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Debate sobre el trabajo de cuidados

La organización de esta mesa redonda tiene lugar en un momento en el que los recortes sobre las políticas de dependencia ponen el trabajo de cuidados en primer plano, y viene precedido de la aparición del libro El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, coeditado por FUHEM Ecosocial y Los Libros de la Catarata.

Esta obra que recupera y da un paso adelante al abordar el trabajo de cuidados ha corrido a cargo de tres editoras: Cristina Borderías, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona; Cristina Carrasco, que imparte Teoría Económica en la misma universidad; y Teresa Torns, docente en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Tal y como nos explican las responsables del libro en la presentación: “esta obra nace del afán por avanzar en el conocimiento sobre el trabajo de cuidados; un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar de las personas, que continúa siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, aunque resulta de vital importancia para toda la sociedad. Desde hace casi cuarenta años, este interés ha ido aumentando progresivamente entre quienes se ocupan y preocupan del bienestar en las sociedades contemporáneas, especialmente en el pensamiento feminista, que ha mostrado que las tareas de atención y cuidado de la vida de las personas son labores imprescindibles para la reproducción social y el bienestar cotidiano”.

Este libro recoge una selección de artículos de obligada referencia sobre la temática, escritos por destacadas especialistas en historia, sociología o economía. Así, desde una perspectiva interdisciplinar, el trabajo de cuidados se aborda en sus distintas dimensiones: remunerado o no, ofrecido desde el sector privado o público y en sus aspectos objetivos o más subjetivos.

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Acceso al Índice, Presentación e Introducción al libro «El trabajo de cuidados: antecedentes históricos y debates actuales». Este análisis recoge los debates, elaboraciones teóricas y estudios aplicados en torno al trabajo de cuidados producidos en las diferentes disciplinas sociales en las últimas décadas, aportando una perspectiva histórica.

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La Situación del Mundo 2012: Hacia una prosperidad sostenible

El libro La Situación del Mundo 2012: Hacia una prosperidad sostenible, publicado en castellano por FUHEM Ecosocial e Icaria, ofrece una amplia visión sobre las tendencias actuales en economía y sostenibilidad global y sobre las políticas que pueden resolver claramente algunos de los problemas ambientales y sociales más urgentes, estableciendo una vía para reformar las instituciones económicas de forma que promuevan el cuidado del medio ambiente y la prosperidad globales. Los autores aportan la visión de una vida mejor para todos, y alertan de que los acelerados cambios que se están dando en el medio ambiente, podrían impedir alcanzar ese futuro de economías más equitativas y sostenibles.

Este informe, publicado por el Instituto Worldwatch de Washington y traducido a más de 20 lenguas gracias a su red de socios internacionales de la que FUHEM Ecosocial e Icaria forman parte, ofrece las contribuciones de 35 autores que describen muchos de los patrones actuales que son social y económicamente insostenibles y explora las oportunidades y alternativas que surgen en materia de agricultura, tecnologías de la información y biodiversidad para reorientar la construcción de las ciudades, la política local y la gobernanza global.

Apéndice exclusivo de la edición en español. La “paradoja verde”

Junto a los textos de los investigadores del Instituto Worldwatch, la edición en castellano ofrece un apéndice exclusivo firmado por José Manuel Naredo y Erik Gómez-Baggethun. Con el título “RIO+20 en perspectiva. Economía verde: nueva reconciliación virtual entre ecología y economía”, analiza la evolución de las políticas ambientales internacionales desde los albores del movimiento conservacionista hasta la actualidad. El texto examina también las nociones principales que se han sucedido a lo largo de este periodo en la política ambiental (ecodesarrollo, desarrollo sostenible, economía verde…), y cómo se ha abordado desde cada una de ellas la problemática del crecimiento económico perpetuo en un planeta sujeto a límites físicos.

