Geopolítica en el Capitaloceno
Artículo de Birgit Mahnkopf profesora de Política Social Europea en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Derecho (HWR) de Berlín, publicado en el ESPECIAL Geopolítica en la Era del Antropoceno del número 146 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Bajo las condiciones de un modo de producción capitalista, la «ruptura metabólica » entre los seres humanos y la naturaleza se ha ampliado tanto que los “antropos” se han convertido en un “factor geológico” que está a punto de terminar con la vida en la Tierra tal como la conocemos desde hace más de diez mil años. En lugar de iniciar un cambio estructural que respete las restricciones socioecológicas de la acción humana, estamos en cambio experimentando una renovación de la geopolítica: no solo la feroz competencia internacional por la disminución de las reservas de petróleo y gas natural, sino también una “fiebre verde” por los metales, minerales, el agua y la tierra.
El término «Antropoceno» es utilizado para designar una nueva era geológica marcada por la acción del ser humano (anthropos). Esto concepto fue propuesto por la comisión estratigráfica de la asociación de geólogos más antigua del mundo en Londres, que está convencida de que la influencia del comercio humano en el clima mundial y los sistemas biofísicos de la Tierra pusieron fin al Holoceno. Este término se refiere al período de aproximadamente 12.000 años desde la última glaciación, que se caracterizó por unas condiciones climáticas muy estables propicias para el desarrollo humano. En contraste, el período de los antropos se refiere a un período geológico caracterizado por una multitud de influencias ambientales antropogénicas, como la extinción, la propagación y la migración de especies animales y vegetales, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la degradación del suelo, la acidificación y la sobrepesca en los océanos, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire. Actualmente, existe un consenso entre los investigadores de la tierra y el clima de que los seres humanos se han convertido en un “factor geológico”, aunque en diferentes grados, dependiendo de sus orígenes geográficos y sociales. Con la adopción de este papel, la humanidad está desestabilizando los sistemas biofísicos de la Tierra, que han evolucionado durante un período de proximadamente 1,2 millones de años, y destruyendo “la trama de la vida”, que conecta plantas y animales (incluidos los humanos) y los minerales mediante ciclos complejos de materia y energía. En la actualidad, todo apunta al hecho de que los “antropos” han llevado al sistema Tierra a un camino irreversible de desarrollo hacia un “estado de invernadero” que podría durar de decenas a cientos de miles de años.1
¿Antropoceno o Capitaloceno?
Para algunos científicos, el Antropoceno coincide con el comienzo de la “conquista europea del mundo” a principios del siglo XVI. Otros lo vinculan con la industrialización en Europa alrededor del 1800. La mayoría de los geólogos británicos de la comisión estratigráfica se han pronunciado a favor de fijar el inicio del Antropoceno a mediados del siglo XX.
Existen razones plausibles para esta confusión: lo que es completamente novedoso en términos históricos no es de ninguna manera la conexión entre la acción humana, el cambio de los paisajes, del ciclo atmosférico del agua y los cambios climáticos. Desde el comienzo del Holoceno, cuando las condiciones climáticas estables hicieron posible que la agricultura se extendiera en muchas regiones del mundo, los seres humanos han modificado deliberadamente la flora y la fauna, creando enclaves artificiales en una naturaleza indómita, domesticando y criando animales y plantas, creando sistemas de riego y aprovechamiento de la energía solar. Esto ha llevado a menudo a crisis ecológicas de alcance regional, a menudo en conjunción con crisis civilizatorias. Pero como resultado del crecimiento de la población hecho posible por la «revolución neolítica» hace 12.000 años, la consiguiente división del trabajo entre hombres y mujeres, ciudades y países, trabajo mental y trabajo físico y la colonización económica y política de los hábitats no europeos, la “ruptura” en el contexto del metabolismo social y el metabolismo prescrito por las leyes naturales de la vida se amplió (tal como apuntó Karl Marx).
Solo bajo las condiciones de un modo de producción capitalista, cuyo objetivo principal es producir valor (monetario) a través de la producción sistemática de una «acumulación inmensa de mercancías»,2 el metabolismo entre lo humano y la naturaleza (o entre lo humano y lo no humano) adquiere una dimensión global –con la explotación de los humanos por otros humanos y el planeta entero transformando en una vasta reserva de posibles valores de uso, una reserva de mano de obra y un vertedero para todo tipo de residuos. Con la tendencia del capitalismo a convertirse en un sistema mundo tanto económico como ecológico, basado en el uso de combustibles fósiles, la «ruptura metabólica» se ha ampliado tanto que la humanidad ha alcanzado el «umbral planetario»3 identificado por los investigadores del clima. Traspasarlo tendría consecuencias graves, repentinas e irreversibles para todos los seres vivos. Esta es la razón por la que algunos científicos sociales,4 en la tradición de la crítica de la economía política, consideran que el término «Capitaloceno» es más preciso que el del «Antropoceno»,5 dado que los impulsores de las transformaciones planetarias son la rentabilidad y la productividad destinadas a maximizar la valoración del capital.
Dado que los impulsores de las transformaciones planetarias son la rentabilidad y la productividad destinadas a maximizar la valoración del capital, el término «Capitaloceno» es más preciso que el del «Antropoceno»
El capitalismo es una máquina de crecimiento si no está obligado a reconocer los límites de la forma material o de valor de uso. Bajo la presión de la competencia constante, los capitalistas deben reducir los costes de producción y circulación y, por lo tanto, aumentar la productividad del trabajo. Esta ha sido la forma de producir la «Riqueza de las Naciones» desde los primeros días del capitalismo, como se describe en el famoso libro de Adam Smith. Esta es la razón por la cual los capitalistas deben reemplazar el trabajo vivo con maquinaria.
Desde el siglo XIX, la maquinaria ha sido manejada principalmente por energía fósil, como el carbón, el petróleo y el gas. De hecho, esta maquinaria permite procesar las materias primas agrícolas y minerales para convertirlas en valores de uso para la satisfacción de las necesidades humanas y estos materiales deben transportarse desde su ubicación de origen, donde se extraen, crían o cultivan, hasta los lugares donde se procesan, y hasta donde finalmente se consuman. Estas cadenas de suministro, que van desde la naturaleza original de la Tierra (el conjunto de recursos) hasta los sistemas económicos, culturales, sociales y políticos (en plural) de la Tierra, constituyen la columna vertebral del sistema capitalista global.
Las cadenas de suministro de energía y materias primas están en manos de las cambiantes alianzas entre los Estados y las empresas privadas. No son solo las leyes naturales las que gobiernan el flujo de recursos desde sus orígenes hasta el lugar del consumo final; más bien, son los actores económicos y políticos poderosos los que establecen estas cadenas para garantizar el suministro de energía fósil y materias primas para las economías modernas. Debido al desarrollo desigual –una competencia entre socios desiguales, tanto a nivel internacional como dentro de las naciones– la lucha por la energía y otros productos primarios ha sido y sigue siendo extremadamente caótica.
La renovación de la geopolítica
El mundo globalizado del siglo XXI no aparece con amigables ropajes verdes. El orden internacional está colapsando, los conflictos regionales siguen abiertos, ha comenzado una nueva carrera de armamentos y el derecho internacional tal como se estableció después de la Segunda Guerra Mundial parece obsoleto. En los EEUU, los funcionarios del gobierno piensan en voz alta sobre la guerra nuclear. Estos procesos fomentan la feroz competencia internacional por la disminución de las reservas de petróleo y gas natural, y cada vez más por los metales, los minerales, el agua y la tierra también.
Los procesos que tensan el orden internacional están fomentando una feroz competencia internacional por las decrecientes reservas de petróleo y gas natural, y cada vez más por los metales, los minerales, el agua y la tierra también.
Al igual que en el apogeo de la antigua geopolítica del imperialismo europeo, la geografía ha adquirido una renovada relevancia en el sentido de control sobre los territorios de otros estados (con un énfasis especial de nuevo puesto en Eurasia). Además, la relevancia de la geología ha crecido en el sentido de que no solo el petróleo y el gas, sino también los metales y los minerales se han convertido en “recursos estratégicos”. Hoy en día, estos dos elementos de la geopolítica coexisten con la geoeconomía, que se refiere al poder de mercado y las alianzas que se fortalecen a través de acuerdos de libre comercio bilaterales, regionales e incluso macro-regionales y la protección mundial de los llamados derechos de propiedad intelectual y las inversiones. Además, la política internacional todavía tiene un papel importante que desempeñar, en forma de diplomacia de los recursos, de métodos legislativos para establecer y defender monopolios, y regulaciones restrictivas varias; y, no olvidemos, las sanciones económicas, el establecimiento de bases militares y, al menos para la disminución del poder hegemónico de los EEUU, las intervenciones militares destinadas al “cambio de régimen”.
El capitalismo global aún depende del petróleo barato. Su importancia para satisfacer las necesidades de energía primaria del mundo puede disminuir en las próximas décadas. Pero el petróleo barato sigue siendo la “sangre vital” del transporte, la industria petroquímica cuyos productos se han vuelto tan esenciales para la vida cotidiana, la agricultura industrial, los productos manufacturados y la guerra moderna. Con el fin de mantener el control sobre el suministro y la fijación de precios de los hidrocarburos, se siguen construyendo tuberías y puertos, refinerías y ferrocarriles. Como en el pasado, las tuberías que se extienden por grandes distancias por tierra y mar extienden el alcance de los estados más poderosos más allá de sus propios territorios. Este es el razonamiento que sigue el presidente de EEUU, Trump, cuando promueve un mayor consumo de combustibles fósiles en el extranjero (ya sea en Europa, India o Corea del Sur) o cuando promueve una cooperación aún más estrecha con Arabia Saudita: “Ningún otro país, y mucho menos la comunidad internacional unida detrás del acuerdo climático de París, debería poder privar a los EEUU de su solución de carbono”.6 Pero también la iniciativa china Belt Road Initiative (BRI)7 está diseñada para servir a la nueva geopolítica de la energía, todavía basada en combustibles fósiles. La iniciativa, que enfatiza la construcción de infraestructuras, da a China un impulso para recortar o contener las actividades de otras naciones sin tan siquiera usar armas. De hecho, la BRI es un proyecto impulsado por los combustibles fósiles que apunta a construir oleoductos, refinerías de petróleo y puertos para enviar petróleo y otras materias primas desde América Latina, África e Irán a la China continental.
Ciertamente, algunos líderes empresariales están preocupados por los numerosos factores relacionados con la transgresión de los «límites planetarios» que amenaza el valor de sus negocios y la solvencia crediticia. Es posible que se preocupen por la inminente crisis del agua y el hambre que causará disturbios sociales, conflictos violentos y la migración involuntaria a lugares que consideran sus “regiones de seguridad nacional”. Pero muchos otros ven el cambio climático incluso como una oportunidad de negocio. Las nuevas rutasde transporte serán accesibles en el Ártico debido al cambio climático, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas que son difíciles y costosos de acceder serán más atractivos, como los recursos de tipo bituminoso en Venezuela y África, el petróleo en alta mar de Brasil, o el petróleo pesado en la selva tropical del Amazonas.
Es probable que los conflictos geopolíticos y las disputas internacionales sobre el acceso y el transporte de todo tipo de materias primas socaven incluso los intentos modestos de cooperación. No solo EEUU está persiguiendo un proteccionismo nacional creciente. Especialmente con respecto al petróleo y el gas, la UE depende en gran medida de las importaciones de metales y minerales, con las mayores importaciones netas de recursos por persona en todo el mundo. La proporción de las importaciones de la UE para muchos “materiales estratégicos” llega a alcanzar el 100%. En palabras del ex comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, en la Conferencia de Comercio y Materias Primas en Bruselas en septiembre de 2008, la UE necesita «importar para exportar... estamos en una carrera»8. Por lo tanto, no es sorprendente que la Comisión Europea abordadara la importancia de los cambios impuestos en el orden económico mundial debido a la enorme escala de desarrollos requeridos por el uso intensivo de recursos en China e India ya en 2006, con su «Estrategia Europa global» (Global Europe Strategy) seguida en 2008 de su «Iniciativa sobre materias primas» (La Raw Material Initiative, reconfigurada en 2011 en la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos»).
Las nuevas rutas de transporte serán accesibles en el Ártico debido al cambio climático, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas que son de difícil y costoso acceso serán más atractivos.
Al otro lado del Atlántico, es altamente improbable que los EEUU alguna vez sean energéticamente autosuficientes. La expansión a su capacidad de producción debido a la llamada “revolución del esquisto” podría traer una mayor capacidad de recuperación a los choques a corto plazo, pero el aumento del uso de energía per cápita significa que el país sufrirá aumentos de costes energéticos a largo plazo. Sin embargo, por el momento, la administración Trump, que funciona como un brazo extendido del complejo militar de combustibles fósiles-finanzas, parece estar firmemente decidida a explotar todas las reservas nacionales para obtener el “dominio de la energía” al suministrar combustibles fósiles a otros países. La administración de los EEUU también ha descubierto que el país es «altamente dependiente de las importaciones de ciertos productos minerales y que esta dependencia crea una vulnerabilidad estratégica tanto para su economía como para el ejército de cara a afrontar la acción de gobiernos extranjeros, los desastres naturales y otros eventos que pueden interrumpir el suministro de estos minerales clave».<sup>9</sup> Las preocupaciones relacionadas con la “vulnerabilidad estratégica” se discuten no solo entre las agencias gubernamentales en los EEUU y Europa, sino también en el Japón de escasos recursos. La continuación del liderazgo tecnológico de estos países depende de un suministro constante y creciente de minerales y metales (a precios asequibles), que son vitales para varias tecnologías futuras. En contraste, para Australia, que es un importante exportador mundial de minerales, la evaluación crítica depende más del potencial de sus propios recursos para cubrir la demanda mundial.
La base imperialista de la estrategia de recursos nacionales del otro gigante que consume energía, China, es menos obvia. Pero al igual que EEUU, China hará cualquier cosa para garantizar que continúen los flujos de energía (ya sean de Oriente Medio, Rusia o África). La principal diferencia con el objetivo de EEUU de “dominio de la energía” podría ser que China, al menos por ahora, está más dispuesta a cubrir su vulnerabilidad a las restricciones de recursos a través de decisiones políticas más allá de la acción militar y la exclusión de aliados potenciales y socios comerciales. Por lo tanto, China se enfoca más en construir alianzas para hacer acuerdos de acceso a largo plazo, esperando mayores dividendos de la cooperación que de la confrontación.
Pero lo que es de suma importancia sobre el nacionalismo de recursos de hoy es que se centra no solo en controlar la producción y el comercio de las decrecientes existencias de petróleo, lo que proporciona un alto retorno energético de la inversión (EROI, según sus siglas en inglés), 10 y un petróleo y un gas no convencionales mucho más caros, extracción y procesamiento que requiere enormes cantidades de energía y dinero para construir refinerías, oleoductos, plataformas petrolíferas, puertos, carreteras y otras infraestructuras. Además de esto, el acceso a las “materias primas críticas” se ha convertido en una preocupación estratégica cada vez más importante para todas las “grandes potencias”, e incluso para aquellos en el segundo nivel. En este contexto, las fuerzas militares, los científicos, las organizaciones internacionales (como la Agencia Internacional de Energía) y grupos de expertos interesados en geopolítica (como el Consejo de Relaciones Exteriores de los EEUU, el instituto de relaciones internacionales de los Países Bajos Clingendael, Chatham House en el Reino Unido y Price Waterhouse Cooper están analizando los impactos de la creciente demanda de minerales y metales. Además de las materias primas necesarias para el desarrollo de infraestructuras, la producción de energía fósil y nuclear, la industria química, aeroespacial, equipos médicos y todo tipo de comunicaciones avanzadas (como el GPS, los satélites espaciales y los sistemas de comando, y las infraestructuras de amplificación de señal), se necesitan enormes cantidades de metales y minerales para las industrias nuevas: primero, para la “transición verde” hacia la producción de energía renovable; segundo, para la transmisión de la electricidad; tercero, por la llamada “Cuarta Revolución Industrial” basada en la digitalización y la inteligencia artificial; y, cuarto, para diferentes tipos de sistemas militares11 en los que no solo las aeronaves necesitan masas de “materiales críticos”, sino también otros componentes de los sistemas, como estaciones terrestres, enlaces de datos y personal de control.
En casi todos los países industriales avanzados (pero también en China), se ha desarrollado la integración del procesamiento de datos digitales en los procesos de producción, con tecnología clave como sensores, “etiquetas de identificación” de radiofrecuencia, microchips de alto rendimiento, tecnologías avanzadas de visualización y cables de fibra óptica que exigen una cantidad cada vez mayor de metales y minerales particulares. Un estudio realizado en 2016 en nombre de la Agencia alemana de recursos minerales (DERA, según sus siglas en alemán) examinó la demanda global de materias primas para 42 diferentes tecnologías futuras en 2013 y 2035 y comparó la demanda creciente esperada con el volumen de producción global de los metales respectivos en 2013. El estudio mostró cómo para algunas materias primas (como el litio, los metales ligeros de tierras raras, el germano, el indio y el galio), ya es previsible que en un período de poco más de dos décadas, la demanda casi se duplique, se triplique (en el caso de las tierras raras pesadas), e incluso cuadruplique (tantalio). En algunos casos, el aumento de la demanda superaría con creces la producción primaria en 2013 (litio, disprosio/terbio y renio), mientras que en otros el aumento sería aún más brusco (cobalto, cobre, escandio, platino).12 Esto significa que la lucha por los materiales primarios no ha terminado con el surgimiento de la inteligencia artificial y la digitalización ubicua. Por el contrario, esto probablemente se intensificará dado el nexo global de la tierra, el agua, los alimentos, los minerales y la energía, y dado que unos pocos países dominan el mercado de los minerales críticos.
Intercambios entre metas económicas y ecológicas
En este contexto, habrá que tener en cuenta varios compromisos inevitables entre los objetivos económicos y ecológicos, incluido el cambio hacia un “capitalismo más verde”. Mientras que, en los debates actuales, las dimensiones económicas y geopolíticas de la escasez de recursos reciben una amplia atención, el impacto de la escasez física de los minerales en la geoeconomía del capitalismo global, y aún más importante en un futuro postfósil, rara vez se atienden. De acuerdo con el principio de acumulación capitalista, incluso una transición hacia tecnologías de energía renovable resultará en un círculo vicioso entre los sectores de la energía y el metal. Además, en muchos países (principalmente en China), agudizaría las ya severas contradicciones insertas en el nexo del agua y la energía, y por lo tanto también afectaría negativamente la producción de alimentos.
La “criticidad” de las materias primas se suele debatir desde un punto de vista económico, centrándose en los retrasos en la entrega y otros riesgos de suministro. Estos a menudo están vinculados a la gobernanza inestable de las materias primas y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Sin embargo, desde principios de la década de 2000, las dimensiones geopolíticas de la escasez (en términos de barreras políticas planteadas en los países productores, que han comenzado a proteger sus intereses mediante impuestos a la exportación y diversas restricciones comerciales) se han colocado en un primer plano. China, donde se produjo más del 90% de los elementos de tierras raras, ha comenzado a priorizar sus propias necesidades de suministro. Los funcionarios del Gobierno sostienen que los impuestos a la exportación sobre las materias primas son más bajos que los de los productos terminados (como los imanes para la tecnología de energía renovable), y que la extracción ilegal en el sur del país (donde se extraen los óxidos de tierras raras altamente contaminantes) debería desaparecer. Además, los pronósticos para el estado de la industria de metales de tierras raras de China no son prometedores: aunque el país produce el 95% de la producción mundial, solo posee el 23% de la cantidad total de minerales del mundo, principalmente en tres sitios en el sur de China, ya muy agotados. En consecuencia, las restricciones a la exportación se consideran un instrumento apropiado para proteger las “tecnologías verdes” de China. El miedo ha estado creciendo tanto en los EEUU como en la UE sobre el hecho de que sus economías podrían perder el liderazgo tecnológico frente a los chinos, particularmente con respecto a las tecnologías de energía solar fotovoltaica y de turbinas eólicas. Hoy en día, la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial y digitalización de economías enteras parece ser aún más importante que la competencia por las “tecnologías verdes”. Esto tiene el potencial de estimular las guerras comerciales entre Occidente y China.13
El impacto de la escasez física de los minerales en la geoeconomía del capitalismo global, y aún más importante en un futuro “postfósil”, rara vez se atienden.
