¿El fin de la corporación?

 

Es hora de hacer obsoleta la corporación maximizadora de ganancias y controlada por los accionistas

Marjorie Kelly

 

Imagina que a tu ciudad la atraviesan trenes gigantes que viajan a una velocidad increíble porque los propietarios de los trenes pagan a sus conductores en función de la velocidad. La ciudad establece límites de velocidad, instala luces intermitentes, envía a la policía para mantener a los peatones fuera de las vías. Inevitablemente, los trenes siguen atropellando personas y automóviles, causando lesiones y muertes. ¿Cómo responde el ayuntamiento? Reparando cruces y vallas.

Así es como la sociedad intenta ahora regular el comportamiento de las corporaciones. Aprobamos regulaciones para las grandes corporaciones manteniendo intacto su objetivo de maximización de beneficios. Cuando las corporaciones evaden las regulaciones muy intrincadas (recuerda que los megabancos casi hacen colapsar toda la economía mundial en 2008), nuestra respuesta es reparar las barreras regulatorias.

Es hora de hacer obsoleta la corporación maximizadora de ganancias y controlada por accionistas. En el momento peligroso que enfrentamos, con las crisis de la emergencia climática y la desigualdad desbocadas, ha llegado el momento de que las corporaciones dejen de actuar como si su principal deber fuera servir a los accionistas financieros.

Incluso los presidentes de las mayores empresas de los Estados Unidos aceptaron este hecho, al menos retóricamente, en una declaración de la Mesa Redonda de Negocios en agosto de 2019. El grupo indicó que era consciente de la necesidad de cambiar su propósito corporativo para servir a un conjunto más amplio interesados. Del mismo modo, durante la reunión de la élite financiera en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en enero de 2019, un tema clave fue la pérdida de fe en el actual statu quo de la economía. Axios lo llamó "un ajuste de cuentas para el capitalismo”.

Lo que debe cambiar es la propiedad y el diseño estructural de la corporación

Sin embargo, en estas conversaciones falta la verdad más amenazante, que lo que debe cambiar es la propiedad. Mientras las fuerzas estructurales de la propiedad corporativa actual permanezcan como hasta ahora, donde solo los accionistas votan al consejo ejecutivo y son predominantemente ricos, donde las empresas definen el éxito como un aumento en el precio de las acciones y remunera a los ejecutivos generosamente por lograrlo, no hay suficiente retórica o regulación externa que pueda alejar a las empresas de su objetivo actual: crear más riqueza para los ricos, a la mayor velocidad posible.

Lo que debe cambiar es el diseño estructural y la propiedad de la propia corporación. Necesitamos prever y crear un concepto completamente nuevo de la compañía, una empresa justa, diseñada de adentro hacia afuera con un nuevo mandato: servir al bienestar general y al bien público. La empresa justa es el único tipo que, en última instancia, debería permitirse que exista. Se acerca el momento en que la sociedad debe terminar con la corporación tal como la conocemos.

Esta tarea puede parecer hoy inimaginable. Tan solo las diez principales corporaciones de los Estados Unidos, entre ellas Apple, Exxon Mobil, General Motors y Walmart, tienen ingresos de más de 2,18 billones de dólares y dan empleo a 3,6 millones de personas. En comparación, los ingresos totales del Gobierno de Estados Unidos en 2015 fueron de sólo 3,1 billones de dólares y el empleo total (con exclusión de los militares) de 2,7 millones de personas.

En otras palabras, la suma de 10 corporaciones constituye dos tercios del tamaño del gobierno más poderoso del mundo. A nivel mundial, en 2011 el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich descubrió que sólo 1.318 corporaciones de gran tamaño controlan el 80% de los ingresos comerciales.

El mismo estudio de Zúrich mostró que 147 corporaciones controlan el 40% de la riqueza total de la red. Fuente: Vitali et al. (2011)

Estas corporaciones son, a su vez, propiedad de unos pocos: el 10% más rico de Estados Unidos posee el 84% de las acciones de empresas que cotizan en la bolsa. La propiedad concentrada de activos en la élite mantiene a las corporaciones en su órbita actual, bloqueando el sistema más amplio en las prácticas extractivas que conducen a una mayor desigualdad y destrucción ecológica.

Luces apagadas, luces encendidas

Por el contrario, las formas democráticas y justas de propiedad de la empresa tienen, por su naturaleza, más probabilidades de proporcionar amplios beneficios públicos. Por ejemplo, la reciente debacle con Pacific Gas & Electric en California (PG&E), la compañía propiedad de inversionistas cuyo equipamiento mal gestionado y obsoleto provocó incendios forestales de 2017 y 2018, incluido el catastrófico incendio de Camp Fire que mató a 85 personas y destruyó la localidad de Paradise.

En la temporada de incendios de 2019, PG&E respondió mediante el corte de la energía durante semanas en las áreas propensas a incendios, dejando a millones literalmente en la oscuridad.


Imagen satelital del incendio. Fuente: NASA (Joshua Stevens) [Dominio público]

Sin embargo, las luces permanecieron encendidas en las regiones atendidas por el Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento, de propiedad comunitaria, conocido popularmente como SMUD. Es ampliamente reconocido que esta compañía –mayoritariamente de propiedad pública, cuya misión es servir a sus clientes y no obtener el máximo beneficio de ellos– ofrece un servicio más barato y fiable que su homóloga privada. De hecho, en los últimos años, varias jurisdicciones vecinas atendidas por PG&E han intentado unirse a SMUD (pero PG&E lo ha impedido con frecuencia).

Algunos observadores dicen que es injusto comparar a SMUD y PG&E porque esta última da servicio a áreas más propensas a incendios. Sin embargo, SMUD también provee a algunas regiones propensas a incendios, donde ha invertido en torres de transmisión diseñadas para soportar vientos fuertes, y estas áreas no han experimentado problemas. Además, según el periódico digital Sacramento Bee, muchas empresas de servicios públicos más pequeñas y de propiedad cooperativa que prestan servicios en áreas con alto riesgo de incendio mantuvieron un servicio fiable incluso cuando las zonas de PG&E se quedaron a oscuras.

La diferencia es el diseño de propiedad. La propiedad y el control financieros está detrás de las prácticas negligentes de PG&E. PG&E pasó una década sin inspeccionar el tendido eléctrico de cerca de 100 años que atraviesa un área muy boscosa. Este tendido se rompió y provocó el incendio de Camp Fire.

La diferencia es el diseño de propiedad. PG&E se centró en maximizar el precio de las acciones y SMUD tiene la misión principal de servir a sus clientes

¿Por qué una empresa tan grande, con ingresos de 17.000 millones de dólares en 2018, descuidaría el mantenimiento básico del tendido eléctrico? Porque estaba enfocada en otra cosa. Perseguía su objetivo principal: maximizar el precio de las acciones. En lugar de invertir para mantener a las comunidades seguras, PG&E sirvió a los accionistas gastando miles de millones para recomprar sus propias acciones durante una década a fin de inflar artificialmente su precio. El precio de la acción finalmente se desplomó, cayendo en picado entre 2017 y 2019 de 70 dólares a menos de 10 dólares por acción. Al parecer, esos miles de millones que PG&E gastó se desvanecieron.

La conexión entre la titularidad de la propiedad y el comportamiento de la empresa a menudo es desconocida por el público, pero no por los activistas y políticos progresistas del norte de California. La ciudad de San Francisco, el gobernador de California Gavin Newsom y una coalición de funcionarios de ciudades y condados han estado luchando para tomar el control de PG&E, ya que la empresa está en quiebra.

El gobernador ha amenazado con una adquisición pública, mientras que 110 funcionarios de ciudades y condados propusieron conjuntamente convertir a la empresa en una cooperativa de propiedad de los usuarios. En representación de ese grupo, el alcalde de San José, Sam Liccardo, señaló que el marco del grupo haría de "PG&E una empresa viable de propiedad del cliente que será transparente, responsable y equitativa”.

Su objetivo, en resumen, es crear una empresa justa.

Un nuevo paradigma

Para que nuestra civilización pueda vivir de manera segura dentro de los límites planetarios, con una economía que nos permita florecer, se necesitarán procesos de toma de decisiones económicas más democráticos. En el epicentro de este cambio hay nuevos tipos de propiedad empresarial.

La propiedad es la condición original del sistema en una economía. Toda economía se define por su forma dominante de propiedad: en la era agraria, la propiedad de la tierra era de la monarquía y la aristocracia terrateniente; en la era industrial, la propiedad de ferrocarriles y fábricas era de los capitalistas sin escrúpulos; en el comunismo, era propiedad del Estado; y en la economía financiarizada de hoy, la élite financiera posee la propiedad de los activos.

Si vamos a pasar con éxito de un panorama económico propenso al desastre a uno potencialmente de bienestar para todos y todas, entre los cambios necesarios esenciales estará crear un nuevo paradigma empresarial dominante. Si no cambia la propiedad de las corporaciones –quién las posee y con qué fines– será imposible lograr otras formas de cambio y poco probable que tengan éxito.

Una empresa justa se puede definir de forma sencilla: una empresa donde el bien público es primordial, donde la propiedad ha evolucionado para convertirse en una propiedad amplia y donde las empresas han evolucionado más allá de la norma primitiva de máxima ganancia financiera para unos pocos hacia la incorporación de una nueva norma de servicio para la mayoría.

El diseño de propiedad de la compañía dominante en la actualidad, la empresa controlada por los inversores y maximizadora de ganancias, representa un monocultivo de diseño. Su forma emblemática es la empresa que cotiza en la bolsa. Si bien hay menos de estas firmas icónicas (el número de compañías estadounidenses que cotizan en las bolsas de valores se redujo a la mitad entre 1996 y 2012), el principio de maximización de ganancias tiende a permanecer igual, con grandes empresas privadas como Koch Industries y Cargill o con empresas de capital privado. Ya sean públicas o privadas, las empresas controladas por el capital dominan la economía capitalista.

Bolsa de Tokio. Las empresas que cotizan en bolsa dominan la economía mundial. Fuente: Dick Thomas Johnson/Flickr/ (CC BY 2.0)

El control por parte del capital es lo que aleja a las empresas de la misión vital para la que existen, como sucedió en el desastre de PG&E. El propósito de las economías es satisfacer las necesidades humanas. Cuando las empresas existen únicamente para generar ganancias para el capital, la sociedad está en peligro. Como observó John Maynard Keynes: “Los especuladores pueden no hacer daño como burbujas en un flujo constante de empresas. Pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en una burbuja en un remolino de especulación”. Toda la sociedad puede convertirse, en términos de Keynes, en "un subproducto de las actividades de un casino". Aquí es donde nos encontramos hoy, en una economía del 1%, por el 1%, para el 1%.

Una economía de, por y para las personas requiere un nuevo arquetipo de empresa. A diferencia del monocultivo de la empresa controlada por el capital, se puede vislumbrar un nuevo modelo en una rica diversidad de diseños que incluyen cooperativas, empresas propiedad de los empleados, bancos comunitarios, cooperativas de crédito, empresas sociales, bancos estatales, empresas públicas y comunidades, entre otros. En ellos, la propiedad y el control no están en manos de la economía de casino, sino de las personas, con un interés natural en comunidades y ecosistemas saludables.

Dichas empresas son precursoras de un modelo arquetípico emergente, que puede convertirse en nuestra guía hasta que llegue el día en que podamos enfrentar el desafío mayor de rediseñar las grandes corporaciones. Los diversos modelos actuales muestran que la arquitectura de propiedad define el propósito del negocio y determina en gran medida si las empresas operan teniendo en cuenta el bien común.

Como escribí en Owning Our Future, hay un lenguaje sencillo que describe diferentes elementos del diseño de propiedad, con cinco elementos centrales: propósito, membresía, gobernanza interna, capital y redes. Externamente, por encima y alrededor de ello está la relación de la empresa con el gobierno. Internamente, el diseño empresarial potencia el liderazgo ético o el liderazgo de extracción con la intención de acumular una riqueza individual incalculable.

5 elementos del diseño de la propiedad

  1. Propósito
  2. Propiedad
  3. Gobernanza interna
  4. Capital
  5. Redes

La propiedad de capital representa una propiedad en ausencia y un comercio especulativo rápido, orientado a la máxima extracción de riqueza. Las redes de este arquetipo son los mercados de valores y el comercio financiero mundial, desconectados de los impactos a los trabajadores, las comunidades y la biosfera. La postura hacia el gobierno es el intento de dominación a través del cabildeo y escapar de la regulación lo más posible.

La generación emergente de empresas está diseñada para crear las condiciones para que florezca la vida. Presentan la propiedad en manos de empleados, comunidades y líderes cívicos conectados a la economía real de trabajos, hogares y familias. Dichas empresas están dirigidas por una misión social y ecológica, incorporada en la gobernanza interna donde se tienen en cuenta las voces de las partes interesadas.

Estas empresas aún requieren capital, pero como su socio, no como su amo. Las redes éticas respaldan a estas empresas, como las redes mundiales de cooperativas y los inversores de impacto. La mayoría de estas empresas generan ganancias, pero no las maximizan. Buscan equilibrar el beneficio con la misión. En relación con el gobierno, no infringen el derecho de las personas físicas a gobernarse a sí mismas, ni infringen otros derechos humanos universales.

Variantes de un arquetipo emergente

 El aspecto de este arquetipo en el mundo real se puede ver en los modelos globales existentes. Vemos un nuevo propósito de las empresas, por ejemplo, en la empresa B, donde las compañías adoptan un compromiso jurídico con el bien público. Existen 2.655 corporaciones B en 60 países, certificadas por el laboratorio B sin fines de lucro. Hay 5.400 entidades similares sin ánimo de lucro que adoptan un propósito público a través de estatutos constitutivos en 34 estados de los Estados Unidos, incluidas empresas como Kickstarter, Patagonia y King Arthur Flour.

Si bien el modelo de empresa B tiene sus defectos –se enfoca en el propósito, pero no en la propiedad o la gobernanza, y también carece de mecanismos de sanción sólidos–, representa un paso importante en el reconocimiento cultural de que es posible administrar empresas exitosas con el beneficio público como principal objetivo.

Algunos critican que las empresas del tipo de Corporación B sean totalmente privadas, en lugar de públicas, pero esta es en general la forma en que surgen los cambios sociales poderosos, como con los estándares orgánicos y los estándares de construcción ecológica LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), que comenzaron como una innovación del sector privado antes de lograr la aceptación institucional.

Las empresas sociales también incorporan un claro propósito público, por ejemplo las creadas para contratar a los desempleados de larga duración. Tech Dump en Minneapolis, por ejemplo, entrena a ex reclusos en el reciclaje de productos electrónicos. Las empresas sociales, a menudo de propiedad de organizaciones sin fines de lucro, utilizan métodos empresariales para abordar problemas sociales. Social Enterprise Alliance tiene más de 900 miembros en 42 estados de los Estados Unidos. El emprendimiento social se enseña en escuelas de negocios como Oxford, Harvard y Yale.

Tech Dump recicla dispositivos electrónicos y da trabajo a ex reclusos. Fuente: Techdump

La economía social, un concepto relacionado pero más amplio, que incluye a las cooperativas, tiene gran aceptación en Canadá, particularmente en Quebec, una provincia con más de 7.000 empresas cooperativas con ingresos anuales de más de 40.000 millones de dólares.

El poder de la gobernanza interna, combinado con una propiedad de base amplia, funciona en John Lewis Partnership (JLP), que, a pesar de las recientes dificultades financieras relacionadas con las condiciones económicas en el sector minorista, sigue siendo la cadena de grandes almacenes más grande del Reino Unido, con ventas de más de 11.700 millones de libras y una plantilla de 81.500 personas.

Esta empresa es propiedad exclusiva de sus empleados o, como los llama JLP, socios. El propósito declarado de la empresa es servir a la felicidad de sus cooperativistas, quienes ejercen su voz a través de una estructura de gobernanza democrática de consejos, comités y foros elegidos.

Cabe destacar el contraste con las empresas controladas por el capital, donde sólo los accionistas –propietarios del capital– son considerados miembros. Los empleados de las empresas tradicionales no son miembros. Están marginados y desposeídos, no tienen derecho a reclamar los beneficios que contribuyen a crear y carecen de voz en el gobierno, ganando poder sólo a través de la afiliación sindical. Pero en una empresa propiedad de los empleados como JLP, la plantilla no está conceptualmente fuera de la empresa. Ellos son la firma.

La propiedad de empresas por parte de los empleados está avanzando en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros lugares. Si creciera sustancialmente, los trabajadores comenzarían a ocupar los círculos dominantes de la economía.

El grupo de firmas alternativas más antiguo y extenso es el sector cooperativo –negocios propiedad de las personas a las que sirven– que incluye cooperativas de crédito propiedad de los depositantes; cooperativas agrícolas como Sunkist, Ocean Spray y Land O ’Lakes; y cooperativas de consumidores como REI.

A nivel mundial, las cooperativas tienen más de 1.000 millones de miembros e ingresos combinados de 3 billones de dólares. La organización cooperativa de trabajadores más grande es la Corporación Mondragón en España, una federación de trabajadores propietarios que incluye 98 cooperativas de propiedad de los trabajadores, 80.000 trabajadores y 12.000 millones de euros de ingresos. Vende productos en todo el mundo y tiene su propio banco, universidad, incubadoras de empresas y agencia de bienestar social.

En la cooperativa Organic Valley, propiedad de los agricultores, una empresa de Wisconsin con ingresos de 1.000 millones de dólares, los propietarios-miembros son sus 1.650 proveedores, los agricultores que producen la leche, el queso y los huevos orgánicos que distribuye la empresa. Organic Valley combina la propiedad en manos de la gente con un propósito vivo: salvar las granjas familiares. Debido a que esta empresa vende solo productos orgánicos, la restauración y protección del ecosistema también está garantizada. A medida que la compañía ayuda a los nuevos miembros agricultores a través del riguroso proceso para convertirse en productores orgánicos, el crecimiento de la empresa se traduce en una mayor restauración de las cuencas y los suelos.

El modelo fundamental de propiedad pública ha comenzado a resurgir a escala mundial como una estrategia viable después de la crisis financiera de 2008. Comenzando en América Latina, se ha producido un movimiento mundial para reclamar la propiedad comunitaria de los sistemas de agua después del desastroso fracaso de muchas empresas de agua propiedad de corporaciones. Este movimiento ha reclamado la propiedad pública del agua en al menos 235 casos en 37 países, beneficiando a 100 millones de personas.

Nuestro futuro como especie depende de nuestra capacidad para restaurar nuestra relación con el agua, la tierra y otros recursos generativos de la naturaleza. La arquitectura de la propiedad es clave.

Igualmente vital para nuestro futuro es quién posee el sistema bancario, un tipo de servicio que proporciona un bien público, por lo tanto, apropiado generalmente para que sea de la titularidad pública.

Los bancos públicos desempeñan un papel importante en China, Alemania, la India y varios países de América Latina. La Unión Europea (UE) tiene más de 200 bancos públicos y semipúblicos, con más de 80 agencias de financiación, que engloban el 20% de todos los activos bancarios. Las 413 cajas de ahorro municipales de propiedad pública de Alemania, Sparkassen, poseen más de 1,1 billones de euros en activos. Como señaló The Economist, estos bancos atravesaron la crisis financiera mundial "apenas sin un rasguño”.

Véanse también: The Power of Public Finance for the Future We Want (en español) y Public Finance for the Future We Want (Resumen ejecutivo en español).

Estos bancos se mantuvieron al servicio del público, libres de las demandas de los especuladores que llevaron a otros bancos a un mal comportamiento que casi hundió la economía mundial.

Se suman a una fuerza más grande de lo que casi nadie conoce. Nuestra sociedad se encuentra en un punto de ruptura, pero también en un momento de profunda innovación y rediseño. Estos modelos de propiedad alternativa tienen mucho que enseñarnos sobre lo que vendrá después: cómo se pueden aplicar sus lecciones de diseño al gran desafío de la corporación moderna.

De la regulación al diseño institucional

 En un momento en que el planeta está al borde del abismo, millones de personas viven en la ansiedad económica y la extrema derecha está creciendo en todas partes, es evidente que las viejas formas de regular el capitalismo ya no son suficientes. Las herramientas del pasado son un punto de partida, pero son inadecuadas para enfrentar los problemas de las corporaciones actuales.

Por ejemplo, las leyes antimonopolio, son una herramienta que potencialmente puede abordar el problema crítico del tamaño de las empresas (aunque en las últimas décadas, las estrategias antimonopolio han sido sorteadas por la captura y el cabildeo corporativo), pero incluso en el mejor de los casos, el antimonopolio no aborda el tema clave del propósito de la corporación.

El bien común debe formar parte del ADN de las instituciones y las prácticas económicas

¿Se puede y se debe permitir que las empresas busquen la maximización de los beneficios para los accionistas como su propósito principal? Este es un aspecto amenazante para su actividad que no se resuelve al fraccionarlas o evitar las fusiones y adquisiciones.

Otros enfoques como la regulación del salario mínimo y la imposición de un máximo de horas de trabajo tampoco abordan su propósito central, lo que deja a las corporaciones vía libre para encontrar formas de evitar esas reglas: externalizar empleos, por ejemplo, o convertir puestos de trabajo de tiempo completo en contratos de obras y servicios.

Muchos de los enfoques utilizados hoy en la regulación, incluidos los salarios mínimos, los sindicatos, la regulación de valores a la antigua usanza y las redes de seguridad social, se remontan a la década de 1930. Por supuesto, todavía los necesitamos y deben fortalecerse. Pero en el turbocapitalismo contemporáneo, globalizado y financiero, desplegar sólo estas herramientas es como poner una señal de límite de velocidad frente a un tren que acelera.

El bien común debe formar parte del ADN de las instituciones y sus prácticas económicas. Si podemos lograr tal transformación, significará que el bienestar económico de la comunidad y los trabajadores ya no dependerá de los caprichos legislativos o presidenciales en un momento determinado, sino que estará respaldado por un cambio duradero en la arquitectura subyacente del poder económico: el diseño de la propiedad y el control.

La ciencia de sistemas nos dice que los sistemas sociales humanos no están estructurados simplemente por reglas y reglamentaciones, sino que se autoorganizan en torno a valores, en torno a lo que nos interesa instintivamente. El valor central del sistema actual se puede sintetizar en el problema del sesgo de capital: una inclinación hacia las finanzas y los acaparadores de riqueza imbuidos de forma invisible en todo el sistema: en los valores, la cultura y las instituciones.

El problema central es la maximización de beneficios a través de la extracción financiera

Los intereses de capital a menudo son promovidos mediante las medidas políticas, como ocurre con los impuestos más bajos sobre las ganancias de capital que sobre los ingresos laborales, o rescates para grandes bancos, pero no para los deudores hipotecarios comunes y corrientes. Sin embargo, el sesgo de capital reside más profundamente en las arquitecturas y normas económicas básicas, en las instituciones y la propiedad del capital. El problema central es la maximización de beneficios a través de la extracción financiera. Esto es lo que la sociedad ha intentado sortear durante mucho tiempo a través de soluciones técnicas regulatorias.

Cambiar este sesgo central significa abordar la pregunta que está en el núcleo de la economía política: la cuestión de la propiedad y el control del capital productivo. Necesitamos pasar a un nuevo tipo de sistema económico eficiente, sostenible desde el punto de vista político y ecológico: una economía política moral y democrática, diseñada para el bienestar de todas las personas.

Un aspecto central de esta evolución es poner fin a la corporación maximizadora de ganancias y controlada por los inversores.

Un fracaso de la imaginación

La economía contemporánea centrada en el capital está comenzando a resultar insostenible incluso a sí misma. Es un sistema programado para su propia implosión.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la acumulación de "nubes que amenazan tormenta" de la próxima crisis financiera; el inversionista multimillonario Paul Tudor Jones ha destacado una "burbuja de deuda mundial"; y el administrador de fondos Jim Rogers ha pronosticado un colapso financiero que será el más grande que ha visto en sus 76 años.

La comunidad financiera está hablando de la "burbuja de todo", el aumento insostenible en el valor de las acciones, los bienes raíces y otros activos, y The New York Times pregunta, "¿cómo podría ser el pinchazo?". Después del último colapso, el Wall Street Journal declaró: "el Wall Street que hemos conocido durante décadas ha dejado de existir". ¿Podrá resultar cierto la próxima vez?

Diez años después, lo que es diferente es que los jóvenes se están movilizando de una forma que no se veía desde la década de 1960, y las ideas políticas radicales están sobre la mesa como nunca antes. Es posible que nos estemos acercando a puntos de inflexión en los que se vislumbra un cambio histórico importante.

Es un buen momento para tener en cuenta las dos herramientas clave que poseen los progresistas: legitimidad e imaginación. Una vez que un sistema pierde legitimidad, no importa cuán fuerte parezca, finalmente caerá. Piensa en el apartheid en Sudáfrica. Piensa en Harvey Weinstein y otros hombres poderosos frente al movimiento #MeToo. Piensa en las monarquías que dominaron el mundo durante milenios, antes de la democracia.

El sistema capitalista ya ha perdido una gran legitimidad. Este proceso puede profundizarse, a medida que ayudamos a otros a ver cómo y por qué el sistema está fallando a la gran mayoría. Un paso clave es ayudar a las personas a comprender una verdad expresada por el historiador cultural Edward Said, que la herramienta fundamental del imperio es convertir a los nativos en extraños en su propia tierra. Y añadió: "lo que se pierde es recuperable al principio sólo a través de la imaginación”.

Lo que a menudo mantiene en pie un sistema político-económico agonizante es el fracaso de este tipo de imaginación. Pero los principales pensadores y activistas de hoy están perforando la aparente invencibilidad con propuestas y enfoques audaces.

Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido todavía tiene el control del Royal Bank of Scotland (RBS), que los contribuyentes rescataron en 2008 por un monto de 45.000 millones de libras. La New Economics Foundation (nef) en el Reino Unido ha propuesto que RBS sea de propiedad pública, dividiéndola en una red de 130 bancos locales.

En los Estados Unidos, mi colega de The Democracy Collaborative, Thomas Hanna, ha propuesto de manera similar que en la próxima crisis financiera, los responsables de elaborar políticas consideren convertir a los bancos que quiebran en propiedad pública permanente. Esta es una forma de desfinanciarizar nuestra economía, dividir grandes concentraciones de capital y proporcionar los fondos necesarios para prioridades como la energía verde. Si tales ideas parecen extravagantes en la actualidad, pueden volverse eminentemente prácticas en una crisis.

El Nuevo Pacto Verde, que exige una movilización de 10 años para satisfacer el 100% de las necesidades de energía a través de fuentes de energía limpias, renovables y de cero emisiones, es otra vía para impulsar los modelos empresariales de la próxima generación.

El proyecto Sunset Park Solar en la ciudad de Nueva York es el tipo de iniciativa que un Nuevo Pacto Verde podría financiar en los Estados Unidos. Uprose, una organización de latinx, se asoció con el organismo estatal de la ciudad de Nueva York Economic Development Corporation y otros socios para instalar energía solar de propiedad comunitaria en la Terminal del Ejército de Brooklyn. Proporcionará a 200 residentes de bajos ingresos electricidad menos costosa y más resiliente frente a las caídas en la red en el contexto del cambio climático.


La organización comunitaria latinx UPROSE impulsó un proyecto solar comunitario para responder a la crisis climática y crear empleos verdes. Fuente: Groundswell

Proyectos de energía de gestión comunitaria como este podrían ser reforzados por una nueva agencia federal propuesta por mis colegas Gar Alperovitz y Johanna Bozuwa. Han esbozado una propuesta para la creación de una Administración Comunitaria de Propiedad de Energía (COPA), similar a la Administración de Electrificación Rural del Presidente Franklin Roosevelt que llevó la energía eléctrica al 90% de las áreas rurales anteriormente desabastecidas. Una nueva COPA a nivel nacional podría desplegar financiamiento y creación de capacidades para construir servicios públicos de energía administrados por la comunidad.

Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, está ganando impulso el compromiso con un sistema de energía renovable justo y controlado por la comunidad. En los últimos años, ha habido un aumento de las campañas de adquisición de servicios públicos, incluida la campaña Switched On London y la campaña #NationalizeGrid contra National Grid, una compañía británica con fines de lucro que opera tanto en Nueva Inglaterra como en el Reino Unido.

El Partido Laborista británico llevó esta visión más allá con su propuesta de adquisición total de los servicios de energía Big Six. Aunque los laboristas perdieron estrepitosamente las elecciones de 2019, en gran parte debido a Brexit, el problema no fue la impopularidad de otras políticas económicas clave como la propiedad pública. Por ejemplo, en una encuesta de 2017, el grupo de investigación liberal del Reino Unido, Legatum Institute, encontró que el 83% apoyaba la propiedad pública del agua y el 77% apoyaba la propiedad pública del gas y la electricidad.

Otro sector donde se necesitan empresas de próxima generación es el cuidado de la salud, particularmente el sector farmacéutico, donde los precios vertiginosos, la escasez recurrente, los problemas de seguridad posteriores a la comercialización y el aumento de la financiarización son resultados naturales de las empresas diseñadas para maximizar las ganancias.

Mi colega Dana Brown ha propuesto desarrollar un sector farmacéutico público para los Estados Unidos, como un enfoque sistémico que reemplace la necesidad de reformas poco sistemáticas que luego podrían ser rescindidas. Dicho diseño incluiría un instituto nacional de investigación y desarrollo público (I + D) que desarrolle medicamentos esenciales; fabricantes públicos estatales y locales; y distribuidores mayoristas públicos regionales. Las ganancias se devolverían a los balances públicos, y podrían invertirse en determinantes sociales de la salud, como el desarrollo económico local.

La idea de una "opción pública" en la industria farmacéutica ha sido respaldada por los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y en el Reino Unido, la propuesta del Partido Laborista "Medicamentos para la Mayoría" exigía la anulación de las patentes cuando fuera necesario para la salud pública y para la fabricación de medicamentos de propiedad pública a gran escala. (Es cierto que esta no es una política que tendrá éxito en el gobierno de Boris Johnson).

Además de las estrategias sectoriales, se pueden promover empresas de próxima generación modelo por modelo, como con la propiedad de los empleados, la que está más madura para aplicar en escala. En Italia, por ejemplo, los trabajadores cuyos lugares de trabajo están siendo cerrados tienen el derecho prioritario de unirse a sus compañeros de trabajo y adquirir la empresa, de conformidad con la Ley Marcora. El Partido Laborista ha propuesto un derecho similar en el Reino Unido, y Bernie Sanders hizo lo propio en los Estados Unidos. A medida que la generación del baby boom alcance la edad de jubilación, 2,34 millones de firmas propiedad de empresarios de esa generación entrarán al mercado estadounidense en los próximos 10 años, un evento que se llama el "tsunami de plata". Si se pueden vender más de estas empresas a los trabajadores, se podría modificar la curva de la historia, ayudando a crear una gran revolución democrática de la propiedad.

También se necesitarán nuevos tipos de modelos que aún no existen, particularmente en el sector de la tecnología. Existe un movimiento a favor de las cooperativas de plataformas propiedad de los trabajadores, como alternativas a las empresas de alta tecnología propiedad de multimillonarios. Un ex ejecutivo de Microsoft sugirió un modelo de "capital de usuario final", en el que los usuarios obtienen capital en empresas como Facebook, ya que los datos de los usuarios agregan valor. Una start-up llamada Driver’s Seat ayuda a los conductores de viajes en automóvil a agregar y capturar el valor de sus datos, en lugar de que lo extraigan empresas como Uber.

La Ley de Capitalismo Responsable de Elizabeth Warren ha propuesto un enfoque completo para crear un nuevo modelo de empresa responsable, que requeriría que las empresas estadounidenses con ingresos de más de 1.000 millones de dólares obtengan nuevos estatutos federales (en la actualidad, las empresas están autorizadas a nivel estatal), con deberes fiduciarios más amplios, creando un nuevo mandato para servir no sólo a los accionistas sino también a los empleados y la comunidad. La legislación también propone reservar a los empleados el 40% de los puestos en la junta directiva.

En estos enfoques variados podemos ver cómo se podría promover un nuevo paradigma de la empresa justa modelo por modelo, sector por sector, crisis por crisis. Al ayudar a que las empresas se vendan a los empleados, en lugar de ser absorbidas por los competidores, podemos comenzar a detener la cinta transportadora que contribuye al aumento del tamaño de las empresas. Del mismo modo, si las empresas se fraccionan por las políticas antimonopolio, las nuevas empresas podrían tener el mandato de convertirse en propiedad de los trabajadores.

Podemos actuar de manera oportunista, como con PG&E o rescates bancarios, aprovechando las quiebras y las crisis para alentar a las empresas a la propiedad pública o comunitaria permanente. Los sectores donde el argumento moral para la propiedad pública es fuerte, como la atención médica o el agua, pueden ser objeto de movilización. Los bancos pueden ser reconceptualizados poderosamente como servicios públicos, como en el movimiento ya creciente en Estados Unidos y el Reino Unido por más bancos municipales, estatales y cooperativos.

Finalmente, llegará el día en que todas las grandes corporaciones deban estar sujetas a rediseño. Podemos sentar las bases para ese día a través de enfoques que promuevan la aceptación cultural, como la amplificación de las voces de los líderes empresariales progresistas en empresas exitosas que tengan una propiedad de base amplia y liderada por la misión, haciendo que el negocio sea un nuevo tipo de moral y justicia firma.

Fuente: https://www.project-equity.org/wp-content/uploads/2018/07/Project-Equity-National-Small-Business-Closure-Crisis.pdf

 

Seguir adelante

En todo esto, los movimientos sociales y ambientales tienen un importante papel que desempeñar. También son vitales los teóricos y los estudiosos del derecho, necesarios para avanzar en las teorías académicas de la empresa justa. La observación que hizo Franklin Roosevelt sugiere el tipo de marcos jurídicos necesarios: que la empresa privada "se ha convertido en una especie de gobierno privado, un poder en sí mismo".

Las grandes corporaciones en ningún sentido son privadas, como un hogar o una familia, ni son gobiernos democráticos, como ciudades, estados y naciones. Son una tercera entidad, una entidad con poder que nunca se ha democratizado y aún funciona con la cosmovisión arcaica y aristocrática donde los derechos de la riqueza prevalecen sobre otros derechos humanos.

La palabra "corporación" no aparece en ninguna parte de la Constitución de los Estados Unidos. Las corporaciones no surgieron en la forma actual hasta la era industrial. Lo que preocupaba a los padres fundadores era proteger a las personas contra los abusos del rey.

Como observó el profesor de derecho de la Universidad de Hofstra, Daniel Greenwood, esa mentalidad condujo a una gran división en la ley entre lo público y lo privado: limitaciones al gobierno por un lado, protección de las libertades individuales por el otro. Cuando las corporaciones surgieron más tarde, se colocaron en el lado privado de esta división, haciéndose pasar por personas privadas, poseyendo libertades que requieren protección del gobierno que excede su alcance adecuado.

Cuando reconocemos que las gigantescas corporaciones son gobiernos privados está claro que las personas y nuestros órganos electos necesitan protección contra el alcance de estas entidades antidemocráticas, que deben reorganizarse adecuadamente por el interés público.

Reconceptualizar la empresa, rediseñarla, desplazar a la corporación tal como la conocemos es una tarea tan enorme como la eliminación de las emisiones de carbono, pero ambas son igualmente necesarias. La diferencia es que si bien el desafío climático es conceptualmente mucho más avanzado y ampliamente aceptado como esencial, la tarea de rediseñar la corporación apenas se reconoce y sigue siendo muy poco teorizada.

Si tal tarea parece imposible, podríamos recordar que la transformación fundamental es históricamente tan común como la hierba. Sólo hay un escenario futuro que es completamente imposible: la continuación del status quo.

La tarea comienza simplemente por ver: reconocer que el diseño de propiedad es importante, que se encuentra en la raíz de la actual crisis. Todavía no poseemos una claridad común de que los problemas de profundización no son accidentales o el resultado de una política, sino que son los resultados predecibles de la organización básica de la economía extractiva.

Lo que es peor, los progresistas no compartimos una visión económica alternativa positiva de lo que podría reemplazar al capitalismo, si no que nuestras mentes se obsesionan con la distopía. De hecho, es cierto que los apagones de California son sólo un indicio de lo que está por llegar si, durante la devastación que se avecina, las corporaciones gigantescas siguen teniendo el control con el único objetivo de generar ganancias a corto plazo. Es hora de comenzar juntos a imaginar el diseño de la empresa de la próxima generación.

 

SOBRE LA AUTORA

Marjorie Kelly es investigadora superior y vicepresidenta ejecutiva de The Democracy Collaborative (TDC) y destacada teórica en "diseño empresarial de próxima generación". En el Instituto Tellus, Kelly cofundó la Corporación 20/20 para imaginar y defender diseños empresariales que integran objetivos sociales, ambientales y financieros. Kelly es coautora de The Making of a Democratic Economy (Berrett-Koehler Publishers), Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution (2012) y The Divine Right of Capital, que fue nombrado uno de los 10 mejores libros de negocios de Library Journal en 2001.

 

Traducción: Nuria del Viso, Área Ecosocial de FUHEM

 

El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/the-end-of-the-corporation/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FUHEM Ecosocial: declaración ante la COVID-19

FUHEM Ecosocial: declaración ante la COVID-19

 

Sabíamos que podía ocurrir. Las pandemias han sido recurrentes en la historia de la humanidad. Sin alejarnos demasiado en el tiempo, cabe recordar que durante el último medio siglo hemos visto, entre otros virus, el sida, el ébola, el SARS, la H1N1, el MERS y la gripe aviar. Los virólogos y epidemiólogos sabían que un nuevo virus podía causar una pandemia y la probabilidad con que podía acontecer. Los científicos llevan más de una década señalando que esas infecciones serán probablemente zoonóticas, es decir, transmisiones de virus de animales salvajes o domésticos a humanos. En septiembre del año pasado, apenas un mes antes de que se conociera el primer brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan, un equipo de 14 científicos y expertos de un programa de la OMS y el Banco Mundial hicieron público el informe Un mundo en peligro. Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias.1 Ahí ya se señalaba que el planeta debía prepararse para hacer frente a una inminente pandemia provocada por un patógeno respiratorio que podría matar a millones de personas y perturbar profundamente la economía mundial.  Las advertencias de los autores del informe cayeron en saco roto. Podemos hablar de la criminal irresponsabilidad y mala fe de muchos dirigentes, pero nadie podrá decir que no se sabía que una pandemia de este tipo estaba acechando en el horizonte.

Ahora que no queda otra que plantar cara a esta pandemia, nadie ignora que estamos ante una crisis que no sólo es sanitaria. La pandemia se ha revelado también como un fenómeno que permite comprender qué rasgos tiene y cómo funciona la sociedad actual. A un acontecimiento que admite tantas aproximaciones como aristas muestra (sanitarias, sociales, económicas o políticas), a un fenómeno de estas características, en ciencias sociales se le llama hecho social total, al afectar al conjunto de los componentes y relaciones fundamentales de una sociedad. También es posible contemplar esta pandemia como un ensayo general de las amenazas globales que se desprenden de la crisis ecosocial y que, al proyectarse sobre el conjunto de la humanidad, adquieren una dimensión existencial. Asimismo, esta experiencia nos ha introducido en un gigantesco experimento natural. Este acontecimiento se ha convertido en un campo de estudio inestimable para cualquier investigador. Al afectar a toda la humanidad en un periodo temporal perfectamente acotado permite aislar comportamientos e impactos comparándolos con los de periodos precedentes a la pandemia.

Así pues, no estamos únicamente ante una trágica perturbación, también estamos delante de una oportunidad para conocernos mejor y extraer enseñanzas. Si esta situación exige una ciudadanía activa capaz de responder solidariamente a la emergencia social y sanitaria, en el plano intelectual exige una tarea no menos importante para quienes buscan y promueven el bien común: la voluntad de comprender a través del análisis crítico. El carácter de hecho social total, de ensayo general y de experimento natural que tiene esta pandemia nos pone ante una oportunidad inédita para confirmar, rectificar y ampliar durante los años venideros buena parte del saber acumulado en torno a la naturaleza de la crisis ecosocial y sus consecuencias.

La pandemia del COVID-19 ha irrumpido paralizando y trastocando nuestras vidas. Debemos subrayar que ni estamos en condiciones ni pretendemos hacer una interpretación ambiciosa e integral de lo que significa la crisis en la que estamos inmersos, pero sí podemos indicar algunos problemas con los que necesariamente tendremos que enfrentarnos.

En los últimos años hemos reclamado sin descanso, desde la mirada ecosocial propia de esta Fundación, una mayor atención a la crisis ecológica, a la pérdida de cohesión de nuestras sociedades, una respuesta más humana al problema de los desplazados y una defensa más decidida de la democracia como proceso que se construye a partir de la deliberación y la participación de toda la ciudadanía, sin exclusiones. En el contexto de estos afanes, el COVID-19 nos ha traído la evidencia de una profunda crisis de cuidados, un sistema de salud público formado por magníficos profesionales pero infradotado y dañado por los ajustes de las últimas décadas, y un menoscabo de derechos y libertades por la urgente necesidad de decretar el estado de alarma para hacer frente a la emergencia sanitaria. La pandemia está poniendo de manifiesto la importancia que tienen las condiciones sociales y ambientales para la salud y la calidad de vida de pueblos y personas. Las sociedades con mayores y mejores dotaciones de bienes y servicios públicos, con ecosistemas más sanos y variados y con un tejido social más cohesionado están en mejores condiciones de afrontar este tipo de amenazas. Así pues, contra las pandemias se necesita: ecología y servicios públicos de calidad, solidaridad y cuidado mutuo, más democracia y mucha ciencia (con conciencia).

Son muchas las enseñanzas y reflexiones que esta pandemia está suscitando a la sociedad. Anticipamos sólo algunas de ellas:

  • La primera es que detrás de esta pandemia está la acción humana sobre la naturaleza. La alteración de los hábitats y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas derrumban barreras en la expansión de los patógenos, al mismo tiempo que nuestros estilos de vida tienden puentes muy efectivos para su propagación. Las implicaciones de los actuales modos de vida sobre la salud de las personas y el planeta son evidentes y exigen un replanteamiento colectivo.
  • De ahí que también esté poniendo de manifiesto la necesidad de replantear fines, medios y prioridades. La crisis ha de servirnos para no confundir la calidad de vida con el nivel de vida y para repensar qué es lo importante para las personas y las sociedades y, en consecuencia, cuáles han de ser las prioridades de las políticas públicas y, particularmente, de las políticas económicas.
  • Si esta pandemia reclama, al igual que la crisis ecosocial, un replanteamiento profundo y sin más demora del modo de vida imperante, y al mismo tiempo es una oportunidad para discernir acerca de lo que es verdaderamente importante, la pregunta acerca de qué entendemos por buena vida en el contexto de las crisis que padecemos se convierte en la pregunta crucial de nuestros días.
  • También muestra cómo la desigualdad amplifica el dolor y la penuria. El virus y las medidas de contención que se están aplicando afectan a los diferentes sectores de la población de una manera radicalmente distinta. Vemos que el confinamiento es diferente según las condiciones y el tipo de vivienda, que está excluyendo de la educación a 500.000 niños de nuestro país que viven en casas sin ordenador o que los servicios sociosanitarios de atención a los mayores son un pilar básico del Estado de Bienestar que aún falta por asentar. No estaremos seguros hasta que no lo estén los demás. Por eso la desigualdad y la falta de cohesión social se convierten en los principales obstáculos que hay que remover para superar esta u otras crisis venideras.
  • Esta pandemia ha revelado el importante papel que deben jugar las instituciones públicas y, en particular, el Estado en una sociedad moderna. No puede retraerse de su responsabilidad y debe garantizar suficientes infraestructuras y servicios públicos de calidad en los ámbitos de la salud, la investigación, la educación y los cuidados.
  • Finalmente, acontecimientos como el que vivimos debe alertarnos de que sucumbir a la tentación autoritaria siempre es una posibilidad. Si flaquean las convicciones y los valores democráticos de la ciudadanía, en nombre de la defensa de la salud pública puede surgir una ‘sociedad vigilada’ donde la securitización y el control social se conviertan en rasgos dominantes del nuevo orden social emergente.

En los últimos cinco años, la perspectiva ecosocial nos ha llevado a ocuparnos de acontecimientos de gran calado, con una relevancia tan grande e incluso mayor que la de esta pandemia. Son realidades que están configurando nuestro presente y futuro más inmediato, y que constituyen el contexto desde el que dar respuesta a los problemas y desafíos que nos ha planteado la COVID-19:

  • La crisis ecológica ha mostrado en estos últimos años sus aristas más apremiantes. El Acuerdo de París de diciembre de 2015 resulta claramente insuficiente frente a la urgencia e intensidad del cambio climático. En mayo del año 2019, el Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad dio a conocer el resumen de su informe sobre el estado de la biodiversidad en el mundo, advirtiendo que la biosfera está siendo perturbada a una escala sin precedentes. Son hechos tan incontrovertibles, que se suceden los pronunciamientos de los científicos advirtiendo de la gravedad de la situación del planeta. La última advertencia de la comunidad científica ha sido realizada el pasado cinco de noviembre de 2019 desde la prestigiosa revista BioScience por más de 11.200 científicos de 153 países.2
  • La llegada a Europa en el año 2015 de un millón de personas huyendo de la guerra de Siria originó una crisis humanitaria en nuestro continente. Esta circunstancia asentó en nuestro entorno inmediato una realidad que, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ha venido para quedarse: el importante incremento del desplazamiento forzado de personas, que alcanzó en el año 2014 una magnitud que no se había registrado desde la II Guerra Mundial. Un proceso que, unido al de las migraciones internacionales, define nuestra época y plantea un relevante desafío a nuestra sociedad: la alteridad y la gestión solidaria de la diversidad.
  • El mundo también está cambiando en el orden político. Desde el año 2014, Narendra Modi ocupa el cargo de Primer Ministro de la India. El 20 de enero de 2017, Donald Trump se convierte en el 45º presidente de los EEUU. El 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro es proclamado presidente del Brasil. Se suman a un conjunto de dirigentes que ya estaban en el poder, como Vladímir Putin o Viktor Orban, que hacen gala de actitudes populistas y posiciones nacionalistas y conservadoras. Desde el ascenso de Xi Jinping en 2013, China se consolida ante el mundo como una modalidad de capitalismo más dinámica y eficaz que la occidental, aunque también más autoritaria. Europa da muestras de desconcierto ante sus fracturas internas y la geopolítica emergente. El orden mundial se vuelve cada vez más multipolar y menos multilateral. La democracia se vacía de contenidos y los gobiernos se tornan iliberales justo cuando más necesitados estamos de democracias de calidad, cooperación global y gobernanza cosmopolita.
  • También estamos asistiendo a lo que se conoce como la «cuarta revolución industrial». Un mundo nuevo que, al integrar el big data y la inteligencia artificial con las nanotecnologías y la biología sintética, abre tantas posibilidades como amenazas. La brecha entre lo que podemos y debemos hacer se agranda. Gracias a la tecnociencia estamos adquiriendo la capacidad de cambiar las reglas de la evolución humana y perturbar el funcionamiento del planeta. Va a ser más necesaria que nunca una ciencia con plena conciencia ecosocial y moral del alcance de sus consecuencias. En este último lustro hemos observado con claridad los efectos del asentamiento de las tecnologías de la información y la comunicación derivadas de la anterior revolución tecnológica. De su mano han surgido las llamadas «economías de plataforma» (Uber, Airbnb, Cabify, Glovo, etc.) y el poder monopólico de las Big tech (Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon) que hasta el momento se ha traducido, sobre todo, en mayor precariedad laboral, evasión fiscal, contaminación del debate público por la propagación de fakes y riesgos de mayor control social y vulneración de la privacidad a través de la tecnovigilancia.

¿Qué futuro deparará esta pandemia? Nadie lo sabe, pero la historia nos enseña que tras una profunda perturbación las sociedades cambian. Las estructuras, las instituciones y las mentalidades se transforman y, en consecuencia, también lo hacen las conductas individuales y colectivas. El mundo de entreguerras poco se parecía al que existía con anterioridad a la primera gran conflagración y el que surgió de la Segunda Guerra Mundial fue un mundo radicalmente diferente del de entreguerras. Todavía hoy apenas nos damos cuenta de lo mucho que han cambiado nuestras sociedades después de la crisis financiera del año 2008. Hemos asistido durante este tiempo, casi de forma imperceptible, a la emergencia de un nuevo orden social, tanto en el plano interno como en el internacional. Incurriremos, pues, en un profundo error si pensamos que tras la pandemia todo va a seguir igual. No se trata de un paréntesis. Se están produciendo cambios sustanciales en los comportamientos individuales, en la funcionalidad de las instituciones sociales y en la dinámica estructural de la economía. Detectar esos cambios adquiere una importancia crucial a la hora de construir las respuestas adecuadas.

No debemos engañarnos, la existencia de una oportunidad para nada prejuzga la forma en la que vaya a resolverse. También 2008 traía consigo una oportunidad y algunos de sus principales valedores no dudaron en afirmar que si el capitalismo quería sobrevivir tenía que reformarse profundamente. Sin embargo, la oportunidad pasó y los que salieron fortalecidos fueron los intereses causantes de la crisis. Aprendamos la lección. Si no queremos que ahora vuelva a pasar lo mismo tenemos que poner los medios para que no suceda. No tenemos la solución que abriría las puertas a un futuro sostenible, más justo y democrático, pero en el análisis precedente se apuntan las líneas en las que tenemos que trabajar para hacerlo posible: en red con otros similares y sin perder un tiempo del que no disponemos.

Lo más inmediato son las consecuencias sociales de esta pandemia, que ya se empiezan a mostrar en toda su gravedad. La fuerte temporalidad de la economía española ha enviado al paro en pocos días a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras cuyos empleos no se han renovado. Una fracción significativa de la población vulnerada3 se va a quedar fuera de la protección que debería brindar el llamado escudo social. Buena muestra de ello es que se están extendiendo las colas ante las puertas de parroquias y bancos de alimentos. Debería haber sido el momento de poner en marcha una renta básica universal que evitara estas lagunas de cobertura y el desborde de unos servicios sociales que ni tienen medios ni están preparados para evaluar, comprobar y gestionar las distintas ayudas con que afrontar una variedad casi inabarcable de situaciones de necesidad.

Como Fundación, nuestra intención es profundizar, si cabe con mayor convicción, en la orientación de los últimos años, poniendo especial énfasis en tres grandes objetivos: elaborar un informe periódico centrado en la calidad de vida y en los objetivos que,  deben ser esenciales en el mundo que vivimos, segundo, coadyuvar al desarrollo de una visión integradora de la economía, en la que la sostenibilidad ecológica, los cuidados y la cohesión social sean ejes vertebradores y, tercero, ayudar a que se desarrolle una educación, alejada de todo adoctrinamiento, que prepare a las personas que se forman en nuestras aulas para entender y afrontar el mundo en el que van a tener que vivir, favoreciendo las competencias que van a resultar imprescindibles para desenvolverse en una realidad social muy distinta de la actual y de la que vivieron sus progenitores, anticipación a la que el enfoque educativo dominante no siempre da la importancia que merece.

Lunes, 11 de mayo de 2020

 

1 The Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). Se puede consultar el informe íntegro en castellano en: https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf

2 En el año 1992, más de 1.500 científicos (entre los que se incluían la mayoría de los premios Nobel de ciencias que vivían por entonces) constataron a partir de la evidencia empírica disponible y las tendencias en curso que el rumbo que había adoptado la humanidad estaba empujando a una destrucción generalizada de los ecosistemas de la Tierra. Esta primera advertencia de la comunidad científica mundial es conocida como ‘primer aviso’. Veinticinco años después, la comunidad científica lanza un ‘segundo aviso’, donde se denuncia el fracaso de la humanidad para resolver los retos ambientales enunciados en el primer llamamiento y se manifiesta especial preocupación por la trayectoria del cambio climático, la deforestación y los cambios en los usos de suelo asociados en gran medida a la ganadería de rumiantes y los altos niveles de consumo de carne. Además, se advierte de La sexta gran extinción, que está provocando la desaparición masiva de especies a un ritmo y con una extensión que no tiene precedentes. El mismo grupo de científicos que promovieron ese segundo aviso, publicó el cinco de noviembre de 2019 el ‘tercer llamamiento’ centrado en la emergencia climática. [Se puede consultar en:

https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806].

3 Desde la perspectiva de los derechos humanos y la justicia social parece más propio hablar de población vulnerada que de población vulnerable, que es la expresión que ha hecho fortuna. La población que soporta las lacras del desempleo, la pobreza o la marginación social se encuentra en esa situación porque no tiene suficientemente reconocidos y garantizados sus derechos y, por consiguiente, quien padece esa situación no es porque sea vulnerable sino porque está siendo vulnerado en sus derechos.

Acceso a la Declaración en formato pdf:  FUHEM Ecosocial: declaración ante la COVID-19


Cuerpos vulnerables

Cuerpos vulnerables: La intensificación del trabajo en las residencias de personas mayores

Paloma Moré

Este artículo forma parte del ESPECIAL Cuerpos frágiles y capitalismo publicado en el número 137 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Presenta los resultados de una investigación sobre cuidados a personas mayores en España y Francia. Más que resaltar los aspectos comparativos, el texto se centra en analizar el papel del cuerpo como elemento central del trabajo de cuidado en las residencias de personas mayores.

Esta dimensión corporal del cuidado se pone en relación con la organización del trabajo en estos centros y, concretamente, con la presión de tiempos. El objetivo es poner de manifiesto cómo la intensificación del trabajo en los centros residenciales tiene nefastas consecuencias tanto sobre los propios residentes como sobre las auxiliares que cuidan de ellos. Así, se pone de manifiesto una contradicción entre la noción de “cuidar”, y lo que esta implica, y el trabajo “real” llevado a cabo en las residencias.

El trabajo de cuidado es indispensable para mantener la vida humana, principalmente en las etapas de mayor vulnerabilidad y dependencia, como son la infancia y la vejez. En sociedades que están en pleno proceso de envejecimiento, como es el caso de España, donde las proyecciones1 estiman que las personas de 65 y más años supondrán el 38,7% de la población en 2064 ascendiendo a casi 16 millones de personas, los cuidados de larga duración para personas mayores se están convirtiendo en una preocupación creciente. En este contexto, las residencias se ofrecen como una solución integral para los cuidados de personas que ya no pueden permanecer en su domicilio y suponen un sector con una creciente demanda de fuerza de trabajo.

Por tanto, en la actualidad, la preocupación por los cuidados es creciente, pero no siempre ha sido así. A pesar de tratarse de un trabajo universal, su importancia no se ha tenido en cuenta mientras han sido prestados por las mujeres en el entorno familiar. En este sentido, el valor de los cuidados y su reconocimiento como trabajo no se ha producido hasta que, debido a una serie de factores sociales, las mujeres, de manera masiva, han ido orientando en mayor medida su tiempo de trabajo hacia el mercado laboral y menos hacia la familia, dando lugar a lo que se ha denominado la "crisis de la reproducción social". Así, de manera paradójica, los cuidados se han hecho "visibles" como problemática política, social y académica cuando han entrado en "crisis", es decir, cuando han dejado de ser prestados silenciosa y gratuitamente, como obligaciones familiares del género femenino, para transformarse progresivamente en servicios mercantilizados. En este contexto, desde los años noventa, las migraciones internacionales de mujeres han comenzado a abastecer de mano de obra destinada a atender la creciente demanda de trabajo de cuidados en las zonas ricas del Norte Global,2 algo que también ha sucedido en España.3 De esta manera, quienes a menudo desempeñan el trabajo de cuidado en los servicios mercantilizados, como son las residencias de personas mayores, siguen siendo mujeres, pero de origen inmigrante.

Los cuidados se han hecho "visibles" como problemática política, social y académica cuando han entrado en "crisis".

Este artículo recoge parte de los resultados de una investigación comparativa sobre los empleos de cuidados a personas mayores en España y Francia.4 La metodología utilizada combina varias técnicas de investigación con un enfoque cualitativo: entrevistas a trabajadoras, entrevistas a informantes clave y observación participante. Concretamente, aquí se analiza el estudio sobre el trabajo en residencias, para el que se realizaron 35 entrevistas en profundidad: doce entrevistas en profundidad con trabajadoras en Madrid y quince en París, además de siete entrevistas con informantes clave, entre los que se incluyen dos directoras de residencias (una en Madrid y otra en París), un trabajador social contratado en una residencia (Madrid), un director de centro de día (Madrid) y tres responsables técnicos de servicios sociales (dos en Madrid y uno en París).

