Susana Fernández Herrero

Alternativas a la funesta manía de erigir muros

Las migraciones se han convertido no solo en un factor estructural de primer orden en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, sino en un complejo y permanente reto que requiere res­puestas políticas que las sociedades contemporáneas no siempre están en condiciones de proporcionar.

La formulación de planteamientos alter­rnativos a los marcados por la obsesión securitaria dominante no es, sin embargo, un capricho al que los Estados puedan renunciar alegre­mente, sino una necesidad perentoria.

El texto de Juan Carlos Velasco Arroyo, «Alternativas a la funesta manía de erigir muros» pertenece a la sección ENSAYO del número 153 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, págs. 101-112.

Marco de referencia: una globalización fronterizada

En su hornada más reciente, la globalización ha significado la emergen­cia de un marco compartido de movilidad a nivel planetario que modifica al menos en un triple sentido las condiciones materiales en las que los individuos abordan la aventura migratoria: en primer lugar, y dado el acusado sesgo neoliberal emprendido, atento a los intereses del capi­talismo financiero global, el proceso globalizador ha generado un con­siderable ensanchamiento de la brecha de rentas y salarios entre los diferentes países;1 en segundo lugar, en un mundo intensamente inte­rrelacionado, las imágenes que reproducen las redes y que reflejan la forma de vida de los países más prósperos llegan a los pueblos más re­motos y pobres del planeta haciendo aún más evidentes las disparida­des de ingresos y oportunidades;2 y, por último, la mejora y el abaratamiento de los medios de transporte han pulverizado las distancias, facilitando así sensiblemente la movilidad internacional.3 No es difícil colegir que cuanto más reducido se vuelve el mundo en el aspecto comunicativo y mayor es el contraste entre el nivel de bienestar y el de supervivencia, más probable es que los habitantes de los países más desfavorecidos valoren la opción de migrar como posibilidad real a tener en cuenta.

Migrar ha sido desde siempre una forma de responder y adaptarse a las cambian­tes condiciones del medio ambiente y a los desafíos generados en el interior de los espacios sociales. Y esto sucede también en nuestros días. Para los innume­rables perjudicados por la globalización, la migra­ción se presenta como una vía rápida de acceso a sus posibles beneficios. Son cada vez más quienes se ven expulsados de sus lugares de origen y se ven impelidos a arriesgar sus vidas a través de pe­ligrosos desplazamientos. Esto es lo que les su­cede a quienes habitan en lugares que en las últimas décadas se han desertificado, se han vuelto superficies inundables, o bien, a quienes moran en tierras asoladas por la violencia;4 pero, también a quienes viven en países relativamente prósperos y ven que los trabajos para toda la vida se extinguen (a causa de la desindustrialización, de la robotización o de las deslocalizaciones), las prestaciones sociales menguan o las pensiones pare­cen estar en peligro.

Las fronteras se tornan en dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos

La creciente integración mundial de las distintas economías nacionales no ha ve­nido acompañada, sin embargo, de una integración social y económica efectiva de los habitantes del planeta. El resultado es una situación paradójica que puede ser caracterizada como globalización fronterizada, cuando no amurallada. Las fronteras se tornan en dispositivos de reproducción de las desigualdades globales que limitan las oportunidades vitales de los individuos.5

Los muros como improbable panacea

El principio de la inviolabilidad de las fronteras es un presupuesto en el que se apo­yan las teorías políticas hegemónicas y en su nombre los Estados quedan inmuni­zados ante cualquier crítica a los medios que puedan emplear para contener los flujos migratorios y poner remedio a los temores de la sociedad, medios como, por ejemplo, el cierre de fronteras, el internamiento de inmigrantes indocumentados o la erección de barreras. De los discursos se ha pasado a los hechos y no son pocos los Estados receptores de inmigración que han construido aparatosos muros y han tendido vallas a lo largo de miles de kilómetros de fronteras (más de 18.000, según diversas estimaciones). La materialidad de esos muros fronterizos se impone, sin embargo, con tal fuerza que algunas de las controversias políticas contemporáneas más encendidas pivotan sobre su reaparición y su posible justificación.

En el transcurso de las últimas décadas del siglo XX, muchas fronteras dejaron de ser evanescentes rastros sobre el territorio. Un considerable número de Esta­dos decidieron fortificar esas sutiles marcas con muros intimidantes. Esa tendencia se ha consolidado en las primeras décadas del siglo XXI y los muros se han con­vertido en uno de los emblemas más reconocibles de la época. Son muchas las fronteras terrestres que han adquirido forma material mediante la instalación de ciertos elementos de contención, que pueden variar desde una simple alambrada hasta una auténtica muralla: «Concertinas, detectores de movimientos, vallas elec­trificadas y bloques de hormigón asoman por el horizonte y se extienden por el paisaje a lo largo de cientos de kilómetros».6

En estos casos, las fronteras han sido readaptadas con el objetivo de dotarlas de operatividad desde el objetivo de la seguridad: reforzadas arquitectónicamente mediante muros, vallas y fosos que impiden o dificultan su traspaso; tecnológica­mente, a través de sofisticados sistemas de control y vigilancia, que pueden incluir vuelos de observación y drones de última generación equipados con cámaras; e incluso militarmente, mediante cuerpos policiales equipados a veces con arma­mento bélico. En la práctica, con la construcción de diversos tipos de impedimen­tos físicos se entrecruzan distintas estrategias que, ante la afluencia de personas, tratan de impermeabilizar, retardar y/o contener.7

Lo peculiar de estos nuevos dispositivos de contención es el propósito con el que se han erigido: impedir el tránsito de personas desarmadas

Más allá de constituir un modo ostensible de reafirmar la frontera sobre el terreno, lo peculiar de estos nuevos dispositivos de contención es el propósito con el que se han erigido: no para detener el avance de ejércitos enemigos, como sucedía con la Gran Muralla o el Muro de Adriano –dos por­tentosas construcciones que, aunque en su mo­mento no cumplieron las misiones que les fueron encomendadas, resisten el paso de los siglos–, sino para impedir el tránsito de personas desarmadas que tratan de huir de la pobreza, las persecuciones, las guerras o los desastres naturales. Pervive, eso sí, la necesidad de resguardar el territorio de los “bárbaros”, aunque por razones de oportunidad ahora se les asigne el rostro de “refugiados”, de “migrantes sin papeles” o incluso de “terroristas”, especialmente a partir de los atentados a las Torres Gemelas en 2001, cuando se reforzó la perversa asociación migrante-delincuente-terrorista.

Aunque pocas veces alcanzan realmente los objetivos perseguidos, los muros no impiden la travesía migratoria: la dificultan, eso sí, y la vuelven mucho más com­pleja y costosa, cobrándose una inmensa cantidad de sufrimiento, además de una infinidad de vidas. El coste en términos de derechos humanos sería, sin duda, lo primero por lo que cualquier democracia que se precie debería velar.

Cambiar de país, la nueva utopía

El estado de profundos desequilibrios del que adolece el planeta hace que la mi­gración sea un fenómeno llamado a mantenerse, cuando no a intensificarse. Ante las evidentes injusticias y los desajustes sociales a nivel global, la migración se presenta ciertamente como una tentadora posibilidad.8 Quienes optan por esta vía, emprenden la marcha tras un complejo proceso de decisión personal, no exento de dolorosos desgarros. Ello no impide, sin embargo, que a veces los desplaza­mientos se produzcan de manera colectiva, como sucede, por ejemplo, con las ma­sivas caravanas de migrantes que en otoño de 2018 recorrieron Centroamérica en dirección al Norte, en una suerte de nuevo éxodo en busca de la tierra prometida.9

Sea de un modo o de otro, para muchos parias de la globalización hoy la utopía más atractiva ya no es cambiar el sistema político y económico del país en el que viven, sino cruzar las fronteras y cambiar de país.102 Tras el colapso de las utopías sociales y de las grandes narrativas de emancipación, este nuevo tipo de revolución en pequeña escala no requiere de movimientos sociales ni de grandes líderes para alcanzar su objetivo. Su motor no es otro que la situación de permanente distopía en la que se desenvuelve la vida de tanta gente. No se inspira en imágenes del fu­turo diseñadas por ideólogos, sino en imágenes proporcionadas por diversos cana­les de comunicación sobre la vida al otro lado de la frontera, así como en los innumerables mensajes que los particulares trasladan a través de las redes sociales. La gente compara sus vidas no con las que llevan sus vecinos, sino con las de los habitantes de los países más ricos del planeta o con quienes disfrutan de un eco­sistema mucho más propicio (dos situaciones que, aunque dispares, no es infre­cuente que vayan de la mano).

Con harta frecuencia, quienes persiguen esta pequeña utopía de cambiar de país se topan literalmente con las puertas cerradas y los sueños se convierten en pesadillas. Aunque la propia dinámica de la globalización supone la supresión de las fronteras estatales o al menos el desdibujamiento del papel que tradicionalmente se les atri­buía, hoy en día estas siguen siendo líneas en la superficie terrestre en donde tiene lugar la clasificación entre flujos deseables e indeseables, entre bienes y seres hu­manos, a través de dispositivos físicos o administrativos. De ahí que muchos de los que sueñan con cambiar de país se encuentren con incomprensión y rechazo. Ante ese panorama, cabe preguntarse si los Estados más prósperos y seguros están le­gitimados para restringir la libertad migratoria que le asiste a cualquier ser humano.

Un posible modelo de gobernanza multilateral de las migraciones

Durante el siglo XIX, países como Estados Unidos, Canadá, Argentina o Australia mantuvieron abiertas sus fronteras y forjaron su prosperidad gracias básicamente a la impagable contribución de inmigrantes venidos del mundo entero y, muy es­pecialmente, de Europa. Tras la Primera Guerra Mundial se puso fin a la era del laissez-faire en lo que respecta a las migraciones internacionales.11 Si hasta las primeras décadas del siglo XX abundaban los países que favorecían la inmigra­ción, en el siglo XXI, por el contrario, los migrantes se confrontan con canales mi­gratorios regulares cegados en la práctica. Ante este panorama, el pensamiento hegemónico insiste en señalar que así es como se hacen las cosas y que no hay alternativa, un reiterado mantra supuestamente realista. Hay, sin embargo, vías prácticas que se pueden y se deben explorar para avanzar hacia una mayor libertad migratoria o, dicho de modo, hacia una liberalización de las restrictivas leyes de migración vigentes en gran parte de los ma­yores países receptores. A continuación se señalarán dos posibles: una ya está esbozada por medio de acuerdos internacionales; la otra, por su parte, implica un cuestionamiento de con­vicciones arraigadas en el denominado sentido común.

Para muchos parias de la globalización, hoy la utopía ya no es cambiar el sistema político y económico, sino cruzar las fronteras y cambiar de país

Vamos con la primera. Precisamente porque hasta ahora cada Estado se ha en­frentado al desafío migratorio por su cuenta y riesgo, resulta urgente encontrar una respuesta interestatal coordinada que permita disponer de un marco global al que remitirse. La evidencia nos muestra que ningún Estado, por muy soberano que sea, es capaz de controlar y gestionar todas las variables de un fenómeno tan complejo. La necesidad de cooperación cae por su propio peso. De ahí, que, pese a las evidentes dificultades, en la esfera internacional se haya avanzado en los últimos años en algunos consensos mínimos acerca de cómo ofrecer un marco desde el que abordar de manera comprensiva el fenómeno migratorio. En este sentido, probablemente el paso más alentador sea el acuerdo multilateral rubri­cado en Marrakech en 2018 por parte de 163 países: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), un texto que poco después fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 73/195).12

El PMM se articula sobre dos presupuestos básicos: el primero, la primacía de los derechos humanos en la gestión de movilidad internacional; el segundo, la consi­deración de la migración como un factor clave de desarrollo. El propósito principal no es otro, como expresa el propio título del Pacto, que el de establecer canales para la inmigración legal y ordenada, más concretamente: «Aumentar la disponi­bilidad y flexibilidad de las vías de migración regular». La identificación de este propósito es todo un acierto. Es además crucial en un momento en el que los go­biernos tienden cada vez más a perseguir y criminalizar no solo la migración irre­gular, sino incluso el auxilio prestado por particulares a los migrantes en estado de necesidad –lo que implica, por ejemplo, subvertir la legislación internacional sobre el deber de auxilio en el mar–, todo ello sin ofrecer como contrapartida unos canales seguros y previsibles que permitan a la gente poder migrar. Si los países desarrollados precisan de un número cada vez mayor de mano de obra extranjera para que sus economías resulten sostenibles y paliar el envejecimiento de la po­blación, un mínimo de sentido común exigiría que la migración no fuera obstacu­lizada, sino más bien encauzada. El Pacto va sin duda a contracorriente de los vientos políticos sumamente restrictivos que, como se ha señalado antes, corren en los países más desarrollados.

Resulta urgente encontrar una respuesta interestatal coordinada que permita disponer de un marco global para las migraciones

El PMM, que tiene poco de revolucionario, representa un primer paso para un con­trato social internacional en el campo de la gestión de las migraciones.13 Además de proporcionar a los Estados un banco de ideas para sus políticas migratorias, con él se configura un marco de cooperación no vinculante jurídica­mente. El PMM consagra el principio de la sobera­nía de los Estados, que no cuestiona, pero esta rémora probablemente representa una importante ventaja en la medida en que lo convierte en un planteamiento de corte eminentemente realista. Esta virtud se ve acentuada por su explícito reconocimiento de que la gobernanza de las migraciones no está al­cance de ningún Estado por separado, así como de la inutilidad de una política migratoria dirigida exclusivamente en la contención de los flujos. Unos de los ob­jetivos explícitos del PMM es lograr amplificar los beneficios de la migración a todas las partes, tanto a los propios migrantes, como a los países emisores y re­ceptores.