En contraste con las dimensiones económicas y geopolíticas de la escasez, la escasez física –y por lo tanto también el carácter geológico y material de los minerales– rara vez se considera una amenaza grave, ya sea en términos de la geoeconomía del capitalismo global o el impacto ecológico de minería. Esto refleja una ignorancia sistémicamente anclada, al menos desde la perspectiva de un futuro postfósil. A pesar de que la corteza terrestre contiene enormes cantidades de reservas minerales, muchas sustancias ampliamente utilizadas se enfrentan al agotamiento en función de la escasez absoluta de la naturaleza y los límites tecnológicos actuales. Desde el punto de vista de la termodinámica, un recurso puede ser crítico cuando supera un cierto «umbral de exergía».14A medida que la ley del mineral disminuye, la energía requerida para extraer el mineral aumenta exponencialmente. Este ya es el caso del cobre, un material esencial para casi todos los tipos de dispositivos eléctricos. En comparación con la tecnología de motores de gasolina, los vehículos de motor eléctrico necesitan una cantidad de cobre cuatro veces mayor, además de una mayor cantidad de metales como el cobalto, el litio y elementos de tierras raras pesadas y ligeras. Si solo cada segundo automóvil basado en combustible que ya se encuentra en el mercado fuera reemplazado por un vehículo eléctrico, y se tienen en cuenta las tendencias actuales en las ventas globales (que se espera que aumenten en un 50% en los próximos 25 años), la cantidad de metales solo para la producción de automóviles aceleraría la deforestación como resultado de la minería, lo que generaría más daños ecológicos.
El movimiento a medias hacia un capitalismo más verde, con su enfoque en las tecnologías de energía renovable, es un proyecto basado en una serie de concesiones y un indeterminado número de contradicciones sin resolver.
Esto ilustra que el intercambio es inevitable. Sin hallazgos sustanciales de depósitos altamente concentrados, la producción de varios metales (es decir, los productos necesarios para una futura “economía verde”) no puede aumentar, pero es más probable que disminuya junto con la concentración de los sitios existentes. Cuando la producción de varios metales no aumenta al mismo ritmo (rápido) que la demanda, el precio de los “materiales críticos” aumentará sustancialmente en el futuro cercano. En estas condiciones, incluso los repositorios menos concentrados se verán económicamente viables. Pero cuanto más baja sea la concentración del material, más residuos se generarán, y más químicos tóxicos y cantidades masivas de agua y energía serán necesarias para la extracción. En resumen, lo más perturbador será el impacto en la naturaleza local, los trabajadores y la población.
La “nueva fiebre del oro” dirigida hacia depósitos ricos en metales con altas concentraciones de metales de dos a cinco millas por debajo de la superficie de los océanos (a lo largo del ecuador o en el Círculo Polar Ártico) ofrece otro ejemplo de un intercambio entre objetivos económicos y ecológicos. Dentro de las próximas décadas, la capacidad tecnológica para la minería de aguas profundas mejorará, y las recientes dificultades de financiamiento para este tipo de “aventuras” probablemente se resolverán debido al aumento de los precios de los productos básicos. En ese momento, podría comenzar la extracción comercial activa, destruyendo los ecosistemas únicos de los océanos profundos antes de que este patrimonio común de la humanidad sea incluso comprendido y cartografiado.15
El movimiento a medias hacia un capitalismo más verde, con su enfoque en las tecnologías de energía renovable, es un proyecto basado en una serie de concesiones y un indeterminado número de contradicciones sin resolver. Si el mecanismo de acumulación capitalista basado en los principios de la propiedad privada y el crecimiento económico se toma como un hecho, y de manera implícita la creación infinita de riqueza monetaria, una transición hacia tecnologías de energía renovable resultará en un círculo vicioso entre la producción de energía y los metales. Las compensaciones de “agua por energía” y “energía por agua” también son significativas. Por un lado, en comparación con las tecnologías de carbón, solar y eólica, consumen menos agua en la generación de energía. Pero cuando se considera el ciclo de vida completo de tales tecnologías (incluida la fabricación de paneles solares y turbinas eólicas), la huella hídrica de ambas es bastante sustancial. Se requiere energía para suministrar y tratar el agua; a medida que aumenta la huella hídrica del sector energético y el agua escasea (lo que ocurrirá no solo en China sino en muchas otras regiones del mundo), se necesita más energía para suministrarla y tratarla.16 Además, dado que los parques eólicos solares y eólicos en tierra requieren grandes áreas de tierra, que no están disponibles en países y regiones con alta densidad de población, se generarán más conflictos por el acceso al agua, la tierra y los alimentos. Por lo tanto, el agua tiene el potencial de convertirse pronto en la causa más importante de los conflictos, como lo ha sido la gasolina durante mucho tiempo.
Traducción: José Bellver
NOTAS:
1 W. Steffen et al., «Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet», Science, núm. 347, vol. 6223.
2 K. Marx, Capital. A Critique of Political Economy, Vol. 1, p. 26.
3 W. Steffen et al., «Trajectories of the Earth System in the Anthropocene», PNAS, 6 de agosto de 2018.
4 E. Altvater, «El Capital y el capitaloceno», Revista Mundo Siglo XXI, núm 33, vol. IX, 2014, CIECAS-IPN, pp. 5-15; A. Malm, «Fossil Capital. The Rise of Stream Power and the Roots of Global Warming», Verso, Londres/Nueva York, 2016; J.W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press, Oakland, CA 2016. pp. 138-152.
5 A pesar de que también sería posible nombrar a esta era geológica como “Tanatoceno” debido al historial de destrucción por parte de la humanidad, tanto de otros seres humanos como de muchas otras especies que han ido progresivamente desapareciendo del planeta, véase C. Bonneuil y J-B. Fressoz, L’événement anthropocène. La terre, l’histoire et nous, Seuil, Paris, 2016.
6 M.T. Klare, «America’s Carbon Pusher-in-Chief: Trump’s Fossil-Fueled Foreign Policy», 2017.
7 Nota del traductor: en castellano la Belt Road Initiativees también conocida como «la nueva Ruta de la Seda»
8 P. Mandelson, «The Challenge of Raw Materials», discus en la Trade and Raw Materials Conference, Bruselas, 29 de septiembre de 2008, disponible en: http://europa.eu.
9 Departamento de Interior de EEUU, Final List of Critical Minerals, 2018,
10 Aunque existe una gran cantidad de controversias acerca del EROI (tasa de retorno energético) exacto de las diferentes fuentes de energía, no hay duda de que el EROI para la mayoría de las fuentes de energía “verdes” (como el viento, laenergía solar fotovoltaica o el etanol), sino también el petróleo y el gas “no convencionales” es más bajo en comparación con el petróleo, el gas o el carbón convencionales.
11 Por ejemplo, para piezas de aviones, motores, sistemas de guía de misiles y defensa antimisiles, detección de minas submarinas, GPS para todo el sistema de comunicaciones, contra maniobras electrónicas, sin olvidar los sistemas militares no tripulados (drones).
12 DERA (Deutsche Rohstoffagentur), Rohstoffe für Zukunftstechnologien, Berlin, 2016. Para un análisis exhaustivo véase: A. Diederen, Global Resource Depletion: Managed Austerity and the Elements of Hope, Eburon, Delft, 2010 y los trabajos de W. Zittel, E. Schriefl y M. Bruckner, en A. Exner, M. Held y K. Kümmerer (eds.), Kritische Metalle in der Großen Transformation, Springer, Berlin, 2016.
13 Departamento de Interior de EEUU, op.cit.. El Departamento del Interior indica en este documento que en lo que se refiere a las materias primas estratégicamente importantes, China fue el productor líder de 15 de los 33 productos listados como «críticos».
14 Esta es una medida del grado de distinción termodinámica que tiene una pieza de material de su “preponderancia” circundante; la rareza física o termodinámica se explica por los costes de energía requeridos para obtener un producto mineral de roca ordinaria con las tecnologías disponibles. Véase: G. Calvo, A. Valerio y A. Valerio, «AThermodynamic Approach to Evaluate the Criticality of Raw Material Flows and its Application Through a Material Flow Analysis in Europe», Journal of Industrial Ecology, julio de 2017.
15 R. Kim, «Should Deep Sea Bed Mining Be Allowed?», Marine Policy, núm. 82, agosto de 2017, pp. 134-37.
16 Agencia Internacional de la Energía, World Energy Outlook 2016, IEA, Paris, 2016.
Acceso al texto en formato pdf: Geopolítica en el Capitaloceno.
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PRECIO:
Número de Créditos: 60 ECTS
Precio por crédito: 41,67 €
Precio total: 2.500 euros
Se prevén un total de 6 becas matrículas, 3 para MHESTE y 3 para DESEEEA.
REQUISITOS DE ACCESO:
Para matricularse, el alumnado deberá estar en posesión, o estar a menos de 30 ECTS de poseer un título universitario oficial español, o bien otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que otorgue acceso a enseñanzas oficiales de postgrado.
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PLAN DE ESTUDIOS:
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Lectura Recomendada: Tierra de mujeres
Tierra de mujeres. una mirada intima y familiar al mundo rural
Maria Sanchez
Seix Barral, Barcelona, 2019, 185 págs.
Reseña elaborada por Mónica Di Donato, FUHEM Ecosocial para el número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Tierra de mujeres es un libro que deja un testimonio importante en el debate sobre feminismo y literatura rural, a través de una narrativa fresca, sincera, llena de voz propia. Un ensayo literario que, a veces, deslumbra y, a veces, conmueve por su autenticidad.
Tierra de mujeres ofrece una mirada autobiográfica que mezcla cuentos e imágenes familiares con apuntes e intereses específicos propios de una veterinaria de campo, nacida en el campo, vinculada a un mundo rural en el que trabaja y, sobre todo, al que ama y respeta profundamente, pero no acríticamente. En ese sentido, la autora siempre hace uso de una narrativa y una visión real sobre y de la vida rural, alejándose de estereotipos y relatos bucólicos o idealizados del campo.
El libro esta estructurado en dos partes. Si en la segunda se divulga sobre la cultura vinculada al campo a través de recuerdos de la infancia, de personas queridas, que se entremezclan con una descripción precisa y detallista de paisajes, ambientes agrestes, entornos domésticos, los ejes que claramente conforman la primera parte, quizás mas “política”, giran alrededor de las reflexiones sobre feminismo en el mundo rural (un feminismo de ≪hermanas que cuidan la tierra≫, tal y como aparece en el libro) y de la problemática de la España vaciada y olvidada, llena de gente obviada por “sujetos postdomésticos” que viven en las ciudades y para los cuales el campo y su gente ni entra ni se contempla en su día a día.
María Sánchez reflexiona en el libro sobre la necesidad de un feminismo rural en el que todas se sientan acompañadas, en el que no cabe sentirse inferior las unas a las otras. Al mismo tiempo reflexiona sobre la ultima y multitudinaria huelga feminista, y denuncia, con dolor, precisamente la ausencia de esas mujeres rurales. ¿Es el mundo rural, entonces, el gran olvidado también del feminismo que teoriza las luchas y describe los sujetos desde los núcleos urbanos? .Y ¿en que términos?
¿Es el mundo rural, entonces, el gran olvidado también del feminismo que teoriza las luchas y describe los sujetos desde los núcleos urbanos? .Y ¿en que términos?
Según las estadísticas oficiales, el medio rural se caracteriza por la masculinización de la actividad y la feminización de la inactividad laboral, y, en ese sentido, el grado de ruralidad acentúa esa brecha de genero, que es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Así, la invisibilización de la perspectiva de genero en el medio rural aparece como una forma de “violencia”, que conlleva la exclusión de las mujeres del poder de tomar decisiones. Además, la escasa o inadecuada presencia de servicios externos y profesionales de apoyo en el medio rural, como guarderías, centros de día, buenas carreteras, centros de salud, etc., así como la falta de adaptación a los ritmos y medios propios de este, hace que la mujer siga reproduciendo, oscilando entre la costumbre y la obligación, el rol de cuidadora (cuidan mayores, tienen niños, gestionan la comunidad, etc.). Así, en el medio rural pesan unos valores, prejuicios, vínculos, relaciones, responsabilidades, que no pesan de igual manera en el medio urbano.
≪Lo radical y lo realmente innovador sucede en nuestros márgenes≫, escribe la autora en las primeras paginas del libro, en una de las frases que, desde mi punto de vista, podría ser un excelente resumen del mensaje del libro. El feminismo existe en nuestro medio rural, y la frase a las que nos referimos es casi una tentativa resumido de dar voz a esos feminismos y a esas mujeres invisibilizadas en territorios desiguales desde la dimensión de genero.
En el medio rural pesan unos valores, prejuicios, vínculos, relaciones, responsabilidades, que no pesan de igual manera en el medio urbano.
Lazos nuevos, tejidos que se crean, proyectos rompedores, ideas maravillosas, asociaciones, colectivos… y las que están detrás de todas estas iniciativas, en la mayoría de los casos, son mujeres que quieren voz y espacio para revindicar lo que hacen. Es de justicia valorar el esfuerzo de todas esas mujeres anónimas.
María Sánchez escribe desde los márgenes, pero tiene voz y espacio para revindicar lo que hace y aquello en lo que cree, a diferencia de aquellas mujeres cuyas voces parecían estar en silencio, pero que nunca lo estuvieron realmente, siendo el sostén fundamental del discurrir de la vida. En ese sentido, me parecen especiales aquellas paginas donde la autora describe las manos de esas mujeres, manos que trabajaban las tierras, manos que cuidaban las personas, manos que acariciaban rostros, que elaboraban alimentos, manos que, en definitiva, reflejan una historia de vínculos y de tierra.
También es especial y cercana la sensación que provoca la lectura de las paginas donde la autora describe las fotografías familiares, olvidadas dentro de cajas o escondidas en un rincón de una vieja estantería, con ese miedo a perder un recuerdo, un instante que se perpetua ya solo a través de esos retratos.
En definitiva, se puede decir que el feminismo de María Sánchez mantiene importantes conexiones con el ecofeminismo, que denuncia la explotación y la degradación del mundo natural, así como la subordinación y la opresión de las mujeres, y que plantea cambiar esas relaciones depredadoras que desconocen los viículos y dependencia de la naturaleza y la importancia de los cuidados, a pesar de que son indispensables para la supervivencia humana, y que, por el contrario, apuesta por una propuesta emancipadora de transformación social. El relato de Tierra de mujeres es íntimamente ecofeminista porque en cada pagina se habla del amor hacia la tierra, de mujeres productoras, agricultoras, cuidadoras de la salud, transformadoras, amantes de los pueblos y de nuestros entornos naturales, mujeres “hacedoras de todo”.
En la declaración de las mujeres por la Soberanía Alimentaria de La Via Campesina de Nyeleni, se lee que ≪las mujeres son creadoras históricas de conocimientos en agricultura y en alimentación, continúan produciendo hasta el 80% de los alimentos en los países mas pobres y actualmente son las principales guardianas de la biodiversidad y de las semillas, pero son las mas afectadas por las políticas neoliberales y sexistas≫. Eso es, como diría la autora, ≪vivir a costa de nuestros márgenes≫, que son el sustento y ecosistema de una parte importante de la población, que proveen de alimento, oxigeno y raíces a la ciudad.
Detrás de esta mirada critica se esconde también, tal y como decíamos antes, la preocupación por el problema de la despoblación y el vaciado del mundo rural, un proceso histórico, social y político que ahonda sus raíces en el régimen fascista español, y que supuso concentrar la población en las principales ciudades y el litoral, creando industrias en los núcleos urbanos, y promoviendo un modelo de turismo muy intensivo en recursos en la costa mediterránea, y además cambiando la agricultura campesina por una industrial muy mecanizada, basada en fertilizantes y pesticidas químicos.
El relato de Tierra de mujeres es íntimamente ecofeminista porque en cada pagina se habla del amor hacia la tierra, de mujeres productoras, agricultoras, cuidadoras de la salud, transformadoras, amantes de los pueblos y de nuestros entornos naturales, mujeres “hacedoras de todo”.
De esa manera empezó a hacerse visible, cada vez mas, ese gran flujo de gente, sobre todo jóvenes, que abandonaba los pueblos hacia las ciudades, vaciando territorios llenos de vida, de materialidad y de espiritualidad, y profundizando en las desigualdades socioeconómicas y en las polarizaciones espaciales. En las paginas del libro que nos ocupa late también toda la tristeza en pensar en todo el desafecto y desarraigo que estos procesos de abandono rural han causado hacia los pueblos. Pero si esto es cierto, también lo es la llamada a un rencuentro con lo rural que no sea “de los fines de semana”, que nos sea de búsqueda de diversión o de un turismo alternativo. Como subraya la autora, hace falta una mirada mas profunda y afectuosa con quienes han sido y siguen siendo imprescindibles para el mantenimiento de ese mundo rural que quiere reconstruir las relaciones y los cuidados con y hacia la naturaleza.
Sabemos que sin ríos limpios, sin bosques vivos, sin ganado pastando en los prados, sin tierra libres de agrotóxicos, sin personas que cuidan las casas y los pueblos, etc., sin todo esto no es posible un fututo digno y saludable ni para el mundo rural ni para las ciudades, que cada vez mas viven de espaldas a ese flujo de vida que las alimenta.
Así, en ese libro, sencillamente, María Sánchez nos recuerda que, si no cuidamos a nuestros ecosistemas y a las personas que de diferentes maneras viven en ellos, será nuestra irresponsabilidad ciega y sorda la que nos sentencie a una supervivencia difícil y conflictiva en la Tierra.
≪Quiero que este libro se convierta en una tierra donde poder asentarnos todos y encontrar el idioma común. Una tierra donde sentirnos hermanos, donde reconocernos y buscar alternativas y soluciones. Solo entonces podremos rascar mas profundo y hablar de despoblación, de agroecología, cultura, ganadería extensiva, soberanía alimentaria, territorio≫.
Acceso al texto de la reseña en formato pdf: Tierra de mujeres. una mirada intima y familiar al mundo rural
Alternativas a la funesta manía de erigir muros
Las migraciones se han convertido no solo en un factor estructural de primer orden en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, sino en un complejo y permanente reto que requiere respuestas políticas que las sociedades contemporáneas no siempre están en condiciones de proporcionar.
La formulación de planteamientos alterrnativos a los marcados por la obsesión securitaria dominante no es, sin embargo, un capricho al que los Estados puedan renunciar alegremente, sino una necesidad perentoria.
El texto de Juan Carlos Velasco Arroyo, «Alternativas a la funesta manía de erigir muros» pertenece a la sección ENSAYO del número 153 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, págs. 101-112.
Marco de referencia: una globalización fronterizada
En su hornada más reciente, la globalización ha significado la emergencia de un marco compartido de movilidad a nivel planetario que modifica al menos en un triple sentido las condiciones materiales en las que los individuos abordan la aventura migratoria: en primer lugar, y dado el acusado sesgo neoliberal emprendido, atento a los intereses del capitalismo financiero global, el proceso globalizador ha generado un considerable ensanchamiento de la brecha de rentas y salarios entre los diferentes países;1 en segundo lugar, en un mundo intensamente interrelacionado, las imágenes que reproducen las redes y que reflejan la forma de vida de los países más prósperos llegan a los pueblos más remotos y pobres del planeta haciendo aún más evidentes las disparidades de ingresos y oportunidades;2 y, por último, la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte han pulverizado las distancias, facilitando así sensiblemente la movilidad internacional.3 No es difícil colegir que cuanto más reducido se vuelve el mundo en el aspecto comunicativo y mayor es el contraste entre el nivel de bienestar y el de supervivencia, más probable es que los habitantes de los países más desfavorecidos valoren la opción de migrar como posibilidad real a tener en cuenta.
