. Sin embargo, al igual que China, Qatar tiene su propia cuota de antagonismo con el imperialismo estadounidense y el capital mundial.

Si bien puede ser percibido como otro Estado del golfo con petrodólares, con un Gobierno autoritario y un historial problemático en materia de derechos humanos, que alberga la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, el apoyo de Qatar a Al-Jazeera ha ampliado el alcance de los debates políticos en el mundo árabe y fuera de él, y ha brindado un canal de medios de comunicación alternativo (Miles, 2016) mediante el cual movimientos sociales y causas antiimperialistas pueden expresar sus aspiraciones. La importancia de esta función queda de manifiesto en la cobertura realizada por el canal de la Primavera Árabe y la guerra de Israel en Gaza, así como la creación de su filial estadounidense, AJ+, un canal de noticias de orientación de izquierda con presencia exclusiva en las redes sociales.³

Las pasadas crisis diplomáticas de Qatar con otros estados árabes aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto también sugieren que el país tiene sus propias preferencias geopolíticas y de política extranjera, que fueron utilizadas por movimientos islamistas y populares durante la Primavera Árabe (Ulrichsen, 2014).

Para resumir, las acciones interesadas de Qatar no representan un quiebre con el imperialismo contemporáneo, pero pueden mitigar sus excesos. La decisión de Qatar de prohibir que Estados Unidos utilice su base militar para atacar a Irán (Middle Est Monitor, 2024) es un ejemplo elocuente de ello. Además, su papel como intermediador en el proceso de alto el fuego entre Israel y Hamás (Schaer, 2025) ha demostrado su importancia como alternativa táctica a la geopolítica imperialista.

Las maniobras geopolíticas de estos Estados sirven efectivamente para controlar al imperialismo contemporáneo. La rivalidad geopolítica entre ellos y Occidente ofrece oportunidades para los movimientos sociales progresistas y a quienes representan. Ello no debería ser controvertido; durante decenios, estos movimientos han utilizado estratégicamente financiamiento de donantes de Occidente canalizado a través de organizaciones no gubernamentales en el Sur global. Esta participación estratégica también puede aplicarse a las relaciones tácticas con estos “Estados tapón” y sus recursos pueden servir para combatir el imperialismo occidental sin convertirse en defensores del autoritarismo “antioccidental”.

Estrategias para los movimientos sociales

Las siguientes secciones destacan los modos creativos en que los movimientos sociales en tres regiones del mundo promueven sus objetivos en medio de este nuevo perfil del imperialismo.

Estudio de caso 1: alianzas y redes inesperadas en los movimientos de solidaridad con Palestina

Comencemos por el caso más reciente de movimientos sociales antiimperialistas: los movimientos de solidaridad con Palestina. En respuesta al genocidio, se creó y consolidó de inmediato una amplia alianza a favor de Palestina y de la paz, integrada por una gran diversidad de grupos: organizaciones políticas de izquierda, movimientos sociales progresistas, sindicatos y trabajadores de diferentes sectores, incluidos estudiantes, judíos antisionistas, la comunidad LGBTQ+, comunidades musulmanas, ciudadanos comunes y corrientes, organizaciones palestinas y la diáspora palestina. El movimiento ha utilizado una estrategia múltiple para exigir un alto el fuego permanente y la liberación de Palestina, que ha incluido movilizaciones masivas, esfuerzos diplomáticos y operaciones mediáticas. Estos elementos, de manera ad hoc, se apoyan y refuerzan entre sí y crean alianzas inesperadas y no coordinadas entre diferentes grupos, Estados y redes. Se han organizado manifestaciones callejeras que han contado con la participación de instituciones de importancia simbólica, intelectual y material para Israel y sus defensores de Occidente: las universidades (Wind, 2024). Esta táctica ha cambiado la opinión pública, ya que ha deslegitimado el mito de Israel como bastión de libertad liberal e intelectual y ha cortado vínculos institucionales, financieros y militares que apoyan su ocupación y crímenes de guerra.

Al igual que el retiro de soldados estadounidenses de Vietnam y el boicot del régimen del apartheid en Sudáfrica, esta presión desde abajo ha hecho que países clave, como Sudáfrica y Colombia, expresaran un fuerte apoyo a la causa palestina, como lo demostró el histórico caso de genocidio presentado contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (2024). Además, como consecuencia de esa presión, varios países europeos como España, Noruega, Irlanda y Bélgica se pronunciaran a favor de los derechos humanos del pueblo palestino.

Se podría argumentar que esta es la repetición de las manifestaciones contra la OMC, cuando movimientos anticapitalistas y antiimperialistas unieron fuerzas momentáneamente con Estados del Sur global y lograron detener el avance de una agenda de comercio neoliberal. La condena internacional de Israel en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuenta con el apoyo de casi todos los países del Sur global.

En este caso, las maniobras diplomáticas de China y Qatar también desempeñaron un papel importante. China ha mantenido una postura de constante apoyo a la solución de dos Estados y recientemente medió un acuerdo de unidad entre Hamás, Fatah y otras 12 facciones palestinas para la reconciliación nacional y el reconocimiento de la condición de Estado a Palestina (Al-Jazeera, 2024). Mientras tanto, Qatar ha sido mediador en las negociaciones del alto el fuego y la liberación de rehenes israelíes a cambio de la liberación de palestinos detenidos en Israel, para lo cual tiene un cierto poder de maniobra ya que ha brindado refugio a algunos líderes de Hamás. Huelga decir que es preciso reconocer las limitaciones de la política exterior de China y Qatar. China tiene vínculos económicos y militares profundos con Israel (Li, 2023), mientras que Qatar alberga la base área estadounidense de Al-Udeid.

Efectivamente, en ocasiones hay una convergencia de intereses, o incluso de visiones, entre los movimientos de base a favor de Palestina y de la paz en Oriente Medio, y las secciones más progresistas de las élites estatales en países clave del Sur global y Europa, China y Qatar. Ello, sumado al apoyo popular en Oriente Medio a Palestina e incluso a las operaciones guerrilleras de varios grupos armados que luchan contra las fuerzas israelíes y estadounidenses, consolida una amplia alianza no coordinada de actores estatales y de movimientos sociales.

Un factor que contribuye a lo anterior es la resistencia colectiva de los medios contra las narrativas imperialistas de Occidente y la propaganda hasbara. A pesar del sesgo descarado a favor de Israel en los principales medios de noticias occidentales y el financiamiento abundante de la campaña hasbara para lavar la imagen de los crímenes de guerra cometidos por Israel, la cobertura de Al-Jazeera del genocidio en Gaza ha sido un contrapeso importante en esta batalla informativa, ya que como gigante de los medios de comunicación puede competir con sus rivales occidentales en cuanto a la magnitud y los recursos de la cobertura.

Estudio de caso 2: movimientos antiautoritarios en Asia Oriental y Sudoriental

En Asia Oriental y Sudoriental vemos un ejemplo del modo en que los movimientos sociales se enfrentan al capitalismo autoritario y su expansión transnacional. La ola más reciente es la Milk Tea Alliance, una red informal de movimientos antiautoritarios y pro democráticos en Hong Kong, Taiwán y Myanmar, que estuvo activa en 2020 y 2021. Esta alianza liderada por jóvenes combinaba las movilizaciones masivas con la presencia en línea para combatir diferentes tipos de autoritarismo (Khor, 2024): el autoritarismo del partido-Estado chino en Hong Kong y Taiwán; el despotismo monárquico con apoyo militar en Tailandia, y la junta militar en Myanmar. Esta alianza tiene una fuerte dimensión transnacional y en ella se intercambian normas y prácticas de diversos lugares.

Pero, a su vez, Asia Oriental y Sudoriental también tiene una historia más prolongada de movimientos antiautoritarios, cuyas narrativas han tenido una influencia duradera y se han comprometido a contrarrestar el capitalismo/desarrollismo autoritarios y la estructura de poder imperialista en la que se apoyan. Tomemos, por ejemplo, el caso de los movimientos opositores a Marcos o Suharto en Filipinas e Indonesia, respectivamente, la rebelión de Gwangju en Corea del Sur y las diversas protestas en reclamo de justicia agraria, derechos de la tierra, las manifestaciones contra las represas, las huelgas y luchas de los trabajadores, el activismo prodemocrático e incluso la movilización de grupos religiosos progresistas en la región. Estos movimientos pusieron de relieve la complicidad del capital internacional y el respaldo de Occidente y de las instituciones financieras internacionales a regímenes autoritarios y sus seguidores capitalistas locales en Filipinas (Bello, Kinley y Elinson, 1982) e Indonesia (Aditjondro, 1998). Aunque de forma implícita, el espíritu antiimperialista estaba presente en estas movilizaciones antiautoritarias y de movimientos sociales del pasado.

Los movimientos antiautoritarios actuales en la región utilizaron diversas estrategias políticas, de la movilización masiva a las campañas en línea y la cultura popular. También aplicaron tácticas innovadoras. Los manifestantes de Hong Kong, por ejemplo (Gavroche, 2019), utilizaron paraguas negros y escudos para protegerse de las balas de goma y las cachiporras,  organizaron protestas itinerantes en lugar de ocupar zonas específicas, llevaron a cabo contravigilancia de informantes de la policía y utilizaron comunicaciones codificadas.

El reclamo de la Milk Tea Alliance de una mayor democratización representó un gran obstáculo al autoritarismo en Estados de Asia Oriental y Sudoriental. Perturbó la cooperación antagonista de esos Gobiernos con el imperialismo de Occidente y allanó el camino para promover una política más progresista más allá de la democracia electoral, como el control popular del capital.

Lamentablemente, este movimiento fue reprimido por el aparato represivo del Gobierno chino y sus líderes fueron recientemente encarcelados o se exiliaron. No obstante, su táctica creativa de enfrentamiento a la violencia policial podría resultar eficaz para movimientos sociales que operan en entornos menos represivos.

Las limitaciones de estos movimientos también se debieron a su falta de consciencia sobre el papel del capital internacional y la dinámica imperialista en perpetuar el autoritarismo en la región, lo cual facilitó su apropiación por las élites occidentales oportunistas, que lo simplificaron como una afirmación del proyecto (neo)liberal. Es lamentable que, por ejemplo, algunos disidentes de Hong Kong, al oponerse al autoritarismo del partido-Estado chino, busquen inspirarse en una versión depurada del “Occidente liberal”, al punto de apoyar el proyecto reaccionario trumpista (Li y Fuentes, 2023).  Esta miopía histórica y analítica debilita la capacidad de los disidentes de oponerse a un pilar fundamental del modelo desarrollista autoritario en Asia Oriental y Sudoriental, a saber, la complicidad del interés imperialista y capitalista de Occidente en mantener ese modelo.

Además, a cuatro años de que la alianza surgiera en el escenario político regional, sus principales reclamos siguen estando centrados en la democracia electoral y la protección de los derechos humanos (Phattharathanasut y Teeratanabodee, 2024). Si bien son reivindicaciones importantes, la forma de enmarcarlas puede estar desconectada de los trabajadores y del llamamiento más amplio de justicia social y lucha de clase democrática.

Estudio de caso 3: la relación estratégica de la izquierda latinoamericana con China

Por último, la izquierda en América Latina es un ejemplo de que los movimientos sociales progresistas pueden aprovechar estratégicamente la competencia geopolítica, en este caso la rivalidad entre Estados Unidos y China. Recurrir a China como fuente alternativa de inversión extranjera disminuye la dependencia de América Latina del poder económico y político de Estados Unidos, desvincula a la región del control imperialista estadounidense y podría servir para financiar programas económicos de inspiración socialista.

La opción de recurrir a la inversión extranjera china contribuyó a la campaña electoral de los movimientos de izquierda en América Latina, conocida popularmente como “marea rosa”. Esta articulación política, que combina el populismo de izquierda con diversos grados de políticas económicas socialistas y socialdemócratas, promovió una serie de proyectos económicos antineoliberales y antiimperialistas, desde amplios programas de bienestar social, intentos de nacionalizar las principales empresas económicas y la creación de instituciones financieras alternativas, como el Banco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Nuevo Banco de Desarrollo de BRICS (Patterson, 2024).

La aplicación de estos programas has sido un proceso político y tecnocrático complejo y difícil, que ha afrontado críticas considerables, pero era necesario desvincular y mejorar la fuerza productiva de la economía para que las fuerzas de izquierda intentaran promover un programa socialista y la democratización en una región dominada por Washington y con una historia de dictaduras respaldadas por Estados Unidos. Como observó Ivo Ganchev (2020), los acuerdos comerciales y de inversión, y los préstamos de China representaron alternativas para países como Ecuador y Bolivia a las instituciones financieras lideradas por Estados Unidos y marcaron un quiebre visible con el imperialismo económico estadounidense. También contribuyeron a revitalizar el espíritu de la cooperación Sur-Sur en el auge del periodo de descolonización.

Obviamente, no todas las inversiones chinas pueden considerarse fundamentalmente benignas. Hay empresas capitalistas chinas que poseen un historial cuestionable en materia de derechos laborales y ambientales. Asimismo, el capital chino no garantiza una mayor democratización de la economía, especialmente de los medios de producción, por parte de los trabajadores. Es preciso realizar una evaluación crítica y velar por que las relaciones con China beneficien a los trabajadores y, al mismo tiempo, reconocer que la tarea de construir alternativas humanas no capitalistas es agotadora.

Desde la primera ola de Gobiernos de la “marea rosa” ha habido retrocesos, como la victoria de las fuerzas reaccionarias en Argentina y Ecuador, y la crisis en Venezuela, que ha dejado a sectores populares atrapados entre el autoritarismo de Nicolás Maduro y las conspiraciones imperialistas estadounidenses para dar un golpe de Estado (Kappeler, 2024). Sin embargo, aún se pueden extraer lecciones importantes y nuevas oportunidades en la segunda ola de la “marea rosa”, específicamente en Brasil y México (Singer y Rugitsky, 2024).

Conclusiones

La historia de la geopolítica actual sigue siendo la historia de un orden internacional occidental liderado por Estados Unidos, pero un orden que afronta cada vez más cuestionamientos de Estados rivales y movimientos populares. Los cambios recientes en la política, la economía y el poder militar a nivel mundial, marcados recientemente por la amplia oposición popular a la guerra de Israel en Gaza, apoyada por Occidente, parecen confirmar este análisis.

El surgimiento de Estados que podrían reemplazar el domino estadounidense no significa necesariamente que estemos en la antesala de una nueva era progresista. Sin embargo, representa una oportunidad para los movimientos sociales de oponerse al imperialismo de Occidente. Estos Estados subimperiales, emergentes y expansionistas quizá estén ligados en la práctica a relaciones dialécticas de cooperación antagónica con el antiguo control imperial y régimen autoritario, pero en determinadas circunstancias, podrían compartir los mismos intereses que la clase trabajadora.

Se trata de una convergencia de intereses, e incluso de valores, entre su orientación de política exterior y los objetivos antimperialistas y antineoliberales de muchos movimientos sociales del Sur global. Sin hacer apología del autoritarismo, los movimientos sociales deberían aprovechar estas oportunidades para promover sus objetivos y enfrentarse el imperialismo de manera eficaz.

El movimiento de solidaridad con Palestina, los movimientos antiautoritarios de Asia Oriental y Sudoriental, y la izquierda latinoamericana han resistido el autoritarismo o imperialismo capitalista. Algunas de sus estrategias y tácticas son incipientes y están plagadas de contradicciones, pero brindan puntos de referencia para acciones y políticas futuras. Del mismo modo, estos movimientos han demostrado, en diverso grado de claridad y éxito, los vínculos entre el despotismo y el imperialismo a nivel nacional y el dominio del capital internacional.

La coyuntura actual de la geopolítica mundial también podrían generar oportunidades para una solidaridad transnacional más amplia, como demuestra la declaración de solidaridad con el pueblo palestino de activistas ucranianos anti Putin (Ukraine-Palestine Solidarity Group, 2023).

No obstante, el principal reto de cara al futuro sigue siendo la tarea de desmantelar el imperialismo económico. Los tres ejemplos de movimientos sociales que hemos destacado se han centrado fundamentalmente en la oposición al poder político del imperialismo y del capitalismo autoritario. Pero resulta más difícil combatir el poder económico del imperialismo y proponer alternativas a este, especialmente mediante el aumento de la fuerza productiva de las economías del Sur global, la creación de programas internacionales de financiamiento para el desarrollo y la democratización de los lugares de trabajo en grandes empresas. Estas deben ser las tareas futuras de todo movimiento social progresista de orientación antiimperialista.

Traducción: Mercedes Camps

La empresa neerlandesa ASML Holding es la posesión más valiosa de la industria europea de semiconductores y un elemento esencial en la estrategia de la Unión Europea (UE) en este sector. ASML es una de las pocas empresas del mundo que produce máquinas de fotolitografía necesarias para fabricar chips informáticos. Dada su posición de liderazgo en esta industria mundial, exporta a China y Estados Unidos, y es precisamente ahí donde comienzan sus problemas. En el contexto de la Nueva Guerra Fría —la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China—, Washington ya no acepta que una empresa en un sector tan estratégico opere en el mercado chino y también en el europeo y el estadounidense. Tras un primer intento fallido en 2018, en 2023 Estados Unidos presionó al Gobierno de los Países Bajos para que limitara las exportaciones de equipos de producción de chips a China. Actualmente, el Gobierno neerlandés no tiene previsto renovar los permisos de exportación de ASML a China.

Gracias a la presión de Estados Unidos, Europa y los Países Bajos podrían perder su liderazgo en la industria de semiconductores. Al excluir a China, los Países Bajos no solo sufrirán pérdidas económicas, sino que también se debilitará su capacidad de investigación. China es un mercado demasiado grande como para prescindir de él. Países con industrias importantes de semiconductores, como los Países Bajos, Japón y Corea del Sur, tendrán que elegir entre sus propios intereses económicos o los intereses políticos de Estados Unidos. Hasta ahora, ninguno se atrevió a rebelarse.

Esta experiencia ilustra un fenómeno mucho más amplio en la política exterior de la UE: una sumisión deliberada y voluntaria a Estados Unidos que suele ser contraria a los intereses económicos y sociales de los países europeos. Por lo menos desde 1945, Europa (Occidental) ha seguido en líneas generales la política exterior estadounidense. Aunque en ocasiones algunos países procuraron una mayor autonomía estratégica, siempre terminaron sometiéndose al imperio de Estados Unidos.

Esto obedece a tres factores principales: la interdependencia económica, la dependencia de Europa ante Estados Unidos y la OTAN en materia de defensa y el derrotismo intelectual de gran parte de la política europea mayoritaria. Estos factores deben explicarse y analizarse en su contexto histórico para comprender cómo surgió esta relación entre Estados Unidos y Europa.