Estas entrevistas se han complementado con un proceso de observación participante bastante intenso en el que se “siguió” a las trabajadoras durante sus jornadas laborales con el fin de poder “ver de cerca” la realidad de su trabajo y poder contrastarla con sus relatos biográficos. Esta técnica se llevó a cabo en dos residencias. Por un lado, en una residencia municipal de la periferia madrileña, de tamaño mediano (70 plazas) gestionada por una empresa privada. Por otro lado, en una residencia de gran tamaño (150 plazas) situada en la periferia parisina y que, pese a pertenecer a una entidad sin ánimo de lucro, estaba gestionada por una empresa privada. En ambos casos, la observación consistió en diez días de seguimiento del trabajo de las auxiliares, entre seis y ocho horas por día, en los turnos de la mañana y de la tarde.

Anclajes teóricos

Los cuidados, estén remunerados o no, deben ser considerados trabajo y, como cualquier otro trabajo, se definen por una organización social, unas relaciones sociales concretas y unos modelos "ideales" de realización que cobran sentido en contextos específicos. La división sexual del trabajo, entendida como el reparto jerarquizado del trabajo entre los sexos,5 ha motivado que, al estar adscritos al género femenino, los cuidados se hayan considerado actividades reproductivas y no un "verdadero" trabajo. A partir de los años ochenta, gracias a los estudios con perspectiva feminista, esta idea ha ido superándose.

Si bien en las primeras definiciones del cuidado se ponía el énfasis en que era un trabajo "de amor",6 posteriores estudios han avanzado mucho en desvincular los cuidados de una supuesta inclinación femenina y han puesto el énfasis en la idea, inspirada en el Buen Vivir, de que los cuidados sostienen la vida.7 Esta noción de asociar los cuidados a una pretensión de mantener la vida para que "podamos vivirla de la mejor manera posible", no escapa a la percepción práctica de las propias trabajadoras. A menudo señalaban que en su trabajo era difícil priorizar las tareas (alimentación, aseo, refuerzo emocional, etc.) porque el cuidado consistía en un “todo” difícil de desagregar. Así lo resumía Emma, una de las empleadas entrevistadas en esta investigación, cuando se le preguntaba por la tarea o actividad más importante en su trabajo: «Todo es importante, es la vida la que es importante, en su globalidad».

Tal y como señala Emma, en el cuidado no se pueden jerarquizar las tareas y «todo es importante»8 porque lo esencial es mantener la vida y el entorno en su conjunto. En esta misma línea, Fischer y Tronto señalan que:

«Cuidar es una actividad genérica que comprende todo aquello que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro “mundo”, para que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo comprende nuestros cuerpos, a nosotros mismos y nuestro entorno: todos los elementos que se articulan en una red compleja de sostenimiento de la vida»..9

Esta definición sitúa a los cuidados en el centro de las relaciones sociales –no solo familiares, domésticas o interindividuales– sino en todo tipo de relaciones entre seres humanos, y de estos con su entorno, y, además, permite visibilizar que las relaciones de cuidado son diversas, transversales y multidireccionales. Por tanto, los cuidados se articulan en “distintos niveles”, desde los intercambios cara a cara, donde las emociones y los cuerpos son fundamentales, hasta las relaciones sociales en el ámbito institucional y político. Esta concepción permite pensar que las personas que trabajan como cuidadoras no solo son “proveedoras” de cuidados, sino que también son  “receptoras” de cuidados en un complejo entramado de relaciones sociales en el que viven las consecuencias de las políticas migratorias, las políticas públicas en torno a los cuidados, las políticas de empresa sobre la organización del trabajo, las decisiones de sus empleadores, etc. En este sentido, las cuidadoras y sus cuerpos, pueden estar más o menos cuidados por la organización concreta del trabajo, como se verá más adelante.

La división sexual del trabajo ha motivado que, al estar adscritos al género femenino, los cuidados se hayan considerado activivdades reproductivas y no un "verdadero" trabajo.

Sin embargo, en lo que respecta al desempeño de su actividad, las residencias de personas mayores se caracterizan porque los cuerpos son un elemento central, pues gran parte del trabajo se realiza sobre cuerpos ajenos siendo, además, la exposición del propio cuerpo particularmente destacable.10 Por «trabajo sobre el cuerpo» (body work) se entiende el trabajo que se centra directamente en los cuerpos de los demás: manipular, evaluar, diagnosticar, y supervisar los cuerpos, que se convierten así en objeto directo del trabajo, implicando un contacto muy intenso, íntimo y, a menudo, sucio con el cuerpo, con su desnudez y sus secreciones.11 El trabajo sobre el cuerpo no está exento de relaciones sociales de género, clase social y etnicidad; así, las ocupaciones que desempeñan un trabajo sobre el cuerpo más “sucio” suelen implicar un menor reconocimiento y estar desempeñadas por personas en categorías sociales más desfavorecidas,12 como es el caso de las mujeres de clase trabajadora, y a menudo de origen inmigrante, que trabajan como auxiliares en las residencias de personas mayores.

Además, en las residencias el tiempo es un factor determinante para entender cómo se realiza el trabajo de cuidado. Así, mientras en entornos domésticos el cuidado se organiza en torno a las tareas y no implica una distinción clara entre la “vida” y el “trabajo”, en las residencias el tiempo está organizado de manera industrial, casi taylorista, y todo está medido a través de un horario estricto y supervisado a base de reloj. Sin duda esta forma de organizar el trabajo de cuidado es más eficaz en cuanto al ahorro de tiempo y costes, pero también resulta más difícilmente "comprensible" desde el punto de vista humano.13 De esta manera, la cuestión de establecer rutinas, estándares, horarios y tiempos de trabajo resulta una condición necesaria pero sumamente problemática para mantener una organización del trabajo que cumpla con unos estándares de eficacia racional.

La intensificación del trabajo y sus repercusiones

En la residencias, el proceso de trabajo para organizar la rutina diaria de los residentes implica una concatenación de tareas secuenciales, bien definidas, y marcadas según un horario preciso que rige la marcha del centro y armoniza los distintos equipos: levantar a todas las personas antes de las nueve, desayuno hasta las diez, etc. Este proceso de trabajo se caracteriza por su rigidez frente a las características generales del trabajo de cuidado, que difícilmente puede ser medido14 y, de manera particular, frente a las características específicas de la población destinataria, que tiene en la mayoría de los casos algún grado de dependencia. De esta forma, la enorme cantidad de retrasos que pueden producirse, ligados a la actividad humana, simplemente, no están previstos. Así, cualquier incidente o  accidente, como puede ser una persona que se desorienta, que no colabora para levantarse, etc., es un obstáculo que entorpece la cadencia del "bien organizado" proceso de trabajo.

En cuanto a la organización de los horarios de trabajo, para prestar cuidados durante las veinticuatro horas del día, las residencias se organizan siempre a través de tres turnos de trabajo de ocho horas: mañana, tarde y noche. Por las mañanas, las auxiliares comienzan por las habitaciones, solas o en parejas, para ir despertando, levantando, quitando los pañales sucios de la noche, llevando al baño, aseando las partes íntimas, duchando, poniendo nuevas protecciones y vistiendo a cada residente, haciendo un intenso trabajo sobre el cuerpo. Una vez la persona está limpia, cambiada, vestida y perfumada, se la acompaña hasta el salón, en silla de ruedas o caminando, donde se le da el desayuno, si no lo puede hacer por ella misma, y se regresa a la habitación donde debe hacerse la cama, cambiando las sábanas si es necesario, y limpiar y retirar todos los desechos relacionados con los excrementos de la persona. Estas tareas materiales se complementan con otras ligadas a la dimensión psicológica de la persona mayor. Así, las auxiliares deben procurar dejar un margen de autonomía para no atrofiar las capacidades que las personas todavía tienen, deben intentar darles ánimos, conversación, estimularlas, motivarlas… Para reforzar la autoestima de las personas y para que, en la medida de lo posible, sientan que la residencia “es su hogar”. Pues, como las auxiliares suelen repetir, lo que ellas hacen es “un trabajo humano”. Sin embargo, este contacto personalizado que otorga “humanidad” lleva su tiempo, ralentiza el ritmo de trabajo, les hace implicarse, detenerse, prestar atención, y ellas “no tienen un minuto que perder”.

En las residencias, el tiempo es un factor determinante para entender cómo se realiza el trabajo de cuidado

Esta secuencia de trabajo con la que las auxiliares empiezan la mañana es agotadora, especialmente teniendo en cuenta que debe repetirse cada día al menos ocho o diez veces consecutivas y con sus todos los imprevistos que, por supuesto, van surgiendo.15 Las estimaciones sobre el tiempo recomendado para hacer este proceso de manera satisfactoria rondan los cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, la observación participante puso de manifiesto que la carga de trabajo obligaba a las auxiliares a reducir drásticamente los tiempos dedicados a estas tareas. Así, en la residencia estudiada en París este proceso se limitaba a veinte minutos por persona, mientras que en la residencia de Madrid se llegaba a reducir incluso hasta doce minutos. Evidentemente, esto implica una desmesurada intensificación del trabajo y la eliminación de las tareas menos visibles, como todo el trabajo sobre las emociones, al ser consideradas “accesorias” a las tareas más evidentes. A continuación, se ofrece un extracto del cuaderno de campo de una jornada de observación en la residencia de Madrid para ilustrar cómo las trabajadoras lograban mantener esa disciplina horaria a través de la intensificación del trabajo sobre los cuerpos ajenos y de un enorme coste físico, emocional y moral para sus propios cuerpos:

Extractos de los Cuadernos de Campo: Madrid, 17 de enero de 2014

 Desde las siete y media hasta las nueve de la mañana, que es la hora del desayuno, dos auxiliares, Mercedes y Marisa, tienen que despertar, levantar, duchar y vestir a dieciséis residentes totalmente asistidas, con movilidad muy reducida y un deterioro cognitivo severo que limita la interacción y la comunicación con las auxiliares. Cuando terminan con una, mientras avanzan a otra habitación, la dejan en su silla de ruedas en el pasillo, esperando a que alguien la baje al comedor, porque ellas no pueden “perder tiempo” en esa tarea.

 Una de estas residentes es Doña Antonia –me dicen– es una de las más difíciles de levantar: con la cabeza completamente perdida, tarareando sin parar canciones que aún perduran en su memoria, esta anciana senil no facilita en absoluto el trabajo: peso pesado, con brazos y piernas rígidas que ofrecen resistencia, moverlas supone un gran esfuerzo, y levantarla de la cama a pulso es arriesgado. Con ayuda de la grúa, y entre dos auxiliares, la levantan y la sientan en una silla geriátrica para poder ducharla, pero la señora no puede detener su incontinencia y pone todo el suelo de la habitación perdido. Entonces, mientras Mercedes la lleva al baño y comienza a ducharla, Marisa se va corriendo a la habitación siguiente para ir adelantando trabajo. Me van diciendo todo el rato: «fíjate el ritmo que llevamos, y aun así nunca llegamos a tener a todos listos para las nueve, que es la hora del desayuno». «No paramos en toda la mañana y a las doce tenemos que volver a cambiarlos». «A este ritmo no sé hasta dónde llegaremos». «Sobre todo ahora, después del ERE –expediente de regulación de empleo–, tenemos dos auxiliares menos, en media jornada». Efectivamente, con un trabajo así, cada persona cuenta y, a causa de la remodelación de plantilla tras el ERE, ahora hay dos compañeras que están a tiempo parcial. «Les intentamos hablar para que nos ayuden, pero no podemos hacer más». ¿Estimular, “dejar hacer”, dar conversación? No hay tiempo para eso.

 Mercedes suda hasta chorrear la camisa. Su compañera, Marisa, que es mucho más joven, también suda y corre con las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. Las posturas en las que se ponen implican que la espalda esté constantemente tensa, tienen que estar medio agachadas, con el cuerpo doblado a cuarenta y cinco grados, tanto para ducharlos como para levantarlos, vestirlos... Solo de verlo duelen los riñones.

 Doña Antonia, recién duchada, de nuevo no puede evitar su incontinencia y los excrementos empiezan a chorrear por el agujero de la silla hasta el suelo. A toda prisa la limpian como pueden con una toalla, pues no hay tiempo para volver a lavarla o sentarla en el váter hasta que termine. Le ponen un pañal, la visten a la carrera y con ayuda de una grúa la trasladan a la silla de ruedas. Los restos de excrementos se quedan esparcidos por el suelo, se los llevan arrastrando con la silla de ruedas y los recogen como pueden con papel higiénico. ¿Pararse a limpiarlo? ¡Imposible! «Te vas a hartar del olor» –me dicen– y es verdad que es muy desagradable. Seguimos avanzando y Mercedes exclama: «¡ay, qué sudores!» –mientras se seca la frente con el brazo–. «¡Habrá quién no se crea que tenemos que estar dos horas así! ¡A este ritmo y sin parar! Esto es así a diario, no es que nos lo estemos inventando».

Este extracto muestra que la repercusión de la intensificación del trabajo sobre los cuerpos, las emociones y el sentido moral que las trabajadoras atribuyen a su trabajo es muy negativa. Además, se pone de manifiesto que el trato hacia las personas mayores deja mucho que desear en cuanto al respeto de su integridad como personas. En este sentido, desde una aproximación profesional a los cuidados geriátricos16 se remite a menudo a la importancia de hablar con las personas mayores, estimularlas, motivarlas, dejarles hacer por ellas mismas y no hacer en su lugar, no infantilizarles ni anular sus posibilidades, respetar su intimidad, no entrar en las habitaciones sin llamar, consultarles a la hora de vestirles, etc., pero, ¿cómo hacerlo cuándo la intensificación del trabajo llega a este punto? Por ejemplo, en la observación se constató que, en lugar de pedir permiso antes de entrar a las habitaciones o de saludar, las auxiliares, presionadas por el ritmo de trabajo, se dirigían sin mayor dilación directamente a levantarlas de la cama o a quitarles la ropa, casi sin dejarles tiempo para despertarse. La organización del trabajo estaba establecida en ambos casos como si fuera una secuencia lógica de tareas que las auxiliares pudieran desempeñar “limpiamente” siguiendo un ritmo de trabajo constante. Sin embargo, las personas residentes, aunque suene obsceno tener que recordarlo, son seres con vida, que se mueven o no quieren moverse, a quien hablar, dar conversación, que hacen preguntas, o se quejan, gritan, lloran y se resisten a moverse, necesitan ir al baño, a veces insistentemente, etc. Y las auxiliares sortean todo esto, como una carrera de obstáculos, dejando claro que cuanto más están obligadas a correr, más desagradable se vuelve el trabajo y más escollos éticos encuentran.

Cuerpo a cuerpo

Una constante en los relatos de las trabajadoras en los dos estudios de caso son los problemas de salud ligados al trabajo. Esto es una consecuencia directa de las características del trabajo antes descritas: por un lado, la realización de esfuerzos físicos como levantamiento de pesos y movimientos repetitivos que implican que continuamente se fuerce la espalda y los brazos; por otro, la intensificación de los ritmos de trabajo, que contribuye a incrementar los niveles de riesgo, porque bajo la presión de tiempos a menudo se descuida la atención a mantener posturas ergonómicas y se fuerzan ciertas partes del cuerpo. Así, la mayoría de las trabajadoras entrevistadas habían tenido algún problema de salud relacionado con la espalda, ya fuera por acumulación de fatiga y malas posturas o debido a algún accidente de trabajo.

En este sentido, en Madrid, de las doce informantes que habían trabajado como auxiliares, siete afirmaron haber sufrido problemas de salud relacionados con el trabajo. La mayoría de ellas relataron el momento preciso (una caída o un mal movimiento) en el que habían sufrido un accidente. En el caso de París, de nueve auxiliares de enfermería, cinco relataron también accidentes o problemas de salud directamente relacionados con el trabajo y, de las seis auxiliares de cafetería, cuatro también relataron problemas de salud ligados al trabajo. En ambos casos, las personas que no habían sufrido ningún problema de salud relacionado con el trabajo habían llegado recientemente al oficio o habían ejercido durante periodos cortos. Por eso su respuesta a menudo dejaba entrever más bien un “no, todavía” que un “no” rotundo. De todas las auxiliares a quienes se realizó entrevistas en profundidad y que llevaban diez o más años en el oficio, solamente dos de ellas declaraban no haber sufrido problemas “todavía” a pesar ser buenas conocedoras, a través de otras compañeras, de la problemática. Además, durante los periodos de observación en ambos terrenos se constató, a través de numerosas charlas informales y de la propia observación de los movimientos y las posturas de las trabajadoras, la constante presencia de estos problemas, como explica Heidy, una auxiliar entrevistada en Madrid:

«Mira, por querer avanzar hacemos movimientos que no son anatómicos: llevamos con esta mano la silla y queremos llevar con la otra mano el oxígeno y así haces fuerza. “¡Déjalo, mira como está tu muñeca, mira como está tu mano!” –les digo yo­–. O se están agachando y yo les digo: “¡dobla las rodillas, dobla las rodillas!”».

En este sentido, la observación participante puso de manifiesto que, casi constantemente, las auxiliares reclamaban una mirada de atención a las posturas que deberían mantener: la inclinación de la espalda cuando se trabaja sobre una persona encamada; los levantamientos de peso cuando se hacen las movilizaciones de la cama a la silla, y viceversa; las cabriolas que debían hacer con las muñecas al empujar las sillas de ruedas para entrar y salir de los baños y las habitaciones; la fuerza que debe hacerse para empujar a una persona de 70 kilos en una silla de ruedas, etc.

La repercusión de la intensificación del trabajo sobre los cuerpos, las emociones y el sentido moral que las trabajadoras atribuyen a su trabajo es muy negativa

Por otra parte, durante la observación realizada en los talleres que una asociación de mujeres migrantes que trabajan en cuidados en Madrid, imparte para formar a cuidadoras domésticas en atención geriátrica, se presenció la manera en que las auxiliares que impartían los talleres hacían hincapié en estos aspectos, mostrando de manera práctica la forma correcta de hacer estos movimientos para no lastimarse.  Sin embargo, tanto formadoras como alumnas coincidían en que, si bien es necesario conocer “la teoría”, en la práctica las posibilidades de aplicarla se limitan: por un lado, por la imposibilidad de utilizar material mecánico y, por otro lado, por la intensificación de los ritmos de trabajo. Así, pese a que en las formaciones se aconseja e informa acerca de la manera en que se deben hacer los movimientos para evitar hacerse daño o tener un accidente, y pese a que se han introducido mejoras técnicas, como camas medicalizadas o las grúas, para aliviar la carga física de trabajo, estas recomendaciones de ergonomía no son suficientes a la hora de impedir los accidentes y las dolencias físicas.

Conclusión

El cuidado de personas mayores supone un trabajo donde la exposición corporal de las personas implicadas se sitúa en el centro de la relación, tanto para quienes tienen la responsabilidad de cuidar como para quienes reciben el cuidado. En este sentido, el cuidado, más que un “cara a cara”, implica un “cuerpo a cuerpo”. Por un lado, las auxiliares manipulan repetidamente los cuerpos ajenos en su sentido más íntimo tratando de mantener la vida en condiciones dignas a quienes no pueden ya realizar por sí mismos las tareas más básicas y necesarias. Por otro lado, la exposición corporal de quienes realizan este trabajo es particularmente intensa.

Una rígida organización del trabajo y su intensificación mediante la presión de tiempos son mecanismos de gestión económica que, al ser aplicados al ámbito de los cuidados, tienen consecuencias nefastas. En este caso, se ha mostrado que los cuerpos de las trabajadoras, maltratados y desgastados por el trabajo, como los de las personas residentes, atendidos deficitariamente y deshumanizados, sufren enormemente como consecuencia de la organización del trabajo. Por supuesto, las consecuencias no son solo físicas, sino que son indisociables de la dimensión emocional  y moral.17 Así, se ha intentado mostrar cómo, a ritmo de cadena de montaje, las auxiliares manipulan y transforman el “producto” de la mañana a la noche, tratando de mantener la vida de la mejor manera posible, pero sabiendo que el cuidado es el gran ausente en esa relación de trabajo, tanto para ellas como para “sus” residentes.

En definitiva, se pone de manifiesto una gran contradicción entre una noción holista del cuidado que se basa en la responsabilidad de dar una respuesta adecuada ante una necesidad, y el trabajo “real” que las auxiliares pueden desempeñar en entornos donde la organización del trabajo es excesivamente economicista.

Paloma Moré es Doctora en sociología y Licenciada en periodismo.

Acceso al artículo completo en formato pdf: Cuerpos vulnerables: La intensificación del trabajo en las residencias de personas mayores

 

NOTAS

1 INE, Population Projection for Spain, 2014-2064 [en línea], 28 de octubre de 2014. Acceso el 9 de marzo de 2017.

2 S. Sassen, «Global cities and survival circuits», en B. Ehrenreich y A. R. Hochschild (eds.) Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, Granta Books, London, 2002.

3 V. Rodriguez (ed.), Inmigración y cuidados de mayores en la comunidad de Madrid, BBVA, Madrid, 2012.

4 P. Moré, Los cuidados en las grandes ciudades, Colección Monografías, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid (en prensa).

5 D. Kergoat, «Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe», en H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré y D. Senotier (eds.) Dictionnaire critique du féminisme, PUF, Paris, 2000.

6 H. Graham, «Caring: a labour of love», en J. Finch y D. Groves (eds.), A labour of love: women, work and caring, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1983.

7 C. Carrasco, «La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? », Mientras Tanto, Nº 82, Barcelona, 2001.

8 P. Molinier, Le travail du Care, La Dispute, Paris, 2013, p. 224.

9 B. Fischer y J. Tronto, «Toward a feminist theory of care», en Abel, E. y Nelson, M. (dir.), Circles of Care: Work and Identity in Women’s Lives, SUNY Press, Albany, 1990, pp. 36-54.

10 N. Foner, The Caregiving Dilemma: Work in an American Nursing Home, University of California Press, Berkeley, 1994, p. 190.

11 C. Wolkowik, «The Social Relations of body Work», Work, Employment & Society, 16(3), 2002, pp. 497-510.

12 Ibidem, p. 501.

13 E. P. Thompson, «Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism», Past and Present, núm. 38, 1967, pp. 56-97.

14 C. Vega, Culturas del cuidado en transición. Espacios, sujetos e imaginarios en una sociedad de migración, Editorial UOC, Barcelona, 2009, p. 297.

15 N. Foner, op. cit.

16 En este sentido el documental Me llamo Carmen [en línea] realizado por la diócesis de Málaga de la organización Caritas, ilustra estas expectativas que se recaen sobre las personas que trabajan en los centros residenciales. Acceso el 9 de marzo de 2017.

[17] P. Moré, «Cuidados "en cadena": cuerpos, emociones y ética en las residencias de personas mayores», Papeles del CEIC, 1/2016.


Utopías en tiempos de pandemia

En el número 149 de Papeles reflexionamos sobre la noción de utopía y qué significados adquiere en un contexto de crisis socioecológica generalizada.

Queremos explorar los caminos de la utopía como un horizonte hacia el que mirar en un contexto como el actual de guerra contra el planeta en la era del Antropoceno, esa era en la que los humanos llegamos a modificar tanto el planeta como los propios movimientos geológicos.

Filósofos como Tomás Moro, Campanella y Platón han considerado la utopía en clave de horizonte deseable. Junto a esta, aparece una interpretación negativa o peyorativa de la utopía, especialmente desde una defensa conservadora de las relaciones de propiedad existentes; muchos pensadores y activistas en el siglo XVIII se les calificaba de “utópicos”.

También Marx separó su análisis, que calificaba de científico frente al “socialismo utópico” de aquellos que, como Fourier y Owen experimentaban con proyectos de empresas, comunidades, etc. socialistas, controladas por los trabajadores, y reflexionaban sobre futuros posibles en esta línea. Y de nuevo después de la I Guerra Mundial se vuelve al primitivo concepto de la utopía como ideal que el revolucionario opone a la glorificación positivista de lo existente, que también fue retomado en las rebeliones del 68. Actualmente, ciertas propuestas que se presentan como “soluciones” a la crisis civilizatoria, como el transhumanismo o la geoingeniería, incluyen rasgos utópicos en el sentido de lejanos, irrealizables (u-topos, sin lugar), o poco deseables.

La utopía, como proyección de un futuro deseable, tiene un carácter netamente subjetivo, dependiendo desde qué ángulo político se examine. Lo que para unos pueden ser utopías —el mencionado transhumanismo, por ejemplo— puede ser interpretado por otros como lo contrario, la distopía.

En Utopías en tiempos de pandemia se hace ese repaso histórico de la noción de utopía; se ubica en el contexto contemporáneo del Antropoceno; se realiza una crítica a las utopías tecno-científicas, como es el caso del transhumanismo (superación de las enfermedades, muerte, con la biomedicina e incluso traspaso de nuestra mente a un ordenador); y se reflexiona sobre qué queda de la utopía pacifista con nuestra actual capacidad militar de destrucción, o de la utopía socialista después de las experiencias vividas.

Este número Papeles estrena un nuevo diseño, con nuevas secciones y organización, aunque mantenemos las sugerentes ilustraciones de Javier Muñoz.

A continuación ofrecemos el sumario del número donde podrás encontrar, en abierto y a texto completo, tanto la INTRODUCCIÓN,  los textos de Erik Olin Wright y Paco Fernández Buey de la sección REFERENTES y el texto que recoge los RESÚMENES de los artículos.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN
La utopía en la era del Antropoceno, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

Utopía. El estado actual de la cuestión, Francisco Martorell Campos.

Tomás Moro: el nacimiento de la utopía moderna, Jesús Joven Trasobares.

Entrevista a Luis Fernando Medina sobre socialismo y utopía, José Bellver Soroa.

Utopías y prospectiva en Geddes y en Mumford, José Manuel Naredo Pérez.

Entre utopías y distopías tecnocientíficas. El caso del transhumanismo, Sergio Martínez Botija.

Utopía y antropoceno: críticas y respuestas al reto nuclear, Tica Font Gregori.

ACTUALIDAD

Refugiados en la Unión Europea: desde el alarmismo de emergencia a la gestión común, Daniele Archibugui, Marco Cellini y Mattia Vitiello.

REFERENTES

Erik Olin Wright: Utopías reales, Presentación. Santiago Ávarez Cantalapiedra.

Construyendo utopías reales, Erik Olin Wright.

Francisco Fernández Buey: Elementos positivos de la Utopía, Salvador López Arnal.

Utopía y vocación científica en la representación socialista moderna de la sociedad capitalista, Paco Fernández Buey.
Charles Fourier y los elementos positivos de la utopía, Paco Fernández Buey.

LECTURAS
Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica (1900-2010), de Manuel González de Molina, David Soto Fernández, Gloria Guzmán Casado, Juan Infante Amate, Eduardo Aguilera Fernández, Jaime Vila Traver, Roberto García Ruiz.
Monica Di Donato

El planeta inhóspito: La vida después del calentamiento, de David Wallace-Wells.
Meritxell Balada, Paula Estrada y Joan Freixa

La máquina es tu amo y señor, de Jenny Chan Tang, Xu Lizhi, Li Fei y Zhang Xiaoqio.
Lucía Vicent

¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por un Green new Deal, de Héctor Tejero y Emilio Santiago.
FUHEM ECOSOCIAL

Fluminismo, de Ginny Battson.
FUHEM ECOSOCIAL

RESÚMENES

 

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Emergencia climática

Los discursos en torno a la emergencia climática
Rubén Gutiérrez Cabrera
Dosieres Ecosociales, mayo 2020.

En poco tiempo, la “emergencia climática” se ha convertido en nuevo marco con el que los medios de comunicación y la opinión pública global se refieren a la actual situación de crisis climática que enfrenta la humanidad, pasando de ser un concepto apenas utilizado a perfilarse como un eslogan con un potencial de incidencia en las políticas ambientales sin precedente.

En este contexto, se vuelve fundamental indagar en los relatos surgidos en torno a la “emergencia climática”, pues del resultado de las batallas que se libran en torno a su definición e implicaciones dependerá en gran medida que las “declaraciones de emergencia climática” se decanten del lado de la sostenibilidad y la justicia climática, o del lado de un repliegue autoritario en forma de ecofascismo.

A continuación, ofrecemos el primer epígrafe del texto que aborda la importancia del análisis del discurso, el papel de los medios de comunicación y la pertinencia de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de interpretar críticamente los mensajes que reciben en torno a la emergencia climática. Al final de la página encontrarás el acceso al dossier completo.

La importancia de analizar el discurso. Para una guerrilla semiológica climática

Cuenta George Lakoff en su ensayo “No pienses en un elefante” el ejercicio que propone el primer día de clase a sus estudiantes en la Universidad de Berkeley. Este consiste en pedirles únicamente que no piensen en un elefante. Una tarea en apariencia sencilla: que hagan lo que hagan, no piensen en un elefante. Sin embargo, relata Lakoff, todavía ningún estudiante ha sido capaz de hacerlo. ¿Por qué? La razón, explica el profesor de lingüística, es la siguiente:

«Toda palabra, como elefante, evoca un marco, que puede ser una imagen o bien otro tipo de conocimiento: los elefantes son grandes, tienen unas orejas que cuelgan, y una trompa; se los asocia con el circo, etc. La palabra se define en relación con ese marco. Cuando negamos un marco, evocamos el marco».[1]

Esta anécdota nos permite comprender un fundamento básico en la generación de los discursos e imaginarios sociales: el lenguaje no es neutral. La utilización de unos conceptos u otros evoca unos marcos determinados que condicionan nuestra manera de entender e interactuar con el mundo. En este sentido, el lenguaje no es solamente un vehículo que expresa ideas, sino que tiene una función constituyente de la realidad social. No solo nombra la realidad: la construye. Por ello, advierte Lakoff: «cuando hay que discutir con el adversario: no utilices su lenguaje. Su lenguaje elige un marco, pero no será el marco que tú quieres».[2]

Este planteamiento de Lakoff nos lleva a una premisa fundamental: en la medida en que el proceso de generación de imaginarios sociales está atravesado por conflictos y relaciones de poder, los discursos dominantes siempre serán el resultado de la disputa por el relato entre los diferentes agentes que pugnan por hacer hegemónicas sus visiones (partidos políticos, corporaciones, ámbito científico-académico, organizaciones de la sociedad civil…), algo que ha sido analizado en profundidad por los autores de la Discourse Theory. En consecuencia, si el lenguaje no es neutral y los discursos están mediados por las ideologías, decodificar la comunicación es un prerrequisito para comprender el estado de las percepciones sociales respecto a cualquier cuestión, también (y sobre todo) respecto a las cuestiones ambientales.

Empecemos, por ejemplo, deteniéndonos en el concepto “desarrollo sostenible”. Acuñado en los años 80 bajo la hegemonía neoliberal y difundido en 1987 por el Informe Brundtland, este concepto proyectaba, mediante la yuxtaposición de las palabras “desarrollo” y “sostenible”, la aparente superación del conflicto existente entre el modelo de desarrollo neoliberal basado en el dogma del crecimiento, por un lado, y la sostenibilidad, por otro. Pese a que ya desde principios de los años 70 el Club de Roma había planteado la necesidad de fijar límites al crecimiento, lo que relegaba al concepto “desarrollo sostenible” a la categoría de oxímoron (unión de dos conceptos contradictorios entre sí), las tesis del decrecimiento no lograrían prevalecer, mientras que el marco del “desarrollo sostenible”, sin embargo, terminaría convirtiéndose en el núcleo del discurso ambientalista oficial desde la Cumbre de Río de 1992. Hoy, sin embargo, el fracaso de este paradigma es una realidad incuestionable.

¿Cómo se explica que un concepto-trampa[3] como “desarrollo sostenible” haya conformado los marcos institucionales de la gobernanza ambiental global, mientras conceptos como “decrecimiento”, más acordes con los presupuestos científicos mayoritariamente aceptados, hayan quedado prácticamente excluidos de la discusión pública?

Responder a esta pregunta exige adentrarnos en las relaciones de poder y los procesos de acumulación de capital para comprender la mayor capacidad de las élites para articular discursos y estrategias a escala planetaria, controlar la opinión pública global y crear visiones hegemónicas. Capacidad que se sitúa más allá del plano discursivo, pero de la que los discursos son «huellas, pistas, hebras, síntomas que el analista debe saber describir e interpretar»[4]. Entender, como afirma Nuria del Viso, que «la crisis climática es un conflicto con estrategias enfrentadas»[5], exige hacer un esfuerzo por rastrear dichos discursos para desentrañar las estrategias que hay tras ellos.

La importancia de la propaganda en relación al papel central que los medios de comunicación juegan en lo que Noam Chomsky ha denominado la «democracia del espectador»[6] no puede pasarse por alto en este punto. Desde que el presidente Woodrow Wilson creara la Comisión Creel para diseñar la estrategia comunicativa con la que el gobierno estadounidense convencería a la población norteamericana, que hasta entonces era pacifista, para que Estados Unidos entrase en la Primera Guerra Mundial[7], sabemos que los discursos propagados a través de los medios de comunicación son determinantes para la formación de una ciudadanía crítica.

De ahí que el debate acerca de si el lenguaje que utilizan los medios de comunicación describe con la suficiente precisión la dimensión del reto ecológico al que nos enfrentamos hoy sea ineludible.

No es casualidad que, en la primera de sus tres demandas, el movimiento Extinction Rebellion reivindicara desde su nacimiento que «el gobierno debe decir la verdad declarando una emergencia climática y ecológica, trabajando con otras instituciones para comunicar la urgencia del cambio»[8]. En esta línea, medios como The Guardian[9], La Vanguardia[10] y otros muchos han comenzado a cambiar en los últimos meses su terminología para dar prioridad a conceptos como “emergencia climática” o “crisis climática” frente a “calentamiento global” o “cambio climático”, siguiendo las consideraciones de plataformas de referencia como EFEverde o la Fundeu del BBVA[11].

Pero llegar a las salas de control de los medios de comunicación no es suficiente para transformar las percepciones del público. Umberto Eco sostenía que «los medios de comunicación de masas no son portadores de ideología: son en sí mismos una ideología»[12]. Eco, que elaboró toda una compleja teoría sobre los procesos de significación producidos en las sociedades humanas, proponía la semiología como herramienta para comprender «todos los procesos culturales como procesos de comunicación»[13]. Y en su ensayo “Para una guerrilla semiológica”, el profesor y filósofo italiano afirmaba con gran lucidez que la batalla por el relato «no se gana en el lugar de donde parte la comunicación sino en el lugar a donde llega»[14]. Por este motivo, Eco sugería la necesidad de una estrategia de “guerrilla puerta a puerta” «para incitar a la audiencia a que controle el mensaje y sus múltiples posibilidades de interpretación».[15]

Siguiendo a Eco, una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo probablemente sea la de desplegar una estrategia de guerrilla semiológica climática que sensibilice a la ciudadanía sobre la necesidad de interpretar críticamente los mensajes que reciben en torno a la emergencia climática. Pues de no hacerlo, corremos el riesgo de volver a ser arrastrados a nuevas guerras. En esta ocasión, en nombre de la emergencia climática.

[1] G. Lakoff, No pienses en un elefante, Editorial Complutense, Madrid, 2007, pp. 6.

[2] Ibidem.

[3] J. C. Monedero, El gobierno de las palabras. Política para tiempos de confusión, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 2011, pp. 34.

[4] P. Santander, «Por qué y cómo qué hacer análisis del discurso», Cinta Moebio. Acceso el 17 de junio de 2019.

[5] N. Del Viso, «La crisis climática es un conflicto con estrategias enfrentadas», CTXT, 16 de abril de 2019.

[6] N. Chomsky e I. Ramonet, Cómo nos venden la moto, Icaria Editorial, Barcelona, 1993.

[7] Ibidem.

[8] «Our Demands», Extinction Rebellion. Acceso el 23 de junio de 2019.

[9] D. Carrington, «Why the Guardian is changing the language it uses about the environment», The Guardian, 7 de mayo de 2019.

[10] M. Camps, «La Vanguardia’ dará prioridad a la expresión ‘crisis climática’, en lugar de ‘cambio climático», La Vanguardia, 6 de junio de 2019.

[11] Redacción EFEverde, «EFEverde y Fundéu propondrán mejoras en el lenguaje periodístico del cambio climático», EFEverde, 4 de junio de 2019.

[12] U. Eco, «Para una guerrilla semiológica» en U. Eco, La estrategia de la ilusión, Lumen, Buenas Aires, 1987.

[13] U. Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica3ª edición, Lumen, Barcelona, 1986, pp. 22.

[14] U. Eco, «Para una guerrilla semiológica» en U. Eco, La estrategia de la ilusión, Lumen, Buenas Aires, 1987.

[15] Ibidem.

Acceso al documento completo: Los discursos en torno a la emergencia climática


La utopía en la era del Antropoceno

El texto de Santiago Álvarez Cantalapiedra, corresponde a la INTRODUCCIÓN del número 149 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicado a las utopías en tiempo de pandemia.

Un mapa del mundo que no contenga el país Utopía no merece siquiera un vistazo (Oscar Wilde)

Aunque el término utopía surge en el Renacimiento, las primeras expediciones por las tierras utópicas fueron tan antiguas como las capacidades simbólicas y de fabulación del ser humano. Tal vez se deba a ello que Francisco Fernández Buey, quien tanto aprecio mostró por la razón utópica,1 asociara siempre las ilusiones que brotan naturalmente de la vida de los seres humanos a la idea de la utopía.2

Es sabido que utopía es un nombre inventado por Thomas More que los filólogos atribuyen a la combinación del prefijo griego ou, (no) con la palabra topos (lugar). Tres siglos y medio más tarde, el economista y filósofo John Stuart Mill utilizó por vez primera el término distopía en una intervención parlamentaria para referirse a la perspectiva poco halagüeña que se desprendía de la vigencia de algunos factores del presente. Cinco décadas después, Patrick Geddes y Lewis Mumford introducen -nos los recuerda José Manuel Naredo en su artículo- el término eutopia para expresar el buen lugar en el que estar y al que deberíamos ir.

¿Por qué nos debería interesar, en la era del Antropoceno, la utopía entendida como eutopía? ¿Qué significado puede tener al comienzo del siglo XXI, atenazados como estamos por amenazas globales que adquieren una dimensión existencial? Son preguntas que nos llevan a orientar nuestra mirada, por primera vez en los treinta y cinco años de vida de la revista, a ese lugar imaginado que debería figurar en los mapas que merecen ser ojeados.

¿Para qué sirve la utopía?

Como sugiere Jesús Joven al introducirnos la obra de Thomas More en este número, la sociedad que prefigura esta primera utopía literaria está lejos de ser una sociedad justa (debido a la existencia de esclavitud); tampoco parece una sociedad deseable, ni siquiera para el propio autor que la imagina, pues en ella se hace patente la ausencia de Dios. Es probable, pues, que More no estuviera imaginando un “buen lugar”, sino un “no lugar” desde el que comentar críticamente el mundo que le rodeaba. Este papel crítico es la primera y más destacada función que cabe atribuir a la utopía. Pero hay, al menos, otras dos funciones más que merecen nuestra atención.

La segunda función de la utopía es ayudar a imaginar alternativas. La utopía como invariante de la historia humana forma parte de las ilusiones naturales de las que habla Leopardi y reivindica Fernández Buey, una atalaya desde la que visualizar y anticipar otra realidad. El género utópico ha servido, por ejemplo, para lanzar nuevos principios sociales al servicio de la emancipación de la mujer –es el caso de Charlotte P. Gilman, precursora con su  Herland (1915)-  o de una organización alternativa de la economía –como la imaginada por el socialista norteamericano Edward Bellamy en su novela Looking Backward (1888)- que luego, a resultas de tantas luchas, han terminado por hacerse realidad  en muchos lugares. El sufragio femenino, la educación universal o la abolición del trabajo infantil son principios que pertenecieron en su día al género utópico y que hoy están presentes en gran número de sociedades de nuestro mundo, aunque -evitemos olvidarlo- no en todas.

Así pues, el potencial crítico de la utopía adquiere sentido en medio de la oscuridad del presente solo cuando se pone al servicio de la emancipación humana. Pero para poder desatar este potencial hay que empezar por diferenciar a los ilusos de quienes albergan ilusiones, pues no es lo mismo hacerse ilusiones que tener ilusiones. ¿Y qué diferencia una cosa de la otra? Los ilusos se diferencian de los utópicos en que defienden ideales que se encuentran fuera de la historia. Sus ilusiones no son realizables. Por el contrario, el utópico alberga una ilusión realizable, tal vez no en el momento presente y dentro del orden social dominante, pero no imposible en otro momento histórico y bajo otras circunstancias. El utópico, a diferencia del iluso, engarza la utopía a una realidad que no queda reducida al campo de lo existente. La realidad es también un campo de posibilidades, de opciones por explorar y de experiencias alternativas que practicar, algunas incluso ya iniciadas, aunque rápidamente sofocadas o desplazadas a un segundo plano de la historia por el poder. Cuando se formula una utopía, señala Juan José Tamayo, «no se está proponiendo un imposible; se busca cambiar las coordenadas que la hacen imposible para que sea posible».3

La tercera función de la utopía está muy relacionada con esta doble función crítica y alternativa que acabamos de comentar. La utopía, en cuanto instancia crítica que además ayuda a previsualizar otra realidad, se convierte en motivación para la acción y en horizonte que guía el cambio social. Como señaló Paco Fernández Buey, resulta indispensable para iniciar y sostener la acción política desde una perspectiva emancipadora: «No ha habido ni habrá filosofía moral sin utopías, o sea, sin la prefiguración de sociedades imaginarias más justas, más igualitarias, más libres y más habitables de las que hemos conocido y conocemos. La imaginación utópica ha sido y será el estímulo positivo de todo pensamiento político moral».4 Tal vez ha sido Eduardo Galeano quien, desde el campo literario, más haya reivindicado este papel de la utopía.[5] Son muy conocidas las palabras con las que se hace eco de la respuesta que dio el cineasta argentino Fernando Birri a la pregunta ¿para qué sirve la utopía?: «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar». Utopía que combina crítica y alternativa, que guía la praxis y la orienta hacia ella. Esa es su función.

De la utopía social a las ilusiones tecnológicas

La publicación, en Lovaina en 1516, Del estado ideal de una república en la nueva isla de Utopía inaugura el pensamiento utópico moderno. Aunque la noción de utopía estuvo enraizada en sus comienzos al ámbito social y tenía un marcado carácter político, con el tiempo fue cediendo terreno en favor de las ilusiones tecnocientíficas. No es accidental ese tránsito. Las utopías, por su carga crítica y alternativa, se convirtieron en una peligrosa herramienta al servicio de la emancipación humana. Recuerda Pierre Musso que este giro de la utopía hacia el ilusorio solucionismo tecnológico se produce en épocas tan tempranas como las de las revoluciones sociales y obreras de los años 1830 en Francia: «El objetivo fue eludir la conflictividad política para celebrar el progreso técnico y la revolución industrial (…) La utopía deja de ser sociopolítica para convertirse en científico-técnica. Esta inflexión fundamental, en sus orígenes, pretendía una toma de poder tecnocrática, relegando a un segundo plano a la utopía social, e incluso socialista. Esto es lo que pretenden algunos sansimonianos al reducir el cambio social a realizaciones técnicas».6

En los umbrales de la «cuarta revolución industrial», derivada de la integración de la inteligencia artificial con las nanotecnologías y la biología sintética, las ilusiones tecnológicas renacen cada vez con más fuerza. El libro Homo Deus de Harari sintetiza mejor que ningún otro esas ilusiones presentes en la sociedad actual. La posibilidad que se le ha abierto al ser humano de acabar con los flagelos del hambre, la guerra y la enfermedad le faculta para ascender a un nivel superior en la escala evolutiva: «El ascenso de humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos: ingeniería biológica, ingeniería ciborg e ingeniería de seres no orgánicos».7 No hay que esperar a la lentísima selección natural ni a la azarosa mutación de los genes cuando resulta posible forzar los cambios con las palancas de la biotecnología, la inteligencia artificial o la nanotecnología. Esta ilusión tiene hoy nombre e ingentes recursos a su servicio. El transhumanismo, que no es más que la búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología, cuenta con el respaldo inestimable de Google y la NASA a través de la Universidad de la Singularidad, dedicada en exclusiva a este asunto.

El deslizamiento hacia lo distópico

La capacidad de seducción que tienen las nuevas tecnologías parece irresistible. Pero si por un momento pudiésemos suspender esa atracción, logrando unas mejores condiciones para preguntarnos acerca de si esas opciones son realmente deseables, es probable que nos surgieran unas cuantas reservas. La exitosa serie Black Mirror refleja magistralmente el malestar y la inquietud que nos provoca tanto ilusionismo tecnológico. En sus capítulos abunda la distopía y escasea la eutopía.

Cabe preguntar si este desplazamiento de las utopías por las distopías es algo reciente o viene de lejos. Aunque la ficción distópica ha vivido siempre sus momentos más dorados después de las grandes crisis colectivas, la utopía ha llevado en su reverso la distopía desde los inicios. De ahí que quepa distinguir las utopías puras de las parodias utópicas, que no buscan presentar un ideal sino más bien evitarlo. Entre los autores de las primeras encontraríamos a More con su Utopía, a Campanella con La ciudad del Sol, a Bacon con Nueva Atlántida, a Bellamy con Mirando hacia atrás y, sobre todo, a Morris con Noticias de ninguna parte. Entre los cultivadores de las segundas, autores como Italo Calvino, H.G. Wells o Úrsula K. Le Guin, que imaginaron en muchas de sus obras futuros distópicos con la intención de que anticipando esos horizontes tenebrosos nos encontrásemos en mejores condiciones de sortearlos. Otros, como Yevgueni Zamiatin con Nosotros, Aldous Huxley con Un mundo feliz o George Orwell con 1984, es posible que ni siquiera albergaran tal esperanza.

En cualquier caso, pocos tiempos tan proclives a las distopías como los actuales. Están tan presentes en nuestros días que gran parte de la literatura juvenil más celebrada responde a este género (véase la trilogía de Los juegos del hambre de Suzanne Collins o el tríptico de Verónica Roth formado con sus novelas Divergente, Insurgente y Leal, todas ellas llevadas al cine en los últimos años con gran éxito de público). Tampoco han escapado a esta tentación muchos autores consagrados: ahí está el mundo apocalíptico que describe Cormac McCarthy en La carretera, el renacer del antisemitismo que plantea Philip Roth en La conjura contra América o la acogida que han logrado las dos novelas de Margaret Atwood sobre la República de Gilead (El cuento de la criada y Los testamentos).

¿Qué significado puede tener la Utopía en la era del Antropoceno?

La ciencia ficción ha cultivado un campo muy próximo al de las utopías. El racionalismo mágico presente en este género literario ha permitido viajar a la Luna o a las profundidades de la Tierra cuando aún no era posible. La conciencia del futuro como un vasto territorio de posibilidades ha permitido que algunas mentes lúcidas fueran capaces de anticipar acontecimientos que luego otros seres humanos han presenciado. Desde que en el siglo II el escritor griego Luciano Samósata imaginara un viaje a la Luna, el ser humano ha realizado la mayoría de las ilusiones que ha albergado: ha llegado hasta los confines de los océanos, ha dado la vuelta al mundo, explorado las simas más profundas y formulado teorías, como la de las cuerdas  cósmicas y los agujeros de gusano, que hacen verosímiles los viajes en el tiempo que imaginó el incomparable Herbert George Wells veinte años antes de que el no menos genial Einstein formulara la teoría general de la relatividad.

La ciencia ficción es un género moderno, hija de la confianza en el futuro y de la idea de progreso. El futuro como algo mejor que el presente. «El progreso es la realización de las utopías», decía Oscar Wilde. La narrativa utópica es en cierto modo una variante de la filosofía del progreso, pero ¿qué idea de progreso cabe albergar en nuestra época?

La idea de “progreso” que define nuestra época a menudo se parece más a la progresión de una enfermedad que a su curación. Para Walter Benjamin el progreso, cuando es contemplado desde la mirada del oprimido, se asemeja mucho a un vendaval que deja a su paso un reguero de víctimas y escombros. Desde esa perspectiva, el progreso es sinónimo de catástrofe y la utopía tiene que ver, sobre todo, con la esperanza de detener ese progreso. Cuando se avanza en la dirección equivocada, el progreso es lo último que se necesita. No tiene ningún sentido progresar en dirección al abismo, y hacia allí es adonde nos conduce este modelo de civilización.8

La civilización industrial capitalista encandila a sus víctimas con un progreso aparente, no real, pues en su discurrir deteriora las bases naturales y sociales sobre las que se sostiene. Nos ha conducido a una crisis ecosocial de la que brotan múltiples amenazas existenciales: amenazas climáticas, pandemias impulsadas por la globalización con efectos impredecibles sobre la salud pública o disputas en torno a recursos estratégicos que tensionan la geopolítica internacional en un contexto de proliferación nuclear.9

El futuro no tiene el mismo significado ahora que antes de la crisis ecológica. Con anterioridad a esta crisis el futuro se podía contemplar todavía como un territorio de posibilidades: cabía pensarlo como un tiempo mejor donde proyectar aquello que no resulta posible alcanzar en el tiempo presente. Pero ahora no. La crisis ecológica ha determinado nuestro futuro. Lo vemos con claridad al observar las consecuencias del cambio climático. Desde el punto de vista de la crisis climática, el futuro nunca va a poder ser mejor y, por eso, toda nuestra lucha por el futuro gira entre lo “malo” y lo “peor”. Y la diferencia entre ambos futuros es enorme: nada menos que la posibilidad entre un convivir aún civilizado y la más atroz de las barbaries. Tanta es la diferencia entre ambos futuros, que no cabe pensar en la utopía más que como la aspiración a conseguir lo menos malo. Los nuestros son tiempos de concesiones, de la búsqueda del mal menor. Lo mejor deja de estar a nuestro alcance y debemos conformarnos con lo menos malo. Son tiempos de utopía formulada en negativo: «hoy no luchamos por construir la brillante utopía, sino para evitar las distopías peores».10

Predominan hoy las distopías, que no son sino hijas de la creciente consciencia de que vivimos un gran desastre social y civilizatorio. Dar la vuelta al calcetín de sentido trágico del presente pasa por hacer florecer la carga alternativa que tiene la utopía y que no alcanza a imaginar el pensamiento que se queda en meramente distópico. Si la distopía llega a ser, en el mejor de los casos, una crítica cuando apunta al estado de barbarie al que nos conduce el presente, la utopía además de la crítica proporciona la imaginación política necesaria para lanzar la realidad en otra dirección, hacia un buen vivir en un buen lugar, hacia la eutopía.

[1] Este número inaugura nuevas secciones. La que denominamos Referentes tiene como objetivo recuperar textos de autores/as que son una referencia indiscutible en las temáticas que aborda la revista. En esta ocasión está compuesta de tres textos, dos de Francisco Fernández Buey y otro de Erik Olin Wright.

[2] Francisco Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales, El Viejo Topo, Barcelona, 2007.

[3] Juan José Tamayo, Invitación a la utopía, Editorial Trotta, Madrid, 2012, p. 149.

[4] Francisco Fernández Buey, op. cit, pp. 12 y 13.

[5] Galeano cultivó a lo largo de toda su obra la utopía crítica y poética. Algunas de las frases que dejó escritas se convirtieron en lemas de la acampada del 15 M (así ocurrió con esta, «si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir», extraída de su libro Los hijos de los días). Entre los muchos escritos que nos legó, tal vez el que mejor refleja el espíritu utópico del autor es el titulado «El derecho al delirio», del que entresaco los siguientes versos: «¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible (…) en las calles, los automóviles serán aplastados por los perros/ la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor (..) la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar/ se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega (…) los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo/ ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas» (Patas arriba. La escuela del mundo al revés, Siglo XXI, Madrid, 1998, pp. 341-344).

[6] Pierre Musso, «De la utopía social a la utopía tecnológica», El punto de vista nº 7: Tiempos de utopías (Le Monde diplomatique), Ediciones Cybermonde S.L., Valencia, 2011, pp. 7 y 8.

[7] Yuval Noah Harari, Homo Deus, Debate, Barcelona, 2016, p. 56.

[8] Christopher Ryan, Civilizados hasta la muerte: el precio del progreso, Capitán Swing, Madrid, 2020.

[9] Sin mencionar los riesgos tecnológicos del impulso fáustico: las consecuencias de la combinación de la inteligencia artificial con la manipulación genética y las posibilidades de crear una especie -los ciborgs- no completamente orgánica.

[10] Jorge Riechmann, Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros, Mra ediciones, Barcelona, 2020, p. 107.

Descargar el artículo completo en formato pdf: La utopía en la era del Antropoceno.

 


1 de Mayo. Selección de Recursos

El Primero de Mayo, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores/as tiene su origen en las reivindicaciones sociolaborales del movimiento obrero mundial en favor de las clases trabajadoras.

El panorama laboral actual, debido a la crisis del COVID19 es desolador: aumento de las cifras de paro cuya tasa vuelve a colocarse por encima del 14%, el elevado número de trabajadoras/es en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la incertidumbre sobre como pueden afectar el proceso de desescalada del confinamiento a los diferentes sectores económicos.

Además, la situación de confinamiento y distanciamiento social hace que este 1º de Mayo, cuyo lema es "Trabajo y servicios públicos. Otro modelo social y económico es posible", sea singular porque se va a desarrollar sin actos públicos y sin manifestaciones multitudinarias. Sólo nos quedará volver a salir a nuestros balcones a aplaudir a las 20 h. para homenajear a todos las personas trabajadoras que están en primera línea y para reivindicar, aunque sea una protesta virtual, un nuevo modelo económico y social que ponga en el centro la vida, los derechos y el bienestar de las personas.

Con esa intención os proponemos una selección de artículos que, desde distintas ópticas, nos aproximan al mundo del trabajo en toda su complejidad, a las relaciones sociales y laborales que lo envuelven y a los nuevos retos y peligros que ponen en jaque las conquistas alcanzadas.

Artículos relacionados con la digitalización del trabajo, la precarización, la crisis del empleo, los trabajos de cuidados, el trabajo garantizado, el reparto del trabajo, los efectos de la crisis en las clases trabajadoras y la desregulación de la relación salarial.

Hemos recopilado también dos ESPECIALES dedicados al trabajo publicados en los números 140 sobre Trabajo Precario y en el 108 sobre Crisis del Trabajo, de los que facilitamos todos los artículos a texto completo.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global

Albert Recio, “Digitalización y trabajo: notas para un debate”, Capitalismo digital. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 144, invierno 2018/2019, pp. 49-58.

 

 

EMPLEO PRECARIO: UN SALTO AL VACÍO, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 140, invierno 2017-2018.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, INTRODUCCIÓN. Capitalismo, precarización e inseguridad social, pp.

ESPECIAL:

Lucía Vicent Valverde, Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión precaria, pp. 35-49.

Jorge Sola e Inés Campillo, La precarización en su contexto: desarrollo y crisis del régimen de empleo en España, pp. 51-63.

Ernest Cañada, Un turismo sostenido por la precariedad laboral, pp. 65-73.l

Juan José Castillo, La precariedad del trabajo académico en la Universidad, pp. 75-84.

Carlos Gutiérrez Calderón, La metamorfosis del trabajo: retos para la acción sindical, pp. 85-94.

Adrián Todolí Signes, Nuevos indicios de laboralidad en la economía de plataformas virtuales (Gig economy), pp. 95-103.


Paloma Moré, “Cuerpos vulnerables: la intensificación del trabajo en las residencias de personas mayores”, Cuerpos frágiles y capitalismo. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 137, primavera 2017, pp. 71-80.

Isabel Quintana (Liz), “Trabajadoras de hogar, la urgencia del debate sobre la organización social de los cuidados”, Corrupciones. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 135, otoño 2016, pp. 115-125.

Mario Rísquez, “Exiliados económicos: jóvenes españoles en el extranjero”, Migraciones Forzadas. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 132, invierno 2015-2016, pp. 87-97.

Andrés Pedreño, Carlos de Castro y María Elena Gadea, “Asalariados inmigrantes en enclaves de agricultura intensiva: crisis del sur de Europa y sostenibilidad social”, Problemas y desafíos del mundo rural. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 131, otoño 2015, pp. 49-59.