Migrar ha sido desde siempre una forma de responder y adaptarse a las cambiantes condiciones del medio ambiente y a los desafíos generados en el interior de los espacios sociales. Y esto sucede también en nuestros días. Para los innumerables perjudicados por la globalización, la migración se presenta como una vía rápida de acceso a sus posibles beneficios. Son cada vez más quienes se ven expulsados de sus lugares de origen y se ven impelidos a arriesgar sus vidas a través de peligrosos desplazamientos. Esto es lo que les sucede a quienes habitan en lugares que en las últimas décadas se han desertificado, se han vuelto superficies inundables, o bien, a quienes moran en tierras asoladas por la violencia;4 pero, también a quienes viven en países relativamente prósperos y ven que los trabajos para toda la vida se extinguen (a causa de la desindustrialización, de la robotización o de las deslocalizaciones), las prestaciones sociales menguan o las pensiones parecen estar en peligro.
Las fronteras se tornan en dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos
La creciente integración mundial de las distintas economías nacionales no ha venido acompañada, sin embargo, de una integración social y económica efectiva de los habitantes del planeta. El resultado es una situación paradójica que puede ser caracterizada como globalización fronterizada, cuando no amurallada. Las fronteras se tornan en dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos.5
Los muros como improbable panacea
El principio de la inviolabilidad de las fronteras es un presupuesto en el que se apoyan las teorías políticas hegemónicas y en su nombre los Estados quedan inmunizados ante cualquier crítica a los medios que puedan emplear para contener los flujos migratorios y poner remedio a los temores de la sociedad, medios como, por ejemplo, el cierre de fronteras, el internamiento de inmigrantes indocumentados o la erección de barreras. De los discursos se ha pasado a los hechos y no son pocos los Estados receptores de inmigración que han construido aparatosos muros y han tendido vallas a lo largo de miles de kilómetros de fronteras (más de 18.000, según diversas estimaciones). La materialidad de esos muros fronterizos se impone, sin embargo, con tal fuerza que algunas de las controversias políticas contemporáneas más encendidas pivotan sobre su reaparición y su posible justificación.
En el transcurso de las últimas décadas del siglo XX, muchas fronteras dejaron de ser evanescentes rastros sobre el territorio. Un considerable número de Estados decidieron fortificar esas sutiles marcas con muros intimidantes. Esa tendencia se ha consolidado en las primeras décadas del siglo XXI y los muros se han convertido en uno de los emblemas más reconocibles de la época. Son muchas las fronteras terrestres que han adquirido forma material mediante la instalación de ciertos elementos de contención, que pueden variar desde una simple alambrada hasta una auténtica muralla: «Concertinas, detectores de movimientos, vallas electrificadas y bloques de hormigón asoman por el horizonte y se extienden por el paisaje a lo largo de cientos de kilómetros».6
En estos casos, las fronteras han sido readaptadas con el objetivo de dotarlas de operatividad desde el objetivo de la seguridad: reforzadas arquitectónicamente mediante muros, vallas y fosos que impiden o dificultan su traspaso; tecnológicamente, a través de sofisticados sistemas de control y vigilancia, que pueden incluir vuelos de observación y drones de última generación equipados con cámaras; e incluso militarmente, mediante cuerpos policiales equipados a veces con armamento bélico. En la práctica, con la construcción de diversos tipos de impedimentos físicos se entrecruzan distintas estrategias que, ante la afluencia de personas, tratan de impermeabilizar, retardar y/o contener.7
Lo peculiar de estos nuevos dispositivos de contención es el propósito con el que se han erigido: impedir el tránsito de personas desarmadas
Más allá de constituir un modo ostensible de reafirmar la frontera sobre el terreno, lo peculiar de estos nuevos dispositivos de contención es el propósito con el que se han erigido: no para detener el avance de ejércitos enemigos, como sucedía con la Gran Muralla o el Muro de Adriano –dos portentosas construcciones que, aunque en su momento no cumplieron las misiones que les fueron encomendadas, resisten el paso de los siglos–, sino para impedir el tránsito de personas desarmadas que tratan de huir de la pobreza, las persecuciones, las guerras o los desastres naturales. Pervive, eso sí, la necesidad de resguardar el territorio de los “bárbaros”, aunque por razones de oportunidad ahora se les asigne el rostro de “refugiados”, de “migrantes sin papeles” o incluso de “terroristas”, especialmente a partir de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, cuando se reforzó la perversa asociación migrante-delincuente-terrorista.
Aunque pocas veces alcanzan realmente los objetivos perseguidos, los muros no impiden la travesía migratoria: la dificultan, eso sí, y la vuelven mucho más compleja y costosa, cobrándose una inmensa cantidad de sufrimiento, además de una infinidad de vidas. El coste en términos de derechos humanos sería, sin duda, lo primero por lo que cualquier democracia que se precie debería velar.
Cambiar de país, la nueva utopía
El estado de profundos desequilibrios del que adolece el planeta hace que la migración sea un fenómeno llamado a mantenerse, cuando no a intensificarse. Ante las evidentes injusticias y los desajustes sociales a nivel global, la migración se presenta ciertamente como una tentadora posibilidad.8 Quienes optan por esta vía, emprenden la marcha tras un complejo proceso de decisión personal, no exento de dolorosos desgarros. Ello no impide, sin embargo, que a veces los desplazamientos se produzcan de manera colectiva, como sucede, por ejemplo, con las masivas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 recorrieron Centroamérica en dirección al Norte, en una suerte de nuevo éxodo en busca de la tierra prometida.9
Sea de un modo o de otro, para muchos parias de la globalización hoy la utopía más atractiva ya no es cambiar el sistema político y económico del país en el que viven, sino cruzar las fronteras y cambiar de país.102 Tras el colapso de las utopías sociales y de las grandes narrativas de emancipación, este nuevo tipo de revolución en pequeña escala no requiere de movimientos sociales ni de grandes líderes para alcanzar su objetivo. Su motor no es otro que la situación de permanente distopía en la que se desenvuelve la vida de tanta gente. No se inspira en imágenes del futuro diseñadas por ideólogos, sino en imágenes proporcionadas por diversos canales de comunicación sobre la vida al otro lado de la frontera, así como en los innumerables mensajes que los particulares trasladan a través de las redes sociales. La gente compara sus vidas no con las que llevan sus vecinos, sino con las de los habitantes de los países más ricos del planeta o con quienes disfrutan de un ecosistema mucho más propicio (dos situaciones que, aunque dispares, no es infrecuente que vayan de la mano).
Con harta frecuencia, quienes persiguen esta pequeña utopía de cambiar de país se topan literalmente con las puertas cerradas y los sueños se convierten en pesadillas. Aunque la propia dinámica de la globalización supone la supresión de las fronteras estatales o al menos el desdibujamiento del papel que tradicionalmente se les atribuía, hoy en día estas siguen siendo líneas en la superficie terrestre en donde tiene lugar la clasificación entre flujos deseables e indeseables, entre bienes y seres humanos, a través de dispositivos físicos o administrativos. De ahí que muchos de los que sueñan con cambiar de país se encuentren con incomprensión y rechazo. Ante ese panorama, cabe preguntarse si los Estados más prósperos y seguros están legitimados para restringir la libertad migratoria que le asiste a cualquier ser humano.
Un posible modelo de gobernanza multilateral de las migraciones
Durante el siglo XIX, países como Estados Unidos, Canadá, Argentina o Australia mantuvieron abiertas sus fronteras y forjaron su prosperidad gracias básicamente a la impagable contribución de inmigrantes venidos del mundo entero y, muy especialmente, de Europa. Tras la Primera Guerra Mundial se puso fin a la era del laissez-faire en lo que respecta a las migraciones internacionales.11 Si hasta las primeras décadas del siglo XX abundaban los países que favorecían la inmigración, en el siglo XXI, por el contrario, los migrantes se confrontan con canales migratorios regulares cegados en la práctica. Ante este panorama, el pensamiento hegemónico insiste en señalar que así es como se hacen las cosas y que no hay alternativa, un reiterado mantra supuestamente realista. Hay, sin embargo, vías prácticas que se pueden y se deben explorar para avanzar hacia una mayor libertad migratoria o, dicho de modo, hacia una liberalización de las restrictivas leyes de migración vigentes en gran parte de los mayores países receptores. A continuación se señalarán dos posibles: una ya está esbozada por medio de acuerdos internacionales; la otra, por su parte, implica un cuestionamiento de convicciones arraigadas en el denominado sentido común.
Para muchos parias de la globalización, hoy la utopía ya no es cambiar el sistema político y económico, sino cruzar las fronteras y cambiar de país
Vamos con la primera. Precisamente porque hasta ahora cada Estado se ha enfrentado al desafío migratorio por su cuenta y riesgo, resulta urgente encontrar una respuesta interestatal coordinada que permita disponer de un marco global al que remitirse. La evidencia nos muestra que ningún Estado, por muy soberano que sea, es capaz de controlar y gestionar todas las variables de un fenómeno tan complejo. La necesidad de cooperación cae por su propio peso. De ahí, que, pese a las evidentes dificultades, en la esfera internacional se haya avanzado en los últimos años en algunos consensos mínimos acerca de cómo ofrecer un marco desde el que abordar de manera comprensiva el fenómeno migratorio. En este sentido, probablemente el paso más alentador sea el acuerdo multilateral rubricado en Marrakech en 2018 por parte de 163 países: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), un texto que poco después fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 73/195).12
El PMM se articula sobre dos presupuestos básicos: el primero, la primacía de los derechos humanos en la gestión de movilidad internacional; el segundo, la consideración de la migración como un factor clave de desarrollo. El propósito principal no es otro, como expresa el propio título del Pacto, que el de establecer canales para la inmigración legal y ordenada, más concretamente: «Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular». La identificación de este propósito es todo un acierto. Es además crucial en un momento en el que los gobiernos tienden cada vez más a perseguir y criminalizar no solo la migración irregular, sino incluso el auxilio prestado por particulares a los migrantes en estado de necesidad –lo que implica, por ejemplo, subvertir la legislación internacional sobre el deber de auxilio en el mar–, todo ello sin ofrecer como contrapartida unos canales seguros y previsibles que permitan a la gente poder migrar. Si los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera para que sus economías resulten sostenibles y paliar el envejecimiento de la población, un mínimo de sentido común exigiría que la migración no fuera obstaculizada, sino más bien encauzada. El Pacto va sin duda a contracorriente de los vientos políticos sumamente restrictivos que, como se ha señalado antes, corren en los países más desarrollados.
Resulta urgente encontrar una respuesta interestatal coordinada que permita disponer de un marco global para las migraciones
El PMM, que tiene poco de revolucionario, representa un primer paso para un contrato social internacional en el campo de la gestión de las migraciones.13 Además de proporcionar a los Estados un banco de ideas para sus políticas migratorias, con él se configura un marco de cooperación no vinculante jurídicamente. El PMM consagra el principio de la soberanía de los Estados, que no cuestiona, pero esta rémora probablemente representa una importante ventaja en la medida en que lo convierte en un planteamiento de corte eminentemente realista. Esta virtud se ve acentuada por su explícito reconocimiento de que la gobernanza de las migraciones no está alcance de ningún Estado por separado, así como de la inutilidad de una política migratoria dirigida exclusivamente en la contención de los flujos. Unos de los objetivos explícitos del PMM es lograr amplificar los beneficios de la migración a todas las partes, tanto a los propios migrantes, como a los países emisores y receptores.
Migraciones y distribución global de la riqueza
Aunque cabe poner en tela de juicio que la migración sea siempre el medio más eficaz para que los más desfavorecidos puedan beneficiarse de una redistribución efectiva de la riqueza en igualdad de oportunidades, es claro que migrar constituye uno de los pocos recursos que tienen disponibles sus protagonistas para mejorar sus condiciones de vida.14 En un escenario social cada vez más globalizado, el esfuerzo migratorio muy probablemente sea el que más réditos ofrezca a los individuos en la aventura de la movilidad social, muy por encima de los procesos internos de movilidad social ascendente a través de la educación, el trabajo y los cambios en el modelo redistributivo y de acceso a los bienes.
Las diferencias de renta dentro de cada país, que en muchos casos son sumamente significativas, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los diversos países.15 La división del mundo en Estados separados por fronteras tiene una repercusión directa en el acceso efectivo a bienes y recursos y, en definitiva, en el grado de bienestar. Dicha división del planeta incide decisivamente en la distribución de las oportunidades vitales de las personas y este hecho no guarda relación alguna con los méritos que los individuos agraciados o perjudicados puedan acreditar. Nacer hoy, por ejemplo, danés o suizo es como tocarle a uno la lotería para toda la vida, pues en gran medida tendrá su futuro resuelto.16 Por el contrario, muchas personas empiezan la vida con la soga al cuello por el mero hecho de haber nacido en un determinado país. También entre países funciona el llamado efecto Mateo.
Dado que nadie acepta ser víctima de una pura mala suerte (esto es, de hechos azarosos que ni ha elegido ni ha provocado con sus propias acciones), mientras otros resultan beneficiados por esa misma circunstancia sin que medie ningún tipo de compensación, la implementación de algún tipo de medida reparadora ha de ser considerada una práctica justa. Si bien nadie elige dónde o en qué lado de una frontera nacer, sí que le debería caber a cada cual la posibilidad de elegir dónde vivir y, de este modo, compensar unas eventuales malas cartas.17 Eso, sin embargo, solo está a disposición de algunos: de aquellos que, en virtud de su nacionalidad, disponen del azaroso privilegio de estar en posesión de un pasaporte que les abre el paso a través de las fronteras para moverse sin apenas cortapisas. Es en este contexto donde puede plantearse la libre circulación de personas como una cuestión de justicia para todos.
La libre de circulación se topa en nuestros días con una infinitud de barreras y, pese a ello, una parte considerable de la opinión pública de los países receptores considera que las migraciones están fuera de control. En cierto sentido es una opinión acertada. Actualmente, los movimientos transfronterizos de personas son inseguros, irregulares y desordenados, pero lo son precisamente porque apenas existen vías regulares y previsibles para aquellos que emprenden la aventura migratoria, quienes a menudo se ven sometidos a condiciones de trabajo degradantes y a constantes violaciones de sus derechos básicos como personas. La explotación y los abusos de los que son objetos tienen su comienzo en la falta voluntad para proporcionarles identidad legal y documentación básica que les permita salir de la situación de irregularidad.
Abrir las fronteras es de justicia
Para quebrar estas perniciosas dinámicas tan firmemente asentadas, se requiere, sin duda, introducir un elemento disruptivo en el discurso hegemónico sobre políticas migratorias; esto es, un tipo de argumento que rompa con las inercias mentales y que haga replantear las rutinas en esta materia. De ahí la indudable relevancia práctica de llevar a la esfera pública el debate sobre la posibilidad de abrir las fronteras. Precisamente porque para muchos biempensantes mentar esa posibilidad no es sino un anatema, cuando no un signo de radicalismo irresponsable o de idealismo blandengue,18 «el objetivo del argumento de las fronteras abiertas es desafiar la complacencia, hacernos conscientes de cómo las prácticas democráticas rutinarias en inmigración niegan la libertad y ayudan a mantener la desigualdad injusta».19
En gran medida, la propia idea de una apertura de fronteras representa un espejo invertido del terreno real en donde se desarrollan a diario las políticas migratorias con sus efectos nocivos –incluso a veces letales– para tantas personas. La propuesta no es sino una invitación a imaginar un mundo en el cual las fronteras representen, como norma habitual, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana. Se trataría, pensando ahora de una manera más concreta, de imaginar un mundo en el cual, aunque no se descartasen restricciones coyunturales al tránsito fronterizo en circunstancias especiales, tales restricciones estuvieran convenientemente tasadas para impedir la discrecionalidad gubernamental y evitar que dicha posibilidad dé pie a limitaciones desproporcionadas de la libertad de movimiento; libertad que, en todo caso, tendría que constituir la regla general, de modo que aquello que es meramente pensado como excepcionalidad no se convierta en normalidad.
Con la propuesta de abrir las fronteras no se trata de perfilar un mundo perfecto, un paraíso en la Tierra, sino simplemente pretende señalar una vía para evitar, o al menos minimizar, los grandes y constantes males generados por la obsesión de control, en la cual está atrapada la mayoría de los Estados contemporáneos. Es una propuesta centrada fundamentalmente en la prevención de los daños provocados por ese irracional afán controlador dirigido a excluir a los desheredados.
Si se considera que las profundas desigualdades globales son ominosas y que han de ser reducidas de manera significativa, si se considera que establecer unos ciertos parámetros mínimos de justicia distributiva entre las distintas partes del planeta no es solo un objetivo deseable, sino un deber de justicia, entonces, explorar la posibilidad de eliminar las restricciones injustificables a los desplazamientos migratorios no es una opción que pueda ser desechada sin ofrecer cumplidas explicaciones. Eso es así porque la apertura de fronteras –no su supresión sin más, pues no hay ningún reclamo de justicia que impida que persistan como demarcaciones territoriales de entidades estatales independientes– se presenta como un modo efectivo de asumir las responsabilidades ante los más desfavorecidos de este mundo cada vez más interdependiente.
Se trata de una invitación a imaginar un mundo en el cual las fronteras sean, como norma, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana
Durante mucho tiempo las observaciones y análisis sobre la libertad de desplazamiento transfronterizo eran prácticamente «inaudibles». Algo ha ido cambiando y cada vez se hacen oír más voces críticas. La que modestamente se vierte aquí pretende ser un instrumento para contrarrestar las actuales políticas de amurallamiento en el mundo y los intentos de arresto domiciliario de las poblaciones del Sur global. Se trataría de pensar las fronteras de otro modo y, sobre todo, de gestionarlas de manera más razonable, lo que muy probablemente implique crear un marco institucional adecuado.
Una buena frontera es «la mejor vacuna posible contra la epidemia de los muros».20 Lejos de ser una barrera, una buena frontera moderna y civilizada es una frontera abierta, pero controlada.21 Se trata, en definitiva, de establecer un régimen migratorio que canalice y regule las migraciones para que sean más seguras y respetuosas con los derechos humanos. Una apertura de fronteras no sería la panacea a todos los problemas que aquejan a nuestro mundo actual, pero sí que serviría, al menos, para desafiar la indulgente satisfacción de las sociedades occidentales y mitigar las injusticias que sufren cientos de millones de personas.
Juan Carlos Velasco Arroyo es Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Actualmente es el Investigador Principal del proyecto “Fronteras, democracia y justicia global” (PGC2018-093656-B-I00).
NOTAS:
1 Bruno Latour, Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, Taurus, Madrid, 2019, p. 11.
2 Donatella Di Cesare, Extranjeros y residentes, Amorrortu, Buenos Aires, 2019, p. 95. Como sostiene Branko Milanovic (Desigualdad global, FCE, México, 2017, p. 167): «el número potencial de migrantes ha aumentado debido a un mejor conocimiento de las diferencias de ingresos entre naciones».
3 Claire Rodier, El negocio de la xenofobia, Clave Intelectual, Madrid, 2013, p. 13.
4 Saskia Sassen, «La pérdida masiva de hábitat», Iglesia viva, núm. 270, 2017, pp. 11-38.
5 Juan Carlos Velasco, «Hacia una visión cosmopolita de las fronteras. Desigualdades y migraciones desde la perspectiva de la justicia global», Revista Internacional de Sociología (REIS), núm. 78(2): e153, 2020 (https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.2.19.006). La desigualdad de riqueza no solo genera desigualdad de oportunidades, sino también existencial, reflejada en el riesgo de padecer las patologías de la pobreza y también, a la postre, de morir prematuramente. Ello tiene también su correlato a escala global: así, la esperanza de vida de una persona nacida en un país rico y desarrollado y la de otra nacida en un país pobre pueden llegar a diferir en más de veinticinco años (Göran Therborn, La desigualdad mata, Madrid, Alianza, 2015, pp. 17-28).