Las finanzas de posguerra y cómo se dio la interdependencia entre Europa Occidental y Estados Unidos¹

El dominio estadounidense en Europa Occidental se remonta al final de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuando Estados Unidos desempeñó un papel crucial en la financiación de las potencias de la Triple Entente (Francia, Gran Bretaña y Rusia),² lo que trasladó el centro financiero del mundo de Londres a Nueva York. Al prestarles 1.700 millones de dólares a Gran Bretaña y Francia, Estados Unidos se consolidó como una potencia económica clave. (Van Der Pijl, 1984, p. 42).

Cuadro 1. Productos adquiridos con dólares estadounidenses: porcentaje de materiales de guerra vitales adquiridos por el Reino Unido en el extranjero, 1914-1918.

Fuente: Elaboración propia.

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos intentó desvincularse de Europa, pero luego en 1941 se incorporó a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) del lado de los Aliados, reforzando la integración de las economías de Estados Unidos y Europa Occidental. El Plan Marshall, iniciado en 1948, marcó una nueva fase de integración económica transatlántica. Este programa de ayuda buscaba contrarrestar la influencia soviética y promover la economía capitalista y de libre comercio. Al inyectar volúmenes considerables de asistencia financiera, Estados Unidos buscó reconstruir las economías europeas de posguerra y generar condiciones favorables para su propia expansión comercial. Al condicionar la ayuda a la liberalización del comercio, el Plan Marshall excluyó caminos alternativos de desarrollo para Europa Occidental y aseguró el dominio del capital estadounidense. En un principio, el Plan impulsó las exportaciones comerciales de Estados Unidos, pero luego el capital estadounidense se concentró en la inversión directa en los mercados europeos.

El Plan Marshall también fue un medio para impulsar la integración europea. Bajo la influencia de Estados Unidos, Francia abandonó su política exterior antialemana y apoyó la propuesta Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que fue el primer paso en el proceso de integración europea. En sus comienzos, el Plan Marshall tuvo una concepción universalista que buscaba incluir a la antigua Unión Soviética en el sistema capitalista internacional. Sin embargo, a medida que se intensificaba la Guerra Fría y quedaba claro que Moscú no abandonaría el socialismo, se descartó la estrategia universalista.(Van der Pijl, 1964, 156). A finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el anticomunismo se convirtió en un factor de unificación del capital europeo y el estadounidense. Este proceso combinó el mantenimiento del statu quo en las (ex)colonias –con el fin de apaciguar a potencias coloniales como Francia y Gran Bretaña– con el anticomunismo, que rápidamente se convirtió en el eje central de la política exterior de Estados Unidos.

Garantías de seguridad e intervencionismo liberal: la OTAN

Paralelamente a la integración económica, Estados Unidos estableció una nueva arquitectura de seguridad centrada en la OTAN. Creada en 1949, su propósito era esencialmente anticomunista, al ofrecer garantías de seguridad contra la antigua Unión Soviética y mantener el statu quo. Al principio, Francia veía con escepticismo a la OTAN y, en 1966, se retiró de su Estructura de Mando Militar para reafirmar su autonomía estratégica mediante el desarrollo de un programa propio de armas nucleares. Aunque Francia se reincorporó a la Estructura de Mando en 2009 y consolidó un estatus especial dentro de la OTAN, ello no alteró las motivaciones de seguridad anticomunistas que llevaron originalmente a Francia y otros países de Europa Occidental a incorporarse a la alianza.

Mapa 1

Fuente: Elaboración propia.

En 1962, el presidente Kennedy declaró que Estados Unidos “no considera a una Europa fuerte y unida como rival, sino como socia. Apoyar su progreso ha sido el objetivo fundamental de nuestra política exterior durante 17 años”.³ La OTAN se convirtió en la institución central de vinculación militar entre Europa y Estados Unidos, sin entrar en conflicto con la integración europea. Ello no significa que no existieran tensiones dentro de la alianza. Washington resistió los llamamientos de sus aliados europeos a compartir una mayor responsabilidad en la defensa nuclear, que fue uno de los motivos por los cuales Francia decidió desarrollar su propio programa de armas nucleares. Estados Unidos tampoco vio con buenos ojos la Ostpolitik de Alemania Occidental y Francia –su política de normalización de las relaciones con el bloque soviético–. También hubo puntos de fricción relacionados con la descolonización y el Movimiento de Países No Alineados. La oposición estadounidense a la intervención de Francia, Gran Bretaña e Israel durante la Crisis de Suez de 1956 es un ejemplo de ello.

Creada durante la Guerra Fría, la OTAN se transformó tras el colapso de la Unión Soviética, ya que pasó a ser un vehículo para la proyección internacional del poder estadounidense, se expandió hacia Europa oriental y adoptó un plan de seguridad más amplio frente a las amenazas transnacionales. Como se ha visto, la OTAN fue fundamental para vincular a Europa con Estados Unidos. Los acuerdos bilaterales de defensa entre los Gobiernos europeos y Washington fueron equivalentes a reconocer su condición de Estados clientelares. La naturaleza multilateral de la OTAN permitió a los Gobiernos europeos quedar sujetos al dominio estadounidense sin perder su prestigio. Así, la OTAN se convirtió en un instrumento para la proyección del poder estadounidense en todo el mundo. En este período, Francia intentó nuevamente adquirir una mayor autonomía estratégica dentro de la alianza, pero Estados Unidos mantuvo un control firme.

Una preocupación constante en las relaciones entre Europa y Estados Unidos era que los miembros de la OTAN debían destinar un mayor porcentaje de su producto interno bruto (PIB) al gasto en defensa, más conocido como el reparto de cargas de la OTAN. Al finalizar la Guerra Fría, la mayoría de los miembros de la OTAN redujeron considerablemente sus presupuestos de defensa como parte del llamado dividendo de la paz. Dado que los países de la UE dedicaban a la defensa un porcentaje inferior de su PIB en comparación con el de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense –y la industria de la defensa– consideraban que los europeos no aportaban lo que les correspondía. Estados Unidos comenzó a criticar el “gasto insuficiente” de la UE en defensa durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), y esta crítica alcanzó su punto culminante bajo la presidencia de Donald Trump.

El doble impacto de Trump y Brexit

 Durante decenios, Europa Occidental y Estados Unidos parecían comprometidos a garantizar mutuamente sus papeles protagónicos en los asuntos internacionales y en sus economías, cada vez más integradas. La crisis financiera mundial de 2008 así lo demostró cuando la crisis bancaria de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos tuvo su repercusión casi inmediata en Europa –y otras partes del mundo–, lo que provocó una profunda recesión en algunas de las economías europeas más alineadas con Estados Unidos (Varoufakis, 2011, p. 204).

En el ámbito militar, muchos Estados europeos fueron en gran medida cómplices de las acciones estadounidenses a través de su participación activa en la OTAN. Algunos ejemplos destacables son la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN, que ocupó Afganistán durante 13 años, y la intervención militar en Libia en 2011.

El predominio estadounidense sobre Europa en los ámbitos militar y económico parecía seguro hasta 2016, cuando la combinación del reñido resultado del referéndum en Gran Bretaña para abandonar la UE –Brexit– y la elección de Trump en Estados Unidos pusieron de manifiesto numerosas grietas en las relaciones entre Europa y Estados Unidos.

Brexit afectó considerablemente la relación entre la UE y Estados Unidos, actuando como catalizador para que el bloque buscara una mayor autonomía estratégica. Aunque no fue el único factor, Brexit, junto con la presidencia de Trump, impulsó a la UE a reevaluar su papel internacional y buscar una mayor independencia de Washington. Cabe destacar que Gran Bretaña había sido un intermediario clave entre Estados Unidos y la UE, y antes de Brexit había desempeñado este papel especialmente en negociaciones sobre política comercial y cooperación en materia de seguridad.

El programa “Estados Unidos primero” del presidente Trump consideraba a la UE y China como competidores económicos. Esto llevó en 2018 a la aplicación de aranceles al aluminio y el acero, lo que provocó que el bloque europeo respondiera con aranceles propios. La administración de Trump también dejó sin efecto el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), justo cuando los países europeos pretendían disputar los aranceles estadounidenses  (Roos y Schade, 2023). Además, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán y del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Tanto Estados Unidos como China estaban en vías de adoptar políticas contrarias a algunos principios clave de la OMC, fundamentales para el desarrollo de la UE. Esto allanó el camino a nuevas políticas europeas, especialmente en lo referente al apoyo estatal a las empresas para garantizar el suministro de materias primas.

En el ámbito de la seguridad, Estados Unidos retiró tropas de Alemania y Afganistán sin consultar a sus aliados europeos. También amenazó con abandonar la OTAN, más que nada porque el Gobierno de Trump consideraba que los europeos no estaban pagando lo que les correspondía. En 2018, Trump resumió la posición de su país de la siguiente manera:

“Estados Unidos paga casi el 90 por ciento de lo que cuesta proteger a Europa. Creo que eso es maravilloso. Le dije a Europa: ‘amigos, la OTAN los beneficia más a ustedes que a nosotros’. Créanme. Países pequeños, países grandes, supuestamente debemos proteger a todos estos países. Les dije: ‘miren, es muy sencillo. Tienen que pagar. Tienen que pagar su factura’” (Benítez, 2018).

No es de extrañar que, tras decenios de integración económica, la UE también haya desarrollado una tipo de política de defensa común. Para que se concretara solo hacían falta las condiciones políticas adecuadas. La presidencia de Trump y Brexit generaron esas condiciones y motivaron al bloque a buscar una mayor autonomía estratégica (Schade, 2023; Blanc, 2024; Knutsen, 2022). Este concepto sigue estando mal definido, pero puede entenderse como la necesidad de la UE de desarrollar capacidad militar para actuar de forma independiente en el escenario mundial, especialmente en situaciones donde los intereses de Estados Unidos y el bloque no coinciden. Otro factor que influyó en esta búsqueda de autonomía estratégica fue la energía. La UE se volvió más dependiente de Estados Unidos en materia energética, especialmente desde 2022, cuando intentó ponerle fin a su dependencia del gas ruso tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Gráfico 1

Nota: En el eje horizontal, Dec. equivale a diciembre,
Aug. equivale a agosto y Apr. equivale a abril.
Fuente: B. Setser (2023).

En los años transcurridos desde Brexit y el primer mandato de Trump, la UE tomó varias medidas para fortalecer su soberanía, especialmente en los ámbitos de la seguridad y la defensa. Revitalizó iniciativas de defensa como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), un marco basado en tratados para que los 26 Estados miembros participantes (excepto Malta) planifiquen, desarrollen e inviertan conjuntamente en capacidades de defensa colaborativas, mejoren la preparación operativa y la contribución de sus fuerzas armadas, y aumenten los presupuestos de defensa.[11] También estableció el Fondo Europeo de Defensa (FED) en 2021. Con un presupuesto de 8 mil millones de euros, supone un cambio significativo, ya que permite a la UE financiar directamente proyectos militares (Ruiz et al., 2021). El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que brinda financiación para operaciones militares y asistencia en terceros países, también se creó en 2021. Ha sido criticado por ser un subsidio encubierto a las exportaciones de armas europeas, ya que puede utilizarse para suministrar armas y formación militar a fuerzas extranjeras. Por último, en 2019 se creó la nueva Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, que se encarga de promover la competitividad e innovación de la industria armamentista europea.

El gasto en defensa de la UE ha aumentado constantemente desde 2014 y está previsto que alcance los 326 mil millones de euros en 2024.(Dell’Anna, 2024). La industria armamentista estaba preparada para lucrar con este incremento, a menudo con consecuencias devastadoras para las personas en países no miembros de la UE. Un informe del TNI (Apostolis y Ní Bhriain, 2021) estableció un vínculo entre las armas que venden los fabricantes europeos y el desplazamiento forzado en la República Democrática del Congo, Irak, Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán y Siria. En un estudio sobre Libia, el TNI concluyó que las armas europeas se utilizan como un instrumento para desplazar poblaciones y, a la vez, impedir que migren hacia la UE (Apostolis Y Ní Bhriain, 20219. Pero también tiene graves consecuencias para la ciudadanía europea. Los miles de millones de euros que se gastan en defensa no se invierten, por tanto, en servicios de salud, vivienda, educación, infraestructura u otras necesidades básicas.

¿Juntos de nuevo y mejor que nunca? China, Ucrania y Gaza

 Las economías de la UE y Estados Unidos se han integrado aún más desde la crisis financiera mundial y ahora son los principales socios mutuos en materia de comercio e inversión. El comercio transatlántico ascendió a 1,2 billones de euros en 2021, aunque esta cifra queda chica en comparación con la relación de inversión entre ambos. La UE tiene 2,1 billones de euros en monto acumulado de inversión extranjera directa saliente y recibe 2,3 billones en monto acumulado de inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos. La inversión total de Estados Unidos en la UE cuadruplica su inversión en la región de Asia y el Pacífico. Las inversiones de la UE en Estados Unidos son diez veces mayores que las de India y China juntas (Comisión Europea, 2022). Esto se refleja en ventas derivadas considerables –las ventas de una entidad controlada directa o indirectamente por una empresa–,que consolidan aún más la interdependencia económica. Las ventas derivadas estadounidenses en el extranjero alcanzaron los 3,1 billones de dólares en 2021, superando las exportaciones totales de Estados Unidos.

Otro indicador clave de la interconexión de estas economías es el alto nivel de comercio intraempresarial. En 2020, el 65% de las importaciones estadounidenses desde la UE y Gran Bretaña fueron intraempresariales, un patrón que se repite en las exportaciones. Esta cifra es considerablemente mayor que otras regiones y demuestra hasta qué punto están integrados los procesos productivos de las empresas estadounidenses y europeas (Hamilton y Quinlan,2023, p. 9). Este entrelazamiento económico es la culminación de más de 50 años de integración transatlántica impulsada por Gobiernos de todo signo en Europa y Estados Unidos.

Esta integración económica beneficia considerablemente a las empresas transnacionales, que pueden ejercer presión para liberalizar normas comerciales, debilitar regulaciones y conseguir acceso preferencial a fondos públicos. Los grandes actores financieros, como los principales bancos y fondos de inversión, también desempeñan un papel clave en la elaboración de regulaciones financieras y se benefician de la integración de los mercados financieros. Un ejemplo claro de ello es que ABN AMRO formó parte de un «grupo de expertos» que configuró la liberalización de los mercados financieros (Haar, [2022] 2024, p. 199). Esta liberalización hizo que los mercados financieros de la UE se parecieran más a los de Estados Unidos, lo que reforzó la integración. Esta es una de las razones por las cuales la crisis financiera mundial tuvo tanto impacto en ambos lados del Atlántico. Un patrón similar se observa en el sector tecnológico, donde empresas estadounidenses como Google, Microsoft y Meta (Facebook y WhatsApp) se benefician de la Ley de Mercados Digitales de la UE, que no aborda su control de la infraestructura digital y, por lo tanto, no desafía su posición dominante (Haar, [2022] 2024, p. 199).

El Gobierno de Joe Biden (2021-2025) restableció cierta normalidad en la Casa Blanca tras el primer mandato de Trump y asumió el compromiso de reparar la relación transatlántica y “restaurar el liderazgo mundial de Estados Unidos” (Varma et al., 2020). Se esperaba que el intervencionismo estadounidense, con el respaldo de la UE, volviera a definir al planeta de conformidad con sus intereses. Sin embargo, parte del legado de Trump se mantuvo. Continuaron los intentos de la UE de reafirmar su autonomía estratégica, mientras que el Gobierno de Biden se negó a eliminar los aranceles impuestos por el Gobierno anterior y las cuestiones sobre el reparto de cargas dentro de la OTAN siguieron sin resolverse. Otra fuente de divergencia fue la postura frente a China. Mientras que Estados Unidos adoptó una posición cada vez más hostil, la UE fue inicialmente mucho más cautelosa, habida cuenta de sus importantes vínculos económicos con el país asiático. La recuperación tras la crisis de COVID-19 en general fue más lenta en la UE que en Estados Unidos, a lo que se sumó una crisis energética tras la imposición de sanciones adicionales a los combustibles fósiles provenientes de Rusia como consecuencia de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

Sin embargo, a medida que recrudece la Nueva Guerra Fría, la UE ha adoptado una postura más cercana a la de Estados Unidos, centrándose en la desvinculación y la reducción de riesgos con China (Brinza et al., 2024). Esto no beneficia ni al capital ni a la mano de obra de la UE, ya que implica una transformación económica sumamente compleja mientras las consecuencias de la COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania siguen sin resolverse. La participación europea en la Nueva Guerra Fría es quizás el mejor ejemplo de su continua sumisión a Estados Unidos.

La UE también ha mantenido su agresiva política comercial. Los tratados de libre comercio son en la práctica acuerdos neocoloniales que perpetúan la dependencia de los países de bajos ingresos como proveedores de materias primas. En los últimos años, esta forma de libre comercio recibió críticas de políticos de izquierda que destacan que, con frecuencia, solo beneficia al capital a expensas del medio ambiente y los trabajadores. La competencia entre Estados Unidos y China puso a la geopolítica por encima de la ideología, haciendo cada vez más palpable la contradicción entre la retórica de libre comercio que predica la UE en el exterior y las prácticas proteccionistas que aplica internamente. Esto queda de manifiesto en los renovados enfoques industriales que desafían el dogma y las prácticas del libre comercio. Tras la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, la UE presentó su propia política industrial en el intento de contrarrestar la estadounidense (Swanson et al., 2023) Sin embargo, la UE sigue impulsando agresivamente nuevos acuerdos de libre comercio, con el argumento de que deben concretarse por temor a «perder» una región o país frente a China. Además, dada la necesidad de la transición energética, la UE ha empleado diversos instrumentos comerciales para asegurar el suministro de materias primas esenciales (Muller, Ghiotto y Bárcena, 2024).

La guerra en curso de Rusia contra Ucrania también aumentó la dependencia europea de Estados Unidos, ya que para muchos países significó romper con la dependencia del gas ruso que habían desarrollado desde el final de la Guerra Fría. Como Alemania era uno de los países más dependientes del gas ruso, la consiguiente crisis energética sumió a gran parte de la UE en una recesión económica, que benefició únicamente a las empresas interesadas en la infraestructura del gas natural licuado (Haar, [2022], 2024, p. 275) Esto no solo generó facturas energéticas mucho más altas para la población de la UE y el Reino Unido, sino que también aumentó la dependencia de Estados Unidos, que se convirtió en exportador neto de energía en 2019 (US Energy Information Administration, 2016). El precio relativamente alto de la energía en la UE también ayuda a explicar el desigual desempeño económico de muchos Estados miembros de la UE y Estados Unidos.

