Al poco rato, se les pide que suban. En la puerta del aula, el profesorado reparte unas letras que deben lucir en sus prendas colgadas por un imperdible: la A, B o C determinará su sitio dentro de la clase y también el trato que van a recibir. Los pupitres están repartidos en tres zonas: la A, está reservada para mesas individuales donde se ofrecen algunas golosinas y sillas provistas de un cojín o manta; la B dispone de mesas y sillas en hilera y sin extras; por último, en la zona C, donde son dirigidas todas las alumnas y quienes tienen características no occidentales, hay mesas, pero no sillas suficientes.

En la pizarra está la fecha que nos lleva al futuro: 21 de enero de 2047. No es el único cambio en el interior del aula. Hay carteles que prohíben reír o amar; cintas de plástico que tachan los murales sobre la necesidad de defender la biodiversidad o la lucha contra el hambre. También están censurados los carteles del 25 de noviembre contra la violencia de género.

Una vez todo el alumnado se encuentra en su nueva ubicación, surgen risas nerviosas y también protestas en la última fila. Algunas chicas reclaman que no tienen dónde sentarse. El profesor, metido en su papel, ignora su queja y comienza su exposición magistral sobre los beneficios de que el odio se haya instalado en la sociedad y que la desigualdad sea consecuencia de la falta de esfuerzo de algunas personas. También asumen su rol teatral un alumno y una alumna previamente seleccionados: el chico insulta a una compañera y ella, tras reclamar justicia, es expulsada por el docente. La protesta del fondo sube de intensidad. Sus compañeras han visto lo que ha ocurrido y se rebelan. Da igual. Se las expulsa también por alzar la voz, mientras se aplaude el gesto de odio y maltrato simulado minutos antes. Justo cuando el profesor propone la realización de una redacción sobre las ventajas sociales del odio, un par de profesoras disfrazadas con batas blancas y pelucas de colores irrumpen en el aula. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo habéis consentido esto? ¿No tendríamos que cambiar las cosas?, preguntan al alumnado.

Por un momento, la clase es un ajetreo de mesas y sillas que vuelven a colocarse como siempre: en grupos de cuatro. El profesor siniestro y su propuesta de ejercicio sobre el odio han sido sustituidos por una reflexión de grupo: pensar qué ha ocurrido, cómo se han sentido durante la teatralización previa, qué tenemos que hacer para que nuestra aula no sea realidad en veinticinco años, cómo combatir las distintas discriminaciones que atraviesan nuestra sociedad y cómo contrarrestar el discurso del odio. Reflexionan sobre la expulsión injusta de su compañera. ¿Hay o ha habido situaciones injustas en el mundo? Claro que sí: Siria, las personas refugiadas, las guerras, el racismo, las niñas y mujeres de Afganistán, el holocausto… son algunos de los ejemplos que aporta el grupo. La conclusión compartida, “en nuestras manos está que el futuro no sea como lo hemos representado”, se cierra con un aplauso.

Suena el timbre y entran al aula la profesora de lengua y la tutora del grupo. El cambio de hora no supone cerrar la actividad. Ellas, que no han visto lo ocurrido, piden al alumnado que trabajen por grupos, redacten y expongan lo que han sentido, creído e interpretado en esa primera hora tan distinta. Coinciden en la sensación de extrañeza e incomodidad, han sentido confusión ante la situación de desigualdad, no les ha parecido bien el trato que han recibido las alumnas ni entendían los cambios en el carácter del profesorado, tan bruscos y autoritarios, ni en la decoración.

Ante lo que han vivido, el amor resulta la mejor respuesta. La hora ha pasado volando. Llega el profesor de Matemáticas y abre un nuevo debate: los distintos tipos de amor; la relación entre el amor y el odio; si el amor es espontáneo o requiere procesos físicos y químicos; la falta de amor en los matrimonios de conveniencia a lo largo de la historia; si se sienten o no amados en casa, en el colegio, entre sus amigos y amigas… Leen la definición de amor en el diccionario y surgen risas nerviosas ante la acepción del amor a primera vista. Pero el docente se aleja del amor romántico y del enamoramiento. Es el momento de sacar de la mochila una unidad didáctica titulada El Amor, que les acompañará en todas las asignaturas durante el próximo mes. Aunque, a priori, parezca difícil unir amor y matemáticas, el docente explica la relación de ambos a través de las ecuaciones, que son una formulación de igualdad: “Sé que hay quien odia las ecuaciones, pero estoy seguro de que aprenderéis a amarlas”. Suena el timbre y llega el recreo.

Comentan e intercambian impresiones. Han disfrutado con la sorpresa que ha preparado el equipo docente, les ha gustado romper con la rutina de las clases. A pesar de la confusión inicial, ha sido divertido ver cómo el profesorado no parecía el mismo. También ha supuesto un punto de inflexión para pensar en el respeto, un componente esencial del amor. Creen que es una ventaja que todas las asignaturas tengan un nexo común, así todo lo que aprendan les podrá servir para tener una mirada más rica.

Apenas han ojeado el libro que les servirá de guía, pero están en lo cierto. Del mismo modo que la igualdad y las ecuaciones compartirán pizarra en matemáticas, otros conceptos ligados al amor atravesarán las distintas materias durante cuatro semanas: los límites, en biología; la escucha, en comunicación audiovisual; la cooperación, en educación física; la armonía, en física y química; la generosidad, en geografía e historia; la amabilidad, en inglés; la empatía, en valores éticos; el deseo, en tecnología; la pasión, en música; la libertad, en lengua y literatura y la solidaridad en iniciación a la actividad emprendedora y empresarial…

Así ocurrirá en varios colegios dentro y fuera de la Comunidad de Madrid, y también en algunos centros que se han sumado al proyecto titulado “Nuestro momento es ahora. La juventud madrileña impulsa los ODS para construir una ciudad sostenible y resiliente”, que impulsan las fundaciones Entreculturas y FUHEM, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de contribuir a construir una ciudad sostenible y resiliente.

Lo que ocurre fuera y dentro del colegio está conectado: odio y amor atraviesan nuestra vida en sociedad. Y las horas lectivas pueden analizarlo, desde diversas perspectivas, para contribuir a una educación transformadora y a una ciudadanía más comprometida y crítica.

La presión humana sobre los ecosistemas y el cambio de los usos del suelo están minando la biodiversidad y los equilibrios protectores que aquellos ofrecen frente a elementos patógenos, proceso que está en la raíz de pandemias como la COVID-19.

Esta nueva pandemia se expandió por todo el planeta con asombrosa rapidez desde finales de 2019 y principios de 2020 debido a la globalización y una intensa movilidad humana. No sirvieron para prevenirla los distintos avisos desde la ciencia a lo largo de una década. El riesgo se conocía bien, pero no se actuó.

La COVID-19 está intensificando problemas sociales previos a escala global, como la desigualdad o la precariedad, y aunque aún no podemos concretar cuáles serán sus impactos a largo plazo, sí podemos adelantar que el coronavirus ha llegado para cambiarlo todo.

En un momento en que el mundo rico empieza a ver retroceder la enfermedad gracias a una intensa campaña de vacunación corremos el riesgo de un cierre en falso si pensamos que el problema ha entrado en vías de solución. Si queremos evitar nuevas pandemias incluso más peligrosas, resulta crucial examinar ahora las causas profundas de la SARS-CoV-2 –que remiten a unos modos de vida insostenibles– cómo se ha gestionado y sus efectos, cuestiones que se examinan en el número 154 de la revista PAPELES a través de los ocho artículos incluidos en la sección A FONDO, que ponen el foco en distintos ángulos del problema: las raíces socioecológicas, nuestra responsabilidad, la desigualdad como la mayor pandemia, los cuidados, las muestras de solidaridad ante la crisis sanitaria, y la ciencia como la mejor herramienta para afrontar las pandemias que vendrán.

ACTUALIDAD examina la crisis alimentaria como otra forma de pandemia con un texto de Enrique Yeves Valero.

En EXPERIENCIAS el equipo consistorial de Villanueva de Viver examina las restricciones de la digitalización en las zonas rurales y el caso de este pueblo para revertirlas.

ENSAYO presenta un artículo introductorio sobre la ciencia posnormal de la mano de Silvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo. 

El número se cierra con las reseñas de la sección LECTURAS.

A continuación, ofrecemos el sumario de la revista, que podrás descargar a texto completo, junto con la INTRODUCCIÓN de Santiago Álvarez Cantalapiedra, el artículo firmado por el Colectivo Fractal que aborda las raíces socioecológicas de la pandemia y el ENSAYO de Silvio Funcowicz y Cecilia Hidalgo sobre Ciencia Posnormal.  

Sumario

INTRODUCCIÓN

Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

A FONDO

Raíces socioecológicas de una pandemia prevista.

Colectivo Fractal

La pandemia, un episodio del Antropoceno.

Antonio Campillo

La desigualdad es la peor pandemia.

Joan Benach

Empleo de hogar y cuidados durante la pandemia.

Isabel Otxoa.

Pandemia, entre la distopía y la utopía ecosocial.

Jordi Mir Garcia y João França.

Diálogo con asociaciones barriales. La activación de la respuesta vecinal durante la COVID-19.

FUHEM Ecosocial.

Entrevista a Joan-Ramon Laporte.

Nuria del Viso

La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán.

Raquel Pérez Gómez

ACTUALIDAD

El hambre, la pandemia del siglo XXI.

Enrique Yeves Valero.

EXPERIENCIAS

Tiempos de cambio en Villanueva de Viver, Castellón. Abordaje de la brecha digital.