Salvador López Arnal, “Entrevista a Eduardo Garzón Espinosa sobre su propuesta de trabajo garantizado”, Municipios y participación ciudadana. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 129, primavera 2015, pp. 177-186.

Rafael Muñoz de Bustillo, “De la crisis del empleo al desmantelamiento del Estado de bienestar”, La Gran Involución I. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 123, otoño 2013,

Laura Mora Cabello de Alba, “El trabajo con sentido en proceso constituyente. Un cambio de civilización: qué trabajo, para qué sociedad, para qué planeta”, Nuevos problemas, nuevas consitituciones. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 122, verano 2013, pp. 67-77.

María Eugenia Ruiz-Gálvez, Lorenzo Vidal-Folch y Lucía Vicent, “Crisis en la periferia europea y mercado de trabajo”, Europa en la encrucijada. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 120, invierno 2012/2013, pp. 171-182.

Teresa Torns, Vicent Borrás, Sara Moreno y Carolina Recio, “El trabajo de cuidados: un camino para repensar el bienestar”, Alternativas III: enfoques para el cambio social. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 119, otoño 2012, pp. 93-101.

Daniel Jover, “Territorios socialmente responsables: el trabajo comunitario como estrategia de desarrollo local”, Alternativas III: enfoques para el cambio social. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 119, otoño 2012, pp. 145-159.

Albert Recio, “Reparto del trabajo y modelo social”, Alternativas II: concretando debates. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 118, verano 2012, pp. 67-78.

Fermín Paz Lamigueiro, "La democracia delegada: una reflexión desde el mundo del trabajo", We Are The 99%. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 116, invierno 2011/2012, pp. 55-61.

Albert Recio, “Efectos de la crisis sobre las clases trabajadoras”, Impactos y consecuencias de la crisis. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 113, primavera 2011, pp. 45-55.

Rafael Ibáñez y Mario Ortí, “La desregulación de la relación salarial y el retorno de la condición obrera en Europa”, ¡Regulad, regulad, ineptos!. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 112, invierno 2010/2011, pp. 47-58.


 

CRISIS DEL TRABAJO, Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 108, invierno 2009.

Santiago Álvarez CantalapiedraIntroducción

 

ESPECIAL:

Juan José Castillo, La soledad del trabajador globalizado, pp. 11-20.

Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández Rodríguez, El trabajo en la era posfordista: un malestar permanente, pp. 21-33.

Antonio Baylos, Reforma del mercado de trabajo o el eufemismo sobre la libertad, pp. 35-43.

Cristina Carrasco, Tiempos y trabajos desde la experiencia femenina, pp. 45-54.

Joaquim Sempere, La relación capital-trabajo como relación de poder social, pp. 55-64.

Mario Ortí y Rafael Ibáñez, Bases históricas de la invisibilización de la ciudadanía laboral en España. La crisis de la conciencia en la conciencia de crisis, pp. 65-75.

Carolina Recio, Teresa Torns, Vicente Borràs y Sara Moreno, La regulación del tiempo de trabajo en la Unión Europea, pp. 77-88.

Albert Recio, La evolución del mundo del trabajo en la crisis, pp. 89-97.

DIÁLOGO:

Olga Abasolo, Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo. Diálogo entre José Manuel Naredo y Jorge Riechmann, pp. 147-161.

Buena lectura y Feliz Día Internacional de los Trabajadores/as.

 

 


Nueva crisis: evitar los viejos errores

La pandemia del coronavirus se está convirtiendo en un gran desafío para el conjunto de la sociedad. A la emergencia sanitaria se le suma ahora la emergencia social a medida que se empiezan a percibir los efectos catastróficos que está teniendo sobre la economía.

Este manifiesto, firmado por centenares de economistas críticos con la ortodoxia económica hoy imperante (tanto en el plano teórico como en el de las políticas económicas al uso), reclama que la salida a esta lamentable situación se oriente hacia un modelo social más justo y racional.

Manifiesto de economist@s crític@s

La pandemia del coronavirus ha supuesto una amenaza que, de golpe, ha cambiado las prioridades en una gran parte del mundo. Las medidas adoptadas para proteger la vida y la salud habrían sido impensables hace tan solo unas semanas. Ésta es una de las enseñanzas de esta crisis: cuando hay voluntad política y consciencia social de un grave problema, las cosas pueden cambiar radicalmente.

Estamos en una época de crisis civilizatoria, ecológica, social y de cuidados, derivada de un modelo económico en el que todo se subordina a la competitividad, al beneficio y al crecimiento del Producto Interior Bruto.

La crisis del coronavirus invita a pensar en un necesario cambio de rumbo a todos los niveles para hacer frente a la emergencia económica, ecológica, social y de cuidados que padecemos. No queremos volver a la situación anterior, sino transitar de forma planificada hacia una economía en paz con el planeta y que permita reducir las insoportables desigualdades del modelo actual.

La pandemia también ha mostrado lo esencial de los trabajos de cuidados, tanto los asociados con la atención socio‐sanitaria, como los trabajos de limpiar, cocinar o cuidar a niñas y niños y a otras personas dependientes, trabajos que, como siempre, recaen en mucha mayor medida en las mujeres.

Queremos vivir en un mundo en el que la sanidad y los servicios sociales públicos sean una prioridad social, donde las políticas públicas estén orientadas a garantizar una buena calidad de cuidados a lo largo de toda la vida, en lugar de que sean las mujeres las que asuman una carga de trabajo desproporcionada.

Más allá de que los masivos desplazamientos a larga distancia convierten rápidamente una epidemia local en una pandemia, la crisis del coronavirus, con los cortes de suministros para algunas empresas y la competencia internacional para adquirir productos básicos, nos ha mostrado también otros aspectos negativos de la
globalización y la financiarización.

Queremos un mundo con cooperación universal, pero también un mundo en el que las economías locales y regionales estén más autocentradas tanto por motivos ecológicos como socio‐económicos y estratégicos.

Se ha mostrado también, una vez más, la debilidad de la Unión Europea que, ni siquiera ante una crisis de este tipo, ha actuado de forma conjunta ni para contener la epidemia ni para adoptar suficientes medidas políticas, económicas y sociales. Una situación excepcional que ha paralizado gran parte de la actividad económica exige
medidas audaces y responsables de gasto público para asegurar servicios esenciales, mantener rentas y evitar quiebras. Se ha de evitar que, como pasó en la crisis financiera de 2008, salgamos con una gran carga de endeudamiento que nos convierta en rehenes de los “mercados” (sobre todo de los financieros) y justifiquen políticas de recortes que ahora se han mostrado criminales, contraproducentes e inútiles.

Para ello se debe reconsiderar claramente el papel del Banco Central Europeo mediante mecanismos de
mutualización de deuda pública, creando directamente dinero que vaya a los gobiernos y a la ciudadanía o con otras alternativas que no conduzcan a los procesos de endeudamiento que acaben por justificar políticas de ajuste. La movilización de dinero debe llegar directamente al tejido productivo y a las personas, eludiendo hinchar el sistema financiero y las burbujas especulativas.

La crisis ha de servir para repensar qué es lo importante para las vidas de las personas y, en consecuencia, cuáles han de ser las prioridades de la política económica.

Los derechos laborales y sociales han de pasar al primer plano, así como la política fiscal progresiva. Y todo ello sin olvidar las experiencias de reestructuración empresarial para producir bienes esenciales, experiencias todavía modestas pero que pueden considerarse como ejemplos a menor escala de la necesaria reestructuración
económica.

A veces, las crisis abren oportunidades para los cambios. Así, el final de la Segunda Guerra Mundial llevó en algunos países a mejoras en la distribución y las condiciones laborales y sociales. En cambio, la crisis originariamente financiera de 2008 supuso un retroceso en nuestro país y en muchos otros.

No podemos repetir los errores de esta última, por lo que la salida de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus debe estar orientada a sentar las bases de una sociedad más justa, más igualitaria y ecológicamente sostenible.

FIRMAS

Julio Abad González (Universidad de León); Empar Aguado Bloise (Universitat de València); Iván Alaya García (Universidad Rey Juan Carlos); Daniel Albarracín Sánchez (Cámara de Cuentas de Andalucía); Henar Alcalde‐Heras (Deusto Business School); Vicent Alcántara Escolano (Universitat Autònoma de Barcelona); Rafael Allepuz Capdevila (Universitat de Lleida); Nuria Alonso (Universidad Rey Juan Carlos); Olga Alonso Villar (Universidad de Vigo); Ramon Alós (Universitat Autònoma de Barcelona); Santiago Álvarez Cantalapiedra (Fuhem Ecosocial); Cristina Álvarez Folgeras (Universidad de León); Pablo Archel Domenc (Universidad Pública de Navarra); Efren Areskurinaga (Universidad del País Vasco/EHU); Rosario Asián Chaves (Universidad de Sevilla); Carlos Askunze Elizaga (Red de Economía Alternativa y Solidaria); Joseba Azkarraga Etxagibel (Universidad del País Vasco/EHU); Alejandre Azucena Pascual (CCOO); Josep Banyuls Llopis (Universitat de València); Maja Barac (Universitat de València); Luís Baratas González (ENISA); Alfons Barceló Ventayol (Universitat de Barcelona); Raquel Bárcena; David Barkin (UAM, México); Ana Isabel Barranco González; María Antonieta Barrón (UNAM, México); Teresa Bartual Figueras (Universitat de Barcelona); José Antonio Batista Medina (Universidad de La Laguna); Antonio Baylos (Universidad de Castilla‐La Mancha); José Francisco Bellod Redondo (Universidad de Murcia); José Bellver Soroa (Fuhem Ecosocial); María Jesús Beltrán Muñoz (Universidad Pablo de Olavide); Joan Benach (Universitat Pompeu Fabra); Lourdes Beneria (Conrnell University); Estrella Bernal Cuenca (Universidad de Zaragoza); Hernando Bernal Zamudio (Red de estudios de Biomimesis); Carlos Berzosa Alonso‐Martínez (Universidad Complutense de Madrid); Eduardo Bidaurratzaga Arrue (Universidad del País Vasco/EHU); Jorge Bielsa Callau (Universidad de Zaragoza); Ramon Bielsa Circoles; Cristina Blanco Fernández de Valderrama (Universidad del País Vasco/EHU); Ramon Boixadera; Marisa Bordón Ojeda (Universidad Complutense de Madrid); Joan Josep Bosch González; Francisco Javier Braña (Universidad de Salamanca); María Trinidad Bretones (Universitat de Barcelona); Luís Buendía García (Universidad de León); Gemma Cairó Céspedes (Universitat de Barcelona); Toni Campos Alòs; Ernest Cano (Universitat de València); Roberto Carlotti; Óscar Carpintero (Universidad de Valladolid); Cristina Carrasco Bengoa (Universitat de Barcelona); José Luís Carretero (Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión); Lola Casares Vidal; Ana Isabel Casquete Diez (Universidad de Burgos); Feliciano Castaño Vidal (CIMAS); Verónica Castrillon Serna (Universidad del País Vasco/EHU); Jordi Catalan Vidal (Universitat de Barcelona); Ignacio Cazcarro (IRAID); Sergio Cesaratto (Università di Siena); Germán Raúl Chaparro (Universidad Nacional de Colombia); Pedro Chaves Giraldo; Clarisse Chiappini Castilhos; Agustí Colom Cabau (Universitat de Barcelona); Marta Conde (Universitat Pompeu Fabra); Vicente Cucarella Tormo; Pablo de Carlos Villamarín (Universidad de Vigo); Marcos de Castro Sanz; Luz de la Cal Barredo (Universidad del País Vasco/EHU); Mikel de la Fuente Lavín (Universidad del País Vasco/EHU); Ion Andoni del Amo Castro (Universidad del País Vasco/EHU); Alfredo del Río Casasola (Universidad Complutense de Madrid); Coral del Río Otero (Universidad de Vigo); Javier Delgadillo Macías (UNAM, México); Federico Demaria (Universitat Autònoma de Barcelona); Monica Di Donato (Fuhem Ecosocial); Carmen Díaz Corral (Universitat Autònoma de Barcelona); Pau Diaz Valero; María Angeles Diez (Instituto Hegoa); Lucía Díez Sanjuán (BOKU, Viena); Adriàn Dios Vicente (Universidad de Santiago de Compostela); Xoán Doldán García (Universidad de Santiago de Compostela); Rafael Domínguez Martín (Universidad de Cantabria); Mario Duayer (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Alfonso Dubois Migoya; Joan Pere Enciso Rodríguez (Universitat de Lleida); Bruno Estrada López; Iker Etxano (Universidad del País Vasco/EHU); María Eugenia Ruíz (Universidad Rey Juan Carlos); Ramón Fabre Vernedas; Eladio Febrero Paños (Universidad de Castilla‐La Mancha); David Fernández; Xulio Fernández Hermida (Universidad de Vigo); Carlos Fernández Liria (Universidad Complutense de Madrid); Jaime Fernández Truchado (Universidad de Zaragoza); Jesús Mauricio Flórez Salas (Universida de Granada); Facund Fora Alcalde (Universitat Autònoma de Barcelona); Gessamí Forner; Xabier Gainza Barrencua (Universidad del País Vasco/EHU); Oihana Garcia Alonso (Universidad del País Vasco/EHU); Jorge García Arias (Universidad de León y SOAS, Reino Unido); Miguel Ángel García Calavia (Universitat de València); José Manuel García De La Cruz (Universidad Autónoma de Madrid); José Tomás García García (Universidad de Alicante); Asier García Lupiola (Universidad del País Vasco/EHU); Paloma García Méndez; Fernando García Quero (Universidad de Granada); Esther García Rodríguez; Xosé Carlos García Vázquez; Rosa Garcia‐Hernández (Universitat Autònoma de Barcelona); Manuel Garí Ramos; Mario Garrido Porto; Juan A. Gimeno Ullastres (UNED); Rosario Gómez Carrasquel; Teresa Gómez Porres; Pedro José Gomez Serrano (Universidad Complutense de Madrid); Josep González Calvet (Universitat de Barcelona); José Carlos González Lorente (Economistas sin fronteras); Paz González Villamayor; Mabel Grimberg (Universidad de Buenos Aires); Adoración Guamán (Universitat de València); José Ángel Guerrero Gutiérrez (CCOO); Lluís Guíx Moreno; Luís Gurini Aldanondo (Universidad del País Vasco/EHU); Eduardo Gutiérrez Benito (Más Madrid); Javier Gutiérrez Hurtado (Universidad de Valladolid); José Luís Gutiérrez Molina (Universidad de Cádiz); Robin Hahnel (American University); Luís E. Herrero; David Hoyos Ramos (Universidad del País Vasco/EHU); Guadalupe Huerta Moreno (UAM, México); Jorge Hurtado Jordá (Universidad de Alicante); Ricardo Jiménez Aboitiz (Universidad de Valladolid); Pere Jódar (Universitat Pompeu Fabra); Gabriel Jové Avellà (Universitat de Girona); Yolanda Jubeto Ruíz (Universidad del País Vasco/EHU); Giorgos Kallis (Universitat Autònoma de Barcelona); Luís Kato Maldonado (UAM, México); Armando Kuri Guytán (UNAM, México); Sara Lafuente Hernández (Instituto Sindical Europeo/Université Libre de Bruxelles); Rosa Lago Aurrekoetxea (Universidad del País Vasco/EHU); Mertxe Larrañaga Sarriegi (Universidad del País Vasco/EHU); Jon Las Heras Cuenca (Universidad del País Vasco/EHU); Luís Fernando Lobejón Herrero (Universidad de Valladolid); Marina Lois Mosquera (Universidad de Santiago de Compostela); Martí López Andreu (University of Manchester); Xavier López Arnabat (Fundació Món 3); Salvador López Arnal; Francisco Javier López Martín (CCOO); Raúl Lorente Campos (Universitat de València); Javier Loscos (Universidad Complutense de Madrid); Andoni Louzao Bustamante; Fernando Luengo Escalonilla (Universidad Complutense de Madrid); Víctor Antonio Luque de Haro (Universidad de Almería); Irene Maestro Yarza (Universitat de Barcelona);  Desiderio Martín Corral (CGT); Àngels Martinez Castells; Roberto Martínez Catalán; Endika Martinez Etxebarria; Ángel Martínez González‐Tablas (Fuhem Ecosocial y Universidad Complutense de Madrid); María José Martinez Herrero (Universidad del País Vasco/EHU); Jone Martínez Palacios (Universidad del País Vasco/EHU); Alberto Matarán Ruiz (Universidad de Granada); Juan Pablo Mateo (Universidad Complutense de Madrid); Lorea Mendiola (Universidad del País Vasco/EHU); Blanca Miedes Ugarte (Universidad de Huelva); Fausto Miguélez Lobo (Universitat Autònoma de Barcelona); Tomás Moltó García; Alberto Montero Soler (Universidad de Málaga); David Moral Martín (Universitat Rovira i Virgili); Paola Moreno; José Ángel Moreno Izquierdo (Economistas sin fronteras); Ivan Murray Mas (Universitat de les Illes Balears); José Manuel Naredo; Francisco Navarro Gálvez (Universitat Autònoma de Barcelona); Esther Nieto Luque; José Antonio Nieto Solís (Universidad Complutense de Madrid); Jaime Nieto Vega (Universidad de Valladolid); Mikel Noval (ELA); Carlos Ochando Claramunt (Universitat de València); Martí Olivella Solé (Taula de Canvi SCCL); Christian Orozco Suárez (Universidad Central del Ecuador); José Ramon Páez Pareja (Ayuntamiento de Cádiz); Miguel Ángel Pagán Navarro (UNED); Miguel Pajares (Comisión Catala de Ayuda al Refugiado)); Juan Ignacio Palacio Morena (Universidad de Castilla‐La Mancha); Julián Palacios Barajas; José Ramón Paramio Pintado; Jose Pascua Gimon; Unai Pascual (Basque Centre for Climate Change); María José Paz Antolín (Universidad Complutense de Madrid); Nemesio Pereira Lorenzo (Universidad de Vigo); Ángeles Pereira Sánchez (Universidad de Santiago de Compostela); Emilio Pérez Chinarro (Universidad de Valladolid); Anna Pérez Quintana (Universitat de Vic); Paolo Pini (Universidad de Ferrara); Andrés Piqueras Infante (Universitat Jaume I de Castelló); Josep Pitxer Campos (Universitat de València); Victoria Porras Fernández; Albert Puig Gómez (Universitat Oberta de Catalunya); Ignasi Puig Ventosa (Fundació ENT); Aurora Pulido Vacas (CGT); Giuseppe Quaresima; Pablo Quindós Fernández (UGT de Castilla y León); Juan Ramírez‐Cendrero (Universidad Complutense de Madrid); Jesús Ramos Martín (Universidad Regional Amazónica); Antonia Ramos Yuste; Albert Recio Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona); Óscar Iván Reyes Maya (UNAM, México); Lorenzo Reyes Reyes (UACh, México); Jorge Riechmann (Universidad Autónoma de Madrid); Mario Rísquez Ramos (Instituto Complutense de Estudios Internacionales); Ana María Rivas Rivas (Universidad Complutense de Madrid); Jordi Roca Jusmet (Universitat de Barcelona); Óscar Rodil Marzábal (Universidad de Santiago de Compostela); José Miguel Rodríguez (Universidad de Valladolid); Arantxa Rodríguez (Universidad del País Vasco/EHU); Javier Rodríguez Alba (Universidad de Sevilla); Lluís Rodríguez Algans (Asesor Laboral); Paula Rodríguez Modroño (Universidad Pablo de Olavide); Francisco Roldán Muñoz (CDHS); Joaquín Romano Velasco (Universidad de Valladolid); Sergio Roque González (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria); José Domingo Rosello (Confederación Europea de Sindicatos); Victoriana Rubiales (Universidad de Sevilla); Alberto Ruíz Villaverde (Universidad de Granada); Peio Salazar Martínez de Iturrate; Ana Salvador Chamorro (Universidad de León); Amat Sánchez (Universitat de València); Juan Sánchez García (Universidad de La Laguna); Julián Sánchez González (Universidad Autónoma de Madrid); Elena Sánchez Jordán (Universidad de La Laguna); Raúl Sánchez Marín; Joan Ramon Sanchis Palacio; Antonio Santos Ortega (Universitat de València); Teresa Sanz Berzal (UAM México); Bernardino Sanz Berzal; Mikel Sarasola Manich (Adis); Xavier Simón (Universidad de Vigo); Maite Sirera González (Fundació Món 3); Victòria Soldevila Lafon (Universitat Rovira i Virgili); Marta Soler Montiel (Universidad de Sevilla); Héctor Sotomayor Castilla (Universidad Autónoma de Puebla); Enric Tello Aragay (Universitat de Barcelona); Juan Raúl Tinoco Viduvich (INDIO); Juan Torres López (Universidad de Sevilla); David Trillo Del Pozo (Universidad Rey Juan Carlos); Héctor Hugo Trinchero (Universidad de Buenos Aires); Ángela Troitiño Cobas (Universidad de Santiago de Compostela); Joaquín Turmo Garuz (Universitat de Barcelona); Jordi Ulleta Tañà (Universitat de Barcelona); Koldo Unceta Satustregui (Universidad del País Vasco/EHU); Iñaki Uribarri (ESK); José Anastasio Urra Urbieta (Universitat de València); Alejandro Valle Baeza (UNAM, México); Agustín Vázquez García (UAM México); Marta Vega Gómez (Universidad de León); Xosé Veiga Buxán (Universidad de Santiago de Compostela); Marta Veiguela Rigosa; Xavier Vence (Universidad de Santiago de Compostela); Carlos Villagra Ameriso (INAUCO); Ángel Villalba Fonfría (Universitat de València); Paloma Villanueva Cortés (Instituto Complutense de Estudios Internacionales); José Luís Villoslada Prieto; Carmen Wehbe Herrera (Universidad del País Vasco/EHU); Rebecca Wilgosh; Patxi Zabalo (Universidad del País Vasco/EHU); Mikel Zurbano (Universidad del País Vasco/EHU.

Documento completo en formato pdf: Manifiesto de economistas crític@s


Ciudadanía activa y emergencia climática

Un estudio para la participación ambiental, la ciudadanía activa y las redes vecinales ante la emergencia climática

Cristina Contreras Jiménez

Dosieres Ecosociales, abril 2020.

Nos encontramos en un momento histórico marcado por una profunda crisis múltiple, que abarca desde problemas económicos hasta políticos y de cuidados, así como una crisis ecológica que pone en jaque a la humanidad. Si bien aquellas son graves y urgentes, ésta marca un horizonte que no debe ser traspasado para asegurar la supervivencia de nuestra especie.

En cualquier caso, deben ser abordadas en su conjunto para asegurar la justicia social al tiempo que la sostenibilidad.

La educación ambiental y la participación son herramientas de cambio. Barrios por el clima es un proceso de participación ambiental que busca la transformación desde el compromiso, la implicación y la corresponsabilidad. En definitiva, pretende educar para la acción.

Este texto es el resultado de una investigación que parte de la hipótesis de que la participación en Barrios por el clima genera cambios hacia una mayor conciencia ambiental, que son impulsores de la transformación social, a tres niveles: personal (micro), colectivo (meso) y ciudad (macro).

Introducción

A esta crisis ecológica sin igual se suman diversas crisis sociales (económica, democrática, de cuidados, …), que se interseccionan en numerosos puntos, retroalimentándose unas a otras. A todo esto debemos dar respuesta de manera urgente desde diferentes ámbitos.

Nuestra especie siempre ha estado influenciada por el medio, pero también lo ha adaptado a sus necesidades (Novo, 1985) o, incluso, a sus deseos. El ritmo de modificación actual es tal que los ecosistemas se desequilibran. Muestra de ello es el cambio climático (en adelante, CC). Sin embargo, ni todas las comunidades o personas tienen la misma responsabilidad ante esto, ni sufren de igual manera sus efectos. Por lo que actuar es tanto una cuestión de supervivencia, como de justicia social y de ética ambiental. Es urgente, sensato, justo y ético.

La educación ambiental es una herramienta con mucho potencial, por su naturaleza política (Meira, 2006), su visión de conjunto y su praxis crítica, para hacer frente a esta situación. Y para ello debe considerar las numerosas dificultades y barreras psicosociales y de comunicación existentes, como pueden ser el coste percibido del cambio o la baja posición del CC en la jerarquía de necesidades (Meira, 2009).

La posición que ocupa esta cuestión en la jerarquía de necesidades se explica, en parte, con las crisis sociales mencionadas, que generan otras urgencias percibidas como más inmediatas. Por ello, es importante atender lo que Raworth (2013) llama «el espacio seguro y justo para la humanidad», que se encuentra entre el techo ambiental y el suelo social. Esto daría pie al debate sobre qué vidas merecen la pena ser vividas (Pérez, 2014).

El coste percibido del cambio se aborda mejor si se hace de manera colectiva.

El acompañamiento a la hora de realizar cambios en nuestras vidas ayuda a superar las dificultades emocionales (CALA, 2017), refuerza la puesta en práctica de cambios de hábitos y genera un espacio de complicidad en el que poder compartir información, experiencias e inquietudes. Es también el espacio en el que tomar decisiones que transciendan la acción individual. Y debe ir acompañado del aporte de información por quienes tienen mayor conocimiento en la materia, para ayudar a encauzar las acciones y demandas.

Todo este conjunto es transformador y encamina hacia la acción.

Desde hace tiempo, tanto la sociedad civil como las administraciones públicas han desarrollado campañas para fomentar una mejor relación del ser humano con el medio ambiente. Estas buscan concienciar para paliar los problemas generados por el propio ser humano debido a un sistema de extracción, producción y consumo que no respeta los límites de la naturaleza.

A pesar de ello, el problema se está agudizando, de lo cual no sólo la ciudadanía es responsable. La dimensión del problema puede revelarse como inabarcable cuando tratamos de hacerle frente individualmente, se enfoca en el problema en lugar de en las salidas o no se comprende y conoce correctamente.

Recientemente, Ecologistas en Acción de Córdoba ha impulsado la campaña Barrios por el clima, con el fin de llevar a cabo procesos participativos en la toma de decisiones con diferentes barrios de la ciudad para mitigar el CC y adaptarnos a las consecuencias que ya están ocurriendo.

El proyecto que abre paso al presente estudio muestra, desde el inicio, una tendencia positiva para empujar hacia la acción de sus participantes. La mayor parte de las asociaciones contactadas mostraron buena disposición para trabajar este proceso participativo para tomar medidas de adaptación y mitigación del CC; y el compromiso es constante.

Esto despierta mi interés en comprobar hasta qué punto dicho proyecto, Barrios por el clima (en adelante, BxC), despierta el compromiso para la acción; y si tiene capacidad para generar aprendizaje con esa visión de conjunto que permite hilar la justicia, la ética, la sensatez y la urgencia...

Si quieres leer el texto completo del Dosier Ecosocial, aquí tienes el acceso en formato pdf: Un estudio para la participación ambiental, la ciudadanía activa y las redes vecinales ante la emergencia climática.

Cristina Contreras Jiménez es educadora social. Dinamizadora de Barrios por el clima, coordinadora de Ecologistas en Acción Córdoba y co-coordinadora del Área de Educación de Ecologistas en Acción.

Si quieres consultar nuestros anteriores Dosieres Ecosociales.


Renta básica

Durante el próximo mes de mayo se presentará para su aprobación una "renta mínima" que beneficiará a las familias más vulnerables, en torno a unos tres millones de personas, más de un millón de hogares en toda España-

Son innumerables las controversias que lleva suscitando la implantación de una renta básica universal. No menos polémica resulta la propuesta del empleo garantizado.

¿Son medidas complementarias o excluyentes?

¿Existe algún elemento común entre ambas o simplemente se trata de propuestas contradictorias?

Recuperamos un Diálogo entre David Casassas y Eduardo Garzón para dialogar sobre estas iniciativas, que fue publicada en el número 140 de nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

En el trasfondo de la actualidad de estos debates se encuentran varios hechos. El principal, la crisis profunda de la relación salarial. Aunque el trabajo nunca desaparecerá, es muy probable que buena parte del empleo asalariado que hoy conocemos se esfume en las próximas décadas debido a los efectos de la actual revolución tecnológica. Y aunque esta previsión no se cumpla, los niveles de desempleo y precarización que padecemos aconsejan encontrar otras formas de garantizar la existencia humana que vayan más allá del mercado y los ingresos salariales.

FUHEM Ecosocial (FE): si os parece, podemos empezar caracterizando brevemente cada propuesta. David, ¿en qué consiste la renta básica?

David Casassas (DC): La renta básica es una asignación monetaria pagada por los poderes públicos con arreglo a los siguientes principios:

1) universalidad, pues la recibe todo el mundo;

2) incondicionalidad, dado que se percibe al margen de cual- quier circunstancia que te acompañe –otras fuentes de ingresos, constitución del hogar, etc.–;

3) individualidad: la reciben las personas, no los hogares u otras unidades de convivencia;

4) suficiencia: la cantidad a percibir ha de cubrir las necesidades básicas de la vida y, por tanto, su importe podrá ser, por lo menos, el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) o a las cantidades mínimas que evitan la pobreza;

5) complementariedad: no pretende sustituir la función protectora del Estado de bienestar, sino reforzarla como parte del enjambre de intervenciones públicas contra la vulnerabilidad social –si es posible, tratando de dotar a dicho enjambre de un carácter algo más incondicional del que tiene ahora–.

FUHEM Ecosocial (FE): ¿Y el empleo garantizado? Eduardo, ¿cómo defines la propuesta?

Eduardo Garzón (EG): El empleo garantizado tiene su origen en el mundo anglosajón a partir de la iniciativa del job guarantee, cuyo precursor fue Hyman Minsky sosteniendo que la figura del empleador debía recaer, en última instancia, en el Estado. Un Estado que en lo relativo a la creación de empleo tendría un papel similar al de un banco central en el terreno monetario, el cual inyecta liquidez al sector bancario cuando este lo requiere. De esa manera, cuando hay una necesidad de puestos de trabajo en la sociedad capitalista y existe un considerable nivel de desempleo, el Estado corregirá la brecha entre la demanda y la oferta de empleo. Esta idea originaria de Minsky fue desarrollada por otros economistas, especialmente dentro de la perspectiva postkeynesiana, como Pavlina Tcherneva, Randall Wray o Warren Mosler, y es una propuesta que se hace bajo una lógica socialdemócrata o de economía mixta fordista desde la que el Estado funciona como un parche ante los problemas que ocasiona la propia dinámica capitalista.

El job guarantee o empleo garantizado puede  ser  descrito  como  la  política  que garantiza a todo ciudadano o ciudadana su derecho a disponer de un puesto de trabajo en condiciones dignas y con carácter indefinido solo por el hecho de haber nacido y ostentar la condición de ciudadano o ciudadana. Es un derecho de ciudadanía que habrá que garantizar y del que se hace responsable el Estado como representante de la sociedad. Así, el empleo garantizado adquiere rango de derecho constitucional y, en caso de no garantizarse, cualquier persona podría recurrir a los tribunales ante la vulneración del mismo. A partir de lo anterior, se entiende que el pleno empleo constituye un objetivo a perseguir a través de la vía del sector público, pero sin que sea este el espacio en el que los burócratas de turno o cualquier entidad lucrativa diseñen los puestos de trabajo que se ofertarán.

FUHEM Ecosocial: ¿Por qué un proyecto político emancipador debería prestar atención a la renta básica? ¿Qué posibilidades emancipadoras ofrece?

DC: A tal respecto, cabe destacar que el trasfondo histórico del capitalismo desvela, tal y como señala Harvey, un modelo de acumulación por desposesión. Al igual que hicieron Marx o Smith, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la clase trabajadora en el sistema capitalista, autores más recientes como Polanyi o Federici incorporaron lecturas que complementaron las anteriores, incidiendo en que al estructuración social capitalista se basa en procesos de apropiación privada y privativa, excluyente, de recursos externos que eran comunes, lo que conduce a las grandes mayorías sociales a una situación de subalternidad. De ahí que Marx afirme que el trabajo asalariado es «esclavitud salarial», un análisis que descansa en los argumentos previos de Aristóteles (s. IV a.C.), quien decía que era «esclavitud a tiempo parcial», Locke (s. XVII) o Adam Smith (s. XVIII). Y se habla de esclavitud a tiempo parcial porque quienes forman parte del trabajo asalariado, por haber sido desposeídos, acuden a la firma del contrato en una situación de asimetría que los obliga a delegar en aquella persona que los contrata la capacidad de determinar qué es lo que deben hacer, cómo, con quién o a qué ritmo. La esclavitud o falta de libertad reside en la forma que tienen los trabajadores de ganarse la vida: al depender socioeconómicamente de los llamados “empleadores”, durante unas horas al día son esclavos de éstos, pues han de aceptar unas condiciones de trabajo que determina aquel que se ha apropiado de los recursos externos, esto es, de los medios de producción.

Si la pretensión es hacer frente a relaciones sociales desiguales que surgen de estas dinámicas de acumulación por desposesión, que tienen que ver con la llamada «acumulación originaria»   (explicada por Marx en el capítulo 24 de El Capital) y que hoy adquieren nuevas caras, debemos bus- car nuevas formas de reconstruir y apropiarnos de todo aquello que se nos ha arrebatado. Las relaciones sociales libres, sanas, exigen que haya una puerta de “salida” para que aquellos que participan en esa relación no se vean obligados a aceptar unos términos impuestos desde fuera y res- pecto a los cuales no es posible alzar la voz. Cuando no hay puerta de salida, puede que la voz de los desposeídos y desposeí- das se escuche mínimamente e, incluso, puede que algo cambie, pero ello siempre dependerá de la buena disposición, de la benevolencia de quienes controlan los medios de producción, quienes no acostumbran a preocuparse por una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. En un entorno hostil como este, pues, si no disponemos de una puerta de salida de la relación salarial, hemos de aceptar lo que hay. La renta básica ofrece esa opción de salida.

Si ponemos el foco en el mercado, es preciso apuntar que, a pesar de que en sociedades complejas los mercados son necesarios, también lo es la conservación de la capacidad, tanto individual como colectiva, de decidir cuándo y para qué que- remos hacer uso de los mercados y cuándo aspiramos a desmercantilizar recursos y actividades, empezando por la propia mano de obra. Para ello, se requiere que esa posibilidad de salir del mercado de trabajo esté disponible para quien quiera abandonar un empleo no escogido, lo que no impide que haya personas que quieran mantenerse en el mundo del empleo. En definitiva, la renta básica nos permite contar con una alternativa que rompa la falta de libertad efectiva de salir del mercado, empezando por el de trabajo.

Por supuesto, el riesgo de una distopía atomizadora neoliberal, bien presente en la actualidad, no desaparece. Habrá que ver cómo gestionamos esos mayores grados de libertad que confiere la renta básica –aun- que hay que decir de inmediato que el de la gestión de una mayor libertad ¡es un “problema” que estaría muy bien tener!–. En cualquier caso, está claro que aplicar la renta básica no significa que todos nos volvamos de golpe feministas, socialistas o ecologistas: sigue siendo necesario generar conciencia de clase trabajadora, feminista o ecologista si queremos generar escenarios de cambio verdaderamente emancipatorios. Por tanto, puede decirse que la renta básica forma parte de un paquete de medidas orientado a la rearticulación social, en el mundo contemporáneo, de todo un conjunto de recursos público-comunes capaz de mejorar el poder de negociación necesario para avanzar en la codeterminación, por parte de todos y todas, de todo tipo de relaciones sociales: en el mundo del trabajo, asalariado o no, en la esfera doméstica, etc.

FUHEM Ecosocial: ¿Y cuál sería el vínculo fundamental entre la propuesta del empleo garantizado y la emancipación?

EG: Cuando se habla de esta propuesta vinculándola con el objetivo de lograr el pleno empleo, no hay que olvidar que, además de crear puestos de trabajo para resolver el desempleo, se trata también de garantizar empleos en buenas condiciones y lograr unas relaciones laborales de carácter indefinido para todo el mundo. Estos logros, por extensión, asegurarán la existencia material del conjunto de la población. Al mismo tiempo, su aplicación permitiría emancipar a las personas de esa relación entre capitalistas y asalariados al impedir que la lógica de la rentabilidad capitalista opere en ese marco laboral.

La propuesta del empleo garantizado favorecería que, ante la falta de ingresos que padece una parte considerable de la sociedad, se procediera a remunerar trabajos que hoy se realizan sin que medie ningún tipo de retribución, evitando así su invisibilidad y la falta de equidad que impone el actual sistema de reparto sexual de los trabajos. Al tiempo que se incluyen los trabajos de reproducción, formarán parte de la propuesta otras muchas actividades que permitan responder a las necesidades colectivas que existen en distintos planos de la vida (actividades culturales, sociales, ecológicas, cuidados, atención psicológica, rehabilitación de edificios, reparaciones, conservación de bienes, reciclaje, reutilización, adecuación de espacios urbanos o infraestructuras, etc.), y que a día de hoy no se están realizando o no se están cubriendo en las condiciones adecuadas.

De este modo, se trasladan todos aquellos trabajos domésticos, de cuidados, voluntarios al ámbito público, convirtiéndolos en un compromiso colectivo del que se debe corresponsabilizar toda la comunidad, la cual ofrecerá a aquellas personas que lo necesiten  –y  que  estén  capacitadas  en esas tareas– un empleo remunerado en los ámbitos o las actividades señaladas. En este espacio público, los trabajos pasan a ser empleos regulados y dejar de ser iniciativas individuales.

A través de este tipo de políticas, a la vez que se cubren necesidades sociales se satisfacen las exigencias de empleo de la población, garantizando así que esa población disponga de unos ingresos suficientes a través de un puesto de trabajo que realiza actividades socialmente útiles que permiten alcanzar un nivel de vida adecuado a la vez que consolidan un espacio alejado de la dinámica capitalista donde es posible fortalecer el Estado del bienestar mediante el desarrollo y la ampliación de los servicios públicos.

FUHEM Ecosocial: David, ¿qué aspectos del empleo garantizado no te convencen en relación con  lo  que  defiende  la  propuesta  de renta básica?

DC: Con la aplicación de la renta básica se lograría, por primera vez en la historia del capitalismo, desmercantilizar la fuerza de trabajo, mientras que, con el esquema del empleo garantizado, en la práctica se nos alentaría a concurrir primero al mercado capitalista y, si no encontráramos un explotar privado, entonces recurriríamos, en última instancia, al Estado empleador. Creo que es necesario ahorrarnos, desde el inicio, esa pérdida de libertad.

Además, tomar las decisiones sobre en qué trabajar –remuneradamente o no– y cómo desde las “dependencias ministeriales” puede que no sea la mejor opción. Han de ser los distritos y las trincheras comunitarias en las que se forjan formas de vida y prácticas distintas los lugares desde donde se determinen los sectores por los que hay apostar y las actividades que hay que promover. Conviene reforzar estos espacios, renta básica mediante, para que sea a partir de ahí, descentralizadamente, desde donde se movilicen los recursos necesarios para articular proyectos sentidos como propios, no desde el Estado. Por supuesto, en ningún caso se renuncia a recurrir al Estado para que contribuya en dichos procesos de definición de caminos alternativos, para exigirle empleo, para canalizar inversión que facilite la puesta en marcha de nuestros proyectos, para que desarrolle sectores de interés colectivo como el ligado a la sostenibilidad medioambiental, etc.; pero no podemos hacer bascular de nuevo el consenso social en torno al contrato de trabajo, al que, sin renta básica, seguimos acudiendo desposeídos y, por ello, sin voz, sin mar- gen de maniobra: ello mantendría las relaciones asimétricas que hoy conocemos. Todo ello, claro, a no ser que pudiéramos democratizar el Estado hasta convertirlo en un bien común, expresión de un medio asambleario que ejecutase las decisiones que la gente toma desde abajo.

A día de hoy, me temo que esto es una utopía, que estamos lejos de poder domesticar al Estado como un medio dirigido por las clases trabajadoras. Además, incluso en el caso de que lo lográramos, siempre necesitaremos podernos autoorganizar desde cualquier rincón de la vida social, sin tener que pasar necesariamente por el permiso y la supervisión de las instancias estatales. Por todo ello, podemos luchar, como hicimos en el 15M, por reivindicar un plan de rescate para la ciudadanía, reclamando sanidad, educación, vivienda, cuidados, deshacer las reformas laborales reprecarizadoras, etc. Porque si tienes todo eso y, además, una renta básica, tienes muchas más oportunidades para evitar la condena a una vida aislada y explotadora en el marco capitalista y para pensar y desplegar en común otras formas de trabajo y de vida.

FUHEM Ecosocial: Y desde la perspectiva del empleo garantizado ¿qué diferencias cabría resaltar con respecto a la propuesta de la renta básica?

EG: Antes de contestar a la pregunta me gustaría precisar un aspecto de la propuesta concreta que hacemos desde IU que tiene que ver con lo que acaba de comentar David. En contraposición al planteamiento anglosajón, que defiende que sea el Estado la institución que decida qué actividades impulsar, la propuesta de empleo garantizado  que  nosotros  defendemos  apuesta por que sean los propios municipios y corporaciones locales, reunidos de la forma más democrática, asamblearia o transparente posible, quienes decidan cuáles son las necesidades sociales, ecológicas, culturales, de género, etc. no cubiertas. A través de la utilización de todo tipo de canales individuales o colectivos, los vecinos y vecinas valorarán las necesidades de su localidad por ser quienes mejor conocen la situación y los trabajos necesarios a incorporar en los lugares en que residen. Las decisiones, por tanto, se toman en un ámbito local que asciende hacia lo estatal, siendo el Estado solo el ente administrativo y fiscal encargado de remunerar los pues- tos de trabajo creados.

Entre las principales diferencias que se pueden establecer con la renta básica, destaca el hecho de que los empleos creados están condicionados y relacionados con la detección de trabajos y actividades que, siendo importantes, no se están realizando. Por eso, más allá de crear puestos de trabajo, la propuesta busca la extensión de medidas que fomenten otro tipo de trabajo remunerado, y para ello se presenta como una iniciativa perfectamente compatible con otras como la reducción del tiempo de trabajo remunerado, las medidas para el reparto de todos los trabajos (remunerados o no) o la aplicación de fórmulas pedagógicas de cambio para modificar las pautas laborales actuales.

Otra distinción entre ambas propuestas es que con el empleo garantizado sí influye en la utilización de los recursos, mientras que esto no ocurre con la renta básica. Estamos de acuerdo con que exista ese condicionamiento. El sistema económico y social no es neutral y en él se transmiten valores de consumismo, de beneficio privado y apropiación que hay que frenar. Si no se hace nada al respecto, como parecería ser el caso de la renta básica, existe el riesgo de potenciar todas esas dinámicas capitalistas. Por ello, en la propuesta del empleo garantizado está implícita la promoción de valores y dinámicas que contrarresten la lógica dominante y nos alejen progresiva- mente de las que operan en el capitalismo.

También cabe resaltar que la renta básica no aborda la cuestión monetaria, lo cual es un riesgo a valorar, mientras que el empleo garantizado integra la consideración de magnitudes importantes en este terreno. Si se garantiza una renta pero no se  interrumpe  la  lógica  capitalista  y,  por ejemplo, los precios de las viviendas siguen creciendo, el resultado sobre esos recursos mina la capacidad de existencia material de las personas que perciben una renta. Ante este problema, quizás, sería interesante plantear una renta básica en especie (garantizar la vivienda, la educación, la sanidad, el acceso a las telecomunicaciones, etc.) para protegernos frente a las variaciones de los precios, la acción de oligopolios y otras alteraciones económicas. La propuesta del empleo garantizado, por su parte, además de garantizar una renta a través del empleo, fortalece esta parte del sector público que ofrece prestaciones en especie e impide que el sistema capitalista pueda aprovecharse de ello al arrinconarse el sector privado y limitar sus opciones de beneficiarse de una mayor precariedad.

FUHEM Ecosocial: Luego un rasgo común de estas dos propuestas es que forman parte de un paquete de medidas mucho más amplio…

DC: Sí, la renta básica debe ser vista como una parte –todo lo relevante que se quiera, pero una parte– de un paquete de medidas mucho más amplio. Dicho «plan de rescate ciudadano», por decirlo en los términos de los movimientos sociales, ha de considerar tres grandes cuestiones. En primer lugar, la cuestión del “suelo”: garantizar de forma universal e incondicional la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. De ahí la renta básica. En segundo lugar, la cuestión del “techo”, esto es, evitar la acumulación de poder económico privado, pues por muy garantizada que esté la satisfacción de nuestras necesidades básicas, difícilmente podremos desenvolvernos como productores libremente asociados si unos pocos logran adueñarse del conjunto del espacio económico  y  social.  Y,  finalmente,  dicho plan debe reinterpretar también algunos de los mecanismos propios de los regímenes de bienestar tradicionales para que funcionen como mecanismos preventivos y no como dispositivos meramente curativos, y, por tanto, para que nos empoderen desde el principio y nos ayuden a crear y consolidar esas posiciones de invulnerabilidad socioeconómica que hemos visto que son necesarias para hacer del mundo algo más nuestro.

EG: Por mi parte, me gustaría resaltar que la iniciativa del empleo garantizado no solo se articula con otras medidas encaminadas a fortalecer el Estado de bienestar, sino que también se relaciona con otras muchas cuestiones que conviene apuntar. Una de ellas es su potencialidad para contrarrestar los efectos sobre el desempleo de las situaciones económicas adversas o de crisis. A través del papel del Estado en la creación de puestos de trabajo se compensarían los desajustes del mercado de trabajo, compensando contracíclicamente los efectos recesivos. Y del mismo modo, pero en sentido contrario, ocurriría en periodos de boom económico en que las expectativas y las oportunidades privadas de negocio aumentan y absorben población activa que forma parte de la bolsa de empleo garantizado. En definitiva, el empleo garantizado supone un mecanismo estabilizador del empleo y de la actividad económica, y no solo un instrumento que impide o limita la rebaja salarial y la precarización del trabajo asalariado.

FUHEM Ecoocial: Encontramos en ambas propuestas más elementos comunes de los que cabría, en un principio, esperar. Por ejemplo: las dos iniciativas se amparan en la lógica de los derechos de ciudadanía; ambas contemplan el objetivo de garantizar los aspectos materiales de la existencia social que permitan un desarrollo libre de la persona; buscan las dos desmercantilizar lo más posible la vida social y sustraer al trabajo de la lógica del capital; son propuestas que se conciben articuladas y combinadas con otras medidas dentro de un nuevo régimen de bienestar… ¿sería posible contemplar la renta básica y el empleo garantizado como dos programas complementarios que se articulan entre sí para conseguir otra sociedad o habría que verlos como dos vías alternativas hacia un modelo de sociedad diferente en cada caso?

DC: ¡Claro que hay sinergias y complementariedades! Pero hemos de ser analíticamente cautelosos. Como decía, la renta básica aspira a romper vínculos de dependencia y relaciones de poder que anidan en todos los rincones de la vida social. Haciéndolo, incrementa nuestra libertad a la hora de decidir qué entendemos por “trabajo con sentido”, remunerado o no, qué no nos lo parece en ningún caso, qué proporciones de qué tipos de trabajo queremos para nuestras vidas, en qué espacio, con quiénes, con qué remuneraciones –si es que hay remuneración–, etc. Pero esas decisiones no se toman de la noche a la mañana ni rellenando formularios. Requieren maduración, tiempo para pensar y repensarnos a nosotros mismos y el conjunto de nuestras vidas.  Por  eso  la  renta  básica  juega  un papel crucial, brindándonos unos recursos monetarios que se traducen también en tiempo, capacidad de espera, propensión a explorar caminos alternativos y, quizás, a correr algún tipo de riesgo, pues sabemos que si caemos no nos rompemos la crisma y nos podemos volver a levantar, etc.

Llegados a este punto, es perfectamente posible que algunas personas, quizás muchas, concreten esas decisiones más libres en el acto de recurrir el Estado para solicitar un empleo público en sectores que les parezcan especialmente interesantes o socialmente necesarios, y que lo hagan con la esperanza de que el papel del Estado como empleador sea mucho más digno y dignificante que el que desempeñan muchos empresarios en la actualidad. En este sentido, mucho de lo que Eduardo nos ha contado en este debate sobre la propuesta del empleo garantizado me parece de lo más prometedor. Creo sinceramente que una de las alternativas que deberían estar al alcance de los trabajadores y trabajadoras liberadas por la renta básica –y por el paquete de medidas que le debe ser anexo, que ya hemos explorado– es un posible empleo público del tipo de los que sugiere Eduardo. Pero eso ha de ser una de las alternativas. Si de verdad nos preocupa la emancipación de la población trabajadora, hemos de aspirar a algo que incluye el empleo garantizado como posibilidad, pero que lo transciende: de lo que se trata es de empoderar a la gente para que, individual y/o colectivamente, pueda articular, desplegar y reproducir a lo largo del tiempo esas «asociaciones republicanas de trabajadores libres», Estado mediante o no, de las que Marx nos hablaba cuando sugería horizontes liberadores. La renta básica no es ninguna panacea que vaya a llevarnos a esos escenarios de la noche a la mañana, pero sí me parece que nos otorga un poder de negociación esencial a la hora de codeterminar, todos y todas, qué trabajos, remunerados o no, aspiramos a llevar a cabo, cómo nos corresponsabilizamos con respecto a su reparto, qué usos del tiempo queremos para nuestras vidas –la conexión entre renta básica y reducción de la jornada laboral ha sido muy estudiada–, qué naturaleza jurídica queremos para nuestros centros de trabajo, etc. El papel de la renta básica como garante de esa «reciprocidad en la libertad» tan esencial para las tradiciones republicana y socialista me parece evidente, y creo que hemos de empezar a trabajar desde ahí.

EG: En efecto, los objetivos que pretenden alcanzar ambas propuestas son prácticamente los mismos, y aunque las formas para lograrlo –así como la filosofía que subyace– sean notablemente diferentes, yo me imagino perfectamente la existencia simultánea de ambas políticas. Ahora bien, para lograr una adecuada complementariedad quizás habría que reconfigurar determinados  elementos  importantes  de  al  menos una de las dos propuestas. Esto lo digo porque, por ejemplo, no me imagino un empleo garantizado de unos 1.000 euros mensuales conjuntamente con una renta básica de 650 euros –que son los importes que habitualmente  se  proponen,  respectivamente; en este caso creo que no habría suficientes incentivos para acogerse al empleo garantizado (solo se ganarían 350 euros más a cambio de realizar las jornadas de trabajo correspondientes). Pero se me ocurren muchas combinaciones distintas que permitirían que ambas propuestas encajasen perfectamente.

De entre todas esas combinaciones mi preferida es la siguiente: por un lado, una renta básica en especie (no monetaria, sino en bienes y servicios, al menos mayoritariamente) que garantizase a todo el mundo alojamiento y niveles básicos de agua, alimentos, energía y transporte de forma que se blindase la existencia material de toda la ciudadanía; y por otro lado, un empleo garantizado que permitiese a todo el mundo desarrollar una actividad socialmente útil y al margen de la lógica capitalista a cambio de un ingreso monetario que le proporcionase una vida digna y no solo la supervivencia.

David Casassas es profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica y de la Basic Income EarthNetwork.

Eduardo Garzón es economista y miembro de la Fundación Europea de los Ciudadanos y Ciudadanas.

Descargar el artículo en formato pdf: Diálogo entre David Casassas yEduardo Garzón sobre la rentabásica y el empleo garantizado.


Lectura Recomendada: Capitalismo Digital

Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial recuperamos el ESPECIAL sobre Capitalismo Digital publicado en el número 144 de nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, en un momento de confinamiento, en el que el teletrabajo es una de las soluciones adoptadas por muchas empresas y el acceso a las tecnologías y a internet, se ha convertido en la única ventana al exterior.

Cabe preguntarse ahora hasta qué punto los nuevos desarrollos tecnológicos permitirán la emergencia de un orden social capaz de acompañarse de un modelo económico que garantice la sostenibilidad, la cohesión social y la democracia, como apuntan las visiones más optimistas o si, por el contrario, predominarán los insoslayables costes sociales y ecológicos del poder tecnológico y financiero.

Según palabras de Santiago Álvarez Cantalapiedra en la INTRODUCCIÓN del número “el capitalismo digital no se reduce a un sector de bienes de consumo tecnológico pensados básicamente para captar nuestra atención y entretenernos, ni al conjunto de empresas –las llamadas ”tecnológicas”– encargadas de producirlos. Es más bien una nueva forma de operar que incrusta las tecnologías de la información en todos los procesos y productos. Internet no ha transformado solo el modelo productivo; también las reglas del juego.”

ESPECIAL

Transformación antropológica y paradigma tecnológico 
Santiago Alba Rico

Conviene combatir la idea de que la finalidad de todas las tecnologías es la de conducir hacia la construcción de un mundo mejor. Este error se nutre de dos ilusiones: la de la neutralidad de los artefactos, los formatos y las funciones; y la que pone en paralelo progreso tecnológico y progreso humano y social. Todo aquello que nos permite hoy la tecnología impide ver cómo los artefactos tecnológicos imponen su propia lógica. Conviene, en este sentido, preguntarse también acerca de lo que la tecnología nos obliga a hacer, explorando para ello las implicaciones de la tecnología en el marco del capitalismo

Disrupción tecnológica global. ¿Transición a una nueva formación social?
Antonio Serrano Rodríguez

En este artículo se pasa revista a los distintos elementos de la actual revolución científico-tecnológica (RCT), con particular referencia a robótica e inteligencia artificial (AI), sintetizando sus efectos socioeconómicos y territoriales más significativos hasta la actualidad y los previsibles para el medio y largo plazo. Se dedica atención a los efectos sobre las relaciones sociales y productivas, y a la posibilidad de que las mismas puedan significar una transición desde el actual modelo de sociedad de consumo capitalista, globalizado y financiarizado, hacia una nueva formación social en la que los elementos más positivos que se detectarían serían una democracia directa más participativa y un auge de los procomunes que podrían llegar a cuestionar al capitalismo.

Inteligencia artificial, conocimiento y poder 
Margarita Padilla

La inteligencia artificial, en forma de máquinas que aprenden y toman decisiones, es ya una realidad que va entrando, sin apenas resistencia, en la vida cotidiana. Potenciada por la enorme cantidad de datos disponibles, lo que se conoce como big data, como toda nueva tecnología, viene cargada de sospechas sobre su neutralidad y de dilemas sobre sus límites éticos. Tanto el sector privado como el público destacan sus ventajas en el abaratamiento de los servicios y en la objetividad de sus comportamientos. Al sustentarse sobre una narrativa biológica, el funcionamiento del cerebro y de la inteligencia humana se tiñe de una naturalidad que sutilmente obstaculiza su cuestionamiento. Pero, ¿no estará reproduciendo los prejuicios, la exclusión y las desigualdades sociales? Y, sobre todo, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo ello?

Digitalización y trabajo: notas para un debate 
Albert Recio

El artículo examina las narrativas asociadas a la denominada revolución digital y sus efectos sobre la esfera laboral, tanto de corte pesimista como optimista. De un lado, estas tecnologías se presentan como panacea de oportunidades; de otro, como amenaza y azote que suprimirá miles de puestos de trabajo. Ambas visiones encierran aciertos y errores, pero ante todo, la digitalización constituye un conjunto de tecnologías que permiten reforzar el poder del capital en los tres espacios de conflicto: el de la distribución de la renta –con acceso a una fuerza de trabajo más barata–, el del control y el de la flexibilidad –al facilitar una organización de la actividad en tiempo real.

Costes y restricciones ecológicas al capitalismo digital
José Bellver

Pese a la imagen verde que rodea el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como facilitadoras de una mayor eficiencia e impulsoras de una mayor inmaterialidad de la economía capitalista. La digitalización se muestra más exigente en el consumo de energía y materiales, así como generadora de residuos, de lo deseado. Este artículo muestra cómo la economía capitalista digital es todo menos ingrávida, está también sometida a las restricciones que impone la naturaleza, y podría de hecho estar contribuyendo más a la gran aceleración del deterioro ecosocial.

Guía para entender y combatir el capitalismo digital 
Javier de Rivera

Este texto aborda un breve análisis histórico y sistémico del capitalismo digital. El objetivo es encontrar fallas estructurales de esta configuración dominante de nuestro tiempo para explotarlas en pos de nuevos modelos sociales. Para ello es preciso sumergirse antes en la comprensión de cómo hemos llegado a la situación actual, resultado de lógicas abstractas que se desenvuelven por sí mismas y que es preciso contrarrestar. En la parte final ofrecemos una serie de estrategias para movilizar dinámicas estables de autonomía.


