Consideraciones sobre el impacto económico de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial es una tecnología de vanguardia y de propósito general. Por su carácter genérico, plantea la posibilidad de reconfigurar el conjunto de las actividades económicas y, de esa manera, de relanzar la acumulación en un capitalismo aquejado por la baja rentabilidad y el poco dinamismo. Sin embargo, debido a las condiciones de su adopción –que es jerárquica, concentrada y fragmentaria– esa posibilidad queda actualmente anulada y su potencial tecnológico se ve refrenado.

Cristóbal Reyes Núñez escribe en la sección A FONDO del número 164 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global sobre el impacto económico de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial es una de las fronteras del desarrollo tecnológico en la sociedad contemporánea. Durante la década más reciente ha sido una de las áreas de desarrollo tecnológico más dinámicas. Año tras año, las grandes empresas tecnológicas realizan cuantiosas inversiones relacionadas con esta tecnología. Según el AI Index Report 2023,¹ en 2021 la inversión corporativa global en inteligencia artificial fue de 276.000 millones de dólares. Para tener un referente de esta magnitud, considérese que la inversión corporativa mundial en inteligencia artificial fue similar a la formación bruta de capital total de países enteros en 2021, como Turquía (257.000 millones de dólares), México (281.000 millones) o España (312.000 millones).² En 2013, la inversión en inteligencia artificial fue de 14.500 millones de dólares; en apenas ocho años la inversión corporativa en esta tecnología se multiplicó casi veinte veces. El acelerado crecimiento de las inversiones orientadas a la inteligencia artificial da cuenta del creciente interés y expectativas de rentabilidad por parte de las grandes corporaciones en torno a esta tecnología transformadora. En el periodo 2013-2022, los países que concentran las mayores inversiones privadas en esta tecnología son Estados Unidos y China, seguidos a la distancia por Reino Unido, Israel, India y Corea del Sur.

Por otra parte, un estudio reciente de McKinsey & Company³ prevé que la inteligencia artificial generativa –el tipo de inteligencia artificial más dinámico en la actualidad, presente en servicios como ChatGPT y DALL-E de OpenAI, Gemini de Google, entre otros– tiene el potencial de generar ganancias corporativas de entre 2,6 y 4,4 billones (trillion, en notación inglesa) de dólares anuales, cifra similar al producto interno bruto de Francia, Reino Unido o Alemania en 2022.⁴ En el mismo estudio se estima que solo el uso de la inteligencia artificial generativa puede traer consigo incrementos en la productividad laboral de hasta 0,6% anual durante las décadas de 2020 y 2030; en su combinación con otras tecnologías, la inteligencia artificial generativa podría añadir hasta 3,3% puntos porcentuales al crecimiento de la productividad.

Como se puede deducir de la información proporcionada, hay grandes expectativas en torno a la inteligencia artificial por parte de las corporaciones. Considerando este optimismo corporativo, cabe preguntarse, ¿Cuáles son las características de esta tecnología? ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que se cumplan estos pronósticos? ¿Qué nos dice al respecto la evidencia sobre las condiciones actuales de su adopción?

Inteligencia artificial: qué es y cuáles son sus principales capacidades

Actualmente, la inteligencia artificial se entiende como «la capacidad de un sistema [computacional] para interpretar datos externos correctamente, aprender de dichos datos y usar esos aprendizajes para lograr metas y tareas específicas a través de la adaptación flexible».⁵ Las definiciones contemporáneas destacan tres características de los sistemas de inteligencia artificial:

Aprendizaje: la capacidad de incorporar informaciones sobre entornos físicos y virtuales para mejorar su desempeño.
Adaptación flexible: la capacidad de modificar adaptativamente su funcionamiento ante los nuevos y cambiantes datos que el sistema recibe de su entorno.
Autonomía: entendida como la capacidad de ejecutar un conjunto de tareas sin intervención humana o con mínima intervención.

Los sistemas de inteligencia artificial representan un cambio cualitativo en la historia de la tecnología, pues se trata de los primeros sistemas tecnológicos cuyo funcionamiento mejora de manera automática y adaptativa por encima de sus capacidades iniciales. La capacidad de auto-mejoramiento adaptativo es una de las mayores novedades de los sistemas de inteligencia artificial en términos técnicos.

La capacidad de automejoramiento adaptativo es una de las mayores novedades de los sistemas de inteligencia artificial en términos técnicos

Pese a la enorme complejidad técnica implícita en los sistemas de inteligencia artificial (su ejecución requiere del procesamiento paralelo y distribuido de ingentes cantidades de información en centros de datos con millones de chips especializados de apenas cuatro nanómetros), la idea subyacente a su funcionamiento es relativamente simple: se usan métodos estadísticos y probabilísticos para identificar correlaciones en grandes series de datos con el objetivo de hacer predicciones y tomar decisiones de manera automatizada. Por ello, Agrawal, Gans y Goldfarb han caracterizado a los sistemas de inteligencia artificial como «máquinas predictivas».⁶

La inteligencia artificial: la próxima tecnología de propósito general

La importancia económica de la inteligencia artificial radica en medida importante en que es simultáneamente:

1) una tecnología de vanguardia –con lo cual redefine las fronteras del capital, así como sus capacidades de subsunción y apropiación–,

2) una tecnología de propósito general, es decir, susceptible de ser aplicada potencialmente en todas las actividades del quehacer humano.⁷

A continuación, se abunda en la segunda característica mencionada y en algunas de sus implicaciones.

El concepto de «tecnología de propósito general» se usa para referirse a tecnologías que son aplicables a todas las actividades humanas y que, en consecuencia, tienen un impacto generalizado en las economías y sociedades. Ejemplos relevantes de tecnologías de propósito general son la máquina de vapor, la electricidad y las computadoras, entre otras. El carácter genérico de la inteligencia artificial se suele tomar como un punto de partida para estudiar su impacto económico potencial y su relevancia para el conjunto de la sociedad. Debido a su uso transversal, apunta a reconfigurar el conjunto de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. Por esa razón, es común que se afirme que la inteligencia artificial es la «nueva electricidad»: de manera análoga a lo que sucedió a inicios del siglo XX con la electricidad, se prevé que en los próximos años la inteligencia artificial modificará sustancialmente la manera en que se llevan a cabo la mayoría de las actividades económicas y las prácticas sociales.⁸ Es esta característica la que hace que la inteligencia artificial se perfile como una de las tecnologías más importantes en las décadas por venir, mediante la cual se busca inyectar dinamismo a una economía capitalista aquejada por la baja rentabilidad y el lento crecimiento.

Pese a que históricamente las tecnologías de propósito general han funcionado como “motores de crecimiento” económico, sus repercusiones en la economía no son automáticas ni inmediatas. Por el contrario, la realización de su potencial económico requiere un mejoramiento continuo mediante innovaciones complementarias en productos, servicios, procesos y modelos de negocios.⁹ Por otra parte, aunque la atención académica y mediática se suele centrar en el proceso de innovación, para que una tecnología tenga un impacto sobre la dinámica económica no basta con que haya invenciones: es necesario que las tecnologías se apliquen ampliamente y alcancen un alto grado de difusión entre empresas y actividades económicas. Un ejemplo ilustrativo de que las innovaciones no necesariamente repercuten en la economía nos lo brinda la historia de la propia inteligencia artificial: pese a que en décadas previas hubo importantes innovaciones en el área –por ejemplo, los sistemas expertos en la década de 1980–, su impacto económico fue prácticamente nulo porque tuvieron escasas aplicaciones industriales o comerciales y se mantuvieron como un tema de investigación en los laboratorios universitarios.

Las investigaciones sobre tecnologías de propósito general previas sugieren que el impacto de la inteligencia artificial en la productividad, la rentabilidad y la acumulación solo se volverá palpable una vez que haya importantes innovaciones complementarias y –sobre todo– cuando su uso alcance una amplia difusión. ¿Cuál es la situación actual de la inteligencia artificial en estos aspectos?

Avances en las innovaciones complementarias

Comencemos con lo relacionado con las innovaciones complementarias. Mucho se ha discutido sobre las razones por las cuales la adopción de la inteligencia artificial no se ha traducido hasta ahora en aumentos de la productividad en el conjunto de la economía . En un texto de 2019, Brynjolfsson, Rock y Syverson afirmaron que el bajo impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad agregada se debía a rezagos en su implementación por falta de innovaciones complementarias que llevaran a nuevas formas de organizar los procesos, nuevos productos, nuevos servicios, etc.¹⁰ Un hito reciente en el desarrollo de la inteligencia artificial parece modificar esta situación al ampliar y diversificar sus usos comerciales.

La expresión más conocida de estas innovaciones que permiten múltiples aplicaciones concretas de la inteligencia artificial fue el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en noviembre de 2022. La presencia de este chatbot de inteligencia artificial generativa en el debate público ha sido tan persistente que el semanario británico The Economist consideró que la palabra más importante del año 2023 fue precisamente ChatGPT.¹¹ Sin embargo, el chatbot de OpenAI es solo el rostro más visible de un proceso más amplio: el desarrollo de los foundation models, o modelos fundacionales. El concepto de foundation models fue acuñado por el Stanford Institute for Human-Centered AI para referirse a un «paradigma emergente» en el diseño y producción de modelos de inteligencia artificial que sirven como base para el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones complementarias y más específicas mediante «ajustes finos» (fine-tuning).¹²

A diferencia de los sistemas de inteligencia artificial previos, que eran rígidos en cuanto a sus capacidades y podían realizar solo una tarea específica y claramente delimitada para la que fueron diseñados (por ejemplo, identificar rostros en imágenes), los foundation models cuentan con mayor amplitud, adaptabilidad y capacidad para integrarse con otros sistemas de inteligencia artificial, lo que abre la posibilidad de que un mismo sistema sirva como base para el desarrollo de múltiples aplicaciones y para desempeñar diversas tareas.

Hasta ahora, los modelos fundacionales más importantes y conocidos se han desarrollado en el área de los grandes modelos de lenguaje, como el ya mencionado ChatGPT, Gemini de Google o LlaMA de Meta. No obstante, por su adaptabilidad y generalidad, los modelos fundacionales no funcionarán solo con texto sino que serán multimodales (es decir, funcionarán con texto, imágenes, sonido, video, etc.). El objetivo de las empresas tecnológicas es que los foundation models se puedan integrar con todo tipo de software, aplicaciones y hardware, para desempeñar las más diversas funciones en todos los ámbitos.

Los modelos fundacionales son un avance significativo en la generación de nuevos productos y servicios que permiten expandir el rango de tareas para las cuales se puede usar la inteligencia artificial.¹³ Además, representan un paso adelante en su implementación, pues ofrecen posibilidades de aplicación rentable de esta tecnología y ofrecen mayor flexibilidad para su adaptación, lo que puede contribuir a la ampliación de su uso.

Aun reconociendo los modelos fundacionales son un adelanto que facilita el uso de la inteligencia artificial, es preciso señalar que estas innovaciones se dan de manera altamente concentrada. En general, las grandes corporaciones tecnológicas –Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft– definen las líneas generales del desarrollo de la tecnología y también llevan a cabo las innovaciones complementarias más importantes para su implementación; por su parte, los startups hacen mejoras incrementales que toman como base los avances y estándares establecidos por las big tech. En los casos en que empresas pequeñas logran avances significativos en el proceso de innovación y pueden representar una amenaza para los grandes capitales, entran en acción fuerzas centrípetas en beneficio de los gigantes tecnológicos, que refuerzan la disparidad existente; entre esas fuerzas centralizadoras se encuentran:

a) la adquisición de empresas

b) el establecimiento de alianzas estratégicas.

En el primer caso, un ejemplo destacado es la adquisición de DeepMind por Alphabet, la matriz de Google, en 2014; algunos de los sistemas de inteligencia artificial más importantes de Alphabet –como AlphaGo y AlphaFold– han sido desarrollados por DeepMind. En el segundo caso, un ejemplo de gran relevancia es la asociación entre Microsoft y OpenAI. Mediante esta alianza estratégica, OpenAI ha recibido inversiones por miles de millones de dólares por parte de Microsoft y tiene a su disposición una enorme capacidad de procesamiento en la nube para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial. Esto ha permitido a OpenAI desarrollar sistemas que de otra manera sería difícil financiar, por los enormes costos de procesamiento requeridos. Por su parte, la alianza con OpenAI ha permitido a Microsoft ubicarse a la vanguardia de la disputa por el liderazgo en inteligencia artificial e incorporar aplicaciones de esta tecnología en sus servicios –como en el buscador Bing, en sus servicios de cómputo en la nube para empresas en Azure, entre otros. En los hechos, esta “alianza” implica la subordinación de OpenAI a Microsoft.

Concentración y centralización son el sello distintivo del proceso de innovación en inteligencia artificial, y conduce a que los beneficios resultantes se distribuyan de manera desigual.

Condiciones actuales de adopción de la inteligencia artificial: ¿hacia una mayor polarización?

Consideremos ahora las condiciones de adopción de la inteligencia artificial. Como hemos apuntado, para que la inteligencia artificial sirva como fuerza impulsora de la dinámica general de la acumulación, su uso debería alcanzar un alto grado de difusión. De lo contrario, si su aplicación y difusión son acotadas, sus repercusiones en la acumulación también lo serán. Dicho de otro modo, si su adopción se mantiene altamente concentrada en un conjunto reducido de empresas, permitirá la apropiación de ganancias extraordinarias, pero tendrá repercusiones limitadas sobre la dinámica general. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones actuales de su adopción?

En una investigación con información de la Annual Business Survey de Estados Unidos, Zolas y coautores encontraron que aun cuando las formas simples de la digitalización están ampliamente difundidas entre las empresas estadounidenses, el uso de tecnologías avanzadas –entre las que incluyen robótica, computación en la nube e inteligencia artificial– es sumamente concentrado y dispar:

la adopción de tecnologías avanzadas es poco frecuente y, por lo general, está sesgada hacia las empresas más grandes y antiguas. Los patrones de adopción son consistentes con una jerarquía de creciente sofisticación tecnológica.¹⁴

Por otra parte, un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés) que trata específicamente sobre adopción de la inteligencia artificial mostró que menos de 6% de las empresas estadounidenses usan esta tecnología o están en periodo de prueba.¹⁵ Este estudio, el «más extenso y detallado» a la fecha,¹⁶ documenta que la adopción de la inteligencia artificial sigue un patrón jerárquico, pues aun cuando en promedio es muy baja se concentra de manera desproporcionada en determinados sectores y en un número reducido de empresas “muy grandes” (con más de 5.000 trabajadores). Adicionalmente, se señala que los sectores, empresas y regiones que hacen un uso más intenso de esta tecnología tienen un crecimiento de ingresos más acelerado, tasas de ganancia más altas y productividad dinámica, en contraste con los rezagados. Un informe de la consultora McKinsey & Company coincide en esta importante cuestión: hay un reducido grupo de empresas que lideran la adopción de la inteligencia artificial cuyos ingresos y ganancias aumentan a un ritmo más acelerado que el de sus competidoras.¹⁷ Al dar cuenta de las disparidades provocadas por su adopción, los autores del estudio de la NBER advierten sobre el riesgo de que se genere una «brecha de inteligencia artificial» [«AI divide»] entre empresas, industrias y regiones si esos patrones asimétricos persisten.

Las investigaciones referidas coinciden en que en Estados Unidos –país núcleo de las tecnologías digitales y sede de las mayores empresas del sector– tiende a conformarse una estructura productiva polarizada, compuesta por una vasta proporción de empresas con poca complejidad tecnológica frente a un núcleo reducido pero dinámico de grandes empresas con alta sofisticación tecnológica, dinamismo y mayor rentabilidad. Dadas las condiciones actuales de su adopción, la inteligencia artificial no tiene capacidad de totalización para arrastrar al conjunto de la economía, sino que genera una dinámica de polarización y desarrollo desigual.

Concurrentemente, Rivera, Araujo, García y Lujano han investigado las razones de la limitada adopción de las tecnologías digitales –de las cuales la inteligencia artificial es la forma más avanzada– entre empresas y sectores en Estados Unidos. En su análisis, ello se explica por un desacople entre el patrón tecnoeconómico digital y los factores socioinstitucionales vigentes en décadas recientes –durante el periodo que se suele denominar neoliberal–, que han fomentado y consolidado estructuras de mercado oligopólicas que dificultan la difusión tecnológica.¹⁸ Al respecto, los autores señalan que:

la falta de un adecuado marco socioinstitucional ha exacerbado los efectos polarizadores no deseados de concentración y expulsión entre "los que tienen" y "los que tienen más" activos digitales, así como las capacidades para obtener mayores ventajas de los cambios disruptivos».¹⁹

Sobre esa base, los autores consideran que el pasaje hacia la inteligencia artificial estará condicionado por factores económicos, sociales e institucionales que durante décadas han favorecido la monopolización de las tecnologías digitales.

Concentración y centralización son el sello distintivo del proceso de innovación en IA, lo que consolida las disparidades existentes entre empresas

Por último, cabe añadir que hay importantes disparidades entre empresas en la adopción y uso de la inteligencia artificial, además de las ya mencionadas en la innovación. En general las empresas usuarias de la inteligencia artificial no controlan las capacidades tecnológicas que permiten su uso, pues estas están concentradas en un reducido grupo de gigantes corporativos. Así, aun cuando su uso pueda alcanzar cierta amplitud, hay una marcada jerarquía entre las empresas productoras o proveedoras de inteligencia artificial –de manera destacada, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure–, que controlan monopólicamente las condiciones para su implementación, y aquellas que simplemente son usuarias. Adicionalmente, hay heterogeneidad entre empresas según la complejidad de su uso de esta tecnología: existe una brecha significativa entre una armadora automotriz que usa robótica avanzada con inteligencia artificial y una empresa que paga por publicidad personalizada. Estas disparidades involucran capacidades tecnológicas disímiles y desigualdad en la apropiación de ganancias entre empresas.

Consideraciones finales

Reconociendo que aún nos encontramos en una etapa temprana de la adopción de la inteligencia artificial y que el despliegue de las tecnologías de propósito general es un proceso complejo y demorado, en este texto se llamó la atención sobre una situación que es ostensible: las circunstancias actuales de su adopción, caracterizadas por un patrón jerárquico y concentrado, pueden condicionar su trayectoria y tienen importantes implicaciones en el corto y mediano plazo.

Como se mostró, la evidencia disponible muestra que la adopción de la inteligencia artificial es heterogénea, concentrada, polarizada y jerárquica. Dadas estas características, su implementación tiende a reforzar las brechas de productividad existentes entre industrias y empresas, así como a generar las condiciones para la apropiación de ganancias extraordinarias y “rentas tecnológicas” por las empresas líderes. Dicho en otros términos, su adopción concentrada y fragmentaria tiende a conformar archipiélagos de alta productividad y apropiación de ganancias extraordinarias en medio de un mar de empresas y actividades poco productivas, con bajo dinamismo y exigua rentabilidad. En su conjunto, estas características de la inteligencia artificial tienden a consolidar la posición de las grandes corporaciones y sirven como una poderosa palanca para la centralización del capital.

Lo anterior se expresa en una paradoja: el enorme potencial tecnológico y económico de la inteligencia artificial, que probablemente es la tecnología más sofisticada desarrollada por el capital, se ve refrenado por las condiciones sociales de su adopción, que resultan de las propias contradicciones del capitalismo contemporáneo.

Cristóbal Reyes Núñez es economista y latinoamericanista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctorante en el Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la misma Universidad y profesor en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (México).

NOTAS

1 Nestor Maslej et al., The AI Index 2023 Annual Report, Institute for Human-Centered AI – Stanford University, Stanford (CA), abril de 2023, disponible en: https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2023/04/HAI_AI-Index-Report_2023.pdf. El AI Index Report, coordinado por el Human-Centered AI Institute de la Universidad de Stanford, es el esfuerzo más importante en la actualidad por recolectar y hacer disponible públicamente la información existente sobre esta tecnología. Entre las entidades participantes y financiadoras en su elaboración se encuentran la Universidad de Stanford, Google, OpenAI, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y McKinsey & Company.

2 Los datos sobre la formación bruta de capital se obtuvieron del Banco Mundial, serie «Gross capital formation (current US$)», disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.CD?view=chart; consultado el 12 de diciembre de 2023.

3 McKinsey & Company, The economic potential of generative AI: the next productivity frontier, junio de 2023, disponible en: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier#/.

4 Según datos del Banco Mundial, serie «GDP (current US$)», disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart.

5 «Specifically, we define AI as a system’s ability to interpret external data correctly, to learn from such data, and to use those learnings to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation» (Andreas Kaplan y Michael Haenlein, «Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence», Business Horizons, núm. 62, 2019, p. 17, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004).

6 Ajay Agrawal, Joshua Gans y Avi Goldfarb, Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence, Harvard Business Review Press, Cambridge (MA), 2018.

7 Manuel Trajtenberg, «Artificial Intelligence as the Next GPT: A Political-Economy Perspective», en Ajay Agrawal, Joshua Gans y Avi Goldfarb (eds.), The Economics of Artificial Intelligence. An Agenda, The University of Chicago Press, Chicago, 2019.

8 Shana Lynch, «Andrew Ng: Why AI Is the New Electricity», Stanford Graduate School of Business, 11 de marzo de 2017, disponible en: https://www.gsb.stanford.edu/insights/andrew-ng-why-ai-new-electricity.

9 Timothy F. Bresnahan y Manuel Trajtenberg, «General purpose technologies ‘Engines of growth’?», Journal of Econometrics, vol. 65(1), enero de 1995, pp. 83-108; Tyna Eloundou, Sam Manning, Pamela Mishkin y Daniel Rock, «GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models», arxiv, agosto de 2023, disponible en: https://arxiv.org/abs/2303.10130.

10 Erik Brynjolfsson, Daniel Rock y Chad Syverson, «Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics», en Ajay Agrawal, Joshua Gans y Avi Goldfarb (eds.), The Economics of Artificial Intelligence. An Agenda, The University of Chicago Press, Chicago, 2019.

11The Economist, «Our word of the year 2023», The Economist, 7 de diciembre de 2023, disponible en: https://www.economist.com/culture/2023/12/07/our-word-of-the-year-for-2023.

12 Center for Research on Foundation Models, «On the Opportunities and Risks of Foundation Models», Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), 2021, disponible en: https://crfm.stanford.edu/report.html.

13 «The world that Bert built. Huge ‘foundation models’ are turbo-charging AI progress», The Economist, 11 de junio de 2022, disponible en: https://www.economist.com/interactive/briefing/2022/06/11/huge-foundation-models-are-turbo-charging-ai-progress.

14 «Advanced technology adoption is rare and generally skewed towards larger and older firms. Adoption patterns are consistent with a hierarchy of increasing technological sophistication» (Nikolas Zolas, Zachary Kroff, Erik Brynjolfsson, Kristina McElheran, David N. Beede, Cathy Buffington, Nathan Goldschlag, Lucia Foster & Emin Dinlersoz, «Advanced Technologies Adoption and Use by U.S. Firms: Evidence from the Annual Business Survey», NBER Working Paper Series, Working Paper 28290, Cambridge (MA), diciembre de 2020, disponible en: https://www.nber.org/papers/w28290).

15 Kristina McElheran et al., «AI Adoption in America: Who, What, and Where», NBER Working Paper Series, Working Paper 31788, Cambridge (MA), octubre de 2023, disponible en: https://www.nber.org/papers/w31788.

16 Ibidem, p. 3.

17 McKinsey & Company, The state of AI in 2022—and a half decade in review, diciembre de 2022, disponible en: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review.

18 Miguel A. Rivera Ríos, Óscar D. Araujo Loredo, Josué García Veiga y J. Benjamín Lujano López, El capitalismo del quinto Kondratiev. Acumulación de capital, tecnología digital y procesos socioinstitucionales, Fondo de Cultura Económica, México, 2023.

19 Ibidem, p. 192.

Acceso al texto completo en formato pdf: Consideraciones sobre el impacto económico de la inteligencia artificial: ¿hacia una mayor polarización productiva?

by Susana Fernández Herrero

Lectura Recomendada: Biorregiones. De la Globalización imposible a las redes territoriales ecosostenibles

BIORREGIONES. DE LA GLOBALIZACIÓN IMPOSIBLE A LAS REDES TERRITORIALES ECOSOSTENIBLES

Nerea Morán, Jose Luis Fernández-Casadevante (“Kois”), Fernando Prats y Agustín Hernández (eds.)

Icaria, Madrid, 2023

276 págs..

Biorregiones es una obra coral que aborda una definición general de lo que serían las biorregiones, miradas concretas a algunas de sus principales características y algunos ejemplos y estudios de caso. Esta reseña es un resumen, con reelaboraciones propias, del libro. La he realizado entresacando las ideas que me han resultado más interesantes de sus distintas partes.

Las propuestas que lanza el libro parten de un contexto de creciente escasez de energía y materiales, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Todo ello, imprime a las sociedades humanas una dinámica de colapso. Pero esta crisis no impide todavía la continuación de las lógicas de deslocalización y desterritorialización que caracterizan a la ciudad actual, la pérdida de vínculos humanos con la trama de la vida o un diseño de las lógicas globales sobre las locales con una mirada homogeneizadora.

Ante eso, surgen las biorregiones. Vamos a repasar alguna de sus características. Una primera es que una biorregión es la unidad de complejidad mínima necesaria para abordar la reterritorialización de la economía, la cultura y la política. O, dicho de otra forma, el territorio que permite la vida digna de todos los seres que lo habitan (no solo los humanos).

Esta primera característica tiene varias implicaciones. Una es que una biorregión no debe confundirse con un ecosistema, pues requiere estar compuesto por una diversidad de ellos. Solo así se pueden satisfacer las variadas necesidades humanas, empezando por las alimentarias.

Si de lo que se trata es de satisfacer las necesidades humanas y no humanas en el tiempo, los conceptos de espacio de seguridad vital o el de rosquilla de Raworth surgen como elementos centrales de la gestión de las biorregiones: conseguir altos niveles de bienestar universal sin transgredir los límites biofísicos. Para conseguirlo, hacen falta múltiples herramientas, entre las que se encuentran una mirada a largo plazo, un foco importante en la conservación ambiental y una modificación de los indicadores económicos para darle relevancia a los propios de la economía ecológica.

En esta satisfacción de las necesidades humanas, la persecución de la autonomía energética, material y alimentaria es central. Esto no está reñido con que existan intercambios con otras regiones para adquirir lo que no se pueda conseguir dentro. Es más, este intercambio permite una mirada solidaria y no de construcción de identidades excluyentes.

Esta construcción de autonomía tiene distintas implicaciones sobre el tipo de economía posible en una biorregión: requiere avanzar hacia la circularidad, aproximar la producción y el consumo, decrecimiento en el consumo de materia y energía, o articular un tejido productivo complejo y diverso.

La autonomía se debe construir en distintos campos, pero uno central e imprescindible es la alimentación. Por eso, el concepto de biorregión viene acompañado del de agroecología. También de una mirada sobre la alimentación que va más allá de la nutrición, comprendiendo que los distintos modelos alimentarios implican una forma de relación con el territorio, de cultura, de cuidado de la salud, de uso de recursos, de gestión de residuos, o de acceso a alimentos por los individuos. En todo caso, también es necesario la fabricación de manufacturas, para lo cual el libro apuesta por una reindustrialización verde, concepto que merecería en sí mismo otro libro, pues bajo él se pueden recoger procesos productivos muy distintos, algunos de ellos problemáticos.

Si la primera característica de la biorregión es la reterritorialización, la segunda tiene que ver con los límites que la conforman. Estos los marcan características geográficas humanamente reconocibles, pero también «fronteras» dibujadas por el devenir histórico y la construcción de identidades culturales.

Estos límites serían necesariamente porosos, en forma de membrana, para permitir los intercambios económicos que complementen la autosuficiencia, pero también culturales que limiten el crecimiento de identidades excluyentes. Es decir, unos límites traspasados por redes cooperativas y solidarias.

La tercera característica de una biorregión es la gestión democrática del territorio, pues en cómo se toman las decisiones está otra de las piedras de toque básicas de una propuesta de carácter ecosocial, no solo en la justicia y en la sostenibilidad, que se han nombrado ya. La apuesta es por mecanismos híbridos que conjuguen la representación, la participación y la deliberación.

Esta gestión debe partir desde el conocimiento situado ecosistémico, pero también cultural y político. Por lo tanto, no hay recetas únicas para todas las biorregiones, sino que tendrán que ser diversas y articuladas bajo el principio de subsidiariedad.

Pero, más allá de esta diversidad, hay elementos que se proponen como transversales, como serían el empoderamiento comunitario y el municipalismo. Y que ambos ámbitos de gestión sean quienes controlen los bienes.

En cuarto lugar, las biorregiones deben superar los sistemas de dominación contemporáneos. Sobre dos de ellos se hace referencia en el libro. Uno es del patriarcado, cuando se apuesta por una valoración social de los cuidados y su territorialización. El otro es el capitalismo, para lo que se afirma la necesidad de pasar de sociedades «de mercado» a sociedades «con mercados». También cuando se coloca en el centro de la actividad social la satisfacción de las necesidades humanas y no la reproducción del capital.

La quinta característica que define una biorregión sería la ordenación del territorio y, más en concreto, de los espacios de vida humana. La apuesta es por núcleos poblacionales que conformen una red policéntrica. Ciudades y pueblos que tengan una escala humana, sean compactos, resilientes y estén integrados con el mundo rural, es más, que contengan la ruralidad también dentro, llenándolos de prácticas agrícolas.

Finalmente, la biorregión construye una nueva cultura y, a su vez, requiere de una reconceptualización en ese plano. Implica la articulación de una identidad de lugar y concebir la naturaleza como algo orgánico de lo que formamos parte y no como objeto a dominar.

En conclusión, la biorregión está llamada a ser una de las piedras angulares de la construcción de sociedades ecomunitarias.

Reseña elaborada por Luis González Reyes, Departamento de Educación Ecosocial de FUHEM, para el número 165 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 165,

by Susana Fernández Herrero

PAPELES 169: Tiempos sombríos: amenazas a la paz y la democracia

Ningún tiempo en la historia ha sido fácil, pero el momento actual parece reunir desafíos insuperables.

El ascenso de la geopolítica y de la fuerza como moneda de cambio en las relaciones internacionales están perfilando un mundo más conflictivo y tensionado, con peligro, incluso, de un −aparentemente olvidado− enfrentamiento nuclear. Como corolario, el internacionalismo y las organizaciones supranacionales van quedando arrinconadas, y los presupuestos de defensa se disparan.

La democracia liberal vive horas bajas, con una profunda crisis de representación: mientras aumenta la desconfianza de la ciudadanía en la clase política, en distintos países las instituciones han sido capturadas por un populismo autoritario bajo la forma de una democracia vaciada de contenido. El segundo mandato de Donald Trump en EEUU sería epítome de esta situación.

En este complejo escenario, las tradicionales alianzas se están reconfigurando con rapidez. La brecha surgida entre Europa y EEUU ejemplifica esta situación.

Resulta muy preocupante que las políticas en marcha solo permiten augurar una agudización de la crisis ecosocial, con consecuencias nefastas e impredecibles. Sin duda, condiciones para un brave new world.

El número 169 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global se abre con una reflexión de Santiago Álvarez Cantalapiedra en la Introducción sobre el alcance y significado sobre los actuales retos sobre la paz y la democracia.

La seccón A Fondo reúne sendos análisis sobre geopolítica de Rafael Poch-de-Feliu y Augusto Zamora, dos artículos sobre los retos a la paz, el militarismo y el peligro nuclear de Pere Ortega y Carlos Umaña; Ruth Ferrero-Turrón reflexiona sobre las amenazas a la democracia y la emergencia de un autoritarismo competitivo; José Luis Gordillo recuerda la relevancia de la crisis ecosocial en este contexto y la necesidad de un ecopacifismo; Nuria del Viso conversa con Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático; y Carlos Berzosa calibra las tendencias imperialista en la economía.

La sección Actualidad trae con una entrevista de Pedro Lomas y Nuria del Viso al activista y político congoleño Roland Mimi Ngoy sobre la situación en República Democrática del Congo.

Ensayo incluye un artículo de Jesús Ojeda sobre Roman Roland y Gandhi

Experiencias recoge una crónica de Nuria del Viso y Susana Fernández sobre la visita al colegio Lourdes-FUHEM de una delegación de activistas contra las armas nucleares.

Referentes está dedicado esta vez a Francisco Fernández Buey y su maestro, Manuel Sacristán, presentado con un texto de Salvador López Arnal.

El número se cierra con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el sumario de la revista y el acceso a texto completo de la Introducción del número a cargo del director de la revista, Santiago Alvarez Cantalapiedra y el artículo de Rafael Poch-de-Feliu. sobre el conflicto de Ucrania.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

Orden imperial y amenazas a la paz y la democracia, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

El conflicto de Ucrania y las incertidumbres de Trump, Rafael Poch-de-Feliu.

Multipolaridad y cambio sistémico: el mundo del siglo XXI, Augusto Zamora R.

Las tendencias actuales de las fuerzas imperialistas, Carlos Berzosa.

Democracias en crisis en un mundo en cambio, Ruth Ferrero-Turrión.

El problema ecológico más grave, José Luis Gordillo.

Donald Trump, geopolítica, militarismo y neofascismo, Pere Ortega.

El desarme nuclear: un imperativo apremiante en tiempos efervescentes, Carlos Umaña.

Entrevista a la RE de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático, Elisa Morgera, Nuria del Viso.

ACTUALIDAD

Entrevista a Roland Mimi Ngoy sobre la situación actual en la República Democrática del Congo, Pedro L. Lomas y Nuria del Viso.

ENSAYO

El conocimiento de Mahatma Gandhi en Occidente. A cien años de la biografía Gandhi de Romain Rolland, 1924-2024, Jesús Ojeda Guerrero.

EXPERIENCIAS

El Nobel de la Paz, asociaciones activistas contra las armas nucleares y un colegio. Crónica de una jornada singular, Nuria del Viso y Susana Fernández Herrero

REFERENTES

Presentación del texto de Francisco Fernández Buey sobre Manuel Sacristán, Salvador López Arnal.

Un maestro que visitaba talleres de imprenta, Francisco Fernández Buey.

LECTURAS

Anatomía de la frontera, Juan Carlos Velasco.

Francisco Fernández-Jardón

El mito de la ciudadanía, Irene Ortiz

Clàudia Sánchez Vidal

La estigmatización de los pobres. Eugenismo y darwinismo social, Michel Husson

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Notas de lectura

Negociar la paz en tiempos de guerra, Vicenç Fisas

Malestamos, Javier Padilla y Marta Carmona

RESÚMENES

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by Susana Fernández Herrero

El conflicto de Ucrania y las incertidumbres de Trump

Vivimos una época convulsa. El drama de los cambios a los que asistimos reside en su profunda desconexión y contradicción con las necesidades de la humanidad. Cuando urge una concertación de las grandes potencias para afrontar cuestiones planetarias existenciales e inaplazables como la del cambio climático, asistimos a todo lo contrario: el escenario bélico de los imperios combatientes.

Rafael Poch-de-Feliu, corresponsal durante 35 años para La Vanguardia, escribe sobre el conflicto de Ucrania y las incertidumbres de Trump para la sección A Fondo del número 69 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

El artículo se centra en la génesis del conflicto de Ucrania, tan mal explicado por nuestros medios de comunicación, y en las nuevas incertidumbres que aporta la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El lector interesado en un punto de vista más general sobre el momento de las relaciones internacionales, puede consultar este texto del año pasado publicado por la Universidad Pompeu Fabra.>¹

Respecto a la posición del autor, vaya por delante que su simpatía está con las víctimas de esta guerra, con los cientos de miles de soldados muertos y mutilados, con sus viudas y huérfanos. También con los encarcelados y represaliados por antibelicismo: en Rusia unos 800 a los que hay que sumar varios miles de multados; en Ucrania entre 10 000 y 15 000 condenados, por “traición”, “colaboracionismo” o “simpatías con la agresión rusa”, sin olvidar a los centenares de miles de desertores que en ambos países huyen de la perspectiva de morir por la patria.

La «garantía de seguridad» de Ucrania es su neutralidad

Desde los años noventa la estrategia occidental, mayormente de Estados Unidos, tuvo como objetivo integrar a Ucrania en su esfera de influencia y alinearla militarmente en su campo para zanjar la debilidad de Rusia, privarla de su acceso al mar Negro e impedir su reconstitución como potencia euroasiática. Todo esto está perfectamente documentado y acreditado en infinidad de informes oficiales en materia de política militar y exterior, declaraciones de responsables, así como en las propias acciones que se llevaron a cabo desde entonces. Tal estrategia se deducía de la premisa de que Estados Unidos había vencido en la Guerra Fría. De ello se derivaba que Washington podía ignorar los intereses rusos sin consecuencias. Se desestimaba la posibilidad de que Rusia recompusiera su tradicional y secular potencia. Eran los tiempos del «fin de la historia» y Rusia se había hecho irrelevante. Fue así que se dio vía libre a una seguridad europea, primero sin Rusia y luego contra Rusia.²

Aprovechando el caos postsoviético, en primer lugar, la mala política rusa>³y la corrupción estructural de la política ucraniana, con su universo de oligarcas, Occidente fue forzando el alineamiento occidentalista de sectores políticos y sociales de la elite ucraniana. Vía la financiación de sus organizaciones no gubernamentales, se compró y colonizó Kíev, creando efectivas redes de dependencia clientelar en la política y los medios de comunicación. Fue un proceso dilatado a lo largo de unos veinte años. Moscú se mostró incapaz de contrarrestarlo, en primer lugar, porque su elite estaba concentrada en el asalto a la propiedad pública: el latrocinio de los ingentes recursos naturales rusos mediante el que realizaba su reconversión social desde su condición de casta administrativa socializante en el antiguo régimen a clase propietaria en línea con el estándar capitalista. En segundo lugar, porque el régimen ruso, ni reconoce ni apenas entiende la autonomía social, por lo que su acción para impedir ese tipo de procesos se limitó a operar con intereses elitarios sin anclajes con la sociedad. En tercer lugar, porque para una gran parte de la sociedad ucraniana el sistema autocrático ruso no inspiraba simpatías ni era visto como modelo deseable. Fue así como Moscú asistió impotente a la erosión y barrido de su íntimo vínculo con Ucrania.

En medio de ese tumultuoso contexto, la política ucraniana mantuvo su pluralismo interno, con fuerzas predominantemente rusofilas u occidentalistas que se alternaban en el poder. En 2014 ese equilibrio se rompió definitivamente cuando la elite occidentalista ucraniana, apoyada por el movimiento social hostil a Rusia mayoritario en Ucrania occidental, tomó el poder en una rebelión apoyada por Washington y la Unión Europea, que derribó al gobierno legítimo. Se rompió así el equilibrio fundamental sobre el que reposaba el pluralismo, la soberanía e integridad territorial del país. El nuevo gobierno estaba decidido a adoptar el programa occidental por el que porfiaban desde hacía años sus padrinos de Washington y Bruselas, desalojando a la marina rusa de sus bases de Crimea, reprimiendo militarmente la oposición popular y elitaria adversa al cambio de régimen en las regiones del Este y Sur del país, e ingresando en la OTAN, esto último contra la voluntad mayoritaria de la ciudadanía expresada en multitud de encuestas de opinión y elecciones que demuestran que la neutralidad seguía siendo la primera opción de los ucranianos.

Abandonando paulatinamente –definitivamente en 2014– su estatuto de neutralidad y la promesa de no alineamiento en bloques, los gobiernos de Ucrania rompieron el pilar básico de su independencia de la URSS proclamada en 1991. Consagrada en los documentos fundamentales de su constitución como Estado, esa neutralidad era apoyada por la inmensa mayoría de la población y no solo era condición de una relación armónica con Rusia, sino también, y sobre todo, base y fundamento de la estabilidad interna de un país con una identidad nacional, geográfica y etnopolíticamente diversa. Esa diversidad incluía diferencias fundamentales en cómo cada región contemplaba su historia, el papel de la URSS, la memoria de la Segunda Guerra Mundial, el lugar de la lengua y la cultura rusas, la tradición religiosa, entre otras cuestiones El papel de puente entre Rusia y la Unión Europea, con las regiones orientales y meridionales mayoritariamente rusofilas y las occidentales, occidentalista/europeístas, era condición del consenso interno entre regiones, y, por tanto, de la soberanía e integridad territorial del país.⁴

Abandonando paulatinamente su estatuto de neutralidad y no alineamiento, los gobiernos de Ucrania rompieron el pilar de su independencia de la URSS proclamada en 1991.

Habiendo perdido Ucrania, el Kremlin intentó salvar por lo menos su posición en el mar Negro, anexionándose la península de Crimea en marzo de 2014, en una operación militar incruenta con el apoyo de la población local, pero sin decidirse a implicarse abiertamente en la rebelión popular armada de la población y las elites del Donbas.⁵; Se inició un proceso de negociación diplomática (Minsk), en el que las potencias europeas (Alemania y Francia) decían actuar como mediadoras cuando la realidad es que sus dirigentes, el presidente francés, François Hollande, y la canciller Angela Merkel, reconocieron más tarde haber actuado en complicidad con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, no para llegar a un acuerdo negociado, sino para ganar tiempo a fin de fortalecer al ejército ucraniano. Desde 2014 –y esto también está detalladamente documentado– la OTAN se volcó en la preparación, modernización y armamento del ejército ucraniano. Ucrania no estaba en la OTAN, pero la OTAN estaba en Ucrania.⁶

En febrero de 2019, la Constitución ucraniana fue enmendada de su estatuto de neutralidad y no alineamiento en bloques y lo transformó declarando la adhesión a la OTAN como un objetivo irrenunciable del gobierno. Tres meses después, Volodimir Zelenski, un rusoparnte, ganó las elecciones por una mayoría del 70% con un programa de pacificación, restablecimiento de los derechos linguísticos y culturales de la mayoría rusoparlante del país, y la potenciación de la negociación de paz en el conflicto armado del Donbas en el que, tras muchas dudas y vacilaciones, Rusia terminó por implicarse lo justo para impedir que las fuerzas rusófilas fueran arrolladas por la “operación antiterrorista” del ejército ucraniano. Las presiones de la ultraderecha ucraniana, electoralmente minoritaria pero muy fuerte en el ejército, con amenazas directas al presidente si negociaba, y de la OTAN animando al enfrentamiento con Rusia, anularon por completo las promesas de Zelenski. En marzo de 2021 el presidente adoptó un programa para recuperar Crimea por todos los medios, incluidos los militares (Plataforma de Crimea). En julio, 32 países de la OTAN participaron en las maniobras Defender 21 junto a la frontera rusa, pese a que una inmensa mayoría de ucranianos se declaraba en contra de tales maniobras.⁷ En agosto del mismo año, Estados Unidos firmó con Ucrania un acuerdo de defensa estratégica, seguido unos meses después de una Carta de asociación estratégica en la que se establecía el «apoyo inquebrantable» de Washington a la recuperación de Crimea. A finales de 2021, Rusia denunció que la mitad del ejército ucraniano estaba desplegado en la zona del Donbas.⁸

Las potencias occidentales provocaron la guerra, rechazaron la posibilidad de negociar para evitarla, y una vez iniciada se opusieron a cualquier negociación de paz.

La información actualmente disponible es, por tanto, concluyente: toda esta escalada se hizo contra la voluntad manifiesta de la población ucraniana. El 17 de diciembre de 2021, dos meses antes de la invasión, Rusia envió propuestas en materia de garantías de seguridad a Washington y a la OTAN. Pedía poner fin a la expansión de la OTAN, restablecer la neutralidad de Ucrania y restringir el despliegue de tropas y armas occidentales en Europa del Este, amenazando en caso contrario con adoptar «medidas tecnico-militares apropiadas». Las propuestas de Moscú fueron tajantemente rechazadas por Washington.>⁹

Occidente declaró desde el principio como “agresión no provocada” la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022, y rechazó toda relación de esta con su propia actividad a lo largo de más de veinte años. La realidad es que las potencias occidentales provocaron la guerra, rechazaron la posibilidad de negociar para evitarla, y una vez iniciada se opusieron a cualquier negociación de paz , rompiendo el proceso iniciado pocos días después de la invasión, con reuniones primero en Minsk (marzo) y luego en Estambul (abril). Sin eludir las responsabilidades rusas en la carnicería que siguió, y mucho menos justificándola, la simple realidad es que con una Ucrania neutral, no alineada en bloques y sin expansión de la OTAN hacia el Este, nunca habría habido elementos de guerra civil en Ucrania. Y sin ambas circunstancias, difícilmente habría habido invasión rusa. En una declaración del 9 de julio de 2023, el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg contradijo por primera vez la afirmación general de la propaganda occidental («agresión no provocada») al decir que la invasión fue la consecuencia de que la OTAN no aceptara las propuestas rusas presentadas en diciembre de 2021.¹⁰

Conflicto de intereses oligárquicos

En Occidente se invocan “valores europeos”, la defensa del “mundo libre” y la dialéctica de «democracia contra autocracia». En Rusia se habla de «amenaza existencial a la soberanía rusa», de «lucha contra el nazismo» e incluso de nueva «guerra patriótica» a la par con los ataques de Napoleón y Hitler. Con este arrullo, centenares de miles han perdido su vida y se ha vuelto a crear todo un ejército de viudas, húerfanos y mutilados en Europa. Pero si hablamos en serio, toda esa cronología, digamos militar o geopolítica, que hemos expuesto, es consecuencia de un conflicto superior de intereses entre elites capitalistas.

Una de las diferencias del sistema ruso con el occidental, es el carácter político de su oligarquía. Los “oligarcas” rusos están subordinados al Estado ruso, como la nobleza rusa lo estaba a la autocracia zarista. Es un rasgo de la historia secular de ese país. Si en Occidente una oligarquía económica domina lo político, en Rusia el poder económico se deriva del control del Estado. Los oligarcas son estatales o están subordinados al Estado. Tras la privatización de los años noventa, los dirigentes rusos estaban convencidos de su homologación internacional. Estaban convencidos de que Occidente les iba a dejar entrar en la globalización capitalista como socios «libres e iguales». Desconocían el mundo al que accedían. Habían olvidado todo aquello por lo que sus abuelos hicieron la revolución en busca de una solución al problema del desigual desarrollo capitalista que empujaba al Imperio Ruso de principios del siglo XX a convertirse en una especie de gran potencia colonizada. Consideraban que con la URSS su país se había apartado de la “civilización” a la que ahora regresaban. Moscú quería ser Nueva York, París o Londres, pero lo que la globalización capitalista les ofrecía era un estatuto subalterno y dependiente en el que la «Tercera Roma» (Moscú en la ideología secular imperial abrazada en el siglo XVI) debía renunciar a su identidad y realidad de gran potencia, con su nueva oligarquía en el papel de mera intermediaria en el comercio transnacional de materias primas. Ese papel la élite rusa no lo aceptó. Con Putin la elite rusa cayó del caballo y se dio cuenta de la cruda realidad. Si el capital occidental hubiera tenido libre acceso al control de los recursos energ , y si en ese negocio la élite rusa se hubiera conformado con un papel subalterno y solícito hacia los intereses extranjeros, no habría habido ampliación de la OTAN ni se hubiera excluido a Rusia ni demonizado al régimen de Putin. El conflicto “geopolítico” es, por tanto, consecuencia de ese choque fundamental de intereses.¹¹

Si el capital occidental hubiera tenido libre acceso a los recursos energéticos y minerales de Rusia, no habría habido ampliación de la OTAN.

El ejército ruso entró en Ucrania en febrero de hace tres años sin un plan concreto, pero con la idea de que cuanto más se demorara la operación más peligrosa se haría. El Kremlin creía que, en el mejor de los casos, el gobierno huiría de Kíev a Lviv, y que los generales del ejército ucraniano llegarían a algún acuerdo con sus ex compañeros de la Academia militar Frunze de Moscú, donde se formaron como oficiales soviéticos. Confrontada a una acción militar rusa corta y exitosa, la reacción occidental no superaría ciertos límites. Los americanos no iban a entrar en guerra por Ucrania, y la Unión Europea bajo liderazgo alemán tenía demasiados intereses energéticos y comerciales en la región como para ir mas lejos de la protesta y el griterío. Los reveses iniciales que la resistencia militar y popular ucraniana, y la asistencia de inteligencia militar brindada por la CIA y el Pentágono, complicaron el escenario y convirtieron lo que para Moscú debía ser una corta «Operación Militar Especial» en una larga guerra por procuración entre la OTAN y Rusia, con Ucrania como víctima propiciatoria. Inmediatamente el objetivo occidental quedó establecido: infringir una «derrota estratégica» a Rusia, «arruinar» su economía con las sanciones más radicales decididas hasta la fecha por Estados Unidos y la UE, y, en última instancia un cambio de régimen en Rusia. Alrededor de esos objetivos, los gobernantes europeos mayormente desprestigiados desde la crisis del casino de 2008 y la propia OTAN conocieron cierta consolidación, con la incorporación de Suecia y Finlandia y el fin de los restos de neutralidad en Austria y Suiza. Confrontada a tales objetivos de parte de un adversario económica y militarmente mucho más poderoso que ella, Rusia recordó y tomó medidas para hacer valer su condición de gran superpotencia nuclear, enmendando su doctrina en la materia para compensar el desequilibrio y conjurar lo que consideró «amenaza existencial». Fue así como la guerra por procuración se convirtió en un conflicto potencialmente global, enormemente peligroso para el conjunto de la humanidad y sin precedentes desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962.

Para el verano de 2023 la derrota de Ucrania estaba mucho más clara que el significado de una victoria rusa en el conflicto.¹² Rusia había resistido las sanciones, diversificado su comercio y convertido su industria militar en motor de un keynesianismo de guerra. Mientras en la Unión Europea la economía alemana rozaba la recesión al haber renunciado unilateralmente a la energía rusa, la economía rusa crecía. El aislamiento de Moscú en Occidente había sido compensado por sus apoyos en Asia y en el Sur global, donde sin justificar la invasión rusa comprendían las responsabilidades compartidas del conflicto. La actitud occidental en Ucrania pudo compararse y leerse en el contexto de las masacres israelís en Palestina, entre las ruinas de Gaza y Líbano, consolidando la secesión del Sur global expresada en diversos vectores, con cambios de actitud en África, dinamización de los BRICS y medidas para independizarse del dólar en el comercio internacional. En ese contexto tuvo lugar el cambio de administración en Washington.

La anomalía Trump

En enero de 2025 inició su segundo mandato en Washington un presidente anómalo que declaró querer cambiar las prioridades de Estados Unidos. Donald Trump anunció castigos comerciales a sus principales proveedores, tanto socios como adversarios, proyectos expansionistas hacia Groenlandia, iniciativas inmobiliario-genocidas en Gaza y la sugerencia de querer economizar esfuerzos en Europa para concentrarse en China, lo que pasa por un rápido acuerdo de paz con Rusia. Trump declaró también no querer empezar nuevas guerras e incluso habló de un acuerdo de desarme radical a negociar con China y Rusia. A siete semanas de su inicio –cuando se escriben estas líneas– y en medio de una desconcertante y a veces contradictoria sucesión de declaraciones y anuncios, apenas hay perspectiva para pronósticos y conclusiones. Es difícil imaginar que se realice, por ejemplo, lo que dice el ayudante presidencial Elon Musk de que Estados Unidos se vaya de esa OTAN que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quiere «más fuerte y letal». Aún más que abandone Europa, pieza fundamental de la proyección del poder americano en el mundo. Sin embargo, el mero hecho de que el primero en la cadena de mando de la guerra entre la OTAN y Rusia que se libra en Ucrania exprese comprensión hacia los intereses rusos e insista en acabar la guerra ha quebrado la narrativa occidental sobre el conflicto y crea una enorme confusión en las filas europeas unidas en su hostilidad a Rusia, lo que abre una ventana de oportunidad a Moscú.

En el Kremlin deben preguntarse hasta qué punto es firme esa oportunidad. Tras décadas de deslocalización y desindustrialización en busca del máximo beneficio cortoplacista, la dependencia de la economía de Estados Unidos de sus suministradores es grande. Los castigos arancelarios anunciados pueden crear rupturas y carestías. El mundo ya conoció, en la Rusia de Boris Yeltsin de los años noventa, grandes promesas de «volver a hacer grande» el país saldadas con un fenomenal desbarajuste. En los inicios de Trump, el presidente que sufrió dos atentados durante la campaña electoral, tiene a su favor la inercia del shock que provoca el anuncio de su política entre sus adversarios en Estados Unidos y en Europa, pero su posición está lejos de ser firme. Su mayoría en el Congreso es exigua, de solo tres votos. En el dossier ucraniano, todo el partido demócrata y parte del republicano no sintonizan con el giro hacia un acuerdo con Rusia. En el probable caso de que la economía se le tuerza, Trump perderá en dos años la mayoría en las elecciones de midterm y recibirá la suma de la energía opositora que ya se está gestando contra él. Desconocemos también cuanto durará la unidad en su bizarro equipo, formado por criterios de fidelidad. Esa es la principal incertidumbre. Respecto a Ucrania, la tragedia parece servida.

El propio Zelenski reconoce que sin la ayuda militar americana, «las posibilidades de supervivencia de Ucrania son muy reducidas». El posible colapso del frente y del ejército comportará el colapso del régimen. Del mero seguimiento de la prensa ucraniana se desprenden desde hace meses evidentes tensiones y rivalidades entre dirigentes. El jefe de la inteligencia militar, Kiril Budanov, un hombre de la CIA, está enfrentado con el jefe de la administración presidencial y mano derecha de Zelenski, Andri Yermak. Hay rumores de destitución de Budanov, que en enero dijo en una reunión parlamentaria a puerta cerrada que si no habían negociaciones de paz pronto el país se iría al garete. El jefe del grupo parlamentario del partido del presidente, David Arajamiya, también está peleado con la administración presidencial que le quiere relevar del cargo. Arajamiya fue quien confirmó que en las negociaciones de marzo/abril de 2022 en Estambul había un acuerdo de paz ya preparado que fue echado para atrás por la presión occidental. El ex jefe del ejército Valeri Zaluzhni, al que Zelenski destituyó y envió de embajador a Londres por ser más popular que él, tiene ambiciones y mantiene contacto con el ex presidente Petró Poroshenko, otro rival de Zelenski al que este ha represaliado. La negativa actitud de Trump hacia Zelenski y sus sugerencias directas de que el presidente no es capaz de negociar la paz, no hacen más que reavivar estas tensiones y disputas por el poder en el interior del régimen de Kiev. ¿Sobreviría la integridad territorial de lo que quede de Ucrania a ese posible colapso del régimen? La pregunta es razonable.

Peligrosa ineptitud europea

En términos históricos, parece que el hegemonismo occidental se está desmoronando en el mundo. La conducta de los que van a menos en el actual tránsito está plagada de peligros. Eso incluye a Rusia, pero en el ámbito de los objetivos, los de Moscú están claros:

1. restablecer la neutralidad de Ucrania y evitar el despliegue allí de bases y armas de la OTAN

2. restablecer los derechos de la población rusófila de la región

3. renegociar un sistema de seguridad europeo integrado en el que los intereses de Rusia sean tenidos en cuenta.

Los objetivos americanos están menos claros, aunque entre todo lo declarado, se extrae una lógica de economía de recursos para poder seguir dominando el mundo. En el caso de Europa, no hay objetivos definidos. Hay un partido de la guerra, con gran peso de bálticos, polacos y nórdicos, que arrastra al resto y que podría degenerar en la transformación del conflicto de Ucrania y su ampliación con una guerra del norte en el área del mar Báltico. ¿Cómo se ha llegado a esto? Desde luego no de repente.

El papel de la Unión europea no es el de "una gran Suiza", como se desprende de su propia retórica cada vez más orwelliana. Desde hace veinte años está militarmente presente en el mundo. Ha realizado más de cuarenta operaciones en Europa, África y Asia, diez de ellas militarmente activas hoy. Revestidas de «promoción de la paz y la seguridad» y financiadas frecuentemente por el “Fondo Europeo por la Paz” sin apenas control parlamentario, estas operaciones sirven en realidad para promover intereses europeos, coherentes con el pasado colonial de las principales potencias del continente. La UE ha suministrado armas a zonas de guerra, ha agravado conflictos en Somalia y el Sahel, donde está siendo rechazada por los regímenes locales, y mantiene un mortífero régimen de fronteras y de internamiento en países de su entorno mediterráneo responsable de la muerte de decenas de miles de personas. La UE considera rutinariamente a los Balcanes como su patio trasero y de vez en cuando sus barcos de guerra participan en el acoso a China e Irán. El cambio de administración en Washington no ha creado todo esto. Solo lo ha acelerado.¹³

El papel de la Unión europea no es el de "una gran Suiza", como se desprende de su propia retórica cada vez más orwelliana

La elite política europea está caracterizada por la ineptitud. En casi su totalidad se trata de gente que durante décadas externalizó a Estados Unidos la función de pensar políticamente, adoptando el infantilismo político, el narcisismo y la arrogancia de unos “principios y valores” que, desde luego, la Unión Europea no encarna –como ha quedado meridianamente patente en Gaza– practicando una política basada en la imagen, y creyéndose su propia propaganda mediática sobre el motivo y origen del conflicto de Ucrania, a saber: el deseo de un malvado dictador de ampliar su imperio y recrear una especie de URSS.

La Unión Europea no puede resolver un conflicto cuyos motivos no entiende. Es incapaz, por tanto, de negociar, porque desconoce sus propios intereses: no los ha formulado, limitándose a seguir los de Estados Unidos, que ahora gira y la deja en la estacada.

Europa no quiere acabar la guerra de Ucrania, porque su burocracia oligárquica ha encontrado en la confrontación con Rusia la fórmula para consolidar su poder, su razón de ser. Este cúmulo de circunstancias explica su actual despropósito: pretender ganar sin Estados Unidos una guerra, que en su actual estado ha perdido con Estados Unidos. ¿De dónde van a salir los 800.000 millones anunciados para el rearme? Alemania su principal potencia está en puertas de otro año de recesión. ¿De dónde saldrán los hombres dispuestos a morir en la enésima cruzada de la historia europea contra Rusia? Sus principales potencias militares, Inglaterra, Alemania y Francia, disponen cada una de ellas de menos de una decena de sistemas de defensa antiaérea y antimisiles, pero para cubrir mínimamente el espacio ucraniano (ciudades e industrias clave) en la época soviética se disponían allí de centenares de ellos. Es solo un ejemplo. Es verdad que los presupuestos de Defensa combinados de los Estados europeos suman cifras enormes, bien superiores a las de Rusia, pero eso no cambia la realidad de un mosaico operativamente incoherente de retazos de diferentes sistemas de armas, como ha demostrado la estrategia militar occidental en Ucrania. Respecto a la invocada “invasión rusa de Europa” es una fantasía. Choca con la propia realidad del lento y penoso avance militar ruso en Ucrania y con la propia narrativa europea. Durante años, la UE ha mantenido que la inclusión de Ucrania en la OTAN es la garantía de seguridad, porque Rusia no se atrevería a atacar a la OTAN, pero al mismo tiempo se afirma esa posibilidad al agitar el «que vienen los rusos». Lo que deberían hacer los políticos europeos es abrir su propia negociación con Rusia en lugar de mendigar un puesto en la mesa de Trump . Antes deberían reconocer que la única «garantía de seguridad» de Ucrania es su neutralidad. Seguramente es pedirles demasiado… Sea como sea, nadie puede garantizar que el siguiente presidente de Estados Unidos no vaya a parecerse más a Joe Biden que a Donald Trump. Ese escenario de “paréntesis anómalo” en Washington, puede ser la esperanza de futuro de los ineptos dirigentes europeos que buscan en la continuidad de la guerra una loca salida a su debacle. ¿Podría coordinarse ese belicismo europeo con la oposición a Trump en el establishment de la seguridad de Estados Unidos –que seguramente irá en aumento– y en el Partido Demócrata para hacer fracasar el vector de una negociación en Ucrania? Por supuesto, el propio Trump parece consciente de tal peligro. En sus recepciones en la Casa Blanca maltrató a Zelenski, pero se cuidó mucho de hacer lo mismo con Macron y Starmer, gente que, aliada con sus enemigos en Estados Unidos, puede ser peligrosa.

Desde una perspectiva geográfica, en ningún lugar como en el mar Báltico hay mayor probabilidad de que el rumbo europeo hacia la continuación y profundización de la confrontación con Rusia conduzca no al fin, sino a la transformación de la guerra de Ucrania en un conflicto más amplio que implique, por ejemplo, a tropas finlandesas, bálticas y polacas a lo largo de la frontera norte de la OTAN. Podría no ser una guerra de toda la OTAN ni de toda la UE, pero sí de parte de ellas y con el apoyo del resto. La suma de este frente con el ucraniano, supondría un estrés y una amenaza considerable incluso para una Rusia revigorizada y podría convertir la histeria sobre una “invasión rusa” en esa zona en profecía autocumplida.

Mientras todo eso se cuece, es indudable que se ha abierto una ventana de oportunidad para la distensión entre Estados Unidos y Rusia, en la que Moscú podría retirar sus tropas de Bielorrusia a cambio de una retirada de tropas americanas de Europa del Este, así como una retirada mutua de misiles de medio alcance de ambos espacios. El planeta tiene otras prioridades urgentes perfectamente claras y definidas, y Europa debe dejar de ser la vanguardia del despropósito.

Rafael Poch-de-Feliu ha sido corresponsal internacional para diferentes medios.

NOTAS

1 Rafael Poch-de-Feliu, El año 2024: Gaza, Ucrania y Eurasia en la crisis del declive occidental, Public Policy Center, núm. 2, Universidad Pompeu Fabra, 2024, disponible en: https://repositori-api.upf.edu/api/core/bitstreams/acf681b4-3bee-4807-8f2f-d2d719c2f698/content

2 El 28 de enero de 1992, el presidente George Bush declaró ante el Congreso la victoria en la Guerra Fría: «Por la gracia de Dios, América ha ganado la Guerra Fría. No es que haya acabado, es que la hemos ganado (…) Somos los Estados Unidos de América, el líder de Occidente que se ha convertido en el líder del mundo».

3 Recordemos que el desbarajuste ruso de los noventa incluyó tres golpes de Estado, el fallido de agosto de 1991 contra las reformas de Gorbachov, la propia disolución conspirativa de la URSS de diciembre del mismo año a cargo de los dirigentes de sus tres grandes repúblicas europeas, y el de octubre de 1993 con el cual Boris Yeltsin reinstauró la última versión del tradicional sistema autocrático moscovita actualmente vigente, pasando por una caótica reforma de mercado/privatización que hundió la economía de la mayoría y enriqueció a una minoría, y una guerra contra varios miles de guerrilleros que en Chechenia evidenció la debilidad militar rusa.

4 La neutralidad se inscribió en los documentos fundacionales del Estado ucraniano moderno. La Declaración de Soberanía, adoptada el 16 de julio de 1990, decía que Ucrania sería «un Estado permanentemente neutral que no participará en bloques militares». Mas tarde, la Constitución sería enmendada, primero para omitir ese compromiso y luego para incluir en ella el objetivo de ingreso en la OTAN. Cuando Ucrania firmó en 1994 el Memorándum de Budapest (retirada a Rusia de las armas nucleares soviéticas estacionadas en su territorio con compromiso de los firmantes, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, de respetar la soberanía e integridad territorial ucraniana), lo hizo como un país permanentemente comprometido con la neutralidad y el no alineamiento en bloques. El compromiso hacia el respeto a su soberanía era tanto más importante porque Ucrania carecía de una alianza militar de defensa debido a su posición neutral. La declaración de la cumbre de la OTAN de 2008 en Bucarest, en la que se nombraba a Ucrania como miembro potencial, violentaba directamente las disposiciones del Memorándum de Budapest y los consensos internos fundamentales de la Ucrania postsoviética. Cinco días antes de la invasión rusa, en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich, Zelenski amenazó con salirse del Memorándum de Budapest y retomar el arma nuclear. Con su invasión militar, Rusia violó, ciertamente, su compromiso de 1994, pero lo hizo después de que Occidente lo hiciera. Según Moscú, la implicación de los países occidentales en una toma de poder inconstitucional en 2014, violó la soberanía de Ucrania. En su entrevista con Tucker Carlson del 8 de febrero de 2014, Putin se refirió a ese contexto general cuando observó: «habíamos acordado las fronteras de Rusia en 1991, pero nunca acordamos la expansión de la OTAN ni que Ucrania fuera parte de la OTAN». Por supuesto, por más que el ingreso en la OTAN no sea una cuestión de opción de la población implicada, sino más bien de los intereses de Estados Unidos, una sociedad tiene derecho a optar por la integración en un bloque militar. La cuestión es que los ucranianos no estaban a favor sino en contra de tal ingreso. En diciembre de 2007, en vísperas de la cumbre de Bucarest que estableció que Ucrania y Georgia «serán miembros de la OTAN», menos del 20% de los ciudadanos ucranianos apoyaron unirse a la Alianza. La mayoría de los ucranianos se dividieron entre el apoyo a una alianza militar con Rusia o la retención del estatus neutral de no integrarse en ningún bloque. La entrada en la OTAN siguió siendo el objetivo de solo una pequeña minoría dentro de la sociedad ucraniana hasta los tumultuosos eventos de 2014. Como resultado de la anexión de Crimea por parte de Rusia y el comienzo de la guerra en el Donbas, el apoyo a la entrada en la OTAN aumentó hasta alrededor del 40%, pero las encuestas ya no incluían para entonces a los ciudadanos ucranianos más prorrusos de los territorios que no están bajo el control del gobierno ucraniano: Crimea y Donbas. Millones de ciudadanos ucranianos. Y ni aún así el apoyo al ingreso tenía el apoyo de la mayoría. Nada de todo esto justifica la invasión militar rusa, pero le da un contexto mucho más complejo y matizado de lo que sugiere la propaganda occidental. El atropello de la voluntad popular fue general, como lo es ahora la opción de continuar la guerra cuando todas las encuestas, en la Unión Europea, en Rusia y en Ucrania, arrojan mayorías a favor de una negociación.

5 Pese a que se ha repetido hasta la saciedad que hubo una presencia militar rusa directa desde el principio de la rebelión armada del Donbas contra el nuevo Gobierno occidentalista de Kíev, la realidad es que, en verano de 2014, el Estado mayor ucraniano informó que en la región solo había 56 voluntarios rusos combatiendo al ejército ucraniano, según informó el Kyiv Post. El mejor testimonio directo sobre la evolución de la actitud rusa y las reticencias del Kremlin a implicarse en el Donbas, se encuentra en el libro de Anna Arutunyan, Hybrid Warriors. Proxies, Freelancers and Moscow´s Struggle for Ukraine. (2022). Aruntunyan reside en Estados Unidos y es una clara opositora de Putin.

6 El 14 de febrero de 2023 el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, lo reconoció explícitamente al declarar: «la guerra no empezó en febrero del año pasado (2022). La guerra empezó en 2014. Y desde 2014 los aliados de la OTAN han dado apoyo a Ucrania, con entrenamiento y material de tal forma que las fuerzas armadas ucranianas eran mucho más fuertes en 2022 que en 2020 o 2014». Richard Clarke, jefe del Special Operations Command de Estados Unidos declaró el 28 de agosto de 2022 a David Ignatius del Washington Post: «Lo que hicimos a partir de 2014, fue crear las condiciones. Cuando los rusos invadieron en febrero, llevábamos siete años trabajando con las fuerzas especiales ucranianas».

7 En total, 21% a favor, 53% en contra, 26% no sabe. La oposición a las maniobras ganaba en todas las regiones del país, pero en el oeste el 39% estaba a favor, cinco veces más que en el este y sur (7,1% y 8,3%, respectivamente). Ver Washington Post, 19 de enero de 2022.

8 Vease «“Now or Never”: The Immediate Origins of Putin´s Preventative War on Ukraine», Geoffrey Roberts, en Journal of Military and Strategic Studies, Volume 22, issue 2.

9 El documento de propuestas rusas del 17 de diciembre de 2021 dirigido a la OTAN, en: «Agreement on measures to ensure the security of The Russian Federation and member States of the North Atlantic Treaty Organization - Министерство иностранных дел Российской Федерации, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, disponible en: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/1790803/?lang=en

10 Vease el video: "Not About Nato" | "Never About NATO" | "Nothing to Do With NATO" | UKRAINE WAR, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=Zf5xEBwBhds

11 Desarrollo más este y otros aspectos en Poch-de-Feliu, 2024, op. cit., nota 1.

12 Rafael Poch-de-Feliu, «Ucrania está perdiendo la guerra, pero Rusia no la está ganando», blog de Rafael Poch de Feliu, 19 de julio de 2023, disponible en: https://rafaelpoch.com/2023/07/19/ucrania-esta-perdiendo-la-guerra-pero-rusia-no-la-esta-ganando/

13 Sobre las “misiones de paz” de la UE, ver: Under the Radar: Twenty years of EU military missions, Transnational Institute, 8 de mayo de 2024, disponible en: https://www.tni.org/en/publication/under-the-radar

Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: El conflicto de Ucrania y las incertidumbres de Trump.

by Susana Fernández Herrero

Orden imperial y amenazas a la paz y la democracia

El retorno de Trump a la Casa Blanca coincidiendo con el inicio del nuevo año ha acelerado el desarrollo de unos acontecimientos que se venían fraguando a fuego lento durante décadas.

Ya nadie discute que el orden social neoliberal que reinó desde principios de los ochenta del siglo anterior no haya pasado a mejor vida y que sucesos tan traumáticos como la crisis financiera-inmobiliaria del año 2007 o la posterior pandemia del 2020 representaron su definitiva carta de defunción. Si por un «orden social» entendemos una determinada configuración de poder definida por juegos de dominación y compromiso entre sectores sociales y fracciones de clase, tanto en el plano interno de los estados como en las relaciones –económicas, políticas y militares–que establecen entre ellos, hace tiempo que asistimos a la caída de aquel viejo orden neoliberal y a la emergencia de un orden social nuevo (¿posneoliberal, nacional populista, imperialista?), cuyos contornos se empiezan a identificar con cierta claridad en la actualidad. En este sentido, Trump no representa una anomalía, es simplemente la consecuencia de la crisis y los miedos de los últimos tiempos.

Así pues, ¡bienvenidos al nuevo orden mundial!

Así comienza el texto introductorio al número 169 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, escrito por su director Santiago Álvarez Cantalapiedra, bajo el título: Orden imperial y amenazas a la paz y la democracia.

Pero, ¿qué rasgos presenta el nuevo orden mundial?

Dejando al margen cómo se concreta en cada país, en el plano internacional el orden que va emergiendo de las ruinas de décadas de globalización neoliberal presenta ya algunos rasgos incontrovertibles. En primer lugar, se caracteriza por la rudeza y el abandono de la diplomacia y el cumplimiento de las normas. El embrutecimiento de las relaciones internacionales no es nada nuevo, pero al menos antes se guardaban algo más las formas. Ahora se desdeñan valores que encarnan instituciones como el Tribunal Penal Internacional o la Organización Mundial de la Salud y se admira la franqueza de quienes emplean sin tapujos el lenguaje de la fuerza.

Lo anterior no es sino la manifestación de un cambio más profundo en la manera de manejar las relaciones internacionales: la imposición de la lógica imperial y el regreso a las zonas de influencia. Para caracterizar este segundo rasgo parece oportuno utilizar la expresión imperialismo globalizado,¹ resaltando que nos encontramos ante la evolución de un proceso que es a la vez mundializado e imperialista, esto es, que comporta no tanto la cancelación de la globalización como su transformación profunda² de la mano del fortalecimiento del poder de los estados y el regreso de la geopolítica.

En tercer lugar, el mayor peso de la acción estatal se produce en un contexto involutivo que conduce hacia nuevas modalidades autoritarias. Las democracias se ven asediadas por la alianza entre el poder político y tecnológico, y el gasto social, que daba cierto contenido real a esas democracias más allá de sus aspectos formales, se encuentra seriamente comprometido por el rearme militar.

El contexto

Para comprender bien el tránsito hacia este nuevo orden mundial, que se desarrolla sobre la reafirmación de los intereses nacionales y a partir de una diplomacia coercitiva, alejado del clásico orden basado en reglas y asentado no en el antagonismo entre sistemas económicos ideológicamente opuestos (como ocurrió en algún momento del pasado) sino en la confrontación entre potencias que encarnan diferentes tipos de capitalismo con intereses globales en pugna, no hay que perder de vista en ningún momento el contexto, marcado fundamentalmente por el cambio climático y la transición energética, la multipolaridad en un mundo de geografía económica cambiante y la relevancia que adquiere el poder tecnológico asociado al mundo digital.

En primer lugar, cada vez son más relevantes los efectos que tanto el cambio climático como la transición energética tienen en el tensionamiento de la geopolítica actual. Sirva un botón de muestra: los efectos del calentamiento global sobre el deshielo del Ártico están abriendo enormes posibilidades tanto de explotación minera como de apertura de nuevas rutas marítimas. La temperatura media en el Ártico ha sufrido un aumento de 2, 5 ºC en las últimas décadas, un incremento considerablemente mayor que la media mundial. De mantenerse esta tendencia, próximamente se podrá navegar por el Ártico durante varios meses seguidos, especialmente en la costa rusa. Ya se asistió el año pasado a un acontecimiento inédito: en septiembre dos navíos portacontenedores chinos se cruzaron a la altura de la isla de Novaya Zemlya sin la ayuda de buques rompehielos. Solo hay que mirar el mapa del Ártico para comprobar que la mayor parte de las fronteras marítimas de la zona están bajo control ruso, noruego, danés (Groenlandia) o canadiense. Así se comprende mejor el interés de Trump sobre Groenlandia y su manifestado deseo de integrar a Canadá como Estado número cincuenta y uno de la Unión.³

A su vez, la transición energética que persigue la descarbonización tiene claras implicaciones sobre la geopolítica fosilista (toda la historia del capitalismo contemporáneo tiene que ver con el petróleo) y, más relevante aún, aumenta la dependencia de los minerales que hacen posible la incorporación de las renovables al mix energético. Recientemente ha quedado en evidencia que detrás de los procesos de negociación para tratar de conseguir el cese de la guerra en Ucrania pesa, y mucho, la disputa global por el control de recursos estratégicos. La ofensiva neocolonial de Trump sobre Ucrania, reclamando una parte sustancial de sus minerales como compensación por la ayuda militar prestada, pero sobre todo las concesiones políticas a Rusia (como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y del control de las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia), ponen de manifiesto que detrás de las buenas relaciones con Putin está la pretensión de EEUU de poder acceder también a los minerales estratégicos de Siberia (particularmente a los yacimientos de Tomtor y Zashikhinskoye) con los que garantizar la seguridad en el suministro de materiales críticos y tierras raras. Por otro lado, no hace falta recordar que China controla el procesamiento del litio, el cobalto y las tierras raras, lo que le otorga una posición dominante sobre insumos claves en la transición energética y digital y en la industria militar, que constituyen los ejes que articulan hoy las transformaciones productivas en Occidente.