María Amparo Pérez, María José Ureña, David Chiva y Andrea Blázquez Colás.

ENSAYO

Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento.

SIlvio Funtowicz y Cecilia Hidalgo.

LECTURAS

 Grandes granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas, de Robert Wallace

Monica Di Donato

Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales, de Alicia H. Puleo

Carmen Peinado Andújar e Irene Gómez-Olano Romero.

Conexiones perdidas, de Johann Hari

Diego Escribano Carrascosa.

Will the gig economy prevail?, de Colin Crouch

Carlos Jesús Fernández Rodríguez.

Cuaderno de notas

RESÚMENES

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Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

Es un placer para nosotras poder escuchar y leer sus reflexiones en estos tiempos tan difíciles porque hoy, más que nunca, necesitamos recordar qué aspectos son esenciales para construir una educación de calidad.

Acerca de extrañar la escuela

Por Carlos Skliar

«Es extraño extrañar lo habitual, lo de todos los días, lo que ocurre casi sin querer, aquello que es, como se dice vulgarmente y encogiéndose de hombros: “lo de siempre”, “nada en especial”.

No se siente falta de lo que no se fue, de lo que se queda, de lo que está allí todos los días, de lo que parece mantenerse inalterable, sin cambios a la vista, firme, consistente.

No se echa de menos aquello cuya presencia parece prescindir de nosotros mismos, donde podríamos estar o no porque otros pueden estar en nuestro lugar, aquello que es de algún modo un centro de gravedad al que le dedicamos días, meses, años de nuestras vidas. Nada hay de más extraño que sentir necesidad de lo que está plantado delante de nosotros, como un monumento rígido, como un templo sagrado, como un recordatorio mudo de una historia de siglos.

Pero de pronto lo extraño, lo que la vida ocupada no permite ni siquiera entrever, aquello que el ritmo frenético y el apuro vertiginoso piden desatender, lo extraño como rareza o como lo bizarro, se vuelve extrañado, se echa de menos, se siente en falta, nos hace sentir saudades, porque nos damos cuenta que no somos nosotros su reflejo acabado sino quienes le damos tibieza y movimiento, aire y luz, palabra y tiempo.
Como si lo que faltase es recomponer no ya un regreso melancólico sino un deseo ardoroso de ir, de ir una y otra vez, como si el cuerpo incitase a un encuentro desbordante, desesperante, para poder hacer lo que no se hace solo, lo que no hacemos solos, lo que no se hace por sí mismo, lo que no es natural ni automático.

A ciertas edades se extraña lo que fuimos porque entonces tal vez éramos lo que quizá no somos o no pudimos ser. Un cierto halo de tristeza envuelve el recuerdo de aquellos extraños tiempos en que podíamos ser cualquier cosa, serlo todo, y al echar la vista atrás nos topamos con lo que somos o creemos ser de verdad, y la discrepancia entre el niño y el joven, entre el joven y el adulto, suelen hacernos temblar los pies y agitar el alma.

Quienes todavía creemos que la niñez no es una edad sino una experiencia de intensidad distinta con el tiempo, un instante que se abre en las aguas de la vida y crea esos círculos cada vez más agigantados, sentimos que todavía no es tarde para ir hacia la infancia y encontrarnos, allí, con esa escuela que queremos.

Es extraño no estar en medio de la gente, no sentir complicidad al primer gesto. Y se extraña lo que aún no hemos vivido junto a otras y otros. Se extraña los abrazos que no dimos y que tenemos en la punta de los brazos. Se extraña asombrarse con las vidas distintas a las propias, con los cuerpos que se mueven en otra dirección, con las bocas que se ríen de otro modo, con las palabras que dicen otras cosas, con el saber que no sabemos, aunque ya lo saboree de antemano.

Se extraña esa figura entrañable delante de la cual es posible hacernos ciertas preguntas inconfesables o imposibles delante de otros. Se extraña lo común porque es extraña la sensación de no habitar un lugar y un tiempo juntos para hacer las cosas que solo podemos hacer en las escuelas. Las que hicimos, las que estamos haciendo, las que haremos. Esas cosas que no están en ningún otro lugar ni en ningún otro tiempo, que tienen la potencia de la conversación entre varios, que se descubren porque son enseñadas y no solamente encontradas por el azar de una búsqueda azarosa.

Lo extraño es extrañar todo lo que no extrañábamos porque dábamos por sentado que allí estaría para siempre, inconmovible, y que ahora se ha vuelto más imprescindible, más esencial, distinto.

Entonces habría que cuidar lo importante y dejar de lado, aunque más no sea por un tiempo, lo banal, lo accesorio, lo superficial. Escuelas esenciales para tiempos extraños que extrañan el cuidado de lo entrañable del mundo y que se cuiden de lo horroroso del mundo. Porque un mal día todo puede desmoronarse. Porque un mal día todo será demasiado tarde.

Y tal vez para eso están las escuelas, para que un buen día algo se reconstruya, para que un buen día nunca sea demasiado tarde».

Una reflexión minuciosa en torno a la espinosa cuestión de la población, ignorada por la izquierda o elemento de división, aunque, como recuerda el autor, también ha existido un maltusianismo progresista, un feminismo obrero y maltusiano y un anarquismo naturista. El tema cobra ahora nueva relevancia en el contexto de la crisis socioecológica  en marcha. El debate no puede pos- ponerse por más tiempo.

Si constatamos que la huella ecológica conjunta de la humanidad excede la biocapacidad del planeta (en un factor ya superior a 1.7, según los informes Living Planet que se publican cada dos años), y que si todos quisiéramos vivir como estadounidenses o australianos necesitaríamos cinco planetas Tierra a nuestra disposición, es evidente que en algún sentido somos demasiados, o quizá que la actividad humana resulta excesiva… Aquí la noción de extralimitación ecológica (overshoot) resulta esencial.

Hay demasiada gente en el mundo, por desgracia; y no hay racionalización que pueda destruir esa evidencia, nos sugieren Déborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro.1   Y “¡hagan parientes y no bebés!” es la consigna que propone Donna Haraway. 2

Solo durante el siglo XX la humanidad se cuadruplicó (de 1.500 a 6.000 millones de personas) y luego ha seguido creciendo. Pero abordar la cuestión demográfica en términos de sobrepoblación humana nos resulta extraordinariamente difícil. De hecho, es fácil constatar que en un país como el nuestro si se aborda la cuestión demográfica como problema casi todo el mundo convendrá en que falta gente, no sobra. Y en muchos otros países sucede lo mismo. Por ejemplo, El País editorializa sobre “Natalidad bajo mínimos” en los siguientes términos:

Tener una de las mayores esperanzas de vida al mismo tiempo que una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo es la combinación perfecta para desencadenar una crisis demográfica. De mantenerse la tendencia actual, en 2050 habrá en España  seis jubilados por cada diez trabajadores activos, en lugar de los tres que hay ahora. Eso significa que, de no mediar la entrada de contingentes importantes de inmigrantes, será muy difícil obtener los ingresos públicos necesarios para sostener las pensiones.3

Un consenso banal en nuestro país (y no sólo en él) sostiene que “el problema demográfico de España es el envejecimiento” –pero en realidad sólo se puede afirmar tal cosa si nuestra perspectiva es extremadamente cortoplacista y seguimos ignorando, en el fondo, los problemas de límites planetarios. Si la huella ecológica de España es 2,6 veces superior a su biocapacidad, es decir, si harían falta casi tres Españas para mantener los actuales estilos de vida (y por tanto sólo se pueden mantener con cargo a otros territorios, apropiándonos de los recursos de otros países con esquemas neocoloniales), ¿cómo contentarse con que “el problema demográfico de España es el envejecimiento”?4

Después de intensos debates en los años sesenta y setenta, tanto en Europa como en EEUU, acerca de la sobrepoblación humana, el concepto fue demonizado y desapareció del horizonte político (en paralelo a la demonización que sufrió el importante estudio The Limits to Growth de 1972, como ha estudiado con cierto detalle Ugo Bardi).5 Algunos autores han sugerido que se impuso un tabú hardiniano que descalificó de antemano a quien intentase argumentar que existía, de hecho, sobrepoblación.6 Si Leo Strauss acuñó la expresión reductio ad Hitlerum para denunciar que se recurre demasiadas veces a acusar de fascismo hitleriano al contrincante cuando una discusión se alarga demasiado, podría hablarse quizá, en lo que al debate demográfico se refiere, de una reductio ad Hardinum. La idea de una “ética del bote salvavidas”,  como se sabe, remite a Garrett Hardin.7

Las cifras de la demografía humana son conocidas

Como cazadores-recolectores  (o mejor: forrajeadores) éramos probablemente menos de un millón de Homo sapiens en el Paleolítico; y éramos apenas 14 millones cuando, hace unos 5.000 años, transitamos desde las aldeas neolíticas básicamente igualitarias hacia sociedades con Estado, ejércitos y patriarcado. Como agricultores preindustriales –y nada sustentables– éramos 1.000 millones hacia 1800; pero hoy somos ya más de 7.700 millones.

Éramos 1.000 millones de personas en 1800, 2.000 millones en 1925, 4.000 millones en 1974, 6.000 millones en 1999, 7.000 millones en 2011; previsiblemente seremos 8.000 millones ya en 2023.8

No somos conscientes de hasta qué punto la enorme población humana actual ha sido posibilitada por el uso masivo de hidrocarburos fósiles. Pero hoy el pico del petróleo hace inviable, a medio plazo, esa enorme población

Si pienso en mi propia vida: hacia 1930, 2.000 millones de seres humanos (mis abuelos eran jóvenes); hacia 1960, 3.000 millones. Yo nací en 1962. En 2000, 6.000 millones. ¡La población humana se había duplicado entre mi nacimiento y mis cuarenta años! Cuando muera, la población humana puede haberse triplicado en el curso de mi vida (¿9.000  millones hacia 2050?). Si no llamamos a esto “explosión demográfica” (en la era de la Gran Aceleración), ¿a qué se lo llamaríamos?