Curso de Economía 2019-2020. Sesiones completas

El pasado mes de diciembre comenzó una nueva edición del Curso de Economía de la Universidad del Barrio  organizada por FUHEM Ecosocial, Economistas sin Fronteras y el Salmón Contracorriente en el Teatro del Barrio de Madrid.

La edición 2019-2020 tiene como eje conductor la idea de la emergencia en un doble sentido: por un lado, en el sentido de prestar atención a todo aquello que emerge o brota en nuestras sociedades que a la vez afecta y es consecuencia de lo económico, como puede ser la creciente polarización social y territorial; por otro lado, emergencia en el sentido de abordar desde una óptica económica crítica e integradora las cuestiones urgentes de nuestro tiempo, como pueden ser las desigualdades y el cambio climático.

Durante las próximas semanas ofreceremos los videos completos de las sesiones que se han llevado a cabo antes de la crisis del Covid-19 que ha obligado a cancelar todos los actos públicos hasta nuevo aviso.

 

La sexta sesión "Tinderización" de las relaciones y consumismo de los cuerpos (02-03-20) abordó cómo la estrategia neoliberal que mantiene a flote al capitalismo ha extendido hacia cada vez más ámbitos de nuestra vida las lógicas del mercado.

Desde la sanidad, la educación o las pensiones, hasta la vivienda, los espacios de ocio y los bancos para sentarse en la vía pública.

Ámbitos cada vez más privados, y más privatizados, son objeto de estudio de muchas autoras sobre los que analizar estos procesos. El amor no se libra, y esta mercantilización influye también sobre la forma en la que nos relacionamos de manera afectiva con los demás, familia, amigas/os o parejas.

¿Hemos naturalizado las lógicas individualistas y consumistas, de usar y tirar, también en nuestras relaciones? ¿Qué influencia tienen las app para ligar en nuestra forma de concebir las relaciones sexo-afectivas? ¿Se han convertido nuestras relaciones y, por tanto, los cuerpos atravesados por las mismas, en objetos de consumo y producto que generan beneficios? ¿Es el poliamor también polifacético, o puede ser un dique de contención en este asunto?

Contamos con la presencia de:

Sandra Cendal editora de Continta Me Tienes

Lionel S. Delgado, sociólogo e investigador en temáticas de género.

https://youtu.be/psCZ_Jyy6tw

 

La quinta sesión Vivienda: entre la especulación y la innovación social (17-02-2020) abordó el derecho a la vivienda. ¿Qué políticas e iniciativas alternativas existen?

La construcción de viviendas ha sido una pieza clave en el modelo de crecimiento económico español de las últimas décadas. Su degeneración en un activo financiero especulativo ha provocado que coexistan miles de viviendas vacías y muchas más personas con dificultades para el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, pese a la condición de derecho que tiene.

En este contexto, la ineficacia que hasta el momento han tenido las políticas públicas implementadas al respecto en España coexiste con la emergencia de iniciativas sociales en torno a la vivienda que merecen nuestra atención: cooperativas de vivienda en cesión de uso, organizaciones sociales para defender alquileres, viviendas colaborativas (cohousing), diseños arquitectónicos con perspectiva de género, etc.

Contamos con la participación de:

Javier Gil, sociólogo.

Cristina Platero, Batïq Cooperativa de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

 

https://www.youtube.com/embed/6IVXSnxRP1c

 

La cuarta sesión Descifrando la crisis que viene (13-01-2020) se desarrolló en torno a la reflexión sobre algunos elementos de vulnerabilidad en la economía mundial sobre los cuáles es posible prever un nuevo escenario de crisis económica.

Desigualdad, financiarización y políticas neoliberales están en el origen de la pasada Gran Recesión. Poco de esto parece haber cambiado: a la desigualdad rampante se suma una precariedad vital en un contexto en el que, si bien el liberalismo económico internacional se pode en cuestión por nuevos populismos de derecha, el poder de las finanzas y su consecuente formación de burbujas constantes mantiene su plena vigencia

De esta manera, ya sea por conflictos geopolíticos China-EEUU, nuevos ciclos especulativos, o encarecimiento repentino de los recursos energéticos, o simplemente falta de demanda, parecen soplar de nuevo vientos de recesión...

Contamos con la presencia de:

Ricardo Molero Simarro, Profesor de Estructura Económica Mundial y de España, en la Universidad Autónoma de Madrid.

Natalia Arias Pérez, Economista y asesora de organizaciones sindicales.

 

La tercera sesión 2008-2019: la crisis y su gestión como proyecto político (20-01-2020) se desarrolló en formato cine-debate. Primero se proyectó el documental Flores en la Basura, para luego abrir un debate en torno a la crisis económica y los desafíos que enfrentamos día a día en nuestros barrios.

Para ello contamos con Silvia González Iturraspe, politóloga y miembro de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), acompañada por Mario Risquez.

La gestión que se ha realizado de la crisis económica ha expandido y agravado un escenario de enormes fracturas sociales y de una precariedad vital que alcanza a cada vez mayores capas de la población. Un escenario atravesado y justificado con relatos que nos atomizan y depositan la responsabilidad de estas problemáticas en el ámbito individual. Por ello la importancia charlar y debatir acerca de cómo enfrentar este contexto articulando respuestas colectivas.

https://youtu.be/f_im2Sk2AZA

 

La segunda sesión las Nuevas periferias y la creciente polarización social y territorial (13-01-20) contó con la presencia de Esteban Hernández, periodista del diario El Confidencial y autor de varios libros como El fin de la clase media (Clave Intelectual, 2014) o su última publicación titulada El tiempo pervertido. Derecha e izquierda en el siglo XXI (Akal, 2018).

La sesión giró en torno a uno de los resultados de la globalización financiarizada: la creciente desigualdad socioeconómica, plasmada en una implosión de las clases medias occidentales –los “perdedores” de la globalización– y que se manifiesta también, en una creciente polarización territorial en distintos planos: entre países, regiones, ciudades, así como entre ámbito urbano y mundo rural.

Una tendencia que, por otra parte, guarda una relación directa con la emergencia creciente de nuevos populismos en el plano político.

Moderó la sesión José Bellver, investigador de FUHEM Ecosocial.

https://youtu.be/jtY7AZcvEfs

 

La primera sesión: Ceguera económica frente a los impactos del cambio climático ( 02-12-2019), contó con la presencia de José A. Tapia, profesor en la Drexel University, en Filadelfia (EEUU), que abordó, entre otras cuestiones, la Teoría del Cambio Climático Antropogénico.

Moderó la sesión José Bellver, investigador de FUHEM Ecosocial.

 

https://youtu.be/A6CxWBGXqFc

 


Lecturas ecosociales sobre salud

Selección de recursos publicados por FUHEM Ecosocial que abordan el tema de la salud desde diferentes perspectivas: la relación entre salud y capitalismo, daños en la salud producidos por los recortes, la salud en momentos de crisis económica, el efecto de la desigualdad en la salud, la relación entre la contaminación del aire y la salud, la perspectiva de género en el estudio de la salud y el impacto de los modelos alimentarios actuales en la salud.

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global

La salud bajo el capitalismo Contradicciones sistémicas que permean la ecohumanidad y dañan nuestra mentecuerpo

Joan Benach, Juan Manuel Pericás y Eliana Martínez-Herrera

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 137, primavera 2017, pp. 29-56.

El capitalismo es un régimen civilizatorio, universal y complejo, cuyas contradicciones sistémicas han permeado al planeta y la humanidad alterando profundamente la economía, la política, el trabajo, el medio ambiente, la cultura y la vida cotidiana hasta entrar en nuestros cuerpos y nuestras mentes y cambiar la salud humana. Baste con pensar en las atrocidades y genocidios de tantas guerras imperialistas, en la explotación y precarización laboral y la dominación y opresión de clase, género o etnia, o bien en la pobreza, desigualdad, falta de atención sanitaria básica, o las múltiples formas de alienación y estrés que sufre gran parte de la humanidad, o bien en las consecuencias del cambio climático y el cada vez más cercano colapso ecológico. Entender el conjunto de causas y efectos generados por el capitalismo es sin embargo un desafío de enormes dimensiones, tanto por la complejidad de los procesos y contradicciones capitalistas como por la insuficiente investigación de tipo crítico y sistémico. Este artículo examina las principales características del capitalismo y algunos de sus impactos sobre la salud y la desigualdad. Para ello, valora la evolución del progreso en la salud de los últimos siglos postulando que sin entender qué es el capitalismo no puede entenderse la salud. Ilustra algunos de sus impactos sistémicos usando los ejemplos de la pobreza y la desigualdad y la industria agroalimentaria, y explica el daño que causa el capitalismo en nuestras mentes y cuerpos. Finalmente, plantea posibles escenarios futuros y alternativas sociales de cambio global.

Recortes profundos que hay que cortar por lo sano: crisis económica, políticas sociales y daños en la salud

Faraz Vahid Shahidi, Carles Muntaner, Vanessa Puig-Barrachina, Joan Benach

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 113,  primavera 2011, pp. 107-119

A pesar de que la literatura científica de salud pública recoge y reconoce ampliamente que una crisis económica tan profunda como la actual supone una grave amenaza para la salud, son escasos los estudios que aborden las motivaciones políticas, económicas e ideológicas que subyacen a la respuesta estatal ante dicha crisis, ni su impacto global, actual y futuro, sobre la salud colectiva. A pesar de la naturaleza económica y política de estas estrategias, términos como “capitalismo”, “neoliberalismo” o “privatización” no aparecen con mucha frecuencia en los estudios sobre la salud pública, hecho que demuestra una tendencia muy preocupante a evitar consideraciones sobre el poder, la política y la economía en los análisis de salud.

La mejora de la salud durante las crisis económicas: un fenómeno contraintuitivo

José A. Tapia Granados

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global núm 113, primavera 2011, pp. 121-137

En este texto, presentamos algunos datos sobre la crisis mundial que comenzó en 2007 y se comentan sus posibles consecuencias sobre la salud basándose en diversos estudios sobre la influencia de los ciclos económicos (de expansión-contracción) en la salud y en concreto en las experiencias de EE UU (1920-1940), España (1960-2000) y China e India (desde 1950 hasta el presente). Contrariamente a lo que pudiera parecer inicialmente, el crecimiento económico favorece los procesos y desarrollos a largo plazo que introducen mejoras en la salud, pero una vez alcanzado cierto nivel de ingreso comienza a perjudicarle.

 

Desigualdad en salud: la mayor epidemia del siglo XXI

Joan Benach, Montse Vergara y Carles Muntaner

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global núm 103, primavera 2011, pp. 103, otoño 2008, pp. 107-119.

Cualquier transformación social tiene su origen en otra manera de mirar y entender la realidad. Hoy en día, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades sociales son inmensas, escandalosas, mucho mayores de lo que observamos a simple vista, de lo que queremos ver o incluso de lo que podemos imaginar. Para ver esa otra realidad necesitamos buena información y mucha reflexión, y eso es difícil. Sólo con capacidad crítica, tiempo y esfuerzo se aprende a mirar mejor y entender lo oculto, lo invisible. En un tiempo de inmoralidad y barbarie, donde el pragmatismo todo lo invade, la codicia es omnipresente, se idolatra al dinero, se manipula la información, se falsea la historia, y donde casi todo se maquilla, es preciso preservar el sentido del horror y de la realidad. Es preciso comprometerse con el derecho a la protección y promoción de la salud que deben tener todos los habitantes del planeta. No caben excusas, nos va en ello nuestra salud. El objetivo de este artículo es presentar alguna de las principales claves, a menudo invisibles, que caracterizan a la peor epidemia de nuestro siglo: la desigualdad en salud.

RESEÑA:

Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña la salud, Joan Benach y Carles Muntaner, El Viejo Topo, Barcelona, 2005. 130 páginas, por Óscar Carpintero,

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global núm 103, primavera 2011, pp. 103, otoño 2008, pp. 137-140.

¿Por qué la esperanza de vida de una niña en Sierra Leona es cincuenta años menor que la de una niña japonesa? ¿Esta situación es natural e inevitable, o podemos modificarla? ¿Cuál es el exceso de mortalidad debido a la desigualdad social?

Empezar a mirar la salud de otra manera resulta fundamental pero requiere paciencia, esfuerzo y aprendizaje. En este libro se recogen las principales enseñanzas de una forma de mirar la salud que hunde sus raíces y pone el énfasis en el análisis del contexto socioeconómico, de las situaciones de desigualdad en los recursos, y del marco institucional que regula el funcionamiento de cada sociedad.

Dossieres Ecosociales

Dossier Contaminación del aire y movilidad en la ciudad

La calidad del aire guarda fuertes vínculos con el contexto histórico, socioeconómico y político de una sociedad y, por ello es dependiente de la organización social, del comportamiento y los hábitos de las personas que viven y se mueven en determinados lugares. El ser humano es, por lo tanto, actor y espectador, víctima y verdugo de la degradación de la calidad del aire, y de los ecosistemas en general, pero al mismo tiempo se preocupa, denuncia y sufre los efectos negativos de esta contaminación.

Aborda la problemática de la contaminación en las ciudades investigando la situación en España y Europa, los escenarios, las acciones emprendidas, así como los efectos sobre la salud y la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, ofrece una reflexión sobre la necesidad de una nueva cultura de la movilidad y un nuevo modelo urbanístico.

En ese sentido, ofrece los siguientes artículos:

Contaminación urbana en España: el cambio climático y la “recuperación”agravan la situación, Miguel Ángel Ceballos Ayuso

La perplejidad del extraterrestre, Alfredo Sánchez Vicente y Alfonso Sanz Alduán

La contaminación del aire y sus efectos en la salud humana, Elena Isabel Boldo

Un cambio de paradigma de la movilidad urbana para que todo siga igual, Pilar Vega Pindado

Selección de recursos de la mano de Susana Fernández Herrero desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial:

Selección de Libros

Selección de Informes

Otros recursos

 

Dossier Género y salud

Entre los determinantes que inciden en la salud de las personas −ingresos, escolarización, hábitos, etc.− el sexo y el género figuran entre los de más peso, aunque ambos se han ignorado en la investigación, enseñanza y práctica médica hasta recientemente. Introducir la perspectiva de género en el estudio de la salud, ayudando a visibilizar las diferencias entre hombres y mujeres en la forma de manifestar y experimentar la enfermedad, contribuye a mejorar el estado de salud de las personas y los colectivos.

En este dossier hemos querido explorar esta cuestión de la mano de varias expertas sobre la materia:

Enfoque de género aplicado al estudio de la salud, M. Pilar Sánchez López 

De los sesgos a las innovaciones de género en investigación y práctica de la Medicina, Teresa Ruiz Cantero y Lucero Herrera Cairo

¿Quién cuida a las cuidadoras?, M. Isabel Casado Mora

Neoliberalismo y desigualdad en salud: un problema con rostro femenino, Vanesa Puig y cols.

Selección de recursos de la mano de Susana Fernández Herrero desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial:

Selección de libros

Selección de guías

En la Red

Selección de revistas

 

Dossier Impactos de lo modelos alimentarios

Nuestros alimentos, actualmente integrados en buena medida en cadenas globales, comportan diferentes impactos sobre nuestra salud y los ecosistemas. Las cosechas alimentarias cotizan hoy en los mercados de materias primas, como si de un recurso más se tratara y las cadenas alimentarias son controladas por poderosas corporaciones.

Para examinar estas cuestiones contamos en este dossier con la colaboración de Nuria del Viso en la coordinación y la participación de varios expertos sobre el tema:

Alimentación, estilo de vida y salud, Carlos A. González.

La huella ecológica de las dietas mediterráneas, Nicole Grunewald, Alessandro Galli, Katsunori Iha, Martin Halle, Michel Gressot.

Dos menos uno, dos. Quién decide el precio de los alimentos, Ferrán García.

De la producción al consumo. Cuatro experiencias que construyen un modelo alimentario justo y sostenible, Luis González Reyes y otros autores.

Selección de recursos de la mano de Susana Fernández Herrero desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial:

 Selección de Libros

Selección de Revistas

Otros Recursos

 

 

 


II Jornadas de Justicia Alimentaria

Durante el pasado mes de febrero de 2020 tuvo lugar en nuestro Espacio Abierto FUHEM la segunda edición de las Jornadas de Justicia Alimentaria en la Ciudad.

Tres sesiones que abordaron diferentes aspectos del mundo de la alimentación desde el punto de vista de las alternativas: qué se está cocinando desde los barrios frente a la poderosa industria alimentaria, las iniciativas en torno a la seguridad alimentaria y contra el hambre, así como experiencias de huertos urbanos, grupos de consumo y comedores escolares ecológicos.

Si no pudiste venir, ahora ofrecemos los videos de las tres sesiones:

1ª SESIÓN. Cultivando ‘soberanía alimentaria’, 12 de febrero.

Moderación: Santiago Álvarez Cantalapiedra, FUHEM Ecosocial.

  • Una reivindicación ciudadana: el derecho a la alimentación. José Ramón González Parada, Plataforma de la Carta contra el Hambre en Madrid.
  • Agroecología en la lucha contra el hambre, ¿con quién y para quién? Marian Simón, Madrid Agroecológico.

 

 

https://youtu.be/uJNo1k2UhdY

2ª SESIÓN. Iniciativas que germinan, 19 de febrero

Modreción: Evaristo Villar, Plataforma Carta contra el Hambre.

 

https://youtu.be/XYtFnEr-jOE

 

3ª SESIÓN. Cosechando de las experiencias. 26 de febrero.

Moderación: Julia del Valle, Cooperativa Germinando.

 

 

https://youtu.be/wK33XVfjcmU

 

A continuación ofrecemos un enlace a los videos de las I Jornadas de Justicia Alimentaria en la Ciudad, organizadas por Red Solidaria Popular - RSP de Latina, Revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUHEM Ecosocial y los integrantes de la Carta Contra el Hambre de Madrid, que tuvieron lugar los días 30 de enero, 6 y 13 de febrero de 2018.

Estas Jornadas tuvieron como objetivo visibilizar la situación de la precariedad alimentaria en el contexto urbano, y especialmente en la ciudad de Madrid, las iniciativas de los movimientos sociales en los Distritos de Latina y Tetuán y la propuesta política de la Iniciativa legislativa Municipal promovida por el Ayuntamiento de Madrid.


El arte de vivir sin gobierno

El arte de vivir sin gobierno: Conflicto, negocio y despoblación del medio rural

Luis del Romero Renau

Publicado en el ESPECIAL del número 147 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, otoño 2019.

El artículo ahonda en las lógicas que han propiciado el despoblamiento y abandono de territorios rurales del interior de la península ibérica. Esta catástrofe a cámara lenta apunta a la ausencia de un plan político con medidas claras y a largo plazo de desarrollo rural. Los proyectos industriales que se aportan como solución –macrogranjas, minería–, con altos costes ecológicos y sociales, no responden a las necesidades de estos territorios y han encontrado una fuerte resistencia entre los pocos habitantes que quedan.

De Zomia a la montaña española

El arte de vivir sin gobierno es el título de un ensayo del antropólogo estadounidense J.C. Scott1 en el que explica el curioso caso de los múltiples pueblos y comunidades rurales que habitan áreas montañosas del sureste asiático, desde la península de Siam hasta el sur de China y norte de Bangladesh.

Este conjunto de pueblos es enormemente heterogéneo desde el punto de vista cultural y lingüístico, pero a lo largo de la historia, relata este antropólogo, han conseguido escapar al control de los Estados-nación modernos y de los gran- des centros de poder ubicados en los fértiles valles de ríos como el Amarillo, el Mekong o el Ganges. Zomia es el nombre con el que se conoce a esta vasta región montañosa, término acuñado por el historiador holandés Willem van Schendel en 1997. Zomia nunca fue un Estado independiente, sino un conjunto de pueblos con estrechos vínculos, sobre todo comerciales, con los grandes imperios y Estados nacionales de los valles y áreas bajas, pero que permaneció casi hasta nuestros días fuera de su área de influencia. El aislamiento geográfico de Zomia y la distancia respecto a grandes ciudades como Pekín, Bangkok o Delhi aseguró durante siglos la independencia de estas tierras, pero no sin conflicto con estos grandes centros de poder.2 Un ejemplo paradigmático es el del pueblo Rohingya, comunidad de mayoría musulmana originaria del oeste de Myanmar pero históricamente independiente de su centro de poder principal, Rangún.

Esta situación comenzó a cambiar drásticamente a partir de la creación de los primeros Estados-nación modernos después de la descolonización del sureste asiático, pero sobre todo con el descubrimiento en numerosas áreas montañosas de importantes yacimientos de minerales. A partir de este momento comenzó un acelerado y violento proceso de incorporación a la modernidad del estatismo socialista o al sistema capitalista, de vastos territorios de montaña a nuevos Estados como Laos, China, Tailandia o Bangladesh.

En el momento en el que se vieron las expectativas de negocio, en algunos casos incluso antes de la independencia, comenzó un importante proceso de colonización interna aún hoy inacabado. Este proceso de colonización y acaparamiento de tierras y recursos por parte de nuevos Estados postcoloniales ha sido en las últimas décadas una fuente inagotable de conflictos territoriales entre estos y comunidades rurales e indígenas de Zomia. Zomia sigue existiendo y son numerosos los pueblos que viven en áreas aisladas y alejadas de Estados con una institucionalidad débil, con una relación en conflicto por su propia supervivencia, frente a las políticas de colonización económica, política y cultural de estos Estados. Obviamente, pese a la enorme reserva demográfica existente en estas áreas periféricas, la despoblación es ya un problema territorial palpable en muchas áreas de montaña asiáticas. Volviendo al caso del pueblo rohingya, según cálculos de Amnistía Internacional3 en 2017 más de 740.000 personas de estas comunidades fueron expulsadas a la vecina Bangladesh, dejando amplias zonas de montaña de Myanmar despobladas.

Despoblación, periferia y conflicto también son conceptos que nos pueden servir para analizar la situación de otros territorios que aparentemente nada tienen que ver con Zomia: el medio rural español. En los últimos años el problema de la despoblación del medio rural ha acaparado cientos de portadas de periódicos, ha sido analizado desde múltiples ángulos académicos y mediáticos y hoy en día está en el debate político, afortunadamente. En efecto, el medio rural español, especialmente las áreas montañosas más aisladas como las sierras turolenses orientales, las tierras altas de Soria o los montes de León continúan una lenta decadencia que en el caso de multitud de núcleos ha culminado con su abandono total. Se podría reconstruir la historia de esta despoblación a la luz del papel jugado por el Estado-nación español en los dos últimos siglos y trazar así ciertos paralelismos con el caso de Zomia. Muy resumidamente –ya que no es éste el objetivo de este artículo– se podría afirmar que las políticas de Estado sectoriales y de colonización interna han contribuido significativamente a la desarticulación de miles de comunidades rurales y de modelos territoriales de des- arrollo precapitalistas, muchos de ellos vigentes hasta hace pocas décadas, con una serie de estrategias no muy distintas a las ejecutadas por los grandes Estados asiáticos que poco a poco han ido incorporando a sus respectivos Estados a los territorios de Zomia. Sirva de ejemplo de este conjunto de políticas las políticas hidráulicas de construcción de grandes embalses, las políticas forestales de repoblación, las políticas fiscales que han presionado enormemente a pequeñas explotaciones, políticas agrícolas, ganaderas, de regadío fomentadoras de la agroindustria muy poco compatible con el medio ambiente y las sociedades rurales de montaña que vivían del minifundio, la trashumancia y los bienes comunales.4

Los desiertos demográficos  crecientes en la periferia de grandes ciudades son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros

Este proceso histórico de colonización para la obtención de recursos naturales para la ciudad y de desarticulación de comunidades rurales precapitalistas no ha terminado del todo. En este artículo se van a mostrar algunos casos de conflicto que ilustran cómo estas relaciones de depredación permanecen hoy en día más vigentes que nunca. Los casos de conflicto en la periferia rural que se muestran a continuación, están extraídos de distintos medios de comunicación y de distintos territorios.

Se trata de tres conflictos surgidos por un gran proyecto industrial con notables impactos sociales y ambientales en un territorio rural, de los cientos que hay hoy en día activos en la España rural. No se trata de los conflictos urbanos que estamos acostumbrados a oír hablar en los medios de comunicación, sino más bien de conflictos puntuales por usos del suelo en áreas periféricas, pero que precisamente detrás del detonante del conflicto –un cambio de uso del suelo– existe una compleja red de intereses y de actores en conflicto que conviene entender, si de verdad existe voluntad política para afrontar el problema de la despoblación.

Conflictos territoriales en la periferia política y económica

Macrogranjas en la España vaciada

El sector ganadero ha sido tradicionalmente uno de los pilares fundamentales de las econo mías de montaña. Sin embargo, este sector continúa un proceso intenso de industrialización consistente en la estabulación del ganado, la incorporación de piensos ultraprocesados o directamente transgénicos, razas muy productivas descartando las autóctonas, y la multiplicación de las cabezas de ganado en una misma instalación por aquello de las economías de escala.

En 2017 comenzó un importante conflicto territorial en el municipio soriano de Noviercas, cercano al parque natural del Moncayo, aunque apenas se le prestó atención a escala nacional. Una empresa navarra propuso en esta área despoblada –el municipio apenas supera los 150 habitantes– construir una macrogranja para 23.530 vacas de leche.5 La empresa utilizó justamente el discurso de la despoblación y del revulsivo económico que supondría esta gigantesca instalación por la creación de empleo.

¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos  se diría que no

Sin embargo, el conflicto se desató por la frontal oposición de vecinos y de organizaciones ecologistas. Desde el punto de vista económico se denunció que ese tipo de instalaciones arruinaría a las pequeñas explotaciones bovinas de leche que sobreviven en Soria, además de que también podría afectar a las pequeñas explotaciones aragonesas. Por otro lado, sería difícilmente compatible con otras actividades ya existentes como el turismo rural. Sin embargo, los argumentos más repetidos por los opositores al proyecto fueron de tipo ambiental: básicamente el enorme consumo de agua que requerirían más de 20.000 vacas en un territorio semiárido, el maltrato animal que supone el hacinamiento de tal cantidad de animales en unas instalaciones industriales, pero sobre todo el desafío de la gestión de residuos de esta actividad.

A nivel político en escalas superiores, comenzando con la propia comunidad autónoma y siguiendo con el Ministerio de Agricultura que debieran velar en primer lugar por los intereses y el bienestar de la población potencialmente afectada por esta macrogranja, las administraciones se decantaron por apoyar el proyecto por el revulsivo económico que supondría, mientras que los grandes partidos políticos a nivel nacional se posicionan a favor del modelo de macrogranjas si respetan la legalidad vigente. En la actualidad el conflicto se halla paralizado, ya que la Confederación Hidrográfica del Duero denegó en agosto de 2019 la concesión de aguas subterráneas solicitada. No obstante, se trata de un escollo administrativo que podría superarse presentando alguna enmienda al proyecto, sobre todo si desde posiciones políticas se sigue apoyando públicamente este modelo de ganadería que para gran parte de sindicatos agroganaderos de Castilla y León supondría un gran problema para las pequeñas explotaciones y podría ser contraproducente para Noviercas desde todos los puntos de vista.

Eólicas para los pobres

Uno de los roles que ha asumido desde hace décadas el medio rural es el de acoger usos y actividades necesarias, pero no deseadas en la ciudad, generando numerosos conflictos categorizados como “NIMBY”. En Catalunya existe una evidente polarización entre la localización de la mayor parte de su población –en el Área Metropolitana de Barcelona se concentra el 70% de la población catalana– y la de instalaciones no deseadas como vertederos, centrales de producción de energía o prisiones en comarcas rurales con población de escasos recursos. El caso de la Terra Alta y del sur de Tarragona es muy revelador.

La Terra Alta es una comarca rural de doce municipios que limita con La Matarranya en Teruel, la segunda más pobre de Catalunya,6 y una de las más despobladas con apenas 11.000 habitantes que suponen el 0,16% de la población catalana, pero el 2,31% de su superficie. Esta comarca, al igual que las vecinas de Baix Ebre y Ribera d’Ebre, llevan décadas acogiendo instalaciones para la generación de energía con graves impactos ambientales: grandes embalses, centrales de ciclo combinado, o la central nuclear de Vandellòs. A mediados de los años noventa comenzó un conflicto territorial en esta comarca con problemas de despoblación: en este caso por varios proyectos de instalación de parques eólicos.

Surgió a partir de un ambicioso plan de construcción en varias localidades de las comarcas del Ebro, de parques eólicos promovidos por la Generalitat de Catalunya, y en muchos casos con el apoyo de ayuntamientos por los beneficios económicos que recibirían las arcas municipales por las concesiones. Se trata de una energía limpia y que además genera riqueza y empleo, se defendió. Sin embargo, desde esa época han existido varios movimientos vecinales y plataformas, que se han opuesto a la instalación de este tipo de parques. Una de las principales razones de protesta han sido los importantes impactos paisajísticos y de contaminación acústica que generan. Algunos de ellos se han situado muy cerca de paisajes de la Batalla del Ebro y de otros enclaves de interés natural y cultural. Otra de las razones es que este tipo de actividades afecta a actividades de interés para esta zona rural deprimida, como el turismo o la llegada de nuevos habitantes que buscan nuevos proyectos de vida en áreas con atractivos paisajísticos. Además, a todo ello hay que añadir el problema que suponen las líneas de alta tensión que han de recorrer cientos de kilómetros desde estos parques hasta las grandes ciudades catalanas que son las principales consumidoras de esta energía. Se podría entender este conflicto como un caso más de extractivismo en el mundo rural.

Llama la atención que en otras zonas rurales o urbanas ricas de Catalunya como Girona o el Vallès en Barcelona, no existe este tipo de actividad, pese a que está mucho más cerca de las actividades industriales o usos urbanos consumidores de esa energía.

La nueva fiebre minera en Galicia

Una de las actividades que sin duda ha suscitado más conflictos territoriales en España y en todo el mundo es la extracción minera. Por un lado, se defiende que sin actividad minera no se puede proveer de los recursos básicos para todo tipo de bienes de consumo, genera- ción de energía e infraestructuras: cobre, hierro, carbón, litio, plomo etc. Por otro lado, se denuncia el enorme y a veces irreversible impacto ambiental que esta actividad supone, sobre todo en el caso de las grandes explotaciones a cielo abierto, en especial la contaminación de acuíferos, cursos fluviales y la destrucción de bosques, suelos y patrimonio.

El modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado e interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio.

Una de las comunidades autónomas con más conflictos por la minería es Galicia. Ante la alta demanda mundial de ciertos minerales, se han planteado diversos proyectos de reapertura o ampliación de todo tipo de minas. Un ejemplo es el de la mina a cielo abierto en los municipios coruñeses de Touro y de O Pino para la explotación de cobre y plata. Se trata de un macroproyecto minero ubicado en los terrenos de una antigua mina de cobre que estuvo activa hasta 1986, y muy cerca del río Ulla, principal afluente de la ría de Arousa. Previamente a este conflicto, ya hubo numerosas protestas por el estado de degradación ambiental de la antigua mina, que años después de su cierre continuaba generando problemas de contaminación en las aguas de diversos ríos y arroyos. No obstante, con la presentación de un nuevo proyecto por parte de la multinacional Atalaya Mining, para extraer hasta dos toneladas de plata al año y hasta 30.000 toneladas de cobre, y la promesa de inversiones millonarias en la zona, comenzó un nuevo conflicto que aún perdura.

Numerosas entidades ecologistas, junto con vecinos de O Pino y Touro, varios organismos científicos, e incluso mariscadores y pescadores de la ría de Arousa se unieron para oponerse a este gran proyecto, que de nuevo podría generar un gran impacto sobre un medio rural con multitud de parroquias y una población envejecida y decreciente. Por su parte, la Xunta de Galicia ha ido variando de postura a lo largo del tiempo, aunque se ha mostrado en más de una ocasión abiertamente a favor de esta actividad, de nuevo pese a la amenaza que supone para la población local y el medio ambiente.

De nuevo, al igual que en los casos anteriores, tenemos un proyecto promovido por una empresa privada que encuentra una importante resistencia desde la ciudadanía, mientras que las administraciones sectoriales competentes, desde los ministerios a los gobiernos autonómicos adoptan posturas que se mueven entre la neutralidad, el apoyo a dichos proyectos, y en algún caso una tibia oposición. Se trata de grandes proyectos con potenciales impactos ambientales severos, y que afectarían especialmente al área rural en el que se asientan, pero esto no parece ser suficiente para reconsiderarlos. En la actualidad el proyecto de la mina de Touro y O Pino se encuentra en proceso de evaluación ambiental. En el último año ha habido un aumento importante en las voces de protesta que podrían influir en la cancelación de este proyecto. Un factor clave para explicar las importantes movilizaciones ciudadanas que se han organizado en contra de esta mina, es que sus afecciones ambientales, básicamente ruido y polvo, podrían afectar a la ciudad de Santiago y al propio camino de Santiago. Quizás, de haberse ubicado el proyecto en un área rural más remota, las voces en contra habrían sido menos numerosas y mediáticas, aunque las afecciones fuesen iguales o mayores.

¿La despoblación como negocio?

Los tres casos de conflicto territorial sucintamente analizados tienen muchos puntos en común. Se trata de territorios de la periferia rural en Galicia, Catalunya y Castilla y León respectivamente. El conflicto surge cuando un agente externo al territorio –en los tres casos una empresa privada– propone la construcción de una actividad de dudoso beneficio para la población localy con severos impacto ambientales y sociales. Ante esto, movimientos ecologistas y gran parte de la ciudadanía de ese territorio rural se manifiesta en contra, sin encontrar en las administraciones públicas sectoriales ningún apoyo ante estas protestas por proyectos que pueden ser detonantes, por ejemplo, de nuevos éxodos rurales. A esto hay que añadir que cuando una empresa propone instalar una macrogranja, un parque eólico o una mina en un determinado lugar, previamente siempre ha de haber una ley o plan sectorial aprobado por un parlamento autonómico o Congreso de los Diputados que lo autorice. Es el Ministerio de Industria quien por ejemplo autoriza a realizar prospecciones mine- ras sin tener en cuenta el posible impacto a nivel local, por una ley de minas franquista que ningún gobierno ha cambiado desde su aprobación en 1973.

La proliferación en los últimos años de grandes proyectos agroindustriales, energéticos o mineros en numerosas áreas rurales españolas parece responder a un cierto patrón: se desarrollan en territorios generalmente pobres, con escasa población y actividad. Puede que después de todo, el gravísimo problema de la despoblación del mundo rural, con las implicaciones que tiene en cuanto a pérdida de todo tipo de patrimonio de expresiones culturales y lingüísticas, e incluso en el aumento de riesgos naturales como los incendios forestales, también se pueda contemplar como una oportunidad de negocio. Los desiertos demográficos crecientes en la periferia de grandes ciudades como Zaragoza, Madrid, Valencia o Valladolid son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros, o el impacto que ciertas actividades pueden generar.

Se podría poner sobre la mesa una idea interesante para el debate sobre el futuro del medio rural a la luz de estos conflictos. ¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos se diría que no. Más que una acción de gobierno por parte de numerosos gobiernos autonómicos y estatales, pareciera que más bien hay una tarea puramente administrativa en el medio rural: gestión de servicios, subvenciones, fiscalidad, pero sin ningún proyecto territorial a largo plazo. Es lo que hace años el politólogo británico Colin Crouch denominó postdemocracia: la transición hacia un modelo de sociedad y de país que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero éstas se convierten cada vez más en una cáscara formal.

La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica.7 En Noviercas, Gandesa y O Pino hay ayuntamientos y numerosas políticas en marcha provenientes de diputaciones y consejerías autonómicas, pero más gestión administrativa que política de territorio o estrategia a largo plazo, políticas más asistencialistas que proactivas, más a favor de intereses económicos externos como en Zomia, que respetando los intereses locales. Esto cuando hay políticas públicas en marcha, aunque sea de prestación de servicios. En muchas ocasiones siguen faltando servicios básicos y prima la desinversión pública en nuevas actividades, lo que es un factor más de expulsión de población.

El arte de vivir sin gobierno es la situación que, como en Zomia, caracteriza a más de una comunidad rural de este país. Territorios aislados y más o menos remotos, que se han de enfrentar una y otra vez a un Estado-nación que parece una entidad ajena a la realidad del territorio y a la vez hostil, por el empeño de desarrollar políticas que claramente atentan contra los intereses y el bienestar de dicha comunidad. El arte de vivir sin gobierno caracteriza a poblaciones en las que, además de tener que lidiar con muy escasos recursos para asegurar una calidad de vida, se han de enfrentar a grandes empresas que intentan asentarse en el territorio con proyectos con enormes impactos sociales y ambientales. No existe, por ejemplo, mejor dinamizador del éxodo rural que pretender instalar una macrogranja industrial sin casi mano de obra en un territorio rural como Soria, que sobrevive por el turismo y las pequeñas explotaciones bovinas.

Evidentemente, el modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran, como se ha apuntado anteriormente, en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado y con interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio. Como afirma un alcalde de una localidad zaragozana,«Desde las administraciones se nos roban competencias a los municipios y se les entregan sistemáticamente a las ciudades. Así, los pueblos pierden puestos de trabajo y autonomía. Desde las administraciones se está optando por mantener en los pueblos tan solo algo así como funciones que permitan una muerte digna, pero en ningún caso acciones que permitan una vida plena».8

Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, la política minera se sigue rigiendo por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta el desarrollo minero y bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras

Lo que hay detrás de un conflicto territorial

En Boletín ECOS 9 en 2016 el autor aportó una reflexión sobre las múltiples dimensiones de un conflicto territorial, que casi siempre es analizado o retratado como una disputa por los usos del suelo, o confrontación de tipo NIMBY, y que ha de ser rápidamente solucionado por la vía de la compensación económica a los afectados. De esta manera numerosos medios de comunicación y discursos políticos retratan con frecuencia los conflictos aquí analizados. Sin embargo, la tesis de esta breve reflexión es que un conflicto territorial aparentemente simple y ubicado en la periferia territorial puede estar vinculado a cuestiones mucho más profundas y complejas: cuáles son las causas actuales de la despoblación de esa periferia, qué modelo de toma de decisiones rige en determinadas instancias para permitir proyectos con evidentes impactos territoriales, qué papel real desempeña la población rural en esta toma de decisiones, y como siempre, a quién beneficia realmente, más allá del discurso poco creíble del aumento del empleo, la construcción de aerogeneradores, macrogranjas, minas o presas hidroeléctricas.

Este texto ha comenzado con una referencia a una serie de territorios exóticos conocidos como Zomia, territorios que han sobrevivido sin gobierno ni control total por parte de ningún Estado-nación hasta hace bien poco, una referencia que aparentemente nada tiene que ver con la situación del medio rural ibérico.

Sin embargo, la lógica depredadora de recursos y la consecuente desarticulación de sociedades rurales que ha caracterizado a Estados muy poco democráticos como China también está presente en más de un municipio y en unos cuantos casos de conflicto territorial en España. Un caso interesante es el de la política minera en España. Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, esta política se sigue rigiendo inexplicablemente por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta sin cortapisas el desarrollo minero y  bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras.

De momento, ninguno de los tres proyectos industriales analizados aquí ha conseguido implantarse completamente. Pese a proponer su ubicación en territorios pobres, despoblados y lejanos respecto a las grandes ciudades han encontrado una inusitada resistencia por parte de los pocos que quedan. Muchas décadas de lucha contra políticas forestales, hidráulicas, agrícolas o turísticas también genera un “saber hacer” en el territorio para oponerse eficazmente, aunque el futuro demográfico de muchas áreas rurales no es nada halagüeña. Puede que la verdadera solución a la despoblación venga no tanto de la construcción de más y más infraestructuras, y menos aún de la mano de minas, macrogranjas o megaparques eólicos, o en la mejora en la prestación de ciertos servicios, sino del desarrollo de una política para el medio rural, aunque mientras tanto este tendrá que seguir viviendo sin gobierno.

Luis del Romero Renau es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación Recartografías.

NOTAS:

1 S. James, The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia, Yale University Press, New Haven, 2009.

2 Íbidem.

3 Amnistía Internacional, (2019): Myanmar: Two years since Rohingya exodus, impunity reigns supreme for military, 2019. Consulta: [17-09-2019].

4 L. Del Romero, Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido, Valencia, Tirant, 2018.

5 L. Ferreirim, La macrogranja de Noviercas se paraliza., sitio web de Greenpeace España. Consulta: [17-sept-2019].

6 C. Zografos, y S. Saladié, «La ecología política de conflictos sobre energía eólica. Un estudio de caso en Cataluña», Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 58/1, 2012.

7 C. Crouch, Postdemocracia, Oxford University Press, Oxford, 2003.

8 P. Marín, «Quizás, en los pueblos no nos quede otra que construir una nueva identidad, rearmarnos y ser viables en todos los sentidos», Voces de Ávila, 1 de abril de 2019. Consulta:  [11-oct.-2019].

9 L. del Romero, «Cartografías del conflicto urbano y territorial: el dónde importa», Boletín ECOS, núm. 36, septiembre- noviembre de 2016.


Finanzas públicas para el futuro que deseamos

Finanzas públicas para el futuro que deseamos

Resumen Ejecutivo - Enero de 2020

Ofrecemos, a continuación, el resumen en español del libro impulsado por Transnational Institute - TNI:

Public Finance for the Future We Want, publicado en 2019.

El texto, en el que FUHEM Ecosocial ha colaborado con TNI y otras organizaciones, repasa las principales tesis del libro a favor de banca y finanzas públicas para hacer frente a los numerosos retos ecológicos y sociales que tenemos planteados, principalmente el cambio climático.

Unas finanzas públicas permitirían una mayor democracia en las decisiones de cómo asignar los fondos disponibles de todos y todas para transitar con justicia la crisis del clima al tiempo que se atienden las necesidades sociales de los y las más vulnerables.

¿Qué sucedería si utilizáramos el dinero público para impulsar las soluciones sistémicas que necesitamos para velar por el bienestar de todos y todas?

¿Y si nuestros sistemas monetarios, fiscales y financieros se pudieran transformar de manera radical?

¿Qué ocurriría si pudiéramos liberar el poder de las finanzas públicas mediante el fortalecimiento de la democracia?

Después de la crisis financiera mundial de 2008 se rescató a los grandes bancos y se recortó el gasto público. Con la crisis, se justificaron unas medidas de austeridad aún más severas y se reforzó el mito de que el sector público debe depender de la financiación privada para resolver la desigualdad desmedida y la destrucción del medio ambiente.

Hoy día, la financiación privada no solo no ha logrado afrontar estos problemas, sino que los ha intensificado. El sector público no tiene por qué depender del privado. Los fondos públicos son mucho mayores de lo que imaginamos: equivalen al 93 % del PIB mundial. Los bancos públicos disponen de recursos suficientes para recaudar los miles de millones que se necesitan para invertir en servicios públicos  e infraestructuras adaptadas a la crisis climática, sin tener que recurrir a fondos privados.

En este libro se presentan visiones de economías regenerativas y redistributivas construidas a base de poder colectivo: desde la próspera economía cooperativa en el estado indio de Kerala hasta las centenares de entidades de ahorro locales en Alemania, pasando por el Banco Popular en Costa Rica, que es propiedad de sus trabajadores y trabajadoras, y los miles de Fondos Populares de Crédito  en Vietnam. También se examinan modelos que se podrían convertir en la nueva norma: la base para un futuro que esté organizado democráticamente y que sustente la vida. Los ejemplos del mundo real que figuran en sus páginas demuestran que es posible una economía política que frene el poder de las grandes finanzas y se ponga al servicio de las personas y el planeta. Las ideas que se comparten aquí son muy oportunas y apremiantes; se trata, en definitiva, de un llamamiento para que nos preparemos antes de que estalle la próxima burbuja financiera.

 

Introducción: Finanzas públicas para un futuro mejor

¿Te gustaría que las economías fueran regenerativas, equitativas y democráticas, y se impulsaran con el poder colectivo? Tenemos la firme convicción de que estas economías no solo son necesarias, sino también muy posibles.

El sistema económico actual, alimentado por una lógica extractivista y propenso a las crisis, ha reavivado y encendido los viejos monstruos del racismo, la misoginia y otras formas de miedo y odio.  Las alternativas económicas son más necesarias que nunca.

Este libro trata precisamente de eso, de alternativas financieras, tomadas de ejemplos del mundo real. En él, se examinan modelos que se podrían convertir en la nueva norma: la base para un futuro que esté organizado democráticamente y que sustente la vida.

Antes de la crisis financiera mundial de 2008, se recitaba el mantra de que ‘no hay alternativa’ al modelo económico extractivo que ha fomentado una desigualdad desmedida y la destrucción del medio ambiente. Después de la crisis, los grandes bancos fueron rescatados y la culpa se le achacó al gasto público. Así, se justificaron unas medidas de austeridad aún más severas y se reforzó el mito de que el sector público debe depender de la financiación privada para resolver estos ‘daños colaterales’.

Más de 10 años después, sabemos que la financiación privada no solo no ha logrado afrontar estos problemas, sino que los ha intensificado. La sociedad civil debe unirse y promover soluciones sistémicas antes de que estalle otra burbuja financiera.

 El fracaso de las finanzas privadas

Hace tres décadas, en 1989, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos acordaron 10 fórmulas en materia de políticas sobre cómo debían responder los países ante una crisis económica. El llamado Consenso de Washington exigía que los países más pobres aceptaran recortes en el gasto social, la privatización de los servicios públicos y la apertura de sus mercados a la competencia internacional a cambio de recibir ayuda financiera. La aplicación de esas medidas de austeridad en todo el mundo se tradujo en un aumento de la deuda, inestabilidad social y económica, y un incremento de los niveles de pobreza. Después de 2008, países europeos como Irlanda, Grecia, España y Portugal se enfrentaron a un  trato parecido. La mayoría de representantes del mundo de la política y responsables de la formulación de políticas se pronunciaron a favor de recortar el gasto público e invertir los fondos restantes en facilitar los flujos de capital empresarial, a menudo extranjero.

Más recientemente, la hipótesis de que la financiación privada  ofrece la única vía para lograr  resultados deseables ha dominado los debates sobre cómo poner en práctica el Acuerdo de París sobre el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS) establecidos  por las Naciones  Unidas.  Por ejemplo, la conocida como ‘financiación combinada’ se presenta como la panacea para financiar el déficit de inversión de los ODS, valorado  en 2,5 billones de dólares anuales,  mediante el uso de fondos  públicos, como la ayuda oficial al desarrollo, para movilizar las  inversiones privadas. Según  un  estudio del Instituto de Desarrollo  de Ultramar (ODI), entre 2012 y 2016, la estrategia de financiación combinada  no movilizó más de 20 000  millones de dólares  al  año.  La gran  mayoría de esta financiación se concentró en los países de ingresos medios  y solo 728  millones de dólares  (el 3,6 %) llegaron a los países de ingresos bajos que más lo necesitan. Además, estos debates suelen pasar por alto el hecho de que la financiación privada facilita  la extracción de riqueza desde el sector público  hacía el privado,  con lo que beneficia  principalmente a  una pequeña  élite de personas acaudaladas.

Un estudio de 2018 que revisó datos del FMI sobre la evasión fiscal a escala global por parte de las corporaciones multinacionales calcula que las pérdidas para el sector público se sitúan en unos 650.000 millones de dólares anuales. Este hecho afecta de manera desproporcionada a los países pobres y poscoloniales, puesto que son los que sufren los mayores niveles de extracción de los recursos por parte de las multinacionales.

Dado que el gasto público destinado a los servicios esenciales constituye una herramienta clave para la redistribución de la riqueza, las personas con menores ingresos, y las mujeres en particular, terminan pagando la factura de la evasión fiscal de las grandes empresas.

Eurodad, la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo, ha determinado que, por cada dólar que llega a un país de ingresos bajos, más del doble de esa cantidad se pierde en el pago de intereses, la obtención de ganancias por parte de los inversores extranjeros, los préstamos a los países ricos y los flujos financieros  ilícitos. Otro estudio apunta a que, entre 1995 y 2005, el distrito financiero de Londres, conocido como la City, le costó a la población del Reino Unido 4,5 billones de libras esterlinas. Este coste se mide en términos de la enorme riqueza que se esfumó y acabó en los bolsillos de los más acomodados tras la crisis financiera de 2008, así como de los recursos, las capacidades y las inversiones que beneficiaron al sector financiero en lugar de destinarse a actividades más productivas de la sociedad.

Las protestas protagonizadas por los 'chalecos amarillos', en Francia, nos recuerdan que la gente puede salir  -y saldrá- a  la calle contra un sistema económico que considera fraudulento. En este caso,  los manifestantes pasaron a la acción después a raíz de que el Gobierno propusiera el pago de una 'ecotasa', al entender que la administración pretendía que fuera toda la ciudadanía, y no los contaminadores, la que pagara por las medidas de mitigación de la crisis climática. Esto sucedió después de que el Gobierno transfiriera 14.000 millones de euros de los pobres a los ricos, al eliminar el impuesto de solidaridad sobre el patrimonio y bajar los impuestos sobre el capital. También se traspasaron otros 41.000 millones de euros a las empresas francesas, incluidas multinacionales, a través de un programa de rebaja y exención fiscal.

La financiación privada -aunque sea con fines aparentemente productivos o progresistas- no solo tiende a beneficiar a las élites, sino que suele terminar siendo más cara que la pública. La Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido calculó que los proyectos públicos que se financian de forma privada (por ejemplo, la construcción de una escuela) cuestan un 40% más que con financiación pública. Esto se explica, entre otros motivos, por las ganancias que exigen los inversores y los accionistas privados, por las normas contables que ocultan el coste real de la financiación privada en los balances públicos, y por los tipos de interés, que se sitúan en un promedio del 7-8% en el caso de los acuerdos de financiación privada y de solo el 3-4% en el caso de las administraciones  públicas.

Los fondos públicos son  mayores de lo que  imaginamos

Durante décadas, se han desplegado esfuerzos concertados para intentar convencernos de que lo público depende del sector privado y de que quedan muy pocos fondos públicos para invertir en servicios  e infraestructuras públicos.  Los datos presentados  por el Banco Mundial  y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por ejemplo, tergiversan el valor de las finanzas  públicas,  al estimar que los bancos públicos  solo disponen  de entre  2 y 5 billones de dólares  en activos.  Teniendo  en cuenta  los muchos  billones de dólares  que se precisan  solo para financiar la infraestructura adaptada  a la crisis climática que se necesita, esta  cantidad  equivaldría a una  gota en  el océano. Sin embargo,  según las investigaciones de Thomas Marois, de la Universidad de Londres, en todo el mundo  hay 693 bancos públicos, que poseen  activos  por  un valor  de 37,72  billones de dólares.  Si a estos se les suman  los bancos centrales  y los multilaterales, como  el Banco Asiático de Desarrollo, y los fondos de pensiones y los fondos soberanos de inversión, los fondos públicos superan los 73 billones de dólares. Esta cifra equivale al 93 % del producto interno bruto (PBI) mundial.

Todo este dinero público se necesita con urgencia para financiar directamente la lucha a favor de unos sistemas energéticos renovables, con el fin de evitar las consecuencias catastróficas de una crisis climática desbocada. Se calcula que, anualmente, se deben recaudar 6 billones de dólares —hasta alcanzar un total de 90 billones de dólares— para inversiones en infraestructuras adaptadas a la crisis climática, y las cifras anteriores demuestran que las instituciones financieras públicas disponen de los recursos para lograr este objetivo.

Sin embargo, la mayoría de los Gobiernos y sus instituciones de financiación pública se limitan a incentivar a las empresas privadas para que  inviertan en la transición hacia las energías renovables mediante el fomento de las privatizaciones y de las alianzas público-privadas. A pesar de los innumerables incentivos fiscales, subsidios y garantías públicas, el sector privado ha mostrado muy poco interés en  financiar una transición que fomente el abandono de los combustibles fósiles. De hecho, debido a una dependencia excesiva del sector privado, según la Agencia Internacional de la Energía, las inversiones en renovables incluso bajaron un 7% en 2017. Es probable que esta tendencia se exacerbe mientras sigamos infravalorando las posibilidades que ofrecen las finanzas públicas y dependiendo de las finanzas privadas y los mecanismos de mercado. Sin embargo, la crisis climática no puede esperar a que se tomen medidas a medias.

Como  señala  el reciente Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático  (IPCC), “todas las vías se abren ahora y entrañan una transformación urgente y sin precedentes  de la sociedad”.

Por el contrario, los sistemas y servicios públicos tienen mayor éxito con la inversión pública, lo que da lugar no solo a costes menores, sino también a mejores resultados sociales y ambientales. Por ejemplo, en Bangladesh, la empresa pública Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) proporcionó el capital necesario para instalar más de tres millones de paneles solares en zonas rurales entre 2003 y 2014. Esta iniciativa hizo llegar la electricidad a los hogares de 13 millones de personas.

Un estudio elaborado en 2017 por el Transnational Institute (TNI) constató el funcionamiento de 835 servicios públicos recuperados por más de 1600 ciudades de todo el mundo. El informe demuestra que las empresas privatizadas no garantizan una mejor calidad de servicio, precios más bajos ni más inversiones. Cuando los municipios ponen fin a la privatización y remunicipalizan un servicio público —como  el agua, la energía o el transporte— suelen estar mejor dotados para prestar buenos servicios a todos y todas que un proveedor privado con fines de lucro.

Ejes  para transformar el dinero y las finanzas

Podemos extraer cuatro grandes conclusiones de este libro:

En primer lugar, los recursos financieros están ahí, pero están siendo extraídos y desperdiciados por una minoría que es muy pequeña  y muy privilegiada. En segundo, la financiación privada resulta mucho más cara que la pública a la hora de sufragar servicios e infraestructura públicos. En tercero, a pesar de las privatizaciones, se sigue disponiendo de un volumen considerable de fondos públicos, en especial en forma de bancos públicos. Y en cuarto y último lugar, la transición justa hacia la democracia energética no será una realidad mientras se sigan movilizando fondos públicos para generar ganancias privadas (en lugar de beneficios públicos).

Así, si sabemos a qué nos enfrentamos y qué debemos hacer frente a la crisis climática, ¿qué tipo de sistemas financieros y monetarios concebimos para asegurarnos de lograr nuestro fin?

Nuestra visión de futuro para transformar el dinero y las finanzas se basa en dos fundamentos. El primero consiste en una política de las finanzas para el 99 %, por la que las finanzas públicas y democráticamente responsables se utilicen para invertir en agua, salud y educación, así como en sectores que respeten el medio ambiente. El segundo es una política del dinero público por la que los Gobiernos no obtengan préstamos de bancos privados, sino que empleen su poder democrático para gastar dinero directamente en la economía real y recuperen el exceso en el gasto, también conocido como 'déficit presupuestario', a través de una tributación progresiva. Este escenario, acompañado de la construcción de la justicia fiscal a escala internacional, podría liberar a la sociedad de las cadenas de la deuda y la financiarización.  Valoramos el trabajo que realiza desde hace décadas la Red por la Justicia Fiscal (TJ N), cuyos integrantes han logrado que la evasión y el fraude fiscal formen parte de la agenda política. Con este libro, deseamos complementar esa labor.

Desde esta nueva perspectiva, aspiramos a infundir esperanza y cultivar alianzas, ya que estas sentarán las bases para generar modelos monetarios, fiscales y financieros innovadores y viables, que puedan ayudarnos a forjar el futuro que deseamos. Además, las alternativas del mundo real que presentamos a continuación, que han plantado cara al neoliberalismo, demuestran que las alternativas económicas siempre han estado ahí. Ahora nos corresponde a todos nosotros y nosotras asegurarnos de que echen raíces y florezcan en todo el mundo.

Financiación para el bienestar comunitario

Kerala, un estado situado en el suroeste de la India con más de 31 millones de habitantes, nos demuestra cómo una red de más de 11000 cooperativas, acompañada de un alto nivel de sindicalización, finanzas públicas y apoyo estatal, puede fomentar un potente  desarrollo humano. El programa Kudumbashree (que significa 'prosperidad para  la familia'), que lleva 20 años funcionando en todo el estado, es impresionante: en él participan 4,3 millones de mujeres marginadas económicamente. Su sector agrícola, en el que se ganan la vida 320 000 mujeres, resulta especialmente inspirador. Trabajando en pequeños colectivos de barrio, las mujeres eligen una parcela de tierra y reciben préstamos a bajo interés, maquinaria  agrícola y semillas subsidiadas, así como formación y asistencia técnica. Esto las ayuda a cultivar arroz, frutas y verduras para alimentar a sus familias y vender los posibles excedentes en los mercados de la aldea.