Gráfico 2

Fuente: Consensus Economics (2024).

La dependencia militar transatlántica también se vio fortalecida en este proceso. De hecho, la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania podría haber salvado a la OTAN tras la desconfianza sembrada durante el primer mandato de Trump, y sin duda impulsó la remilitarización de Europa, ya que la mayoría de los miembros europeos de la OTAN gastan actualmente más de la meta del 2% de su PIB en defensa. A mediados de mayo de 2022, los estados miembros de la UE anunciaron un aumento de casi 200 mil millones de euros en el gasto militar para los años siguientes (Akkerman y Ní Bhriain, 2024b) Esto representa una bonanza para los complejos militar-industriales a ambas costas del Atlántico. Los miembros de la OTAN han donado más de 100 mil millones de euros en armas a Ucrania.[26] Además, el conflicto generó un pico en las ventas de armas estadounidenses, que en 2023 alcanzaron su máximo histórico de 238 mil millones de dólares (Matza, 2024).

La UE y Estados Unidos también son cómplices del genocidio que Israel está perpetrando en Gaza. Mientras Estados Unidos proporciona el 65% de todas las armas que Israel importa, Alemania e Italia también apoyaron activamente a Israel con armamento, aunque la mayoría de su población se oponga (Middle East Monitor, 2024; Gritten, 2024). El Parlamento Europeo condena sistemáticamente toda crítica al apoyo incondicional a Israel y no le pide cuentas a ese país. Los motivos de la lealtad de la mayoría de los Gobiernos europeos hacia Israel varían. En Alemania, la compleja interacción entre la desnazificación incompleta en Alemania Occidental y la idea de la «redención a través del recuerdo” explica en parte por qué el apoyo a Israel es considerado la razón de Estado del país europeo(Marwecki, 2024).  En países como Hungría, la solidaridad entre conservadores reaccionarios y los valores islamófobos comunes pesan más que el antisemitismo en el vínculo entre Netanyahu y Orban (Zsurzsán, 2024). Pero una razón compartida por todos es que, para Estados Unidos y la mayoría de los Gobiernos europeos, Israel representa un puesto de avanzada militar que, junto con Arabia Saudita y las monarquías del golfo, es crucial para controlar Oriente Medio, sus recursos energéticos y sus rutas marítimas (Hanieh, 2024). Además, la agresión israelí hacia sus países vecinos implica un beneficio para sus respectivos complejos militares-industriales. Esto llevó a que 426 millones de euros del dinero de contribuyentes europeos se destinaran a financiar empresas que arman a Israel, mientras que miembros del Gobierno israelí han sido acusados formalmente por la Corte Penal Internacional de cometer crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio (Akkerman y Ní Bhriain, 2024a).

Gráfico 3

Fuente: Karl Institute for the World Economy/BBC (2024). Las cifras también incluyen la ayuda
financiera con fines militares.

Así, la UE parece sometida a los intereses de Estados Unidos, incluso cuando no benefician a su capital ni a sus aliados políticos. Esto resulta más evidente en los Países Bajos. Aunque Estados Unidos aprobó una ley que le habilitaría invadir La Haya si algún miembro de sus fuerzas militares llegara a ser juzgado en la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno neerlandés parece empeñado en ser el Estado miembro de la UE más fiel a los intereses estadounidenses. Esto significa que acepta con gusto almacenar armas nucleares estadounidenses sobre las que no tiene control (NOS, 2023). Esto no solo implica ceder la soberanía neerlandesa, sino que también convierte a la base aérea de Volkel y al resto de los Países Bajos en un objetivo para cualquier país que posea armas nucleares y decida utilizarlas. En un caso similar que antepone los intereses de Estados Unidos a los de sus propios ciudadanos, el Gobierno neerlandés impidió la reducción del número de vuelos en el aeropuerto de Schiphol tras presiones de Estados Unidos y la UE, aunque así lo reclamaban desde hace años los habitantes de ciudades y pueblos cercanos al aeropuerto (NOS, 2023).

Derrotismo intelectual y atreverse a soñar con un futuro mejor

En ambas costas del Atlántico, la centroizquierda y la centroderecha llegan a ser, en ocasiones, casi indistinguibles en cuanto a su visión política, política económica y relaciones internacionales. Desde los últimos años de la Unión Soviética y la independencia de los países del antiguo Pacto de Varsovia, estos dos extremos del espectro político mayoritario insisten en que no existe alternativa a la liberalización y la mercantilización, garantizando así la supremacía del capital privado. El pensamiento neoliberal domina casi todos los movimientos políticos mayoritarios desde entonces.

Esto engloba el derrotismo intelectual que se observa en todo el espectro político de la UE, quizás especialmente en la izquierda. Tradicionalmente, la izquierda europea insistió más que la derecha en la necesidad de un contrato social fuerte con redes de protección para hacer frente a las crisis constantes del capitalismo. Sin embargo, la centroizquierda parece no tener más voluntad de abordar las fallas estructurales o de soñar con un mañana mejor. Esto explica en parte por qué Europa Occidental sigue alineada con Estados Unidos en su política exterior. Los socialdemócratas fueron, después de todo, los principales arquitectos de la remilitarización de Alemania, una consecuencia derivada de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. En la centroderecha el capitalismo nunca ha sido objeto de un debate serio. Los partidos liberales y democratacristianos de Europa Occidental fueron clave en la difusión del pensamiento (neo)liberal y el intervencionismo.

Recientemente, la centroderecha ha tendido a ser más expresamente antiinmigrante y xenófoba. Esto también debe entenderse en el contexto del ascenso de la extrema derecha. Las políticas neoliberales destruyeron el Estado de bienestar, y sin este y sin las políticas redistributivas, los partidos liberales derivaron hacia posiciones más derechistas. Esto hizo que estos partidos liberales, como el VVD en Países Bajos, comenzaran a defender políticas de extrema derecha y reforzaran su aparato represivo, que vigila los barrios obreros y las fronteras internacionales. Al adoptar políticas de extrema derecha, los partidos liberales contribuyeron a normalizarla. En consecuencia, los liberales y la extrema derecha unieron fuerzas para excluir a la izquierda del poder institucional. Los partidos liberales y la extrema derecha comparten prácticamente la misma política de clase y, en Europa Occidental y Estados Unidos, también existe un alto grado de consenso en mantener la hegemonía estadounidense (Prashad, 2024). El espectro político entero parecería desplazarse hacia la derecha, y las políticas reaccionarias se normalizan cada vez más.

Algunas de las principales instituciones estadounidenses y europeas han fomentado este derrotismo. La UE y el Tratado de Maastricht, por ejemplo, son instituciones neoliberales concebidas en oposición al anterior consenso keynesiano y socialdemócrata (Haar, [2022] 2024, p. 18). En cuanto a política exterior, grupos de estudios como el Atlantic Council, el International Institute for Strategic Studies, el Center for Strategic and International Studies y Chatham House en Gran Bretaña tienden a incidir en los Gobiernos de Estados Unidos y la UE para que adopten una política exterior similar, sus «opiniones expertas» refuerzan el consenso de una Europa que sigue a Estados Unidos. Las universidades también desempeñan un papel importante en el desmantelamiento del antiguo consenso. En Estados Unidos, la Universidad de Chicago fue el ejemplo más notorio, pero la mayoría de los países de la UE y el Reino Unido tienen al menos una universidad que cumple una función similar. En las reuniones anuales del Foro Económico Mundial en Davos, representantes de estas instituciones, junto con líderes empresariales, se reúnen con políticos y se genera un nexo donde convergen poder e ideas. El antiguo consenso keynesiano desapareció y ha sido reemplazado por un nuevo consenso ostensiblemente despolitizado que se presenta como pragmático y racional.

Simplemente no existe voluntad ni creatividad para imaginar una política exterior diferente dentro del espectro político dominante. El capital europeo ha interiorizado el excepcionalismo estadounidense y no logra, o teme, imaginar un mundo donde Estados Unidos ya no sea la potencia mundial dominante. Esta idea también es influyente entre las y los ciudadanos de Europa y Estados Unidos, que ven al mundo como un juego de suma cero donde perderán privilegios si decae su estatus internacional. Este statu quo es en parte consecuencia de la participación de los Gobiernos europeos en el imperio estadounidense, y de los recursos e influencia que otorga a Europa. Con el nombramiento de Mark Rutte como Secretario General de la OTAN, la lealtad de los Países Bajos al imperio estadounidense fue recompensada con la celebración de la cumbre de la OTAN en La Haya en junio de 2025.

Herbívoros y carnívoros

 En un discurso pronunciado en Madrid en 2022, Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reflexionó sobre las repercusiones en Europa de la invasión rusa en Ucrania. Subrayó que la guerra “es un despertar de nuestro proyecto inicial, un proyecto de paz que dejó de lado la lucha por el poder y utilizó el poder blando, el comercio y el derecho como armas”. Concluyó que “debemos tomar conciencia de que eso no basta, porque los europeos no podemos ser herbívoros en un mundo de carnívoros” (González, 2022).

¿Quiénes son estos “carnívoros” a los que se refiere Borrell? Estados Unidos y China destacan claramente. Con la segunda presidencia de Trump, que asumió su mandato en enero de 2025, no queda para nada claro que la UE quiera vincularse a un proyecto mundial estadounidense cada vez más plagado de crisis. Tras la crisis doble de Brexit y la primera presidencia de Trump, la UE ha reforzado sus propias capacidades como actor internacional. Pero ahora la dinámica cambió radicalmente. El foco de Estados Unidos en Asia hace que la UE tenga que lidiar por su cuenta con las consecuencias de la política estadounidense en Europa Oriental y Oriente Medio.

Pero, ¿acaso eso cambió la interdependencia entre la UE y Estados Unidos? La relación comercial entre ambos es la mayor de su tipo, con un intercambio comercial transatlántico que alcanzó 1,2 billones de euros en 2021, lo que las convierte en las dos economías más integradas del mundo. Los intereses de defensa conjunta se justifican mediante un bloque intervencionista organizado en la OTAN, y los complejos militar-industriales a ambos lados del Atlántico alcanzan ganancias récord gracias al apoyo a Ucrania contra la agresión rusa y al genocidio en Gaza. Respecto al “derrotismo intelectual” de la clase política europea, los políticos de ambos extremos del espectro político no lograron concebir un nuevo futuro para Europa. En cambio, prometieron la vuelta a un pasado mitificado: socialdemócrata para la izquierda y étnicamente homogéneo para la derecha.

Para que la UE rompa con la política exterior estadounidense, primero debe tener la creatividad para definir un futuro nuevo. Este no es un llamado a que la UE se convierta en un “carnívoro”. Una política independiente de la UE podría ser tan dañina como la de Estados Unidos. Los “pactos” migratorios y las intervenciones de la UE en países africanos y alrededor del Mediterráneo son una prueba. Una mayor militarización la arrastraría a una carrera armamentista que solo tendría perdedores. En cambio, la UE debería aspirar a ser una fuerza de solidaridad, con una política exterior basada en la cooperación y no en la competencia, algo que solo podrá lograr si se libera de su sumisión a Estados Unidos.

Traducción: Álvaro Queiruga

El ascenso de la economía china desde los años noventa ha transformado al capitalismo internacional. En cualquier tienda minorista del mundo se venden productos Made in China. Ya en la década de 2010 esto incluía no solo productos manufacturados baratos, sino también tecnologías de mayor valor, como vehículos eléctricos, smartphones, redes sociales y paneles solares. En general, China aumentó su participación en la fabricación mundial del 8,6% en 2004 al 28,8% en 2023 (y alcanzó un máximo del 30,5% en 2021, casi el doble de la proporción de Estados Unidos, del 15,5%).¹ China también es el mayor consumidor mundial de BMW, bolsos Louis Vuitton, PC, semiconductores, smartphones y muchos productos más, ahora que su clase media supera los 200 millones de personas. En 2022, China también tuvo la segunda mayor capitalización bursátil nacional del mundo, con 11,5 billones de dólares (el 12,2% del total del planeta), más que la suma de las capitalizaciones bursátiles de Alemania, Japón y Reino Unido (10,4 billones de dólares), aunque aún está lejos del valor de las empresas que cotizan en Estados Unidos (40,3 billones de dólares, es decir el 43% del total mundial).²

El ascenso de China a fábrica del mundo tiene un aspecto negativo, ya que ahora emite más CO₂ que todos los miembros de la OCDE en conjunto. Aunque domina la producción y el consumo de «tecnología verde», también quema más de la mitad del carbón del planeta y en 2023 construía un 400% más de capacidad de energía a carbón que en 2019, y un 1.900% más que el resto del mundo.³ En resumen, el extraordinario dinamismo de China desde los años noventa ha reconfigurado al capitalismo internacional en muchos aspectos –y ya desempeña un papel clave para decidir sobre su futuro, incluida la sostenibilidad–.

Mucha gente piensa que, debido a su nuevo peso económico, China ya es (o pronto será) capaz de desafiar el poder estructural de Estados Unidos, que desde 1945 ha expandido y mantenido el capitalismo en todo el planeta. Dicho de otra manera, muchos creen que el orden mundial unipolar posterior a la Guerra Fría dio paso a un sistema multipolar, con un creciente conflicto entre el Occidente liderado por Estados Unidos y los BRICS+ encabezados por China y Rusia.⁴ De manera más optimista, muchos de quienes en el mundo se oponen al imperialismo estadounidense creen que China podrá contrarrestar considerablemente a Estados Unidos u ofrecer una alternativa a ese país en el capitalismo internacional. Algunas personas hasta imaginan o desean que el poder de Estados Unidos no solo esté en declive relativo, sino que colapse pronto, y que al imperio estadounidense le salga el tiro por la culata, como ocurrió con tantos otros en la historia mundial, mientras Asia Oriental y el Sur global en general continúan su ascenso.

El presente ensayo muestra más pesimismo del intelecto que optimismo de la voluntad con respecto a ese nuevo orden mundial. De hecho, en ciertos aspectos argumento que la forma de desarrollo capitalista de China ha reforzado el poder estructural de Estados Unidos en el centro del capitalismo mundial. Sin duda, China no supone un contrapeso serio al poder militar estadounidense (podría decirse que Rusia tiene un peso mayor), y por diversas razones veo pocas posibilidades de liderazgo chino (y mucho menos de su hegemonía) en Asia Oriental, el Sur global o incluso en los BRICS+. Tampoco creo que en principio China aspire genuinamente a desafiar la hegemonía estadounidense, aunque las élites chinas, incluido el presidente Xi Jinping, a menudo declaren lo contrario. De hecho, China ha sido una de las mayores beneficiarias de la globalización del “libre comercio” que lidera Estados Unidos y, desde la primera presidencia de Donald Trump, parecería ser una mayor defensora del “libre comercio” que el propio Estados Unidos. Por lo tanto, discrepo con los numerosos líderes (entre ellos los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping), responsables políticos, miembros de grupos de estudios, periodistas, expertos, presentadores de podcasts y activistas o integrantes de la sociedad civil de todo el mundo que consideran que ya vivimos en un orden mundial multipolar. Todo lo contrario: en algunos aspectos Estados Unidos es hoy más poderoso que en cualquier década desde 1945.

¿Por qué tantas personas malinterpretan el capitalismo internacional y el orden mundial contemporáneos? La razón es que muchos no han captado la manera en que la globalización (con el ascenso de China como uno de sus principales impulsores) fortaleció el poder de Estados Unidos porque siguen atrapados en un modo de pensar anticuado sobre el poder económico nacional. Es decir, la mayoría de los observadores conciben que el Estado aproveche la producción de bienes y servicios en su territorio nacional (medido por el producto interno bruto (PIB) y otras cuentas nacionales) con el fin de ejercer influencia en el extranjero, entre otros mediante la transformación de esos recursos económicos en recursos militares. En los años setenta y ochenta, cuando las cuentas nacionales de Japón se expandían rápidamente, en los hechos quería decir que las empresas japonesas competían cada vez más en el extranjero y generaban más ganancias que regresaban a Japón a través de la producción y las exportaciones de propiedad nacional. Con la creciente rivalidad económica entre Japón y Estados Unidos, hubo observadores que llegaron a vaticinar una «posible guerra» (Friedman y LeBard, 1991). Pero precisamente debido a la globalización de la producción y las finanzas liderada por el Estado y el capital estadounidenses, ya no podemos dar por sentado que la producción de  un territorio nacional determinado sea predominantemente de propiedad nacional (mientras que en el pasado sí podíamos hacerlo, por ejemplo, con Japón y Corea del Sur). Este es especialmente el caso de China, la primera gran economía política que surgió durante la época de la globalización del «libre comercio» posterior a los años noventa, impulsada en gran medida por el capital extranjero.

Entonces, cuando los observadores ven las abultadas cuentas nacionales de China suponen incorrectamente que el Estado chino y sus empresas tienen un control y propiedad casi totales de esa producción dentro de su territorio. Si no se toma en cuenta el alto grado de control y propiedad extranjeras, especialmente de la tecnología avanzada en China, se tiende a sobreestimar el poder chino y su capacidad para reconfigurar las jerarquías globales. En resumen, debemos reflexionar sobre cómo se mide el poder económico nacional en la era de la globalización (Starrs 2013, 2014, 2018a).

Para ello, resucitamos el concepto de «poder estructural» de Susan Strange (Germain, 2016). En The persistent myth of lost hegemony, Strange respondía a un período anterior de «declinismo estadounidense» y sostenía la necesidad de distinguir entre «el poder relacional y el estructural» (Strange, 1987). Afirmaba que mucha gente se centra exclusivamente en el poder relacional, el ruido cotidiano de las relaciones interestatales que pueden cambiar abruptamente a corto y mediano plazo según evolucionen los acontecimientos. A veces, Estados Unidos consigue presionar a otros países para que hagan algo que en principio no harían, pero otras veces fracasa (y en ocasiones puede triunfar a más largo plazo tras el fracaso inicial). Si nuestros análisis caen en la trampa del «presentismo», especialmente en esta época de ciclos noticiosos las 24 horas del día (redes sociales), nuestra comprensión del orden mundial fluctuará en consecuencia.