¿El comienzo de la catástrofe queda detrás de nosotros?

No somos conscientes de hasta qué punto la enorme población humana actual ha sido posibilitada por el uso masivo de hidrocarburos fósiles. Pero hoy el peak oil (en el contexto más general de la extralimitación ecológica, el overshoot) hace inviable, a medio plazo, esa enorme población.

Bruno Latour nos dice que la catástrofe queda detrás de nosotros, pues en 1947 la población mundial superó el límite que garantizaba el acceso suficiente a los recursos de la Tierra: estaríamos hablando, pues, de unos 2.500 millones de personas.9 Escribía Bruce Hoeneisen Frost en 1999: «El límite natural de la capacidad de sustentación de la Tierra, una vez que se agoten el petróleo, el gas natural y el carbón (y suponiendo que la humanidad tenga la sabiduría de no usar reactores nucleares), será de aproximadamente 3.000 millones de personas. Ésta es la población que pueden sostener las fuentes renovables de energía. (…) El siglo XXI es el período de transición que divide en dos la historia de la humanidad. Por un lado, la era del crecimiento ilimitado [basado en los combustibles fósiles]; por otro, la era de la limitación material». Según una estimación, si hoy no contásemos con el petróleo, el carbón y el gas natural, un 67% de la población humana perecería.10

Unos 2.500 o 3.000 millones, para una sociedad industrial con fuentes renovables de energía…  Quizá no sea una mala estimación.11  Así, vemos que la libertad reproductiva (y la responsabilidad a la hora de procrear) no tiene el mismo significado en un “mundo vacío” que en un “mundo lleno” (ecológicamente saturado).

Y para terminar de situar en sus justos términos el debate sobre demografía humana hoy, casi empezando el tercer decenio del segundo milenio: por desgracia hay que constatar que el BAU (Business As Usual) nos lleva al exterminio de la gran mayoría de la humanidad, si no a su extinción total –y no a largo plazo. Basta con asumir de verdad la situación en lo que respecta a la crisis climática para darse cuenta de esto.

En efecto, hoy el BAU (usemos este acrónimo por no decir: el tanatocapitalismo que nos gobierna) dirige al planeta Tierra hacia 4°C de calentamiento, si nos basamos en los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) contraídos hasta ahora. Los compromisos de París suponen una senda de calentamiento de alrededor de 3,3°C, según los expertos; pero eso no incluye algunas retroalimentaciones del ciclo del carbono que ya se están activando (por ejemplo, deshielo del permafrost ártico, desforestación del Amazonas, otras mermas en la capacidad natural biosférica de almacenar carbono) que empujarían ese calentamiento hacia los 5°C. «Entonces, decir que estamos actualmente en un camino de 4°C es correcto».12 Se podrían superar los 4-5ºC incluso en fechas tan tempranas como 2050, si las cosas van realmente mal.13 Ahora bien, destacados climatólogos han conjeturado que eso puede suponer el exterminio del 95% de la humanidad.14

Capacidad de carga… sociocultural

Por supuesto, la Tierra no tiene una capacidad de sustentación fija (carrying capacity) para la especie humana: la viabilidad de una determinada población humana depende de sus relaciones sociales, su cultura, su tecnología y su forma de usar los recursos naturales. «La capacidad de carga para seres humanos debería llamarse capacidad cultural de carga porque ha de incluir un parámetro que defina el nivel de consumo necesario para una “vida buena”».15  La pregunta tiene que ser algo así: ¿qué clase de prosperidad es posible, para la enorme población humana que somos, teniendo en cuenta las variables socioculturales y tecnológicas, dentro de los límites del planeta Tierra?

La viabilidad de una determinada población humana depende de sus relaciones sociales, su cultura, su tecnología y su forma de usar los recursos naturales

Si hablamos de “crisis maltusianas”, entonces, desde luego no cabe hacerlo en el sentido ingenuo del mismo Thomas R. Malthus, como una simple relación entre población y alimentos. Por indicar una dimensión sencilla, donde come solamente una persona con dieta altamente carnívora, comen cinco personas o más con dieta básicamente vegetariana. Una dieta vegetariana liberaría más de las tres cuartas partes de la tierra hoy dedicada a la agricultura y la ganadería (y esa tierra podría renaturalizarse, con beneficios evidentes para la biodiversidad y el cambio climático).16

Pero atención: sucede que entre los criterios oficiales de pobreza en nuestro país se encuentra el no comer carne o pescado todos los días.17 Mientras que, por otra parte, los insostenibles consumos de carne (y pescado) propios de las dietas occidentales tendrían que reducirse en un 90%, para permanecer dentro de los límites ecológicos…18 Parece que la capacidad de carga sociocultural nos está jugando una mala pasada, y que aspirar a “modos de vida imperiales” (Alberto Acosta y Ulrich Brand) no parece compatible con poblaciones humanas muy elevadas. Como suele decir Terry Eagleton, modificar la cultura puede resultar más difícil que hacer volar montañas por los aires o trasladar mares de sitio.

Hay que pensar, entonces, en términos de metabolismos sociales (o socioecológicos si se prefiere) y modos de producción.19 Mas precisamente ésa es hoy la cuestión: el metabolismo industrial que se ha desarrollado en los últimos dos siglos es radicalmente insostenible, y la transición hacia una sociedad industrial sustentable resulta –hoy por hoy– altamente improbable. Pero por esa improbabilidad, precisamente, hemos de apostar en nuestra tremenda coyuntura histórica –lo que en otro lugar he llamado el Siglo de la Gran Prueba.20

Dos grandes escollos

Aparecen dos tremendos escollos en este difícil debate sobre demografía. En primer lugar, las experiencias pasadas  de intervencionismo  patriarcal: el control demográfico como control sobre las mujeres. En segundo lugar, el maltusianismo como legitimación de las enormes desigualdades existentes en el mundo e incluso como antesala de políticas racistas y genocidas. No son para nada, como se ve, cuestiones menores…

Sugerir que necesitamos una reducción de la población humana suscita de inmediato reacciones como por ejemplo ésta, de una mujer africana: «¿ya están ustedes, los varones blancos del Norte, echando la culpa a las mujeres en el Sur global? La eliminación de toda la población de África apenas serviría de nada para reducir el CO2 equivalente, porque apenas lo generamos.  Las emisiones  de China están vinculadas  a la fabricación de bienes para alimentar los mercados de los países occidentales. Así que ¿no habría que empezar en casa?».21 Y ella aporta la siguiente figura:

Continúa esta mujer africana: «Entonces,  ¿qué población debería ser estabilizada? Los países emisores más grandes ya están experimentando poblaciones estables o en declive. La interpretación más caritativa sería que necesitamos reducir la huella de CO2 de los grandes consumidores. (…) La cuestión es que hablar sobre la estabilización de la población parece razonable si no vamos a las implicaciones reales. Aquí hay un excelente informe de Oxfam sobre quién está emitiendo CO2, y adivine usted, pues no es el Sur a pesar de la cuantía de su población».22

¿Qué clase de prosperidad  es posible, para la enorme población humana que somos, teniendo en cuenta las variables socioculturales y tecnológicas, dentro de los límites del planeta Tierra?

Claude Lefort escribió Un homme en trop (una reflexión publicada en 1976 sobre El archipiélago Gulag de Solyenitsin),  un hombre que sobra. En nuestra historia reciente, la expresión “gente que sobra” ha sido propia de dictaduras y regímenes autoritarios, de manera que no sorprende que nos cause un escalofrío. El asesino racista del Walmart de El Paso (Texas), el 4 de agosto de 2019, antes de la matanza colgó en internet un texto donde explicaba: «Si podemos deshacernos de suficientes personas [hispanas], nuestra forma de vida [la de los estadounidenses anglosajones] puede ser más sostenible».23

Por otra parte, para los think tanks de la derecha como el Cato Institute todo lo que tenga que ver con un posible autocontrol de la población humana es pura y simplemente “antihumanismo”. En este juego discursivo, el “humanismo” queda del lado de la tecnolatría sin límites que se gastan Julian Simon, Steven Pinker, Michael Shellenberger y los “ecomodernistas”.24

Pero también para la izquierda este es un debate intratable

En general la izquierda política ha abogado por el crecimiento demográfico: más brazos y más cabezas para hacer la revolución y construir la sociedad mejor. «El crecimiento pobla cional nuestro es vertiginoso, y es bueno que sea así porque Venezuela, algún día, debe tener cincuenta millones de habitantes, ochenta millones de habitantes», declaraba por ejemplo el comandante Hugo Chávez hace pocos años.25

La cuestión demográfica, en términos de sobrepoblación, es un asunto casi intratable para la izquierda en general y para el ecosocialismo en particular. Un investigador ecosocialista como Saral Sarkar sostiene que los siete elementos básicos del ecosocialismo son los siguientes:

(1) hay límites para el crecimiento, no sólo para el crecimiento económico sino también para el crecimiento demográfico;

(2) ya hemos superado estos límites y por cierto que en un nivel peligroso (es decir, nos hallamos en overshoot);

3) no existen soluciones tecnológicas para los problemas mundiales de recursos y contaminación;

4) por lo tanto, la economía mundial debe ahora someterse a un proceso de contracción deliberado y dirigirse gradualmente a un estado homeostático sostenible (sustainable steady-state);

(5) esta contracción debe llevarse a cabo de una manera planificada, de lo contrario las sociedades humanas colapsarían una tras otra;

(6) tanto las cargas como los beneficios de la contracción económica deben distribuirse equitativamente; de otra manera los ciudadanos y ciudadanas no aceptarían nunca la contracción planeada; (7) el objetivo debe ser alcanzar una economía y una sociedad homeostáticas (steady-state), sostenibles e igualitarias a un nivel mucho más bajo que el actual.26

Así, Sarkar sostiene que hay límites para el crecimiento, no sólo para el crecimiento económico sino también para el crecimiento demográfico; mas entonces es rechazado como ecosocialista por otros ecosocialistas como Ian Angus (y clasificado como un “ecologista profundo” que sufre una completa “bancarrota moral” y no puede ser admitido en las filas de la izquierda).27 Más abajo volveré sobre este debate.