En segundo lugar, el mundo es cada vez más multipolar a medida que el centro de gravedad económica se desplaza hacia Asia oriental. La pugna de los EEUU con China por liderar la economía mundial será una de las principales claves en la comprensión de los próximos tiempos. Ahora bien, en este contexto, Trump no solo es exponente del declive de los EEUU, sino también en cierto modo de la creciente pérdida de protagonismo de eso que, como conjunto o sistema, se ha dado en llamar “Occidente”.

Las creencias de la modernidad europea que se diseminaron mediante la expansión colonial del capitalismo por todo el orbe (la mentalidad materialista y tecnocrática, exclusivamente orientada por la razón instrumental, basada en una fe ciega en el mercado y la tecnología, obsesionada por dominar la naturaleza y la acumulación de la riqueza y el poder, dando lugar a la ilusión del crecimiento económico indefinido y a una visión unilateral del progreso) hace aguas por todos los lados. Afectados como estamos de un eurocentrismo y un atlantismo sin cura, no nos damos cuenta de que el mundo, y las miradas para interpretarlo, están cambiando. Eso nos impide comprender que el mundo “no occidental” no se siente concernido en esa batalla que Europa se trae frente Rusia o que EEUU tiene emprendida contra China. La mayoría de esos países no entienden los argumentos morales para situarse en contra de Putin ni ignoran que la irresponsable estrategia de la OTAN de llevar su alcance hasta la misma frontera rusa fue una terrible provocación. Y tampoco ven en las relaciones con China la arrogancia y el desprecio que siempre han sentido al relacionarse con Occidente.

Finalmente, el campo tecnológico se presenta como uno de los principales frentes de batalla para quienes están impulsando este nuevo orden. Los tecnoligarcas han financiado la campaña de Trump y, a cambio, se va a dejar libres de regulaciones a sus empresas (sobre todo en actividades como la inteligencia artificial). También va a ser más evidente la fusión entre el poder económico y político. Las grandes tecnológicas es posible que terminen asumiendo funciones propias del Estado, particularmente en lo que se refiere a los sistemas educativos administrados por plataformas de aprendizaje automático, en los sistemas de salud gestionados por algoritmos predictivos, en tribunales digitales con bases de datos jurisprudenciales que, ayudadas de la inteligencia artificial, permitan resolver litigios en tiempo real, o asumiendo capacidades en los capítulos de defensa y seguridad nacional (Musk ya ha mostrado su influencia al desplegar su red de comunicaciones por satélites Starlink en Ucrania).⁴

Acemoglu y Johnson mencionan el momento crítico que vivimos en cuanto a las relaciones de la tecnología con la democracia.^[5] El poder de las grandes tecnológicas no tiene precedentes, ni siquiera comparándolas con lo que pudieron representar en su día la Compañía de las Indias Orientales u otras poderosas empresas de la historia más reciente como las grandes corporaciones petroleras: «Lo sorprendente de los gigantes tecnológicos actuales, especialmente Facebook, Google y, hasta cierto punto, Apple, Amazon y Microsoft, es que no solo son enormes y multinacionales, sino que además controlan las fibras mismas de la sociedad. Dan forma a la información, están integrados en todos los aspectos de la vida cotidiana e influyen en la opinión pública. Nunca hemos tenido empresas tan poderosas como las grandes tecnológicas».⁶

Pérdida de hegemonía y reafirmación imperial

En este contexto, el orden emergente presenta rasgos preocupantes en cuanto que parece encaminado, más que a afrontar los desafíos que tenemos planteados (el incremento de los riesgos ecosociales o de los conflictos y los desplazamientos forzados), a cerrar las vías del multilateralismo y la democracia, deslizándose hacia formas de imposición unilateral y autoritarias tanto en el interior de cada sociedad como en el plano internacional. Algunos lo ven como el tránsito hacia un «orden iliberal», otros como la plasmación de un «electoralismo autoritario» en la medida en que sin prescindir del sufragio universal cuestiona radicalmente lo que representa el Estado de derecho.

En cualquier caso, lo que en estos momentos se puede observar con relativa claridad es la imposición del lenguaje de la fuerza, por un lado, y la voluntad de sustituir el welfare por el warfare como consecuencia lógica de lo anterior. Ambas tendencias reflejan el renacimiento de las rivalidades geopolíticas en la era del imperialismo global.

Los primeros pasos del segundo gobierno Trump profundizan en esa dirección dada la incapacidad de los EEUU de mantener su hegemonía mundial. El dominio internacional de una potencia suele tener como componentes el unilateralismo y la hegemonía. El unilateralismo encarna la facultad de configurar las reglas del juego en las relaciones internacionales en función de los propios intereses, pero la hegemonía significa además tener la capacidad de hacerlo sin recurrir a la fuerza, por mera presión política. Ahora el unilateralismo norteamericano parece que ha dejado de sostenerse sobre la hegemonía y, sin ella, el uso del lenguaje y la lógica de la fuerza se ha convertido en el principal recurso político.⁷

Todo lo que ha venido manifestando y haciendo la Administración Trump hasta este momento destila formas y maneras impositivas, coercitivas y desdeñosas: ha humillado a Volodímir Zelenski en el Despacho Oval, ha impuesto aranceles motivado más por el tipo de relaciones que mantiene con los países que por la tipología de los productos sujetos a gravamen, muestra una preferencia indisimulada por el bilateralismo frente al multilateralismo y apuesta por abrir un escenario que no parece regirse por reglas sino por tratos. Mentalidad de un emperador que ya no busca la hegemonía. Dos acontecimientos resultan emblemáticos de este tránsito al poder duro: el primero, el cierre de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID); el segundo, la apelación constante al rearme.

Desde sus comienzos, la USAID ha sido una de las principales herramientas de la política exterior injerencista de los EEUU. Para ello se utilizaban los instrumentos habituales de la cooperación oficial al desarrollo: los créditos, los fondos de ayuda humanitaria para situaciones de emergencia, la asistencia técnica y, nunca ausente, el apoyo militar y las actividades de espionaje y contrainteligencia. La cooperación permite al Estado donante recabar valiosa información desde un punto de vista estratégico, la ayuda humanitaria sirve para deshacerse de los excedentes agrícolas y los préstamos se condicionan habitualmente a compras que favorezcan a las empresas propias. La cooperación se ha entendido como beneficio mutuo: el país receptor se beneficia de unos fondos y de una asistencia que le permite atender necesidades no cubiertas, mientras que el país donante la utiliza como freno a la inmigración, lucha contra el narcotráfico o el terrorismo internacional, para prevenir enfermedades globales y pandemias o, simplemente, como manera de mantener al país receptor en su zona de influencia alejado del influjo de su rival geopolítico. Las agencias de cooperación internacional han sido habitualmente herramientas de soft power al servicio de los intereses y la seguridad nacional. Sin embargo, los imperios no cooperan, se imponen, solo utilizan herramientas hard power y desdeñan de lo que suena soft, pues llega un momento en el que perciben que lograr la hegemonía les reporta más costes que ventajas.

Esta percepción se encuentra detrás de la constante apelación al rearme europeo. Los EEUU consideran que Europa –justificándose en su apuesta por el poder blando y sus supuestos valores ilustrados– se ha beneficiado durante demasiado tiempo de la cobertura militar que le ha proporcionado. Ya es hora de que el resto de Occidente pague su propia factura de defensa, máxime cuando su atención se desplaza hacia Oriente y observa a los europeos comportándose deslealmente, pues al tiempo que se han aprovechado de su cobertura militar también se han beneficiado durante décadas de la energía abundante procedente de Rusia y de los productos baratos demandados a China. La visión mercantilista de Trump, combinada con la mentalidad imperial de quien cree que puede apropiarse de todo aquello que está a su alcance e imponer su voluntad, produce un precipitado de difícil digestión en un mundo cada vez más multipolar, diverso y necesitado de acuerdos urgentes para afrontar los grandes desafíos globales. Lejos de ello, el imperialismo global que abandera en estos instantes Trump se ha convertido en la principal fuente de amenazas para la democracia y la paz, y Europa con su plan armamentístico (justificado en la retórica de la autonomía estratégica) se apresta a responder obedientemente a los mandatos.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Director del área Ecosocial de FUHEM y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

NOTAS

1 Ángel Martínez González-Tablas, «2024: trayectoria y visión integral de la globalización», Revista de Economía Crítica núm. 37, 2024, pp. 65-82.

2 Continúa profundizándose la mundialización en aspectos sociales, culturales y comunicativos; también en distintos eslabones del proceso económico, como la pugna por la extracción de los recursos o la hegemonía de las finanzas, aunque se observa cierto retroceso relativo en el plano del comercio mundial por el impulso arancelario y en la transnacionalización productiva debido a los planes de relocalización industrial de los países occidentales.

3 Enric Juliana, «El mapa que lo explica todo», La Vanguardia, 14 de enero de 2025, disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20250114/10271614/mapa-explica.html

4 En este sentido, el papel de Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) va más allá de los recortes en áreas sociales o ámbitos que considera que están colonizados por el “pensamiento woke”, y lo fundamental es la reestructuración que está acometiendo para alinear las instituciones y los recursos del Estado con los intereses de las principales empresas tecnológicas.

5 Daron Acemoglu y Simon Johnson, Poder y progreso, Editorial Deusto, Barcelona, 2023.

^[6 Entrevista de Óscar Granados al Nobel de Economía Daron Acemoglu: «Nunca hemos tenido empresas tan poderosas como las grandes tecnológicas», Ethic, 20 de febrero de 2025, disponible en: https://ethic.es/entrevistas/entrevista-daron-acemoglu

7 Boaventura de Sousa Santos, «Trump: ¿la astucia del tigre de papel?», Other News, 25 de enero de 2025, disponible en: https://www.other-news.info/noticias/trump-la-astucia-del-tigre-de-papel/

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by Susana Fernández Herrero

Hay alternativas a la guerra

Vivimos tiempos convulsos. Según el Informe Alerta 2024 de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, en el mundo hay 36 contextos de conflicto, la cifra más alta desde 2014.

Ofrecemos a continuación, un artículo publicado en el número 164 de nuestra revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, escrito por Pere Ortega, investigador y cofundador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau que nos habla de las alternativas a la guerra

En el contexto geopolítico mundial actual se ha instalado la política del miedo, especialmente propiciado por Estados Unidos y sus aliados, a perder la hegemonía que este bloque ostentaba desde el final de la guerra fría. Las causas de ese miedo provienen, por una parte, de Rusia, que se resiste a ver su espacio de influencia regional amenazado por la OTAN de EEUU, y se lanza a una guerra en Ucrania; por otra, por parte de China, que expande su influencia y control por los recursos y el comercio mundial, lo cual es visto por EEUU como una competencia que amenaza sus intereses. Debido a ello, unos y otros se han lanzado a un rearme que vaticina un mundo más inseguro que desembocará inevitablemente en nuevos conflictos.

Esta confrontación de intereses entre las diversas potencias, las existentes y las emergentes, puede desembocar en conflictos que conlleven enfrentamientos armados o invasiones de un estado sobre otro, como ya ha ocurrido en Nagorno Karabaj y Ucrania. Ante ello, parece pertinente abrir una reflexión sobre cómo los gobiernos y la población deberían hacer frente a la amenaza de una guerra en sus territorios. Sin duda, la mejor de las opciones para evitar conflictos ya ha sido estudiada y practicada con profusión por muchos estados. Se trata de establecer relaciones diplomáticas fuertes, compartir la seguridad, estrechar relaciones económicas y culturales que establezcan lazos de unión que impidan la aparición de conflictos. Pero, aun así, puede darse el caso, de que un estado no se avenga a razones y lance una agresión militar.

Qué hacer frente una agresión militar

Por ello, también es necesario recordar que existen alternativas a una agresión militar menos dolosas que recurrir a la guerra. Pero los analistas afines a los grupos de poder hegemónicos que gobiernan el norte global se obstinan en afirmar que la mejor manera de salvaguardar la seguridad es mediante la defensa militar. E invocan el principio del derecho a la legítima defensa frente a una agresión. Un principio que, además, está legitimado por la Carta de Naciones Unidas.

Una relación entre seguridad y defensa que, aunque tiene un aspecto coincidente: el derecho a defenderse ante una agresión; en ocasiones, puede que sea contraproducente, pues la respuesta a una agresión no necesariamente requiere de una respuesta violenta y mucho menos armada, por una cuestión elemental: una cosa es que ante una agresión violenta nos defendamos y otra, si responder con violencia es la mejor de las respuestas, pues puede activar una espiral que conduzca a mayores violencias de las que después sea mucho más difícil salir, como es el caso de la guerra.

Por otro lado, no es lo mismo una agresión interpersonal que una agresión entre estados. En la primera opción, el sufrimiento queda circunscrito a un grupo reducido de personas, mientras que una agresión entre estados puede conducir a una violencia muy superior, la guerra. Existe el consenso de que la guerra es la más perversa de todas las violencias por el enorme sufrimiento que comporta para las poblaciones que la sufren. Sobre todo, cuando los estados disponen de mecanismos institucionales en política exterior como los ya indicados que pueden actuar como freno para desactivar desavenencias y conflictos y que pueden evitar que estos desemboquen en guerras.

Antes de iniciar la guerra, el gobierno agredido debería preguntarse si la respuesta armada es la mejor manera de defenderse

A pesar de ello, pueden darse casos, en que todas las medidas para evitar el conflicto armado fracasen y se produzca o una agresión militar por parte de un estado. Entonces, antes de iniciar la guerra, el gobierno agredido debería preguntarse si la respuesta armada es la mejor manera de defenderse pues el sufrimiento que puede provocar a la población puede ser muy superior al que pretende remediar. Para dar respuesta a esa pregunta es cuándo se deben interrogar si existen alternativas menos dolosas que la guerra, sobre todo, después de las hecatombes provocadas por las guerras mundiales del siglo pasado que han encontrado respuestas por parte de algunos de las mejores mentes del siglo XX como Bertrand Russell y Albert Einstein.[1] Pero quien construyó el pensamiento mejor elaborado como alternativa a la violencia fue, sin duda, Mohandas Gandhi. Elaborando un nuevo concepto, el de la noviolencia, que ha ido ganando adeptos tanto en la academia (hay múltiples institutos y cátedras universitarias que estudian la paz y la noviolencia), como en los movimientos sociales y políticos. Propuestas que han tenido continuidad en múltiples autores, de entre ellos, quiero destacar a Gene Sharp, Johan Galtung y John Paul Lederach.

Johan Galtung ,[2] porque considera que la violencia siempre engendra contraviolencia, y aboga por la noviolencia elaborando teorías con las que poder evitar la confrontación entre personas, comunidades o estados, interrogándose y buscando en el análisis de la violencia las causas del conflicto y en la mediación la mejor manera para su resolución. John Paul Lederach[3] da un paso igual de profundo abordando la transformación de los conflictos, pero mediante otra dimensión, la implicación de las comunidades que sufren la violencia como condición sine qua non, y que sean ellas con su acción directa quiénes transformen el conflicto en paz.

Pero será Gene Sharp,[4] partiendo de las enseñanzas de Gandhi sobre la noviolencia, quién ha elaborado metodologías plasmadas en diversos manuales que han servido de guía para muchos movimientos insurreccionales con los que hacer frente a la violencia ejercida desde el gobierno de un Estado.

Sharp, partiendo de los dos principios que propuso Gandhi, la desobediencia y la no cooperación, mediante su conjunción, propone que cualquier comunidad o pueblo puede doblegar a los gobiernos que violenten las relaciones de una comunidad, sean sociales o políticas, y, por tanto, extensibles a quienes utilizan la fuerza militar para apoderarse de un territorio o nación. Sharp recuerda que Gandhi partía de la convicción de que el poder descansa en la población y no en el gobierno, y que este, siempre lo ejerce por delegación. Su teoría es tan simple como directa, se fundamenta en la concepción voluntarista del consentimiento del pueblo frente al gobierno contraponiendo desobedecer a obedecer y oponerse a permitir. Y propone que un pueblo utilizando la desobediencia y la no cooperación puede doblegar a quienes oprimen sus derechos.

El extremado pragmatismo y funcionalismo de Sharp se alejan del componente espiritual y moral que impregnó Gandhi a la noviolencia, pero a cambio le da un perfil estratégico. Según Sharp, el poder del gobernante, como el poder de la población organizada «people power» tienen unas fuentes similares (autoridad, recursos humanos, factores psicológicos e ideológicos, recursos materiales y sistemas de sanciones), que, aunque se ejercen de manera diversa, su desarrollo sirve a la ciudadanía para obedecer o por el contrario para desobedecer, debido a que existen una serie de factores que coadyuvan a ello: hábito, miedo, obligación moral, intereses personales, identificación política con el líder, falta de confianza en sí mismos o simple indiferencia.

Las metodologías de Sharp están pensadas especialmente para hacer frente a duras dictaduras o gobiernos autoritarios, pero también para estados con democracias liberales que vulneren derechos fundamentales, pues estas siempre esconden espacios no democráticos que deben ser liberados. Unas metodologías elaboradas para que la ciudadanía tuviera la posibilidad de cambiar las políticas de los gobiernos y que sistematizó en manuales y libros editados y disponibles en diversos idiomas en la Albert Einstein Institution, [5] y que han servido de guía para muchos movimientos de liberación. Manuales que igual son extensibles para hacer frente a una invasión militar de otro Estado, y así evitar la guerra, como para cambiar leyes o hacer caer gobiernos autoritarios. La influencia de para derrocar, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, a diversos regímenes del bloque estalinista: en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Serbia y Ucrania, o para derrocar al gobierno de Milosevic en Serbia. También, influyeron en las revueltas de las denominadas primaveras árabes entre 2012 en Túnez y Egipto.

La influencia de Gene Sharp en los movimientos políticos ha sido inmensa. Sus manuales y propuestas fueron utilizados por movimientos sociales

En cuanto a experiencias concretas de invasiones militares que no han sido respondidas por los estados con respuestas militares sino mediante una acción directa noviolenta, existen pocos ejemplos, pero importantes por lo significativo de sus acciones. Uno fue el desarrollado por la población de la región del Ruhr de Alemania tras la invasión de Francia y Bélgica en 1923; otras, la de Dinamarca y Noruega en 1940 tras la invasión nazi; también en Checoslovaquia en 1968 tras la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia y la URSS.

En los cuatro casos, los gobiernos renunciaron a la defensa armada y llamaron a su población a llevar a cabo una resistencia civil de no cooperación frente a las fuerzas ocupantes.

En el caso de la ocupación franco-belga de enero de 1923 en la región del Ruhr de Alemania, esta se llevó a cabo por el impago de la deuda impuesta a Alemania en los acuerdos de Versalles, por los destrozos causados por las fuerzas alemanas en ambos países durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial. La región del Ruhr era rica en minas de carbón, hierro y en producción de acero, con ello Francia y Bélgica pretendían resarcirse del impago de la deuda a la que la República de Weimar no podía hacer frente por su colosal cuantía. Los ocupantes pretendían llevarse el carbón y el acero y la respuesta del Gobierno a la ocupación de las tropas franco-belgas fue una campaña de resistencia civil de no cooperación noviolenta y no obediencia a las órdenes de los ocupantes, acompañada de huelgas y sabotajes, que se acrecentaron con la represión que se ejerció (deportaciones, multas, encarcelamientos). Una resistencia que tuvo múltiples facetas de desobediencia que desorientó de tal modo a las fuerzas militares ocupantes que obligó a que estas se retiraran en agosto de 1925.[6]

En Dinamarca, tras la invasión nazi de 1940, tanto el gobierno como la familia real, pasando por hospitales, policía, uniones profesionales, sindicatos y medios de comunicación, se organizaron todos en una exitosa resistencia noviolenta y consiguieron que apenas un 5% de los judíos daneses fueran deportados a campos de concentración, escondiéndolos o facilitándoles la huida. Algo similar ocurrió en Noruega, donde el rechazo a la ocupación alemana también se manifestó en facilitar la huida de judíos noruegos, con el apoyo de la iglesia luterana, de la prensa y muy especialmente el de los profesores de educación que rechazaron el intento de los alemanes de utilizar el aparato educativo para difundir la ideología nacional socialista.[7]

La invasión de las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en 1968 se produjo por las reformas democráticas impulsadas por el Gobierno checo que pretendía implantar “un socialismo con libertades”. Ante la renuncia de hacer frente a la invasión por métodos militares, se produjo un gran movimiento de resistencia civil por parte de la población. Se desató una gran oposición de resistencia pacífica que lanzó un decálogo que se ha convertido en manual para la desobediencia y la no colaboración por la fuerza de su contenido: «no sé, no conozco, no diré, no tengo, no sé hacer, no daré, no puedo, no iré, no enseñaré y no haré». Algo que llevado a cabo de manera masiva ningún poder puede contrarrestar. La radio, de manera clandestina, se convirtió en el principal instrumento de la resistencia. Las acciones de la población fueron numerosas: pintaron los indicadores de las carreteras para que los tanques se desviaran y no llegaran a su destino; la población ignoraba a los soldados; se negaban a alimentar a los soviéticos. Todo ello provocó la unidad de la población y la desmoralización de las tropas soviéticas, produciendo dudas, desobediencias y deserciones. Finalmente, la protesta se abandonó, por la demanda del Gobierno checo que, secuestrado en Moscú, ante la amenaza de una fuerte represión, pidió al pueblo que depusiera la desobediencia.[8]

Hay casos de gobiernos que renunciaron a la defensa armada y llamaron a su población a llevar a cabo una resistencia civil

También son conocidos los ejemplos positivos de países que desarrollaron planes de resistencia civil no armada para hacer frente a ocupaciones militares provenientes del exterior. Como los desarrollados en las tres repúblicas bálticas tras su independencia de la URSS en 1991. En aquellos momentos ninguna de las tres repúblicas disponía de ejército, y, por otro lado, dado que eran países de tamaño reducido, con nulas posibilidades de poder hacer frente militarmente a una invasión de Rusia. Ante ese temor, las tres repúblicas elaboraron diferentes materiales para que la población pudiera hacer frente a una invasión por parte de la URSS. El Gobierno de Lituania elaboró un plan de resistencia civil basado en la no cooperación y la desobediencia frente a los invasores. Algo similar llevó a cabo el Gobierno de Letonia, que en ese mismo año 1991 creó un Centro de Resistencia Noviolenta para el caso en que su territorio fuera invadido por una fuerza muy superior exterior que haría imposible una defensa militar. Centro que aconsejaba recurrir a la no cooperación con las fuerzas y autoridades del país ocupante. Estonia, recurrió a un método similar, elaborando un manual donde se daban instrucciones concretas a la población civil para resistir en caso de invasión, considerando como ilegítima cualquier ordenanza que no emanara de las autoridades estonias, y llamaban a la desobediencia y a boicotear con todos los medios posibles a las fuerzas ocupantes. Todos esos planes de defensa civil noviolenta quedaron anulados una vez las tres repúblicas bálticas se integraron en 2005 en la OTAN, pues ello les garantizaba, según su parecer, una defensa armada de gran potencia que impediría la invasión de Rusia.[9]

A pesar de ello, Lituania, en 2015, consideró que su ejército difícilmente podría resistir una invasión rusa y recuperó el plan de 1991 y elaboró un nuevo manual de resistencia civil noviolenta sobre la base de la no cooperación y la desobediencia frente a una invasión por parte de Rusia. Este manual estaba basado en las 198 propuestas de Gene Sharp de acción noviolenta.[10]

Estos ejemplos sirven para mostrar que los gobiernos tienen en sus manos otras posibilidades de resistir una invasión militar exterior antes que recurrir a la guerra y que esta provoque un mal muy superior al que se pretende evitar. No por ello se ha de suponer que los gobiernos renuncian a la soberanía, sino que buscan, mediante otro tipo de resistencia, la complicidad de la población para rechazar una invasión mediante la no colaboración y la desobediencia y así evitar medios cruentos. Sin duda, que la fuerza ocupante ejercerá una gran represión que también comportará muertes y sufrimiento, pero seguramente muy inferiores a las que produce una guerra.

Qué hacer frente a un nuevo Hitler

Una pregunta habitual a quienes cuestionan la vigencia de los ejércitos como eje vertebral de la seguridad de los estados es mentar la figura de Adolf Hitler, y lanzar la pregunta: ¿Qué hacer frente a dictadores tan monstruosos cómo Hitler? Ésta es una pregunta comprensible, aunque mal intencionada, pues se lanza siempre contra quienes abogan por soluciones alternativas a la guerra. Pero ante esta insidiosa pregunta, es bueno responder, qué responsabilidades hubo por parte de gobiernos y poderes políticos y económicos que hicieron posible la llegada de un personaje tan siniestro al Gobierno de Alemania. Una pregunta y respuesta que sirven de igual manera tanto para Hitler como para otros dictadores o gobiernos que igualmente han iniciado guerras de agresión contra otros países.

Hay un consenso general en la historiografía de que las causas que motivaron la llegada de Hitler al poder tuvieron que ver con las injustas reparaciones y vejaciones a que fue sometida Alemania en el Tratado de Versalles de 1919, tras su derrota acabada la Primera Guerra Mundial. Causas que alentaron el nacimiento de un nacionalismo agresivo frente a los países que habían sometido al pueblo alemán a unas excesivas reparaciones de guerra que le impedían la recuperación económica y social, y que se encarnaron en el nacimiento de un ultranacionalista y xenófobo Partido Nazi y en la figura de su líder, el siniestro Adolf Hitler.[11]

Sobre este asunto, otra pregunta que nos debemos formular es qué clase de democracia había en esos años en Occidente que permitió la llegada del nazismo al poder. Dando como respuesta, que si la clase política que gobernaba en esos años en Europa hubiera actuado sobre las causas que llevaron a Hitler al poder y haberlo hecho de manera diferente a cómo se hizo se podrían haber evitado los abominables crímenes que se perpetraron incluida la Segunda Guerra Mundial.

Los gobiernos tienen en sus manos otras posibilidades de resistir una invasión militar exterior antes que recurrir a la guerra

Recapitulemos. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó bajo el control de los países vencedores. Estos le impusieron el pago de los daños causados en la guerra que, debido a su colosal cuantía (226.000 millones de marcos) hizo imposible su devolución por parte de la República de Weimar. Francia y Bélgica, ante el impago de la deuda decidieron la ocupación de la región alemana del Ruhr en 1923, y así apoderarse del carbón y hierro del que era rico aquel territorio y resarcirse de los destrozos causados por Alemania en sus países durante el transcurso de la guerra.

La deuda había desencadenado en Alemania desde 1921 una hiperinflación en la que un dólar equivalía a un millón de marcos alemanes y que llegó a niveles imposibles de controlar por el Gobierno de la República de Weimar que, acompañada de la ocupación del Ruhr, produjo que la población alemana culpara a los gobiernos europeos, en especial a los de Francia, Bélgica y Reino Unido de sus sufrimientos. La crisis económica se repitió en 1929, con el crac de la bolsa de Wall Street de New York, que comportó una gran crisis en todos los países capitalistas y que afectó también gravemente a la economía alemana y a su población. Estos hechos provocaron que una parte del pueblo alemán apoyara el nacionalismo agresivo del Partido Nazi frente a los países que consideraban causantes de sus penurias. Tales hechos son mencionados por Adolf Hitler en su libro Mein Kampf como causantes de las penalidades del pueblo alemán.

Otra de las causas que vieron con buenos ojos, tanto en Estados Unidos como los políticos británicos y franceses era que la llegada de Hitler al poder en Alemania les aseguraba una política anticomunista para frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa, pues Hitler era un feroz anticomunista que actuaría para frenar el apoyo de la URSS a los partidos comunistas que actuaban en sus países. Al mismo tiempo, Estados Unidos veía principalmente a la Alemania de Hitler como un contrapoder de los imperios británico y francés. Un buen ejemplo de ello es que desde el momento en que Hitler llegó al poder hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el dictador alemán contó con el apoyo de políticos y empresarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y de otros países, donde tuvo muchos seguidores y donde se crearon partidos de corte nazi o fascista.

En aquellos años, Reino Unido, Francia y Estados Unidos eran aliados tras su victoria en la Primera Guerra. Gran Bretaña en especial, pero también Francia. Ambas, eran las grandes potencias coloniales que controlaban gran parte de la economía y el comercio mundial en detrimento de las empresas estadounidenses que pugnaban por ascender y acceder a parte de los recursos que extraían de sus colonias y otras partes del mundo. A los grandes magnates de la economía estadounidense se les presentaba la oportunidad de rivalizar con Reino Unido y Francia. Así, cuando el 30 de enero de 1933, el entonces jefe de Estado alemán, Paul von Hindenburg, nombró a Adolf Hitler como Canciller del Reich, muchos empresarios de Estados Unidos lo aplaudieron, e incluso algunos de los más influyentes como Henry Ford, Joseph Kennedy y los Rockefeller entre otros, no dudaron en apoyar financieramente el III Reich de Hitler. A cambio, esperaban que ejerciera de contrapoder frente a Reino Unido y Francia y así poder acceder a los mercados que estos países controlaban. Un ejemplo del apoyo estadounidense: en 1938, Adolf Hitler fue elegido «Hombre del Año» por la influyente revista estadounidense Time apareciendo en la portada.[12] También en Inglaterra, Francia y otros países Hitler tuvo muchos seguidores y admiradores.

Otro ejemplo de la doble moral imperante en esta etapa apareció con las políticas de «apaciguamiento» (así llamadas) llevadas a cabo por Reino Unido y Francia con las que se pretendía apaciguar las ansias de expansión de Hitler por el centro y el este de Europa, decidiendo, no sancionar a Alemania y a la Italia fascista por su apoyo al levantamiento militar contra el legítimo Gobierno de la República en España en 1936. Ambos países enviaron ayuda militar y tropas para luchar al lado de Franco y los insurrectos durante la guerra civil. Una ausencia de sanciones que repitieron cuando Alemania se anexionó Austria en marzo de 1938. Esta actitud de mirar hacia otro lado cuando la Alemania de Hitler se apoderaba de territorios en contra del derecho internacional, en parte, fue debido a que muchos líderes políticos de Reino Unido y Francia consideraban más peligroso el comunismo de la Unión Soviética y frente a él, preferían el nacionalsocialismo alemán por su carácter anticomunista.

Si los regímenes liberales vigentes tras la Primera Guerra Mundial hubieran actuado de manera preventiva para así evitar posibles conflictos posteriores, no habrían impuesto sanciones y causado agravios a Alemania, lo que habría evitado la animadversión de la población que las sanciones crearon. Si los intereses de unos capitalistas sin escrúpulos no hubieran visto en la figura de Hitler un líder que favorecía sus políticas económicas de expansión, y si algunos líderes políticos no hubieran dado alas al nacionalsocialismo alemán para frenar el comunismo de la URSS y su expansión, entonces, seguramente, se hubiera evitado la llegada de Hitler al poder y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que en ella se cometieron.

Es por ello, que es necesario insistir que, en política internacional, actuando sobre las causas que provocan conflictos, es posible evitar las guerras. Y continuar insistiendo que se deben hacer valer los principios del derecho internacional para regular las relaciones entre estados. Y cuando algún estado comete crímenes saltándoselos, buscar en Naciones Unidas el marco regulador del derecho internacional y acometer sanciones y, si es necesario, intervenciones contra quienes los cometen. Pero mientras eso no ocurra, por estar la ONU secuestrada por los intereses particulares de las potencias que controlan el Consejo de Seguridad y a la espera de la ansiada reforma de ese organismo de gobernanza mundial, hay que recordar que los humanos han elaborado alternativas a la violencia y a las guerras.

Pere Ortega es investigador y cofundador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Descarga el artículo completo en formato pdf: Hay alternativas a la guerra

NOTAS

[1] The Bertrand Russell Peace Foundation Ltd.

[2] Johan Galtung, Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Bakeaz-Guernica Gogoratuz, Gernika, 2003; Johan Galtung, «Violence, Peace, and Peace Research», Journal of Peace Research, vol. 6, núm. 3, 1969, pp. 167-191.

[3] John Paul Lederach, Transformació de conflictes. Petit manual d’ús, Icaria, Barcelona, 2010; John Paul Lederach, El abecé de la paz y los conflictos, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000; John Paul Lederach, Preparing for Peace: Transformtion Across Cultures, Syracuse University Press, Siracusa, 1995.

[4] Gene Sharp, La defensa civil no violenta, ICIP, Barcelona, 2018; Gene Sharp, Gene, De la dictadura a la democracia, Institution Albert Einstein, Boston/ Dharana, Madrid, 2012; Gene Sharp, Gene, La política de la acción no violenta, Institution Albert Einstein, Boston, 1973.

[5] Albert Einstein Institution:

[6] Anders Boserup y Andrew Mack, Guerra sin armas. La no violencia en la defensa nacional, Editorial Fontamara, Barcelona, 1985

[7] Pere Ortega y Alejandro Pozo, Noviolencia y transformación social, Icaria, Barcelona, 2005.

[8] Ibidem.

[9] Martí Olivella, Autodefensa noviolenta, Montaber, Martorell, 2023.

[10] Disponibles en Albert Einstein Institution:

[11] Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995.

[12] Time, volumen XXVII, enero de 1939.

by Susana Fernández Herrero

Un futuro sin combustibles fósiles: lecciones de la lucha contra las grandes empresas petroleras

Un futuro sin combustibles fósiles

Lecciones de la lucha contra las grandes empresas petroleras

Entrevista a Olivier Petitjean y Clémence Dubois

Traducción al español: Mercedes Camps

Las grandes empresas petroleras han estado en la mira de activistas durante más de veinte años como el principal obstáculo para adoptar medidas eficaces para combatir el cambio climático. El TNI entrevistó a dos importantes activistas e investigadores del clima que participan en la campaña contra la empresa multinacional francesa Total, para que evaluaran las campañas y los planes para el futuro.

¿Cuánto poder tienen las grandes empresas petroleras hoy en día? ¿Son tan poderosas como hace diez años?

Olivier Petitjean: Sería difícil argumentar que las grandes empresas petroleras han perdido poder en los últimos diez años. Por supuesto que las grandes empresas de gas y petróleo como TotalEnergies son cada vez más cuestionadas (Deneault, 2020), entre otros, por partes del sector financiero, y sufren creciente presión de activistas por el clima. Su “licencia social para operar” se ha erosionado considerablemente. Al menos en algunas partes del mundo es muy probable que sus nuevos proyectos de petróleo y gas afronten fuerte resistencia.

Por otro lado, han seguido creciendo, enriqueciéndose y abriendo nuevas fronteras de gas y petróleo en todo el mundo. En los últimos años, todas las grandes empresas de petróleo y gas han obtenido más ganancias que nunca antes: Exxon, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies obtuvieron casi 200.000 millones de dólares en 2022. Ese año, TotalEnergies inició nada menos que veinte nuevos proyectos de combustibles fósiles, en algunos casos en sitios como Uganda, donde nunca antes se habían extraído esos combustibles. Además, fue clasificada la tercera empresa de gas y petróleo del mundo y la primera en África, y está procurando explotar nuevos yacimientos de petróleo y gas. Sus documentos oficiales afirman que planifican aumentar la producción de combustibles fósiles en un 20 % de aquí a 2030. De modo que la extracción continúa.

Han compensado con creces la aparente pérdida de apoyo de la opinión pública en países de Occidente mediante la construcción de vínculos aún más estrechos con otros gobiernos, especialmente en países productores de petróleo. Lo que es más aterrador es que, además de ello, han logrado ganar más influencia de la que jamás habían tenido en políticas sobre clima a nivel nacional e internacional, como queda de manifiesto en el hecho de que los presidentes de la COP28 [Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] celebrada en Dubái en 2023 y la COP29, que se celebrará este año 2024 en Azerbaiyán, son en ambos casos presidentes de empresas petroleras.

Clémence Dubois: El hecho de que las grandes empresas de petróleo y gas aún estén explorando nuevos proyectos habla por sí solo: aún tienen demasiado poder y la búsqueda de enormes inversiones para el desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo y gas en los próximos años se cobrará miles de millones de vidas.

No obstante, solemos ser muy autocríticos y a veces nos cuesta ver nuestros logros como movimiento. La dinámica ha evolucionado considerablemente en los últimos diez años. En una época, las grandes empresas petroleras tenían una autoridad indudable, do- minaban sin afrontar ningún cuestionamiento. Ahora, las grandes empresas petroleras están siendo objeto de creciente presión donde sea que vayan y la resistencia internacional de la ciudadanía plantea grandes desafíos a sus bastiones tradicionales. Si se toma el ejemplo del proyecto de crudo de Total en África oriental, la financiación del proyecto está demorando años debido a que las instituciones financieras están retirando su apoyo una tras otra como consecuencia de la presión que afrontan, en Kampala, París o Tokio. No es exagerado decir que todas las personas que han participado en este tipo de campañas han contribuido a retrasar a la industria y sabemos que cada granito de arena en el cambio climático hace la diferencia.

¿Cuáles son las principales fuentes de poder de las grandes empresas petroleras y cómo procuran mantenerlas?

Olivier: La fuente de su poder es en parte la misma que la de otras empresas mundiales: dinero, recursos, conexiones estrechas con gobiernos y una gran capacidad para unir fuerzas con el fin de defender sus intereses comunes. Pero tienen mucho más de todo eso que otras empresas.

Su poder también es el resultado de decenios de privatización, liberalización y políticas favorables a las empresas que han privado a los gobiernos de todo control que pudieran tener en el pasado sobre la energía nacional, los mercados y los precios, y de toda capacidad que pudieran haber tenido para llevar a cabo una transición energética directamente, sin depender de grandes empresas. Como consecuencia de ello, muchos gobiernos se han quedado aparentemente sin más alternativa que aceptar el eslogan de las grandes empresas petroleras de que no solo son el problema, sino también la solución, la única solución.

Por último, otra fuente importante de poder es el modo en que los combustibles fósiles están integrados en nuestras economías industriales en su conjunto y en los mercados financieros. Ello significa que otros grupos muy ricos e influyentes están extremadamente dedicados a su prosperidad, o al menos a no abandonar la explotación de gas y petróleo demasiado rápido. Las empresas de petróleo y gas, por ejemplo, representan una porción considerable del valor de mercado de la mayoría de las principales bolsas de valores. Es impensable que los grandes actores financieros, como BlackRock, dejen de invertir en combustibles fósiles, dado que destruiría su propio modelo de negocios.

¿Afectan las políticas predominantes sobre clima a las grandes empresas petroleras? ¿Cómo están respondiendo?

Olivier: En los últimos diez años, las principales empresas petroleras de Occidente −especialmente las europeas, como Total− han disminuido sus críticas a la acción por el clima y han intentado adoptar una actitud en apariencia más progresista. Reconocen públicamente que el cambio climático es un asunto importante y que deberíamos hacer algo al respecto. Pero la cuestión fundamental es qué deberíamos hacer exactamente y quién debería pagar.

Es decir que lo que llamamos “transición energética” debe tener tres elementos: el desarrollo de energía limpia y renovable, la eliminación de los combustibles fósiles y, por último, la reducción de nuestro consumo total de energía y materiales en general. Básicamente las grandes empresas petroleras como TotalEnergies quieren que hablemos únicamente del primer elemento, mientras que añaden en esa canasta “verde” muchas tecnologías que poco tienen que ver con la energía renovable, como la captura y el almacenamiento de carbono o los agrocombustibles o el hidrógeno. Y quieren que los gobiernos inviertan mucho dinero para pagar por todo esto y desean controlar el sector de energías renovables. Además, quieren hablar lo menos posible sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, como hemos observado recientemente cuando se introdujo lenguaje muy débil al respecto en el texto del acuerdo de la COP celebrada en Dubái. Los directores ejecutivos de TotalEnergies, por ejemplo, admiten públicamente que en algún momento se dejarán de utilizar los combustibles fósiles, pero en un futuro lejano. Y el tercer elemento, la reducción del consumo general, apenas se menciona.

Lo que hemos visto en la práctica en los últimos años es precisamente la aplicación de este programa. No se ha avanzado en la eliminación de los combustibles fósiles y apenas hubo algunos avances con respecto al desarrollo de energías renovables, pero ello se está añadiendo a la combinación energética actual, en lugar de sustituir a los combustibles fósiles. Lamentablemente, muchos gobiernos de Occidente han aceptado básicamente la versión de “acción por el clima” promovida por las grandes empresas petroleras y están confiando en que esas empresas se encargarán de llevar a cabo la transición energética −cuyo esfuerzo inevitablemente seguirá siendo insuficiente y tardío, y tendrá un costo enorme para los gobiernos, las comunidades y los consumidores, mientras que las empresas y sus accionistas se quedarán con las ganancias y el mérito.

¿Las grandes empresas petroleras están intentando impedir una transición energética o configurarla para su propio beneficio?

Clémence: Durante cincuenta años, Total y sus pares ocultaron la crisis climática, al distraer la atención de los combustibles fósiles como principal causante del calentamiento global. Se ha documentado exhaustivamente que Total, Exxon y otras empresas mintieron deliberadamente acerca de la crisis climática, su conocimiento de las causas y su responsabilidad en esta. Y ahora son las comunidades las que sufren las consecuencias: quienes hoy sufren los impactos climáticos fueron condenados en una junta directiva hace cincuenta años.

A medida que las temperaturas han aumentado en los últimos años, resulta inútil negar la realidad. En respuesta a ello, Total está haciendo mayores esfuerzos de comunicación, cambiando su imagen como una “empresa energética responsable”, dando a entender que ha cambiado significativamente de estrategia. Sin embargo, su supuesta participación en la transición energética, al igual que de otras empresas de petróleo y gas, le sirve como cortina de humo para lucrar con la continua explotación de combustibles fósiles. Y quieren que sigamos creyendo sus engaños.

A pesar de su cambio de discurso, Total asigna casi todas sus inversiones a la extracción de más carbono del suelo, en lugar de adoptar energía renovable. La empresa invirtió un sorprendente 75 % de sus inversiones en 2022 en petróleo y gas. En 2030, dos tercios de las inversiones empresariales se destinarán a combustibles fósiles, lo cual impedirá lograr un avance real.

¿Su excusa? Culpar a los consumidores: pasar la responsabilidad a las personas, en lugar de adoptar medidas significativas. Pero no son los únicos, además de sus accionistas, que se benefician de esta inacción. Es por ello que, habida cuenta del aumento de los impactos climáticos, el eslogan #makethempay (que ellas paguen) ha recibido tanto apoyo.

¿Qué lecciones ha aprendido −o debería haber aprendido− el movimiento por la justicia climática de enfrentar a las grandes empresas petroleras durante decenios?

Olivier: Básicamente, que no se puede pretender afrontar la crisis climática sin enfrentar al poder de las empresas. Parte del movimiento por el clima creía que podía cambiar a las grandes empresas petroleras desde adentro, ya sea mediante la participación, la realización de campañas, la denuncia, etcétera. Sin embargo, las grandes empresas petroleras no quieren cambiar y tienen suficiente poder e influencia para evitar o retrasar el cambio o desviar la mayoría de sus efectos a otros. Ellas no iniciarán un “cambio de sistema”, dado que ellas son el sistema.

Se han realizado campañas y acciones muy valiosas y eficaces, que siguen siendo muy necesarias y pertinentes, y en muchas ocasiones han logrado victorias para el movimiento por el clima. Persuadir a los inversores a que desinviertan en los combustibles fósiles o a instituciones culturales a que dejen de estar patrocinadas por grandes petroleras es muy importante, al igual que los juicios sobre el clima entablados contra empresas como Shell, TotalEnergies o ExxonMobil. Ello ha sido fundamental para revocar la “licencia social para funcionar” de estas empresas. Si tomamos el caso de TotalEnergies, la empresa fue obligada a comunicar casi exclusivamente sus inversiones en energía verde y sus compromisos con el clima. Pero, por otro lado, aún existen y siguen siendo poderosas y siguen librando cada batalla legal o de comunicaciones con todos sus recursos. De modo que siempre existe el riesgo de que nuestras victorias sean demasiado pequeñas, demasiado parciales y que puedan revertirse. De hecho, actualmente estamos sufriendo algunas reacciones adversas con respecto a algunas de nuestras victorias anteriores. Es así que diría que lo que faltó fue un intento de combatir el poder de las grandes empresas petroleras desde dentro.

Clémence: El movimiento de desinversión es un buen ejemplo de un enfoque de cambio de sistema y ha sido muy exitoso en los últimos diez años. En lugar de instar a las grandes empresas petroleras a que cambiaran, se centró estratégicamente en erosionar sus pilares de apoyo: su licencia social, el acceso a financiación y la influencia en los gobiernos y las instituciones al pedirles que rompieran vínculos con la industria.

La movilización de base fue la columna vertebral del movimiento, y siempre debemos intentar organizar a grupos diversos y crear nuevas iniciativas locales, que vinculen la justicia social con la justicia climática.

A medida que nuestro movimiento creció, la intensificación de los cuestionamientos provocó que las instituciones desinvirtieran para evitar riesgos a su reputación vinculados con el apoyo a estas industrias irresponsables. Posteriormente, los objetivos se volvieron cada vez más amplios, lo cual provocó un efecto dominó, como consecuencia del cual grandes entidades financieras, como el Banco Europeo de Inversiones, o instituciones culturales de renombre, como los museos Tate o Louvre, reconsideraron su apoyo tradicional. La campaña de desinversión, a escala mundial, generó un frente unido contra las inversiones en combustibles fósiles.

La labor de incidencia jurídica y política para responsabilizar a las grandes empresas petroleras y la colaboración con otros movimientos de justicia social también han reforzado nuestros esfuerzos estratégicos y, ante todo, han logrado apoyo a las comunidades que luchan contra proyectos sobre el terreno. Nuestra interconexión exige la acción y la solidaridad.

De cara al futuro, deberíamos centrarnos en una visión de largo plazo, reconociendo que para lograr un cambio sistémico se requiere perseverancia, adaptabilidad y solidaridad. Nuestro movimiento debe seguir aprendiendo de los retrocesos y luchar por mantener el ímpetu. En resumen, esta lucha contra las grandes empresas petroleras nos ha enseñado que la mejor forma de resistirlas es organizarse colectivamente mediante una diversidad de tácticas, pero con una visión y entendimiento comunes de cómo logramos el cambio.

¿Y cómo han evolucionado nuestros movimientos para enfrentar a las grandes empresas petroleras? ¿Cuáles son los grandes retos de cara al futuro?

Clémence: Hemos pasado de hacer hincapié únicamente en la responsabilidad de los consumidores a adoptar un enfoque más holístico que tenga en cuenta la dinámica de la oferta y la demanda.

A nivel mundial, hemos alcanzado logros importantes. Se han desinvertido miles de millones de dólares de los combustibles fósiles, se han detenido grandes proyectos de infraestructura y se ha asegurado el compromiso de autoridades locales y naciones enteras para dejar de explotar y utilizar combustibles fósiles. Nuestra influencia también queda de manifiesto en las discusiones sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles durante las negociaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático, para lo cual obtuvimos el apoyo de más de 130 Estados.

Pero hay tendencias políticas mundiales que amenazan el progreso. Muchos activistas sufren agotamiento, desesperanza y el desafío de recuperar el impulso de las movilizaciones de 2019. Entre 2020 y 2023 se atravesó un periodo de conmoción, que estuvo marcado por el impacto de la COVID-19, los confinamientos y una sensación predominante de impotencia. El auge de la extrema derecha hace peligrar los pocos logros progresistas. Cada año en que no adoptamos las medidas necesarias, se podrían perder millones de vidas. En ese sentido, disminuir la actividad de la industria es un logro impresionante, pero no es suficiente.

Las diferencias de opinión a nivel interno son otro obstáculo. Hay quienes apoyan un enfoque inmediato más agresivo, mientras que otros destacan la necesidad de ampliar y consolidar nuestra base. Mientras que la diversidad en nuestras filas es una fortaleza, también plantea desafíos de colaboración y coordinación. No obstante, crear unidad es fundamental para preparar el terreno a fin de alcanzar puntos de inflexión fundamentales. Debemos reconocer el carácter gradual de nuestros esfuerzos de organización y entender su importancia en allanar el camino para momentos transformadores más amplios.

¿Cuáles son las principales vías para socavar o revocar el poder de las grandes empresas petroleras?

Olivier: Sería bueno pensar que podemos simplemente ignorar a las grandes empresas petroleras y construir un sistema energético diferente desde cero, basado en las energías renovables, independientemente de esas corporaciones, y dejar que lentamente se pudran y desaparezcan. El problema es que siguen invirtiendo en nueva producción de petróleo y gas, están socavando activamente la acción política que reduciría el consumo de combustibles fósiles y, hoy en día, incluso logran cooptar una gran parte del apoyo político de los gobiernos y financiación para energía “limpia”. Debemos desarmarlas, amordazarlas e impedirles que hagan daño. Por lo que sí, es necesario comenzar a construir un sistema diferente, pero no podemos evitar algún tipo de enfrentamiento directo con el poder y la influencia de las grandes empresas petroleras.

Tradicionalmente, muchas personas en el movimiento por el clima y en la izquierda suponen que la mejor forma de hacerlo es mediante reglamentaciones, es decir, que los gobiernos deberían adoptar medidas y obligarlas a que cambien, a que dejen de producir combustibles fósiles sin elevar los precios ni despedir a sus trabajadores. Podría funcionar en teoría, pero en la práctica esto no sucederá porque los gobiernos no pueden, y a menudo no quieren, introducir reglamentaciones eficaces a empresas tan grandes y hacerlas cumplir. Las grandes empresas petroleras ya son demasiado grandes para eso. Ello no significa que no necesitan ser reguladas, sino que debemos además disminuir su poder y controlarlo. Y el modo tradicional de hacerlo es la nacionalización.

Algo más sobre la regulación: cuando se trata de enfrentar a las grandes empresas tecnológicas no necesitamos solo un nivel de regulación, por ejemplo regular sus emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos una gran variedad de regulaciones sobre diferentes piezas y turbinas de la máquina −que detallamos en nuestro informe TotalEnergies – This is what a phaseout looks like (Observatoire des multinationales y 350.org, 2023). Un aspecto muy importante es la regulación del lobby en el sentido más amplio, que incluye las puertas giratorias y toda forma de contacto entre funcionarios y representantes de la industria. Si no se regula el lobby de manera eficaz, nunca se podrá regular nada en absoluto, debido a que se corre el riesgo de que las empresas se apropien de los procesos de decisión. Si se imponen normas firmes sobre el lobby y los conflictos de interés −como las instauradas por la Organización Mundial de la Salud para el tabaco−, hay mayores probabilidades de lograr que se aplique la regulación de manera eficaz. Es por ello que propuestas, como las de la coalición Fossil Free Politics en Europa, para introducir el mismo tipo de reglas para los combustibles fósiles que las que se aplicaron al tabaco pueden ser una parte clave de la solución, pero deben aplicarse en todos los niveles de influencia, no solamente en las Naciones Unidas y las cumbres sobre clima (COP).

¿Cómo puede llevarse a cabo la nacionalización, habida cuenta de los obstáculos económicos y jurídicos?

Olivier: La nacionalización como acto no es un problema desde el punto de vista jurídico. Puede hacerse a través de un simple acto legislativo. Se ha hecho en el pasado (incluso por gobiernos de derecha favorables al mercado) para rescatar a los bancos, por ejemplo. La cuestión es cuánto costaría y si es éticamente aceptable permitir que los accionistas de las grandes empresas petroleras −que son en su mayoría inversores institucionales, como BlackRock, Vanguard y otros− se queden con miles de millones de euros y dólares que básicamente ganaron por invertir en la destrucción del clima.

Si Francia, por ejemplo, aprobara una ley para nacionalizar TotalEnergies, tendría que desembolsar en teoría alrededor de 150.000 millones de euros para adquirir todas las acciones de la empresa, además de que podría afrontar juicios de indemnización por parte de algunos accionistas o socios que podrían argumentar que fueron privados indebidamente de un posible lucro. Y ello incluso sin tener en cuenta todos los costos de dejar de invertir en combustibles fósiles, el desmantelamiento de instalaciones y el establecimiento de una empresa pos combustibles fósiles que esté al servicio del público.

El valor oficial de mercado de TotalEnergies es 150.000 millones de euros, pero hay muchos motivos para argumentar que ese valor es exagerado, debido a que se basa en el supuesto de explotar todos los valores actuales de combustibles fósiles de la empresa. Ello se debe a que son denominados “activos varados”. Entonces, en nuestro informe proponemos crear una comisión para evaluar el valor justo de TotalEnergies −que se suele hacer en caso de una nacionalización− pero teniendo en cuenta la naturaleza específica y problemática de esos activos. También exploramos otra opción más radical: una expropiación, en lugar de una nacionalización. Nuevamente, ello se ha hecho en el pasado, pero solamente en circunstancias muy específicas, a menudo vinculadas con un estado de guerra. El argumento sería que debido a sus violaciones anteriores y su actual sabotaje a la acción por el clima que se necesita urgentemente, una empresa como TotalEnergies puede ser expropiada por el Gobierno. Ello no significa que no habrá una indemnización, sino que ya no existiría el pretexto de que se trata de una transacción de mercado “normal”.

En todo caso, incluso 150.000 millones de euros no es un precio demasiado elevado. Los gobiernos de Occidente han demostrado con frecuencia −después de la crisis financiera de 2008 y más recientemente durante la pandemia de COVID-19− que son capaces de hallar decenas de miles de millones de dólares para rescatar al sector empresarial y a los mercados financieros.

¿Cómo sería una nacionalización eficaz y justa de las grandes empresas petroleras? ¿Cómo podríamos asegurar que logre una transición energética justa habida cuenta de la mala gestión de las actuales empresas energéticas estatales?

Olivier: Huelga decir que la propiedad estatal no es una solución en sí misma. Hay numerosas empresas estatales en todo el mundo que son tan peligrosas como las empresas privadas. Una empresa estatal puede ser más influyente en las políticas y prioridades del Gobierno, como quedó demostrado en Francia en el caso de EDF, nuestra empresa de electricidad estatal que está a favor de la energía nuclear. Por este motivo, muchas personas del movimiento climático y ambiental temen a la nacionalización de TotalEnergies.

Diría que algún tipo de reapropiación pública es necesario e inevitable para que una empresa como Total deje de estar controlada por los mercados financieros. Únicamente los Estados cuentan con los recursos y la capacidad suficientes para llevar a cabo una operación política, financiera e industrial de esa magnitud. Pero debe hacerse como parte de un proceso democrático más amplio desde el comienzo, que incluya la participación ciudadana, de partes interesadas y, por supuesto, de los trabajadores. Proponemos comenzar con una convención de ciudadanos y presentar el tipo de gobernanza inclusiva, transparente y participativa del que muchas empresas estatales carecen hoy en día.

Se puede tomar inspiración de los ejemplos del movimiento de remunicipalización (Transnational Institute, s/f ), aunque sea un nivel de gobernanza más bajo. La nacionalización debe ser en primer lugar y ante todo una democratización de la empresa, tanto a nivel interno como en su relación con el resto de la sociedad. Para nosotros, al final de cuentas, después de que TotalEnergies esté bajo control público y haya desinvertido los proyectos de combustibles fósiles, debe formar parte de un servicio de energía público más amplio o convertirse en una empresa de propiedad ciudadana o una combinación de ambas cosas.

Consideramos que también podría haber una dimensión internacional en este proceso, donde diferentes países lleven a cabo el mismo proceso con sus empresas nacionales de petróleo y gas al mismo tiempo −Shell en los Países Bajos y el Reino Unido, ENI en Italia, etcétera. Ello daría mayor impulso a todo el proceso, además de permitir alguna forma de mutualización de los costos. Las reflexiones que hemos desarrollado acerca del caso específico de TotalEnergies en Francia no son aisladas. Hay otras organizaciones y grupos de estudios que están analizando este proceso en diversos países.

¿Cómo aseguramos que las grandes empresas de energía renovable no sigan el mismo camino que las grandes empresas petroleras?

Olivier: Se podría argumentar que, actualmente, las grandes empresas de energía renovable no solo son como las grandes empresas petroleras, sino que son los mismos actores corporativos. Participamos en un reciente informe coordinado por el Transnational Institute, “‘Green’ Multinationals Exposed” (14 de noviembre de 2023), en el que se plantea precisamente este argumento.

A medida que las gigantes energéticas consolidadas invierten cada vez más en energía renovable, su negocio se sigue basando en el mismo modelo: orientado al lucro, extractivista (en términos de minerales y tierra), perjudicial para las comunidades y los trabajadores, y neocolonialista, al igual que muchos de los proyectos de energía solar y eólica de gran escala en el sur global o en regiones remotas para beneficiar los intereses del norte.

Hay otra vertiente potente que necesitamos para la transición energética: una que se centre en reducir el consumo, en lugar de simplemente añadir capacidad, en satisfacer las necesidades de las personas, en lugar de las industrias y en construir sistemas de energía democráticos, parcialmente descentralizados. Esa versión de una transición es la única realmente viable. La anterior es un callejón sin salida desde una perspectiva social y climática.

¿Creen que finalmente podremos vencer a las gigantes de petróleo y gas como Total? Como activistas por el clima, ¿en qué deberíamos centrar nuestros esfuerzos?

Clémence: Vencer a las gigantes como Total no es fácil, pero para rea- vivar la llama del cambio de sistema, el movimiento debe enfrentar directamente este sentimiento de impotencia.

El reciente auge del activismo por el clima, observado por ejemplo en la campaña Just Stop Oil, destaca el deseo de adoptar medidas de inmediato. Y con la aterradora multiplicación de la crisis, es hora de centrarse en cambios que realmente importan a las personas. Cambiar de estrategia significa apoyar soluciones y contar historias que destaquen que es posible emprender un camino positivo, lo cual es aún más importante si queremos impedir el avance de los movimientos de extrema derecha en el mundo. Debemos enfocarnos en hacer bien las cosas, ayudar a las comunidades sin perjudicarlas, mientras responsabilizamos a quienes están en el poder.

Cuando casi promediamos esta década crucial para combatir el calentamiento global, las decisiones que adoptemos de aquí a 2025 son fundamentales. Un plan claro para 2025, con una meta de 1,5 °C, debe apuntar a un futuro de energías renovables. Aumentar la producción de energías renovables significa que debemos seguir abordando las cuestiones financieras. Necesitamos invertir alrededor de 1,5 billones de dólares al año de aquí a 2030.

En 350.org estamos haciendo un esfuerzo conjunto con nuestros seguidores, les ofrecemos apoyo y orientación. Juntos, estamos construyendo los cimientos de la democracia energética y una revolución de energías renovables justa y equitativa. Nuestra comunidad, creada mediante campañas eficaces y contribuciones constantes, es una fuerza poderosa para un futuro sin combustibles fósiles.

Bibliografía

Deneault, Alain (2020). Corporations as Private Sovereign Powers: The case of Total. TNI Longreads. https://longreads.tni.org/ stateofpower/corporations-as-private-sovereign-powers

Observatoire des multinationales y 350.org (2023). TotalEnergies: This is what a total phaseout looks like. Francia.

Transnational Institute (s/f ). Remunicipalisation. https://www.tni. org/en/topic/remunicipalisation

Transnational Institute (14 de noviembre de 2023). “Green” Multinationals Exposed: How the energy transition is being hijacked by corporate interests. https://www.tni.org/en/publication/ green-multinationals-exposed

Olivier Petitjean es periodista y cofundador del Observatorio de Multinacionales, creado en Francia en 2013. Se especializa en empresas y lobby.

Clémence Dubois es subdirectora de campañas mundiales de 350.org, una red de activismo por el clima. Ambos forman parte de la campaña francesa Stop Total. El Observatorio de Multinacionales y 350.org copublicaron un informe en diciembre de 2023, TotalEnergies: This is what a total phaseout looks like, en el que analizan las opciones para recuperar el control que está en manos de las grandes petroleras y cómo los Estados podrían eliminar progresiva y rápidamente los combustibles fósiles en el marco de una “transición justa”, democrática, transparente e inclusiva.

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by Susana Fernández Herrero

Cómo negociar la crisis energética mundial desde la escalera. Lecciones del Líbano

¿Cómo negociar la crisis energética mundial desde la escalera?

Lecciones del Líbano

Ebla Research Collective

Traducción al español: Álvaro Queiruga

Es posible que la crisis económica y energética sin precedentes del Líbano haya provocado la proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala y se haya proclamado como un ejemplo de revolución energética descentralizada. Sin embargo, una mirada más atenta revela que también agravó la desigualdad y dividió a las comunidades. En última instancia, la mejor solución a las crisis energéticas radica en movilizar a las comunidades para que se organicen colectivamente contra las políticas que las provocan.

“¿Estado o generador?”. Una pregunta que me acompaña desde hace treinta y un años como ciudadano libanés con (cero) derechos y (muchas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la calle, porque es la señal más segura de que la energía de la empresa pública de electricidad ha vuelto. Ahora una lamparita le ha arrebatado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esa lamparita como a la pequeña esperanza de que mañana habrá más electricidad pública que el día anterior.

Las reflexiones de Sami1 acerca de su lucha silenciosa con las fuentes híbridas de electricidad que afligen su vida cotidiana expresan las dificultades que experimentan a diario muchas personas en el Líbano.

Desde los años de la guerra civil (1975-1991), los habitantes del país han tenido que cogestionar el suministro de electricidad en sus hogares y empresas debido a los cortes de energía diarios y al suministro poco fiable de la empresa estatal Électricité du Liban (EDL). Dado que casi el 90 % de la población libanesa reside en zonas urbanas y a falta de un sistema público eficaz, la gente se las arregla como puede (individual y colectivamente) y, en sus edificios o bloques de apartamentos, procura lidiar con los cortes de energía.

Esta cogestión de los servicios públicos básicos pesa mucho sobre la mayoría de la población y está en gran medida individualizada. Ha llevado a más personas a depender de las redes informales.

Mientras que algunos edificios tienen un generador en copropiedad gestionado por sus residentes, muchos hogares contratan a empresas privadas que operan grandes generadores diésel en los vecindarios. Estos servicios, de los que dependen Sami y la mayoría de los habitantes del país también están estrechamente vinculados a redes políticas en una intrincada red de clientelismo: el resultado es una sociedad abastecida por una energía cara, contaminante y poco fiable.

El Líbano sufre una crisis financiera sin precedentes desde 2019 y, junto con la erosión casi total de los servicios básicos, incluida la electricidad (Human Rights Watch, 12 de diciembre de 2022), la vida cotidiana se parece a una carrera de obstáculos: una lucha constante para adaptarse a los desafíos cambiantes y cada vez más arduos. En 2021, el país se sumió en la oscuridad cuando el Gobierno no pudo financiar las importaciones de combustible necesarias para mantener las luces encendidas.

La crisis energética se agravó hasta el punto en que los hogares solo recibían una hora −si acaso− de electricidad suministrada por EDL. La dependencia de los generadores se agudizó, lo que aumentó la dependencia de los combustibles e incrementó los costos para los hogares. Pero la reciente crisis de electricidad no es un acontecimiento aislado: el país siempre ha experimentado lo que podría denominarse una crisis prolongada de dotación de infraestructuras, que afecta principalmente al suministro eléctrico (Abi Ghanem, 2018).

La experiencia de Sami y muchos más se convirtió en un aspecto normal de la vida en el país, donde una infraestructura heterogénea de electricidad procedente de EDL, generadores privados y una gran cantidad de tecnologías eléctricas alimentan los hogares y facilitan la vida cotidiana.

Esta situación es producto de la corrupción estatal. Desde los años noventa, el país ha estado dirigido por un régimen político-financiero que fomenta la búsqueda de rentas (Al-Masri, Abla y Hassan, 2020) y sigue apropiándose de las instituciones estatales para conseguir beneficios financieros y políticos (Leenders, 2012).

El sector eléctrico, en particular, además de ser disfuncional e ineficaz, ha alimentado durante décadas las redes clientelistas (Laughlin, Wood y Ray, 2022) y es un lastre para el presupuesto estatal, lo que contribuye considerablemente a la creciente deuda nacional y al consiguiente colapso financiero (Ahmad et al., 2022). En las altas esferas del poder, la falta de una respuesta adecuada para planificar la recuperación de la crisis más reciente y la ausencia de cambios en el sistema político o en el reparto del poder −que desde el final de la guerra civil se ha fijado según criterios sectarios− han erosionado el sentimiento de unidad y pertenencia de la ciudadanía.

Sin embargo, la situación crítica de muchos hogares nos obliga a profundizar en la compleja red de servicios básicos formales e informales de los que depende la ciudadanía y estudiar cómo se organizan colectivamente a nivel de los edificios. Sabemos que los edificios o bloques de apartamentos son gestionados principalmente por comités encargados del mantenimiento de las zonas comunes y los servicios compartidos.

En el Líbano, debido a la prolongada escasez de energía, estos comités también gestionan la prestación de servicios, como es el caso de los generadores diésel compartidos. ¿Pueden estos comités, locales y presumiblemente representativos, sostener una transición energética que sea justa y sostenible? A la luz de todo esto, nuestra investigación procuró analizar estos micromecanismos a nivel comunitario y consideró los edificios como unidad de análisis y sus comités como una forma de organismo colectivo comunitario que podría aportar alternativas al fallido modelo de gobernanza energética dirigido por el Estado.

Entre mayo y septiembre de 2023 realizamos una investigación etnográfica colaborativa en Beirut y los barrios periféricos. Once investigadores aportaron perspectivas y puntos de vista de la vida cotidiana de los edificios en los que viven.

Estos edificios estaban situados en distintas partes de la ciudad y abarcaban una diversidad de grupos de ingresos. Nos reunimos periódicamente, leímos las notas de campo de los demás y comentamos los resultados. Sobre todo, intercambiamos las muchas formas en que la lucha constante contra los cortes de electricidad y la búsqueda de soluciones energéticas determinaron nuestras vidas. Desde la perspectiva de la “justicia energética transformadora” (Sovacool et al., 2023), que hace hincapié en la interseccionalidad y las continuidades que existen entre la injusticia energética y otras formas de injusticia, exploramos hasta qué punto la organización colectiva en los edificios puede apoyar la democratización del acceso a la energía y el empoderamiento de las comunidades como participantes, y no como consumidores, en los sistemas energéticos esenciales para la vida cotidiana.

Visto así, estos esfuerzos no se consideran formas románticas de organizaciones económicas solidarias, sino modelos políticamente realistas que revelan cómo la gente intenta que los servicios sean más accesibles, inclusivos y democráticos, a través de comités de edificios o colectivos de residentes.

Concluimos que, a pesar de sus mejores intenciones y de los enormes esfuerzos realizados por estos comités, la gestión de los servicios de electricidad en los edificios distaba mucho de ser un proceso de democratización. La preocupación de los comités en cuanto a la cogestión de la energía resultaba onerosa y compleja, lo que provocaba la falta de empoderamiento y la aparición de prácticas excluyentes que repercutían negativamente en el bienestar de los residentes.

Concentrarse en el nivel de los edificios era clave, ya que se calcula que Beirut cuenta con unas dieciocho mil estructuras residenciales de gran altura, la mayoría con más de seis plantas (Krayem et al., 2021).

Por ley, los comités gestionan edificios residenciales que suelen constar de apartamentos de propiedad privada y zonas comunes (entrada, azotea, escaleras y otros espacios). Como tal, el comité representa los intereses de los propietarios de los apartamentos y tiene el mandato de gestionar todo lo relacionado con el cuidado y el mantenimiento de las zonas comunes y el funcionamiento del edificio, así como de resolver los conflictos ocasionales entre los residentes.

Aunque no todos los edificios tienen comités registrados legalmente, en el caso del suministro de electricidad los residentes recurrían a los comités para buscar soluciones colectivas adecuadas.

Abrirse paso en la oscuridad

La crisis financiera provocó un colapso económico en el Líbano, donde la inflación trepó al 145 % y el aumento del costo de los combustibles fósiles importados hizo que el precio de la electricidad, el gas y el diésel subiera casi un 600 %. Esto provocó la crisis eléctrica con una reducción aun mayor del suministro estatal, así como la sextuplicación del costo de los generadores diésel.

La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costos sociales, económicos y ambientales, lo que exacerbó la des- igualdad de ingresos y la pobreza energética. Un 90 % de los hogares acordaron pagar por servicios básicos.

Entre los más pobres, el 20 % carecía de acceso a un generador y los hogares de bajos ingresos pagaban un porcentaje sustancialmente mayor de sus ingresos por el suministro privado de electricidad (Human Rights Watch, 9 de marzo de 2023). A la vez, expertos ambientales estimaron que se registró un aumento considerable de las emisiones, lo que magnificó los riesgos para la salud (Karam, 12 de septiembre de 2022). Además, como sucede en otras partes del mundo, estos impactos están condicionados por el género, ya que las penurias por la escasez del suministro recaen en mayor grado sobre las mujeres (Ahmad, 3 de marzo de 2021).

El costo macroeconómico implicó la profundización de la dependencia del Líbano de las importaciones de diésel, que benefician principalmente a un cártel de importadores de petróleo para alimentar a los generadores privados (Szakola, 14 de enero de 2022), lo que afianza aún más las redes de poder e influencia de los políticos.

En el otro extremo de la crisis se encuentran las estrategias que aplican las personas para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. Las soluciones individuales o colectivas ya son habituales en edificios y hogares. Las denominamos microarreglos, de iniciativa privada y pequeña escala, constituyen una combinación de fuentes de energía (generadores de edificios, generadores de vecindarios que venden electricidad, paneles solares, inversores con baterías de litio o ácido). Estos también constituyen también constituye la mayor parte de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional extraoficial para el suministro de energía en este país asolado por la crisis.

Como cada vez más gente recurre a los microarreglos, el país experimentó una proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala, que algunos celebraron como la “revolución de la energía solar” (Raydan, 30 de septiembre de 2022). Según ellos, esta “revolución” incluso permitiría que el Líbano cumpla con el compromiso asumido en 2018 de alcanzar una combinación de 30 % de energías renovables para 2030 (Rasmi, 2 de marzo de 2023). Sin embargo, la fiebre solar del país ha sido principalmente individual y privada, lo que resalta las diferencias de clase en el acceso a la energía solar de calidad, ante los altos costos de los paneles, baterías y equipos inversores necesarios. Además, hay una “crisis de residuos tóxicos en ciernes” (Choucair-Vizoso y El Murr, 11 de octubre de 2022) derivada de las baterías y paneles gastados, sin que existan planes para su gestión.

La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados impulsó un modelo con fines de lucro del mercado de la energía solar, un aspecto negativo de la transición energética que ya se señaló (Steinfort y Angel, 2023). Esto, junto con la complejidad del suministro energético en el Líbano, plantea la cuestión de la justicia energética. Sin “acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” (United Nations Environment Programme [UNEP], 2017), con repercusiones ambientales e intergeneracionales graves para el bienestar de los residentes (Majzoub, Root y Simet, 9 de marzo de 2023), resulta evidente que el suministro energético en el Líbano y la posible transición a las energías renovables no son justos.

Analistas de la justicia energética lo definen como un “sistema energético mundial que distribuye equitativamente tanto los beneficios como los costos de los servicios energéticos, y que cuenta con un proceso de toma de decisiones representativo e imparcial en materia de energía” (Sovacool et al., 2017). Principalmente, su visión afirma el derecho a una energía asequible y sostenible, cuyo suministro sea transparente y esté sujeto a rendición de cuentas.

Un año antes del peor momento de la crisis, una asamblea de ciudadanos libaneses celebrada en 2020 produjo un “imaginario de interdependencia que busca crear redes integradas comunales como solución colectiva a pequeña escala en un momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles” (Shehabi y Al-Masri, 2022).

Este deseo de una solución liderada localmente e independiente del Estado central se deriva de la desconfianza en la capacidad de este o de sus socios privados para resolver el problema energético que ya lleva decenios, así como de la desconfianza en las opciones renovables y de una perspectiva distópica que preveía, con razón, un mayor deterioro del suministro energético. Destacamos la des- confianza popular en el Estado y sus instituciones como prueba no solo de lo arraigados e históricos que son los problemas de la electricidad en el Líbano, sino también de cómo la población es capaz de reconocer la corrupción en el sector, pero se siente impotente frente a ella.

Vivir en la crisis de electricidad

La crisis eléctrica hizo que los hogares dependieran casi exclusivamente de la electricidad que suministran los generadores diésel. Los generadores son propiedad del edificio y dan servicio a los residentes que pagan por su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un servicio privado de generador diésel vecinal es otra opción que pueden contratar los apartamentos individualmente (a cambio de una cuota mensual) por una baja cantidad de amperios.

Sami escribe cómo su “sueño siempre ha sido la electricidad de EDL”, ya que solo con ella puede consumir más del volumen racionado de apenas cinco o diez amperios que le permite el generador. La crisis destruyó ese sueño y generó una afinidad por el generador diésel al que Sami está abonado, cuyo propietario “está con nosotros, y nada está en contra de nosotros excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica EDL”, según Sami. El sentir de Sami refleja una relación ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político del país. Esa ambivalencia se extiende también a los propietarios de los generadores diésel, que se destacan por su codicia y su falta de rendición de cuentas.

La crisis eléctrica se afianzó como una realidad duradera, que dicta los ritmos diarios de la vida doméstica. “Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes: a qué hora nos levantamos, a qué hora volvemos a casa, el horario de las duchas y las comidas”, escribió Yasmin.

Las tareas cotidianas se organizan en torno al horario del generador y la vida se convirtió en una lucha constante, como “un remolino infinito”, según Sami: las pilas de ropa sucia, las noches de verano en vela sin aire acondicionado, los amperios insuficientes para los aparatos de alto voltaje como los calentadores de agua. Ahora su vida cotidiana también está racionada: “Las luces se apagan a las once de la noche, a la medianoche o incluso a la una de la madrugada… Es hora de irse a la cama, y todo el mundo se va a dormir a la misma hora”.

Los mecanismos para lidiar con la situación y adaptarse a ella alternaron entre las soluciones individuales y la exploración de posibilidades colectivas, que a menudo implican experimentar con nuevas tecnologías. Como el sistema libanés está orientado al mercado, las soluciones nuevas −los microarreglos− están al alcance de quienes disponen de los medios económicos.

En cambio, los residentes que dependen únicamente del generador privado vecinal muchas veces se sentían atrapados en una relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es caro, en caso de ser posible.

Algunos se mostraban hostiles hacia estos proveedores, pues se quejaban del creciente costo de vida que provocó la crisis financiera, pero a la vez necesitaban la energía debido a los cortes de luz. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulan la vida de la gente sin freno ni supervisión. Así, adquirieron aún más poder, ya que para muchos el costo de las demás opciones los convertía en la única opción.