En cambio, Strange sostenía que el poder estructural era más profundo, duradero y en cierto modo ajeno al ruido cotidiano (aunque no desconectado de él), ya que implicaba poder de cambiar o definir las estructuras dentro de las cuales otros deben actuar si quieren participar en la economía política internacional. Un breve ejemplo es el papel del dólar estadounidense en las transacciones internacionales: Estados Unidos no tiene que presionar directamente a China para que acumule dólares y los invierta en bonos del tesoro estadounidense. China lo hace por su cuenta porque quiere exportar una gran variedad de bienes y servicios, la mayoría cotizados en dólares (véase más información a continuación). Desde la década del cuarenta hasta la de los setenta, Estados Unidos definió la estructura financiera mundial en la que otros participan, de tal modo que resulta sumamente difícil desafiar seriamente al todopoderoso dólar, lo que refuerza su enorme poder, como veremos más adelante.

Strange distinguió cuatro elementos del poder estructural de una entidad, que abarcan desde la familia hasta el Estado-nación: seguridad, finanzas, producción y conocimientos. Subrayó que los cuatro estaban interrelacionados y que para alcanzar la hegemonía era necesario tener el predominio en todos. Así, en los años ochenta consideró que ni la Unión Soviética con su predominio en la seguridad, ni Japón en la producción se aproximaban a desafiar la hegemonía estadounidense, porque esta última prevalecía en los cuatro ámbitos. Sin embargo, lamentablemente Strange no llegó a desarrollar la forma de medir sistemáticamente su concepto de poder estructural en los cuatro elementos antes de que, podría decirse, se viera arrastrada por el discurso globalizador de la década del noventa, según el cual «el mercado» era más poderoso incluso que el Estado estadounidense (Strange, 1996).

En lo que queda de este ensayo intento ofrecer una metodología para medir el poder estructural en la seguridad, las finanzas y la producción, aunque por razones de espacio profundizaré solo en este último.⁵ Pero dado que estos elementos están interconectados y son simbióticos, el análisis de la estructura de la producción también será pertinente para la seguridad, las finanzas y el conocimiento. Contar con esta metodología nueva brindará una mayor claridad para comprender la naturaleza y el futuro del orden mundial, así como las posibilidades de supervivencia humana.

El poder estructural en la seguridad, las finanzas y la producción

Estructura de la seguridad

Incluso quienes afirman que ya vivimos en un orden mundial multipolar suelen reconocer que el poder militar estadounidense sigue siendo dominante. No existe otro país que haya tenido tantas instalaciones militares en el planeta: se calcula que tiene entre 750 y 1.000 (muchas son secretas e incluyen «simples» puestos de escucha de la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional) en al menos 80 países (Vine, 2020). En su apogeo, el imperio británico tenía bases en alrededor de 35 países o colonias (Harkavy, 1982). Desde 1945 hay más de 50 mil soldados estadounidenses movilizados de manera permanente en ambos extremos de Eurasia, y actualmente hay 50 mil más en Oriente Medio. Con la OTAN, Estados Unidos posee el sistema de alianzas más extenso de la historia, además de aliados clave fuera de la organización, como Arabia Saudita, Australia, Corea del Sur, Filipinas, Israel, Japón y Ucrania. Todos adquieren sistemas de armamento estadounidenses y comparten recursos de inteligencia y seguridad. Debido a este sistema de alianzas, decir que el presupuesto militar estadounidense asciende a 850 mil millones de dólares no refleja del todo su dominio en la estructura de seguridad, aunque este presupuesto por sí solo supere la suma de los 10 ejércitos siguientes y cuadruplique aproximadamente al de China, más aún si se incluyen los Departamentos de Energía –custodio del arsenal nuclear–, de Seguridad Nacional y la NASA, entre otros.

Muchos teóricos de la globalización tienen dificultad para incorporar este imperio de bases estadounidenses a sus conceptualizaciones sobre un «mercado mundial desnacionalizado» o una «clase capitalista transnacional» por encima de los Estados-nación.⁶ Es decir que muchos dan por sentado al imperio más poderoso de la historia humana como algo natural, pero este asombroso éxito para determinar la estructura del conocimiento ideológico del liberalismo invisibiliza el imperialismo estadounidense incluso para muchas personas de izquierda.

No obstante, China tiene una base naval en Djibouti (al igual que Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) desde 2017, su primera base en el extranjero desde el siglo XV, y estaría construyendo otra en Camboya. Desde 2016 existen instalaciones militares en varias islas artificiales del mar de China Meridional, y China y Rusia realizan ejercicios conjuntos periódicos. China también controla dos puertos clave en el océano Índico (entre otros), Gwadar en Pakistán y Hambantota en Sri Lanka, aunque, pese a la fuerte presión de China, Pakistán aún no permite que ese país despliegue recursos militares en Gwadar.

Sin embargo, China no brinda apoyo militar a Rusia en su guerra contra Ucrania, que cuenta con el respaldo de la OTAN; solo Corea del Norte e Irán le dan asistencia militar (de hecho, bancos estatales chinos cancelaron el financiamiento en dólares a Rusia). Esto no augura nada bueno para un posible tratado de defensa mutua entre China y Rusia, que son reacios a firmar acuerdos con otros países, pero seguramente no pueden enfrentarse solos al imperio estadounidense. Aparte de breves conflictos en 1962 y 1967 contra India y en 1979 contra Vietnam, China no ha movilizado a sus soldados desde la Guerra de Corea (1950-1953). De hecho, en toda su historia China no ha librado guerras en otros continentes u océanos. La ausencia de participación china en materia de seguridad en los conflictos de Oriente Medio es reveladora, ya que Rusia ha estado profundamente involucrada en la guerra sucia en Siria desde 2015 y ha exportado sistemas de defensa antimisiles a Irán para contrarrestar a Israel.

Estructura financiera

Estados Unidos se aseguró de que su moneda fuera la más comerciada en el mundo capitalista durante la conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944, donde se estableció el nuevo patrón dólar-oro con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), en aquel entonces de reciente creación. Cuando el presidente Richard Nixon desvinculó unilateralmente al dólar estadounidense del oro en 1971, Estados Unidos tuvo la libertad de inflar su déficit en la balanza de pagos, junto con una gran desregulación y re-regulación financiera y el surgimiento del petrodólar (Gowan, 1999; Panitch y Konings, 2008). Los Estados del golfo Pérsico se comprometieron a reciclar sus ingresos en dólares procedentes de las exportaciones de petróleo en activos denominados en dólares, especialmente bonos del Tesoro. Esto garantizó que todo país que quiera importar petróleo, el producto básico fundamental del capitalismo industrial (Hanieh, 2024), deba acumular dólares estadounidenses, que solo pueden obtenerse mediante sus propias exportaciones (con la excepción de Estados Unidos, por supuesto, que simplemente puede imprimir dinero). A medida que los países que dependen del crecimiento impulsado por las exportaciones (desde China, Japón y Alemania hasta prácticamente todos los «mercados emergentes») acumulan dólares, necesitan invertir en activos de refugios seguros para proteger su valor de la depreciación y la volatilidad de otros activos (como el mercado de valores).

En las finanzas internacionales, el bono del Tesoro se considera el activo más seguro del mundo en gran parte porque se cree que el Estado estadounidense es el más capaz y dispuesto a garantizar los intereses del capitalismo mundial.⁷ Aunque esto se expresa en términos de «estabilidad política/de mercado», «democracia/estado de derecho», «bajo riesgo», etc., se debe esencialmente al poder militar de Estados Unidos (ningún país puede invadirlo y alterar su naturaleza burguesa) y a la solidez de su sistema capitalista (las posibilidades de que una revolución socialista derroque a la clase capitalista estadounidense son ínfimas).

El poder militar de Estados Unidos también es importante para proteger el petrodólar: Sadam Huseín en Irak y Muamar Gadafi en Libia querían vender su petróleo en otras divisas que no fueran dólares, lo cual no terminó bien para ellos. Los economistas liberales pasan por alto el papel fundamental que cumple el poder militar estadounidense en la protección del dólar como moneda de facto para las transacciones internacionales.

Con un 2,2% en el tercer trimestre de 2024, el renminbi (RMB) chino apenas puede competir en las reservas de divisas internacionales, ni siquiera contra el dólar canadiense (2,7%),  a pesar de que el PIB de China es más de ocho veces superior al de Canadá. Para desafiar seriamente al dólar estadounidense, China tendría que reducir los controles de capital para que los inversores (extranjeros o nacionales) puedan mover libremente el renminbi dentro y fuera del país. Pero tras su primer gran colapso bursátil en Shanghái en 2015, lejos de liberalizarse, China amplió sus controles de capital, dándole prioridad al control estatal sobre la internacionalización. A partir de 2020, Xi Jinping también aumentó el control de las empresas privadas de tecnofinanzas. Llegó a cancelar abruptamente lo que habría sido la mayor salida a la bolsa (IPO) del mundo en ese momento, de Ant Group, cuando su director ejecutivo Jack Ma criticó la política del Banco Central de china, tras lo cual debió ocultarse durante varios años.

Incluso si el Estado chino redujera los controles de capital y liberara las finanzas privadas, seguiría siendo muy difícil convencer a los capitalistas del mundo de que sus intereses se verían más beneficiados por el Partido Comunista de China que el burgués Estado estadounidense. Eso no quiere decir que China sea anticapitalista en un sentido fundamental, pero queda claro que el Partido Comunista de China privilegia la estabilidad política por encima de los intereses de la clase capitalista, ya sea extranjera o nacional.

Por lo tanto, no hay mucho fundamento para que los capitalistas de Asia Oriental/BRICS+ (y mucho menos del mundo) se embanderen con la posible «hegemonía china» y respalden al renminbi para que desbanque al dólar.⁸ Incluso si ese fundamento existiera, China aún tendría que enfrentarse al poderío militar de Estados Unidos, ya que este no se quedaría de brazos cruzados si Beijing intentara seriamente desafiar su poder financiero.

Producción  

Donde China parece haber ganado más terreno es en el ámbito de la producción internacional. El Gráfico 1 muestra la proporción nacional/regional en el PIB mundial de 1960 a 2023, en dólares estadounidenses.⁹ Según esta medición, la proporción de Estados Unidos disminuyó claramente, al pasar del 40% del PIB mundial en 1960 al 25% en 1980, con fluctuaciones posteriores que alcanzaron un mínimo del 21% en 2011 y se elevaron al 26% en 2023, muy lejos de su cuota en la década del cincuenta. Por el contrario, la proporción de China en el PIB mundial creció constantemente desde la inspección del sur de Deng Xiaoping en 1992, en la que apostó por la provincia de Guangdong y, en particular, por la zona de libre comercio de Shenzhen como fábrica y plataforma de exportación para el capital extranjero. La proporción de China en 1992, que era del 1,7% (la misma que en 1978), se disparó a un máximo del 18,3 % en 2021, antes de caer por primera vez desde 1985 al 16,9% en 2023. A pesar de su importancia para prever el crecimiento futuro, las dificultades económicas de China tras la pandemia no deben distraernos del reconocimiento de su extraordinario auge, que le permitió recuperar su liderazgo y superar la proporción de Japón en el PIB mundial en 2010 por primera vez desde 1961.

El rápido crecimiento de la competitividad internacional de China no es el único motivo por el cual acabó con 50 años de predominio de Japón en la producción, pero cabe destacar que el declive de Japón desde el punto máximo de 17,8% alcanzado en 1995 se produjo al mismo tiempo que se aceleraba el despegue chino. Quizás lo más llamativo es que, por primera vez desde la gran divergencia del siglo XIX (Pomeranz, 2000), China recuperó su posición en el PIB y le quitó el liderazgo a la Unión Europea en 2018. Esta última solía ser un competidor económico a la par de Estados Unidos pero, como muestra la Gráfico 1, aún no se recuperó de la crisis financiera mundial de 2008-2009 ni de la crisis de la eurozona de 2010-2012.

 Gráfico 1. Proporción nacional del PIB mundial 1960-2023

 Fuente: Cálculos del autor tomados del Banco Mundial, 2024

Si bien la concentración geográfica de la producción mundial sigue siendo muy importante para comprender el capitalismo internacional del siglo XXI, no nos da una visión completa de la globalización de la propiedad y el poder. Por ejemplo, cuando los smartphones se arman en China para su exportación, no podemos suponer que la mayor parte de las ganancias volverán a China, ya que esos teléfonos podrían ser propiedad de una empresa extranjera, como Apple o Samsung Electronics.

Gráfico 2. Tipo de empresa de las exportaciones chinas de “procesos con materiales importados”, 1995-2022

Fuente:  Cálculos del autor basados en la Estadísticas Aduaneras de China 1995-2023, 2024 (China’s Customs Stadistics, 2024)

El Gráfico 2 revela de manera más general que las empresas que la aduana china clasifica como “empresas con inversión extranjera” poseen un 75% de los productos de alta tecnología más avanzados de China incluidos en las exportaciones de “procesos con materiales importados” en 2022, por un valor de 809 mil millones de dólares. Entre ellos se incluyen las voluminosas exportaciones de productos electrónicos de China, que implican la importación de componentes clave, el montaje final en China por parte de una empresa extranjera como Foxconn, subcontratada por otra empresa extranjera como Sony, y su posterior exportación. Aunque la participación de las empresas privadas chinas en estas exportaciones cruciales creció de prácticamente cero en la década de los noventa hasta el 20% en 2022 (y esa participación se duplicó desde el inicio de la guerra comercial de Trump tras 2018), esta sigue siendo mucho menor de lo que la mayoría esperaría, debido a las enormes cuentas nacionales chinas. Por lo tanto, aunque China superó a Japón en 2010, hace falta investigar a quién le pertenece la producción –y por ende, quien lucra con ella– en China y el resto del planeta.

Para superar este desajuste entre la producción nacional y la propiedad transnacional, una forma útil de medir lo que es el poder empresarial en su esencia es sumar el porcentaje de las ganancias que reciben las principales empresas transnacionales del mundo, incluyendo sus operaciones transnacionales. Al fin y al cabo, la acumulación del lucro es la lógica central que impulsa al capital. Existen varias clasificaciones empresariales, pero la mejor es la Forbes Global 2000, que desde 2005 clasifica a las 2000 empresas transnacionales más grandes del mundo que cotizan en la bolsa según un índice compuesto de activos, valor de mercado, ganancias y ventas. En el gráfico 3 figuran los 15 sectores en los que las empresas chinas ocupan los tres primeros lugares en cuanto al porcentaje de ganancias acumuladas en 2024. En los cuatro primeros sectores, China lidera a nivel mundial. Esto concuerda con el crecimiento impulsado por la infraestructura y dirigido por el Estado chino desde el descenso de sus exportaciones tras la crisis financiera mundial, a medida que disminuían las importaciones occidentales. Los sectores restantes representan el papel constante (aunque disminuido) de China como fábrica del mundo, así como su emergente mercado de consumo interno.

Así, China ocupa el segundo lugar, solo por detrás de Estados Unidos, en la cima del capitalismo mundial, siempre entre los tres primeros puestos en 24 de los 25 sectores,¹⁰ mientras que 10 sectores de Japón quedaron relegados al tercer lugar, seguidos por el Reino Unido con cinco y Francia y Suiza con cuatro cada uno. Si se toma en cuenta que las empresas transnacionales chinas en su conjunto no habían alcanzado los tres primeros puestos en ningún sector hasta 2009 (cuando China estuvo entre los tres primeros en los sectores bancario, inmobiliario, de seguro y transporte), este es un ascenso empresarial extraordinariamente rápido.

Gráfico 3.

  Fuente: Cálculos del autor basados en Forbes Global 2000, 2024 (con asistencia en la investigación de Quoc Linh Phm y Yishou Miao) basados en Forbes Global 2000 (Murphy y Shifrin, 2024).

El gráfico 4 a continuación muestra los 13 sectores en los que el porcentaje de ganancias de Estados Unidos es predominante, a un nivel que se mantuvo constante los últimos dos decenios (el país también dominaba en 13 sectores, aunque ligeramente diferentes, en 2005).¹¹ En esta cifra vemos con claridad cómo las cuentas nacionales en la época de la globalización pueden llevar a sobreestimar o subestimar enormemente el poder económico. Por ejemplo, China es el mayor exportador mundial de productos electrónicos desde 2004 y, sin embargo, 20 años después, su participación en las ganancias es “apenas” del 11% (la cuarta a nivel mundial), mientras que la de Estados Unidos es del 43%. Esto tiene sentido intuitivamente cuando vemos todas las etiquetas “made in China” en los productos electrónicos de propiedad estadounidense que venden Apple, Amazon, Cisco, Dell, HP, Microsoft, etcétera. Aún más llamativo es que, después de que la empresa china Lenovo adquiriera la división de computadoras personales de IBM en 2005, China se convirtió en el mayor consumidor mundial de computadoras en 2011 y, posteriormente, en el país con más programadores informáticos del mundo (más de 7 millones). Sin embargo, su participación en las ganancias es de apenas un 6,3%, frente al abrumador 86% de Estados Unidos.

Claro que China tiene cuatro veces la población de Estados Unidos, pero la riqueza de este último país le permite dominar los sectores de alimentación, bebidas y tabaco, y del comercio minorista. Y aunque China superó a Estados Unidos en el sector bancario en 2009, y desde entonces ocupa el primer lugar (con un pico del 41% en 2021, que bajó al 31% en 2024), Estados Unidos, concretamente Wall Street, domina el 63% de los servicios financieros. Esto es considerablemente superior a los tres años anteriores a la crisis de Wall Street en 2008, cuando el predominio de Estados Unidos era de una media del 48% antes de desplomarse a un mínimo del 27% en 2009. Uno de los motivos por los que Wall Street reforzó su dominio mundial tras la crisis se debe al posterior crecimiento de capital extranjero de propiedad estadounidense. Hemos denominado a esto la “americanización del capital mundial” (Starrs, 2017; Tooze, 2017), ya que la propiedad empresarial estadounidense creció en todo el planeta, también en las empresas estatales chinas. Por último, el dominio estadounidense en los medios de comunicación internacionales (76%) indica su capacidad para “fabricar consenso” y decidir la agenda de noticias del planeta: la estructura del conocimiento por excelencia (Hertman y Chomsky, 1988).

Gráfico 4.

Fuente: Cálculo del autor basado en Forbes Global 2000, 2024 (con asistencia en la investigación de Quoc Linh Phm y Yishou Miao) basados en Forbes Global 2000 (Murphy y Shifrin, 2024).

Una vez más, no se pretende con esto negar el extraordinario auge capitalista de China a partir de los años noventa, como se evidencia en los gráficos 1 y 3. Pero ahora podemos ver que ese auge se produjo más a expensas de Japón y Europa Occidental que de Estados Unidos. De hecho, este último aumentó su predominio en los últimos 20 años en diversos sectores clave a pesar del auge de China, o quizás precisamente debido a este.