Migraciones y distribución global de la riqueza

Aunque cabe poner en tela de juicio que la migración sea siempre el medio más eficaz para que los más desfavorecidos puedan beneficiarse de una redistribución efectiva de la riqueza en igualdad de oportunidades, es claro que migrar constituye uno de los pocos recursos que tienen disponibles sus protagonistas para mejorar sus condiciones de vida.14 En un escenario social cada vez más globalizado, el esfuerzo migratorio muy probablemente sea el que más réditos ofrezca a los indi­viduos en la aventura de la movilidad social, muy por encima de los procesos in­ternos de movilidad social ascendente a través de la educación, el trabajo y los cambios en el modelo redistributivo y de acceso a los bienes.

Las diferencias de renta dentro de cada país, que en muchos casos son suma­mente significativas, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los diversos países.15 La división del mundo en Estados separados por fronteras tiene una repercusión directa en el acceso efectivo a bienes y recursos y, en defi­nitiva, en el grado de bienestar. Dicha división del planeta incide decisivamente en la distribución de las oportunidades vitales de las personas y este hecho no guarda relación alguna con los méritos que los individuos agraciados o perjudica­dos puedan acreditar. Nacer hoy, por ejemplo, danés o suizo es como tocarle a uno la lotería para toda la vida, pues en gran medida tendrá su futuro resuelto.16 Por el contrario, muchas personas empiezan la vida con la soga al cuello por el mero hecho de haber nacido en un determinado país. También entre países fun­ciona el llamado efecto Mateo.

Dado que nadie acepta ser víctima de una pura mala suerte (esto es, de hechos azarosos que ni ha elegido ni ha provocado con sus propias acciones), mientras otros resultan beneficiados por esa misma circunstancia sin que medie ningún tipo de compensación, la implementación de algún tipo de medida reparadora ha de ser considerada una práctica justa. Si bien nadie elige dónde o en qué lado de una frontera nacer, sí que le debería caber a cada cual la posibilidad de elegir dónde vivir y, de este modo, compensar unas eventuales malas cartas.17 Eso, sin embargo, solo está a disposición de algunos: de aquellos que, en virtud de su na­cionalidad, disponen del azaroso privilegio de estar en posesión de un pasaporte que les abre el paso a través de las fronteras para moverse sin apenas cortapisas. Es en este contexto donde puede plantearse la libre circulación de personas como una cuestión de justicia para todos.

La libre de circulación se topa en nuestros días con una infinitud de barreras y, pese a ello, una parte considerable de la opinión pública de los países receptores considera que las migraciones están fuera de control. En cierto sentido es una opinión acertada. Actualmente, los movimientos transfronterizos de personas son inseguros, irregulares y desordenados, pero lo son precisamente porque apenas existen vías regulares y previsibles para aquellos que emprenden la aventura mi­gratoria, quienes a menudo se ven sometidos a condiciones de trabajo degradan­tes y a constantes violaciones de sus derechos básicos como personas. La explotación y los abusos de los que son objetos tienen su comienzo en la falta vo­luntad para proporcionarles identidad legal y documentación básica que les per­mita salir de la situación de irregularidad.

Abrir las fronteras es de justicia

Para quebrar estas perniciosas dinámicas tan firmemente asentadas, se requiere, sin duda, introducir un elemento disruptivo en el discurso hegemónico sobre polí­ticas migratorias; esto es, un tipo de argumento que rompa con las inercias men­tales y que haga replantear las rutinas en esta materia. De ahí la indudable relevancia práctica de llevar a la esfera pública el debate sobre la posibilidad de abrir las fronteras. Precisamente porque para muchos biempensantes mentar esa posibilidad no es sino un anatema, cuando no un signo de radicalismo irrespon­sable o de idealismo blandengue,18 «el objetivo del argumento de las fronteras abiertas es desafiar la complacencia, hacernos conscientes de cómo las prácticas democráticas rutinarias en inmigración niegan la libertad y ayudan a mantener la desigualdad injusta».19

En gran medida, la propia idea de una apertura de fronteras representa un espejo invertido del terreno real en donde se desarrollan a diario las políticas migratorias con sus efectos nocivos –incluso a veces letales– para tantas personas. La pro­puesta no es sino una invitación a imaginar un mundo en el cual las fronteras re­presenten, como norma habitual, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana. Se trataría, pensando ahora de una manera más concreta, de imaginar un mundo en el cual, aunque no se descartasen restricciones coyunturales al tránsito fronterizo en circunstancias especiales, tales restricciones estu­vieran convenientemente tasadas para impedir la discrecionalidad gubernamental y evitar que dicha posibilidad dé pie a limitaciones desproporcionadas de la libertad de movimiento; libertad que, en todo caso, tendría que constituir la regla general, de modo que aquello que es meramente pensado como excepcionalidad no se convierta en normalidad.

Con la propuesta de abrir las fronteras no se trata de perfilar un mundo perfecto, un paraíso en la Tierra, sino simplemente pretende señalar una vía para evitar, o al menos minimizar, los grandes y constantes males generados por la obsesión de control, en la cual está atrapada la mayoría de los Estados contemporáneos. Es una propuesta centrada fundamentalmente en la prevención de los daños provocados por ese irracional afán controlador dirigido a excluir a los desheredados.

Si se considera que las profundas desigualdades globales son ominosas y que han de ser reducidas de manera significativa, si se considera que establecer unos ciertos parámetros mínimos de justicia distributiva entre las distintas partes del planeta no es solo un objetivo deseable, sino un deber de justicia, entonces, ex­plorar la posibilidad de eliminar las restricciones injustificables a los desplazamien­tos migratorios no es una opción que pueda ser desechada sin ofrecer cumplidas explicaciones. Eso es así porque la apertura de fronteras –no su supresión sin más, pues no hay ningún reclamo de justicia que impida que persistan como demarcaciones territoriales de entidades estatales independientes– se presenta como un modo efectivo de asumir las responsabilidades ante los más desfavore­cidos de este mundo cada vez más interdependiente.

Se trata de una invitación a imaginar un mundo en el cual las fronteras sean, como norma, un dispositivo irrelevante en términos de movilidad humana

Durante mucho tiempo las observaciones y análisis sobre la libertad de desplaza­miento transfronterizo eran prácticamente «inaudibles». Algo ha ido cambiando y cada vez se hacen oír más voces críticas. La que modestamente se vierte aquí pretende ser un instrumento para contrarrestar las actuales políticas de amuralla­miento en el mundo y los intentos de arresto domiciliario de las poblaciones del Sur global. Se trataría de pensar las fronteras de otro modo y, sobre todo, de ges­tionarlas de manera más razonable, lo que muy probablemente implique crear un marco institucional adecuado.

Una buena frontera es «la mejor vacuna posible contra la epidemia de los muros».20 Lejos de ser una barrera, una buena frontera moderna y civilizada es una frontera abierta, pero controlada.21 Se trata, en definitiva, de establecer un ré­gimen migratorio que canalice y regule las migraciones para que sean más segu­ras y respetuosas con los derechos humanos. Una apertura de fronteras no sería la panacea a todos los problemas que aquejan a nuestro mundo actual, pero sí que serviría, al menos, para desafiar la indulgente satisfacción de las sociedades occidentales y mitigar las injusticias que sufren cientos de millones de personas.

Juan Carlos Velasco Arroyo es Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Actualmente es el Investigador Principal del proyecto “Fronteras, democracia y justicia global” (PGC2018-093656-B-I00).

NOTAS:

1 Bruno Latour, Dónde aterrizar. Cómo orientarse en política, Taurus, Madrid, 2019, p. 11.

2 Donatella Di Cesare, Extranjeros y residentes, Amorrortu, Buenos Aires, 2019, p. 95. Como sos­tiene Branko Milanovic (Desigualdad global, FCE, México, 2017, p. 167): «el número potencial de migrantes ha aumentado debido a un mejor conocimiento de las diferencias de ingresos entre naciones».

3 Claire Rodier, El negocio de la xenofobia, Clave Intelectual, Madrid, 2013, p. 13.

4 Saskia Sassen, «La pérdida masiva de hábitat», Iglesia viva, núm. 270, 2017, pp. 11-38.

5 Juan Carlos Velasco, «Hacia una visión cosmopolita de las fronteras. Desigualdades y migraciones desde la perspectiva de la justicia global», Revista Internacional de Sociología (REIS), núm. 78(2): e153, 2020 (https://doi.org/10.3989/ris.2020.78.2.19.006). La desigualdad de riqueza no solo genera desigualdad de opor­tunidades, sino también existencial, reflejada en el riesgo de padecer las patologías de la pobreza y también, a la postre, de morir prematuramente. Ello tiene también su correlato a escala global: así, la esperanza de vida de una persona nacida en un país rico y desarrollado y la de otra nacida en un país pobre pueden llegar a diferir en más de veinticinco años (Göran Therborn, La desigualdad mata, Madrid, Alianza, 2015, pp. 17-28).

6 David Frye, Muros. La civilización a través de sus fronteras, Turner, Madrid, 2019, p. 290.

7 Antonio Giráldez López, «Cambios arquitectónicos en la Frontera Sur de España», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 122, 2019, pp. 61-83.

8 Jürgen Habermas et al., «Declaración de Granada sobre la globalización», El País, 6 de junio de 2005.

9 Carlos Sandoval, «La caravana centroamericana», Migraciones. Reflexiones cívicas, 2018.

10 Ivan Krastev, «Un futuro para las mayorías», en Santiago Alba et al. (eds.), El gran retroceso, Seix Barral, Barcelona, 2017, pp. 165-166.

11 John Torpey, La invención del pasaporte, Cambalache, Oviedo, 2020, pp. 227-242.

12 ONU, Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 2018.

13 Lorenzo Cachón y María Aysa-Lastra, «El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: un contrato social internacional», Anuario CIDOB de la Inmigración, 2019, pp. 84-95.

14 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: movilidad y desarrollo humanos. Mundi-Prensa, Madrid, 2009.

15 Branko Milanovic, Los que tienen y los que no tienen. Alianza, Madrid, 2012, p. 132.

16 Ayalet Shachar, The Birthright Lottery, Harvard U.P., Cambridge, MA, 2009.

17 Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras, FCE, México, 2016.

18 Alex Sager, Against Borders: Why the World Needs Free Movement of People, Rowman & Littlefield, Lanham, MD, 2020.

19 Joseph H. Carens, The Ethics of Immigration, Oxford U.P., Oxford/New York, 2013, p.

20 Régis Debray, Elogio de las fronteras, Gedisa, Barcelona, 2016, p. 96.

21 Michel Foucher, Le retour des frontières, CNRS, París, 2016, p. 8.

Acceso al artículo en formato pdf: Alternativas a la funesta manía de erigir muros.

by Susana Fernández Herrero

Lectura Recomendada: El planeta inhóspito

El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento

David Wallace-Wells

Ed. Debate, Barcelona, 2019 253 págs.

Reseña de Meritxell Balada, Paula Estrada y Joan Freixa - Universidad Autónoma de Madrid publicada en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 149, primavera 2020, págs. 159-163.

El nuevo mundo en el que nos adentramos será tan ajeno al nuestro que bien podría tratarse de otro planeta distinto (p. 247).

Con esta afirmación, David Wallace-Wells nos presenta el sombrío panorama que puede depararnos el futuro si no reaccionamos ante la emergencia climática. El periodista neoyorquino y editor adjunto de la revista New York Magazine, especializado en la divulgación científica y, más concretamente, en el ámbito del cambio climático, procura abrirnos los ojos frente al inminente porvenir que puede culminar en un planeta inhóspito.

Pero llama la atención la traducción de un inhabitable (no habitable, en el título del original inglés), vertido como inhóspito (poco acogedor, en la edición española). Una manera de interpretar esta opción sería creer en un desplazamiento desde una perspectiva antropocéntrica a otra más más ecocéntrica (entendiendo que, aunque no sea el caso de los seres humanos, muchas otras especies sobrevivirán). Mas quizá se trate, simplemente, de que nos resulta difícil mirar la dura realidad de frente y preferimos dulcificarla: justo lo contrario de la actitud que defiende el autor en esta obra.

Wallace-Wells ha construido su libro a partir de un número ingente de papers y textos científicos sobre la crisis climática, logrando una puesta al día muy valiosa para el público general. Cabe hacer énfasis en una de las ideas clave: El planeta sobrevivirá por muy terriblemente que lo envenenemos (p. 252).

El autor reitera numerosas veces su tesis principal: No es una pregunta para las ciencias naturales, sino para las ciencias humanas (p. 57). Es decir, nos encontramos ante una doble capa de incertidumbre respecto a lo que nos depara el futuro: la primera concierne a los desequilibrios biofísicos que inducimos en el sistema Tierra, mientras que la segunda, más decisiva, corresponde a la humanidad y a su respuesta.