Imagen 1. Paneles solares en balcones de Beirut

Fuente: Ebla Research Collective

La crisis la sufren más quienes tienen necesidades sanitarias o asistenciales, como las personas de edad avanzada o con discapacidad que dependen de un ascensor para llegar a su vivienda, pero que ahora tienen que programar sus salidas según el horario del generador. La opción de subir por las escaleras también es difícil para personas de todas las edades, como señala Yasmin:

Nunca me había percatado de lo que eran doce tramos de escaleras hasta que tuve que subirlos casi todas las noches… Al subir las escaleras, una y otra vez, empecé a sentir como si estuviera fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle sin fin.

Esa sensación de lo interminable −el remolino, el bucle infinito− refleja la exacerbación. El cansancio lo invade todo y pone en el centro los cuerpos de quienes experimentan la crisis. Resaltamos estas sensaciones para apuntar las consecuencias intangibles que tiene la crisis en las personas, dado lo liada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores estatales y no estatales, y la existencia rutinaria aparentemente opresiva pueden tener repercusiones sociales y políticas importantes.

La respuesta ante la crisis no solo agravó las desigualdades socioeconómicas existentes, sino que −debido a cómo fue concebida− reforzó estos desequilibrios de poder. Por ejemplo, el proceso de racionamiento de la energía de los generadores diésel propiedad de los edificios (para gestionar los costos y el desgaste mecánico) reveló necesidades y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género, tamaño y composición de la familia, así como por posición económica y social.

Mientras que las personas encargadas del hogar preferían el suministro durante el día, quienes trabajaban fuera de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares acomodados querían tener más suministro sin importar el costo. Fue preciso llevar a cabo negociaciones y adaptaciones, que a menudo les restaban prioridad a las necesidades de los más débiles o incluso las ignoraban. En la toma de decisiones estuvieron ausentes las voces de las mujeres, a veces de forma deliberada, debido a cuestiones como el cuidado de los hijos y otras demandas de su tiempo.

Esta dinámica demuestra que, incluso cuando las decisiones son locales, se explotan las diferencias de poder. La intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos para la resolución de problemas perjudicó en este caso a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo una inquietud, incluso en las respuestas locales.

En cambio, los edificios con medios económicos y residentes bien vinculados pudieron asegurarse el diésel con más facilidad y protegerse de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en “una fortaleza que a la vez protege y distingue a sus residentes de lo que hay fuera”.

Sin embargo, las ventajas que disfrutan los hogares con mayores ingresos incluyen costos que recaen sobre los menos afortunados. En este ejemplo, el ruido del generador que funcionaba las veinticuatro horas del día resultó perjudicial para la salud mental y el bienestar de los habitantes más pobres de los edificios cercanos. Los vínculos personales con partidos políticos y élites influyentes se aprovecharon para conseguir diésel más barato, mientras que en otro edificio, los contactos del líder del comité con un partido político afianzaron su predominio sobre los vecinos.

Vemos claramente cómo las consecuencias de la crisis recaen con mayor dureza en los edificios de ingresos más bajos. Los edificios con ingresos más altos, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general de las zonas comunes, mientras que los de hogares de ingresos medios o bajos empezaron a padecer el deterioro de forma visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut ya no son la entrada vistosa, el portón eléctrico o la fachada reluciente, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que brinda extensas horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.

Los edificios en plena crisis de electricidad

En un edificio, tres de las zonas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son:

1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.;

2) el generador diésel propiedad del edificio,

3) el uso de zonas comunes para instalar las soluciones energéticas, como designar un espacio para el generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.

Había un elemento temporal en esta crisis, señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos y sacrificar la comodidad y el confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos, y cómo, sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.

Los sentimientos cambiaron y aparecieron comentarios, del estilo de “quienes no hayan pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar”. Se celebraron largas asambleas y discusiones, a menudo antagónicas, que empujaron a la gente a adoptar soluciones individuales, como los sistemas de baterías de litio para sus hogares. Esto mitigó los problemas de quienes podían permitirse esas soluciones, pero redujo el interés por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en una panacea para que la gente se ocupara de sus propias necesidades y mitigara “el dolor de cabeza”.

La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de la factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio o correspondiente a una suscripción aparte de un servicio de generadores vecinal. Cuando los residentes no podían pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo funcionar las veinticuatro horas, algunos comités optaron por limitar su uso solo a quienes podían permitírselo.

Mediante un sistema a control remoto, solo podían llamar al ascensor quienes habían pagado. Como la electricidad de la red pública solo está disponible unas horas al día, el ascensor pasó a ser para el uso privado de los residentes más pudientes y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio cotidiano del edificio se convirtió en una expresión de la evolución de la crisis, al generar prácticas excluyentes y distanciamiento entre los vecinos.

Imágenes 2 y 3. Llaveros con control remoto de los ascensores para uso exclusivo de los residentes que hayan pagado por el servicio.

Fuente: Ebla Research Collective

El uso de las zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que, en definitiva, no eran tan comunes. Como sucede con los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios suelen verse invadidos, ya sea por la aparición de necesidades de instalaciones y servicios nuevos (por ejemplo, tanques de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.

Ante esta situación y el auge de la energía solar en Beirut y sus barrios periféricos, se plantea la cuestión de si los hogares tienen en verdad acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, solo tres tenían paneles solares instalados, pero estos pertenecían a los pocos apartamentos que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con sus vecinos, como hecho consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por energía solar (Abdel-Riad, 2022), en nuestra muestra no observamos ningún esfuerzo colectivo por invertir en ella. En un edificio se discutió el tema y el comité supuso que era ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio de la azotea no alcanzaba para alojar los paneles necesarios.

Estos ejemplos revelan que, aunque en algunos edificios hubo comités que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones no siempre eran estratégicas, eficaces ni inclusivas. Aunque los edificios con mayores ingresos podían resolver problemas al adquirir colectivamente generadores más grandes, eso no significa que el aspecto económico fuera el único factor en juego.

La intensidad de la crisis eléctrica, sumada a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos personas pueden dedicar el tiempo y los recursos financieros que exigen estas iniciativas. Otra causa del fracaso es la duración de la crisis (ya en su cuarto año), que hizo que la gente perdiera la paciencia y optara por soluciones individuales. Así, la cooperación ha sufrido altibajos: a veces ha surgido en espacios compartidos y otras ha desaparecido por el estrés y la tensión de vivir en una crisis.

No obstante, los comités de edificio siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación demuestra que son fundamentales para proteger de la decadencia el entorno construido, ya que los edificios descuidados a veces son los “escombros intencionales” que impulsan las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios (Kanafani, 2017).

Habida cuenta de que antes de la crisis los comités de edificios eran eficaces (en su mayoría) en el mantenimiento y la gestión de los servicios de los generadores o en la búsqueda de soluciones para problemas relativamente menores, como el suministro irregular del agua, cabe preguntarse si esta crisis −por su complejidad y sus numerosas repercusiones− es demasiado para que un comité pueda gestionarla por su cuenta.

Esto subraya nuestro llamamiento a una visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Nos preocupa hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que tengan éxito a largo plazo.

Una crisis en curso

La dinámica de los comités de edificio puede captar la forma en que las personas adaptan sus rutinas cotidianas a las restricciones del suministro eléctrico, que negocian con sus vecinos para asegurarse de que el suministro se ajuste a sus necesidades. Los comités pueden ser espacios de búsqueda de microsoluciones colectivas. También encontramos estrategias de resistencia y de mejora vital que desafían la injusticia de la realidad energética, ya que los residentes intentan lograr la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque solo sea temporalmente.

Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente exigiéndoles encontrar soluciones técnicas colectivas con los aspectos distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones, pero también mientras sucumben a las injusticias energéticas globales, estatales y sistémicas.

Demostramos que, incluso con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités de edificio individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Desde la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político y activista.

Veamos el ejemplo de Um-Rami, una abuela de setenta y ocho años que lleva dos décadas encargándose del comité y la contabilidad de su edificio. Lo anota todo en dos cuadernitos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos diez años. También tiene una cajita metálica con el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.

Al final de cada año, calcula los totales y los pasa a la página siguiente. Um-Rami se queja de seguir siendo la responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha intentado ayudarla manteniendo un archivo Excel que tiene dos hojas por año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para las y los residentes. Ella también está cansada, le cuesta hallar el tiempo disponible entre su trabajo, las tareas domésticas y la crianza de sus hijos.

Descargar el peso de la solución a la escasez de energía −un problema nacional que ya lleva décadas, además de una crisis climática mundial− sobre los hombros de residentes urbanos como Um-Rami no es un proceso de democratización ni de empoderamiento. De hecho, incluso entre los miembros más jóvenes o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios que son necesarios para la vida cotidiana de sus residentes, mientras que se enfrentan a una crisis política dinámica, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.

Ante la magnitud de la crisis energética y la corrupción en el Líbano, la reacción empoderante no son las medidas provisorias que los habitantes de Beirut se vieron obligados a adoptar, ni el despliegue de soluciones técnicas a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista ambiental, ni pensar que la respuesta radica en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.

Para aclarar, académicos y activistas de la justicia energética reclaman sistemas energéticos descentralizados y dirigidos por las comunidades (Bell, Daggett y Labuski, 2020) y la devolución del “micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces fueron silenciadas sistemáticamente durante demasiado tiempo” (Sovacool, 2023). Pero sin una acción política paralela que desmantele los sistemas políticos de búsqueda de rentas del sur global y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que se benefician de sistemas energéticos injustos y extractivistas, los reclamos de descentralización y energía comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.

Se espera que las comunidades, como hemos visto en el Líbano y otros lugares del sur global (Seif Eddin, 24 de noviembre de 2023), soporten la carga de satisfacer sus necesidades energéticas con los escombros de unos sistemas energéticos fallidos, pero sin el poder ni los recursos para hacerlo (Hamouchene y Sandwell, 2023).

Así, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos comunitarios no a desplegar soluciones tecnológicas para la crisis energética, sino a ayudar a organizarse colectivamente contra las políticas que la provocaron. Aunque las élites corruptas del Estado lograron sofocar la oposición mediante una política populista, clientelista y sectaria, la movilización contribuyó a impulsar el debate sobre los servicios y las infraestructuras.

Por ejemplo, movilizaciones pasadas, como la campaña #YouStink (Ekdawi, 23 de febrero de 2021), a pesar de su éxito limitado, apuntaban con acierto a la corrupción política que provocó la crisis de los residuos, en lugar de concentrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos sólidos.

Además, para los hogares individuales, el comité de edificios como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda como punto de partida para definir y expresar las necesidades y prioridades a nivel comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares proveedores de servicios informales, como propietarios de generadores y electricistas de la zona, y, allí donde están activas, las autoridades municipales locales.

Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino o que a veces negoció en conjunto tarifas de abono con los proveedores privados del vecindario, mientras que otro comité analizó el incendio de un generador cercano para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.

La función de las empresas de generadores, que suelen ser demonizadas como si fueran mafias porque tienen el monopolio de los servicios del vecindario y fijan los precios, podría gestionarse de otra manera (Abi Ghanem, 2021). Ponemos en cuestión esta denominación banal, dados los sentimientos encontrados de las personas que se desprenden de nuestro estudio. Creemos que hay margen para su participación más allá de la prestación de servicios transaccionales.

Las empresas prestan servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que las personas se esfuerzan por gestionar a nivel de cada edificio. Lo ideal no es, ni mucho menos, seguir dependiendo de los servicios de los generadores en cada vecindario, ante la falta de rendición de cuentas y las consecuencias para la salud ambiental. A pesar de ser entidades privadas, también −al igual que la tienda de comestibles del barrio− integran sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.

Se debería brindar apoyo para que los colectivos de residentes puedan presionar para que mejoren las condiciones del servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que podría apoyar a los residentes son las autoridades municipales de la zona. En el edificio en el que el municipio asumió un papel activo en la regulación de las empresas privadas de generadores, los residentes se beneficiaron de una gestión menos estresante de sus necesidades energéticas cotidianas.

Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, a fin de lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de organizadores en cada edificio, como lo es Um-Rami, se invertirían mejor en fortalecer los puentes entre los residentes vecinos, movilizarse por un cambio político efectivo y presionar a los proveedores de servicios y a las autoridades locales para que ofrezcan soluciones energéticas más justas.

Años de corrupción y poder incontrolado de la élite gobernante del país hacen que cualquier esfuerzo de apoyo a la transición a una energía más ecológica o para abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano no es un problema técnico que se pueda paliar simplemente mediante proyectos energéticos locales dirigidos por la comunidad.

Estas ideas nos convencen cada vez más de que se trata de una crisis política −provocada por años de descarado aprovechamiento del poder por parte de políticos corruptos con capacidad de influir en la infraestructura energética− y de que una solución política es imperiosa.

Bibliografía

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1. Para proteger su confidencialidad, hemos utilizado seudónimos para los investigadores y participantes.

Este ensayo fue redactado por:

Dana Abi Ghanem
Zeina Abla
Muzna Al-Masri

Y es producto de la investigación realizada por ellas y los investigadores de campo:

Amr Dukmak
Fatima Fouad el-Saman
Firas Dabbagh
Karim Khansa
Mostafa Soueid
Mounia Chmailtilli
Rand Berjawi
Watfa Najdi

Estado del poder 2024 | Energía, poder y transición

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by Susana Fernández Herrero

Cambio de paradigma: forjar una transición energética justa en la era del poder corporativo e imperial

Cambio de paradigma

Forjar una transición energética justa en la era de poder corporativo e imperial

Charla entre Timothy Mitchell, Thea Riofrancos, Ozzi Warwick y Nick Buxton

Traducción al español: Mercedes Camps

La energía basada en los combustibles fósiles es un pilar del sistema capitalista que ha concentrado poder y riqueza y amenaza la vida en la Tierra. Para el ensayo introductorio de esta edición de Estado del Poder, el Transnational Institute (TNI) reunió a un especialista en grandes empresas petroleras de Oriente Medio, una académica y activista que trabaja para lograr una transición energética justa y un destacado organizador sindical del sector petrolero de Trinidad y Tobago, para que conversaran sobre la dinámica del poder en nuestro sistema energético actual y cómo realizar la transición hacia un futuro energético democrático, justo y sostenible.

Nick: En el TNI hemos analizando las relaciones de poder en la economía mundial desde hace doce años a través de nuestro informe, el Estado del Poder. Me resultó interesante en esta edición sobre energía que la palabra “poder” tiene un doble significado: quién tiene poder sobre nuestros sistemas, pero también el poder que la energía nos da a nosotros y a la economía mundial. Para comenzar, quisiera preguntarte, Tim, cómo consideras que el sistema energético basado en los combustibles fósiles desde el siglo xix ha configurado la distribución de poder en la actualidad. Y, a la vez, ¿de qué modo el poder ha configurado nuestro sistema energético?

Tim: En mi libro, Carbon Democracy, planteo el argumento, que puedo resumir en una oración, de que el carbón posibilitó la democracia masiva y que el petróleo le impuso límites. El argumento es que en el siglo xix, cuando los Estados industrializados se volvieron extremadamente dependientes del carbón como única fuente de energía, los trabajadores lograron tener un poder político sin precedentes porque por primera vez podían desconectar el sistema energético de un país, en lo que pasó a conocerse como la huelga general, en que los trabajadores del carbón, los trabajadores ferroviarios y los trabajadores portuarios podían interrumpir ese suministro de energía. Ese poder fue fundamental para el surgimiento de la democracia de masas a finales del siglo xix y comienzos del siglo xx. El petróleo revirtió esta situación, en parte debido a que brindaba una alternativa, por lo que era más fácil debilitar a esa fuerza de trabajadores organizados, pero también porque el petróleo era diferente, al ser líquido que salía del suelo bajo su propia presión. De modo que no hacía falta enviar a trabajadores bajo tierra, se podía extraer fácilmente con oleoductos y buques o camiones cisterna de manera más flexible y era más difícil interrumpir su suministro.

Aun así, los trabajadores petroleros de Oriente Medio estaban tan decididos como los trabajadores del carbón en Europa a ganarse sus derechos políticos y económicos. En Irán, Irak y Arabia Saudita, los tres principales países petroleros de Oriente Medio, los trabajadores organizaron huelgas, como la huelga general en Irán, que dio inicio a la nacionalización del petróleo en 1951. Pero los trabajadores perdieron el poder que habían conquistado respecto del sistema energético y político en decenios anteriores, especialmente porque el petróleo se producía en partes del mundo diferentes de los centros de la vida industrial capitalista. Ello abrió una brecha entre quienes participaban en el consumo y quienes participaban en la producción de energía, lo que dificultó que los trabajadores petroleros en un lugar como Irán entablaran vínculos con luchas políticas en Occidente. Es así que el petróleo tuvo un efecto profundo en el surgimiento de formas políticas en el siglo xx a través de su capacidad para socavar la política democrática en todas partes.

Nick: Gracias, Tim. Quizá Ozzi quisiera comentar algo al respecto, ya que has sido trabajador y sindicalista en el sector del petróleo y el gas. ¿Cómo ves esta interacción de energía en la distribución de poder según tu propia experiencia?

Ozzi: En el caso de Trinidad y Tobago, fue un poco diferente que, por ejemplo, en el Reino Unido. Trinidad y Tobago no tenía una industria del carbón y era principalmente un país agrícola hasta que se descubrió petróleo y ello comenzó a impulsar el sistema energético. Al surgimiento de una industria de combustibles fósiles basada en el petróleo se sumó el surgimiento de uno de los sindicatos más poderosos de nuestro país, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo. De modo que creó poder para los trabajadores. El sindicato fue fundamental para lograr el sufragio universal y la independencia. Los trabajadores petroleros que participaron en los disturbios laborales de los años treinta dieron lugar a un sentimiento de nacionalismo y sentaron las bases de lo que sería la independencia de nuestro país, que se declaró en 1962. Ello demostró que el sistema energético en general puede dar lugar a la democracia de masas.

Al reflexionar sobre los sistemas energéticos, pienso inmediatamente en el imperialismo y el hecho de que la arquitectura del sistema energético es muy similar al colonialismo o el imperio, donde existe una pequeña concentración de personas u organizaciones que lo controlan. Una de las primeras empresas multinacionales modernas fue la empresa petrolera Standard Oil, fundada a finales del siglo xix. Tras la Primera Guerra Mundial, los consorcios petroleros realizaron acuerdos con los imperios británico y francés mientras se repartían el Imperio otomano. E incluso en la actualidad, siete de las diez gigantes petroleras son estadounidenses o angloeuropeas. De las otras tres, dos son chinas y una es saudí. De modo que no se puede hablar del sistema energético sin hablar de poder. Y eso se relaciona con el capitalismo mundial, que es impulsado por la producción de mercancías, la producción y el consumo de energía.

Thea: Es evidente que la estructura del capitalismo de combustibles fósiles está estrechamente vinculada con la estructura del poder mundial, económica y geopolíticamente. También es cierto que los sistemas de poder mundial y el capitalismo de combustibles fósiles, que están estrechamente ligados, también han planteado grandes desafíos a ese sistema que ha demostrado sus déficits o vulnerabilidades. Podemos ver que a finales de los años sesenta y a comienzos de los setenta, el entonces denominado “tercer mundo” comenzó a organizarse. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) surgió en un momento en que los productores de recursos del tercer mundo intentaban asumir el control de esos recursos, por los cuales no estaban recibiendo beneficios. La OPEP fue una inspiración e incluso un modelo para una propuesta más amplia de un nuevo orden económico internacional, que nunca se concretó, pero que sigue siendo un idea que cuenta con apoyo hoy en día. Entonces, la energía no es solo un lugar de hegemonía, sino también un lugar de lucha. He investigado el tema en Ecuador, Chile y otros países de América Latina, y en la región persiste una idea poderosa de nacionalismo de los recursos, que surge de los sindicatos y los movimientos sociales y coaliciones populares.

La idea es que “nosotros, el pueblo” deberíamos ser propietarios de los recursos y el norte global no debería seguir extrayendo nuestros recursos. Es una forma de protesta que también está presente en nuestro movimiento de transición energética.

Nick: El auge de las grandes empresas petroleras en los últimos decenios ha estado acompañado por una gran financiarización de la economía. ¿Cómo se interrelacionan? ¿Y cuál es la situación actual en cuanto al poder de las grandes empresas petroleras, tanto estatales como privadas?

Tim: En cuanto al petróleo y las finanzas, los dos crecieron juntos. Las grandes multinacionales petroleras también fueron las mayores empresas en cotizar en la bolsa y se asociaron con algunos de los bancos más grandes. Un motivo de esta intersección es, en primer lugar, que la producción de energía es muy cara y requiere una gran cantidad de capital. Un segundo motivo es su capacidad para generar ganancias extraordinarias que atraen finanzas. Ello no se debe
únicamente a la dependencia de la energía en el mundo entero, sino también a que las estructuras de producción de energía son relativamente duraderas, por lo que una vez que se construyen, producirán ganancias durante decenios, lo cual suele suceder en otros procesos industriales. Y, por último, la capacidad de capitalizar esas ganancias futuras explica el enorme valor capitalizado de las grandes empresas petroleras. Al garantizar el flujo de dinero se aseguran de contar con una política de seguridad energética.

Ozzi: Con respecto a la interacción entre energía y finanzas, si nos remontamos a la crisis energética de los años setenta, en realidad se trató de una crisis financiera. De hecho, esa crisis desempeñó un papel fundamental en la renovación del poder de los Estados Unidos en las finanzas mundiales, debido a que tuvo como consecuencia la convertibilidad del dólar de los Estados Unidos en oro y dio lugar a la reproducción del petrodólar, lo cual permitió el flujo de dinero de bancos multinacionales estadounidenses a países no productores de petróleo menos desarrollados. Ello provocó un cambio de los préstamos institucionales a los préstamos comerciales, que reposicionó a los bancos privados estadounidenses, los cuales pasaron a dominar el sector de las finanzas a nivel mundial, del mismo modo en que las empresas petroleras de los Estados Unidos dominan el sector energético mundial. Esto provocó la grave crisis de la deuda en muchos países del sur global y permitió que los partidarios del poder neoliberal e imperial impusieran programas de ajuste estructural que consolidaron las relaciones de poder imperial y neocolonial, y arraigó estas relaciones de poder desiguales.

Thea: Es un momento muy contradictorio para formular esta pregunta, debido a que estamos ante una incipiente transición energética, que aún es muy incierta y desigual. Por un lado, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda −no la oferta− de combustibles fósiles alcanzará su nivel máximo en unos años.

También hay quienes pronostican que si se lleva a cabo la transición energética, habrá más de un billón de dólares en activos varados, lo cual afectaría gravemente a las empresas energéticas y el sistema financiero. Ello podría sugerir que la industria de combustibles fósiles tiene los días contados. Sin embargo, claramente no es así debido a que también ha registrado ganancias sin precedentes debido a la inestabilidad geopolítica y al continuo aumento de la demanda energética, que en gran medida sigue estando satisfecha por los combustibles fósiles.

También estamos ante nuevas dinámicas, como el auge de empresas de capital de riesgo que invierten en combustibles fósiles, entidades menos transparentes, más difíciles de gobernar incluso que una empresa multinacional de accionistas. Como Brett Christopher ha demostrado, estas empresas de capital de riesgo están incursionando en la energía y la infraestructura, lo que significa que cada vez son propietarias de más infraestructura social fundamental. A menudo convierten estos activos de un modo similar a los fondos buitre, intentando extraer valor para luego venderlo. Lo que resulta irónico es que han comenzado a adquirir más infraestructura de energía sucia, en parte, debido a que algunos fondos de jubilación y otros inversores institucionales retiraron sus inversiones de los combustibles fósiles, lo cual puede dificultar la eliminación progresiva del sector. Es un resultado perverso de una medida que, por lo demás, es admirable por parte de algunas instituciones e inversores.

Nick: ¿Y de qué modo los cambios en los sistemas energéticos se interconectan con los cambios geopolíticos tras el surgimiento de potencias económicas como China y la India?

Tim: Uno de los elementos de cambio sin duda es el surgimiento de China y la India como consumidores de energía y, especialmente en el caso de China, como grandes productores de energía. Por su parte, Estados Unidos, que había sido el mayor productor del mundo durante varios decenios, pero después de los años setenta había disminuido su producción, tuvo un segundo impulso como productor de energía con el aumento del denominado petróleo de esquisto, o el petróleo producido mediante la fracturación hidráulica. Esto ha sido desestabilizador debido a que no está bajo el control de las grandes empresas multinacionales del petróleo que controlan el precio, sino que, con más frecuencia, está en manos de empresas petroleras nuevas o más pequeñas, por lo que nadie controla el precio. La consecuencia de ello ha sido la extraordinaria volatilidad de los precios del petróleo y el surgimiento de empresas de capital de riesgo se debe en parte a que lograron aprovechar esa volatilidad para su beneficio económico.

Nick: Y, Ozzi, ¿qué ocurre con los actores no estadounidenses, como Venezuela o China? ¿Puedes explicar el conflicto entre Venezuela y Guyana? ¿Qué revela sobre el sistema energético y la lucha geopolítica actual?

Ozzi: En primer lugar, cabe señalar que las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil en este caso, siguen ocupando un lugar central. Pero antes quisiera explicar la disputa sobre tierras, que se remonta más de cien años a la era colonial, cuando Guyana era una colonia británica, Gran Bretaña estaba intentando ampliar su influencia imperialista y Venezuela era una nación independiente. Esta disputa prácticamente se abandonó cuando Chávez visitó Guyana en 2004 y anunció que daba la cuestión por terminada. La situación comenzó a cambiar en 2006, cuando el Gobierno de Chávez realizó una serie de nacionalizaciones y reguló el sector petrolero.

La mayoría de las empresas petroleras multinacionales habían aceptado las nuevas condiciones, salvo dos, ConocoPhillips y, por supuesto, ExxonMobil. Habían exigido una indemnización de decenas de miles de millones de dólares a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, en 2014, el CIADI falló que Venezuela debía pagar tan solo 1600 millones de dólares a ExxonMobil, lo cual enfureció al entonces presidente y director ejecutivo de la empresa, Rex Tillerson. Un año más tarde, Exxon anunció que, súbitamente, había encontrado noventa metros de petróleo de buena calidad y cuando se observa el acuerdo de reparto de producción entre Guyana y ExxonMobil, la empresa se quedó con el 75 % de las ganancias del petróleo para recuperar costos y el resto lo repartió en partes iguales con Guyana. Además, el artículo 32 del Acuerdo de Estabilidad establece que el Gobierno no podrá “enmendar, modificar, rescindir, declarar nulo o inaplicable, exigir la renegociación, obligar a sustituir o de otro modo evitar, alterar o limitar” el acuerdo. Es decir que ni la población de Venezuela ni la de Guyana se beneficiarán de la intervención política de ExxonMobil en la región.

Por lo que no se trata de un conflicto entre las dos poblaciones, sino de un conflicto entre ExxonMobil y la población de estos dos países sudamericanos. De hecho, justo después de que Guyana firmara la Declaración de Argyle por el diálogo y la paz con Venezuela el 14 de diciembre de 2023, mediante la cual se declara que ninguna parte recurrirá al uso de la fuerza, un buque de guerra británico visitó Guyana el 29 de diciembre de 2023.

También cabe señalar que en julio de 2023, el presidente de China Xi Jinping se reunió con su homólogo guyanés, Mohammed Irfan Ali. En la reunión, Xi Jinping destacó la relación entre China y Guyana y el papel importante desempeñado por China en Guyana. Por su parte, Ali reafirmó ese punto y manifestó su admiración por el liderazgo y la influencia mundial de China. Es evidente que Guyana se está convirtiendo rápidamente un campo de batalla para el posicionamiento geopolítico mundial. Este es otro ejemplo claro del vínculo inseparable entre el sistema energético mundial y la competencia imperial.

Nick: Tim, en tu libro, Carbon Democracy, también examinas el modo en que la política del petróleo ha configurado el militarismo, especialmente en Oriente Medio, y en relación con Israel y la guerra de 1967. ¿Tiene la guerra sus orígenes, directos o indirectos, en el autoritarismo o el militarismo del carbono del que hablas en el libro?

Tim: Sí y no. Indirecta, más que directamente. La guerra en Gaza es causada por el Estado de Israel, que quiere dominar por completo la zona de Palestina histórica y no tolera ningún tipo de reclamo de derechos nacionales para los palestinos. Los vínculos más amplios con la geopolítica del petróleo radican en que Israel no podría haber hecho esto sin el apoyo financiero, militar y político de Estados Unidos. La influencia y el sistema de propaganda que Israel puede organizar para mantener el apoyo del Gobierno estadounidense están relacionados con el militarismo de Estados Unidos, que se vincula estrechamente con la historia del petróleo. Estados Unidos gasta más dinero en sus fuerzas armadas que las siguientes diez potencias militares del mundo. Ello a veces se atribuye, en términos muy simplistas, a que Estados Unidos necesita defender sus recursos vitales, como el petróleo.

Un mejor análisis es que la idea engañosa de que los suministros de petróleo son de algún modo vulnerables, en lugar de ser una causa de nuestra vulnerabilidad a una catástrofe climática, se utiliza para generar la sensación de que la seguridad estadounidense está en peligro. Este lenguaje de vulnerabilidad es fundamental para desviar una gran cantidad de recursos públicos a la industria armamentista y de seguridad. De modo que, Estados Unidos no está del lado de Israel para defender el petróleo, sino, al igual que Israel y con su ayuda, para defender los mitos de inseguridad de los cuales depende su propio militarismo.

Nick: Quisiera dejar de lado el aspecto militar, para centrarme en los aspectos ecológicos de esta cuestión. Nuestro sistema energético es claramente destructivo para el planeta, tiene impactos en el clima, el medio ambiente y la salud. Entonces, ¿por qué ha resultado tan difícil cambiar de rumbo?

Thea: Ello implica cuestiones de política y poder más profundas y también los mecanismos del sistema capitalista. Mencioné el fenómeno de los activos varados. Este es un problema, ya que los combustibles fósiles, al igual que todo sector extractivista, tienen costos iniciales, fijos y hundidos muy elevados. De modo que apuestan a que, con el transcurso del tiempo, en unos decenios, obtendrán una ganancia de esa inversión y antes de eso es simplemente un costo. No es difícil imaginar por qué los propietarios de activos de combustibles fósiles son extremadamente reticentes a cambiar de sistema energético, incluso si tienen oportunidades para lucrar con el nuevo sistema energético. Y habida cuenta de su enorme influencia y conexiones políticas, el sector está muy bien posicionado para coordinar, postergar y negar y hacer todas las cosas que sabemos que ha hecho. El otro problema es que la industria está profundamente vinculada en la materialidad de la vida capitalista, si consideramos a la industria de petroquímicos o del plástico. Es por ello que hay quienes dicen que les cuesta imaginar el fin del petróleo sin imaginar el fin del capitalismo.

Pero hay otros motivos por los cuales resulta difícil cambiar nuestro sistema energético más allá de los intereses de los más poderosos; por ejemplo, los países exportadores de petróleo de bajos y medianos ingresos, como Ecuador. Me sigue sorprendiendo que no haya absolutamente ningún plan o discusión en centros de poder institucional sobre lo que ocurrirá con países cuya base fiscal está completamente vinculada a los ingresos del petróleo y que no pueden proporcionar servicios sociales, infraestructura pública o cuestiones básicas de gobernanza sin esos ingresos. No se puede evitar la difícil realidad de que la transición del petróleo negará una fuente de ingresos fundamental a una serie de Estados pobres y de bajos o medianos ingresos.

Nick: Y eso, por supuesto, también está muy relacionado con Trinidad y Tobago. Entonces, me pregunto, Ozzi, ¿qué piensas sobre los impactos ecológicos y por qué ha sido tan difícil realizar la transición de esta forma de energía?

Ozzi: Thea ha planteado una preocupación fundamental respecto de los pequeños países exportadores de gas y petróleo, como el nuestro. Toda nuestra economía se ha basado en el petróleo y el gas durante decenios y aún representa casi el 40 % de nuestro PIB y el 80 % de nuestras exportaciones. De hecho, el sector de la energía representó un 58,2 % de los ingresos gubernamentales. Sin esos ingresos, afrontamos el riesgo de que colapse el seguro social, es decir, toda la red de seguridad social nacional. De modo que se vuelve un verdadero desafío a la transición. Ahora mismo estamos luchando por una transición justa progresiva en Trinidad y Tobago, movilizando a nuestras bases para que eviten que el Gobierno realice una transición neoliberal. La llaman transición justa, pero no lo es. Es simplemente un manto para ocultar una nueva ola de programas de ajuste estructural. Hemos sufrido la pérdida de miles de empleos y aún no nos han dado los nuevos empleos prometidos. Lo que están haciendo es mercantilizar y privatizar aún más los servicios públicos, como el agua y la electricidad. Y ni siquiera están cambiando las fuentes de energía, dado que están firmando nuevos acuerdos de explotación de gas. También están firmando acuerdos con las mismas empresas multinacionales para proyectos de energía renovable, por ejemplo, Trinidad y Tobago está trabajando con BP en proyectos de energía solar. De modo que, debemos protegernos del imperialismo y del capitalismo verdes.

Tim: El petróleo ha determinado en gran medida nuestros modos de pensamiento económico que, a su vez, determinan la energía y la transición. Hay una relación entre la historia del petróleo, en particular, y las concepciones de crecimiento, en las que se consideraba que la aparente disponibilidad ilimitada de yacimientos petrolíferos justificaba una economía basada en el crecimiento. Podemos verlo hoy en día con la continua expansión del uso de combustibles fósiles, que se prevé que continuará al menos hasta 2030. Y la naturaleza del imperialismo verde significa que la transición también es desigual. En la mayoría de los países industrializados europeos, posiblemente incluso en Estados Unidos, el consumo de combustibles fósiles es menor en la actualidad de lo que era en los años noventa. La expansión constante sucede fundamentalmente en otras partes, lo que refleja el hecho de que a determinados países les resulta caro invertir en parques eólicos marinos y energía solar con fines comerciales. Hay puntos de inflexión, como el hecho de que el costo relativo de la energía renovable sea más barato que las fuentes de energía basadas en los combustibles fósiles, pero lleva tiempo que estos puntos de inflexión afecten a todo el sistema y ello no está ocurriendo con suficiente rapidez.

Thea: Quisiera añadir a las reflexiones de Tim que, además de los elevados costos de capital de las energías renovables, la ganancia real de estos sectores es baja y aún incierta en comparación con los combustibles fósiles. Ello significa concretamente que el subsidio del Gobierno es muy importante, lo cual se manifiesta como la eliminación del riesgo (asumir el riesgo), descuentos impositivos activos, rebaja de impuestos, compensación de costos de capital, préstamos asequibles, etcétera. La mayoría de los países del sur global no pueden hacer eso y están limitados para realizar inversiones públicas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sus préstamos y sus acreedores. Y los países como Estados Unidos, que tienen los medios, no hacen lo suficiente para llevar a cabo una transición energética. Más allá de si consideramos que los Estados deberían asegurar las ganancias privadas, es una cuestión importante en términos de por qué la transición se ha desacelerado y por qué China y Estados Unidos, por motivos diferentes, se destacan por su capacidad de asegurar todo tipo de transición.

Nick: Además de abordar la exclusión de países de esta transición, ¿cómo podemos abordar también las formas en que la transición puede excluir a los trabajadores o tener impactos negativos en las comunidades, por ejemplo, con la extracción de minerales de transición en el sur global?

Thea: Cuando pensamos en el abastecimiento de insumos minerales para las tecnologías de energía renovable, existen muchos elementos de la tabla periódica que se consideran fundamentales o esenciales, como el cobalto, el litio, las tierras raras, el grafito, entre otros. Y plantean muchas preocupaciones y dilemas para los productores del sur global. En primer lugar, debido a que, en comparación con el petróleo, es difícil imaginar mantener a un país sobre la base de las ganancias del litio, porque el tamaño del mercado no se compara y los yacimientos están mucho más dispersos. Entonces, la cuestión de la ventaja de los productores, como hemos visto con la OPEP, se vuelve más difícil. También conllevan muchos impactos ecológicos y sociales y explotación laboral. De modo que, si bien no tienen la misma huella de carbono que la industria de combustibles fósiles, la minería conlleva un daño ambiental y social enorme a nivel local y está asociada con una de las peores trayectorias de violaciones de los derechos humanos. El agronegocio y el sector minero se disputan el primer puesto del sector donde mueren más personas o donde se reprime a más trabajadores. Entonces, ampliar las tecnologías para generar energía renovable, dado que son necesarias para paneles solares, baterías de litio, etc., es preocupante desde el punto de vista ecosocial de derechos humanos y gobernanza. Se observa la reproducción de relaciones neocoloniales en cuanto a sus impactos.

De modo que esta es una historia conocida, pero al mismo tiempo es un proceso de relocalización interna, es decir que el Gobierno estadounidense, por ejemplo, está diciendo que no quiere depender de estas cadenas de suministro volátiles y quiere que el litio y el cobalto se extraigan en Estados Unidos. Por un lado, podemos decir que eso es justo para el resto del mundo debido a que Estados Unidos debería pagar el precio social y ecológico de todas sus necesidades extractivas, pero en realidad no está sustituyendo el extractivismo en el sur global, dado que la demanda está creciendo. Además, las minas de Estados Unidos están afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades rurales latinas, es decir, a las mismas poblaciones vulnerables que son las más afectadas en países de ingresos bajos y medios.

La producción de materias primas para energías renovables también provocó una competencia a la baja, dado que los productores de minerales del sur global intentan competir por inversiones con Estados Unidos, a pesar de que el Gobierno estadounidense compensa los costos de capital y brinda exenciones impositivas a las empresas mineras.

Nick: Ozzi, formas parte de movimientos de trabajadores que están atravesando la transición e intentan construir una transición justa. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?

Ozzi: Como mencioné, en Trinidad y Tobago estamos experimentando una transición injusta. Aún estamos firmando nuevos contratos de producción de petróleo con BHP Billiton, Shell y BP, mientras que los empleos que quedan ya no son decentes. Es como haber retrocedido a los años treinta y cuarenta, cuando los trabajadores no tenían ningún derecho en el sector de la energía.

Nuestro sindicato está trabajando con los Sindicatos por la Democracia Energética para presentar una alternativa que se enmarque en lo que se denomina el “enfoque de la vía pública”. Este enfoque intenta marcar el camino que ampliaría la propiedad pública de la energía y construiría una nueva economía política coherente con las expectativas y aspiraciones de muchas de las personas que trabajamos en sindicatos y movimientos sociales. Ello implicaría la nacionalización absoluta del sector de energía.

La historia ha demostrado que la actual expansión energética es inseparable de la expansión capitalista. Esto es lo que está provocando la crisis climática y el colapso del ecosistema mundial. De modo que todo medio viable y eficaz de limitar la expansión energética y mitigar el impacto climático debe implicar asumir el control de cómo se genera y utiliza la energía. El control de la energía es fundamental, habida cuenta de las realidades técnicas y también desde
el punto de vista de la estrategia política. Es así que la lucha por la energía puede brindar un enfoque claro para quienes formamos parte de movimientos para luchar por un cambio sistémico radical.

Nick: Tim y Thea, ¿qué retos debemos enfrentar para lograr un sistema energético más democrático, encabezado por los ciudadanos y los trabajadores? ¿Qué debemos cambiar del sistema energético?

Tim: No tengo nada que añadir a lo que dice Ozzi. Nos ha demostrado muy bien que la energía no solo es una cuestión técnica de brindar una cierta cantidad de gigavatios, sino que es donde se organiza nuestra política y donde se ponen a prueba las cuestiones de justicia y justicia social. Y esa conciencia política no ha estado allí en varias instancias en el pasado y, por ello, su resurgimiento es muy prometedor, habida cuenta de la escala de la transición que
debemos atravesar.

Thea: Quisiera volver a algo que mencioné antes, que es la renuencia de los inversores capitalistas a invertir en energía renovable, lo que da lugar a subsidios públicos de infraestructuras privadas. Esto plantea la cuestión de por qué no eliminar al intermediario. Si el bolsillo público ya está subsidiando y aprobando legislación importante como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, para llevar a cabo esta transición, ¿por qué no contemplar la propiedad pública directa de la capacidad de generación eléctrica, la propiedad del tendido y los cables de distribución? En el estado de Nueva York, por ejemplo, he trabajado en una investigación que apoyaba la campaña de la organización Democratic Socialists of America (DSA), que logró que se aprobara legislación mediante la cual se empoderó a una entidad estatal propietaria de la capacidad de generación eléctrica para que comprara más capacidad de energía renovable y ayudara a descarbonizar los edificios públicos. La cuestión de la propiedad es fundamental ahora debido a que es evidente que no podemos depender de la motivación del lucro para descarbonizar lo más rápido posible, como lo exige la ciencia climática.

Una segunda respuesta radica en los sindicatos y la militancia sindical. En Estados Unidos, hace unos años ocurrió algo importante: el sindicato United Mine Workers, que representa a los trabajadores mineros del carbón, aprobó oficialmente una transición justa. Esto es fundamental debido a que una transición justa requiere organizar a los trabajadores que quieren una transición y organizarse en torno a ella para su beneficio, en lugar de postergar una transición
por temerle y, en cambio, aliarse con sus jefes. Recientemente, también hubo una huelga importante muy militante y creativa del sindicato de trabajadores del sector automotriz, United Auto Wokers, que intentó asegurar que los trabajadores del sector lideraran la transición hacia los vehículos eléctricos, debido a que esa transición puede tener todo tipo de repercusiones para los trabajadores. Hay temores de despidos, de automatización, precarización laboral, etcétera. Pero el sindicato decidió ser protagonista y obtuvo muchísimos contratos que aseguran que las normas que se apliquen a los trabajadores que construyen las baterías y los automóviles eléctricos sean las mismas que se han aplicado al trabajo automotriz tradicional. Este es un ejemplo de lo que puede suceder cuando los sindicatos se organizan no en defensa de empleos e industrias sucias, sino que adoptan una postura de ataque para configurar el tipo de transición a energías renovables que desean. Ello no significa que no siga siendo una lucha asimétrica con las empresas y los jefes, pero creo que finalmente redunda en más poder para los trabajadores.

Nick: Ozzi, para culminar, muchos de los lectores de esta publicación participan en luchas por la energía, en las que se enfrentan a los sistemas de poder arraigados. ¿Qué mensaje quisieras transmitirles?

Ozzi: Recientemente, el Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos (OWTU), junto con otros sindicatos del sur global, lanzó TUED South para demostrar que existe una alternativa legítima de una vía pública al enfoque existente y defectuoso de descarbonización privatizado. Mi mensaje es que jamás debemos dejar de exigir un cambio de sistema. Los reclamos de un cambio de sistema son las únicas respuestas justas para combatir la crisis climática.
La transición hacia el capitalismo tuvo un impacto negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, lo que la mayoría de los países necesitan, especialmente en el sur global, es abandonar el capitalismo.

Muchas de las intervenciones para reducir emisiones no serán posibles sin medidas firmes y progresivas del sector público. Para lograr una transición justa progresiva se necesitará un sector de servicios públicos que posea los recursos adecuados. De las luchas de todo el mundo hemos aprendido que aún es posible hacer una diferencia, que la sociedad humana puede realizar una transición y reorganizarse para proteger el planeta y al mismo tiempo proteger los medios de subsistencia de quienes lo habitan. Ese es mi mensaje.

1 Este es un fragmento editado de una entrevista realizada en enero de 2024 por Nick Buxton, cofundador y editor de Estado del Poder, también disponible en formato de podcast.

Timothy Mitchell es un teórico político, historiador y catedrático de estudios sobre Oriente Medio, Asia Meridional y África en la Universidad de Columbia. En 2012, su libro Carbon Democracy:
Political Power in the Age of Oil redefinió la historia de la energía en Oriente Medio, demostrando el modo en que el petróleo debilitó la democracia, contribuyó al militarismo y al imperio, y creó un mito peligroso de crecimiento infinito.

Thea Riofrancos es profesora adjunta de ciencias políticas de Providence College y miembro del Climate and Community Project, un grupo de estudios de izquierda. Se dedica principalmente a investigar la política de extracción, en particular en América Latina
y Estados Unidos. Su próxima publicación es Extraction: The Frontiers of Green Capitalism.

Ozzi Warwick es director de educación e investigación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Trinidad y Tobago y secretario general del Movimiento Sindical Conjunto. Es miembro fundador de Trade Unions for Energy Democracy South (TUED South), una nueva plataforma sindical liderada desde el sur, que ha adoptado un enfoque público a una transición energética justa.

Nick Buxton es coordinador del centro de conocimientos del TNI y editor fundador del informe Estado del Poder.

Estado del poder 2024 | Energía, poder y transición

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by Susana Fernández Herrero

Revolucionando un mundo en crisis: transformaciones socioecológicas y energías comunitarias

Revolucionando un mundo en crisis

Transformaciones socioecológicas y energías comunitarias

Tatiana Roa Avendaño y Eliana Carolina Carrillo Rodríguez

Traducción al español: Mercedes Camps

Las transformaciones de la energía deben ir más allá del cambio tecnológico para repensar nuestro modelo energético a fin de que este refuerce el control comunitario, minimice el gasto, aumente el acceso a alimentos sanos y agua limpia, y regenere nuestro medio ambiente. En toda América Latina, muchas comunidades están construyendo alternativas energéticas que allanan el camino para una verdadera transformación.

Así como cambia el mundo,

Cosechar agua y energía…

Será lo más importante.

Pa’ mantener la autonomía

(Salazar, 2023)

La energía suele analizarse en términos de sistemas o tecnología: monopolios de energía privados, redes estatales, el uso de energías renovables en lugar de combustibles fósiles. Sin embargo, se suele pasar por alto la fuente de energía más importante: la que brinda energía a las comunidades para visualizar y llevar a cabo nuevos sistemas que no solo proporcionan energía a los hogares, sino que además construyen comunidades saludables. Esta energía comunitaria ya está siendo desarrollada por numerosas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas comunitarias, que suelen combinar conocimientos y tecnologías ancestrales y modernos, han colocado una vez más al sol, el viento y el agua al servicio de las personas. Al hacerlo, cuestionan el discurso dominante sobre la transición energética.

En nuestra labor como activistas e investigadoras, hemos comenzado a documentar estas experiencias en una Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa.

Estos ejemplos no solo abarcan la producción de energía eléctrica, sino que también intentan construir o consolidar la producción alimentaria o la gestión del agua controladas por las comunidades, sobre la base de relaciones recíprocas con la naturaleza y las personas, en lugar de relaciones extractivistas. Estas son esencialmente propuestas para una transición energética justa. La exhibición, que comenzó en 2020, ha logrado reunir más de cien experiencias comunitarias que ilustran los esfuerzos de varios pueblos y comunidades para enfrentar el modelo energético que ha privatizado la energía, la ha concentrado en manos de unas pocas empresas trasnacionales y ha distanciado a la población de la toma de decisiones en asuntos fundamentales sobre la misma.

En el contexto actual, el debate sobre la transición energética ha cobrado relevancia debido a las crisis climática, alimentaria, económica, de biodiversidad, de democracia y de agua, consideradas por algunas personas como crisis civilizatoria. Estas crisis son en gran medida resultado de un sistema económico que ha maximizado sus ganancias y su crecimiento dependiendo de la quema de combustibles fósiles. Los resultados de este enfoque han dejado en claro sus devastadoras consecuencias sobre los territorios. Sin embargo, las propuestas de transición energética a menudo se centran en enfoques corporativos, que profundizan las desigualdades y dinámicas coloniales entre el norte y el sur global, donde este último provee de materias primas al primero, a expensas de devastar sus territorios y vulnerar los derechos de los pueblos y comunidades. La promoción de energías renovables a través de grandes megaproyectos y la explotación de minerales requeridos para la transición y la producción de hidrógeno se encuentran en el epicentro de los debates actuales y mantienen la división internacional del trabajo.

Ante este escenario, surge la necesidad de explorar alternativas dentro de las transiciones socioecológicas, que van más allá del ámbito energético y buscan replantear nuestras relaciones con la naturaleza. Aquí es donde entran en juego las experiencias mencionadas, que han acuñado el término de “energías comunitarias”.

Estas emergen como propuestas esenciales y radicales, y desafían el modelo extractivista al proponer una perspectiva más inclusiva, justa y sustentable. Estas iniciativas representan un replanteamiento fundamental de nuestra relación con la energía, y abordan no solo la electricidad, sino también aspectos cotidianos: la energía de nuestro cuerpo y músculos, el sol, el viento y el agua. Ampliar el espectro de cómo entendemos la energía nos lleva a considerarla de manera integral, como un derecho y un bien común.

A lo largo de este ensayo, exploramos algunos aspectos en torno a las energías comunitarias en América Latina y el Caribe, centrándonos especialmente en Colombia, con el propósito de analizar su potencial para enfrentar los desafíos contemporáneos y proponer soluciones efectivas. De esta forma, durante el texto examinamos ejemplos concretos de algunas de estas iniciativas y destacamos su capacidad para integrar diversas fuentes de energía, promover la soberanía alimentaria y fortalecer a las comunidades locales. También reflexionamos sobre el papel crucial de las mujeres en la construcción y el mantenimiento de estas propuestas, así como los obstáculos y retos que enfrentan en su camino hacia un mundo más justo y sostenible.

Energías comunitarias: ¿en dónde surge el concepto y en qué consisten?

La gestación de alternativas energéticas desde una perspectiva comunitaria se inscribe en una historia que abarca varias décadas. Desde finales del siglo XX, diversas comunidades se han visto confrontadas por proyectos extractivos y de infraestructura, como las megarrepresas, que continuamente amenazan con destruir sus formas de vida y territorios. Por ejemplo, en Santander, la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, de la canadiense Isagen, erigido sobre el río del mismo nombre, resultó en la destrucción de formas de vida ribereña. El muro impidió la migración de los peces reofílicos, como el bocachico, que constituían la base de la economía local. Además, los caudales del río ahora dependen del pulso energético, y las comunidades sufren con frecuencia inundaciones que destruyen sus cultivos y ponen en riesgo su vida. Las mujeres fueron unas de las más perjudicadas, al perder las actividades de venta del pescado y las actividades de turismo local, mientras que las jóvenes experimentaron el abuso y la violencia, incluyendo la violencia sexual, durante la fase de construcción del proyecto.

Lo que sucedió en el Sogamoso no es un caso aislado, en otros ríos también se vieron afectadas comunidades y territorios que siguen sin ser reconocidas como desplazadas del desarrollo y, en muchos casos, no han recibido ninguna reparación. La crítica al modelo energético, especialmente en lo referente a las megahidroeléctricas, impulsó a Censat Agua Viva y a varios procesos de resistencia a las represas en Colombia no solo a enfrentar el poder de las grandes empresas energéticas, sino también a reflexionar sobre la relación con la energía y a crear soluciones para alcanzar la autosuficiencia y autonomía energética. De esta manera, gradualmente, un grupo de organizaciones se unió para impulsar un proceso organizativo1 y formativo que fortaleciera las capacidades en torno a temas energéticos.

El propósito era abordar el debate energético, construir alternativas y enfrentar la crisis climática y socioambiental. Las propuestas que emergieron buscaban establecer nuevas relaciones con la naturaleza, la energía y las tecnologías asociadas a esta. Las ideas generadas en este proceso tienen raíces que se extienden más allá del actual modelo capitalista y están conectadas con prácticas ancestrales y saberes tradicionales presentes en diversos territorios. Este proceso se consolidó con la creación de la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias, los debates allí planteados fue- ron dando forma al concepto de “energías comunitarias”.

Este concepto abarca un conjunto de saberes, prácticas y procesos de cambio relacionados con la producción y el consumo de energía y alimentos. Las energías comunitarias promueven una transformación en las relaciones de poder inherente al sistema energético, replanteando las relaciones con la naturaleza y todas las formas de vida, centrándose en el autoabastecimiento y la autonomía local y generando nuevas prácticas y usos de la energía que evitan el derroche y el despilfarro. Además, promueven la descentralización de la generación de energía, abordan problemas como la escasez y la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y fertilidad del suelo. También contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y son esenciales para garantizar el acceso universal a la energía.

Cada una de estas propuestas surge de una realidad local, responde a necesidades específicas y enfatiza que las transiciones socioecológicas son factibles y ya están en marcha. Estas transiciones se construyen a través de diversos procesos sociales que promueven la autonomía y una vida digna, al tiempo que defienden los cuerpos y territorios.2

La Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa

Algunas de las propuestas que conceptualizamos como energías comunitarias pueden ser consultadas en la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa. Esta iniciativa ha sido coorganizada con varias organizaciones año tras año desde el 2020. La finalidad de esta exhibición es destacar y visibilizar las iniciativas y prácticas relacionadas con energías alternativas desarrolladas por organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, en América Latina y el Caribe. Los ejemplos que presentamos en el texto hacen parte de dicha exhibición virtual.

Recuadro 1

Objetivos de la exhibición

1. Visibilizar experiencias que han logrado resistir y enfrentar desafíos energéticos a nivel local, y alentar la autonomía en materia energética.

2. Fomentar la colaboración y la articulación social entre comunidades de distintas regiones mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

3. Contribuir con soluciones prácticas, concretas y reales para la creación de opciones justas de transición energética a nivel local, e incentivar así a las comunidades a adoptar alternativas en sus respectivos territorios.

4. Enriquecer el debate sobre la transición energética desde la perspectiva de la justicia

5. Proporcionar contenido que pueda ser utilizado por individuos que trabajan en diversos ámbitos, como investigadores, tomadores de decisiones y miembros de la comunidad, para sus esfuerzos de promoción, formación o comunicación.

Recuadro 2

A corte de finales de 2023 la exhibición cuenta con:

−119 experiencias reconocidas como alternativas de autonomía energética

−21.083 familias involucradas

−122.226 personas beneficiadas

A finales de 2023, la exhibición había reconocido 119 experiencias alternativas a la autonomía energética, de las que se beneficiaban 21.083 familias y 122.226 personas. La exhibición reconoce una amplia diversidad de experiencias. Por un lado, se incluyen iniciativas que trabajan en torno a la autogestión energética comunitaria empleando tecnologías como biodigestores, bicimáquinas, ruedas Pelton, paneles solares, entre otras. Asimismo, se destacan experiencias que relacionan la energía, la justicia hídrica y la soberanía alimentaria (que incluyen asuntos como los mercados campesinos, la agroecología, los viveros y huertas familiares y comunitarias, entre otras manifestaciones). Además, la exhibición abarca experiencias relacionadas con la reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos, para la producción de energía y alimento, pero también otros usos, como la elaboración de artesanías. De igual forma, algunas propuestas incluyen los ecobarrios, la autogestión de la salud a través de la transformación de plantas medicinales en productos para el cuidado, la recuperación y preservación de semillas y platos tradicionales, así como la recolección de aguas lluvia, entre otras prácticas.

Retos y desafíos de las energías comunitarias

En el trabajo conjunto con las experiencias de energías comunitarias, tanto en la Escuela de Técnicas y Técnicos como en la Exhibición Virtual, hemos identificado ciertos desafíos compartidos. Uno de los principales retos que enfrentan estas experiencias radica en la minimización de su potencial. Con frecuencia, se argumenta que no es posible sustentar toda la matriz energética de un país con energías comunitarias, lo que nos lleva a considerar varios problemas en este contexto.

En primer lugar, la transición energética no puede limitarse a un debate sobre el cambio de la matriz energética basado en diferentes tecnologías. Como mencionamos anteriormente, existe una discusión prioritaria que debe abordarse, relacionada con preguntas que consideramos fundamentales: ¿cómo concebimos la energía?, ¿para qué propósitos?, ¿para quiénes se produce energía? Si cambiamos el enfoque de esta discusión, tal vez podremos comprender otros aspectos cruciales, como la necesidad de una transformación cultural en la cual la energía deje de ser considerada como una mercancía y pase a ser vista como derecho y un bien común, que sostiene los entramados de la vida, sus cuidados y lo que varios pueblos y comunidades plantean como el “buen vivir”, el “Sumak Kawsay” o el “vivir sabroso”. Esto debe ser abordado de manera contextual en cada uno de los territorios y comunidades.

Por ejemplo, en el departamento de Quiché, en Guatemala, la experiencia “Luz comunitaria de la zona reina en defensa del territorio” es una propuesta de turbinas comunitarias mediante las cuales varias comunidades mayas promueven la autonomía energética. Estas turbinas comunitarias surgieron en comunidades desplazadas durante el conflicto armado en los años 1980. La primera iniciativa enfrentó numerosas dificultades, ya que iba en contra del modelo hidroeléctrico empresarial que despoja a las comunidades de sus te- rritorios y bienes naturales. Sin embargo, la idea de luz comunitaria se propagó a otras comunidades y logró articular a más de sesenta de ellas, que adoptaron esta iniciativa con el apoyo del Colectivo Ecologista Madreselva. Las turbinas generan beneficios significativos para la comunidad, con cuotas accesibles gestionadas por autoridades locales. Además de esto, se implementaron programas de protección de bosques comunitarios y prácticas agroecológicas para la siembra. Jóvenes capacitados se encargan del mantenimiento de la infraestructura, mientras que el colectivo continúa asesorando proyectos, promoviendo la autonomía y la vida digna frente a modelos extractivos.

Esto nos conduce a un tema central, que es la cuestión de la escala. Este modelo extractivista y la misma geopolítica nos han llevado a la necesidad de creer que si algo no abarca la totalidad, carece de utilidad, y aquí yace una gran trampa significativa que obstaculiza la capacidad de abordar problemas de manera contextual, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y sus necesidades. Sin embargo, las energías comunitarias desafían esta perspectiva, ya que surgen desde lo local sin necesariamente confinarse o aislarse en un solo lugar, sino que se expresan de diversas formas en diferentes territorios, articulando sus esfuerzos y capacidades con otras experiencias. En tal sentido, es importante destacar que lo comunitario no implica necesariamente aislamiento.

Otro ejemplo concreto ha sido el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía. Gran parte de los conflictos en áreas rurales y urbanas están relacionados con la gestión de residuos orgánicos. En muchas ciudades, los vertederos o botaderos están saturados y algunos incluso han colapsado y causado graves afectaciones a las poblaciones circundantes. La propuesta de utilizar los residuos para la producción de energía y fertilizantes es, sin duda, una respuesta no solo a este problema, sino también a la deforestación, que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia. La iniciativa de la Red Colombiana de Energía de la Biomasa (Redbiocol), que también forma parte de la Red Biolac, consiste en emplear estos residuos mediante biodigestores, reducir así la presión sobre los bosques y las selvas, generar su propia energía, disminuir los costos asociados al suministro de energía y a los fertilizantes, y desafiar el sistema energético y agroalimentario que condena a las familias a una gran dependencia de insumos y costos energéticos elevados. La generación de gas a través de los residuos ha permitido potenciar las economías locales, añadiendo mayor valor a sus productos y fomentando la autonomía energética. Esta, que suele ser considerada una tecnología exclusiva para espacios rurales, ha sido también implementada en ámbitos urbanos como universidades, instituciones públicas e incluso conjuntos residenciales.

En este contexto, enfatizar en la construcción de autonomías comunitarias no implica concebirlas como entidades cerradas que excluyen cualquier diálogo con otras experiencias o incluso con lo público y el Estado, siempre y cuando este sea receptivo a las demandas y necesidades de las energías comunitarias y respete sus autonomías y estructuras organizativas propias. En este punto, es crucial que la institucionalidad reconozca la naturaleza de las energías comunitarias y las integre en la construcción de las políticas públicas relacionadas con el sistema alimentario, energético e hídrico. En última instancia, esto debería ocurrir en un marco de ordenamiento territorial participativo donde se reconozcan y se incorporen las propuestas que ya vienen trabajando en los territorios en este sentido. Esto implica garantizar verdaderamente el derecho a la participación según las necesidades y características de cada una de las realidades locales.

Asimismo, en esta relación con lo público, es necesario que el Estado fomente investigaciones sobre las energías comunitarias y demuestre una voluntad de destinar incentivos, financiamiento y acompañamiento a este tipo de propuestas. También es crucial respaldar los ejercicios pedagógicos que muchas experiencias vienen desarrollando en los territorios, así como promover una discusión más amplia en la sociedad sobre el tema. Estos esfuerzos pedagógicos deben incluir el fortalecimiento de las experiencias y de los técnicos y técnicas locales para consolidar la autonomía comunitaria en la implementación y mantenimiento de las tecnologías. Además, es fundamental que la integración de estas experiencias comunitarias a la red eléctrica principal ofrezca beneficios, como la posibilidad de comercializar el excedente de energía generado por la comunidad, tanto a la red misma como a sus vecinos, sin que ello implique tener que registrarse como empresa de servicios públicos. También es importante promover y respaldar el desarrollo de microrredes comunitarias que puede ampliar la escala de alcance de estas propuestas y su distribución.

En relación con la cuestión de la escala, también es importante destacar la experiencia de Adjuntas Pueblo Solar, dirigida por la organización Casa Pueblo, quienes ante la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico, que dejó a la población sin energía eléctrica durante varios meses, optaron por lo que llamaron la “insurrección energética” al implementar un proceso de solarización del municipio de Adjuntas, un poblado de dieciocho mil habitantes en una región montañosa de Puerto Rico. Esta experiencia, que inició resistiendo a un proyecto minero, fue derivando en un proceso que incorporó el debate energético como un asunto central para lograr la autonomía y democracia energética. Adjuntas Pueblo Solar ha logrado la instalación de cientos de módulos fotovoltaicos y ha empezado a construir sus propias microrredes para generar su propia energía de manera autónoma, local y descentralizada. En su enfoque, han priorizado la prestación de servicios básicos y han atendido a los hogares más vulnerables, incluyendo aquellos con necesidades médicas que requieren asistencia de tecnologías de manera constante. A través de esta iniciativa, han logrado establecer condiciones para independizarse de la red eléctrica, que en Puerto Rico está bajo el control de un monopolio corporativo que, en momentos de adversidad, no responde y, en cambio, profundiza las desigualdades. Esta experiencia ejemplifica las posibilidades de las energías comunitarias en escalas amplias y coloca en el centro la autonomía y la solidaridad.

Otro desafío común que enfrentan las energías comunitarias se relaciona con la instalación y el mantenimiento de tecnologías y equipos, lo cual responde a las barreras que impone la tecnociencia y el limitado acceso a estos conocimientos. La tecnología desempeña un papel fundamental en la industria energética y los grandes poderes energéticos han sabido aprovecharla estratégicamente para consolidar su posición dominante y generar dependencia. A través de inversiones masivas en infraestructura y desarrollo tecnológico, estas corporaciones han logrado controlar la generación, distribución y acceso a la energía en gran parte del mundo. Su enfoque se ha centrado en tecnologías convencionales, como centrales eléctricas de combustibles fósiles y redes de distribución centralizadas, que requieren una inversión considerable y que, una vez establecidas, crean una barrera significativa para la entrada de competidores más pequeños, comunitarios y sostenibles. Además, han promovido sistemas de medición y gestión de datos que se promueven con el discurso de mejorar la eficiencia energética, pero también han sido utilizados para mantener el control y limitar la elección de fuentes de energía más limpias y descentralizadas por parte de los (pro)consumidores. Esta estrategia ha llevado a una dependencia continua de fuentes de energía altamente contaminantes y costosas, lo que perpetúa la influencia de estos grandes poderes energéticos en detrimento de alternativas más sostenibles y descentralizadas.

Los pueblos y las comunidades siempre han tenido a la tecnología como una barrera para llevar a cabo sus propuestas. Ante esta problemática, surge la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias como un espacio donde diversas organizaciones comunitarias de base pueden intercambiar experiencias y llevar a cabo procesos de formación destinados a mejorar la promoción y la sostenibilidad de tecnologías en comunidades que defienden sus territorios y contribuyen a mejorar los procesos productivos y la calidad de vida. En este entorno, se han desarrollado conocimientos e intercambios en torno a procesos como la deshidratación solar, las estufas eficientes, la energía fotovoltaica y los biodigestores, así como otras formas de relacionarse con la energía, las tecnologías y lo comunitario. Así recuerda Juan Pablo Soler la construcción de la escuela:

Desde 2013 hacia adelante, empezamos a generar un proceso metodológico de formación, que hemos ido replanteando con el tiempo de acuerdo a cómo el aprender haciendo nos va diciendo que hay que cambiar las cosas, es decir una metodología que está en constante renovación, que inició como un intercambio de experiencias y que hoy ya está perfilada como un espacio, escuela de formación […] Hacer escuela a partir de la práctica, y empezamos a incorporar unos principios, unos principios que partían por ejemplo del “Aprender Haciendo”, no esperamos que alguien de afuera venga y nos instale la tecnología en el territorio porque vamos a generar una dependencia, entonces empezamos a plantear sistemas educativos de transferencia de conocimientos donde rompemos la dependencia y quien monta o quien opera los sistemas son los mismos pobladores locales (Soler, 2023).3

Otros desafíos que enfrentan las energías comunitarias incluyen el acceso y costo de algunos materiales, la centralización de la generación energética, la falta de difusión de conocimientos, la ausencia de voluntad política y apoyo gubernamental, la carencia de políticas que fomenten y fortalezcan la autonomía y la descentralización energética, la privatización de servicios y bienes comunes como el agua o la energía, los impactos de la crisis climática, la violencia política y criminalización del trabajo de las organizaciones sociales, la falta de un enfoque de transformación radical en algunas perspectivas sobre la transición energética y los debates en torno al poscrecimiento.

Como podemos ver, varios de los desafíos que enfrentan las energías comunitarias tienen su raíz en las diversas concepciones sobre la energía: para quién, de qué maneras se produce y con qué propósito. No obstante, las energías comunitarias han logrado superar algunos de estos retos y desafíos. En la mayoría de los casos, los obstáculos se superan mediante el trabajo colectivo, las mingas, la “mano compartida”, el convite y otras prácticas comunitarias que suelen existir en estas comunidades y que ayudan a superar los obstáculos económicos. También se han utilizado fondos rotatorios comunitarios para el préstamo de recursos destinados al desarrollo de proyectos individuales, como ocurre con las comunidades indígenas del Tolima apoyadas por el Grupo Semillas. De igual forma, en algunas ocasiones, también han contado con recursos económicos de la cooperación internacional, los cuales suelen ser limitados pero contribuyen a la implementación de experiencias. Finalmente, ha habido apoyo a proyectos comunitarios por parte de administraciones locales, como en el caso de Lebrija, en Santander, donde el alcalde, motivado por la experiencia de la Escuela de Técnicos y Técnicas, decidió financiar la construcción de cientos de estufas. Los técnicos y técnicas comunitarias participaron en la construcción de algunas de estas estufas.

Estas experiencias demuestran la viabilidad de la autogestión y la autonomía energética para las comunidades, la creación de propuestas concretas para alejarse de las energías basadas en combustibles fósiles, innovaciones tecnológicas y metodológicas en medio de sus procesos, la diversificación de las fuentes de energía, la participación activa de las mujeres en la construcción y sostenimiento de este tipo de experiencias, la creación y transmisión intergeneracional de conocimientos, la mejora de la calidad de vida y la reivindicación de sus formas propias de concebir y vivir en el mundo. En resumen, estas propuestas acumulan conocimientos y prácticas que crean y proyectan otros mundos posibles, más justos y sustentables desde la autonomía y la dignidad. Esto implica una comprensión amplia de la energía y la relación con ella, y el promover cambios culturales que conllevan a hacer un uso más consciente de la energía y de nuestros bienes comunes, lo que conduce a una comprensión integral y una experiencia vivida de las transiciones socioecológicas.

En cuanto a la integralidad, varias propuestas relacionadas con las energías comunitarias adoptan enfoques multidimensionales al combinar diversas fuentes de energía, procesos organizativos/comunitarios y saberes propios y contextuales. En este caso, nos gustaría resaltar la experiencia de “Las canastas de tecnologías y prácticas: una propuesta para la soberanía energética y alimentaria de Lo Bueno del Monte”, liderada por la Fundación UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, la cual se ha desarrollado en Santander, Colombia. Esta iniciativa trabaja en la revitalización de las prácticas tradicionales del cultivo de arroz y trigo, para fortalecer la soberanía alimentaria desde una perspectiva agroecológica. Para lograrlo, desarrollaron las Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles, donde exploraron y propusieron el concepto de “canastas comunitarias de tecnologías y prácticas”. Estas canastas implican la creación de propuestas integrales adaptadas a la realidad y proyectos de vida de cada comunidad, que incluyen equipos y conocimientos relevantes para la producción agrícola (por ejemplo, producción de biofertilizantes, recolección de aguas lluvias, huertas familiares, entre otras) y la autogestión energética (por ejemplo, biodigestores, deshidratadores solares, bicimáquinas, entre otras), el intercambio de saberes y el trabajo colectivo en comunidades rurales.

La integralidad de las propuestas de las energías comunitarias reconoce y abarca diversos flujos energéticos, desde el sol, los alimentos, la energía humana hasta los distintos procesos de producción. Estas propuestas están diseñadas para responder a las necesidades de las comunidades en varias dimensiones. Además de conceptualizar las relaciones como un intercambio constante y mutuo entre los diferentes elementos de la naturaleza, en contraposición a reducirlas a simples transacciones en el mercado. En el caso de la propuesta de UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, han logrado articular la diversidad de procesos en la construcción de la soberanía energética y alimentaria de varias familias rurales, lo cual ha permitido fortalecer sus propuestas productivas. En esta misma vía, existen numerosas experiencias que integran una variedad de conocimientos, prácticas y herramientas tecnológicas diseñadas para abordar las necesidades y prioridades de los contextos en los que surgen.

Las mujeres desafían el modelo energético centralizado y patriarcal

Por otro lado, en lo que respecta al papel de las mujeres en la construcción y sostenimiento de estas iniciativas, es crucial su contribución a proyectos que tienen como objetivo central la construcción de una vida digna, la permanencia en los territorios y la promoción del buen vivir para sus familias y comunidades. A menudo, sin autonombrarse como feministas, las mujeres trabajan en favor de prácticas antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas, y promueven una visión alternativa del mundo. Esto implica enfocarse en la ecodependencia y la interdependencia, así como en la lucha contra la mercantilización del agua, la tierra y la energía, y la defensa de la autonomía territorial. A su vez, es importante destacar que el discurso en torno a la energía y la transición suele ser masculinizado y vinculado a intereses corporativos, lo que excluye otras voces y perspectivas sobre el tema. Sin embargo, consideramos que al centrarse en propuestas que exploran otras formas de relacionarse con la energía, se abre el espacio para voces diversas, que van desde lo comunitario, lo territorial, las mujeres, las y los jóvenes, niñas y niños, entre otros.

Algunas de estas propuestas han contribuido a facilitar las tareas diarias de las mujeres relacionadas con las labores del cuidado y la reproducción de la vida.4 Por ejemplo, la experiencia del “Vivero de las Mujeres de Roble, energía solar para sembrar plantas medicinales y transiciones justas” en el Valle del Cauca, liderada por un grupo de mujeres afrodescendientes, es un ejemplo notable. Estas mujeres instalaron unos aljibes y un sistema de recolección pluvial, lo que les ha evitado realizar largos desplazamientos para obtener agua, como hacían anteriormente. Además, el vivero ahora cuenta con paneles solares que les permiten aprovechar la energía solar para diversas actividades dentro del mismo. Esto les ha brindado la posibilidad de escuchar radio mientras trabajan y de prolongar su jornada en el vivero después de la caída del sol, lo que les permite compartir más tiempo con sus compañeras. Además, el vivero se ha convertido en una fuente de ingresos al transformar las plantas medicinales en productos para la autogestión de la salud, lo que no solo contribuye a su autonomía económica, sino que también fortalece su papel en la comunidad y recupera sus saberes ancestrales.

Otro ejemplo en esta línea son las estufas eficientes, que no requieren el mismo consumo de leña y contribuyen así a la reducción de la deforestación. Además, promueven los huertos leñeros para producir la madera necesaria para su funcionamiento. Esta práctica evita que las mujeres, niñas y niños tengan que ir a buscar grandes cantidades de leña, al tiempo que mejora la salud de las mujeres y reduce los problemas respiratorios causados por las estufas de leña tradicionales. La experiencia “Estufas eficientes de leña y huertos leñeros para la conservación comunitaria de los bosques y el buen vivir” es ejemplo de ello.

Reflexiones finales

La urgencia de transformar el sistema energético en el contexto de las transiciones socioecológicas supone una transformación socio- cultural profunda del modelo de producción, gestión, propiedad y de consumo. A su vez implica la reconfiguración del modelo energético hegemónico, que está caracterizado por la alta concentración de grandes empresas privadas que controlan la generación y la distribución eléctrica (Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, 2023). En cambio, debemos avanzar hacia un modelo que otorgue un papel central a las iniciativas locales, democratice la producción y generación de energía, y promueva estas propuestas desde un enfoque intersectorial, impulsado por organizaciones, comunidades, cooperativas y otras formas organizativas comunitarias.

En concreto, es necesario que la institucionalidad brinde incentivos fiscales y financiamiento para el fortalecimiento, desarrollo y la implementación de este tipo de experiencias. Ello debe estar conectado con un marco regulatorio claro y favorable que reconozca y promueva este tipo de iniciativas. De igual forma, es necesario que el acceso a la red eléctrica pública facilite la integración de la energía generada a nivel comunitario y se establezcan mecanismos equitativos para la retribución por el excedente de energía inyectado a la red, así como la posibilidad de una comercialización entre vecinas y vecinos. También, es necesaria la participación y la vinculación de estas experiencias en la toma de decisiones alrededor del sistema energético es central, así como la defensa del territorio y una visión integral del mismo en donde no necesariamente se fraccione lo alimentario, lo energético y lo hídrico, sino que se establezcan miradas, rutas y políticas más integrales. Hay otros aspectos en los que es necesario profundizar, como el fomento y desarrollo nacional de ciertas tecnologías y materiales que mantienen la dependencia y encarecen los insumos.

Estos cuestionamientos nos conducen a la necesidad de visibilizar y fortalecer las energías comunitarias, para que puedan establecerse cada vez más como una red y un sistema alternativo que promueva el cuidado y la reproducción de la vida a través de la soberanía energética, alimentaria e hídrica de los territorios. Las energías comunitarias requieren garantías para sus propuestas. También necesitan ser visibilizadas, reconocidas y respetadas, resaltando su carácter comunitario y autónomo como aspecto central. Además, exigen un relacionamiento equitativo con el sistema energético nacional e internacional, que transforme las relaciones de poder que han impuesto las grandes empresas energéticas. Esto implica que se las reconozca como actores fundamentales en lugar de tratar de cooptarlas y obligarlas a adoptar estructuras formales como empresas y otras figuras. También son necesarios incentivos financieros, programas de formación y fortalecimiento para las y los promotores locales, el fomento de la industria nacional para reducir la dependencia tecnológica externa y la implementación de programas locales de asistencia técnica, entre otras medidas.