Los principales cambios acontecidos en el discurso ecológico y la política ambiental encuentran reflejo a lo largo del artículo y se enjuician en el marco de las trasformaciones políticas e institucionales que han tenido lugar en el panorama político internacional. Con una mirada crítica, se pone de relieve lo que los autores definen como la “paradoja verde”, según la cual pasado medio siglo desde el surgimiento el conservacionismo, la expansión de las políticas verdes sigue corriendo en paralelo con la acentuación del deterioro ecológico. Se indaga en las causas que subyacen a dicha paradoja y se evidencia la falta de propuestas sólidas orientadas a reconvertir el metabolismo económico en patrones ecológicamente viables.

Una nueva visión y nuevas políticas para lograr una vida saludable

¿Cómo podremos avanzar hacia una prosperidad sostenible y compartida equitativamente, mientras la población sigue aumentando, nuestras ciudades albergan a más y más personas y se deterioran nuestros sistemas ecológicos?

Durante los últimos 50 años, las clases altas y medias de la población mundial han más que duplicado sus niveles de consumo, al tiempo que entre mil y dos mil millones de personas aspiran a formar parte de la clase consumidora mundial. El planeta no puede mantener tales incrementos en la demanda de recursos sin que esto tenga graves consecuencias tanto para las personas como para los ecosistemas, según concluye La Situación del Mundo 2012. El libro, el vigésimo noveno de una serie que el Instituto Worldwatch comenzó en 1984, subraya que debemos actuar rápidamente para redefinir nuestro concepto de “vida buena” y redoblar nuestros esfuerzos en hacerla sostenible.

“El modelo de crecimiento surgido de la Revolución Industrial, está enraizado en estructuras, comportamientos y actividades que son claramente insostenibles”, explica Michael Renner, co-director de la edición de 2012. “Las crecientes tensiones sobre los ecosistemas y la presión sobre los recursos vienen acompañados por problemas socio-económicos cada vez mayores: la implosión de instrumentos financieros especulativos que ha conducido a la crisis económica, las crecientes desigualdad y vulnerabilidad sociales, y la inseguridad laboral. Con todo ello, resulta difícil no concluir que la economía ha dejado de trabajar a favor de las personas y del planeta”.

En lugar de seguir por ese camino, tenemos que volver a priorizar lo que son las necesidades básicas y perseguir una prosperidad sostenible: un desarrollo que permita vivir a todos los seres humanos con sus necesidades fundamentales resueltas, reconociendo su dignidad y con grandes posibilidades de vivir de forma satisfactoria y feliz, todo ello sin que eso suponga negar a los demás, en el presente y en el futuro, la capacidad de hacer lo mismo. Esto, significa, no sólo prevenir una mayor degradación de los ecosistemas terrestres, sino trabajar activamente para recuperarlos.

La Conferencia Río+20: los antecedentes, el fracaso y el futuro

Las aspiraciones de la cumbre de Río en 1992 colisionaron con tendencias que resultan aleccionadoras, incluyendo políticas hostiles hacia el planeta, la economía ortodoxa y una cultura dominante a favor del consumismo. Los veinte años transcurridos han evidenciado que el cambio que necesitamos no es meramente técnico, sino que implica cambios en nuestro estilo de vida, la cultura y las políticas.

La Conferencia de Río+20, debería haber servido de catalizador para avanzar hacia una prosperidad sostenible. La cumbre ofrecía la oportunidad de establecer la senda para un sistema económico que promoviera la salud de personas y ecosistemas. De hecho, los temas de Rio + 20 eran: una economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y un marco institucional para el desarrollo sostenible.

Sin embargo, a la vista de los resultados, cabe rescatar las palabras de Robert Engelman, presidente del Instituto Worldwatch, quien en el Prefacio del libro señala: “los informes y las ideas expuestas en este libro no pretenden ser un modelo para los debates de Río, sino propuestas para el cambio, (…) para poder trabajar antes y después de la Conferencia. (…) Independientemente de lo que presidentes, parlamentos y embajadores logren o dejen de lograr, es frecuente que el detonante de los cambios más transcendentales sean los movimientos sociales y los activistas”.