En la primera mitad del libro, se muestra cómo el cambio climático se ve plasmado en una sucesión de “cascadas”, es decir, fenómenos climáticos realimentados entre ellos que están alterando y alterarán drásticamente el mundo que conocemos. Desde los fenómenos más conocidos (como la subida de las temperaturas) hasta los menos considerados (como los conflictos bélicos), las realimentaciones de estas cascadas ocurren paralelamente en el tiempo. Pese a que Wallace-Wells nos presente previsiones de los efectos de realimentación, la incertidumbre la sitúa en la velocidad del cambio, más que en su magnitud.

El origen de las cascadas podría reducirse a un aumento acelerado de la temperatura promedio global. Su causa, principalmente, son los gases de efecto invernadero (GEI), resultado de décadas de consumo desmesurado a raíz de una industrialización beneficiada por la quema de combustibles fósiles.

La consecuencia más obvia de este calentamiento es la “muerte por calor” (p. 53). En un mundo recalentado, el clima, especialmente las olas de calor, se tornaría extremo hasta llegar incluso a causar muertes por estrés térmico. Muchas ciudades se volverían casi inhabitables por el calor (un efecto intensificado por la densidad poblacional y por las infraestructuras urbanas que lo atrapan en “islas de calor”). Asimismo, este calentamiento incrementaría el riesgo de incendios forestales. En estos casos la vegetación perdería gran parte de la capacidad de absorción de CO2 y no solo no lo absorbería sino que, al quemarse, lo liberaría. Esto reforzaría el incremento de temperatura.

Otro ejemplo de realimentaciones: más cenizas procedentes de los incendios (p. 85) se depositarían sobre el Ártico, ennegreciendo los hielos, que pasarían a absorber más calor de los rayos del Sol, derritiéndose. Se incrementaría el deshielo del permafrost ártico, que contiene enormes cantidades de metano; si estas se liberaran, aumentaría drásticamente la cantidad de GEI en la atmósfera. Así se incrementaría aún más el deshielo y por ende la subida del nivel del mar, augurando un futuro “ahogamiento” (p. 74) de los litorales y engendrando un gran número de refugiados climáticos. A la vez, con una menor superficie de hielo, menor sería el efecto albedo (falta de reflexión de los rayos solares), lo cual volvería a reforzar el calentamiento (podríamos bromear con humor negro: “¡son las realimentaciones, estúpido!”). En este caso, sería el océano el que asimilaría el calor, perdiendo capacidad de absorción de CO2 y exceso térmico. Se produciría un desajuste de las corrientes marinas, que mantienen las estaciones y modulan la temperatura global. Por ello, se desequilibrarían muchos climas regionales y locales, las temperaturas se extremarían y los océanos se acidificarían. Así se produciría una anoxificación de sus aguas, transformándolos en “océanos moribundos” (p. 110), eliminando mucha vida marina y forzando a los peces a adaptarse a las nuevas temperaturas cambiando sus hábitos y rutas.

Por la misma causa, se deberían resituar los cultivos, creando considerables impactos en la cadena alimentaria y en la economía. En este caso, la “hambruna” (p. 64) sería la principal consecuencia, pues el desplazamiento de los cultivos dificultaría mantener los rendimientos y se llegaría a producir desertificación de los territorios antiguamente cultivables. Además, el calentamiento, junto con la contaminación, también extendería la aparición de bacterias y otros microorganismos en el agua potable; lo cual, junto con las sequías, agravaría la “falta de agua” (p. 102), multiplicando las crisis agrícolas. Estas bacterias en expansión, junto con insectos portadores de virus, traerían enfermedades nunca antes padecidas en muchos territorios provocando así “plagas del calentamiento” (p. 126). Estas nuevas enfermedades se sumarían a las cardiorrespiratorias y cognitivas producidas por la contaminación de un “aire irrespirable” (p. 116), concentrado sobre todo en grandes ciudades en forma de smog (fenómeno acentuado por la falta de ventilación natural procedente de corrientes de aire frío del Ártico).

Con todo esto y mucho más, Wallace-Wells advierte que aunque formen parte de la naturaleza, estos son “desastres ya no naturales” (p. 94). Adicionalmente, implicarían unas reparaciones costosas y, a medio plazo, un “colapso económico” (p. 133) sería inevitable. En este marco globalizado y devastado por desastres climáticos, con crecientes tensiones que se intensifican por el calentamiento, el mundo se vería sumido en un gran “conflicto climático” (p. 143). Esta situación empeoraría la distribución de los ya escasos recursos, generando una gran crisis de refugiados que huirían de sus países hundidos, quemados, hambrientos, sedientos, secos, irrespirables…

El tercer apartado de la obra se titula “caleidoscopio climático” (p. 161), e ilustra la visión que tiene la sociedad sobre la emergencia medioambiental y la complejidad de explicar, reconocer y actuar ante el cambio climático. Primeramente, Wallace-Wells esboza una crítica al sistema neoliberal imperante que ha causado el avanzado estado del cambio climático y que paradójicamente se presenta como posible salvador del mismo.

El autor presenta los diversos engaños del neoliberalismo, siendo el principal de ellos la promesa de crecimiento económico. Una fraudulenta expectativa de crecimiento infinito de la que realmente solo se han beneficiado unos pocos durante los decenios últimos. Esto da como resultado un sistema sustentado por la estructura de un orden político y económico que […] permite la desigualdad, […] la alimenta y se beneficia de ella (p. 211). La desigualdad no solo se verá plasmada en el apartheid climático nacional, sino que se reflejará en una paradójica injusticia medioambiental: os países y regiones con menor PIB, que son los menores contribuyentes a la emisión de GEI, son los que padecerán más los efectos del cambio climático.

Esta engañosa promesa de crecimiento lleva a la fantasía del progreso: una percepción histórica según la cual los seres humanos estamos destinados a progresar constantemente. De este modo, se creería en la posibilidad de superar el cambio climático sin excesiva dificultad, haciendo caso omiso a las advertencias del calentamiento y sin tener que hacer nada que alterase seriamente el statu quo. Una solución más desconcertante surge de la confianza ciega en la sabiduría del mercado, llegando a considerar el aumento de liberalización como salvación frente al cambio climático. Así pues, Wallace-Wells observa la incapacidad del neoliberalismo de reconocer sus propias deficiencias. En este contexto aparece una nueva economía moral con “filantrocapitalismo”, que busca obtener beneficios tanto económicos como humanos de manera que los beneficiados de esta economía neoliberal puedan apuntalar su propio estatus. En esta línea, por ejemplo, se le pide a un ciudadano promedio que ante la “ansiedad ecológica” practique un consumo responsable, como si dentro del orden neoliberal se pudiese dar un cambio usando nuestra libertad de consumo. Ahora bien, el autor indica que comer alimentos ecológicos es bueno, pero si nuestro objetivo es salvar el clima, el voto es mucho más importante (p. 211).

En esta tercera parte no solo encontramos críticas al sistema neoliberal sino que también se reprocha la reticencia científica (los resultados de la investigación se atenúan, para evitar ataques o la posibilidad de desprestigio académico) que da lugar, entre otras cosas, a las parábolas climáticas. Como resultado se suelen obtener dos posibles textos: o bien los desprestigiados con el término “alarmistas” (demasiado explícitos) o bien “reduccionistas (que no retratan la amenaza real), por lo que ni unos ni otros se consideran legítimos. Esta falta de entendimiento se ve plasmada en las mencionadas “parábolas climáticas”, entendidas como herramientas de aprendizaje erróneas que exageran las consecuencias irrelevantes del cambio climático alienándonos de las preocupantes. Son ejemplos tanto la inquietud por el reino de las abejas como por el plástico, siendo estas como una “exposición taxidérmica” de la que no aprendemos nada.

¿Y si estuviéramos equivocados? (p. 245) A fin de ilustrar el profundo nihilismo en el que hemos caído, esta pregunta tan básica y aparentemente inofensiva da inicio a la última parte de la obra. David Wallace-Wells, quien ha evitado cualquier dogmatismo científico y reconocido en todo momento sus limitaciones, da cuenta del perjuicio ocasionado: no solamente se ha transformando el calentamiento global en una crisis ecológico-social monumental, sino que se ha puesto en riesgo la legitimidad y la validez de la ciencia. Al mismo tiempo, es esta parte la que puede ser interpretada como guía para la acción futura puesto que ilustra y contesta algunas preguntas comunes.

¿Cómo debemos afrontar toda esta información? Alejándose de las atacadas posiciones fatalistas, el autor sugiere enfrentarnos a las evidencias que advierten la desaparición inminente del mundo que conocemos mediante la acción, defendiendo que las perspectivas sombrías nos estimulen en lugar de que nos inmovilicen. Es en estas últimas páginas donde defiende que, desde una visión acorde con el “principio antrópico” (p. 243), el clima del futuro es la acción humana, no unos sistemas fuera de nuestro control. (p. 246). Pero ¿no ha sido el antropocentrismo, con su falsa pretensión de dominio sobre la naturaleza, el que nos ha hecho acabar en la situación de emergencia actual porque dificulta la toma de conciencia sobre ella?

¿Quién debe empezar a actuar? Nos define como una civilización que se atrapa a sí misma en un suicidio (p. 249), pero en vez de asignar la tarea a las generaciones futuras, a sueños de tecnologías mágicas, a políticos remotos […] todos debemos compartir la responsabilidad para evitar compartir el sufrimiento (p. 246).

Ahora bien, ¿cómo debería ser esta acción? Seguramente pecando de optimismo, Wallace-Wells se centra en la acción a gran escala, considerando que puede ser complementada con la individual. Más específicamente, aboga por un impuesto al carbono, acabar con la energía sucia, dar un nuevo enfoque a las prácticas agrícolas, eliminar la carne y la leche de vaca de la dieta global, y fomentar la inversión pública en energía verde y captura de carbono. De todas formas, él mismo observa en la pág. 58 que tenemos las herramientas para acabar con la pobreza mundial pero no lo hacemos… ¿Qué nos puede hacer pensar entonces que con el cambio climático sí que vamos a actuar?

En pleno Antropoceno, Wallace-Wells nos destapa de forma franca nuestro espeluznante porvenir. Actualmente seguimos contaminando a gran escala y nos mostramos como Homo compensator de forma ambivalente: tanto desde el individualismo, calmando nuestra conciencia moral a través de una acción individual enmarcada en las anteriormente nombradas parábolas; como desde una supuesta acción colectiva (comenzando por el voto) que parece prescindir de la implicación particular.

De todas formas, el autor pretende concienciarnos de que el futuro se encuentra en nuestras manos. Ahora bien, ¿es esto así? Nos encontramos ante una evidente falta de cuerpos políticos a través de los cuales emprender esa anhelada acción conjunta, necesaria para frenar la emergencia en la que nos encontramos. Situación provocada tanto por la falta de incentivos para tomar medidas (presión social) como por la contrafuerza de intereses económicos neoliberales que alejan la política del interés común.

Por esto nos preguntamos: ¿es un problema de la política o de concienciación individual? Un posible punto de confluencia sería la desobediencia civil colectiva ya que, aunque Wallace-Wells no la menciona en su libro, en ella converge tanto la acción coordinada como la toma de conciencia individual, en búsqueda de romper con el statu quo que prioriza la perpetuación neoliberal frente al futuro del planeta.

Acceso a la reseña en formato pdf: El planeta inhóspito: la vida después del calentamiento

 

by Susana Fernández Herrero

Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España

Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España

Ángel Martínez González-Tablas

Yayo Herrero López

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 153, primavera 2021

https://www.fuhem.es/papeles_articulo/teoria-politica-y-practica-de-la-ensenanza-concertada-en-espana/

Este artículo reflexiona sobre algunos aspectos cruciales de la educación, desde infantil a bachillerato, sin pretender un tratamiento integral de toda la problemática, poniendo más bien el foco en la titularidad de los centros.

En una sociedad compleja, con un Estado constituido, los asuntos que están en la base de los derechos de las personas no pueden dejarse ni a la regulación privada, ni al mercado. Existe un espacio de regulación consciente pública, que es imprescindible y debe ser ejercido por las instituciones públicas. Algo que es elemental, difícil de conseguir y a menudo olvidado en el fragor de los debates.

La naturaleza de los bienes y prestaciones, que garantizan la cobertura de los derechos y necesita una sana reproducción de la existencia social, es muy variada y las ciencias sociales, la Economía en particular, han intentado estudiarla, sabiendo que su distinta naturaleza condiciona los medios utilizables para lograrlo de forma satisfactoria.

Los medios e instrumentos para llevar a cabo el suministro han sido muy distintos a lo largo de la historia y en las sociedades actuales también siguen siéndolo. Puede hacerse por medio del mercado, por agentes privados (hoy, principalmente, empresas con ánimo de lucro), por gestión directa de las administraciones públicas o por variantes que pueden florecer en la sociedad civil, en el espacio doméstico, en comunidades o fruto de todo tipo de organizaciones sin ánimo de lucro. En todos los casos, incluido el mercado, se necesita regulación pública para que el funcionamiento descanse en unos buenos fundamentos.

Esta diversidad de medios no significa que cualquiera de ellos sirva para todos los propósitos. Al elegirlos no existe la omnipotencia ni la neutralidad. Los medios no son perfectamente intercambiables. Unos son más aptos para unas cosas y otros para otras. Sencillo de enunciar.

La regulación pública no solo tiene que intervenir en el diseño del marco y las reglas de juego, sino que tiene que ser capaz de establecer el seguimiento, control y ajuste, porque si no se corre el riesgo de que la bondad de objetivos y medios puede quedar en nada. Igualmente, si el planteamiento previo no es adecuado, el control posterior no puede subsanar sus carencias y la exigencia de garantías se vuelve imposible.