La transición energética justa avanzará a medida que asumamos el control de la energía, las maneras de producirla y en qué se decide utilizarla.

¡Fortalecer las energías comunitarias es poner la reproducción de la vida en el centro!

NOTAS

1 Organizativamente, este proceso dio lugar inicialmente a la red nacional de pueblos afectados por hidroeléctricas, que posteriormente se transformó en el Movimiento Nacional de Afectados por Represas, Ríos Vivos.

2 Para obtener una caracterización más detallada, recomendamos consultar Censat Agua Viva et al. (2023).

3 Ver Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [@censataguaviva-amigosde- lat2863] (14 de noviembre de 2023).

4 Labores en las cuales han sido históricamente socializadas en el marco de la división sexual del trabajo.

Bibliografía

Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [@censata- guaviva-amigosdelat2863] (14 de noviembre de 2023). Video 1 – Aprender haciendo: Escuela de técnicos y técnicas comunitarias en energías alternativas [Video]. YouTube. https://www.youtube. com/watch?v=pKspzspwf8c

Censat Agua Viva et al. (2023). Promoción y fortalecimiento de las Energías Comunitarias en Colombia. Propuestas para Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Ruta de la Transición Energética Justa. Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo. Bogotá. https://censat.org/wp-content/uploads/2023/03/Promocion-y-fortalecimiento-de-las-Energias-Comunitarias-en-Colombia.pdf

Grupo de Acción por la Energía Ciudadana, Chile (2023) Impulsar transiciones energéticas justas desde la ciudadanía. Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6). https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias

Salazar, Fernando (2023). Coplas campesinas nacidas en el seno de la Escuela técnicas y técnicos comunitarios en energías alternativas. Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6), 64. https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias

Soler-Villamizar, Juan Pablo (4 de abril de 2023). Habilitadores Energéticos. Revista Raya. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/287-habilitadores-energeticos.html

Tatiana Roa Avendaño es una ambientalista colombiana. En enero de 2024 fue nombrada viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio por el Gobierno de Gustavo Petro. Anteriormente fue cofundadora y coordinadora de Energía y Justicia Climática en Censat Agua Viva. Ha sido parte de diversas redes nacionales e internacionales como Oilwatch, la Alianza Colombia Libre de Fracking y el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Es ingeniera de petróleos, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos y es candidata a doctorado en la Universidad de Ámsterdam.

Eliana Carolina Carrillo Rodríguez es una antropóloga e investigadora feminista sobre ecología feminista, justicia ambiental y feminismos en América Latina. Es investigadora y docente en Censat Agua Viva y coordinó la Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa. Forma parte de un grupo de investigación feminista de la Universidad de los Andes y del Grupo Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia.

Estado del poder 2024 | Energía, poder y transición

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by Susana Fernández Herrero

Doble poder: forjar un movimiento para abolir el capital fósil y construir energías renovables públicas

Doble poder

Forjar un movimiento para abolir el capital fósil y construir energías renovables públicas

Ashley Dawson

Traducción al español: Nuria del Viso

El fracaso de la revolución de las energías limpias impulsada por el mercado para acabar con el uso de los combustibles fósiles o proporcionar un acceso equitativo a la energía requiere una doble estrategia: confrontar el capital de los combustibles fósiles y ampliar rápidamente las energías renovables públicas. La experiencia de los torneros de válvulas de Minnesota, la campaña de huelga Strike MoMA y el notable éxito de la campaña por las energías renovables públicas en Nueva York sirven de inspiración.

Los miembros de la campaña Public Power recibieron la noticia el día después del Primero de Mayo: la legislatura del estado de Nueva York había aprobado la Ley de Construcción de Energías Renovables Públicas (BPRA). En todo el extenso estado de Nueva York, los miembros del movimiento nos reunimos para celebrar nuestra reñida victoria. Sabíamos que esta victoria tenía repercusiones que iban mucho más allá de Nueva York. Tras cuatro años de lucha, en mayo de 2023 la campaña Public Power NY consiguió la aprobación de una importante política del nuevo pacto verde. La BPRA faculta y dirige al proveedor público de energía del estado −la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA)− para planificar, construir y operar proyectos de energía renovable en todo su territorio. A diferencia de lo que ocurre en otros estados, la BPRA rompe con decenios de ortodoxia neoliberal al poner a una autoridad pública al frente de la transición energética. En otras palabras, nuestra campaña consiguió aprovechar el poder del estado para luchar contra el capital fósil.

La campaña Public Power NY (PPNY) ofrece algunas lecciones útiles para los movimientos por la democracia energética en otras partes de Estados Unidos y más allá. Al organizarse en torno a un establecimiento rápido, democráticamente controlado y justo de energía limpia, nuestra campaña evita algunos de los escollos de la actual “transición” a las energías renovables. Como muestra el informe Los mitos de la transición energética del Transnational Institute (Steinfort y Angel, 2024), el comentario habitual en los principales medios de comunicación de que los inversores privados y los mercados liberalizados han catalizado una revolución de la energía limpia es sencillamente incorrecto: los combustibles fósiles siguen representando el 82 % del consumo total de energía primaria en todo el mundo (Malm, 2020). Peor aún, el consumo mundial de carbón, gas y petróleo sigue aumentando. Lo que estamos viendo, en otras palabras, es una expansión energética en lugar de una transición energética (York y Shannon, 2019). De hecho, a pesar de la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden, que brinda 400.000 millones de dólares de financiación para las energías renovables, la producción nacional de petróleo en Estados Unidos alcanzará un máximo histórico en 2023 (Kelly y Khan, 8 de agosto de 2023). Las exportaciones de crudo han aumentado casi un 850 % desde que se levantó la prohibición de exportar en 2015 (U. S. Energy Information Administration, 29 de noviembre de 2024).

Esta situación implica que el movimiento para abolir el capital fósil debe tener dos dimensiones complementarias y conectadas. Una se centra cada vez más en el cierre de las infraestructuras fósiles. La otra debe dedicarse a la rápida implantación de las energías renovables. A medida que el movimiento climático lucha por acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y se orienta hacia diversas tácticas para lograr este objetivo, es imperativo que el movimiento comprenda que estas dimensiones son interdependientes y no pueden lograrse de forma aislada. Construir energías renovables sin abandonar los combustibles fósiles es un suicidio planetario, pero los líderes electos se negarán a acabar con la dependencia de los combustibles fósiles hasta que −y a menos que− haya fuentes de energía significativas con bajas emisiones de carbono. En consecuencia, el movimiento para abolir el uso de combustibles fósiles debe considerarse como una campaña a favor de lo que yo denomino poder dual. Utilizo este término de manera algo diferente a su connotación tradicional en los círculos radicales, donde tiende a referirse a la formación de una serie de contrainstituciones, como los consejos de trabajadores que, una vez consolidados, desafían y en última instancia derrocan el Estado burgués. Como explico en detalle más adelante, el poder dual se refiere aquí a una estrategia que vincula los esfuerzos por construir energías renovables controladas públicamente con una lucha por abolir el capital fósil.

Hacia la abolición del capital fósil

Se ha producido un cambio pronunciado en el movimiento climático desde el ocaso de la pandemia de COVID-19. El movimiento se centra cada vez más en la abolición del capital fósil. Cuando 75.000 personas se manifestaron en Nueva York antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Ambición Climática en septiembre de 2023, una pancarta en la que se leía “Biden: acabemos con los combustibles fósiles” colgaba del podio de los oradores al final de la marcha. El éxito arrollador del libro de Andreas Malm Cómo dinamitar un oleoducto (2020) −que fue adaptado al cine en 2022− ejemplifica y ha contribuido a intensificar este giro del movimiento climático hacia una confrontación más radical e incluso insurreccional con el capital fósil.

Con este cambio estratégico ha llegado un creciente escrutinio crítico de las protestas masivas no violentas como las orquestadas por Extinction Rebellion (XR). La convicción principal de XR de que el movimiento solo necesita sacar a la calle el 3,5 % de la sociedad para producir un cambio político serio no ha reducido el poder político del capital fósil y la abundante capacidad de las sociedades capitalistas democráticas liberales para desactivar y resistir la protesta popular. En lugar de estos esfuerzos por intervenir en la sociedad llamando la atención de los medios de comunicación mediante manifestaciones masivas y detenciones frente a los grandes bancos, las sedes de las compañías petroleras y las oficinas de los periódicos, se ha producido un mayor interés por las estrategias militantes para cerrar oleoductos, refinerías y otras formas de infraestructura de combustibles fósiles.

Pero la estrategia de sabotaje fósil enfrenta enormes obstáculos. En primer lugar, está el problema de la represión. La protesta se ha vuelto muy difícil en los principales petro Estados del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado ha perseguido duramente a los movimientos ecologistas orientados a la acción (así como a otros movimientos como Black Lives Matter (BLM)) durante los últimos treinta años. La categorización del Frente de Liberación de la Tierra como grupo ecoterrorista y su persecución por parte del FBI en la década de 1990 y principios de la del 2000 ejemplifican una historia de criminalización que supone un serio freno a los actos de sabotaje fósil. El enorme desequilibrio de poder resultante entre las pequeñas bandas de saboteadores de los combustibles fósiles y el vasto aparato coercitivo estadounidense hizo prácticamente imposible una acción eficaz. Y no es solo esta historia de represión la que puede disuadir los actos de sabotaje en la actualidad. Más de una docena de estados han aprobado leyes que criminalizan las protestas (Herr, 10 de febrero de 2022) contra los combustibles fósiles, y el Gobierno federal ha intensificado sus propias tácticas de vigilancia y penalización de los manifestantes. Los cargos por asociación ilícita presentados por el estado de Georgia contra los manifestantes del movimiento Defend the Atlanta Forest son un indicio de las medidas extremas que las autoridades están dispuestas a adoptar contra cualquiera que cuestione o interrumpa el capital fósil en Estados Unidos (Bruce y Shamsi, 21 de septiembre de 2023).

Además, aunque explote un oleoducto, las petroleras siempre pueden construir otro o simplemente poner el petróleo en trenes. Al fin y al cabo, una de las principales características del petróleo es su fluidez, que facilita su desplazamiento para evitar los esfuerzos por establecer puntos de estrangulamiento en los suministros y golpear al capital fósil (Mitchell, 2011). La oleosidad del petróleo fue, de hecho, una razón importante de su histórico ascenso a la preeminencia energética. Los saboteadores fósiles tendrían que ser numerosos y estar geográficamente dispersos para poder cerrar las muchas rutas diferentes por las que el petróleo puede fluir hasta el mercado en un país como Estados Unidos. Ciertamente ha habido algunos actos heroicos por parte de los llamados torneros de válvulas, como los Four Necessity Valve Turners, que fueron arrestados en 2019 mientras intentaban cerrar el oleoducto Enbridge Line 4 en Minnesota. Pero las filas de los torneros de válvulas no están ni cerca de ser suficientes para disminuir seriamente el flujo de combustibles fósiles. Sin duda, el miedo a las largas penas de prisión tiene mucho que ver con esto.

La defensa de la “necesidad” movilizada por los torneros de válvulas de Minnesota sugiere una posible estrategia a desarrollar y, lo que es igualmente importante, también popularizó el sabotaje fósil. En su juicio, el grupo argumentó que sus acciones eran necesarias y estaban legalmente justificadas en respuesta a la amenaza de un cambio climático catastrófico. Esto dependía de convencer al presidente del tribunal de que “permitiera al jurado considerar la defensa de ‘necesidad’”. Puede que no lo hiciera. De hecho, dado el abrumador número de jueces conservadores nombrados en los últimos años por la derecha alineada con los combustibles fósiles, parece temerario contar con una aceptación judicial generalizada de esta defensa.

Al igual que el movimiento de desinversión y otros esfuerzos por movilizar un número cada vez mayor de personas contra el capital fósil, esta estrategia enfrenta un problema básico: los combustibles fósiles siguen siendo bastante populares. No me refiero solo a los conductores de Harley Davidson, los entusiastas de las carreras de NASCAR y los trabajadores de los oleoductos. Los combustibles fósiles son fundamentales para el bienestar económico de muchos −incluso de la mayoría− de los habitantes de las principales naciones capitalistas. Como ha argumentado Andreas Malm, el capital fósil reorganizó la vida de la clase trabajadora: concentró la energía y el trabajo en las ciudades y maximizó así su control sobre ellas (Malm, 2016). La “compulsión muda” que el capital ejerce sobre los trabajadores se pone especialmente de manifiesto en la dependencia casi universal de los combustibles fósiles, que actualmente son la fuente no solo de puestos de trabajo, sino también de la mayor parte de la luz, la calefacción, los alimentos y la ropa.1

El estancamiento político resultante se manifiesta en la correlación directa entre el costo de los combustibles fósiles y el precio de otras mercancías. En el reciente brote inflacionario de Estados Unidos, por ejemplo, el 40 % del aumento de los precios en toda la economía se debió a la subida de los precios del petróleo y el gas (Leber, 12 de agosto de 2022). No se trata de una aberración: según el economista Mark Zandi, todas las recesiones desde la Segunda Guerra Mundial han estado precedidas de una subida de los precios del petróleo. Esto, por supuesto, sugiere que sería una gran idea abandonar el capitalismo fósil, no solo por el daño que los combustibles fósiles causan a las comunidades de primera línea en lugares como el “Callejón del Cáncer” de Luisiana, la franja de 135 km a lo largo del río Misisipi que alberga más de doscientas plantas petroquímicas y refinerías. La abolición de los combustibles fósiles acabará también con la lacra de la “fosilflación”. Pero eso es a largo plazo. A corto plazo, si disminuye el suministro de combustibles fósiles, aumenta la inflación y se encarecen la gasolina y los alimentos. Cuando esto ocurre, la gente sufre y a menudo echa a los políticos que considera responsables de su sufrimiento.

En otras palabras, la negativa de las élites políticas a enfrentarse al capital fósil no se debe simplemente a la corrupción política, aunque sin duda es un factor importante. La mayoría de los políticos no están dispuestos a correr el riesgo de provocar la inflación y las reacciones adversas de la población al frenar el suministro de combustibles fósiles. Las protestas de los chalecos amarillos en Francia son un ejemplo de esta dinámica. Y, al menos en Estados Unidos, la idea de aplicar impuestos más elevados a las empresas petroleras y a los ricos para subvencionar a todos los demás es un fracaso político. Esto explica las desesperadas exhortaciones de Biden a las refinerías de petróleo para que aumentaran la oferta cuando la inflación se disparó en 2022 (Saenz y Betsy, 15 de junio de 2022). También ayuda a explicar por qué tanto él como el expresidente Obama persiguieron una estrategia energética de “todo lo anterior”. La Ley de Recuperación de 2009 de Obama, que adjudicaba 90.000 millones de dólares en créditos fiscales federales, pretendía ayudar a impulsar los proyectos de energías renovables (Osaka, 1 de junio de 2020). Este acuerdo, conocido como “equidad fiscal”, ha sido criticado con razón, ya que permite a un puñado de grandes bancos que proporcionan dinero en efectivo a los promotores privados de energías renovables a cambio de créditos fiscales decidir qué proyectos se construyen y, en muchos casos, paralizar por completo el desarrollo de las energías renovables (Knuth, 2021). La Ley de Reducción de la Inflación de Biden mantiene este acuerdo corrupto, aunque también permite que la financiación fluya hacia autoridades públicas como la NYPA, un hecho que fue clave en la campaña para aprobar la BPRA en Nueva York. Sin embargo, junto con estas políticas de apoyo a las energías renovables, el gobierno de Obama casi duplicó las subvenciones a la exploración de petróleo y gas, a pesar de la promesa de 2009 de eliminarlas gradualmente (Leber, 11 de noviembre de 2014). El apoyo de Biden a la expansión tanto de las energías renovables como de los combustibles fósiles coincide con estas políticas anteriores aparentemente contradictorias. Como resultado, Estados Unidos va camino de convertirse en el país que más ampliará la extracción de petróleo y gas de aquí a 2050, lo que representa más de un tercio de la expansión mundial prevista Oil Change International, 2023).

La única forma de salir de este atolladero político, que está sumiendo al planeta en un caos climático cada vez más profundo, es intensificar y diversificar los esfuerzos para desmantelar la infraestructura fósil, junto con una expansión masivamente acelerada de las energías renovables. En cuanto a lo primero, necesitamos que prolifere no solo el movimiento de desinversión, sino también actos de disidencia creativa dirigidos contra la clase de los megadonantes y sus esfuerzos por utilizar las instituciones culturales para maquillar de verde su reputación. Un ejemplo de estas tácticas es la campaña Strike MoMA, dirigida contra las élites petroleras del consejo de administración del Museo de Arte Moderno (MoMA) mediante una serie de protestas semanales y actos educativos.2 Además de criticar −y finalmente desmantelar− a la oligarquía petrolera y su hegemonía cultural, tenemos que ampliar el movimiento por el poder público. Contrariamente a los mitos sobre la rápida transición energética a través del sector privado, el libre mercado y el inexorable abaratamiento de las energías renovables, la única forma de conseguir una energía rápida y justa es a través del poder público. En consecuencia, el control democrático del sistema energético es esencial para la liquidación del capital fósil.

Cómo ganamos el poder público en Nueva York

Hace unos años se hablaba mucho de que las empresas de combustibles fósiles invertirían a lo grande en energías renovables. El nuevo director ejecutivo de BP anunció, por ejemplo, que en 2020 la empresa reduciría la producción futura de combustibles fósiles en un 40 % y aumentaría su capacidad de generar electricidad a partir de fuentes renovables hasta cincuenta gigavatios (GW), es decir, veinte veces más (Bousso, 20 de septiembre de 2021). Hay motivos para ser escépticos sobre la durabilidad de estas inversiones, sobre todo desde que BP se rebautizó como Beyond Petroleum (Más allá del petróleo) en 2001, pero después eliminó sus programas de investigación sobre energía verde y los guardó en un archivo privado de la em- presa (Macalister, 16 de abril de 2015). Su conversión a las energías renovables en 2020 no iba a durar: cuando BP abandonó sus planes de reducir la producción de petróleo y gas a principios de 2023, el precio de sus acciones se disparó. No es la única. Según la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos años las empresas de petróleo y gas han destinado menos del 5 % de sus inversiones a la producción y exploración de fuentes de energía de bajas emisiones (Bordoff, 7 de agosto de 2023).

Pero la inconstancia no es la única razón por la que la transición energética no debe dejarse en manos del capital fósil. Como ha demostrado Andreas Malm, gracias a la quema de combustibles fósiles el capital fósil pudo desvincular la producción de energía de fuentes naturales como el sol y el viento y, en consecuencia, concentrar a la clase trabajadora en fábricas urbanas, donde podía ser exprimida para obtener el máximo beneficio (Malm, 2016). Esta estrategia y la enorme energía generada por los combustibles fósiles produjeron una acumulación de capital sin parangón, pero también crearon una destrucción medioambiental catastrófica sin precedentes, incluidas las emisiones de carbono. Estas características opresivas no se disiparán simplemente si el capital fósil desplaza sus inversiones hacia las energías renovables. Como argumenta Tatjana Söding, el capital fósil está intrínsecamente comprometido con la explotación y la destrucción medioambiental:

Dado que el capital fósil, en la dinámica de su acumulación original, en primer lugar creó un espacio y un tiempo abstractos, en segundo lugar maximizó su control sobre la fuerza de trabajo global para permitir un grado de acumulación de capital (más) elevado y en tercer lugar creó la destrucción natural como un subproducto necesario, su transición a las energías renovables no debe entenderse como un alivio de estos subproductos intencionados (Söding, 20 de abril de 2023).

Söding sugiere que no debemos dejar la transición energética en manos de empresas de combustibles fósiles como BP, dado que se basan en una explotación profundamente destructiva de los trabajadores y el medio ambiente, así como en su orientación megalómana creada por el acceso a reservas prácticamente ilimitadas de energía fósil.

En los primeros meses de nuestra organización, la campaña Poder Público descubrió que las dinámicas destructivas que caracterizan a las grandes petroleras también son fundamentales para las empresas eléctricas con fines de lucro. PPNY comenzó a finales de 2019 con una campaña organizada por la filial de la agrupación Democratic Socialists of America (DSA) de la ciudad de Nueva York contra un aumento de las tarifas eléctricas propuesto por la empresa de servicios públicos con fines de lucro ConEd. Al igual que en otros estados de Estados Unidos, las tarifas que los consumidores pagan a las empresas de servicios públicos por la electricidad en Nueva York están reguladas por los organismos designados políticamente en la llamada Comisión de Servicios Públicos (PSC). Pero aunque se supone que la PSC debe mantener tarifas asequibles, los investigadores de la campaña descubrieron que ConEd ya cobraba las segundas tarifas residenciales más altas del país. Además, a pesar de obtener enormes ganancias, ConEd y las empresas de gas como National Grid amenazaban sistemáticamente con cortar el suministro a los clientes con bajos ingresos.

Y no se trataba solo de que la empresa se comportara de forma manifiestamente injusta. Los investigadores de Public Power descubrieron que National Grid y otras empresas con ánimo de lucro tienen un incentivo estructural para construir tanta infraestructura como sea posible para justificar el aumento de sus tarifas. Esto se debe a que las empresas de gas reciben las llamadas “subvenciones a la ampliación de líneas”, dinero recaudado de los consumidores de energía para pagar gasoductos adicionales. Este acuerdo significa esencialmente que las empresas con ánimo de lucro obligan a los ciudadanos comunes y corrientes a pagarles para asegurar las infraestructuras fósiles.

El carácter explotador y destructivo para el medio ambiente de este aspecto del capital fósil quedó aún más claro cuando nuestra campaña descubrió que ConEd paga 1,4 millones de dólares en cuotas anuales a asociaciones comerciales como el Edison Electric Institute y la American Gas Association, que ejercen presión para socavar las energías renovables, desregular el mercado energético y consolidar el poder de las empresas privadas de servicios públicos. Esta información y nuestro análisis de los incentivos estructurales que llevan a las empresas de servicios públicos con ánimo de lucro a construir infraestructuras fósiles dejaron claro a la campaña Public Power que solo una autoridad pública controlada democráticamen- te podría conseguir una transición energética rápida y justa.

El carácter racista del capital fósil quedó patente cuando la ciudad de Nueva York sufrió una ola de calor durante el verano posterior al inicio de la campaña contra la subida de tarifas. En medio de esta ola de calor, ConEd cortó el suministro eléctrico a las comunidades obreras de color de los barrios periféricos de la ciudad para proteger el suministro de las comunidades más ricas de la ciudad (Raskin, 23 de julio de 2019). Las comunidades de lugares como el este de Nueva York no solo suelen ser más pobres, sino que también tienen menos acceso a espacios verdes frescos y aire acondicionado, lo que contribuye a elevar las tasas de mortalidad relacionadas con el calor. Cortarles la luz fue un escalofriante ejemplo de la creación de “zonas de sacrificio” en comunidades racializadas. Tras estos incidentes, la campaña Public Power recorrió las zonas afectadas por los cortes de electricidad y celebró asambleas municipales por toda la ciudad, explicando que la lucha por un poder controlado democráticamente era la solución a las inasequibles tarifas eléctricas y a la injusticia de los cortes de electricidad.

Una de las grandes cuestiones a las que se enfrentaba la campaña Public Power era cómo crear una alternativa a las empresas con ánimo de lucro. Después de todo, empresas como ConEd, que han existido de una forma u otra desde la construcción de la red moderna, ejercen un inmenso poder económico y político. Afortunadamente, en el estado de Nueva York existe una fuente alternativa de energía: la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA). Creada durante la Gran Depresión, la NYPA fue concebida por el entonces gobernador Franklin Delano Roosevelt como una alternativa pública a los precios abusivos de las empresas privadas de la época. Aunque la NYPA genera aproximadamente el 20 % de la energía limpia del estado a través de sus centrales hidroeléctricas en los Grandes Lagos, su capacidad para construir nuevas energías renovables estaba limitada por ley antes de la aprobación de la BPRA. Nuestra investigación sobre la NYPA nos convenció de que la autoridad podía construir proyectos de energía renovable más baratos, más rápidos y más eficientes que el sector con ánimo de lucro. A diferencia de las empresas energéticas con ánimo de lucro, por ejemplo, la NYPA no está obligada a generar ganancias astronómicas para los inversores. Además, gracias a su elevada calificación crediticia, la NYPA puede pedir préstamos para financiar proyectos a tasas de interés muy bajas. Esto significa que no tiene que subir las tarifas de los servicios públicos para construir infraestructuras, como hacen las empresas de servicios públicos propiedad de inversores. El desarrollo de energías renovables dirigido por la NYPA podría evitar que se intensifique la pobreza energética para cuya solución se lanzó inicialmente nuestra campaña.

Los organizadores, con experiencia en la lucha por la democracia energética en Nueva York, se dieron cuenta de que la campaña Public Power tenía que trabajar a escala estatal para conseguir la legislación necesaria a fin de otorgar a la NYPA el mandato de construir nuevas energías renovables. La campaña decidió organizar un amplio movimiento popular a favor del poder público y trabajar con socialistas y otros aliados dentro de la legislatura estatal para impulsar la BPRA. Formamos la coalición estatal por el poder público a finales de 2019, reuniendo a activistas de la democracia energética, grupos de justicia medioambiental y organizaciones climáticas como Sunrise Movement. A principios de 2020, comenzamos el proceso de colaboración para investigar de qué modo la legislación de energía pública podía satisfacer diversas necesidades en todo el estado y también comenzamos una serie estatal de eventos públicos Energía 101 para educar a las personas sobre la injusticia y el pésimo rendimiento del sistema de servicios públicos con fines de lucro. Durante la pandemia, nuestras victorias demostraron que Public Power era una fuerza a tener en cuenta: organizamos con éxito una moratoria del corte de electricidad y la condonación de la deuda de las empresas de servicios públicos para las comunidades duramente afectadas por la COVID-19.

Luchamos mucho por la BPRA, pero vimos cómo languidecía en los comités legislativos durante dos años consecutivos. Esto nos demostró que teníamos que seguir ejerciendo presión pública. Organizamos manifestaciones, incluida una concentración en la que denunciamos a los legisladores que recibían dinero de las empresas de servicios públicos y −no por casualidad− se oponían a la BPRA. Nuestra campaña electoral organizó a legisladores clave, que luego ayudaron a organizar a personas menos progresistas políticamente en la legislatura para que respaldaran la BPRA. También emprendimos una acción directa, en la que personas que exigían energía pública se encerraron en una cadena humana a través de Broadway, en el centro de Manhattan, cerca de las oficinas de legisladores estatales clave.

Un aspecto fundamental para conseguir el poder político necesario para aprobar la BPRA fue ganarse a los trabajadores organizados. Aunque la clase trabajadora en general se beneficia del control democrático de los medios de producción de energía, los trabajadores no son un grupo homogéneo en torno a la transición energética. De hecho, contrariamente a los argumentos de Matt Huber sobre la lucha de clases unificada contra los motores capitalistas de la crisis climática, nos encontramos con que algunos sindicatos rechazaron inicialmente nuestros llamamientos a unirse a la campaña por la energía pública, mientras que otros se sumaron con entusiasmo (Huber, 2022). El apoyo inicial de mi propio sindicato, el Congreso de Funcionarios Profesionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, redundó en el respaldo del Sindicato de Profesores del Estado de Nueva York (NYSUT) y de otros sindicatos del sector servicios, como el 1199SEIU. Ganarse a los sindicatos requirió un trabajo adicional, dado el escepticismo de los trabajadores de estos sectores con respecto a la industria (en gran parte privada) de las energías renovables en Estados Unidos, que es notoriamente antisindical. Para dar respuesta a estas preocupaciones, trabajamos con la AFL-CIO para incorporar a la BPRA un lenguaje laboral de referencia que incluyera disposiciones sobre el salario predominante y los acuerdos laborales de proyecto, un memorando de entendimiento sobre la transición laboral y veinticinco millones de dólares anuales para financiar una Oficina de Transición Justa que supervisara la reconversión profesional de los trabajadores del sector de las energías renovables.

La versión final de la BPRA que se aprobó en mayo de 2023 incluía la mayoría de las disposiciones clave por las que habíamos luchado durante tanto tiempo. La NYPA recibió, por fin, el mandato de construir, poseer y explotar proyectos de energías renovables. Cada año, la NYPA debe llevar a cabo una revisión para determinar si el estado está en camino de alcanzar el 70 % de energía renovable para 2030 y el 100 % para 2040, de acuerdo con los mandatos estatales. Si no es así, la NYPA debe intervenir para construir energía suficiente para compensar la diferencia. La BPRA también exige a la NYPA que elimine gradualmente sus centrales eléctricas de combustibles fósiles −incluidas las centrales sucias de respaldo (centrales eléctricas de reserva que se encienden cuando hay picos de electricidad) situadas predominantemente en comunidades de color− para 2030, y que suministre y entregue únicamente energía renovable a los clientes. Estas centrales están inoperativas la mayor parte del tiempo y solo funcionan en momentos de máxima demanda, por lo que están exentas de la mayoría de las normativas medioambientales. El cierre de estas centrales contaminantes es una de las principales victorias de nuestra campaña. La ley BPRA también exige a la NYPA que establezca un programa que permita a los consumidores de electricidad con ingresos bajos y moderados recibir créditos en sus facturas mensuales por cualquier energía renovable producida por la NYPA. Por último, la BPRA incluye todo el lenguaje favorable a los trabajadores que la campaña Public Power elaboró en colaboración con aliados sindicales.

Ahora que hemos conseguido este mandato, debemos seguir luchando por una aplicación adecuada de la BPRA. La situación es difícil. Como legado de la larga historia de lucha del capital fósil contra la transición energética, el estado de Nueva York tendrá que añadir 2,5 GW al año durante los próximos ocho años para cumplir los objetivos climáticos del 70 % de energía renovable para 2030 (DiNapoli, 2023). Para ponerlo en perspectiva, el estado solo ha añadido 12,9 GW de energía en general (tanto fósil como renovable) en los últimos veinte años, o aproximadamente 0,645 GW al año. Este fuerte aumento es solo para descarbonizar la red energética. Para generar energía suficiente para alimentar una flota de vehículos eléctricos y descarbonizar la calefacción y refrigeración de los edificios y la industria, debemos triplicar aproximadamente la cantidad actual de generación de energía.

Los activistas de Public Power NY eran muy conscientes de la necesidad de promover la eficiencia energética. La expansión de la producción de energía −incluso si es renovable− ya está teniendo muchos efectos perjudiciales para el medio ambiente, como, por ejemplo, la minería en países de renta baja como Bolivia. Aunque la campaña era consciente de la necesidad de promover la eficiencia energética, no incluimos medidas de este tipo en la BPRA debido a la necesidad de centrar la legislación en un tema y a que el estado ya contaba con una legislación sobre eficiencia energética que marcaba tendencia. La Ley Local 97 de la ciudad de Nueva York, aprobada en 2019, obliga a reducir las emisiones en un 40 % en los edificios más grandes de la ciudad para 2030 y hasta en un 80 % para 2040 (Maldonado, 7 de octubre de 2022).

Llevar a cabo el desarrollo rápido y a gran escala de energía renovable ordenado por la Ley del Clima de 2019 de una manera democrática y justa será un desafío enorme. Afortunadamente, la BPRA estableció un proceso de planificación estratégica a través del cual se dirige a NYPA para determinar dónde, cuándo y cómo construye energía renovable. Aunque no logramos todas nuestras demandas de democratización de la NYPA, este proceso de planificación estratégica es un lugar para la aportación sustancial de la comunidad, ya que la autoridad está obligada a consultar con expertos en clima y resiliencia, organizaciones laborales, defensores de los contribuyentes residenciales y de pequeñas empresas, y comunidades de justicia ambiental, entre otros, a medida que elabora sus planes estratégicos. Para garantizar que la NYPA cumpla fielmente este mandato de compromiso con la comunidad, actualmente estoy organizando un Observatorio de la Energía Pública que supervisará el trabajo de la autoridad, documentará su historia y participará en diversas formas de divulgación pública creativa en relación con la transición energética.

Construir un movimiento mundial por el poder público

La victoria de nuestra campaña Public Power no será muy significativa, en última instancia, si no contribuye a inspirar campañas exitosas por la democracia energética más allá de Nueva York. Solo una de cada diez personas en EE. UU. obtiene su energía de una autoridad pública y muchas de estas empresas, vestigios del impulso de la era del New Deal para la electrificación universal, son rehenes de las fuerzas conservadoras con grandes inversiones en combustibles fósiles (Bruggers, 28 de febrero de 2021). En 2022, las energías renovables solo representaban alrededor del 13 % del consumo total de energía primaria y el 21,5 % de la generación total de electricidad a escala comercial en Estados Unidos (U. S. Energy Information Administration, 2023). Los esfuerzos de un estado por abandonar los combustibles fósiles, por heroicos que sean, no modificarán significativamente estos promedios globales. Dicho de otro modo, no se puede construir el ecosocialismo en un solo estado. La red eléctrica está repartida por todo el país en tres grandes segmentos y los requisitos técnicos de las energías renovables dictan una mayor integración en la red en lugar de una mayor autonomía local. Y, por supuesto, los desastres climáticos provocados por los combustibles fósiles no se detienen en las fronteras estatales o nacionales. Solo extendiendo el poder público más allá del estado de Nueva York conseguiremos la rápida transición energética necesaria para evitar la catástrofe climática.

Afortunadamente, la victoria de Public Power NY está inspirando a otros movimientos en todo el país. Aunque la campaña Nationalize Grid en Rhode Island, que ayudó a inspirar nuestro trabajo en Nueva York, ha perdido fuerza, la idea del poder público se está extendiendo a otros estados. En noviembre de 2023, Maine celebró un referéndum público sobre la creación de una empresa pública, Pine Tree Power. Actualmente, los residentes de Maine obtienen su electricidad de Central Maine Power, una empresa con ánimo de lucro de la gigante energética española Iberdrola, entre cuyos principales accionistas se encuentran potencias capitalistas fósiles como Qatar y Noruega, así como Blackrock, la enorme empresa de inversiones que se ha negado a desinvertir las dotaciones y fondos de pensiones que controla de los combustibles fósiles (Kerber, 17 de febrero de 2022).

La lucha por la energía pública en Maine no se limita a su control local, sino que también gira en torno a la lucha contra la pobreza energética, la reparación de la maltrecha red en un estado con el mayor número de apagones del país y la consolidación de los derechos, salarios y prestaciones de los trabajadores. La batalla en torno al referéndum de Pine Tree Power se convirtió en un plebiscito popular sobre el sistema de las empresas de servicios públicos con ánimo de lucro que está fracasando, un modelo tan antiguo como la red eléctrica moderna. Los grupos fachada de Central Maine Power, como Maine Affordable Energy, invirtieron cuarenta millones de dólares en las elecciones para engañar a los contribuyentes de Maine y hacerles creer que el control corporativo de la red es beneficioso para ellos, a pesar de que las empresas de servicios públicos propiedad de los consumidores que existen en el estado ya tienen tarifas un 50 % más bajas que las de las empresas con ánimo de lucro (Pine Tree Power, 14 de septiembre de 2023). Al final, ganó el dinero de las empresas y el referéndum para crear Pine Tree Power fue rechazado.

¿Cuál es el futuro de las campañas por el poder público en Maine y en otras partes de Estados Unidos? Los defensores del poder público no podemos permitir que la derrota del referéndum paralice nuestro trabajo. La campaña reunió a defensores de Public Power de todo el país para fomentar la solidaridad y aprender del trabajo de los demás. Esta campaña consiguió una importante victoria con la aprobación de otro punto del referéndum que prohíbe a las organizaciones extranjeras propiedad de gobiernos (como Iberdrola y Versant), gastar dinero en futuras elecciones para referéndums estatales (Budion, 8 de noviembre de 2023). Esto significa que cuando se celebre otro referéndum en Maine, las probabilidades ya no estarán tan en contra del poder público.

Otras derrotas aparentes también han favorecido la lucha por la energía pública. En 2011, por ejemplo, la ciudad de Boulder, en Colorado, inició una adquisición pública de su empresa eléctrica con ánimo de lucro, Xcel Energy. Tras una década de feroz oposición por parte de Xcel, los votantes de la ciudad decidieron poner fin al proceso (Sakas, 20 de noviembre de 2020). Sin embargo, a pesar de esta derrota, la campaña ayudó a la ciudad a obtener importantes concesiones de Xcel, incluido el compromiso de reducir sustancial- mente las emisiones de gases de efecto invernadero.

También conviene recordar que la Autoridad de Energía de Nueva York se creó tras decenios de lucha por el poder público en Estados Unidos y en todo el mundo. Su creación coincidió con otras victorias, como la creación de la Tennessee Valley Authority (TVA) en 1933. Las campañas actuales pueden inspirarse en los poderosos movimientos de masas que ayudaron a conseguir el apoyo de los legisladores para la creación de autoridades como la NYPA y la TVA.

Mientras luchamos por el poder público en todo Estados Unidos, debemos recordar que esta campaña no puede detenerse en las fronteras nacionales. Necesitamos construir un movimiento mundial por el poder público. Esto significa que nuestro trabajo para transformar la NYPA no debe limitarse a garantizar que la autoridad genere cantidades adecuadas de energía renovable. También tenemos que trabajar para establecer asociaciones público-públicas (APP), en las que una empresa pública como la NYPA pueda apoyar campañas y autoridades de energía pública en otros países. El desarrollo de estas APP debe ser una de las prioridades futuras de nuestra campaña.

El capital fósil crea desigualdades a nivel mundial al extraer recursos de zonas de sacrificio para beneficiar a élites situadas lejos de la carnicería. Ganar el control obrero de la transición a la energía renovable en las naciones capitalistas centrales por sí solo dejaría intacto un sistema mundial de imperialismo energético. Por ejemplo, como establece el reciente documento de posición Reclaim and Restore de Trade Unions for Energy Democracy, el modelo de privatización de los servicios públicos impuesto por organizaciones dominadas por Estados Unidos y la UE, como el Banco Mundial, en las regiones menos desarrolladas del mundo, como los países del África subsahariana, es un fracaso absoluto: después de treinta años de reformas a favor del mercado, un número creciente de personas carecen de acceso a la electricidad en muchos países africanos (Sweeney, 2023). En lugar del modelo fracasado de dar dinero público a empresas energéticas con ánimo de lucro, los países de África y del resto del mundo necesitan aquello por lo que hemos luchado en Nueva York: servicios públicos de electricidad verdaderamente democráticos, financiación pública y plena propiedad pública de la energía con bajas emisiones de carbono.

NOTAS

1 Acerca del poder del capital sobre el proletariado, ver Mau (2023).

2 Para una discusión sobre las tácticas de la campaña Strike MoMA, véase Dawson (2021).

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Ashley Dawson es profesor de inglés del Centro de Posgrados
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y del College of
Staten Island. Sus últimos libros se centran en temas clave de las Humanidades Ambientales e incluyen People’s Power: Reclaiming the Energy Commons (O/R, 2020), Extreme Cities: The Peril and Promise of Urban Life in the Age of Climate Change (Verso, 2017), y Extinction: A Radical History (O/R, 2016). Dawson es autor del libro Environmentalism from Below (Haymarket), de próxima publicación, y coeditor de la colección Decolonize Conservation! (Common Notions). Es miembro de la campaña Public Power NY y fundador del Public Power Observatory.

Estado del poder 2024 | Energía, poder y transición

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by Susana Fernández Herrero

Socializar la energía: lecciones de las campañas radicales de vivienda en Alemania

Socializar la energía

Lecciones de las campañas radicales de vivienda en Alemanial

Colectivo Communia

Traducción al español: Nuria del Viso

Para recuperar el impulso perdido para una transición energética, los defensores de la justicia climática y energética pueden aprender del victorioso referéndum de los berlineses en apoyo de la expropiación radical de la propiedad de empresas inmobiliarias en 2021. Este no solo obedeció a una estrategia que hacía recaer los costos sobre las empresas y no sobre las personas, sino que también va más allá de la propiedad pública tradicional para explorar modelos de participación popular.

En septiembre de 2021, el 59,1 % de los berlineses votaron a favor de expropiar y socializar las grandes empresas de vivienda dentro de la ciudad-estado de Berlín. Era la primera vez en cuarenta años que un movimiento social alemán se manifestaba a favor de la propiedad pública y democrática a tan gran escala. Pero el movimiento consiguió algo más que una victoria en el referéndum. Expropiar Deutsche Wohnen & Co. reintrodujo el tema de la propiedad en la política general y atrajo la atención internacional.

Y lo que es aún más importante, la campaña resucitó el concepto de socialización −un grito de guerra del movimiento obrero olvidado hace tiempo− como una reivindicación política factible en Alemania. Ello tiene repercusiones que van más allá de la lucha por una vivienda asequible en Berlín. La socialización, como reivindicación y como práctica tangible del movimiento, podría aplicarse a otros ámbitos de la economía, en particular al sector energético. Debido a la creciente la crisis climática, las campañas de socialización no solo son desesperadamente necesarias, sino también cada vez más realistas.

La idea de la socialización para una transición energética justa y rápida se encuentra con un sector energético que está experimentando actualmente una intensa transformación. El camino de esta transformación está muy disputado. A un nivel simplificado, el bloque dirigente puede verse como un campo de batalla entre un proyecto fósil-capitalista históricamente atrincherado y conservador y la emergente hegemonía verde-capitalista. Mientras ciertos elementos de la antigua hegemonía fósil-neoliberal, como las facciones del capital individual en la industria energética, junto con los partidos conservadores y reaccionarios, se esfuerzan por mantener sus modelos empresariales frente a las actuales políticas climáticas, un grupo diverso de actores políticos se está alineando dentro de un proyecto hegemónico verde-capitalista.

Esto incluye algunas asociaciones ecologistas y grupos de estudios, así como partidos verdes y, hasta cierto punto, socialdemócratas, pero también asociaciones empresariales y segmentos de la clase capitalista como la industria automovilística alemana o la economía del hidrógeno.1 El proyecto se centra en movilizar el capital privado mediante una mezcla de incentivos, subvenciones y políticas industriales. Sin embargo, tanto la amplitud como los objetivos divergentes entre los actores de la sociedad civil y las facciones del capital, así como la participación vacilante e incompleta de los sindicatos conllevan un cúmulo de contradicciones internas y debilidades potenciales. El Gobierno federal alemán, que incluye a los verdes, los socialdemócratas y los liberales, encapsula estas contra- dicciones internas en una coalición de gobierno inestable.

Aunque la hegemonía verde-capitalista aún no está firmemente establecida, es muy probable que consolide su posición en los próximos años. Sin embargo, esto no es motivo de celebración: el proyecto verde-capitalista es totalmente insuficiente para abordar la magnitud de la crisis climática y es disfuncional debido a su dependencia de transferir los costos de la transformación a la mayoría de la población a través del mercado. Como consecuencia de ello, seguirá siendo políticamente inviable y prolongará innecesariamente la transición verde más allá de lo que podemos permitirnos.

Estas discrepancias se pusieron especialmente de manifiesto en los recientes acontecimientos políticos en Alemania. Un intenso debate suscitado por una nueva ley, que obliga a que, a partir de 2025, el 65 % de la energía de calefacción de los nuevos sistemas instalados proceda de fuentes renovables, puso al descubierto las limitaciones de las políticas basadas únicamente en cambios normativos, diseño del mercado y estructuras de incentivos (Amelang y Wehrmann, 27 de septiembre de 2023).

La respuesta a la iniciativa del Ministerio de Economía, dirigido por el Partido Verde, de modernizar el parque de viviendas fue reveladora. Por un lado, la dura reacción de los medios de comunicación contra los planes legislativos de los verdes puede atribuirse a las facciones del capital de los combustibles fósiles, que aún subsisten. Ejercen su influencia para frustrar los planes que podrían repercutir negativamente en sus beneficios en el sector del gas, que aún hoy domina la tecnología de calefacción en Alemania, y desviar la atención presentando el hidrógeno como la solución. Por otro lado, la opinión pública tiene una preocupación válida por las políticas basadas en medidas reguladoras que dejan indemnes la propiedad privada y los beneficios. Los inquilinos, que ya se enfrentan a un mercado de la vivienda financiarizado, entienden que soportarán la mayor parte de los costos de modernización del parque inmobiliario.

Los debates sobre la propuesta de abandonar la minería del lignito en Alemania son otro ejemplo de la incapacidad de la política verde-capitalista dominante para actuar en un sistema energético que depende principalmente del capital privado. En lugar de simplemente ordenar a una empresa energética controlada públicamente que adelantara la eliminación del lignito, el Gobierno local de Renania del Norte-Westfalia, de minoría verde, tuvo que negociar tratos sucios con la industria fósil para obtener concesiones menores. Es probable que el lignito, el combustible fósil más contaminante, deje de ser rentable en los próximos cinco a diez años. A pesar de ello, el acuerdo negociado solo adelantaba la eliminación de 2038 a 2030, ofrecía generosas compensaciones a las empresas energéticas y permitía seguir explotando las reservas de lignito hasta 2030 (Environmental Justice Foundation, 20 de enero de 2023). Esto dio lugar a una acalorada batalla en torno al pueblo de Lützerath, amenazado de destrucción por los planes de la gigante empresa de energía RWE de ampliar una mina de lignito de 66 km². Los activistas por el clima argumentaron que quemar el lignito restante y defender así los derechos de propiedad de RWE entraba en conflicto con la justicia climática y el objetivo de 1,5 °C. El pueblo se convirtió en un campo de batalla simbólico debido a la brutal violencia policial contra los activistas que lo ocupaban y personificó el conflicto entre los intereses corporativos privados y la urgente necesidad de una rápida transformación energética.

La crisis energética de 2022, desencadenada por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, ha vuelto a poner de manifiesto las limitaciones de un sistema energético basado en la propiedad privada. Ha dejado al descubierto los problemas que conlleva la mercantilización. El diseño del mercado energético europeo, que hace de la energía una mercancía comercializable, provocó un enorme aumento de los precios al consumo, al tiempo que permitió a las grandes corporaciones energéticas amasar miles de millones en beneficios. Las contramedidas del Gobierno alemán −paquetes de ayuda y tibias subvenciones a los precios de la energía para los consumidores− mitigaron los trastornos sociales más graves, pero dejaron indemnes los beneficios empresariales. Si el sector energético hubiera sido público, los precios podrían haberse regulado fácilmente hasta un umbral aceptable. Una vez más, la reacción a la crisis demostró que la propiedad privada y la apropiación de los beneficios de los servicios básicos siguen siendo sacrosantas, incluso para los políticos del Partido Verde.

Estos acontecimientos recientes demuestran por sí solos que las actuales estrategias de transformación no solo son injustas y excesivamente lentas, sino también disfuncionales y poco adecuadas a la magnitud de la crisis. La necesaria transformación rápida y socialmente justa está reñida con la propiedad privada y el sistema energético mercantilizado. El enfoque predominante de la transición energética da prioridad a un modelo político que incentiva, subvenciona y regula a los participantes en el mercado, en lugar de canalizar la inversión pública hacia el establecimiento de una producción y suministro de energía de propiedad pública y gestión democrática. De este modo, se estabilizan las relaciones de propiedad y poder existentes y se transfieren a un nuevo marco verde-capitalista. Sin embargo, si el diseño del mercado y las estructuras de propiedad impiden una solución a la crisis climática, estas deben convertirse en el principal escenario de las luchas políticas.

Socialización, remunicipalización y el movimiento de expropiación de Berlín

La resistencia a la privatización es tan antigua como el propio neoliberalismo. Aunque numerosas remunicipalizaciones exitosas y batallas defensivas han logrado frenar la embestida neoliberal contra la propiedad pública en Alemania, la izquierda sigue encontrándose a la zaga (Cumbers y Paul, 2022). Sin embargo, el 26 de septiembre de 2021 marcó un punto de inflexión significativo cuando la trayectoria de las batallas contra los efectos perjudiciales de la propiedad privada comenzó a cambiar. La campaña “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.” triunfó en un referéndum en la ciudad-estado de Berlín que abogaba por la expropiación de todas las empresas privadas de vivienda que poseyeran más de tres mil viviendas en la ciudad. Para sorpresa de muchos observadores y participantes, una mayoría decisiva del 59,1 % de los votantes apoyó la resolución pro- puesta por la iniciativa, que había encabezado una impresionante campaña durante tres años. Esta campaña galvanizó a varios miles de berlineses y los transformó en activistas comprometidos con el desmantelamiento del dominio de las colosales corporaciones financiarizadas sobre el mercado inmobiliario de Berlín.

Los activistas lograron un éxito rotundo y desde entonces no han cejado en su empeño de garantizar que se respete la voluntad de los berlineses y se lleve a cabo el referéndum. Su lucha persiste, ya que los representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción están bien coordinados. A pesar de la mala reputación del sector inmobiliario privado entre los inquilinos berlineses, el Partido Social-demócrata (PSD), en el Gobierno de Berlín, lo considera un socio aceptable. La aversión del PSD a la expropiación es tan fuerte que, tras su reelección en 2023, optó por formar una coalición con los conservadores en lugar de continuar la alianza progresista con los verdes y, sobre todo, la izquierda (partidarios de la socialización). El movimiento se mantiene firme en su lucha por la aplicación del resultado del referéndum, a través de organizaciones de inquilinos, manifestaciones y otros medios.

La iniciativa de Berlín tiene su base jurídica en un artículo de la Constitución alemana que no se ha utilizado en los setenta años de historia del Estado alemán (occidental). El artículo 15 de la Ley Fundamental alemana ofrece la posibilidad de socializar la tierra, los medios de producción o los recursos naturales independientemente de la voluntad de los propietarios privados. Aunque deja claro que los actuales propietarios deben ser indemnizados, la opinión de los expertos es prácticamente unánime en cuanto a que la indemnización puede ser inferior al valor de mercado. Curiosamente, especifica que la socialización significa no solo la expropiación de activos, sino también su transferencia a la economía común (Gemeinwirtschaft). Por lo general, se entiende que esto implica la democratización de la toma de decisiones y la orientación hacia el bienestar público en lugar del beneficio privado.

La campaña se basó en el creciente consenso de la sociedad alemana de que las políticas neoliberales iban demasiado lejos. Tras las campañas de privatización en Alemania desde la época del canciller Helmut Kohl en las décadas de 1980 y 1990, que se prolongaron hasta bien entrada la década de 2000, en los últimos veinte años se ha estado gestando en Alemania un potente contramovimiento a favor de la remunicipalización. Entre 2005 y 2017, tan solo en el sector energético se produjeron 284 remunicipalizaciones de infraestructuras públicas previamente privatizadas (Becker, 2017). Esta oleada fue impulsada por movimientos ciudadanos locales. En 2013, un referéndum ciudadano obligó a la ciudad de Hamburgo a readquirir toda la infraestructura de red municipal (incluida el agua, la energía y la calefacción). Los municipios rurales volvieron a adquirir redes privatizadas y formaron asociaciones municipales suprarregionales, y en Berlín y otros lugares se readquirieron algunas viviendas que antes eran propiedad del Estado. La tendencia a la remunicipalización es una señal prometedora para la reactivación de la propiedad pública de los servicios públicos y para la transformación socioecológica. Sin embargo, el impulso ha decaído en los últimos años, lo que sugiere que el punto álgido de la ola de remunicipalización puede haber pasado ya (Cumbers et al., 2022).

La lucha por la expropiación en Berlín se basa en un punto de partida político muy similar, pero va mucho más allá de los proyectos de remunicipalización. Berlín sufrió una ola masiva de privatizaciones en la década de 2000. Tras un escándalo bancario en el que estaba implicado un banco estatal, Berlín se encontró al borde de la quiebra, lo que llevó al Gobierno local a aplicar un estricto pro- grama de austeridad. Cientos de miles de apartamentos y terrenos, antes municipales se vendieron a precios vergonzosamente bajos a fondos de alto riesgo, empresas privadas o fondos de pensiones. Tras numerosas fusiones, adquisiciones y la consolidación general del mercado, estas viviendas pertenecen ahora a un puñado de grandes grupos europeos como Vonovia, Heimstaden o Adler. A principios de la década de 1990, más de quinientos mil apartamentos en Berlín eran de propiedad estatal; a finales de la década de 2000, solo quedaban 250.000 (Holm, 2022).

Los berlineses son muy conscientes de que estas corporaciones hacen poco con estos edificios, aparte de explotarlos para obtener beneficios mediante la escalada de los alquileres y las valoraciones especulativas. En consecuencia, Berlín se encuentra ahora en plena crisis de la vivienda. La ciudad tiene una gran afluencia de personas y una fuerte demanda de vivienda, una situación que las empresas privadas explotan subiendo los alquileres desorbitadamente y construyendo nuevos edificios de apartamentos caros en lugar de viviendas sociales asequibles. Como declaró la activista de la campaña Isabella Rogner en una audiencia en el Parlamento de Berlín en 2023:

Cuando evalúo los dos últimos años, mi principal observación es que la situación del mercado inmobiliario berlinés es peor que nunca para nosotros, los inquilinos. Si esta tendencia continúa, en pocos años habremos perdido la ciudad que todos ustedes, el Gobierno de Berlín, dicen defender. Tienen la oportunidad de salvar este Berlín, de preservar los hogares de millones de personas y de protegerlas del desplaza- miento. El instrumento para ello, la socialización, está frente a ustedes (Abgeordnetenhaus von Berlin [@agh_berlin], 29 de agosto de 2023).

La campaña de expropiación se centra precisamente en el evidente fracaso de la privatización de la vivienda. En lugar de intentar remunicipalizar estos apartamentos comprándolos a precios de mercado sobrevalorados y esperando que los propietarios privados estén dispuestos a venderlos, la campaña ha dado un gran paso más. Propone expropiar las grandes empresas inmobiliarias a un precio muy inferior al del mercado y, curiosamente, no devolverlas al Estado. La campaña ha presentado un concepto para la administración de los edificios que van a ser expropiados, en el que los inquilinos, así como representantes de la sociedad civil, toman las decisiones en las estructuras del consejo y el Estado solo desempeña un papel menor. Reflejando críticamente las experiencias de propiedad estatal del siglo XX, la iniciativa presenta un modelo imaginativo centrado en la democratización radical de la toma de decisiones (Deutsche Wohnen & Co Enteignen, 2023).

La socialización que proponía la campaña iba mucho más allá de los modelos clásicos de propiedad: expropiación de las grandes empresas, indemnización por debajo del valor de mercado y democratización y desmercantilización radicales. Estas ambiciosas reivindicaciones fueron el punto de partida de la campaña y triunfaron.

La iniciativa presentó un concepto que resultó convincente: desde hace mucho tiempo los berlineses han tenido buenas experiencias con las viviendas comunales o el suministro municipal de agua. Aunque distaban mucho de ser perfectas, existían experiencias políticas y organizativas con la propiedad pública de estos sectores de servicios públicos. Junto con un programa político que abordaba adecuadamente la magnitud de la crisis de vivienda de Berlín, había amplias mayorías a favor de la expropiación. En fechas tan recientes como 2018, cuando se lanzó la campaña, tal resultado parecía impensable.

En Alemania, hay conciencia de diversas formas de propiedad estatal en los servicios básicos, incluso bajo el capitalismo: las empresas municipales de agua, las escuelas estatales y las viviendas municipales forman parte de la experiencia vivida de la gente. Sin embargo, la propiedad pública rara vez es plenamente democrática y pocas veces rechaza por completo el afán de lucro para centrarse en objetivos públicos. Los Estados o los municipios son tan capaces como los propietarios privados de presionar para que se extraigan beneficios y no se invierta lo suficiente en infraestructuras críticas. Esto es especialmente cierto si los activos deben recomprarse a precios de mercado, lo que limita las posibilidades de los agentes públicos. Además, la propiedad estatal siempre corre el riesgo de ser privatizada de nuevo cuando los presupuestos son ajustados. A pesar de algunas buenas experiencias de remunicipalización, que han permitido mejorar la calidad del suministro y abaratar los precios, no se aprecia ninguna tendencia hacia una oleada de propiedad pública adecuada a los problemas del siglo xxi, sobre todo en el sector energético.

El sector energético alemán y el papel de la propiedad local a pequeña escala

La remunicipalización o la creación de nuevas empresas municipales o cooperativas no bastarán por sí solas para gestionar la transición energética de forma rápida y socialmente justa. Es necesario socializar las grandes empresas para romper su poder de mercado, dirigir inversiones masivas a la generación de energías renovables a escala y transformar el sector en su conjunto, junto con los trabajadores, que tienen tanto el poder de organización como los conocimientos necesarios para la transición. Mucho depende de no tener que recomprar activos a valor de mercado y de democratizar adecuadamente las empresas energéticas. Y esto solo será posible en el marco de la socialización.

Las actuales estructuras de propiedad y la mercantilización del sistema energético alemán son producto de la liberalización de los sistemas energéticos a escala europea que se viene impulsando desde los años noventa en el contexto de la creación de un mercado interior único de la energía en la UE. En esencia, los paquetes de medidas de desregulación energética de la UE desde 1996 han fomentado un sistema en el que las empresas privadas han podido hacerse con importantes segmentos del sector energético, y la energía, antes considerada un “monopolio natural”, se ha transformado en un bien comercializable.

Las actuales estructuras de propiedad del sistema energético alemán también han sido moldeadas por leyes negociadas por la minoría verde en el Gobierno a principios de los años 2000. El fomento de las energías renovables está regulado desde 2000 por la Ley de Energías Renovables, que es básicamente un mecanismo para incentivar la construcción de energías renovables mediante una tarifa de alimentación pagada por el consumidor (Haas y Sander, 2016). Este mecanismo de subvención con una compra garantizada de electricidad verde creó un entorno de mercado seguro para las inversiones privadas a pequeña escala y tuvo un gran éxito como modelo para este periodo. En retrospectiva, sin embargo, este mecanismo de subvención ayudó a iniciar un modelo de reducción de riesgo de la transformación verde, que está en expansión y que se ha observado cada vez más intensamente en los últimos años (Gabor, 2023).

La transición energética alemana fue impulsada en gran medida por pequeños actores privados: cooperativas energéticas, particulares con paneles solares en su tejado, servicios públicos municipales o empresas energéticas medianas que invierten exclusivamente en renovables. La tarifa regulada proporcionó a los pequeños agentes del mercado un marco normativo y una seguridad económica que han garantizado durante mucho tiempo las inversiones en energías renovables e incluso llevaron a la industria solar alemana a ser líder del mercado mundial durante un breve periodo de tiempo.

A partir de los años 2000, la “Energiewende” (transición energética) alemana fue un proyecto descentralizado de transformación energética en el que participaron diversos agentes y que, en consecuencia, fue elogiado y reproducido a escala internacional. Aunque la propiedad privada a pequeña escala suele beneficiar a los consumidores de clase media y no necesariamente a los trabajadores y a las poblaciones urbanas más pobres, al menos se invirtió en energías renovables. Hasta 2019, las cooperativas, los particulares y los agricultores poseían una cuota del 40,4 % de la energía renovable en Alemania (Agentur für erneuerbare Energien, 15 de enero de 2021). Sin embargo, esto está cambiando actualmente: la proporción de energía ciudadana a pequeña escala (Bürgerenergie) está disminuyendo lenta pero inexorablemente. Los promotores de proyectos, los bancos, las empresas de inversión y las cuatro grandes corporaciones energéticas que dominaban el mercado de los fósiles se están pasando rápidamente a las energías renovables. Se espera que su cuota siga aumentando en los próximos años, mientras que los productores de energía locales, cooperativos y a pequeña escala seguirán perdiendo cuota (Solarserver, 21 de diciembre de 2020).

Socialización para la propiedad pública democrática a gran escala

La propiedad local a pequeña escala y la remunicipalización deben desempeñar un papel en la transición energética. Sin embargo, es evidente que una transición energética social y ecológicamente justa debe centrarse además en la construcción de modelos públicos y democráticos a gran escala con el objetivo a largo plazo de una completa desmercantilización del sector y la prestación como servicio público universal.

La socialización propuesta por la iniciativa de Berlín significa la expropiación a gran escala de los activos de propiedad privada y su transferencia a instituciones gobernadas democráticamente y de propiedad pública centradas en objetivos públicos. La socialización ha demostrado su viabilidad como estrategia de movimiento, sobre todo porque politiza el antagonismo entre las grandes corporaciones de propiedad privada y el público. En el sector energético esto es relevante y necesario especialmente en lo que respecta a las grandes corporaciones de producción de energía y a los operadores de las redes de transmisión.

La producción de energía en Alemania solía estar dominada por cuatro grandes empresas de combustibles fósiles (Haas, Herberg y Löw-Beer, 2022). Aunque estas empresas llevan mucho tiempo invirtiendo poco en energías renovables, ahora están entrando en el sector y amenazan con privatizar el futuro del sistema energético. Al mismo tiempo, estas corporaciones aún conservan y están ampliando en parte sus activos de combustibles fósiles, por lo que tienen un enorme interés en mantener su producción. Su inversión en energías renovables es cada vez mayor, pero está supeditada a los beneficios futuros. Una transición energética rápida y socialmente justa no será posible sin los activos, así como sin los conocimientos, las capacidades y la mano de obra de los trabajadores del actual sector de los combustibles fósiles. En lugar de incentivar a los agentes privados y subvencionar de hecho los beneficios privados con dinero público, sería más eficiente que las empresas pasaran a ser de propiedad pública y financiar directamente la transición, sobre todo si se tienen en cuenta los costos sociales de la misma (Lawrence, 26 de septiembre de 2022). La socialización y la financiación esta- tal de inversiones considerables en capacidades renovables a través de instituciones energéticas gobernadas democráticamente y de titularidad pública podrían crear puestos de trabajo sindicalizados y de calidad en el sector de las energías renovables y gestionar la pérdida de empleos en industrias que deben reducirse o eliminarse progresivamente, como la minería del lignito o la industria automovilística. Por el contrario, una transición basada en la propiedad privada nunca podrá ofrecer a los trabajadores vías seguras hacia sectores futuros. Las empresas socializadas también podrían realizar eficazmente las inversiones necesarias, ya que no están obligadas a proporcionar un rendimiento de mercado a los accionistas, y reducir así los costos de capital para la transición.

La socialización no solo implica la transferencia de la propiedad, sino que también incluye la gobernanza democrática y la atención al bienestar público. Las empresas de energía socializadas tendrían que estar gobernadas por representantes de los consumidores, asociaciones ecologistas y trabajadores, y el Estado tendría un papel secundario. Al mismo tiempo, tendrían que estar ancladas en objetivos claros de política pública, como el suministro de energía asequible, los objetivos de inversión en renovables y la transferencia de conocimientos al sur global.

La socialización presenta una solución a problemas similares en relación con las redes de transmisión. La red alemana de transmisión a larga distancia está actualmente dividida entre cuatro empresas privadas, financiadas a través de las tarifas de red que pagan los consumidores. Estas tarifas las determina una agencia estatal e incluyen un importante rendimiento del capital. Por consiguiente, los accionistas de estas empresas reciben un beneficio garantizado, suscrito por los consumidores. Al mismo tiempo, hay una falta de inversión que crea desequilibrios regionales y obstaculiza la expansión de las energías renovables. En lugar de esto, la red de transporte a larga distancia debería gobernarse democráticamente a nivel nacional. La gobernanza de las redes de transporte debería seguir unos objetivos públicos claros y fijados democráticamente, como una expansión de las energías renovables basada en las necesidades y estar dirigida por los trabajadores y los representantes electos.

La socialización de las grandes empresas energéticas y de los operadores de redes debe complementarse con la propiedad democrática pública a nivel local. La producción local y descentralizada de energías renovables podría ser impulsada en parte por cooperativas energéticas. En las ciudades, los consejos de energía elegidos podrían desarrollar planes de descarbonización y reducción de la energía que serían aplicados por proveedores de servicios públicos municipales democratizados. Los servicios públicos regionales podrían vincular los planes locales de descarbonización con la expansión coordinada a nivel suprarregional de las energías renovables y las capacidades de almacenamiento.

Así pues, una transición energética democrática en un sector energético socializado se sustenta en diversos modelos de propiedad pública democrática. La complejidad del sistema energético, con diversas funciones, como la transmisión, la distribución y la producción que operan a diferentes escalas, exige una multitud de mecanismos e instituciones de gobernanza democrática.

Por lo tanto, un sector energético socializado debe entenderse como un sistema integrado de varios niveles que presenta una amplia variedad de modelos de propiedad pública y democrática que se refuerzan y potencian mutuamente (Cumbers, 2012). No se trata solo de propiedad, sino también de gobernanza, participación y responsabilidad. También se trata de crear estructuras en las que la toma de decisiones sea compartida y los beneficios se distribuyan de forma más equitativa. Esto incluye la socialización de las grandes empresas energéticas y los operadores de transmisión, la remunicipalización de las redes locales y la producción de energía, así como el apoyo y la promoción de la propiedad local y cooperativa a pequeña escala. Se trata de garantizar que las personas afectadas por las políticas energéticas tengan voz y voto en la elaboración de dichas políticas. Un sistema energético de este tipo tiene el potencial de llevar a cabo la transformación energética necesaria de una manera no solo más rápida y eficiente, sino también más equitativa. Se trata de diseñar un futuro energético que dé prioridad al bienestar de los ciudadanos y del planeta, y garantice que la energía sea accesible, asequible y sostenible para todos.

La socialización como núcleo de una alternativa emancipadora al capitalismo verde

Obviamente, este breve esbozo de transformación energética democrática basada en la socialización contrastaría enormemente con los planteamientos políticos dominantes en la actualidad. Proponemos que la socialización puede ser el núcleo de un proyecto emancipador que contrarreste la actual captura capitalista de la transformación energética. La transformación hacia un capitalismo verde dirigido por el Estado no es en absoluto un proyecto hegemónico firmemente establecido y sigue habiendo contradicciones significativas que ofrecen oportunidades para una nueva oleada de luchas en torno a la propiedad pública.

Un contraproyecto emancipador al capitalismo verde aún no está suficientemente definido ni organizado y mucho menos suficientemente preparado para generar estratégicamente un poder de contrapeso a largo plazo. El reto de establecer un proyecto hegemónico de este tipo es doble. Por un lado, existe una necesidad permanente de resistirse a los retrasos en la transición energética que propugna la facción reaccionaria-fosilista (y, en parte, de formar las alianzas necesarias con los actores del proyecto verde-capitalista). Por otro lado, es necesario articular una crítica inspiradora, que inste a la acción, del proyecto verde-capitalista emergente.

Aunque este proyecto alternativo emancipador aún no esté plenamente establecido, actualmente existe un terreno fértil para nuevas alianzas. Proyectos pioneros como la cooperación entre el movimiento juvenil Fridays for Future y el sindicato del sector de servicios Ver.di para una acción industrial conjunta en el sector del transporte público dan esperanzas para una nueva fase de luchas en el sector de la movilidad. En 2024, los activistas del clima y los sindicalistas volverán a unirse para reclamar mejoras salariales y mayores inversiones en el transporte público. El giro de parte del movimiento climático hacia los sindicatos, así como el correspondiente giro climático en parte de los sindicatos, podría sentar las bases para nuevas alianzas. Las fracturas y contradicciones internas del capitalismo verde ya ofrecen puntos de entrada para separar del proyecto verde-capitalista a actores individuales como los sindicatos y, en cierta medida, las asociaciones ecologistas, y ganarlos para alianzas entre la izquierda y los verdes.

Todo proyecto político exitoso requiere un núcleo popular que pueda servir de anclaje para las alianzas. Estamos convencidos de que un programa radical de propiedad pública basado en la socialización de la transformación energética puede formar este núcleo popular. Aunque un proyecto político emancipador no logrará la hegemonía a corto plazo, cada vez se hace más hincapié en construir poder en torno a la propiedad pública y la socialización. En Renania, parte del movimiento climático alemán se inspira en la exitosa iniciativa de expropiación de Berlín. La campaña “Expropiar RWE & Co.” pretende socializar la infraestructura energética privada en el estado federal de Renania del Norte-Westfalia; desafía, de este modo, a las dos grandes empresas energéticas, RWE y E.ON, y se propone transferirlas a una estructura pública y democrática para impulsar la transición energética local. La iniciativa está contemplando las posibilidades legales de expropiación, así como en conceptos para un sistema energético democratizado; realiza así un trabajo pionero para un sector energético socializado. Otras partes del movimiento por el clima también están empezando a desarrollar estrategias sobre la socialización en el contexto de la crisis climática (en el sector energético y más allá) y pretenden exponer ideas de campaña concretas en una conferencia estratégica a principios de 2024.

La socialización de la transformación energética podría presentar un núcleo unificador para la política emancipadora, ya que ofrece mejoras concretas en los medios de vida de las personas al reducir y trasladar los costos de la transición, al tiempo que proporciona un curso de acción acorde con la magnitud de la crisis climática. La socialización puede ser −y ha sido− un objetivo de campaña exitoso y convincente, ya que permite que la mayoría de la población participe en los beneficios de la transformación, por ejemplo, a través del abaratamiento de los precios de la electricidad y la energía (y en la prestación a largo plazo como servicio básico universal). Ofrece así una perspectiva optimista a quienes sufren actualmente bajo el capitalismo neoliberal, y demuestra que, incluso en medio de la crisis climática, pueden lograrse mejoras sustanciales en las condiciones materiales de vida individuales a través de soluciones colectivas y no individuales basadas en el mercado.

Socializar las corporaciones energéticas y transformarlas junto con los trabajadores del sector, que aportan tanto los conocimientos como los recursos de poder para hacerlo, es necesario y posible. Si bien ha habido luchas locales y regionales en torno a la remunicipalización, hay una falta de experiencia del movimiento en la lucha y la configuración de la propiedad pública a un nivel que responda a la crisis climática. Con una agenda de socialización podemos moldear conceptos de propiedad pública amplia en objetivos de movimiento concretos y alcanzables.

La socialización, potencialmente a través de referendos, permite la entrada estratégica en el terreno y el poder a nivel estatal sin asumir necesariamente la forma de partido político, y sienta así las bases para alianzas de diversos actores. Dados los fundamentos jurídicos de la socialización en el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana y las experiencias prácticas iniciales obtenidas a través del movimiento de expropiación de Berlín, existe una oportunidad única para desarrollar la práctica de los movimientos en torno al establecimiento de formas de propiedad pública democrática. Esto es crucial para los movimientos sociales, que no solo requieren demandas bien articuladas, sino también espacios experienciales y formas prácticas.

En 2018 nadie en Berlín pensaba que la expropiación de las corporaciones de vivienda tendría la más mínima posibilidad de generar una mayoría pública, pero hoy la socialización es una posibilidad muy real y una propuesta ineludible en los debates políticos en torno a la crisis de la vivienda. El cambio social puede avanzar a veces más rápido de lo previsto. Si se puede generar una dinámica similar en el sector energético, aún puede haber esperanza.

NOTAS

1 Para un análisis más detallado de la hegemonía (en alemán), véase Sander (2022).

Bibliografía

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Holm, Andrej (2022). Die Lage der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin: Stellungnahme für die Expertenkommission zum Volksentscheid “Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen”. Berlín: Rosa Luxemburg Stiftung. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/ pdfs/Artikel/3-22_Onl-Publ_Wohnraumversorgung.pdf

Lawrence, Mathew (26 de septiembre de 2022). Power to the People: The Case for a Publicly Owned Generation Company. Common Wealth. https://www.common-wealth.org/publications/power- to-the-people-the-case-for-a-publicly-owned-generation-company

Sander, Hendrik (2022). An der Schwelle zum grünen Kapitalismus? Sozial-ökologische Hegemonieprojekte in Deutschland. Berlín: Rosa Luxemburg Stiftung.

Solarserver (21 de diciembre de 2020). Studie zeigt: Bürgerenergie verliert Marktanteile. https://www.solarserver.de/2020/12/21/ studie-zeigt-buergerenergie-verliert-marktanteile/

Colectivo communia es un grupo de estudios de reciente creación comprometido con el desarrollo y la aplicación de estrategias para una economía democrática. Su trabajo se centra en apoyar a los movimientos sociales que abogan por la socialización y en explorar modelos alternativos de propiedad pública y democrática. Se esfuerzan por promover el pensamiento y la acción económicos progresistas mediante la formulación de políticas, la investigación rigurosa y el desarrollo de narrativas convincentes que aboguen por una economía al servicio de la mayoría. Este ensayo ha sido escrito por Lemon Banhierl, Justus Henze y Max Wilken, el equipo de communia que trabaja en la socialización de la energía.

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by Susana Fernández Herrero

Encuentros titánicos: la geopolítica en el centro de las transiciones energéticas en Sri Lanka

Encuentros titánicos

La geopolítica en el centro de las transiciones energéticas en Sri Lanka

Gz. MeeNilankco Theiventhran y Kristian Stokke

Traducción al español: Nuria del Viso

Los intentos de Sri Lanka de llevar a cabo una transición en su sistema energético se han visto socavados por la competencia geopolítica, especialmente entre China e India, que han explotado el débil Estado neoliberal del país del sur de Asia y han aumentado el control de su infraestructura energética y su economía.

En 2022, Sri Lanka se enfrentó a una crisis económica sin precedentes, con falta de reservas de divisas y protestas en todo el país agravadas por la falta de electricidad, petróleo y gas. Las personas que hacían cola durante días para llenar sus garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar se convirtieron en la imagen de la crisis energética, que también provocó cortes de electricidad frecuentes que devastaron el sector de los servicios, que representa el 60 % de la economía.

El Gobierno de Sri Lanka estaba desesperado por hacer frente a la crisis energética y buscó ayuda exterior, lo que le enredó en las trayectorias emergentes de la geopolítica energética en el sur global, principalmente en relación con China e India.

Cuando Sri Lanka aún se tambaleaba por la crisis, India accedió a apoyar al sector energético mediante préstamos para petróleo y gas, lo que ayudó a resolver el problema inmediato y dio un respiro al Gobierno. A cambio, el conglomerado indio Adani Group se aseguró un contrato no solicitado para proyectos de energía eólica y solar en Mannar y Pooneryn, con inversiones estimadas de quinientos millones de dólares. En junio de 2022, al declarar ante la Comisión Parlamentaria de Empresas Públicas, el presidente de la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) afirmó que el presidente de Sri Lanka le había dicho que el primer ministro indio, Narendra Modi, había insistido en que se adjudicara al Grupo Adani un proyecto de energía eólica en Mannar sin pasar por ningún procedimiento de licitación (Farzan, 11 de junio de 2022).