Aparecen dos escollos en este debate. Primero, las experiencias pasadas de intervencionismo patriarcal: el control  demográfico  como control  sobre las mujeres. Segundo, el maltusianismo como legitimación de las enormes desigualdades existentes, e incluso como antesala de políticas racistas

En mi opinión, la divisoria entre derecha e izquierda no pasa por ahí: el descenso energético y la degradación de la biosfera implica descenso demográfico de Homo sapiens al menos a medio y largo plazo, por las buenas o por las malas. Todo el esfuerzo de la izquierda debería dirigirse a encauzar ese necesario y deseable descenso demográfico por las buenas. Y la divisoria verdadera se halla más bien en la cuestión de la inmigración y las fronteras (que la derecha, inhumanamente, tiende a defender se clausuren).28  Es el cierre de fronteras lo que debería separar a izquierda y derecha, no el “maltusianismo” (en el sentido de: necesidad de un autocontrol consciente de la población humana)

“Las políticas de población llevan a la barbarización  social”, sería por tanto la objeción que surge de forma comprensible en amplios sectores izquierdistas y feministas. «El peligro es que las teorías en torno a la sobrepoblación puedan convertirse en una excusa para el racismo y en argumentos contra la clase trabajadora y que en manos de la derecha puedan venir a justificar políticas reaccionarias».29  La respuesta diría: no necesariamente. Hubo (en la Europa de los primeros decenios del siglo XX) un feminismo obrero y maltusiano y un anarquismo naturista, un maltusianismo de izquierdas: también regresaremos después a esta cuestión.

Retrocedamos unos pasos para intentar  ganar claridad: la explosión demográfica según los Ehrlich

Creo que, para ganar claridad sobre esta cuestión, conviene volver a examinar el debate clásico que generó la publicación –en 1968– del libro de Paul R. Ehrlich y Anne H. Ehrlich sobre La bomba poblacional. En 1991 los esposos Ehrlich actualizaron su argumentación publicando La explosión demográfica.30 Es un libro importante: los autores están bien informados, construyen su obra sobre una base documental selecta y copiosa, y tienen la ambición de ofrecer una interpretación de la crisis ecológica global que dé cuenta de sus verdaderas causas. O más bien de su verdadera y principal causa, en singular: la tesis central de los Ehrlich es que –tal y como reza el subtítulo del libro– la explosión demográfica es la causa fundamental de la crisis ecológica.

Pues bien: los Ehrlich fracasan de forma llamativa en su tarea de fundamentar sólidamente su tesis sobre la explosión demográfica. El libro es curiosamente inconsistente: la tesis central se afirma ya en el prólogo («la causa principal de los problemas que afligen a nuestro planeta no es otra que la superpoblación y sus impactos en los ecosistemas y en las comunidades humanas», p. XI), los capítulos que siguen van desgranando datos y análisis –la mayoría de las veces de buena calidad– sobre recursos alimentarios, ecología de la agricultura, demografía y salud pública, etc, y uno espera y espera los argumentos que apuntalen convincentemente la tesis central de los autores: en vano. La tesis central se enuncia varias veces pero no se prueba nunca, y las argumentaciones que supuestamente la probarían en realidad prueban otra cosa. En este sentido el libro, además de esa llamativa incoherencia, hace gala de una honradez que desarma al crítico malintencionado: pues exhibe sus fallos con tal rotundidad, y proporciona tan paladinamente él mismo los materia- les para una argumentación alternativa, que realmente puede aprenderse mucho leyéndolo. Se refuta a sí mismo de forma constructiva. Al final, el lector o la lectora tendrá ideas bastante claras y acertadas sobre el papel que la explosión demográfica desempeña en la crisis ecológica, aunque esté lejos de compartir la tesis central de los autores.

En efecto, ellos mismos se encargan de señalar que la cuestión esencial no es el número de personas que habitan en un momento dado el planeta o alguna de sus regiones, sino el impacto ambiental que éstas causan. Y pequeños números de personas (por ejemplo, en el Norte) pueden causar una gran destrucción, mientras que números mucho mayores (por ejemplo, en el Sur) pueden destruir menos. Así, pongamos por caso, «la producción actual de cereales, que proporcionan la mayor parte de las calorías de la humanidad, es de unos 2.000 millones de toneladas anuales. Esto es suficiente, en teoría, para alimentar a diez mil millones de hindúes, que comen básicamente cereales y muy poca carne según los patrones occidentales. Pero la misma cantidad sólo puede alimentar a dos mil quinientos millones de norteamericanos, que convierten una gran parte de sus cereales en ganado y aves de corral».31

La ecuación IPAT

Una sencilla ecuación arroja mucha luz sobre esta cuestión: IPAT (por sus siglas en inglés).

El impacto causado por un grupo humano en el medio ambiente constituye el resultado de tres fac- tores. El primero es el número de personas. El segundo es la medida de los recursos que consume el individuo medio (…). Por último, el producto de esos dos factores –la población y su consumo per cápita– se multiplica por el índice de destrucción medioambiental causado por las tecnologías que nos suministran los productos de consumo. El último factor es el impacto medioambiental por cantidad de consumo. En resumen:  Impacto= Población por Riqueza  por Tecnología,  o I= PRT.32

Resulta entonces obvio, tanto para para los autores como para el lector, que el impacto ambiental de una población puede limitarse sustituyendo las tecnologías destructivas por tecnologías ambientalmente benignas (en una “revolución de la eficiencia”), o si se quiere decir de otro modo: ecologizando la base productiva de esa población. Y se puede limitar también disminuyendo el consumo de recursos por cabeza, vale decir: generalizando comportamientos más austeros (entre las poblaciones que habitan nuestro Norte sobredesarrollado). Y, en tercer lugar, claro, también puede limitarse ese impacto ambiental reduciendo la población.

La divisoria verdadera se halla más bien en la cuestión de la inmigración y las fronteras. Es el cierre de fronteras lo que debería separar a izquierda y derecha, no el “maltusianismo”

Pero no se argumenta bien, ni se entiende, por qué los Ehrlich privilegian de tal modo el tercer factor respecto a los dos primeros. De hecho, el conocido fenómeno de la “inercia demográfica” o impulso poblacional (la tendencia de una población a seguir creciendo muchos decenios después de haberse reducido las tasas de natalidad), que los autores explican en la página 53 y siguientes, garantiza que los efectos ambientales de un control consciente de la demografía humana no se harán sentir hasta mucho tiempo después de que comience ese control: o sea, demasiado tarde (dada la gravedad de la crisis socioecológica actual). Esta es una buena razón para no postergar los esfuerzos en ese campo (resulta imposible pensar una sociedad ecológicamente sustentable en el largo plazo sin control demográfico), pero desde luego no se ve por qué «la principal prioridad ha de ser conseguir el control demográfico» (p. 204 de La explosión demográfica), teniendo en cuenta que «el control demográfico no representa una solución a corto plazo» (p. 111).

Modificar nuestra forma de producir y consumir (sobre todo en el Norte del planeta), y difundir comportamientos más austeros (repítase la misma apostilla), parecen prioridades aún más urgentes. De hecho, en la p. 194 se aboga por «reducir simultáneamente los tres factores multiplicadores de la ecuación I= PRT».  Y antes se ha reconocido (p. 167) que «detener el crecimiento demográfico e iniciar su progresivo descenso no representa una panacea; principalmente, ofrecería a la humanidad una oportunidad para resolver sus demás problemas» (p. 167), luego la explosión demográfica no es la causa principal de la crisis ecológica. ¡Santa inconsistencia!

Conservadurismo de fondo

A mi juicio, la incoherencia del planteamiento de los Ehrlich obedece a su conservadurismo de fondo: conservadurismo que, pese a las denuncias de «la división de la especie humana entre los que tienen y los que no, entre los países ricos y países pobres» (p. 33) que no escasean  en el libro, aflora en momentos decisivos. Y hace sospechar que los pasos igua- litaristas como el que acabo de citar son en cierta medida añadidos para no quedar mal, sin que los autores se los tomen del todo en serio.