De hecho, nos recuerda el llamamiento que hizo Henry Luce (quien popularizó la expresión “siglo estadounidense”) en 1950 a favor de una “Europa más próspera e integrada” que permitiera a las empresas estadounidenses aumentar sus ganancias, pero sin suponer una amenaza para Estados Unidos, siempre y cuando este último mantuviera su dominio (Starrs, 2018b). Una lógica similar se aplica a una China más próspera, mientras que las empresas estadounidenses siguen teniendo acceso a su mano de obra y a sus consumidores (el gráfico 2 muestra que las guerras comerciales y tecnológicas posteriores a 2018 solo tuvieron un efecto marginal en el predominio de las empresas extranjeras en las exportaciones chinas). Así, la mayoría de las decisiones en la cima de la estructura productiva mundial relativas a dónde y qué producir en la mayor parte de los sectores se adoptan predominantemente en las juntas directivas de Estados Unidos. En resumen, en 2024 las empresas transnacionales con sede en Estados Unidos lideraban 19 de los 25 sectores generales de la lista Forbes Global 2000, mientras que China lideraba cuatro (y Japón los dos restantes): el dominio persistente de Estados Unidos en la estructura de producción mundial es asombroso y pasa inadvertido si solo examinamos las cuentas nacionales.

China no salvará al mundo (mientras siga siendo capitalista)

La primera presidencia de Xi Jinping (2012-2017) parecía contar con el ímpetu necesario para cumplir su gran estrategia de reorientar Eurasia hacia China, si solo se tomaba en cuenta el poder relacional. La Iniciativa de la Franja y la Ruta se puso en marcha en 2013 con una franja (terrestre) que acabaría conectando a China con Duisburgo, en el río Rin en Alemania (que a su vez se conecta con Róterdam, Países Bajos, el puerto de contenedores más activo de Europa), a través de Rusia, con trenes de mercancías de alta velocidad. La ruta (marítima) sigue las rutas comerciales de Zheng He de principios del siglo XV a través del sudeste asiático, el océano Índico hasta el golfo Pérsico, el mar Rojo y África Oriental. El Nuevo Banco de Desarrollo se fundó en Shanghái en 2015 y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura en Beijing, en 2016. El Gobierno del Reino Unido declaró una “edad de oro” con China en 2015 y se unió a este último Banco, al igual que Italia, otros países europeos y Corea del Sur, entre muchos más.

China siguió creciendo a un ritmo vertiginoso, aunque alcanzó su crecimiento máximo en 2007 con un 14%, y siguió registrando un envidiable 7,9% en 2012 y un 7,0% en 2017. Con unos ingresos anuales gigantescos de sus exportaciones, China destinó decenas de miles de millones de dólares a políticas industriales, concretamente al Gran Fondo para semiconductores en 2014 y, en 2015, a Made in China 2025 (dirigido a 10 sectores). Ya entonces decenas de países exportaban más a China que a Estados Unidos.

Con el viento aparentemente a su favor, Xi se dirigió a un público de capitalistas en el Foro Económico Mundial en enero de 2017 y reprendió a aquellos que intentaban revertir el “resultado natural” de la “globalización económica”, en una referencia directa a Trump, y presentó a China como un actor más responsable del sistema comercial mundial. China ha llegado muy lejos desde que Mao acusó a Deng Xiaoping de ser un “seguidor de la vía capitalista”.

Pero Xi calculó muy mal la probable respuesta de la potencia hegemónica mundial, Estados Unidos. Supuso que China podría seguir “transfiriendo” industrias de Estados Unidos (sobre todo la de tecnología avanzada) libremente y sin ninguna represalia. En su primer mandato, el presidente Trump no estuvo de acuerdo e inició una guerra comercial y luego tecnológica contra China. En el proceso, su administración comenzó a transformar la naturaleza misma de la globalización, al descartar el “libre comercio” y dar paso a una nueva época de tecnonacionalismo (Starrs y Germann, 2021) (que tuvo un fuerte apoyo del presidente Joe Biden), en la que la propiedad de la tecnología avanzada se define en función de la geopolítica.

El enorme poder estructural de Estados Unidos se empleó con una doble estrategia. En primer lugar, bloqueó a algunas de las principales empresas de alta tecnología de China (Huawei, SMIC, YMTC) con controles a la exportación (que abarcaron, al final, a las empresas transnacionales de aliados, como la empresa holandesa ASML) y, a continuación, a sectores enteros (chips avanzados, inteligencia artificial, computación cuántica y supercomputación). Estados Unidos no pudo hacer esto contra Japón en los años ochenta ni contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría porque ninguno de los dos dependía de la tecnología estadounidense; eran mucho más autosuficientes tecnológicamente antes de la globalización en los años noventa.

En segundo lugar, Estados Unidos puso en marcha un estímulo sin precedentes –5 billones de dólares tan solo entre marzo de 2020 y marzo de 2021, más que el New Deal de 1930-1940– y políticas industriales por un valor superior a los 500 mil millones de dólares para la Ley de Chips y Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Estados Unidos puede repartir estas sumas sin precedentes hoy (no podía hacerlo en decenios anteriores) en parte debido al auge de China y a que muchos exportadores reciclan sus dólares estadounidenses nuevamente en la economía de Estados Unidos. Así, China ha sido el primer o segundo mayor financiador extranjero (en alternancia con Japón) de todo lo que hace Estados Unidos, incluido el imperialismo estadounidense contra China. Ningún otro imperio ha construido un sistema financiero en el que el principal rival geopolítico esté estructuralmente obligado a financiar su propia contención.

En forma similar, la ventaja comparativa más devastadora de Estados Unidos es su capacidad extraordinaria para causar muerte y destrucción masivas (ya sea directamente o a través de terceros), mientras profesa las más nobles intenciones y logra que mucha gente lo crea, especialmente quienes siguen aceptando sin crítica alguna las noticias del poder establecido.

Sin espacio para evidenciar la planificación,¹² avancemos rápidamente a principios de 2025: los aliados occidentales (el G7, la OTAN) ahora están convencidos de que China es un “rival sistémico”, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China se ve interrumpida en su ruta a través de Rusia por las sanciones lideradas por Estados Unidos que, en esencia, desvinculan a Rusia del capitalismo occidental. Israel causa estragos en su región, en parte para allanar el camino al Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa –anunciado en la reunión del G20 que se celebró en Nueva Delhi en septiembre de 2023–¹³, que controlará la ruta marítima de China y su influencia en Oriente Medio en general (en tiempos de guerra, China no tiene la capacidad militar para competir con la influencia de Estados Unidos en la región, y con la caída del Gobierno de Assad en Siria, la influencia de Rusia se redujo, al tiempo que se ve distraída por su guerra contra Ucrania). La “edad de oro” de la Unión Europea y el Reino Unido con China de hace menos de una 10 años es ahora un lío absoluto.

Independientemente de este giro de los acontecimientos, comprender el poder estructural por encima del relacional resulta más útil para analizar las tendencias a largo plazo en la geopolítica del capital, y este ensayo ofrece una nueva metodología para hacerlo, al revelar el asombroso predominio de Estados Unidos en múltiples estructuras.

¿Qué tendría que hacer China para “salvar al mundo” del imperialismo estadounidense y del capitalismo en sí, que impulsan la explotación, la opresión y el ecocidio industrial? Firmar tratados de defensa mutua con tantos países como sea posible (desde 1949, China ha preferido mantenerse al margen), ayudar a la industrialización del Sur global, entre otras cosas mediante la transferencia de tecnología y la fabricación (no solo con el desarrollo de infraestructura y la desindustrialización de la extracción de recursos), avanzar hacia la desdolarización mediante la creación de una divisa internacional alternativa que no esté corrompida por los intereses nacionales (es decir, distinta del renminbi), aumentar rápidamente el bienestar social en China y en el extranjero para mejorar el nivel de vida, reducir drásticamente la quema de combustibles fósiles y ayudar a otros países a hacer lo mismo.

Pero mientras China siga siendo capitalista, no tendrá incentivo alguno para transformar de manera fundamental el capitalismo internacional, especialmente cuando su rival hegemónico está dispuesto a provocar la Tercera Guerra Mundial para defender su poder. Por lo tanto, los trabajadores chinos deberán iniciar primero una nueva revolución socialista para eliminar el capitalismo de China, quizás en colaboración con revoluciones en todo el planeta para eliminar la lógica de la acumulación infinita del capital a través de la explotación y la opresión de clases –sobre todo en Estados Unidos, para liberarse del yugo mundial de su clase dominante. Por supuesto, es mucho pedir. Pero si hay un país que encarna el dicho de Marx “todo lo sólido se desvanece en el aire” ese es China desde 1911, que pasó por numerosas revoluciones y contrarrevoluciones: las pesadillas ya se han convertido antes en sueños chinos.

Traducción: Álvaro Queiruga

Introducción

La formación del BRICS es uno de los principales rasgos de la globalización del siglo XXI. Formado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el grupo se ha convertido en una plataforma política y económica desde finales de la década de la primera década del siglo XXI. El auge de los BRICS reforzó el arraigado imaginario de la “modernización” y el “desarrollo” en el Sur global,¹ que dio lugar a un cierto optimismo sobre la capacidad de estos países para convertirse en una alternativa a la hegemonía occidental. Casi 20 años después, los BRICS siguen respondiendo a este ideal, ya que las tensiones geopolíticas han aumentado y más de 20 países han solicitado su adhesión al grupo (BBC, 2024). Entre ellos figuran países ricos productores y exportadores de petróleo como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán, además de Etiopía. Esto ha llevado a algunos a afirmar que los BRICS podrían desplazar el centro de gravedad del mundo (The Tricontinental, 2023).

En este ensayo, presento tres formas de analizar el BRICS: una perspectiva geopolítica descendente, una visión horizontal de las relaciones dentro del BRICS y un examen ascendente de las asimetrías de poder y la explotación entre los actuales miembros del BRICS y otros países y regiones del Sur global.² Dada la compleja coyuntura internacional, la geopolítica atraviesa nuestras realidades cotidianas, aunque, por supuesto, el análisis geopolítico no proporciona por sí solo el panorama completo del capitalismo global contemporáneo. Aquí introduzco otros elementos que podrían ayudar a reposicionar el debate y superar las viejas dicotomías Norte-Sur y Occidente-Oriente.

Los BRICS y el poder internacional

El grupo BRICS se formó gradualmente durante la primera década del siglo XX, a partir de un acrónimo acuñado por Goldman Sachs (2023)  para identificar mercados prometedores para la inversión económica y financiera. En 2003, se creó el Foro de Diálogo de la Iniciativa India-Brasil-Sudáfrica (IBSA) como una coalición entre esos países, con el objetivo de fomentar la cooperación Sur-Sur. En 2006, Brasil, China, India y Rusia comenzaron a reunirse al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que puso de manifiesto su creciente alineamiento. La primera cumbre oficial del BRICS se celebró en 2009 en Rusia, inaugurando una serie de reuniones anuales que ampliaron progresivamente el alcance del bloque más allá de su concepción inicial orientada al mercado. Por supuesto que no se trató de la primera alineación de este tipo entre países del Sur global. Algunas coaliciones anteriores incluyen el Movimiento de Países No Alineados, la coalición de las Naciones Unidas para un Nuevo Orden Económico Internacional, así como proyectos de integración regional, como el ALBA y UNASUR en América Latina.⁴

El primer análisis, y el más común, de los países BRICS es la visión descendente que considera el sistema internacional como un conjunto de Estados que buscan mantener o aumentar su poder en un entorno de competencia entre ellos. Desde esta perspectiva, los BRICS buscan acumular capacidades económicas, políticas y militares frente a Estados Unidos y Europa, principalmente la Unión Europea.

En el contexto de la crisis financiera mundial de 2008, los BRICS trataron de actuar de manera coordinada en los foros multilaterales para exigir la reforma de las instituciones de gobernanza mundial. Esto ha sido un punto de tensión, ya que algunas potencias occidentales y de otras regiones han tratado de aplazar o incluso impedir esas reformas en las instituciones multilaterales y financieras creadas en el período de posguerra, lo que ha suscitado expectativas sobre el potencial “contrahegemónico” de los BRICS. Radka Desai señaló con un tono optimista que

“desde el Movimiento de Países No Alineados y el llamamiento a un nuevo orden económico en la década del setenta, el mundo no había visto una oposición tan coordinada a la hegemonía occidental en la economía mundial por parte de los países en desarrollo”.

Walden Bello también considera que el papel de los BRICS es positivo para el Sur global, ya que proporciona un contrapeso en las negociaciones con los países e instituciones occidentales.⁵ Por el contrario, Ray Kiely sostiene que el auge de los BRICS ha supuesto una mayor integración en la globalización, y no al revés: “El auge de estos países no obedece tanto a las desviaciones del capitalismo de Estado respecto a las recetas neoliberales originadas en Occidente, sino más bien a la adopción de políticas favorables a la globalización”. (Kiely, 2015, pp.2-3).

Tras la crisis financiera mundial, la agenda común de los BRICS era reformar las instituciones de Bretton Woods, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, junto con Patrick Bond, he argumentado que la posición de los BRICS no era de confrontación ni de reclamo del fin de la globalización neoliberal, sino más bien de exigir un “puesto en la mesa” para tener más voz y participación en las instituciones existentes. (Bond y García, 2015). En un artículo publicado a principios de 2013, Vijay Prashad argumenta que los BRICS representan un intento conservador de las potencias del Sur (y de Oriente) de ocupar un lugar acorde con su importancia económica mundial. En otras palabras, los países BRICS han tratado de demostrar que existe una contradicción entre su potencial económico y su papel político. Si bien la agenda reformista ha creado tensiones, hasta la fecha está lejos de suponer un contrapeso geopolítico a Occidente.

La ocupación de Crimea por parte de Rusia en 2014 marcó un punto de inflexión para la alianza BRICS, que pasó de centrarse en la reforma económica a ser considerada cada vez más como un contrapeso geopolítico. Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia son anteriores a 2022, y las tensiones geopolíticas posteriores entre los países del BRICS y Occidente han seguido aumentando. Tras la elección de Donald Trump en 2016, Estados Unidos se centró cada vez más en contener la expansión tecnológica de China. A principios de 2022 (Glodman Sachs, 2003), con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en ocasiones se presentó al mundo como “Occidente contra Oriente”. A medida que el BRICS dejó de ser un bloque económico para convertirse en una alianza cada vez más geopolítica, la agenda prioritaria común ya no consiste solo en reformar las instituciones financieras internacionales, sino construir nuevas alianzas y crear nuevas instituciones que puedan lograr un “mundo multipolar” (Xinhua, 2024). Así, el grupo BRICS se ha convertido en un imán para los países que no encajan en las estructuras del orden internacional dominado por Estados Unidos.

Dos cuestiones han definido el momento geopolítico de los BRICS: su expansión para incluir nuevos miembros y la reducción de la dependencia del dólar estadounidense. La expansión siempre ha estado en la agenda china, que promovió la inclusión de Sudáfrica en el BRICS en 2011, pero desde entonces se ha visto reforzada por Rusia. En 2023, se invitó a seis países a unirse: Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. (BRICS – U. Of Toronto, 2023). Cabe destacar la inclusión de Arabia Saudita, un aliado histórico de Estados Unidos en Oriente Medio, y de su enemigo acérrimo, Irán, que sigue bajo sanciones estadounidenses; y que China ha actuado recientemente como mediador para resolver las tensiones entre ambos países. (Al Jazeera, 2023). En la Cumbre de Kazán de 2024, Turquía, que es miembro de la OTAN, se unió al BRICS como socio estratégico, junto con Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Malasia, Kazajistán, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Tailandia y Vietnam.⁶

La decisión de Brasil de incluir a Argentina (con el objetivo de equilibrar la composición latinoamericana del BRICS) era arriesgada, ya que el país se enfrentaba a elecciones y el candidato de extrema derecha, ahora presidente, Javier Milei, es hostil a China y cercano a Trump, por lo que rechazó la invitación a unirse al grupo. Al mismo tiempo, Argentina sigue dependiendo enormemente del apoyo financiero chino para superar los bloqueos impuestos por los mercados financieros y acceder a crédito y recursos que no se calculan en dólares estadounidenses. En este sentido, a pesar de la retórica, Milei ha renovado los acuerdos establecidos por los anteriores Gobiernos peronistas para intercambios en renminbi y pesos.⁷

Esto nos lleva a la segunda cuestión que marca el momento geopolítico: reducir la dependencia del dólar estadounidense y crear mecanismos comerciales y crediticios en monedas locales. Youfen Li ha señalado que

“la India ha comenzado a comprar petróleo ruso en renminbi, moneda saudita y rublos. Rusia y China han comercializado petróleo, carbón y metales rusos en renminbi. Rusia y un grupo de países africanos han iniciado conversaciones para establecer acuerdos en monedas nacionales, eliminando tanto el dólar estadounidense como el euro”.

Brasil y China han anunciado la creación de una cámara de compensación para permitir transacciones comerciales y préstamos en renminbi /Sanches,2023). Como parte de las sanciones contra Rusia, Estados Unidos ha congelado sus reservas internacionales, lo que ha provocado un aumento de la cuota del renminbi en el comercio entre China y Rusia.

La presidencia de Rusia del BRICS en 2024 impulsó esta agenda. La Declaración de Kazán (BRICS, 2024) anunció varias iniciativas nuevas, en particular la creación de nuevas infraestructuras para las transacciones financieras en monedas locales, entre ellas, el Mecanismo de Cooperación Interbancaria del BRICS para facilitar enfoques financieros innovadores, incluida la exploración de mecanismos de financiación en moneda local; la Iniciativa de Pagos Transfronterizos del BRICS, una iniciativa voluntaria y no vinculante destinada a reforzar las redes de corresponsalía bancaria entre los países BRICS y permitir las liquidaciones en monedas locales; BRICS Clear, diseñada para proporcionar una compensación y liquidación transfronteriza independiente, complementando la infraestructura financiera existente; y la capacidad de reaseguro independiente del BRICS, incluida la Compañía de (Rea)Seguro del BRICS, con participación voluntaria.

Su Estrategia General 2022-2026 establece que el Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS tiene como objetivo que el 30% de su financiación se realice en las monedas locales de sus miembros para 2026 (NDB, 2022). Su informe anual de 2021 indicaba que, a finales de ese año, el 23 % de los préstamos acumulados aprobados se habían concedido en moneda local, y que en China habían alcanzado el 70% en el mismo año. (Nuevo Banco de Desarrollo, 2021).