Además, se concedió a la Indian Oil Corporation (IOC) una participación del 49 % en el desarrollo conjunto del parque de tanques petrolíferos de Trincomalee, que India persigue desde los años setenta. Gracias a la crisis económica, India consiguió lo que había aspirado a obtener durante más de medio siglo. India también quería construir líneas de transmisión eléctrica transfronterizas para exportar electricidad a Sri Lanka. Este proyecto se inició en los años noventa, pero Sri Lanka lo había retrasado, debido a que era consciente de que comprometería su seguridad energética. La crisis, sin embargo, dio un nuevo impulso a los planes. Asimismo, China aprovechó la crisis para perseguir sus intereses en el sector energético de Sri Lanka, especialmente adquiriendo una refinería de petróleo de 4500 millones de dólares en Port Hambantota, que se está desarrollando como centro energético junto con una instalación de gas natural licuado (GNL).

La crisis económica de Sri Lanka demuestra el papel fundamental que desempeña la energía en cualquier economía y por qué la soberanía y la sostenibilidad energéticas son esenciales para la resiliencia. También muestra cómo las economías neoliberales débiles son vulnerables al papel de los actores externos, principalmente cuando dependen de la ayuda exterior para la financiación, la tecnología y el desarrollo de políticas.

Sri Lanka está abocada y debe someterse a una transición hacia fuentes de energía más respetuosas del medio ambiente. Lamentablemente, como demuestran los ejemplos anteriores, la transición de Sri Lanka se está produciendo en medio de la competencia geopolítica −principalmente China, India, Japón y Estados Unidos−, que intenta poner en marcha diversos proyectos energéticos y de infraestructuras para hacerse con el control territorial del país, de gran importancia estratégica. Los propios intereses nacionales de estas potencias geopolíticas regionales pueden obstaculizar los esfuerzos de Sri Lanka por pasarse a las energías renovables.

La historia de la implicación de China e India en el sistema energético de Sri Lanka

Durante dos décadas, la política energética de Sri Lanka ha estado fuertemente marcada por China e India, que ahora son líderes regionales en infraestructuras, tecnologías y financiación energéticas. La estratégica situación geográfica de Sri Lanka la ha hecho especialmente vulnerable a los intereses geopolíticos y a la competencia.

Como país de renta media-baja del Asia meridional, Sri Lanka ha intentado aumentar su suministro energético para hacer frente a la creciente demanda de energía, la inestabilidad de la producción hidroeléctrica provocada por el cambio climático y la falta de financiación pública, y las reticencias del sector privado que dificultan la puesta en marcha de nuevos proyectos. La combinación energética del país ha cambiado a lo largo de los años y los combustibles fósiles han ido desplazando gradualmente a la hidroelectricidad como principal fuente de energía (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. Combinación de generación eléctrica de Sri Lanka 1969-2022

Compilado por los autores a partir de múltiples informes. Tomado principalmente de los informes anuales del Banco Central de Sri Lanka y los informes anuales del Banco Central Europeo.

Esta situación obligó al país a buscar la participación exterior en el sector energético desde finales de los años noventa. Como ya se ha dicho, tres potencias regionales han llegado a ser especialmente influyentes en la política energética de Sri Lanka: la vecina India, la potencia emergente de China y su antiguo socio en el desarrollo, Japón, cada una de las cuales entró en el sistema energético del país con intereses y competencias específicos.

India es actualmente el segundo importador mundial y el tercer refinador de petróleo crudo, el segundo productor de carbón y el cuarto de energía eólica y solar (Ministry of New and Renewable Energy, 9 de septiembre de 2022; Gateway House Indian Council on Global Relations, 3 de agosto de 2023). China es el mayor productor mundial de carbón y el mayor consumidor e importador de enegía (China Power, 9 de noviembre de 2023; International Energy Agency, 2000). También es un importante productor de tecnología energética y otras materias primas asociadas, por lo que tiene un impacto mundial en los mercados y el comercio energéticos (Cosins-Smith, 7 de septiembre de 2023; Reuters, 28 de noviembre de 2023).

La industria china de tecnologías verdes reconoce cada vez más el potencial de crecimiento de Asia meridional y se ha convertido en un actor energético de primer orden en la región a través de inversiones en proyectos y como exportador de energía.

Japón ha apoyado al sector energético de Sri Lanka desde principios de la década de 1970 a través de su cooperación con el desarrollo y de la asistencia técnica para mejorar el sistema energético modernizando las redes. En 1995 ofreció construir una central eléctrica de carbón, pero no llegó a materializarse. En 2006, China también ofreció construir una central de carbón, que entró en funcionamiento en 2011. Ese mismo año, se ofreció a India un proyecto de central eléctrica de carbón a través de un acuerdo entre Sri Lanka y la India. El proyecto se enfrentó a la oposición de grupos ecologistas y, finalmente, el movimiento social “Trincomalee Verde” consiguió detener la central de carbón mediante un fallo del Tribunal Supremo en 2016 (véase el recuadro 1).

Recuadro 1. Oposición a las centrales térmicas de carbón

En diciembre de 2006, el Gobierno de Sri Lanka y la empresa india National Thermal Power Corporation (NTPC) firmaron un memorando de entendimiento para construir una central eléctrica de carbón de quinientos megavatios (MW) en Sampoor, en la provincia Oriental. En aquel momento, la zona estaba controlada por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE).

En 2008, tras el resurgimiento de la guerra civil, los LTTE fueron eliminados de la zona, que posteriormente fue demarcada como zona de alta seguridad. No se permitió regresar a las personas desalojadas de sus tierras, que se sintieron aún más angustiadas por el anuncio de que se iba a construir allí una central eléctrica de carbón. Un movimiento social local, “Green Trincomalee”, movilizó apoyo en todo el país, alegando preocupaciones medioambientales y sociales. A pesar de las protestas, India siguió construyendo la central hasta que, finalmente, un fallo del Tribunal Supremo paralizó las obras.

Estos compromisos externos en el sector energético de Sri Lanka, que promueven fuentes de energía no renovables, han contribuido a crear un entorno nacional favorable al bloqueo del carbón, incluida la corrupción. La planta de carbón financiada por China es un ejemplo paradigmático, donde las licitaciones de carbón se han visto continuamente envueltas en acusaciones de corrupción.

Múltiples informes han descubierto que se han malversado ingentes cantidades de dinero (Sunday Times, 17 de enero de 2016, 24 de julio de 2016, 18 de septiembre de 2022; Daily Mirror, 24 de agosto de 2016; Wijedasa, 3 de junio de 2018). Las inversiones en infraestructuras fósiles facilitan el programa de la Junta de Electricidad de Ceilán para seguir dependiendo de los combustibles fósiles, lo que puede retrasar la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono y el despliegue de energías renovables económicamente viables (Theiventhran, 2024). Otro ejemplo reciente de inversiones que refuerzan la dependencia del carbono es la adquisición por parte de China de los derechos para construir una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota. Aunque se afirma que está orientada a la exportación, se prevé que se utilizará para importaciones que profundizarán la dependencia energética de Sri Lanka del petróleo.

El camino de Sri Lanka hacia las energías renovables y sus retos geopolíticos

Sri Lanka se comprometió a reducir las emisiones de carbono en el marco del Acuerdo de París, lo que significa que se enfrenta al reto de realizar la transición hacia las energías renovables. Esta transición hacia un sistema energético más limpio conllevará cambios fundamentales y sistémicos que afectarán la gobernanza, la política, el comercio y la innovación. Sin embargo, Sri Lanka sigue dependiendo, y cada vez más, de formas de energía no renovables basadas en el carbono y tanto la dinámica de poder nacional como la geopolítica energética de India, China y Japón plantean el riesgo de un aumento de la dependencia del carbono y de la vulnerabilidad energética.

Los planes de Sri Lanka para pasar a la energía limpia son política y socialmente complejos. Desde mediados de los años noventa, la demanda energética del país ha ido en aumento. Al maximizar sus fuentes hidroeléctricas, se ha creado una demanda de nuevas fuentes de energía y el Gobierno ha solicitado ayuda externa para desarrollar nuevas fuentes de energía mediante tecnología, recursos y financiación, lo que ha convertido a las energías renovables en un nuevo campo de batalla para las potencias regionales.

En 2021, por ejemplo, una empresa china ganó la licitación para construir una instalación híbrida de energías renovables en las dos islas del norte de Sri Lanka, muy próximas a India. A India no le gustó que una empresa china ganara la licitación, ya que consideraba que permitir que una empresa china construyera una instalación renovable cerca de su territorio suponía una amenaza para la seguridad nacional. Tras un año de batalla, India consiguió que se anulara la licitación y, finalmente, ofreció un préstamo para construir las instalaciones de energías renovables. Este resultado ilustra que el poder de decisión de Sri Lanka en el sector energético, incluida la necesaria transición a las energías renovables, está profundamente enredado en la geopolítica.

Un responsable de la elaboración de políticas que participó en el proceso lo describió de la siguiente manera:

En los últimos diez años hemos perdido la independencia energética y ahora no tenemos soberanía energética. El liderazgo político indeciso y la fluidez de la formulación de políticas basadas en intereses han puesto nuestro futuro energético en manos de actores externos. Aunque, como nación, queremos pasar a las energías renovables, no podemos elegir quién las impulsa. La geopolítica desplegada en torno a los proyectos renovables en las islas del norte indica el poder de la geopolítica, los peligros que presenta y el precedente que sienta para el futuro.1

Si el Estado de Sri Lanka queda al margen, esto es aún más cierto en el caso de las comunidades más afectadas por los proyectos energéticos. En 2022, la empresa india NTPC, en una empresa conjunta con la CEB, acordó construir una central solar de 1300 MW en una zona anteriormente destinada a la central de carbón. Para la población local, desplazada por la guerra, esto significaba que un agente externo les arrebataría sus tierras para impulsar la transición hacia la energía verde, pero sin consultarle ni indemnizarla.

Un activista local dijo:

Las personas desalojadas de sus tierras siguen refugiadas. Siguen sufriendo. Hay que permitirles regresar a su pueblo y a sus tierras. Después de tantas protestas, los gobiernos de India y Sri Lanka siguen sin entender los problemas socioeconómicos y medioambientales. La gente siempre está al final de la protesta en la toma de decisiones y nuestras voces siempre son desoídas.2

Lo que indican estos y otros ejemplos es que la transición a la energía verde se está convirtiendo en un nuevo escenario para la geopolítica, junto a la competencia entre las distintas potencias regionales por las formas tradicionales de energía basadas en el carbono.

La crisis económica de 2022 aumenta la dependencia exterior

La crisis económica de 2022 ha agravado esta competición geopolítica y ha abierto nuevas vías y oportunidades de participación en el sector energético de Sri Lanka. Un responsable político resumió la dificultad de Sri Lanka afirmando simplemente que “cuando hay hambre no hay pan duro”.

En agosto de 2023 se firmaron seis acuerdos energéticos bilaterales durante la visita presidencial de Sri Lanka a India. Los acuerdos abarcaban una serie de iniciativas, como la propuesta de establecer un oleoducto que conectara ambos países, esfuerzos para mejorar la conectividad bilateral de la red eléctrica, incluido un cable submarino, y esfuerzos de colaboración en el campo de las energías renovables.

Se afirmó que Sri Lanka obtendría ventajas de los eficientes métodos de abastecimiento y procesamiento de petróleo de India, que pueden pagarse en rupias, y mitigaría así la crisis de su balanza de pagos. Al mismo tiempo, el acuerdo aumenta la dependencia de Sri Lanka de India, ya que ahora el país compra productos petrolíferos acabados en lugar de crudo. Hasta la fecha, Sri Lanka compraba crudo y lo refinaba localmente, lo que le reportaba enormes beneficios económicos. El nuevo acuerdo significa que Sri Lanka tendrá que cerrar su refinería, comprar subproductos como el queroseno y adquirir diésel y petróleo refinados a un costo mucho mayor. El acuerdo para conectar las redes eléctricas de ambos países mediante un cable submarino también aumenta potencialmente la dependencia, ya que permite a India vender electricidad a Sri Lanka y exportar la energía producida por los proyectos indios de energías renovables en Sri Lanka.

En mayo de 2023, Sri Lanka se vio obligada a abrir su mercado minorista de combustible, hasta entonces dominado por la empresa estatal Ceylon Petroleum Cooperation (CPC) y la Indian Oil Cooperation (IOC), también estatal. Esto abrió la puerta a China, ya que Sri Lanka aprobó un contrato con la empresa china Sinopec para obtener una licencia de veinte años para explotar ciento cincuenta estaciones de servicio e invertir en cincuenta nuevas. La licencia le permite importar combustible sin depender de los bancos nacionales de Sri Lanka ni de India. En colaboración con Shell, la australiana United Petroleum y la estadounidense R.M. Parks también han recibido la aprobación del Gobierno para instalar estaciones de servicio en Sri Lanka. Estos acuerdos, realizados en el contexto de la crisis económica, aumentan la dependencia exterior de Sri Lanka y, en general, prolongan su bloqueo de carbono.

Estados Unidos y otros países entran en la lucha

Aunque Estados Unidos es un país relativamente ajeno al sector energético de Sri Lanka en comparación con India, China y Japón, en 2021 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentó un programa energético para Sri Lanka, que es a la vez una estrategia y un mecanismo de financiación. Pretende “transformar su sector energético en un sistema basado en el mercado, seguro, fiable y sostenible, movilizando inversiones para desplegar tecnologías avanzadas, aumentar la flexibilidad y mejorar la competitividad” (United States Agency for International Development [USAID], 2021). Se trata, pues, de hacer de la energía un bien de mercado.

Ese mismo año, la empresa energética estadounidense New Fortress Energy (NFE) firmó un acuerdo con el Gobierno de Sri Lanka para construir una terminal de gas natural licuado frente a las costas de Colombo. También permitió a NFE comprar la participación del 40 % del tesoro de Sri Lanka en una central eléctrica de 310 MW, que contribuye de forma significativa a la red eléctrica nacional. Este acuerdo se firmó sin el conocimiento de los principales actores políticos, incluido el Parlamento. Hubo una protesta local masiva por el acuerdo, pero fue en vano.

En palabras de un activista sindical que se unió a la protesta contra los acuerdos:

La audacia de firmar un acuerdo sobre un asunto de importancia nacional a medianoche sin siquiera informar al parlamento pone de relieve la naturaleza de la geopolítica y el poder de los actores geopolíticos en los asuntos locales. El Gobierno cedió a la petición de Estados Unidos mientras hablaba de patriotismo a nivel local. El sector energético de Sri Lanka está siendo diseccionado por influyentes actores externos, donde se ha convertido en agua turbia.

Tras la crisis económica, Sri Lanka también ha explorado la energía nuclear. A principios de 2023, India, Estados Unidos y algunos países europeos habían ofrecido construir centrales nucleares en Sri Lanka. En junio de 2023, el país llegó a un acuerdo con la gigante nuclear rusa Rosatom para construir una planta nuclear que podría funcionar con dos reactores y generar 300 MW. Aunque Rusia es un recién llegado al panorama energético de Sri Lanka, actualmente está construyendo la primera central nuclear de Bangladesh: la central nuclear de Rooppur, en la que India también participa, es el primer proyecto nuclear indo-ruso fuera de la India. Se desconoce el papel de India en la central nuclear propuesta para Sri Lanka.

En medio de la lucha geopolítica, Japón −un socio de larga data en el sector energético de Sri Lanka a través de proyectos desarrollados con asistencia financiera y técnica bilateral, como la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)− ha sido dejado de lado. No obstante, el país mantiene su asociación de veinte años con Sri Lanka en materia de política energética, pero se ha unido cada vez más a India en la cooperación trilateral en este ámbito.

Aunque se ha producido una expansión de las energías renovables, no ha sido a expensas del continuo desarrollo de los combustibles fósiles y de la inversión en ellos. En enero de 2021, el Gobierno de Sri Lanka aprobó dos centrales eléctricas de carbón y dos plantas de gas natural licuado, cada una con una capacidad de 300 MW, para un total de 1200 MW. En septiembre de 2021, el presidente de Sri Lanka declaró que el país daría prioridad a la obtención del 70 % de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030, aunque la versión actual del Plan de Expansión de la Generación a Largo Plazo de Sri Lanka (LTGEP), que abarca el periodo 2020-2039, prevé la adición de un 55 % más de capacidad de carbón y petróleo.

La crisis energética de Sri Lanka, desencadenada por la crisis económica, ha renovado las ambiciones del lobby del carbón, que lo ha promocionado como una opción barata y ha fomentado su importación. Los agentes externos siguen interesados en nuevas centrales de carbón, a las que presentan como “ecológicas” y de “carbón limpio”.

Sri Lanka también ha explorado proyectos de gas natural licuado (GNL). En 2017, Sri Lanka e India firmaron un memorando de entendimiento en el que una empresa india debía construir una planta de GNL de 500 MW. El memorando se refería a una empresa conjunta en la que participarían entidades de Sri Lanka, India y Japón −pero el proyecto nunca despegó y Sri Lanka lo aplazó a pesar de la presión india. En agosto de 2022, el Gobierno adjudicó un contrato de GNL al consorcio chino-pakistaní Engro tras un competitivo proceso de licitación internacional. En agosto de 2023, el Sri Lankan Sunday Times informó (Reuters, 18 de mayo de 2016; Colombo Telegraph, 13 de septiembre de 2016) que el Gobierno había revocado el proyecto Engro y tenía previsto ofrecérselo a una empresa india, Petronet LNG Ltd. El GNL es un espacio geopolítico altamente competitivo con muchos actores implicados, conscientes del potencial gasístico sin explotar de la cuenca de Mannar, en la costa occidental de Sri Lanka. En enero de 2023, el ministro de Electricidad y Energía solicitó a empresas de Japón, India y NFE que elaboraran una propuesta conjunta para suministrar, construir y explotar una terminal de GNL.

El cuadro 1 ofrece una visión general de los enredos geopolíticos en el sector energético de Sri Lanka, especialmente en la última década.

Cuadro 1. Cronología de la participación externa en el sector energético de Sri Lanka

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US$)	Estado
2000	Japón	Sojitz Power Station	$104	Planta de diésel de 172 MW, de propiedad privada.
2006	China	Central de carbón de Norocholai	$1350	La planta, de 900 MW, se construyó gracias a un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China.
2006	India	Central eléctrica de carbón de Sampoor	$500	La central, de 500 MW, iba a ser construida y explotada por la National Thermal Power Corporation (India). La sentencia judicial paralizó la construcción por motivos medioambientales tras las protestas (véase el recuadro 1) (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2007	EE. UU., Alemania y otros	Central eléctrica de petróleo de Yugadanavi	$300	La planta de 300 MW recibió el apoyo de agencias de crédito a la exportación de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia y Austria.
2010	EE. UU.	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka	N/D	USAID financió el estudio de prefactibilidad.
2016	India	Grupo de trabajo conjunto sobre “Cooperación en el sector energético entre India y Sri Lanka”		India puso en marcha un grupo de trabajo conjunto para trabajar en la cooperación energética India-Sri Lanka.
2017	India y Japón	Construcción de una planta de GNL		India, Japón y Sri Lanka firmaron un acuerdo tripartito para incorporar el GNL al mix energético.
2018	China	Planta de GNL en el interior del puerto de Hambantota	$500	China se adjudicó la construcción de la primera planta de GNL dentro del puerto controlado por China (South China Morning Post, 5 de mayo de 2018).
2021	EE. UU.	Planta de GNL de Yugadanavi	N/D	El Gobierno y la empresa estadounidense New Fortress Energy, que adquiere el 40 % de la central petrolífera de Yugadanavi, firman un acuerdo sobre 300 MW de GNL. Tras fuertes protestas públicas, aún no se ha puesto en marcha (EconomyNext, 23 de septiembre de 2021).
2021	China	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	$12	El Gobierno de Sri Lanka anuló la licitación concedida a empresas chinas debido a las protestas de India (Chaudhury, 6 de agosto de 2023) .

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US$)	Estado
2022	India	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	$11	Subvención de la India a condición de que la licitación se adjudique a la empresa india (Chaudhury, 6 de agosto de 2023).
2022	India	Planta solar Sampoor	$115	Indian National Thermal Power Corporation fue autorizada a construir un parque solar de 135 MW en los terrenos anteriormente asignados a la central de carbón (Srinivasan, 12 de marzo de 2022).
2022	India	Desarrollo de los depósitos de petróleo de Trincomalee	N/D	India desarrollará conjuntamente las instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo y tendrá acceso al puerto estratégico de Trincomalee (Wijedasa, 19 de junio de 2022).
2022	India	Proyecto de energía eólica en Mannar y Pooneryn	$750	La empresa india Adani Group se adjudicó la licitación a petición del Gobierno indio (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2022	China y Pakistán	Suministro de GNL y red de gasoductos	N/D	El consorcio chino-pakistaní Engro ganó la licitación para suministrar GNL a Sri Lanka. India protestó enérgicamente y en agosto de 2023 se canceló (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2023	India	Suministro de GNL y red de gasoductos		La licitación se adjudicó a Petronet LNG Ltd of India (Farzan, 15 de agosto de 2023).
2023	India y Omán	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	$3850	India y Omán se adjudicaron la licitación en 2019, pero el proyecto se estancó. El Gobierno canceló el proyecto en 2023 (Reuters, 27 de noviembre de 2023).
2023	China	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	$4500	La empresa china Sinopac se adjudica la construcción de una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota en régimen de arrendamiento de noventa y nueve años (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	China, EE. UU. y Australia	Arrendamiento de estaciones de servicio		Se ha autorizado a tres petroleras de China, Estados Unidos y Australia a arrendar 150 estaciones de servicio para que cada una de ellas opere en el mercado local. Indian Oil Corporation ya posee y explota 211 estaciones de servicio en Sri Lanka (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	India	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka		Sri Lanka e India acuerdan construir una interconexión eléctrica transfronteriza (Samant, 9 de agosto de 2023).

En este contexto, es esencial evaluar el impacto de la participación y la financiación externas en las ambiciones de transición energética de Sri Lanka, que se ha fijado como objetivo alcanzar el 70 % de energías renovables en la generación de electricidad de aquí a 2030. Sin embargo, dadas las condiciones económicas imperantes, Sri Lanka no podrá cumplir sus compromisos climáticos. Cuatro razones han frenado especialmente la transición a las energías renovables.

En primer lugar, debido a la crisis, los proyectos locales de energías renovables no han despegado. Segundo, la crisis ha acentuado la dependencia de los combustibles fósiles y las nuevas infraestructuras energéticas también se inclinan en esa dirección. Tercero, los proyectos indios de energías renovables van acompañados de transmisión transfronteriza, lo que significa que la energía renovable generada por empresas indias en Sri Lanka puede destinarse principalmente al consumo indio. En cuarto lugar, Sri Lanka ha perdido gradualmente su soberanía energética al privatizar y permitir que las fuerzas del mercado decidan los precios de la energía. Todo ello ha socavado el principio básico de “energía asequible para todos”.

Conclusiones de la experiencia de Sri Lanka

El proceso de transición energética en Sri Lanka se ha caracterizado por un enfoque relativamente moderado e ineficaz que exige acciones más decisivas. Su transición hacia las energías renovables se ha visto empantanada por la pandemia y la crisis económica, cuando la atención volvió a centrarse en garantizar la suficiencia energética en lugar de la transición energética. Las desfavorables condiciones económicas minaron la posibilidad de adopción de energías renovables y facilitaron la continuación de los bloqueos de carbono.

Como muestra el gráfico 1, la transición de Sri Lanka a las energías renovables ha sido lenta, lo que también puede atribuirse a la debilidad de las instituciones y a la incapacidad de integrar las políticas y los marcos en una política nacional más global, lo que ha permitido depender en exceso de actores externos y del juego de poder geopolítico. La crisis económica ha acentuado el poder de estos intereses geoestratégicos y ha permitido a los actores geopolíticos dictar el futuro energético del país.

La transformación de la economía política de Sri Lanka tras la liberalización ha hecho que el Estado deje de controlar el capital privado, lo que ha debilitado las instituciones estatales y ha limitado las finanzas públicas. Como consecuencia, la dinámica de la relación entre el Estado y el sector privado en Sri Lanka se ha reconfigurado y, de esta manera, ha facilitado el resurgimiento de la influencia geopolítica en el sector energético del país.

Estos factores han dado lugar a un Estado caracterizado por una transición energética fallida, en la que el proceso de descarbonización se disocia cada vez más de las consideraciones de seguridad energética y obstaculiza, así, el avance hacia la justicia social y limita su alcance. El carbón, por ejemplo, sigue recibiendo apoyo a pesar de ser el combustible más contaminante. A pesar de la urgente necesidad de avanzar hacia un mundo poscarbono ante la crisis climática, en Sri Lanka predominan los intereses geopolíticos sobre el clima y el medio ambiente.

La feroz competencia por los proyectos de infraestructuras energéticas en Sri Lanka demuestra que la geopolítica de la energía desempeña un papel cada vez más importante en la configuración de la política energética, las disposiciones y las transiciones en países similares. La influencia de las potencias tradicionales (antiguos donantes, es decir, los países de la OCDE) está disminuyendo y están surgiendo nuevas potencias para ocupar su lugar. Se había previsto que el desarrollo de fuentes de energía renovables redujera la geopolítica de la energía, creara energía renovable asequible y disponible para los países del sur global y, en última instancia, ayudara a estas naciones a cumplir sus objetivos climáticos. Sin embargo, en Sri Lanka no ha sido así.

Una crítica frecuente a la cooperación norte-sur es que conduce al neocolonialismo porque no se basa en asociaciones equitativas. Esto se debe principalmente a que los países del norte global dan prioridad a la extracción de recursos del sur global, en lugar de centrarse en añadir valor socioeconómico a estos países ricos en recursos. La situación de Sri Lanka demuestra que esta dinámica también se aplica a la cooperación sur-sur. La situación actual se caracteriza por el auge de una forma de neocolonialismo chino, así como por un neocolonialismo impulsado por las aspiraciones indias de hegemonía regional. El enfoque inversor chino, basado en la política de “no injerencia en los asuntos locales”, se ha vuelto atractivo para muchos países del sur global, mientras que el enfoque inversor estadounidense siempre se ha conocido como “con condiciones”.

China e India se están posicionando como líderes del sur global capaces de proporcionar conocimientos, financiación y tecnología para ayudar a otros países en sus transiciones energéticas. Esto tiene su base en un trasfondo histórico de intercambio cultural y en los conceptos de unidad sur-sur y poscolonial, así como en los argumentos de que China e India están subsanando las deficiencias infraestructurales de países como Sri Lanka. Sin embargo, a medida que estos dos países asiáticos amplían su influencia económica y política, es importante señalar que también buscan materias primas, mercados y ventajas geopolíticas fuera de sus propios territorios.

El caso de Sri Lanka ilustra también que actores externos han construido allí sus propias infraestructuras energéticas. India y China han obtenido licencias para construir refinerías de petróleo y varios actores externos poseen y explotan ahora estaciones de servicio. India ha ganado licitaciones para construir y explotar plantas de energías renovables, incluidos planes para exportar electricidad a India. Se trata de una nueva forma de hegemonía. No se trata solo de comerciar con materias primas, poseer industrias o controlar mercados, sino también de infraestructuras físicas mucho más permanentes y consecuentes en términos de soberanía nacional.

Una última conclusión es que las infraestructuras energéticas tienen un poder y una influencia considerables en la economía política y nacional, y proporcionan el espacio tanto para facilitar las ambiciones hegemónicas de los actores geopolíticos como para ejercer un control considerable y actúan así de contrapeso a los actores competidores. La reactivación económica de Sri Lanka se ve socavada aún más por las acciones de los actores externos a corto y largo plazo. Cuando las infraestructuras energéticas son de propiedad local tienen una enorme ventaja financiera a largo plazo, como demuestran las centrales hidroeléctricas de Sri Lanka. Las infraestructuras energéticas emergentes, controladas desde el exterior, erosionarán gradualmente la independencia energética y tomarán el control de la arquitectura energética local. La crisis económica ha puesto en peligro los deseos de los ciudadanos y no ha habido consultas públicas sobre las próximas infraestructuras y políticas energéticas. Es una cuestión de justicia y equidad.

Reflexiones finales

El caso de Sri Lanka va más allá de la concepción convencional de la geopolítica energética, en la que la energía se considera una herramienta para el compromiso y el comercio, ya que ha permitido a los actores geopolíticos hacerse con el control territorial geoestratégico y la influencia sobre toda la isla. Sri Lanka está comprometida y necesita hacer la transición hacia una energía más ecológica, pero el país también es un campo competitivo para las potencias geopolíticas que presionan para conseguir distintos tipos de proyectos energéticos y/o infraestructuras, y para hacerse con el control territorial en la Sri Lanka geoestratégica. Estos actores geopolíticos no solo presionan a favor de las energías no renovables, sino que los enfrentamientos entre titanes regionales también obstaculizan la transición energética de Sri Lanka. La crisis económica es una coyuntura crítica en la (geo)política energética que pone de manifiesto la vulnerabilidad de Sri Lanka y su limitada influencia frente a las grandes potencias, como demuestran claramente las incursiones de India desde la crisis económica.

NOTAS.

1 Entrevista realizada por Theiventhran en octubre de 2023.

2 Entrevistas realizadas por Theiventhran en enero de 2020.

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Gz. MeeNilankco Theiventhran es estudiante de doctorado del Departamento de Sociología y Geografía Humana y director de la cátedra del programa de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Oslo. Su investigación se centra en las transiciones energéticas en el sur global. Además es geógrafo político, especializado en geopolítica, la sociedades de posguerra y la democratización en Asia Meridional.

Kristian Stokke es catedrática del Departamento de Sociología
y Geografía Humana de la Universidad de Oslo. También es presidenta del directorio del Comité Noruego de Birmania. Investiga el papel de los movimientos sociales en la democratización y la resolución de conflictos, específicamente en Birmania/Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Nepal y Sudáfrica.

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by Susana Fernández Herrero

Empresas petroleras administradas por el Estado y la transición energética: el caso de Ecopetrol en Colombia

Empresas petroleras administradas por el Estado y la transición energética

El caso de Ecopetrol en Colombia

Daniel Chávez y Lala Peñaranda

Traducción al español: Nuria del Viso

En la reunión del Foro Económico Mundial (FEM) de 2024, en Davos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró el compromiso de no aprobar nuevos contratos de exploración de combustibles fósiles. “Colombia […] ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla”, dijo el presidente a una élite empresarial y política (Monsalve, 19 de enero de 2024).

Un año antes, su mensaje durante su primera reunión del FEM fue aún más contundente:

Nos acercamos al punto de no retorno, y el punto de no retorno significa la extinción de la vida. O la humanidad se extingue con el capitalismo o la humanidad supera el capitalismo para poder vivir en el planeta. ¿Por qué no cambiar la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción por el clima de modo de liberar los re- cursos presupuestarios para llevar a cabo la adaptación y mitigación?

¿Por qué no devaluar la deuda mundial, lo cual también significa un cambio en el sistema de poder? (Torrado, 18 de enero de 2023).

“Estos temas que abordaría un capitalismo descarbonizado hoy no están en la discusión”, declaró Petro, resumiendo los retos que afrontan los países del sur global endeudados y dependientes de las exportaciones, en el contexto de una crisis climática que tendrá un impacto desproporcionado en los Estados productores de petróleo.

La transformación de la industria de combustibles fósiles de Colombia es uno de los principales aspectos de los planes ambiciosos de transición energética del Gobierno liderado por un exguerrillero y una feminista, antirracista y activista ambiental −el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, respectivamente−, pero los obstáculos que deben superar son muchos, diversos y complejos.

El ritmo y la magnitud de la transición energética han sido objeto de acalorados debates en el nuevo Gobierno colombiano y en el discurso público. Poco después de la asunción del Gobierno en agosto de 2022, otros funcionarios anunciaron la intención de transformar drástica y rápidamente el sector de los hidrocarburos. La entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, una académica con trayectoria en el movimiento ambiental, afirmó en el Foro Económico Mundial que Colombia se alejaría rápidamente de los combustibles fósiles:

Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático (Taylor, 20 de enero de 2023).

En marzo de 2023, el entonces director ejecutivo de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, advirtió que los cambios para lograr una transición energética debían ser medidos y graduales. Felipe Bayón dijo al Financial Times: “No hay ninguna sustitución que se pueda lograr simplemente al apretar un interruptor para apagar una cosa y encender otra” (Daniels, 21 de marzo de 2023). Añadió que “llevará mucho tiempo, esfuerzo y dinero asegurar que otras industrias ocupen su lugar”. En el mismo sentido, también había dicho en Davos que Ecopetrol tenía una estrategia gradual de veinte años: “El país necesitará la explotación de hidrocarburos que realiza la compañía. Ecopetrol puede ser el 10 % del presupuesto de Colombia. El país sigue necesitando los fondos a través de dividendos, regalías e impuestos” (Reynoso, 27 de enero de 2023).

El compromiso de detener los proyectos de petróleo y gas había sido parte de la campaña electoral de Petro y Márquez, pero no todos los miembros de su gabinete estaban de acuerdo. José Antonio Ocampo −el primer ministro de Hacienda del Gobierno progresista y reconocido economista y ex secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)− había advertido que el Gobierno de Petro analizaría los 180 contratos existentes antes de decidir qué hacer a continuación. “Toda transición energética que reduzca las exportaciones tendría que ser gradual y priorizar la autosuficiencia del gas” (Daniels, 20 de noviembre de 2022), declaró Ocampo al Financial Times.

El presente capítulo se centra en Colombia como un caso de estudio pertinente para una agenda de investigación más amplia. Aborda el papel del Estado en la transición energética en relación con el sistema económico y financiero mundial, así como la importancia de las empresas nacionales de petróleo y gas en los debates actuales sobre soberanía energética en el contexto del cambio climático. La primera sección analiza la importancia actual de la producción de hidrocarburos y las perspectivas de las empresas de gestión estatal en América Latina y el mundo. El capítulo luego pasa a analizar los problemas y las tensiones en torno a las discusiones sobre la transformación de Ecopetrol y culmina en una síntesis de las discusiones de política y en materia de políticas que se están dando en Colombia y que podrían ser importantes para la investigación y las campañas futuras en otros países de América Latina y el mundo.

La pertinencia y la transformación de las empresas petroleras administradas por el Estado

En los meses anteriores a la COP sobre cambio climático de 2022, el semanario político y empresarial The Economist (25 de julio de 2022) publicó un artículo titulado: “State-run oil giants will make or break the energy transition”. Las empresas nacionales de petróleo y gas poseen en conjunto el 66 % del petróleo y el 58 % del gas del mundo (International Energy Agency [IEA], 2020) y proporcionan alrededor del 40 % del capital invertido en estos sectores (Manley y Heller, 2021). El título aludía al historial deficiente de descarbonización de las empresas estatales. No obstante, The Economist reconoció que Ecopetrol contrarrestó esta tendencia y que la empresa colombiana “participa en proyectos de energía eólica y solar, y recientemente adquirió una empresa de transmisión de electricidad”.

La resiliencia y el enorme poder económico y político de la industria de petróleo y gas han sido el foco de muchas publicaciones periodísticas y académicas recientes. Un artículo de la revista Nature demuestra cómo el gasto en clima sigue siendo insuficiente, mientras que nueve de las mayores empresas petroleras obtuvieron ganancias por 457.000 millones de dólares en 2022 (Sanderson, 15 de mayo de 2023), el equivalente a una sexta parte de la inversión anual necesaria para cumplir los compromisos climáticos de los gobiernos. Tres de estas nueve empresas son de propiedad o control estatal (Aramco, de Arabia Saudita; Equinor, de Noruega, y PetroChina, de China) y seis son principalmente propiedad de accionistas privados (ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, TotalEnergies y ConocoPhillips).

Ecopetrol y otras empresas públicas operan en un contexto regional en el cual la producción de hidrocarburos atraviesa transformaciones rápidas y profundas. Según evaluaciones recientes, la extracción de petróleo y gas en América Latina y el Caribe ha experimentado cambios “tectónicos” y “probablemente irreversibles” en los últimos diez años (Cárdenas y Rivera Rivota, 21 de febrero de 2023). La producción cayó de 10,4 millones de barriles de petróleo al día (mb/d) en 2010 a 7,8 millones en 2022; el porcentaje de la región en el mercado mundial cayó de 12 % a 9 % en el mismo período, y los dos países tradicionalmente exportadores de hidro- carburos, México y Venezuela, muestran señales de declive en sus industrias petroleras (bp, 2022). Brasil se ha reposicionado como el octavo mayor productor de petróleo del mundo. Guyana, un país pequeño y poco poblado, actualmente desafía la supremacía de los productores tradicionales de la región y se ha convertido en una de las economías de crecimiento más rápido del mundo. Argentina, Colombia y Ecuador afrontan un estancamiento o disminución de su producción petrolera.

Como se mencionará en más detalle a continuación, la propiedad mayoritaria del Estado de las acciones de Ecopetrol es un factor determinante en las perspectivas de transformación de la empresa colombiana. En la región resurgió el fantasma de la privatización de la industria del petróleo y la energía cuando el presidente reciente- mente electo de Argentina, Javier Milei, un libertario de ultraderecha, propuso la privatización de cuarenta y un empresas públicas, incluidas centrales de energía nuclear, la agencia de infraestructura energética e YPF, la empresa nacional de petróleo. En enero de 2024, ante una fuerte oposición social y política, Milei se vio obligado a dar marcha atrás en sus planes de privatización del petróleo y el gas (Kennedy, 22 de enero de 2024).

Independientemente de su estructura de propiedad, las empresas de petróleo y gas determinan en gran medida las emisiones mundiales y el acceso a la energía. Por su parte, las empresas privadas son menos responsables que las empresas nacionales de petróleo y gas, y resultan mucho más difíciles de transformar. Las empresas transnacionales privadas que están activas en el sector del petróleo y el gas han sido propulsadas por un sistema complejo de subsidios gubernamentales nacionales e internacionales que asegura la privatización de los beneficios de la producción de gas y petróleo, mientras socializa sus costos económicos, ambientales y sociales. Como han sostenido dos activistas y académicos:

La propiedad pública en sí misma no garantiza que reemplazaremos por completo el gas y el petróleo con energía renovable a tiempo para impedir los peores impactos de la crisis climática […], pero no promovemos la propiedad pública porque se trate de una solución mágica, sino que la promovemos porque es nuestra única oportunidad. Las matemáticas de las ganancias son tan claras como las del clima: las empresas existen para generar lucro y enriquecer a sus accionistas, y para ello deben crear su producto. El activismo de los accionistas solo puede enlentecer o atenuar el ritmo en el cual las empresas persiguen este mandato básico. “Las soluciones basadas en el mercado” en este caso son una contradicción: el mercado es el problema (Bozuwa y Táiwò, 7 de junio de 2021).

Los mismos analistas afirman que la propiedad pública posibilitaría “desmantelar una industria recalcitrante a tiempo para impedir el desastre climático” y ofrecería “una oportunidad para construir algo mejor en su lugar”. Desde un punto de vista similar y en oposición a la afirmación de que las empresas nacionales de gas y petróleo naturalmente impiden la transición energética justa, un creciente número de sindicatos, organizaciones ambientalistas y centros de investigación señalan que la causa profunda de la tendencia mundial de expansión energética es la consecución de crecimiento infinito y acumulación capitalista, y no la transición (Sweeney, Chavez y Treat, 2022). En cambio, el enfoque público alternativo identifica a empresas estatales o controladas por el Estado como actores estratégicos en limitar el cambio climático y evitar sus peores impactos (Trade Unions for Energy Democracy [TUED], 2023).

La reinvención de Ecopetrol como empresa de energía

En los años veinte, la empresa estadounidense Tropical Oil Company (Troco) obtuvo el derecho de explotar petróleo en Colombia tras asumir el control de la mal reputada Concesión de Mares. La empresa privada dominaba la exploración, producción, refinación, transporte, distribución nacional y exportación de petróleo en el país durante la primera mitad del siglo xx. Tras decenios de debates políticos y luchas sindicalistas para exigir la nacionalización del sector de los hidrocarburos, la reversión de la Concesión de Mares al Estado colombiano dio lugar a la fundación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol (Ecopetrol, 30 de abril de 2020).

En 1961, Ecopetrol adquirió la refinería de Barrancabermeja y, trece años más tarde, compró la refinería Cartagena (actualmente la primera y segunda refinerías del país, respectivamente). En 1970, Ecopetrol adoptó su primer estatuto orgánico, que ratificó su carácter de empresa completamente estatal vinculada al Ministerio de Minas y Energía. A partir de septiembre de 1983 Ecopetrol aumentó la escala de su producción de petróleo tras el descubrimiento de Caño Limón, un yacimiento con reservas estimadas en 1100 millones de barriles.

En 1986, Colombia se convirtió nuevamente en exportadora de petróleo y amplió su autosuficiencia en los años noventa, tras el descubrimiento de los yacimientos Cusiana y Cupiagua.

La producción de petróleo en Colombia alcanzó su punto máximo en 2014, con 1040 kb/d1 y durante los últimos diez años ha descendido a pesar de nuevos y prometedores descubrimientos cerca de la costa (Cárdenas y Rivera Rivota, 21 de febrero de 2023), que llevará mucho tiempo desarrollar. A pesar de la disminución de la producción, el petróleo, el gas y la minería representan más de la mitad de las exportaciones del país. Ecopetrol es la cuarta empresa petrolera más grande de América Latina y la principal exportadora de Colombia. Representa alrededor del 30 % de las exportaciones del país y brinda una fuente vital de ganancias de divisas extranjeras a una economía afectada por constantes déficits fiscales y por cuenta corriente. Los planes de inversión de la empresa en 2024 oscilan entre los 5700 millones y los 6700 millones de dólares, aumentando la producción a 730 kb/d y operando 360 pozos de desarrollo y quince pozos exploratorios.

La importancia de Ecopetrol en la economía colombiana

La verdadera importancia de Ecopetrol y el perfil general de Colombia como país dependiente del extractivismo queda en evidencia a partir de sus datos de exportación. Más de la mitad de las ventas extranjeras del país están en manos de dieciséis empresas, la mayoría de las cuales operan en los sectores de hidrocarburos y minería (Sánchez, 24 de junio de 2023). Las diez principales empresas están encabezadas por Ecopetrol, seguidas de las empresas mineras Drummond y Carbones del Cerrejón (ambas productoras de carbón). Seis de las siete restantes operan en las industrias extractivas: Cerrejón Zona Norte (carbón), Trafigura Petroleum (petróleo), Frontera Energy (petróleo), Reficar (petroquímicos), Cerro Matoso (níquel) y Terpel (petroquímicos). A pesar de la reputación de Colombia como un país productor de café, la Federación Nacional de Cafeteros ocupa el octavo lugar.

Ecopetrol representa alrededor del 65 % del petróleo del país y el 80 % de su producción de gas; el 60 % de los barriles de petróleo extraídos son producidos por la empresa estatal, y las refinerías de Reficar y Barrancabermeja son abastecidas por la empresa nacional de gas y petróleo. Habida cuenta de su importancia en la economía nacional −alrededor de cien mil puestos de trabajo dependen de Ecopetrol− y de que la empresa representa más del 6 % del PIB, el principal sindicato de trabajadores petroleros ha expresado preocupación sobre las perspectivas a largo plazo de la industria si se registra una disminución de la producción de gas y petróleo:

Resulta imperativo mantener la producción de petróleo y gas para garantizar el suministro a refinerías para producir diésel y gasolina para el mercado nacional. Reducir considerablemente las inversiones en la producción y exploración pondría en peligro la continuidad de Ecopetrol, aumentaría el riesgo de escasez y socavaría la seguridad energética nacional. El país cuenta actualmente con reservas de petróleo por 7,1 años y reservas de gas por 7,5 años. Por lo tanto, cualquier disminución de las inversiones para sostener la producción acortaría este lapso de tiempo (Unión Sindical Obrera [USO], 23 de octubre de 2023).

¿Una transición fuera del petróleo?

Las aparentes contradicciones en el discurso de los funcionarios gubernamentales de Colombia, los directivos de Ecopetrol y los sindicalistas con respecto a la velocidad y la ambición de la descarbonización reflejan la complejidad de la transición propuesta. Los sindicatos colombianos tienen una larga tradición de debate interno y la coalición actual del Gobierno abarca diversos partidos políticos, por lo que necesitan tiempo para llegar a una posición relativamente coherente. No obstante, las fuerzas progresistas colombianas parecen estar de acuerdo en el modo de alejarse de los combustibles fósiles, que puede resumirse con los siguientes puntos.

1) se mantendrán los contratos de exploración vigentes;

2) continuará la explotación de los yacimientos comprobados;

3) no se otorgarán nuevos contratos de exploración;

4) Ecopetrol diversificará su cartera para incluir tecnologías de bajas emisiones y fuentes de energía renovable. Y más recientemente,

5) Colombia podría necesitar importar de Venezuela, un país vecino, para asegurar su suficiencia energética durante la transición.

Los planes del Gobierno de transformar Ecopetrol en una empresa que abandone la extracción de hidrocarburos han suscitado la preocupación de los trabajadores petroleros. La Unión Sindical Obrera (USO) tiene una cultura interna rica y dinámica de debate político en sus diversas corrientes ideológicas y varía de posiciones y enfoques con respecto a la transición energética justa. Los afiliados a la USO votaron abrumadoramente a Petro y Francia, y se organiza- ron para garantizar su victoria. A pesar de ello, los sindicalistas han expresado preocupación sobre el ritmo de la transición propuesta y la cancelación de nuevos contratos de exploración, al afirmar que Ecopetrol podría correr el riesgo de desinversión y el país podría quedar expuesto a la dependencia energética. En una declaración de octubre de 2023, el sindicato comentó sobre los recortes propuestos por Ecopetrol:

Las recientes decisiones de las Vicepresidencias Ejecutivas […] de Ecopetrol, de recortar el presupuesto de inversión […] ponen en riesgo la continuidad del negocio principal. […] Esta decisión además tiene una fuerte incidencia en las finanzas públicas porque Ecopetrol aporta en promedio $20 billones anuales para el financiamiento del Estado entre dividendos, impuestos y regalías que paga a la nación. […] Así las cosas, en el año 2026 estaremos produciendo 472 mil barriles diarios que solamente permitirá mantener las cargas de las dos refinerías y no tendremos ingresos por exportaciones. La reducción de las inversiones de Ecopetrol traerá como consecuencia la contracción del sector petrolero en general dado que otras compañías del sector tienen como insumo principal para sus presupuestos el valor de las inversiones que ejecuta Ecopetrol. Si esta declina, cae la inversión en el sector causando un efecto dominó (USO, 23 de octubre de 2023).

En respuesta a las preocupaciones del sindicato y las críticas de los círculos políticos y empresariales, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha reiterado que el futuro de la empresa no se verá afectado por los planes de transición energética anunciados por el Gobierno. “Nunca hemos dicho que vamos a terminar el negocio tradicional” (Griffin, 24 de octubre de 2023), afirmó Roa en un reciente foro de negocios. “La industria del petróleo y gas en Colombia no desaparecerá”, añadió, y explicó que invertir fondos derivados de la extracción de combustibles fósiles sería clave para financiar la transición hacia la energía renovable. El actual ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dio una respuesta similar en una entrevista a un periódico español, en la que se le preguntó si el ministerio aprobaría más contratos para la exploración de petróleo y carbón:

Tenemos una política de desarrollar la exploración energética en clave de transición energética. No es que no vayamos a hacer más, sino que estamos dando pasos a nuevos contratos de explotación de geotermia, hidrógeno blanco y otro tipo de energéticos. Vamos a ir desarrollando nuevos contratos en clave de transición. Desde el primer día que llegué lo mencioné: la transición es con los hidrocarburos. […] Vamos a tener un tiempo en el que vamos a necesitarlos, incluso en los horizontes 2040, 2050. Si no hay sustitutos para la industria petroquímica vamos a seguir requiriendo hidrocarburos. La idea es que la dependencia vaya disminuyendo (Quesada, 26 de septiembre de 2023).

El reto de diversificar Ecopetrol

Dos años antes de que Petro y Francia asumieran el gobierno, Ecopetrol ya había publicitado un plan de descarbonización para alcanzar emisiones de gases de efecto invernadero cero neto para 2050, que incluía medidas concretas para abandonar el uso de petróleo y gas. El tiempo se acaba: Colombia solo tiene suministros de hidrocarburos por 7,5 años más. Si Ecopetrol u otras empresas que operan en el país no desarrollan un nuevo yacimiento antes de ese periodo, el país tendrá que importar petróleo para satisfacer sus necesidades. Según las proyecciones de oferta y demanda de energía para 2050, Colombia seguirá necesitando gas, gasolina y diésel, por lo que si Ecopetrol no puede satisfacer las demandas del mercado interno, deberá importar de los países del golfo Pérsico o de otras partes del mundo donde se sigan extrayendo combustibles fósiles.

Más del 40 % de los gastos que Ecopetrol tiene planificados para 2024 están relacionados con la transición energética (Reuters, 1 de diciembre de 2023). Los planes de negocios de la empresa destacan el objetivo de diversificar las actividades para ampliar el sector de la energía (Ecopetrol, 2022), al expandirse a ámbitos diferentes de los hidrocarburos. Los gastos de capital previstos (CAPEX), que son un buen indicador del verdadero compromiso con la diversificación, incluyen inversiones concretas en ISA, una empresa colombiana activa en la transmisión de electricidad, carreteras y telecomunicaciones en América Latina, que Ecopetrol adquirió en agosto de 2021, y por la cual pagó 3580 millones de dólares por el 51,4 % de las acciones (Reuters, 11 de agosto de 2021). Según analistas financieros:

La decisión de comprar acciones de ISA se dio en un momento en que los planes estratégicos oficiales de Ecopetrol no incluían los CAPEX de diversificar la producción energética, más allá de la producción de petróleo y el gas. La compra fue una respuesta a las oportunidades de mercado específicas fuera del petróleo y del gas, donde se evalúan las nuevas oportunidades de negocios caso a caso. Al adoptar esta medida, Ecopetrol demostró su fuerte liderazgo como empresa nacional de petróleo y gas de América Latina en cuanto a las estrategias para diversificar sus actividades principales (Strambo y Arond, 23 de noviembre de 2023).

El papel más amplio de Ecopetrol en el sector de la energía sería crucial, dado que aunque se lleven a cabo planes más ambiciosos para la descarbonización de la generación de energía, el país probablemente seguirá dependiendo de los combustibles fósiles durante decenios para satisfacer la demanda de electricidad. Un académico de la Universidad Javeriana sostiene que:

Para que Colombia logre electrificar, cumpliendo las metas de una transición energética justa, debe llevar una capacidad instalada de 120 gigavatios. El país está llegando en este momento a 20 gigavatios de capacidad instalada. Por eso la estrategia de reducir de manera relevante la participación de los fósiles en la matriz no se puede hacer de un momento a otro. Los fósiles deben apalancar esa transición (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Un estudio reciente sobre los retos de la transición en Colombia concluye que la demanda total de electricidad en 2021 fue de 67 TWh (teravatios hora) (Thema y Roa García, 2023). Si todos los combustibles fósiles fueran reemplazados por electricidad de aquí a 2036, el consumo de electricidad aumentaría otros 160 TWh. En un escenario en el que el sector del transporte se abastece exclusivamente de biocombustibles, la demanda de electricidad sería 73 TWh inferior, pero la producción de biocombustible a esa escala no es para nada realista y puede tener costos sociales y ambientales negativos.

El Gobierno colombiano ha publicitado la “Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa” (Ministerio de Minas y Energía, 2023). Este documento sistematiza un proceso nacional de consulta ciudadana en el cual se acordó que la transformación del sistema energético de Colombia debería basarse en cuatro principios: equidad; gradualidad, soberanía y confiabilidad; participación social vinculante, y una transición intensiva en conocimientos. En febrero de 2022, Ecopetrol presentó su visión estratégica para 2040 y sus objetivos operativos y financieros para 2022-2024. El plan de largo plazo, “Es trategia 2040: Energía que transforma”, está destinado a responder de manera amplia a los retos actuales ambientales, sociales y de gobernanza (Ecopetrol, 2022). Un año y medio más tarde, la empresa actualizó ese plan y proclamó su objetivo de convertirse en “líder en América de la diversificación de energía”, invirtiendo en “hidrocarburos, soluciones de bajas emisiones y transmisión, carreteras y telecomunicaciones”. Además, reiteró su voluntad de contribuir a una transición energética justa y su “compromiso con la seguridad energética, el medio ambiente y la contribución a la sociedad”.

En noviembre de 2022, Ecopetrol confirmó la suspensión de sus proyectos de fracturación hidráulica y la cancelación de los acuerdos con Exxon Mobil. Tras años de intensos debates internos, los miembros de la USO llegaron a un acuerdo en una votación de la Asamblea Nacional de Delegados celebrada en 2019 (con setenta y siete votos a favor, cinco en contra y veintidós abstenciones) para rechazar el uso de la fracturación hidráulica y exigir que el Gobierno acelerara la transición de Ecopetrol para convertirse en una empresa de energía centrada en las energías renovables. La suspensión de la fracturación hidráulica ha sido una promesa de campaña de la coalición de izquierda Pacto Histórico y una demanda principal de los activistas sociales y ambientales durante el paro nacional: una serie de protestas que sacudieron a Colombia en la primera mitad de 2021 y que incluyeron manifestaciones callejeras multitudinarias contra la violencia policial, la corrupción y los recortes a los servicios de salud y otros servicios públicos propuestos por el entonces presidente de derecha Iván Duque.

En el contexto de su Estrategia 2040, la empresa tiene un plan ambicioso de producir hidrógeno “verde”, amoníaco “verde” y metanol, que se prevé generará ganancias de entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares de aquí a 2040. En septiembre de 2023, el presidente de Ecopetrol anunció que de aquí a 2030 incorporarían alrededor de 1900 megavatios de fuentes de energía renovable no convencional y para 2050 de 3 a 5 nuevos gigavatios de energía renovable. Esa es la meta y aspiración de Ecopetrol en la transición energética (Campos y Acosta, 12 de septiembre de 2023).

No obstante, para que Ecopetrol pueda ampliarse al sector de la electricidad, deberá cambiar de marco jurídico. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2025 aprobado a comienzos del actual Gobierno establece las bases para que Ecopetrol se convierta en una empresa de energía integral, mediante la derogación de artículos clave de legislación anterior a través de los cuales se obligaba a la desagrega- ción de la empresa y se evitaba el funcionamiento de empresas de energía de integración vertical.

Los retos de la democratización

La referencia a Ecopetrol como empresa administrada por el Estado, pero que no es propiedad del Estado, en el título del presente capítulo, no es fortuita. Durante cuarenta años, diversos Gobiernos han intentado privatizar y debilitar a Ecopetrol y a otras empresas públicas, en detrimento del desarrollo económico y social y la soberanía nacional. Las políticas de saqueo se volvieron más intensas en los años noventa, con varias olas de liberalización económica que agravaron las desigualdades sociales y la continuación del conflicto armado, pero las luchas de los trabajadores impidieron la privatización de Ecopetrol (Escobar, 3 de agosto de 2020).

Desde mediados de los años sesenta, Colombia ha atravesado una denominada “guerra asimétrica de baja intensidad”, en la cual las fuerzas armadas del país, las guerrillas de izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha y el crimen organizado estuvieron directamente involucrados, y el Gobierno de Estados Unidos y grandes empresas colombianas y transnacionales participaron en forma más o menos encubierta. En ese contexto, el distanciamiento de las políticas de Ecopetrol de las necesidades sociales de las clases trabajadoras provocó la militarización de la empresa y su control se disputó entre diferentes sectores de la clase dominante colombiana. Los vínculos entre la empresa y las actividades paramilitares de extrema derecha, incluido el asesinato de sindicalistas y activistas locales, han sido denunciados en diversas partes de Colombia (Becerra Ostos, 2009), en particular en la municipalidad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, donde se encuentra el mayor centro de refino y producción de petroquímicos del país (Bonilla Mora, 24 de noviembre de 2023).

Los conflictos internos por el control de Ecopetrol provocaron una serie de cambios en la propiedad y gestión de la empresa en los últimos treinta años. Antes de 2000, Ecopetrol era una empresa industrial y comercial del Estado. En junio de 2003, el Gobierno derechista de Álvaro Uribe decidió convertirla en una empresa que cotiza en la bolsa: hasta 2007, cuando se convirtió en una empresa de economía mixta y pasó a llamarse Grupo Empresarial Ecopetrol. La modificación de la estructura de propiedad y gestión de la empresa también significó un cambio regulatorio: Ecopetrol dejó de ejercer sus funciones como organismo del Estado que administraba el sector petrolero, una función que fue transferida a la nueva Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, estos cambios implicaron que Ecopetrol pasó de ser una empresa pública de propiedad y administración exclusivamente estatales a ser una empresa privada controlada por el Estado. En enero de 2023, un economista colombiano caracterizó la privatización de Ecopetrol de la siguiente manera:

Ecopetrol y las entidades de Bogotá están privatizadas en los hechos, sin que se hayan vendido las acciones que allí poseen el Gobierno nacional y el distrito capital. Es la mejor forma de privatizar; […] como presidentes de las juntas directivas se nombran a privados. […] los privados manejan empresas estatales sin aportar un solo peso, y las administran según sus criterios personales y los intereses que representan […] siguiendo las normas de OCDE, […] lo que llaman la gobernanza corporativa significa para esta institución superneoliberal que el Estado no la maneje sino privados (Otero, 31 de enero de 2023).

Durante algunos años se ha suscitado una discusión recurrente sobre la reforma de los estatutos de la empresa. El Estado colombiano controla el 88 % de las acciones y, por lo tanto, tiene la facultad de presentar una lista de candidatos para los nueve miembros de su junta directiva a través del Ministerio de Hacienda. Habida cuenta de que Ecopetrol está registrada en la bolsa de valores de Nueva York, tales nombramientos deben cumplir los criterios estrictos establecidos por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Poco después de haber asumido, el Gobierno de Petro contempló una opción, criticada en círculos empresariales y políticos, que consistía en añadir un puesto para un representante sindical en la junta directiva de Ecopetrol. Contar con un representante del sindicato en la junta directiva de Ecopetrol ha sido una demanda de la USO durante mucho tiempo. El presidente del sindicato, César Loza, dijo al periódico El País de Madrid a finales de 2023:

Ya hay una asamblea extraordinaria convocada por el accionista mayoritario para hacer unas modificaciones a la junta para que haya una mayor participación de mujeres y, probablemente, para que se dé la llegada del compañero Edwin Palma, viceministro de Trabajo [y sindicalista y ex presidente de la USO] (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Si bien la inclusión de Palma sería bienvenida, los afiliados de la USO que entrevistamos subrayaron que Palma es un funcionario del Gobierno actual, por lo que esta medida no cumpliría su reclamo de incluir a un miembro activo del sindicato en la junta directiva de Ecopetrol.

Conclusión

La transición energética de Colombia tiene varias características singulares. El presidente del país es un exguerrillero y ambientalista que fundamenta sus posiciones en la ciencia del cambio climático y señala las limitaciones del capitalismo para cumplir las metas climáticas. La empresa nacional de petróleo ha comenzado a llevar a cabo una transformación drástica de sus operaciones y misión, con un pie en la bolsa de valores de Nueva York y otro firmemente anclado en el camino hacia una transición justa. Los sindicatos y las organizaciones ambientalistas están deseando tener un mayor poder de decisión en la transición. Sus propuestas y reclamos coinciden en algunos aspectos y divergen en otros.

Al igual que la mayoría de las empresas nacionales de petróleo y gas, Ecopetrol afronta enormes desafíos, habida cuenta de su papel central en brindar recursos vitales que el Gobierno necesita para financiar los servicios públicos y una transición justa, lograr seguridad energética y mantener o generar cientos de miles de empleos. El compromiso para transformar y diversificar operaciones para que Ecopetrol pueda convertirse en una empresa de energía integrada no tiene precedentes en el mundo. No obstante, el adjetivo “justa” que antecede a la caracterización de la transición anunciada en la Estrategia 2024 de la empresa no refleja de manera cabal su alcance y contenido. El compromiso se refleja principalmente en los planes anunciados de ampliar el acceso a servicios de energía como prioridad de la empresa subsidiaria ISA. Los documentos oficiales no especifican exactamente cómo se integrará la transformación de Ecopetrol en el marco de la “Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa” del Ministerio de Minas y Energía, especialmente en cuanto a la distribución de los costos y beneficios de la transición energética y los efectos en los trabajadores y las comunidades locales.

Fuera de Colombia, el camino que Ecopetrol debería emprender parece evidente y fácil de seguir: acelerar su transición para abandonar los combustibles fósiles, diversificar las fuentes de energía y beneficiarse “de mayor resiliencia y menor vulnerabilidad a las presiones externas e internas, como la volatilidad del precio del petróleo y el gas, las interrupciones en el suministro, los desastres ambienta- les y la presión de los inversores” (Strambo y Arond, 23 de noviembre de 2023). No obstante, nuestras entrevistas con representantes de órganos gubernamentales, sindicatos, organizaciones ambientalistas y centros de investigación en Colombia demuestran que el camino es mucho más pedregoso, estrecho y empinado de lo que parece, por varios motivos.

Las empresas nacionales de gas y petróleo son fundamentales en la transición energética debido a que son algunas de las mayores productoras de petróleo del mundo y en ocasiones las empresas más grandes a nivel nacional. Investigadores, sindicalistas y organizaciones ambientalistas deben profundizar y ampliar sus intercambios sobre el papel del Estado y el significado y las perspectivas futuras de la vía pública en el sector energético.

A Colombia le quedan muy pocos años de suficiencia energética y depende de los combustibles fósiles para sus exportaciones y presupuesto público. Este es uno de los principales retos a las ambiciones de descarbonización del país. La capacidad actual de electrificación dista mucho de satisfacer las necesidades futuras. La transición energética requiere voluntad política además de recursos financieros. Colombia ha demostrado tener la capacidad de generar energía solar, eólica, marina y geotérmica (Vega Araújo y Muñoz Cabré, 2023), pero sin recursos la transición energética no es viable. Los aproximadamente 8000 millones de dólares que Ecopetrol contribuye cada año a las arcas del Estado no pueden pasarse por alto (Corficolombiana, 2023).

A pesar de las tensiones y el discurso oficial contradictorio sobre la dirección actual de la transición energética, se han logrado avances importantes, como el compromiso de detener nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, el comienzo de la diversificación de la cartera de Ecopetrol, la decisión de poner fin a la fracturación hidráulica y los crecientes debates sobre la democratización de la junta directiva de Ecopetrol.

Una mayor democratización implicará lidiar con el legado del conflicto armado de Colombia y los antiguos vínculos entre la extrema derecha y Ecopetrol y la represión autoritaria, dirigida en forma desproporcionada contra trabajadores petroleros.

La experiencia colombiana demuestra de qué modo puede llevarse a cabo una transición energética justa a nivel nacional si existe articulación entre los planes nacionales y las estrategias mundiales. Para los países del sur global, la descarbonización del sistema energético es un desafío enorme. En América Latina es posible transformar la matriz energética si existe voluntad política fundada en empresas de energía de propiedad estatal que impulsen la transición, como es el caso de Uruguay, que ha emprendido una rápida y considerable transición hacia la generación de energía renovable en los últimos diez años (Meadows, 27 de diciembre de 2023). También sería posible concebir planes para exportar otro tipo de combustibles −por ejemplo, hidrógeno verde, como propone Ecopetrol (Roa Barragán, 16 de enero de 2024)−, pero solamente si las potenciales fuentes de energía renovable y su demanda son de magnitud considerable. En todo caso, la reestructuración de la industria petrolera es muy compleja y depende de que se lleve a cabo una transformación considerable de las estructuras y relaciones financieras y del comercio internacional. El presidente de Colombia propuso en Davos canjear deuda externa por el compromiso de dejar el petróleo en el suelo. En ese sentido, cabe recordar que una propuesta similar realizada por el país vecino, Ecuador, durante el Gobierno de Rafael Correa no suscitó la reacción esperada de la “comunidad internacional” y se utilizó para justificar una expansión polémica de la exploración petrolera (Laastad, 2023).

Los hidrocarburos han determinado durante mucho tiempo las estructuras económica, política y social de Colombia y han generado crecimiento económico en el último decenio, representando alrededor de la mitad de sus ganancias de exportación. En este contexto, Gustavo Petro ha reposicionado la justicia climática en el centro de su agenda política, junto con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Más allá del resultado del debate actual sobre el futuro de los combustibles fósiles en Colombia, este tendrá un efecto profundo en la razón de ser de Ecopetrol y en la identidad del país.

Es imposible concebir una transformación de la extracción de petróleo o la diversificación de Ecopetrol y de otras empresas nacionales de petróleo y gas del mundo sin que los trabajadores asuman un papel importante en la transición, basado en las experiencias y los conocimientos desarrollados durante más de un siglo. En este contexto, los trabajadores de la USO han declarado explícitamente su aspiración de que Ecopetrol lidere la transición para abandonar los combustibles fósiles (Semana, 29 de mayo de 2023). Han reafirmado su interés en recapacitarse y utilizar las competencias que han adquirido en las plataformas petroleras para construir y operar centrales de energía renovable. Pero también advierten que los planes del Gobierno deben evitar una crisis de suministro y asegurar el flujo de ingresos que el país no puede rechazar de la noche a la mañana, especialmente cuando ya está claro que las reservas de gas y petróleo se agotarán en menos de diez años.

El Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está intentado demostrar al mundo que es posible gestionar el declive y la reestructuración de las empresas petroleras para el beneficio social. Colombia ha propuesto un “Plan Marshall” mundial para combatir el cambio climático (Reuters, 22 de junio de 2023) y ha señalado que gravar las transacciones financieras podría ser una forma de obtener algunos de los recursos que se necesitan urgentemente. Los canjes de deuda por la acción climática, como propuso Petro en Davos −y como había sugerido anteriormente el Pacto Social Del Sur (Pacto Ecosocial del Sur, 16 de junio de 2020) y se había discutido en las dos últimas COP sobre cambio climático después de que la primera ministra de Barbados presentara la Iniciativa Bridgetown para reestructurar la arquitectura financiera mundial (Feminist Action Nexus, 2023)− podrían ayudar a los países dependientes del petróleo a desarrollar fuentes de energía menos destructivas y seguir financiando políticas y programas sociales. En este contexto, hay una necesidad urgente de ampliar y profundizar la discusión sobre cómo reivindicar y transformar a Ecopetrol y a otras empresas nacionales de petróleo y gas en diferentes regiones del mundo.

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Daniel Chávez es investigador del Centro de Intercambio de Conocimientos del Transnational Institute. Dio sus primeros pasos en el activismo en la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) en Uruguay, donde trabajó durante casi 10 años antes de mudarse a los Países Bajos para obtener una maestría y un doctorado. Es un activista-académico con un fuerte compromiso con el progresismo en América Latina y tiene un gran interés por la democracia participativa. Se sumó al TNI como cocoordinador del Proyecto de Energía en 2001, donde estudió las alternativas democráticas y participativas a la privatización de la electricidad en el Sur global. Además, contribuyó a crear el proyecto New Politics en el TNI en 2002 y ha seguido trabajando en temas relacionados con la energía, las empresas públicas y los movimientos políticos. En 2018, copublicó su más reciente libro: Repensar lo público: Estado, sociedad y servicios básicos en América Latina.

Lala Peñaranda es una ecosocialista feminista de Colombia, radicada en Bogotá. Es coordinadora en América Latina de Trade Unions for Energy Democracy (TUED), una red mundial con sede en la Facultad del Trabajo y Estudios Urbanos del Centro de Posgrados de la Universidad de Nueva York (CUNY). También forma parte de Democratic Socialists of America (DSA) y Science for the People (SftP).

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by Susana Fernández Herrero

Descarbonizar la electricidad

Los costos de las energías renovables impulsadas por el sector privado y las oportunidades de alternativas en Australia, Alemania y la Indias

James Goodman y el grupo de investigación Decarbonising Electricity:
Gareth Bryant, Linda Connor, Devleena Ghosh, Jon Marshall, Tom Morton, Katja Mueller, Stuart Rosewarne, Riikka Heikkinen, Lisa Lumsden, Mareike Pampus y Priya Pillai

Traducción al español: Nuria del Viso

Las empresas privadas de energías renovables se anuncian como salvadoras del planeta, pero tanto en el norte como en el sur el modelo del sector privado está concentrando el poder empresarial, socavando la descarbonización y despojando a los pueblos de sus tierras y su poder. Sin embargo, la transición energética también abre nuevas posibilidades, con resistencias y movilizaciones que apuntan hacia una vía de control social de las energías renovables.

Las regiones subnacionales ofrecen grandes promesas y muchas lecciones para la descarbonización de la electricidad, pero hasta ahora han dependido −y se prevé que sigan dependiendo− en gran medida del despliegue de energías renovables de propiedad privada a gran escala. En nuestro examen de las repercusiones sobre el terreno de este modelo privado en Alemania, la India y Australia las pruebas son claras: la dependencia de las energías renovables privadas agrava las desigualdades y amenaza la legitimidad democrática de la descarbonización. Sin embargo, también puede abrir oportunidades a medida que la transición impone nuevas agendas e impulsa demandas de beneficios locales, propiedad social y energía distribuida. Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la llegada de las energías renovables plantea cuestiones críticas en relación con la responsabilidad, la agencia y la capacidad, y cómo podríamos desarrollar un sistema que combine la justicia social con la acción por el clima.

Aunque el contexto del desarrollo de las energías renovables en Alemania, la India y Australia es distinto, existen sorprendentes paralelismos. Hay factores comunes en cuanto al entusiasmo, la oposición, el diálogo y la regulación. También hay tecnologías comunes que permiten la construcción de aerogeneradores más grandes y parques solares más extensos, junto con el almacenamiento de energía para superar la intermitencia. Hay nuevas opciones para la energía agrosolar y nuevas formas de energía renovable “distribuida”, que permiten la agregación de energía solar en los tejados. Existe incluso un sector de exportación de energías renovables, con electricidad transportable en forma de hidrógeno o amoníaco.

El aspecto más destacado de la emergente cadena mundial de suministro de energías renovables es la lógica del poder empresarial y el extractivismo. En los tres casos encontramos un neoliberalismo “verde” en ascenso. La energía renovable a gran escala de propiedad privada se ha convertido en la norma. La estructura jerárquica de la producción de energía, en la que los grandes generadores envían la energía a la red y luego al consumidor, se mantiene en gran medida. Los operadores energéticos privados minimizan sus propios costos mediante instalaciones a gran escala y tratan de captar el excedente de energía renovable barata. Con parques eólicos y solares cada vez más grandes, la cuestión crítica es la de la propiedad de la tierra y su impacto en los medios de subsistencia.

La tierra es fundamental para la subsistencia en la India. En el estado de Karnataka, en el sur del país, en un pueblo rodeado por uno de los parques solares más grandes del mundo, un aldeano resume el impacto: “Para las personas sin tierra no hay ningún beneficio. Más bien han perdido su medio de vida, ya que nadie les llama para trabajar”. La planta solar paga un alquiler a los terratenientes, pero desplaza al resto de la población:

Un pueblo no es solo para los grandes terratenientes. Hay todo tipo de gente, propietarios de ganado, los jornaleros, los pequeños agricultores, etcétera. El Gobierno debería apoyar a los aldeanos. Pero la situación es terrible: los sin tierra se ven obligados a emigrar y trabajar fuera.

Del mismo modo, en el estado de Brandeburgo, al este de Alemania, los propietarios de tierras obtienen algunos ingresos, pero la mayoría no ve ningún beneficio en los parques eólicos locales. Como comentó un alcalde local: “Hay algunos habitantes que se oponen activamente, otros que simplemente se resignan a lo que está ocurriendo. Hay unos pocos que están a favor, normalmente los que se benefician de alguna manera”. Los parques eólicos también aumentan la desigualdad: “Si alquilan sus tierras para un parque eólico, obtienen recompensas económicas muy sustanciales, pero la comunidad en su conjunto no saca mucho provecho de ello”.

La dimisión es habitual. En Port Augusta (Australia Meridional), un defensor de las energías renovables que trabajaba en la central térmica de carbón local afirma que “la gente es muy escéptica y reacia a hablar a favor de nuevos proyectos, y mucho menos a hacer algo para que se lleven a cabo”. Esto es un problema para avanzar en la transición energética: “Es difícil conseguir un apoyo público abierto”.

En los tres emplazamientos de grandes proyectos privados de energías renovables encontramos quejas comunes sobre los medios de subsistencia, la propiedad y la desigualdad frente a los proyectos energéticos empresariales a gran escala. La oposición obliga a plantear nuevos modelos, inicialmente a través de la demanda de más beneficios regionales, pero que rápidamente se extienden a la propiedad social y a la necesidad de formas más distribuidas de energía renovable. Las nuevas fuentes de poder social se vinculan con el cambio tecnológico, por ejemplo, en relación con la energía agrosolar y las formas de almacenamiento de energía doméstica y comunitaria, liberando un nuevo potencial para la descarbonización.

Las energías renovables neoliberales refuerzan los monopolios privados

La lucha por detener la quema de combustibles fósiles para producir electricidad es fundamental para la política climática mundial. En todo el mundo, la mayoría de los países están planeando pasar a las energías renovables, como una “victoria” tanto para la economía como para el clima. Las energías renovables baratas, el último “regalo” de la naturaleza a la sociedad industrial, sientan las bases de una nueva ola de crecimiento “verde”. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) prevé que en 2050 el 75 % de la electricidad mundial procederá de fuentes renovables, frente al 16 % actual, y calcula que el 95 % será de propiedad privada.

El nuevo modelo de desarrollo está dominado por empresas energéticas mundiales y fondos de inversión que construyen plantas eólicas y solares a gran escala, y captan así el flujo de ingresos de las energías renovables. A pesar de los cuellos de botella en la cadena de suministro, los inversores están eufóricos con las energías renvables, tanto para los minerales “críticos”, aguas arriba, como para el hidrógeno y el amoníaco “verdes”, aguas abajo. Los gobiernos nacionales y regionales compiten por atraer la financiación “verde”, que busca una participación en las nuevas industrias emergentes.

Cortejar al gran capital conlleva grandes anuncios, pero oculta el alcance total del apoyo público y el desembolso financiero. Las empresas de energías renovables dependen de la regulación gubernamental para facilitar nuevas conexiones a la red, imponer la compra de electricidad de fuentes renovables y garantizar los flujos de ingresos que sustentan los beneficios. Los inversores privados construyen y explotan los parques eólicos y solares a gran escala, y generan electricidad a un precio acordado. Los acuerdos de suministro, denominados “Contratos de Compra de Energía” (CCE), pueden durar décadas, y constituyen un puerto seguro para los inversores que buscan rentas. A menudo, las autoridades públicas invitan al sector privado a suministrar bloques de energía renovable y adjudican los CCE al proveedor más barato. Así, fuerzan los precios a la baja. Estas “subastas inversas” requieren enormes economías de escala y empresas de servicios públicos más grandes que nunca, expulsan a los operadores más pequeños, incluidos los generadores comunitarios y sin ánimo de lucro, y desincentivan el reparto de beneficios.