Resumen de los temas clave planteados en La Situación del Mundo 2012.

- Poner la “economía verde” al servicio de las personas. La economía verde no significará lo mismo para un país industrial, emergente o en vías de desarrollo. Pero todos los países tienen en común la necesidad de crear empleos verdes que proporcionen una vida digna. Hasta ahora la creación de empleo verde se encuentra principalmente en un número relativamente pequeño de países líderes en I+D y en inversiones ecológicas, pero un creciente número de países reclama participar en el empleo verde. Una economía sostenible requiere solidaridad y equidad social entre países y en el seno de los mismos. Una estrategia “verde para todos” requiere nuevos planteamientos en el suministro energético, transportes, vivienda y gestión de residuos, que combinen el cambio técnico y estructural con el empoderamiento social. Para promover el empleo verde en todo el mundo es preciso mejorar su conocimiento, integrarlo en las estadísticas económicas, promover la formación, el trabajo en red, la innovación y la financiación.

- Decrecimiento en los países sobredesarrollados. La humanidad está usando actualmente la capacidad ecológica de 1,5 Tierras, y gran parte de ese consumo se debe a los sobredesarrollados países industrializados. Una prosperidad sostenible requerirá el decrecimiento económico de esos países. Esto se puede lograr a través de una serie de medidas que incluyen: cargas fiscales más equitativas, reducción de la jornada laboral, evidenciar la “anormalidad” de ciertos tipos de consumo y modificar la percepción que la publicidad ha logrado sobre ciertos sectores de la economía, como la producción de alimentos y el cuidado de los niños. En estos últimos casos, los ejemplos de los huertos vecinales y los hogares multigeneracionales ofrecen una senda alternativa, pero no la única. La cuestión es que, en función de nuestros parámetros culturales y sociales, la prosperidad sigue percibiéndose como más consumo y más crecimiento cuando se trata de recuperar los significados tradicionales de la prosperidad que incluyen: buena salud, relaciones sociales, tiempo libre y un trabajo gratificante.

- Un desarrollo urbano inclusivo y sostenible. La pobreza urbana está muy extendida y va en aumento, y en términos absolutos se expande tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo: 828 millones de personas viven en asentamientos informales o barrios marginales. La planificación urbana necesita incluir estrategias en las que participen las propias comunidades a través de organizaciones comunitarias, en coordinación con otros sectores, especialmente en lo que respecta a alojamientos asequibles, sistemas de transportes y desarrollo económico.

- Transporte sostenible. Actualmente, hay en torno a 800 millones de coches en las carreteras del mundo. En los países en desarrollo, el transporte genera hasta un 80% de los contaminantes atmosféricos nocivos para la salud y causantes de 1,3 millones de muertes prematuras anuales. Una alternativa sostenible y socialmente progresista requiere un viraje hacia ciudades más compactas, lo que generalmente implica menos viajes motorizados, invertir en transporte de alta calidad y dar vida a saludables comunidades en las que las personas puedan desplazarse a pie o en bicicleta.

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y el 90% de la urbanización está teniendo lugar en el mundo en desarrollo. Las TIC pueden ayudar a que las ciudades sean más seguras, más limpias y más sostenibles para vivir, pero estas tecnologías están actualmente infrautilizadas tanto en el mundo desarrollado como en las zonas en desarrollo. Para revertir esta tendencia se debe ir hacia acuerdos públicos-privados y proyectos de “ciudades inteligentes” que provean el acceso público a la información y animen a la participación ciudadana.
Algunos ejemplos: farolas con sensores de movimiento para ahorrar energía, aplicaciones de móvil que permiten avisar a las autoridades de edificios en mal estado o atascos de tráfico.