La dinámica  fuerza que impulsa la economía social y solidaria de Kerala se halla en el poder organizador del Frente Democrático de Izquierdas (LDF),una coalición de varios partidos de izquierda, y en una próspera red de movimientos populares. El LDF, que actualmente ocupa el gobierno, ha iniciado otro proyecto ambicioso para establecer un Banco Cooperativo que opere en todo el estado de Kerala, con el fin de superar las restricciones fiscales impuestas por el Gobierno central y fortalecer los 980 bancos cooperativos que ya operan en el estado y sus 1647 sociedades cooperativas agrarias de crédito. Los depósitos que administran estas entidades, en conjunto, superan los 1000 millones de dólares.

Las adquisiciones públicas representan otra fuente de ingresos que puede generar economías locales resilientes, en especial si se tiene en cuenta que la contratación pública representa entre el 15 % y el 20 % del PIB mundial. La estrategia de la institución de referencia, desarrollada en parte por el instituto de investigación estadounidense The Democracy Collaborative, amplía de forma creativa las posibilidades que ofrecen las adquisiciones públicas cuando se colabora con grandes instituciones de referencia públicas y sin ánimo de lucro, como hospitales y universidades, con el fin de maximizar su contribución social a través del gasto, el empleo  y la inversión local. Esta estrategia capta, redistribuye y promueve el patrimonio de la comunidad. En la ciudad de Cleveland, en los Estados Unidos, esta idea se ha materializado en el éxito de la red Evergreen Cooperatives.

La estrategia también fue adoptada por la ciudad de Preston, en el Reino Unido. En 2013, el gasto local de siete instituciones de referencia de la zona (entre las cuales una universidad, dos escuelas superiores y el consejo municipal) era de apenas 38 millones de libras en la ciudad y 292 millones de libras en el condado de Lancashire, donde se encuentra Preston. En 2017, después de que se concibiera el ‘modelo de Preston’, el gasto local había aumentado hasta los 111 millones de libras para la ciudad y los 486 millones de libras para la región. Ahora, la ciudad está promoviendo el modelo para desarrollar cooperativas y crear un banco cooperativo regional que destinaría fondos a empresas  pequeñas y personas de bajos ingresos.

En España, municipios progresistas como Madrid, Pamplona y Zaragoza han apoyado, en legislaturas ahora ya pasadas, la ‘economía social y solidaria’ con el objetivo de democratizar la economía. Además de la contratación pública, estas ciudades han ofrecido a cooperativas y otras empresas democráticas terrenos, edificios, préstamos a bajo interés y otros servicios para que la economía haga prosperar a la sociedad, y no a la inversa. En apenas cuatro años, Barcelona ha reactivado con determinación la propiedad pública: ha creado un servicio  de odontología, un proveedor de energía y una empresa funeraria de titularidad municipal, y ha elaborado un modelo participativo para la gestión del agua que se pondrá en marcha en cuanto se formalice la salida de Agbar, una filial de la multinacional francesa Suez. La ciudad también está experimentando con un plan para garantizar a centenares de residentes una renta de ciudadanía, parte de la cual se paga en moneda social y se puede gastar en 85 establecimientos locales.

La riqueza de la comunidad se debe construir en todos los niveles. Stewart Lansley, de la Universidad de Bristol, y Duncan McCann, de la New Economics  Foundation, desarrollaron una propuesta para transformar la riqueza privada en riqueza pública mediante la creación de fondos de riqueza ciudadana. Estos fondos de inversión permanentes, de propiedad ciudadana, se podrían financiar a través de impuestos más altos para las corporaciones  y los ricos, así como mediante la transferencia gradual  de acciones de propiedad corporativa hacia estos fondos. Los fondos de riqueza ciudadana socializarían  el capital privado y fomentarían el apoyo popular del gasto social en favor de una mayor igualdad y de las generaciones  futuras.

Un ecosistema de  finanzas públicas y  cooperativas

La participación verticalista del Gobierno puede generar problemas, ya que los Estados también pueden actuar de manera muy antidemocrática, si no de una manera totalmente autoritaria. En otras palabras: la propiedad pública no es garantía ní sinónimo de democracia. Además de los fondos de riqueza ciudadana, se necesita una nueva generación de bancos públicos y profundamente democráticos. En este sentido, podemos aprender de la experiencia  del Banco Popular de Costa Rica. Esta entidad, que es propiedad de 1,2  millones de trabajadores y trabajadoras costarricenses, es quizá el banco más democrático del mundo. Su organismo de máxima jerarquía es la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. El banco hace honor a su mísíón -que consiste en servir al bienestar social y sostenible de toda la población costarricense- financiando a cooperativas y grupos que suelen padecer de exclusión financiera, como trabajadores, campesinos y pequeñas y medianas empresas (pymes).

Las decisiones bancarias de la entidad también se rigen por los principios de la equidad de género, la accesibilidad y la responsabilidad ambiental. El Banco Popular colabora asímísmo con la cooperativa regional de energía COOPELESCA, una de las cuatro que consiguió que la electricidad llegara a las zonas rurales del país. Gracias a un préstamo en condiciones favorables, COOPELESCA realizó una conversión total a la iluminación con tecnología LED y, ya en 2015, la cooperativa compensaba su huella de carbono a través de sus propias fuentes de energía renovable y otras ínícíatívas ambientales. El banco propiedad de los trabajadores también ayudó a COOPELESCA a comprar tierras agotadas con el fin de preservar el suelo, la bíodíversídad y los recursos hídrícos. También hay mucho que aprender de la experiencia de las cajas de ahorros alemanas (Sparkassen). Los activos de estas 400 entidades de ahorro locales no son propiedad de nadie. Las cajas son independientes de las autoridades locales, por lo que no se pueden privatizar; sus beneficios tampoco se pueden desviar para otros fines. El consejo de administración  de cada entidad  es clave para su eficacia, ya que está integrado por representantes municipales y otras partes interesadas cuyo deber consiste en cumplir con un mandato  vinculante: estimular el ahorro, promover la ínclusíón financiera y conceder préstamos a las pymes. Estos ejemplos de prácticas bancarias cooperativas y municipales ponen de manifiesto que estos principios  -es decir, un mandato  vinculante, la participación de varías partes interesadas, la oferta de varios cauces para la participación  popular- pueden facilitar una banca pública democrática.

En Bélgica, la plataforma 'Belfíus es nuestro' está analizando estos modelos de gobernanza en el marco de su campaña para democratizar Belfíus, un banco privatizado que antes era conocido como Dexía y que fue nacionalizado, tras un segundo rescate, en 2011.  Según los fundadores de la plataforma, Frank Vanaerschot y Aline Fares, los bancos nacionalizados necesitan democratización, no privatización. De este modo, Belfíus solo serviría de manera viable a la sociedad a través de un debate inclusivo sobre el nuevo mandato público del banco, así como sobre sus estructuras de propiedad y gobierno.

La creación de un sistema integral de organismos financieros públicos y cooperativos ofrece una vía potente para estimular un desarrollo económico adecuado entre las comunidades. Frente a la oleada neoliberal de concesión de microcréditos, por la que los préstamos con altos tipos de interés sumieron a millones de personas vulnerables en la deuda y la pobreza,Milford Bateman, profesor visitante de Economía en la Universidad de Pula (Croada), demuestra que las finanzas dírígídas por la comunidad  pueden lograr realmente  un desarrollo equitativo. Por ejemplo, Vietnam se opuso al enfoque de los mícrocrédítos  y creó toda una serie de instituciones financieras que combinaban modelos de propiedad  públíca y cooperativa. El Banco para la Agricultura  y el Desarrollo Rural de Vietnam (VBARD o Agribank) engloba una red de 2000 sucursales autónomas que facilitan préstamos asequibles y a bajo interés a pequeñas empresas y mícroempresas, que suelen estar integradas en cadenas  de suministro locales. Trabaja junto con el Banco de Política Social de Vietnam y el banco central del país. Este último, por ejemplo, ha creado los conocidos como Fondos Populares de Crédito. Estas instituciones de crédito rural son de base comunitaria y, en alianza con la administración local, prestan servicios de infraestructura como el riego, además de brindar apoyo a las pymes y otras sociedades rurales. Como consecuencia, las fincas  familiares han ganado en productividad y han  adquirido un carácter  semicomercial, al establecer sus propias cooperativas agrícolas. En 2017, Vietnam  contaba con más de 1100 Fondos Populares  de Crédito activos, que prestaban apoyo a ocho millones de hogares.

La  política  del dinero público

Estas alternativas concretas ponen de manifiesto que existen numerosas vías posibles para alcanzar unas economías del bienestar. Podemos utilizar estrategias de financiación, banca y adquisiciones estatales transformadoras  para  generar un desarrollo humano sólido y promover el patrimonio comunitario desde abajo. Sin embargo, teniendo en cuenta  que  vivimos en el contexto de un sistema financiero global impulsado por la deuda, debemos preguntarnos de dónde proviene el dinero. La mayoría de los nuevos fondos son emitidos por bancos comerciales en forma de préstamos privados y, a menudo, con un alto tipo de interés, lo cual perpetúa el ciclo de crecimiento económico temerario. Este tipo de dinero puede entenderse como finanzas, ya que siempre se basa en la creación de deuda y en el endeudamiento de particulares y poblaciones enteras. Incluso el FMI y el Banco de Inglaterra admiten que es así como se crea el dinero  nuevo. Que la mayor parte de nuestro  dinero  se base en la deuda no es un hecho ineludible, sino que constituye una situación política que las personas y la voluntad legislativa pueden cambiar.

En la era neoliberal, como los bancos centrales en muchos países ricos se independizaron, aparentemente, del Gobierno, su principal deber consistía en garantizar la estabilidad de los precios y limitar la inflación mediante la fijación de los tipos de interés y la producción de efectivo (billetes  y monedas). Sin embargo, el poder que  conservaban los  Gobiernos para emitir dinero  libre  de deudas se hizo  patente con los 2,6 billones  de euros que creó el Banco Central Europeo y los 3,5 billones de dólares que emitió la Reserva Federal estadounidense después de la crisis financiera de 2008, un proceso también conocido como ‘expansión cuantitativa’. La mayor parte del dinero nuevo se destinó  al rescate del sistema financiero, incluidos los grandes bancos. La idea de base estaba vinculada con la teoría del derrame o del efecto goteo, al considerar que la compra  de bonos de sociedades y del Estado impulsaría el precio de las acciones y que esto, a su vez, estimularía el gasto en el corto  plazo y las inversiones en el largo plazo, en beneficio de todos y todas. Es evidente que esto no llegó a suceder nunca, ya que la propiedad de las acciones se encuentra  principalmente en manos de personas ricas que saben que pueden ganar más dinero rápido a través del sector financiero que con los sectores  más  productivos. Por lo tanto, las finanzas privadas y los  mercados financieros han recurrido, más que nunca, a los Gobiernos  y al dinero  público para  recuperar una estabilidad temporal, al tiempo que se han mantenido prácticamente exentos de regulación y han podido  maximizar los beneficios a través de vehículos financieros  especulativos. Este modelo,  según varios analistas  políticos, como Walden  Bello,  provocará  casi con toda  certeza otra  crisis financiera.

Los Gobiernos siguen teniendo el poder de gastar dinero en lugar  de prestarlo, pero la forma en que lo han utilizado ha dado lugar a una mayor concentración de la riqueza, no a menos. La crisis financiera mundial de 2008 demostró que los bancos se salvan gracias a rescates públicos y que las  pérdidas financieras se socializan a espaldas de la gente común a través de medidas de austeridad. Como el responsable último es el público, esto ilustra que incluso el crédito o el dinero generado por la deuda que emiten los bancos comerciales debe considerarse un bien público y, por lo tanto, debería estar en manos públicas y sometido a control  democrático. Para ello, se necesitará una 'política del dinero público', en lugar de una política de las finanzas  privatizadas. Esto solo se puede conseguir reafirmando las competencias para crear dinero nuevo con el fin de democratizar fundamentalmente nuestros sistemas monetarios. Este dinero público debería gastarse (más que prestarse)  para hacer frente a los muchos y grandes desafíos de nuestra época, en lugar de desviarse hacía los mercados financieros y que se pierda en ellos.

Sí movilizamos todo nuestro contrapoder, podemos reivindicar el Estado y crear un nuevo modelo monetario. Por poner un ejemplo de cómo podría ser, Mary Mellar, profesora emérita de la Universidad de Northumbría, argumenta que un nuevo modelo  podría permitir que las personas decidan de manera democrática y colectiva la cantidad de dínero público que se debe crear. Todo el dinero creado públicamente que resultara superfluo se podría recuperar a través de los impuestos y, de este modo, mantener la inflación bajo control. Mientras que los billones de dólares que crearon los bancos centrales después de la crísís de 2008 a través de la especulación hicieron aumentar peligrosamente los precios de los activos ínmobílíaríos, el temor a la híperínflacíón -que se produce cuando los precios de los bienes y servicios suben más de un 50% al mes- parece, en gran medida, carecer de fundamento. Teniendo en cuenta todos los empleos, bienes y servicios que se necesitan para restaurar los ecosistemas, y para mantener la inflación bajo control, con este nuevo dinero no se debería especular, sino que se debería poner a disposición de la sociedad para que esta le dé un buen uso.

Para restaurar los ecosistemas y poner fín  al extractívísmo, debemos enfrentarnos al poder de las grandes empresas, en especial la oligarquía de los combustibles fósiles. Carla Skandíer, de Next System Project, sostiene que los Estados Unidos, cuya industria energética es responsable de una gran parte  de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, podría emplear su poder monetario soberano para adquirir empresas de combustibles fósiles. Una adquisición pública permitiría que la sociedad asumiera el control, que dejaría de depender de accionistas particulares y con ánimo de lucro, y se podría trasladar hacía un desmantelamiento democrático de las operaciones con combustibles fósiles. Con la presión popular, estas entidades se podrían transformar en empresas públicas respetuosas con el clima y que príorícen las necesidades de los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades que se hayan visto desplazados del sector de los combustibles fósiles, así como de otros grupos marginados.

Aunque puedeque,  para muchas personas del mundo de la política, estas propuestas parezcan demasiado radicales, la idea de crear más dinero público en interés de la gente está cobrando una fuerza significativa, ya que podría servir para financiar el Nuevo Pacto Verde. Este plan, presentado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en los Estados Unidos, persigue descarbonizar rápidamente la economía  y, al mismo tiempo, abordar las desigualdades sociales y económicas. El apoyo popular a grandes inversiones públicas, potenciadas con dinero creado públicamente y bancos organizados democráticamente, está creciendo, ya que estas podrían ser las únicas grandes herramientas con las que podemos luchar contra la crisis climática para fomentar  el bienestar colectivo.

La construcción de  sistemas monetarios, fiscales y financieros radicalmente justos es de vital importancia para democratizar nuestras economías.

Sí estos ejemplos del mundo real nos impulsan hacia la acción colectiva, tendremos a nuestro alcance unas sociedades que garanticen el bienestar de la mayoría.

Capítulo  1 •  El  dinero para la gente

Mary Mellor

Después de la crisis financiera de 2007, los Gobiernos emplearon el poder del dinero público para rescatar a los bancos y otras grandes empresas, en lugar de satisfacer las necesidades de la gente. La privatización del dinero por parte de los Gobiernos  —no  el dinero  en sí— perpetúa el círculo perverso de la deuda y el crecimiento. A pesar de la retórica, los Estados pueden ‘imprimir dinero’. Y lo hacen. Sus bancos centrales fabrican dinero, sin coste alguno, para las actividades creadoras de dinero del sector bancario. Y el dinero se crea y circula a medida que el Gobierno gasta, de la misma manera que los bancos generan dinero a medida que prestan. Es evidente que ese dinero se podría poner en circulación con otros fines, como facilitar la prestación de servicios básicos universales y medios de vida sostenibles para todos y todas. Dado que la fiscalidad sigue realmente al gasto público, la recuperación del dinero creado públicamente a través de los impuestos mantendría la inflación bajo control y garantizaría la estabilidad económica. Este cambio de política debería ir acompañado de un control democrático firme sobre el proceso de toma de decisiones monetarias y de una supervisión rigurosa de su aplicación. Por ejemplo, unos foros ciudadanos podrían identificar necesidades concretas de gasto público, mientras que los partidos políticos podrían proponer una asignación general de fondos entre los sectores social, público y comercial en el marco de sus programas electorales; las asignaciones reales dependerían, a la postre, de los partidos en el poder. Los fondos para financiar estas prioridades, determinadas democráticamente, se suministrarían a través de subvenciones o préstamos administrados por bancos, utilizando el efectivo proporcionado por un banco central que se rige por principios democráticos y opera en pro del interés público. De este modo, los bancos seguirían  manteniendo depósitos, efectuando transacciones y elaborando cuentas de balance, pero ya no podrían crear dinero ni participar en actividades de financiación especulativas. De esta manera, el tamaño de la economía pública se podría incrementar gradualmente, de año en año, hasta el momento en que se satisfagan plenamente las necesidades públicas.

 

Capítulo  2 •  Fondos de  riqueza ciudadana: Un nuevo y potente instrumento económico y social

Stewart  Lansley y Duncan McCann

Los fondos de riqueza ciudadana, que se financiarían mediante una mayor tributación del patrimonio privado, podrían constituir una vía progresiva e integral para lograr un mayor valor social de los activos existentes: públicos, personales y empresariales. Este nuevo modelo se concibe como un fondo de inversión permanente, propiedad directa de la ciudadanía, y gestionado con independencia del Estado, de forma transparente y con objetivos sociales claros. Estos fondos crecerían con el tiempo, se convertirían en un elemento inherente y duradero de la infraestructura económica y social, y ayudarían a restablecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía, impulsando así el apoyo popular al gasto social. También pueden incrementar el interés de la ciudadanía en la economía, al promover la propiedad colectiva y la igualdad. Una posible fuente de financiación que favorecería la igualdad pasaría por la dilución de la propiedad empresarial existente, de manera que las grandes corporaciones efectuaran una emisión anual de acciones, por ejemplo el 0,5 % anual, hasta alcanzar un traspaso máximo del 10 % de las acciones de la compañía. Así se socializaría gradualmente parte del capital accionarial de propiedad privada,  que se pasaría a utilizar en beneficio público explícito. Contamos  con experiencias  de las que aprender.  Por ejemplo, en la década de 1980, Suecia aplicó una variante de este modelo con el establecimiento de unos ‘fondos  de asalariados’, comúnmente conocido como ‘Plan Meidner’. Por último, los fondos de riqueza ciudadana podrían actuar como un contrapeso frente al aumento de las desigualdades intergeneracionales, al transferir una pequeña parte  de la riqueza privada a un fondo  permanente, con el fin de que se invierta en las generaciones  futuras.

 

Capítulo  3 •  Un modelo de  financiación  comunitario para el desarrollo económico local

Milford Bateman

Durante décadas, el microcrédito capturó el espíritu del neoliberalismo financiero y su elogio  del individualismo, la iniciativa empresarial y la autoayuda. Sin embargo, para la década de 2010 ya quedó claro que el modelo del microcrédito no era ninguna panacea contra la pobreza, sino una catástrofe a velocidad ralentizada para los pobres del mundo. Mientras tanto, las finanzas sometidas al control y la propiedad de las comunidades han fomentado con éxito el desarrollo equitativo, como lo ilustran cuatro ejemplos de Europa y Asia que se presentan en este capítulo. En el norte de Italia, las redes de cooperativas de crédito y de bancos cooperativos promovieron el desarrollo sostenible y equitativo en el período de posguerra, ayudando a establecer y ampliar las cooperativas de trabajo, agrícolas y de comercialización, entre otras. En España, la Caja Laboral Popular se creó en 1959 con el objetivo de impulsar el desarrollo de las cooperativas en la ciudad de Mondragón, y pronto se extendió a todo  el País Vasco (Euskadi). La entidad evaluó, estableció  y financió con éxito  sociedades cooperativas sobre la base de su viabilidad económica y su compromiso con los principios fundamentales de la democracia industrial, la colaboración y el apoyo mutuo. En China, las cooperativas de crédito urbanas y rurales creadas en la década de 1980 para financiar el desarrollo económico local acelerado lograron un éxito espectacular, en especial con la financiación de las empresas locales de propiedad estatal en auge. En efecto, desmintiendo la narrativa tradicional, que atribuye el extraordinario crecimiento económico de China a la inversión extranjera directa, el factor decisivo radicó, de hecho, en el éxito  inicial  de las empresas de los pueblos y las aldeas. Por su parte, Vietnam rechazó categóricamente el microcrédito convencional a mediados  de la década de 1980 y optó  por seguir el modelo de China, creando instituciones financieras que combinaban la propiedad y el control de la cooperativa comunitaria y del gobierno nacional-local. En 2017, ya estaban  activos  al menos  1000  Fondos Populares de Crédito,  que contaban con dos millones de socios y ocho millones de hogares en 56 de las 63 ciudades y provincias vietnamitas. Estos fondos han desempeñado un papel decisivo en el avance de la base agrícola rural de Vietnam  y han ayudado a respaldar  la industrialización rural  y la trayectoria de desarrollo de las pymes.

 

 

Capítulo  4  •  La  red de  cooperativas  de  Kerala:  El  impulso de  la economía solidaria

Benny Kuruvilla

En el estado de Kerala, en el sur de la India, los partidos de izquierda, los sindicatos organizados y los movimientos populares han asegurado la continuidad de las cooperativas, los planes sociales y los derechos laborales. Este capítulo trata sobre cómo funcionan las cooperativas de trabajadores y trabajadoras en todo el estado, a pesar del desafío creciente que entraña el neoliberalismo. Muchas de las cooperativas están interconectadas a través de una red de fondos cooperativos, administraciones locales y mercados de productores, y unidas en un movimiento que promueve la economía solidaria. Por ejemplo, la Sociedad Cooperativa de Contratos Laborales de Uralungal (ULCSS) es la mayor cooperativa de la construcción de Asia y es propiedad conjunta de 3000 trabajadores y trabajadoras. Las ganancias se dividen entre las personas asociadas, y se dice que los salarios son un 30 % más altos que los que se pagan fuera de la cooperativa. Los contratos públicos representan más de la mitad del total de los proyectos, y el estado proporciona préstamos a bajo interés  para comprar maquinaria. Otro ejemplo es el programa Kudumbashree, que funciona en el ámbito de todo el estado de Kerala. En el marco de este programa, 4,3 millones de mujeres en situación desfavorecida están organizadas en 275 000 colectivos de barrio. En su sección agrícola, pequeños grupos de mujeres eligen una parcela de tierra en la zona para empezar a cultivar arroz, verduras y frutas. Los productos que se obtienen de este cultivo primero se utilizan para alimentar a sus familias y, el resto, se vende localmente. Además de formación y asistencia  técnica, el gobierno suministra maquinaria agrícola, semillas subsidiadas, abonos y préstamos a bajo interés para arrendar la tierra. Tras las inundaciones que se produjeron en 2018, la cooperativa de la construcción ULCSS demostró su solidaridad movilizando a 300  voluntarios que repararon 1000 viviendas en cuatro días, mientras que las mujeres de Kudumbashree limpiaron 100 000 viviendas afectadas y donaron 1 millón de dólares, el doble que la Fundación  Bill y Melinda Gates. El plan reciente del gobierno consiste en establecer un banco cooperativo de ámbito estatal, en especial para prestar servicios a 1647 sociedades cooperativas agrarias de crédito. También prestará a las personas más pobres servicios bancarios básicos, innovadores y asequibles.

 

Capítulo  5 •  Creación de  patrimonio comunitario y economías locales resilientes: El  papel de  las instituciones de  referencia

Thomas M. Hanna

Existe la necesidad apremiante de alejarse gradualmente de un sistema financiero concebido para extraer riqueza de las comunidades locales. Nuestro objetivo común debería consistir más bien en apoyar las iniciativas que persiguen potenciar el patrimonio comunitario. Aprovechando las adquisiciones, las inversiones, el empleo y otras actividades de las grandes ‘instituciones de referencia’ (organizaciones públicas o sin fines de lucro con arraigo local, como hospitales y universidades) es posible construir economías locales más resistentes, equitativas y sostenibles. Desde los Estados Unidos hasta el Reino Unido, muchas instituciones de referencia están asumiendo el cometido de emplear sus activos en alianza con la comunidad para impulsar el beneficio mutuo en el largo plazo. Si estas instituciones se dirigen a empresas locales o de propiedad democrática —como cooperativas de trabajo asociado, empresas propiedad de los trabajadores y empresas sociales— pueden tener un impacto positivo considerable en la comunidad. A través de la contratación local e inclusiva, las instituciones de referencia también pueden crear oportunidades profesionales para las poblaciones  de bajos ingresos, pertenecientes a minorías o a las que les resulta difícil acceder al empleo. Si las instituciones de referencia también empezaran  a utilizar sus importantes activos financieros para inversiones de carácter local, se podrían destinar miles de millones de dólares a atajar las desigualdades económicas y ambientales en las comunidades. Todo ello se traduciría en más empleos, mayores ingresos fiscales, mejores servicios públicos y, en última instancia, comunidades más sanas, seguras y prósperas. Las ciudades de Cleveland, en los Estados Unidos, y Preston, en el Reino Unido, han empezado a poner en práctica este modelo. En Cleveland, Evergreen Cooperatives ha formado una red de empresas que son propiedad de los trabajadores y las trabajadoras, que en estos momentos está integrada por tres cooperativas laborales ecológicamente sostenibles, como una gran  empresa de lavandería verde, una cooperativa que instala paneles solares y desarrolla medidas de acondicionamiento, y uno de los mayores invernaderos urbanos del país. En Preston, en 2017, siete  instituciones de referencia de la zona (entre las cuales el consejo  municipal, una universidad y dos escuelas superiores) gastaron 111 millones de libras en la ciudad y 486 millones de libras en el condado. Preston fue también la primera ciudad  del Reino Unido que adoptó  el principio de un salario digno  mínimo.

 

 

Capítulo 6 ·La economía social y solidaria, y  el auge  del nuevo municipalismo en  España

Ana Álvaro, Adrián Gallero, Miguel Ángel Martínez, Fernando Sabín y Sandra Salsón

En este  capítulo se presenta una panorámica de las principales políticas y acciones que pusieron en práctica los gobiernos municipales de  varías ciudades españolas con el fin de promover la economía social y solidaría. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente un presupuesto de 4,9 millones de euros para una Estrategia de Economía Social, así como 100 000 euros para que las instituciones financieras puedan conceder préstamos sin intereses a personas desempleadas mayores de 45 años, desempleadas de larga duración, personas con discapacidades, mujeres en situación de vulnerabilidad e inmigrantes. En Zaragoza y Barcelona, se han impulsado nuevas ordenanzas municipales que recomiendan que las empresas de la economía social representen entre el 5% y el 35 %, respectivamente, del total destinado a la contratación pública. En Valladolid y en Madrid se ha promovido la financiación ética. Otras ciudades están creando monedas sociales para poner en valor las estructuras locales de organización socíoeconómíca. En Barcelona, las 315 familias que reciben una (renta ciudadana' reciben parte de esa suma en forma de moneda social, que se puede utilizar en 85 pequeños comercios locales. En toda España están surgiendo nuevos modelos de servicios públicos de agua y energía, como la cooperativa Comunítat Minera Olesana, que gestiona los servicios de agua de la localidad de Olesa de Montserrat. La economía social  y solidaría, acompañada de nuevos mecanismos de participación y toma de decisiones, se manifiesta como una expresión organizada de la ciudadanía económica .

Capítulo 7 · Soluciones de financiación de  abajo arriba para  la vivienda cooperativa en  Europa  Central y Sudoriental

Agnes Gagyi

La Red de Vivienda MOBA, que surgió en 2017, es una alianza de iniciativas cooperativas de vivienda en Europa Central y Sudorienta!. MOBA, que significa cautoconstrucción a través del apoyo mutuo', permite que las poblaciones de bajos ingresos de la región accedan de manera colectiva a financiamiento para  una  vivienda asequible. Lo  hace  creando un  conjunto de  estructuras  de vivienda cooperativa, con capacidad jurídica e institucional para atraer, canalizar y gestionar la inversión de las cooperativas de vivienda individuales. El modelo está integrado por:

1) cooperativas de vivienda individuales para cada edificio (en  que los inquilinos son los socios);

2) organizaciones de coordinación nacionales respaldadas por  grupos de facilitación;

3) una Sociedad Cooperativa Europea que reúne a estos últimos. La red MOBA también está desarrollando una estructura de gobierno que asegure una gestión segura, responsable y democrática. Uno de los principales logros del modelo es que traslada los riesgos financieros asociados con los préstamos de los particulares al nivel institucional. Este riesgo es asumido por las cooperativas individuales (edificios) con el fin de garantizar la estabilidad del sistema. Las soluciones solidarías dentro del sistema cooperativo aseguran una gestión más flexible y sólida de los riesgos, lo cual permite utilizar y reutilizar los fondos internos para estabilizar la situación de las personas asociadas que atraviesen problemas temporales de pago.  Los proyectos piloto que ya están en marcha en Budapest, Líublíana, Belgrado y Zagreb demuestran que es posible crear viviendas estables, asequibles y de propiedad social. El marco institucional que está construyendo MOBA ofrece un modelo para la transformación sistémica de los mercados locales  de vivienda en todas partes.

 

 

Capítulo  8 •  La  democratización de  los  bancos nacionalizados

Frank Vanaerschot

En este capítulo se examinan las estrategias que se han seguido para democratizar el banco público belga Belfius, que fue nacionalizado tras la crisis financiera de 2008. La campaña ‘Belfius es nuestro’ se puso  en marcha  en 2016, impulsada por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y sindicatos del país con el objetivo de fomentar la democratización de este banco público. La plataforma comenzó criticando los planes de privatización total o parcial del Gobierno, que socavarían cualquier mandato público, debido a la constante presión para maximizar las ganancias privadas. La propiedad pública, en cambio, podría facilitar la creación  de crédito para otorgar préstamos más productivos y socialmente útiles.  Sin embargo, la propiedad pública debe ir de la mano de la democratización de la gobernanza del banco y de una mayor rendición de cuentas, y todas las partes implicadas deben asumir un compromiso con el mandato público  (la dirección, los propietarios y las propietarias, los comités de supervisión, la plantilla laboral  y el resto  de la sociedad). Para ello, se puede aplicar el principio de subsidiariedad, velando por que las personas que más necesitan que el banco público cumpla con su mandato puedan movilizarse y participar en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, las cajas de ahorro alemanas (Sparkassen) cuentan con un mandato público vinculante y, aunque los municipios actúan como custodios, no pueden acceder a las ganancias del banco. Cada uno de los consejos de administración, que representan a diferentes actores locales, se encarga de que las Sparkassen sean fieles a su mandato. En términos más generales, este modelo pone de manifiesto que, para democratizar un banco nacionalizado, es necesario que se celebre un amplio debate social sobre un nuevo mandato público,  la titularidad y las estructuras de gobierno.

Capítulo  9 •  Banca  pública para el futuro que  deseamos

Thomas Marois

La comunidad internacional de desarrollo considera cada vez más que los bancos públicos no son algo perjudicial sino catalizador para invertir en infraestructuras bajas en carbono. El ‘nuevo’ relato neoliberal afirma que solo podremos  empezar a recaudar los recursos financieros necesarios para hacer frente al cambio climático utilizando recursos públicos para movilizar fondos privados. Sin embargo, los datos elaborados por el Banco Mundial y la OCDE han tergiversado el valor de las finanzas públicas, al indicar que los bancos públicos solo disponen de entre 2 y 5 billones de dólares en activos. En este capítulo se demuestra que, en todo el mundo, hay 693 bancos públicos, que poseen activos por un valor que alcanza los 37,72 billones de dólares. Si a estos se les suman los fondos multilaterales, de pensiones y soberanos, y los bancos centrales, los fondos públicos ascienden a casi 74 billones de dólares, lo que equivale al 93 % del producto interno bruto mundial. Los bancos públicos disponen de recursos suficientes para marcar el rumbo  a la hora de recaudar los 90 billones de dólares que se necesitan en total y los 6 billones de dólares anuales en inversiones en infraestructuras adaptadas a la crisis climática, sin tener que recurrir a financiadores privados. Los bancos públicos pueden operar de manera indefinida, sin un imperativo de maximización de los beneficios si se les encomienda el mandato público correspondiente. Los bancos públicos están mejor dotados que sus homólogos privados para financiar sectores económicos y regiones geográficas prioritarios; para llenar los vacíos dejados por el sector privado; para promover la estabilidad económica mediante la concesión de préstamos en momentos de inestabilidad económica;  y para mejorar  las normas financieras insistiendo en las salvaguardias sociales, ambientales y de derechos humanos. Pero el potencial de la banca pública depende, en última instancia, de la lucha social para recuperar los bancos públicos en aras del interés  general. Será precisamente este punto el que defina su viabilidad futura.

Capítulo  10 •  Inversión  pública para que  cambie el sistema financiero, no  el clima

Oscar Reyes

En este capítulo se examina cómo los bancos estatales, las cajas de ahorro cooperativas y locales, los fondos  públicos de pensiones y los fondos de inversión pueden invertir en pro del interés general, abordando la crisis climática y la justicia social. A pesar de reclamar  nuevos compromisos con la ‘financiación verde’, los bancos e inversores privados siguen inyectando miles de millones de dólares en la industria de los combustibles fósiles cada año; unas cantidades que deberían reorientarse, entre otras prioridades, hacia el sector de las energías renovables y una agricultura más sostenible. Para ello,  se necesitan nuevos cauces de inversión pública. Algunos bancos estatales ya han demostrado que están dispuestos a financiar la transición hacia una energía limpia. Por ejemplo, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal en Costa Rica es una entidad híbrida, a medio camino entre la propiedad pública y la cooperativa de trabajadores y trabajadoras, que integra objetivos económicos, sociales y ambientales, y cuenta una cartera creciente de ecocréditos, además de financiar cooperativas comunitarias de energía y proyectos de eficiencia energética. En Alemania, las cajas de ahorro y los bancos cooperativos son los principales financiadores de las cooperativas de energía locales, que representan casi el 50 % de la capacidad de energía renovable instalada en el país. La inversión pública también se debería canalizar a través de instituciones financieras no bancarias, como empresas de propiedad pública y fondos de inversión. En Bangladesh, la empresa pública Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) ayudó a instalar más de tres millones de sistemas solares domésticos en zonas rurales entre 2003 y 2014, con lo que se hizo llegar la electricidad a 13 millones de personas. Cuando los inversores públicos observan los principios de la rendición de cuentas, mandatos sociales y ambientales, planes de transición justa más amplios, alianzas públicas locales y justicia climática restitutiva, pueden tomar la iniciativa para forjar una transición climática justa y equitativa.

Capítulo  11 •  El  impulso a  la inversión: Venciendo  las limitaciones  de la eurozona

Ludovic Suttor-Sorel

La magnitud del desafío que plantean la crisis climática y el agotamiento de la naturaleza exige un capital estratégico a largo plazo. Sin embargo, debido en gran medida a las normas fiscales de la Unión Europea (UE) que han institucionalizado una reducción permanente del gasto público, el nivel de la inversión pública en la región se encuentra en unos mínimos sin precedentes. Los Gobiernos de la UE han recurrido a las alianzas público-privadas como forma de eludir las normas fiscales, pero estas estructuras no son más baratas y trasladan el coste a las generaciones futuras. En este capítulo se argumenta que las posibilidades que ofrecen los bancos estatales de inversión se han pasado por alto y, con demasiada frecuencia, se han limitado a mitigar los riesgos para la inversión privada.  Los bancos estatales de inversión pueden permitir que los Estados actúen al margen de las restricciones de las normas fiscales para mantener una forma de inversión pública. También pueden desempeñar un importante papel anticíclico tras las crisis, como lo hicieron en todo el mundo entre 2007 y 2009 al aumentar su cartera de préstamos de un promedio del 35 % a más del 100 %. En este capítulo se propone  la creación de un eurosistema de bancos estatales de inversión, que contaría con el respaldo de la reinversión de los fondos creados por  el Banco Central Europeo a raíz de la crisis financiera. Esta cooperación reforzada entre los bancos públicos europeos de inversión ya existentes, concebida con un mandato claro de proporcionar inversiones estratégicas a largo  plazo y con el apoyo explícito del Banco Central  Europeo, nos ayudaría en la transición hacia una economía  verdaderamente sostenible.

 

Capítulo  12 •  La  adquisición pública para mantener el carbono bajo tierra y disolver  la oposición al clima

Carla Santos Skandier

Las soluciones reales a la crisis climática deben ir más allá de la demanda e incluir el lado de la oferta. Los Estados Unidos pueden optar por esta vía utilizando su poder monetario soberano para desmantelar las empresas extractivas como parte de un Nuevo Pacto Verde para mitigar la crisis climática y abordar las desigualdades sociales y económicas. La manera más directa de desbloquear la relación paralizante entre el Gobierno y la gran industria petrolera es a través de una adquisición federal  de las compañías de combustibles fósiles que controlan estos activos nocivos. El Gobierno federal tiene el poder sobre su banco central, la Reserva Federal, para crear el dinero necesario para adquirir la mayoría de las acciones de las principales empresas de combustibles fósiles domiciliadas en los Estados Unidos, como Chevron y ExxonMobil. Con esta medida, el control dejaría de depender de accionistas con ánimo de lucro y con visión cortoplacista, y se canalizaría hacia el interés público. Después de que se haya asumido el control de las reservas, los proyectos  de combustibles fósiles se pueden desmantelar y algunos de ellos se pueden transformar en entidades que respeten el clima, sean de propiedad pública y estén controladas democráticamente. Después, la sociedad podrá volver a centrarse en lo que importa de verdad: las emisiones, la intensidad de los recursos y cómo mitigar los impactos sociales que tendría  el recorte notable de la industria de los fósiles entre las personas de bajos ingresos, los trabajadores y las trabajadoras desplazados del sector y las comunidades. Al no disponer  del lujo del tiempo y los presupuestos de carbono para dar a los productores de combustibles fósiles otra oportunidad de servir a los intereses  de sus clientes,  la única opción que queda es convertirse en sus jefes. Al crear un plan de transición integral y coordinado, el Gobierno también puede prevenir la interrupción innecesaria  y permanente de la vida de los trabajadores y las trabajadoras del sector de los combustibles fósiles,  sus familias y comunidades. Por ejemplo, en Alemania  Oriental, la ciudad de Leipzig inició el proceso de transición del lignito convirtiendo sus minas a cielo abierto en el mayor lago artificial de Europa, un proyecto de conversión en el que se dio empleo a 20 000 personas. Los planes para una transición justa exigen garantizar el pleno empleo, ayudas a la reubicación y la formación de las plantillas laborales para, por ejemplo, revitalizar las tierras y aguas amenazadas en beneficio de sus comunidades y vecindarios.

 

 

Conclusión: Herramientas para la transformación

Activistas, personas del mundo académico y responsables de la formulación de políticas progresistas tienen mucho que ganar si vinculan los temas por los que están  luchando —ya sea la justicia climática, la igualdad racial, el feminismo, una economía de bienestar o unos servicios públicos universales— con el ámbito del dinero, los impuestos y las finanzas.

Con este libro, esperamos haber mostrado los fondos de los que disponemos para satisfacer nuestras necesidades cotidianas colectivas. Cuando estos son gastados e invertidos por instituciones públicas y democráticamente organizadas, y dejan de estar extraídos por el sector privado y los mecanismos de mercado, podemos empezar a redirigir la riqueza para financiar el futuro que deseamos.

A continuación, proponemos 15 recomendaciones en materia de campañas y políticas con el fin de reivindicar unos fondos  y sistemas financieros que sirvan para construir democracias económicas que sustenten la vida.

Partimos del supuesto de que esta lista dista mucho de ser exhaustiva. Por eso, os invitamos a compartir con nuestro equipo acciones, tácticas y estrategias que consideréis que han resultado ser herramientas eficaces para la transformación [email: publicfinance@tni.org].

Creemos que solo un debate público serio, la presión popular y la movilización de toda la sociedad pueden impulsar una política progresista en torno al dinero y las finanzas.

Democratizar la propiedad, la gobernanza y la toma  de decisiones

1 – Forjar una propiedad democrática sólida de las instituciones financieras públicas, asegurando que representantes de las plantillas, las personas usuarias y la comunidad formen parte de los consejos de administración o de supervisión (además de cumplir con requisitos de representación racial y de género).

Se debe observar el principio de los intereses afectados para garantizar que las personas más afectadas por un banco público gocen del poder de decisión necesario para garantizar el cumplimiento de su mandato y misión, así como el acceso a la financiación y a la banca como un derecho y un servicio público. El principio de subsidiariedad se debería seguir para descentralizar el poder de decisión  en la medida de lo posible.

El Banco Popular, propiedad de 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras costarricenses, es un ejemplo de cómo se puede poner en práctica la propiedad democrática. Del mismo modo, la propuesta de la campaña ‘Belfius es nuestro’ para que representantes de la sociedad civil participen en los consejos de supervisión a escala local, regional y nacional supone poner en práctica el principio de subsidiariedad.

Para más información, capítulos 8 y 9

2 – Establecer un mandato público vinculante y una misión socioecológica para las instituciones financieras públicas.

Con esta medida se puede asegurar que las ganancias no se extraigan, sino que se reinviertan en la sociedad para lograr un desarrollo equitativo a largo plazo. Los actores sociales deberían disponer de las prerrogativas necesarias para definir el mandato de la institución. Por ejemplo, el mandato de un banco comunitario podría puntualizar que presta servicios financieros a grupos determinados que, por lo general, se enfrentan a la exclusión y a barreras de acceso, como los hogares de bajos ingresos, las cooperativas y las pymes. La misión debería concretar que la institución sirve al bienestar de su población.

Gracias a todos estos elementos, los bancos se encontrarían en major disposición de apoyar objetivos socioeconómicos y medioambientales.

Por  ejemplo, las cajas de ahorro locales de Alemania (Sparkassen) están legalmente obligadas a promover la inclusión financiera mediante la prestación de instrumentos de ahorro  y préstamo a las pymes. Los municipios son los responsables de estas entidades y no pueden privatizarlas ni distribuir las ganancias. El Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural de la India también tiene encomendada una misión que le permite financiar planes de proyección de suelos e inundaciones para  adaptarse a los impactos de la crisis  climática.

Capítulos 8 y 9

3 - Crear bancos  locales, democráticos y de propiedad pública para financiar inversiones que satisfagan las necesidades de la población.

Un banco público permite que un gobierno local o regional despliegue fondos públicos en forma de préstamos, (re)inversiones y servicios financieros. Los bancos públicos están mejor preparados para proporcionar fondos orientados a la equidad, ya que la motivación principal no pasa por maximizar los beneficios.

En 2016, cuatro años después de que el Banco de Hawaii, una  entidad privada, se retirara de Samoa Americana, se creó el Banco Territorial de Samoa Americana. El lema de este banco minorista público es Faletupe o le Atunu'u (el banco popular). En todos los Estados Unidos, desde Boulder y Los Ángeles hasta Oakland y Nueva York, unas dinámicas campañas ciudadanas están creando, con un éxito creciente, bancos públicos sometidos a control público. Un referendo popular podría permitir que los gobiernos locales establecieran las leyes y los reglamentos adecuados para crear su propio banco  público.

Capítulos 8 y 9

Recaudar, crear y  gastar dinero público en  pro  de las personas y el planeta

4 - Utilizar  fondos públicos para  invertir directamente  en   servicios públicos e infraestructura baja en carbono, en lugar de acuerdos privados, como las alianzas público­ privadas (APP).

Las APP resultan atractivas para algunas jurisdicciones porque eluden los controles de gasto y mantienen las deudas al margen del balance público. Sin embargo, a los inversores privados les interesan las inversiones a corto plazo y que generen ganancias rápidas, lo que lleva a que este tipo de acuerdos entrañen un aumento de los costes públicos a largo plazo y prioricen ciertos tipos de inversiones sobre otros. La sociedad necesita inversiones a largo plazo para reconstruir los servicios públicos y adaptar nuestra infraestructura de calefacción, electricidad y transporte con el fin de que funcione con fuentes renovables.

En todo el mundo, las instituciones financieras públicas, como los bancos públicos, cuentan con más de 73 billones de dólares en activos, que podrían invertirse directamente en infraestructuras y servicios públicos. En Bangladesh, la empresa pública lnfrastructure  Development Compa ny Limited (IDCOL) aportó fondos para que se instalaran más de tres millones de sistemas solares domésticos en zonas rurales, con lo que se hizo llegar la electricidad a 13 millones de personas. El banco estatal alemán de inversiones Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) concede a las pymes préstamos a un tipo  de interés inferior al del mercado.

Capítulos 9, 10 y 11

5  – Frenar  la  creación  de  dinero privado mediante la recuperación de los bancos privatizados.

Cuando los bancos democráticos y de propiedad pública (en lugar de los bancos privados) pueden crear dinero mediante préstamos disponen de capacidad para invertir en infraestructura y servicios públicos sostenibles, lo cual, a su vez, reduce la desigualdad  y redistribuye la riqueza. En los Países Bajos, la campaña ‘Nuestro dinero’ reivindica que la creación del dinero vuelva a someterse a un control público  y democrático.

Capítulo 1

6 – Transformar el sistema de dinero público exigiendo a los Gobiernos que empleen sus competencias para crear dinero con el fin último de generar el gasto público que se necesita frente a las acuciantes crisis climática y de desigualdad.

Para ello, en primer lugar, se debe decidir de manera democrática cuánto dinero se debe emitir para construir unos servicios públicos y unas infraestructuras respetuosas con el clima y, en segundo lugar, una vez efectuado el gasto, cuánto se debe recuperar por medio de impuestos progresivos.

Capítulo 1

7  – Denunciar el modelo de bienestar corporativo mediante la realización de una auditoría ciudadana transparente del presupuesto del Estado —a escala local, regional o nacional— para revelar la cantidad de fondos públicos que están beneficiando a las grandes empresas y para establecer plataformas ciudadanas dedicadas a debatir un uso alternativo de esos recursos.

La Red Internacional de Auditorías Ciudadanas de la Deuda aglutina a redes y movimientos de 12 países europeos con el fin de efectuar auditorías como estrategia para luchar contra las medidas de austeridad.

Capítulo 1

8 – Exigir un mandato público más amplio, con objetivos sociales y ambientales para los bancos centrales, con miras a alcanzar  un empleo pleno y seguro, y financiar una transición equitativa hacia una sociedad sostenible  y baja en carbono.

Un mandato de este tipo garantizaría, en primer lugar, que el poder del banco central para emitir dinero público no diera lugar a otra burbuja financiera, sino que financiara actividades sociales y económicas respetuosas con el medio ambiente. En segundo lugar, permitiría que los bancos centrales utilizaran, finalmente, los diversos mecanismos de los que disponen para ayudar a reorientar los flujos financieros privados hacia actividades sostenibles. Finance Watch y Positive Money Europe abogan por un Banco Central Europeo transparente, responsable y democrático que conecte mejor las políticas (de gasto) monetarias y fiscales.

Capítulo 11

9 – Fomentar la presión popular para obligar a los bancos centrales a que adquieran las grandes empresas privadas de energía con el fin de mantener bajo tierra los combustibles fósiles.

Estas adquisiciones deberían ir de la mano de un mandato vinculante para que se desmantelen los combustibles fósiles y se incremente la inversión en energías renovables, sin dejar atrás a ningún trabajador o trabajadora ni comunidad. La propuesta de adquisición pública podría y debería formar parte del impulso para un Nuevo Pacto Verde en los Estados Unidos, que es un conjunto de medidas  que persigue abordar la crisis climática, la injusticia racial y la desigualdad económica.

Capítulo 12

10 – Crear un Fondo de Riqueza Ciudadana mediante la imposición de mayores niveles tributarios sobre la riqueza pública y privada, incluidos unos impuestos fuertes sobre sucesiones.  

Este fondo generaría un interés directo de todos y todas en la economía, impulsaría el apoyo público, fomentaría el traspaso de la riqueza a manos de toda la ciudadanía y reduciría la desigualdad económica. Con el tiempo, con este fondo se podrían pagar nuevos servicios públicos, infraestructuras adaptadas a la crisis climática y un dividendo periódico para la ciudadanía.

Capítulo 2

11 - Diluir la propiedad corporativa obligando a las empresas a transferir un porcentaje creciente de acciones; por ejemplo, un o,s % anual al Fondo de Riqueza Ciudadana.

De este modo, se socializaría gradualmente una parte de la riqueza privada, que pasaría a ser propiedad, en igualdad de condiciones, de toda la ciudadanía. En la década de 1980, Suecia aplicó una variante de este modelo con el establecimiento  de unos 'fondos de asalariados', comúnmente conocido como 'Plan Meidner'.

Capítulo 2

12  - Hacer efectiva la justicia fiscal poniendo fin a la evasión de impuestos e impulsando un sistema tributario progresivo, por el que se obligue a las grandes corporaciones y los particulares ricos a pagar los impuestos más altos, independientemente de donde vivan y desarrollen sus actividades. También se debería desplegar un proceso responsable y participativo para decidir democráticamente la forma en que estos ingresos pueden maximizar el bienestar de las personas a largo plazo.

Para propuestas más integrales y concretas en materia de justicia fiscal, véase el sitio web de la Red por la Justicia Fiscal: www.taxjustice.net Apoyo sistémico a la economía social y solidaria

13  - Crear redes financieras regionales para financiar cooperativas de producción y servicios con el objetivo de mejorar la resiliencia socioeconómica de la región.

Las instituciones financieras cooperativas podrían conceder subvenciones y préstamos a bajo interés a empresas democráticas que cultiven la tierra o presten servicios esenciales, como la vivienda. Por ejemplo, la Red de Vivienda MOBA, que opera en Europa Central y Sudorienta!, permite que las poblaciones de bajos ingresos accedan de manera colectiva a fondos para sufragar soluciones de vivienda cooperativa que sean asequibles, más estables y de propiedad social.

Al conectar las cooperativas agrícolas rurales con las cooperativas urbanas y minoristas, se puede lograr un desarrollo regional más equitativo. La cooperativa Malabar Meat de Kerala, en el sur de la India, pone de manifiesto que las alianzas sociales entre campesinado y otros trabajadores y trabajadoras pueden impulsar una próspera red de cooperativas que interconectan las zonas rurales y urbanas. Los más de 1100 Fondos Populares de Crédito de Vietnam son instituciones de crédito rural de base comunitaria creadas por el banco central del país que han ayudado a las fincas familiares a crear sus propias cooperativas agrícolas, lo cual les permite mejorar la producción.

Capítulos 3, 4Y 7

14- Impedir que las empresas y las sociedades financieras cooperativas públicas puedan ser objeto de adquisiciones corporativas.

Para ello, se podría incorporar en la ley que un referendo popular siempre debe preceder a cualquier tipo de toma de control de una institución pública o cooperativa. Por ejemplo, las conocidas cooperativas de crédito italianas no pueden ser objeto de apropiación legal por parte de los socios que buscan un beneficio privado, por lo que, en caso de liquidación, los activos restantes se transfieren a un fondo de apoyo cooperativo. Esta medida actúa como salvaguardia frente a la especulación y la corporatización.

Capítulo 3

15 – Promover que las instituciones públicas ‘de referencia’, como los hospitales y las universidades, efectúen sus compras en establecimientos democráticos e inviertan en ellos, como las cooperativas de trabajo asociado, las empresas que son propiedad del personal y las empresas sociales de base comunitaria.

Las compras públicas, en concreto, pueden animar a quienes operan sobre la base de un empleo bien remunerado y seguro. Los subsidios, las inversiones y los servicios de apoyo de las administraciones locales también pueden ayudar a las empresas democráticas a convertirse en empresas más resilientes. Si esta estrategia se combina con políticas de contratación inclusivas e iniciativas de formación de la fuerza  laboral, puede generar posibilidades profesionales para las poblaciones de bajos ingresos, pertenecientes a minorías y subempleadas.

En la ciudad estadounidense de Cleveland, en el estado de Ohio, la organización sin ánimo de lucro The Democracy Collaborative  colaboró con varias instituciones de referencia y entidades locales para crear la red Evergreen Cooperatives, que está integrada por tres cooperativas laborales ecológicamente sostenibles, como una gran empresa de lavandería verde, una cooperativa que instala paneles solares y desarrolla medidas de acondicionamiento, y un gran invernadero urbano.

Desde 2015 (y en algunos casos hasta 2019, cuando se produjo un cambio en el gobierno municipal), las ciudades de Zaragoza, Barcelona, Madrid y A Coruña han apoyado activamente la economía social y solidaria proporcionando a las cooperativas y otras empresas democráticas terrenos, edificios, préstamos a bajo interés, formación y asesoramiento técnico. Con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto MARES impulsó la creación de un ecosistema local de iniciativas, empresas y organizaciones sociales.

Capítulos 5 y 6

 

“Una recopilación de ensayos increíblemente valiosa y oportuna, que ofrece un diagnóstico detallado de los problemas que afligen a las economías financierizadas modernas y una visión de futuro que va más allá del neoliberalismo. Una lectura imprescindible para todas aquellas personas implicadas en el proyecto de construcción de una nueva economía.” - Grace Blakeley, investigador del Instituto de Investigación de Políticas Públicas (IPPR) y comentarista especializada en economía en la revista  The New Statesman

“Esta serie de ensayos que invita a la reflexión nos recuerda una verdad que suele negarse: el dinero  necesario para transformar la economía y que esta abandone su adicción a los combustibles fósiles no escasea. En sus páginas se abordan las cuestiones siguientes: quién controla el sistema monetario y cómo puede el público más amplio recuperar el control sobre a) sus propios ahorros  y b) un gran bien público:  el sistema monetario.” - Ann Pettifor, economista especializada en finanzas y deuda soberana, directora del programa de investigación Policy Research in Macroeconomics (PRIME) y autora  de La producción del dinero

“El relato que se impone hoy día es que el capital  financiero y privado conducirá  —en  algún  momento aún lejano— al bien general. Incluso la infraestructura pública se está transfiriendo cada vez más al gran capital. Necesitamos con urgencia un movimiento mundial para poner freno a las finanzas globales y salvaguardar nuestro futuro. Este importante libro nos proporciona pruebas contundentes de que todo esto no solo es necesario, sino también posible.” - Prabir Purkayastha, fundador y redactor jefe de www.newsclick.in

“He aquí otra  importante aportación del TNI a nuestra interpretación del complejo mundo de las finanzas de alto nivel. El TNI ha logrado un gran renombre internacional por su extraordinario trabajo a la hora de ayudarnos a entender las maquinaciones reales del mundo de las inversiones de alto nivel.” - Saskia Sassen, Universidad de Columbia y autora de Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía  global

“La cruda realidad es que el mundo está al borde de otro derrumbe debido al fracaso de la reforma de un sistema financiero mundial dominado por gigantescos bancos privados. La respuesta se encuentra en unas finanzas públicas que rindan cuentas a la ciudadanía y a la comunidad, y en ningún otro lugar se presenta esta verdad de manera  más convincente que en este volumen. Esta es la reinvención de las finanzas que el mundo necesita con urgencia.” - Walden Bello, Universidad Estatal de Nueva York y autor  de Paper Dragons: China and the Next Crash

“La forma de nuestra economía y la textura de nuestras vidas dentro de ella se ven profundamente afectadas por los flujos financieros. Las finanzas son una fuerza creativa, pero el conjunto de instituciones financieras con el que contamos actualmente se presenta  como una vieja guardia tóxica que pinta un futuro sombrío y desigual. Este libro presenta un abanico de alternativas públicas inspiradoras, impulsadas desde abajo y radicalmente emancipadoras, que podemos utilizar para acabar con las opacas y destructivas fuerzas del orden establecido.” - Brett  Scott, periodista y autor de The Heretic’s Guide to Global Finance: Hacking the Future of Money.

 

 

El Transnational Institute (TNI) es un instituto internacional de investigación y promoción de políticas  que trabaja por un mundo más justo,  democrático y sostenible. Durante  más de 40 años, el TNI ha actuado  como un punto de enlace entre  movimientos sociales, académicos y académicas comprometidos, y responsables  de políticas.