Todo esto tiene un costo. Las energías renovables a gran escala provocan nuevos desplazamientos y la concentración empresarial genera nuevas desigualdades. Los terratenientes situados en lugares favorables son los que más se benefician y afianzan su poder, los medios de vida agrícolas se ven desplazados, las ecologías se transforman. Confiar en la inversión privada en energías renovables alimenta la concentración empresarial y la masificación energética. En Alemania se ha pasado rápidamente de la energía eólica cooperativa y municipal a la energía eólica empresarial a gran escala. En la India se ha producido un cambio similar, de pequeñas empresas de energía eólica a entidades corporativas cada vez mayores, de modo que en 2022 muy pocas empresas indias presentaban ofertas de licitación por los CCE nacionales. En Australia Meridional encontramos una marcada bifurcación entre la energía solar de los hogares y el creciente apalancamiento de los grandes proyectos liderados por empresas.

Con estas limitaciones, las energías renovables neoliberales ocultan el verdadero potencial de las energías renovables. A menudo se ha señalado que la energía renovable es ampliable, desde un dispositivo portátil hasta la instalación a escala de servicios públicos. Las infraestructuras y la financiación públicas podrían destinarse a un beneficio más amplio. Hay capacidad y agencia para las energías renovables distribuidas, para las transformaciones energéticas y para nuevas formas de participación y democratización de la energía. Sin embargo, la opinión generalizada, de IRENA hacia abajo, es que solo las energías renovables privadas a gran escala pueden hacer frente a la crisis climática. Que garanticen la “legitimidad social” es otra cuestión y un componente crucial para alcanzar los objetivos de las energías renovables.

Las energías renovables neoliberales socavan la descarbonización

La transición energética neoliberal −basada en la búsqueda de rentas y la monopolización de los rendimientos del capital− puede socavar la descarbonización. La financiación de las energías renovables es una clase de activo intercambiable con otros activos no renovables. No se caracteriza por la necesidad de reducir las emisiones. Al contrario, los intereses de esta inversión privada a menudo pueden entrar en conflicto directo con la abundancia de energía renovable necesaria para la estabilidad climática. Las empresas confían en la escasez, pero con el descenso a largo plazo de los costos de las energías renovables y la electricidad diurna prácticamente ilimitada, se enfrentan a un problema para mantener los flujos de beneficios.

La energía eólica y solar intermitente produce energía excedentaria. En épocas de exceso, los precios caen a cero (y por debajo). Para proteger a los inversores y mantener los precios, a menudo se desconectan las energías renovables. Este “recorte” o “derrame” es habitual: algunos días en Australia se derrama hasta el 20 % de la energía renovable. La contradicción es desconcertante: la abundancia de energía renovable se convierte en un problema que hay que limitar, no en una virtud que hay que potenciar.

Con ello, las formas más distribuidas de energía renovable se convierten en una amenaza para la cuota de mercado de las empresas. La creciente prevalencia de las energías renovables domésticas en Australia −proporcionalmente la mayor del mundo−, por ejemplo, socava los beneficios de los generadores a escala de servicios públicos. En lugar de apoyar la energía distribuida, la política se orienta hacia las grandes empresas de servicios públicos. En 2023

Australia anunció un precio mínimo subvencionado para los generadores, explícitamente para reducir aún más el riesgo de inversión.

Por último, está el reto de que más industria, alimentada con electricidad renovable barata, acelera el crecimiento económico. A mayor producción, mayores emisiones. Para IRENA, las energías renovables garantizarán las reducciones de emisiones necesarias, pero solo si también disminuye la demanda energética. El aumento anual del 1,1 % en el consumo de energía, paralelo al crecimiento económico, tiene que convertirse en un descenso anual del 0,2 %. Para IRENA, el crecimiento debe desvincularse del consumo de energía: una tarea difícil cuando la energía es tan barata. La experiencia sugiere la trayectoria contraria: que la energía barata alimenta la demanda energética.

Tres casos

Nuestra investigación se ha centrado en los estados de Karnataka (India), Brandemburgo (Alemania) y Australia Meridional: todos ellos son regiones pioneras en energías renovables, aunque muy diferentes en cuanto a su historia y su ubicación en la economía mundial.

En los tres contextos, las promesas iniciales han dado paso a un compromiso activo con el modelo empresarial imperante de desarrollo de energías renovables a gran escala. Los activistas, las organizaciones comunitarias y los grupos de interés han desarrollado una serie de tácticas, estrategias y objetivos políticos para rebatir el modelo privado y las políticas estatales de reducción de riesgos que lo sustentan. En respuesta, gobiernos y empresas han ajustado la normativa y ofrecido concesiones en un panorama dinámico, con- testado y en constante evolución.

Karnataka

Karnataka es ahora uno de los estados líderes en energías renovables de la India, a tal punto que, en mayo de 2023 el 54 % de la capacidad instalada procedía de la energía eólica y solar; frente al 31 %, de carbón; el 12 %, de energía hidroeléctrica, y el 3 %, de energía nuclear. La energía eólica a pequeña escala predominó hasta mediados de los años 2000, cuando Karnataka se convirtió en un estado líder en energía solar a escala comercial. Prácticamente toda su energía renovable es de propiedad privada, lo que contrasta con el carbón y la energía hidroeléctrica “heredados”, que son principalmente de propiedad estatal. Predominan las grandes empresas: diez de ellas poseen el 58 % de la capacidad solar y el 30 % de la eólica.

Karnataka ha aplicado una política proactiva en materia de energías renovables desde finales de los años noventa. El Estado pretendía atraer la inversión privada y reducir los costos energéticos de las deficitarias empresas estatales de distribución de electricidad (que subvencionan los precios, sobre todo en las zonas rurales). El Estado tiene condiciones favorables para la energía solar y eólica, y era importador neto de energía de carbón, que ahora ha cambiado por energías renovables. Los promotores de energías renovables licitan contratos de suministro a largo plazo con las empresas distribuidoras mediante subastas inversas supervisadas por la agencia estatal de energías renovables, la Karnataka Renewable Energy Development Limited (KREDL).

La KREDL desempeña un papel clave de mediación entre promotores privados, propietarios de tierras, empresas de distribución y redes de transmisión. Sus ingresos proceden de una tasa a los promotores de proyectos y promete conseguir todas las autorizaciones en un plazo de sesenta días. También ha creado agencias conjuntas de “fines especiales” con el Gobierno federal, como la Karnataka Solar Power Development Corporation Limited (KSPDCL), que estableció el proyecto solar Pavagada, de 2 GW, el mayor del mundo cuando fue terminado en 2019. KREDL planea ahora duplicar con creces el tamaño de la planta de Pavagada, hasta 5 GW, y está construyendo otra central híbrida eólica-solar-batería de 5 GW en Shimoga, al norte de Karnataka.

El ejemplo de Pavagada resume las tensiones y posibilidades del desarrollo de las energías renovables en la India. El parque se extiende a lo largo de 4856 hectáreas y abarca cinco localidades con una población de diez mil habitantes. La zona es árida y propensa a la sequía, con niveles elevados de pobreza, sobre todo entre las mujeres y las comunidades tribales y de castas desfavorecidas, y ha sido escenario de luchas por los derechos sobre la tierra y su redistribución. La tenencia de la tierra sigue estando muy estratificada, con algunos grandes terratenientes y muchos minifundios, mientras que aproximadamente la mitad de la población carece de tierras.

El KSPDCL reunió tierras de 1422 propietarios diferentes mediante la firma de contratos de arrendamiento de veintiocho años a un precio fijo con incrementos establecidos para todo ese período. Las autoridades estatales subastaron varios PPA de veinticinco años para los promotores y el precio disminuyó constantemente hasta menos de la mitad del precio medio de la electricidad generada a partir del carbón. Hubo cierto apoyo del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, y el parque atrajo grandes empresas privadas de energías renovables como Tata, Fortum, Adani, ReNew y Softbank.

El modelo de arrendamiento de tierras de Pavagada contrasta con otros enfoques de adquisición de tierras que esencialmente expulsan a la gente de la tierra y crean un espacio aparentemente vacío para las energías renovables. La coexistencia con los terratenientes ofrece un mejor enfoque, pero plantea nuevas cuestiones. El arrendamiento beneficia a los terratenientes pero agudiza la desigualdad. Como nos dijo un sin tierra: “La gente que tiene más tierras se hace más rica. Nosotros estamos donde estamos, sin tierra”.

Los arrendamientos se negociaron durante una sequía y los terratenientes se sintieron presionados a aceptar: “Vinieron, nos lo pidieron, teníamos hambre, se lo dimos”. Los ingresos por arrendamiento de los pequeños agricultores no son suficientes para vivir y la seguridad alimentaria se ha resentido. Como dijo un agricultor: “Si cultiváramos lentejas durante un año, las utilizaríamos para el consumo familiar durante dos años… Ahora, para cualquier pequeña cosa, dependemos del mercado”.

Pero los sin tierra son los principales perdedores. Históricamente han dependido del trabajo agrícola estacional y de la cría de animales a pequeña escala, que se han visto desplazados por el parque solar. Uno de los sin tierra entrevistados dijo: “Antes de la energía solar, nuestras ovejas vivían muy bien. Después de la energía solar hay dificultades… No hay espacio para pastar”.

La pérdida de medios de subsistencia no se compensa con el empleo en la planta. Hay algunos empleos locales en seguridad, limpieza y corte de césped, pero no son suficientes. Esto ha afectado especialmente a las mujeres de las comunidades tribales y de casta baja, que han perdido fuentes de autonomía financiera. Como dijo una mujer: “Tenemos que depender de los ingresos de nuestros esposos y ellos nos controlan aún más”. Se les prometió mejor educación, formación y empleo: “No queremos que nuestros hijos lleven una vida como la nuestra. Queremos darles una educación mejor para que puedan salir adelante”.

Las autoridades afirman que han aprendido la lección y que la ampliación de Pavagada y la propuesta de una central híbrida de 5 GW suponen una nueva fase en la planificación de las energías renovables. En Pavagada se observa un mayor compromiso con la financiación de las escuelas locales y las infraestructuras sociales (Subramanian, 26 de abril de 2023). Sin embargo, los programas de formación y los puestos de trabajo prometidos aún no se han materializado, aunque existen propuestas de uso mixto y de energía agrosolar para permitir la coexistencia de la agricultura con las plantas solares. La colaboración prevista con la población local sigue sin desarrollarse.

La central híbrida propuesta tendrá que coexistir con la agricultura local, ya que el norte de Karnataka es más fértil y la tierra está más repartida: el movimiento de reforma agraria tuvo éxito en esta parte del Estado y hay menos gente sin tierra. La propuesta de un modelo “híbrido” más variado, que combine energía eólica, agrosolar y capacidad de baterías, en lugar de una extensión uniforme de paneles solares, ofrece potencialmente más espacio para la agricultura. También existen posibilidades de cogestión, que podrían basarse en los consejos de los pueblos (panchayats), que tienen una gran capacidad de gobernanza local.

Brandenburgo

Al igual que Karnataka, Brandeburgo apuesta decididamente por las energías renovables. En 2023 obtendrá el 70 % de su electricidad a partir de estas energías, principalmente energía eólica. Su Estrategia Energética 2022 preveía un 100 % de energías renovables para 2030. Para ello ha propuesto un cambio hacia la energía solar: la generación de energía eólica se duplicará, de 8 GW a 15 GW, mientras que la energía solar se cuadruplicará, de 4 GW a 18 GW.

La fiebre por la energía solar ya está en marcha. A principios de 2023, un estudio del Gobierno descubrió un gran potencial para la energía solar en tejados (29 GW), en terrenos degradados o de escaso valor (33 GW) y también para estacionamientos, energía hidráulica y agrosolar (hasta 270 GW). En agosto de 2023, el Estado anunció una “ofensiva de expansión de la energía solar” (Bhambhani, 15 de septiembre de 2023) centrada en iniciativas locales de planificación del uso del suelo y en la energía solar distribuida dirigida por mu- nicipios, incluido un impuesto local a la energía solar destinado a las comunidades afectadas, así como subvenciones y formación para ampliar la mano de obra local.

La ofensiva solar marca la última fase de la trayectoria de las energías renovables en Brandeburgo. A partir de los años noventa, las energías renovables en Alemania se centraron sobre todo en iniciativas cooperativas y municipales de energía eólica, especialmente en el oeste del país. En Brandeburgo, sin embargo, los parques eólicos privados a mayor escala eran más comunes y esto se convirtió en la norma en todo el país después de que la Ley Federal de Energías Renovables de 2017 exigiera licitaciones competitivas para todos los contratos de suministro de energía y favoreciera, de esta manera, a los operadores privados más grandes.

A esto le siguió una caída en las aprobaciones de proyectos de energía eólica, ya que las instalaciones propuestas enfrentaron cada vez más oposición local. Como constató el grupo federal Energía del futuro en 2021, los problemas en las zonas rurales eran “considerables”. La movilización de la población local contra los grandes parques eólicos de propiedad corporativa retrasó y anuló proyectos. Hay escasez de emplazamientos disponibles, ya que la normativa sobre el uso del suelo define la proximidad permitida a las zonas residenciales, y la disponibilidad de terrenos forestales, por ejemplo, es limitada.

La energía eólica puede coexistir con otras formas de uso del suelo rural, pero el desencanto es cada vez mayor, sobre todo a medida que las turbinas son más grandes. Si nos centramos en la región meridional de Teltow-Fläming, comprobamos que la aceptación local estaba disminuyendo, ya que “poco a poco, uno empieza a sentirse rodeado”. La población era poco consciente de lo que se avecinaba. En palabras de un residente: “Nos dimos cuenta de que estaba ocu- rriendo cuando las torres aparecieron de repente”.

En 1997 el Estado dio prioridad a la energía eólica en la ordenación del territorio y, en 2003, la legislación federal exigió la designación de “zonas de aptitud eólica”. Con ello, los cinco organismos regionales de planificación de Brandeburgo elaboraron mapas de uso del suelo para la energía eólica. Los críticos locales de la energía eólica habían sido elegidos para los consejos locales y con una serie de partes interesadas de sindicatos, grupos ambientalistas y la comunidad habían vuelto a regular efectivamente las asignaciones de energía eólica. Como resultado, la energía eólica se limita ahora a un 2 % de la superficie, concentrándose en zonas concretas.

El proceso de planificación dio lugar a un compromiso local más activo y a una mayor oposición de la planificación regional. Esto puede interpretarse como un proceso democratizador, en el que la toma de decisiones a nivel regional y estatal sobre la energía y la industrialización “verde” se politizó y sometió a un mayor escrutinio. Irónicamente, la llegada de la energía eólica corporativa a gran escala instigaba la participación local, articulada a través de estructuras de gobernanza local. Es importante destacar que el proceso se basó en el diálogo y no en la oposición frontal: el grupo Country Life, por ejemplo, favoreció la “armonía” con la energía eólica, buscando obtener beneficios de esta.

La distribución de los beneficios es una cuestión clave. Prácticamente los 350 parques eólicos que funcionan en el Estado son de propiedad privada; solo diez son de propiedad local. La desigualdad en la propiedad genera desigualdad financiera. Los terratenientes se benefician. Como declaró un residente: “Puedo obtener treinta mil euros al año por arrendar una hectárea de tierra, para algunas personas eso significa que ya no tendrían que trabajar”. Los municipios asumen el costo. Para compensarlo, a partir de 2019 el Gobierno estatal exigió a las empresas eólicas el pago de una tasa de diez mil euros anuales a los ayuntamientos; esta medida se reforzó en 2021 con una subvención federal comunitaria de 0,2 euros por kWh.

Nuestra investigación concluyó que las empresas también estaban respondiendo a las presiones, con esfuerzos más sofisticados para anticipar y prevenir la oposición. Las empresas iniciaban las consultas en la fase de concepción, en lugar de esperar hasta el final del proceso de planificación, como permite la legislación urbanística, y ofrecían mayores beneficios a la comunidad. Una empresa había estado consultando sobre el uso de terrenos forestales para un parque eólico, ofreciendo un modelo de “20:80”, con una financiación comunitaria fijada en cuatro veces el costo de alquiler del terreno.

La energía eólica ha precipitado nuevas formas de gobernanza energética y en estas se basa la actual introducción de la energía solar. Los paneles solares suponen una amenaza para el uso preexistente del suelo, lo que explica que el Estado se centre actualmente en los tejados, los estacionamientos y las superficies de agua sin utilizar, así como en los terrenos infrautilizados. El Gobierno estatal se esfuerza por paliar las repercusiones en la agricultura mediante la ordenación del territorio y cada vez hay más interés por la energía agrosolar, que puede coexistir con la agricultura. Es probable que haya alguna pérdida de tierras agrícolas, aunque se calcula que alrededor del 15 % de la agricultura se destina a biocombustibles y la sustitución por energía solar sería más eficiente.

Los ingresos de la energía solar son hasta diez veces superiores a los de los cultivos: encontramos arrendadores a los que se les ofrecen contratos de treinta años a 2500 euros por hectárea, frente a cuatrocientos euros por hectárea de la agricultura. Los peligros son evidentes para los agricultores arrendatarios, que pueden ser desalojados cuando sus arrendadores opten por la energía solar. Esto supone una gran amenaza, ya que el 73 % de las tierras agrícolas del estado son arrendadas.

La energía solar, al igual que la eólica, presenta economías de escala: se calcula que el tamaño mínimo viable de un parque solar es de cincuenta hectáreas. Ya se está produciendo una ampliación. En 2021, el mayor parque solar del estado y de Alemania era de 164 hectáreas en Werneuchen, cerca de Berlín. Un año más tarde se aprobaron cincuenta y cinco proyectos solares en el estado federado, con una superficie de 2800 hectáreas. Las autoridades de Teltow-Fläming habían recibido la propuesta de un promotor de un parque solar de mil hectáreas. En palabras de un promotor: “No hay límites de tamaño, al menos legales”. Esta salvedad es importante, ya que las respuestas normativas serán decisivas para determinar el resultado.

Sin duda, los recientes compromisos del Gobierno estatal en materia de energía solar sugieren que las posibilidades de reparto de beneficios están ganando terreno. Se está pasando de considerar que la “aceptación social” de las energías renovables impone una limitación a su instalación, a verla como un medio para permitir una mayor aceptación. Las propuestas estatales de energía solar hacen hincapié en las iniciativas distribuidas y municipales para el espacio no utilizado destinado a paneles solares. También hay una mayor aceptación de la ejecución y planificación a nivel local, incluidos los ingresos locales y la recualificación.

La energía solar entraña nuevos peligros, pero podría decirse que ofrece un nuevo potencial de suministro distribuido y de propiedad social. La actual respuesta estatal refleja las varias décadas de movilización, compromiso e innovación institucional en torno a la energía eólica. La oposición ha permitido una mayor participación en la gobernanza energética: el proceso de “guerra estratégica” en torno a las energías renovables, como lo describió un residente, va a continuar en un nuevo terreno.

Australia Meridional

Al igual que Brandeburgo, Australia Meridional también aspira a alcanzar el 100 % de electricidad renovable en 2033. En 2023, las energías renovables no hidráulicas suministrarán cerca del 66 % de la electricidad del estado, el 24 % procedente de la energía solar y el 44 % de la eólica (Energy & Mining, 2022). El crecimiento ha sido rápido: en 2000 las energías renovables solo cubrían el 1 % de las necesidades eléctricas del estado.

En 2002 el Gobierno estatal había previsto un 26 % de energía eólica y solar combinadas (McGreevy y Baum, 12 de marzo de 2021), para lo cual puso en marcha un esfuerzo coordinado de inversores, emplazamientos y contratos de suministro. Desde el principio la atención se centró en el golfo de Spencer y en el llamado “Triángulo de Hierro”, formado por Port Pirie (con una fundición de plomo), Whyalla (con una planta siderúrgica) y Port Augusta (con una central eléctrica de carbón, cerrada en 2016). El golfo tiene un gran potencial para la energía eólica y solar y está bien conectado a las líneas de transmisión. También cuenta con una mano de obra industrial (aunque con marcadas desventajas socioeconómicas), factores todos ellos que lo hacen atractivo para los inversores en energías renovables.

Como en Karnataka y Brandeburgo, las energías renovables en Australia Meridional han pasado por varias etapas. Hubo entusiasmo inicial, sobre todo en Port Augusta, donde se consideraba que ofrecía una “transición justa” para dejar de depender del carbón. La central eléctrica local había sido un importante empleador y, cuando su propietario privado, Alinta, anunció el cierre en 2015 (ABC News, 10 de junio de 2015), una campaña local exigió una nueva central termosolar a gran escala para sustituirla.

Alinta cerró la central antes de tiempo, en 2016, sin transición directa a las energías renovables. Sin embargo, la campaña tuvo efectos más amplios, ya que la región se convirtió en foco de atención para los inversores en energías renovables. Esto llevó a la construcción de varios grandes parques eólicos privados, como el de Lincoln Gap, con 101 turbinas en veinte mil hectáreas, y el Parque Renovable de Port Augusta, con cincuenta turbinas en cinco mil hectáreas. La energía solar de gran tamaño es menos común, aunque hay un parque solar de ochocientas hectáreas cerca de Port Augusta, propiedad de la Bungala Aboriginal Corporation, y una planta termosolar de veinte hectáreas, Sundrop, dedicada a la desalinización y calefacción para tomates de invernadero.

Tras una oleada inicial de inversiones, la normativa estatal se volvió más estricta en 2019, con reglas sobre impactos acumulativos, proximidad a municipios y sobre el acceso a “zonas de alto valor medioambiental, paisajístico o cultural” (State Planning Commission, 2019). También hubo medidas sobre notificación pública, desmantelamiento, estabilidad de la red, niveles de ruido y corredores de fauna y, con ello, un aumento de la altura permitida para las turbinas de 150 a 240 metros. Estas medidas coincidieron con un descenso de las solicitudes, en parte por el anuncio de un interconector de 900 km con Nueva Gales del Sur, cuya finalización está prevista para 2025, lo que pareció atraer las propuestas hacia el oes- te del estado.

Una tercera fase del desarrollo de las energías renovables ha llegado a la región, cada vez más centrada en los usos “derivados”, sobre todo del hidrógeno “verde” procedente de energías renovables, tanto para la exportación como para su uso “en tierra”, como en la planta siderúrgica de Whyalla. El Plan de Empleos del Hidrógeno del Gobierno estatal, anunciado en 2023, se considera ahora generador de una nueva ola de interés por las energías renovables en la región.

La planificación de las energías renovables en Australia Meridio- nal se ha centralizado en el Panel de Evaluación de la Comisión Estatal, que organiza consultas y audiencias públicas. Las empresas intentan definir sus proyectos como “proyectos de la Corona” de importancia estatal (PlanSA, 2024), lo que impide apelar toda decisión final del ministro; de ese modo, tienen acceso a un “servicio previo a la autorización” acelerado con un departamento patrocinador, que identifica las “infraestructuras estatales esenciales”.

El proceso de planificación estatal soslaya a las autoridades locales, aunque estas podrían permitir una mayor participación e implicación de la comunidad. Los ayuntamientos colaboran en el grupo Spencer Gulf Cities, que recientemente ha promocionado la zona como “centro neurálgico” de las energías renovables (Spencer Gulf Cities, 13 de septiembre de 2022). Su papel formal es limitado y ni siquiera reciben ingresos fiscales de las energías renovables, ya que la electricidad está exenta de las tasas locales. Los ayuntamientos elaboraron un informe en 2018 para cuestionar esta exención (AEC, 2018), pero el Gobierno estatal se ha negado a abordarlo.

La cuestión fiscal, que hace que los contribuyentes locales subvencionen a las grandes empresas mundiales de energías renovables, ha suscitado el descontento. La preocupación se centra en la falta de beneficios locales, sobre todo en términos de empleo. Los contratistas traen su propia mano de obra y solo recurren al mercado laboral local para trabajadores poco cualificados, contratados de forma eventual. No existe un plan local de mano de obra y el trabajo es intermitente, aunque algunas agencias de empleo locales establecen contratos recurrentes.

Como reflejo de décadas de desventaja regional, la región cuenta con muy pocas empresas capaces de aceptar trabajo en la industria. La política estatal hace poco porcolmar las lagunas de cualificación. Los planificadores se basan en la afirmación de que las industrias consumidoras de materias primas generarán puestos de trabajo, en lugar del sector de las energías renovables. Mientras tanto, la mayoría de los nuevos puestos de trabajo llegan de forma indirecta, en los sectores de la salud, el transporte, el comercio minorista y la hostelería.

Como en Karnataka y Brandeburgo, los principales beneficiarios son los terratenientes anfitriones. Las tierras son áridas y la energía eólica tiene un impacto mínimo en los ingresos de las explotaciones. Cada turbina puede reportar unos ingresos anuales de alquiler de hasta veinticinco mil dólares australianos durante unos treinta años; el 40% del estado pertenece a arrendamientos de pastoreo, tierras apropiadas a los pueblos indígenas locales y concedidas a los colonos por las autoridades coloniales. Estos terratenientes son ahora los que más se benefician de las energías renovables, lo que reafirma la desposesión colonial y agrava la desigualdad.

Sin embargo, la situación está cambiando, dado que se han recnocido los derechos sobre la tierra. El Gobierno federal se vio obligado a reconocer el título de propiedad aborigen con el caso Mabo de 1992 y la legislación federal de 1994 permitió a los pueblos aborígenes reclamar la titularidad de las tierras. Tras veintiocho años de lucha, los pueblos nukunu y barngarla obtuvieron el Título Nativo en la región a partir de 2016. Se han devuelto algunas “tierras de la Corona” de propiedad estatal y los propietarios tradicionales han obtenido algunos derechos de negociación sobre las tierras estatales arrendadas cada vez que se produce algún cambio en los acuerdos de tenencia, como en el caso de las energías renovables.

Hasta la fecha, las empresas de energías renovables han sido responsables de una serie de acuerdos de “consentimiento” ad hoc y muy divisivos. Como afirmó un titular de un título aborigen: “Todavía no he tenido ninguna buena experiencia con las energías renovables, solo mucha indignidad y dolor”. Una excepción es el parque solar de Bungala, que obtuvo un contrato de arrendamiento para emplear a trabajadores y contratistas aborígenes.

Con el resultado del Título Nativo, los Propietarios Tradicionales de Barngarla (BDAC, por sus siglas en inglés) firmaron en 2022 un acuerdo pionero sobre el uso de la tierra, y se aseguraron de este modo la copropiedad y los ingresos por arrendamiento de un gran parque solar en tierras de la Corona. Las empresas mineras suelen pagar cánones a los propietarios tradicionales, pero la copropiedad es prácticamente desconocida, salvo en una gama cada vez mayor de proyectos de energías renovables.

El resultado de Barngarla se considera un gran avance. La participación en el capital significa que el BDAC no solo es el terrateniente y propietario de la totalidad del proyecto, sino que también tendrá una participación en el mismo, lo que nos convierte −a los pueblos de las Primeras Naciones de la zona− en copropietarios de una de las mayores centrales de energía renovable del Estado .

Con ello, podría decirse que se abre una nueva fase de copropiedad en el desarrollo de las energías renovables.

Dado que el 40 % de la energía renovable a nivel nacional se ubicará en tierras indígenas, la copropiedad ha crecido. En 2023 había una docena de proyectos de energías renovables de propiedad conjunta con grupos indígenas locales (Baker, 3 de noviembre de 2023); el National Native Title Council (21 de abril de 2023) declaró que esto requería una “reconceptualización del papel de las Primeras Naciones en el desarrollo”. No hay razón para que este modelo de propiedad social no se extienda a otras poblaciones u organizaciones locales y se redefina la energía renovable para el desarrollo regional.

Posibilidades

La propiedad de la tierra es la cuestión clave para el desarrollo de las energías renovables a gran escala. Los inversores en energías renovables buscan un espacio vacío para acumular, ejemplificado en el mar de paneles solares, de horizonte a horizonte, en el parque solar de Pavagada. El comisario australiano de Infraestructuras Energéticas nos dijo que los inversores en energías renovables prefieren “grandes extensiones de terreno y un número reducido de propietarios, sin vecinos, sin ciudades ni otros asentamientos”. De este modo, hacen operativas las desigualdades existentes en materia de tierras, desde el mito australiano de la terra nullius hasta los fracasos de la reforma agraria en la India.

Frente a la creación de una nueva élite terrateniente basada en las energías renovables, y la desigualdad que esto conlleva, hemos encontrado a la población local que presiona para lograr una asociación más democrática. Las narrativas de las energías renovables regionales revelan un claro imperativo de democratizar el proceso de transición para aprovechar todo su potencial de transformación social. Los componentes clave serían el reparto de los ingresos, la copropiedad de las instalaciones energéticas y la cogestión de la tierra, la mejora del empleo y un diseño de la energía solar que coexista con la agricultura. En palabras de un agricultor indio: “La producción de energía continuará; las estructuras no pueden desmantelar- se. Por lo tanto, deberían darnos una asociación”.

La población local sostiene que la energía renovable debe tratarse como un proyecto de desarrollo regional, no simplemente como un proyecto energético. No debe desplazar los medios de subsistencia existentes y debe ofrecer beneficios locales considerables. El enorme superávit financiero obtenido de las energías renovables beneficia principalmente a las empresas de electricidad: la población local reconoce que esto es una gran injusticia y exige un cambio de modelo. Cuando visitamos parques eólicos y solares, a menudo nos dijeron que se trataba de un trabajo en curso. El director de Pavagada dijo que la planta era una “universidad” en la que se ponían a prueba nuevas ideas.

Este “trabajo en curso” está siendo forzado en nuevas direcciones. La oposición ha creado nuevas demandas de regulación, un mayor compromiso con el desarrollo regional y nuevas iniciativas de descarbonización. Al mismo tiempo, la energía distribuida persiste. Las energías renovables ya han establecido un nuevo sector energético doméstico y comunitario, un “procomún” energético basado en la autonomía energética.

Siempre existe la posibilidad de que haya retrasos. La transición energética es inevitable, pero su calendario es controvertido. La dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo considerable, sobre todo en el caso de la electricidad. Se necesita un fuerte respaldo público para superar estas presiones: el desplazamiento, la privación de derechos y el desencanto solo pueden ralentizar la transición. La propiedad social y la regulación participativa siguen siendo débiles, pero pueden ser la base del apoyo público.

La llegada de las energías renovables “socializa” el cambio climático y climatiza la energía. Desempeña un papel clave en el avance de los imaginarios sociales emergentes en la búsqueda de la agencia climática y la ética necesaria de la vida afectada por el clima. Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la coyuntura actual ofrece múltiples posibilidades (aún inimaginables).

La oposición obliga a una participación democrática más fuerte y apunta a una transición basada en la propiedad común, más allá del poder empresarial. El imperativo es claro: el control social de las energías renovables es ahora una base para la estabilidad climática, al mismo nivel que cualquier “patrimonio común” de la humanidad.

Bibliografía

ABC News (10 de junio de 2015). Alinta Energy to close power stations at Port Augusta and coal mine at Leigh Creek. https:// www.abc.net.au/news/2015-06-11/power-stations-port-augusta- alinta-energy/6537814

AEC (2018). Rating equity for commercial and/or industrial land uses outside towns in South Australia. https://nylga.sa.gov.au/wp-content/ uploads/2018/11/Final-Report-Rating-Equity-for-Commercial-In- dustrial-Land-Uses-Outside-Towns-in-SA-1.pdf

Baker, Russell (3 de noviembre de 2023). First Nations co-investment is a win-win for asset owners.Investment Magazine.https://www. investmentmagazine.com.au/2023/11/first-nations-co-investment- is-a-win-win-for-asset-owners/

Bhambhani, Anu (15 de septiembre de 2023). German State Launches Solar Expansion Offensive. Taiyang News. https://taiyangnews. info/markets/german-state-launches-solar-expansion-offensive

Energy & Mining (2022). Leading the green economy. Government of South Australia. https://www.energymining.sa.gov.au/industry/ hydrogen-and-renewable-energy/leading-the-green-economy

McGreevy, Michael y Baum, Fran (12 de marzo de 2021). South Australia has become a renewable energy powerhouse. How did they do it? Race to resilience. https://climatechampions.unfccc. int/south-australia-has-become-a-renewable-energy-powerhouse- how-did-they-do-it/

National Native Title Council (21 de abril de 2023). There is no net zero economy without first nations policy change. https://nntc. com.au/media_releases/there-is-no-net-zero-economy-without- first-nations-policy-change/

PlanSA (2024). Crown development and essential infrastructure. https://plan.sa.gov.au/development_applications/state_develop ment/crown-development

Spencer Gulf Cities (13 de septiembre de 2022). Regional Partnership Priorities Launch. https://upperspencergulf.com.au/2022/09/ regional-partnership-priorities-launch/

State Planning Commission (2019). Discussion paper on proposed changes to renewable energy policy in the planning and design code. Adelaida: Government of South Australia.

Subramanian, Meera (26 de abril de 2023). India’s quest to build the world’s largest solar farms. The New Yorker. https:// www.newyorker.com/news/dept- of- energ y/indias – quest-to – build-the-worlds-largest-solar-farms

James Goodman y el grupo de investigación Decarbonising Electricity* Gareth Bryant, Linda Connor, Devleena Ghosh, Jon Marshall, Tom Morton, Katja Mueller, Stuart Rosewarne, Riikka, Heikkinen, Lisa Lumsden, Mareike Pampus y Priya Pillai

El primer proyecto del grupo se centró en la oposición a las minas de carbón nuevas y ampliadas en Lusatia (Alemania), el estado indio de Chhattisgarh y Nueva Gales del Sur (NSW) (Australia), y dio lugar a la publicación de Beyond the Coal Rush (Cambridge University Press, 2020). El segundo proyecto se centra en la transición regional a las energías renovables en Lusacia, el estado indio de Karnataka y Australia Meridional, y se publicó con el título Decarbonising Electricity.

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by Susana Fernández Herrero

Inteligencia artificial y armas autónomas: una combinación letal

El número 164 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global publica en su sección A FONDO un artículo de Tica Font, experta en economía de la defensa y comercio de armas, sobre la combinación entre Inteligencia Artificial y armas autónomas.

El artículo comienza con la diferencia entre sistema de armas autónomas y sistemas de armas autónomas letales. Disponemos de muchos tipos de armas automáticas o automatizadas como los “sistemas antimisiles”, o sistemas de defensa activa o los usados en navíos de combate que, utilizando sensores, radares, y ordenadores detectan misiles y cuando están situados a menos de una cierta distancia, de manera automática disparan para destruir el misil, cohete de artillería o embarcaciones. Entre estos modelos estaría el escudo antimisiles ABM, diseñado para interceptar misiles enemigos antes de que lleguen a su destino.

Estos sistemas de armas utilizan algoritmos de toma de decisión precisos, establecidos mediante criterios del operador humano. En este grupo de armas tenemos las armas centinela, utilizadas por Corea del Sur o Israel, armas estacionadas en la frontera o en el muro Israel-Palestina. Suelen ser torretas dotadas de diversas clases de sensores y radares, conectadas a ordenadores y dotadas de diversos tipos de proyectiles que identifican vehículos o personas que se aproximan a zonas o franjas terrestres, en caso de detectar un intruso, le avisan y, si no retrocede, disparan.

Estos sistemas de armas automatizados tienen capacidad de respuesta sin que un humano dé la orden. Ello se justifica por la necesidad de respuestas rápidas −no hay tiempo para hacer consultas−. Se trata de armas de carácter defensivo y sus algoritmos de toma de decisiones están muy definidos y preestablecidos. Estos algoritmos siguen ecuaciones matemáticas o con base a la física, no tienen parámetros que haya que ajustar y los errores potenciales provienen de un mal uso o de errores humanos. Si hay un fallo siempre podremos saber qué parámetro ha fallado y podremos corregirlo. En el caso de los algoritmos de las armas centinelas, los algoritmos, a través de los sensores, tienen que diferenciar entre un humano y un animal cruzando la frontera y suelen hacerlo con reglas preestablecidas basándose en altura, la forma corporal o la velocidad.

En una segunda categoría se encuentran los llamados sistemas de armas autónomos. La diferencia entre un sistema de armas automático o automatizado y un sistema de armas autónomo, se encuentra en la estructura del sistema de toma de decisiones. En las armas automatizadas el sistema de toma de decisiones se construye con algoritmos que siguen reglas ya programadas, definidas, bien definidas. En los sistemas de armas autónomas, el sistema de toma de decisiones se basa en un modelo de realidad obtenido con redes neuronales de aprendizaje profundo a partir de datos.

Los algoritmos de aprendizaje automático son complejos, se basan en una gran cantidad de parámetros, centenares de millones, que requieren conjuntos de datos enormes para entrenarse, muchos más datos que parámetros haya que ajustar en el entrenamiento o durante el aprendizaje. Estos algoritmos son opacos y llevan asociado un grado de error que es intrínseco al sistema y, por tanto, su fiabilidad es limitada. Si un sistema basado en algoritmos de aprendizaje profundo falla, no podemos explicar que neurona o grupo de neuronas ha fallado, por eso se les suele llamar “cajas negras”.

En los sistemas de armas autónomas, el sistema de toma de decisiones se basa en un modelo de realidad obtenido con redes neuronales de aprendizaje profundo

Hay aplicaciones que utilizan sistemas de aprendizaje automático como son los traductores, son útiles y todos somos conscientes que cualquier traducción requiere una supervisión posterior por parte del usuario en la fase final, y son las personas las que finalmente asumen la responsabilidad de la traducción. Esto no pasa con los sistemas (sean militares o civiles) de aprendizaje automático dotados de autonomía de uso, ya que por definición no contemplan ningún tipo de postsupervisión humana y el resultado pueden ser víctimas civiles.

En el caso de un vehículo autónomo somos conscientes que un error del sistema puede provocar accidentalmente la muerte de alguna persona. En el caso de aplicar estos algoritmos a armas, o utilizarlos para uso militar, la cuestión será si el error del sistema es aceptable o no. Todavía más: si aceptamos que sea un sistema el que tome la decisión, sin supervisión humana, de llevar a cabo una actuación que provocará víctimas humanas. En definitiva, vamos a centrar este debate en si es aceptable el uso de sistemas militares dotados de autonomía.

Los sistemas militares con autonomía de uso o armas autónomas llevan a cabo cinco tareas clave:

1) La tarea de búsqueda (find), permite obtener una lista de potenciales objetivos, lista que puede ser elaborada por humanos o por el mismo sistema. Los drones merodeadores, los de reconocimiento y los enjambres de drones están especialmente preparados para llevar a cabo esta tarea;

2) la tarea de definir un objetivo (fix), seleccionar un objetivo al que atacar;

3) la tarea de seguimiento del objetivo (tracking), mantener localizado el objetivo, sea móvil o fijo, y seguirlo en caso de que sea móvil;

4) la tarea de tomar la decisión de ataque (target);

5) la tarea de atacar (engage o destroy).

De todas estas tareas hay dos especialmente críticas y que en todos los sistemas militares clásicos quedan a cargo de los militares; son las de fix y target. Pero los sistemas militares con autonomía de uso se caracterizan por no tener ninguna supervisión humana es estas dos tareas, ni en ninguna de las cinco.

En los sistemas de armas automatizados el operador militar tiene la opción de parar la acción que se lleva a cabo durante un tiempo limitado; en el caso de sistemas de armas autónomos el operador no tiene esta opción.

Reto jurídico de los sistemas de armas autónomas letales

Como se ha mencionado, los sistemas de armas autónomas letales (Lethal autonomus weapons o LAWs) una vez activados, pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención adicional de un operador humano. A diferencia de los sistemas de armas defensivos automatizados o altamente automatizados, las armas autónomas podrían operar fuera de límites espaciales y temporales estrechos, podrían aprender a adaptar su funcionamiento en respuesta a circunstancias cambiantes en el entorno en el que se las desplieguen.¹
Si alguien activa un arma autónoma, no sabe exactamente a que personas u objetos atacará, ni tampoco sabe con precisión dónde ni cuando se producirá el ataque. Esto se debe a que estas armas se activan mediante sensores y software que comparan aquello que los propios sensores detectan en el entorno con un “perfil de objetivo”. El sistema podría activarse por la forma de un vehículo o por identificar a una persona con un cierto perfil. En este caso el vehículo o la persona serían los activadores de un sistema que acabaría en un ataque.

En la actualidad se han diseñado algunas clases de armas autónomas, aunque solamente se utilizan en circunstancias muy limitadas, como son las municiones tipo loitering o “drones kamikazes”, es una combinación de dron armado o misil. Estos dispositivos son capaces de permanecer en posición sobre una zona de objetivos, realizando un reconocimiento y proporcionando datos o imágenes para la asignación de un objetivo en vuelo. Este tipo de sistema permite que el ataque se lleve a cabo en el momento preciso o abortar la misión en caso de que no se detecte el objetivo o no se den las condiciones óptimas para el ataque. En esta situación, el operador humano permanece involucrado en todo el proceso y es él el que toma la decisión del ataque.

Los sistemas de armas autónomas letales, una vez activados, pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención adicional de un operador humano

El desarrollo de este tipo de armamento y su posible uso ha abierto un debate sobre si es necesario regular el uso de estos sistemas o si hay que regular el propio sistema. ¿Dónde hay que situar los límites? La segunda cuestión es si ante los avances producidos por estas tecnologías, tenemos que modificar, adaptar o replantear el derecho internacional humanitario y los derechos humanos a estas tecnologías o al revés, si son las tecnologías las que tienen que adaptarse a las normas internacionales.

En este trabajo tomaremos la posición de analizar estas armas a la luz de la legislación internacional existente. La primera consideración es que hay muy pocas normas sobre las armas. Como determina el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Derecho Internacional Humanitario dice que «el uso de medios y métodos de guerra cuya naturaleza cause lesiones o sufrimientos innecesarios está prohibido» (norma 70); y que «el uso de armas que por su naturaleza sean indiscriminadas está prohibido» (norma 71). De ahí que cualquier arma que necesariamente cause lesiones o sufrimientos excesivos o no pueda estar dirigida hacia un objetivo militar específico debería estar prohibida y no ser utilizada nunca.²

Las armas que han sido prohibidas mediante tratados específicos y que actualmente forman parte del derecho internacional vigente son: las armas químicas, armas biologías, las minas antipersona, las bombas de dispersión y las armas nucleares.

Desde esta perspectiva del derecho internacional debe asegurarse que los sistemas de armas autónomos puedan cumplir con los principios de responsabilidad, distinción y proporcionalidad.

Principio de responsabilidad

Cuando se cometa una violación de derecho internacional humanitario es fundamental establecer el responsable de los actos para poder hacer justicia y disuadir de futuras violaciones.

En general, las investigaciones por ataques militares se centran en la persona que disparó el arma y el jefe militar que dio la orden de ataque. Pero cuando se utilizan armas autónomas, ¿quién dará explicaciones de por qué se atacó un mercado o una escuela? En caso de error o un acto de crimen de guerra, ¿quién será el responsable?, ¿el programador?, ¿el fabricante?, ¿el militar a cargo del sistema?, ¿el político? ¿y si hubiera sido usado por un agente privado?

Definir con claridad en quién recae la responsabilidad de los actos llevados a cabo por un sistema de arma autónomo es fundamental para garantizar, por un lado, la redición de cuentas y, por otra parte, para asumir las consecuencias penales que puedan derivarse de la actuación.

De entrada, sería el militar el que asumiría la responsabilidad del sistema de arma autónoma, pero si él no lo ha activado o desconocía las intenciones del blanco (en el caso de ser una persona), ¿cómo puede ser el responsable? La experiencia nos dice que salvo en acciones comprobables en las que el militar actúe de manera imprudente, él no seria el responsable. Ello conduce a la impunidad.

Cualquier arma es susceptible de fallar o sufrir accidentes. En este caso, un fallo podría provocar que el sistema cometa un error y que seleccione y ataque inapropiadamente un cierto número de objetivos. Las víctimas de este tipo de armas pierden el derecho a saber la verdad, pierden el derecho de justicia y de reparación. Porque es evidente que un sistema de armas autónomo no tiene personalidad jurídica, no puedes llevarlo a los tribunales y no puede ser castigado por ello.

Principio de discriminación o distinción

Este principio obliga a las partes beligerantes en un conflicto armado a distinguir en todo momento sus ataques entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y a personas y bienes civiles por el otro. Por ejemplo, los algoritmos de la IA tendrían que poder distinguir entre un pastor pastún armado con un kalashnikov y un miembro armado talibán, o entre un cazador y un combatiente. También tendría que poder distinguir entre combatientes, sean combatientes activos o combatientes que han quedado fuera de combate (se han rendido, están heridos o porque son prisioneros); entre civiles que participan activa o directamente en las hostilidades y civiles armados, como pudiera ser el personal de seguridad.

Definir con claridad en quién recae la responsabilidad de los actos llevados a cabo por un sistema de arma autónomo es fundamental.

Por otra parte, los algoritmos de la IA tendrían que comprender el contexto en el que actúan. Si, por ejemplo, pueden identificar combatientes heridos, o que están en disposición de rendirse o combatientes con miedo. Estamos hablando de que los algoritmos de la IA puedan comprender intenciones. Muchas de las actuaciones previas al uso de la fuerza armada implican la toma de decisiones subjetivas, intuitivas, que requieren del juicio humano como por ejemplo distinguir entre un civil con miedo o un enemigo amenazante. Percibir, entender una situación, implica entender las intenciones que hay detrás de una expresión humana.

La dificultad o imposibilidad de que un sistema armado interprete o evalúe intenciones o emociones es un factor clave para decidir si es correcto o si es legal el uso de robots armados autónomos. Por tanto, si un arma o sistema de armas autónomo que inherentemente no pueda discriminar debe quedar prohibido.³

Principio de proporcionalidad

La norma de proporcionalidad exige que, antes de atacar, debe evaluarse el daño que pueda causarse a la población civil en cuanto a la ventaja militar obtenida con la acción. Este principio se aplica a actuaciones concretas con el fin de valorar si los daños causados eran proporcionales en relación con la ventaja militar que se obtuvo, o si, por el contrario, los daños fueron excesivos.

La proporcionalidad es propia del discernimiento humano y se basa en conceptos como el sentido común, actuar de buena fe o una orden razonable. Las interpretaciones jurídicas imperantes se basan explícitamente en estos conceptos de sentido común o de buena fe. Queda por determinar en qué medida estos conceptos pueden traducirse en algoritmos y programas tanto en la actualidad como en futuro.

Analizar el principio de proporcionalidad en cualquier actuación militar es muy complejo y es un ejercicio puramente cualitativo y difícil de cuantificar. Es imposible obtener un consenso sobre cuantos civiles es “proporcional” matar o, en una actuación determinada cuantos civiles o daños colaterales son “excesivos”. Según Markus Wagner, el equilibrio, la proporcionalidad o el exceso dependen de los valores del individuo que haga los cálculos. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad es, por naturaleza, subjetivo y no es posible llegar a consensos.⁴

Por tanto, volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿es posible que los algoritmos de la IA actual o en el futuro, puedan realizar este tipo de valoración o evaluación tan dependiente de valores y de contexto?

La ética y los sistemas de armas autónomos

Los defensores de desarrollar armas autónomas piden no poner límites al desarrollo de estas armas. Alegan que los humanos, bajo ciertas condiciones como calor, rabia, miedo, ira, rencor o deseo de venganza, actuamos de la peor manera posible. Los robots, es cierto, no pueden actuar bajo estos estados de ánimo, no pueden tener sentimientos como estos y, por tanto, podrían evitar muertes innecesarias. Los defensores de no limitar la creación de armas autónomas letales argumentan que las armas completamente autónomas pueden ser capaces de cumplir con los tres principios del derecho internacional humanitario y que pueden cumplirlo mejor que los humanos, ya que pueden procesar más información, más rápidamente que los humanos y no estar inhibidos por preservarse a sí mismos, ni estar influenciados por las emociones.

Los defensores de no limitar el desarrollo de estas armas totalmente autónomas nos recuerdan que en situaciones de conflicto armado los humanos cometen muchas vilezas como violar a mujeres y niñas o torturar.

Según los desarrolladores, los robots no pueden actuar bajo estados de rabia o rencor, por lo que podrían evitar muertes innecesarias

Es cierto que los robots y las armas totalmente autónomas, a menos que estén programados específicamente para ello, no violarían a mujeres, no torturarían y no causarían daños intencionadamente a la población civil.

Es cierto que estas armas no tienen sentido de riesgo, salvo que se las programe específicamente para preservarse, no tienen miedo y no toman decisiones influidos por emociones. Pero hay que reconocer que hay emociones o sentimientos que representan una salvaguarda. Sin emociones se puede matar más fácilmente. Los sistemas de armas totalmente autónomas no tendrán el sentido común de los humanos, no pueden sentir compasión, lástima, empatía o intuición. Todos estos sentimientos son una salvaguarda frente a la atrocidad.

Es cierto que los humanos somos falibles y estas máquinas no −se las programa para ejecutar misiones militares de ataque−, pero el ser falibles es la condición que nos hace diferentes del resto de especies, representa la esencia de la humanidad. Estas armas no sienten y no pueden sentir culpabilidad por sus actos; en cambio un humano sí.

Estas armas pueden ser programadas para abordar y evaluar situaciones de manera cuantitativa, pero su capacidad para hacerlo de manera cualitativa es y será muy limitada. Estas habilidades son muy necesarias cuando se trata de decidir sobre sobre la vida o la muerte de seres humanos. Lo mismo podemos decir sobre la capacidad de los sistemas de armas totalmente autónomos para distinguir y evaluar entre órdenes lícitas o ilícitas, o su capacidad para interpretar un contexto, evaluarlo en cálculos basados en valores. Por ejemplo, un arma totalmente autónoma podría decidir disparar sobre un niño que lleva un arma en sus manos, su decisión podría estar conforme a la ley, el niño iba armado, pero esta actuación puede no ser considerada ética. Un militar ante esta misma situación puede recordar o evocar a su hijo, puede pensar que él puede no matar al niño y buscar una solución alternativa como puede ser capturarlo.

Hasta aquí hemos abordado la utilización de la IA aplicada a una clase especifica de sistemas de armas, las autónomas, que pueden ser utilizados en el campo de batalla. Estamos considerando sistemas de armas que sustituyen a los humanos es las tareas del combate. Pero también podemos pensar en que estos sistemas pueden ser utilizados en otras tareas éticamente cuestionables como interrogar o torturar a sospechosos. En este contexto cabe tener presente que un robot, a diferencia de un médico, no ha hecho un juramento hipocrático de no hacer daño a un humano; a diferencia de un humano, ¿cómo llevará a cabo el seguimiento de los signos vitales o del dolor de un humano que está siendo interrogado o torturado?⁵

Impacto político de los sistemas de armas totalmente autónomos

Hay un consenso general en que la aplicación de la IA en todos los aspectos militares producirá cambios de gran calado en las guerras, y no solamente en términos de capacidades militares, sino que cambiará los enfoques, las estrategias, las tácticas y las teorías de cómo hacer la guerra.

Los nuevos sistemas de armas autónomas están supervisados por militares que pueden estar situados a cientos o a miles de kilómetros. El militar está muy lejos del llamado campo de batalla, y no se requiere su presencia física en este espacio geográfico. De esta manera, los militares pueden hacer la guerra a turnos, acabado su turno, el soldado vuelve a casa a cenar y revisar los deberes escolares con los hijos. Según Singer,⁶ este tipo de armas interpone una gran distancia física entre el ser humano, la propia arma y las consecuencias de su utilización. Tal distanciamiento físico puede provocar un distanciamiento psicológico y moral o una disminución del sentido y de la conciencia de la responsabilidad de la actuación. Con los sistemas de armas autónomas, las guerras serán más fáciles de empezar, las barreras morales, éticas y psicológicas serán más débiles, los políticos pueden poner menor resistencia a involucrarse en el desarrollo de las guerras −ya que no estarían tan presionados por el rechazo de los ciudadanos a las pérdidas de las vidas humanas− y los políticos pueden reducir esfuerzos en buscar soluciones no violentas a un conflicto. En definitiva, la utilización de toda esta generación de nuevas armas en combate nos abre el debate sobre la banalización del hecho bélico a escala política y social.

Hay un consenso general en que la aplicación de la IA en todos los aspectos militares producirá cambios de gran calado en las guerras

Estos nuevos sistemas de armas suponen una tecnología diseñada para disminuir las bajas de soldados en combate, que no quiere decir que mueran menos civiles en las guerras y que no mueran más personas por ataques de robots o armas autónomas que por armas convencionales. El uso de robots en la guerra eliminará el obstáculo político de hacer la guerra; provocará que los políticos eviten asumir ante la sociedad lo que representa el retorno de los cadáveres de soldados muertos. Cada vez más los políticos piden a los militares que diseñen intervenciones bajo la doctrina de "cero muertos", es por eso por lo que impulsan el desarrollo de estas nuevas armas, les es más fácil enviar a los robots a hacer la guerra, que no enviar nuestros hijos y tener que hacer cartas de pésame a las familias de los soldados muertos. Ante la opinión pública los políticos evitarán la responsabilidad, ya que con la utilización de los robots deshumanizamos la guerra y eliminamos el factor humano. La utilización de robots en el combate puede conseguir hacer más aceptable la guerra para la sociedad y además puede evitar la "fatiga del combate" que provoca una guerra de larga duración.⁷

Armas autónomas, drones y otras municiones presentan ventajas: los militares no pueden ser abatidos y además suponen menor coste económico. El valor de un dron es mucho menor que un avión de combate. En definitiva, nos lleva a la guerra low cost, no solamente en términos económicos sino también en términos éticos y políticos. Estas nuevas armas ofrecen mayor proyección de fuerza con menor riesgo para la vida de los militares; permite más acciones militares con menos soldados. Ello nos lleva a preguntarnos si la vida de los militares es más valiosa que la de los civiles, si hay vidas que tienen más valor que otras, si hay vidas de las que se puede prescindir. También nos interpela como sociedad. Nos dice que tenemos una doble moral en relación con los sacrificios que estamos dispuestos a asumir; una doble moral ante una sociedad que demanda intervenir militarmente sin sacrificios humanos propios y sin riesgo para los gobernantes políticos.

Conclusiones

La aplicación de la IA nos abre la puerta a plantear las guerras sin riesgo para la vida de los militares, con lo que comporta prevalecer las soluciones militares por encima de las soluciones políticas. Hace más fácil pensar en guerras a distancia y las hace más abstractas.

Estas armas nos sitúan en un escenario de deshumanización. La narrativa de las bondades de la IA tiende a ignorar aquellos aspectos que afectan al sentido de la humanidad y que afectan o cuestionan los derechos civiles y derechos humanos.

Como hemos recogido al inicio del artículo, los sistemas militares dotados de IA con autonomía constructiva, tienen comportamientos no explicables, con una probabilidad garantizada de error que es significativa, de aquí que si estos sistemas de nuevas armas no pueden cumplir con los principios jurídicos del derecho internacional humanitario −el principio de responsabilidad, de distinción y de proporcionalidad− hay que considerar que estas armas son indiscriminadas y, por tanto, tendrían que ser ilegales. Finalmente, señalar que deberíamos dotarnos de un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera su desarrollo y uso.

Tica Font Gregori es experta en economía de la defensa y comercio de armas y fundadora e investigadora del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs.

Descarga el texto completo en formato pdf: Inteligencia artificial y armas autónomas: una combinación letal

NOTAS:

[1] Joaquín Rodríguez, Xavi Mojal, Tica Font y Pere Brunet, (2019), Nuevas armas contra la ética y las personas. Drones armados y drones autónomos, Centre Delàs, Informe núm. 39, disponible en: https://arxiu.centredelas.org/images/INFORMES_i_altres_PDF/informe39_DronesArmados_CAST_web_DEF.pdf

[2] Jaume Saura, «Algunas implicaciones del empleo de drones en perspectiva jurídica internacional», en El arma de moda: impacto del uso de los drones en las relaciones Internacionales y el derecho internacional contemporáneo, ICIP Research, núm. 4,, ICIP, Barcelona, 2014, pp. 133.

[3] Posición de la Comisión de la Cruz Roja Internacional sobre estas armas, CICR, 12 de mayo de 2021 [en línea], disponible en: https://www.icrc.org/es/document/posicion-del-cicr-sobre-los-sistemas-de-armas-autonomos

[4] Markus Wagner M., (2014), «The Dehumanization of International Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political Implications of Autonomous Weapon Systems», Vanderbilt Journal of Transnational Law, 47, 1371-1424, disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2541628

[5] Patrick Lin, «Drone-Ethics Briefing: What a Leading Robot Expert Told the CIA», The Atlantic, 15 de diciembre de 2011, disponible en: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/12/drone-ethics-briefing-what-a-leading-robot-expert-told-the-cia/250060/

[6] Peter Warren Singer, Wired for War. The Robotics Revolution and Conflicts in the 21st Century, Penguin Press, Nueva York, 2009.

[7] Pere Vilanova, «Drones y política exterior: un instrumento de múltiples lecturas»,en, El arma de moda: impacto del uso de los drones en las relaciones internacionales y el derecho internacional contemporáneo, ICIP Research núm. 4, 2014, pp. 73.

by Susana Fernández Herrero

Alternativas sobre la basura desde la economía social y solidaria y la dimensión comunitaria

Alternativas sobre la basura desde la economía social y solidaria y la dimensión comunitaria: miradas desde una Ecología Política de la basura

La basura es el reflejo de nuestro sistema de producción, consumo y distribución. Lo vemos en el caso de la comida, así como en el del plástico u otros residuos sólidos.

La actual crisis de la basura es el espejo de una sociedad basada en una economía lineal, con el estímulo desenfrenado al consumo, a la extracción y uso ilimitado de recursos naturales, además de estar sostenida por la explotación de personas y zonas geográficas concretas, especialmente en el Sur Global.

El dosier no solo se interesa en situar el problema de la basura desde esta perspectiva, sino ir más allá, pensando y proponiendo alternativas a lo que por veces parece ser un callejón sin salida. Cada vez surgen más iniciativas que tratan la gestión de la basura desde otras lógicas. Son iniciativas que no caen en una simple utilización o reutilización de la basura como fuente de negocio y lucro individual, sino que también buscan cuestionar su devaluación e invisibilización en la sociedad. En muchos casos, son prácticas que se enmarcan dentro de la llamada Economía Social y Solidaria (ESS), es decir, prácticas que proponen movernos de una economía basada en la maximización y acumulación hacia otras formas de economía basadas en la cooperación, la justicia social y en la gestión compartida y democrática de los bienes.

Alternativas sobre la basura desde la economía social y solidaria y la dimensión comunitaria

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El dosier está estructurado en tres partes:

La primera parte, Cuando la basura comenzó a ser un problema, profundiza en la crisis de la basura, así como en las críticas al modelo económico que la sostiene. También aborda brevemente algunas propuestas que se proyectan como “grandes soluciones” al problema —con especial énfasis al reciente foco que ha adquirido la llamada economía circular— pero que, a pesar de sus contribuciones, también revelan insuficiencia.

La segunda parte del dosier, Cuando la basura genera inclusión social. Recuperación de residuos sólidos no orgánicos desde la economía social y solidaria, se centra en el mapeo en las iniciativas de recuperación de residuos sólidos urbanos no orgánicos. Aquí, se discute la diversidad de formas y estrategias seguidas para dar una segunda oportunidad a aquellos objetos que han sido desechados.

La tercera parte del dosier, Cuando la basura genera vida. Recuperación de residuos sólidos orgánicos en el ámbito urbano, se enfoca en los residuos sólidos urbanos orgánicos, dando énfasis al desperdicio alimentario, una temática crítica dentro del tratamiento de la basura. Dentro de esta parte, se apuntan diversas iniciativas teniendo en cuenta las fases de la cadena alimentaria en la que se insertan, los modos en que enfocan la cuestión del despilfarro alimentario y sus formas organizacionales: comunitarias, cooperativas, empresas sociales, bancos de alimentos, etc.

A día de hoy, encontramos diversas cooperativas, asociaciones vecinales, grupos de consumo, despensas solidarias, entre otras entidades, que experimentan con prácticas de reducción, reciclaje, reaprovechamiento y revalorización de la basura.

En un mundo donde tenemos cada vez menos razones para mantenernos optimistas, donde circulan con frecuencia imágenes de albatros repletos de plástico, o de personas alimentándose en vertederos, este dosier quiere acompañar y alumbrar algunas de las grietas que apuntan hacia posibilidades de futuros distintos. Esperamos que estas grietas, aunque todavía humildes e imperfectas, puedan transmitirnos inspiración, lecciones, y sobre todo, algo de esperanza para una transformación necesaria y urgente en nuestros modos de organizar la producción, el consumo y los desperdicios.

El texto incluye una completa bibliografía sobre los temas abordados.

El dosier se complementa con las entrevistas, en formato podcast, realizadas a diferentes personas asociadas a diversas iniciativas de gestión de la basura y especialistas del tema.

PODCAST:

“Economías transformadoras y transiciones ecosociales: encuentros y vinculaciones posibles”, conversación con Unai Villalba, profesor de la Universidad del País Vasco.

“Conjugando la Economía Social y Solidaria y el cuidado medioambiental desde la basura: la experiencia de Traperos de Emaús-Navarra”.

“El compostaje comunitario en Madrid”, sobre la experiencia de la Asociación de Compostaje de Hortaleza y el proyecto de compostaje de la Oficina de Sostenibilidad de la UAM.

“Voces del Amanecer: la historia y la lucha del modelo porteño de reciclaje”, entrevista a un representante de la Cooperativa Amanecer de los Cartoneros, la mayor cooperativa de cartoneros de Argentina.

by Susana Fernández Herrero

Entrevista a Alberto Fraguas y Jose Manuel Naredo

El número 168 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye en su sección A FONDO una Entrevista a Alberto Fraguas y Jose Manuel Naredo realizada por Monica Di Donato investigadora en el área Ecosocial de FUHEM, sobre la plataforma Alianza más allá del crecimiento.

La sostenibilidad como enfoque está claramente agotado. Vivimos tiempos llenos de incertidumbres con crisis concatenadas y poliédricas. Hay que deconstruir el relato del permanente crecimiento económico sin límites y de la competencia como factor intrínseco de la naturaleza humana.

La plataforma Alianza más allá del crecimiento, que acaba de nacer, se propone impulsar un camino de reflexión y pedagogía desde la sociedad civil organizada que sea capaz de resolver críticamente el dilema entre “lo que hacemos” y “lo que debemos hacer”, entre “lo posible” y “lo necesario”, en equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo. De la mano de Alberto Fraguas, promotor de la iniciativa, y de Jose Manuel Naredo, una de las voces más relevantes dentro del panorama político y económico crítico español, exploraremos el contexto de fondo y los elementos claves que inspiran esta renovada preocupación hacia la construcción de un nuevo modelo ecosocial de convivencia que trascienda la ideología dominante.

Alberto Fraguas es ecólogo y coordinador de Ecología Política de ATTAC Madrid y Jose Manuel Naredo es economista, estadístico y librepensador.

Monica Di Donato (MDD): Hace unos días intervinisteis muy activamente en la presentación de la alianza Más allá del crecimiento, conformada por 24 organizaciones muy relevantes de la sociedad civil. ¿En que contexto debemos enmarcarla?

Alberto Fraguas y José Manuel Naredo (AF-JMN): La actual situación está plagada de incertidumbres. Las crisis económicas, sanitarias, ecológicas, se concatenan entre sí con conflictos bélicos de telón de fondo y todo ello con el cambio climático como multiplicador de amenazas. Una situación ante la que empieza a generalizarse la sensación de falta de respuestas adecuadas por parte de instituciones públicas y también privadas.

Las timoratas reacciones internacionales ante estas guerras, alguna claramente genocida, la torpe gestión de desastres naturales (que se han hecho artificiales), los nefastos resultados de la última COP29 sobre cambio climático y un demasiado largo etcétera están demostrando una inacción intolerable por parte de los gobiernos a la hora de buscar soluciones reales y no tanto subterfugios con mucha carga “lampedusiana” (es decir, que parezca que todo cambia para que nada cambie), que son los que parecen confundirse con remedios aplicados.

Esta es la reflexión que está calando en la gente y en sus organizaciones, derivando y retroalimentando un debate profundo que, por otra parte, ya lleva unos años instalado en determinadas organizaciones y academias e incluso gobiernos, sobre si es factible seguir por este camino que nos lleva hacia el precipicio.

Hasta ahora la reacción del sistema económico ha sido lanzar iniciativas de prevención y corrección, más a modo de “anticuerpos“, para supuestamente inmunizar de los efectos crecientes del sistema económico en la biosfera; una reacción para soportar y mantener el sistema dentro de unos cauces rentables que denominó sostenibles. Se crea así la idea del desarrollo sostenible, la economía circular, la transición ecológica, etc. que, más que aportar soluciones, son gestos ceremoniales y propagandas de imagen verde para desactivar la crítica. Si nos atenemos a los hechos, tras casi cincuenta años operando con estas proclamadas «propuestas sistémicas de adaptación sostenible», nos encontramos a nivel planetario con los peores indicadores de la historia. Más gases de efecto invernadero, más extractivismo, más deforestación, más daños a la biodiversidad y a la salud, más problemas derivados del agua, más emigración ambiental, más desigualdades, más pobreza.

Y esto es de lo que son conscientes las organizaciones que forman la alianza Más allá del crecimiento. Creemos que hay que dar una “vuelta de tuerca” a este desarrollo sostenible puesto que no parece que funcione. Después de tanto tiempo hay que concluir que está agotado y, en suma, que se comporta como un oxímoron.

Por tanto, hay que profundizar en otras soluciones más desde las raíces que soportan el actual modelo económico, soluciones que surjan a partir de una escala de valores diferente, donde el “crecimiento económico” deje de ser el indicador de calidad de vida y la economía atienda a objetivos comunes, al bienestar social y ambiental. Para reconducir esta deriva hacia horizontes ecológicos y sociales más saludables es imprescindible cuestionar y cambiar las reglas del juego económico que actualmente acentúan el deterioro ecológico y la polarización social y territorial, para fomentar una economía más integrada en la biosfera que contribuya a la estabilidad ecológica y reestablezca la armonía entre personas y países (sobre todo del Norte y Sur y/o entre el bloque occidental capitaneado por EEUU y el de los BRICS).

A todo esto, la crítica hacia el panorama actual y el afán de reconducirlo en el sentido antes indicado, es lo que nos une en la Alianza. Un camino complejo donde hay que revisar en esta puesta en común el propio equilibrio entre objetivos eco-sociales a corto y largo plazo.

MDD: ¿Qué aspectos diferenciales tiene con respecto a otras iniciativas actuales en ambitos ecosociales?

AF-JMN: Hay una frase que repetimos bastante en la Alianza y es que: «no se trata de ver quien tiene razón, sino en ver qué podemos hacer juntas y juntos». Siguiendo esto no nos hemos preocupado mucho francamente en qué nos diferencia sino más bien en lo que nos une.

Creo que, si hay algo que es propio de la Alianza, es que se trata de una plataforma compuesta por un número nada desdeñable de movimientos sociales que representan una amplia gama de corrientes y sensibilidades críticas presentes en la sociedad civil. Y hay que subrayar que son estos movimientos los que sintetizan los sentimientos de solidaridad, amistad… o generosidad que con distintos matices mantienen la cohesión social y posibilitan la vida al margen de los afanes de lucro y las peleas por el poder que alberga y potencia la actual sociedad piramidal. Son estos sentimientos y estos movimientos que los poderes políticos, económicos y mediáticos acostumbran a ignorar y ningunear, los que esta plataforma trata de agrupar y reforzar, ya que son los pueden potenciar los cambios mentales e institucionales que enderecen el panorama actual hacia horizontes más prometedores. Aunque esté en sus inicios, la plataforma ya está conformada por organizaciones de diferentes ámbitos cuyas distintas sensibilidades esperamos que se potencien mutuamente como la economía (Economistas Frente a la Crisis, Economistas sin Fronteras); las organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace); técnicos y científicos (Fundación Nueva Cultura del Agua, Rebelión Científica, Asociación de Agricultura Ecológica); sindicales (CCOO, UGT); de los derechos civiles (Demospaz, Asociaciones Marea Blanca); consumidores (CECU); de la justicia social (Plataforma contra los tratados de libre comercio, Plataforma Renta Básica Universal), de la cooperación (Alianza por la Solidaridad); de la economía solidaria (cooperativas como ECOOO y la Garbancita Ecológica) con otras de carácter más transversal (ATTAC, Foro Transiciones, fundaciones como Alternativas , Transición Verde , Espacio Público y CONAMA), por el momento.

Llevamos muchos años en el activismo ecologista en sus distintas formas, y creemos que hemos cometido algún error en cuanto a ser demasiado endogámicos, a hacer ecologismo en entornos ecologistas y sensibilizar al que ya está sensibilizado, y no hemos pensado lo necesario en cómo extender nuestros enfoques cuando lo importante, y más ahora que nunca, es ampliar el debate llevando las propuestas hacia el resto de la sociedad, pensando que nuestros mensajes han de ser horizontales e inclusivos. Hemos de considerar que todo el mundo –salvo que tenga intereses mezquinos o inconfesables asociados a psicopatías o sadomasoquismos singulares (que siempre hay)– deseará vivir en un entorno ecológica y socialmente acogedor que habrá que cuidar, que a nadie que esté en su sano juicio le gustará estar en zonas degradadas o encontrar la calle plagada de personas carentes de alimentación y vivienda. Así, nuestros mensajes y propuestas han de situarse por encima de las creencias religiosas, políticas o deportivas que dividen a la gente y creemos que la Alianza puede contribuir a ello.

En suma, que hemos de buscar nuevas hegemonías sobre la base de análisis de la realidad más amplios e integradores para reorientar los cambios que se vienen dando hacia los horizontes ecosociales más deseables para la mayoría.

MDD: ¿Cómo ir avanzando en ese nuevo modelo? ¿qué herramientas necesitamos?

AF-JMN: Lo primero que debemos entender es que esto, obviamente, no es un partido político que nace para pelear con los otros por el poder, sino una plataforma recién constituida de movimientos sociales críticos del statu quo, que trata de potenciar sus discursos y sus acciones mediante una puesta en común, enriqueciéndolos con el intercambio de ideas y sensibilidades, amplificando su audiencia y haciendo más visible su existencia. La plataforma inicia un proceso en el que las guías o “propuestas preconcebidas en fila” no son válidas, sino que irán surgiendo de esta puesta en común.

El objetivo es ir mudando de paradigmas, ¡nada menos!, para cambiar la mentalidad y la sociedad en el sentido antes indicado y para eso hace falta mucha reflexión y pedagogía, hacia fuera y hacia dentro de las organizaciones de la Alianza. Evidentemente esto no está reñido con hacer comunicados o emprender acciones sobre temas concretos e inmediatos. Hemos de asumir las incertidumbres que surgirán en el equilibrio de objetivos a corto y largo plazo.

MDD: ¿Qué riesgos hay de diseñar programas contrahegemónicos dentro del capitalismo? ¿Cómo resignificamos dimensiones como utopía, libertad, democracia o paz?

AF-JMN: Hemos de darnos cuenta que con el colapso del socialismo real ha colapsado también el relato un tanto simplista de la izquierda que interpretaba la historia como una sucesión de modos de producción, espoleada por la lucha de clases que nos llevaría por fuerza desde el capitalismo hacia el comunismo. Y si la meta deseable del comunismo se ha diluido hasta el punto de que la derecha utiliza hoy el término como insulto descalificador, hemos de revisar también si un término económico tan simple como el de capitalismo sirve para definir bien el mundo en el que nos ha tocado vivir. Quizás habría que empezar por definirlo mejor para vislumbrar también mejor los nuevos horizontes y poner nombre a las propuestas más o menos utópicas de sociedad hacia las que queremos avanzar rescatando aquella idea de la «utopía necesaria» para tender hacia una sociedad más equilibrada en términos ecosociales.

Para ello, hemos de adoptar un enfoque más amplio y más maduro que trascienda la metáfora de la producción y la idea usual de sistema económico, para darnos cuenta de que el banco de pruebas de la historia, más que una sucesión de modos de producción que nos ha llevado al capitalismo, nos muestra una deriva de modos de dominación que, lejos de sucederse, evolucionan y se solapan entre sí. El viejo clientelismo, dominante en la antigua Roma, goza hoy de buena salud de la mano de esas organizaciones jerárquicas que son las empresas y los partidos políticos e incluso la esclavitud y la servidumbre, entendidas como control absoluto sobre las personas, siguen existiendo por muy ilegales que sean bajo el disfraz de trabajo asalariado o autónomo libremente consentido por las partes, disfraz que marca toda una serie de grados de dominación y dependencia que aprietan cada vez más a la gente. A la vez que todas ellas conviven con relaciones de dominación machistas y racistas, además de con las viejas y renombradas relaciones y sentimientos clasistas y elitistas.

La Alianza tiene la ventaja de contar con movimientos críticos que tratan todas estas dimensiones desde distintos ángulos, lo que ayudará a tomar conciencia de ellas y del modo en el que interaccionan. Así, frente a las teodiceas simplistas del cambio social que han venido desembocando en reduccionismos y despotismos diversos, la puesta en común de la Alianza reclama enfoques más maduros que reconozcan las imperfecciones y absurdos de la sociedad en que vivimos para construir sobre ellas una convivencia más sana y razonable. Ello tomando plena conciencia de que por mucho entusiasmo con el que se abracen las utopías y los ideales sociales e individuales más puros, nunca podrán realizarse plenamente porque habrá alguna persona o fuerza impersonal que los parasite o socave, a las que siempre habrá que combatir y frenar. Por ejemplo, hay que advertir que la democracia no es un sistema que pueda instalarse llave en mano y funcione al margen del comportamiento de las personas, sino que puede albergar, en función del afán de intervención y participación de la sociedad civil, desde una ciudadanía libre e igualitaria, hasta el despotismo y la desigualdad más absolutas.

En cualquier caso, no hace falta precisar utopías y mundos ideales a prometer para tomar conciencia de los graves despropósitos que generan la actual crisis de civilización y para sentir la necesidad de corregirlos, como tratan de hacer los movimientos que se integran en esta Alianza.

En este contexto pretendemos ir ampliando nuestra capacidad de intervención social y extendiendo la idea que un nuevo modelo de integración ecosocial implica generar mejor calidad de vida para la gran mayoría de la gente. Si somos capaces de trasladar a la ciudadanía la idea de que nada se pierde, sino que por el contrario todas y todos ganamos y que la protección ambiental es la misma que la social, que la lucha por llegar a fin de mes tiene que ver con la lucha por evitar el actual despilfarro de los recursos, quizás se puedan resistir las embestiduras de los poderes hegemónicos del sistema que son los que expolian estos recursos, poderes que son muy reales y potentes, y a los que el nuevo modelo que se plantea les resultará muy incómodo pues en la base del mismo está lo que esquivan como son el equilibrio ecológico y la equidad social, raíces del mismo árbol.