La educación pública

Hay cosas que son demasiado importantes para quedar atrapadas en lugares comunes, la educación entre ellas. Las características de la educación hacen que sea de esos tipos de servicios en los que no es indiferente el medio que se utilice. Por su naturaleza necesita regulación pública y es impensable que sin ella pueda ser proporcionada por un mercado o una gestión privada carentes de regulación. El protagonismo del Estado es necesario, imprescindible, no solo para regular sus aspectos más generales sino para garantizar que dispone de los medios para desarrollarse, que es accesible a todos los ciudadanos y que cumple su condición de derecho humano. Su dotación consecuente debe ser prioritaria. Su abandono o los sucesivos recortes presupuestarios –algo que en nuestro entorno se ha producido– es un drama para cualquier sociedad, también para la nuestra.

La crucial importancia de la escuela pública gestionada directamente por el Estado se presta a poca discusión. Otra cosa más polémica y sometida a discusión es la existencia de una escuela pública que pueda ser gestionada por organizaciones de la sociedad civil. Lo que pretendemos sostener en este texto es que la existencia de una escuela pública prioritaria, fuerte y de calidad no tendría por qué excluir que pueda intervenir en su gestión entidades de la sociedad civil, sin ánimo de lucro y sometidas a control y evaluación constante.

Rasgos que debería tener la educación pública.

El esfuerzo por delimitar de forma sustantiva lo que debe entenderse por educación pública es crucial para evitar equívocos. Creemos que lo que caracteriza a la escuela pública es su condición de:

– Accesible, carencia de barreras sociales, económicas o ideológicas, que garantice la posibilidad de universalidad.

– Inclusiva, en los criterios enunciados y en los hechos, reflejo de la heterogeneidad social, sin que ninguna diversidad devenga un obstáculo insalvable sino solo una normalidad a incorporar.

– Laica, es decir, que no incorpore ninguna confesión religiosa a la docencia ni a la práctica educativa, aunque obviamente respete la libertad religiosa y de culto de alumnado y familias.

– Transparente, sin ámbitos opacos en sus propósitos, funcionamiento y rendición de cuentas.

– Democrática y abierta a la participación de toda la comunidad educativa.

– Presencia de trabajadores y trabajadoras con formación permanente y adecuada, con remuneración y condiciones de trabajo dignas, ajustadas a las condiciones vigentes, que puedan conformar equipos de trabajo más o menos estables.

– Calidad que cumpla los estándares establecidos.

– Posibilidad de desarrollar un proyecto educativo con rasgos propios, con capacidad para explorar, experimentar y formar personas conscientes de los problemas de nuestro tiempo, capaces de analizar críticamente el contexto y libres para actuar en él.

– Dotada de procedimientos de evaluación, seguimiento y control que garanticen la aplicación práctica de los rasgos formulados.

¿Es posible que la sociedad civil pueda prestar un servicio que cumpla con garantías el derecho a la educación?

Teniendo en cuenta los rasgos hemos definido, nos enfrentamos a dos concepciones que a veces subyacen en la defensa de la escuela pública, que nos parecen que carecen de fundamento teórico y de funcionalidad, pero que se asocian unívocamente a la defensa de los intereses generales de la sociedad y de los sectores más desfavorecidos de la misma.

Primera ¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición necesaria para que una escuela pueda ser considerada pública? Si se responde afirmativamente implica que una escuela que cumpla satisfactoriamente todos y cada uno de los rasgos que nos han servido para delimitar lo que debe caracterizar a una escuela pública nunca podrá ser considerada como tal y tener acceso a los deberes y derechos que le son inherentes (por ejemplo, ser financiadas con dinero público y ser plenamente gratuitas), por el solo hecho de que el titular del centro pertenece a la sociedad civil. Puede ser una buena escuela, pero, por el hecho de que el titular del centro pertenezca a la sociedad civil, nunca será escuela pública. Sostener esta tesis comporta expulsar del ámbito público, contra su voluntad, a iniciativas que pueden enriquecerlo, como además demuestra la experiencia histórica en nuestro país (entre otras, las escuelas infantiles de gestión indirecta, por no hablar de organizaciones y entidades que prestan una gran variedad de servicios públicos: cuidados, atenciones personales, educación no formal, atención a la diversidad funcional, etc.).

Segunda ¿Es la gestión directa por parte de las administraciones públicas condición suficiente para que una escuela pueda ser considerada pública? No solo implicaría todo lo del punto anterior sino añadiría además que quien sea titular público, por el mero hecho de serlo y sin posibilidad de prueba en contra, se supone que imparte educación pública, con todos los derechos que de esa circunstancia se derivan y sin necesidad de pararse a considerar si se cumplen o no los rasgos sustantivos que la definen. Es una actitud miope y regresiva que da por supuesto lo que la experiencia demuestra infundado (que todos los centros de gestión directa son accesibles desde todos puntos de vista, inclusivos, transparentes, participativos, con docentes y personal no docente adecuados, educación de calidad, un proyecto educativo propio y están sometidos a control y evaluación constante para garantizar que todos los rasgos se cumplen) y que, al final provoca que, en ocasiones, la educación proporcionada no cumpla con garantías su condición de derecho, ni la obligación de constituir un factor que favorezca la eliminación de desigualdades.

Para alimentar un debate sano, es preciso definirse con claridad en esas dos posiciones, para poder hablar libres de todo el ruido de tópicos ideológicos, legales y administrativos, que se manejan tanto en la izquierda como en la derecha, y que obligan a situarse en un extremo de los dos polos, sin admitir matices, autocríticas o contradicciones. Si a ninguna de las dos preguntas anteriores se contesta con un sí taxativo, deberíamos ser capaces de abrir un diálogo que no esté condicionado por la defensa incondicional de la propia existencia, la comodidad política, el corporativismo de diferente cuño o una ideología cristalizada. El dinero público es sagrado, nada que no sea pereza e irresponsabilidad impide que se precisen y exijan con coherencia y rigor las condiciones, todas ellas, que debe cumplir una escuela pública.

Hay que abrir un diálogo que no esté condicionado por la defensa de la propia existencia, la comodidad política, el corporativismo o una ideología cristalizada

La tesis que mantenemos es que no hay argumentos para definir que solo la gestión directa por parte de las administraciones garantiza la condición pública de la educación, ni para excluir de forma absoluta y radical otras opciones. Puede argumentarse con fundamento que la naturaleza de la educación hace que no deba ser prestada por empresas que, al estar movidas por el ánimo de lucro, tienen el riesgo sistémico de anteponer los beneficios (que les es intrínseco) a los que solicita la naturaleza de la prestación educativa pública, pero nada impide que organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro asuman los objetivos y se comprometan a las condiciones de perfil y funcionamiento solicitadas. En suma, que puedan impartir educación pública en pie de igualdad con las de gestión directa. Creemos que no hay razón para negarlo, existen riesgos en unas y en otras, es cuestión de conocerlos y de establecer mecanismos para impedir su asentamiento y desarrollo. En España esa experiencia existe, con desviaciones y con logros. Que se consideren minoritarias no da el derecho de negarlas. Se trata de aprender de ella para impedir unas y para fomentar otras.

La política educativa

La Constitución de 1978, los acuerdos con el Vaticano y el Estado de las autonomías afectan a la educación, pero son aspectos que vienen determinados por la herencia cultural, la correlación de fuerzas políticas y los compromisos internacionales. No estamos ante una hoja en blanco, la educación tiene su palabra a decir y debe decirla, pero sin ignorar lo que le viene dado, batallando por lo que necesita y explorando lo posible.

Contexto, trayectoria y práctica del régimen de conciertos.

El régimen de conciertos nació, evolucionó y se aplicó en el contexto de una sucesión de leyes educativas muy diferentes. Nació en un momento político muy específico de este país, los años 1980 y ha tenido una tendencia creciente en las cuatro décadas posteriores. Hoy constituye una realidad sociopolítica que, dada la coyuntura política, no parece que pueda ser cambiada sin enormes costes sociales, políticos y económicos. Sus raíces son profundas y no parece haber base social que permita tu eliminación.

Dentro de los centros concertados se mezclan una importante heterogeneidad de titulares y de proyectos educativos, algunos de ellos de larga trayectoria histórica –los centros promovidos por la Iglesia católica, los promovidos por cooperativas e instituciones sin ánimos de lucro, más una pléyade de nueva procedencia, entre los que hay figuran los promovidos por titulares estrictamente mercantiles e incluso algunos vinculados a prácticas políticas opacas y concesiones ética y políticamente dudosas. En conjunto cubren porcentajes significativos de población escolarizada, desiguales por comunidades autónomas. También se suele recurrir a la comparación con los países de nuestro entorno, pero cada uno de ellos tiene su contexto histórico-cultural, su sociedad civil, su sistema político, sus prácticas administrativas –que, en algunos casos, en algunas ocasiones, se parecen bastante a lo que defendemos en este artículo– de cuyo conjunto obtiene unos resultados que se pueden analizar y de los que, sin duda, se puede aprender, si se interpretan con criterio.

El funcionamiento del régimen de conciertos descansa en un doble eje, profundamente contradictorio, de un lado, el principio de gratuidad de la educación impartida; de otro, una financiación pública cuantiosa, que objetivamente no cubre los costes educativos necesarios para impartir una educación capaz de cumplir todos los rasgos que definimos para la educación pública, lo que equivale a decir que, si se quieren mantener en pie, hace imposible el cumplimiento del principio de gratuidad enunciado en primer lugar. En suma, toda la trayectoria de la red de conciertos ha descansado y descansa en esta contradicción insalvable salvo que los titulares tengan otras fuentes de ingresos adicionales– que casi nadie, hasta ahora, se ha atrevido a afrontar de forma analítica, transparente y honesta.

Nuestra tesis es que no hay argumentos para definir que solo la gestión directa de las administraciones garantiza la condición pública de la educación

Unos reclaman la gratuidad enunciada y cuestionan la financiación pública que reciben centros que no resultan gratuitos para las familias –en un marco de fuertes recortes a la educación pública–, otros argumentan la imposibilidad de ser gratuitos si no se proporciona la financiación pública necesaria para poder serlo. Todos tienen parte de verdad.

Y entre unos y otros se crean las condiciones para que se deslicen y crezcan prácticas cada vez más espurias, de la mano de nuevos titulares, que contemplan este campo como una oportunidad para la lógica que guía su comportamiento, a veces totalmente ajena a las de las instituciones con profunda vocación de servicio público.

Esta confusión, esta ambigüedad asumida por todos, deja sin espacio a lo que podría y debería ser una intervención pública que, a partir de una normativa clara y coherente, auditara con rigor cuentas y comportamientos.

Ante este fangal, en el que unos y otros chapotean, se trata de deshacer el enredo en que se encuentra sumida la red de conciertos, de impedir que la confusión crezca, infectando todo el debate educativo. Hay que enfrentarse con la realidad, estableciendo los hechos, llamando a las cosas por su nombre, sin recurrir a subterfugios, clarificando las verdaderas opciones.

Parece sensato tomar el régimen de conciertos como un parámetro de la realidad educativa en España, dado que es poco verosímil que, en el orden actual de las cosas, lleguen a darse las condiciones sociopolíticas para su desaparición. Si es así, se trataría de hacerlo lo más funcional que sea posible, teniendo en cuenta el presente y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Asumamos que no se dan las condiciones para suprimir la red de conciertos, por sonora que sea la retórica de unos y otros. Por el momento, está para quedarse.

Tratar como escuela pública a las que sustantivamente lo sean.

Defendemos que la escuela pública que sustantivamente lo sea debe ser tratada como tal, sin sombra de ambigüedad. Por coherencia conceptual y por eficacia práctica. Existen organizaciones y entidades, algunas con décadas de trayectoria, que tienen una marcada vocación de servicio público y que han hecho de una educación comprometida y de calidad su seña de identidad. Ante la evidencia de que la financiación pública no alcanzaba a cubrir todos los costes y que el cobro de cuotas no hacía posible cumplir el criterio de accesibilidad universal, incluso muchas de ellas han generado sus propios mecanismos de búsqueda de recursos, solidaridad y redistribución para aminorar el problema.

La trayectoria de la red de conciertos descansa en una contradicción insalvable que casi nadie quiere afrontar de forma analítica transparente y honesta

Las titulares de estas escuelas defienden sus proyectos, su existencia y la voluntad de asumir todos los rasgos de la educación pública. Las organizaciones que deseen optar a ser consideradas escuelas públicas de gestión indirecta tendrían que ser capaces de asumir:

– Cumplimiento de todos los rasgos sustantivos y de funcionamiento que deben caracterizar a la educación pública concebida como un derecho, incluida la exigencia de ausencia de ánimo de lucro en su actividad educativa.

– Que se comprometan a que cualquier eventual excedente económico que pueda surgir del conjunto de las actividades del centro –comedor, actividades extraescolares, etc.– revierta de forma automática y necesaria a este, sin posible dedicación a otros fines de la entidad titular.

– Que faciliten la función de inspección y tutela por parte de la Administración para garantizar que la financiación invertida tiene los fines para los que se otorga.

A los centros que se comprometan a cumplir estas condiciones se les garantizaría la total cobertura con recursos públicos de los costes necesarios para su buen funcionamiento, de forma que no sea preciso solicitar ningún tipo de aportación a las familias para poder mantener la actividad.