6 David Frye, Muros. La civilización a través de sus fronteras, Turner, Madrid, 2019, p. 290.
7 Antonio Giráldez López, «Cambios arquitectónicos en la Frontera Sur de España», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 122, 2019, pp. 61-83.
8 Jürgen Habermas et al., «Declaración de Granada sobre la globalización», El País, 6 de junio de 2005.
9 Carlos Sandoval, «La caravana centroamericana», Migraciones. Reflexiones cívicas, 2018.
10 Ivan Krastev, «Un futuro para las mayorías», en Santiago Alba et al. (eds.), El gran retroceso, Seix Barral, Barcelona, 2017, pp. 165-166.
11 John Torpey, La invención del pasaporte, Cambalache, Oviedo, 2020, pp. 227-242.
12 ONU, Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 2018.
13 Lorenzo Cachón y María Aysa-Lastra, «El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: un contrato social internacional», Anuario CIDOB de la Inmigración, 2019, pp. 84-95.
14 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos. Mundi-Prensa, Madrid, 2009.
15 Branko Milanovic, Los que tienen y los que no tienen. Alianza, Madrid, 2012, p. 132.
16 Ayalet Shachar, The Birthright Lottery, Harvard U.P., Cambridge, MA, 2009.
17 Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras, FCE, México, 2016.
18 Alex Sager, Against Borders: Why the World Needs Free Movement of People, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2020.
19 Joseph H. Carens, The Ethics of Immigration, Oxford U.P., Oxford/New York, 2013, p.
20 Régis Debray, Elogio de las fronteras, Gedisa, Barcelona, 2016, p. 96.
21 Michel Foucher, Le retour des frontières, CNRS, París, 2016, p. 8.
Acceso al artículo en formato pdf: Alternativas a la funesta manía de erigir muros.
Lectura Recomendada: El planeta inhóspito
El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento
David Wallace-Wells
Ed. Debate, Barcelona, 2019 253 págs.
Reseña de Meritxell Balada, Paula Estrada y Joan Freixa - Universidad Autónoma de Madrid publicada en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 149, primavera 2020, págs. 159-163.
El nuevo mundo en el que nos adentramos será tan ajeno al nuestro que bien podría tratarse de otro planeta distinto (p. 247).
Con esta afirmación, David Wallace-Wells nos presenta el sombrío panorama que puede depararnos el futuro si no reaccionamos ante la emergencia climática. El periodista neoyorquino y editor adjunto de la revista New York Magazine, especializado en la divulgación científica y, más concretamente, en el ámbito del cambio climático, procura abrirnos los ojos frente al inminente porvenir que puede culminar en un planeta inhóspito.
Pero llama la atención la traducción de un inhabitable (no habitable, en el título del original inglés), vertido como inhóspito (poco acogedor, en la edición española). Una manera de interpretar esta opción sería creer en un desplazamiento desde una perspectiva antropocéntrica a otra más más ecocéntrica (entendiendo que, aunque no sea el caso de los seres humanos, muchas otras especies sobrevivirán). Mas quizá se trate, simplemente, de que nos resulta difícil mirar la dura realidad de frente y preferimos dulcificarla: justo lo contrario de la actitud que defiende el autor en esta obra.
Wallace-Wells ha construido su libro a partir de un número ingente de papers y textos científicos sobre la crisis climática, logrando una puesta al día muy valiosa para el público general. Cabe hacer énfasis en una de las ideas clave: El planeta sobrevivirá por muy terriblemente que lo envenenemos (p. 252).
El autor reitera numerosas veces su tesis principal: No es una pregunta para las ciencias naturales, sino para las ciencias humanas (p. 57). Es decir, nos encontramos ante una doble capa de incertidumbre respecto a lo que nos depara el futuro: la primera concierne a los desequilibrios biofísicos que inducimos en el sistema Tierra, mientras que la segunda, más decisiva, corresponde a la humanidad y a su respuesta.
En la primera mitad del libro, se muestra cómo el cambio climático se ve plasmado en una sucesión de “cascadas”, es decir, fenómenos climáticos realimentados entre ellos que están alterando y alterarán drásticamente el mundo que conocemos. Desde los fenómenos más conocidos (como la subida de las temperaturas) hasta los menos considerados (como los conflictos bélicos), las realimentaciones de estas cascadas ocurren paralelamente en el tiempo. Pese a que Wallace-Wells nos presente previsiones de los efectos de realimentación, la incertidumbre la sitúa en la velocidad del cambio, más que en su magnitud.
El origen de las cascadas podría reducirse a un aumento acelerado de la temperatura promedio global. Su causa, principalmente, son los gases de efecto invernadero (GEI), resultado de décadas de consumo desmesurado a raíz de una industrialización beneficiada por la quema de combustibles fósiles.
La consecuencia más obvia de este calentamiento es la “muerte por calor” (p. 53). En un mundo recalentado, el clima, especialmente las olas de calor, se tornaría extremo hasta llegar incluso a causar muertes por estrés térmico. Muchas ciudades se volverían casi inhabitables por el calor (un efecto intensificado por la densidad poblacional y por las infraestructuras urbanas que lo atrapan en “islas de calor”). Asimismo, este calentamiento incrementaría el riesgo de incendios forestales. En estos casos la vegetación perdería gran parte de la capacidad de absorción de CO2 y no solo no lo absorbería sino que, al quemarse, lo liberaría. Esto reforzaría el incremento de temperatura.
Otro ejemplo de realimentaciones: más cenizas procedentes de los incendios (p. 85) se depositarían sobre el Ártico, ennegreciendo los hielos, que pasarían a absorber más calor de los rayos del Sol, derritiéndose. Se incrementaría el deshielo del permafrost ártico, que contiene enormes cantidades de metano; si estas se liberaran, aumentaría drásticamente la cantidad de GEI en la atmósfera. Así se incrementaría aún más el deshielo y por ende la subida del nivel del mar, augurando un futuro “ahogamiento” (p. 74) de los litorales y engendrando un gran número de refugiados climáticos. A la vez, con una menor superficie de hielo, menor sería el efecto albedo (falta de reflexión de los rayos solares), lo cual volvería a reforzar el calentamiento (podríamos bromear con humor negro: “¡son las realimentaciones, estúpido!”). En este caso, sería el océano el que asimilaría el calor, perdiendo capacidad de absorción de CO2 y exceso térmico. Se produciría un desajuste de las corrientes marinas, que mantienen las estaciones y modulan la temperatura global. Por ello, se desequilibrarían muchos climas regionales y locales, las temperaturas se extremarían y los océanos se acidificarían. Así se produciría una anoxificación de sus aguas, transformándolos en “océanos moribundos” (p. 110), eliminando mucha vida marina y forzando a los peces a adaptarse a las nuevas temperaturas cambiando sus hábitos y rutas.
Por la misma causa, se deberían resituar los cultivos, creando considerables impactos en la cadena alimentaria y en la economía. En este caso, la “hambruna” (p. 64) sería la principal consecuencia, pues el desplazamiento de los cultivos dificultaría mantener los rendimientos y se llegaría a producir desertificación de los territorios antiguamente cultivables. Además, el calentamiento, junto con la contaminación, también extendería la aparición de bacterias y otros microorganismos en el agua potable; lo cual, junto con las sequías, agravaría la “falta de agua” (p. 102), multiplicando las crisis agrícolas. Estas bacterias en expansión, junto con insectos portadores de virus, traerían enfermedades nunca antes padecidas en muchos territorios provocando así “plagas del calentamiento” (p. 126). Estas nuevas enfermedades se sumarían a las cardiorrespiratorias y cognitivas producidas por la contaminación de un “aire irrespirable” (p. 116), concentrado sobre todo en grandes ciudades en forma de smog (fenómeno acentuado por la falta de ventilación natural procedente de corrientes de aire frío del Ártico).
Con todo esto y mucho más, Wallace-Wells advierte que aunque formen parte de la naturaleza, estos son “desastres ya no naturales” (p. 94). Adicionalmente, implicarían unas reparaciones costosas y, a medio plazo, un “colapso económico” (p. 133) sería inevitable. En este marco globalizado y devastado por desastres climáticos, con crecientes tensiones que se intensifican por el calentamiento, el mundo se vería sumido en un gran “conflicto climático” (p. 143). Esta situación empeoraría la distribución de los ya escasos recursos, generando una gran crisis de refugiados que huirían de sus países hundidos, quemados, hambrientos, sedientos, secos, irrespirables…
El tercer apartado de la obra se titula “caleidoscopio climático” (p. 161), e ilustra la visión que tiene la sociedad sobre la emergencia medioambiental y la complejidad de explicar, reconocer y actuar ante el cambio climático. Primeramente, Wallace-Wells esboza una crítica al sistema neoliberal imperante que ha causado el avanzado estado del cambio climático y que paradójicamente se presenta como posible salvador del mismo.
El autor presenta los diversos engaños del neoliberalismo, siendo el principal de ellos la promesa de crecimiento económico. Una fraudulenta expectativa de crecimiento infinito de la que realmente solo se han beneficiado unos pocos durante los decenios últimos. Esto da como resultado un sistema sustentado por la estructura de un orden político y económico que […] permite la desigualdad, […] la alimenta y se beneficia de ella (p. 211). La desigualdad no solo se verá plasmada en el apartheid climático nacional, sino que se reflejará en una paradójica injusticia medioambiental: os países y regiones con menor PIB, que son los menores contribuyentes a la emisión de GEI, son los que padecerán más los efectos del cambio climático.
Esta engañosa promesa de crecimiento lleva a la fantasía del progreso: una percepción histórica según la cual los seres humanos estamos destinados a progresar constantemente. De este modo, se creería en la posibilidad de superar el cambio climático sin excesiva dificultad, haciendo caso omiso a las advertencias del calentamiento y sin tener que hacer nada que alterase seriamente el statu quo. Una solución más desconcertante surge de la confianza ciega en la sabiduría del mercado, llegando a considerar el aumento de liberalización como salvación frente al cambio climático. Así pues, Wallace-Wells observa la incapacidad del neoliberalismo de reconocer sus propias deficiencias. En este contexto aparece una nueva economía moral con “filantrocapitalismo”, que busca obtener beneficios tanto económicos como humanos de manera que los beneficiados de esta economía neoliberal puedan apuntalar su propio estatus. En esta línea, por ejemplo, se le pide a un ciudadano promedio que ante la “ansiedad ecológica” practique un consumo responsable, como si dentro del orden neoliberal se pudiese dar un cambio usando nuestra libertad de consumo. Ahora bien, el autor indica que comer alimentos ecológicos es bueno, pero si nuestro objetivo es salvar el clima, el voto es mucho más importante (p. 211).
En esta tercera parte no solo encontramos críticas al sistema neoliberal sino que también se reprocha la reticencia científica (los resultados de la investigación se atenúan, para evitar ataques o la posibilidad de desprestigio académico) que da lugar, entre otras cosas, a las parábolas climáticas. Como resultado se suelen obtener dos posibles textos: o bien los desprestigiados con el término “alarmistas” (demasiado explícitos) o bien “reduccionistas (que no retratan la amenaza real), por lo que ni unos ni otros se consideran legítimos. Esta falta de entendimiento se ve plasmada en las mencionadas “parábolas climáticas”, entendidas como herramientas de aprendizaje erróneas que exageran las consecuencias irrelevantes del cambio climático alienándonos de las preocupantes. Son ejemplos tanto la inquietud por el reino de las abejas como por el plástico, siendo estas como una “exposición taxidérmica” de la que no aprendemos nada.
¿Y si estuviéramos equivocados? (p. 245) A fin de ilustrar el profundo nihilismo en el que hemos caído, esta pregunta tan básica y aparentemente inofensiva da inicio a la última parte de la obra. David Wallace-Wells, quien ha evitado cualquier dogmatismo científico y reconocido en todo momento sus limitaciones, da cuenta del perjuicio ocasionado: no solamente se ha transformando el calentamiento global en una crisis ecológico-social monumental, sino que se ha puesto en riesgo la legitimidad y la validez de la ciencia. Al mismo tiempo, es esta parte la que puede ser interpretada como guía para la acción futura puesto que ilustra y contesta algunas preguntas comunes.
¿Cómo debemos afrontar toda esta información? Alejándose de las atacadas posiciones fatalistas, el autor sugiere enfrentarnos a las evidencias que advierten la desaparición inminente del mundo que conocemos mediante la acción, defendiendo que las perspectivas sombrías nos estimulen en lugar de que nos inmovilicen. Es en estas últimas páginas donde defiende que, desde una visión acorde con el “principio antrópico” (p. 243), el clima del futuro es la acción humana, no unos sistemas fuera de nuestro control. (p. 246). Pero ¿no ha sido el antropocentrismo, con su falsa pretensión de dominio sobre la naturaleza, el que nos ha hecho acabar en la situación de emergencia actual porque dificulta la toma de conciencia sobre ella?
¿Quién debe empezar a actuar? Nos define como una civilización que se atrapa a sí misma en un suicidio (p. 249), pero en vez de asignar la tarea a las generaciones futuras, a sueños de tecnologías mágicas, a políticos remotos […] todos debemos compartir la responsabilidad para evitar compartir el sufrimiento (p. 246).
Ahora bien, ¿cómo debería ser esta acción? Seguramente pecando de optimismo, Wallace-Wells se centra en la acción a gran escala, considerando que puede ser complementada con la individual. Más específicamente, aboga por un impuesto al carbono, acabar con la energía sucia, dar un nuevo enfoque a las prácticas agrícolas, eliminar la carne y la leche de vaca de la dieta global, y fomentar la inversión pública en energía verde y captura de carbono. De todas formas, él mismo observa en la pág. 58 que tenemos las herramientas para acabar con la pobreza mundial pero no lo hacemos… ¿Qué nos puede hacer pensar entonces que con el cambio climático sí que vamos a actuar?
En pleno Antropoceno, Wallace-Wells nos destapa de forma franca nuestro espeluznante porvenir. Actualmente seguimos contaminando a gran escala y nos mostramos como Homo compensator de forma ambivalente: tanto desde el individualismo, calmando nuestra conciencia moral a través de una acción individual enmarcada en las anteriormente nombradas parábolas; como desde una supuesta acción colectiva (comenzando por el voto) que parece prescindir de la implicación particular.
De todas formas, el autor pretende concienciarnos de que el futuro se encuentra en nuestras manos. Ahora bien, ¿es esto así? Nos encontramos ante una evidente falta de cuerpos políticos a través de los cuales emprender esa anhelada acción conjunta, necesaria para frenar la emergencia en la que nos encontramos. Situación provocada tanto por la falta de incentivos para tomar medidas (presión social) como por la contrafuerza de intereses económicos neoliberales que alejan la política del interés común.
Por esto nos preguntamos: ¿es un problema de la política o de concienciación individual? Un posible punto de confluencia sería la desobediencia civil colectiva ya que, aunque Wallace-Wells no la menciona en su libro, en ella converge tanto la acción coordinada como la toma de conciencia individual, en búsqueda de romper con el statu quo que prioriza la perpetuación neoliberal frente al futuro del planeta.
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Sobre Izquierda Alternativa y Cristianismo Emancipador
Sobre Izquierda Alternativa y Cristianismo Emancipador
Francisco Fernández Buey
Editorial Trotta, Madrid, 2021
366 págs
Reseña publicada en la sección LECTURAS del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Después de la muerte de Francisco Fernández Buey han ido apareciendo diferentes textos que reúnen escritos suyos sobre temas específicos. Este, en particular, compila los más significativos sobre cómo abordó la cuestión cristiana en la construcción de una cultura política alternativa. La edición ha estado al cuidado de Rafael Díaz-Salazar, quien en la Introducción señala que «es necesario analizar los escritos que aquí se editan teniendo en cuenta el conjunto de su pensamiento» (p.17).
Tras finalizar la lectura del libro cabe añadir esta otra consideración: esta recopilación ayuda como pocas otras a entender mejor el pensamiento conjunto de Fernández Buey. Es unos de los principales méritos de este libro, pero no el único.
El libro se organiza en tres partes:
- La primera recoge la concepción de Fernández Buey sobre el cristianismo liberador.
- La segunda se centra en la vida y obra de tres personas cristianas que apreció especialmente: Bartolomé de Las Casas, Simone Weil y José María Valverde.
- La tercera deja vislumbrar la que, tal vez, fuera la principal preocupación política de Fernández Buey a lo largo de su vida, la reconstrucción de un ideario emancipador ante la crisis de civilización provocada por el capitalismo industrialista hoy mundializado. Esta tercera parte da sentido a las dos primeras, pues la consideración del cristianismo liberador está vinculada a esa preocupación. Fernández Buey no abordó el tema como un filósofo de las religiones, sino desde el interés por construir una nueva cultura política para una izquierda alternativa que no renuncia al compromiso en favor de la emancipación.
Ofrece Fernández Buey dos buenas razones para reconsiderar la religiosidad en la construcción de una nueva cultura política emancipatoria: una histórica y otra sociológica:
La histórica: «Quien ignore hoy en día la persistente relación que ha habido a lo largo de nuestra historia entre la política entendida como ética de lo colectivo y los movimientos religiosos de resistencia y emancipación se pierde una parte sustancial de la cultura crítica de los de abajo» (p. 280).
La sociológica: un mundo globalizado como el actual obliga a reconocer que las religiones siguen siendo muy importantes para una amplia mayoría de la humanidad, particularmente para esa parte que vive en condiciones mucho peores que la que habita en sociedades europeas secularizadas. Desde esta óptica, las religiones nunca han dejado de ser un fenómeno interesante por su presencia y relevancia.
Para comprender el papel del factor religioso en el cambio sociopolítico y en la estructura social conviene diferenciar distintos planos del mismo fenómeno. Por un lado, distingue el autor, está lo que se entiende por religión en general; por otro, y es el plano más interesante para aquel propósito, están las mentalidades y los movimientos religiosos que, bajo determinadas circunstancias, representan una «radicalización de la conciencia religiosa en un sentido favorable a la lucha contra la injusticia y en favor de la igualdad» (p. 61).
El plano general de las religiones
Aunque el estudio y el reconocimiento de los movimientos de liberación de carácter religioso es el mejor punto de partida para el propósito de reconstruir una izquierda laica que se nutra de diferentes tradiciones, la consideración general de las religiones puede que resulte particularmente interesante para abordar la actual crisis de civilización provocada por el capitalismo mundializado, siempre que –habría que añadir siguiendo las advertencias de Fernández Buey– seamos conscientes de los riesgos que comporta situarnos solo en ese plano.
Las religiones llevan en su seno valiosos elementos de contención de la desmesura humana, representan aportaciones sapienciales para manejarnos en tiempos sombríos: «en todas las religiones (institucionalizadas o no) hay un saber, que podemos llamar sapiencial, acerca de los hábitos y comportamientos de los seres humanos en comunidad a partir del cual se expresan mandamientos, consejos o normas éticas que tienen mucho valor porque son el resultado, por lo general, de observaciones largamente repetidas y de reflexiones psicosociológicas muy notables (...). Este saber sapiencial merece ser conservado, conocido y enseñado, con total independencia de que las personas que lo conservan o a las que se enseña crean o no en los dogmas o doctrinas básicas de esas religiones (…) conviene conservar ese saber no solo por razones históricoculturales, es decir, porque esta o aquella religión haya sido en el pasado parte de nuestra tradición cultural, sino también por una razón más decisiva y actual: porque en lo que hace a las conductas, comportamientos y hábitos humanos, las ciencias, lo que llamamos “ciencias humanas” o “ciencias sociales”, no han avanzado lo suficiente como para que se pueda afirmar sin duda que nuestro comportamiento, en ese ámbito, es definitivamente mejor que el sapiencial para la vida práctica de los humanos» (pp. 158-159). La realidad humana no es toda racional, existe también, por así decirlo, un ámbito meta-racional (distinto del irracional) que hay que reconocer y cultivar si queremos salir de este embrollo civilizatorio. Algo que es perfectamente constatable en el momento actual en el renacer de las espiritualidades ante el malestar cultural y psíquico en las sociedades contemporáneas.