Persona de contacto: Lavinia Steinfort (l.steinfort@tni.org; +31640363123)

www.TNI.org/publicfinance

 

Puedes descargar el texto completo del resumen en formato pdf: Finanzas públicas para el futuro que deseamos

 


Selección de Lecturas

 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, desde el Centro de Documentación de FUHEM Ecosocial hemos elaborado una recopilación y selección de libros de la sección de GÉNERO de nuestra Biblioteca:

 

 

 

 

ATENCIO, Graciela

Feminicidio: de la categoría político-jurídica a la justicia universal

Madrid: La Catarata, 2014, 256 págs.

 

 

 

BLAS, Alicia de

71 propuestas para educar con perspectivas de género

Madrid: FUHEM, 2018, 62 págs.

 

 

BUTLER, Judith

El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad

Barcelona: Paidós, 2011, 316 págs.

 

 

 

COBO, Rosa (ed.) 

La imaginación feminista: debate y transformaciones disciplinares. 

Madrid: Catarata, 2019, 285 págs.

 

 

 

FEDERICI, Silvia

Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas

Madrid: Traficantes de Sueños, 2018, 390 págs.

 

 

 

HERRERO, Yayo; PASCUAL, Marta; GONZÁLEZ REYES, María; GASCÓ, Emma (il.)

La vida en el centro: voces y relatos ecofeministas

Madrid: Libros en Acción, 2018, 236 págs.

 

 

LUCÍA, Lourdes   

El Atlas de las mujeres en el mundo: las luchas históricas y los desafíos actuales del feminismo. 

Madrid: Clave Intelectual, 2018, 125 págs.

 

 

MAGALLÓN, Carmen

Mujeres en pie de paz

Madrid: Siglo XXI, 2006, 297 págs.

 

 

MARAÑÓN, Iria

Educar en el feminismo

Barcelona: Plataforma Editorial, 2017, 267 págs.

 

 

MARRERO ROCHA, Inmaculada (dir.)  

Conflictos armados, género y comunicación. 

Madrid: Tecnos, Fundación Euroárabe, 2015, 286 págs.

 

 

 

MIES, María

Patriarcado y acumulación a escala mundial

Madrid: Traficantes de Sueños, 2019, 434 págs.

 

 

MIES, María; SHIVA, Vandana

Ecofeminismo

Barcelona: Icaria, 2015, 501 págs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

MIGUEL JUAN, Carmen

Refugiadas: una mirada feminista al Derecho Internacional

Madrid: Catarata, 2016, 269 págs.

 

 

NOVO, María (coord.)

Mujer y medio ambiente: los caminos de la visibilidad

Madrid: Catarata, 2007, 245 págs.

 

 

PARKIN, Sara

Vida y muerte de Petra Kelly

Madrid: Clave Intelectual, 2016, 414 págs.

 

 

PATEMAN, Carole  

El contrato sexual.  

Madrid: Trincheras, 2019, 420 págs.

 

PAZOS MORÁN, María

Desiguales por Ley: las políticas públicas contra la igualdad de género

Madrid: Catarata, 2013, 289 págs.

 

 

PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio

Historia del feminismo

Madrid: Catarata, 2018, 302 págs.

 

 

 

PULEO, Alicia 

Claves ecofeministas: para rebeldes que aman a la tierra y a los animales.  

Madrid. Plaza y Valdés, 2019, 163 págs.

 

 

 

RANEA TRIVIÑO, Beatriz 

Feminismos: antología de textos feministas para uso de las nuevas generaciones y de las que no lo son tanto.  

Madrid: Catarata, 2019, 221 págs.

 

 

 

RODRIGUEZ PALOP, María Eugenia

Revolución feminista y políticas de lo común frente a la extrema derecha. 

Barcelona: Icaria, CLACSO, 2019, 151 págs.

 

 

 

SÁNCHEZ, María 

Tierra de mujeres; una mirada íntima y familiar al mundo rural. 

Barcelona: Seix Barral, 2019, 185 págs.

 

 

 

SEAGER, Joni  

La mujer en el mundo: Atlas de la geografía feminista.  

Barcelona: Grijalbo, 2019, 208 págs.

 

 

SERRA, Clara

Leonas y zorras: estrategias políticas feministas

Madrid: Catarata, 2018, 157 págs.

 

 

SEVILLA PAVÓN, Ana, HABA OSCA, Julia (eds.)

Educación multidisciplinar para la igualdad de género: perspectivas sociales, filológicas, artísticas y ambientales

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2017, 195 págs.

 

 

SHIVA, Vandana, MIES, María; HERRERO, Yayo, et al.   

Por qué las mujeres salvarán el planeta.  

Barcelona: Rayo Verde, 2019, 283 págs.

 

 

SILIPRANDI, Emma; ZULOAGA, Gloria Patricia (coords.)

Género, agroecología y soberanía alimentaria: propuestas ecofeministas

Madrid: Queimada, 2016, 172 págs.

 

VALERA, Nuria

Cansadas: una reacción feminista frente a la nueva misoginia

Madrid: Ediciones B,, 2017, 215 págs.

 

 

VARELA, Nuria

Feminismo para principiantes

Barcelona: B, 2016, 410 págs.

 

 

 

VVAA

¿Cómo puede cambiar el mundo el feminismo?

Madrid: Lengua de Trapo, 2019, 290 págs.

 

 

 


España rural, vaciada y degradada

Análisis y claves para la transición

Con motivo de la presentación del número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que indaga sobre los desequilibrios que afectan de distintas maneras a nuestros territorios, FUHEM Ecosocial organiza una charla coloquio el próximo viernes 13 de marzo en la ciudad de Teruel, en colaboración con el Centro Social "A Ixena”. Hablaremos de la España Vaciada justo allí donde late el problema y donde están las personas que más tienen que decir y aportar.

Sin duda, el medio rural plantea un reto político, social y económico en nuestro tiempo, y pensamos que existen alternativas y claves para repensar y contar su futuro.

El acto tiene como objetivo presentar los contenidos del número de la revista que indaga sobre este fenómeno, en dialogo con tres voces del territorio que pueden aportar mucho a clarificar el diagnóstico y las claves necesarias para repensar y actuar para y con estos territorios.

En ese sentido, invitamos a todas las personas que puedan asistir a acompañarnos para debatir con:

Monica Di Donato, Investigadora de FUHEM Ecosocial y representante de la Revista PAPELES, que presentará la revista y los contenidos del número dedicados a las periferias del malestar.

Luis del Romero Renau: Profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y miembro de la Asociación Recartografías. Autor del artículo: El arte de vivir sin gobierno. conflicto, negocio y despoblación del medio rural, incluido en el ESPECIAL de PAPELES.

Nacho Castillón Alfaye, Medico en el medio rural turolense y representante de CNT Teruel

Nos acompañará también un representante del Movimiento Ciudadano Teruel Existe.

RECUERDA:

FECHA: Viernes 13 de marzo 2020

HORA: 19.30 h.

LUGAR: Centro social “A Ixena”

C/ Carrel, 35

Teruel

A continuación, para ir alimentando el debate, ofrecemos algunos artículos de la revista Periferias: nuevas geografías del malestar:

Nuevas periferias: geografías del malestar, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

Sobre periferias en expansion, Manuel Delgado y Carolina Márquez.

El arte de vivir sin gobierno. conflicto, negocio y despoblación del medio rural, Luis del Romero Renau

DIÁLOGO: Un panel de seis expertas y expertos reflexiona sobre la España rural vaciada y degradada Diálogo entre Elisa Oteros-Rozas, Luis Camarero, Virginia Hernández, Sergio del Molino, Lucía López Marco y Valentín Cabero, Monica Di Donato.


¿Somos demasiados?

El artículo ¿Somos demasiados? Reflexiones sobre la cuestión demográfica de Jorge Riechmann pertenece a la sección de ENSAYO del núm. 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, correspondiente a invierno 2019-2020.

Una reflexión minuciosa en torno a la espinosa cuestión de la población, ignorada por la izquierda o elemento de división, aunque, como recuerda el autor, también ha existido un maltusianismo progresista, un feminismo obrero y maltusiano y un anarquismo naturista. El tema cobra ahora nueva relevancia en el contexto de la crisis socioecológica  en marcha. El debate no puede pos- ponerse por más tiempo.

Si constatamos que la huella ecológica conjunta de la humanidad excede la biocapacidad del planeta (en un factor ya superior a 1.7, según los informes Living Planet que se publican cada dos años), y que si todos quisiéramos vivir como estadounidenses o australianos necesitaríamos cinco planetas Tierra a nuestra disposición, es evidente que en algún sentido somos demasiados, o quizá que la actividad humana resulta excesiva… Aquí la noción de extralimitación ecológica (overshoot) resulta esencial.

Hay demasiada gente en el mundo, por desgracia; y no hay racionalización que pueda destruir esa evidencia, nos sugieren Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro.1   Y “¡hagan parientes y no bebés!” es la consigna que propone Donna Haraway. 2

Solo durante el siglo XX la humanidad se cuadruplicó (de 1.500 a 6.000 millones de personas) y luego ha seguido creciendo. Pero abordar la cuestión demográfica en términos de sobrepoblación humana nos resulta extraordinariamente difícil. De hecho, es fácil constatar que en un país como el nuestro si se aborda la cuestión demográfica como problema casi todo el mundo convendrá en que falta gente, no sobra. Y en muchos otros países sucede lo mismo. Por ejemplo, El País editorializa sobre “Natalidad bajo mínimos” en los siguientes términos:

Tener una de las mayores esperanzas de vida al mismo tiempo que una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo es la combinación perfecta para desencadenar una crisis demográfica. De mantenerse la tendencia actual, en 2050 habrá en España  seis jubilados por cada diez trabajadores activos, en lugar de los tres que hay ahora. Eso significa que, de no mediar la entrada de contingentes importantes de inmigrantes, será muy difícil obtener los ingresos públicos necesarios para sostener las pensiones.3

Un consenso banal en nuestro país (y no sólo en él) sostiene que “el problema demográfico de España es el envejecimiento” –pero en realidad sólo se puede afirmar tal cosa si nuestra perspectiva es extremadamente cortoplacista y seguimos ignorando, en el fondo, los problemas de límites planetarios. Si la huella ecológica de España es 2,6 veces superior a su biocapacidad, es decir, si harían falta casi tres Españas para mantener los actuales estilos de vida (y por tanto sólo se pueden mantener con cargo a otros territorios, apropiándonos de los recursos de otros países con esquemas neocoloniales), ¿cómo contentarse con que “el problema demográfico de España es el envejecimiento”?4

Después de intensos debates en los años sesenta y setenta, tanto en Europa como en EEUU, acerca de la sobrepoblación humana, el concepto fue demonizado y desapareció del horizonte político (en paralelo a la demonización que sufrió el importante estudio The Limits to Growth de 1972, como ha estudiado con cierto detalle Ugo Bardi).5 Algunos autores han sugerido que se impuso un tabú hardiniano que descalificó de antemano a quien intentase argumentar que existía, de hecho, sobrepoblación.6 Si Leo Strauss acuñó la expresión reductio ad Hitlerum para denunciar que se recurre demasiadas veces a acusar de fascismo hitleriano al contrincante cuando una discusión se alarga demasiado, podría hablarse quizá, en lo que al debate demográfico se refiere, de una reductio ad Hardinum. La idea de una “ética del bote salvavidas”,  como se sabe, remite a Garrett Hardin.7

Las cifras de la demografía humana son conocidas

Como cazadores-recolectores  (o mejor: forrajeadores) éramos probablemente menos de un millón de Homo sapiens en el Paleolítico; y éramos apenas 14 millones cuando, hace unos 5.000 años, transitamos desde las aldeas neolíticas básicamente igualitarias hacia sociedades con Estado, ejércitos y patriarcado. Como agricultores preindustriales –y nada sustentables– éramos 1.000 millones hacia 1800; pero hoy somos ya más de 7.700 millones.

Éramos 1.000 millones de personas en 1800, 2.000 millones en 1925, 4.000 millones en 1974, 6.000 millones en 1999, 7.000 millones en 2011; previsiblemente seremos 8.000 millones ya en 2023.8

No somos conscientes de hasta qué punto la enorme población humana actual ha sido posibilitada por el uso masivo de hidrocarburos fósiles. Pero hoy el pico del petróleo hace inviable, a medio plazo, esa enorme población

Si pienso en mi propia vida: hacia 1930, 2.000 millones de seres humanos (mis abuelos eran jóvenes); hacia 1960, 3.000 millones. Yo nací en 1962. En 2000, 6.000 millones. ¡La población humana se había duplicado entre mi nacimiento y mis cuarenta años! Cuando muera, la población humana puede haberse triplicado en el curso de mi vida (¿9.000  millones hacia 2050?). Si no llamamos a esto “explosión demográfica” (en la era de la Gran Aceleración), ¿a qué se lo llamaríamos?

¿El comienzo de la catástrofe queda detrás de nosotros?

No somos conscientes de hasta qué punto la enorme población humana actual ha sido posibilitada por el uso masivo de hidrocarburos fósiles. Pero hoy el peak oil (en el contexto más general de la extralimitación ecológica, el overshoot) hace inviable, a medio plazo, esa enorme población.

Bruno Latour nos dice que la catástrofe queda detrás de nosotros, pues en 1947 la población mundial superó el límite que garantizaba el acceso suficiente a los recursos de la Tierra: estaríamos hablando, pues, de unos 2.500 millones de personas.9 Escribía Bruce Hoeneisen Frost en 1999: «El límite natural de la capacidad de sustentación de la Tierra, una vez que se agoten el petróleo, el gas natural y el carbón (y suponiendo que la humanidad tenga la sabiduría de no usar reactores nucleares), será de aproximadamente 3.000 millones de personas. Ésta es la población que pueden sostener las fuentes renovables de energía. (...) El siglo XXI es el período de transición que divide en dos la historia de la humanidad. Por un lado, la era del crecimiento ilimitado [basado en los combustibles fósiles]; por otro, la era de la limitación material». Según una estimación, si hoy no contásemos con el petróleo, el carbón y el gas natural, un 67% de la población humana perecería.10

Unos 2.500 o 3.000 millones, para una sociedad industrial con fuentes renovables de energía...  Quizá no sea una mala estimación.11  Así, vemos que la libertad reproductiva (y la responsabilidad a la hora de procrear) no tiene el mismo significado en un “mundo vacío” que en un “mundo lleno” (ecológicamente saturado).

Y para terminar de situar en sus justos términos el debate sobre demografía humana hoy, casi empezando el tercer decenio del segundo milenio: por desgracia hay que constatar que el BAU (Business As Usual) nos lleva al exterminio de la gran mayoría de la humanidad, si no a su extinción total –y no a largo plazo. Basta con asumir de verdad la situación en lo que respecta a la crisis climática para darse cuenta de esto.

En efecto, hoy el BAU (usemos este acrónimo por no decir: el tanatocapitalismo que nos gobierna) dirige al planeta Tierra hacia 4°C de calentamiento, si nos basamos en los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) contraídos hasta ahora. Los compromisos de París suponen una senda de calentamiento de alrededor de 3,3°C, según los expertos; pero eso no incluye algunas retroalimentaciones del ciclo del carbono que ya se están activando (por ejemplo, deshielo del permafrost ártico, desforestación del Amazonas, otras mermas en la capacidad natural biosférica de almacenar carbono) que empujarían ese calentamiento hacia los 5°C. «Entonces, decir que estamos actualmente en un camino de 4°C es correcto».12 Se podrían superar los 4-5ºC incluso en fechas tan tempranas como 2050, si las cosas van realmente mal.13 Ahora bien, destacados climatólogos han conjeturado que eso puede suponer el exterminio del 95% de la humanidad.14

Capacidad de carga… sociocultural

Por supuesto, la Tierra no tiene una capacidad de sustentación fija (carrying capacity) para la especie humana: la viabilidad de una determinada población humana depende de sus relaciones sociales, su cultura, su tecnología y su forma de usar los recursos naturales. «La capacidad de carga para seres humanos debería llamarse capacidad cultural de carga porque ha de incluir un parámetro que defina el nivel de consumo necesario para una “vida buena”».15  La pregunta tiene que ser algo así: ¿qué clase de prosperidad es posible, para la enorme población humana que somos, teniendo en cuenta las variables socioculturales y tecnológicas, dentro de los límites del planeta Tierra?

La viabilidad de una determinada población humana depende de sus relaciones sociales, su cultura, su tecnología y su forma de usar los recursos naturales

Si hablamos de “crisis maltusianas”, entonces, desde luego no cabe hacerlo en el sentido ingenuo del mismo Thomas R. Malthus, como una simple relación entre población y alimentos. Por indicar una dimensión sencilla, donde come solamente una persona con dieta altamente carnívora, comen cinco personas o más con dieta básicamente vegetariana. Una dieta vegetariana liberaría más de las tres cuartas partes de la tierra hoy dedicada a la agricultura y la ganadería (y esa tierra podría renaturalizarse, con beneficios evidentes para la biodiversidad y el cambio climático).16

Pero atención: sucede que entre los criterios oficiales de pobreza en nuestro país se encuentra el no comer carne o pescado todos los días.17 Mientras que, por otra parte, los insostenibles consumos de carne (y pescado) propios de las dietas occidentales tendrían que reducirse en un 90%, para permanecer dentro de los límites ecológicos…18 Parece que la capacidad de carga sociocultural nos está jugando una mala pasada, y que aspirar a “modos de vida imperiales” (Alberto Acosta y Ulrich Brand) no parece compatible con poblaciones humanas muy elevadas. Como suele decir Terry Eagleton, modificar la cultura puede resultar más difícil que hacer volar montañas por los aires o trasladar mares de sitio.

Hay que pensar, entonces, en términos de metabolismos sociales (o socioecológicos si se prefiere) y modos de producción.19 Mas precisamente ésa es hoy la cuestión: el metabolismo industrial que se ha desarrollado en los últimos dos siglos es radicalmente insostenible, y la transición hacia una sociedad industrial sustentable resulta –hoy por hoy– altamente improbable. Pero por esa improbabilidad, precisamente, hemos de apostar en nuestra tremenda coyuntura histórica –lo que en otro lugar he llamado el Siglo de la Gran Prueba.20

Dos grandes escollos

Aparecen dos tremendos escollos en este difícil debate sobre demografía. En primer lugar, las experiencias pasadas  de intervencionismo  patriarcal: el control demográfico como control sobre las mujeres. En segundo lugar, el maltusianismo como legitimación de las enormes desigualdades existentes en el mundo e incluso como antesala de políticas racistas y genocidas. No son para nada, como se ve, cuestiones menores…

Sugerir que necesitamos una reducción de la población humana suscita de inmediato reacciones como por ejemplo ésta, de una mujer africana: «¿ya están ustedes, los varones blancos del Norte, echando la culpa a las mujeres en el Sur global? La eliminación de toda la población de África apenas serviría de nada para reducir el CO2 equivalente, porque apenas lo generamos.  Las emisiones  de China están vinculadas  a la fabricación de bienes para alimentar los mercados de los países occidentales. Así que ¿no habría que empezar en casa?».21 Y ella aporta la siguiente figura:

 

Continúa esta mujer africana: «Entonces,  ¿qué población debería ser estabilizada? Los países emisores más grandes ya están experimentando poblaciones estables o en declive. La interpretación más caritativa sería que necesitamos reducir la huella de CO2 de los grandes consumidores. (…) La cuestión es que hablar sobre la estabilización de la población parece razonable si no vamos a las implicaciones reales. Aquí hay un excelente informe de Oxfam sobre quién está emitiendo CO2, y adivine usted, pues no es el Sur a pesar de la cuantía de su población».22

¿Qué clase de prosperidad  es posible, para la enorme población humana que somos, teniendo en cuenta las variables socioculturales y tecnológicas, dentro de los límites del planeta Tierra?

Claude Lefort escribió Un homme en trop (una reflexión publicada en 1976 sobre El archipiélago Gulag de Solyenitsin),  un hombre que sobra. En nuestra historia reciente, la expresión “gente que sobra” ha sido propia de dictaduras y regímenes autoritarios, de manera que no sorprende que nos cause un escalofrío. El asesino racista del Walmart de El Paso (Texas), el 4 de agosto de 2019, antes de la matanza colgó en internet un texto donde explicaba: «Si podemos deshacernos de suficientes personas [hispanas], nuestra forma de vida [la de los estadounidenses anglosajones] puede ser más sostenible».23

Por otra parte, para los think tanks de la derecha como el Cato Institute todo lo que tenga que ver con un posible autocontrol de la población humana es pura y simplemente “antihumanismo”. En este juego discursivo, el “humanismo” queda del lado de la tecnolatría sin límites que se gastan Julian Simon, Steven Pinker, Michael Shellenberger y los “ecomodernistas”.24

Pero también para la izquierda este es un debate intratable

En general la izquierda política ha abogado por el crecimiento demográfico: más brazos y más cabezas para hacer la revolución y construir la sociedad mejor. «El crecimiento pobla cional nuestro es vertiginoso, y es bueno que sea así porque Venezuela, algún día, debe tener cincuenta millones de habitantes, ochenta millones de habitantes», declaraba por ejemplo el comandante Hugo Chávez hace pocos años.25

La cuestión demográfica, en términos de sobrepoblación, es un asunto casi intratable para la izquierda en general y para el ecosocialismo en particular. Un investigador ecosocialista como Saral Sarkar sostiene que los siete elementos básicos del ecosocialismo son los siguientes:

(1) hay límites para el crecimiento, no sólo para el crecimiento económico sino también para el crecimiento demográfico;

(2) ya hemos superado estos límites y por cierto que en un nivel peligroso (es decir, nos hallamos en overshoot);

3) no existen soluciones tecnológicas para los problemas mundiales de recursos y contaminación;

4) por lo tanto, la economía mundial debe ahora someterse a un proceso de contracción deliberado y dirigirse gradualmente a un estado homeostático sostenible (sustainable steady-state);

(5) esta contracción debe llevarse a cabo de una manera planificada, de lo contrario las sociedades humanas colapsarían una tras otra;

(6) tanto las cargas como los beneficios de la contracción económica deben distribuirse equitativamente; de otra manera los ciudadanos y ciudadanas no aceptarían nunca la contracción planeada; (7) el objetivo debe ser alcanzar una economía y una sociedad homeostáticas (steady-state), sostenibles e igualitarias a un nivel mucho más bajo que el actual.26

Así, Sarkar sostiene que hay límites para el crecimiento, no sólo para el crecimiento económico sino también para el crecimiento demográfico; mas entonces es rechazado como ecosocialista por otros ecosocialistas como Ian Angus (y clasificado como un “ecologista profundo” que sufre una completa “bancarrota moral” y no puede ser admitido en las filas de la izquierda).27 Más abajo volveré sobre este debate.

Aparecen dos escollos en este debate. Primero, las experiencias pasadas de intervencionismo patriarcal: el control  demográfico  como control  sobre las mujeres. Segundo, el maltusianismo como legitimación de las enormes desigualdades existentes, e incluso como antesala de políticas racistas

En mi opinión, la divisoria entre derecha e izquierda no pasa por ahí: el descenso energético y la degradación de la biosfera implica descenso demográfico de Homo sapiens al menos a medio y largo plazo, por las buenas o por las malas. Todo el esfuerzo de la izquierda debería dirigirse a encauzar ese necesario y deseable descenso demográfico por las buenas. Y la divisoria verdadera se halla más bien en la cuestión de la inmigración y las fronteras (que la derecha, inhumanamente, tiende a defender se clausuren).28  Es el cierre de fronteras lo que debería separar a izquierda y derecha, no el “maltusianismo” (en el sentido de: necesidad de un autocontrol consciente de la población humana)

“Las políticas de población llevan a la barbarización  social”, sería por tanto la objeción que surge de forma comprensible en amplios sectores izquierdistas y feministas. «El peligro es que las teorías en torno a la sobrepoblación puedan convertirse en una excusa para el racismo y en argumentos contra la clase trabajadora y que en manos de la derecha puedan venir a justificar políticas reaccionarias».29  La respuesta diría: no necesariamente. Hubo (en la Europa de los primeros decenios del siglo XX) un feminismo obrero y maltusiano y un anarquismo naturista, un maltusianismo de izquierdas: también regresaremos después a esta cuestión.

Retrocedamos unos pasos para intentar  ganar claridad: la explosión demográfica según los Ehrlich

Creo que, para ganar claridad sobre esta cuestión, conviene volver a examinar el debate clásico que generó la publicación –en 1968– del libro de Paul R. Ehrlich y Anne H. Ehrlich sobre La bomba poblacional. En 1991 los esposos Ehrlich actualizaron su argumentación publicando La explosión demográfica.30 Es un libro importante: los autores están bien informados, construyen su obra sobre una base documental selecta y copiosa, y tienen la ambición de ofrecer una interpretación de la crisis ecológica global que dé cuenta de sus verdaderas causas. O más bien de su verdadera y principal causa, en singular: la tesis central de los Ehrlich es que –tal y como reza el subtítulo del libro– la explosión demográfica es la causa fundamental de la crisis ecológica.

Pues bien: los Ehrlich fracasan de forma llamativa en su tarea de fundamentar sólidamente su tesis sobre la explosión demográfica. El libro es curiosamente inconsistente: la tesis central se afirma ya en el prólogo («la causa principal de los problemas que afligen a nuestro planeta no es otra que la superpoblación y sus impactos en los ecosistemas y en las comunidades humanas», p. XI), los capítulos que siguen van desgranando datos y análisis –la mayoría de las veces de buena calidad– sobre recursos alimentarios, ecología de la agricultura, demografía y salud pública, etc, y uno espera y espera los argumentos que apuntalen convincentemente la tesis central de los autores: en vano. La tesis central se enuncia varias veces pero no se prueba nunca, y las argumentaciones que supuestamente la probarían en realidad prueban otra cosa. En este sentido el libro, además de esa llamativa incoherencia, hace gala de una honradez que desarma al crítico malintencionado: pues exhibe sus fallos con tal rotundidad, y proporciona tan paladinamente él mismo los materia- les para una argumentación alternativa, que realmente puede aprenderse mucho leyéndolo. Se refuta a sí mismo de forma constructiva. Al final, el lector o la lectora tendrá ideas bastante claras y acertadas sobre el papel que la explosión demográfica desempeña en la crisis ecológica, aunque esté lejos de compartir la tesis central de los autores.

En efecto, ellos mismos se encargan de señalar que la cuestión esencial no es el número de personas que habitan en un momento dado el planeta o alguna de sus regiones, sino el impacto ambiental que éstas causan. Y pequeños números de personas (por ejemplo, en el Norte) pueden causar una gran destrucción, mientras que números mucho mayores (por ejemplo, en el Sur) pueden destruir menos. Así, pongamos por caso, «la producción actual de cereales, que proporcionan la mayor parte de las calorías de la humanidad, es de unos 2.000 millones de toneladas anuales. Esto es suficiente, en teoría, para alimentar a diez mil millones de hindúes, que comen básicamente cereales y muy poca carne según los patrones occidentales. Pero la misma cantidad sólo puede alimentar a dos mil quinientos millones de norteamericanos, que convierten una gran parte de sus cereales en ganado y aves de corral».31

La ecuación IPAT

Una sencilla ecuación arroja mucha luz sobre esta cuestión: IPAT (por sus siglas en inglés).

El impacto causado por un grupo humano en el medio ambiente constituye el resultado de tres fac- tores. El primero es el número de personas. El segundo es la medida de los recursos que consume el individuo medio (...). Por último, el producto de esos dos factores –la población y su consumo per cápita– se multiplica por el índice de destrucción medioambiental causado por las tecnologías que nos suministran los productos de consumo. El último factor es el impacto medioambiental por cantidad de consumo. En resumen:  Impacto= Población por Riqueza  por Tecnología,  o I= PRT.32

Resulta entonces obvio, tanto para para los autores como para el lector, que el impacto ambiental de una población puede limitarse sustituyendo las tecnologías destructivas por tecnologías ambientalmente benignas (en una “revolución de la eficiencia”), o si se quiere decir de otro modo: ecologizando la base productiva de esa población. Y se puede limitar también disminuyendo el consumo de recursos por cabeza, vale decir: generalizando comportamientos más austeros (entre las poblaciones que habitan nuestro Norte sobredesarrollado). Y, en tercer lugar, claro, también puede limitarse ese impacto ambiental reduciendo la población.

La divisoria verdadera se halla más bien en la cuestión de la inmigración y las fronteras. Es el cierre de fronteras lo que debería separar a izquierda y derecha, no el “maltusianismo”

Pero no se argumenta bien, ni se entiende, por qué los Ehrlich privilegian de tal modo el tercer factor respecto a los dos primeros. De hecho, el conocido fenómeno de la “inercia demográfica” o impulso poblacional (la tendencia de una población a seguir creciendo muchos decenios después de haberse reducido las tasas de natalidad), que los autores explican en la página 53 y siguientes, garantiza que los efectos ambientales de un control consciente de la demografía humana no se harán sentir hasta mucho tiempo después de que comience ese control: o sea, demasiado tarde (dada la gravedad de la crisis socioecológica actual). Esta es una buena razón para no postergar los esfuerzos en ese campo (resulta imposible pensar una sociedad ecológicamente sustentable en el largo plazo sin control demográfico), pero desde luego no se ve por qué «la principal prioridad ha de ser conseguir el control demográfico» (p. 204 de La explosión demográfica), teniendo en cuenta que «el control demográfico no representa una solución a corto plazo» (p. 111).

Modificar nuestra forma de producir y consumir (sobre todo en el Norte del planeta), y difundir comportamientos más austeros (repítase la misma apostilla), parecen prioridades aún más urgentes. De hecho, en la p. 194 se aboga por «reducir simultáneamente los tres factores multiplicadores de la ecuación I= PRT».  Y antes se ha reconocido (p. 167) que «detener el crecimiento demográfico e iniciar su progresivo descenso no representa una panacea; principalmente, ofrecería a la humanidad una oportunidad para resolver sus demás problemas» (p. 167), luego la explosión demográfica no es la causa principal de la crisis ecológica. ¡Santa inconsistencia!

Conservadurismo de fondo

A mi juicio, la incoherencia del planteamiento de los Ehrlich obedece a su conservadurismo de fondo: conservadurismo que, pese a las denuncias de «la división de la especie humana entre los que tienen y los que no, entre los países ricos y países pobres» (p. 33) que no escasean  en el libro, aflora en momentos decisivos. Y hace sospechar que los pasos igua- litaristas como el que acabo de citar son en cierta medida añadidos para no quedar mal, sin que los autores se los tomen del todo en serio.

Por ejemplo: leemos en la p. 32 que «puede corregirse una situación de superpoblación sin que se produzca ningún cambio en el número de personas. (...) Bastaría que los norte americanos cambiaran drásticamente su estilo de vida para acabar con la superpoblación en EEUU,  sin que se produjera una fuerte disminución de la población». Muy bien: hasta aquí nada que objetar. Pero a renglón seguido los Ehrlich añaden: «Pero, en estos momentos y en un futuro inmediato, Africa y EEUU  seguirán siendo países  superpoblados».  ¡Esto sólo puede afirmarse a continuación de lo anterior si se desconfía profundamente de que se produzca ningún cambio social de importancia! «Decir que no están superpoblados porque bastaría con que la gente cambiara su estilo de vida para eliminar el problema de la superpoblación es un error, puesto que la superpoblación se define por los animales que ocupan un determinado espacio, comportándose como naturalmente se comportan, no por un hipotético grupo que viniera a sustituirlos». El subrayado es de los autores, y el error, me parece, también es suyo: me permitiré bautizarlo como falacia animalista. La falacia animalista con- siste en suponer que los seres humanos son animales como los demás, con un comportamiento naturalmente determinado («comportándose como naturalmente se comportan»). No hay tal cosa, no hay una determinación natural inmodificable de los comportamientos humanos; somos animales de una especie muy especial para la cual (como los Ehrlich bien saben) «la evolución cultural puede anular a la evolución biológica» (p. 207).

Una piedra de toque: la cuestión migratoria

Este conservadurismo de fondo emerge de forma espectacular (propiciando de nuevo llamativas incoherencias) en el apartado que los Ehrlich dedican a la cuestión de las migraciones (p. 56-60). Se diría que esta cuestión constituye una verdadera piedra de toque para discriminar entre opciones emancipatorias y regresivas, en el atroz siglo que encaramos. La amenaza se ve en que los emigrantes de los países pobres, al adoptar los estilos de vida vigentes en sus países de adopción, pasan a consumir más recursos por persona (p. 57). Y entonces «es preciso controlar la afluencia de emigrantes a EEUU, entre otras cosas porque el mundo no puede permitirse el lujo de que existan más norteamericanos» (p. 58).

Nótese bien: la medida que se propugna es levantar muros: el cerrojazo frente al Sur antes que los cambios en los modos de producir y consumir en el Norte. A renglón seguido se añade que «la única forma de resolver el problema es aplicando una política que, al mismo tiempo, ayude a Méjico a controlar su población y mejorar el nivel de vida de los mejicanos en su propio país» (p. 59), lo cual por supuesto es incoherente con la argumentación precedente a menos que se dé por sentado que «el nivel de vida de los mejicanos en su propio país» seguirá siempre siendo muy inferior al de EEUU. El igualitarismo proclamado en tantos pasos del libro se convierte en un descarnado anti-igualitarismo cuando se toca el punto sensible de las migraciones. Se trata, insisto, de una verdadera piedra de toque para orientaciones políticas.

Barry Commoner polemizó con los Ehrlich

Hasta aquí el comentario sobre el libro de los Ehrlich,  del cual puede sacarse  mucho provecho, al ser tan palmarias las contradicciones. Ahora bien, negar que el crecimiento demográfico sea el principal causante de la crisis ecológico-social no significa que se pueda eliminar este factor de nuestro análisis. En mi opinión, el crecimiento excesivo de la población es un gravísimo problema que afecta a las posibilidades de vida digna (si no de supervivencia) de esa misma población –por no hablar del resto de los trillones de seres vivos con los que compartimos la biosfera. Esto puede analizarse observando a un gran contradictor de los Ehrlich, el pensador y activista ecosocialista Barry Commoner. Intervino en la controversia con su libro The Closing Circle (1971), relativizando el papel de la población en la degradación ambiental y la crisis de recursos y señalando hacia el verdadero culpable: el modo de producción capitalista.

Recordemos la ecuación IPAT (que de hecho fue Commoner el primero en proponer). Nuestro autor calculaba en El círculo que se cierra que en EEUU  y desde 1946, es decir, en unos 25 años, el aumento de población fue responsable de aumentos de entre el 12 y el 20% en la producción total de agentes contaminantes. El factor abundancia, es decir, la cantidad de artículos económicos per capita, respondía de un 1 a un 5% de aquellos aumentos (con la excepción de los viajes en automóvil, que tenían impactos mucho mayores). El factor tecnológico, o sea, la cantidad de agentes contaminantes por unidad producida, resultante de la introducción de nuevas tecnologías a partir de 1946, respondía, según el autor, del 95% de la producción total de agentes contaminantes. La conclusión de Commoner era que, si bien el impacto ambiental depende del tamaño de la población y del nivel de consumo de recursos de ésta, lo que más había influido en la degradación ambiental desde la Segunda Guerra Mundial había sido un conjunto de técnicas altamente nocivas para el medio natural.

Entre ellas, cabe citar la substitución de materiales naturales (papel, fibras textiles naturales, jabón) por productos de la petroquímica (plásticos, fibras sintéticas, detergentes basados en el petróleo), la introducción masiva de fertilizantes industriales y productos fitosanitarios de síntesis química, la introducción en los automóviles del motor de alta compresión, etc. La conclusión práctica a que llegaba el autor era que para alcanzar un equilibrio entre población y recursos había que dar prioridad no al control demográfico, sino al rediseño de lo que él llamaba tecnosfera, es decir, a la adopción de otras técnicas de menor impacto.33

En el debate histórico entre los Ehrlich y Commoner, ¿toda la razón quedaría entonces del lado del segundo, quien minimiza la relevancia del factor demográfico para la crisis ecológica? ¿Se puede tildar a quienes abogan por el control demográfico de “neomaltusianos” y pasar a otra cosa?  En modo alguno. Veámoslo releyendo otro libro del ecólogo y ecologista Commoner. El capítulo 7 de En paz con el planeta, titulado «Población  y pobreza»,  es a mi juicio el único insatisfactorio dentro de un libro excelente.  Commoner parte también de una ecuación en esencia idéntica a la de los Ehrlich (contaminación  total= contaminación por unidad de bien por bien per cápita por población).34  Pero un exagerado optimismo tecnológico le lleva a postular que «los elementos químicos que constituyen los recursos del planeta pueden ser reciclados y reutilizados indefinidamente, siempre y cuando la energía necesaria para recogerlos y refinarlos esté disponible» (p. 142): y para Commoner está disponible en forma de energía solar (p. 143).

Ahora bien, y sin entrar en otros problemas que plantearía la extremosidad de este planteamiento, el reciclado perfecto es un imposible termodinámico, y por eso la “solución” de Commoner falla. El mismo ejemplo que aduce se vuelve contra él: leemos que «a pesar de su enorme dispersión, más de la mitad del oro extraído hasta ahora sigue controlado hasta hoy día, siendo reunido cuando es necesario gastando energía».35  El ejemplo prueba lo contrario de lo que tendría que probar: a pesar de que el oro ha sido un metal valiosísimo para todas las civilizaciones, y de que los seres humanos lo han reunido, atesorado y conservado (o sea, reciclado) como ningún otro material en toda la historia humana, sólo algo más de la mitad de todo el oro extraído en toda la historia humana está hoy disponible.

¡Piénsese  lo que ha ocurrido y ocurrirá con materiales menos preciados! Y no vale replicar que, con las escaseces crecientes o con los nuevos impuestos ecológicos, el latón o el papel llegarán a ser tan valiosos como el oro: sería una salida por la tangente fraudulenta, que no tendría en cuenta hechos termodinámicos básicos, por no hablar de los supuestos irreales sobre la organización social y la psique humana. Hay que recordar aquí una observación importante de Ernest Garcia:

Incluso entre partidarios del decrecimiento es frecuente encontrar una fuerte reticencia a aceptar que el control demográfico es una consecuencia  ineludible de la visión de conjunto que ellos mismos proponen. Muchos, en ese movimiento, repiten que el problema del mundo no es el número de humanos sino el de automovilistas (la misma idea proclamada hoy por el papa de Roma, formulada de otro modo). La reticencia va unida a la incomodidad, claro, porque la fórmula ‘más población con menos consumo agregado’ es inherentemente autodestructiva. Como el impacto sobre el medio ambiente depende del consumo por persona y del número de personas, atribuir la sobrecarga a uno solo de esos factores es como mantener que la superficie de un rectángulo está determinada solo por la base o solo por la altura. En el límite, en un mundo con recursos limitados, incluso si en él se generalizase la sobriedad y se redujera drásticamente el exceso, el resultado de aumentar sin límite la población sería una miseria generalizada.36

Recapitulemos: las dos partes tenían razón

Tampoco el planteamiento de Commoner sobre demografía y crisis ecológica, por tanto, resulta convincente. Los “neomaltusianos” como el matrimonio Ehrlich llevan razón, a mi juicio, al afirmar la necesidad de un control colectivo consciente de la demografía, y la insostenibilidad de una población como la que habitará el planeta a mediados del siglo XXI (puede que más de 10.000 millones de personas) si no suceden antes grandes catástrofes por pandemias, guerras o penuria de alimentos. Pero no tienen razón al afirmar que la explosión demográfica es la causa principal de la crisis ecológica, ni el control demográfico su principal remedio. Ahí, la propuesta commoneriana de “rediseñar la tecnosfera” y cambiar la organización social para disminuir el impacto ambiental parece más sólida.

Siempre que no olvidemos ir al mismo tiempo reduciendo los nacimientos, aunque ello no sea lo absolutamente prioritario; y siempre que seamos bien conscientes de que para conseguirlo es más importante alfabetizar a las niñas y las mujeres del Sur, o proporcionar una seguridad social básica a los campesinos pobres de esos países, que ingeniar nuevos artilugios anticonceptivos (aunque tampoco esto último sea irrelevante).  En efecto, la medida más efectiva de control demográfico es también la más deseable: aumentar el control de las mujeres sobre sus propias vidas, en especial mejorando el acceso de las niñas pobres a las oportunidades educativas.37

Los Ehrlich tenían razón en denunciar la superpoblación; Barry Commoner tenía razón en acusar al capitalismo. En aquella controversia, las dos partes tenían razón

Los Ehrlich tenían razón en denunciar la superpoblación; Barry Commoner tenía razón en acusar al capitalismo. En aquella controversia, las dos partes tenían razón. Como apunta Joen Cohen, «cuántas personas puede soportar la Tierra depende en parte de cuántas vistan prendas de algodón y cuántas de poliéster; de cuántas coman filete de vaca y cuántas brotes de soja; de cuántas prefieran los parques y cuántas los aparcamientos; de cuántas quieran Jaguars con J mayúscula y cuántas jaguares con j minúscula».38  Pero cuidado, Imanol Zubero hace una observación importante sobre la ecuación IPAT: «Sin despreciar en absoluto las mejoras en la eficiencia de las tecnologías, la ecuación Ehrlich-Holdren se resuelve, fundamentalmente, en la relación entre tamaño de la población y niveles de consumo. (…) Nos enfrentamos a problemas éticos que no tienen solución a través de medios técnicos. No son problemas de ineficiencia, sino de injusticia».39

No obstante,  hoy las cosas se nos han puesto más difíciles…

Desde el debate entre los Erhlich y Commoner han pasado más de cuatro decenios de inac- ción. Según estimaciones de muchos científicos estamos atravesando ya “puntos sin retorno”: umbrales ambientales críticos que pueden llevar a la biosfera a un nuevo estado, que, por lo que barruntamos, puede ser muchísimo menos acogedor para la vida humana (y muchas otras formas de vida).40  Hoy vamos hacia crisis maltusianas, nos advierten los investigadores e investigadoras a partir del mejor conocimiento científico disponible.

Dos escenarios de pesadilla –la escasez  global de recursos vitales y el comienzo de un cambio climático extremo– están empezando ya a converger, y es muy probable que en las próximas décadas produzcan una oleada de agitación, rebelión, competitividad y conflicto. Puede que aún sea difícil discernir cómo será ese tsunami de desastres, pero los expertos advierten de “guerras del agua” sobre disputados sistemas fluviales, de disturbios alimentarios globales provocados por las crecientes subidas de los precios de los productos básicos, de migraciones masivas de refugiados climáticos (que acabarán desencadenando actos de violencia contra ellos) y de ruptura del orden social o de colapso de los Estados.  Es probable que, al principio, ese caos estalle básicamente en África, Asia Central y otras zonas del Sur subdesarrollado, pero, con el tiempo, todas las regiones del planeta se verán afectadas.41

Y el debate entre los Ehrlich y Barry Commoner en los setenta tiene hoy una derivada nueva: en cada mano de cada Homo sapiens del planeta mayor de diez o doce años hay hoy un teléfono móvil, propio o compartido. También en los países del Sur. Eso significa que el nihilismo consumista occidental, si lo pensamos como infección, es una enfermedad que afecta ya a todos y todas –también en el Sur, de forma mayoritaria, se aspira a formas de vida del todo insostenibles  (modos de vida imperiales).

Si prosigue el BAU (business as usual, según las siglas anglosajonas que se nos han vuelto tan ominosas), las perspectivas apuntan hacia un genocidio que no tiene parangón en los 200.000 años de historia de nuestra especie. Las crisis maltusianas pueden entrelazarse con crisis hobbesianas: «por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI», reza el subtítulo del muy bien argumentado libro de Harald Welzer Guerras climáticas.42 Los colapsos ecológico-sociales incluyen colapsos demográficos:

El previsible colapso de la civilización industrial asociado a la caída en los recursos energéticos fósiles disponibles muy probablemente tendrá consecuencias  que impacten directa y negativamente en el nivel demográfico: guerras por los últimos recursos (sean estos energía, materias primas, agua, tierra fértil...), conflictividad social, deterioro de las condiciones de vida, catástrofes industriales debido a la falta de mantenimiento y de materiales de repuesto con graves repercusiones ambientales y en la salud para millones de personas.43

Se tradujo y publicó en 2010 un Manifiesto de economistas aterrados ),44 que halló enseguida bastantes lectores: segunda edición en 2011. Pero los biólogos, los climatólogos, los oceanógrafos, los edafólogos y muchos otros científicos de las diversas disciplinas que se dedican a auscultar el pulso de esta maltrecha biosfera nuestra llevan decenios aterrados: y básicamente seguimos sin hacerles caso. La mayoría de la gente, sin entender siquiera lo que están diciendo. Ahora quizá estamos más allá del punto sin retorno, en términos ecológico-sociales.

No podríamos entonces detener el ecocidio. Y el ecocidio traería consigo el genocidio: un mundo maltusiano y hobbesiano. En términos prácticos esto quiere decir: hay una gran probabilidad de que la mayor parte de la humanidad sea exterminada (por hambre, violencia armada y alguna combinación de los restantes jinetes del Apocalipsis) antes de que acabe el siglo XXI. La distopía que Susan George esbozó con su Informe Lugano se ha ido haciendo más probable en los años transcurridos desde su publicación.45

¿Vuelve el fantasma de Malthus?

Todo indica que nunca llegaremos a ser esos diez u 11.000 millones a donde nos conduciría el BAU (business as usual). Cuando se adopta un marco analítico coherente con los datos sobre extralimitación (overshoot) y límites biofísicos que antes hemos sobrevolado, lo que se ve venir más bien es un nada improbable colapso ecológico-social que podría hacerse manifiesto ya hacia 2030, y que a partir de esas fechas podría hacer disminuir la población mundial en unos 1.500 millones de personas por decenio.46

En septiembre de 2008 la revista Scientific American publicaba un breve artículo de Jeffrey D. Sachs,  director del Earth Institute de la Universidad de Columbia, titulado «The Specter of Malthus Returns».

Desde sus inicios “el maltusianismo ha sido una de las más grandes historias de miedo: un cuento de sobre numerosos Otros amenazándonos a Nosotros” (Lohman, 2005). En efecto, la obra de Malthus permite, casi podemos decir que invita a, una lectura de la realidad en términos de confrontación y de amenaza: la preocupación maltusiana por excelencia es que todo aquello que Nosotros tenemos porque lo hemos logrado gracias a nuestro trabajo físico e intelectual, a nuestros derechos de propiedad o a nuestro poder político pueda caer en manos de unos irresponsables. Otros, simplemente por su mayor fecundidad…47

Está claro que hay severos problemas asociados al maltusianismo de Malthus:

(a) atribuir un excesivo poder causal a la demografía,

(b) representarse de forma demasiado simplista los nexos entre población y recursos naturales,

(c) legitimar, en ocasiones, las enormes desigualdades y la opresión de las mujeres en el mundo (ya insistí antes sobre ello).

Pero ser cuidadosos en esos aspectos –como hemos de serlo– no hace variar los aspectos biofísicos del problema de sobrepoblación. Y confiar en que la tecnociencia nos salvará, como la cultura dominante nos propone una y otra vez,48  es pensamiento mágico y pura irresponsabilidad. Malthus tenía razón en el sentido siguiente: sin restricciones en cuanto a su base de recursos, una población animal (como la de Homo sapiens) tiende a crecer exponencialmente (como lo ha hecho la población humana durante la era industrial, y especialmente en la fase de la Gran Aceleración).49 Pero no podemos suponer que la base de recursos para los seres humanos sea infinita viviendo como lo hacemos en un planeta finito, aunque nuestra historia reciente nos desencamine mucho al respecto. Y es que lo que falta en el debate sobre el maltusianismo, como ha sugerido el paleontólogo Niles Eldredge, es una comprensión adecuada de los cambios metabólicos que van sucediendo en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. «Porque es la forma en que los humanos encajemos en el mundo natural lo que decidirá si Malthus tenía razón o no. Estaba equivocado en 1798, pero si hubiera escrito diez mil años antes, cuando no había agricultura, habría tenido razón. Y si su libro se hubiera publicado hoy, al borde del tercer milenio, estaría más acertado que equivocado».50

Cuando se adopta un marco analítico coherente, lo que se ve venir es un nada improbable colapso ecológico-social que podría manifestarse ya hacia 2030 y que podría hacer disminuir la población mundial en unos 1.500 millones de personas por decenio

Quizá suceda que, como sugería Pedro A. García Bilbao, «Malhus llama tres veces». La primera vez fue a comienzos del siglo XIX (el Ensayo sobre el principio de la población fue publicado en 1798) y la segunda vez a mediados del siglo XX (justo antes de la Gran Aceleración), pero

en la actualidad la situación de la población mundial y su dependencia de los recursos finitos para mantener su nivel de vida y su crecimiento parecen haber llegado a una nueva encrucijada maltusiana. La principal diferencia radica en que ahora no existe un planeta poco poblado que colonizar y explotar, no son posibles trasvases  masivos de población y la disputa por el agua, la tierra cultivable, el petróleo y los minerales estratégicos tienen nuevos y poderosos actores. El problema de la escasez de recursos con los que alimentar el consumo de masas está llevando a un aumento brutal de los costes y a la imposibilidad de mantener un crecimiento continuado. La realidad de la escasez  de recursos y el carácter finito de los combustibles que mantienen no ya el sistema productivo sino el mismo sistema de producción y distribución de alimentos en los propios países centrales permite suponer que la incidencia de conflictos de difícil solución se va a incrementar. Urge una reconducción del sentido de la marcha y el estudio de nuevas direcciones. El fantasma de la amenaza maltusiana, el colapso del sistema por desajustes entre población y recursos, vuelve a surgir, pero esta vez no hay muchas posibilidades de un nuevo engaño.51

Un coche más hoy es un campesino menos en el futuro,52 advertía Nicholas Georgescu-Roegen (uno de los grandes economistas del siglo XX, que tendría que ser tan famoso como Keynes si la cultura dominante no deformase tan trágicamente la realidad):53  pero el futuro del que hablaba es nuestro presente.

Epílogo para ecosocialistas

En cierta forma el alfa y el omega de la ecología es la población: se trata precisamente de aquella parte de la biología que estudia las diversas poblaciones de seres vivos en relación con la capacidad de sustentación de los ecosistemas. Sería extraña una ecología política que excluyese de entrada la pregunta por la población humana deseable. El que «no exista una relación directa entre población y daño ambiental»54 no significa que no exista ninguna relación importante entre población humana y daño ambiental.

Como ya observé anteriormente, la cuestión demográfica tiene algo de divisoria de aguas entre las familias de la izquierda, a la hora de afrontar la crisis ecológico-social. ¿Una sociedad justa puede caracterizarse sólo considerando a los seres humanos, o hay que pensar la justicia más allá de la especie? Si el ecosocialismo se piensa como esencialmente antropocéntrico, ¿puede constituir una perspectiva emancipatoria adecuada? Las éticas biocéntricas o ecocéntricas ¿caben dentro del ecosocialismo de tradición marxista? ¿Cómo se articularían con él? Estas  preguntas, y otras conexas,  han sido objeto de un debate intenso sobre todo en el mundo anglosajón, donde las corrientes de deep ecology han tenido más peso que en la Europa continental. De manera típica, la cuestión demográfica se ha situado en el centro de tales debates: es una piedra de toque. David Orton, un activista canadiense situado dentro de lo que él llamaba “biocentrismo de izquierdas”, manifestó que aunque simpatizaba  con la  Declaración  de Belém  que había  redactado la  Red Ecosocialista Internacional de Michael Löwy y Joel Kovel (y que se aprobó en Brasil, en enero de 2009) no podía firmarla adhiriéndose por completo, pues

por desgracia la Declaración de Belém se centra en los seres humanos, no en la Tierra. ¿Dónde se aboga por la preservación de los territorios salvajes  y las demás especies?  (…) La justicia social entre humanos es absolutamente necesaria, pero debe subordinarse a la justicia terráquea para todas las especies.  Como ha dicho [el ecofilósofo canadiense] Stan Rowe, aunque el socialismo y el capitalismo comparten una visión antropocéntrica común “rapaz” respecto a la explotación de la Tierra, «el socialismo tiene la virtud de ampliar el círculo de cuidado más allá del individuo egoísta, y así por lo menos orienta nuestra mirada en la dirección correcta». Pero la justicia social para los seres humanos no puede construirse a expensas de la ecología. La “comunidad” ha de incluir no sólo a seres humanos, sino también a los otros animales, las plantas y la Tierra como tal. En la Declaración no se menciona la necesaria reducción demográfica humana, que debería ser una prioridad para una sociedad ecocéntrica socialmente justa. No se trata sólo de un error desde una perspectiva de bienestar humano –somos demasiados–, sino que ello muestra que las necesidades de hábitat de las demás formas de vida no se consideran importantes.55

El que «no exista una relación directa entre población y daño ambiental» no significa que no exista ninguna relación importante entre población humana y daño ambiental

Saral Sarkar, otro pensador y activista ecosocialista (hindú residente en Alemania), ha señalado que Malthus fue probablemente el primer autor que escribió sobre ecología política, aunque

desgraciadamente  para nosotros, era un clérigo miembro de la clase dominante y como tal beneficiario del sistema de explotación de los pobres. Sólo cabe rechazar sus opiniones políticas; pero sus dos tesis (¿o quizá leyes?) sobre el aumento de la producción de alimentos y el crecimiento demográfico son científicamente válidas, incluso hoy, a pesar de todos los desarrollos científicos y tecnológicos que han tenido lugar en los dos siglos últimos. No deberíamos cultivar la ceguera respecto de los hechos. Por desgracia, los erróneos ataques de Marx y Engels contra Malthus están todavía hoy influenciando la discusión entre activistas políticos del socialismo.56

Como cabe suponer, esa no es una posición aceptable para los ecosocialistas de tradición marxiana57 –y sin embargo creo que en este punto Sarkar tiene razón (también cuando insta a no tratar los textos de Marx y Engels como “Sagradas Escrituras”).

Igualmente se puede convenir con Sarkar en que «no basta con ser socialista, ni basta con ser ecologista profundo. Los socialistas debemos asimilar las lecciones de la ecología que sean verdaderas y los ecologistas profundos (o verdes profundos, o ecologistas consecuentes) deben aprender las lecciones verdaderas del socialismo».58  Bueno, en lo que a mí respecta toda la discusión anterior conduce a la siguiente conclusión: deberíamos dejar de usar “neo-maltusiano” como un insulto y habría que abogar más bien por un ecosocialismo neo-maltusiano. Desde tal perspectiva nos haríamos preguntas como: ¿juzgamos o no deseable, además de la superación del capitalismo y la construcción de un ecosocialismo feminista, la reducción de la población humana, la renaturalización de extensas zonas de la Tierra y el cultivo de un ethos de simbiosis con la naturaleza? Podríamos proponer como criterios algo así:

a) ¿Estás de acuerdo en que existe sobrepoblación humana?

b) ¿Estás de acuerdo en que medio planeta,59 y los planes de renaturalización de territorios extensos, son propuestas razonables?

c) ¿Estás de acuerdo en que la dieta humana debería ser básicamente vegetariana – como resultado de la eliminación de la ganadería industrial y la pesca industrial?

d) ¿Estás de acuerdo en prácticas agrícolas basadas en la agroecología y la soberanía alimentaria?

e) ¿Estás de acuerdo en una estrategia re-localizadora y des-globalizadora que reduzca drásticamente los desplazamientos de personas y mercancías?

f) ¿Estás de acuerdo en políticas territoriales apoyadas en las biorregiones?

g) ¿Estás de acuerdo en políticas tecnológicas que se orienten al low-tech?

h) ¿Estás de acuerdo en que, para las y los ecosocialistas, simbiosis es una categoría tan importante como acumulación de capital?