¿Cómo definir los costes necesarios?

Hay una parte en la que es posible hacerlo con objetividad (una comisión de expertos no tendría dificultad en resolverlo) y no cabe objeción a que debe regir la más estricta igualdad entre quienes reciben fondos públicos de similar naturaleza, pero debe aspirarse a una igualdad que no caiga en un igualitarismo de mínimos, un igualitarismo por abajo, que nos congrega a todos en torno a prácticas que dificultan la garantía a un derecho a una educación de calidad, las que todos practican, las que nadie discute. Debe permitirse explorar, experimentar, innovar, si tiene el respaldo de la comunidad educativa afectada –pública de gestión directa o indirecta– y la garantía de la estricta supervisión de la Administración pública. Y si exige recursos económicos adicionales, enfrentémonos con la habilitación de vías coherentes que lo hagan posible. Porque si hay voluntad política, esas vías existen.

A los centros que se comprometan a cumplir los rasgos de la educación pública se les debería garantizar la total cobertura con recursos públicos de los costes necesarios.

Estaríamos, por tanto, ante una escuela con todos los rasgos exigibles a la educación pública que, en lo más controvertido, sería además laica (en el sentido abierto postulado) y carente de ánimo de lucro (compromiso de revertir a la escuela cualquier eventual excedente neto que genere), y superaríamos el extendido reduccionismo que confunde lo público con lo meramente estatal, eliminado toda una posibilidad de experimentación y práctica en el establecimiento de alianzas público-sociales que en los marcos de crisis civilizatoria que atravesamos van a ser fundamentales para poder mantener condiciones de vida dignas y justas para el conjunto de las personas.

Opciones de tratamiento del existente régimen de conciertos.

En lo que hace a los centros concertados que no puedan o no quieran acogerse a un hipotético régimen de educación pública de gestión indirecta, hay tres opciones. La primera es dejar la situación como está, algo que sería cómodo, pero escandaloso. La segunda sería hacer desaparecer el régimen de conciertos existente, considerando que ha cumplido su función temporal y porque el desafío educativo social y demográfico que tenemos ante nosotros no necesita más tipologías que las que proporciona la educación pública de gestión directa o indirecta y la escuela privada; esta opción se enfrentaría con la necesidad de dotar de sólidos argumentos a la tesis de que la figura actual de escuela concertada no tiene espacio y función permanente y, además, con la de alcanzar una correlación sociopolítica de fuerzas que respalde y haga viable la propuesta. La tercera implicaría perfeccionar el régimen de conciertos realmente existente, eliminando abusos e irregularidades, de forma inmediata y sin posible demora, sin por ello obviar la reflexión sobre su posible evolución en una transición que, para llegar a ser, requeriría de apoyo sociopolítico y de tiempo.

Conclusiones

Lo que proponemos sería avanzar hacia un proyecto educativo, en el que coexistirían de forma coherente:

– Escuelas públicas de calidad de gestión directa de las administraciones públicas.

– Escuelas públicas de calidad de gestión indirecta de titularidad privada.

– Escuelas de titularidad y gestión privada.

Como transición, habría que perfeccionar y someter a control el actual régimen de conciertos, mejorando la garantía de que los recursos públicos invertidos sirven para garantizar el derecho a la educación, y no para fines mercantiles.

La educación pública de gestión directa e indirecta podrían cooperar en reivindicaciones (asignación insuficiente de recursos, estabilidad de equipos y proyectos, etc.) y luchar por sus objetivos reales (calidad educativa, inclusividad plena, condiciones dignas para sus trabajadoras, carrera docente, etc.), dentro de un debate educativo amplio y razonado, en el que hay que aspirar a que sea posible la colaboración entre quienes, aunque sean diferentes, comparten aspectos fundamentales.

Los titulares que reúnan las condiciones para aspirar a la nueva figura de escuela pública concertada saldrían del marasmo y la vulnerabilidad en que actualmente se mueven y pasarían a ser escuela pública sin dejar de ser concertada. Con todas sus consecuencias.

El riesgo de no hacerlo es anular lo que puede aportar a la educación la sociedad civil y abunda en una identificación entre lo público y lo meramente estatal que impide innovaciones políticas centradas en la gestión democrática de los bienes comunes. Esta reducción de lo público a lo estatal asume una visión sobre el Estado como un ente neutral y naturalmente centrado en el bien común, independientemente de quién gestione, errada en nuestra opinión.

La integración de la concertada en la pública (en el supuesto de que se dispusiera de la correlación de fuerzas y los recursos que permita plantearla y materializarla) sería la solución de la pereza y la facilidad porque sacrificaría la potencialidad de una colaboración público-social bien entendida entre diferentes (públicas de titularidad directa y de sociedad civil) basada no en competencia, sino en emulación y cooperación, con beneficios para todo el sistema educativo.

Por su parte, los centros privados, que deberán cumplir la regulación general, tendrían un campo específico nítido, sin sombra de competencia espuria procedente de centros concertados que, sin cumplir estrictamente las exigencias que se derivan de la condición de públicos, se benefician actualmente de la financiación pública.

En un escenario de estas características, la educación privada continúa teniendo su espacio como lo sigue teniendo la concertada, en cuyo seno los titulares que reúnan las condiciones exigidas podrán desarrollar sus proyectos educativos como escuelas públicas concertadas.

Es necesario un amplio debate político que hasta el momento no ha sido posible tener. En el marco del cambio global que afrontamos, no será el único campo en el que tengamos que buscar alianzas entre el Estado y la sociedad civil para resolver cuestiones directamente relacionadas con el cumplimiento de los derechos y la cobertura de las condiciones básicas de existencia. Creemos que negarlo o ignorarlo va en perjuicio del país y de quienes lo habitamos.

Ángel Martínez González-Tablas es economista, catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid.

Yayo Herrero López es antropóloga, educadora social y miembro del Patronato de FHHEM.

Acceso al artículo en formato pdf:  Teoría, política y práctica de la enseñanza concertada en España.

by Susana Fernández Herrero

Si caza ratones, es un buen gato

Artículo escrito por Mariano Fernández Enguita y publicado dentro de la sección A FONDO del número 153 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

El texto sopesa la cuestión de la escuela concertada a la luz de lo que Weber denominó la ética de los principios y la ética de las consecuencias, o de la convicción y de la responsabilidad y valora la situación de la enseñanza concertada en España estableciendo comparaciones con países de nuestro entorno.

Hay dos puntos de partida posibles para abordar la cuestión de la escuela concertada, dos enfoques que podrían identificarse con lo que Max Weber1 llamó la ética de los principios y la ética de las consecuencias, o de la convicción y de la responsabilidad.

El recurso a la ética de los principios identifica, de un lado, la escuela pública con los valores de igualdad y laicidad, incluso con el monopolio de la razón o el progreso, y, del otro, la escuela privada con los valores de libertad y responsabilidad, cuando no con los de la cristiandad; todo ello por parte de actores distintos y contrapuestos, a menudo abiertamente enfrentados. Ambos posicionamientos se pueden llevar al extremo, como cuando se reclama la escuela pública y única, suprimiendo la privada (y, por ende, la concertada), o la total libertad de elección de centro (no solo de privado sino también de público, directa o a través del cheque escolar, e incluso de no-centro, la educación en casa, también con cheque). Hay versiones suavizadas, lobos con piel de cordero, de estas políticas agresivas: en el lado estatalizador, someter a la concertada al principio de subsidiariedad, en el sentido de que solo debe financiarse en caso de que no haya al alcance ningún puesto estatal, y el Estado debe ocuparse de que siempre lo haya; en el lado privatizador encontramos la propuesta de atender con el presupuesto público a la demanda social, que podría expresarse antemano –fácil con un poco de mercadotecnia, como en el caso de la nueva concertada madrileña–, abriendo así la búsqueda de la distinción escolar y la espiral de la estratificación entre centros.

Lo más frecuente, no obstante, es una versión pragmática y un punto oportunista, en sus dos variantes, de esta ética de los principios: los defensores de la escuela pública no suelen objetar la escuela privada, de pago, sino simplemente la concertada; y los defensores de la libertad de elección suelen preferir una forma que sea, a la vez, un filtro, a través del pago en la escuela privada y del expediente o ambos, en la escuela pública (por ejemplo, los centros de excelencia y el bilingüismo madrileño).

La escuela concertada trata de aunar lo mejor de dos mundos, la seguridad –y, en muchos casos, la función igualitaria– de la estatal y la libertad –y, también en muchos casos, la función distintiva– de la privada, y eso le asegura la demanda por parte de las familias, pero también la hostilidad de los sectores puramente público y privado. Resulta elocuente que su legitimidad se viera cuestionada, no hace mucho, por un informe sobre las cuotas no siempre voluntarias impulsado por CEAPA y CICAE.2 Una confluencia inhabitual entre consumidores (CEAPA, familias de la escuela pública y, marginalmente, de la concertada más social) y patronal (CICAE, escuela estrictamente privada, de pago y no confesional), pero comprensible: los primeros quieren que todos los recursos públicos vayan a la escuela estatal; los segundos, eliminar lo que creen competencia desleal en un mercado distorsionado.

En mi opinión, una ética de la convicción enfocada a la escuela debe centrarse en principios como la igualdad, la inclusión y la equidad; el respeto a la diversidad y a libertad de conciencia; la convivencia y la preparación para la ciudadanía; para el desarrollo de las capacidades pertinentes con vistas una vida económica útil e independiente; para el alineamiento y la colaboración entre la escuela, la familia, la comunidad y la sociedad más amplia; la búsqueda de la calidad y la eficiencia, el afán de mejora y la apertura a la innovación, etc. No pretendo presentar con esto una lista cerrada, ni siquiera aproximada, de principios; solo señalar que no tienen por qué incluir ni la estatalización ni la privatización de la enseñanza, que solo deben ser contempladas como medios para perseguir esos fines, aun cuando se tenga una valoración muy distinta de los mismos, su idoneidad o sus consecuencias. Cuando se apuesta todo a la privatización o a la estatalización, como planteamientos axiomáticos a los que supeditar cualquier política, en realidad se oculta, bajo la grandilocuencia de los principios, intereses colectivos fáciles de adivinar: tras la apuesta incondicional por la privatización, el negocio, a ser posible desregulado; tras la apuesta por la estatalización, el confort y la seguridad del funcionariado; la punta de lanza, en tales casos, suelen ser, respectivamente, empresarios que ven un negocio fácil, a veces apoyados por políticos poco escrupulosos y ocasionalmente corruptos (recuérdese la Púnica), y docentes interinos hiperventilados y muy activos que capturan fácilmente unos sindicatos que a su vez han capturado en parte la escuela pública.

Por otro lado, el análisis de la realidad no debería centrarse en lamentar y denunciar la distancia entre esta y los principios (propios) sino esforzarse por verla y entenderla como tal, atendiendo a sus orígenes, a las fuerzas e intereses en presencia y a las opciones reales de cambio y permanencia, sus ventajas reales (no imaginarias) y sus eventuales costes sociales. Es un lugar común presentar a España como una excepción por las dimensiones de su sector privado y concertado, atribuirlo a la debilidad histórica del Estado y adjudicarle una amplia lista de nuestros males, en particular de la desigualdad educativa y social. Efectivamente, España presenta un alto porcentaje de escuela privada en general y más en su contexto: de acuerdo con los datos de UNESCO3 sería, en primaria, el vigésimocuarto país en porcentaje de alumnos la escuela privada (31,5% en 2018).4 Por delante solo estarían, en una veintena de miniestados y emiratos, India y Pakistán (dignos de mención por su población), Chile (experimento neoliberal desde hace decenios) y Bélgica (único país europeo, aparte de Malta). En la secundaria obligatoria (ESO) pasaríamos al puesto vigésimo sexto, con el 32,4%, superados también por el Reino Unido. Y, en la secundaria superior, caeríamos al cuadragésimotercero, con el 28,1% y también ya tras Indonesia, Venezuela, Japón, Francia y Argentina, entre otros.

El problema es que los datos españoles incluyen la escuela concertada en la privada, mientras que otros, por ejemplo, Estados Unidos o Países Bajos, lo hacen en la pública. En EEUU es el caso de las charter schools, centros de titularidad privada con financiación pública, sometidos a distintos entes –locales, municipales, estatales…– y regímenes de regulación, que los eximen de algunos requisitos de las escuelas públicas y los someten a alguna forma de rendición de cuentas, todo ello fijado en la charter (traducible como carta otorgada o documento fundacional, contrato o concierto). Quizá sea el caso más conocido y discutido, al menos en los ámbitos académico y político, por su pujanza y por la encrucijada de intereses y valores en que se inserta: organizaciones no gubernamentales, empresas del sector, sindicatos de profesores, autoridades políticas de distinto signo, iglesias varias, pedagogías alternativas y la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno toda actuación que favorezca o perjudique, directa o indirectamente, a cualquier confesión. El panorama europeo es distinto, pues las escuelas denominacionales o confesionales, gestionadas por entidades privadas, en particular religiosas, son consideradas públicas o estatales desde el momento en que se acogen, o son sometidas, a la normativa general y reciben fondos públicos que cubren el total o una parte sustancial de sus gastos ordinarios. Hay variedad de situaciones, no siempre fáciles de clasificar, pero podemos dar por bueno el resumen de Maussen y Bader:5 «Algunos estados (Austria, Bélgica, Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos) cubren prácticamente todos los costes (financiación plena), el modelo escandinavo (Dinamarca, Finlandia y Suecia) se caracteriza por subsidios amplios. También se da financiación parcial en otros países (v.g. Australia, Alemania, Hungría y países en los que la financiación pública depende de contratos, como en Francia o en España). Finalmente, unos pocos países no permiten todavía que las escuelas no gubernamentales reciban dinero público (ninguna financiación: Grecia, Bulgaria y la mayoría de los cantones suizos)».