La existencia de miseria material y psíquica se han considerado siempre desde el análisis sociohistórico y filosófico dos factores básicos para la consolidación de las religiones: el “suspiro de la criatura oprimida”, desesperada por la pobreza (Marx) y el disgusto moral (o el malestar psíquico) que produce la cultura (Freud). Ahora bien, la crítica marxista y freudiana a la religión resultan insuficientes. No basta con esta interpretación centrada en la parte negativa sin valorar también la función positiva de la fe y de la creencia en el arranque de procesos y prácticas emancipatorias.
Una aproximación más ecuánime en nuestros días exige revisar el tópico según el cual las religiones en el mundo moderno solo operan como “cobertura ideológica” de la resignación de las masas o solo aparecen como ilusión producida por el malestar. Dicho esto, conviene ser conscientes de que quedarnos únicamente en este plano comporta varios riesgos: el primero, y más evidente, favorecer la «apología indirecta de la religión en general y la ideologización de la fe cristina en particular como sustituto de las grandes cosmovisiones en declive, empezando por el materialismo dialéctico» (pp. 61-62); el segundo, y no menos importante, desatender el papel de la institucionalización de las religiones como factor de estabilización en vez de factor de cambio.
La realidad humana no es toda racional, existe también, por así decirlo, un ámbito meta-racional (distinto del irracional) que hay que reconocer y cultivar si queremos salir de este embrollo civilizatorio.
En el fenómeno religioso anida la serpiente de la contradicción, por lo que siempre será necesaria una visión crítica que revele las tensiones que surgen cuando una tradición pasa a materializarse en una institución de poder o cuando da pie a la aparición de sectarismos y fundamentalismos. Circunstancia que no se puede despreciar en tiempos de expansión por toda Latinoamérica de sectas evangelistas promovidas desde el corazón del imperio norteamericano, del auge de una extrema derecha tradicionalista en los países poscomunistas de la Europa del Este, del aliento de un nuevo espíritu capitalista a través de la industria del mindfulness o del enaltecimiento de la violencia política por parte del autoproclamado Estado Islámico y de grupos fundamentalistas como Boko Haram.
El cristianismo emancipador y las condiciones para el diálogo
Por eso resulta imperioso distinguir. La autocrítica de aquella parte de la tradición (política o religiosa, pues vale tanto para la tradición comunista como para la cristiana) que se ha convertido en poder nos desvelará si aún alberga en su interior semillas liberadoras o si, por el contrario, ha terminado por convertirse en cierre ideológico de un nuevo sistema de opresión. No ha sido el caso del cristianismo de liberación que, principalmente desde América Latina, ha sabido recuperar bien entrada la segunda mitad del siglo pasado el espíritu profético de su propia tradición.
Francisco Fernández Buey no solo reconoció en ese cristianismo de liberación ideas de matriz inequívocamente marxistas, sino que supo ver también cómo los nuevos movimientos sociales (pacifistas, ecologistas y ciertas derivaciones del feminismo comunista italiano) «recuperaron temas e ideas que son característicos de las tradiciones religiosas (no solo cristianas, por lo demás)» (p. 87). Esta forma de entender las mutuas influencias entre una izquierda social alternativa roja-verde-violeta (materializada en los movimientos) y el cristianismo de liberación situaba el diálogo entre ambas tradiciones en un terreno práctico. En esto coincidía con su maestro y amigo Manuel Sacristán.
El encuentro entre tradiciones liberadoras laicas y religiosas se debe centrar en un terreno ético-político y se alcanza caminando: «arrieros somos, todos los que estamos en favor de la emancipación, cristianos o comunistas, y en el camino nos hemos encontrado ya» (p. 295).
El cristianismo de liberación, principalmente desde América Latina, ha sabido recuperar bien entrada la segunda mitad del siglo pasado el espíritu profético de su propia tradición.
En ese terreno de las luchas y convicciones ético-políticas compartidas es donde puede germinar un diálogo fecundo. Reacio a los debates ideológicos centrados en grandes concepciones del mundo, Fernández Buey propugnó llevar a cabo la desideologización y desmitificación de la propia tradición para, entre otras cosas, propiciar ese encuentro entre tradiciones liberadoras. Si algo hay que poner en primer lugar son las necesidades materiales y espirituales de las personas de nuestra época, no las diferencias ideológicas.
Lo «más importante es que, una vez que se ha decidido ver el mundo desde abajo y compartir esa visión con los de abajo, no solo hay que renunciar a la cosmovisión (también a la propia), sino incluso a la acentuación de la diferencia ideológica» (p. 295).
Atender el mundo desde las necesidades de los de abajo (en la acepción utilizada por Simone Weil para referirse a los humillados, explotados y excluidos de la tierra, y no en el sentido en que hoy es utilizada de manera laxa para hablar de un 99% heterogéneo frente a las élites globales) significa adoptar un punto de vista muy explícito en favor de los que están socialmente en peor situación, particularmente de aquellos que ni siquiera hoy son objeto de explotación (los “descartados” de los que nos habla hoy Jorge Bergoglio).
Hay que poner en primer lugar las necesidades materiales y espirituales de las personas de nuestra época, no las diferencias ideológicas.
Las necesidades radicales y la comprensión de la desgracia humana eran para Fernández Buey –al igual que para Simone Weil– el mejor punto de partida para el diálogo entre tradiciones liberadoras. Y si en este punto de arranque coincidió con Weil, para llevar ese diálogo a buen puerto se encontró con otro de sus maestros: José María Valverde.
Valverde, cristiano de profundas convicciones y comunista en la etapa final de su vida, pensaba que ese diálogo debería consistir en «una actualización de las mentalidades en el ámbito de las tradiciones respectivas conducente a una filosofía de la acción común» (p. 297), y que para ello resultaba conveniente recuperar el sentido original del viejo concepto de la caritas (alejado del paternalismo benefactor y trascendiendo la esfera individual para elevarse a un plano social y político) y el espíritu evangélico del «amor al prójimo», que en estos tiempos del capitalismo mundializado se traduce también en amor desinteresado por el «prójimo lejano».
Pensando sobre esta propuesta de Valverde se le ocurrió a Fernández Buey que una de «las cosas que se podía hacer era recuperar, sin beaterías pero con respeto, el viejo discurso lascasiano: la otra forma de ver el mundo en los orígenes de la modernidad europea» (p. 298). Una idea que le llevó a enlazar el discurso del “indio metropolitano” de Bartolomé de Las Casas con la renovación de la mentalidad actual sobre la base de la ampliación del concepto de caritas aplicado a un prójimo lejano en un capitalismo que había devenido mundial. Una ampliación del viejo concepto de caritas que no se puede separar de una noción de justicia que implica, a su vez, la restitución de todo aquello que ha sido usurpado y la comprensión y respeto al otro a pesar de la diferencia cultural. La caritas, llega a decir, «es más fundamental, más radical, que la solidaridad» (p. 303), poniendo de manifiesto el límite del punto de vista meramente utilitarista de la solidaridad entre iguales de la tradición socialista. En un mundo globalizado hay que ir más allá: la evidencia de las profundas diferencias y desigualdades que existen entre los pobres y explotados de una u otra parte de la economía mundial obliga a reinterpretar las relaciones entre la caridad y la solidaridad en el mundo de hoy.
Este diálogo en el terreno de las prácticas de la caridad y la solidaridad es, por decirlo así, un plano prepolítico o previo a las formulaciones políticas. Un terreno fértil para el encuentro entre tradiciones liberadoras si se está dispuesto a dejar aparcadas las cosmovisiones de cada uno y se renuncia al exclusivismo ético. Lo comprobó en la persona de Valverde: «Las razones de José María Valverde en favor del comunismo tenían poco que ver con viejos dogmatismos y no menos viejas ortodoxias (…) las suyas eran razones fundamentalmente prepolíticas, aunque nada apolíticas. Dos de estas razones suenan también a paradoja. Dijo: “Me hice comunista para poder seguir yendo a misa”. Y se comprende: algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas. Escribió: “El juicio final cristiano es un juicio ateo porque en él no se preguntará a los hombres por sus creencias, sino si dieron de comer al hambriento y de beber al sediento”. Y se comprende: algunos tuvimos que entender que la clase obrera no va al paraíso solo por haber nacido en la miseria» (p. 280).
La reconstrucción de una izquierda alternativa
Fernández Buey era consciente del agotamiento de la izquierda dominante, e influido por los debates que se estaban desarrollando en el seno del partido comunista italiano y los planteamientos de Valentino Gerratana, propuso reconstruir de forma plural e intercultural una izquierda alternativa. Tal propósito exige una izquierda laica en un doble sentido: hacia dentro y hacia afuera.
Un laicismo hacia dentro, como lo denomina Díaz-Salazar, que esquive los escollos de un marxismo cientificista (esto es, entendido como teoría científica y no como tradición del movimiento emancipatorio moderno) y de una izquierda dogmatizada con elementos cosmovisionales que excluye la pluralidad en su seno. Por otro lado, una laicidad hacia afuera que favorezca el diálogo y la confluencia entre culturas marxistas con culturas liberadoras de diverso signo (cristianas de liberación, ecologistas, feministas y pacifistas).
Vio en los impulsos del movimiento alterglobalizador o altermundialista las bases para una izquierda que quisiera realmente refundarse: «Ahí, en ese movimiento de movimientos, están ya representados los sujetos del cambio. Ahí se ha ido bosquejando también lo que podría ser el programa para cambiar el mundo de base. Y ahí hay también una amplia red de redes para la configuración de una izquierda mundial. Lo que falta ahora es dar forma política organizada a todo ese movimiento y encontrar la palabra nueva y compartida para hacer frente a la barbarie existente» (p. 319).
Esa forma política no creía que se pudiera asemejar a los partidos conocidos sino a un tipo de organización sociopolítica más parecida a lo que pudo representar la Primera Internacional (p. 323). Está por ver si seremos capaces de construir algo parecido a eso, pero de lo que cabe poca duda es que será imposible si antes no huimos de la ideologización excesiva de los problemas y no superamos los confesionalismos de cualquier tipo que nos impiden caminar hacia una cultura laica a la que no le basta el viejo concepto humanista e ilustrado de tolerancia. Y no le basta porque ese concepto ha estado circunscrito exclusivamente a la tolerancia con el occidental sin reconocimiento y respeto por otras culturas que no son la nuestra: «Tolerancia querrá decir entonces, para nosotros, comprensión radical de la alteridad, atención a la dignidad del otro, autocrítica del etnocentrismo. En cierto modo, y con sus limitaciones históricas, esto último es lo que significó la variante latina del concepto de tolerancia que tiene su origen en Bartolomé de Las Casas» (p. 313).
Estamos, pues, ante un libro fundamental. El aparato crítico de los capítulos y la meritoria selección de textos de muy diferente formato (ensayos, materiales de intervención política, cartas y entrevistas) llevados a cabo por el editor revelan un hondo conocimiento de la obra de Francisco Fernández Buey y hacen de este libro una referencia obligada para las personas interesadas en profundizar en el pensamiento de uno de los intelectuales más originales que ha tenido la izquierda comunista en este país.
Santiago Álvarez Cantalapiedra
Director de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global y de FUHEM Ecosocial
Reseña publicada en la sección LECTURAS del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
Acceso al documento completo de las reseñas, Lecturas 153.
Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España
Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España
Ángel Martínez González-Tablas
Yayo Herrero López
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 153, primavera 2021
Este artículo reflexiona sobre algunos aspectos cruciales de la educación, desde infantil a bachillerato, sin pretender un tratamiento integral de toda la problemática, poniendo más bien el foco en la titularidad de los centros.
En una sociedad compleja, con un Estado constituido, los asuntos que están en la base de los derechos de las personas no pueden dejarse ni a la regulación privada, ni al mercado. Existe un espacio de regulación consciente pública, que es imprescindible y debe ser ejercido por las instituciones públicas. Algo que es elemental, difícil de conseguir y a menudo olvidado en el fragor de los debates.
La naturaleza de los bienes y prestaciones, que garantizan la cobertura de los derechos y necesita una sana reproducción de la existencia social, es muy variada y las ciencias sociales, la Economía en particular, han intentado estudiarla, sabiendo que su distinta naturaleza condiciona los medios utilizables para lograrlo de forma satisfactoria.
Los medios e instrumentos para llevar a cabo el suministro han sido muy distintos a lo largo de la historia y en las sociedades actuales también siguen siéndolo. Puede hacerse por medio del mercado, por agentes privados (hoy, principalmente, empresas con ánimo de lucro), por gestión directa de las administraciones públicas o por variantes que pueden florecer en la sociedad civil, en el espacio doméstico, en comunidades o fruto de todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. En todos los casos, incluido el mercado, se necesita regulación pública para que el funcionamiento descanse en unos buenos fundamentos.
Esta diversidad de medios no significa que cualquiera de ellos sirva para todos los propósitos. Al elegirlos no existe la omnipotencia ni la neutralidad. Los medios no son perfectamente intercambiables. Unos son más aptos para unas cosas y otros para otras. Sencillo de enunciar.
La regulación pública no solo tiene que intervenir en el diseño del marco y las reglas de juego, sino que tiene que ser capaz de establecer el seguimiento, control y ajuste, porque si no se corre el riesgo de que la bondad de objetivos y medios puede quedar en nada. Igualmente, si el planteamiento previo no es adecuado, el control posterior no puede subsanar sus carencias y la exigencia de garantías se vuelve imposible.
La educación pública
Hay cosas que son demasiado importantes para quedar atrapadas en lugares comunes, la educación entre ellas. Las características de la educación hacen que sea de esos tipos de servicios en los que no es indiferente el medio que se utilice. Por su naturaleza necesita regulación pública y es impensable que sin ella pueda ser proporcionada por un mercado o una gestión privada carentes de regulación. El protagonismo del Estado es necesario, imprescindible, no solo para regular sus aspectos más generales sino para garantizar que dispone de los medios para desarrollarse, que es accesible a todos los ciudadanos y que cumple su condición de derecho humano. Su dotación consecuente debe ser prioritaria. Su abandono o los sucesivos recortes presupuestarios –algo que en nuestro entorno se ha producido– es un drama para cualquier sociedad, también para la nuestra.
La crucial importancia de la escuela pública gestionada directamente por el Estado se presta a poca discusión. Otra cosa más polémica y sometida a discusión es la existencia de una escuela pública que pueda ser gestionada por organizaciones de la sociedad civil. Lo que pretendemos sostener en este texto es que la existencia de una escuela pública prioritaria, fuerte y de calidad no tendría por qué excluir que pueda intervenir en su gestión entidades de la sociedad civil, sin ánimo de lucro y sometidas a control y evaluación constante.
Rasgos que debería tener la educación pública.
El esfuerzo por delimitar de forma sustantiva lo que debe entenderse por educación pública es crucial para evitar equívocos. Creemos que lo que caracteriza a la escuela pública es su condición de:
– Accesible, carencia de barreras sociales, económicas o ideológicas, que garantice la posibilidad de universalidad.
– Inclusiva, en los criterios enunciados y en los hechos, reflejo de la heterogeneidad social, sin que ninguna diversidad devenga un obstáculo insalvable sino solo una normalidad a incorporar.
– Laica, es decir, que no incorpore ninguna confesión religiosa a la docencia ni a la práctica educativa, aunque obviamente respete la libertad religiosa y de culto de alumnado y familias.
– Transparente, sin ámbitos opacos en sus propósitos, funcionamiento y rendición de cuentas.
– Democrática y abierta a la participación de toda la comunidad educativa.
– Presencia de trabajadores y trabajadoras con formación permanente y adecuada, con remuneración y condiciones de trabajo dignas, ajustadas a las condiciones vigentes, que puedan conformar equipos de trabajo más o menos estables.
– Calidad que cumpla los estándares establecidos.
– Posibilidad de desarrollar un proyecto educativo con rasgos propios, con capacidad para explorar, experimentar y formar personas conscientes de los problemas de nuestro tiempo, capaces de analizar críticamente el contexto y libres para actuar en él.
– Dotada de procedimientos de evaluación, seguimiento y control que garanticen la aplicación práctica de los rasgos formulados.
¿Es posible que la sociedad civil pueda prestar un servicio que cumpla con garantías el derecho a la educación?
Teniendo en cuenta los rasgos hemos definido, nos enfrentamos a dos concepciones que a veces subyacen en la defensa de la escuela pública, que nos parecen que carecen de fundamento teórico y de funcionalidad, pero que se asocian unívocamente a la defensa de los intereses generales de la sociedad y de los sectores más desfavorecidos de la misma.
Primera ¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición necesaria para que una escuela pueda ser considerada pública? Si se responde afirmativamente implica que una escuela que cumpla satisfactoriamente todos y cada uno de los rasgos que nos han servido para delimitar lo que debe caracterizar a una escuela pública nunca podrá ser considerada como tal y tener acceso a los deberes y derechos que le son inherentes (por ejemplo, ser financiadas con dinero público y ser plenamente gratuitas), por el solo hecho de que el titular del centro pertenece a la sociedad civil. Puede ser una buena escuela, pero, por el hecho de que el titular del centro pertenezca a la sociedad civil, nunca será escuela pública. Sostener esta tesis comporta expulsar del ámbito público, contra su voluntad, a iniciativas que pueden enriquecerlo, como además demuestra la experiencia histórica en nuestro país (entre otras, las escuelas infantiles de gestión indirecta, por no hablar de organizaciones y entidades que prestan una gran variedad de servicios públicos: cuidados, atenciones personales, educación no formal, atención a la diversidad funcional, etc.).
Segunda ¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición suficiente para que una escuela pueda ser considerada pública? No solo implicaría todo lo del punto anterior sino añadiría además que quien sea titular público, por el mero hecho de serlo y sin posibilidad de prueba en contra, se supone que imparte educación pública, con todos los derechos que de esa circunstancia se derivan y sin necesidad de pararse a considerar si se cumplen o no los rasgos sustantivos que la definen. Es una actitud miope y regresiva que da por supuesto lo que la experiencia demuestra infundado (que todos los centros de gestión directa son accesibles desde todos puntos de vista, inclusivos, transparentes, participativos, con docentes y personal no docente adecuados, educación de calidad, un proyecto educativo propio y están sometidos a control y evaluación constante para garantizar que todos los rasgos se cumplen) y que, al final provoca que, en ocasiones, la educación proporcionada no cumpla con garantías su condición de derecho, ni la obligación de constituir un factor que favorezca la eliminación de desigualdades.
Para alimentar un debate sano, es preciso definirse con claridad en esas dos posiciones, para poder hablar libres de todo el ruido de tópicos ideológicos, legales y administrativos, que se manejan tanto en la izquierda como en la derecha, y que obligan a situarse en un extremo de los dos polos, sin admitir matices, autocríticas o contradicciones. Si a ninguna de las dos preguntas anteriores se contesta con un sí taxativo, deberíamos ser capaces de abrir un diálogo que no esté condicionado por la defensa incondicional de la propia existencia, la comodidad política, el corporativismo de diferente cuño o una ideología cristalizada. El dinero público es sagrado, nada que no sea pereza e irresponsabilidad impide que se precisen y exijan con coherencia y rigor las condiciones, todas ellas, que debe cumplir una escuela pública.