MDD: ¿Cuál es el papel que reserváis al Estado en ese nuevo modelo?

AF-JMN: No cabe definir a priori ningún modelo de Estado. Lo que si cabe es consensuar su papel, resaltando que esta Alianza tiene que analizar la ardua tarea de rescatar y sanear un Estado hoy parasitado por los lobbies y redes de poder imperantes, para conseguir que represente de verdad a la ciudadanía. Este objetivo más inmediato reclama un saneamiento político y económico en gran escala, que condene las habituales prácticas corruptas que asocian la picaresca empresarial con políticos conseguidores, junto con la evasión fiscal y penal de los más ricos y poderosos. Un saneamiento que arroje luz sobre la opacidad en la toma de decisiones que sirven al actual capitalismo clientelar que impone, con sus comisionistas a bordo, megaproyectos y contratas tanto o más lucrativos para algunos, como de escaso interés para la mayoría. Hay que subrayar que el decrecimiento de la corrupción, del despilfarro en contratas y megaproyectos absurdos y/o sobrevalorados, de la evasión fiscal y de otras prácticas de despilfarro interesado, podría liberar enormes recursos hacia aplicaciones económicas, ecológicas y sociales más razonables a consensuar.

Lo anterior no quita para pensemos también en reorientar el actual modelo de Estado, ya que ofrece un marco institucional propicio al caciquismo clientelar imperante. Recordemos que, si como establece la Constitución y confirma la práctica política española, el poder ejecutivo controla directamente todos los órganos reguladores y desincentiva la participación social y las consultas e iniciativas populares, nos encontramos con que la Transición ha desembocado en una refundación oligárquica del poder en la que, como proponía Franco, todo ha quedado «atado y bien atado» para que ciertas elites sigan parasitando y manejando el Estado a voluntad. Como decía un eslogan del 15M, «lo llaman democracia y no lo es».

Frente a este panorama habría que establecer un marco institucional que evite la concentración y la discrecionalidad opaca del poder en pocas manos y configure y potencie instrumentos de regulación y participación neutrales e informados que orienten y filtren la toma de decisiones importantes. En suma, que habría que invertir mucho más en promover la implicación y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, que en operaciones, contratas y proyectos absurdos o sobre dimensionados a los que se acostumbra a dar barra libre presupuestaria.

Precisamos, pues, un Estado donde las decisiones sean más compartidas y que fomente una economía más basada en cuidados y derechos que en beneficios y lucros, que apoye iniciativas con menor huella de deterioro ecológico. Un Estado en suma que facilite la autotransformación de la sociedad, es decir que la sociedad pueda cambiarse a sí misma, y que sea soporte de garantías de bienestar social desde la reafirmación de los bienes naturales como bienes comunes.

MDD: ¿Queréis dar como cierre de la entrevista un último mensaje sobre el papel y el tono o el talante que consideráis que deben presidir la Alianza?

José Manuel Naredo: En lo referente a propósitos, sentimientos y reglas de comportamiento que creo que deben presidir esta Alianza (y siempre en la idea de la «utopía necesaria»), me voy a permitir como remate de lo anterior esta nueva vuelta de tuerca al tema en forma algo más poética:

Que esta Alianza sirva

Para multiplicar entornos ecológica y socialmente acogedores

que promuevan la afinidad y la solidaridad como valores

potenciando relaciones intelectuales y afectivas

que generen simbiosis placenteras y creativas.

Entornos amistosos carentes de jerarquías, servidumbres y catecismos

en los que se aparquen toda clase de ismos

para hacer que afloren afinidades y sentimientos enriquecedores

que nos conecten ya libres de ataduras y conflictos poco alentadores.

Hagamos que los entornos gratificantes prosperen

como antídotos contra la crispación social y la modorra mental

que los poderes establecidos acostumbran a atizar

arrinconando la mezquindad y los malos humores

que generan enfrentamientos, heridas y sinsabores.

Porque, para evitar el naufragio al que nos arrastran

y vislumbrar un mundo mejor:

hemos de hacer que predomine la España generosa, bella y amigable

sobre aquella otra que hoy impera, fea, mezquina, hortera y pesetera.

J.M.N.

Acceso a la entrevista en formato pdf: Entrevista a Alberto Fraguas y Jose Manuel Naredo sobre la Alianza de movimientos sociales Más allá del crecimiento

by Susana Fernández Herrero

PAPELES 168: Condiciones para una cultura política alternativa

Nuestro presente está plagado de contradicciones, inseguridades e incertidumbres y, cada vez, de más conflictividad. El fin del orden neoliberal ha complejizado las realidades, ya sean de naturaleza local o transnacional. No son pocos los que buscan explicaciones fáciles que acaban deformando la lente a través de la cual se observan los hechos.

En paralelo, el capitalismo contemporáneo estimula una cultura política cuyos efectos oscilan entre la generación de pasividad y de agresividad. Como indica Santiago Álvarez Cantalapiedra en la Introducción:

«El mayor logro del capitalismo contemporáneo ha sido hacernos creer que se trata simplemente de un sistema económico y no lo que realmente es: un modo de producción cultural que da lugar a un tipo de sujeto que ha declinado la obligación de hacerle frente».

En esta fase del capitalismo se ha alentado un modelo gerencial focalizando en el éxito personal que alimenta la meritocracia y la excelencia individualizada, incitando, de nuevo, la glorificación del “gran hombre”, el emprendedor de éxito (multi)millonario. En la cara oculta de la moneda, actúa un capitalismo precarizador, individualista y darwinista que está conduciendo a un modelo político de corte autoritario que amenaza la democracia.

Las condiciones parecen invitar al desarrollo de subjetividades dominadas por los reflujos del consumismo, la competitividad y la polarización, con la atomización social como resultado.

En este enjambre de ideas y relatos contrapuestos, es más necesario que nunca alentar sujetos capaces de avanzar una cultura política a favor de la emancipación y la justicia.

En el número 168 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global nos interrogamos por las condiciones políticas, sociales y culturales necesarias para abrir este camino.

Abre este número Santiago Álvarez Cantalapiedra con la Introducción titulada «Por una cultura política alternativa».

En A fondo contamos con los análisis de Joaquim Sempere, Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández, Javier Zamora, Daniela Osorio-Cabrera, Ricardo Gordo, Daniel Albarracín y una Entrevista realizada por Monica Di Donato a Alberto Fraguas y José Manuel Naredo.

En Experiencias recogemos los textos de la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas y de Laura Villadiego, cofundadora de Carro de Combate.

Raúl Garrobo reflexiona sobre la ética en su Ensayo «Yo, en Gaia; la ley moral en mí». Xavier Domenech selecciona y comenta un texto de E.P. Thompson en Referentes y como es habitual, cierra el número la sección de Lecturas.

A continuación, ofrecemos el Sumario de la revista y además en abierto para descarga gratuita, la Introducción del número y la Entrevista a Alberto Fraguas y José Manuel Naredo.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

Por una cultura política alternativa, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

¿Qué hacer? Reflexiones para la izquierda hoy, Joaquim Sempere.

La empresarialización de la vida y la crisis de lo social, Luis Enrique Alonso y Carlos Jesús Fernández Rodríguez.

¿Condenados a una esfera pública espectacularizada?, La política de los mercados de la atención, Javier Zamora García.

Alfabetizar mediáticamente en un mundo mediatizado, Ricardo Gordo Muskus.

Por una política de los afectos en la economía social y solidaria, Daniela Osorio-Cabrera.

El consumo en un metabolismo sociedad-sistema Tierra sostenible: una perspectiva alternativa, Daniel Albarracín Sánchez.

Entrevista a Alberto Fraguas y Jose Manuel Naredo sobre la Alianza de movimientos sociales Más allá del crecimiento, Monica Di Donato

EXPERIENCIAS

La PAH: Resistencia y esperanza frente a la crisis de la vivienda, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

Del periodismo internacional al consumo crítico, Laura Villadiego.

ENSAYO

Yo, en Gaia; la ley moral, en mí, Raúl Garrobo Robles.

REFERENTES

E.P. Thompson y las identidades como clausura, Xavier Domènech Sampere.

Escribiendo a la luz de las velas, Edward P. Thompson.

LECTURAS

Foundations of social ecological economics. The Fight for Revolutionary Change in Economic Thought, Clive L. Spash.

Pedro L. Lomas

Sorting machines. The reinvention of the border in the 21st Century, Steffen Mau

Claudia Sánchez Vidal

La creación de riqueza y pobreza. Neoliberalismo y desigualdad, Hassan Bougirne

Carlos Susías Rodado

Notas de lectura

RESÚMENES

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by Susana Fernández Herrero

Por una cultura política alternativa

Vivimos tiempos inciertos marcados por cambios acelerados y transformaciones profundas. El fin del orden neoliberal ha abierto un escenario plagado de contradicciones que impregna de miedo e inseguridad a la sociedad. La capacidad de respuesta de la ciudadanía se encuentra lastrada por la desorientación y la impotencia y, particularmente, por la ausencia de una práctica cultural alternativa capaz de aliviar las tribulaciones y liberar la imaginación política.

Santiago Álvarez Cantalapiedra escribe el texto introductorio «Por una cultura política alternativa» que abre el número 168 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, texto que ofrecemos a continuación de forma libre y gratuita.

Dice el autor que el miedo es como una masa viscosa que se adhiere y expande por el cuerpo social y que resulta difícil desprenderse de ella cuando lo inunda todo. No es un pánico infundado. El malestar y el sufrimiento social lo alimentan.

Las desigualdades, la precariedad, el ascensor social averiado, la falta de esperanza en el futuro por el aumento de las amenazas asociadas a las guerras o a la profundización de la crisis ecológica constituyen el sustrato en que arraiga una parte importante de nuestro miedo. Se espera el golpe, aunque no se sepa muy bien por donde vendrá. Puede llegar de manera repentina en forma de pandemia, guerra, DANA, megaincendio asolador o simple desahucio, o de manera gradual y casi imperceptible al erosionar las bases de la prosperidad y convivencia democrática que dábamos por ciertas y bien asentadas.

Esta sensación difusa pero muy presente de incertidumbre e inseguridad, de estar a merced de no saber qué, da alas a los mercaderes del recelo. Quienes intercambian odio por miedo, aquellos que ofrecen sucedáneos de seguridad individualizada, logran mayor aceptación que la que consiguen las propuestas de las izquierdas, cuando estas últimas, sobre el papel, deberían de estar en condiciones de poder canalizar mejor el malestar y la indignación al haber defendido históricamente la necesidad de mecanismos de protección social.

¿Qué ha cambiado, en qué marco cultural nos movemos hoy, para que eso pueda ser así?

El capitalismo ha cambiado

El creciente protagonismo económico y político de las grandes empresas tecnológicas y financieras está transformando el capitalismo contemporáneo y con ello también se está alterando la estructura social, así como los efectos de los discursos asociados a los cambios en esas estructuras.

Estos cambios representan una oportunidad perdida, otra más, para encarar las amenazas que se derivan de esa crisis ecosocial de amplio alcance (pues presenta vertientes tanto ecológicas como sociales y políticas) que atravesamos en la actualidad. Las contradicciones lejos de atenuarse se profundizan cada día que pasa. La primera, y más fundamental, es que la economía capitalista socava las condiciones sociales y naturales sobre las que está asentada.¹ No es un problema interno del capitalismo, es una contradicción entre la economía y la sociedad, por un lado, y entre la economía y la naturaleza, por otro. Es una crisis que emerge entre esferas o sistemas distintos con dinámicas de reproducción difícilmente compatibles y que conduce a que la continuidad de la existencia social (y de gran parte de la vida no humana) se encuentre amenazada por los imperativos económicos, que básicamente hoy son financieros y tecnológicos al basarse en el predominio de las rentas financieras y en el incremento de la capacidad de apropiación y transformación de la naturaleza. También existe una contradicción entre economía y política o, por ser más precisos, entre capitalismo y democracia, dado que la acumulación capitalista necesita de unos poderes públicos como condición de posibilidad y, sin embargo, ese impulso a la acumulación ilimitada conduce a la larga a desestabilizar y a generar desconfianza sobre esos mismos poderes públicos de los que depende.²

Estos cambios y contradicciones afectan también a la estructura de una sociedad cada vez más fragmentada en la que se han asentado formas de subjetivación que promueven salidas individualistas justificadas en discursos −centrados en la “autorresponsabilidad”, la “eficiencia”, la “excelencia”, la “empresarialización” de uno mismo y la desconfianza en las instituciones− dictados por gurús del management y una amplia gama de multimillonarios tecnológicos,³ al tiempo que se asiste con impavidez al colapso de las bases comunitarias de la sociedad y al desmontaje político de los mecanismos de protección pública.

De este modo, el mayor logro del capitalismo contemporáneo ha sido hacernos creer que se trata simplemente de un sistema económico y no lo que realmente es: un modo de producción cultural que da lugar a un tipo de sujeto que ha declinado la obligación de hacerle frente. Así, en el día de hoy, cautivo y desarmado el sujeto antagonista, las tropas tecnológicas y financieras del capitalismo global han alcanzado sus últimos objetivos dando por terminada la guerra de clases y la posibilidad de cualquier alternativa.

La necesidad de una cultura política radical alternativa

Se hace difícil contar con una cultura política alternativa sin sujetos o agentes del cambio que la promuevan. Pensar lo primero conlleva tomar en consideración lo segundo y viceversa. Sin embargo, la cuestión crucial en el pensamiento político de quienes son los agentes de cambio que pueden alumbrar una alternativa está abierta desde hace tiempo, al menos desde el momento en que empezó a ser cuestionado el papel de partera de la historia que se había atribuido tradicionalmente a la clase obrera.

Manuel Sacristán dejó planteadas algunas consideraciones al respecto de los sujetos de la revolución ecológico-social hace más de cuarenta años. En este nuevo año en el que se celebra el centenario de su nacimiento, no está de más recordarlas.⁴ Según Sacristán −pensando en el papel que podrían desempeñar los intelectuales en un sentido amplio (profesorado universitario, científicos y cuadros técnicos en sociedades cada vez más posindustriales)− parece poco probable que puedan perfilarse como agentes de cambio aquellos grupos que, además de minoritarios, son claros beneficiarios de la situación existente. Por tanto, habría que seguir pensando, como siempre se hizo, en términos de mayorías sociales que sufren algún tipo de explotación y dominación o sobre las que se ciernen amenazas inminentes ante las que ya no cabe compensación alguna.

Pero añade Sacristán una segunda consideración de mayor relevancia si cabe. Resulta improbable que pueda acontecer algún cambio social significativo sin el concurso de quienes aguantan la subsistencia de la sociedad. Y aquí hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de quienes desempeñan las actividades esenciales que aguantan la existencia social o bien las desarrollan fuera del mercado o, cuando desempeñan su trabajo bajo relaciones mercantiles, reciben la peor valoración y la menor remuneración, y en general se encuentran sometidas a condiciones de fuerte precarización y atravesadas por relaciones de dominación y explotación coloniales, de género y clase social.

Esta consideración nos obliga de nuevo a tener presente la principal contradicción que hemos enunciado al principio: la derivada de un capitalismo caníbal que devora las bases sociales y naturales de las que depende. Esa contradicción no anula ni desplaza otras contradicciones internas que desestabilizan al capitalismo con crisis recurrentes, pero exige ahora poner la atención tanto en sus componentes internos como, sobre todo y especialmente, en la interacción con las condiciones primordiales −externas al propio sistema económico− que posibilitan la reproducción de la existencia civilizada de una sociedad; asimismo, nos muestra que en esas fronteras entre el sistema económico y la esfera social reproductiva y los sistemas naturales es donde en mayor medida se están manifestando hoy los conflictos más apremiantes (por el derecho a una vivienda y un trabajo dignos, por la asistencia sociosanitaria, por una justicia alimentaria sostenible, por el reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes, las luchas feministas por la corresponsabilidad en los cuidados, las acciones ecologistas en favor de los comunes del agua, la calidad del aire, la tierra o la defensa de la biodiversidad). De lo que se desprende que no será alternativa aquella cultura política que no ponga en el centro la protección de las personas y el cuidado de la naturaleza no humana. Una idea de cuidado y protección que debe interpretarse en un sentido amplio y con gran alcance pues invoca actividades que se desarrollan en diferentes ámbitos o esferas bajo condiciones y relaciones muy diferentes. Significa también saber diferenciar el trabajo socialmente necesario de todas aquellas otras actividades que, por muy lucrativas que sean, no aportan ningún valor social o destruyen la naturaleza.

Obstáculos y desafíos

No es fácil promover una cultura política alternativa de este tipo. Se enfrenta a importantes obstáculos materiales y culturales. Entre los primeros, la fuerte fragmentación y precarización que se vive en los ámbitos asalariados ocupados en las tareas más esenciales, la rígida división social, sexual e internacional del trabajo sobre la que se asienta nuestro modo de vida, las dificultades que se ponen a la integración como ciudadanos de pleno derecho a la población inmigrante y un largo etcétera. Entre los segundos, el escaso aprecio por lo público y lo común en beneficio de lo privado e individual, el distanciamiento y cosificación que imprime la mentalidad y el tipo de racionalidad que emana de la modernidad capitalista y la dificultad de plantear un modo nuevo de satisfacer las necesidades humanas más allá de la lógica extractivista y consumista que se desprende de la acumulación sin término que impone el capital.

Tal vez esta última sea la principal dificultad con la que nos encontramos. Plantear una crítica radical al actual modo de vida imperante y buscar alternativas de vida que no sean consumistas ni destructoras de la naturaleza es algo extraordinariamente difícil de alcanzar en el contexto sociocultural actual. En nada ayuda el actual despliegue de las tecnologías de la información en manos de magnates tecnológicos, un puñado de ricos que controlan medios de comunicación y redes sociales en connivencia con los poderes financieros de este planeta. Este creciente protagonismo económico y político de las grandes empresas tecnológicas y financieras está “desdemocratizando” las democracias liberales y generando una tormenta perfecta que arrasa la relación de la ciudadanía con la información y la verdad. Convendría no olvidar el papel decisivo que tuvieron en su día otros inventos tecnológicos a la hora de establecer nuevas formas de hacer política. Hitler fue quien usó por primera vez en sus mítines potentes sistemas de megafonía, convirtiéndolos en actos públicos de masas. Fue también, junto a Mussolini, el primero en aprovechar los nacientes avances de la aeronáutica para multiplicar los actos en los que participaba. Hoy, en un contexto de máxima incertidumbre y miedo, las redes sociales −convertidas en un actor político con agenda propia− siembran la sospecha e inundan con bulos y relatos alternativos cualquier espacio de conversación pública. La lógica de las plataformas digitales y redes sociales, centradas en la batalla de la atención, ha reducido la práctica política a un carrusel de guerras culturales al que todo el mundo quiere subirse, también quienes andan en busca de alternativas. Pero eso significa entrar en un terreno con las reglas marcadas y con escasas posibilidades de éxito.

Tal vez, en medio de esta atmósfera “infoxicada”, ensimismada en la última polémica divisiva y polarizadora, haya que buscar otros caminos y otras prácticas para construir una cultura política alternativa. Y como no se trata de descubrir mediterráneos, quizás convendría volver a dedicar más tiempo a las viejas maneras de socialización y formas de subjetivación política con las que el movimiento obrero y sindical, ecologista, feminista y pacifista consiguieron entrar en escena. La presencia, el acompañamiento, la autoorganización con las gentes que aguantan la subsistencia de la sociedad, escuchando y dando voz a quienes no la tienen: mujeres, personas inmigrantes, campesinos y población asalariada de los sectores de cuidados y protección social que viven en la mayor irrelevancia y precariedad vital.

Impulsar una cultura popular crítica necesita, para empezar, lograr entendernos mediante procesos elementales de alfabetización con la población procedente de lugares con otras lenguas y culturas y traducir los lenguajes con los que se expresan situaciones insoportables de opresión para evitar que sean jerga incomprensible para la mayoría. Abrir espacios de encuentro −ateneos, asociaciones, casas del pueblo, parroquias, organizaciones sindicales, centros de cultura popular− que permitan superar los particularismos y las identidades cerradas, desde los que se forje y difunda una cultura de solidaridad y unos valores distintos a los propios de la ideología capitalista. Espacios preocupados tanto de la transformación personal como de la creación de experiencias de vida comunitaria alternativa que no obvien la importancia de la dimensión política. Escuelas cotidianas que nos preparen a encajar los golpes y ayuden a comprender las enseñanzas que deberíamos haber sacado de experiencias como la COVID o la DANA: tal vez, la principal de todas, que no es conveniente volver a la normalidad, que es mejor comenzar de nuevo. Sin estos espacios, sin esos vínculos, atomizados y a la intemperie por muy conectados que estemos, es fácil sentirse desamparados y vulnerables frente a las amenazas y el miedo que nos atenazan.

Es posible que también ayude en esa tarea de construcción de alternativas rebajar el tono de prédica categórica con la que a menudo se trata de convencer a los demás, evitando la ingenuidad de que es suficiente con la constatación científica de unos hechos para suscitar voluntades y promover la acción colectiva. La verdad científica debe dar realismo a lo que se propone, pero la repolitización de los conflictos se consigue con actitudes y gestos de coherencia ética en la práctica política que muestran que la mejor forma de decir es el hacer.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del Área Ecosocial de FUHEM y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

Descarga el artículo completo en formato pdf: Por una cultura política alternativa

NOTAS

[1] Nancy Fraser, Capitalismo caníbal, Siglo XXI editores, Madrid, 2023.

[2] Nancy Fraser, «La crisis de la democracia. Sobre las contradicciones políticas del capitalismo financiero más allá del politicismo», en Hanna Ketterer y Karina Becker (eds.): ¿Qué falla en la democracia? Un debate entre Klaus Dörre, Nancy Fraser, Stephan Lessenich y Hartmut Rosa, Herder, Barcelona, 2023, pp. 67-93 (también en el capítulo 5 de Capitalismo caníbal de esta misma autora).

[3] Véase en este mismo número el artículo de Luis Enrique Alonso y Carlos Jesús Fernández Rodríguez, «La empresarialización de la vida y la crisis de lo social», pp. 19-40.

[4] Véase: «Una conversación con Wolfgang Harich y Manuel Sacristán», publicada en el año 1979 en la revista Mientras Tanto, nº 8, pp. 33-55 y recopilada en el libro de Salvador López Arnal y Pere de la Fuente: Acerca de Manuel Sacristán, Ediciones Destino, Barcelona, 1996, pp. 131-152.

by Susana Fernández Herrero

Race2Paris – Shifting gears for climate action: Transforming europe’s transportation

FUHEM Ecosocial pertenece a la red socio-ecológica de laboratorios de ideas SET-NETWORK que se creó como respuesta a la escalada de la desigualdad social, a la profundización de la crisis climática, y al surgimiento del populismo de derecha y extrema-derecha en toda Europa.

Este colectivo está formado por seis organizaciones de diferentes partes de Europa:

Corporate Europe Observatory – https://corporateeurope.org/en

Momentum Institute – https://www.momentum-institut.at/

Centro per la Riforma dello Stato CRS – https://centroriformastato.it/

Minerva progressieve denktank – https://www.denktankminerva.be/

Transnational Institute TNI – https://www.tni.org/es

FUHEM Ecosocial – https://www.fuhem.es/ecosocial/

La red tiene el objetivo de contribuir a una transición ecológicamente sostenible y justa de nuestras economías y sociedades. Colaborando más allá de las fronteras y políticas de la UE, queremos aumentar el impacto colectivo que tenemos sobre los problemas políticos europeos y globales.

Los grupos participantes son organizaciones independientes de la sociedad civil comprometidas con la transparencia y los valores democráticos fundamentales. No están afiliadas a ningún Partido político, y poseen todo un historial de lucha social y ecológica, cuyo impacto se ve complementado en su unión. El objetivo es el de ampliar la red de modo significativo, primero dentro y luego más allá del espacio político europeo para construir sobre esas fortalezas y tener mayor impacto político.

La red ha publicado su primer informe Race2Paris – Shifting gears for climate action: Transforming europe’s transportation, que examina algunas de las principales características del desarrollo del sector del transporte en la Unión Europea y en siete países europeos: Austria, Bélgica, la República Checa, Alemania, Italia, Holanda y España, especialmente centrado en la liberalización del ámbito ferroviario. A pesar de los compromisos globales, se ha encontrado una desconcertante realidad – el sector del transporte de estos países se sitúa muy por detrás de las aspiraciones del Acuerdo de París, especialmente en lo que se refiere a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A continuación, ofrecemos el texto completo del informe en inglés, el resumen ejecutivo del informe y la traducción al español del Capítulo referido a España, elaborado por el investigador de FUHEM Ecosocial Pedro L. Lomas.

Race2Paris: Informe completo

Race2Paris: Resumen Ejecutivo

Race2Paris: España

by Susana Fernández Herrero

Naturaleza sagrada. Cómo podemos recuperar nuestro vínculo con el mundo natural

Naturaleza sagrada. cómo podemos recuperar nuestro vínculo con el mundo natural

Karen Armstrong

Crítica/ Planeta, Barcelona 2022 190 págs.

Reseña publicada en la sección LECTURAS del número el número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

¿Qué cabe hacer para recuperar un vínculo más auténtico y menos destructivo con la naturaleza?

Karen Armstrong nos ofrece una obra notable que replantea nuestra relación nociva y cosificadora con la naturaleza, proponiendo como solución un enfoque espiritual y humanamente sensible hacia el entorno natural, lo cual puede apreciarse desde su mismo título: Naturaleza sagrada. Cómo podemos recuperar nuestro vínculo con el mundo natural.

Su temprana vocación religiosa llevó inicialmente a nuestra autora a un convento católico hasta que, tras siete años en él, colgó los hábitos y comenzó su formación académica en Oxford, pero su convicción de que las tradiciones religiosas y sapienciales tienen algo valioso que ofrecer a la humanidad no la ha abandonado nunca, y así ha terminado escribiendo más de una decena de libros dedicados a la historia comparada y la filosofía de las religiones. Con ello, se ha convertido en una de las mayores expertas en temas religiosos a nivel mundial, siendo Naturaleza sagrada su última obra escrita hasta el momento.

En cada uno de los capítulos que componen esta obra, diez en total, se repite la misma estructura: la autora parte de una idea presente en diferentes tradiciones religiosas y filosóficas, explora sus ramificaciones y desemboca en una sección que denomina «Camino a seguir» en la que, extrapolando las enseñanzas que dichas tradiciones pueden ofrecer a la sociedad occidental actual, pretende motivar un cambio en la mentalidad del lector que genere un mayor respeto y veneración por la naturaleza; todo ello para intentar solventar la crisis ecosocial y medioambiental.

Frente a la actual crisis ecosocial, la autora propone una revolución o conversión en las mentes con el objetivo de recuperar el vínculo espiritual entre el ser humano y la naturaleza (y con ello poder llevar a cabo acciones que verdaderamente supongan una mejora para el entorno natural). Así, Armstrong afirma:

«No basta con cambiar nuestra forma de vida, hemos de modificar también la totalidad de nuestro sistema de creencias» (p. 15)

necesitamos superar la dañina cosmovisión reduccionista y mecanicista que ha propiciado la Modernidad euro-norteamericana. De esta forma, la autora sugiere el cultivo de una sensibilidad de veneración hacia la naturaleza como fin en sí misma y por su valor intrínseco, para lo cual cabría apoyarse en tradiciones desarrolladas especialmente en Oriente (que han mantenido la creencia en la inmanencia de una sagrada fuerza presente en la naturaleza que unía a todo ser, ya fuera persona, animal o vegetal, a diferencia del carácter sobrenatural de un Dios distante propio de las religiones occidentales).

Para ello, al comienzo del libro, Armstrong defiende la necesidad de recurrir a mitos (mythos) positivos con tal de percibir la sacralidad natural mediante la puesta en práctica de rituales o ceremonias artísticas que enseñen a apreciar estética y emocionalmente la naturaleza de manera compasiva, pues el discurso científico de advertencia ecológica parece no ser suficiente. Así, en el capítulo 2 continúa explicando cómo distintas tradiciones mítico-religiosas defienden la existencia de un sagrado principio en forma de energía que mantiene en armonía todo el cosmos y que puede captarse mediante la contemplación de la naturaleza para el desarrollo de una mentalidad antropocósmica, ya sea con el qi en el confucianismo, el tao en el taoísmo, los devas en el hinduismo, la buddhadhatu en el budismo Mahayana, o el Ein Sof en la mística judía de la Cábala.

Siguiendo con la exploración de diferentes narraciones religiosas, durante el capítulo 3, Armstrong invita a la reflexión sobre la santidad de la naturaleza criticando nuestro modo de interactuar con ella en beneficio propio, pues recurrimos a ella únicamente por su valor instrumental. Así, la autora no deja de insistir en que debemos modificar nuestro pensamiento sobre la naturaleza, para lo cual es necesario prestar atención a las “señales” que esta nos envía en forma de desastres naturales.

La naturaleza resulta ser una epifanía que el ser humano moderno debería apreciar (y para ello tiene que aprender a considerar sus acontecimientos como hechos extraordinarios y asombrosos).

Durante el resto de los capítulos, Armstrong explica que la toma de conciencia en forma de responsabilidad humana ante el daño causado al medio ambiente debe ser adquirida por toda la sociedad, reflejando así nuestra gratitud hacia la misma. Para ello, podríamos aprender a acomodarnos al equilibrio natural como ejemplo de biomímesis con la creación de sociedades humanas compatibles con ecosistemas naturales.

En el capítulo 6 expresa que este cambio de mentalidad es un proceso exigente que supone comenzar buscando cierta soledad, alejándonos de las distracciones mundanas, purificando nuestro ser y abandonando nuestro yo para someternos a la divinidad. Esto es lo que en la Grecia antigua se expresaba con el término de kénosis o “vaciamiento” del yo, es decir, un abandono del ego, como muestran figuras tales como Gandhi, M.L. King y Nelson Mandela.

En una kénosis ilimitada «todo se entrega a una reciprocidad creativa y espontánea» (p. 90), y llega a advertirse que todos los seres humanos, animales y vegetales se hallan en un proceso armónico de complementación. En este sentido, los humanos seríamos capaces de sintonizarnos con la naturaleza al dejar de imponer nuestra voluntad sobre ella, permitiendo así una relación armoniosa, de manera que nuestra vida se desarrollaría de un modo más acorde y respetuoso con el medio.

Para que una situación así pueda llevarse a cabo, en el capítulo 8 Armstrong propone que se siga la regla de oro o ética de la reciprocidad, que consiste en no hacer al resto lo que a uno no le gustaría que le hiciesen. Confucio fue uno de los primeros que la expuso como esencia del concepto ren, cuyo sentido remite a las obligaciones de uno con el otro y a la capacidad de ponerse en su situación, mostrando que nuestro comportamiento con el exterior también determina la conducta del otro. Así, preocuparse por el otro supone preocuparse por la naturaleza, honrándola y protegiéndola para participar de su reconstrucción y armonía.

Ahora bien, no se trata de una relación mística, sino de una ética derivada del hábito de la compasión, de ser responsables de nuestros actos y ser conscientes del vínculo humano con lo natural, respetando su equilibrio y sus principios.

Esta regla guarda relación con el principio hindú de ahimsa, que Armstrong introduce en el capítulo 9, cuya traducción sería “no causar daño”. Fueron los jainistas quienes mayor importancia dieron a este principio, pues trataban todo cuanto existe en el universo como poseedor de una yivá −una especie de principio vital− que había de ser respetada y tratada como sagrada y libre.

Señala la importancia de la no violencia explicando que el daño a todo ser que forma parte del todo supone a su vez el daño hacia uno mismo. Lo que Armstrong propone es romper con la alteridad y ampliar miras, comprendiendo que “lo otro” no existe como contraparte de “lo mío”, sino que todo forma parte del todo.

Con todo ello, el capítulo 10 evoca la imagen de los círculos concéntricos, propia de la tradición china, señalando la necesidad de trascender tanto el egoísmo como las ideas posesivas y de extender a los otros nuestra empatía. Esto no se reduce al ámbito privado, sino que es extensible a lo colectivo y, según comenta Armstrong, los chinos ya tenían este pensamiento global desde los albores de su historia.

Siguiendo en este sentido las enseñanzas de Mencio, plantea ir un paso más allá y no circunscribir los límites de nuestra empatía a los de nuestra especie, sino extenderlos a la totalidad de la naturaleza. Esta extensión supone tratar todo cuanto existe como poseedor de un valor que le es propio y que, por tanto, merece en sí mismo respeto. Esta tarea de ensanchar los círculos concéntricos le corresponde al individuo, de tal modo que cada uno tiene una cuota de responsabilidad en la ulterior consecución de la paz, razón por la cual no es algo que dependa únicamente de las decisiones tomadas por los partidos políticos.

Finalmente, Armstrong concluye señalando que para superar la crisis medioambiental resulta necesario reconectar con la naturaleza, y para ello la autora aconseja alejarse del ruido y de la continua actividad de nuestras sociedades para admirar la naturaleza en su silente majestuosidad. Ello implica superar la ruptura histórica entre Dios y la naturaleza, devolviendo a esta su carácter sagrado. Y, para llevar a cabo tal transformación, hemos de cambiar primero nosotros mismos mediante un proceso de toma de conciencia en virtud del cual asumamos las consecuencias de nuestras acciones y adquiramos una postura más biocéntrica que antropocéntrica hacia el medio natural.

«El hecho de que comprendamos al fin que nuestra propia existencia depende de la naturaleza indica que ha llegado la hora de abandonar nuestro antropocentrismo para abrazar, como preocupación última, la totalidad del cosmos» (p. 138-139).

En definitiva, se trataría de conseguir una transformación espiritual comunitaria y antropocósmica a favor de la naturaleza que acabe con las formas más destructivas de conducta humana. Sin duda, ¡no es pequeña tarea!

Inés Sanz Manzano, Elena Pardo Cabrera, María Celina Martínez Cubillo y Luis Sánchez de Benito

Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial, UAM-UPV.

by Susana Fernández Herrero

Entrevista a Bonnie Campbell

«En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»

Nuria del Viso entrevista a Bonnie Campbell en la sección A Fondo del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global titulado «Geopolítica, el territorio y los conflictos».

Bonnie Campbell (MA., DPhil, Universidad de Sussex) es . Es profesora emérita de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université du Québec à Montréal (UQAM), donde ha dirigido el Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS). Fue miembro del Grupo Asesor nombrado por el Gobierno federal canadiense para las Mesas Redondas Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Sector Extractivo Canadiense en Países en Desarrollo (2006-2007), así como del Grupo de Estudio Internacional de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas sobre la revisión de los regímenes mineros en África de 2007 a 2011. Campbell acaba de completar la dirección de un proyecto de cinco años (2018-2023) titulado «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas», y realizado en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso.

En esta entrevista ahonda en los efectos de las compañías mineras, generalmente del Norte global, sobre los estados y las comunidades del Sur.

Las actividades extractivas generan toda una gama de impactos entre los que destacan los daños al medioambiente y las violaciones de los derechos humanos, así como cambios indeseados sobre la capacidad regulatoria y de control de los estados donde tienen lugar tales actividades a manos de poderosas transnacionales.

Nuria del Viso (NV): Usted ha estudiado ampliamente la industria extractiva (IE) y la gobernanza, especialmente en África. Este sector se ha ganado una dudosa reputación por su capacidad para moldear la gobernanza en los tiempos de la reestructuración neoliberal hasta hoy, habiendo conseguido alinear las reformas con los intereses del sector. ¿Cuáles son las dinámicas en juego?

Bonnie Campbell (BC): Evidentemente, las dinámicas específicas en juego varían enormemente según el tiempo y el lugar y dependen de un amplísimo abanico de factores relacionados con la especificidad cultural, social, política y económica. Si se adopta una perspectiva más amplia, existen dinámicas importantes relacionadas con cuestiones como la evolución de los papeles y las funciones de los distintos agentes presentes, ya sean públicos o privados, las transformaciones derivadas de la introducción de reformas neoliberales y las relaciones asimétricas de poder que se configuran a raíz de estas transformaciones; los consiguientes problemas de legitimidad y "licencia social" para operar a los que se enfrentan las empresas extractivas y los marcos normativos en evolución y cada vez más complejos en los que operan estos agentes. Estrechamente relacionado con lo anterior está el actual proceso de renovación de las estrategias desplegadas por las empresas para ganar legitimidad para sus operaciones, que van desde las estrategias más tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) de "prestación de servicios", hasta medidas cada vez más sofisticadas como las "compensaciones de biodiversidad" para sugerir que existe una compensación por la pérdida de biodiversidad sin cuestionar la naturaleza del propio modelo de las industrias extractivas mismas.¹

Una dimensión adicional es la tecnificación creciente de los enfoques adoptados para analizar, gestionar y legitimar las actividades, tendencia que contribuye a oscurecer ciertas dimensiones clave relativas a las relaciones de influencia y poder. Sin embargo, estas son esenciales si se quiere comprender los procesos que tienen lugar, sus repercusiones, los problemas que plantean y las posibles vías para encontrar soluciones más adecuadas a las dificultades creadas y estrategias alternativas al desarrollo de los recursos naturales.

NV: ¿En qué medida el protagonismo de las empresas extractivas afecta a la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas? ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación tanto en términos políticos como sociales?

BC: Para comprender los orígenes de las actuales situaciones de asimetrías de poder en el sector extractivo, resulta útil una brevísima perspectiva histórica. Como se recordará, en las décadas de 1980 y 1990, bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales (IFI), una abrumadora mayoría de gobiernos de países ricos en recursos de todo el Sur global introdujeron regímenes mineros liberalizados, aparentemente para impulsar el desarrollo de sus países ricos en minerales pero endeudados. Las IFI recomendaron la introducción de sucesivas generaciones de medidas de liberalización de gran alcance destinadas específicamente a atraer inversiones extranjeras directas en un sector minero a gran escala cada vez más privatizado. Esto se produjo junto con reformas que exigían una fuerte retirada del Estado del sector minero. Con el tiempo, las IFI animaron a los países a alinear su legislación minera con los códigos mineros más liberalizados. Esto condujo a un proceso acumulativo de liberalización que pretendía crear un entorno lo más atractivo posible para la inversión privada.² En otras palabras, las medidas promovidas por las IFI crearon dinámicas regionales y continentales a través de las cuales se animaba a los países a competir entre sí para crear el régimen minero más liberalizado.

Un aspecto de la retirada programada de los estados de la gestión del sector extractivo fue la transferencia de lo que antes se consideraban funciones estatales frente a los operadores mineros privados en asuntos clave como regulación, prestación de servicios como carreteras, salud y seguridad. Ante la reducción de los fondos públicos, los estados estaban a veces más que dispuestos a acomodarse a esta tendencia y se embarcaron en lo que se ha descrito como un proceso de "ausencia selectiva". La dificultad radicaba en que este proceso creaba ambigüedad en cuanto a quién correspondía la responsabilidad y creaba lagunas en la gobernanza. En ausencia de la capacidad de los estados para hacer cumplir su propia normativa, por ejemplo, en materia de impactos ambientales, o disponer de los medios financieros y técnicos necesarios para supervisar los impactos y, en caso necesario, introducir medidas correctoras. Las situaciones resultantes plantearon problemas de legitimidad para las empresas y crearon las condiciones en las que cada vez era más probable que se produjeran conflictos. Se puede observar cómo las tendencias relativas a la disminución de la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas puede ser un factor que contribuye a la violencia que caracteriza las de las actividades extractivas en determinadas regiones.

NV: La narrativa de la "gobernanza nacional débil" ha sido ampliamente utilizada por las empresas para justificar su forma de actuar. ¿Cuál es tu valoración sobre esta manera de proceder?

BC: De hecho, las situaciones de gobernanza débil han sido creadas por la serie de reformas neoliberales introducidas en el sector y que se ven reforzadas por la asunción de funciones y responsabilidades del Estado por parte de las empresas que el propio Estado en ocasiones no puede permitirse asumir. Como he indicado, estas situaciones tienen alta probabilidad de generar conflictos, calificados por las empresas como "riesgos para la seguridad", lo que lleva a una tendencia creciente a la militarización del sector. Como ha señala la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) en un informe:³

Desde una perspectiva política, las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus ciudadanos a la hora de proporcionar infraestructuras básicas y otros bienes públicos. De hecho, las iniciativas de RSC deberían complementar los esfuerzos del gobierno a través de las instituciones administrativas locales y las autoridades locales. El marco que un gobierno elija para que un gobierno elija para afianzar la RSC debe ser claro en cuanto a las responsabilidades de las empresas mineras y qué responsabilidades deben corresponderse con las de las empresas mineras y comunicarse a éstas. (p 89)

La solución a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las empresas no pasa por más estrategias de RSC, sino porque las empresas respeten las leyes del país en el que operan, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente y la legislación nacional, paguen los impuestos, derechos y cánones a los que están sujetas y, de manera más general, que se reconozca ampliamente la legitimidad de los Estados para prestar servicios a sus poblaciones, condición para que se les exija rendir cuentas en relación a una redistribución más justa de los ingresos a sus poblaciones. La narrativa de la "gobernanza débil" sirve no solo para una justificación miope para que las empresas asuman funciones que antes asumían los estados, sino que, paradójicamente, debido a la fragilización de las estructuras estatales, su reducción y la falta de capacidad para hacer cumplir los marcos normativos crea condiciones que pueden socavar la legitimidad de las actividades de las propias empresas.

NV: ¿Existen características distintivas del modelo de gobernanza del sector de las IE en África respecto a las de América Latina o Asia? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

BC: Se trata de una pregunta difícil por las razones sugeridas en respuesta a la primera. En un nivel se pueden señalar factores que sugieren patrones de similitud debido al hecho de que ha habido olas similares de reformas de liberalización introducidas por las IFI en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, cuando se analizan las trayectorias específicas de determinados países, no solo se encuentran similitudes, sino también diferencias, como hemos visto en un estudio que analizaba las experiencias de Mongolia y Guinea.⁴

Debido a los diferentes contextos, el modelo de gobernanza del sector de las IE presenta características específicas, al igual que lo hacen las formas de resistencia y las estrategias en respuesta a la contestación. Además, nuestro entendimiento de las formas y grados de resistencia depende obviamente de la información producida y disponible. A este respecto, parece haber más información sistematizada sobre las resistencias y su represión en América central y del sur.⁵

Esto no implica, sin embargo, que en África no existan múltiples formas y lugares de resistencia. De hecho, la aparición de resistencias es frecuente, pero la información sobre dichas impugnaciones es muy escasa, dispar y de difícil acceso. En África, las causas de los conflictos que surgen en las explotaciones mineras tienen que ver sobre todo con:

1) el reparto de los ingresos mineros, el acceso al empleo, la falta de contribución al desarrollo social y económico;

2) la pérdida de medios de subsistencia o el desplazamiento físico de poblaciones o pueblos y el riesgo de que se produzcan tales desplazamientos;

3) peligros para la salud causados, por ejemplo, por vertidos de cianuro, o el temor a que se produzcan tales vertidos debido a la insuficiente capacidad e independencia de las autoridades locales para controlar esas situaciones y la calidad del agua.

Hay ejemplos de resistencia en torno a las amenazas ecológicas, como ilustra la resistencia a la empresa canadiense de petróleo y gas Reconnaissance Energy Africa Ltd. (ReconAfrica) en Namibia y Botsuana. Esta empresa poseía licencias de prospección petrolífera que abarcaban zonas donde habitan los san y otros pueblos indígenas, así como fuentes críticas de agua dulce y fauna en peligro de extinción. Actualmente se está investigando la integridad y exactitud de esta situación.

En lo que respecta al acceso a la información, cuando se mediatiza y está disponible internacionalmente, suele ser porque la resistencia afecta a las operaciones, los equipos o el personal de una empresa extranjera.⁶

La información sobre la represión de las manifestaciones de las comunidades locales, aunque conocida en los países afectados, se filtra muy raramente al extranjero, a menos que también participen organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Debido a la persistencia de relaciones a menudo muy asimétricas entre las autoridades locales, favorables a la implantación de actividades mineras, y las comunidades locales, que sufren las consecuencias, estas no suelen tener otro recurso que organizar manifestaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en varias ocasiones en Senegal, especialmente en Niokolo Mako, en mayo de 2021.

Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.⁷

NV: ¿Qué papel desempeñan la contestación y la movilización de la sociedad contra el poder de las empresas transnacionales extractivas y las élites en las IE? ¿Es posible identificar la emergencia de nuevos espacios políticos de cambio? ¿En qué condiciones?

BC: Este fue el objeto del número especial que editamos en 2019 David Szablowski y yo misma.⁸ La cuestión de la resistencia y la movilización de la sociedad es muy amplia, y como se resume en la introducción de este número especial:

El sector extractivo representa un escenario importante para estudiar las dinámicas de la resistencia y los cambios en la gobernanza. En redes que abarcan países y regiones de todo el mundo, la gobernanza extractiva representa una lucha entre grados de cambio y continuidad en la que una gran diversidad de actores −incluidas empresas extractivas, activistas, estados anfitriones y de origen, movimientos indígenas, prestamistas, empresas consultoras, grupos de derechos humanos, etc.− compiten por dar forma al sector y a la distribución transnacional de sus costes y beneficios. Estas luchas suelen tener lugar a través de coaliciones y redes multiescalares que compiten entre sí y emplean diversas estrategias reguladoras, como la promoción de la cultura de la auditoría, la realización de campañas en favor de la transparencia, la readaptación de las normas de derechos humanos al sector privado y el desarrollo de espacios para la consulta indígena. Comprender el complejo papel que desempeña la reforma en la gobernanza extractiva puede aportar una visión más profunda de los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales en los que está implicada a nivel nacional, internacional y transnacional.

Para analizar estas cuestiones se ha propuesto una amplia gama de enfoques. Por ejemplo, el enfoque político de los asentamientos se basa en las perspectivas institucionalistas al integrar más profundamente el poder y la política en el análisis. Aparte de la gran variedad de situaciones, dependiendo del enfoque adoptado, las conclusiones a las que se llega sobre si han surgido nuevos espacios políticos para el cambio y la evaluación de su importancia pueden diferir.

Los estudios sobre iniciativas multipartitas incluidos en el número especial mencionado anteriormente sugieren que, en ocasiones, puede haber ganancias, como ilustra la experiencia de la participación de las ONG en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) en Colombia y Perú.⁹ Sin embargo, este tipo de avances incrementales pueden no ser estables a largo plazo. En el caso de este estudio, los éxitos conseguidos por las ONG a través de la ITIE condujeron a un periodo de reacción en el que el gobierno y la industria argumentaron que era necesario reducir la normativa para fomentar la inversión. Conclusiones similares se desprenden del estudio sobre cuestiones parecidas en Mongolia y Guinea, que detalla los procesos de reforma/reacción/contrarreforma, lo que sugiere que las empresas extractivas también pueden poseer formas significativas de poder estructural o de poder de retención en las iniciativas multipartitas.¹⁰ En consecuencia, la influencia ideológica y material acumulada en las negociaciones de las MSI puede no ser suficiente para convencer al sector en su conjunto de que apoye cambios ambiciosos en la gobernanza.

Lo que ponen de relieve estos estudios y los demás basados en un estrecho conocimiento empírico de los procesos en marcha es el carácter indeterminado de la aparición de nuevos espacios políticos para el cambio y, por tanto, la importancia crítica de prestar especial atención a los enfoques metodológicos adoptados, así como una sólida comprensión de las condiciones específicas que en cada situación concreta pueden configurar la ampliación o, alternativamente, el estrechamiento del espacio político.

NV: ¿Y cuál es el papel de las instituciones locales y de la legalidad consuetudinaria en el entramado de empresas extractivas, estados y otros actores nacionales e internacionales? ¿Cuáles son los resultados de esta situación, esto es, gobernanza privada en las zonas de extracción con empresas controlan y configuran la gobernanza?

BC: Este tema subraya, por un lado, la importancia crítica de los enfoques de investigación de abajo a arriba (bottom-up) y, por otro, el hecho de que los procesos en marcha pueden arrojar resultados que apunten en direcciones opuestas.

Un estudio del número especial de la revista antes citada¹¹ analiza el modo en que las comunidades organizan su resistencia a las explotaciones mineras exigiendo el derecho al consentimiento y al desarrollo autodeterminado. La indagación sobre el modo en que se hacen valer estos derechos, el lenguaje que se utiliza y las reivindicaciones que se formulan, revela carencias de la reforma de la gobernanza minera posterior al apartheid que a menudo no se captan en los análisis amplios y de arriba abajo (top-down) de estos procesos. El planteamiento del autor pone de manifiesto el carácter espacial y territorializado de la gobernanza minera en la Sudáfrica posterior al apartheid. Su contribución distingue dos ámbitos de lucha interrelacionados para llamar la atención sobre distintos aspectos de la resistencia comunitaria a los regímenes mineros impuestos:

1) reafirmaciones estratégicas de subjetividad, costumbre y jurisdicción;

2) prácticas de desarrollo autodeterminado.

En este trabajo, Huizenga analiza la defensa de las comunidades locales y sus luchas por la propiedad, el territorio y la autoridad para ahondar en el complejo campo de poder que constituye la reforma y la innovación de la gobernanza minera. La legislación estatal, sostiene, está siendo cuestionada por los agentes locales y el activismo jurídico transnacional. Aunque reconoce que cada escala de la política tiene sus propios efectos políticos, al centrarse en la naturaleza entrelazada de las formas territoriales, regionales, nacionales y transnacionales del derecho, la política y el gobierno, muestra que múltiples estructuras e instituciones interactúan a través de la política transnacional. Huizenga ilustra que, si la gobernanza minera es cada vez más transnacional, también lo es la resistencia y la organización de las comunidades. Las comunidades demandantes como Xolobeni invocan el "derecho consuetudinario vivo" para fundamentar sus reivindicaciones de derechos sobre la tierra en una concepción del derecho «tal y como se practica en la vida cotidiana de los pueblos que acceden y gestionan la tierra y los recursos colectivamente y que introducen cambios en sus leyes consuetudinarias en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas». El autor sostiene que el concepto de "derecho consuetudinario vivo" es un posicionamiento estratégico que incorpora nociones del derecho internacional de los derechos indígenas junto con el derecho consuetudinario de forma que permite a las comunidades constituirse como actores políticos al tiempo que eluden la autoridad antidemocrática de los jefes tradicionales.

Este estudio sugiere que, aunque la distribución racial y la economía política de la minería en Sudáfrica se han resistido increíblemente al cambio y los pueblos rurales siguen soportando la violencia de la extracción de minerales, se están produciendo ciertos cambios importantes. El autor sostiene que la lucha política y social, articulada en parte mediante luchas en los tribunales, ha tenido efectos materiales en la medida en que se ha detenido la minería y ha abierto un espacio para la declaración de reivindicaciones alternativas a la comunidad, la propiedad, el territorio y el consentimiento. El autor añade que la batalla judicial de Xolobeni debe leerse en el contexto más amplio de las luchas comunitarias contra la minería que tienen lugar en todo el país y concluye que es en estos esfuerzos de contestación donde se ilustran más claramente las prioridades de la reforma de la gobernanza minera en un Estado en transición.

En su contribución al mismo número,¹² David Szablowski también examina cómo el derecho consuetudinario y el indígena están siendo impugnados en las luchas por la gobernanza extractiva. Más concretamente, analiza cómo las empresas extractivas han desarrollado un conjunto de prácticas de gobernanza para dar forma a la legalidad local en las zonas que rodean los emplazamientos de las operaciones extractivas. Las empresas tratan de hacerlo para producir territorios que faciliten la extracción de recursos de acuerdo con las necesidades y preferencias de las empresas transnacionales. Las comunidades, sus sistemas de gobernanza y su capacidad de acción colectiva pueden poner en peligro este proyecto. Las comunidades rurales de las regiones ricas en recursos suelen gobernar aspectos sustanciales de la vida cotidiana a través de instituciones jurídicas locales y consuetudinarias. Estas instituciones funcionan de forma semiautónoma con respecto a la gobernanza estatal, que puede reconocerlas, ignorarlas u oponerse a ellas. Los estados suelen conceder autoridad legal a las empresas extractivas asignándoles derechos formales que prevalecen sobre los sistemas de gobernanza locales; sin embargo, las autoridades estatales suelen dejar en manos de las empresas extractivas la tarea de relacionarse con los actores locales para hacer efectivos sus derechos. En consecuencia, las empresas extractivas deben tratar con actores cuyos puntos de referencia proceden en parte de la legalidad local, indígena y consuetudinaria.

Leídos conjuntamente, estos dos últimos artículos sugieren dos vías alternativas para las comunidades y la legalidad local frente a la extracción. El primero muestra cómo las comunidades sudafricanas y sus aliados han podido influir en los tribunales nacionales para que se reconozca la autoridad territorial basada en la gestión colectiva de los espacios jurídicos locales. El segundo estudio, en cambio, se centra en los contraprocesos que pretenden cortar este tipo de conexiones y cerrar estas oportunidades. Este segundo estudio muestra cómo los instrumentos y estrategias de relaciones comunitarias de las empresas extractivas pueden tener como objetivo impedir el acceso a espacios jurídicos extra locales que podrían ayudar a proporcionar las herramientas y el apalancamiento para el desarrollo autodirigido y la autoridad local sobre la justicia.

NV: Mientras que la mayoría de los investigadores se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza en el sector de las IE, en su artículo publicado en la revista The Extractive Industries and Society (2019), Hatcher y usted identifican que la lucha verdaderamente importante en los conflictos mineros se dirime en torno al poder estructural, y distinguen entre "modos de gobernanza" y "poder estructural" poder estructural y distinguen entre "modos de gobernanza" y "poder estructural" referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? Cómo se ejerce el poder (material referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? ¿Cómo se ejerce el poder (mecanismos materiales e ideológicos) en las zonas extractivas?

BC: De hecho, sostenemos que si uno está interesado en comprender las condiciones que contribuyen a la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia, es útil conceptualizar recurriendo a dos nociones: relaciones estructurales de poder y modos de gobernanza.¹³ En nuestro trabajo, utilizamos el término "relaciones estructurales de poder" para referirnos a la capacidad de crear reglas, normas y modos de funcionamiento esenciales para las distintas dimensiones de un sistema concreto, ya sea nacional o internacional. En cuanto al concepto de modos de gobernanza en el sector minero, lo utilizamos para referirnos a la suma de las formas de regulación de cada una de las dimensiones relacionadas (económica, social, política y medioambiental) que determinan, en cualquier período o lugar dado, las condiciones de explotación de los recursos mineros. Estas formas son multiescalares e incluyen formas de regulación tanto nacionales como transnacionales. El concepto pretende ayudar a los analistas a centrarse en las relaciones sociales específicas que están en la base de los acuerdos institucionales, así como en el papel de los actores implicados en los procesos de toma de decisiones que emanan de estos acuerdos. También subraya la necesidad de tener en cuenta cómo interactúan las formas de regulación con los mecanismos institucionales, las relaciones de poder y la influencia. Las relaciones estructurales de poder y los modos de gobernanza también ayudan a poner de relieve la existencia de cambios en la práctica y, como consecuencia, la posible formación de nuevos espacios políticos. En otras palabras, los cambios que se producen en circunstancias específicas han conllevado nuevos acuerdos políticos que implican a las élites políticas y a otros grupos que, en consecuencia, sugieren la posibilidad de cambios en los modos de gobernanza y, con estos cambios, el inicio de una transformación en las relaciones de poder entre los agentes implicados.

La decisión de tratar cada uno de estos conceptos separadamente nos ha permitido rastrear una dinámica más profunda en las luchas que están teniendo lugar en la resistencia a la gobernanza extractiva. En general, las personas analistas y estudiosas se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza, es decir, los marcos normativos y los acuerdos institucionales que rigen la minería. Sin embargo, como se argumenta más arriba, la verdadera lucha que está teniendo lugar en estos conflictos es en torno al poder estructural: la capacidad de configurar las normas a largo plazo.

En cuanto a cómo se ejerce el poder −los mecanismos materiales e ideológicos− en las zonas extractivas, podemos ilustrar esta cuestión refiriéndonos a la influencia de los agentes transnacionales que intervienen en los procesos de decisión de los actores nacionales para contribuir a conformar los resultados de los procesos en el país. Esta fue una dimensión central del programa de investigación que acabamos de concluir sobre «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas» en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso, que poseen una considerable riqueza mineral. Aunque la influencia de las empresas puede adoptar numerosas formas, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de cómo se ejerce el poder.

La configuración de espacios de toma de decisiones y agendas. En ocasiones, estos espacios pueden verse erosionados por influencias y presiones externas. Las influencias y presiones externas pueden ser indirectas (encuestas del sector como las del Fraser Institute, el Investment Attractiveness Index y el EY Top 10 Business Risks Facing Mining and Metals), o directas (a través de la participación en negociaciones reales de nuevos códigos mineros en las que la Cámara de Minas, las empresas, las IFI y las embajadas pueden desempeñar un papel mucho más destacado que la sociedad civil o las organizaciones de mineros artesanales). El resultado de esta influencia empresarial es la perpetuación de marcos regulatorios fiscales muy atractivos que privan a los estados de importantes fuentes de ingresos. Entre las medidas concretas se incluyen las exenciones fiscales discrecionales y no esenciales; el incumplimiento de cláusulas que reducen el periodo de estabilidad establecido en el código minero más reciente; la negociación por parte de las empresas de regímenes fiscales específicos definidos por acuerdos bilaterales para empresas mineras concretas, en lugar de someterse al régimen fiscal que regula todas las actividades mineras.
La influencia de actores privados externos está presente no solo en la formulación de nuevos marcos regulatorios, sino también a la hora de asegurar que sus actividades queden exentas de ciertos aspectos en la implementación de los marcos.
En ocasiones, se da prioridad a los contratos mineros sobre los marcos reguladores nacionales.
Pueden surgir problemas de trazabilidad inadecuada, problemas de acceso a la información y, más en general, problemas de transparencia en la gestión de los ingresos mineros a escala nacional.

Nuestra investigación buscaba documentar dichas presiones y la capacidad de influencia, pero también proponer medidas para contrarrestarlas. A un nivel más analítico, nuestro enfoque intenta comprender la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia y, por tanto, de la aparición de los cambios en la distribución de las relaciones estructurales de poder, centrándose en la reproducción de los modos de gobernanza. Esto nos lleva a conclusiones que difieren en ocasiones de las de los estudiosos que identifican y se centran en un núcleo inmutable de acuerdos institucionales extractivistas y, en consecuencia, subrayan la permanencia de las instituciones de gobernanza.

NV: La IE tiene un largo historial de violencia, represión y criminalización, que se está convirtiendo en una tendencia mundial. ¿Cómo valora la relación entre la IE y los derechos humanos? ¿Está tendencia crece y se afianza a medida que crece el extractivismo? ¿O podemos identificar señales o formas que contrarrestan esta tendencia?

BC: Esta pregunta es clave y plantea varias dimensiones. La criminalización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en el sector extractivo va claramente en aumento.¹⁴ En el centro de esta tendencia se encuentran temas de transparencia, información, rendición de cuentas y sobre todo ello, relaciones de poder asimétricas. Con el fin de ganar legitimidad y “licencia social” para operar, las compañías extractivas se han embarcado durante años en una amplia gama en constante evolución de medidas voluntarias de RSC. Como es cada vez más reconocido, esas medidas son totalmente inadecuadas ya que no cuestionan el modelo extractivo que está en el origen de los problemas de legitimidad que encaran las compañías. Debido a las presiones de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los países afectados, o de los países de origen de las empresas y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, se han producido algunos avances para incorporar medidas legislativas que garanticen la rendición de cuentas. Por ejemplo, varios países de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega) están adoptando leyes para hacer obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la Unión Europea está desarrollando una legislación similar. Dado que la mayoría de estas leyes exigen que las empresas actúen con cautela para prevenir daños ambientales, generalmente se las conoce como leyes obligatorias de derechos humanos y debida diligencia ambiental. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, a pesar de varias décadas de esfuerzos, se ha progresado poco para lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de su responsabilidad de obligar a las empresas a que rindan cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones relativas al medio ambiente a pesar del hecho de que estas empresas se benefician de marcos fiscales y regulatorios muy favorables y, en ocasiones, de importantes cantidades de financiación pública. La razón de este impasse es claramente el puro poder político que tiene el sector sobre el aparato de toma de decisiones del país. Entre otros ejemplos de esta observación está la capacidad de las dos grandes asociaciones mineras canadienses de movilizar a los grupos de presión para influir en los votos de los parlamentarios. Por poner solo un ejemplo, cuando se intentó fortalecer los poderes de la propuesta Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE), según la Oficina del Comisionado de Lobby de Canadá, durante el período crítico de toma de decisiones (enero de 2018 a abril de 2019), las dos asociaciones mineras de Canadá se comunicaron 530 veces con quienes debían tomar las decisiones y funcionarios políticos de alto rango para influirlos sobre este tema. En consecuencia, a pesar de las múltiples formas de apoyo público que ofrece a las empresas del sector extractivo, Canadá todavía no cuenta con mecanismos para responsabilizar a las empresas registradas en Canadá por las implicaciones para los derechos humanos y las consecuencias ambientales de sus actividades en el extranjero.

Por ello, y en vista de la frecuente ausencia de posibilidad de obtener reparación de las instituciones en su propio país, aunque es un proceso largo y muy costoso, una vía emergente es buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa implicada. Este proceso, conocido como litigio transnacional, tiene el potencial de transformar las implicaciones de las políticas de RSC, introduciendo una responsabilidad real en lo que en el pasado ha sido esencialmente un ejercicio retórico. En el caso de Canadá, por ejemplo, los litigios transnacionales han introducido una interpretación distinta del deber de diligencia de la empresa matriz en la jurisprudencia, creando un contexto propicio para los demandantes.¹⁵ En un caso llevado ante los tribunales canadienses, Choc v. Hudbay, personal de seguridad presuntamente disparó contra aldeanos maya-q’eqchi’ mientras protestaban contra el proyecto minero Hudbay en Guatemala. Un maestro de escuela y activista maya-q’eqchi’ fueron asesinados y muchas mujeres maya-q’eqchi’ fueron violadas. La moción de la empresa para desestimar las reclamaciones se basó en que una empresa matriz no tiene el deber de diligencia hacia aquellos perjudicados por las acciones de su filial. Sin embargo, el tribunal canadiense −el Tribunal Superior de Justicia de Ontario− determinó que la empresa Hudbay Minerals había establecido una relación de proximidad entre ambas partes al comprometerse públicamente con la RSC en Guatemala y adoptar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, por lo que desestimó la moción de la empresa. La petición inicial se presentó en Canadá en 2010 y el caso aún está en curso.

A falta de otras vías para buscar reparación, el litigio civil transnacional es una opción destacada. Sin embargo, presenta serios problemas, por ejemplo, en relación con su accesibilidad para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su impacto en la jurisdicción de los países anfitriones y el tiempo y costo de dicho proceso para buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa.¹⁶ Donde aún no existe, lo que se necesita urgentemente es la introducción de obligaciones legisladas en los países de origen que establezcan que las empresas podrían enfrentar responsabilidad si contribuyen de alguna manera a violaciones de derechos humanos en el extranjero. La legislación inspirada en este modelo impondría amplias obligaciones de debida diligencia a las empresas constituidas en Canadá o que realicen negocios en Canadá. Es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen de la empresa. Iría de la mano de los numerosos esfuerzos de las comunidades afectadas para buscar reparación de violaciones de derechos humanos o poner fin a proyectos que son destructivos para el medio ambiente. Cabe subrayar que las iniciativas en este sentido son numerosas y en ocasiones exitosas, como en el caso de los ciudadanos ecuatorianos que votaron a favor de detener el desarrollo de todos los nuevos pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en el Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.¹⁷ En el mismo país, en agosto de 2023, habitantes de Quito fueron convocados a participar en un referéndum sobre la prohibición de la minería a cualquier escala en los bosques del Chocó. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 68% de los electores expresó su apoyo a la prohibición, mientras que solo el 31% estuvo a favor de permitir la minería. La prohibición de la minería se aplicará a las 124.000 hectáreas de la Comunidad Andina del Choco, compuesta por las localidades rurales de Calacali, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.¹⁸ Estos resultados merecen especial atención porque revelan el deseo de los ciudadanos, cuando en realidad son consultados, de un modelo de desarrollo diferente, basado en alternativas de vida más sostenibles.

Nuria del Viso es editora de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y miembro de FUHEM Ecosocial.

NOTAS:

1 Más información en Lynda Hubert Ta y Bonnie Campbell, «Environmental protection in Madagascar: Biodiversity offsetting in the mining sector as a corporate social responsibility strategy» (2023), The Extractive Industries and Society. 15, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101305

2 Véase Banco Mundial, Strategy for African Mining, Documento Técnico del Banco Mundial núm. 181, Africa Technical Department Series, Unidad de Minería, División de Industria y Energía, Banco Mundial, Washington, DC, 1992.

3 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Minerals and Africa's Development, The International Study Group Report on Africa's Mineral Regimes", UNECA, 2011.

4 Bonnie Campbell y Pascale Hatcher, «Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, pp. 642-653, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301989

5 Véase, por ejemplo, The "Canada Brand" Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal Studies Research Paper núm. 17/2017, disponible en: https://papers.ssrn.com/s ol3/papers.cfm?abstract_id=2886584 ; y también Isabel Orellana et al., «Une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l'extractivisme dans une perspective critique d'éducation relative à l'environnement», Éducation relative à l’environnement, Open Editions Journal, vol. 17-2, 2022, disponible en: https://journals.openedition.org/ere/9315

6 Véase, por ejemplo, «Mines: Des installations et des gros engins de la société True Gold incendiés par les populations», Le Faso.net, 15 de enero de 2015, disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article62789

7 Disponible en: https://lequotidien.sn/marche-pacifique-a-niokolo-mako-les-populations-exigent-de-pmc-a-respecter-sa-rse/

8 David Szablowski y Bonnie Campbell (eds.), «Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479

9 Elisa Aron, Anthony Bebbington y Juan Luis Dammert, «NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, pp. 665-674, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301771

10 Ibidem.

11 Daniel Huizenga, «Governing territory in conditions of legal pluralism: Living law and free, prior, and informed consent (FPIC) in Xolobeni, South Africa», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301102

12 David Szablowski, «Legal enclosure' and resource extraction: Territorial transformation through the enclosure of local and indigenous law», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18302806

13 Campbell y Hatcher, 2019, op. cit.

14 Véase Moira Birss, Criminalizing Environmental Activism, Informe de NACLA sobre las Américas, vol. 49, núm. 3, 2017, pp. 315-322, disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958

15 Véase el artículo de próxima aparición: E.R. Grégoire et al., «Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues», Revue québécoise de droit international, en prensa.

16 Ibidem.

^[17] Véase Dan Collyns, «Ecuadorians vote to halt oil drilling in biodiverse Amazonian national park», The Guardian, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/21/ecuador-votes-to-halt-oil-drilling-in-amazonian-biodiversity-hotspot

^[18] «Ecuadorians vote against mining in Choco Andino», Telesur, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorians-Vote-Against-Mining-in-Choco-Andino-20230821-0015.html

Descarga el texto completo en formato pdf: Entrevista a Bonnie Campbell

by Susana Fernández Herrero

Justicia ecológica para la Tierra

"Necesitamos un nuevo enfoque sobre las relaciones ser humano-naturaleza. La justicia ecológica promueve la equidad con el medio, con las próximas generaciones y con otras especies."

Nueva sesión de los Debates para un pensamiento inclusivo, ciclo de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid, esta sesión que tendrá lugar el próximo martes 3 de diciembre de 2024, a las 18 h., propone abordar algunos de los elementos clave que hay detrás de la emergencia de un nuevo campo de la justicia centrado en los derechos de la naturaleza.

La crisis ecosocial nos interpela, entre otras cosas, sobre el modo en el que tenemos que afrontar nuestras relaciones con la naturaleza, ya que una de las dimensiones más relevantes de esta es precisamente la forma en la que nos apropiamos de la misma y los impactos asociados.

En ese sentido, con frecuencia, se ha apelado a los valores instrumentales que soportan los distintos códigos éticos de comportamiento individual, o que constituyen la base de la regulación de las relaciones entre seres humanos en las que media algún aspecto relacionado con la naturaleza. Este ha sido el ámbito tradicional del derecho y de la justicia ambientales. Sin embargo, esta forma de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza en la que esta es un objeto de la relación entre humanos, y no es un sujeto con intereses propios está cada vez más puesta en entredicho, y es claramente insuficiente.

Fruto de esta insatisfacción se está produciendo la emergencia de una justicia ecológica, donde son centrales los valores intrínsecos de la naturaleza que, más allá del inevitable antropocentrismo epistemológico, confieren calidad de sujeto de derechos a la naturaleza sobre la base de sus propios intereses, que necesitan ser representados y defendidos, como lo son ya los de los humanos.

Las manifestaciones de que algo nuevo se está gestando en el mundo de la justicia para salir del antropocentrismo en el que está sumida son ya muchas y muy diversas. Y la fuerza con la que esta nueva corriente recorre los recovecos del derecho es impactante. Así, incluso el derecho constitucional está siendo ya permeado por estos nuevos aires en las relaciones ser humano-naturaleza, como se demuestra, por ejemplo, en los casos de los textos constitucionales de Ecuador (2008) o de Bolivia (2009), incluso en la redacción de la fallida propuesta de constitución sometida a referéndum en Chile, o en multitud de resoluciones de tribunales constitucionales en diversos países del mundo.

Intervienen:

Rodrigo Míguez Núñez, profesor en la Universidad del Piamonte Oriental (Italia).

Valeria Berros, profesora en la Universidad Nacional del Litoral (Argentina).

Leticia Alburquerque, profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil).

Presenta y modera:

Pedro Lomas, FUHEM Ecosocial.

El evento es gratuito, necesita registro previo y se desarrollará en una sala Zoom de la Casa Encendida.

Regístrate en: https://www.lacasaencendida.es/encuentros/justicia-ecologica-para-la-tierra?eventId=4961

Una vez realizada la inscripción, y antes de la sesión, recibirás un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.

Acceso a las anteriores sesiones del ciclo Debates de pensamiento inclusivo.

Este evento se organiza alrededor de la justicia ecológica, tema que, en sus distintas vertientes, se trata a fondo en el número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Este número otoñal de la revista da voz a algunos de los investigadores del proyecto europeo Interdisciplinary Approaches on Ecological Justice (Speak4Nature), en el que participa el área ecosocial de FUHEM. Para más información sobre los contenidos y avances del mismo, se puede consultar: https://www.speak4nature.eu/.

by Susana Fernández Herrero

Sustentabilidad y transiciones ordenadas

Convocatoria de ayudas “Línea A” del Ministerio para la Transición ecológica y el reto democrático. para el desarrollo de actividades de interés general consideradas de interés social, en el ámbito de la investigación científica y técnica y protección al medio ambiente en materias de competencia estatal.

El proyecto «Sustentabilidad y transiciones ordenadas» busca contribuir a una transición ecológica justa que promueva el bienestar social y el desarrollo de cuantas capacidades y libertades permitan salvaguardar la calidad de vida de las personas. Para ello, resulta preciso evaluar el modo de vida en la sociedad española y sus consecuencias socioecológicas para orientar la transformación del modelo productivo y social, inspirar políticas públicas y cambios en prácticas y comportamientos sociales y ofrecer un acervo de conocimientos y herramientas para facilitar una transición ordenada.

En este sentido, se hace imprescindible mostrar la importancia de los vínculos de la biodiversidad con la prosperidad humana, discernir las mejores estrategias de conservación del medio natural, evaluar las actuaciones de adaptación frente a las principales amenazas del cambio climático, poniendo el foco en las condiciones de vida de la población y en las instituciones e infraestructuras necesarias en las que esa vida se desenvuelve y, especialmente, en las prácticas agroalimentarias por sus implicaciones en la seguridad alimentaria y el equilibrio territorial del país. Se hace igualmente necesario profundizar la discusión pública de estas cuestiones, sensibilizando a la ciudadanía ante el desafío de la transición ecológica y el reto demográfico y, especialmente, a la comunidad educativa, proporcionando materiales y experiencias didácticas innovadoras basadas en la construcción colectiva del conocimiento y el aprendizaje activo.

Objetivo general: Evaluar el modo de vida en la sociedad española y sus consecuencias socioecológicas, sensibilizando a su población ante el desafío de la transición ecológica y el reto demográfico, especialmente entre la comunidad educativa en los ámbitos de la alimentación y los desequilibrios territoriales.

Objetivos específicos:

Caracterizar el modo de vida de la sociedad española y las tendencias que lo atraviesan para evaluar sus impactos socioambientales sobre la calidad de vida de las personas.
Profundizar en la importancia que para la sostenibilidad tiene conocer, comprender y comunicar los vínculos recíprocos que existen entre la biodiversidad y la prosperidad humana, dando a conocer las principales evidencias científicas, analizando los principales efectos que la crisis de biodiversidad tiene sobre la integridad de los ecosistemas y la salud de la población y explicitando los principales debates sobre las diferentes estrategias de conservación de la naturaleza.
Identificar las principales amenazas que se ciernen sobre la calidad de vida de la población española asociadas al cambio climático, así como las condiciones sociales (infraestructuras, espacios físicos u organizaciones e instituciones) para hacerlas frente favoreciendo relaciones y redes sociales capaces de promover valores y comportamientos que incrementen la resiliencia de las comunidades.
Analizar las prácticas y el modelo agroalimentario existente para facilitar una transición en ese ámbito que sea justa, segura y sostenible.
Estudiar los desequilibrios territoriales y los riesgos de una transición energética y alimentaria que no tenga en suficiente consideración las necesidades y los problemas de la España vaciada.
Incorporar al ámbito educativo, a través de la definición de situaciones específicas de aprendizaje y programaciones adaptadas a la LOMLOE, las problemáticas y los desafíos anteriormente planteados.

by Susana Fernández Herrero

PAPELES 167: La Tierra clama Justicia Ecológica

La crisis ecosocial también nos interpela sobre el modo en el que tenemos que afrontar nuestras relaciones con la naturaleza, ya que una de las dimensiones más relevantes de esta es precisamente la forma en la que nos apropiamos de la misma y los impactos asociados.

Con frecuencia, se ha apelado a los valores instrumentales que soportan los distintos códigos éticos de comportamiento individual, o que constituyen la base de la regulación de las relaciones entre seres humanos en las que media algún aspecto relacionado con la naturaleza.