Relaciones intra BRICS

Una segunda forma de analizar el BRICS es desde una perspectiva horizontal (o “lateral”), analizando las relaciones dentro del bloque e identificando sus convergencias y asimetrías. En los últimos 15 años, el BRICS ha creado nuevas instituciones y ampliado el alcance de la cooperación dentro del bloque (Ramos et al., 2018). Algunos ejemplos son las reuniones anuales de ministros de Asuntos Exteriores al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas; las reuniones periódicas de grupos de trabajo sectoriales, como el de salud; las reuniones de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales en el G20; y la creación del Nuevo Banco de Desarrollo⁸ y el Acuerdo de Contingencia de Reservas. Este bloque también reconoce a otros organismos no gubernamentales, como el Consejo Empresarial del BRICS, el Consejo de Grupos de Estudios del BRICS y el Foro Académico,⁹ el Consejo Civil de los BRICS y el “BRICS desde abajo” (Bond y Gasrcía, 2021).

Sin embargo, mi investigación realizada para el Instituto PACS y ActionAid Brasil (Saggioro García, 2018) sobre la inversión china en Brasil, India y Sudáfrica reveló la persistencia de asimetrías económicas entre los países del BRICS, debido principalmente al dominio económico de China. Los datos del Trade Map  destacan aún más estas disparidades.¹⁰

Tres países del BRICS, Brasil, Rusia y Sudáfrica, mantienen superávits comerciales con China, aunque sus exportaciones son en gran medida materias primas agrícolas y minerales. Por ejemplo, entre 2013 y 2023, las tres principales exportaciones de Brasil a China −semillas oleaginosas, minerales y combustibles minerales− representaron el 80,72% del total de sus exportaciones. Del mismo modo, el 63,78% del comercio de Sudáfrica con China correspondió a perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas, metales preciosos, minerales, escorias, cenizas, hierro y acero. Las exportaciones de Rusia a China también dependieron en gran medida de las materias primas, ya que el petróleo crudo, el petróleo refinado, el gas natural y el carbón representaron el 67% de su comercio durante el mismo período. La India es el único país del BRICS que mantiene un déficit comercial con China y, a pesar de que sus exportaciones se centran principalmente en productos primarios, están más diversificadas. Entre 2013 y 2023, los minerales, el pescado y los crustáceos y los productos químicos orgánicos representaron el 35,6% de sus exportaciones totales a China.¹¹

Por el contrario, las exportaciones de China dentro del BRICS se concentran en productos industriales avanzados, como maquinaria y equipo eléctrico, aparatos de grabación y reproducción de audio y televisión, piezas y accesorios para estos productos, así como reactores nucleares, calderas y otros aparatos mecánicos. Esta asimetría pone de relieve la diversidad de la dinámica comercial entre los países del BRICS, ya que China suministra productos manufacturados de mayor valor, mientras que los demás dependen de la exportación de materias primas y productos mínimamente procesados. Estos patrones comerciales reflejan la tradicional división internacional del trabajo, centrada en China, y se reflejan además en el flujo de inversión extranjera directa entre los países del BRICS, lo que refuerza los desequilibrios económicos dentro del bloque.

Otras investigaciones recientes del BRICS Policy Center (García et al., 2023b) han profundizado el análisis y la comparación con la inversión extranjera directa china en Brasil y Sudáfrica. China es el principal socio comercial de ambos países desde 2009 y una de las fuentes más importantes de préstamos e inversión extranjera directa. En el ámbito político, Brasil y Sudáfrica son ahora socios importantes de China en sus respectivas regiones, así como en el BRICS y otros foros multilaterales, como el Foro de Cooperación China-África (FOCAC) y el Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Desde una perspectiva histórica, los países de América Latina y el Caribe y África necesitan apoyar la diversificación de asociaciones económicas que podrían contrarrestar la omnipresencia de los Estados Unidos y la Unión Europea en estas regiones. ¿En qué medida las inversiones Sur-Sur podrían crear nuevas oportunidades para un desarrollo socioambiental más equitativo y sostenible? ¿Y en qué medida estas inversiones reproducen la división tradicional del trabajo a nivel internacional, generan la explotación de la mano de obra y los recursos naturales, y crean nuevas asimetrías?

Sobre la base de estudios de caso del Parque Industrial de Manaos (García et al., 2023a) en la Amazonia brasileña, y de la Zona Económica Especial de Musina-Makhado, en la provincia de Limpopo, en Sudáfrica (Thompson, 2023), mis colegas y yo hemos demostrado que, dentro del modo de producción capitalista, las inversiones Sur-Sur no ofrecen una alternativa económica positiva para los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente locales (García. Thompson y Brito, 2024). Por ejemplo, en nuestra investigación sobre cuatro fábricas chinas en el Parque Industrial de Manaos, en Brasil, los trabajadores denunciaron un empeoramiento de las condiciones laborales, ya que las empresas chinas pagan salarios más bajos y ofrecen menos prestaciones e incentivos que otras empresas mundiales comparables del sector manufacturero. Además, las fábricas tienden a centralizar en la sede la toma de decisiones sobre la contratación de personal, lo que deja poca autonomía o capacidad creativa a los trabajadores locales.

Los BRICS y la acumulación de capital en el Sur global

Esto nos lleva a un tercer enfoque para analizar los BRICS, centrado en sus relaciones con otros países y regiones en desarrollo de África, Asia y América Latina. Esta perspectiva adopta un enfoque ascendente, que considera la forma en que cada país miembro del BRICS funciona como potencia regional, esforzándose por influir y acumular poder económico sobre los países más pobres. Desentraña las jerarquías dentro del Sur global y también abarca los antagonismos y conflictos que involucran a las fuerzas sociales que se resisten a los megaproyectos extractivos impulsados por las empresas multinacionales, así como por las instituciones financieras de los países del BRICS.

Patrick Bond considera a los BRICS como potencias subimperiales, caracterizadas por la superexplotación de la mano de obra y la colaboración (aunque con tensiones) con las potencias imperiales.[11] Bond se basa en la idea de David Harvey de nuevos centros de acumulación de capital en desarrollo que necesitan soluciones temporales y espaciales para deshacerse de su capital excedente. Harvey había argumentado que un gran volumen de inversión extranjera directa china fluye a través de África y América Latina, lo cual sitúa a las empresas chinas (e indias) en el centro de las cadenas de productos básicos minerales y agrícolas, el extractivismo y el acaparamiento de tierras. Algunos ejemplos son las acciones de la empresa minera brasileña Vale en Mozambique, que han provocado el desplazamiento de comunidades, la degradación del medio ambiente y violaciones de los derechos laborales (Marshall, 2015); los impactos de las empresas petroleras y mineras chinas en Ecuador (Bonilla Martínez, 2014), Perú (Rodríguez y Bazán Seminario, 2023) y países de diferentes partes de África (Lee, 2017); y las empresas mineras rusas en Zimbabwe (Amsi et al., 2015). Los proyectos de infraestructura, como los oleoductos, han afectado a los territorios comunitarios, como es el caso del oleoducto de crudo de África Oriental (EACOP) entre Tanzania y Uganda (HRW, 2023), en el que participan la empresa francesa Total y la empresa china CNOOC. Representantes comunitarios y movimientos de solidaridad se movilizaron en toda África en contra del proyecto y participaron en las protestas durante la Cumbre del BRICS en Johannesburgo en agosto de 2023, como parte de la reunión informativa BRICS desde abajo.¹²

Pradraig Carmody (2015) sostiene que el capital sudafricano y chino suelen colaborar para explotar los recursos naturales y dominar el continente africano. En América Latina, muchos intelectuales de izquierda, como Atilio Borón, consideran que las relaciones con China son una alternativa al imperialismo estadounidense, que podría fomentar espacios políticos más autónomos para iniciativas de integración regional e instituciones regionales libres de la injerencia estadounidense (cit. en Svampa y Slipak, 2015). Otros, sin embargo, analizan la relación con China como desigual y dependiente del comercio y la inversión, que sirve para garantizar el suministro de materias primas y facilitar la apertura de mercados para los productos y servicios de alta tecnología de las empresas chinas (García, Misra y Lannes, 2023).

Más recientemente, he profundizado en la cuestión de los acuerdos de facilitación y protección de las inversiones entre países del Sur global, analizando más detenidamente los acuerdos de inversión de los BRICS con países africanos y latinoamericanos (Saggioro García y Curty Pererira, 2023; García y Rodríguez, 2024). Un tratado bilateral de inversión es un instrumento jurídico que protege las inversiones y a los inversores en el territorio de la otra parte contra la nacionalización, la expropiación y otras medidas similares sin proporcionar una indemnización adecuada. Según Juan Hernández Zubizarreta, estos acuerdos son una expresión del poder corporativo en el capitalismo global que representa una nueva Lex Mercatoria (Hernández Zubizarreta y Ramiro, 2016). Además, opina que generan una asimetría normativa (Hernández Zubizarreta, 2015) al garantizar que las empresas transnacionales obtengan derechos comerciales, frente a los cuales el derecho internacional de los derechos humanos es frágil. En toda la región de América Latina y el Caribe, los movimientos sociales han desempeñado un papel importante en el debate y el compromiso crítico sobre los acuerdos de inversión y de libre comercio (TLC), liderando importantes campañas de resistencia a lo largo de los años noventa y 2000 (América Latina en Movimiento, 2013).

Aunque los tratados bilaterales de inversión (TBI) se caracterizan por acuerdos asimétricos entre países más ricos y más pobres, el número de tratados firmados por estos últimos ha aumentado desde la década de 2000. Por ejemplo, de los TBI firmados por países del BRICS, China es ahora el líder mundial: 145 TBI firmados y 124 en vigor (UNCTAD, 2024). En la región de América Latina y el Caribe, China tiene 15 TBI y cuatro TLC, así como 34 TBI en África.

En una investigación que realicé en 2023 sobre los acuerdos del BRICS con países africanos y latinoamericanos,¹³ concluí que, aunque algunos países BRICS han impulsado de diversas maneras reformas del régimen internacional de inversiones, con la excepción de Brasil, todos ellos utilizan el modelo tradicional de TBI. Sudáfrica y la India han rescindido los tratados de la antigua generación: Sudáfrica ha elaborado una nueva ley nacional para sustituir los TBI, y la India ha desarrollado un nuevo modelo restrictivo; Rusia también ha publicado nuevas directrices para la negociación de TBI. Brasil es el que ha ido más lejos, al desarrollar un modelo totalmente nuevo que no incluye la solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). Por el contrario, China ha aprovechado los acuerdos existentes y no ha desarrollado un modelo de TBI reformado o alternativo, adaptando el modelo actual a cada país con el que negocia.

Sin embargo, a pesar del enfoque reformista en sus relaciones con América Latina y el Caribe, así como con los países africanos, el uso por parte de los BRICS del modelo tradicional de TBI −con la excepción de Brasil− refuerza las normas y principios que garantizan los derechos de los inversores extranjeros a expensas del derecho soberano de los Estados de regular en aras del interés público en cuestiones como el medio ambiente, la salud, los derechos laborales y la estabilidad macroeconómica. Como se ha destacado, existen varios casos de ISDS que involucran a empresas multinacionales con sede en países del BRICS contra países de África y América Latina.¹⁴

Rumbo futuro

Estas tres dimensiones del análisis del BRICS son complementarias, ya que, aunque cada una destaca una realidad específica y ninguna ofrece por sí sola una visión completa de los cambios y coyunturas actuales del capitalismo global. Sin embargo, juntas reposicionan el debate más allá de las trilladas dicotomías “Norte-Sur” y “Occidente-Oriente”.

En este sentido, Walter Mignolo (2011) destaca el auge del Sur Global en medio de las crecientes tensiones entre dos trayectorias: la “reoccidentalización” y la “desoccidentalización”, ambas sustentadas por economías capitalistas. Mignolo hace hincapié en la lucha entre Oriente y Occidente por el control de la “matriz colonial del poder”, que abarca el conocimiento, la subjetividad, el género, la sexualidad, la economía y la autoridad, y tiene como ejes transversales el racismo y el patriarcado. En lugar de ofrecer una alternativa a la opresión capitalista, ambos operan dentro de marcos capitalistas moldeados por sus distintas historias locales.

Del mismo modo, es necesario reflexionar más profundamente sobre el significado del “Sur global” y sus diferentes usos. Como sugiere Aude Darnal (2023), el Sur global no es simplemente una categoría geográfica, económica o de desarrollo, sino que abarca diversos Estados que buscan promover la descentralización y la multipolaridad en la economía política global y reducir el dominio de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Por lo tanto, aunque el Sur global es una categoría que ayuda a promover determinadas políticas en el ámbito internacional, no siempre es necesariamente positiva en términos de avances socioambientales y derechos humanos. Si bien el discurso actual del Sur global sirve para fomentar un sentido de identidad común entre los países de bajos ingresos o periféricos, es necesario examinarlo con detenimiento para lograr una agenda Sur-Sur más equitativa y mutuamente beneficiosa. Esto significa mejorar la calidad de la cooperación Sur-Sur. Por ejemplo, es necesario mejorar las relaciones entre Brasil y Sudáfrica mediante intercambios y el desarrollo de estrategias conjuntas basadas en programas de desarrollo que antepongan las necesidades de las personas a los beneficios económicos. La transferencia de tecnología Sur-Sur y la cooperación eficaz en ámbitos como la salud, el medio ambiente, la agricultura y la energía son fundamentales para lograr mejores condiciones sociales y laborales para la mayoría: las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones negras, los pequeños agricultores, los trabajadores, etcétera. El BRICS podrían convertirse en un espacio multilateral para que las fuerzas sociales progresistas impulsen estas agendas, pero aún queda un largo camino por recorrer.

Traducción: Nuria del Viso (FUHEM)

Introducción

La rivalidad geopolítica ha regresado para vengarse. Lo que comenzó como una competencia geoeconómica entre Estados Unidos y China ahora incluye además a la Unión Europea y Rusia, y se ha convertido en una competencia en toda regla que hemos denominado “Segunda Guerra Fría” (Schindler, 2024). A diferencia de su predecesor, este nuevo conflicto no se centra en la ideología o la expansión territorial, sino en el control de redes mundiales estratégicas. El exdirector de la Agencia Central de Inteligencia [CIA] y exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo lo expresó de la siguiente manera: “No se trata de contención […] sino que estamos ante un nuevo y complejo desafío que jamás hemos enfrentado antes. La Unión Soviética estaba aislada del mundo libre. La China comunista ya es parte del mundo” ¹. El elemento central de esta Segunda Guerra Fría es la firme determinación de Estados Unidos de mantener su dominio mundial, incluso cuando su poder, aunque sigue siendo considerable, disminuye gradualmente en relación con el poder cada vez mayor de China (v. Lieven, 2022).

Los Gobiernos del mundo están respondiendo mediante la ampliación de sus funciones como actores de política industrial e inversores-accionistas. A fin de ejercer control sobre nodos fundamentales de las redes económicas mundiales, están aplicando políticas tecnoindustriales, utilizando fondos soberanos, bancos de orientación política, empresas públicas y otras formas de propiedad estatal. Aunque esta tendencia quizá no contribuya a disminuir la integración económica mundial, introduce una realpolitik o lógica pragmática a las conexiones transnacionales en las que se basa la globalización. Para  entender la importancia de este fenómeno, introducimos la noción de geopolítica estatal-capitalista, registramos su surgimiento y exploramos sus manifestaciones clave y posibilidades futuras. La geopolítica estatal-capitalista está transformando la estructura de la economía mundial y reconfigurando el terreno político  mediante oportunidades estratégicas para los países del Sur Global y los movimientos sociales progresistas transnacionales en todo el mundo.²

De contención a conectividad: el surgimiento de la geopolítica estatal-capitalista

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin y la victoria de los Aliados era inminente, Winston Churchill y Joseph  Stalin se reunieron en Moscú para dividir el mundo de la posguerra. Tenían más aspectos en común de los que habrían admitido. Ambos disfrutaban los debates  geopolíticos y el espionaje clandestino que caracterizaron su primera reunión cara a cara. Se pusieron de acuerdo en el porcentaje de control que cada uno  ejercería en los diversos países tras el fin de la guerra: la Unión Soviética [URSS] obtuvo el 90 % de influencia en Rumania; Gran Bretaña obtuvo el 90 % en Grecia, y cada uno se quedó con un 50 % de control sobre Hungría y Yugoslavia.³ Este acuerdo informal fue posteriormente consolidado en la Conferencia de Yalta, cuando ambos líderes se reunieron con el entonces Presidente de Estados Unidos, Roosevelt, para fundar el orden mundial de la posguerra.

El aparente intento de cooperación entre los exiliados durante la posguerra finalizó abruptamente con el estallido de la Guerra de Corea (Radchenko, 2024). A medida que se afianzó la Guerra Fría, las esferas de influencia acordadas en Yalta se convirtieron en bloques territoriales. La geopolítica de la Guerra Fría  en  las décadas siguientes  significó una renegociación del acuerdo de Yalta, dado que tanto Estados Unidos como la URSS intentaban expandir sus bloques. La contención de la influencia comunista se convirtió en la piedra angular de la estrategia geopolítica estadounidense por temor a que si un país se volvía comunista provocaría un efecto dominó que haría “caer”, uno tras otro, a los países vecinos. Los soviéticos intentaron impedir el “cerco  capitalista” al dificultar la expansión del sistema de alianzas de Estados Unidos. Ambas potencias procuraron atraer a países recientemente descolonizados a sus respectivos bloques.

Ya en la década de los ochenta, el escenario estratégico había cambiado drásticamente. La URSS estaba rezagada con respecto a Estados Unidos en materia de desarrollo tecnológico, perspectivas económicas e influencia internacional. El ambicioso programa de reforma de Gorbachov para hacer frente a estos problemas terminó por desestabilizar al Partido Comunista y ello provocó la disolución de la URSS en 1991. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. Bajo la presidencia de Bill Clinton, Washington amplió la escala y el alcance  de las instituciones internacionales que integraban el exbloque de Occidente (Achcar, 2023). Este proyecto neoliberal mundial constituía una agenda maximalista de liberalización económica, comercial y financiera, que estuvo acompañada por el aislamiento de los mercados de la política democrática. En esta nueva era las empresas multinacionales, fundamentalmente de Estados Unidos, Europa y Japón, trasladaron su producción al extranjero, donde la mano de obra era barata y carecía de poder. También externalizaron a los productores locales, creando redes de producción complejas de múltiples etapas y alcance verdaderamente mundial (Coe et al., 2004).