Hay que abrir un diálogo que no esté condicionado por la defensa de la propia existencia, la comodidad política, el corporativismo o una ideología cristalizada
La tesis que mantenemos es que no hay argumentos para definir que solo la gestión directa por parte de las administraciones garantiza la condición pública de la educación, ni para excluir de forma absoluta y radical otras opciones. Puede argumentarse con fundamento que la naturaleza de la educación hace que no deba ser prestada por empresas que, al estar movidas por el ánimo de lucro, tienen el riesgo sistémico de anteponer los beneficios (que les es intrínseco) a los que solicita la naturaleza de la prestación educativa pública, pero nada impide que organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro asuman los objetivos y se comprometan a las condiciones de perfil y funcionamiento solicitadas. En suma, que puedan impartir educación pública en pie de igualdad con las de gestión directa. Creemos que no hay razón para negarlo, existen riesgos en unas y en otras, es cuestión de conocerlos y de establecer mecanismos para impedir su asentamiento y desarrollo. En España esa experiencia existe, con desviaciones y con logros. Que se consideren minoritarias no da el derecho de negarlas. Se trata de aprender de ella para impedir unas y para fomentar otras.
La política educativa
La Constitución de 1978, los acuerdos con el Vaticano y el Estado de las autonomías afectan a la educación, pero son aspectos que vienen determinados por la herencia cultural, la correlación de fuerzas políticas y los compromisos internacionales. No estamos ante una hoja en blanco, la educación tiene su palabra a decir y debe decirla, pero sin ignorar lo que le viene dado, batallando por lo que necesita y explorando lo posible.
Contexto, trayectoria y práctica del régimen de conciertos.
El régimen de conciertos nació, evolucionó y se aplicó en el contexto de una sucesión de leyes educativas muy diferentes. Nació en un momento político muy específico de este país, los años 1980 y ha tenido una tendencia creciente en las cuatro décadas posteriores. Hoy constituye una realidad sociopolítica que, dada la coyuntura política, no parece que pueda ser cambiada sin enormes costes sociales, políticos y económicos. Sus raíces son profundas y no parece haber base social que permita tu eliminación.
Dentro de los centros concertados se mezclan una importante heterogeneidad de titulares y de proyectos educativos, algunos de ellos de larga trayectoria histórica –los centros promovidos por la Iglesia católica, los promovidos por cooperativas e instituciones sin ánimos de lucro, más una pléyade de nueva procedencia, entre los que hay figuran los promovidos por titulares estrictamente mercantiles e incluso algunos vinculados a prácticas políticas opacas y concesiones ética y políticamente dudosas. En conjunto cubren porcentajes significativos de población escolarizada, desiguales por comunidades autónomas. También se suele recurrir a la comparación con los países de nuestro entorno, pero cada uno de ellos tiene su contexto histórico-cultural, su sociedad civil, su sistema político, sus prácticas administrativas –que, en algunos casos, en algunas ocasiones, se parecen bastante a lo que defendemos en este artículo– de cuyo conjunto obtiene unos resultados que se pueden analizar y de los que, sin duda, se puede aprender, si se interpretan con criterio.
El funcionamiento del régimen de conciertos descansa en un doble eje, profundamente contradictorio, de un lado, el principio de gratuidad de la educación impartida; de otro, una financiación pública cuantiosa, que objetivamente no cubre los costes educativos necesarios para impartir una educación capaz de cumplir todos los rasgos que definimos para la educación pública, lo que equivale a decir que, si se quieren mantener en pie, hace imposible el cumplimiento del principio de gratuidad enunciado en primer lugar. En suma, toda la trayectoria de la red de conciertos ha descansado y descansa en esta contradicción insalvable salvo que los titulares tengan otras fuentes de ingresos adicionales– que casi nadie, hasta ahora, se ha atrevido a afrontar de forma analítica, transparente y honesta.
Nuestra tesis es que no hay argumentos para definir que solo la gestión directa de las administraciones garantiza la condición pública de la educación
Unos reclaman la gratuidad enunciada y cuestionan la financiación pública que reciben centros que no resultan gratuitos para las familias –en un marco de fuertes recortes a la educación pública–, otros argumentan la imposibilidad de ser gratuitos si no se proporciona la financiación pública necesaria para poder serlo. Todos tienen parte de verdad.
Y entre unos y otros se crean las condiciones para que se deslicen y crezcan prácticas cada vez más espurias, de la mano de nuevos titulares, que contemplan este campo como una oportunidad para la lógica que guía su comportamiento, a veces totalmente ajena a las de las instituciones con profunda vocación de servicio público.
Esta confusión, esta ambigüedad asumida por todos, deja sin espacio a lo que podría y debería ser una intervención pública que, a partir de una normativa clara y coherente, auditara con rigor cuentas y comportamientos.
Ante este fangal, en el que unos y otros chapotean, se trata de deshacer el enredo en que se encuentra sumida la red de conciertos, de impedir que la confusión crezca, infectando todo el debate educativo. Hay que enfrentarse con la realidad, estableciendo los hechos, llamando a las cosas por su nombre, sin recurrir a subterfugios, clarificando las verdaderas opciones.
Parece sensato tomar el régimen de conciertos como un parámetro de la realidad educativa en España, dado que es poco verosímil que, en el orden actual de las cosas, lleguen a darse las condiciones sociopolíticas para su desaparición. Si es así, se trataría de hacerlo lo más funcional que sea posible, teniendo en cuenta el presente y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Asumamos que no se dan las condiciones para suprimir la red de conciertos, por sonora que sea la retórica de unos y otros. Por el momento, está para quedarse.
Tratar como escuela pública a las que sustantivamente lo sean.
Defendemos que la escuela pública que sustantivamente lo sea debe ser tratada como tal, sin sombra de ambigüedad. Por coherencia conceptual y por eficacia práctica. Existen organizaciones y entidades, algunas con décadas de trayectoria, que tienen una marcada vocación de servicio público y que han hecho de una educación comprometida y de calidad su seña de identidad. Ante la evidencia de que la financiación pública no alcanzaba a cubrir todos los costes y que el cobro de cuotas no hacía posible cumplir el criterio de accesibilidad universal, incluso muchas de ellas han generado sus propios mecanismos de búsqueda de recursos, solidaridad y redistribución para aminorar el problema.
La trayectoria de la red de conciertos descansa en una contradicción insalvable que casi nadie quiere afrontar de forma analítica transparente y honesta
Las titulares de estas escuelas defienden sus proyectos, su existencia y la voluntad de asumir todos los rasgos de la educación pública. Las organizaciones que deseen optar a ser consideradas escuelas públicas de gestión indirecta tendrían que ser capaces de asumir:
– Cumplimiento de todos los rasgos sustantivos y de funcionamiento que deben caracterizar a la educación pública concebida como un derecho, incluida la exigencia de ausencia de ánimo de lucro en su actividad educativa.
– Que se comprometan a que cualquier eventual excedente económico que pueda surgir del conjunto de las actividades del centro –comedor, actividades extraescolares, etc.– revierta de forma automática y necesaria a este, sin posible dedicación a otros fines de la entidad titular.
– Que faciliten la función de inspección y tutela por parte de la Administración para garantizar que la financiación invertida tiene los fines para los que se otorga.
A los centros que se comprometan a cumplir estas condiciones se les garantizaría la total cobertura con recursos públicos de los costes necesarios para su buen funcionamiento, de forma que no sea preciso solicitar ningún tipo de aportación a las familias para poder mantener la actividad.
¿Cómo definir los costes necesarios?
Hay una parte en la que es posible hacerlo con objetividad (una comisión de expertos no tendría dificultad en resolverlo) y no cabe objeción a que debe regir la más estricta igualdad entre quienes reciben fondos públicos de similar naturaleza, pero debe aspirarse a una igualdad que no caiga en un igualitarismo de mínimos, un igualitarismo por abajo, que nos congrega a todos en torno a prácticas que dificultan la garantía a un derecho a una educación de calidad, las que todos practican, las que nadie discute. Debe permitirse explorar, experimentar, innovar, si tiene el respaldo de la comunidad educativa afectada –pública de gestión directa o indirecta– y la garantía de la estricta supervisión de la Administración pública. Y si exige recursos económicos adicionales, enfrentémonos con la habilitación de vías coherentes que lo hagan posible. Porque si hay voluntad política, esas vías existen.
A los centros que se comprometan a cumplir los rasgos de la educación pública se les debería garantizar la total cobertura con recursos públicos de los costes necesarios.
Estaríamos, por tanto, ante una escuela con todos los rasgos exigibles a la educación pública que, en lo más controvertido, sería además laica (en el sentido abierto postulado) y carente de ánimo de lucro (compromiso de revertir a la escuela cualquier eventual excedente neto que genere), y superaríamos el extendido reduccionismo que confunde lo público con lo meramente estatal, eliminado toda una posibilidad de experimentación y práctica en el establecimiento de alianzas público-sociales que en los marcos de crisis civilizatoria que atravesamos van a ser fundamentales para poder mantener condiciones de vida dignas y justas para el conjunto de las personas.
Opciones de tratamiento del existente régimen de conciertos.
En lo que hace a los centros concertados que no puedan o no quieran acogerse a un hipotético régimen de educación pública de gestión indirecta, hay tres opciones. La primera es dejar la situación como está, algo que sería cómodo, pero escandaloso. La segunda sería hacer desaparecer el régimen de conciertos existente, considerando que ha cumplido su función temporal y porque el desafío educativo social y demográfico que tenemos ante nosotros no necesita más tipologías que las que proporciona la educación pública de gestión directa o indirecta y la escuela privada; esta opción se enfrentaría con la necesidad de dotar de sólidos argumentos a la tesis de que la figura actual de escuela concertada no tiene espacio y función permanente y, además, con la de alcanzar una correlación sociopolítica de fuerzas que respalde y haga viable la propuesta. La tercera implicaría perfeccionar el régimen de conciertos realmente existente, eliminando abusos e irregularidades, de forma inmediata y sin posible demora, sin por ello obviar la reflexión sobre su posible evolución en una transición que, para llegar a ser, requeriría de apoyo sociopolítico y de tiempo.
Conclusiones
Lo que proponemos sería avanzar hacia un proyecto educativo, en el que coexistirían de forma coherente:
– Escuelas públicas de calidad de gestión directa de las administraciones públicas.
– Escuelas públicas de calidad de gestión indirecta de titularidad privada.
– Escuelas de titularidad y gestión privada.
Como transición, habría que perfeccionar y someter a control el actual régimen de conciertos, mejorando la garantía de que los recursos públicos invertidos sirven para garantizar el derecho a la educación, y no para fines mercantiles.
La educación pública de gestión directa e indirecta podrían cooperar en reivindicaciones (asignación insuficiente de recursos, estabilidad de equipos y proyectos, etc.) y luchar por sus objetivos reales (calidad educativa, inclusividad plena, condiciones dignas para sus trabajadoras, carrera docente, etc.), dentro de un debate educativo amplio y razonado, en el que hay que aspirar a que sea posible la colaboración entre quienes, aunque sean diferentes, comparten aspectos fundamentales.
Los titulares que reúnan las condiciones para aspirar a la nueva figura de escuela pública concertada saldrían del marasmo y la vulnerabilidad en que actualmente se mueven y pasarían a ser escuela pública sin dejar de ser concertada. Con todas sus consecuencias.
El riesgo de no hacerlo es anular lo que puede aportar a la educación la sociedad civil y abunda en una identificación entre lo público y lo meramente estatal que impide innovaciones políticas centradas en la gestión democrática de los bienes comunes. Esta reducción de lo público a lo estatal asume una visión sobre el Estado como un ente neutral y naturalmente centrado en el bien común, independientemente de quién gestione, errada en nuestra opinión.
La integración de la concertada en la pública (en el supuesto de que se dispusiera de la correlación de fuerzas y los recursos que permita plantearla y materializarla) sería la solución de la pereza y la facilidad porque sacrificaría la potencialidad de una colaboración público-social bien entendida entre diferentes (públicas de titularidad directa y de sociedad civil) basada no en competencia, sino en emulación y cooperación, con beneficios para todo el sistema educativo.
Por su parte, los centros privados, que deberán cumplir la regulación general, tendrían un campo específico nítido, sin sombra de competencia espuria procedente de centros concertados que, sin cumplir estrictamente las exigencias que se derivan de la condición de públicos, se benefician actualmente de la financiación pública.
En un escenario de estas características, la educación privada continúa teniendo su espacio como lo sigue teniendo la concertada, en cuyo seno los titulares que reúnan las condiciones exigidas podrán desarrollar sus proyectos educativos como escuelas públicas concertadas.
Es necesario un amplio debate político que hasta el momento no ha sido posible tener. En el marco del cambio global que afrontamos, no será el único campo en el que tengamos que buscar alianzas entre el Estado y la sociedad civil para resolver cuestiones directamente relacionadas con el cumplimiento de los derechos y la cobertura de las condiciones básicas de existencia. Creemos que negarlo o ignorarlo va en perjuicio del país y de quienes lo habitamos.
Ángel Martínez González-Tablas es economista, catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid.
Yayo Herrero López es antropóloga, educadora social y miembro del Patronato de FHHEM.
Acceso al artículo en formato pdf: Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España.
Si caza ratones, es un buen gato
Artículo escrito por Mariano Fernández Enguita y publicado dentro de la sección A FONDO del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.
El texto sopesa la cuestión de la escuela concertada a la luz de lo que Weber denominó la ética de los principios y la ética de las consecuencias, o de la convicción y de la responsabilidad y valora la situación de la enseñanza concertada en España estableciendo comparaciones con países de nuestro entorno.
Hay dos puntos de partida posibles para abordar la cuestión de la escuela concertada, dos enfoques que podrían identificarse con lo que Max Weber1 llamó la ética de los principios y la ética de las consecuencias, o de la convicción y de la responsabilidad.
El recurso a la ética de los principios identifica, de un lado, la escuela pública con los valores de igualdad y laicidad, incluso con el monopolio de la razón o el progreso, y, del otro, la escuela privada con los valores de libertad y responsabilidad, cuando no con los de la cristiandad; todo ello por parte de actores distintos y contrapuestos, a menudo abiertamente enfrentados. Ambos posicionamientos se pueden llevar al extremo, como cuando se reclama la escuela pública y única, suprimiendo la privada (y, por ende, la concertada), o la total libertad de elección de centro (no solo de privado sino también de público, directa o a través del cheque escolar, e incluso de no-centro, la educación en casa, también con cheque). Hay versiones suavizadas, lobos con piel de cordero, de estas políticas agresivas: en el lado estatalizador, someter a la concertada al principio de subsidiariedad, en el sentido de que solo debe financiarse en caso de que no haya al alcance ningún puesto estatal, y el Estado debe ocuparse de que siempre lo haya; en el lado privatizador encontramos la propuesta de atender con el presupuesto público a la demanda social, que podría expresarse antemano –fácil con un poco de mercadotecnia, como en el caso de la nueva concertada madrileña–, abriendo así la búsqueda de la distinción escolar y la espiral de la estratificación entre centros.
Lo más frecuente, no obstante, es una versión pragmática y un punto oportunista, en sus dos variantes, de esta ética de los principios: los defensores de la escuela pública no suelen objetar la escuela privada, de pago, sino simplemente la concertada; y los defensores de la libertad de elección suelen preferir una forma que sea, a la vez, un filtro, a través del pago en la escuela privada y del expediente o ambos, en la escuela pública (por ejemplo, los centros de excelencia y el bilingüismo madrileño).
La escuela concertada trata de aunar lo mejor de dos mundos, la seguridad –y, en muchos casos, la función igualitaria– de la estatal y la libertad –y, también en muchos casos, la función distintiva– de la privada, y eso le asegura la demanda por parte de las familias, pero también la hostilidad de los sectores puramente público y privado. Resulta elocuente que su legitimidad se viera cuestionada, no hace mucho, por un informe sobre las cuotas no siempre voluntarias impulsado por CEAPA y CICAE.2 Una confluencia inhabitual entre consumidores (CEAPA, familias de la escuela pública y, marginalmente, de la concertada más social) y patronal (CICAE, escuela estrictamente privada, de pago y no confesional), pero comprensible: los primeros quieren que todos los recursos públicos vayan a la escuela estatal; los segundos, eliminar lo que creen competencia desleal en un mercado distorsionado.
En mi opinión, una ética de la convicción enfocada a la escuela debe centrarse en principios como la igualdad, la inclusión y la equidad; el respeto a la diversidad y a libertad de conciencia; la convivencia y la preparación para la ciudadanía; para el desarrollo de las capacidades pertinentes con vistas una vida económica útil e independiente; para el alineamiento y la colaboración entre la escuela, la familia, la comunidad y la sociedad más amplia; la búsqueda de la calidad y la eficiencia, el afán de mejora y la apertura a la innovación, etc. No pretendo presentar con esto una lista cerrada, ni siquiera aproximada, de principios; solo señalar que no tienen por qué incluir ni la estatalización ni la privatización de la enseñanza, que solo deben ser contempladas como medios para perseguir esos fines, aun cuando se tenga una valoración muy distinta de los mismos, su idoneidad o sus consecuencias. Cuando se apuesta todo a la privatización o a la estatalización, como planteamientos axiomáticos a los que supeditar cualquier política, en realidad se oculta, bajo la grandilocuencia de los principios, intereses colectivos fáciles de adivinar: tras la apuesta incondicional por la privatización, el negocio, a ser posible desregulado; tras la apuesta por la estatalización, el confort y la seguridad del funcionariado; la punta de lanza, en tales casos, suelen ser, respectivamente, empresarios que ven un negocio fácil, a veces apoyados por políticos poco escrupulosos y ocasionalmente corruptos (recuérdese la Púnica), y docentes interinos hiperventilados y muy activos que capturan fácilmente unos sindicatos que a su vez han capturado en parte la escuela pública.
Por otro lado, el análisis de la realidad no debería centrarse en lamentar y denunciar la distancia entre esta y los principios (propios) sino esforzarse por verla y entenderla como tal, atendiendo a sus orígenes, a las fuerzas e intereses en presencia y a las opciones reales de cambio y permanencia, sus ventajas reales (no imaginarias) y sus eventuales costes sociales. Es un lugar común presentar a España como una excepción por las dimensiones de su sector privado y concertado, atribuirlo a la debilidad histórica del Estado y adjudicarle una amplia lista de nuestros males, en particular de la desigualdad educativa y social. Efectivamente, España presenta un alto porcentaje de escuela privada en general y más en su contexto: de acuerdo con los datos de UNESCO3 sería, en primaria, el vigésimocuarto país en porcentaje de alumnos la escuela privada (31,5% en 2018).4 Por delante solo estarían, en una veintena de miniestados y emiratos, India y Pakistán (dignos de mención por su población), Chile (experimento neoliberal desde hace decenios) y Bélgica (único país europeo, aparte de Malta). En la secundaria obligatoria (ESO) pasaríamos al puesto vigésimo sexto, con el 32,4%, superados también por el Reino Unido. Y, en la secundaria superior, caeríamos al cuadragésimotercero, con el 28,1% y también ya tras Indonesia, Venezuela, Japón, Francia y Argentina, entre otros.