- Reinventar las empresas. En quinientos años, las empresas transnacionales han evolucionado hasta convertirse en entidades muy influyentes. A menudo actúan sin restricciones, sin que se establezcan límites a sus impactos sobre la sociedad, el medio ambiente o la economía. Si queremos alcanzar la sostenibilidad, las transnacionales deberán adaptarse, incluyendo en los cambios sus propósitos, propiedad, capital invertido y gobernanza.

- La arquitectura global de una gobernanza sostenible. Los esfuerzos a favor de la sostenibilidad mundial se acordarán a partir de los debates del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Si el PNUMA va a jugar un importante papel en estas cuestiones, este debe incrementar su autoridad y sus recursos financieros, y lo que es más necesario, debe estar mejor conectado con otras agencias internacionales de forma que pueda cumplir con el papel de coordinación y visión que sus fundadores tuvieron en mente cuando se creó.

En la segunda parte, el libro incluye varios capítulos que se agrupan bajo el título global de “Políticas para el cambio”. Algunas de las políticas enunciadas son:

- Estrategias frente al crecimiento de la población. En 2011, la población global superó la cifra de los 7.000 millones de personas, y afrontar el crecimiento de la población es crítico para el futuro de la sostenibilidad del planeta. El capítulo plantea las estrategias que podrían lograr estabilizar la población mundial en un nivel inferior a los 9.000 millones de personas antes de mediados del siglo actual. Esas políticas pasan por asegurar el acceso a opciones anticonceptivas seguras y eficaces para ambos sexos; garantizar el acceso universal a la educación secundaria de niños y niñas; erradicar las desigualdades de género en las leyes, las oportunidades económicas, la sanidad y la cultura; ofrecer educación sexual; acabar con las políticas que subvencionan maternidad y paternidad basándose en el número de hijos; poner precio a los costes e impactos ambientales de los hijos; adaptarse al envejecimiento de la población en lugar de incentivar el aumento de la natalidad.

- Edificios sostenibles. La construcción y el funcionamiento de los edificios consumen entre el 25 y el 40% de toda la energía producida, y representa entre el 30 y el 40% de las emisiones de dióxido de carbono. El análisis enfatiza que no valen trucos o lavado de imagen verde en este tema, y recomienda un futuro en el que se tenga en cuenta el ciclo de vida de los edificios, sopesando todos sus impactos en el medio ambiente. La meta, a la que deberían contribuir las políticas públicas, debería seguir los principios de: cero energía, cero emisiones y cero residuos.

- Políticas públicas para un consumo sostenible. Combatir la expansión de la cultura consumista requerirá la implicación de los gobiernos, incluyendo la gestión de la publicidad, modificaciones fiscales que contemplen el coste real del producto o servicio, y el establecimiento de certificados de sostenibilidad.

- Cultivos sostenibles. Un creciente consenso reconoce la quiebra del sistema agrícola alimentario global y el surgimiento de soluciones. A principios de 2011, una de cada siete personas en el mundo padecía desnutrición crónica. 925 millones de personas carecen habitualmente de alimentos suficientes. Muchos de estas personas son pequeños agricultores o jornaleros rurales. En vez de centrarnos en soluciones tecnológicas como la aplicación de agroquímicos, los pequeños productores han de jugar un papel clave en un sistema alimentario sostenible. Para mejorar la producción y la sostenibilidad medioambiental de las pequeñas granjas, la futura política agraria ha de combinar la defensa de sus derechos con una legislación vinculada a la zona y la cultura local.

- Equidad y seguridad alimentaria en un mundo condicionado por el clima. En las últimas décadas la ganadería industrial ha incrementado la producción de carne, huevos y lácteos, que han pasado a formar parte de la alimentación diaria de más personas. Pero esta producción industrial de alimentos ha sido nociva, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. La internalización de los costes, la recuperación de los ecosistemas y la educación de la población puede ayudar a crear un sistema alimentario más eficiente, equitativo y compatible con el clima.