Las máxima explicitud en la normativa comunitaria se produjo con la llamada Resolución Lüster (European Communities, 1984),6 adoptada por el Parlamento en marzo de 1984, en previsión de la inminente incorporación de España y Portugal. En ella se reitera el derecho de los padres a elegir centro educativo, la obligación del Estado de no dar preferencia a ninguna escuela, confesional o no, incluido «proporcionar las necesarias instalaciones para las escuelas estatales o privadas», y que «se exigirá a los Estados miembros que proporcionen medios financieros con los que este derecho [a la libertad de educación] pueda ser ejercitado en la práctica, así como dotar las ayudas públicas necesarias para permitir a las escuelas llevar a cabo sus tareas y desempeñar sus deberes en las mismas condiciones que en los correspondientes establecimientos estatales». Por si quedaba duda, añadía: «los arriba mencionados principios de la educación libre deberán ser plenamente respetados por España y Portugal al acceder a la Comunidad».

En los Países Bajos, la financiación de las escuelas denominacionales (religiosas) es un derecho constitucional desde hace siglo y medio y ampara no solo a católicos, protestantes, judíos, musulmanes, etc. (aunque ejercerlo no resulta igualmente fácil para todos) sino también a movimientos pedagógicos como Waldorf o Montessori. En general, un grupo de familias consigue financiación para una escuela si muestra un número suficiente, que su educación será distinta de otros modelos y que no se ofrece ya en un centro al alcance. El modelo liberal y pluralista de los Países Bajos resulta paradigmático, pero otros estados (Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda…) presentan políticas parecidas. Lo distintivo de España, en realidad, no es una gran cantidad de enseñanza privada o concertada, sino precisamente la inclusión de esta en aquella, cuando en otros lugares se considera pública; más aún lo es que la cuestión esté siempre en el centro del debate educativo y con la crispación que conocemos. En todo caso, la tendencia en Europa y en el mundo es el lento aumento de la escuela concertada con diversas fórmulas.7

Nótese también que ni siquiera la contraposición aquí habitual entre la equidad, de un lado, y la elección de centro o el régimen de conciertos, de otro, lo es en otros países. En EEUU se da la situación contraria, con mayor proporción de alumnos de minorías y de hogares de renta baja en las charter que en la pública.8 Por lo demás, el debate académico sobre las similitudes y diferencias en reclutamiento, métodos y resultados de las escuelas públicas tradicionales y las charter es y seguirá siendo intenso, pero el modelo fue aceptado y avalado desde el inicio por los sindicatos de docentes9 y tiene apoyo en un sector de la izquierda.10

La tendencia en Europa y en el mundo es el lento aumento de la escuela concertada con diversas fórmulas.

La contraposición entre escuela pública (estatal), privada o concertada, en suma, se resuelve mal desde la ética de las convicciones. Un punto de partida puede ser que una democracia necesita ciudadanos y debe, por tanto, formarlos como tales: «democratie c’est démopedie», escribió Proudhon;11 es decir, que el Estado tiene qué decir sobre la educación, desde garantizar el acceso suficiente por encima de las amplias, ubicuas y persistentes desigualdades económicas o de una eventual irresponsabilidad familiar hasta regular, de acuerdo con ello, sus aspectos generales (ordenación, contenidos básicos, titulaciones, habilitación del profesorado, etc.). Pero que el Estado garantice, financie y regule la educación no exige que la proporcione ni, por tanto, que se haga cargo de centros y profesores. Los incondicionales de la escuela estatal y la funcionarización –que suelen ser los profesores funcionarios, pero más aún los aspirantes– pueden no tener dudas, pero la fórmula hiperestatal de escolarización que heredamos de Francia (y de Prusia) nunca fue la única, pues en otros muchos entornos se buscó siempre que el Estado fuera el administrador (hoy diríamos regulador) y financiador (no siempre al completo), pero no el educador, una distinción que ya hizo Karl Marx ante la I Internacional. Y las fórmulas para que no lo fuera siempre han ido en el sentido de la descentralización, distribución o devolución de la autoridad educativa a instancias más próximas al beneficiario último: a las entidades municipales, a los centros escolares o, a través de la elección, a las familias.

Pero dejemos en su sitio principios y convicciones y bajemos a las consecuencias y la responsabilidad. El sitio de los primeros no ha de ser el ropero, como sugería otro Marx, Groucho –«Estos son mis principios y, si no le gustan… bueno, tengo otros»–, pero tampoco son axiomas de los que se deduzca fácilmente qué hacer. Para valorar la realidad de la educación en España hay que empezar por entender que, como en cualquier otro país del entorno, y más por nuestra historia reciente, no hay una escuela concertada (ni pública, ni privada), sino una amplia variedad; y, hasta donde pueda haber una, hasta donde sea posible generalizar sobre esos sectores como tipos ideales, abstrayendo sus diferencias internas, hay que comprender su origen y evolución. No pretendo ser exhaustivo, pero sí señalar algunas cuestiones cruciales.

Para valorar la realidad de la educación en España hay que entender que no hay una escuela concertada (ni pública, ni privada), sino una amplia variedad.

La primera se refiere a la escuela privada y será la única al respecto. Guste o no, lo mejor y lo más relevante de la innovación educativa a lo largo de un siglo muy agitado y variado políticamente ha venido, con diferencia, de ella: La Institución Libre de Enseñanza y sus secuelas, las Escuelas del Ave María, las escuelas racionalistas, la Escuela Nueva, por mencionar las experiencias de mayor alcance, más una larga lista de escuelas freinetianas (MCEP), milanianas, Waldorf, Montessori, unas pocas ikastolas, no pocas cooperativas, etc.12 No es que no haya habido innovación en la escuela pública, pues la ha habido y la hay, pero no la que correspondería a su peso, ni del alcance que promete su apología, ni con solildez y continuidad. Hoy asistimos a que la innovación más destacable en términos absolutos y relativos se da en la enseñanza concertada, seguramente porque en ella se combinan mayor autonomía de los centros, mayor coherencia de los proyectos, mayor peso y competencia de las direcciones, más presión directa o indirecta de su público y ciertos efectos de red positivos. No tendría que ser así, pero así es.

La segunda atañe a la escuela pública y se resume en que no ha estado a la altura de las expectativas. Por más que sus incondicionales se complazcan en señalar la igualdad de acceso y trato, ahí está la desigualdad de resultados, manifiesta en las elevadísimas tasas de repetición, fracaso y abandono, frente a las que no ha aportado nada especial, que no haya hecho el conjunto del sistema. Incluso en términos de oferta no es tan igualitaria como una descripción meramente administrativo-formal podría sugerir, como resulta manifiesto en la proliferación de centros-gueto (casi siempre públicos) y en la creciente importancia, percibida por las familias cada día con mayor claridad, de elegir un buen barrio para acudir a una buena escuela pública, en línea hacia lo que es común en países como los EEUU, Francia o el Reino Unido (una elección de centro por medio de la hipoteca),13 a los que miran con tanto arrebato como superficialidad los defensores incondicionales de la escuela pública. El discreto desempeño de la escuela pública requeriría un amplio análisis, pero me limitaré a señalar que en su base está su tardía y rápida expansión, primero en el tardofranquismo y la transición, y después en el periodo de despliegue de las autonomías y su asunción de las competencias educativas, lo cual trajo una cobertura apresurada de plantillas, una gestión relativamente clientelar y una fuerte captura sindical; y, como efecto final, la letanía que achaca todos los males a la falta de recursos, es decir, de profesores, sin otra solución que su aumento sin fin y sin contrapartida visible alguna.

La tercera concierne, en fin, a la escuela concertada, cuya realidad e imagen presentes no pueden entenderse al margen de su pasado. En primer término, la mayor parte de ella (más que la privada autofinanciada) es de origen religioso, católico, si bien no se debe tanto a la complicidad de la Iglesia con el Estado (aunque la haya habido, incluido el periodo infausto del franquismo) como a su independencia frente a él. Se suele olvidar que las iglesias de los países protestantes fueron en general de ámbito nacional (frente al Papado), de orientación nacionalista (frente al Imperio), a menudo financiadas, siempre estrechamente relacionadas y, en no pocos casos, formalmente subordinadas al Estado (las de Inglaterra y Dinamarca, todavía están hoy encabezadas por los respectivos monarcas, y fue el caso de Noruega, Islandia y otros); la paradoja es que esto facilitó, llegado el momento, su secularización. En países con mayoría o fuerte presencia católica, por contra, la Iglesia, fiel al Vaticano, y con ella sus escuelas, mantuvo, para bien o para mal, una mayor independencia del poder político, que en algún momento se convirtió en una suerte de pacto de no agresión: de ahí la fuerte presencia de la enseñanza privada, sobre todo concertada (en varios casos conceptuada y contabilizada como pública) en países como Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda, Francia o España. Añadamos que sistemas escolares sedicentemente aconfesionales actuaron en realidad identificados con una definición religiosa, como la paradigmática common school norteamericana, desde sus inicios vista y evitada por católicos, judíos y agnósticos como una escuela protestante, porque lo era aunque no se adscribiese a una denominación concreta.14

Dicho esto, ya podemos señalar las dos grandes carencias de la concertada: su cultura confesional y su sesgo social. Utilizo el adjetivo confesional en su sentido más estricto, no sinónimo de religiosa sino de adherida a, y al servicio de, una religión. No se califica de confesional a una religión, ni a una iglesia, ni a un creyente, por mucho que lo sean, sino a un Estado, una constitución política, un partido, un sindicato, una escuela, es decir, a instituciones públicas, o propias de la esfera pública, que, sin embargo, se adhieren a una religión y tal vez se subordinan a su jerarquía. Una mayoría de las escuelas concertadas en España son de origen católico y confesional, vinculadas a órdenes religiosas, a organizaciones como la HOAC, a la iniciativa de párrocos locales, etc., pero no pocas de ellas han roto esos vínculos orgánicos, abandonando o suavizando su confesionalidad, admitiendo alumnos y profesores de otra confesión o de ninguna, haciendo optativas enseñanzas y actividades religiosas y sin que por ello tuviera nadie, ni docente ni discente, que renunciar a sus propias creencias ni los centros mismos que hacerlo a las orientaciones más generales de sus proyectos educativos: la FUHEM misma es un ejemplo de ello, pero cabría citar conglomerados como la Escuela Profesional Politécnica de Mondragón, la Escola Agrícola L’Horta (que luego se convertiría en La Florida) y otras. En todo caso y sea cual sea su figura legal, una escuela que imparte enseñanzas obligatorias es una institución pública, en sentido fuerte (cualesquiera que sean su gestión y su titularidad) y, como tal, se debe a la sociedad; pero puede al tiempo, como bien sabemos, nacer de la iniciativa privada o social y servir a la opción educativa de un colectivo de familias. Esta aparente contradicción se resuelve con la distinción entre la enseñanza y el cuidado. Evito a propósito el término educación porque esta, en su sentido más amplio, comprende ambos y, en el más restrictivo, está presente en ambos, y utilizo el término enseñanza no en el sentido estrecho de docencia, sino en el más amplio con que hablamos de enseñanza reglada. Como institución pública, la escuela debe distinguir entre lo que es de todos y para todos y lo que es opción de una parte, por amplia que sea, y debe por tanto ser voluntario, aun si se acoge en la escuela o si inspira un proyecto sin dictarlo. Es lo que explicado con más detalle en un artículo al que remito, y cuyo título me parece resumen suficiente: «¿Religión? Sí en la escuela, no en la enseñanza».15

Para la sociedad, no obstante, una parte de las escuelas privadas y, con mayor razón, de las concertadas (por cuanto se supone, y así es en la mayoría de casos, que lo hacen con la misma cantidad de medios que las públicas, o incluso con menos), tiene el valor de constituir un campo de experimentación e innovación en el que direcciones más empoderadas, claustros más en sintonía, redes coordinadas de centros, públicos más identificados, ciertas tradiciones propias y la suave presión de un cuasi-mercado facilitan y estimulan iniciativas que, a día de hoy, encuentran toda suerte de obstáculos en la burocratizada escuela estatal. Dicho en breve: la escuela pública es más inercial, aunque no siempre, y la concertada es más innovadora, si bien tampoco hay garantía. Es una paradoja, casi cruel, que la escuela pública que tanto se expandió en el último tercio del siglo pasado, acompañada de grandes promesas de mejora, reforma, renovación e innovación, se haya convertido en un pesado aparato en buena medida anacrónico, mientras que la privada y concertada, que se vio identificada con el más rancio conservadurismo, sea hoy el terreno en que florece más y mejor innovación. Pero así es y de nada sirve negarlo en nombre de dogmas o principios. De hecho, la existencia y la iniciativa del sector privado y concertado actúan como estímulo para la innovación en el sector público, como siempre ha sucedido en España en el ámbito educativo.