Los responsables de la elaboración de políticas de Estados Unidos consideraban que la interdependencia económica reduciría el conflicto, dado que a los Estados no les convenía ser excluidos de una economía conectada a nivel mundial. Los países que seguían desconectados de las redes mundiales eran considerados una  amenaza al orden internacional liderado por Estados Unidos debido a que no podían someterse a la disciplina del mercado, lo cual explica por qué el principal imperativo estratégico de Washington era integrar a las personas, los países y las regiones a la economía mundial, de ser necesario por la fuerza. Los expertos se refirieron a este fenómeno como geopolítica neoliberal: “El peligro ya no se percibe como algo que debe contenerse y mantenerse a distancia.  Ahora, en un contraste absoluto, el peligro es en sí definido como desconexión del sistema mundial” (Roberts, Secor y Sparke, 2003). Muchos países establecieron conexiones con redes mundiales bajo coerción. Las instituciones financieras internacionales impusieron programas de ajuste estructural para reducir los obstáculos a la movilidad del capital, mientras que Estados como Cuba, Irán y Libia soportaron sanciones impuestas tanto por Estados Unidos como a nivel internacional. Al mismo tiempo, la invasión de Estados Unidos a Irak demostró que Washington estaba dispuesto a aplicar “mano dura” para ampliar las redes mundiales. La Autoridad Provisional de la Coalición, liderada por Estados Unidos, aprobó 100 decretos administrativos en sus primeros 14 meses, liberalizando ampliamente la maltrecha economía iraquí.

A fines del siglo XX y comienzos del XXI comenzaron a aparecer grietas en el sistema, cuando el proyecto de globalización neoliberal fue sacudido por una serie de crisis políticas y económicas, y el denominado Consenso de Washington atravesaba dificultades y comenzaba a fracasar (Rodrik, 2006). La liberalización del comercio  y la inversión se estancaron como resultado del fracaso de la ronda de negociaciones de Doha de la Organización Mundial del Comercio [OMC] en 2001, cuando los Gobiernos de los países de menores ingresos (al verse enfrentados a presiones sociales) ya no estuvieron dispuestos  a aceptar la promesa de que liberalizar el comercio sería la “salvación” para todos. La crisis financiera de Asia en 1997 también generó renuencia a adoptar la liberalización financiera, y en América  Latina se produjo una “ola rosada”, con la llegada de Gobiernos de izquierda al poder. La crisis financiera mundial de 2008 erosionó aún más la confianza en el modelo neoliberal. Tras esta crisis, Estados Unidos y China proporcionaron el contrapeso que mantuvo a la economía en pie, mediante la adopción de medidas estatistas decisivas para mantener la liquidez mundial y la inversión en la economía real (Tooze, 2018).

La crisis financiera también desencadenó el regreso de la competencia entre las grandes potencias, dado que puso de manifiesto las fallas del orden económico internacional liderado por Estados Unidos. La respuesta asertiva de Beijing y el robo generalizado de la propiedad intelectual alienó aún más a las empresas multinacionales que tenían grandes inversiones en China (Hung, 2022). La respuesta de Estados Unidos se centró en dos aspectos. Desde el punto de vista geopolítico, dio la señal de estar dispuesto a utilizar la fuerza  para  limitar el creciente poder naval  de China en el mar de China Meridional, al tiempo que intentó promover una mayor integración económica. La iniciativa emblemática del Gobierno de Obama, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, seguía estrechamente vinculado a las prácticas geopolíticas neoliberales. Si bien el acuerdo buscaba la integración de las economías de Asia y el Pacífico, excluía condicionalmente a China, aceptando su inclusión únicamente si esta desmantelaba su economía estatista (una exigencia imposible).

No obstante, el Gobierno de Trump marcó un quiebre decisivo con la política de incluir a China, mediante la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2017, en la que se definió oficialmente a China y Rusia como adversarios. Fue la primera vez en más de 20 años que “Estados hostiles”, en lugar de grupos terroristas no estatales, fueron identificados como la principal amenaza a Estados Unidos, y se abandonó la hipótesis de que la participación económica podía convertir a rivales en socios.⁴

Como  lo establecía  la Estrategia  de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2017:

Estas competencias obligan a Estados Unidos a repensar las políticas de los últimos 20 años, que se basaban en el supuesto de que la colaboración con rivales y su inclusión en las instituciones internacionales y el comercio mundial los convertiría en actores benéficos y fiables. En general, esta premisa  resultó  ser falsa.

China  respondió a las provocaciones del Gobierno de Trump mediante preparativos cada vez más amplios para reducir su dependencia tecnológica y económica de Estados Unidos, mediante el aumento del control estatal de industrias clave y de la banca, y al centrarse en los sectores estratégicos de la alta tecnología.

La competencia geopolítica actual  se ha intensificado y se ha convertido en una  Segunda  Guerra Fría –un conflicto arraigado que abarca a toda  la sociedad  y no tiene muchas perspectivas de resolverse rápidamente–. Sin embargo, a diferencia de la primera Guerra Fría, Estados Unidos no puede esperar  “contener” territorialmente a China en la actualidad, lo cual es indispensable para la economía mundial. En 2024, por ejemplo, la producción de ese país representó alrededor del 35 % de la fabricación mundial (Norton, 2024). Sin embargo, habida cuenta de que Estados Unidos ha descartado una mayor colaboración económica entre ambos  países, es preciso adoptar una nueva orientación estratégica. El nuevo campo de batalla gira en torno al control de las redes mundiales –de las cadenas de suministro de los semiconductores y la producción de vehículos  eléctricos, a las plataformas digitales, la infraestructura para el transporte y los sistemas de pagos. El control de estas redes transnacionales ofrece la posibilidad de ejercer el poder adecuadamente durante el siglo actual.  Estados Unidos, China y las potencias regionales están ampliando su papel como actores económicos, dado que compiten para definir la geografía de estas redes, establecer normas de participación, erigir obstáculos al ingreso de opositores y controlar sus nodos más estratégicos. Nos referimos a este fenómeno como geopolítica estatal-capitalista.

Gráfico 1.

Fuente: R. Baldwin/MD (2024) con base en datos de la OCDE.

La nueva era de la geopolítica estatal-capitalista

La geopolítica estatal-capitalista no funciona como una doctrina coherente, sino como un conjunto de prácticas en evolución. A medida que el mundo se ajusta a una nueva fase de rivalidad geopolítica en el contexto de una interconexión profunda que impide la contención o conexión como únicas opciones  viables, los Estados se ven impulsados a desarrollar estrategias nuevas para participar en la política de la fuerza. Ello, por supuesto, no significa que la geopolítica territorializada y la doctrina militar ya no sean importantes, como lamentablemente ha quedado claro tras la brutal invasión de Rusia en Ucrania  y la guerra genocida de Israel en Gaza y el Líbano. El papel de Estados Unidos en alimentar estos conflictos, su creciente incapacidad o falta de voluntad para gestionar otros y el peso cada vez mayor de las potencias del medio han provocado colectivamente un aumento marcado de la violencia intraestatal en las últimas décadas (Shidore, 2023; Vision  of Humanity, 2024). No obstante, como  se ilustrará más adelante, la estructura de la economía es tal que  de hecho  obliga  a que la competencia geopolítica adopte una nueva forma, centrada en las redes.

La geopolítica estatal-capitalista también implica una expansión y reconfiguración drásticas de las funciones de los Estados como actores de políticas  industriales, catalizadores de tecnología e innovación, contralores de nodos financieros e infraestructura clave, financiadores de defensores nacionales y sectores estratégicos, inversores-accionistas y propietarios directos de capital y activos. Es así que, además de los aranceles comerciales, las restricciones a la inversión  extranjera, los controles de las exportaciones, las sanciones financieras y otras medidas económicas defensivas u ofensivas, las formas emblemáticas de la geopolítica estatal-capitalista también incluyen aspectos como nuevas formas de políticas tecnoindustriales, fondos soberanos, bancos  de orientación política, empresas públicas, fondos públicos de capital de riesgo y otras empresas controladas por el Estado.⁵ Más que simplemente fomentar la inversión y el crecimiento, estos instrumentos y vehículos de políticas brindan a los Estados la capacidad de ejercer diferentes grados de propiedad y control respecto del capital y los activos, desde la propiedad estatal absoluta hasta Gobiernos que son propietarios mayoritarios o minoritarios de acciones, al utilizar acciones privilegiadas para mantener los derechos de veto o actuar como inversores pasivos. También les permiten forjar nuevas alianzas entre  Estado y capital con el fin de alcanzar  objetivos  geoestratégicos (Barbesgaard et al., 2024). En resumen, lo que hace de la geopolítica estatal-capitalista un  modo de práctica geopolítica distintivo y cualitativamente diferente es su lógica fundamental (define y controla las redes en las cuales se basa la globalización, controlando sus nodos más estratégicos) y sus herramientas y formas emblemáticas (la amplia movilización de intervencionismo económico estatal agresivo y la propiedad estatal renovada).

Para entender por qué los Estados del mundo practican cada vez más la geopolítica estatal-capitalista, debemos observar el desarrollo histórico del capitalismo mundial en los últimos 20 años. Lo que los expertos  llaman un “nuevo capitalismo de Estado” tiene  raíces profundas (Alami y Dixon, 2024). Al menos cuatro factores han impulsado su auge mundial. En primer lugar, las crisis financieras han desempeñado un papel decisivo en la elaboración de nuevas formas de intervencionismo y propiedad estatal. La financiarización del capitalismo implica que los impactos se sienten más rápidamente en el sistema crediticio mundial (la pandemia de COVID-19, por ejemplo, desató un shock financiero que sumergió a muchos países de ingresos medios y bajos en crisis de deuda). Los Gobiernos han tenido que adaptarse a este contexto de mayor vulnerabilidad, mediante la implantación de amplios planes de rescate, recapitalizaciones bancarias e inversiones contracíclicas tras las crisis financieras, mientras que los bancos centrales en los países de ingresos altos y más bajos han desarrollado instrumentos para estabilizar a los mercados financieros y asegurar su funcionamiento adecuado. Por ejemplo, el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos prácticamente se duplicó (con respecto al PIB) en respuesta a la crisis de COVID-19.

En segundo lugar, la reestructuración de la economía mundial y la formación de cadenas mundiales de valor cada vez más complejas han  impulsado a los Estados a realizar intervenciones importantes para asegurar  la “competitividad” de sus economías. De allí el resurgimiento, en los últimos 10 años, de la planificación del desarrollo, las políticas industriales y la inversión a gran escala coordinada por el Estado (a menudo a cargo de empresas públicas, fondos  soberanos  o bancos de desarrollo) en las redes eléctricas, las redes digitales, la infraestructura para el transporte y los sistemas logísticos integrales (Schindler y DiCarlo, 2023). Además, la acumulación de enormes superávits –provenientes, por  ejemplo, de la  consolidación de modelos orientados a la exportación en economías de Asia Oriental y Sudoriental y la “reprimarización” de muchas economías latinoamericanas y africanas–  ha suscitado  la multiplicación de los fondos soberanos y el fuerte crecimiento del control de los activos mundiales. Los fondos soberanos han ampliado sus operaciones a nivel nacional y en el extranjero desde comienzos de la primera década del siglo XXI, en ocasiones en asociación con empresas públicas. En 2024, había 179 fondos soberanos en el mundo, es decir que se septuplicaron con creces desde el año 2000. Estos fondos controlan grandes volúmenes de dinero y capital  (por un valor superior a 12,4 billones de dólares)  y se han convertido en actores fundamentales en los mercados financieros mundiales. El Fondo Monetario Internacional (FMI, 2020) estima que las empresas públicas ahora representan el 20 % de las 2 mil empresas más grandes del mundo, el doble que hace 20 años.

En tercer lugar, la disminución del índice de crecimiento eco- nómico mundial –o incluso  el estancamiento absoluto en algunos países–  ha  aumentado la competencia por  la participación en  el mercado y el acceso a activos estratégicos y oportunidades de inversión en los sectores industriales, desde los agroquímicos a la construcción de buques, aluminio, acero, la producción de energía  a partir del carbón, los paneles solares, la tecnología 5G, etcétera. En respuesta a ello, los Gobiernos están aplicando políticas para apoyar la competitividad internacional de sus empresas y ayudar  a las empresas a desarrollar o adquirir capacidades  estratégicas  para estar a la vanguardia de la frontera tecnológica y de la productividad, como los semiconductores avanzados, las nanotecnologías, la inteligencia artificial  [IA], la computación cuántica, 5G, el Internet de las cosas, la computación en la nube  y la robótica inteligente, entre otros. Las políticas  industriales ambiciosas incluyen subsidios estatales y la creciente movilización de bancos de orientación política y fondos de inversión estatales para inyectar liquidez en la forma de inversión o crédito subsidiado. Los Estados también han aumentado las restricciones al comercio y la inversión y, en algunos  casos, han inyectado propiedad estatal  (en la forma de participación accionaria) en empresas clave para proteger las cadenas de suministro fundamentales de la competencia extranjera, como en los sectores de los semiconductores y las baterías para vehículos eléctricos. Estados Unidos, por ejemplo, ha impuesto aranceles del 100 % a los vehículos eléctricos chinos, mientras que la Unión Europea ha impuesto aranceles a la importación del 38,1%.

En cuarto lugar, este contexto llevó a la elaboración de formas virulentas de nacionalismo económico que eliminan la distinción entre interés económico y seguridad nacional. Desde que se ha ampliado la definición de seguridad nacional, los competidores económicos son representados como amenazas a la soberanía y la integridad de la nación (Drezner, 2024). Para establecer el control de los sectores estratégicos, el nacionalismo económico renovado no duda en movilizar la propiedad estatal, por ejemplo, mediante acciones de fondos de inversión y empresas públicas. Tampoco duda en imponer sanciones comerciales para penalizar a los competidores extranjeros, con fundamentos a menudo cuestionables. Los aranceles aduaneros que la Unión Europea impone a los vehículos eléctricos importados de China ilustran esta tendencia. Estas variedades de nacionalismo económico a menudo tienen trasfondos problemáticos, dado que mezclan el proteccionismo económico con la xenofobia y los prejuicios raciales. La movilización del poder estatal para disciplinar a los competidores extranjeros en nombre de la seguridad nacional suele estar estrechamente vinculada –discursiva, ideológica y materialmente– con el desarrollo de formas coercitivas y represivas de dominación nacional en el mundo.

Gráfico 2.

Fuente: FMI (2023).

En resumen, las crisis, contradicciones y dinámicas competitivas capitalistas han creado las condiciones para una expansión drástica de la propiedad estatal y una proliferación concomitante de las modalidades agresivas de intervencionismo estatal.

La geopolítica estatal-capitalista está redefiniendo la globalización

A medida que la Segunda Guerra Fría se ha intensificado en los últimos años, los Estados poderosos han utilizado estas nuevas herramientas capitalistas cada vez más con fines geopolíticos. Ello no está desatando un proceso de “desglobalización”, es decir una reducción de los flujos mundiales de finanzas,  comercio y servicios, sino que en la mayoría de los casos el objetivo es reconfigurar y ejercer control sobre las redes económicas mundiales que sustentan la globalización. Un ejemplo de ello son las redes de infraestructura, donde los poderes hegemónicos y de rango  medio compiten para financiar, construir y controlar la infraestructura conectiva en los países de ingresos bajos y medios. Los competidores en esta carrera por la infraestructura han creado nuevas  entidades estatales específicas y han ampliado las existentes.

Como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, China coordina a una serie de organismos gubernamentales (como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma), bancos de desarrollo y políticas  (como el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China), empresas públicas (como China  Railway International y China  Machinery Engineering Company) y fondos soberanos (como el Fondo de la Ruta de la Seda y el Fondo de Desarrollo China-África), combinando así la ayuda orientada al desarrollo, los subsidios y los préstamos con tasas de interés por debajo del mercado, créditos a la exportación con orientación comercial y mecanismos de financiación basados en el mercado para la consecución de una gran variedad de proyectos de infraestructura mundiales.

El Programa de Políticas para la Promoción de Sistemas de Infraestructura en el Extranjero del Japón combina, de modo similar, las operaciones de múltiples agencias estatales, incluida la Agencia de Cooperación Internacional del Japón  [JICA] (agencia  oficial de ayuda  para el desarrollo), el Banco de Cooperación Internacional del Japón (créditos a la exportación), Nippon Export and Invesment Insurance [NEXI] (seguro de comercio) y dos fondos estatales de inversión en infraestructura: Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development [JOIN] y Fund Corporation for the Overseas Development of Japan’s Information and Communication Technology [JICT].

La Unión Europea también ha reconfigurado su arquitectura de financiación para el desarrollo con el objetivo de competir mejor. La relación entre el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, los bancos nacionales de desarrollo y los Estados miembros de la Unión Europea se ha modificado para ajustar a estas instituciones a los objetivos geoestratégicos con respecto al desarrollo de infraestructura en países de ingresos más bajos.

De modo similar, Türkiye ha incrementado su apoyo estatal (mediante créditos impositivos, financiación del Türk Eximbank y redes de mecenazgo) para  ayudar a las empresas de construcción turcas a establecerse no solo como principales contratistas, sino también como inversoras en infraestructura pública  y privada  en Oriente Medio, el Magreb  y el África Subsahariana (Calabrese,  2022). Incluso Estados Unidos, que a menudo es considerado renuente a participar en los bancos de desarrollo de propiedad estatal, ha ampliado las prerrogativas y el presupuesto de la Corporación Financiera de Desarrollo  Internacional de los Estados Unidos para que compita en la carrera  por la infraestructura (Departamento de Estado de Estados Unidos,  2024). Washington también está intentando forjar nuevas alianzas entre Estado y capital para competir a nivel internacional.

La deuda de transición de los mercados emergentes es un ejemplo de ello. Se trata de una asociación entre el Tesoro de Estados Unidos y los administradores de activos mundiales, cuyo objetivo es canalizar el capital privado de inversores institucionales a infraestructura limpia, tecnología limpia y descarbonización, mientras, según la exsecretaria del Tesoro Janet  Yellen, “se promueven las prioridades clave del Tesoro” (2024).