Por ejemplo: leemos en la p. 32 que «puede corregirse una situación de superpoblación sin que se produzca ningún cambio en el número de personas. (…) Bastaría que los norte americanos cambiaran drásticamente su estilo de vida para acabar con la superpoblación en EEUU,  sin que se produjera una fuerte disminución de la población». Muy bien: hasta aquí nada que objetar. Pero a renglón seguido los Ehrlich añaden: «Pero, en estos momentos y en un futuro inmediato, Africa y EEUU  seguirán siendo países  superpoblados».  ¡Esto sólo puede afirmarse a continuación de lo anterior si se desconfía profundamente de que se produzca ningún cambio social de importancia! «Decir que no están superpoblados porque bastaría con que la gente cambiara su estilo de vida para eliminar el problema de la superpoblación es un error, puesto que la superpoblación se define por los animales que ocupan un determinado espacio, comportándose como naturalmente se comportan, no por un hipotético grupo que viniera a sustituirlos». El subrayado es de los autores, y el error, me parece, también es suyo: me permitiré bautizarlo como falacia animalista. La falacia animalista con- siste en suponer que los seres humanos son animales como los demás, con un comportamiento naturalmente determinado («comportándose como naturalmente se comportan»). No hay tal cosa, no hay una determinación natural inmodificable de los comportamientos humanos; somos animales de una especie muy especial para la cual (como los Ehrlich bien saben) «la evolución cultural puede anular a la evolución biológica» (p. 207).

Una piedra de toque: la cuestión migratoria

Este conservadurismo de fondo emerge de forma espectacular (propiciando de nuevo llamativas incoherencias) en el apartado que los Ehrlich dedican a la cuestión de las migraciones (p. 56-60). Se diría que esta cuestión constituye una verdadera piedra de toque para discriminar entre opciones emancipatorias y regresivas, en el atroz siglo que encaramos. La amenaza se ve en que los emigrantes de los países pobres, al adoptar los estilos de vida vigentes en sus países de adopción, pasan a consumir más recursos por persona (p. 57). Y entonces «es preciso controlar la afluencia de emigrantes a EEUU, entre otras cosas porque el mundo no puede permitirse el lujo de que existan más norteamericanos» (p. 58).

Nótese bien: la medida que se propugna es levantar muros: el cerrojazo frente al Sur antes que los cambios en los modos de producir y consumir en el Norte. A renglón seguido se añade que «la única forma de resolver el problema es aplicando una política que, al mismo tiempo, ayude a Méjico a controlar su población y mejorar el nivel de vida de los mejicanos en su propio país» (p. 59), lo cual por supuesto es incoherente con la argumentación precedente a menos que se dé por sentado que «el nivel de vida de los mejicanos en su propio país» seguirá siempre siendo muy inferior al de EEUU. El igualitarismo proclamado en tantos pasos del libro se convierte en un descarnado anti-igualitarismo cuando se toca el punto sensible de las migraciones. Se trata, insisto, de una verdadera piedra de toque para orientaciones políticas.

Barry Commoner polemizó con los Ehrlich

Hasta aquí el comentario sobre el libro de los Ehrlich,  del cual puede sacarse  mucho provecho, al ser tan palmarias las contradicciones. Ahora bien, negar que el crecimiento demográfico sea el principal causante de la crisis ecológico-social no significa que se pueda eliminar este factor de nuestro análisis. En mi opinión, el crecimiento excesivo de la población es un gravísimo problema que afecta a las posibilidades de vida digna (si no de supervivencia) de esa misma población –por no hablar del resto de los trillones de seres vivos con los que compartimos la biosfera. Esto puede analizarse observando a un gran contradictor de los Ehrlich, el pensador y activista ecosocialista Barry Commoner. Intervino en la controversia con su libro The Closing Circle (1971), relativizando el papel de la población en la degradación ambiental y la crisis de recursos y señalando hacia el verdadero culpable: el modo de producción capitalista.

Recordemos la ecuación IPAT (que de hecho fue Commoner el primero en proponer). Nuestro autor calculaba en El círculo que se cierra que en EEUU  y desde 1946, es decir, en unos 25 años, el aumento de población fue responsable de aumentos de entre el 12 y el 20% en la producción total de agentes contaminantes. El factor abundancia, es decir, la cantidad de artículos económicos per capita, respondía de un 1 a un 5% de aquellos aumentos (con la excepción de los viajes en automóvil, que tenían impactos mucho mayores). El factor tecnológico, o sea, la cantidad de agentes contaminantes por unidad producida, resultante de la introducción de nuevas tecnologías a partir de 1946, respondía, según el autor, del 95% de la producción total de agentes contaminantes. La conclusión de Commoner era que, si bien el impacto ambiental depende del tamaño de la población y del nivel de consumo de recursos de ésta, lo que más había influido en la degradación ambiental desde la Segunda Guerra Mundial había sido un conjunto de técnicas altamente nocivas para el medio natural.

Entre ellas, cabe citar la substitución de materiales naturales (papel, fibras textiles naturales, jabón) por productos de la petroquímica (plásticos, fibras sintéticas, detergentes basados en el petróleo), la introducción masiva de fertilizantes industriales y productos fitosanitarios de síntesis química, la introducción en los automóviles del motor de alta compresión, etc. La conclusión práctica a que llegaba el autor era que para alcanzar un equilibrio entre población y recursos había que dar prioridad no al control demográfico, sino al rediseño de lo que él llamaba tecnosfera, es decir, a la adopción de otras técnicas de menor impacto.33

En el debate histórico entre los Ehrlich y Commoner, ¿toda la razón quedaría entonces del lado del segundo, quien minimiza la relevancia del factor demográfico para la crisis ecológica? ¿Se puede tildar a quienes abogan por el control demográfico de “neomaltusianos” y pasar a otra cosa?  En modo alguno. Veámoslo releyendo otro libro del ecólogo y ecologista Commoner. El capítulo 7 de En paz con el planeta, titulado «Población  y pobreza»,  es a mi juicio el único insatisfactorio dentro de un libro excelente.  Commoner parte también de una ecuación en esencia idéntica a la de los Ehrlich (contaminación  total= contaminación por unidad de bien por bien per cápita por población).34  Pero un exagerado optimismo tecnológico le lleva a postular que «los elementos químicos que constituyen los recursos del planeta pueden ser reciclados y reutilizados indefinidamente, siempre y cuando la energía necesaria para recogerlos y refinarlos esté disponible» (p. 142): y para Commoner está disponible en forma de energía solar (p. 143).

Ahora bien, y sin entrar en otros problemas que plantearía la extremosidad de este planteamiento, el reciclado perfecto es un imposible termodinámico, y por eso la “solución” de Commoner falla. El mismo ejemplo que aduce se vuelve contra él: leemos que «a pesar de su enorme dispersión, más de la mitad del oro extraído hasta ahora sigue controlado hasta hoy día, siendo reunido cuando es necesario gastando energía».35  El ejemplo prueba lo contrario de lo que tendría que probar: a pesar de que el oro ha sido un metal valiosísimo para todas las civilizaciones, y de que los seres humanos lo han reunido, atesorado y conservado (o sea, reciclado) como ningún otro material en toda la historia humana, sólo algo más de la mitad de todo el oro extraído en toda la historia humana está hoy disponible.

¡Piénsese  lo que ha ocurrido y ocurrirá con materiales menos preciados! Y no vale replicar que, con las escaseces crecientes o con los nuevos impuestos ecológicos, el latón o el papel llegarán a ser tan valiosos como el oro: sería una salida por la tangente fraudulenta, que no tendría en cuenta hechos termodinámicos básicos, por no hablar de los supuestos irreales sobre la organización social y la psique humana. Hay que recordar aquí una observación importante de Ernest Garcia:

Incluso entre partidarios del decrecimiento es frecuente encontrar una fuerte reticencia a aceptar que el control demográfico es una consecuencia  ineludible de la visión de conjunto que ellos mismos proponen. Muchos, en ese movimiento, repiten que el problema del mundo no es el número de humanos sino el de automovilistas (la misma idea proclamada hoy por el papa de Roma, formulada de otro modo). La reticencia va unida a la incomodidad, claro, porque la fórmula ‘más población con menos consumo agregado’ es inherentemente autodestructiva. Como el impacto sobre el medio ambiente depende del consumo por persona y del número de personas, atribuir la sobrecarga a uno solo de esos factores es como mantener que la superficie de un rectángulo está determinada solo por la base o solo por la altura. En el límite, en un mundo con recursos limitados, incluso si en él se generalizase la sobriedad y se redujera drásticamente el exceso, el resultado de aumentar sin límite la población sería una miseria generalizada.36

Recapitulemos: las dos partes tenían razón

Tampoco el planteamiento de Commoner sobre demografía y crisis ecológica, por tanto, resulta convincente. Los “neomaltusianos” como el matrimonio Ehrlich llevan razón, a mi juicio, al afirmar la necesidad de un control colectivo consciente de la demografía, y la insostenibilidad de una población como la que habitará el planeta a mediados del siglo XXI (puede que más de 10.000 millones de personas) si no suceden antes grandes catástrofes por pandemias, guerras o penuria de alimentos. Pero no tienen razón al afirmar que la explosión demográfica es la causa principal de la crisis ecológica, ni el control demográfico su principal remedio. Ahí, la propuesta commoneriana de “rediseñar la tecnosfera” y cambiar la organización social para disminuir el impacto ambiental parece más sólida.