Problema bien distinto es el del reclutamiento y composición social del alumnado en cada centro y entre centros, que surge en el desencuentro entre el objetivo político, colectivo, de formar una sociedad equitativa, igualitaria al menos en la base, y una ciudadanía cohesionada, y el anhelo particular de las familias por asegurar lo mejor y las mayores ventajas para sus hijos en cualquier ámbito y particularmente en el escolar, visto como palanca estratégica para la movilidad laboral, económica y social. Un desencuentro agudizado por los magros resultados en igualdad y equidad de las políticas educativas, frustradas por las divisorias económicas, culturales, territoriales, demográficas, de titularidad y otras, y por la desigual capacidad de las familias para fundamentar, elegir y acompañar la educación formal e informal de sus hijos, condicionada por su capital social, cultural y académico, además de sus recursos financieros. Este problema se manifiesta dentro de cada una de las redes escolares (de la púbica y de la concertada, no tanto dentro de la privada autofinanciada, toda ella privilegiada y cuyas diferencias internas no interesan aquí), pero también entre las redes pública (estatal) y concertada (privada). Es el problema siempre presente y reiterado de la sobrerrepresentación de inmigrantes, minorías, familias de bajos ingresos y alumnos con necesidades especiales (compensatorias) en los centros de titularidad pública. Es obvio que este desequilibrio se agita como coartada para las insuficiencias e inadecuaciones de la escolarización estatal y como argumento fácil para una demanda insaciable de recursos (más puestos de trabajo y menos horas por puesto), a menudo con lecturas simplistas y sesgadas de los datos. También lo es que no tiene por qué ser algo buscado ni inevitable, sino en buena medida el efecto no deseado, aunque tampoco evitado, de otros factores, como la cuantía de los módulos de financiación para los conciertos o la superación de la oferta de puestos concertados por la demanda, que deja fuera las matriculaciones en vivo. Pero no lo está menos que, sean cuales sean las causas, el desequilibrio existe y que estas se cuentan las estrategias deliberadas de las familias y, a veces, políticas deliberadas de los centros. No debería haber ni centros-burbuja ni centros-gueto, pero, a día de hoy, los hay, y los primeros sobreabundan mientras los segundos resultan excepcionales en la red concertada. Solucionarlo requiere una regulación más estricta e inteligente del reclutamiento por parte de las autoridades educativas, incluida la provisión de los medios necesarios, y una actitud más colaborativa desde los centros.

Con estas dos condiciones, la escuela concertada podría ser lo que debe ser, pero a veces es y a veces no: parte integral de la escuela pública.

Mariano Fernández Enguita es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense.

NOTAS

1 Max Weber, La política como profesión, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007 [1919].

2 GarlicB2B, Estudio de Precios de Colegios Nueva Concertada, Comunidad de Madrid, CICAE, 2018. Acc. 24/3/2021.

3 UNESCO Institute for Statistics (UIS), Education. National Monitoring: Distribution enrolment by type of institution, 2021, Acc. 23/3/2021.

4 Utilizo para el ordinal, la posición comparada, los datos de 2014, más completos (con más países), pero añado como indicador individual el porcentaje a 2018, último dato español en UIS.

5 Marcel Maussen y Veit Bader, «Non-governmental religious schools in Europe: institutional opportunities, associational freedoms, and contemporary challenges», Comparative Education, 51(1), 2015, p.8.

6 EC (European Communities), «Debates of the European Parliament, 1984-1985 Session Report of Proceedings from 13 to 16 March 1984 (Lüster Resolution)», 1984, acc. 24/3/2021; R. Lüster, Report, drawn on behalf of the Legal Affairs Committee on freedom of Education in the European Community, European Communities, 1983, acc. 24/3/2021.

7 C.L. Glenn y J. de Groof, «Educational Freedom and Accountability: An International Overview», en P.E. Peterson, The future of school choice, Stanford, Hoover Inst., 2002.

8 NCES, Digest of Education Statistics, Table 206.30, National Center for Education Statistics, 2017, acc. 23/2/2021.

9 Ted Kolderie, «Ray Budde and the Origins of the Charter Concept», página web de National Charter Schools Institute, 2 de julio de 2005, [consulta: 5 de abril de 2021].

10 Herbert Gintis, «The political economy of school choice», Teachers College Record, 96, (1995); Eric Rofes y Lisa M. Stulberg, (eds.), The emancipatory promise of charter schools: Toward a progressive politics of school choice, SUNY Press, Nueva York, 2004.

11 Pierre J. Proudhon, La révolution sociale démontrée par le coup d’état du 2 décembre, Garnier, París, 1852, p. 60.

12 Francisco Javier Pericacho, «Pasado y presente de la renovación pedagógica en España (de finales del Siglo XIX a nuestros días). Un recorrido a través de escuelas emblemáticas», Revista Complutense de Educación, 25(1), 2014; Santiago Esteban Frades,«La renovación pedagógica en España: un movimiento social más allá del didactismo», Tendencias pedagógicas 27, 2016.

13 Esta contradicción quedó manifiesta en el caso Iglesias-Montero, cuyo “proyecto familiar” incluía llevar a sus hijos a una escuela pública muy especial y, para ello, adquirir en la zona una vivienda cuyo diferencial de precio era incluso bastante superior a lo que habría sido el coste de su escolarización en la privada e inconmensurablemnete mayor que en la concertada.

14 Lloyd P. Jorgenson, 1987. The state and the non-public school, 1825-1925, Univ. of Missouri, St. Louis, 1987.

15 Mariano Fernández Enguita, «¿Religión? Sí en la escuela, no en la enseñanza», Cuadernos de Pedagogía 518, marzo de 2021.

 

Acceso al texto completo en formato pdf: Si caza ratones, es un buen gato.

by Susana Fernández Herrero

¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy

Curso de verano:

¿Y ahora qué? Reescribir el pasado e imaginar los futuros para pensar (y actuar) hoy

30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021

Sala Polivalente de la Plaza Mayor, UAM

Dirección:

EVA BOTELLA ORDINAS

Profesora del Departamento de Historia Moderna, UAM.

CARMEN MADORRÁN AYERRA

Profesora del Departamento de Filosofía, UAM.

Este curso de verano discute los efectos de la gentrificación y turistificación sobre millones de personas en entornos urbanos (y por extensión, rurales) como uno de los grandes retos sociales contemporáneos desde múltiples disciplinas.

El curso proporciona claves para analizar transdisciplinarmente:

1. Los efectos de la turistificación y gentrificación sobre la vida de los habitantes de esos entornos urbanos (y en los rurales).

2. Cómo afectan estos procesos a su historia, a su memoria e identidad.

3. El impacto que tienen en sus modos de vida (vinculados a las identidades) ante la crisis socio-ecológica global, dada la existencia de múltiples interdependencias y eco-dependencias en esos espacios glocales y multi-situados.

Por la enorme implicación de la ciudadanía en estos procesos (que abarca desde acciones de movimientos sociales hasta la construcción de archivos de memoria, desde lo que se conoce como “ciencia ciudadana”), se incluye su participación mediante talleres que permiten discutir estas cuestiones tanto desde la transferencia científica como desde la ciencia ciudadana (con sus propias herramientas teóricas y desde la práctica cotidiana).

Dichas confluencias proporcionarán un intercambio enormemente enriquecedor tanto para el público (de todas las disciplinas y en general, toda la sociedad) como para los ponentes.

1 crédito ECTS

Precio del curso: 64 €

Más Información:

Universidad Autónoma de Madrid – UAM

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura

Oficina de Actividades Culturales Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta

Universidad Autónoma de Madrid

28049 Madrid

Tel: (+34) 91 497 46 45

Twitter: @oac_uam 

Facebook: Oficina de actividades culturales

Información y matrícula

PROGRAMA:

30 DE JUNIO

10:00-12:00 - Utopías y prospectiva en la actual crisis de civilización. Útiles para superar la ideología y las instituciones dominantes y reorientar la sociedad actual hacia horizontes ecológicos y sociales más saludables.

JOSÉ MANUEL NAREDO

Profesor ad honorem en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid

12:15-14:15 - Historia y memoria urbana

EVA BOTELLA ORDINAS

Profesora del Departamento de Historia Moderna, UAM.

DAVID MORIENTE

Profesor Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM

16:00-18:00 - TALLER DE MEMORIA E HISTORIA

ANTONIO TERRASA LOZANO

Investigador Doctor en Historia en POSTORY-RL. UAM

JESÚS PINTO FREYRE

Profesor e investigador en formación del Departamento de Filosofía. UAM

18:15-20:15 - MESA REDONDA INTERDEPENDENCIAS Y ECODEPENDENCIAS

ADRIÁN SANTAMARÍA

Profesor e investigador en formación del Departamento de Filosofía. UAM.

BEATRIZ FELIPE

Investigadora Asociada al CEDAT-URV.

MATXALEN LEGARRETA

Profesora del Departamento de Sociología y Trabajo social de la Universidad del País Vasco.

 

1 DE JULIO

10:00-12:00 - La frontera turística de la gentrificación: Estado y movimiento del alquiler turístico.

MARC MORELL

Investigador en el Departamento de Antropología Social de la Universitetet i Bergen

12:15-14:15 - Rural y urbano, ¿pasado y futuro?

ESTHER LORENZO

Profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología. UAM

ADRIÁN ALMAZÁN

Profesor en la Universidad de Deusto

16:00-18:00 - Gentrificación y turistificación

IVÁN MURRAY

Profesor Departamento Geografía UIB

JESÚS CARRILLO

Profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte. UAM

18:15-20:15 - MESA REDONDA TURISTIFICACIÓN, GENTRIFICACIÓN Y MODOS DE VIDA

RAQUEL LÁZARO VICENTE

Investigadora del Departamento de Historia Contemporánea. UAM

CARLOS VIDANIA

Licenciado y activista en Lavapiés en centros sociales autogestionados, redes vecinales, movimientos por el derecho a la vivienda y a la ciudad

SERGIO MARTÍNEZ BOTIJA

Investigador en POSTORY-RL

2 DE JULIO

10:00-12:00 - Necesitamos pensamiento extramuros

JORGE RIECHMANN

Profesor de Filosofía Moral en el Departamento de Filosofía de la UAM

12:15-14:15 - Sistema socioeconómico y crisis ecosocial.

SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA

Director de FUHEM Ecosocial

CARMEN MADORRÁN AYERRA

Profesora del Departamento de Filosofía, UAM.

16:00-18:00 - TALLER SOBRE ALFABETIZACIÓN ECOSOCIAL SESIÓN PRÁCTICA

PABLO ALONSO UAM

ADRIÁN ALMAZÁN

CARMEN MADORRÁN AYERRA

18:15-20:15 - CLAUSURA CON ARTE A CARGO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL CALATEA.

ENTREGA DE DIPLOMAS.

Acceso al Programa del Curso.

by Susana Fernández Herrero

Entrevista a Khury Petersen-Smith

Nick Buxton entrevista a Khury Petersen-Smith en el número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre el movimiento Black Lives Matter.

Pasadas las elecciones presidenciales en EEUU, conversamos en diciembre de 2020 con el activista e investigador Khury Peterson-Smith sobre los retos y oportunidades que se presentan para el histórico movimiento Black Lives Matter bajo la presidencia de Joe Biden. Petersen-Smith es miembro del Institute for Policy Studies, donde desarrolla su actividad investigadora principalmente enfocada en la liberación negra, la solidaridad con Palestina y el fin del imperio estadounidense.

Nick Buxton (NB): El resultado de las elecciones americanas del 3 de noviembre ha supuesto un alivio para muchas personas dentro y fuera de EEUU. ¿Cuál es tu valoración?
Khury Petersen-Smith (KPS): Ciertamente acogí el resultado electoral con sentimientos mezclados. Por un lado, sentí cierto alivio porque la presidencia de Trump ha constituido un asalto frontal sin tregua durante cuatro años. Una de las tácticas clave de su mandato ha sido el continuo hostigamiento por sorpresa a sus oponentes, de forma que podía hacer tratos en los términos más beneficiosos para él. Así es como gestiona los asuntos inmobiliarios, su negocio, y así es como ha gestionado la política internacional y cómo gestiona la política nacional y se dirige a los movimientos sociales.

En su primera semana en la presidencia emitió la Muslim Travel Ban [Prohibición a Musulmanes de Viajar], [1] suprimió una página sobre derechos LGTB de la web de la Casa Blanca y poco después se produjeron arrestos masivos en Standing Rock, lugar de la resistencia indígena a un oleoducto en Dakota del norte, y la construcción del oleoducto se reinició. Es decir, hubo un ataque inmediato y continuo que se extendió durante cuatro años. De modo que efectivamente siento que ahora podemos respirar con alivio.

Sin embargo, no hay que olvidar que Biden era el más conservador de los candidatos Demócratas. Su compromiso es mantener la forma en la que los Demócratas han gobernado en las últimas dos décadas, lo que significa continuar con el neoliberalismo, la desigualdad, la represión de los migrantes, la extracción energética y el robo de la tierra a los pueblos nativos, y la guerra. Tengo una amiga que antes de las elecciones dijo que cuando pensaba en que Trump podía volver a ganar le daba pavor, pero cuando pensaba en que ganara Biden le daba depresión.