A este respecto, y confrontados al “retorno de Malthus” como lo estamos hoy,60 no hay que echar al olvido algunas tradiciones político-culturales de izquierda enormemente interesantes a la hora de abordar estas cuestiones. Así, hubo un feminismo obrero y neomaltusiano a comienzos del siglo XX (tanto en Europa como en EEUU)  que abogaba por la “procreación consciente” como un elemento clave para la liberación de la mujer y la lucha anticapitalista.61  Fue éste un movimiento feminista y protoecologista, como subraya Joan Martinez-Alier:

Las neomaltusianas anarcofeministas predicaban la libertad de las mujeres para decidir el número de hijos que querían tener. El movimiento estaba explícitamente comprometido con los temas ecológicos, preguntándose cuánta gente podría la Tierra alimentar sosteniblemente. Este exitoso movimiento social internacional (con líderes como Emma Goldman y Margaret Sanger en Estados Unidos y Paul Robin en Francia) se autodenominaba deliberadamente neomaltusiano, pero contrariamente a Malthus consideraban que el crecimiento demográfico podía ser detenido entre las clases pobres mediante decisiones voluntarias. Recomendaban  el control de la natalidad, incluyendo las vasectomías  voluntarias. El movimiento neomaltusiano no apelaba al Estado para que impusiese restricciones al crecimiento demográfico. Al contrario, se basaba en un activismo ”desde abajo” a partir de la libertad de las mujeres, para evitar la presión descendente sobre los salarios provocada por el exceso de población, y contra las amenazas al medio ambiente y la subsistencia humana. Se preveía un exceso de población, y esto condujo a ideas y conductas anticipatorias. En Francia y en otros sitios, los neomaltusianos desafiaron a las autoridades políticas y religiosas de la época a través de la idea de una ”huelga de vientres” (la grève des ventres), y también a través del antimilitarismo y del anticapitalismo. El control demográfico voluntario fue una manera de negarse a proporcionar al capitalismo mano de obra barata del “ejército de reserva de trabajadores”.62

Desde su elaboración ecofeminista, Alicia H. Puleo evoca también el neomaltusianismo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, que «es de inspiración anarquista y feminista y promueve el uso de métodos anticonceptivos y el derecho al aborto como una forma de resistencia obrera frente a la explotación de mano de obra barata. Destacan en él figuras como Paul Robin, pedagogo libertario francés, y Margaret Sanger, enfermera y educadora sexual estadounidense, fundadora de la Liga de Planificación Familiar, encarcelada  por sus actividades a favor del control de natalidad».63 Se trata en efecto de tradiciones valiosas que deberíamos volver a apreciar y de las que podemos aprender mucho a la hora de plantear un ecosocialismo descalzo para el Siglo de la Gran Prueba.

¿Somos demasiados? Si cobramos consciencia del declive de los combustibles fósiles (solo la sobreabundancia  energética que nos han proporcionado permitieron a las economías industriales y a la población humana crecer como lo han hecho desde los días de Malthus hasta hoy) y de la degradación de la biosfera (que reduce su capacidad para sustentar a tantos seres humanos), entonces hay que responder que sí, somos demasiados. Si no defendemos la tesis totalmente implausible de un desacoplamiento absoluto entre crecimiento económico y consumo de recursos, entonces hay que responder que sí, somos demasiados. Si asumimos que los imaginarios capitalistas dominantes (pero también los de quienes aspiran a un socialismo de la abundancia) incitan a la gente a aspirar a “modos de vida imperiales” (Alberto Acosta y Ulrich Brand), entonces hay que responder que sí, somos demasiados. Si dejamos de lado nuestro supremacismo antropocéntrico y reconocemos que compartimos la biosfera terrestre con trillones de otros seres vivos, y que estos necesitan también espacio ecológico para vivir y florecer, entonces hay que responder que sí, somos demasiados.

Rechazar de plano el maltusianismo (insisto: en el sentido de la necesidad de un autocontrol consciente de la población humana) implica (a) asumir una posición antropocéntrica fuerte, con sus tesis de dominio sobre la naturaleza y (b) no asumir verdaderamente la existencia de límites biofísicos al crecimiento. Las propuestas emancipatorias para el siglo XXI no pueden situarse en esa posición. «La humanidad es la primera especie en la Tierra con capacidad intelectual para limitar de forma consciente el tamaño de su población y vivir en un dinámico equilibrio perdurable con las demás formas de vida. Los seres humanos pueden percibir la diversidad de sus entornos y cuidarlos. Nuestra herencia biológica nos capacita para deleitarnos en esa intrincada diversidad vital».64

 

NOTAS:

1 E. Viveiros de Castro y D. Danowski, ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines, Caja Negra eds., Buenos Aires, 2019, p. 178.

2 D. Haraway, «Antropoceno, Capitaloceno,  Plantacionoceno,  Chthuluceno:  generando relaciones  de parentesco», Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales año III vol. 1, junio de 2016. También en su libro Seguir con el problema (Editorial Cosonni, Bilbao, 2019) insiste en la necesidad de control demográfico.

3 «Natalidad bajo mínimos», editorial de El País, 23 de junio de 2019.

4 Datos para reflexionar sobre esto: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Análisis de la huella ecológica de España, Madrid, 2007.

5 U. Bardi, Los límites del crecimiento retomados, Catarata, Madrid, 2014.

6 M. King y C. Elliott, «To the point of farce: a Martian view of the Hardinian taboo the silence that surrounds population control»,     British      Medical     Journal     vol.     315,   29     de     noviembre    de     1997,    disponible     en:

7 Para que no pueda surgir la menor duda sobre el lugar moral desde el que estoy escribiendo: la única “ética del bote salvavidas” que me parece aceptable es la que evocaba Heiner Müller en una entrevista que he citado varias veces: «Auschwitz y su principio de selección es el modelo de este siglo. Todos no podían sobrevivir, así que se seleccionaba.  Cuando trato de aclararme lo que significa el heroísmo, siempre me acuerdo de una pequeña historia. En uno de los últimos barcos que partió de Alemania y debía llevar judíos a los EEUU  viajaba a bordo un judío grueso, un periodista deportivo de Berlín. Este barco fue torpedeado por submarinos alemanes y se hundió. Por supuesto, había pocas plazas en los botes salvavidas.  El periodista deportivo judío y gordo se sentó rápidamente en uno de los botes salvavidas, y el bote estaba lleno. De repente aparece en cubierta una joven madre con su hijo. Pero ya no hay lugar para nadie más en el bote. Entonces el pequeño y grueso judío se arrojó al Atlántico, dejando lugar a la mujer. Esa es la única respuesta que existe. (...) Es el problema de Dostoyevski, la pregunta de Raskólnikov. También Dostoyevski encontró al final una sola respuesta: la compasión. Cuando al final aparece Auschwitz como modelo para la selección, no queda ya ninguna respuesta política. Probablemente sólo exista una respuesta religiosa. El problema de esta civilización es que no tiene ninguna alternativa a Auschwitz. (...) También en Walter Benjamin es un tema recurrente: el socialismo o el comunismo o cualquier otra utopía no tienen ninguna oportunidad si no ofrecen una dimensión teológica». Nada de cortar las manos de los demás; solo saltar al mar uno mismo.

8 Algunas reflexiones al respecto en Jorge Riechmann, «Sobre demografía, decrecimiento y crisis ecológico-social», entrada del 30 de agosto de 2013 en el blog Tratar de comprender, tratar de ayudar.

9 Éramos 1.650 millones de seres humanos en 1900, y 2.518 millones en 1950. Véase la entrevista con Bruno Latour en El País Semanal del 24 de marzo de 2013, donde el sociólogo y antropólogo francés remite a su libro Políticas de la naturaleza, RBA, Barcelona 2013 (original francés de 1999).

10 J. A. Tainter y T. W. Patzek, Drilling Down. The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma, Copernicus, Nueva York, 2012, p. 37.

11 La asociación británica (fundada en 1991) Optimal Population Trust calcula una población mundial óptima en el rango entre 2.700 a 5.100 millones de habitantes (su web: http://www.populationmatters.org/ ). Manuel Casal Lodeiro recoge las siguientes estimaciones: «Dale Allen Pfeiffer apunta a los dos mil millones como cifra sostenible y advierte de que en la década de 2010-2020 veremos hambrunas como nunca antes ha experimentado la especie humana” (Pfeiffer, 2003); Paul Chefurka (2007) lo sitúa en los 1.000 millones en base a la población histórica constatada en el momento en que se comenzó a explotar el petróleo, corregida a la baja para tener en cuenta la degradación de la capacidad de carga; Brian Fleay (citado en Youngquist, 1999) lo cifra en 3.000 millones; David Pimentel (también citado en Youngquist 1999 y según cálculos publicados en Pimentel et al. 1994) lo sitúa en uno y 3.000 millones; Richard Duncan (2005), en su interesante Teoría Olduvai, estima que tras una gran mortandad, la población se comenzará a estabilizar en torno a los 2.000 millones en 2050. Colin Campbell estima (2002) que la población se reducirá muy rápidamente a partir de 2020 pero frenando en torno a 2080 para después irse estabilizando en una suave caída hasta niveles cercanos a los tres mil millones en torno a 2200…» Manuel Casal Lodeiro, «Nosotros, los detritívoros», publicado en la web de Ecopolítica en enero de 2014.

12 D. Spratt, «At 4°C of warming, would a billion people survive?  What scientists say» en Climate code Red, 18 de agosto de 2019.

13 Y. Xu y V. Ramanathan,  «Well below 2°C:  Mitigation strategies for avoiding dangerous to catastrophic climate changes»,

PNAS, 26 de septiembre de 2017.

14 En mayo de 2019, Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, dijo a The Guardian que en un mundo 4°C más cálido «es difícil ver cómo podríamos acomodar a 1.000 millones de personas o incluso la mitad de eso... Habría una minoría rica de personas que podría sobrevivir con estilos de vida modernos, sin duda, pero será un mundo turbulento y conflictivo». Rockström es uno de los principales investigadores  del mundo en tipping points (puntos de inflexión climáticos) y safe boundaries (“límites seguros” para la humanidad). Véase G. Vince, «The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work», The Guardian, 18 de mayo de 2019.

En un encuentro científico internacional sobre cambio climático realizado en Melbourne en noviembre de 2012 (en la antesala de la COP18  de Doha), algunos de los más relevantes investigadores  del mundo estimaron lo que podría pasar con un aumento de cuatro grados centígrados o más (sobre las temperaturas preindustriales promedio). Para Hans Joachim Schellnhuber (fundador y director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático –PIK–  y director del Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Climático –WBGU–),  la capacidad del planeta para albergar seres humanos en caso de una subida de cuatro grados se reduciría a «menos de 1.000 millones de personas». Unos años antes el profesor Kevin Anderson (director del Centro Tyndall para el Cambio Climático en Gran Bretaña)  se dirigió a la prensa durante la fallida conferencia de Copenhague, en 2009: «Para la humanidad es cuestión de vida o muerte... [un aumento así] no conducirá a la extinción del ser humano, ya que unos pocos afortunados, con los recursos adecuados, podrán desplazarse a las partes apropiadas del planeta y sobrevivir. Pero creo que es extremadamente improbable que evitemos una mortandad masiva con cuatro grados de aumento». En aquella ocasión Anderson se atrevió a dar cifras: «Si en el año 2050 la población mundial es de 9.000 millones y la temperatura se eleva 4, 5 ó 6 grados, los supervivientes podrían ser del orden de 500 millones».

Si echamos cuentas, eso es hablar de una mortandad de casi el 95%. Cf. Miguel Artime, «Cuatro grados más o cómo decir adiós a casi el 95% de la humanidad», blog Cuaderno de ciencias, 15 de noviembre de 2012.

15 E. Garcia, «Los derechos humanos más allá de los límites al crecimiento», Ambienta 113, diciembre de 2015, p. 29.

16 J. Poore y T. Nemecek, «Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers», Science vol. 360 núm. 6392, 1 de junio de 2018.

17 Y así, hoy, el 3,7% de la población española padece esa dieta de pobreza, según el INE. I. Ruiz Molinero, «La pobreza se enquista en  España  pese a la  mejora de  la  economía»,  El  País,  13  de  octubre de  2018.

18 D. Carrington: «Huge reduction in meat-eating ‘essential’ to avoid climate breakdown», The Guardian, 10 de octubre de 2018. Resume resultados de un importante estudio científico publicado en Nature: M. Srpingmann y otros,   «Options   for  keeping  the  food  system   within  environmental   limits», Nature 2018.

19 Remito aquí a Manuel González de Molina y Víctor M. Toledo, Metabolismos. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas, Icaria, Barcelona 2011.

20 J. Riechmann, El siglo de la Gran Prueba, Baile del Sol, Tegueste (Tenerife), 2013.

21 Véase tweet.

22 Véase tweet El informe de Oxfam, de 2015, argumenta que el cambio climático está indisolublemente unido a la desigualdad económica: se trata de una crisis impulsada por las emisiones de GEI generadas por los ricos, pero que afecta fundamentalmente a los más pobres: «La mitad más pobre de la población mundial –aproximadamente 3.500 millones de personas– sólo genera alrededor del 10% del total de las emisiones mundiales atribuidas al consumo individual, y sin embargo viven mayoritariamente en los países más vulnerables ante el cambio climático. En cambio, aproximadamente el 50% de estas emisiones puede atribuirse al 10% más rico de la población mundial, cuya huella de carbono media es hasta once veces superior a la de la mitad más pobre de la población, y 60 veces superior a la del 10% más pobre. La huella de carbono media del 1% más rico de la población mundial podría multiplicar por 175 a la del 10% más pobre», OXFAM, «La desigualdad extrema de las emisiones de carbono», nota de prensa, 2 de diciembre de 2015. Informe completo. 

23 Patrick Wood Crusius, un varón blanco de 21 años, mató a 20 personas e hirió a otras 26, en una masacre terrorista y racista perpetrada en un centro comercial Walmart. Véase A. Laborde, «Un solitario de carácter irritable y explosivo», El País, 5 de agosto de 2019. Véase también, de la misma periodista «El autor confeso de la matanza de El Paso admite que iba a por mexicanos», El País, 10 de agosto de 2019.

24 C. Follett, «How anti-humanism is gaining ground», Human Progress, 8 de mayo de 2019.

25 Hugo Chávez, Ahora la batalla es por el sí – Discurso de presentación del Proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea Nacional, Caracas, miércoles 15 de agosto de 2007 (Colección Discursos Presidenciales de la Biblioteca Construcción del Socialismo, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas  2007, p. 62). En 1990 la población de Venezuela ascendía a 19,7 millones de habitantes; así, Chávez estaba proponiendo cuadruplicar la población del país en algunos decenios.  ¿Cómo puede pensarse  que esa política es coherente con el quinto gran objetivo histórico del Plan de la Patria redactado por el propio Chávez  y aprobado como política de Estado en 2013 –a saber, «contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana»? Para la salvación de la especie humana, ésta debe autolimitar –entre  otras magnitudes, su crecimiento demográfico…

26 S. Sarkar, «What is Eco-Socialism, Who is an Eco-Socialist», en su blog Saral Sarkar’s Writings, 9 de junio de 2017. Los libros básicos de este pensador ecosocialista (nacido en la India, pero que ha vivido mucho tiempo en Alemania) son Eco-Socialism or Eco-Capitalism? A Critical Analysis of Humanity’s Fundamental Choices (Zed Books, Londres 1999) y The Crises of Capitalism. A Different Study of Political Economy (Counterpoint, Berkeley 2012). Sarkar no concibe un movimiento ecologista auténtico (ni por ende un ecosocialismo auténtico) que no sea decrecentista. Véase su artículo «The ecology movement is not a social movement», resilience.org, 2 de febrero de 2017.

27 Véase su artículo «Deep Ecology versus Ecosocialism», Climate & Capitalism, 19 de julio de 2011. En un texto posterior, Angus sostiene que las posiciones de Sarkar son anti-humanas y afines a la limpieza étnica.

28 Véase otro episodio de este debate Donald J. Kerr sostiene que Ian Angus «no comprende que la sobrepoblación es un problema real y  al mismo tiempo, es muy difícil de solucionar sin pisotear los derechos humanos...»

29 M. Empson, «¿Hay demasiados habitantes en el planeta?», Viento Sur 166, octubre de 2019, p. 23.

30 P.R. Ehrlich/ A.H. Ehrlich, La explosión demográfica: el principal problema ecológico, Salvat (Col. Biblioteca Científica Salvat, número 3), Barcelona,  1993. (Trad. de Camila Batlle del original The Population Explosion, publicada por Simon & Schuster en 1991). Otra revisión de su libro por Paul y Anne Ehrlich,  cuarenta años después (2009).

31 E.O. Wilson, El futuro de la vida, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, p. 54. (El énfasis es mío, J.R.)

32 Ehrlich y Ehrlich, La explosión demográfica, op. cit., p. 52. En inglés esta sencilla ecuación reza así: I = PAT. «Human Impact on the environment equals the product of Population, Affluence, and Technology. The equation was developed in the 1970s  during the course of a debate between Barry Commoner, Paul R. Ehrlich and John Holdren».

33 Sigo aquí el resumen de Joaquim Sempere, en Sempere y Jorge Riechmann, Sociología y medio ambiente, Síntesis, Madrid, 2000, p. 197.

34 B. Commoner, En paz con el planeta, Crítica, Barcelona, 1992, p. 144.

35 Ibidem, p. 142.

36 E. Garcia, Op. cit., (el énfasis es mío)

37 «La esperanza proviene del hecho de que no hace falta que los líderes impongan programas desde arriba. Basta con que aumentemos el acceso a los anticonceptivos, tanto en los países desarrollados como en los poco desarrollados, para que la gente decida si quiere usarlos o no. Eso tendría un costo de sólo 8’1 millones de dólares cada año, lo que es baratísimo. Y, por otra parte, hay que insistir en la educación femenina, que es el mejor anticonceptivo que existe» Alan Weisman, entrevista del 8 de abril de 2014; las cursivas son mías (J.R.).

38 J. E. Cohen, «How Many People Can the Earth Support?», The New York Review, 8 de octubre de 1998, p. 31.

«Pero, lejos de someter a revisión nuestra bulimia consumista y sus consecuencias actuales y futuras, lejos de enfrentarnos al escándalo moral que supone esta regresión global al canibalismo, nos aferramos a un estilo de vida construido sobre el privilegio. Lo expuso con la mayor contundencia el presidente George Bush (padre) con motivo de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Rio de Janeiro: The American lifestyle is not up for negotiation; el estilo de vida americano no se negocia.” Imanol Zubero, “¿Superpoblación o sobreconsumo? Maltusianismo práctico, exclusión global y población sobrante", Scripta Nova, vol. XIX, núm. 506, 2015.

39 I. Zubero, «¿Superpoblación o sobreconsumo? Maltusianismo práctico, exclusión global y población sobrante», Scripta Nova, vol. XIX, núm. 506, 2015, p. 11. (El énfasis es mío, J.R.)

40 A. D. Barnofsky y otros, «Approaching a state shift in Earth’s biosphere», Nature, 7 de junio de 2012, p. 52-58.

41 M. T. Klare, «De cómo la escasez  de recursos y el cambio climático podrían producir una explosión global» publicado en Rebelión el 30 de abril de 2013. Klare es autor de The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources, Metropolitan Books 2012. Página personal

Otra advertencia:  «La humanidad está a punto de entrar en una etapa en nuestra historia, caracterizada  por la penuria de recursos naturales esenciales  (agua, terreno agrícola, alimento) que sólo se había experimentado a nivel local por nuestra especie». Carlos Duarte (coord.), Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra, CSIC/ Libros de la Catarata, Madrid, 2009, p. 25.

42 H. Walzer, Guerras climáticas, Katz, Buenos Aires/ Madrid, 2010.

43 M.  Casal Lodeiro,  «Nosotros,  los  detritívoros  (síntesis)»   Rebelión,   3  de  febrero  de  2014.

44 Manifiesto de economistas aterrados, Pasos Perdidos, en coedición con Eds. Barataria, Madrid, 2010

45 S. George, El Informe Lugano, Icaria, Barcelona, 2001 (el original en inglés es de 1999).

46 G. Turner, «¿Is global collapse imminent?», Research Paper 4, MSSI (Melbourne Sustainable Society Institute), Universidad

de  Melbourne, 2014, p. 7.

Por lo demás, hay que leer a los autores en el original (en este caso el Ensayo sobre el principio de la población…) Ugo Bardi en octubre de 2016: “Malthus el profeta de la fatalidad: ¿por qué molestarse con la lectura del original cuando simplemente  se puede cortar  y  pegar  de  Internet?” Puedes consultar texto original.

47 I. Zubero, 2015, Op. cit.

48 Por ejemplo: José Carlos Díez, «500 años no es nada», El País, 9 de agosto de 2019.

49 Lo explica por ejemplo Joaquim Sempere en su capítulo sobre “Población y medio ambiente” del manual de sociología ambiental que escribimos juntos: «El crecimiento de la población depende, en primer lugar, de la población existente; y como en cualquier población suele haber migraciones de entrada y de salida, al crecimiento natural o vegetativo hay que añadir las personas inmigradas y restar las emigradas. El saldo es el crecimiento, al que corresponde una tasa de crecimiento (r). Si la tasa de crecimiento fuese constante en el transcurso de los años, se puede generalizar la fórmula de cálculo para n periodos. Al final del primer periodo (supongamos que se trate de años), la población inicial P0 se verá incrementada por la cantidad P0.r, de modo que tendremos: P1 = P0 + P0.r = P0 (1 + r). Aplicando esta fórmula de modo recurrente tenemos en el segundo periodo: P2 = P1 (1 + r) = P0 (1 + r) (1 + r) = P0 (1 + r)2, y en el periodo n tenemos Pn = P0 (1 + r)n. La fórmula anterior expresa  un crecimiento de tipo geométrico con una razón (1 + r). (…) Cada nuevo incremento se suma al anterior y el siguiente se calcula sobre una base acrecentada. Una extensión más refinada de esta visión la constituye el crecimiento exponencial…»  (Joaquim Sempere y Jorge Riechmann, Sociología y medio ambiente, Síntesis,  Madrid 2000, p. 186). El crecimiento de las funciones exponenciales  tiende al infinito; y una peculiaridad de este tipo de crecimiento es que, a una tasa constante, el periodo de duplicación es cada vez más breve.

50 N.   Eldredge,   «Los aciertos   erróneos   de   Malthus»,   El    País,    12   de   agosto   de   2000.

51 P. A. García Bilbao, «Geopolítica, peak oil, recursos finitos y colapso global: dificultades de comprensión desde las ciencias sociales y necesidad de un enfoque integrado», Contexto & Educaçao 89, enero-abril de 2013, p. 227-228.

52 «Cada  vez que producimos un Cadillac, lo hacemos al precio de disminuir la cantidad de vidas humanas del futuro». Nicholas Georgescu-Roegen,  «La ley de la entropía y el problema económico» (1973), en Ensayos bioeconómicos (edición de Óscar Carpintero), Catarata, Madrid 2007, p. 50.

53 Economía: Marx, Polanyi, Georgescu-Roegen, Ostrom. Es la línea principal; se trata de los autores y autora básicos. Pero normalmente alguien que se gradúe en una de nuestras facultades de Ciencias Económicas y Empresariales (que tienden a convertirse en meras escuelas  de negocios) terminará sus estudios sin haber oído hablar de ninguno de ellos… Así de deformada y vuelta del revés se halla la cultura dominante.

54 M. Empson, «¿Hay  demasiados habitantes en el planeta?», Viento Sur 166, octubre de 2019, p. 24.

55 D. Orton, «Why I am not an ecosocialist»,  Climate & Capitalism, 26 de junio de 2011.

56 S. Sarkar, «On Maltusianism and Ecosocialism», Climate & Capitalism, 3 de julio de 2011.

57 Véase por ejemplo el texto de Franklin Dmitryev.

58 S. Sarkar, «Eco-Socialism and the population question: An open reply to Ian’s open letter», Climate & Capitalism, 10 de julio de 2011.

59 E.O. Wilson, Medio planeta. La lucha por las tierras salvajes en la era de la Sexta Extinción, Errata naturae, Madrid 2017. Véanse https://eowilsonfoundation.org/half-earth-our-planet-s-fight-for-life/ y http://www.half-earthproject.org

60 G. Kallis ha abordado una relectura de Malthus, desde postulados decrecentistas, en su libro Limits. Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, Stanford University Press 2019.

61 F. Ronsin, La grève des ventres. Propagande neo-malthusienne et baisse de la natalité en France 19-20 siècles, Aubier-Montaigne, París, 1980.

62 Joan Martinez-Alier, “Neomaltusianos”, en Decrecimiento –vocabulario para una nueva era (coordinado por Giacomo D’Alisa, Federico Demaria y Yorgos Kallis, eds.), Icaria, Barcelona 2015, p. 191.

63 Alicia H. Puleo, Claves ecofeministas, Plaza  & Valdés, Madrid 2019, p. 55.

64 A. Naess, Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge University Press 1990, p. 23.

Jorge Riechmann es profesor de filosofía moral de la UAM.

 


El trabajo de cuidados

El trabajo de cuidados: perspectivas y políticas

El trabajo de cuidados es un trabajo imprescindible para la reproducción social y el bienestar cotidiano de las personas, que continúia siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, pero que resulta de vital importancia para toda la sociedad.

El libro publicado en la Colección Economía Crítica y Ecologismo Social de FUHEM Ecosocial, bajo el título El trabajo de cuidados: historia, teoría y políticas, se presentará el próximo jueves 27 de febrero a las 19 h. en la Librería Mujeres & Compañía.

La presentación contará con la presencia de:

Alicia Rius, Doctora en Economía Aplicada y Agente de Igualdad. Su trayectoria profesional se ha enfocado hacia la Formación, como coordinadora, divulgadora y formadora en materia de Feminismos y Políticas de Equidad.

Silvia López, Doctora en Ciencia Política y Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigadora y docente especializada en pensamiento feminista contemporáneo y en análisis de políticas de igualdad de género, especialmente en materia de violencias de género, y derechos sexuales y reproductivos.

Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista Es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito ecofeminista y ecosocialista a nivel europeo.

Modera el acto Lucía Vicent investigadora de FUHEM Ecosocial.

RECUERDA:

FECHA: 27-02-2020

HORA: 19.00 h.

LUGAR: Librería Mujeres & Compañía

C/ La Unión, 4. 28013 Madrid

Entrada libre hasta completar aforo. Puedes reservar tu entrada en el evento de facebook.


Otro fin del mundo es posible

El próximo 4 de marzo de 2020, a las 19.30 h. se presentará en el Espacio Abierto FUHEM el libro de Jorge Riechmann, Otro fin del mundo es posible, sobre transiciones ecosociales, colapsos y la imposibilidad de lo necesario.

Contaremos con la presencia de:

Virginia Rodríguez, presidenta de la Fundación Cultural de Cercedilla.

Marta Valero, coordinadora editorial de MRA ediciones.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del Área Ecosocial de FUHEM.

Irene Gómez-Olano, estudiante y militante de Abrir Brecha.

Saúl Flores Martínez, estudiante y militante de Rebelión contra la Extinción.

Jorge Riechmann, autor del libro, ensayista, poeta y profesor de Filosofía moral y Política de la Universidad Autónoma de Madrid.

RECUERDA:

FECHA: 04-03-2020

HORA: 19.30 h.

LUGAR: Espacio Abierto FUHEM

Avda de Portugal, 79 posterior. 28011 Madrid.

Entrada libre hasta completar aforo. Puedes reservar tu entrada en: https://facebook.com/events/170811917699824/

 


Próxima Sesión Curso Economía Vivienda: entre la especulación y la innovación social

 

El próximo lunes 17 de  febrero tendrá lugar una nueva sesión de 2020 del Curso de Economía de la Universidad del Barrio, organizada por FUHEM Ecosocial, Economistas sin Fronteras y el Salmón Contracorriente  en el Teatro del Barrio.

La construcción de viviendas ha sido una pieza clave en el modelo de crecimiento económico español de las últimas décadas. Su degeneración en un activo financiero especulativo ha provocado que coexistan miles de viviendas vacías y muchas más personas con dificultades para el acceso a la vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, pese a la condición de derecho que tiene.

En este contexto, la ineficacia que hasta el momento han tenido las políticas públicas implementadas al respecto en España coexiste con la emergencia de iniciativas sociales en torno a la vivienda que merecen nuestra atención: cooperativas de vivienda en cesión de uso, organizaciones sociales para defender alquileres, viviendas colaborativas (cohousing), diseños arquitectónicos con perspectiva de género, etc.

De todos ello hablaremos en la próxima sesión del curso de economía de la Universidad del Barrio, con la participación de:

Maite Arrondo, experta en políticas de vivienda.

Javier Gil, sociólogo.

Cristina Platero, Batïq Cooperativa de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

RECUERDA:

FECHA: lunes 17 de febrero.

HORA: 19 h.

LUGAR: Teatro del Barrio

C/ Zurita, 20

28012 Madrid

Metro Lavapiés.

 

Maite Arrondo y Javier Gil han escrito en el número 148 de nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Ciclón inmobiliario, dentro de la sección dedicada al ESPECIAL:

Maite Arrondo Segovia y Raquel Rodríguez Alonso, Análisis comparado de modelos inmobiliarios en Europa.

Javier Gil García, La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitres?

 


Papeles 148: Ciclón Inmobiliario

Ofrecemos como primicia el próximo lanzamiento del nuevo número de la revista Papeles de Relaciones Ecosocales y Cambio Global, sobre el ciclón inmobiliario, sus perversos efectos sobre la vivienda y la búsqueda de alternativas de carácter social.

El singular desarrollo del sector inmobiliario español, acostumbrado desde el franquismo a los “pelotazos inmobiliarios”, ha tratado la vivienda durante décadas como un valor refugio para inversionistas, convirtiendo este derecho fundamental en un recurso para la especulación en manos de agentes privados. A los tradicionales, se unen ahora los “nuevos inversores” compuestos por corporaciones transnacionales. Las políticas públicas en la creación de un parque de vivienda a la medida de las necesidades han resultado tímidas y claramente insuficientes.

El resultado de este enfoque ha causado impactos distorsionadores en el acceso a la vivienda, un bien básico fuera del alcance –no solo en compra, sino incluso en alquiler– de una parte importante de la población, y no porque falte vivienda; de hecho, el actual parque inmobiliario está sobredimensionado.

Toca ahora afrontar el agotamiento del modelo inmobiliario-financiero actual y la necesidad de reconvertirlo tanto en su desinversión como hacia horizontes políticos, territoriales y urbanos más saludables desde un punto de vista ecológico y social. Ello exige medidas urgentes y planes a largo plazo, lo que implica no tanto nueva construcción como una gestión-rehabilitación-reutilización renovada del parque existente, además de abordar el problema del alquiler de pisos turísticos.

El ciclón inmobiliario y sus perversos efectos sobre la vivienda ha auspiciado, sin embargo, la búsqueda de alternativas de carácter social, con un abanico de proyectos en marcha.

Estas temáticas son analizadas tanto en los artículos del ESPECIAL como en la ENTREVISTA a José Manuel Naredo, que diseccionan las dinámicas del mercado inmobiliario y formulan propuestas para subsanar sus desviaciones.

En PERISCOPIO se recogen tres experiencias que presentan vías alternativas y sociales.

El número se completa con reflexiones sobre distintas temáticas en las secciones ENSAYO, ENTREVISTA, PANORAMA y LIBROS.

A continuación, ofrecemos el sumario y el acceso al texto completo tanto de la INTRODUCCIÓN, como del artículo destacado del número, que en este caso, es la ENTREVISTA a José Manuel Naredo.

 

SUMARIO:

INTRODUCCIÓN

La vivienda entre el derecho y la especulación, Santiago Álvarez Cantalapiedra

ENSAYO

¿Somos demasiados? Reflexiones sobre la cuestión demográfica, Jorge Riechmann.

ESPECIAL. VIVIENDA: ENTRE LA ESPECULACIÓN Y LA INNOVACIÓN  SOCIAL

La vivienda: problema y propuestas, Vicente Pérez Quintana.

Análisis comparado de modelos inmobiliarios en Europa, Maite Arrondo Segovia y Raquel Rodríguez Alonso.

El derecho a la vivienda frente a la financiarización y el turismo masivo: experiencias internacionales, Irene Escorihuela Blasco.

Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. Por una acción municipalista, Agustín Hernández Aja, Iván Rodríguez Suárez, Lucas Álvarez del Valle.

La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitres?, Javier Gil García.

PANORAMA

La pobreza de los Nobel de Economía, Marta Fana y Luca Giangregorio.

PERISCOPIO

Entrepatios, la realidad hecha sueño, Nacho García Pedraza y Berta Iglesias Varela

La vivienda en Barcelona, algunas experiencias y pensando en el futuro, Núria Pedrals Pugés.

Trabensol, centro social de convivencia para mayores, Manolo Collado.

ENTREVISTA

Entrevista a José Manuel Naredo sobre el modelo inmobiliario español, José Bellver Soroa.

Entrevista a Joaquim Sempere sobre Las cenizas de Prometeo, Salvador López Arnal.

LIBROS

Shut down the business school: what’s wrong with management education, de Martin Parker.

Carlos Jesús Fernández Rodríguez.

Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo, de Richard Wilkinson y Kate Pickett.

Miguel Ángel Casaú Guirao.

Hablemos claro sobre el comercio mundial, de Dani Rodrik.

Álvaro Briñas.

Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad, de Esther Vivas.

Christel Keller Garganté.

La democracia inencontrable. Una arqueología de la democracia, de Fernando Oliván.

Arturo Luque González.

 

Información y compras:

Tel.: +34 914310280

Email: publicaciones@fuhem.es

Puedes adquirir la revista PAPELES en nuestra librería virtual.

 


II Jornadas Justicia Alimentaria

En la Comunidad de Madrid, la región más rica de España, unas 750.000 personas presentan insuficiencia alimentaria, según el Mapa de inseguridad alimentaria. La existencia de los bancos de alimentos y el trabajo de grupos de recogida y reparto lo siguen mostrando cada día.

¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados?

¿Para cuándo una carta contra el Hambre en Madrid?

El recorrido de la Iniciativa social de la Carta contra el Hambre de hace tres años ha mostrado que el funcionamiento de la política institucional tiene sus plazos y que cuesta mucho intentar acelerarlos: no se consiguió durante la legislatura pasada siquiera que se admitiera a trámite el texto de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), pero sí se consiguió enriquecer la perspectiva inicial con las aportaciones de los movimientos agroecológico, de salud pública y vecinales. Ya no son tan ajenos los conceptos de soberanía alimentaria o de derecho a la alimentación.

Entrados ya en la presente legislatura autonómica en Madrid (2019-2023), los retos de la alimentación suficiente y de calidad continúan, pero contamos con más perspectivas, nuevas herramientas y más experiencias concretas desde los barrios.

De las I Jornadas de Justicia alimentaria en la Ciudad (2018), pasamos a las Alternativas que se están cocinando en los barrios con estas II Jornadas, a celebrar los días 12, 19 y 26 de febrero de 2020, en el Espacio Abierto FUHEM, Av. de Portugal, 79, posterior · Madrid <M> Puerta del Ángel

 

1ª SESIÓN. Cultivando ‘soberanía alimentaria’

12 de febrero, 19 horas.

Introduce y modera: Santiago Álvarez Cantalapiedra, FUHEM Ecosocial.

  • La poderosa industria que sirve nuestra mesa: ¿Qué alternativas? Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.
  • Una reivindicación ciudadana: el derecho a la alimentación. José Ramón González Parada, Plataforma de la Carta contra el Hambre en Madrid.
  • Agroecología en la lucha contra el hambre, ¿con quién y para quién? Marian Simón, Madrid Agroecológico.

 

2ª SESIÓN. Iniciativas que germinan

19 de febrero, 19:00 horas.

Introduce y modera: Evaristo Villar, Plataforma Carta contra el Hambre.

 

3ª SESIÓN. Cosechando de las experiencias.

26 de febrero, 19 horas.

 Introduce y modera: Julia del Valle, Cooperativa Germinando.

 

Os invitamos a participar en los debates, a revisar las estrategias de abordaje de esta situación y a compartir las experiencias en marcha en barrios de Madrid. Para confirmar la asistencia puedes adquirir tus entradas gratuitas aquí.

 

Organizan:

 

Apoyan la iniciativa:


Entrevista a José Manuel Naredo sobre el panorama inmobiliario español

Entrevista a José Manuel Naredo sobre el panorama inmobiliario y habitacional en España.

José Bellver Soroa

Hablar de la problemática de la vivienda en España implica necesariamente hablar del modelo inmobiliario  español, algo sobre lo que, en su extensa trayectoria, ha trabajado incansablemente José Manuel Naredo. A través de una gran variedad de publicaciones, entre las que cabe destacar algunos de sus libros más recientes como El modelo  inmobiliario español: y su culminación en el caso valenciano (Icaria, 2011), en coautoría con Antonio Montiel; el libro colectivo coordinado junto a Federico Aguilera titulado Economía, poder y megaproyectos  (Fundación Cesar Manrique, 2011), o su último libro en torno a la Taxonomía del lucro (Siglo XXI, 2019), José Manuel  Naredo  es una de las personas que mejor ha analizado y descrito el despilfarro tanto económico como ecológico que el modelo inmobiliario español lleva aparejado, subrayando  además sus nefastas consecuencias sociales, de la mano de un marco económico-político  que lo promueve para beneficiarse de él.

José Bellver (JB): ¿Podrías recordar los principales rasgos de este modelo basado en lo que más de una vez has denominado “la cultura del pelotazo”?

José Manuel Naredo (JMN): Recordemos sumariamente cómo se gestó el actual modelo inmobiliario. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, el alquiler fue el régimen de tenencia de la vivienda mayoritario en nuestro país. El Censo de Edificios y Viviendas de 1950 muestra que más de la mitad del stock de viviendas se habitaba entonces en régimen de alquiler y este porcentaje alcanzaba cerca del 90 % en las grandes ciudades (Madrid 94%, Barcelona 95%, Sevilla 90%, Bilbao 88 %...). Pero esta situación se invirtió mediante políticas en favor de la vivienda en propiedad diseñadas durante el franquismo y proseguidas, con un continuismo digno de mejor causa, durante la democracia, hasta conseguir que culminara la propiedad como el régimen de tenencia mayoritario que ha caracterizado el país en los últimos tiempos. Fue el primer ministro franquista de la vivienda, José Luís de Arrese, nombrado en 1957, quien afirmó la voluntad de “hacer un país de propietarios, no de proletarios”, respaldando este empeño por supuestas exigencias de orden público, al estimar que “el hombre, cuando no tiene hogar, se apodera de la calle y, empujado por su mal humor, se hace subversivo, agrio, violento…”. Y para promover la vivienda en propiedad trató de “despertar” el afán de lucro de los constructores “tocando arrebato las campanas de la iniciativa privada para conseguir su colaboración” (Discurso de Arrese en las Cortes, presentando su Plan de Urgencia Social).

Las principales líneas de trabajo en las que se articularon las medidas que permitieron invertir la situación, dando lugar al actual modelo inmobiliario, son las siguientes.

  • Por una parte, se decretó la congelación de los alquileres que, unida a la fuerte inflación de precios y a las sucesivas devaluaciones de la peseta registradas durante el franquismo, hizo cada vez menos atractivo el alquiler para los propietarios de los inmuebles, sentenciado al abandono, la ruina y la demolición  a  buena  parte  del stock inmobiliario, para rentabilizarlo después construyendo mayores volúmenes y vendiendo las viviendas resultantes.
  • A la vez, se implantó un sistema de financiación hipotecaria operativo, que facilitó la compra a crédito de las viviendas, y una ley de propiedad horizontal, que permitió segregar en pisos la propiedad de los inmuebles y gestionarla por comunidades de propietarios.
  • Por otra parte, se estableció un marco institucional que aseguró el desplazamiento del lucro del sistema inmobiliario desde el cobro de alquileres, hacia la realización de plusvalías mediante la reclasificación de terrenos. La importancia que cobró ese maná que caía del cielo en forma de plusvalías sobre los propietarios de terrenos por el mero hecho de hacerlos edificables, le hizo cobrar nombre propio en nuestro país, calificando popularmente de “pelotazo inmobiliario” esta forma de enriquecimiento jugoso y rápido, que dependía de tener las informaciones y contactos adecuados para asegurar la reclasificación de determinados terrenos. Denominación que no encuentra una expresión similar en las lenguas de los países situados al norte de los Pirineos, lo que resalta la peculiaridad del modelo inmobiliario español.

Podríamos poner múltiples ejemplos de “pelotazos inmobiliarios” realizados durante el franquismo que historian la evolución de nuestras ciudades. En Madrid barrios enteros invadieron con edificaciones las “cuñas” y “cinturones verdes” previstos en el Plan de Ordenación Urbana de la postguerra, facilitando buenos “pelotazos urbanísticos” a los promotores bien relacionados con el régimen franquista. Pero lo curioso es que esas operaciones urbanísticas que se hacían fuera del planeamiento y que eran calificadas de “escándalos” durante el franquismo, siguieron proliferando alegremente durante la democracia, con la diferencia de que ahora se presentan como exponentes de buen hacer político y empresarial. Así, al igual que en otras ciudades, el skyline de Madrid vino marcado por operaciones urbanísticas realizadas fuera del planeamiento que van desde la Torre de Valencia o la Torre Picasso, hasta las Torres KIO y las Torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que quedarán eclipsadas por las de la Operación Chamartín, si alguna vez llega a realizarse. Y es que hay dos tesis doctorales en la ETS de Arquitectura de Madrid que demuestran que el tejido de la urbe no lo hizo el planeamiento, sino que se configuró a golpe de “operaciones inmobiliarias” ajenas al mismo, en buena parte agrupadas en torno a los grandes ejes del viario.  Se obtuvieron así enormes plusvalías cuya importancia estimé en algunos de mis trabajos, confirmando que, como dijo un ministro, España es un país en el que “es fácil hacerse rico”, claro, siempre y cuando se disponga de la información y los contactos adecuados.

Se fue así configurando un modelo inmobiliario –analizado en mi libro El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano (Icaria, 2011)– en el que la construcción ha sido la colaboradora necesaria del “pelotazo inmobiliario”. Un modelo que prioriza la vivienda como inversión, no como bien de uso. Un modelo que, en vez de atender a la demografía y a las necesidades de vivienda, se mueve a golpe de burbujas especulativas que generan patologías de crecimiento en la reclasificación de suelos y construcción de viviendas que rebasan con mucho unas necesidades que, para colmo, quedan en buena medida insatisfechas al rebasar los precios la capacidad de pago y endeudamiento de muchos necesitados y al haberse ido liquidando el stock de vivienda social generado durante el franquismo.

Un modelo que prioriza la vivienda como inversión, no como bien de uso. Un modelo que, en vez de atender a la demografía y a las necesidades de vivienda, se mueve a golpe de burbujas especulativas que generan patologías de crecimiento en la reclasificación de suelos y construcción de viviendas que rebasan con mucho las necesidades.

Este modelo se superpone por encima de las legislaciones autonómicas del suelo y la vivienda, aunque se observen algunas diferencias de comportamiento que hacen que, aunque en todas partes cuezan habas, en unas la cuezan mucho más que en otras. Diferencias que van, por ejemplo, desde la Comunidad Valenciana, que vivió a tope la pasada burbuja inmobiliaria, hasta el País Vasco, que lo hizo con mayor moderación, al contar con un urbanismo más regulado y con más vivienda social y en alquiler.

JB: ¿Puedes explicar cómo se entrelaza esto con la política en nuestro país, y particularmente con los fenómenos de corrupción que brotan con frecuencia?

JMN: La relación de este modelo inmobiliario con la corrupción es clara: como los políticos locales y regionales tienen la llave de las reclasificaciones de terrenos –que en este modelo son la clave del negocio inmobiliario– y los promotores buscan tratos de favor, se genera un caldo de cultivo muy propicio para que la corrupción prospere, al incentivar el reparto entre ambos del maná de las plusvalías.

A ello contribuyó el hecho de  que  el  clientelismo  político  franquista mudara en el actual clientelismo de los partidos políticos, así como la existencia de un marco  institucional  que  lo  fomenta.  Por ejemplo, el hecho de que sean los partidos políticos mayoritarios los que nombran las instancias reguladoras de la judicatura, de las  actividades  comerciales,  financieras, etc.,  contribuye  a  ello.  Como  también  la insuficiencia presupuestaria de los ayuntamientos, que los empuja a buscarse la vida nutriéndose  de  las  plusvalías  fruto  de  la reclasificación de terrenos y de otras figuras recaudatorias  asociadas  a  la  expansión urbano-constructiva, favoreciendo la connivencia entre políticos y promotores.

Aunque  estas  relaciones desembocan con frecuencia en ilegalidades y delitos, la legislación acomodaticia que se ha venido generando hace que puedan mantenerse dentro de la legalidad. Por ejemplo, al disponer Lanzarote de un Plan Insular de Ordenación del Territorio que regulaba el quehacer de los ayuntamientos, el caciquismo clientelar isleño optó por la ilegalidad: la indisciplina urbanística de ayuntamientos y promotores, que siguieron concediendo licencias y construyendo al margen de las limitaciones establecidas en el Plan Insular, sumó los dos millones de metros cuadrados de licencias municipales concedidas irregularmente, que han sido declaradas ilegales por los tribunales con sentencias firmes, es decir, sin posibilidad de apelación. Sin embargo, las ilegalidades vividas en Lanzarote, podrían ser legales en la Comunidad de Valencia, cuya ley del suelo otorga con nombre propio al “agente urbanizador” competencias de intervención sobre el territorio que estaban condicionadas en Lanzarote.

De todas maneras, aun disponiendo de una legislación acomodaticia, los delitos asociados al urbanismo valenciano se han extendido también como un reguero de pólvora, culminando con el proceso y la condena del exalcalde de Benidorm y expresidente de la Comunidad, Eduardo Zaplana, en el llamado Caso Eriales (Véase F. Arabi, Ciudadano Zaplana. La construcción de un régimen corrupto, Foca, Madrid, 2019) o también en los otros muchos casos judicializados que se asocian a la modalidad del “pelotazo urbanístico” en la Taxonomía del lucro (Siglo XXI, 2019). Creo que la sensación de impunidad que ha venido sintiendo la cúspide del caciquismo clientelar político y empresarial imperante en nuestro país, es la que ha impulsado a transgredir alegremente la frontera de la ilegalidad en el rosario de casos de corrupción que han aflorado en los tribunales y en la prensa.

La sensación de impunidad que ha venido sintiendo la cúspide del caciquismo clientelar político y empresarial imperante en nuestro país, es la que ha impulsado a transgredir alegremente la frontera de la ilegalidad en el rosario de casos de corrupción que han aflorado en los tribunales y en la prensa.

JB: ¿Y cuáles son los mecanismos que llevan a que hoy sigamos gritando en las calles aquello de “casas sin gente, gente sin casa” o que básicamente por los precios inasumibles de alquiler no haya quien viva en los barrios céntricos de las principales ciudades? De hecho, hay quien habla de una nueva burbuja inmobiliaria, ¿es realmente el caso?

JMN: Ya hemos visto que el sistema inmobiliario que se implantó prioriza la vivienda como inversión, no como bien de uso, con lo que sería pedir peras a olmo, pensar que ese sistema puede colmar por sí mismo las necesidades de vivienda de quienes no pueden comprarlas. Sobre todo cuando los precios de la vivienda han crecido a largo plazo mucho más que los salarios, cuando abundan el paro y los trabajos eventuales y precarios y cuando, para colmo, se fue liquidando sin pena ni gloria el notable stock de vivienda social –pública y privada, no solo para personas necesitadas, sino para funcionarios y militares, para empleados bancarios, industriales… o ferroviarios– que se había construido durante el franquismo, lo que hizo que España sea hoy colista europea en vivienda social.

Se plantea así la paradoja de que, mientras los afanes de lucro especulativo hicieron, que en los años centrales del pasado boom inmobiliario, se construyeran más viviendas que en Francia y Alemania juntas (que tienen tres veces más población y el doble de territorio), hubiera cada vez más necesidades de vivienda insatisfechas (a la vez que abundaban las viviendas secundarias y desocupadas).

Para comprender lo que está pasando, hay que darse cuenta que ha colapsado el modelo inmobiliario vigente, que proponía la compra como la forma idónea de acceder a la vivienda.  Este colapso –que normalmente se silencia– lo atestigua el hecho de que, tras el pinchazo de la burbuja, el crédito a las personas físicas para compra de vivienda, no solo no ha repuntado, sino que sigue cayendo, como constato en el artículo reciente sobre el panorama inmobiliario actual (publicado en el nº 145 de esta misma revista) y como confirman los últimos datos disponibles.

A ello contribuye tanto el empeño de la banca de reducir su exposición al ladrillo, como sobre todo la precariedad y escasa retribución del trabajo de la mayoría de los nuevos demandantes de vivienda –jóvenes e inmigrantes– que les incapacita para afrontar deudas a largo plazo, obligándolos a alquilar.

El aumento de los precios de alquiler en las zonas más demandadas es fruto de esta nueva canalización de la demanda que presiona con inusitada fuerza sobre el estrecho mercado del alquiler, compitiendo además en muchos casos con los alquileres turísticos, ahora publicitados y gestionados más eficazmente por nuevas redes y portales informáticos.

Por otra parte, el potente intervencionismo del Estado en sus operaciones de salvamento y publificación de las entidades financieras en bancarrota y la compra de los descartes inmobiliarios de la banca por la SAREB –la agencia liquidadora estatal mal llamada “banco malo”– ha agravado, en vez de paliar, las penurias asociadas a la falta de viviendas asequibles para buena parte de la población.

En efecto, como apuntaba en el artículo antes citado, «los popularmente llamados “fondos buitre” han venido buscando, con la ayuda de ojeadores autóctonos, buenos solomillos a comprar entre los despojos inmobiliarios que ha dejado la crisis.

Episodios como el de la compra, por fondos privados, de vivienda social a precio de saldo en Madrid, ocurrido bajo la alcaldía de Ana Botella, que afloró de la mano del Tribunal de Cuentas, han venido  proliferando  en  la  sombra.  ¿Qué está pasando con los cientos de miles de viviendas que han ido a parar a entidades públicas, como son hoy las cajas de ahorro salvadas y publificadas o la SAREB o “banco malo”? Fondos como Blackstone, con entidades como Aliseda, S. Testa y Fidere, han venido comprando decenas de miles de viviendas de bancos y cajas. Las estadísticas tributarias visibilizan cerca de dos millones de viviendas propiedad de personas  jurídicas.  Según  mis  cálculos,  las diez primeras entidades propietarias disponen de cerca de 300.000 viviendas [...]». No cabe ahora entrar en detalles sobre este panorama oscuro y lamentable, en el que un colectivo de empresas y personas viven e incluso se forran gracias al manejo de los despojos inmobiliarios…y entre los “ojeadores autóctonos” figuran personas bien conocidas y relacionadas que participan del festín, como se detalla en un libro reciente de Manuel Gabarre (Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida de los alquileres, Traficantes de sueños, Madrid, 2019).

Añadiré solo que buena parte de las grandes empresas que participan en este negocio se han reconvertido en SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) para no pagar impuestos, reventando el carácter social que debería de impregnar este tipo de entidades y acentuando notablemente su concentración (las estadísticas tributaias muestran que en 2016 el 10% de las SOCIMIs poseían el 76% del capital).

El aumento de los precios de alquiler en las zonas más demandadas es fruto de esta nueva canalización de la demanda que presiona con inusitada fuerza sobre el estrecho mercado del alquiler, compitiendo además en muchos casos con los alquileres turísticos, ahora publicitados y gestionados más eficazmente por nuevas redes y portales informáticos.

Se plantea así una sangrante paradoja: mientras el artículo 47 de la Constitución española encomienda a los gobiernos «promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una la vivienda digna», nuestros sucesivos gobiernos han venido incumpliendo este mandato, para facilitar el negocio de unos pocos malversando el enorme stock de viviendas en manos de las cajas de ahorro publificadas y la SAREB.

Como decía en mi artículo antes citado, «creo que merecería la pena arrojar algo de luz sobre este panorama oscuro y orientarlo con políticas que alivien los costes económicos y sociales de la reconversión inmobiliaria en curso».

Respecto a la pregunta que me haces sobre si el repunte más moderado que acusan los precios de compra de la vivienda refleja el inicio de una nueva burbuja comparable a la anterior, te diré que no, sobre todo porque falta la financiación necesaria para inflarla. Pues si se entiende por burbuja el aumento especulativo de los precios de un activo alimentado por compras cada vez apalancadas por créditos, porque se piensa que los precios van a subir, y suben porque se compra, desde luego una burbuja especulativa no puede ir muy lejos cuando, como hemos indicado, el volumen de crédito concedido a la compra de vivienda sigue disminuyendo, al igual que a la promoción y construcción de viviendas.

el artículo 47 de la Constitución española encomienda a los gobiernos «promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una la vivienda digna», nuestros sucesivos gobiernos han venido incumpliendo este mandato, para facilitar el negocio de unos pocos malversando el enorme stock de viviendas en manos de las cajas de ahorro publificadas y la SAREB.

Y es que, si la burbuja anterior devoró el ahorro del país, haciendo que la ratio crédito hipotecario/PIB pasara de estar por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno, a situarse por encima de todos ellos, ahora todavía toca desendeudarse. Además, la burbuja anterior alcanzó una intensidad y una  duración  tan  extremas  porque  contó con circunstancias de partida irrepetibles: el relativamente escaso endeudamiento inicial de los hogares, la entrada en el euro, que posibilitó el endeudamiento exterior sin tasa, la caída del tipo de interés, el alargamiento de los plazos…

En mi artículo antes citado se explica quiénes son los “nuevos inversores” que han venido motivando, con escaso recurso al crédito, los repuntes de operaciones y precios de la vivienda en las zonas más valoradas de las grandes aglomeraciones o de la costa. Por una parte, está el perfil compuesto por corporaciones transnacionales deseosas de invertir en ladrillo la abundante liquidez que se generó a nivel internacional para paliar los efectos de la crisis, que hizo que la inversión extranjera en inmuebles cobrara una fuerza inusual en el mercado inmobiliario español, explicando en buena medida el repunte de las operaciones y los precios antes mencionada. Por otra, existe un segundo perfil de “nuevos inversores” inmobiliarios autóctonos compuesto por personas y entidades sobradas de liquidez dispuestas a invertir en inmuebles, como mal menor frente a los riesgos y la baja rentabilidad que ofrecían las otras opciones de inversión (según mis cálculos, el mayor repunte de los alquileres hizo que la inversión en vivienda alcanzara rentabilidades medias que superan el 5%).

La aparición de los “nuevos inversores” ha venido facilitando, así, la desinversión inmobiliaria de los hogares y empresas más necesitadas de liquidez, que está pasando de forma opaca y desregulada por la banca y la SAREB, así como el desplazamiento del modelo inmobiliario hacia el alquiler.

Se trata de un ajuste post burbuja que en cualquier caso tendría que producirse, pero postulaba que ambos procesos deberían de gestionarse con políticas orientadas a minimizar el daño económico y social ocasionado por la crisis del modelo inmobiliario español a la que estamos asistiendo, cosa que como hemos visto no ocurre. En fin, que no hay que confundir el ajuste que se está produciendo con una nueva burbuja comparable a la anterior, por mucho que las operaciones y los precios se animen por la presencia de los “nuevos inversores”.

JB: En tus publicaciones has trabajado mucho también cómo el modelo inmobiliario español es destructivo en términos ecológicos, lo cual entiendo que guarda una fuerte relación con aquello del modelo urbano difuso y también con el tipo de edificación. ¿Cómo se relaciona esto a su vez con cuestiones como la salud de las personas, el cambio climático o la pobreza energética?

JMN: El deterioro ecológico asociado al actual modelo inmobiliario viene ocasionado por el metabolismo constructivo-destructivo que lo sirve y por su incidencia territorial. El actual modelo inmobiliario, al rentabilizarse por plusvalías derivadas de la reclasificación de suelos, genera formas de ocupación del territorio y de configuración del medio urbano que resulta ecológicamente muy degradantes.

Desde hace tiempo vengo señalando que las reglas del juego económico habitual, guiado por la brújula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos específicos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que lo impidan. Cuando estas barreras se diluyen dejando que los afanes especulativos ordenen y construyan a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fenómenos solidarios.

En primer lugar, tienden a desatarse patologías de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos de urbanización y  sus  servidumbres  territoriales  a  ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta disponible. Como la construcción de inmuebles e infraestructuras es la colaboradora necesaria del “pelotazo inmobiliario”, se han generado patologías de crecimiento que multiplican la reclasificación de suelos y la construcción muy por encima del crecimiento de la población y de las necesidades de primera vivienda, dejando para colmo, como hemos visto, necesidades insatisfechas. Así, el llamado tsunami inmobiliario ocasionado durante la pasada burbuja especulativa dejó de ser una simple metáfora para cobrar fuertes visos de realidad. En los años centrales del boom llegaron a caer sobre el territorio hispano más de una tonelada de cemento por hectárea de superficie geográfica, a la que habría que añadir la arena, la grava… y los materiales de construcción. La materialidad de la construcción ha sido enorme, doblando la de países como Francia que tienen más población y territorio. Y como es sabido esa materialidad conlleva fuertes exigencias en agua, energía y materiales e incidencias contaminantes globales y locales que no cabe precisar aquí.