La geopolítica estatal-capitalista también está desempeñando un papel cada vez más importante en las redes de producción mundiales. Ello se puede  observar en los sectores digital y de fabricación avanzada, como los semiconductores y la IA. Los Estados exportadores de petróleo del Golfo Pérsico,  especialmente los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, utilizan sus fondos soberanos para invertir en la fabricación avanzada, los programas informáticos y la IA generativa en todo el mundo. Además, están adquiriendo grandes cantidades de semiconductores de alto rendimiento de Nvidia y otras  de las principales empresas fabricantes de chips, y ofrecen salarios generosos para atraer a ingenieros especializados en IA y desarrolladores de software de  todo el mundo (especialmente de China) con el fin de apoyar los esfuerzos y las ambiciones de desarrollo de la IA. Muchas economías capitalistas avanzadas  en Asia Occidental y Oriental han iniciado planes tecnoindustriales ambiciosos para consolidar su posición en las cadenas de suministro de semiconductores (una forma de reindustrializar, “relocalizar” las capacidades de producción estratégicas y asegurar la soberanía tecnológica). Ello incluye la Ley de Chips y Ciencia de Estados Unidos, la Estrategia Nacional de Semiconductores del Reino Unido, el Reglamento de Chips de la Unión Europea y la Ley K-Chips de Corea. Japón anunció un amplio programa de subsidios para incentivar a las principales empresas del sector industrial del mundo (TSMC, Micron, Samsung  Electronics, Rapidus y otras) a que inviertan en nuevos centros de producción en ese país. Además, la Corporación Japonesa de Inversiones, un fondo de inversión con apoyo estatal supervisado por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, ahora está adquiriendo directamente participaciones de control en empresas estratégicas, como la empresa JSR, con sede en Tokio. Es la primera vez que el fondo de inversión ha tomado medidas para nacionalizar (aunque de un modo favorable al mercado) una empresa que controla un nodo fundamental de la cadena mundial de suministro de semiconductores, mitigando así los riesgos geopolíticos y para la cadena de suministro. Del mismo  modo, Estados Unidos está creando un fondo de riqueza soberana para  inyectar capital y realizar importantes inversiones en sectores estratégicos y cadenas de suministro, en un intento explícito de competir con sus rivales geopolíticos (Politi, 2024).

Las tecnologías limpias y la energía renovable son otro conjunto de redes de producción donde la geopolítica estatal-capitalista ha estado particularmente activa y ha suscitado polémica, y para las cuales se han movilizado grandes fondos soberanos, fondos estatales de capital de riesgo, bancos de orientación política  y empresas públicas.  La Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos, el Pacto Verde Europeo y los amplios programas de subsidios a la tecnología verde en China ponen de relieve lo que está en juego a nivel geopolítico (Bickenbach et al., 2024). Mientras tanto, el Fondo de Innovación de la OTAN (2024), creado tras la invasión de Rusia a Ucrania  en 2022, es el primer fondo de capital de riesgo multisoberano del mundo, cuyo mandato consiste en invertir mil millones de euros en empresas emergentes que desarrollan tecnología de vanguardia para abordar los desafíos en materia de defensa y seguridad, incluida la “tecnología verde” y la energía renovable (v. Alami, 2024). Ello sugiere que la propiedad estatal puede convertirse en un instrumento privilegiado para reunir los imperativos “verde” y de seguridad.

Los mercados emergentes y en desarrollo también están experimentando con herramientas del capitalismo estatal para participar en la geopolítica de la transición energética. Brasil anunció nuevos aranceles a los vehículos eléctricos chinos y tiene programado combinar el capital y los conocimientos de Petrobras (la empresa petrolera estatal) y BNDES (un importante banco de desarrollo brasileño) para estructurar un fondo de capital de riesgo con apoyo del Estado destinado a la energía renovable y la movilidad baja en carbono (Morais, 2024). Una empresa estatal poderosa, OCP, desempeña un papel central en la estrategia de Marruecos de convertirse en  líder del hidrógeno verde conectado con la infraestructura del hidrógeno verde de Europa. Indonesia está aumentando su participación  y propiedad en el amplio panorama de empresas públicas y fondos de desarrollo estatales en el sector del níquel, con el objetivo de posicionarse en el centro de las cadenas de suministro mundiales del acero y las baterías  eléctricas.

Por  consiguiente, la geopolítica estatal-capitalista no está precipitando el fin de la globalización, sino que está reconfigurando la economía mundial. Los flujos de comercio y capital siguen registrando niveles más elevados que  nunca. Sin embargo, estos flujos son reconfigurados y limitados cada vez más por la intervención gubernamental (mediante una combinación de “sanciones”  y “recompensas”) en direcciones que favorecen objetivos geoestratégicos y de seguridad directos.

Estrategias de desarrollo nacionales y regionales: ¿hacia un polialineamiento?

La geopolítica estatal-capitalista desplaza la lógica de la geopolítica neoliberal, que buscaba producir una paz liberal mediante la subordinación de la economía mundial a las consideraciones más importantes de las empresas multinacionales. En ese sentido, ofrece a los países, especialmente del Sur Global, posibilidades de forjar nuevas estrategias de desarrollo en el orden político-económico mundial y de mejorar su posición relativa dentro de este. Cabe señalar especialmente dos cambios.

Gráfico 3.

Fuente: TNI basado en datos del Banco mundial (2022).

En primer lugar, las estrategias de inversión y ubicación de las empresas transnacionales demuestran una lógica geoestratégica. Puesto de manera sencilla, estas empresas están organizando sus operaciones no solo teniendo en cuenta cuestiones como los costos laborales y el acceso al mercado de consumidores, sino también la minimización de los riesgos geopolíticos. Lejos de simplemente liberalizar las economías y atraer  directamente a las empresas multinacionales, los países pueden captar inversiones al posicionarse como socios seguros al cultivar relaciones con superpotencias. Por ejemplo, pueden obtener validación con iniciativas como el programa internacional de “Seguridad Tecnológica e Innovación” de la Ley de Chips de Estados Unidos o mediante el desarrollo de “estrategias  de conectividad” para aprovechar sus activos geoestratégicos. Estos podrían incluir la ubicación a lo largo de las rutas  comerciales, la proximidad a mercados clave y la posesión de recursos estratégicos que son necesarios para las redes de producción nuevas y emergentes y los proyectos de descarbonización, como los materiales de transición fundamentales. Por otro lado, los “países conectores”,  como Hungría, Polonia, Vietnam, Indonesia y Malasia, se posicionan como conductos para evitar aranceles y sanciones, tendiendo redes para superar los conflictos geopolíticos (Gopinath et al., 2024). México lo está haciendo para facilitar la inversión china en vehículos eléctricos en el continente americano. Mientras tanto, Marruecos quiere atraer la inversión de empresas chinas, francesas, alemanas y coreanas  en su sector de producción de automóviles.

Además, una mayor intervención y control estatales permiten a los países del Sur Global evitar “elegir un bando”, dado que intentan permanecer conectados  con múltiples potencias,  como Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, o potencias regionales. Esta estrategia se denomina “polialineamiento”. Cuando el reportero de la publicación The Economist le preguntó al vice primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, “¿por qué describe la posición de Singapur como ni pro China ni pro Estados Unidos?”, este replicó brevemente: “Somos pro Singapur”. Los líderes estatales del mundo en desarrollo han expresado opiniones similares y desean entablar relaciones comerciales y políticas con múltiples socios. Por ejemplo, los Gobiernos de Indonesia y Vietnam desean atraer la inversión en manufacturas de empresas chinas y estadounidenses. El polialineamiento del Brasil está caracterizado por actores federales, subnacionales y no estatales que persiguen relaciones  e intereses diversos con China y las potencias de Occidente, lo cual da como resultado una política exterior multifacética que trasciende los límites ideológicos tradicionales y los cambios de Gobierno. Por su parte, Turquía transita proyectos de conectividad competidores, que cuentan con el apoyo  de potencias rivales (como el Corredor Central de China y el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa [IMEC], que tiene apoyo de Estados Unidos), mientras que persigue  sus propias  iniciativas como el Corredor de Zangezur y la Ruta de Desarrollo de Irak para mantener la autonomía estratégica. La eficacia a largo plazo de estas estrategias aún está por verse. Para empezar, el FMI advirtió que no elegir bandos  –a lo que denominó “incertidumbre en materia de políticas”– podría desalentar la inversión extranjera directa debido a que, como han demostrado algunos estudios  (Aiyar y Presbitero, 2023), ese tipo de inversiones fluye con mayor facilidad a Estados geopolíticamente alineados (FMI, 2023; Aiyar et al., 2024). Además, los Estados “polialineados” pueden de todos modos afrontar limitaciones al desarrollo y cuellos de botella, desde los riesgos de nuevas  “maldiciones de recursos” hasta la relegación como “zona de sacrificio” y la dependencia financiera.

En  segundo  lugar, el estancamiento geopolítico ha debilitado a las instituciones disciplinarias neoliberales como  la OMC, otorgando  a países con capacidad fiscal e institucional más espacio en materia de políticas para adoptar estrategias de desarrollo estatales, sin tanto temor a la recriminación. Los nuevos nacionalismos de los recursos están, por ende, en aumento en las economías del Sur. Indonesia, por ejemplo, está persiguiendo una estrategia industrial para captar valor en el sector de las baterías mediante la prohibición de la exportación de níquel en bruto con el fin de desarrollar capacidades de procesamiento a nivel nacional (Warburton, 2023). A pesar de que la Unión Europea ganó un fallo contra esta práctica en  la OMC  en  2022, el tribunal de apelaciones del organismo es incapaz de oír la apelación de Indonesia y, por ende, aplicar una sanción. Mientras tanto, la participación de ese país en la extracción de níquel a nivel mundial se disparó de un  5 % hace 10 años a un 50 % en 2023.

Los Gobiernos locales  y regionales también  adaptan los programas de alineamiento a medida que reconsideran estrategias de desarrollo previas ante la tensión geopolítica, las prácticas estatales-capitalistas y la lógica de inversión geoestratégica. A diferencia de los intentos de “conservar” el capital internacional en el periodo de globalización neoliberal, las regiones hoy en día no pueden ignorar el papel cada vez más central que desempeñan los Estados y sus esfuerzos por reconfigurar la lógica de inversión de las empresas multinacionales, incluidas las empresas privadas e híbridas y aquellas que controlan directamente.

Están surgiendo dos tipos de estrategias de desarrollo regional a partir de la lógica de la geopolítica estatal-capitalista. En las economías de la periferia que  no están estrechamente alineadas con Estados Unidos o China, están emergiendo nuevas “regiones conectoras”. En Hungría, las regiones combinan el gas de Rusia con la coordinación administrativa de Europa y la tecnología de baterías de China. En Vietnam, los Gobiernos regionales intentan capturar fragmentos de cadenas de suministro chinas para integrarlos con empresas estadounidenses y así evitar o sobrellevar los controles de Estados Unidos.

Los distritos industriales más antiguos de las principales economías capitalistas también están hallando nuevas oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, Magdeburgo, en la ex Alemania del Este, y Ohio, en Estados Unidos, eran hasta hace poco considerados cinturones de óxido⁶ con dificultades para atraer  inversión de capital. En la actualidad, albergan enormes complejos de fabricación de chips para la empresa Intel.  El senador de Ohio Sherrod Brown afirmó que, gracias a la fabricación de semiconductores para Intel en su estado, ahora se puede “abandonar el término cinturón de óxido”. Si bien esto es inusual, ilustra la relación entre política nacional, política industrial y seguridad nacional. El vicecanciller alemán Robert Habeck  afirmó que la inversión de Intel en Magdeburgo “aumentará  considerablemente la producción de semiconductores en Alemania y es una  importante contribución para mejorar la soberanía europea”. Habida cuenta de la escala de los subsidios, esas regiones no pueden recurrir directamente a las empresas multinacionales para esas inversiones. En cambio, deben  posicionarse en primer lugar con los Gobiernos nacionales como lugares de inversión estratégicos  –en cuanto a cohesión social, seguridad nacional o, para decirlo sin rodeos, estrategias electorales de los partidos de Gobierno. Es decir que, el cambio hacia una geopolítica estatal-capitalista brinda oportunidades a localidades y regiones que anteriormente no eran considerados en la geopolítica neoliberal.

Aperturas estratégicas y dilemas  políticos para las fuerzas progresistas

Nos centraremos ahora en las posibilidades, menos examinadas, de cambio social emancipador y políticas progresistas habida cuenta de los modos  en que evoluciona el poder en el seno de la geopolítica estatal-capitalista, especialmente desde la perspectiva de los movimientos laborales y sociales. La coyuntura generada por esa geopolítica no es fácil de transitar para las fuerzas sociales progresistas. Cabe señalar que hay oportunidades tanto en términos ideológicos como materiales. Esta sección analiza las posibles estrategias  en este nuevo panorama para promover el cambio social emancipador, a la vez que se reconoce la complejidad de este terreno.

En primer lugar, la geopolítica estatal-capitalista ya ha repolitizado el papel del Estado como agente de transformación económica y social, dado que los Estados participan en las economías y sociedades en formas más explícitas y visibles que nunca. Este cambio socava las reformas institucionales neoliberales que  aislaron a los mercados de la política democrática. Ahora resulta más difícil para los ideólogos neoliberales defensores del libre mercado afirmar que los Estados no pueden alcanzar logros significativos más allá de proteger la propiedad privada, hacer dinero y librar guerras. Es así que la geopolítica estatal-capitalista brinda oportunidades a los movimientos sociales para que presionen a los Estados a que utilicen sus capacidades  y recursos  redescubiertos para fines que son, como mínimo, menos  destructivos desde el punto de vista social y ambiental, de modos que:

1) aborden de inmediato las crisis cada vez más intensas de los estándares de vida y la desigualdad en la mayoría de los países del mundo;

2) alteren el equilibrio de fuerzas  a favor de la clase trabajadora.

Los Estados pueden actuar en la economía en formas que favorecen más a sus ciudadanos, como mediante la rectificación de desigualdades, el empoderamiento de la clase trabajadora  y la descarbonización de las economías.

Los bancos estatales de desarrollo y orientación política se han convertido una vez más en actores centrales con una trayectoria demostrada de apoyo  a empresas, sectores  e industrias considerados estratégicos.  Su papel cada vez más importante suscita inevitablemente la siguiente pregunta: ¿por qué no ampliar considerablemente sus capacidades de crédito para generar vías de descarbonización rápidas y facilitar grandes transferencias de recursos  financieros de los países más ricos a los más pobres?  Los Estados ahora también son propietarios directa o indirectamente de un gran volumen de activos y capital mediante las empresas públicas y los fondos soberanos, que a su vez se invierten en una gran variedad de empresas y sectores. Aquí también existe potencial para obligar a los Estados a desinvertir de las industrias intensivas en carbono o simplemente a no explotar los combustibles fósiles. Ello también podría implicar utilizar a empresas y activos estatales como “accionistas  activistas”, a fin de influenciar a las empresas en las que tienen acciones para que desarrollen prácticas menos perjudiciales para el medio ambiente. Además, si el intervencionismo del Estado puede movilizarse para penalizar a Estados y empresas del extranjero o para obtener el control de las redes económicas clave, entonces seguramente dichas capacidades coercitivas del Estado pueden dirigirse a hacer cumplir la legislación ambiental, las normas laborales y los sistemas fiscales sólidos para disciplinar al capital intensivo en carbono y limitar el poder  de las empresas.

Sin embargo, la vía para aprovechar la geopolítica estatal-capitalista con fines progresistas está repleta de obstáculos. Décadas de neoliberalismo han erosionado las vías liberales-democráticas y los mecanismos de representación mediante los cuales las fuerzas progresistas han promovido proyectos reformistas. El poder de los sindicatos ha disminuido mediante la legislación y la reestructuración industrial; los partidos socialdemócratas han apoyado a los mercados y se han alejado de sus funciones originales de defensores de los intereses de la clase trabajadora; y la elaboración de políticas económicas está cada vez más desconectada de las necesidades diarias de los ciudadanos. En este contexto, resulta difícil, aunque no imposible, promover una forma de capitalismo estatal “más verde” y “más democrático” por las vías parlamentarias convencionales. De algún modo, seguimos (al menos parcialmente) constreñidos por la camisa de fuerza institucional neoliberal, aun cuando la ideología neoliberal posiblemente esté perdiendo peso. Además, el nuevo capitalismo estatal está cada vez más inmerso en los aparatos estatales represivos destinados a eliminar la disidencia popular, la movilización  y otras protestas y manifestaciones. Este solapamiento del nuevo capitalismo estatal y las tendencias autoritarias complica los esfuerzos de extraer sus posibles elementos progresistas. Esta dificultad se ve exacerbada por posturas geopolíticas y económico-nacionalistas agresivas, que a menudo acompañan al capitalismo estatal, en las cuales las élites describen cada vez más a la competencia por las redes económicas globalizadas como un juego de suma cero.

Para hacer frente a estos desafíos y oportunidades, señalamos varios ámbitos de investigación y posibilidades de acción. Forjar solidaridad transnacional, reformular conceptos clave, como seguridad y desarrollo, y aprovechar el papel ampliado del Estado ofrecen  posibilidades para lograr un futuro más equitativo. Las políticas industriales ocupan un papel central en la actual coyuntura geopolítica. Por ejemplo, hay margen para promover estrategias industriales verdes centradas en la descarbonización o para vincular los subsidios e inversiones estatales a beneficios comunitarios y derechos  laborales.

El periodo actual también ofrece la oportunidad de volver a priorizar alternativas a los modelos económicos neoliberales, como las cooperativas, las iniciativas de economía solidaria y los servicios públicos universales. Habida cuenta de la orientación de la geopolítica estatal-capitalista hacia las redes, existe una necesidad persistente de solidaridad transnacional. Por último, debido a las diferencias entre el neoliberalismo del “primer” y “tercer” mundo, para  que existan fuerzas progresistas en la geopolítica estatal-capitalista hacen falta políticas sociales contextuales y pactos verdes regionales. Ante la creciente competencia, la solidaridad interregional puede contribuir a resistir las tácticas de dividir y conquistar.

Una plataforma para aprovechar los poderes del capitalismo estatal con fines progresistas debe negarse categóricamente a aceptar que las conquistas de los trabajadores y ciudadanos de un país se logran a expensas del medio ambiente natural de otros.  Por ello es necesario adoptar nuevas formas de solidaridad planetaria como principio rector para nuestro proyecto de reconvertir el Estado, sus activos y facultades de planificación. No obstante, articular políticas internacionalistas coherentes y significativas es especialmente difícil en la coyuntura histórica actual.  Las estructuras y los efectos producidos por  la geopolítica estatal-capitalista tienden  a fomentar un clima propicio para el chauvinismo interimperial, en el cual se suelen adoptar narrativas de arriba hacia abajo que derriban la distinción entre interés  económico y seguridad nacional, y adoptan explícitamente una retórica que presenta a los competidores económicos como amenazas a la integridad nacional. Debemos rechazar estas ideas, discursos y visiones del mundo, y evitar que se acepten como “sentido común”. Para ello puede ser necesario articular visiones alternativas de la propiedad pública y la planificación ecológica en aras de la prosperidad compartida dentro y fuera de las fronteras nacionales-territoriales.

Para  aprovechar oportunidades mientras se superan obstáculos será necesario adoptar estrategias creativas de participación en el ámbito de la política  institucional y más allá de él, forjando nuevas alianzas populares transnacionales y produciendo visiones contrahegemónicas y alternativas atractivas para un futuro justo  y sostenible.