Este ha sido el ámbito tradicional del derecho y de la justicia ambientales. Sin embargo, esta forma de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza en la que esta es un objeto de la relación entre humanos, y no es un sujeto con intereses propios está cada vez más puesta en entredicho, y es claramente insuficiente.

Fruto de esta insatisfacción se está produciendo la emergencia de una justicia ecológica, donde son centrales los valores intrínsecos de la naturaleza que, más allá del antropocentrismo epistemológico inevitable de ser valores humanos, confieren calidad de sujeto de derechos a la naturaleza sobre la base de sus propios intereses, que necesitan ser representados y defendidos, como lo son ya los de los humanos.

El número 167 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global aborda algunos de los elementos clave que hay detrás de la emergencia de este nuevo campo de la justicia.

Abre la revista la INTRODUCCIÓN del doctor en Ecología e investigador del área ecosocial Pedro L. Lomas.

A FONDO examina algunos de los principales debates en el ámbito de la naciente justicia ecológica a través de los artículos de Rodrigo Míguez Núñez, Valeria Berros, Digno Montalbán Zambrano, Leticia Alburquerque, Adriana Biller Aparicio y Gabrielle Tabares Fagundez, Ezio Costa Cordella, Nuria del Viso y Breno Bringel.

La sección REFERENTES también indaga acerca de esos nuevos valores y sus derivadas ecosociales, a través de la vida de la activista hondureña Berta Cáceres, de la mano de Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y activista de referencia en el ámbito del ecofeminismo europeo.

ACTUALIDAD incluye un trabajo sobre desigualdad y justicia en la adaptación al cambio climático de Francisco Heras Hernández, En EXPERIENCIAS, Jesús Pagán nos presenta la propuesta de los Termopolios en el ámbito de la transición alimentaria. Linda Bustillos y Vladimir Aguilar abordan en ENSAYO la cuestión de la plurinacionalidad en las relaciones internacionales y el derecho, así como sus consecuencias en las relaciones entre pueblos y Estado en Latinoamérica. Cierra el número nuestra sección LECTURAS.

A continuación, ofrecemos el SUMARIO de la revista y el acceso a texto completo de la Introducción y el artículo de Digno Montalbán Zambrano sobre cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra. Y si quieres saber un poco más del contenido de cada artículo, no te pierdas la sección RESÚMENES.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

El clamor de la Tierra por una justicia ecológica, Pedro L. Lomas.

A FONDO

Justicia y derecho ecológico: apuntes para una transición en acto, Rodrigo Míguez Núñez.

Entramados jurídicos de protección de la naturaleza: diálogos y tensiones, Valeria Berros.

Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra, Digno Montalván Zambrano.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el caso de la asociación de Señoras por el Clima contra Suiza, Letícia Alburquerque, Adriana Biller Aparicio y Gabrielle Tabares Fagundez.

Ambientalismo para pobres diablos: Escazú y el ambientalismo en América Latina y el Caribe, Ezio Costa Cordella.

Los relatores especiales de la ONU y su papel frente a los derechos de la naturaleza y la justicia ecológica, Nuria del Viso.

Democracia energética y justicia (ecológica) global contra el gatopardismo fósil, Breno Bringel.

ACTUALIDAD

La adaptación al cambio climático desde una perspectiva social: el enfoque de la adaptación justa, Francisco Heras Hernández.

EXPERIENCIAS

La propuesta de los termopolios, Jesús Pagán.

ENSAYO

El dilema de la plurinacionalidad para el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales. El derecho de los Estados versus el derecho de los Pueblos Indígenas en América Latina, por Linda Bustillos, Vladimir Aguilar.

REFERENTES
Berta Cáceres. Un legado vivo, Yayo Herrero.

LECTURAS

Enseñar comunidad. Una pedagogía de la esperanza, Bell Hooks.
Charo Morán

Las verdades incómodas de la transición energética, Manuel Casal Lodeiro.
José David Sacristán

Migraciones climáticas, Beatriz Felipe.
Nuria del Viso

No hemos odiado a los pobres. Cien cartas en su centenario (1923-2023), Lorenzo Milani.
Santiago Álvarez Cantalapiedra

Notas de lectura

Salvador López Arnal, la humildad de un sabio, José Sarrión Andaluz e Iñaki Vázquez Álvarez (eds).

Nuevo tiempo de actuar para la paz, Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

RESÚMENES

Información y compras:

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by Susana Fernández Herrero

El clamor de la Tierra por una justicia ecológica

El número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global abre con un texto introductorio de Pedro L. Lomas que bajo el título El clamor de la tierra por una justicia ecológica¹, plantea la insatisfacción con el antropocentrismo como marco para el derecho y la justicia ambientales, lo que se concreta en la creciente necesidad que surge en distintos ámbitos de afrontar las relaciones ser humano-naturaleza más allá de los valores instrumentales y la ética individualista que promueven estos. De esta insatisfacción está emergiendo unos nuevos derecho y justicia ecológicos que, aunque con un cierto antropocentrismo epistemológico inevitable, pretenden superar este marco, generando todo tipo de herramientas innovadoras.

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual se podrá acceder a la descarga del mismo.

El desarrollo económico en un contexto capitalista y las distintas repercusiones de este sobre los ecosistemas a todas las escalas y en diversos ámbitos (sobre los ciclos biogeoquímicos del planeta, sobre la biodiversidad, sobre el clima, etc.) es el factor más explicativo de la grave crisis ecosocial que estamos viviendo. Y no sólo por los efectos que directamente estamos sufriendo en la actualidad (aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, aceleración del ritmo de aparición de enfermedades a escala global, etc.), sino también por la propia naturaleza de esta afección. Así, mientras que algunos aspectos de dicho desarrollo conciernen directamente al estado de las cosas, a su coyuntura en un momento determinado, la afección a los ecosistemas está, a su vez, relacionada con las propias condiciones de posibilidad de todos los seres vivos. Es decir, que atañe a las condiciones de habitabilidad del planeta para el conjunto de nuestra especie, pero también, y en este contexto este matiz es relevante, las que se refieren a otros seres vivos, que están adaptados biológicamente a las condiciones ambientales actuales. Es la ecodependencia o interdependencia entre los distintos seres vivos lo que aquí se manifiesta directamente.²

Grietas en las bases antropocéntricas de nuestras relaciones con la naturaleza

La ecodependencia no se caracteriza, por tanto, por una mera relación de intercambio entre un productor (los ecosistemas) y un consumidor (el ser humano), en la que este último satisface sus necesidades para alcanzar el bienestar (humano), como es frecuentemente caricaturizada. Y dado que la ecoindependencia es físicamente imposible en nuestro mundo, la palabra clave que caracteriza inequívocamente esta relación frente a otras posibles relaciones es la de dependencia. Siendo el ser humano una parte de la naturaleza, existe entre ambos una relación de dependencia que se establece en una sola dirección: el ser humano depende de la naturaleza para su supervivencia, y no al revés. Y esa dependencia se sustancia en los límites ecológicos de distinta índole que el planeta impone a cualquier régimen de metabolismo social que pretenda ser sostenido en el tiempo.³

Esta constatación de la ecodependencia de los seres vivos tiene multitud de consecuencias prácticas. De entre todas ellas, dos serán las que aquí se destaquen inicialmente.

En primer lugar, el hecho de que se trata de un aspecto de la crisis ecosocial cuya resolución no se puede posponer a mejores momentos en el panorama económico (cuando el desarrollo económico esté en una cierta fase) o a determinadas condiciones ideales en el ámbito social (cuando haya conciencia generalizada del problema). Asunciones que subyacen al enfoque de sostenibilidad débil, en el que la determinación del rumbo correcto de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza se deja en las manos (invisibles) de una ética más “verde” para las tareas de la producción o el consumo, con el soporte del progreso técnico y el desarrollo económico.⁴

Pero esa ecodependencia también implica poner sobre la mesa explícitamente lo problemático que resulta el enfoque antropocéntrico habitualmente aplicado en la caracterización de estas relaciones ser humano-naturaleza.⁵ Así, el espacio de actuación para afrontar la crisis ecosocial no queda delimitado exclusivamente por el marco de las meras relaciones entre seres humanos y sus distintas derivadas, en las cuales la naturaleza juega un papel de objeto para su reparto (fetichismo de la mercancía)⁶ más o menos justo entre generaciones y territorios, sino que involucra a otros seres vivos e intereses más allá de aquellos que habitualmente nos interpelan.

Consecuentemente, es necesario abordar una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, de tomar conciencia de su valor intrínseco. Desde la “naturaleza para nosotros o entre nosotros”, las acciones para afrontar la crisis ecosocial y establecer unas relaciones más virtuosas con la naturaleza se desplazarían hacia un verdadero “nosotros como parte de la naturaleza”, más acorde con la verdadera esencia del concepto de ecodependencia.

Ética ecológica y valores intrínsecos: rompiendo con la instrumentalidad

Así, mientras que el universo de los valores instrumentales, e incluso el de los valores relacionales, es un espacio mucho más explorado,⁷ se hace crucial profundizar en aquel otro de los valores intrínsecos, es decir, aquellos valores que hacen referencia a los seres vivos y a los ecosistemas, por sí mismos, y no como meros instrumentos al servicio del ser humano. Sin embargo, esta tarea presenta un enorme desafío y no pocas contradicciones en el camino. Parecería imposible deshacerse de un cierto antropocentrismo epistémico a la hora de establecer el valor de la naturaleza, en tanto que éste siempre acaba siendo un valor que establece el ser humano y, por tanto, no deja de ser, en cierto sentido, un valor para el ser humano. No obstante, sí que parece realista distinguir esta versión epistemológica del antropocentrismo de aquella otra versión de lo antropocéntrico en un sentido meramente instrumental. Una que entiende la naturaleza como un simple suministrador de beneficios, con una visión estrecha de la misma como una forma de capital que realiza una serie de funciones, o proporciona unos determinados servicios o contribuciones que hay que gestionar para el bienestar humano, ya sea directamente o en términos monetarios.⁸

El impulso de una teoría del valor para la naturaleza coherente con estos parámetros (de origen ciertamente antropocéntrico, pero con un enfoque no instrumental), no constituye una tarea sencilla, y afronta numerosos obstáculos. Éstos toman la forma de distintos modos de valoración instrumental, así como de un discurso de pretendida pluralidad, que apuntala más todavía, sin embargo, esta vía antropocéntrica y utilitarista de puesta en valor económico de la naturaleza en todas sus facetas.⁹ Frente a esta visión instrumental, son muchas las fuentes de valor posibles en el ámbito de los valores intrínsecos, entre ellas algunas como la sintiencia (tienen valor aquellos seres que tienen sentimientos), la integridad ecológica (tienen valor aquellos ecosistemas cuya estructura y funcionamiento es completo, es decir, responden a una identidad característica de esa tipología de ecosistema, en toda su complejidad) o la agencia (tienen valor aquellos seres que son capaces de actuar de modo independiente), por poner algunos ejemplos.

Recorriendo los senderos que convergen hacia una justicia ecológica

Distintas fuentes de valor estas que, en esa búsqueda de una relación virtuosa con la naturaleza que supere la visión meramente antropocéntrica, ayudan a comprender cómo la noción convencional del derecho y la justicia —nuestro derecho a un medio ambiente sano centrado en la regulación de los conflictos, reales o potenciales, entre las personas o entre estas y las instituciones de las que se ha dotado con un trasfondo más o menos natural (justicia ambiental)— resulta claramente deficiente.

En ese sentido, las manifestaciones de que algo nuevo se está gestando en el mundo de la justicia para salir del antropocentrismo en el que está sumida son ya muchas y muy diversas. Y la fuerza con la que esta nueva corriente recorre los recovecos del derecho es impactante. Así, incluso el derecho constitucional está siendo ya permeado por estos nuevos aires en las relaciones ser humano-naturaleza, como se demuestra, por ejemplo, en los casos de los textos constitucionales de Ecuador (2008) o de Bolivia (2009), incluso en la redacción de la fallida propuesta de constitución sometida a referéndum en Chile, o en multitud de resoluciones de tribunales constitucionales en diversos países del mundo.

Especialmente relevantes resultan los debates y polémicas surgidas alrededor de los nuevos sujetos de derechos y los diferentes enfoques que se han adoptado para ampliar su condición de objeto del derecho, desde aquellos más biocéntricos a aquellos otros con de índole más ecocéntrica.¹⁰

De este modo, distintas versiones del enfoque biocéntrico vienen siendo utilizadas como argumentos para recalcar la condición moral de organismos no humanos. Aparte de las normas que protegen a los animales domésticos, en tanto que compañeros de vida de seres humanos o a ciertas especies de ganado y su bienestar en vida, hay otras manifestaciones. Son muchos los casos ya en los que individuos pertenecientes a especies distintas de la nuestra, y no asociadas directamente a nuestra vida diaria, han sido considerados no objeto sino sujeto de derechos y, por tanto, sus intereses individuales han sido defendidos frente a la instrumentalidad de sus vidas. Famosos son, por ejemplo, los casos de distintos primates que han adquirido el estado de “personas no humanas” para los tribunales argentinos.

Por otra parte, son también múltiples las formas de ecocentrismo que se han desarrollado a lo largo de los tiempos, y que ahora adquieren centralidad en la tarea de ir más allá de los individuos y establecer las bases para que sean los ecosistemas en su conjunto los que sean sujetos de derecho. Algunas parten de aproximaciones con un carácter más científico-conservacionista, asociadas, en gran medida, a legislación de protección de ecosistemas completos o de procesos naturales, en la línea del enfoque ecosistémico y de ciertas prácticas de restauración ecológica y de renaturalización. Otras, se apoyan en ciertas culturas que no consideran al ser humano como el elemento último de la creación divina, y reconocen el carácter sagrado de ciertos elementos naturales, como ríos o bosques. Y, finalmente, también existen aproximaciones al enfoque ecocéntrico de las relaciones ser humano-naturaleza que se basan en el reconocimiento de ciertas cosmovisiones de pueblos originarios que no conciben la diferencia entre ellos y la naturaleza, sino que se consideran y actúan como naturaleza.

Todas estas manifestaciones, y otras muchas a distintos niveles, son muestra inequívoca de la emergencia de una justicia ecológica que debe abordar sin demora el camino por recorrer más allá del antropocentrismo imperante, en esa tarea no sólo de regular las relaciones entre las personas sino de contribuir a la construcción de sus subjetividades como también corresponde al derecho. Todo un camino para responder al clamor de la Tierra y sus pueblos.

Pedro L. Lomas es investigador del área ecosocial de FUHEM.

Acceso al artículo en formato pdf: El clamor de la Tierra por una justicia ecológica.

NOTAS

1 Este artículo ha sido escrito en el marco del proyecto Speak4Nature, ref. 101086202, del programa Horizon-MSCA-2021-SE-01, financiado por la Unión Europea. No obstante, las ideas y opiniones expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente se corresponden con las de la Unión Europea. Ni la Unión Europa ni el programa MSCA se hacen responsables de las mismas.

2 Yayo Herrero, «Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible», Revista de Economía Crítica, vol. 16, 2013, pp. 278-307.

3 Johan Rockström et al., «A safe operating space for humanity», Nature, vol 461, 2009, pp. 472-475; Katherine Richardson et al., «Earth beyond six of nine Planetary Boundaries», Science Advances, 9, 2023, 37.

4 Maite Cabeza Gutés, «The concept of weak sustainability», Ecological Economics, vol. 6, núm. 3, 1996, pp. 147-156 y Pedro L. Lomas, «Las falsas soluciones y sus peligros para la sostenibilidad. El caso del ecomodernismo», en José María Enríquez Sánchez et al. (eds.), Repensar la sostenibilidad, UNED, Madrid, 2020.

5 Clarence J. Glacken, Traces on the Rhodian shore: nature and culture in Western thought from ancient times to the end of the eighteenth century, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, USA, 1967.

6 Nicolás Kosoy y Esteve Corbera, «Payments for ecosystem services as a commodity fetishism», Ecological Economics, 69 (6), 2010, pp. 1228-1236.

7 Roldan Muradian y Unai Pascual, «A typology of elementary forms of human-nature relations: a contribution to the valuation debate», Current Opinion in Environmental Sustainability, 35, 2018, pp. 8-14.

8 Joaquín Valdivielso, «Value in nature from the perspective of ecological ethics» en Luis Lloredo et al., The theory of justice stemming from the current ecological challenges, Deliverable 2.1. Speak4Nature, 2024.

9 Roldan Muradian y Erik Gómez-Bagghetun, «Beyond ecosystem services and nature's contributions: Is it time to leave utilitarian environmentalism behind?», Ecological Economics, 185, 2021, 107038.

10 Una revisión de estos y otros enfoques se encuentra en el trabajo de Digno Montalbán Zambrano, Naturaleza y derechos. La representación de lo no-humano en la Filosofía, la Política y el Derecho, Tesis doctoral, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid, 2023, disponible en: https://hdl.handle.net/10016/37048

by Susana Fernández Herrero

Retos para la sostenibilidad: estrategias para enfrentar el futuro

En todas partes se habla de sostenibilidad. El término florece por doquier. Cosas y procesos de todo tipo aparecen sin rubor alguno acompañados del apellido sustentable o sostenible. Tan es así, que se define como sostenibles —o sustentables— cuestiones que en esencia no lo son, ni pueden serlo, como por ejemplo la minería o explotación de petróleo sostenibles, o el crecimiento económico sostenible, cuando es obvio que, en un mundo con límites biofísicos finitos, es imposible un crecimiento permanente en el tiempo, es decir sostenible.

Se ha vampirizado el sentido profundo de la sostenibilidad. Su empleo se ajusta a los más diversos intereses, sobre todo económicos: el mercado demanda que los productos sean sustentables para estar a tono con las demandas de la época, podríamos apostillar. La sustentabilidad devino en mero comodín, como muchos otros comodines del fetiche capitalista. Una civilización que, dicho sea de paso, parece tener precisamente la capacidad de vampirizar todo concepto que intente oponerse a la codicia del capital.

Su empleo indiscriminado ha hecho que casi todo pueda ser presentado como sustentable, superando o incluso ignorando el profundo origen del término.

Este nuevo ejemplar de la Colección Dosieres Ecosociales quiere impulsar una discusión sobre los retos de la sostenibilidad.

Retos para la sostenibilidad: estrategias para enfrentar el futuro

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En estas páginas se recogen algunas de las ponencias y aportes del I Foro Internacional: Retos de la Sostenibilidad, organizado por el Doctorado en Sostenibilidad Territorial, mención en Posdesarrollo del Departamento de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible, Facultad de Economía y Ciencias de la Administración de la Universidad de Cuenca, que tuvo lugar en octubre del año 2023.

El presente libro coordinado por Patricio Carpio Benalcazar y prologado por Alberto Acosta tiene como eje de la discusión la sostenibilidad o la sustentabilidad, se despliegan aquellos elementos contrarios que marcan el debate entre la insostenibilidad y la sostenibilidad, el desarrollo y el Buen Vivir, el universo y el pluriverso, el antropocentrismo y el biocentrismo. Es un esfuerzo colectivo con el que se quiere dar pasos más allá del “post”; prefijo que apenas nos dice lo que no queremos más, en este caso “el desarrollo” y que camina por lo que parece ser un terreno desconocido, pero que tiene muchos elementos que sirven ya de guía para cuestionar el mundo actual superando todas las insensateces tan propias de la Modernidad.

AUTORÍA:

Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Fue ministro de Energía y Minas (2007) y presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas (2012-2013). Compañero de lucha de los movimientos sociales. Profesor universitario. Autor de varios libros y artículos.

Patricio Carpio Benalcazar. Doctor por la Universidad de Alicante (España) y Magister en Antropología del Desarrollo por la Universidad del Azuay (Ecuador). Sociólogo por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Actualmente es director del Programa Doctoral en Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios del Postdesarrollo de la Universidad de Cuenca (Ecuador).

María Falconí Abad. Socióloga y Magíster en Género, Ciudadanía y Desarrollo Local por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Doctora en Humanidades-Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Docente e investigadora de la Universidad de Cuenca e integrante del Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad de Cuenca.

Eduardo Gudynas. Es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Munich (Alemania), profesor Arne Naess en la Universidad de Oslo (Noruega) e integrante de la Comisión para la Transformación de la Economía Global del Club de Roma.

Yayo Herrero. Doctora en Ciencias Sociales y Política por la Universidad del País Vasco. Licenciada en Antropología Social y Cultural, Diplomada en Educación Social e Ingeniera Agrícola. En la actualidad es profesora asociada de la Universidad de Cantabria (España), socia-trabajadora de la cooperativa Garúa y profesora colaboradora de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED (España).

José Efraín Astudillo Banegas. Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid (España) y licenciado en Filosofía, Sociología y Economía por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Docente e investigador en la Universidad de Cuenca. Coordinador de investigaciones del Programa Doctoral en Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios del Posdesarrollo. Miembro del Movimiento Social Cabildo Popular por el Agua de Cuenca (Ecuador).

Enrique Santos Jara. Doctor en Psicología por la KU Leuven (Bélgica), Magister en Antropología del Desarrollo por la Universidad del Azuay y sociólogo por la Universidad de Cuenca (Ecuador). Fue profesor e investigador de las universidades de Cuenca, Machala y Católica de Guayaquil en Ecuador. Actualmente es director de las carreras de psicología de la Universidad UTE (Ecuador).

Paul E. Little. Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia (Brasil), donde fue profesor y director del Postgrado en Antropología. Especialista en estudios amazónicos, con investigaciones sobre las relaciones ecológicas de los pueblos del bosque dentro del contexto de rápidos cambios en el uso de la tierra. Actualmente trabaja como consultor internacional en políticas territoriales de América Latina.

Santiago Álvarez Cantalapiedra. Doctor en Economía Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid (España). Director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global. Miembro del consejo editor de la colección de libros Economía Inclusiva y del consejo de redacción de la Revista de Economía Crítica.

Carlos Quizhpe Parra. Ingeniero ambiental por la Universidad de Cuenca (Ecuador), Magister en Estudios Socioambientales (FLACSO Ecuador) y doctorante en el Programa Doctoral en Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios del Postdesarrollo de la Universidad de Cuenca (Ecuador). Especializado en ecología política y conflictos socioambientales, sus publicaciones recientes tratan sobre extractivismo minero, petrolero y la defensa del agua en los Andes.

Puedes consultar nuestros anteriores Dosieres Ecosociales.

En colaboración con el Programa Doctoral Sostenibilidad Territorial con mención en Estudios de Postdesarrollo de la Universidad de Cuenca (Ecuador).

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

by Susana Fernández Herrero

Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra

La sección A FONDO del número 167 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global ofrece un artículo de Digno Montalván Zambrano¹ titulado: «Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra», que examina cómo el derecho puede ayudarnos a enfrentar la crisis ecológica, tomando como ejes tres enfoques: el antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo, sus traducciones jurídicas y posibles limitaciones. Finalmente defiende la idea de que el derecho puede aportar en la construcción de una nueva conciencia ecológica que nos permita habitar desde una relación horizontal y armónica con la naturaleza.

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual estará disponible el link al texto en formato pdf.

Los cada vez más pronunciados efectos del calentamiento global y la falta de acuerdos sólidos para combatirlo, han dado cuenta de la doble dimensión de la crisis ecológica que vivimos.

En primer lugar, enfrentamos una «crisis» climática. Hemos dañado gravemente el planeta y ahora asistimos a los síntomas abruptos de la enfermedad crónica que hemos provocado. Pero también atravesamos una «krisis»² civilizatoria. En esta segunda dimensión, la «Krisis» nos ofrece un espacio para repensar el paradigma civilizatorio antropocéntrico e insostenible que nos ha gobernado hasta ahora y decidir avanzar hacia una nueva forma de ser y estar en el planeta que tenga en cuenta nuestra interdependencia con el mundo no humano.

Si bien los datos científicos nos permiten describir la «crisis» climática y sus efectos, una auténtica solución a este problema requiere de un cambio de paradigma que asuma el momento de «Krisis» civilizatoria que atravesamos. Se necesitan nuevas consciencias y formas del ver mundo que nos ayuden a superar la visión utilitarista y economicista con la que nos hemos relacionado con la naturaleza. Esto, como es evidente, no es una tarea fácil, sin embargo, pequeños destellos de transformación se han logrado a partir del uso de una herramienta insospechada, el derecho.

El derecho juega un papel activo en la formación de conciencias. A través de la ley determinamos lo que es correcto o incorrecto, lo permitido y lo prohibido, lo reprochable moralmente y aquello que consideramos justo o deseable. El derecho no solo regula subjetividades, también las construye. Hasta hace relativamente poco, el derecho entendía a todo lo no-humano como cosas carentes de valor intrínseco, simples bienes apropiables por el ser humano para su uso. Esta aproximación ayudó a legitimar actitudes depredadoras hacia el ambiente, amparadas en un falso modelo de desarrollo antropocéntrico, consumista e individualista. Así, se normalizó la idea de que con el intercambio de papeles y firmas podemos reclamar la propiedad individual y el uso indiscriminado de elementos de la naturaleza que han estado allí millones de años antes que nosotros. Esto, por fortuna, parece estar cambiando.

En las últimas décadas, la crisis ecológica ha reabierto la discusión filosófica, política y jurídica sobre nuestra relación con la naturaleza. Diversas teorías se han aproximado a este debate, todas ellas agrupadas en alguno de los siguientes tres grandes marcos de pensamiento: el antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo . Mientras el primero defiende la centralidad del ser humano en nuestros debates sobre el valor del ambiente, los otros sostienen que hay argumentos fuertes para establecer que el centro de valoración no debe estar en el ser humano, sino en los seres que tienen vida (biocentrismo) o en las interrelaciones entre la materia inerte y viva que hacen posible la existencia en este planeta (ecocentrismo).

En este trabajo expondré cuáles son las diferencias entre cada uno de estos tres marcos de pensamiento, sus traducciones jurídicas y las oportunidades o limitaciones que ofrecen para la construcción de una nueva civilización ecológica.

Antropocentrismo y derecho: ¿un ambiente para el ser humano?

El término antropocentrismo tiene dos dimensiones, una epistémica y otra moral. Por un lado, el antropocentrismo epistémico describe el hecho de que las reflexiones sobre el valor de la naturaleza las hace el ser humano.³ Esta forma de antropocentrismo no puede ni debe ser rechazada. El debate sobre el valor de la naturaleza se da siempre a través de mediaciones humanas y, en este sentido, es inevitablemente antropocéntrico.⁴ Por otro lado, el antropocentrismo moral refleja la doctrina según la cual los seres humanos constituyen la sede y medida de todo valor. Una visión dualista que sustenta la consideración de estos como amos y señores absolutos de los recursos naturales que nutren sus procesos productivos e idea de desarrollo.⁵ Bajo esta perspectiva, la naturaleza es vista como una cosa, un objeto sin valor intrínseco y, por ello, completamente subordinado a los intereses de los seres humanos. Mientras el antropocentrismo epistémico es ineludible, el antropocentrismo moral no solo puede, sino que debe superarse si queremos construir una nueva consciencia ecológica.

La literatura especializada suele dividir al antropocentrismo moral en grados, aquellos «fuertes o excluyentes» y otros «débiles o moderados». El antropocentrismo fuerte sería aquel que niega toda consideración ética o moral a las entidades no-humanas y promueve su explotación ilimitada, mientras el antropocentrismo débil reconocería un grado de consideración moral para ciertos elementos de la naturaleza, pero en función de su relevancia para el cumplimiento de fines e intereses humanos. Si bien esta división mencionada suele ser ampliamente aceptada en la literatura especializada, resulta poco precisa, pues esconde las líneas de continuidad entre ambas formas de antropocentrismo. Aunque diversos autores se han esmerado en dosificar las posiciones antropocéntricas clasificándolas entre excluyentes/fuertes o débil/moderadas, dicha protección es siempre utilitarista, es decir, se justificará en razón de las necesidades terapéuticas, estéticas, biológicas o económicas que la naturaleza satisface para el ser humano. Como recoge Costa, el imperativo ecológico que las resume vendría a adoptar la formulación siguiente: «en interés de la humanidad, protege y preserva la naturaleza».⁶

Por lo anterior, sostengo, el antropocentrismo moral no se divide en excluyente y moderado, pues todas las formas de antropocentrismo moral son excluyentes, en la medida que mantienen en el centro al ser humano y separan del circulo de la moralidad a seres no humanos. Esto es así, incluso en aquellas posturas que reconocen deberes indirectos hacia la naturaleza. En estos casos, lejos de lo que pretende indicar el adjetivo «débil», nuestra vulnerabilidad frente al ambiente no «debilita» ni «modera» la centralidad del humano, sino, por el contrario, la refuerza. Esta fragilidad se traduce en estrategias para acelerar nuestro avance científico y disminuir los riesgos de nuestra vida sobre el planeta.

El antropocentrismo moral no se divide en excluyente y moderado, pues todas las formas de antropocentrismo moral son excluyentes

Dentro del discurso jurídico, el modelo antropocéntrico de protección del ambiente se plasmó en la visión clásica del derecho humano a un ambiente sano. Este derecho considera a la protección del ambiente como un elemento sine qua non para el disfrute de los derechos humanos. Es decir, busca proteger aquellos «recursos» naturales que se consideran indispensables para la protección y desarrollo de los derechos del ser humano.⁷ Si bien la defensa de este derecho ha permitido logros importantes en la protección del ambiente, su capacidad para generar cambios que integren a la naturaleza como un participante activo de la discusión sigue siendo limitada.

En la protección del derecho humano a un ambiente sano, se tiende a priorizar soluciones económicas y regulatorias frente a un reconocimiento más profundo del valor intrínseco de los ecosistemas.⁸ Estos análisis costo-beneficio, a su vez, suelen estar sesgados en contra de la regulación ambiental, al minimizar los beneficios ecológicos difíciles de valorar y exagerar los costos de cumplir con las regulaciones.⁹ El tradicional derecho humano antropocéntrico a un ambiente sano expresa, de esta forma, un optimismo cientificista que pretende, a través del derecho, convertir a la inevitable incertidumbre ecológica en un lenguaje de probabilidades numéricas. Así, el fracaso en la gestión y el control de los procesos y riesgos naturales no es atribuido a un problema civilizatorio, sino a un problema de falta de conocimientos o competencia.

Un enfoque biocéntrico: ¿pueden los animales o las plantas tener derechos?

El biocentrismo se opone al antropocentrismo, pues no sitúa al ser humano como el eje único de nuestras preocupaciones sobre la naturaleza. En su lugar, propone ubicar en el centro a los seres vivos, en tanto individuos, para, a partir de ello, dar cuenta de que hay razones suficientes para otorgar igual consideración moral a ciertos no-humanos. Por un lado, a diferencia de las posturas antropocéntricas, el biocentrismo busca la preservación de los seres vivos por el interés que poseen ellos mismos y no por su utilidad para el ser humano. Por otro lado, a diferencia del ecocentrismo, el biocentrismo sitúa el estatus moral en las criaturas individuales y no en los sistemas ecológicos . Es decir, los biocentristas no son holistas, no consideran que los sistemas ecológicos son relevantes en sí mismos, sino solo en la medida en que protegen o hacen posible las vidas individuales que hay en ellos.¹⁰ En otras palabras, no consideran moralmente relevantes a las especies en tanto conjunto, sino a los animales individualmente considerados; tampoco al bosque, sino al árbol, en singular.

Existen diversas formas de biocentrismo y cada una de ellas tiene su propio criterio al momento de definir qué es una vida moralmente relevante y capaz de merecer derechos. Para algunos vivir una vida implica poder experimentar placer y dolor (sensocentrismo), para otros, poseer facultades cognitivas que te permitan ser consciente de que experimentas una vida (cognitivismo) y, para un último grupo, tener impulsos latentes, consientes o no, que muestren un esfuerzo por perseverar o preservarse (conatus).

Por un lado, el biocentrismo sensocentrista valoriza al animal sintiente atribuyéndole importancia moral a partir de su cercanía con la capacidad humana de experimentar placer o dolor. El filósofo australiano Peter Singer, considerado el padre fundador del movimiento animalista moderno,¹¹ sostiene que si hay ciertos animales que, al igual que nosotros, pueden sentir, la separación de estos de la comunidad moral constituye un prejuicio irracional al que denomina «especismo».¹² Este ha sido el punto de partida para que otros autores como Tom Regan propongan la idea de los derechos de los animales, desde una aproximación deontológica y cognitivista. Para este autor, la capacidad de experimentar una vida es una característica habilitante para ser sujeto de derechos. A su vez, experimentar una vida requiere de un grado de consciencia que va más allá de la mera capacidad de sentir placer o dolor. Así, por ejemplo, podríamos afirmar con seguridad que una rana puede experimentar dolor, pero no que tiene una capacidad cognitiva tal que le permita razonar, tener intereses o dar cuenta de su propia existencia. Por ello, sostiene Regan, si ciertos seres no-humanos, como los mamíferos mayores de un año, tienen un grado de consciencia y, por tanto, al igual que nosotros, la capacidad de experimentar una vida, no existe argumento alguno que justifique negarles derechos morales.¹³

A diferencia del ecocentrismo, el biocentrismo sitúa el estatus moral en las criaturas individuales y no en los sistemas ecológicos

Por otro lado, el biocentrismo del conatus amplía el espectro de la moralidad hacia seres vivientes no sensibles, pero manteniendo el carácter individualista propio de todo modelo biocéntrico. El conatus es un concepto filosófico desarrollado principalmente por Baruch Spinoza y que significa ímpetu, impulso, esfuerzo, empeño y lucha, sin connotaciones teleológicas. Como indica Callicott, «mientras que “esforzarse” puede introducir implícitamente la noción de meta –esforzarse por o hacia algo, sea o no consciente–, perseverar puede entenderse de forma inercial: el impulso, consciente o no, de continuar o permanecer en un estado o condición existente».¹⁴Tomando como eje la capacidad de un ente para perseverar en la vida, el biocentrismo del conatus se preocupa tanto por los seres vivos sintientes como por los no sintientes, como las plantas. Así, autores como Paul Taylor han usado este concepto para sostener que, si bien las plantas no tienen un sistema nervioso que les permita experimentar placer o dolor, con el crecimiento de sus raíces o tallos, dan cuenta de hay en ellas un tipo de esfuerzo por vivir, por preservarse, es decir, un conatus, que las hace merecedoras de consideración moral.¹⁵Los biocentristas del conatus, sin embargo, no encuentran en los ecosistemas, la biosfera o la diversidad en general relevancia moral alguna; en ellos, consideran, no se expresa claramente un esfuerzo por mantenerse. Tampoco tendrían relevancia moral, por ende, la materia inerte: los ríos, las montañas o los glaciales. En ellos no parece haber conatus y, por tanto, desde su punto de vista, tampoco vida.

La única propuesta biocéntrica que ha sido trasladada al derecho es la del biocentrismo-sensocéntrico, a través del discurso por los derechos de los animales. Los casos de la orangután Sandra¹⁶ y la chimpacé Cecilia¹⁷ en Argentina son ejemplo de ello. En estos casos, las cortes otorgaron el estatus de «persona no humana» a estos animales, bajo el argumento de que, al igual que los seres humanos, estos grandes simios experimentan sufrimiento y pueden disfrutar conscientemente de su libertad. Así lo dijo la corte en el caso de Cecilia, al manifestar que «resulta innegable que los grandes simios, entre los que se encuentra el chimpancé, son seres sintientes por ello son sujetos de derechos no humanos».¹⁸

El punto de partida del modelo biocéntrico sensocentrista está lleno de antropocentrismo, una vez que exige de los otros seres lo que nosotros poseemos

Los casos de la orangután Sandra y la chimpancé Cecilia ilustran los aportes del biocentrismo en la ampliación de la comunidad de justicia y, por ende, en el reconocimiento de derechos más allá del ser humano. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. El punto de partida del modelo biocéntrico sensocentrista está lleno de antropocentrismo, una vez que exige de los otros seres lo que nosotros poseemos (capacidad de sentir o consciencia), «humanizándolos» hasta que puedan ser aceptados en nuestro círculo moral. La antropomorfización de los animales en esta forma de biocentrismo puede llegar al extremo de depositar en ellos ya no solo derechos sino, también, obligaciones. Así lo proponen Sue Donaldson y Will Kymlicka en su libro Zoópolis, al definir a los animales como ciudadanos con diferentes derechos y responsabilidades: los animales domésticos serían ciudadanos plenos que deben cumplir con el deber de alimentarse a partir de una dieta vegana (al margen de la dieta natural del animal); los animales salvajes serían gobernantes de sus territorios que, en caso de aproximarse peligrosamente a nuestros dominios humanos, pueden ser considerados enemigos-invasores; y los animales liminales o fronterizos serían migrantes con unos pocos derechos, fácilmente revocables.¹⁹ De esta forma, los comportamientos que deben tener los animales son designados tomando como parámetro de referencia ya no solo la capacidad de sentir o razonar del ser humano, sino, yendo mucho más allá, la organización social que este ha ideado.

El problema de la antropomorfización de los animales que implica la propuesta biocéntrica no radica solo en quitar lo «animal» de los animales, sino, además, en no cuestionar lo «humano» en los seres humanos. El discurso biocéntrico por los derechos de los animales no propone romper el marco desde el que el derecho entiende al ser humano, sino, únicamente, indicar que ese marco se aplica de forma incoherente o discriminatoria.

Un enfoque ecocéntrico: ¿pueden los ecosistemas tener derechos?

El término «ecocentrismo», al contrario del individualismo biocéntrico y del antropocentrismo, ve al ser humano como parte de un mundo que comparte con otras especies y un sustrato físico que soporta y hace posible la vida. En su formulación jurídica, el ecocentrismo no limita los derechos a los animales, sino que los reconoce también para las plantas y los seres microscópicos e incluso para la materia inerte como los ríos, glaciales y montañas.

Aunque en su origen el ecocentrismo se utilizó para describir las éticas ambientales de carácter holista formuladas desde Occidente y en las cuales el discurso científico tiene un papel protagónico, la expansión de este enfoque ha llevado a que se relacione al ecocentrismo con prácticas ancestrales de pueblos indígenas y religiones no judeo-cristianas de todo el mundo. Por lo anterior, no existe una forma de ecocentrismo, sino diversos ecocentrismos.

En primer lugar, existen propuestas ecocéntricas-conservacionistas que otorgan a la ciencia ecológica, biológica o de los sistemas terrestres la última palabra en la determinación de lo que es la naturaleza y nuestras obligaciones morales hacia ella. Este es, por ejemplo, el enfoque del filósofo estadounidense Baird Callicott, quien, siguiendo el pensamiento del conservacionista Aldo Leopold,²⁰ propuso una ética de la tierra por la cual los hechos otorgados por la ciencia ecológica sirvan como la fuente de sentimientos morales adecuados para la preservación de la naturaleza y el reconocimiento de su valor intrínseco.²¹ Este pensamiento ecocéntrico-conservacionista, a su vez, ha derivado en propuestas específicas dentro del campo jurídico. Así, el momemtum ecológico provocado por el conservacionismo estadounidense en la década de los setenta inspiró la que es considerada la primera obra jurídica en plantear la idea de los derechos de la naturaleza, el ensayo del año 1972, Should Trees Have Standing, del profesor estadounidense Chistopher D. Stone.²² A partir de las ideas de este libro, se promulgó, en el 2006, la primera legislación cercana a la idea de los derechos de la naturaleza en un municipio de 7 000 habitantes en Estados Unidos.²³

En segundo lugar, el «ecocentrismo religioso» representa a aquellas posturas que, reinterpretando los textos judeo-cristianos o acudiendo a otras religiones como el budismo, el hinduismo o el taoísmo, han buscado desmontar la tradicional narración religiosa del ser humano como el fin último de la creación. En lo jurídico, el modelo ecocéntrico religioso fue implementado en la sentencia de la Corte Suprema de Uttarakhand-India que reconoció a los ríos Ganges y Yamuna como personas jurídicas con derechos propios.²⁴ En esta sentencia, la Corte dio cuenta de que la legislación y jurisprudencia de la India ya reconocía personalidad jurídica a ídolos religiosos del hinduismo (como templos), razón por la cual, teniendo en cuenta que los ríos Ganges y Yamuna son venerados como divinidades dentro del hinduismo, resultaba razonable considerarlos también personas «jurídicas/legales/entidades vivas con todos los derechos, deberes y responsabilidades correspondientes de una persona viva».²⁵ Otro ejemplo de este modelo es la obra del sacerdote católico estadounidense Thomas Berry, quien, a partir de una reinterpretación de la idea de la creación del cristianismo, propuso ver al propio universo como la primera comunidad sagrada.²⁶ Inspirando en la propuesta de Berry, el profesor sudafricano Cormac Cullinan en su libro Derecho Salvaje, establece que para redescubrir la jurisprudencia de la tierra y desarrollar formas apropiadas para nuestra época es esencial comenzar por observar las leyes dictadas por lo que él denomina el Gran Derecho, es decir, los principios fundamentales que rigen el universo.²⁷

A diferencia de los ecocentrismos conservacionistas y religiosos, el ecocentrismo descolonial se forma de abajo a arriba, a partir de las prácticas de los pueblos indígenas

Por último, lo que defino como ecocentrismo descolonial, representa a aquellas cosmovisiones, propias de pueblos indígenas y comunidades locales de alrededor del mundo, para las cuales la relación de horizontalidad con la naturaleza nace de la identificación ontológica con sus territorios. A diferencia de los ecocentrismos conservacionistas y religiosos cuyas éticas se forman de arriba hacia abajo, es decir, a partir del trabajo de científicos o teólogos altamente especializados, el ecocentrismo descolonial se forma de abajo hacia arriba, esto es, a partir de las prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales, sostenidas en el tiempo y que develan una relación de armonía con la naturaleza.

Formas de ecocentrismo descolonial han derivado en el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Es el caso de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la Pachamama consagrados en la Constitución de Ecuador del 2008.²⁸ Pachamama es un concepto indígena-kichwa que ha sido traducido como «Madre Tierra» y que expresa la relación espiritual que tienen los pueblos indígenas con su territorio. Otro caso de ecocentrismo descolonial fue la ley de Nueva Zelanda que reconoció al río Whanganui como sujeto de derechos. Este caso fue fruto de una disputa de siglos impulsada por el pueblo maorí para el reconocimiento de sus derechos territoriales. Producto de esta lucha, en el 2014, la Corona y las tribus maoríes suscribieron un acuerdo en el cual se consagró al Te Awa Tupua, esto es, la río Whanganui en su totalidad, comprendiendo sus elementos físicos y espirituales, como persona legal con derechos inherentes. En marzo del 2017 este acuerdo se elevó a rango de Ley,²⁹ siendo considerado y celebrado como el primer caso en el que se aplican los derechos de la naturaleza a escala global.

A modo de conclusión: ¿qué derecho, para qué mundo?

Como expuse al inicio de este trabajo, el derecho tiene un rol activo en la construcción de subjetividades. Promueve formas específicas de entender el mundo, al mismo tiempo que delimita nuestros marcos de acción. Es, por tanto, un actor principal en la construcción de una nueva consciencia ecológica. En este contexto, pensar el derecho en términos antropocéntricos, biocéntricos o ecocéntricos, nos permite observar el postulado moral que promueve la norma y sus limitaciones. Así, por ejemplo, entender qué queremos decir cuando decimos que la naturaleza es un «objeto» o «sujeto» de protección jurídica, resulta fundamental para examinar la postura de cada sistema normativo frente a la «Krisis» civilizatoria. También lo es preguntarnos qué queremos decir cuando decimos que la naturaleza es un sujeto de derechos, un bien público o simplemente una cosa apropiable. Estas son grandes preguntas que no puedo responder a profundidad en este texto, sin embargo, me permiten introducir al lector o lectora la influencia del derecho sobre nuestra forma de ver y ser con la naturaleza.

En la misma línea, aunque aceptemos que la naturaleza puede ser un sujeto de derechos, sigue siendo relevante preguntarnos de qué naturaleza hablamos y quién la representa. Al respecto, creo que es especialmente relevante hablar de las naturalezas que se forman en lo humano y lo local y no, únicamente, de la se escribe en laboratorios de pensamiento y experimentación de «Occidente». Yo prefiero hablar de las naturalezas que surgen de las representaciones humanas locales, contextuales, aquí y ahora. De esta forma, la naturaleza de la que hablemos tendrá siempre un rostro humano y el humano que definamos tendrá siempre una dimensión natural.

Digno Montalván Zambrano es Investigador postdoctoral de la Universidad Carlos III de Madrid en el grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia (GIDYJ).

NOTAS:

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto «Ecoprudencia. Revisión de los fundamentos antropocéntricos de la teoría jurídica contemporánea ante la transición ecológica» (TED2021-132334B-I00), dirigido por José María Sauca e Isabel Wences y financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) y por la Unión Europea (NextGenerationEU) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Este artículo forma parte del proyecto N. 101086202 (Speak4Nature), HORIZON-MSCA-2021-SE-02, financiado por la Unión Europea. Sin embargo, los pntos de vista y las opiniones que aquí se expresan pertenecen exclusivamente a sus autores y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la UE ni la autoridad que concede el proyecto se hacen responsables de tales opiniones.

2 Retomando el origen etimológico de la palabra crisis del antiguo verbo griego «krinein», que significa elegir, decidir una disputa, discernir o juzgar.

3 Jorge Riechmann, Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000, p. 37; Andrew Dobson, Green political thought, 4ª ed., Routledge, Londres; Nueva York, 2007, p. 42.

4 Por ejemplo, este artículo ha sido escrito por un ser humano y, por ende, actuando desde un antropocentrismo epistémico inevitable.

5 Digno Montalván Zambrano, «Justicia ecológica», EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 18, 2020, p. 179, disponible en: https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5272

6 Carlos Alberto Franco da Costa, «¿Ética ecológica o medioambiental?», Acta Amazonica 39, núm. 1, 2009, pp. 113-120.

7 Para un estudio detallado sobre la evolución de este derecho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede consultar: Digno Montalván Zambrano, «El derecho al medio ambiente sano como un derecho autónomo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos», Anales de la Facultad de Derecho, núm. 37, 2020, pp. 63-83.

8 Susana Borràs, «New Transitions from Human Rights to the Environment to the Rights of Nature», Transnational Environmental Law 5, núm. 1, 2016, pp. 113-43.

9 Daniel Bodansky, The Art and Craft of International Environmental Law, Harvard Univ. Press, Cambridge, 2010, pp. 65-66.

10 Robin Attfield, «Biocentrism», en Encyclopedia of environmental ethics and philosophy, ed. J. Baird Callicott y Robert Frodeman, Macmillan Reference, Detroit, 2009, pp. 97.

11 Este autor, a su vez se inspiró en el pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham y John Stuart Mill.

12 Peter Singer y Paula Casal, Liberación animal, Editorial Trotta, Madrid, 1999, p. 42.

13 Tom Regan, En defensa de los Derechos de los Animales, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2016, pp. 105, 212 y 230.

14 J. Baird Callicott, Thinking like a planet, Oxford Univ. Press, Oxford (Reino Unido), 2014, pp. 217-18.

15 Paul W. Taylor, Respect for nature: a theory of environmental ethics, 25th anniversary edition, Princeton University Press, Princeton, 2011.

16 II Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires. Habeas Corpus Orangutana Sandra, 68831/2014/CFC1, de 18 de diciembre de 2014, disponible en: http://www.saij.gob.ar/camara-federal-casacion-penal-considera-una-orangutana-sumatra-es-sujeto-derechos-nv9953-2014-12-18/123456789-0abc-d35-99ti-lpssedadevon.

17 Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza. Habeas Corpus presentado por la A.F.A.D.A respecto del chimpancé Cecilia «sujeto no humano», P-72.254/15, de 3 de noviembre de 2016, disponible en el siguiente enlace: http://www.saij.gob.ar/declara-chimpance-cecilia-sujeto-derecho-humano-ordenando-su-traslado-nv15766-2016-11-03/123456789-0abc-667-51ti-lpssedadevon

18 Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza. Habeas Corpus presentado por la A.F.A.D.A respecto del chimpancé Cecilia «sujeto no humano», P-72.254/15, de 3 de noviembre de 2016, p. 30.

19 Sue Donaldson y Will Kymlicka Zoopolis: una revolución animalista, Errata Naturae, Madrid, 2018.

20 Aldo Leopold, Una ética de la tierra, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2017.

21 Baird Callicott, 2014, op. cit.

22 Christopher D. Stone, Should trees have standing?: toward legal rights for natural objects, William Kaufmann, Inc., Los Altos, California, 1974.

23 El texto íntegro de la ordenanza, en inglés, se puede consultar en el siguiente enlace: http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload666.pdf

24 Corte Suprema de Uttarakhand, Writ Petition (PIL) No.126 of 2014, Sentencia de 20 de marzo de 2017: https://elaw.org/system/files/attachments/publicresource/in_Salim__riverpersonhood_2017.pdf

25 Ibidem.

26 Thomas Berry, The Great Work: Our Way into the Future, Bell Tower, Nueva York, 1999, p. 59.

27 Cormac Cullinan, Wild Law: A Manifesto for Earth Justice, Green Books, 2ª ed. Totnes (Reino Unido), 2011.

28 El artículo 71 de la Constitución de Ecuador establece: «Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos».

29 Te Awa Tupua Act. Disponible en: https://www.legislation.govt.nz/act/public/2017/0007/
latest/whole.html

Acceso al artículo completo en formato pdf: Más allá del ser humano: cómo el derecho puede transformar nuestra relación con la tierra

by Susana Fernández Herrero

Wellbeing for All: Building Climate Resilient Cities Together (We All)

En el contexto de la crisis climática, la transición hacia un futuro postcrecimiento es la única opción viable si queremos garantizar un futuro sostenible, justo y equitativo para las generaciones venideras. En particular, las ciudades deben ir más allá de la lógica del crecimiento para alcanzar la resiliencia frente al cambio climático. Esta transición solo puede ser sostenible si se lleva a cabo de forma democrática para que pueda corresponder a las necesidades de las distintas comunidades y partes implicadas.

En este sentido, el proyecto WeAll tiene como objetivo principal proporcionar un espacio de aprendizaje para que la ciudadanía de las ciudades participantes, entre ellas Madrid, aumenten su agencia transformadora y aceleren su transición hacia el postcrecimiento en tiempos de emergencia climática. Estas harán uso de aquellas prácticas que pueden desarrollar para reducir la huella ecológica de la ciudad y situar el bienestar de su ciudadanía en el centro de la acción colectiva. A través de la educación, adquirirán nuevas habilidades y herramientas de liderazgo para influir en la política local desde sus diferentes roles y desde los objetivos del postcrecimiento. El proyecto considera de gran relevancia la planificación y el diseño de esta transición, que ha de ser inclusiva, colaborativa y democrática.

Más concretamente, el proyecto está centrado en el desarrollo de un modelo educativo atractivo y reproducible sobre la transición postcrecimiento como principal instrumento para capacitar a las personas que trabajan en/con los gobiernos locales, las empresas, los barrios y las comunidades de seis ciudades europeas. Fomentará procesos democratizados y participativos de planificación y negociación de políticas orientadas al postcrecimiento que impliquen a representantes de sociales, empresariales y municipales, legitimando así los planes de la ciudad en esta línea. A su vez, el proyecto pondrá especial atención en los barrios menos favorecidos de las ciudades seleccionadas, a los que se abordará/implicará tanto indirecta como directamente, con el fin de reforzar las capacidades de sus comunidades para organizarse en torno a estrategias de postcrecimiento en su ciudad, articular sus necesidades frente a los consejos municipales y participar en la planificación y ejecución de las políticas municipales.

El proyecto WeAll busca así proporcionar a todas las personas participantes una comprensión general de la transición y las políticas alineadas con el postcrecimiento, y les ayudará a entender su papel en este cambio, llevado a cabo mediante una planificación política inclusiva y democrática. Se buscará a su vez contribuir a dotar a las personas de un conjunto de habilidades, herramientas y competencias necesarias para la transición al postcrecimiento, como la colaboración, la solidaridad, el pensamiento sistémico, la autoorganización y la escucha activa. Finalmente, el proyecto dará lugar a un conjunto de aprendizajes teóricos y prácticos, que se plasmarán tanto en un manual educativo como en un manual básico para otras ciudades europeas.

Objetivos específicos:

1) Desarrollar un modelo de educación y capacitación para la ciudadanía, las empresas y los gobiernos locales de seis ciudades europeas, entre ellas Madrid, sobre el papel y las oportunidades de las estrategias postcrecimiento en la transición hacia sociedades más sostenibles.

2) Crear un diálogo entre todas las partes para toda la ciudadanía y generaciones en torno a la transformación postcrecimiento y, con ello, abordar simultáneamente el cambio climático y la desigualdad.

3) Desarrollar un manual educativo y un manual básico para ciudades postcrecimiento que se centrarán en un nuevo conjunto de habilidades centradas en la colaboración, la solidaridad y la negociación a través del apoyo entre iguales y diversos métodos deliberativos que mejoren su implicación en el proceso y la integración de sus necesidades en la planificación de futuros planes y políticas en línea con el postcrecimiento.

La formación desarrollada tendrá un módulo general introductorio del marco conceptual sobre postcrecimiento aplicado al contexto urbano, explorando conceptos asociados como la economía del donut, la creación de riqueza comunitaria o los servicios básicos universales. A su vez, cada socio elaborará módulos a medida, con distintos enfoques y grupos destinatarios elegidos para capacitar a las redes locales de interesados en facilitar la transición hacia una ciudad posterior al crecimiento. En el caso de FUHEM, se diseñará un módulo destinado a redes vecinales y movimientos sindicales, y poniendo especial énfasis en los ámbitos alimentario, de movilidad y de urbanismo/vivienda. Además, a partir de la identificación de los agentes sociales pertinentes, se realizará un diagnóstico y un informe con recomendaciones para la ciudad de Madrid.

Participantes:

En el proyecto participan seis organizaciones procedentes de cinco países europeos, entre las cuales están, además de FUHEM: el Transnational Institute (TNI), que lidera el proyecto, y Commons Network, ambas de Países Bajos; el Institut za Politicku Ekologiju de Croacia; Oikos, de Bélgica, y; Nazemi de República Checa.

Financiación:

Este es un proyecto financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea.

by Susana Fernández Herrero

¿Qué es la inteligencia artificial?

La sección A Fondo del número 164 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a la Inteligencia Artificial recoge un artículo de Ramón López de Mántaras y Pere Brunet donde definen ¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA en adelante) es una colección de componentes computacionales que permiten construir sistemas que emulan funciones realizadas por el cerebro humano.¹ El campo de la IA comenzó a mediados de los años cincuenta y desde entonces ha pasado por ciclos de promesas, entusiasmo, críticas y dudas.

Podemos distinguir entre IA basada en conocimiento e IA basada en datos. La IA basada en el conocimiento, que empezó a desarrollarse a finales de los años setenta, intenta modelar el conocimiento humano mediante modelos informáticos. Comienza de arriba hacia abajo a partir de un análisis humano sobre qué conceptos y conocimientos utilizan los individuos para resolver problemas o responder consultas en un dominio concreto de especialización, formalizando e implementando dichos conocimientos mediante lenguajes de representación basados en la lógica matemática. Esta IA basada en el conocimiento utiliza bases de conocimientos, modelos conceptuales, ontologías, estrategias de razonamiento automatizado, técnicas heurísticas de resolución de problemas y aprendizaje profundo.²

En cambio, la IA basada en datos se ha desarrollado mayoritariamente a partir del siglo XXI. Comienza de abajo a arriba a partir del análisis de grandes cantidades de datos que se procesan mediante algoritmos estadísticos de aprendizaje, tales como los algoritmos de aprendizaje profundo, para extraer patrones en dichos datos que se usan para resolver problemas cuya solución se construye en base a los patrones extraídos.³ La IA basada en datos requiere una cantidad ingente de datos de entrenamiento, así como computación de altas prestaciones para poder funcionar. Además, los datos de entrenamiento tienen que ser de alta calidad para que dicho funcionamiento sea correcto.

La IA basada en conocimiento ha demostrado ser muy eficiente en tareas que requieren razonamiento o planificación, mientras que la IA basada en datos funciona mejor en tareas que, en lugar de razonamiento o planificación, requieren sobre todo detectar patrones estadísticos como por ejemplo el procesamiento de imágenes o lenguaje. Pero, con toda probabilidad vamos a ver cada vez más aproximaciones híbridas que combinen ambos enfoques.⁴

Uno de los desarrollos sorprendentes de la IA basada en datos nos llegó de la mano de los traductores automáticos. El investigador Franz Josef Och fue pionero en diseñar los primeros algoritmos en 2003, y luego Google los incorporó entre los años 2005 y 2007. Estos nuevos traductores funcionaban tras aprender de ingentes cantidades de datos. Según Och,⁵ para poder traducir bien entre dos idiomas se necesita un corpus de texto bilingüe de más de 150 millones de palabras y dos corpus monolingües de más de mil millones de palabras.

En 2012, un equipo de la Universidad de Toronto liderado por Geoffrey Hinton consiguió́ que un tipo de red neuronal, llamada «convolucional», alcanzara un 85% de aciertos al clasificar, entre mil categorías posibles, 150.000 imágenes de la base de datos ImageNet. Tanto estas redes de clasificación como las de los traductores automáticos son casos concretos de redes neuronales de aprendizaje profundo, ejemplos de la IA basada en datos. La idea proviene de los trabajos del investigador japonés Kunishiko Fukushima en 1980, quien había desarrollado el «neocognitrón», una red neuronal artificial inspirada, a su vez, en los estudios de David Hubel y Torsten Wiesel sobre el sistema visual de los animales, trabajos por los que en 1981 estos investigadores recibieron el premio Nobel.⁶ Hubel y Wiesel descubrieron que nuestra corteza visual se encuentra organizada según una jerarquía de capas, de tal manera que las neuronas contenidas en cada capa detectan características de complejidad creciente en los objetos de una imagen.

En estos y otros casos, estas redes deben entrenarse primero con una enorme cantidad de datos. De hecho, la IA basada en datos trabaja en dos fases: la primera de aprendizaje o entrenamiento y la segunda, de uso (en algunos casos, ambas fases interaccionan de manera que los sistemas continúan aprendiendo durante su uso). La primera es altamente costosa y laboriosa y requiere gran potencia de cálculo, mientras que la segunda puede ejecutarse en ordenadores personales o teléfonos móviles y es eficiente y rápida.

Hay que observar que, por ejemplo, en el caso de la clasificación de imágenes, hasta hace poco ni había bases de datos de imágenes lo suficientemente grandes ni existía la potencia de cómputo necesaria para poder entrenar redes multicapa en un tiempo razonable. Dicho entrenamiento consiste en ajustar los valores numéricos correspondientes a los “pesos” de las conexiones que unen las neuronas artificiales de la red. Para ello, a la máquina se le proporciona una gran cantidad de imágenes ya etiquetadas, y un algoritmo va ajustando los valores de los pesos en función de los errores que comete la red al clasificar las imágenes de entrenamiento. Antes de comenzar el entrenamiento los valores asignados a las conexiones son aleatorios, y el proceso finaliza cuando los pesos alcanzan valores estables. Por supuesto, todo ello requiere partir de una representación numérica de la imagen (o del texto en el caso de la traducción automática). Esto se consigue asociando un número a cada píxel (o un conjunto de números a cada frase), de modo que, desde el punto de vista de la máquina, las imágenes y los textos no son más que un enorme conjunto de números.⁷

Para la segunda fase, una vez la red neuronal ya ha sido entrenada, disponemos de una inmensa estructura de neuronas artificiales (pequeños elementos de software dispuestos en capas, cada uno de los cuales calcula su ”valor“ promediando muchos de los valores de las neuronas de la capa anterior). La red neuronal, conjunto de neuronas con su estructura conectiva y conjunto de ”pesos“ asociados a las conexiones que las unen, puede ya almacenarse como cualquier otro fichero y exportarse a los ordenadores o teléfonos móviles que la usarán. Luego, en esta segunda fase de uso, los datos concretos (un texto, una imagen o aquello que requiera la tarea que el usuario desea resolver) se convierten a una representación numérica que alimenta la primera capa de neuronas. La información se va propagando capa a capa a través de los pesos asociados a las conexiones y finalmente, los valores asociados a las neuronas de la última capa acaban conformando la respuesta del sistema de IA.⁸

Estos sistemas de IA basada en datos (sistemas de IA en lo que sigue) han experimentado un auge espectacular en los últimos años, con aplicaciones que van desde el diagnóstico precoz en medicina y la predicción del plegado de las proteínas hasta la robótica moderna, pasando por campos tan diversos como los juegos por ordenador, la previsión del impacto del cambio climático, el juego del tenis, la investigación en coches autónomos o las armas autónomas.⁹

El esfuerzo por llegar a construir máquinas que de algún modo se asemejen a nosotros ha generado sistemas que se equivocan como nosotros

Con todo, y a pesar de los éxitos del aprendizaje profundo aplicado al procesamiento del lenguaje, vemos que, contrariamente a lo que ha llegado a afirmarse, seguimos estando muy lejos del nivel humano. La razón de dichas exageraciones seguramente obedece a la competencia entre empresas para hacerse con la parte más grande de un pastel que es extremadamente lucrativo. Pero, aunque aún falte mucho para lograr traducciones automáticas de calidad similar a las de un humano profesional, no cabe duda de que una herramienta como Google Translate resulta muy útil si no somos muy exigentes con el resultado y si supervisamos y corregimos el resultado final.

En todo caso, a menudo ni siquiera los diseñadores de los sistemas de aprendizaje profundo saben con exactitud por qué la máquina funciona cuando acierta ni por qué falla cuando se equivoca. Este serio inconveniente, conocido como «problema de la caja negra», hace que sea prácticamente imposible explicar las decisiones que toman estos sistemas.¹⁰ Y es que los sistemas de IA cometen errores. El esfuerzo por llegar a construir máquinas que de algún modo se asemejen a nosotros ha generado sistemas que se equivocan como nosotros. Lo vemos en los sistemas de traducción automática y en muchos otros. El porcentaje de error depende del tipo de problema, de la calidad de los datos de aprendizaje, de la estructura de la red neuronal y de la calidad del proceso de entrenamiento, pero nunca es nulo. Es algo que no tiene porqué ser grave en muchos casos, si repasamos el resultado del sistema y lo corregimos en caso necesario (como hacemos cuando usamos los sistemas de traducción) o en los sistemas que generan hipótesis que luego vamos refrendando, o en los sistemas de AI que a pesar de sus errores funcionan en promedio (sistemas publicitarios en los que lo que cuenta es los clientes que captemos, a pesar de que en otras personas no funcionen). Pero esto conlleva que en aplicaciones críticas como pueden ser las de diagnóstico médico o las militares y de control y vigilancia, la postsupervisión por parte de una persona experta que se haga responsable de la decisión final sea imprescindible.

Por otra parte, la IA en realidad no es inteligencia en el sentido comúnmente aceptado. Lo que poseen los sistemas de IA son habilidades para resolver problemas y tareas específicos, pero sin ningún tipo de comprensión sobre la naturaleza de los elementos con los que trabaja y sobre sus interrelaciones. Su falta de sentido común les hace capaces de identificar una persona que está de pie delante de una pared sin saber que es una persona y que esta no puede atravesar la pared.¹¹

En este momento vemos una fuerte ola de adopción entusiasta de la IA en muchas áreas de la actividad humana. Pero la ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que los sistemas de IA puedan comprender ni el lenguaje ni lo que “perciben” sus sensores. Del mismo modo, no pueden gestionar situaciones imprevistas ni tampoco aprender a partir de la experiencia. Los sistemas de IA basados en aprendizaje profundo pueden aprender correlaciones entre eventos (funciones matemáticas simétricas) pero no las relaciones asimétricas que nos llevan a diferenciar causas de efectos. Pueden asimilar, por ejemplo, que la salida del sol está relacionada con el canto del gallo, pero no que la primera es causa del segundo, y no al revés. El aprendizaje de las relaciones causa-efecto por parte de los sistemas de IA es justamente una línea de investigación actual muy interesante.¹²

Como ya dijo Arthur Clarke en los años sesenta, cualquier tecnología que sea suficientemente sofisticada no puede distinguirse de la magia.¹³ De aquí es de donde surge una buena parte del relato social que actualmente rodea los sistemas de IA. No entendemos porqué un sistema de IA puede traducir textos o responder acertadamente a preguntas que le hacemos, de la misma manera que nuestros abuelos no podrían entender cómo podemos, con un simple teléfono móvil, mandar fotos al instante a cualquier punto del planeta. La sorpresa ante el hecho de no saber entender estos sistemas nos lleva a considerarlos mágicos. Y la magia nos transporta al campo de la ficción y los mitos. Abandonamos la realidad y, ya instalados en el ámbito de los mitos, creemos que el potencial de la IA no tiene límites y que estos sistemas nos llevarán a inteligencias superiores a la humana.¹⁴

La ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que los sistemas de IA puedan comprender ni el lenguaje ni lo que “perciben” sus sensores

La fascinación se amplifica porque llueve sobre nuestra innata tendencia a generar mitos y a disfrutar de ellos. Creamos máquinas y soñamos pensando que nos dominarán. Pero nuestro deber es separar los mitos de la realidad. Podemos inventar grandes historias sobre lo que nos puede deparar la IA, pero debemos dejarlas en el rincón de los mitos y, en cambio, escuchar a los expertos para saber cuál va a ser la realidad. Michael Shermer habla de la imposibilidad de que lleguemos a ver máquinas que piensen, que sean autoconscientes y que tengan emociones. Este apocalipsis, esta singularidad, dice irónicamente, lo más probable es que nos llegue en algún momento entre los años 2525 y 9595.¹⁵

Pero por muy sofisticada que llegue a ser la IA en el futuro, siempre será diferente de la humana. Porque el desarrollo mental humano se nutre de las interacciones con el entorno, que a su vez se basan tanto en la corporeidad de nuestros sentidos y sistema perceptivo como en nuestro sistema motor. Una corporeidad perceptiva y motora que no existe en las inteligencias artificiales no corpóreas. Junto con la intencionalidad, esencialmente humana, que no tienen ni tendrán los sistemas de IA,¹⁶ que por ello ven necesariamente limitadas sus capacidades de aprendizaje.¹⁷ En todo caso, la fascinación no cesará. Y será perfectamente aceptable si sabemos mantenerla en el ámbito de los mitos mientras, al mismo tiempo, nos esforzamos por entender la realidad y los hechos objetivos. Porque quienes nos querrán controlar serán personas concretas, no máquinas.¹⁸ Y porque los verdaderos problemas de la IA no provienen de una supuesta singularidad tecnológica que pueda surgir de hipotéticas y futuras superinteligencias artificiales. Los verdaderos problemas están en la manipulación, en el uso ilícito de datos privados y en su privacidad, en la vigilancia y el control masivo de la ciudadanía, en la autonomía de sistemas que pueden usarse contra las personas (como las armas autónomas), en la confianza excesiva en las capacidades de la IA, en los sesgos de los algoritmos, en la imposibilidad de rendición de cuentas en el caso de funcionamiento erróneo, y en el excesivo poder que acumulan unas pocas empresas tecnológicas.¹⁹

Los verdaderos problemas están en la posibilidad de manipulación, en el uso ilícito de datos privados y el control masivo de la ciudadanía

En 2020, las investigadoras Timnit Gebru y Margaret Mitchell, codirectoras en aquel momento del equipo de ética de Google, ya advirtieron del riesgo que suponía que la gente asignase intención comunicativa y comprensión del lenguaje a artefactos.²⁰ Tras haber publicado esta consideración ética, Google las despidió.

Dado el interés público en la IA y el entusiasmo de muchas organizaciones, tanto privadas como instituciones gubernamentales, por desarrollar aplicaciones que afecten a las personas en su vida diaria, es importante que la comunidad de IA, incluidos los desarrolladores de aplicaciones así como los investigadores, participen en debates abiertos, en parte para evitar expectativas excesivas con una reacción inevitable posterior y en parte para evitar un uso inadecuado de la IA que puede causar efectos secundarios negativos innecesarios y sufrimiento humano indebido. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta de que ningún conjunto de reglas o limitaciones tecnológicas incorporadas puede evitar el uso malicioso por parte de actores sin escrúpulos.²¹ La responsabilidad final siempre recae en los seres humanos, tanto como diseñadores como usuarios, y deben rendir cuentas.

Ante los evidentes peligros a que nos enfrenta un desarrollo de la IA todavía no regulado y basado en el lucro de unas pocas corporaciones, muchos expertos están pidiendo una regulación que garantice que estos sistemas vayan dirigidos a cubrir necesidades de las personas, respetando sus derechos y sin dañarlas, violentarlas, controlarlas o manipularlas. Pero, además, es imprescindible educar a los ciudadanos (en particular a los jóvenes en las escuelas y universidades y a los políticos) sobre los beneficios y riesgos de estas tecnologías de IA. Los estudiantes de ciencias e ingeniería deben recibir una formación ética que les permita entender las implicaciones sociales de las tecnologías que desarrollarán.²² Y los ciudadanos en general deben exigir estar mejor informados, desde un sentido crítico que les permita discernir, que les aporte mayor capacidad para evaluar los riesgos tecnológicos y que lleve a hacer valer sus derechos. Las administraciones deben ser valientes para regular y visionarias para invertir en una educación que capacite adecuadamente a sus jóvenes y ciudadanos.

Ramón López de Mántaras Badia es profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España.

Pere Brunet i Crosa es doctor y catedrático jubilado de la Universidad Politécnica de Catalunya, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y divulgador científico.

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NOTAS

1 Luc Steels y Ramón López de Mántaras, «The Barcelona declaration for the proper development and usage of artificial intelligence in Europe», AI Communications 31, 2018, pp. 485-494, disponible en: https://content.iospress.com/articles/ai-communications/aic180607 . Véase también el texto original de la declaración de Barcelona en: https://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration/

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 Ramon López de Mántaras, 100 coses que cal saber sobre inteligència artificial, (en catalán), Cossetània, Barcelona, 2023, pp.. 48 a 50.

5 Franz Josef Och, , Statistical Machine Translation: From Single-Word Models to Alignment Templates, Technical Report, RWTH Aachen, Department of Computer Science, 2003, disponible en: http://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/publications/download/520/OchF.J.--StatisticalMachineTranslationFromSingle-WordModelstoAlignmentTemplates--2002.pdf ; también su presentación de 2005, ya como empleado de Google: «Machine Translation», Summit 2005, Phuket, 2005.

6 Ramón López de Mántaras, «El traje nuevo de la inteligencia artificial», Investigación y ciencia, Julio de 2020, disponible en: https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/una-nueva-era-para-el-alzhimer-803/el-traje-nuevo-de-la-inteligencia-artificial-18746

7 Para más detalle, véase nota anterior.

8 Esta es una explicación simplificada. Los sistemas de IA pueden contener varias redes neuronales y pueden contemplar aprendizaje dinámico de manera que el sistema continúe aprendiendo a partir del uso de la red, en caso de que haya forma de verificar si las respuestas que va dando son o no correctas (si no lo son, el sistema modifica los pesos de las conexiones entre neuronas para intentar evitar que el error detectado se repita en el futuro). En este caso, las dos fases de aprendizaje y uso no son independientes.

9 Para más detalle, véase Ramon López de Mántaras, 2023, op. cit., pp. 56 a 265.

10 Véase Ramón López de Mántaras, 2020, op. cit.

11 Ramon López de Mántaras, 2023, op. cit., p. 45.

12 Ramon López de Mántaras, «Intel·ligència artificial versus intel·ligència humana» (en catalán), en IA: Inteligencia Artificial, catálogo de exposición, CCCB, 2023, pàgina 48, disponible en: https://www.cccb.org/es/publicaciones/ficha/ia-inteligencia-artificial/243181

13 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 47.

14 Ramon López de Mántaras, 2023, op. cit., p. 44.

15 Pere Brunet, Tica Font y Joaquín Rodriguez, Robots Asesinos: 18 preguntas y respuestas, Centro Delàs de Estudios para la Paz, 2021, p. 01.2, disponible en: https://centredelas.org/wp-content/uploads/2021/12/RobotsAsesinos_18PreguntasYRespuestas_DEF.pdf. Ver también: https://centredelas.org/robots-asesinos-18-preguntas-y-respuestas/?lang=es

16 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 52.

17 Ibidem, p. 51.

18 Pere Brunet, Tica Font y Joaquín Rodriguez, op. cit., p. 01.2

19 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 52.

20 Ibidem, p. 49.

21 Luc Steels y Ramón López de Mántaras, op. cit.

22 Ramon López de Mántaras 2023, op. cit., p. 52.

by Susana Fernández Herrero

¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?

Ciclo de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid.

Cada sesión contará con la presencia de los y las autoras de algunos artículos destacados de la revista, según la temática elegida para cada edición y se pondrá a disposición de los asistentes materiales como artículos y resúmenes de cada número, para facilitar la reflexión y la puesta en común.

La sesión que tuvo lugar el 2 de octubre de 2024 abordamos cómo la creciente adopción de sistemas de Inteligencia Artificial – IA en distintos ámbitos de nuestra vida nos obliga a reflexionar bajo múltiples perspectivas en torno a las implicaciones de estas tecnologías y que fue el tema abordado por el número 164 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

La IA está en nuestras vidas de forma silenciosa y apenas visible. Nos acompaña de forma imperceptible a pesar de determinar profundamente nuestro modo de vida y la reproducción de las dinámicas sociales y relaciones de poder.

Bajo una mirada amplia, esta compleja tecnología conlleva en ese sentido toda una serie de implicaciones ecológicas (ya que emplea grandes cantidades de recursos, energía y agua con amplias consecuencias sobre los ecosistemas), sociales, económicas y políticas.

Otra dificultad para evaluar las consecuencias de la IA viene de la mano de su complejidad y opacidad. No resulta evidente identificarla y, mucho menos, definirla y conocer cómo funciona.

El desarrollo de esta tecnología está completamente integrado en las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad. En este sentido, la IA no hay que verla únicamente como el producto de un proceso tecnocientífico, sino también como el resultado de la red de interconexiones de intereses, relaciones de poder, valores, normas, prácticas, costumbres y sesgos preexistentes durante el proceso de diseño, desarrollo y adopción del artefacto, de manera que su funcionamiento suele generar resultados discriminatorios por motivos de género, origen étnico o clase social. A su vez, la propia tecnología que forma parte de ese entramado de relaciones contribuye a su redefinición e influye, cuando no determina, los comportamientos en una sociedad.

La sesión titulada ¿Quién teme a la IA? contó con la presencia de:

– Ramón López de Mántaras, profesor de investigación del CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial.

– Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

– José Bellver, investigador en FUHEM Ecosocial.

Presentó y moderó: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

A continuación, ofrecemos el video de la sesión completa.

Accede a los debates anteriores.

by Susana Fernández Herrero