Siempre que no olvidemos ir al mismo tiempo reduciendo los nacimientos, aunque ello no sea lo absolutamente prioritario; y siempre que seamos bien conscientes de que para conseguirlo es más importante alfabetizar a las niñas y las mujeres del Sur, o proporcionar una seguridad social básica a los campesinos pobres de esos países, que ingeniar nuevos artilugios anticonceptivos (aunque tampoco esto último sea irrelevante).  En efecto, la medida más efectiva de control demográfico es también la más deseable: aumentar el control de las mujeres sobre sus propias vidas, en especial mejorando el acceso de las niñas pobres a las oportunidades educativas.37

Los Ehrlich tenían razón en denunciar la superpoblación; Barry Commoner tenía razón en acusar al capitalismo. En aquella controversia, las dos partes tenían razón

Los Ehrlich tenían razón en denunciar la superpoblación; Barry Commoner tenía razón en acusar al capitalismo. En aquella controversia, las dos partes tenían razón. Como apunta Joen Cohen, «cuántas personas puede soportar la Tierra depende en parte de cuántas vistan prendas de algodón y cuántas de poliéster; de cuántas coman filete de vaca y cuántas brotes de soja; de cuántas prefieran los parques y cuántas los aparcamientos; de cuántas quieran Jaguars con J mayúscula y cuántas jaguares con j minúscula».38  Pero cuidado, Imanol Zubero hace una observación importante sobre la ecuación IPAT: «Sin despreciar en absoluto las mejoras en la eficiencia de las tecnologías, la ecuación Ehrlich-Holdren se resuelve, fundamentalmente, en la relación entre tamaño de la población y niveles de consumo. (…) Nos enfrentamos a problemas éticos que no tienen solución a través de medios técnicos. No son problemas de ineficiencia, sino de injusticia».39

No obstante,  hoy las cosas se nos han puesto más difíciles…

Desde el debate entre los Erhlich y Commoner han pasado más de cuatro decenios de inac- ción. Según estimaciones de muchos científicos estamos atravesando ya “puntos sin retorno”: umbrales ambientales críticos que pueden llevar a la biosfera a un nuevo estado, que, por lo que barruntamos, puede ser muchísimo menos acogedor para la vida humana (y muchas otras formas de vida).40  Hoy vamos hacia crisis maltusianas, nos advierten los investigadores e investigadoras a partir del mejor conocimiento científico disponible.

Dos escenarios de pesadilla –la escasez  global de recursos vitales y el comienzo de un cambio climático extremo– están empezando ya a converger, y es muy probable que en las próximas décadas produzcan una oleada de agitación, rebelión, competitividad y conflicto. Puede que aún sea difícil discernir cómo será ese tsunami de desastres, pero los expertos advierten de “guerras del agua” sobre disputados sistemas fluviales, de disturbios alimentarios globales provocados por las crecientes subidas de los precios de los productos básicos, de migraciones masivas de refugiados climáticos (que acabarán desencadenando actos de violencia contra ellos) y de ruptura del orden social o de colapso de los Estados.  Es probable que, al principio, ese caos estalle básicamente en África, Asia Central y otras zonas del Sur subdesarrollado, pero, con el tiempo, todas las regiones del planeta se verán afectadas.41

Y el debate entre los Ehrlich y Barry Commoner en los setenta tiene hoy una derivada nueva: en cada mano de cada Homo sapiens del planeta mayor de diez o doce años hay hoy un teléfono móvil, propio o compartido. También en los países del Sur. Eso significa que el nihilismo consumista occidental, si lo pensamos como infección, es una enfermedad que afecta ya a todos y todas –también en el Sur, de forma mayoritaria, se aspira a formas de vida del todo insostenibles  (modos de vida imperiales).

Si prosigue el BAU (business as usual, según las siglas anglosajonas que se nos han vuelto tan ominosas), las perspectivas apuntan hacia un genocidio que no tiene parangón en los 200.000 años de historia de nuestra especie. Las crisis maltusianas pueden entrelazarse con crisis hobbesianas: «por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI», reza el subtítulo del muy bien argumentado libro de Harald Welzer Guerras climáticas.42 Los colapsos ecológico-sociales incluyen colapsos demográficos:

El previsible colapso de la civilización industrial asociado a la caída en los recursos energéticos fósiles disponibles muy probablemente tendrá consecuencias  que impacten directa y negativamente en el nivel demográfico: guerras por los últimos recursos (sean estos energía, materias primas, agua, tierra fértil…), conflictividad social, deterioro de las condiciones de vida, catástrofes industriales debido a la falta de mantenimiento y de materiales de repuesto con graves repercusiones ambientales y en la salud para millones de personas.43

Se tradujo y publicó en 2010 un Manifiesto de economistas aterrados ),44 que halló enseguida bastantes lectores: segunda edición en 2011. Pero los biólogos, los climatólogos, los oceanógrafos, los edafólogos y muchos otros científicos de las diversas disciplinas que se dedican a auscultar el pulso de esta maltrecha biosfera nuestra llevan decenios aterrados: y básicamente seguimos sin hacerles caso. La mayoría de la gente, sin entender siquiera lo que están diciendo. Ahora quizá estamos más allá del punto sin retorno, en términos ecológico-sociales.

No podríamos entonces detener el ecocidio. Y el ecocidio traería consigo el genocidio: un mundo maltusiano y hobbesiano. En términos prácticos esto quiere decir: hay una gran probabilidad de que la mayor parte de la humanidad sea exterminada (por hambre, violencia armada y alguna combinación de los restantes jinetes del Apocalipsis) antes de que acabe el siglo XXI. La distopía que Susan George esbozó con su Informe Lugano se ha ido haciendo más probable en los años transcurridos desde su publicación.45

¿Vuelve el fantasma de Malthus?

Todo indica que nunca llegaremos a ser esos diez u 11.000 millones a donde nos conduciría el BAU (business as usual). Cuando se adopta un marco analítico coherente con los datos sobre extralimitación (overshoot) y límites biofísicos que antes hemos sobrevolado, lo que se ve venir más bien es un nada improbable colapso ecológico-social que podría hacerse manifiesto ya hacia 2030, y que a partir de esas fechas podría hacer disminuir la población mundial en unos 1.500 millones de personas por decenio.46

En septiembre de 2008 la revista Scientific American publicaba un breve artículo de Jeffrey D. Sachs,  director del Earth Institute de la Universidad de Columbia, titulado «The Specter of Malthus Returns».

Desde sus inicios “el maltusianismo ha sido una de las más grandes historias de miedo: un cuento de sobre numerosos Otros amenazándonos a Nosotros” (Lohman, 2005). En efecto, la obra de Malthus permite, casi podemos decir que invita a, una lectura de la realidad en términos de confrontación y de amenaza: la preocupación maltusiana por excelencia es que todo aquello que Nosotros tenemos porque lo hemos logrado gracias a nuestro trabajo físico e intelectual, a nuestros derechos de propiedad o a nuestro poder político pueda caer en manos de unos irresponsables. Otros, simplemente por su mayor fecundidad…47

Está claro que hay severos problemas asociados al maltusianismo de Malthus:

(a) atribuir un excesivo poder causal a la demografía,

(b) representarse de forma demasiado simplista los nexos entre población y recursos naturales,

(c) legitimar, en ocasiones, las enormes desigualdades y la opresión de las mujeres en el mundo (ya insistí antes sobre ello).

Pero ser cuidadosos en esos aspectos –como hemos de serlo– no hace variar los aspectos biofísicos del problema de sobrepoblación. Y confiar en que la tecnociencia nos salvará, como la cultura dominante nos propone una y otra vez,48  es pensamiento mágico y pura irresponsabilidad. Malthus tenía razón en el sentido siguiente: sin restricciones en cuanto a su base de recursos, una población animal (como la de Homo sapiens) tiende a crecer exponencialmente (como lo ha hecho la población humana durante la era industrial, y especialmente en la fase de la Gran Aceleración).49 Pero no podemos suponer que la base de recursos para los seres humanos sea infinita viviendo como lo hacemos en un planeta finito, aunque nuestra historia reciente nos desencamine mucho al respecto. Y es que lo que falta en el debate sobre el maltusianismo, como ha sugerido el paleontólogo Niles Eldredge, es una comprensión adecuada de los cambios metabólicos que van sucediendo en las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. «Porque es la forma en que los humanos encajemos en el mundo natural lo que decidirá si Malthus tenía razón o no. Estaba equivocado en 1798, pero si hubiera escrito diez mil años antes, cuando no había agricultura, habría tenido razón. Y si su libro se hubiera publicado hoy, al borde del tercer milenio, estaría más acertado que equivocado».50

Cuando se adopta un marco analítico coherente, lo que se ve venir es un nada improbable colapso ecológico-social que podría manifestarse ya hacia 2030 y que podría hacer disminuir la población mundial en unos 1.500 millones de personas por decenio

Quizá suceda que, como sugería Pedro A. García Bilbao, «Malhus llama tres veces». La primera vez fue a comienzos del siglo XIX (el Ensayo sobre el principio de la población fue publicado en 1798) y la segunda vez a mediados del siglo XX (justo antes de la Gran Aceleración), pero

en la actualidad la situación de la población mundial y su dependencia de los recursos finitos para mantener su nivel de vida y su crecimiento parecen haber llegado a una nueva encrucijada maltusiana. La principal diferencia radica en que ahora no existe un planeta poco poblado que colonizar y explotar, no son posibles trasvases  masivos de población y la disputa por el agua, la tierra cultivable, el petróleo y los minerales estratégicos tienen nuevos y poderosos actores. El problema de la escasez de recursos con los que alimentar el consumo de masas está llevando a un aumento brutal de los costes y a la imposibilidad de mantener un crecimiento continuado. La realidad de la escasez  de recursos y el carácter finito de los combustibles que mantienen no ya el sistema productivo sino el mismo sistema de producción y distribución de alimentos en los propios países centrales permite suponer que la incidencia de conflictos de difícil solución se va a incrementar. Urge una reconducción del sentido de la marcha y el estudio de nuevas direcciones. El fantasma de la amenaza maltusiana, el colapso del sistema por desajustes entre población y recursos, vuelve a surgir, pero esta vez no hay muchas posibilidades de un nuevo engaño.51

Un coche más hoy es un campesino menos en el futuro,52 advertía Nicholas Georgescu-Roegen (uno de los grandes economistas del siglo XX, que tendría que ser tan famoso como Keynes si la cultura dominante no deformase tan trágicamente la realidad):53  pero el futuro del que hablaba es nuestro presente.