El problema es que los datos españoles incluyen la escuela concertada en la privada, mientras que otros, por ejemplo, Estados Unidos o Países Bajos, lo hacen en la pública. En EEUU es el caso de las charter schools, centros de titularidad privada con financiación pública, sometidos a distintos entes –locales, municipales, estatales…– y regímenes de regulación, que los eximen de algunos requisitos de las escuelas públicas y los someten a alguna forma de rendición de cuentas, todo ello fijado en la charter (traducible como carta otorgada o documento fundacional, contrato o concierto). Quizá sea el caso más conocido y discutido, al menos en los ámbitos académico y político, por su pujanza y por la encrucijada de intereses y valores en que se inserta: organizaciones no gubernamentales, empresas del sector, sindicatos de profesores, autoridades políticas de distinto signo, iglesias varias, pedagogías alternativas y la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno toda actuación que favorezca o perjudique, directa o indirectamente, a cualquier confesión. El panorama europeo es distinto, pues las escuelas denominacionales o confesionales, gestionadas por entidades privadas, en particular religiosas, son consideradas públicas o estatales desde el momento en que se acogen, o son sometidas, a la normativa general y reciben fondos públicos que cubren el total o una parte sustancial de sus gastos ordinarios. Hay variedad de situaciones, no siempre fáciles de clasificar, pero podemos dar por bueno el resumen de Maussen y Bader:5 «Algunos estados (Austria, Bélgica, Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos) cubren prácticamente todos los costes (financiación plena), el modelo escandinavo (Dinamarca, Finlandia y Suecia) se caracteriza por subsidios amplios. También se da financiación parcial en otros países (v.g. Australia, Alemania, Hungría y países en los que la financiación pública depende de contratos, como en Francia o en España). Finalmente, unos pocos países no permiten todavía que las escuelas no gubernamentales reciban dinero público (ninguna financiación: Grecia, Bulgaria y la mayoría de los cantones suizos)».
Las máxima explicitud en la normativa comunitaria se produjo con la llamada Resolución Lüster (European Communities, 1984),6 adoptada por el Parlamento en marzo de 1984, en previsión de la inminente incorporación de España y Portugal. En ella se reitera el derecho de los padres a elegir centro educativo, la obligación del Estado de no dar preferencia a ninguna escuela, confesional o no, incluido «proporcionar las necesarias instalaciones para las escuelas estatales o privadas», y que «se exigirá a los Estados miembros que proporcionen medios financieros con los que este derecho [a la libertad de educación] pueda ser ejercitado en la práctica, así como dotar las ayudas públicas necesarias para permitir a las escuelas llevar a cabo sus tareas y desempeñar sus deberes en las mismas condiciones que en los correspondientes establecimientos estatales». Por si quedaba duda, añadía: «los arriba mencionados principios de la educación libre deberán ser plenamente respetados por España y Portugal al acceder a la Comunidad».
En los Países Bajos, la financiación de las escuelas denominacionales (religiosas) es un derecho constitucional desde hace siglo y medio y ampara no solo a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etc. (aunque ejercerlo no resulta igualmente fácil para todos) sino también a movimientos pedagógicos como Waldorf o Montessori. En general, un grupo de familias consigue financiación para una escuela si muestra un número suficiente, que su educación será distinta de otros modelos y que no se ofrece ya en un centro al alcance. El modelo liberal y pluralista de los Países Bajos resulta paradigmático, pero otros estados (Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda…) presentan políticas parecidas. Lo distintivo de España, en realidad, no es una gran cantidad de enseñanza privada o concertada, sino precisamente la inclusión de esta en aquella, cuando en otros lugares se considera pública; más aún lo es que la cuestión esté siempre en el centro del debate educativo y con la crispación que conocemos. En todo caso, la tendencia en Europa y en el mundo es el lento aumento de la escuela concertada con diversas fórmulas.7
Nótese también que ni siquiera la contraposición aquí habitual entre la equidad, de un lado, y la elección de centro o el régimen de conciertos, de otro, lo es en otros países. En EEUU se da la situación contraria, con mayor proporción de alumnos de minorías y de hogares de renta baja en las charter que en la pública.8 Por lo demás, el debate académico sobre las similitudes y diferencias en reclutamiento, métodos y resultados de las escuelas públicas tradicionales y las charter es y seguirá siendo intenso, pero el modelo fue aceptado y avalado desde el inicio por los sindicatos de docentes9 y tiene apoyo en un sector de la izquierda.10
La tendencia en Europa y en el mundo es el lento aumento de la escuela concertada con diversas fórmulas.
La contraposición entre escuela pública (estatal), privada o concertada, en suma, se resuelve mal desde la ética de las convicciones. Un punto de partida puede ser que una democracia necesita ciudadanos y debe, por tanto, formarlos como tales: «democratie c’est démopedie», escribió Proudhon;11 es decir, que el Estado tiene qué decir sobre la educación, desde garantizar el acceso suficiente por encima de las amplias, ubicuas y persistentes desigualdades económicas o de una eventual irresponsabilidad familiar hasta regular, de acuerdo con ello, sus aspectos generales (ordenación, contenidos básicos, titulaciones, habilitación del profesorado, etc.). Pero que el Estado garantice, financie y regule la educación no exige que la proporcione ni, por tanto, que se haga cargo de centros y profesores. Los incondicionales de la escuela estatal y la funcionarización –que suelen ser los profesores funcionarios, pero más aún los aspirantes– pueden no tener dudas, pero la fórmula hiperestatal de escolarización que heredamos de Francia (y de Prusia) nunca fue la única, pues en otros muchos entornos se buscó siempre que el Estado fuera el administrador (hoy diríamos regulador) y financiador (no siempre al completo), pero no el educador, una distinción que ya hizo Karl Marx ante la I Internacional. Y las fórmulas para que no lo fuera siempre han ido en el sentido de la descentralización, distribución o devolución de la autoridad educativa a instancias más próximas al beneficiario último: a las entidades municipales, a los centros escolares o, a través de la elección, a las familias.
Pero dejemos en su sitio principios y convicciones y bajemos a las consecuencias y la responsabilidad. El sitio de los primeros no ha de ser el ropero, como sugería otro Marx, Groucho –«Estos son mis principios y, si no le gustan… bueno, tengo otros»–, pero tampoco son axiomas de los que se deduzca fácilmente qué hacer. Para valorar la realidad de la educación en España hay que empezar por entender que, como en cualquier otro país del entorno, y más por nuestra historia reciente, no hay una escuela concertada (ni pública, ni privada), sino una amplia variedad; y, hasta donde pueda haber una, hasta donde sea posible generalizar sobre esos sectores como tipos ideales, abstrayendo sus diferencias internas, hay que comprender su origen y evolución. No pretendo ser exhaustivo, pero sí señalar algunas cuestiones cruciales.
Para valorar la realidad de la educación en España hay que entender que no hay una escuela concertada (ni pública, ni privada), sino una amplia variedad.
La primera se refiere a la escuela privada y será la única al respecto. Guste o no, lo mejor y lo más relevante de la innovación educativa a lo largo de un siglo muy agitado y variado políticamente ha venido, con diferencia, de ella: La Institución Libre de Enseñanza y sus secuelas, las Escuelas del Ave María, las escuelas racionalistas, la Escuela Nueva, por mencionar las experiencias de mayor alcance, más una larga lista de escuelas freinetianas (MCEP), milanianas, Waldorf, Montessori, unas pocas ikastolas, no pocas cooperativas, etc.12 No es que no haya habido innovación en la escuela pública, pues la ha habido y la hay, pero no la que correspondería a su peso, ni del alcance que promete su apología, ni con solildez y continuidad. Hoy asistimos a que la innovación más destacable en términos absolutos y relativos se da en la enseñanza concertada, seguramente porque en ella se combinan mayor autonomía de los centros, mayor coherencia de los proyectos, mayor peso y competencia de las direcciones, más presión directa o indirecta de su público y ciertos efectos de red positivos. No tendría que ser así, pero así es.
La segunda atañe a la escuela pública y se resume en que no ha estado a la altura de las expectativas. Por más que sus incondicionales se complazcan en señalar la igualdad de acceso y trato, ahí está la desigualdad de resultados, manifiesta en las elevadísimas tasas de repetición, fracaso y abandono, frente a las que no ha aportado nada especial, que no haya hecho el conjunto del sistema. Incluso en términos de oferta no es tan igualitaria como una descripción meramente administrativo-formal podría sugerir, como resulta manifiesto en la proliferación de centros-gueto (casi siempre públicos) y en la creciente importancia, percibida por las familias cada día con mayor claridad, de elegir un buen barrio para acudir a una buena escuela pública, en línea hacia lo que es común en países como los EEUU, Francia o el Reino Unido (una elección de centro por medio de la hipoteca),13 a los que miran con tanto arrebato como superficialidad los defensores incondicionales de la escuela pública. El discreto desempeño de la escuela pública requeriría un amplio análisis, pero me limitaré a señalar que en su base está su tardía y rápida expansión, primero en el tardofranquismo y la transición, y después en el periodo de despliegue de las autonomías y su asunción de las competencias educativas, lo cual trajo una cobertura apresurada de plantillas, una gestión relativamente clientelar y una fuerte captura sindical; y, como efecto final, la letanía que achaca todos los males a la falta de recursos, es decir, de profesores, sin otra solución que su aumento sin fin y sin contrapartida visible alguna.
La tercera concierne, en fin, a la escuela concertada, cuya realidad e imagen presentes no pueden entenderse al margen de su pasado. En primer término, la mayor parte de ella (más que la privada autofinanciada) es de origen religioso, católico, si bien no se debe tanto a la complicidad de la Iglesia con el Estado (aunque la haya habido, incluido el periodo infausto del franquismo) como a su independencia frente a él. Se suele olvidar que las iglesias de los países protestantes fueron en general de ámbito nacional (frente al Papado), de orientación nacionalista (frente al Imperio), a menudo financiadas, siempre estrechamente relacionadas y, en no pocos casos, formalmente subordinadas al Estado (las de Inglaterra y Dinamarca, todavía están hoy encabezadas por los respectivos monarcas, y fue el caso de Noruega, Islandia y otros); la paradoja es que esto facilitó, llegado el momento, su secularización. En países con mayoría o fuerte presencia católica, por contra, la Iglesia, fiel al Vaticano, y con ella sus escuelas, mantuvo, para bien o para mal, una mayor independencia del poder político, que en algún momento se convirtió en una suerte de pacto de no agresión: de ahí la fuerte presencia de la enseñanza privada, sobre todo concertada (en varios casos conceptuada y contabilizada como pública) en países como Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda, Francia o España. Añadamos que sistemas escolares sedicentemente aconfesionales actuaron en realidad identificados con una definición religiosa, como la paradigmática common school norteamericana, desde sus inicios vista y evitada por católicos, judíos y agnósticos como una escuela protestante, porque lo era aunque no se adscribiese a una denominación concreta.14
Dicho esto, ya podemos señalar las dos grandes carencias de la concertada: su cultura confesional y su sesgo social. Utilizo el adjetivo confesional en su sentido más estricto, no sinónimo de religiosa sino de adherida a, y al servicio de, una religión. No se califica de confesional a una religión, ni a una iglesia, ni a un creyente, por mucho que lo sean, sino a un Estado, una constitución política, un partido, un sindicato, una escuela, es decir, a instituciones públicas, o propias de la esfera pública, que, sin embargo, se adhieren a una religión y tal vez se subordinan a su jerarquía. Una mayoría de las escuelas concertadas en España son de origen católico y confesional, vinculadas a órdenes religiosas, a organizaciones como la HOAC, a la iniciativa de párrocos locales, etc., pero no pocas de ellas han roto esos vínculos orgánicos, abandonando o suavizando su confesionalidad, admitiendo alumnos y profesores de otra confesión o de ninguna, haciendo optativas enseñanzas y actividades religiosas y sin que por ello tuviera nadie, ni docente ni discente, que renunciar a sus propias creencias ni los centros mismos que hacerlo a las orientaciones más generales de sus proyectos educativos: la FUHEM misma es un ejemplo de ello, pero cabría citar conglomerados como la Escuela Profesional Politécnica de Mondragón, la Escola Agrícola L’Horta (que luego se convertiría en La Florida) y otras. En todo caso y sea cual sea su figura legal, una escuela que imparte enseñanzas obligatorias es una institución pública, en sentido fuerte (cualesquiera que sean su gestión y su titularidad) y, como tal, se debe a la sociedad; pero puede al tiempo, como bien sabemos, nacer de la iniciativa privada o social y servir a la opción educativa de un colectivo de familias. Esta aparente contradicción se resuelve con la distinción entre la enseñanza y el cuidado. Evito a propósito el término educación porque esta, en su sentido más amplio, comprende ambos y, en el más restrictivo, está presente en ambos, y utilizo el término enseñanza no en el sentido estrecho de docencia, sino en el más amplio con que hablamos de enseñanza reglada. Como institución pública, la escuela debe distinguir entre lo que es de todos y para todos y lo que es opción de una parte, por amplia que sea, y debe por tanto ser voluntario, aun si se acoge en la escuela o si inspira un proyecto sin dictarlo. Es lo que explicado con más detalle en un artículo al que remito, y cuyo título me parece resumen suficiente: «¿Religión? Sí en la escuela, no en la enseñanza».15
Para la sociedad, no obstante, una parte de las escuelas privadas y, con mayor razón, de las concertadas (por cuanto se supone, y así es en la mayoría de casos, que lo hacen con la misma cantidad de medios que las públicas, o incluso con menos), tiene el valor de constituir un campo de experimentación e innovación en el que direcciones más empoderadas, claustros más en sintonía, redes coordinadas de centros, públicos más identificados, ciertas tradiciones propias y la suave presión de un cuasi-mercado facilitan y estimulan iniciativas que, a día de hoy, encuentran toda suerte de obstáculos en la burocratizada escuela estatal. Dicho en breve: la escuela pública es más inercial, aunque no siempre, y la concertada es más innovadora, si bien tampoco hay garantía. Es una paradoja, casi cruel, que la escuela pública que tanto se expandió en el último tercio del siglo pasado, acompañada de grandes promesas de mejora, reforma, renovación e innovación, se haya convertido en un pesado aparato en buena medida anacrónico, mientras que la privada y concertada, que se vio identificada con el más rancio conservadurismo, sea hoy el terreno en que florece más y mejor innovación. Pero así es y de nada sirve negarlo en nombre de dogmas o principios. De hecho, la existencia y la iniciativa del sector privado y concertado actúan como estímulo para la innovación en el sector público, como siempre ha sucedido en España en el ámbito educativo.
Problema bien distinto es el del reclutamiento y composición social del alumnado en cada centro y entre centros, que surge en el desencuentro entre el objetivo político, colectivo, de formar una sociedad equitativa, igualitaria al menos en la base, y una ciudadanía cohesionada, y el anhelo particular de las familias por asegurar lo mejor y las mayores ventajas para sus hijos en cualquier ámbito y particularmente en el escolar, visto como palanca estratégica para la movilidad laboral, económica y social. Un desencuentro agudizado por los magros resultados en igualdad y equidad de las políticas educativas, frustradas por las divisorias económicas, culturales, territoriales, demográficas, de titularidad y otras, y por la desigual capacidad de las familias para fundamentar, elegir y acompañar la educación formal e informal de sus hijos, condicionada por su capital social, cultural y académico, además de sus recursos financieros. Este problema se manifiesta dentro de cada una de las redes escolares (de la púbica y de la concertada, no tanto dentro de la privada autofinanciada, toda ella privilegiada y cuyas diferencias internas no interesan aquí), pero también entre las redes pública (estatal) y concertada (privada). Es el problema siempre presente y reiterado de la sobrerrepresentación de inmigrantes, minorías, familias de bajos ingresos y alumnos con necesidades especiales (compensatorias) en los centros de titularidad pública. Es obvio que este desequilibrio se agita como coartada para las insuficiencias e inadecuaciones de la escolarización estatal y como argumento fácil para una demanda insaciable de recursos (más puestos de trabajo y menos horas por puesto), a menudo con lecturas simplistas y sesgadas de los datos. También lo es que no tiene por qué ser algo buscado ni inevitable, sino en buena medida el efecto no deseado, aunque tampoco evitado, de otros factores, como la cuantía de los módulos de financiación para los conciertos o la superación de la oferta de puestos concertados por la demanda, que deja fuera las matriculaciones en vivo. Pero no lo está menos que, sean cuales sean las causas, el desequilibrio existe y que estas se cuentan las estrategias deliberadas de las familias y, a veces, políticas deliberadas de los centros. No debería haber ni centros-burbuja ni centros-gueto, pero, a día de hoy, los hay, y los primeros sobreabundan mientras los segundos resultan excepcionales en la red concertada. Solucionarlo requiere una regulación más estricta e inteligente del reclutamiento por parte de las autoridades educativas, incluida la provisión de los medios necesarios, y una actitud más colaborativa desde los centros.
Con estas dos condiciones, la escuela concertada podría ser lo que debe ser, pero a veces es y a veces no: parte integral de la escuela pública.
Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense.
NOTAS
1 Max Weber, La política como profesión, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007 [1919].
2 GarlicB2B, Estudio de Precios de Colegios Nueva Concertada, Comunidad de Madrid, CICAE, 2018. Acc. 24/3/2021.
3 UNESCO Institute for Statistics (UIS), Education. National Monitoring: Distribution enrolment by type of institution, 2021, Acc. 23/3/2021.
4 Utilizo para el ordinal, la posición comparada, los datos de 2014, más completos (con más países), pero añado como indicador individual el porcentaje a 2018, último dato español en UIS.
5 Marcel Maussen y Veit Bader, «Non-governmental religious schools in Europe: institutional opportunities, associational freedoms, and contemporary challenges», Comparative Education, 51(1), 2015, p.8.
6 EC (European Communities), «Debates of the European Parliament, 1984-1985 Session Report of Proceedings from 13 to 16 March 1984 (Lüster Resolution)», 1984, acc. 24/3/2021; R. Lüster, Report, drawn on behalf of the Legal Affairs Committee on freedom of Education in the European Community, European Communities, 1983, acc. 24/3/2021.
7 C.L. Glenn y J. de Groof, «Educational Freedom and Accountability: An International Overview», en P.E. Peterson, The future of school choice, Stanford, Hoover Inst., 2002.
8 NCES, Digest of Education Statistics, Table 206.30, National Center for Education Statistics, 2017, acc. 23/2/2021.
9 Ted Kolderie, «Ray Budde and the Origins of the Charter Concept», página web de National Charter Schools Institute, 2 de julio de 2005, [consulta: 5 de abril de 2021].
10 Herbert Gintis, «The political economy of school choice», Teachers College Record, 96, (1995); Eric Rofes y Lisa M. Stulberg, (eds.), The emancipatory promise of charter schools: Toward a progressive politics of school choice, SUNY Press, Nueva York, 2004.
11 Pierre J. Proudhon, La révolution sociale démontrée par le coup d’état du 2 décembre, Garnier, París, 1852, p. 60.
12 Francisco Javier Pericacho, «Pasado y presente de la renovación pedagógica en España (de finales del Siglo XIX a nuestros días). Un recorrido a través de escuelas emblemáticas», Revista Complutense de Educación, 25(1), 2014; Santiago Esteban Frades,«La renovación pedagógica en España: un movimiento social más allá del didactismo», Tendencias pedagógicas 27, 2016.
13 Esta contradicción quedó manifiesta en el caso Iglesias-Montero, cuyo “proyecto familiar” incluía llevar a sus hijos a una escuela pública muy especial y, para ello, adquirir en la zona una vivienda cuyo diferencial de precio era incluso bastante superior a lo que habría sido el coste de su escolarización en la privada e inconmensurablemnete mayor que en la concertada.
14 Lloyd P. Jorgenson, 1987. The state and the non-public school, 1825-1925, Univ. of Missouri, St. Louis, 1987.
15 Mariano Fernández Enguita, «¿Religión? Sí en la escuela, no en la enseñanza», Cuadernos de Pedagogía 518, marzo de 2021.
Acceso al texto completo en formato pdf: Si caza ratones, es un buen gato.
¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy
Curso de verano:
¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy
30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021
Sala Polivalente de la Plaza Mayor, UAM
Dirección:
EVA BOTELLA ORDINAS
Profesora del Departamento de Historia Moderna, UAM.
CARMEN MADORRÁN AYERRA
Profesora del Departamento de Filosofía, UAM.
Este curso de verano discute los efectos de la gentrificación y turistificación sobre millones de personas en entornos urbanos (y por extensión, rurales) como uno de los grandes retos sociales contemporáneos desde múltiples disciplinas.
El curso proporciona claves para analizar transdisciplinarmente:
1. Los efectos de la turistificación y gentrificación sobre la vida de los habitantes de esos entornos urbanos (y en los rurales).