- Biodiversidad: combatir la sexta extinción masiva. El ritmo actual de extinción de especies se estima en 1.000 veces superior al de la época pre-industrial. Esfuerzos de carácter intergubernamental e internacional serán necesarios para la comprensión de las consecuencias de esta pérdida irreversible y la protección de espacios terrestres y marinos.

- Valorar los servicios de los ecosistemas. La huella ecológica humana ha crecido de tal manera que, en muchos casos, el verdadero progreso queda más restringido por la disponibilidad limitada de recursos naturales y de servicios ecosistémicos que por el capital invertido en infraestructuras. Tenemos que dar valor a los elementos que contribuyen al bienestar humano: los sistemas ecológicos que proporcionan aire limpio, agua dulce, tierra fértil, clima estable, eliminación de residuos, polinización de cosechas… Evaluar los beneficios que se derivan de los ecosistemas asignándoles valores monetarios o físicos podría facilitar la gestión de los recursos naturales que constituyen los bienes comunes.

- Lograr un buen gobierno local. La democracia local es fundamental para el desarrollo sostenible, especialmente en las ciudades, porque desde estos ámbitos se puede actuar directamente sobre la reducción de la pobreza, el crecimiento del empleo, la igualdad de género y la protección medioambiental.

Acceso a los archivos en pdf: Índice de contenidos; Prólogo y Prefacio.

Este libro está a la venta en nuestra Librería. 

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Por una sanidad pública y universal

MANIFIESTO POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL

El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, publicado en el B.O.E el 24 de Abril de 2012 y con entrada en vigor ese mismo día:

1. Elimina el derecho a la sanidad de las personas inmigrantes en situación irregular y destruye el principio de sanidad universal.

2. Supone también el no acceso a la sanidad a ciudadanos/as españoles/as mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada en el Sistema de la Seguridad Social. Lo que prácticamente equivale a cerrar el acceso a la sanidad pública y gratuita a estudiantes universitarios, personas discapacitadas en grado inferior al 65%, personas pertenecientes a la etnia gitana, personas que han desempeñado trabajos irregulares a lo largo de su vida –siendo las empleadas del hogar un colectivo particularmente afectado por la medida-, mujeres amas de casa divorciadas que no están a cargo del ex cónyuge y separadas de parejas de hecho no formalizadas; religiosos y profesionales liberales.

3. Se restringe el derecho de residencia de las personas comunitarias y sus familias, si no están trabajando, estudiando o no demuestran recursos suficientes.

Como consecuencia del citado decreto, el 1 de Septiembre de 2012 muchas personas van a ver limitados sus derechos básicos, lo que pone en cuestión de manera preocupante nuestra capacidad de integración no sólo de los inmigrantes sino de los ciudadanos más desfavorecidos. Nos encontramos ante una regresión, que no parece coyuntural, en materia de promoción de la igualdad como fundamento del orden constitucional.

Nos encontramos ante la absurda situación de que un Real Decreto Ley cuestiona y marca un punto de inflexión en un largo proceso histórico de adquisición y consolidación del acervo común de derechos y principios que es el fundamento del orden político.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. El derecho a la salud y cobertura universal en la legislación y compromisos políticos internacionales.
“La Constitución de la OMS describe el derecho fundamental de todo ser humano a disfrutar «de la mejor asistencia sanitaria posible». La cobertura universal es la mejor manera de alcanzar ese derecho.(…) Es fundamental para el Principio de Salud para Todos, fijado hace más de 30 años en la Declaración de Alma-Ata (Kazajstán). (…) El principio de cobertura universal se ratificó en el Informe Mundial de la Salud 2008 sobre la atención primaria a la salud y en la reso¬lución posterior de la Asamblea Mundial de la Salud (67).”

Tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos:

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979
• Convención sobre los Derechos del Niño, 1989

Tratados regionales de derechos humanos:

• Carta Social Europea, 1961
• Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988
El Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) dice que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán las necesarias para:
• la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
• la creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de salud.