Epílogo para ecosocialistas

En cierta forma el alfa y el omega de la ecología es la población: se trata precisamente de aquella parte de la biología que estudia las diversas poblaciones de seres vivos en relación con la capacidad de sustentación de los ecosistemas. Sería extraña una ecología política que excluyese de entrada la pregunta por la población humana deseable. El que «no exista una relación directa entre población y daño ambiental»54 no significa que no exista ninguna relación importante entre población humana y daño ambiental.

Como ya observé anteriormente, la cuestión demográfica tiene algo de divisoria de aguas entre las familias de la izquierda, a la hora de afrontar la crisis ecológico-social. ¿Una sociedad justa puede caracterizarse sólo considerando a los seres humanos, o hay que pensar la justicia más allá de la especie? Si el ecosocialismo se piensa como esencialmente antropocéntrico, ¿puede constituir una perspectiva emancipatoria adecuada? Las éticas biocéntricas o ecocéntricas ¿caben dentro del ecosocialismo de tradición marxista? ¿Cómo se articularían con él? Estas  preguntas, y otras conexas,  han sido objeto de un debate intenso sobre todo en el mundo anglosajón, donde las corrientes de deep ecology han tenido más peso que en la Europa continental. De manera típica, la cuestión demográfica se ha situado en el centro de tales debates: es una piedra de toque. David Orton, un activista canadiense situado dentro de lo que él llamaba “biocentrismo de izquierdas”, manifestó que aunque simpatizaba  con la  Declaración  de Belém  que había  redactado la  Red Ecosocialista Internacional de Michael Löwy y Joel Kovel (y que se aprobó en Brasil, en enero de 2009) no podía firmarla adhiriéndose por completo, pues

por desgracia la Declaración de Belém se centra en los seres humanos, no en la Tierra. ¿Dónde se aboga por la preservación de los territorios salvajes  y las demás especies?  (…) La justicia social entre humanos es absolutamente necesaria, pero debe subordinarse a la justicia terráquea para todas las especies.  Como ha dicho [el ecofilósofo canadiense] Stan Rowe, aunque el socialismo y el capitalismo comparten una visión antropocéntrica común “rapaz” respecto a la explotación de la Tierra, «el socialismo tiene la virtud de ampliar el círculo de cuidado más allá del individuo egoísta, y así por lo menos orienta nuestra mirada en la dirección correcta». Pero la justicia social para los seres humanos no puede construirse a expensas de la ecología. La “comunidad” ha de incluir no sólo a seres humanos, sino también a los otros animales, las plantas y la Tierra como tal. En la Declaración no se menciona la necesaria reducción demográfica humana, que debería ser una prioridad para una sociedad ecocéntrica socialmente justa. No se trata sólo de un error desde una perspectiva de bienestar humano –somos demasiados–, sino que ello muestra que las necesidades de hábitat de las demás formas de vida no se consideran importantes.55

El que «no exista una relación directa entre población y daño ambiental» no significa que no exista ninguna relación importante entre población humana y daño ambiental

Saral Sarkar, otro pensador y activista ecosocialista (hindú residente en Alemania), ha señalado que Malthus fue probablemente el primer autor que escribió sobre ecología política, aunque

desgraciadamente  para nosotros, era un clérigo miembro de la clase dominante y como tal beneficiario del sistema de explotación de los pobres. Sólo cabe rechazar sus opiniones políticas; pero sus dos tesis (¿o quizá leyes?) sobre el aumento de la producción de alimentos y el crecimiento demográfico son científicamente válidas, incluso hoy, a pesar de todos los desarrollos científicos y tecnológicos que han tenido lugar en los dos siglos últimos. No deberíamos cultivar la ceguera respecto de los hechos. Por desgracia, los erróneos ataques de Marx y Engels contra Malthus están todavía hoy influenciando la discusión entre activistas políticos del socialismo.56

Como cabe suponer, esa no es una posición aceptable para los ecosocialistas de tradición marxiana57 –y sin embargo creo que en este punto Sarkar tiene razón (también cuando insta a no tratar los textos de Marx y Engels como “Sagradas Escrituras”).

Igualmente se puede convenir con Sarkar en que «no basta con ser socialista, ni basta con ser ecologista profundo. Los socialistas debemos asimilar las lecciones de la ecología que sean verdaderas y los ecologistas profundos (o verdes profundos, o ecologistas consecuentes) deben aprender las lecciones verdaderas del socialismo».58  Bueno, en lo que a mí respecta toda la discusión anterior conduce a la siguiente conclusión: deberíamos dejar de usar “neo-maltusiano” como un insulto y habría que abogar más bien por un ecosocialismo neo-maltusiano. Desde tal perspectiva nos haríamos preguntas como: ¿juzgamos o no deseable, además de la superación del capitalismo y la construcción de un ecosocialismo feminista, la reducción de la población humana, la renaturalización de extensas zonas de la Tierra y el cultivo de un ethos de simbiosis con la naturaleza? Podríamos proponer como criterios algo así:

a) ¿Estás de acuerdo en que existe sobrepoblación humana?

b) ¿Estás de acuerdo en que medio planeta,59 y los planes de renaturalización de territorios extensos, son propuestas razonables?

c) ¿Estás de acuerdo en que la dieta humana debería ser básicamente vegetariana – como resultado de la eliminación de la ganadería industrial y la pesca industrial?

d) ¿Estás de acuerdo en prácticas agrícolas basadas en la agroecología y la soberanía alimentaria?

e) ¿Estás de acuerdo en una estrategia re-localizadora y des-globalizadora que reduzca drásticamente los desplazamientos de personas y mercancías?

f) ¿Estás de acuerdo en políticas territoriales apoyadas en las biorregiones?

g) ¿Estás de acuerdo en políticas tecnológicas que se orienten al low-tech?

h) ¿Estás de acuerdo en que, para las y los ecosocialistas, simbiosis es una categoría tan importante como acumulación de capital?

A este respecto, y confrontados al “retorno de Malthus” como lo estamos hoy,60 no hay que echar al olvido algunas tradiciones político-culturales de izquierda enormemente interesantes a la hora de abordar estas cuestiones. Así, hubo un feminismo obrero y neomaltusiano a comienzos del siglo XX (tanto en Europa como en EEUU)  que abogaba por la “procreación consciente” como un elemento clave para la liberación de la mujer y la lucha anticapitalista.61  Fue éste un movimiento feminista y protoecologista, como subraya Joan Martinez-Alier:

Las neomaltusianas anarcofeministas predicaban la libertad de las mujeres para decidir el número de hijos que querían tener. El movimiento estaba explícitamente comprometido con los temas ecológicos, preguntándose cuánta gente podría la Tierra alimentar sosteniblemente. Este exitoso movimiento social internacional (con líderes como Emma Goldman y Margaret Sanger en Estados Unidos y Paul Robin en Francia) se autodenominaba deliberadamente neomaltusiano, pero contrariamente a Malthus consideraban que el crecimiento demográfico podía ser detenido entre las clases pobres mediante decisiones voluntarias. Recomendaban  el control de la natalidad, incluyendo las vasectomías  voluntarias. El movimiento neomaltusiano no apelaba al Estado para que impusiese restricciones al crecimiento demográfico. Al contrario, se basaba en un activismo ”desde abajo” a partir de la libertad de las mujeres, para evitar la presión descendente sobre los salarios provocada por el exceso de población, y contra las amenazas al medio ambiente y la subsistencia humana. Se preveía un exceso de población, y esto condujo a ideas y conductas anticipatorias. En Francia y en otros sitios, los neomaltusianos desafiaron a las autoridades políticas y religiosas de la época a través de la idea de una ”huelga de vientres” (la grève des ventres), y también a través del antimilitarismo y del anticapitalismo. El control demográfico voluntario fue una manera de negarse a proporcionar al capitalismo mano de obra barata del “ejército de reserva de trabajadores”.62

Desde su elaboración ecofeminista, Alicia H. Puleo evoca también el neomaltusianismo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, que «es de inspiración anarquista y feminista y promueve el uso de métodos anticonceptivos y el derecho al aborto como una forma de resistencia obrera frente a la explotación de mano de obra barata. Destacan en él figuras como Paul Robin, pedagogo libertario francés, y Margaret Sanger, enfermera y educadora sexual estadounidense, fundadora de la Liga de Planificación Familiar, encarcelada  por sus actividades a favor del control de natalidad».63 Se trata en efecto de tradiciones valiosas que deberíamos volver a apreciar y de las que podemos aprender mucho a la hora de plantear un ecosocialismo descalzo para el Siglo de la Gran Prueba.

¿Somos demasiados? Si cobramos consciencia del declive de los combustibles fósiles (solo la sobreabundancia  energética que nos han proporcionado permitieron a las economías industriales y a la población humana crecer como lo han hecho desde los días de Malthus hasta hoy) y de la degradación de la biosfera (que reduce su capacidad para sustentar a tantos seres humanos), entonces hay que responder que sí, somos demasiados. Si no defendemos la tesis totalmente implausible de un desacoplamiento absoluto entre crecimiento económico y consumo de recursos, entonces hay que responder que sí, somos demasiados. Si asumimos que los imaginarios capitalistas dominantes (pero también los de quienes aspiran a un socialismo de la abundancia) incitan a la gente a aspirar a “modos de vida imperiales” (Alberto Acosta y Ulrich Brand), entonces hay que responder que sí, somos demasiados. Si dejamos de lado nuestro supremacismo antropocéntrico y reconocemos que compartimos la biosfera terrestre con trillones de otros seres vivos, y que estos necesitan también espacio ecológico para vivir y florecer, entonces hay que responder que sí, somos demasiados.