En segundo lugar estos procesos se ajustan implícitamente a los siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo:

1º) se impone un modelo territorial que polariza el espacio en núcleos atractores de población, capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres;

2º) se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban sprawl) que separa y expande por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes infraestructuras de transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento;

3º) se impone un único modelo constructivo: el que acostumbro a denominar estilo universal, que separa las partes del edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar después la cubierta, el cerramiento… y la climatización, haciendo abstracción de la historia y de las condiciones y los materiales del entorno.

El actual modelo inmobiliario, al rentabilizarse por plusvalías derivadas de la reclasificación de suelos, genera formas de ocupación del territorio y de configuración del medio urbano que resulta ecológicamente muy degradantes.

La expansión urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a los que demandaba la arquitectura vernácula y la ciudad clásica o histórica, que inducen a considerar a la especie humana como una especie de patología terrestre. Desde hace tiempo he venido apreciando una fuerte analogía entre la patológica incidencia de la especie humana en el territorio y la que tienen los procesos cancerígenos en los organismos, cuyas características son las siguientes:

  1. Crecimiento rápido e incontrolado.
  2. Indiferenciación de las células malignas.
  3. Metástasis en diferentes lugares.
  4. Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes.

Las reglas del juego económico dominantes desatan, en primer lugar, el “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización, movido por afanes de posesión y lucro ilimitados, provocando “burbujas” especulativas que solo el estrangulamiento financiero acaba desinflando. La “indiferenciación de las células malignas” ofrece clara similitud con el predominio de un único modelo constructivo: el que hemos denominado “estilo universal”, que dota a los edificios de un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a la arquitectura vernácula, que construía los edificios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones del entorno y utilizando los materiales de éste.

A la vez que la aparición de “metástasis en diferentes lugares” encaja como anillo al dedo con la naturaleza del nuevo modelo de urbanización: el de la “conurbación difusa”, que separa las distintas funciones y piezas de la ciudad, por contraposición a la “ciudad clásica” o “histórica”, más compacta y diversa. Pero aquí ya no son los canales linfáticos del organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis, sino el viario y las redes que el propio sistema construye a propósito, para posibilitar su difusión hasta lugares antes recónditos.

En lo que concierne a la “invasión y destrucción de los tejidos adyacentes”, las tendencias indicadas no ayudan a mejorar los asentamientos y edificios anteriores, sino que, en ausencia de frenos institucionales que lo impidan, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas los nuevos e indiferenciados modelos urbano-constructivos. Además de la súper destrucción operada sobre el patrimonio inmobiliario preexistente, las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios próximos y las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo de urbanización, extienden la “huella” de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.

Las reglas del juego económico dominantes desatan, en primer lugar, el “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización, movido por afanes de posesión y lucro ilimitados, provocando “burbujas” especulativas que solo el estrangulamiento financiero acaba desinflando.

El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio, que acentúan las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evolución simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos. La superdestrucción de los “espacios naturales” y de los propios sistemas agrarios ocasionada por el  actual modelo inmobiliario se produce por tres vías: una, por la querencia a ocupar los suelos ecológica y agronómicamente más valorados, con especial incidencia sobre vegas y regadíos, otra por la ruptura del territorio que ocasionan las crecientes exigencias de viario y una tercera al promover expectativas que inducen al abandono de las actividades agrarias para generar un amplio espacio periurbano degradado que he venido denominando “barbecho urbano” (por ejemplo, entre 1980 y 2005, pudimos comprobar por fotointerpretación que en la Comunidad de Madrid se generaron 40.000 hectáreas de suelo periurbano degradado, como mostrábamos en el Estudio sobre la ocupación del suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid (1956-1980-2005), publicado en 2008 y del que fuimos coordinadores Ricardo García Zaldívar y yo).

Los procesos indicados acaban produciendo un cambio de fase en el modelo territorial que denota la extensión de la dolencia descrita, especialmente perceptible en los territorios insulares y en las zonas más densamente pobladas: se pasa de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida con algunos islotes urbanos unidos por un viario tenue y poco frecuentado, hacia un mar metropolitano con un potente viario, redes y servidumbres que segregan enclaves de campo o naturaleza cada vez más fragmentados y deteriorados, que tardía- mente se tratan de proteger de la patología en curso. El caso español constituye un buen ejemplo de la expansión de las patologías urbano-territoriales descritas, con especial incidencia sobre los territorios metropolitanos y costeros e insulares, más espoleados por el turismo y la segunda residencia.

JB: ¿Cómo puede modificarse esta dinámica? ¿Cuáles habrían de ser las claves para un planteamiento diferente en términos regulatorios?

JMN: Tener buen conocimiento de nuestros males es condición necesaria para poder curarlos o al menos paliarlos y, por ende, darnos cuenta de que el diagnóstico del presente condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Así que lo primero es hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando, en vez de confundir a la gente manejando datos sesgados o expresamente adulterados, como ha venido ocurriendo, primero, para hacer creer que no había burbuja especulativa, luego que habría un aterrizaje suave... y ahora que ya la situación repunta y que podemos volver a las andadas como si nada hubiera pasado, con lo que no hacen faltan cambios, olvidando la cadena de salvamentos, compras y avales practicados con dinero o respaldo público y los ajustes y las reconversiones en curso que se están produciendo.

En primer lugar, un buen diagnóstico de los problemas post-burbuja pasa por tomar conciencia de que se ha desplazado el problema, desde la antigua escasez de suelo urbanizable, infraestructuras y viviendas, hacia el exceso e infrautilización de los mismos, unido a un excesivo endeudamiento y/o falta de liquidez de hogares y empresas y a la agobiante presencia de necesidades insatisfechas.

En segundo lugar, hemos de subrayar que, como ya hemos apuntado, asistimos a un ajuste post-burbuja en el que se acusa la desinversión inmobiliaria de los hogares y empresas más necesitados de liquidez en favor de “nuevos inversores” a través de la banca y la SAREB y que este ajuste va acompañado de un desplazamiento hacia el alquiler. Insistimos en que no es de recibo que, pese a la potente intervención pública, esta reconversión se esté produciendo de forma opaca y discrecional para favorecer el negocio de algunas minorías bien relacionadas. Esta reconversión debería ser transparente y dirigida a paliar los daños sociales y económicos de la crisis, orientándose a diversificar el panorama inmobiliario y financiero, dando entrada a entidades mayoristas de alquiler, condicionada a dar un uso a la vez social y lucrativo al stock infrautilizado en manos de personas y entidades con problemas de liquidez o impago paliando así necesidades insatisfechas. Pero hemos de darnos cuenta que el principal obstáculo para que tal reconversión se produzca es el actual modelo inmobiliario.

Así, en tercer lugar, es obligado tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario-financiero agotado y corrupto que no resuelve los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. Y que la reforma del modelo inmobiliario- financiero es tarea urgente que contribuiría al saneamiento económico y político del país homologándolo hacia patrones europeos… pero ello exige un verdadero pacto de Estado a consensuar por el grueso de las fuerzas políticas, pacto que debería suscribir cualquiera que no tenga intereses mezquinos e inconfesables asociados a ese modelo.

Y, como no cabe detallar aquí las políticas e instrumentos, valga decir que habría que tomar conciencia de que las soluciones para favorecer el saneamiento económico y político, la habitabilidad y el uso eficiente del patrimonio inmobiliario contenidas en la reconversión del modelo exigen empujar el marco institucional y cultural hacia las antípodas de los correspondientes al modelo inmobiliario actual: desde la vivienda como inversión hacia la vivienda como bien de uso; desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas; desde la construcción nueva hacia la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio ya construido; desde la vivienda libre y en propiedad, hacia el alquiler y la vivienda social; desde la insuficiencia presupuestaria de los ayuntamientos y la vinculación de sus ingresos a figuras recaudatorias relacionadas con la reclasificación de suelos y el crecimiento urbano, hacia la suficiencia con ingresos apoyados en figuras ajenas a ese crecimiento (véase algunos de los artículos sobre financiación local escritos en esta misma revista (uno propio en el número 129 y otro escrito por Bernardino Sanz y David Bustos en el número 130); desde la corrupción hacia el saneamiento político; desde la opacidad hacia la transparencia; desde el despotismo hacia la implicación y la participación ciudadana…

Tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario-financiero agotado y corrupto que no resuelve los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. Y que la reforma del modelo inmobiliario- financiero es tarea urgente que contribuiría al saneamiento económico y político del país homologándolo hacia patrones europeos… pero ello exige un verdadero pacto de Estado a consensuar por el grueso de las fuerzas políticas, pacto que debería suscribir cualquiera que no tenga intereses mezquinos e inconfesables asociados a ese modelo.

En resumidas cuentas, que ya va siendo hora de que todo el mundo reconozca:

1º. El agotamiento del modelo inmobiliario-financiero actual, que no sirve para paliar la presente crisis y que sigue animando expectativas vanas y prácticas corruptas.

2º. La necesidad de reconvertirlo, no solo hacia horizontes políticos, territoriales y urbanos más saludables para la mayoría, sino que faciliten también la desinversión inmobiliaria y el desapalancamiento  financiero  requeridos  (y  para ello, lección 1ª: reconocer las minusvalías, en vez de ocultarlas, al tener aversión a la baja los índices de tasación y valoración tributaria generalmente utilizados).

3º. Que esta reconversión no exige tanto construcción nueva como gestión-rehabilitación-reutilización del patrimonio inmobiliario sobredimensionado para asegurar su uso eficiente, frente al actual horizonte de abandono y ruina (y para ello, lección 1ª: aclarar estado del stock inmobiliario y de las necesidades, en vez de soslayarlos, para conectarlos recurriendo para ello a políticas territoriales, urbanas y sociales apoyadas con todo el instrumental y los medios disponibles).

4º. Y sin esa reconversión y con el oscurantismo actual (que se mantiene para facilitar y encubrir buenos negocios asociados al manejo discrecional de los despojos inmobiliarios post-burbuja) se prolongará y hará más dura la crisis económica y social.

José Bellver Soroa es miembro del Área Ecosocial de FUHEM.

 

Puedes descargar el artículo a texto completo en formato pdf: Entrevista a José Manuel Naredo sobre el panorama inmobiliario y habitacional en España


La vivienda: entre el derecho y la especulación

La vivienda: entre el derecho y la especulación

Santiago Álvarez Cantalapiedra

El acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental. Está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 25 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de la adecuada provisión de bienes y servicios que garanticen su salud y bienestar.

Entre esos bienes y servicios esenciales se encuentra la vivienda, ya que la satisfacción de las necesidades humanas asociadas a ese bien primario resulta crucial en relación con una vida buena y el avance del bienestar en una sociedad. De ahí que la mayoría de las constituciones, además de enunciar el reconocimiento de este derecho, hablen también de la obligación de los poderes públicos de promover su adecuada materialización.

La Constitución española señala en el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

En consecuencia, cuando tal reconocimiento no venga acompañado de los mecanismos capaces de subvenir dicha necesidad, nos deberíamos preguntar acerca de si la naturaleza del orden social resulta conforme al espíritu y letra constitucional.

En España existe un problema serio de cobertura de las necesidades relacionadas con la vivienda. No se debe a que nuestro parque residencial sea reducido. Cruzando los datos de creación de hogares y aumento de la oferta de vivienda, se puede concluir que no es un problema de escasez. Solo en zonas muy concretas –grandes ciudades y algunos municipios del litoral donde se concentran la mayoría de las oportunidades laborales– el stock existente resulta insuficiente frente a las variables demográficas de población y creación de nuevos hogares. El auténtico problema de la vivienda en España tiene que ver con las dificultades de acceso a la misma y las condiciones en que se encuentran esas viviendas.

El acceso a la vivienda en España

Las dificultades para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, marcan las condiciones de vida de una parte significativa de la población, especialmente la más joven. Dado que el sistema de provisión de vivienda está en manos del mercado inmobiliario y de las grandes promotoras privadas, las posibilidades de disfrute de una casa dependen fundamentalmente de la proporción entre los ingresos disponibles y la evolución de los precios. Cuando la evolución de estas variables diverge, el esfuerzo para comprar una vivienda o acceder a ella en régimen de alquiler se altera sustancialmente. Para una persona asalariada los ingresos disponibles se encuentran sometidos a los avatares del mercado de trabajo, mientras que los precios de la vivienda dependen de un sector inmobiliario que funciona como un mercado financiero sometido a los consabidos ciclones especulativos.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Aunque los indicadores relativos al esfuerzo para la compra de una vivienda han mejorado ligeramente tras el estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria, la realidad es que esta evolución no ha afectado a toda la población por igual. La devaluación salarial y la precarización en las relaciones laborales han sido la norma entre jóvenes y clases populares; sin embargo, los cuadros ejecutivos y las clases medias altas han salido favorecidas por el despliegue del abanico salarial. Esto ha hecho que el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda de las clases populares haya venido de la mano del aumento de las facilidades que logran en este mismo campo las clases más pudientes, lo que ha contribuido a tensionar los precios de la vivienda en las zonas que entran en el radar de estos sectores sociales con alto poder adquisitivo. Entre otras consecuencias, el esfuerzo de las familias con menos ingresos para acceder a una vivienda en alquiler no ha parado de aumentar en los últimos lustros. Tampoco los desahucios (primero por impago de hipotecas, luego por impago de alquiler) y los procesos de gentrificación y expulsión de los sectores populares de los barrios céntricos de las ciudades han cesado en ningún momento. Para las familias más modestas, adquirir una vivienda sigue siendo un sueño imposible de realizar.

 Las condiciones de la vivienda

El otro aspecto importante del problema de la vivienda en nuestro país tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y localización. La Constitución y otras cartas de derechos fundamentales hablan de que la vivienda debe ser digna y adecuada. Una vivienda asequible en condiciones dignas es la que permite el desarrollo de una vida sin merma de oportunidades. Una vivienda en malas condiciones en un barrio o en una zona geográfica con pocos servicios reduce las oportunidades de lograr una mejor educación o un empleo, y esta desventaja se transmite entre generaciones favoreciendo la reproducción tanto de la desigualdad como de la pobreza. Combatir las viviendas precarias y dotar de servicios a las zonas urbanas periféricas y rurales degradadas resulta tan relevante como la lucha en favor de facilitar el acceso.

La urbanización acelerada y el modelo de negocio inmobiliario derivado de la “cultura del pelotazo” han dado lugar a que muchas construcciones padezcan problemas estructurales, baja calidad en los materiales empleados y deficiencias en cuanto a su diseño y confortabilidad. Una mala orientación, un insuficiente aislamiento, la existencia de humedades y goteras, la escasez de luz o una ventilación inadecuada, repercuten negativamente en el bien- estar y en la calidad de vida de los residentes. En muchos edificios se han descuidado los servicios y los espacios comunes. Las carencias de luminarias o la ausencia de ascensores y accesos adaptados a personas con movilidad reducida convierten los hogares en prisiones en las que sus miembros quedan atrapados. En el interior de la vivienda, las instalaciones sanitarias básicas (inodoro y bañera o ducha), así como la superficie útil, raramente se encuentran adaptadas a las necesidades de los ocupantes. Muchos hogares no disponen del número de habitaciones suficientes para garantizar la necesaria intimidad.

Una vivienda en malas condiciones en un barrio o en una zona geográfica con pocos servicios reduce las oportunidades de lograr una mejor educación o un empleo

Son problemas en los que se entrecruzan el estado físico de las viviendas con la condición socioeconómica de los residentes. El hacinamiento o el mantenimiento inadecuado de las casas son problemas asociados a la falta de ingresos y a la pobreza. Los grupos más vulnerables y las clases sociales más modestas padecen en mayor grado las malas condiciones de la vivienda y los inconvenientes de la falta de espacio. Además, ante un magro ingreso los gastos en los consumos corrientes de gas, electricidad o agua adquieren un peso desproporcionado en el presupuesto familiar que impide la satisfacción de otras necesidades domésticas. Los consumos energéticos requeridos por los hogares fosilistas de las sociedades modernas dejan fuera de los estándares de confort a buena parte de la población.

Las medidas necesarias

La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Su acceso debería estar garantizado a cualquier persona. Además de procurar el acceso a toda la población, deben estar en condiciones dignas para permitir el desarrollo de un proyecto vital sin merma de oportunidades, lo que implica que las viviendas se encuentren en buen estado, adaptadas a las necesidades de quienes las habitan y que existan servicios sociosanitarios, educativos y opciones laborales allí donde se localizan.

El modelo urbanizador e inmobiliario español no atiende a ninguna de esas exigencias en lo que respecta a las necesidades de las clases populares. Para estos sectores sociales no solo resulta desproporcionado el esfuerzo requerido para acceder en propiedad o alquiler a la vivienda, sino que a pesar del esfuerzo realizado se encuentran luego con que no suelen estar en las condiciones adecuadas que esperan. Situadas habitualmente en barriadas del extrarradio o en municipios satélites de las grandes ciudades, los equipamientos y las dotaciones de servicios suelen ir a la zaga del impulso urbanizador. Normalmente rodeadas, cuando no atravesadas, de autovías, circunvalaciones u otras infraestructuras viarias, nunca les llega el turno en los planes –siempre pensados para los centros urbanos– de creación de zonas de bajas emisiones o en las medidas para combatir el ruido.

La situación que atraviesa la vivienda en nuestro país reclama la combinación de medidas urgentes con planes de intervención a más largo plazo. En lo que se refiere a las primeras, es un logro de los movimientos sociales haber situado en el centro del debate el tema de la regulación de los precios de los alquileres. La ausencia de un parque suficiente de viviendas a precios asequibles es un hándicap que padece sobre todo la población más joven. El control de las subidas abusivas del precio del alquiler que evite trayectorias divergentes con la evolución de los ingresos, la obligación de renovación automática de los contratos de alquiler (salvo incumplimientos manifiestos por parte del arrendatario o porque el arrendador precise recuperar la vivienda por necesidades familiares) y la regulación de la limitación de los usos de la vivienda para que estas no pierdan su función residencial convirtiéndose en apartamentos turísticos de la mano de plataformas de alquiler vacacional del tipo Airbnb, son medidas de choque que pueden aliviar de forma inmediata un mercado extremadamente tensionado en los últimos años. No hay que olvidar que España es el país de la Unión Europea en el que el alquiler representa un porcentaje mayor en el presupuesto de los hogares.

La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Su acceso debería estar garantizado a cualquier persona. Además de procurar el acceso a toda la población, deben estar en condiciones dignas para permitir el desarrollo de un proyecto vital sin merma de oportunidades

Pero no será suficiente si no se incrementa en el medio y largo plazo el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles. Para ello se hace necesario un cambio de modelo inmobiliario y acertar con las políticas públicas que promueven el acceso a la vivienda. En relación con esto último, por ejemplo, las políticas de incentivos fiscales impulsadas desde las últimas décadas del siglo pasado hasta el 2013, año en que se eliminó la deducción fiscal por compra de vivienda, no solo beneficiaron principalmente a las clases medias y altas, sino que además restringieron considerablemente el mercado de alquiler. En la actualidad, la debilidad de las políticas públicas de vivienda en España es manifiesta.

Uno de los puntos ciegos más clamorosos es la falta de vivienda social en régimen de alquiler y la baja oferta de vivienda sin ánimo de lucro. El modelo inmobiliario español está infestado de agentes con una cultura empresarial poco menos que dudosa. A las empresas y promotores particulares se han unido en tiempos recientes fondos buitres y un inusitado apogeo de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIS). Frente a ellas las iniciativas sociales, las cooperativas o las empresas municipales de vivienda desempeñan un papel marginal. Ante este panorama resulta impostergable que los poderes públicos se atrevan a regular los flujos de capital de las compañías gestoras de estos activos, así como los precios del suelo.

Este último es un bien inelástico, dado que no puede ser producido y se encuentra confinado en el territorio. Frente a él, sin embargo, la oferta de crédito es elástica y el capital inversor goza de una movilidad sin precedentes, provocando que el funcionamiento del sector se adecúe más al de los productos financieros que a un mercado de bienes ordinarios.

Un bien normal se regula según la llamada ley de la oferta y la demanda. Si el precio aumenta, entonces los productores aumentan la oferta y los compradores reducen su demanda, de manera que opera un mecanismo que tiende a frenar, primero, e invertir, después, esa alza del precio. No ocurre así con el suelo, que es un regalo de la naturaleza que no puede ser creado. Además, cuando el precio aumenta, lo que acontece –al igual que con cualquier otro activo financiero– no es un descenso de la demanda, sino más bien la llegada de nuevos compradores que ven en esa alza un incremento de la rentabilidad en forma de futuras plusvalías, con lo que se produce una dinámica especulativa de alza adicional de los precios que se alimenta a sí misma. Las finanzas generan así procesos que se dan de bruces con la satisfacción de una necesidad que reconocemos como un derecho.

La construcción de una alternativa a los mecanismos al uso en la provisión de las viviendas constituye así una pieza fundamental en la tarea de procurar bienestar a una sociedad.

El texto pertenece a la INTRODUCCIÓN del número 148 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global: Ciclón Inmobiliario.

Santiago Álvarez Cantalapiedra es director del área Ecosocial de FUHEM y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,

Acceso al artículo a texto completo en formato pdf: La vivenda: entre el derecho y la especulación


Descifrando la crisis que viene. Nueva sesión Curso de Economía Universidad del Barrio

El próximo lunes 13 de enero tendrá lugar la primera sesión de 2020 del Curso de Economía de la Universidad del Barrio, organizada por FUHEM Ecosocial, Economistas sin Fronteras y el Salmón Contracorriente.

En esta ocasión reflexionaremos sobre algunos elementos de vulnerabilidad en la economía mundial sobre los cuáles es posible prever un nuevo escenario de crisis económica.

Desigualdad, financiarización y políticas neoliberales están en el origen de la pasada Gran Recesión. Poco de esto parece haber cambiado: a la desigualdad rampante se suma una precariedad vital en un contexto en el que, si bien el liberalismo económico internacional se pode en cuestión por nuevos populismos de derecha, el poder de las finanzas y su consecuente formación de burbujas constantes mantiene su plena vigencia

De esta manera, ya sea por conflictos geopolíticos China-EEUU, nuevos ciclos especulativos, o encarecimiento repentino de los recursos energéticos, o simplemente falta de demanda, parecen soplar de nuevo vientos de recesión...

Contaremos con la presencia de:

Ricardo Molero Simarro, Profesor de Estructura Económica Mundial y de España, en la Universidad Autónoma de Madrid.

Natalia Arias Pérez, Economista y asesora de organizaciones sindicales.

RECUERDA:

FECHA: lunes 03 de febrero.

HORA: 19 h.

LUGAR: Teatro del Barrio

C/ Zurita, 20

28012 Madrid

Metro Lavapiés.


Lectura Recomendada: La Marca España ante la emergencia ambiental

Lectura Recomendada

La recomendación de hoy es el lnforme de Greenpeace: La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental. Análisis del cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre Información no Financiera y Diversidad.

En un momento de emergencia climática como el actual, en el que la reducción de emisiones contaminantes y frenar la pérdida de biodiversidad es una necesidad incuestionable, Greenpeace ha analizado la contribución de algunas de las empresas más representativas del panorama económico español a los esfuerzos para evitar la degradación ambiental del planeta. Este grupo de 23 empresas, que bien podrían representar el concepto de “Marca España”, pueden ofrecer una muestra de cómo de concienciada está la clase empresarial del país ante un problema que hay quien quiere ver como una responsabilidad del Gobierno o de la ciudadanía.

“La ley no busca no solo busca información sobre las emisiones de los edificios de las empresas, sino el impacto global de su actividad”

Cuando se habla de reducir emisiones, es el sector económico en buena medida el principal responsable y en consecuencia el que más tiene esforzarse y adaptarse para el cambio, pero ¿se está adaptando el sector económico español al cambio? ¿está analizando su contribución al problema? A estas y otras preguntas pretende dar respuesta el Estado de Información No Financiera (EINF) de las empresas, donde deben recoger diferentes aspectos de su actividad, entre otras cuestiones, sobre asuntos medioambientales.

Esta ley incorpora al Derecho español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 exige a empresas grandes que de forma anual publiquen los impactos y riesgos que sus actividades tienen para el medioambiente, así como qué hacen para corregir esta situación. Es fundamental aclarar que la ley no busca solo información relativa a, por ejemplo, emisiones de oficinas y vehículos de una compañía sino el impacto global de la actividad, es decir, las consecuencias que tiene la producción de carne en la deforestación del planeta o el impacto generado con la financiación de una central térmica.

La Ley establece que el Estado de Información No Financiera - EINF consolidado incluirá información significativa sobre cuestiones medioambientales:

  • Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.
  • Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.
  • Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de residuos; acciones para combatir el desperdicio de alimentos.
  • Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.
  • Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin.
  • Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

Igualmente, aportará información sobre subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorías y resultados de estas.

Más información sobre el informe en la web de Greenpeace:


Periferias. Nuevas geografías del malestar

Los tiempos que vivimos vienen marcados por una fractura social que se correlaciona con desigualdades territoriales en todos los planos: entre las zonas rurales y el mundo urbano, entre regiones, entre los diferentes municipios que conforman los grandes centros metropolitanos y entre los barrios de cada uno de los municipios.

Frente a las metropolización de los grandes polos tecno-financieros, conectados mediante redes mediante las que se organiza la economía global, los espacios intermedios se ven cada vez más expuestos a la marginación y la desertificación, emergiendo así nuevos territorios relegados, subalternos o ignorados.

Unas periferias y unos centros que no son ya tanto una representación de países y regiones, sino espacios de debilidad frente a polos de dinamismo que operan en diferentes escalas. Frente a unas élites cada vez más emancipadas del compromiso con la sociedad en su conjunto, el creciente sentimiento de postergación, económica y social de las mayorías sociales, genera un malestar hoy encarnado en una dinámica populista que está convulsionando por completo el sistema político en la mayoría de los países de Occidente.

Sobre estos temas versa el nuevo número de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global: Periferias. Nuevas geografías del malestar, en cuya INTRODUCCIÓN, Santiago Álvarez Cantalapiedra nos habla de los síntomas que apuntan a la construcción de una nueva geografía social, en la que la pérdida de población ha dejado  de ser exclusivamente un fenómeno rural y alcanza también a las capitales de provincia y de comarca, cuyos habitantes emigran hacia los grandes centros urbanos, dando paso al éxodo urbano de la población más cualificada hacia las ciudades globales.

La sección ESPECIAL incluye siete artículos que abordan la cuestión, con sus diferentes aristas y desde distintas perspectivas. Lo complementa el DIÁLOGO con expertas/os sobre la España rural vaciada y degradada, así como uno de los artículos de la sección PANORAMA que ofrece algunas soluciones al problema de la España vaciada. El otro texto de la misma sección aporta una visión crítica sobre la cooperación al desarrollo española.

Este mismo número recoge igualmente una ENTREVISTA a López Segrera sobre las aportaciones de Immanuel Wallerstein a las ciencias sociales, así como un ENSAYO de Paco Puche acerca de la necesidad de un cambio de paradigma en la antropología a partir de una nueva forma de entender la naturaleza y nuestra relación con la misma.

Se completa la revista con la sección de LIBROS.

A continuación, ofrecemos el Sumario  de la revista, y el acceso en abierto al texto de la Introducción y al artículo destacado de este número, sobre periferias en expansión. En esta ocasión ofrecemos también el Diálogo de expertas/os sobre la España vaciada y degradada, una interesante conversación coral entre seis de las principales voces en este asunto que examinan algunas de las cuestiones más relevantes, como la dicotomía rural-urbano que sostiene la segregación, el disfuncional metabolismo de las grandes urbes y posibles medidas para revertir estos procesos.

 

SUMARIO:

INTRODUCCIÓN

Nuevas periferias: geografías del malestar, Santiago Álvarez Cantalapiedra

ENSAYO

Hacia una nueva antropología, en un contexto de simbiosis generalizado en el mundo de la vida, Paco Puche

ESPECIAL: PERIFERIAS

Sobre periferias en expansion, Manuel Delgado y Carolina Márquez

Ha emergido el mundo de las periferias, Christophe Guiluy.

Sobre las geografías del malestar en Europa, Juan Romero

El arte de vivir sin gobierno. conflicto, negocio y despoblación del medio rural, Luis del Romero Renau.

La España vacía está llena de bienes comunes. Espacios de innovación para economías y relatos diferentes, José Luis Vivero Pol.

La trampa de una visión urbano-céntrica. David Harvey, del derecho a la ciudad a la revolución urbana, Jean-Pierre Garnier.

Territorios periféricos y transición ecosocial. ¿Hacia nuevos nodos biorregionales?, Nerea Morán y José Luis Fdez. Casadevante, Kois

PANORAMA

Fondos privados de ayuda al desarrollo contra defensores del territorio. El caso de la cooperación Española, Carlos Gómez Gil.

¿Cómo arreglar el problema de la España vaciada? Soluciones de fondo, soluciones cosméticas o colonización interior, Fernando Fernández.

DIÁLOGO

Un panel de seis expertas y expertos reflexiona sobre la España rural vaciada y degradada Diálogo entre Elisa Oteros-Rozas, Luis Camarero, Virginia Hernández, Sergio del Molino, Lucía López Marco y Valentín Cabero, Monica Di Donato.

ENTREVISTA

Entrevista a Francisco López Segrera sobre Immanuel Wallerstein, Salvador López Arnal.

LIBROS

Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural, de María Sánchez.

Monica Di Donato.

Cristianismo de liberación. Perspectivas marxistas y ecosocialistas, de Michael Löwy.

Santiago Álvarez Cantalapiedra.

Ecoanimal. Una estética plurisensorial, ecologista y animalista, de Marta Tafalla.

Mara Nieto González.

 

Información y compras:

Tel.: +34 914310280

Email: publicaciones@fuhem.es

Puedes adquirir la revista PAPELES en nuestra librería virtual.

 


Nueva sesión del Curso de Economía - Universidad del Barrio

El próximo lunes 13 de enero tendrá lugar la primera sesión de 2020 del Curso de Economía de la Universidad del Barrio, organizada por FUHEM Ecosocial, Economistas sin Fronteras y el Salmón Contracorriente.

En esta ocasión abordaremos las Nuevas periferias y la creciente polarización social y territorial y el ponente invitado será Esteban Hernández, periodista del diario El Confidencial y autor de varios libros como El fin de la clase media (Clave Intelectual, 2014) o su última publicación titulada El tiempo pervertido. Derecha e izquierda en el siglo XXI (Akal, 2018).

La sesión girará en torno a uno de los resultados de la globalización financiarizada: la creciente desigualdad socioeconómica, plasmada en una implosión de las clases medias occidentales –los “perdedores” de la globalización– y que se manifiesta también, en una creciente polarización territorial en distintos planos: entre países, regiones, ciudades, así como entre ámbito urbano y mundo rural.

Una tendencia que, por otra parte, guarda una relación directa con la emergencia creciente de nuevos populismos en el plano político.

Toda esta problemática es la que centra el Especial del último número de nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que lleva precisamente por título Periferias. Nuevas geografías del malestar.

Modera la sesión José Bellver, investigador de FUHEM Ecosocial.

RECUERDA:

FECHA: lunes 13 de enero.

HORA: 19 h.

LUGAR: Teatro del Barrio

C/ Zurita, 20

28012 Madrid

Metro Lavapiés.


Lectura Recomendada

Lectura Recomendada: Tiempo para el cuidado: el trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdad

Max Lawson, Anam Parvez Butt, Rowan Harvey, Diana Sarosi, Clare Coffey, Kim Piaget y Julie Thekkudan.

Oxfam Internacional, enero de 2020, 76 págs.

La desigualdad económica está fuera de control. En 2019, los 2153 milmillonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4600 millones de personas. Los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África.

Estos ejemplos de riqueza extrema conviven con un enorme nivel de pobreza. Según las estimaciones más recientes del Banco Mundial, prácticamente la mitad de la población mundial vive con menos de 5,50 dólares al día, mientras que el ritmo de reducción de la pobreza ha caído a la mitad desde 2013.

Esta enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista. Se trata de un modelo económico defectuoso que ha acumulado enormes cantidades de riqueza y poder en manos de una élite rica, cuyos beneficios se deben en parte a la explotación del trabajo de mujeres y niñas y a la vulneración sistemática de sus derechos.

En lo más alto de la economía global se encuentra una pequeña élite de personas con fortunas inimaginables, que van incrementando exponencialmente su riqueza sin apenas esfuerzo, independientemente de si aportan o no un valor añadido a la sociedad.

Mientras, en la parte más baja de la escala económica, encontramos a las mujeres y las niñas, especialmente aquellas que están en situación de pobreza o pertenecen a colectivos excluidos, que dedican al trabajo de cuidados no remunerado 12 500 millones de horas diarias,5 e incontables horas más a cambio de sueldos de pobreza. Su trabajo es sin embargo imprescindible para nuestras comunidades. Es la base sobre la que se asienta la prosperidad de las familias, así como la salud y la productividad de la mano de obra.

Oxfam ha calculado que este trabajo aporta a la economía un valor añadido de, al menos, 10,8 billones de dólares. Se trata de una cifra enorme que, sin embargo, es una subestimación muy por debajo del valor real. A pesar de ello, las personas más ricas, en su mayoría hombres, acaparan la mayor parte de los beneficios económicos.

Vivimos en un sistema injusto que explota y excluye a las mujeres y niñas más pobres, y acumula una creciente cantidad de riqueza y poder en manos de una pequeña élite rica. Si no se adoptan medidas firmes, la situación empeorará mucho más.

Cuidar de los demás, cocinar, limpiar y recoger agua y leña son tareas diarias esenciales para el bienestar de la sociedad, las comunidades y la economía. La pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres, perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género.

Crisis de cuidados

El mundo se enfrenta a una inminente crisis de los cuidados, derivada de las consecuencias del envejecimiento demográfico, los recortes en los servicios públicos y los sistemas de protección social, y los efectos del cambio climático, que amenazan con empeorar la situación y aumentar la carga sobre las personas que asumen el trabajo de cuidados.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, en 2030, habrá 100 millones más de personas mayores y 100 millones más de niñas y niños de entre 6 y 14 años que necesitarán atención y cuidados. A medida que envejezcan, las personas mayores necesitarán una atención más intensiva y a largo plazo de unos sistemas de salud que no están preparados para ello.

Un mundo más justo es posible.

La economía feminista y la igualdad de género son dos elementos esenciales de esta nueva economía humana y más justa, que debe asumir como uno de sus objetivos principales abordar plenamente el papel del trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado. La única manera de construir un mundo más justo es cambiar radicalmente la manera en que se lleva a cabo este tipo de trabajo, y cómo se valora.

Economistas feministas, la sociedad civil y defensoras y defensores del trabajo de cuidados llevan décadas proponiendo distintas soluciones para lograr un cambio radical que dé prioridad al trabajo de cuidados, lo que se denomina el marco transformador de las “4R”. Los siguientes principios deben tenerse en cuenta.

Reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado, realizado fundamentalmente por mujeres y niñas, como un tipo de trabajo o de producción que aporta un valor real.

Reducir el número total de horas dedicadas a las labores de cuidados no remuneradas, mejorando el acceso tanto a equipamientos asequibles y de calidad que permitan ahorrar tiempo, como a las infraestructuras de apoyo a los cuidados.

Redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado de forma más equitativa dentro de las familias y, al mismo tiempo, trasladar la responsabilidad del trabajo de cuidados no remunerado al Estado y al sector privado.

Representar a las proveedoras de cuidados más excluidas, garantizando que se tengan en cuenta sus puntos de vista en el diseño y ejecución de las políticas, sistemas y servicios que afectan a sus vidas.

 

¿Estamos preparados para construir una sociedad justa en la que la riqueza y el poder, incluido el poder político, estén repartidos de una manera equitativa? ¿Estamos dispuestos a rechazar el mito de que la pobreza es un fenómeno natural, algo que siempre existirá independientemente de las medidas que tomemos?

 

El informe de Oxfam Tiempo para el cuidado aborda estas preguntas para demostrar que, si tomamos las decisiones políticas adecuadas, es posible combatir la desigualdad y la pobreza. Debemos luchar de manera colaborativa contra la desigualdad económica, la violencia estructural, la discriminación y la exclusión, la destrucción del medioambiente y las ideologías déspotas, para construir un futuro mejor para todo el mundo.

 

La magnitud de la brecha entre ricos y pobres en cifras:

  • En 2019, los 2153 milmillonarios que había en el mundo poseían más riqueza que 4600 millones de personas.
  • Los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África.
  • El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6900 millones de personas.
  • Si una persona hubiese ahorrado 10 000 dólares diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo una quinta parte del promedio de la fortuna de los cinco milmillonarios más ricos del mundo.
  • Si cada persona se sentase sobre el dinero que posee apilado en billetes de cien dólares, la mayor parte de la humanidad se sentaría en el suelo. Una persona de clase media de un país rico se sentaría a la altura de una silla. Los dos hombres más ricos del mundo estarían sentados en el espacio.
  • El valor económico del trabajo de cuidados no remunerado que llevan a cabo en todo el mundo las mujeres de 15 o más años asciende al menos a 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología.
  • Un incremento de tan solo el 0,5% adicional en el tipo del impuesto que grava la riqueza del 1% más rico de la población en los próximos diez años permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, entre otros, acabando así con los déficits de cuidados en estos ámbitos.

El Informe incluye interesantes gráficos en torno a las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre cómo la responsabilidad del cuidado recae sobre mujeres y niñas, sobre la explotación que sufren las trabajadoras del hogar y sobre la crisis de cuidado en cifras.

 

El texto también incluye al final un listado de seis recomendaciones o medidas para cerrar la brecha entre ricos y pobres y contribuir a garantizar los derechos de las personas que asumen el trabajo de cuidados, reconociendo la importancia de los cuidados para el bienestar de las sociedades y las economías.

  1. Invertir en sistemas nacionales de atención y cuidados que permitan abordar la desproporcionada responsabilidad de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y las niñas.
  2. Acabar con la riqueza extrema para erradicar la pobreza extrema.
  1. Legislar para proteger a todas las personas que se ocupan del trabajo de cuidados, y garantizar salarios dignos para el trabajo de cuidados remunerado.
  1. Garantizar que las personas que llevan a cabo el trabajo de cuidados tengan influencia en la toma de decisiones.
  1. Combatir las normas sociales nocivas y las creencias sexistas.
  1. Promover políticas y prácticas empresariales que pongan en valor el trabajo de cuidados.

En la página web de Oxfam se encuentran disponibles:

Texto completo del informe.

Resumen del informe.

Nota metodológica: que explica los cálculos elaborados por Oxfam para el informe en los siguientes ámbitos: tendencias en materia de riqueza y desigualdad; trabajo de cuidados no remunerado; impuestos y coste del déficit de cuidados.

 

 


Entrevista a Bernardo Gutiérrez

Entrevista a Bernardo Gutiérrez a propósito de su libro Pasado Mañana. Viaje a la España del cambio

Diego Escribano Carrascosa

Bernardo Gutiérrez  es periodista y escritor. Ha escrito sobre temas tan diversos como tecnopolítica, movimientos sociales, cultura de red y formas contemporáneas de esclavitud y ha trabajado desde hace años en la búsqueda de alternativas, de horizontes  esperanzadores.  Pasó un largo periodo en Latinoamérica en el que, además de adquirir otra nacionalidad, la brasileña, siguió de cerca los avances de movimientos sociales y la llegada al poder de gobiernos progresistas.  En la entrevista hablamos de sus logros y contradicciones. En su regreso a España, ha participado en eldiario.es y, de nuevo, ha seguido de cerca el trabajo de movimientos sociales y el trabajo institucional de nuevas formaciones progresistas. En 2017 publicó  Pasado Mañana (Arpa Editores), un libro que ofrece una visión panorámica de los cambios vividos y la perspectiva  de una España diferente, más justa y sostenible, en un futuro próximo.

 

Diego Escribano (DE): ¿Fue difícil escribir el  libro en un momento tan trepidante? ¿Tuviste la sensación de que lo escrito era permanentemente superado por la actualidad política?

Bernardo Gutiérrez (BG): Había que apuntar hacia el futuro porque la realidad política se podía comer el libro. Busca huir del estrés de la situación política actual. Pasado Mañana es un libro de cosas que están en marcha, la mayoría desde  la sociedad civil y algunas como políticas públicas. Pasado mañana  es un horizonte próximo y cercano.

DE: Al inicio del libro mencionas el desgaste de las izquierdas latinoamericanas. En diferentes países  con  gobiernos  progresistas se produjeron rupturas por la continuidad del modelo extractivista y la represión a movimientos sociales. En Ecuador, Alberto Acosta pasó a ser opositor, en Bolivia se  reprimieron protestas en casos como el del TIPNIS…

BG: Es injusto hablar del desgaste de las izquierdas latinoamericanas porque es un ecosistema variado. Lo que es verdad es que los grandes buques insignia (el chavismo en Venezuela; el lulismo en Brasil; los Kirchner en Argentina) han sufrido desgaste.

Hasta Evo Morales, quien probablemente sea el más defendible, ha recibido muchas críticas por mantener un modelo extractivista. Es muy fácil criticar el extractivismo sin tener en cuenta la excesiva fragilidad de los mercados latinoamericanos y la dependencia de la exportación de materias primas, pero es cierto que también ha faltado la capacidad de darse cuenta de que ese modelo es dinero a corto plazo y consecuencias desastrosas a largo plazo.

DE: En Brasil, después del Gobierno del PT con duras críticas (como las de Marina Silva) por su escasa sensibilidad, la elección de Bolsonaro refuerza los peligros para el medioambiente y las personas que lo defienden. En otros ámbitos, el PT tampoco cumplió con sus promesas y llegaron a aliarse con personas como Kátia Abreu (feroz opositora a la reforma agraria y ministra de Agricultura durante el gobierno de Dilma Rousseff). Con un PT debilitado, una persona que promueve el odio y amenaza avances históricos ha llegado a la presidencia. En Brasil, como antes en Nicaragua, parecía que muchas personas justificaban o al menos normalizaban la corrupción. ¿Crees que su elección tiene que ver con la falta de respuestas de la izquierda brasileña respecto a algunas preocupaciones ciudadanas?

BG: El legado del PT fue muy importante y Lula es el indiscutible líder de las últimas décadas. Sus gobiernos tuvieron logros. Consiguieron sacar a millones de personas de la pobreza y mejoraron mucho la educación  superior,  entre  muchas  otras  cosas. Sin embargo, el PT no cambió las estructuras y priorizó la inclusión por el consumo en un sistema neodesarrollista. Además, para mantener su hegemonía en la izquierda, pactó con las derechas, no con las izquierdas. La estrategia ha sido desastrosa y ha sembrado el camino a Bolsonaro. El PT boicoteó el frente de izquierdas alrededor de la candidatura de Ciro Gomes, alimentó la polarización y eligió a Bolsonaro como enemigo del segundo turno. No han tenido capacidad para entender nuevas sensibilidades, narrativas, prácticas políticas, mientras que la ultraderecha ha sabido canalizar esas nuevas indignaciones. Por otro lado, Lula y Dilma y la izquierda en general no tenían ninguna sensibilidad medioambiental e indigenista. Hasta el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) defendió el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte.

Y es preocupante que se justifique la corrupción, sí. El PT entregó la pauta anticorrupción a la derecha y a los nuevos indignados, y con ella el paquete de símbolos y ritos cocinados en las calles sin la presencia de partidos, entre ellos la bandera brasileña, un error gravísimo. Deberían haberse apropiado de la lucha contra la corrupción desde la izquierda. Lula, en la campaña de 2018, ha cometido el mayor error estratégico y táctico de su historia. El relato victimista, que se justifica en parte por  la  persecución  feroz  del  oportunista juez Moro, no le ha ayudado.

DE: ¿Es necesario construir alianzas más amplias, para resistir a su gobierno?

BG: En las elecciones de 2014, demonizaron a Marina Silva que está lejísimos de ser de derechas. La demonizaron por ser evangelista, cuando defiende un estado laico. Ella ganó las elecciones en las favelas de Río de Janeiro y en la Amazonia, justo en los territorios donde ha crecido Bolsonaro considerablemente entre las clases populares. En las municipales en Río, Freixo (candidato del partido izquierdista PSOL) perdió por alinearse con el discurso de la izquierda tradicional. Su campaña no llegó a la periferia, despreció a los evangelistas con una arrogancia propia de las izquierdas. Existe también un movimiento evangelista cercano a la teología de la liberación. Con alguien como Marina que hiciera ese diálogo, Río no estaría en manos de la derecha fundamentalista y Bolsonaro sería un fenómeno básicamente de clase media y élites. Esa alianza interclasista e interregional de Bolsonaro se ha tejido en el vacío que ha dejado la izquierda alrededor del discurso del orden y seguridad, con la familia como telón de fondo. Es un riesgo caricaturizar a Bolsonaro como un fascista más, porque su ascensión es complejísima y ha seducido a buena parte de las clases populares con una hiperfragmentación de discursos.

En Brasil es necesaria una alianza transversal y amplia que vaya más allá del PT, que tiene que incluir al PSOL y llegar hasta Marina. Aún así, la clave pasa por las calles y la construcción de un movimiento pro democracia sin partidos, con nuevos símbolos, que huya del relato rojo y popular del PT, tan artificial, por otro lado.

DE: A pesar de los errores, los gobiernos progresistas  lograron  cambios  importantes como la reducción de la desigualdad, la participación de colectivos tradicionalmente excluidos y la aprobación de textos constitucionales innovadores en el reconocimiento de derechos sociales y ambientales. ¿Cuál es tu balance?

BG: Hay que tumbar el mito de que las izquierdas  latinoamericanas  han  fracaso. Ha sido un rotundo éxito. Han sacado a millones de personas de la pobreza, logrado  avances  en  soberanía  tecnológica, democratizado la educación, recuperado la dignidad indígena y afro. Han sido insuficientes e imperfectas pero no han fracasado. El lado negativo también es extenso. Con excepciones, no han salido del modelo extractivista. No atreverse con asuntos progresistas como el aborto o el matrimonio gay serían algunos otros de sus fallos. El haber apostado por polarizar políticamente a las sociedades y el no haber entendido las nuevas identidades y narrativas de cariz ciudadanista, que no son antagonistas y sí complementarias con las populares, también ha sido un error.

DE: En el horizonte alternativo que conforma el libro me llamó la atención que no estuviera, como horizonte utópico, una  propuesta  alternativa  de  Europa. Esa dimensión europea  sirve también para conectar con las miles de personas jóvenes que se tuvieron que marchar en época de austeridad. ¿Crees que para llegar a la España de Pasado  Mañana que imaginas debe pasarse por una construcción de un proyecto europeo diferente?

BG: No pienso que el mayor optimismo venga de Europa, donde existe un auge de la ultraderecha y de la xenofobia. Aunque si conseguimos que Europa vaya hacia a un lado más social…

En las próximas elecciones puede haber 100 eurodiputados de la izquierda radical. Si se consigue el cambio en España, se podría jugar un papel fundamental en esa reconstrucción de Europa.

Las personas que se marcharon de España es uno de los capítulos pendientes para la segunda edición. Es un tema a resolver y que, a nivel político, podría cambiarlo todo. Se están cargando el futuro de un país. Muchas de las personas más  preparadas  se  han  ido.  Es  verdad que ahora algunas han vuelto porque, entre mal y peor, alguna gente prefiere estar en casa. También hay mucha gente que no va a volver nunca. España es un país de exiliados, de gente a la que se ha expulsado a patadas desde la noche de los tiempos.

DE: ¿No podrían servir los exilios para conectar, en un relato alternativo, a España con América Latina?

BG: Hay mucho por contar. Ni siquiera el relato anticolonial te habla del exilio. Hay experiencias muy potentes… hubo escuelas  anarquistas,  escuelas  de  Ferrer,  por todo Brasil. Asturianos en revueltas en la Patagonia. Editores españoles en México. No debería ser tan complicado conectar todo eso con otro relato de España.

DE: De las experiencias latinoamericanas también se podrían extraer aprendizajes sobre la relación entre movimientos sociales  y  gobiernos progresistas. En España han dado el salto a la política muchas personas que vienen de la sociedad civil. De momento, ¿te quedas con las aportaciones que hicieron quienes han pasado desde la sociedad civil a posiciones institucionales o con la inquietud por el riesgo de desactivación de movimientos sociales?

BG: Siempre hay un riesgo de cooptación política, con ayudas y subvenciones. También de cooptación moral, con chantaje. En América Latina lo hemos visto. También en España, mediante cuestiones presupuestarias, con las asociaciones vecinales en los años setenta y ochenta.

Hoy sigue existiendo ese riesgo de cooptación y la inercia de que la calle se vacíe cuando alguien que viene de los movimientos alcanza el poder. Es necesario fuego amigo para que los cambios no sean tan lentos.

Solo meterte en el Congreso de los Diputados despista. Es un escenario tan fascinante, y endogámico… te colocan en un ritmo que no es el tuyo y te hace perder el olfato de la calle. Luego no se trata exactamente de volver a la calle. Igual no tienes que volver a la manifestación. Igual tendrías que estar en una reunión de barrio o, escuchando y no hablando, en un mercado popular.

DE: Si van a una manifestación, no deberían estar en cabeza, ¿verdad?

BG: Sin duda, no deberían estar en cabeza. De hecho, aunque no estén en cabeza ya les van a echar la bronca. No es el único espacio en el que estar.

Las personas que se han hecho famosas ponen cara a un relato más coral de la sociedad civil. No son solo las caras famosas. En el libro he diluido a los más famosos a propósito, para que no se consideren los líderes.

DE: Una de las ideas más potentes para construir un nuevo relato, presente en tu libro, es la de la recuperación de lo público como forma de ampliar las posibilidades de participación ciudadana. En un contexto como en el español, en el que la privatización llegó hasta al ámbito penitenciario, ¿qué se puede aprender de la experiencia latinoamericana?

BG: Los gobiernos progresistas construyeron un sector público cuando en algunos casos era inexistente. Cuando América Latina se convirtió en el foco progresista del mundo, el sistema neoliberal quiso hundirlo. Demostraban que lo público era efectivo y eficiente. Dejaban en evidencia la ola de privatizaciones de la socialdemocracia europea. Se crearon estructuras públicas; algunas con ineficiencias, muchas exitosas. Se puede aprender mucho sobre cómo gestionar recursos energéticos con modelos públicos. Ahora hay mayor autogestión. Lo público se puede aprovechar mucho reinventándolo desde lo común, con parcelas de autonomía desde la ciudadanía.

En España hay prácticas milenarias de autogestión y autogobierno: montes comunales, tribunal de las aguas de Valencia. También en lo urbano, con cooperativas de consumo. Es necesario abrir lo público a la participación ciudadana. Se habla de recuperación de lo público con el prisma de lo común, de la autogestión. Por ejemplo en el ámbito energético habría que abrir el sistema al autoconsumo.

DE: ¿Crees que cambiar la sensibilidad hacia el mundo rural puede servir, para a través de su caudal de experiencias comunitarias, construir un relato alternativo y crear una mayor sensibilidad medioambiental?

BG: España tiene un atraso de décadas en ecología y en sostenibilidad y existe muy poca sensibilidad con el mundo rural. Ha costado romper con la idea de modernidad que se impuso, una modernidad basada en desprecio del mundo rural, en la imagen de trenes rápidos. El año 1992 es clave, sobre el que podría hacerse una serie de televisión, el año de las Olimpiadas y el AVE. Es difícil transmitir la idea de lo rural en positivo, cuando el mundo rural es sabio. Algunas tradiciones de la España rural podrían servir para frenar el proyecto neoliberal.

E: El 15-M supuso un hito generacional que acercó a muchas personas a la política. Sin embargo, sin un hilo que conecte con experiencias previas, sería insufiiente para construir un relato de país alternativo. ¿Crees que el cambio social y político puede llegar si el 15-M es el punto de partida?

BG: El 15-M es una disrupción que abre nuevos marcos, relatos, formas de organizarse…pero es insuficiente. Está pendiente ese relato alternativo de la historia de España que no sea antagonista. La historia de España  la  han  contado  unos  pocos, cuando hay una historia muy rica. España ha tenido cuatro revueltas más que Francia. En la Revolución de 1854 ya se hablaba del «no nos representan». Se podría hilvanar la historia de España desde lo comunitario y las disidencias.

DE: Doy por hecho que el relato alternativo debe empezar antes de 1931…

BG: Sin duda. El gran siglo revolucionario fue el XIX. Además, hay antecedentes. En el uso de las tierras comunales los reyes habían perdido frente a los campesinos. Después la Revuelta de los Comuneros. Hay una historia olvidada…

Por otro lado, se ha contado muy mal lo que sucedió a partir de 1931. Tiene mucho que ver con las revoluciones liberales- democráticas. Es algo que está pendiente.

Después hay una transición muy cabrona en la que no sé si se salva algo…

DE: Una transición sobre la que durante mucho tiempo se impuso un consenso aparente, en el que no se podía cuestionar lo que se hizo, aunque miles de víctimas no obtuvieran verdad, justicia y reparación...

BG: El éxito de la transición fue generar un marco  de  convivencia,  con  mitos  y  con semi-verdades. Entre los muchos tabúes de la cultura de la transición estaba el no poder criticar a algunas personas. No es que no se pudiera criticar a referentes de la izquierda por sus concesiones, sino incluso no se podía criticar a Fraga o Adolfo Suárez, no se podía hablar de memoria histórica.

DE: Algunas referencias culturales tie- nen su origen en esa época. ¿Va a quedar algo del universo cultural que nace en la transición?

BG: Algunos iconos se mantendrán, otros no. The Guardian ya no se fía de El País y tiene como referencia a eldiario.es.

En la construcción de una nueva hegemonía cultural debe haber referencias diversas. No se puede hablar de lo popular y luego tener prejuicios con lo que realmente es popular. A veces la izquierda tiene la manía de que las únicas referencias culturales son las de la “alta cultura”.

DE: Suena a que, al menos en ocasiones, la izquierda está más cerca de visiones elitistas de autores conservadores y no con quienes pretenden romper, o al menos diluir, las divisiones entre cultura popular y alta cultura.

BG: La «cena del miedo» de la que habló Amador Fernández Savater refleja ese miedo de muchas personas del mundo de la cultura a que cualquiera pueda escribir un libro. Esas ideas se basan en el mito, profundamente elitista, del escritor inspirado por las musas.

Es verdad que ahora cualquiera puede emitir un mensaje. De todo eso saldrán cosas buenas y otras no tanto, pero también pasa eso con los escritos “clásicos”. Algunos son malos y están ahí porque son marqueses o porque tienen amigos en editoriales.

Lo que está ocurriendo ahora es que el filtro de lo que es culturalmente aceptable está dejando de estar en una clase intermediaria, que tiene unos gustos determinados y una formación. Ese filtro puede extenderse a la multitud.

Hay un debate muy interesante. No me creo que un intermediario que haya leído un montón de libros sepa mejor que la gente qué libros son mejores. Tampoco es una cosa o la otra. Quien tiene una formación y ha leído un montón de libros tiene un criterio. La clave es equilibrar ambas cosas.

DE: Creo que la PAH jugó un papel fundamental en el ecosistema de propuestas alternativas que aparecieron después del 15-M y que, en buena parte, se ven reflejadas en el libro. La lucha por el derecho a la vivienda supuso un punto de inflexión que permitió que muchas personas pasaran de la tristeza y la desesperación a la ilusión y la esperanza. Al «Sí se puede». Ada Colau demostró que se puede transmitir indignación sin gritar y hacer política desde la honestidad. Es un símbolo en sí misma. Siendo alcaldesa de Barcelona, ha reconocido errores y límites, lo que nos conecta con una de los elementos importantes del cambio social que se menciona en tu libro: la feminización de la política.

BG: Mientras que algunos han perdido frescura, en el Congreso o en tertulias, Ada Colau tiene todo el potencial de la espontaneidad. De venir de la calle. Si quisiera, Ada podría ser presidenta.

En el paquete de feminizar la política que una alcaldesa reconozca errores es valioso pero no es lo único ni lo más importante. El feminismo es una placa tectónica de subjetividades. Posiblemente sea lo que más futuro tenga como movimiento en la sociedad.

Diego Escribano Carrascosa es graduado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Pública. Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

Descargar el texto completo del archivo en formato pdf: Entrevista a Bernardo Gutierrez.