Tenemos que aceptar el hecho de que mientras que Biden ganó de forma incontrovertible en el voto popular, una cifra récord de personas votó por Trump. En 2016, el voto a Trump todavía se quedaba en el terreno de las hipótesis. Quizá podía saldarse como un experimento en el que probar qué podía pasar si un matón derechista y brutal, además de una personalidad mediática, se convertía en presidente. Pero ahora, cuatro años después de ver en acción a un fascista que abiertamente celebra los elementos más vergonzosos de este país –la confederación, el internamiento de los japoneses o el robo de tierra de los pueblos originarios– y alguien a quien le agrada gobernar por medio de la violencia, la hostilidad a la democracia y la coerción a todos los niveles, ya no se trata de una hipótesis. Y aun así, más de 70 millones de personas le votaron. Tenemos que asumir esto. Entonces, no puedo disfrutar del alivio del primer momento. Quizá tuvimos un momento de respirar aliviados, pero la situación revela elementos de conflicto profundos y que se extienden en el tiempo.

NB: ¿Qué ámbitos que se han dejado de lado durante la presidencia de Trump es más urgente retomar e impulsar?
KPS: Lo que resulta interesante de la presidencia de Trump es que, aunque haya podido ser horroroso, también ha puesto al descubierto cuestiones con hondas raíces que no eran visibles para mucha gente. Con Obama puede haber habido resistencia, principalmente el movimiento Occupy y Black Lives Matter, pero era como si existieran en paralelo a la Casa Blanca. Incluso Black Lives Matter no asumía qué significaba vivir bajo el mandato de un presidente negro en medio de una galopante violencia policial.

La política descarada de Trump, sin embargo, revela mucho más. Ciudadanía que era indiferente o no se daba cuenta anteriormente de las injusticias se encontraron mostrando su solidaridad con la comunidad musulmana; gente que tenía posiciones muy tibias o que era ambivalente hacia Black Lives Matter apoyaron el movimiento con decisión; aquellos que nunca habían desafiado la larga militarización de nuestra frontera con México denunciaron la existencia del muro y expresaron sus protestas ante el hecho de que se encerrara a niños y niñas. Por supuesto, también fue desalentador y difícil luchar bajo la presidencia de Trump porque no había muestras de que pudiera inducir cambios. De modo que lo que tenemos ahora es tanto la esperanza de que las cosas pueden cambiar con un sentido más amplio de lo que debe cambiar.

Me preocupa que Biden pueda cooptar a parte de esta necesaria resistencia con el resultado, por ejemplo, de que no presionemos tanto como deberíamos en torno a la justicia climática porque consideramos a Biden más receptivo. Sin embargo, no obtendremos resultados si no presionamos lo suficiente. La derrota de Trump no nos permite relajarnos. Todas las crisis que enfrentábamos bajo la presidencia de Trump continúan y se están agravando, de forma que los movimientos sociales deberán seguir activos.

NB: La muerte de George Floyd a manos de la policía constituye una manifestación más de la violencia sistémica de los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía negra, y detonó una intensa movilización de Black Lives Matter.

¿En qué medida se pueden identificar rasgos novedosos en estas movilizaciones?

¿Qué elementos hicieron que esta vez las movilizaciones traspasaran los ejes raciales para extenderse a toda la sociedad estadounidense?

¿Qué poso puede quedar?
KPS: Black Lives Matter surgió en 2013 con el asesinato del joven de 17 años Trayvon Martin, de modo que llevamos siete años de lucha. Sin embargo, esta oleada de protestas de Black Lives Matter después del asesinato de George Floyd representa algo más profundo y más amplio. Podemos apreciar cómo ha madurado el movimiento a lo largo del tiempo.

En primer lugar, pienso que la gente que llenaba las calles este verano tiene mucha más consciencia de que no puede haber pequeños cambios o retoques cosméticos para rectificar la violencia policial. El sistema ha tenido una oportunidad durante varios años de responder imponiendo justicia en los casos de las personas que murieron a manos de la policía, cambiando el modelo de cómo ejercer las funciones policiales o confrontando el racismo que muestran los monumentos y banderas confederadas. Sin embargo, después de varios años, la policía sigue matando a personas negras y los monumentos siguen en pie. Esta es la razón por la que había tanta indignación en las protestas; no se restringía a la cuestión particular de la muerte de George Floyd o de Breanna Taylor sino que iba dirigida contra todo el sistema policial y las bases de este país en la esclavitud. Esto abrió un debate generalizado sobre la abolición y la retirada de fondos a la policía, y sobre los orígenes racistas del país. También condujo a protestas violentas que incluyeron destrucción de propiedades.

Otra cuestión inaudita fue el apoyo que obtuvieron estas protestas de la ciudadanía blanca. Vivo en Boston, una ciudad notoriamente racista, y sin embargo fue sorprendente ver tantos símbolos de Black Lives Matter en barrios blancos. Mucha gente sintió la necesidad no solo de afirmar que no son racistas, sino de movilizarse activamente a favor del antirracismo. En un momento dado, los sondeos mostraron que el 70% de la ciudadanía apoyaba las protestas, lo que no deja de sorprender dado el nivel de beligerancia de las protestas.

NB: ¿Qué hace falta para transformar estas protestas en un cambio estructural?
KPS: Nada más y nada menos que la refundación estructural de este país. El racismo no es solo un rasgo erróneo, desafortunado y pernicioso de la sociedad estadounidense; constituye la base de los cimientos del país. EEUU se formó a partir de una guerra genocida contra la población nativa y el sometimiento de la población negra como ciudadanía de segunda clase permanentemente, situada en la base social. Han pasado 400 años y todavía estamos esperando una igualdad real. Cada aspecto de la sociedad estadounidense está conformado por estos rasgos: las leyes, la educación, la policía, la geografía, los monumentos… está en todas partes. Cambiarlo supone poner patas arriba las nociones estadounidenses de propiedad privada, y de qué sociedad merece no ya la ciudadanía negra, sino la ciudadanía. Concretamente, una acción específica y directa de múltiples componentes sería la reparación a la ciudadanía negra no solo por la esclavitud y su legado, sino también por la continuada extracción de riqueza que observamos en la vivienda y en términos económicos en general. Esto se relaciona con una agenda redistributiva amplia.

NB: Antes has mencionado a Obama, durante cuyo mandato se incrementó la violencia policial sin obtener una respuesta adecuada por su parte. En aquel momento, su elección se entendió como un gran paso adelante hacia la justicia racial. ¿Por qué falló?
KPS: Obama goza de la reputación de ser un héroe progresista, y en cierto nivel tiene sentido. Fue sometido a un trato que ningún otro presidente había sido sometido debido al racismo, así que tiene sentido defenderle, pero sus políticas reales o su legado no son progresistas. Deportó a más migrantes que cualquier otro presidente, convirtió a EEUU en el “productor” de energía número uno a un coste elevadísimo para los pueblos nativos y el planeta, aumentó y expandió la guerra contra el terrorismo, y rescató a los bancos en lugar de a las personas. Ese es su legado. Debido a los años de Trump, mucho de lo que hizo Obama se ha olvidado. Sin embargo, incluso ahora interviene en el debate político desde una posición reaccionaria.

La última es la denuncia del eslógan de retirar los fondos a la policía. Y anteriormente este año, en el punto álgido de las protestas de Black Lives Matter, cuando los atletas profesionales en un gesto histórico rehusaron jugar y la NBA estaba a punto de ir a la huelga por el llamamiento de uno de los jugadores más famosos del planeta, LeBron James, Obama en lugar de apoyarlo, voló para reunirse con los jugadores y detener la protesta.

NB: Aunque Donald Trump ya es un “pato cojo”, es muy probable que el trumpismo persista durante largo tiempo.

¿Cómo interpreta la existencia de esta corriente?

¿Cuáles son sus raíces?
KPS: Las raíces del trumpismo se hunden en la historia reaccionaria de este país. El rechazo de Trump a admitir su derrota se asemeja al rechazo de los confederados a admitir su derrota en la guerra civil. Hay gente en EEUU que nunca aceptó la derrota en aquel conflicto, y son los predecesores políticos de Trump. También hunde sus raíces en el abrazo entusiasta del proyecto de asentamiento colonial. Se ha comparado a Trump con el ex presidente Andrew Jackson, un populista de derechas que asesinó con entusiasmo a los nativos americanos. Las raíces más contemporáneas descansan en una grave crisis social nacional en términos de empleo, precariedad y desigualdades. Buena parte de la ciudadanía ha perdido la seguridad económica que tenían hace 30 ó 40 años. Trump vendió la mentira de que podía recuperar el esplendor de aquellos días, pero nadie puede hacerlo. Por ejemplo, EEUU no puede volver a ser el centro manufacturero del mundo. No se asume honestamente que el momento de hegemonía política y económica estadounidense ha terminado.

La izquierda tiene que admitir que una parte de la ciudadanía encontrara atractivos los abusos de Trump a las mujeres, la infancia encerrada y los muros, así como las crisis económica y política que los sustentan, y el por qué la respuesta de la izquierda no se ha hecho oir. Muchos de los que votaron por Trump no habían votado antes porque sentían que el sistema es muy corrupto, cosa que es cierta, pero resulta trágico que la ciudadanía se incline hacia una demagogia derechista para abordar la corrupción. La izquierda tiene que construir una multiplicidad de visiones sobre el hecho de que todo el mundo merece vidas dignas pero basadas en la solidaridad, no en un mito de grandeza que depende del poder y el éxito de las elites.

NB: ¿Cuáles son actualmente las principales reivindicaciones del movimiento Black Lives Matter?

¿Cuáles son los grupos más destacados de la sociedad civil organizada?

¿Y sus estrategias de lucha?
KPS: La fortaleza de Black Lives Matter descansa en sus campañas locales que demandan justicia para las familias. Ciertos asesinatos como el de George Floyd o Breanna Taylor adquieren relieve y apoyo nacional, pero hay otros tantos casos a escala local.

Una demanda unificadora de estas campañas es la de retirar los fondos a la policia –#defundthepolice– que en un futuro no se considerará radical, pero actualmente sí. Los presupuestos de la policía hasta ahora han sido sagrados, pero hay muchos lugares donde se han discutido cambios en la asignación de recursos. Los Angeles ha decidido reducir el presupuesto policial, Minneapolis incluso se comprometió a disolver la policía aunque después se retractó, los activistas de Seattle obtuvieron algunos compromisos, aunque se está retrasando su aplicación. El activismo se está dando cuenta de que llevará mucho más trabajo de lo que pensaban lograr estos cambios, pero incluso aunque sea así, ha suscitado conversaciones relevantes para reimaginar la sociedad sobre dónde invertir los recursos, qué podría reemplazar a la policía que respondiera a los problemas sociales porque actualmente se llama a la policía para responder a todo, y lo hace con violencia. Hay numerosos casos en los que personas negras en situaciones de angustia psicológica son respondidos por la policía con violencia en lugar de con apoyo médico.

Biden ya ha señalado que no está a favor de este movimiento. Una semana antes de las elecciones, la policía de Filadelfia asesinó a Walter Wallace, un hombre negro que atravesaba un episodio de angustia en una crisis de salud mental, lo que desató enormes protestas. Cuando preguntaron a Biden qué opinaba sobre las protestas, respondió que no hay excusa para el pillaje. No son buenos presagios sobre cómo va a actuar con la policía, y de hecho a lo largo de su carrera su solución a la violencia policial siempre ha sido aumentar el presupuesto, más policía y más formación. Será una dura batalla, pero el movimiento es fuerte y logrará que se implante cierta clase de rendición de cuentas.

Otra cuestión será la reparación. Algunas instituciones académicas han hecho gestos de reconocimiento. Harvard, Brown, Georgetown… instituciones elitistas que se han beneficiado de la esclavitud. Brown, por ejemplo, fue fundada por un capitán de barcos de esclavos. Hasta ahora, ha habido algunos compromisos de indemnizar a los descendientes de las personas esclavizadas y de ofrecer garantías a los estudiantes negros.

Todas las ciudades tienen su historia con diferentes formas de desposeer a la ciudadanía negra. En Boston se puso en marcha un programa nacional de renovación urbana que llevó a la destrucción de los vecindarios negros para construir nuevas carreteras. Este proyecto suscitó una fuerte resistencia, pero no antes de que se hubieran demolido 500 edificios en un barrio comercial negro que nunca se ha recuperado del todo. Necesitamos reparaciones a escala nacional, pero también necesitamos respuestas locales. Cambiaría mucho la situación si las instituciones responsables de destruir las barriadas compensaran a las comunidades negras.

Creo que lo que es emocionante y hermoso de estas conversaciones sobre la abolición y las reparaciones es que muestran que aunque las heridas son muy profundas, se pueden sanar. Hay una promesa real de redención y un futuro esperanzador.

¿Cómo sería la sociedad si cientos de miles de personas no estuvieran encarceladas, sino trabajando en las comunidades?

¿Cómo sería si los recursos para las prisiones se invirtieran en las necesidades de la gente?

¿Qué sería posible socialmente si se produjera ese tipo de reparación?

Nick Buxton es asesor de comunicaciones y colabora como redactor y coordinador de las comunidades de aprendizaje digital de Transnational Institute (TNI).

1 La Orden Ejecutiva 13769, bajo el título «Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States», de 27 de enero de 2017, recibe la denominación de Muslim Travel Ban por los detractores de la norma [N. de la T.]

Traducción: Nuria del Viso del equipo de FUHEM Ecosocial.

Acceso al artículo completo en formato pdf:  Entrevista a Khury Petersen-Smith: de Black Lives Matter a la liberación negra.

 

by Susana Fernández Herrero