La resolución 58.33 de la Asamblea Mundial de la Salud de 2005 asegura que todos tenemos derecho a acceder a los servicios sanitarios y que nadie debe sufrir dificultades financieras por hacerlo.

La Constitución española reconoce en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud y que:
“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”

2. El principio de igualdad y no discriminación
El Convenio Europeo sobre Derechos Humanos establece en su artículo 14 la Prohibición de discriminación:
“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”

La Constitución española de 1978 establece:

Artículo 9:
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Artículo 14:
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La Ley 33/2011 General de Salud Pública, de 4 de octubre, aprobada por unanimidad en el parlamento estatal y que entró en vigor hace unos pocos meses, extiende el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no se les reconoce en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.

Artículo 6: Derecho a la igualdad
Todas las personas tienen derecho a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial, étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3. Quiebra de la salud pública, la calidad de vida y la solidaridad
A las vista de lo expuesto, consideramos que el Real Decreto Ley 16/2012 -de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones- no sólo viola una serie de principios y normas legales sino que contribuye a minar uno de los pilares de la cohesión social y política en el estado español.

• En primer lugar, ataca el principio de universalidad por su punto más débil, ya que teniendo en cuenta las condiciones objetivas de los colectivos afectados resulta evidente que la exclusión del sistema sanitario se traducirá en una merma de su calidad de vida y en un empeoramiento de su situación financiera. Nos encontramos, pues, ante una norma que viola el principio de no discriminación y que, adicionalmente, tendrá efectos negativos muy tangibles y previsibles sobre la vida de determinados colectivos de personas, poniendo contra las cuerdas del sistema a una serie de colectivos desfavorecidos por definición.

• En segundo lugar, ataca el principio de solidaridad que establece la responsabilidad del todo por las partes y de las partes por el todo. Un principio de solidaridad que no se puede concebir como plus ni como una generosidad optativa; una solidaridad que no puede tener su causa en una abundancia volátil sino en un compromiso inamovible con la equidad.

• En tercer lugar, la citada medida legislativa tendrá consecuencias muy negativas para la salud de los colectivos afectados y para la salud pública en general: aumento de los riesgos de contagio, falta de atención de patologías crónicas, riesgo de colapsar los servicios de urgencia, empeoramiento de las condiciones de vida de las personas enfermas de VIH, tuberculosis y enfermedades infecto-contagiosas.

• En cuarto lugar, el Código Deontológico Médico, aprobado en julio de 2011 por la Organización Médica Colegial compromete a los médicos a atender a todos los pacientes aunque no tengan derecho a la asistencia sanitaria, lo que plantea problemas con respecto a las disposiciones del citado decreto.

Consideramos que:

I. Un Real Decreto Ley no puede limitar un derecho humano básico como el derecho a la salud y que las “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” son un paso más en una estrategia de largo plazo dirigida a desmantelar las estructuras del estado de bienestar y quebrar los sistemas institucionales de solidaridad con la excusa de sostener el sistema y mejorar la calidad y las prestaciones.

II. Este decreto viene a agravar aún más el abandono al que, tanto el gobierno central como el autonómico, están sometiendo a los colectivos de personas que, por una u otra razón u otra, se encuentran en una situación vulnerable desde el punto de vista social, económico o sanitario.

III. En una situación de crisis social y económica profunda, la Constitución vigente obliga al gobierno y al parlamento a desarrollar las políticas sociales y tomar las iniciativas legales tendentes a proteger a los amplios sectores de la población que corren un grave riesgo de exclusión.

Por todo ello, solicito que el Defensor del Pueblo, en ejercicio de su mandato inste la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, publicado en el B.O.E el 24 de Abril de 2012.

Puedes adherirte al manifiesto y enviar tu queja al Defensor del Pueblo. Sigue este enlace y adjunta este archivo con el manifiesto.

http://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/presenta/modalidad.jsf

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