2. Cómo afectan estos procesos a su historia, a su memoria e identidad.
3. El impacto que tienen en sus modos de vida (vinculados a las identidades) ante la crisis socio-ecológica global, dada la existencia de múltiples interdependencias y eco-dependencias en esos espacios glocales y multi-situados.
Por la enorme implicación de la ciudadanía en estos procesos (que abarca desde acciones de movimientos sociales hasta la construcción de archivos de memoria, desde lo que se conoce como “ciencia ciudadana”), se incluye su participación mediante talleres que permiten discutir estas cuestiones tanto desde la transferencia científica como desde la ciencia ciudadana (con sus propias herramientas teóricas y desde la práctica cotidiana).
Dichas confluencias proporcionarán un intercambio enormemente enriquecedor tanto para el público (de todas las disciplinas y en general, toda la sociedad) como para los ponentes.
1 crédito ECTS
Precio del curso: 64 €
Más Información:
Universidad Autónoma de Madrid – UAM
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura
Oficina de Actividades Culturales Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Tel: (+34) 91 497 46 45
Twitter: @oac_uam
Facebook: Oficina de actividades culturales
PROGRAMA:
30 DE JUNIO
10:00-12:00 - Utopías y prospectiva en la actual crisis de civilización. Útiles para superar la ideología y las instituciones dominantes y reorientar la sociedad actual hacia horizontes ecológicos y sociales más saludables.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Profesor ad honorem en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid
12:15-14:15 - Historia y memoria urbana
EVA BOTELLA ORDINAS
Profesora del Departamento de Historia Moderna, UAM.
DAVID MORIENTE
Profesor Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM
16:00-18:00 - TALLER DE MEMORIA E HISTORIA
ANTONIO TERRASA LOZANO
Investigador Doctor en Historia en POSTORY-RL. UAM
JESÚS PINTO FREYRE
Profesor e investigador en formación del Departamento de Filosofía. UAM
18:15-20:15 - MESA REDONDA INTERDEPENDENCIAS Y ECODEPENDENCIAS
ADRIÁN SANTAMARÍA
Profesor e investigador en formación del Departamento de Filosofía. UAM.
BEATRIZ FELIPE
Investigadora Asociada al CEDAT-URV.
MATXALEN LEGARRETA
Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo social de la Universidad del País Vasco.
1 DE JULIO
10:00-12:00 - La frontera turística de la gentrificación: Estado y movimiento del alquiler turístico.
MARC MORELL
Investigador en el Departamento de Antropología Social de la Universitetet i Bergen
12:15-14:15 - Rural y urbano, ¿pasado y futuro?
ESTHER LORENZO
Profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología. UAM
ADRIÁN ALMAZÁN
Profesor en la Universidad de Deusto
16:00-18:00 - Gentrificación y turistificación
IVÁN MURRAY
Profesor Departamento Geografía UIB
JESÚS CARRILLO
Profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM
18:15-20:15 - MESA REDONDA TURISTIFICACIÓN, GENTRIFICACIÓN Y MODOS DE VIDA
RAQUEL LÁZARO VICENTE
Investigadora del Departamento de Historia Contemporánea. UAM
CARLOS VIDANIA
Licenciado y activista en Lavapiés en centros sociales autogestionados, redes vecinales, movimientos por el derecho a la vivienda y a la ciudad
SERGIO MARTÍNEZ BOTIJA
Investigador en POSTORY-RL
2 DE JULIO
10:00-12:00 - Necesitamos pensamiento extramuros
JORGE RIECHMANN
Profesor de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la UAM
12:15-14:15 - Sistema socioeconómico y crisis ecosocial.
SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA
Director de FUHEM Ecosocial
CARMEN MADORRÁN AYERRA
Profesora del Departamento de Filosofía, UAM.
16:00-18:00 - TALLER SOBRE ALFABETIZACIÓN ECOSOCIAL SESIÓN PRÁCTICA
PABLO ALONSO UAM
ADRIÁN ALMAZÁN
CARMEN MADORRÁN AYERRA
18:15-20:15 - CLAUSURA CON ARTE A CARGO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL CALATEA.
ENTREGA DE DIPLOMAS.
Acceso al Programa del Curso.
Entrevista a Khury Petersen-Smith
Nick Buxton entrevista a Khury Petersen-Smith en el número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre el movimiento Black Lives Matter.
Pasadas las elecciones presidenciales en EEUU, conversamos en diciembre de 2020 con el activista e investigador Khury Peterson-Smith sobre los retos y oportunidades que se presentan para el histórico movimiento Black Lives Matter bajo la presidencia de Joe Biden. Petersen-Smith es miembro del Institute for Policy Studies, donde desarrolla su actividad investigadora principalmente enfocada en la liberación negra, la solidaridad con Palestina y el fin del imperio estadounidense.
Nick Buxton (NB): El resultado de las elecciones americanas del 3 de noviembre ha supuesto un alivio para muchas personas dentro y fuera de EEUU. ¿Cuál es tu valoración?
Khury Petersen-Smith (KPS): Ciertamente acogí el resultado electoral con sentimientos mezclados. Por un lado, sentí cierto alivio porque la presidencia de Trump ha constituido un asalto frontal sin tregua durante cuatro años. Una de las tácticas clave de su mandato ha sido el continuo hostigamiento por sorpresa a sus oponentes, de forma que podía hacer tratos en los términos más beneficiosos para él. Así es como gestiona los asuntos inmobiliarios, su negocio, y así es como ha gestionado la política internacional y cómo gestiona la política nacional y se dirige a los movimientos sociales.
En su primera semana en la presidencia emitió la Muslim Travel Ban [Prohibición a Musulmanes de Viajar], [1] suprimió una página sobre derechos LGTB de la web de la Casa Blanca y poco después se produjeron arrestos masivos en Standing Rock, lugar de la resistencia indígena a un oleoducto en Dakota del norte, y la construcción del oleoducto se reinició. Es decir, hubo un ataque inmediato y continuo que se extendió durante cuatro años. De modo que efectivamente siento que ahora podemos respirar con alivio.
Sin embargo, no hay que olvidar que Biden era el más conservador de los candidatos Demócratas. Su compromiso es mantener la forma en la que los Demócratas han gobernado en las últimas dos décadas, lo que significa continuar con el neoliberalismo, la desigualdad, la represión de los migrantes, la extracción energética y el robo de la tierra a los pueblos nativos, y la guerra. Tengo una amiga que antes de las elecciones dijo que cuando pensaba en que Trump podía volver a ganar le daba pavor, pero cuando pensaba en que ganara Biden le daba depresión.
Tenemos que aceptar el hecho de que mientras que Biden ganó de forma incontrovertible en el voto popular, una cifra récord de personas votó por Trump. En 2016, el voto a Trump todavía se quedaba en el terreno de las hipótesis. Quizá podía saldarse como un experimento en el que probar qué podía pasar si un matón derechista y brutal, además de una personalidad mediática, se convertía en presidente. Pero ahora, cuatro años después de ver en acción a un fascista que abiertamente celebra los elementos más vergonzosos de este país –la confederación, el internamiento de los japoneses o el robo de tierra de los pueblos originarios– y alguien a quien le agrada gobernar por medio de la violencia, la hostilidad a la democracia y la coerción a todos los niveles, ya no se trata de una hipótesis. Y aun así, más de 70 millones de personas le votaron. Tenemos que asumir esto. Entonces, no puedo disfrutar del alivio del primer momento. Quizá tuvimos un momento de respirar aliviados, pero la situación revela elementos de conflicto profundos y que se extienden en el tiempo.
NB: ¿Qué ámbitos que se han dejado de lado durante la presidencia de Trump es más urgente retomar e impulsar?
KPS: Lo que resulta interesante de la presidencia de Trump es que, aunque haya podido ser horroroso, también ha puesto al descubierto cuestiones con hondas raíces que no eran visibles para mucha gente. Con Obama puede haber habido resistencia, principalmente el movimiento Occupy y Black Lives Matter, pero era como si existieran en paralelo a la Casa Blanca. Incluso Black Lives Matter no asumía qué significaba vivir bajo el mandato de un presidente negro en medio de una galopante violencia policial.
La política descarada de Trump, sin embargo, revela mucho más. Ciudadanía que era indiferente o no se daba cuenta anteriormente de las injusticias se encontraron mostrando su solidaridad con la comunidad musulmana; gente que tenía posiciones muy tibias o que era ambivalente hacia Black Lives Matter apoyaron el movimiento con decisión; aquellos que nunca habían desafiado la larga militarización de nuestra frontera con México denunciaron la existencia del muro y expresaron sus protestas ante el hecho de que se encerrara a niños y niñas. Por supuesto, también fue desalentador y difícil luchar bajo la presidencia de Trump porque no había muestras de que pudiera inducir cambios. De modo que lo que tenemos ahora es tanto la esperanza de que las cosas pueden cambiar con un sentido más amplio de lo que debe cambiar.
Me preocupa que Biden pueda cooptar a parte de esta necesaria resistencia con el resultado, por ejemplo, de que no presionemos tanto como deberíamos en torno a la justicia climática porque consideramos a Biden más receptivo. Sin embargo, no obtendremos resultados si no presionamos lo suficiente. La derrota de Trump no nos permite relajarnos. Todas las crisis que enfrentábamos bajo la presidencia de Trump continúan y se están agravando, de forma que los movimientos sociales deberán seguir activos.
NB: La muerte de George Floyd a manos de la policía constituye una manifestación más de la violencia sistémica de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía negra, y detonó una intensa movilización de Black Lives Matter.
¿En qué medida se pueden identificar rasgos novedosos en estas movilizaciones?
¿Qué elementos hicieron que esta vez las movilizaciones traspasaran los ejes raciales para extenderse a toda la sociedad estadounidense?
¿Qué poso puede quedar?
KPS: Black Lives Matter surgió en 2013 con el asesinato del joven de 17 años Trayvon Martin, de modo que llevamos siete años de lucha. Sin embargo, esta oleada de protestas de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd representa algo más profundo y más amplio. Podemos apreciar cómo ha madurado el movimiento a lo largo del tiempo.
En primer lugar, pienso que la gente que llenaba las calles este verano tiene mucha más consciencia de que no puede haber pequeños cambios o retoques cosméticos para rectificar la violencia policial. El sistema ha tenido una oportunidad durante varios años de responder imponiendo justicia en los casos de las personas que murieron a manos de la policía, cambiando el modelo de cómo ejercer las funciones policiales o confrontando el racismo que muestran los monumentos y banderas confederadas. Sin embargo, después de varios años, la policía sigue matando a personas negras y los monumentos siguen en pie. Esta es la razón por la que había tanta indignación en las protestas; no se restringía a la cuestión particular de la muerte de George Floyd o de Breanna Taylor sino que iba dirigida contra todo el sistema policial y las bases de este país en la esclavitud. Esto abrió un debate generalizado sobre la abolición y la retirada de fondos a la policía, y sobre los orígenes racistas del país. También condujo a protestas violentas que incluyeron destrucción de propiedades.
Otra cuestión inaudita fue el apoyo que obtuvieron estas protestas de la ciudadanía blanca. Vivo en Boston, una ciudad notoriamente racista, y sin embargo fue sorprendente ver tantos símbolos de Black Lives Matter en barrios blancos. Mucha gente sintió la necesidad no solo de afirmar que no son racistas, sino de movilizarse activamente a favor del antirracismo. En un momento dado, los sondeos mostraron que el 70% de la ciudadanía apoyaba las protestas, lo que no deja de sorprender dado el nivel de beligerancia de las protestas.
NB: ¿Qué hace falta para transformar estas protestas en un cambio estructural?
KPS: Nada más y nada menos que la refundación estructural de este país. El racismo no es solo un rasgo erróneo, desafortunado y pernicioso de la sociedad estadounidense; constituye la base de los cimientos del país. EEUU se formó a partir de una guerra genocida contra la población nativa y el sometimiento de la población negra como ciudadanía de segunda clase permanentemente, situada en la base social. Han pasado 400 años y todavía estamos esperando una igualdad real. Cada aspecto de la sociedad estadounidense está conformado por estos rasgos: las leyes, la educación, la policía, la geografía, los monumentos… está en todas partes. Cambiarlo supone poner patas arriba las nociones estadounidenses de propiedad privada, y de qué sociedad merece no ya la ciudadanía negra, sino la ciudadanía. Concretamente, una acción específica y directa de múltiples componentes sería la reparación a la ciudadanía negra no solo por la esclavitud y su legado, sino también por la continuada extracción de riqueza que observamos en la vivienda y en términos económicos en general. Esto se relaciona con una agenda redistributiva amplia.
NB: Antes has mencionado a Obama, durante cuyo mandato se incrementó la violencia policial sin obtener una respuesta adecuada por su parte. En aquel momento, su elección se entendió como un gran paso adelante hacia la justicia racial. ¿Por qué falló?
KPS: Obama goza de la reputación de ser un héroe progresista, y en cierto nivel tiene sentido. Fue sometido a un trato que ningún otro presidente había sido sometido debido al racismo, así que tiene sentido defenderle, pero sus políticas reales o su legado no son progresistas. Deportó a más migrantes que cualquier otro presidente, convirtió a EEUU en el “productor” de energía número uno a un coste elevadísimo para los pueblos nativos y el planeta, aumentó y expandió la guerra contra el terrorismo, y rescató a los bancos en lugar de a las personas. Ese es su legado. Debido a los años de Trump, mucho de lo que hizo Obama se ha olvidado. Sin embargo, incluso ahora interviene en el debate político desde una posición reaccionaria.
La última es la denuncia del eslógan de retirar los fondos a la policía. Y anteriormente este año, en el punto álgido de las protestas de Black Lives Matter, cuando los atletas profesionales en un gesto histórico rehusaron jugar y la NBA estaba a punto de ir a la huelga por el llamamiento de uno de los jugadores más famosos del planeta, LeBron James, Obama en lugar de apoyarlo, voló para reunirse con los jugadores y detener la protesta.
NB: Aunque Donald Trump ya es un “pato cojo”, es muy probable que el trumpismo persista durante largo tiempo.
¿Cómo interpreta la existencia de esta corriente?
¿Cuáles son sus raíces?
KPS: Las raíces del trumpismo se hunden en la historia reaccionaria de este país. El rechazo de Trump a admitir su derrota se asemeja al rechazo de los confederados a admitir su derrota en la guerra civil. Hay gente en EEUU que nunca aceptó la derrota en aquel conflicto, y son los predecesores políticos de Trump. También hunde sus raíces en el abrazo entusiasta del proyecto de asentamiento colonial. Se ha comparado a Trump con el ex presidente Andrew Jackson, un populista de derechas que asesinó con entusiasmo a los nativos americanos. Las raíces más contemporáneas descansan en una grave crisis social nacional en términos de empleo, precariedad y desigualdades. Buena parte de la ciudadanía ha perdido la seguridad económica que tenían hace 30 ó 40 años. Trump vendió la mentira de que podía recuperar el esplendor de aquellos días, pero nadie puede hacerlo. Por ejemplo, EEUU no puede volver a ser el centro manufacturero del mundo. No se asume honestamente que el momento de hegemonía política y económica estadounidense ha terminado.
La izquierda tiene que admitir que una parte de la ciudadanía encontrara atractivos los abusos de Trump a las mujeres, la infancia encerrada y los muros, así como las crisis económica y política que los sustentan, y el por qué la respuesta de la izquierda no se ha hecho oir. Muchos de los que votaron por Trump no habían votado antes porque sentían que el sistema es muy corrupto, cosa que es cierta, pero resulta trágico que la ciudadanía se incline hacia una demagogia derechista para abordar la corrupción. La izquierda tiene que construir una multiplicidad de visiones sobre el hecho de que todo el mundo merece vidas dignas pero basadas en la solidaridad, no en un mito de grandeza que depende del poder y el éxito de las elites.
NB: ¿Cuáles son actualmente las principales reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter?
¿Cuáles son los grupos más destacados de la sociedad civil organizada?
¿Y sus estrategias de lucha?
KPS: La fortaleza de Black Lives Matter descansa en sus campañas locales que demandan justicia para las familias. Ciertos asesinatos como el de George Floyd o Breanna Taylor adquieren relieve y apoyo nacional, pero hay otros tantos casos a escala local.
Una demanda unificadora de estas campañas es la de retirar los fondos a la policia –#defundthepolice– que en un futuro no se considerará radical, pero actualmente sí. Los presupuestos de la policía hasta ahora han sido sagrados, pero hay muchos lugares donde se han discutido cambios en la asignación de recursos. Los Angeles ha decidido reducir el presupuesto policial, Minneapolis incluso se comprometió a disolver la policía aunque después se retractó, los activistas de Seattle obtuvieron algunos compromisos, aunque se está retrasando su aplicación. El activismo se está dando cuenta de que llevará mucho más trabajo de lo que pensaban lograr estos cambios, pero incluso aunque sea así, ha suscitado conversaciones relevantes para reimaginar la sociedad sobre dónde invertir los recursos, qué podría reemplazar a la policía que respondiera a los problemas sociales porque actualmente se llama a la policía para responder a todo, y lo hace con violencia. Hay numerosos casos en los que personas negras en situaciones de angustia psicológica son respondidos por la policía con violencia en lugar de con apoyo médico.
Biden ya ha señalado que no está a favor de este movimiento. Una semana antes de las elecciones, la policía de Filadelfia asesinó a Walter Wallace, un hombre negro que atravesaba un episodio de angustia en una crisis de salud mental, lo que desató enormes protestas. Cuando preguntaron a Biden qué opinaba sobre las protestas, respondió que no hay excusa para el pillaje. No son buenos presagios sobre cómo va a actuar con la policía, y de hecho a lo largo de su carrera su solución a la violencia policial siempre ha sido aumentar el presupuesto, más policía y más formación. Será una dura batalla, pero el movimiento es fuerte y logrará que se implante cierta clase de rendición de cuentas.
Otra cuestión será la reparación. Algunas instituciones académicas han hecho gestos de reconocimiento. Harvard, Brown, Georgetown… instituciones elitistas que se han beneficiado de la esclavitud. Brown, por ejemplo, fue fundada por un capitán de barcos de esclavos. Hasta ahora, ha habido algunos compromisos de indemnizar a los descendientes de las personas esclavizadas y de ofrecer garantías a los estudiantes negros.
Todas las ciudades tienen su historia con diferentes formas de desposeer a la ciudadanía negra. En Boston se puso en marcha un programa nacional de renovación urbana que llevó a la destrucción de los vecindarios negros para construir nuevas carreteras. Este proyecto suscitó una fuerte resistencia, pero no antes de que se hubieran demolido 500 edificios en un barrio comercial negro que nunca se ha recuperado del todo. Necesitamos reparaciones a escala nacional, pero también necesitamos respuestas locales. Cambiaría mucho la situación si las instituciones responsables de destruir las barriadas compensaran a las comunidades negras.
Creo que lo que es emocionante y hermoso de estas conversaciones sobre la abolición y las reparaciones es que muestran que aunque las heridas son muy profundas, se pueden sanar. Hay una promesa real de redención y un futuro esperanzador.
¿Cómo sería la sociedad si cientos de miles de personas no estuvieran encarceladas, sino trabajando en las comunidades?
¿Cómo sería si los recursos para las prisiones se invirtieran en las necesidades de la gente?
¿Qué sería posible socialmente si se produjera ese tipo de reparación?
Nick Buxton es asesor de comunicaciones y colabora como redactor y coordinador de las comunidades de aprendizaje digital de Transnational Institute (TNI).
1 La Orden Ejecutiva 13769, bajo el título «Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States», de 27 de enero de 2017, recibe la denominación de Muslim Travel Ban por los detractores de la norma [N. de la T.]
Traducción: Nuria del Viso del equipo de FUHEM Ecosocial.
Acceso al artículo completo en formato pdf: Entrevista a Khury Petersen-Smith: de Black Lives Matter a la liberación negra.