Rechazar de plano el maltusianismo (insisto: en el sentido de la necesidad de un autocontrol consciente de la población humana) implica (a) asumir una posición antropocéntrica fuerte, con sus tesis de dominio sobre la naturaleza y (b) no asumir verdaderamente la existencia de límites biofísicos al crecimiento. Las propuestas emancipatorias para el siglo XXI no pueden situarse en esa posición. «La humanidad es la primera especie en la Tierra con capacidad intelectual para limitar de forma consciente el tamaño de su población y vivir en un dinámico equilibrio perdurable con las demás formas de vida. Los seres humanos pueden percibir la diversidad de sus entornos y cuidarlos. Nuestra herencia biológica nos capacita para deleitarnos en esa intrincada diversidad vital».64

NOTAS:

1 E. Viveiros de Castro y D. Danowski, ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los fines, Caja Negra eds., Buenos Aires, 2019, p. 178.

2 D. Haraway, «Antropoceno, Capitaloceno,  Plantacionoceno,  Chthuluceno:  generando relaciones  de parentesco», Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales año III vol. 1, junio de 2016. También en su libro Seguir con el problema (Editorial Cosonni, Bilbao, 2019) insiste en la necesidad de control demográfico.

3 «Natalidad bajo mínimos», editorial de El País, 23 de junio de 2019.

4 Datos para reflexionar sobre esto: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Análisis de la huella ecológica de España, Madrid, 2007.

5 U. Bardi, Los límites del crecimiento retomados, Catarata, Madrid, 2014.

6 M. King y C. Elliott, «To the point of farce: a Martian view of the Hardinian taboo the silence that surrounds population control»,     British      Medical     Journal     vol.     315,   29     de     noviembre    de     1997,    disponible     en:

7 Para que no pueda surgir la menor duda sobre el lugar moral desde el que estoy escribiendo: la única “ética del bote salvavidas” que me parece aceptable es la que evocaba Heiner Müller en una entrevista que he citado varias veces: «Auschwitz y su principio de selección es el modelo de este siglo. Todos no podían sobrevivir, así que se seleccionaba.  Cuando trato de aclararme lo que significa el heroísmo, siempre me acuerdo de una pequeña historia. En uno de los últimos barcos que partió de Alemania y debía llevar judíos a los EEUU  viajaba a bordo un judío grueso, un periodista deportivo de Berlín. Este barco fue torpedeado por submarinos alemanes y se hundió. Por supuesto, había pocas plazas en los botes salvavidas.  El periodista deportivo judío y gordo se sentó rápidamente en uno de los botes salvavidas, y el bote estaba lleno. De repente aparece en cubierta una joven madre con su hijo. Pero ya no hay lugar para nadie más en el bote. Entonces el pequeño y grueso judío se arrojó al Atlántico, dejando lugar a la mujer. Esa es la única respuesta que existe. (…) Es el problema de Dostoyevski, la pregunta de Raskólnikov. También Dostoyevski encontró al final una sola respuesta: la compasión. Cuando al final aparece Auschwitz como modelo para la selección, no queda ya ninguna respuesta política. Probablemente sólo exista una respuesta religiosa. El problema de esta civilización es que no tiene ninguna alternativa a Auschwitz. (…) También en Walter Benjamin es un tema recurrente: el socialismo o el comunismo o cualquier otra utopía no tienen ninguna oportunidad si no ofrecen una dimensión teológica». Nada de cortar las manos de los demás; solo saltar al mar uno mismo.

8 Algunas reflexiones al respecto en Jorge Riechmann, «Sobre demografía, decrecimiento y crisis ecológico-social», entrada del 30 de agosto de 2013 en el blog Tratar de comprender, tratar de ayudar.

9 Éramos 1.650 millones de seres humanos en 1900, y 2.518 millones en 1950. Véase la entrevista con Bruno Latour en El País Semanal del 24 de marzo de 2013, donde el sociólogo y antropólogo francés remite a su libro Políticas de la naturaleza, RBA, Barcelona 2013 (original francés de 1999).

10 J. A. Tainter y T. W. Patzek, Drilling Down. The Gulf Oil Debacle and Our Energy Dilemma, Copernicus, Nueva York, 2012, p. 37.

11 La asociación británica (fundada en 1991) Optimal Population Trust calcula una población mundial óptima en el rango entre 2.700 a 5.100 millones de habitantes (su web: http://www.populationmatters.org/ ). Manuel Casal Lodeiro recoge las siguientes estimaciones: «Dale Allen Pfeiffer apunta a los dos mil millones como cifra sostenible y advierte de que en la década de 2010-2020 veremos “hambrunas como nunca antes ha experimentado la especie humana” (Pfeiffer, 2003); Paul Chefurka (2007) lo sitúa en los 1.000 millones en base a la población histórica constatada en el momento en que se comenzó a explotar el petróleo, corregida a la baja para tener en cuenta la degradación de la capacidad de carga; Brian Fleay (citado en Youngquist, 1999) lo cifra en 3.000 millones; David Pimentel (también citado en Youngquist 1999 y según cálculos publicados en Pimentel et al. 1994) lo sitúa en uno y 3.000 millones; Richard Duncan (2005), en su interesante Teoría Olduvai, estima que tras una gran mortandad, la población se comenzará a estabilizar en torno a los 2.000 millones en 2050. Colin Campbell estima (2002) que la población se reducirá muy rápidamente a partir de 2020 pero frenando en torno a 2080 para después irse estabilizando en una suave caída hasta niveles cercanos a los tres mil millones en torno a 2200…» Manuel Casal Lodeiro, «Nosotros, los detritívoros», publicado en la web de Ecopolítica en enero de 2014.

12 D. Spratt, «At 4°C of warming, would a billion people survive?  What scientists say» en Climate code Red, 18 de agosto de 2019.

13 Y. Xu y V. Ramanathan,  «Well below 2°C:  Mitigation strategies for avoiding dangerous to catastrophic climate changes»,

PNAS, 26 de septiembre de 2017.

14 En mayo de 2019, Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, dijo a The Guardian que en un mundo 4°C más cálido «es difícil ver cómo podríamos acomodar a 1.000 millones de personas o incluso la mitad de eso… Habría una minoría rica de personas que podría sobrevivir con estilos de vida modernos, sin duda, pero será un mundo turbulento y conflictivo». Rockström es uno de los principales investigadores  del mundo en tipping points (puntos de inflexión climáticos) y safe boundaries (“límites seguros” para la humanidad). Véase G. Vince, «The heat is on over the climate crisis. Only radical measures will work», The Guardian, 18 de mayo de 2019.

En un encuentro científico internacional sobre cambio climático realizado en Melbourne en noviembre de 2012 (en la antesala de la COP18  de Doha), algunos de los más relevantes investigadores  del mundo estimaron lo que podría pasar con un aumento de cuatro grados centígrados o más (sobre las temperaturas preindustriales promedio). Para Hans Joachim Schellnhuber (fundador y director del Instituto Postdam para la Investigación del Impacto Climático –PIK–  y director del Consejo Asesor Alemán sobre el Cambio Climático –WBGU–),  la capacidad del planeta para albergar seres humanos en caso de una subida de cuatro grados se reduciría a «menos de 1.000 millones de personas». Unos años antes el profesor Kevin Anderson (director del Centro Tyndall para el Cambio Climático en Gran Bretaña)  se dirigió a la prensa durante la fallida conferencia de Copenhague, en 2009: «Para la humanidad es cuestión de vida o muerte… [un aumento así] no conducirá a la extinción del ser humano, ya que unos pocos afortunados, con los recursos adecuados, podrán desplazarse a las partes apropiadas del planeta y sobrevivir. Pero creo que es extremadamente improbable que evitemos una mortandad masiva con cuatro grados de aumento». En aquella ocasión Anderson se atrevió a dar cifras: «Si en el año 2050 la población mundial es de 9.000 millones y la temperatura se eleva 4, 5 ó 6 grados, los supervivientes podrían ser del orden de 500 millones».

Si echamos cuentas, eso es hablar de una mortandad de casi el 95%. Cf. Miguel Artime, «Cuatro grados más o cómo decir adiós a casi el 95% de la humanidad», blog Cuaderno de ciencias, 15 de noviembre de 2012.

15 E. Garcia, «Los derechos humanos más allá de los límites al crecimiento», Ambienta 113, diciembre de 2015, p. 29.

16 J. Poore y T. Nemecek, «Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers», Science vol. 360 núm. 6392, 1 de junio de 2018.

17 Y así, hoy, el 3,7% de la población española padece esa dieta de pobreza, según el INE. I. Ruiz Molinero, «La pobreza se enquista en  España  pese a la  mejora de  la  economía»,  El  País,  13  de  octubre de  2018.

18 D. Carrington: «Huge reduction in meat-eating ‘essential’ to avoid climate breakdown», The Guardian, 10 de octubre de 2018. Resume resultados de un importante estudio científico publicado en Nature: M. Srpingmann y otros,   «Options   for  keeping  the  food  system   within  environmental   limits», Nature 2018.

19 Remito aquí a Manuel González de Molina y Víctor M. Toledo, Metabolismos. Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas, Icaria, Barcelona 2011.

20 J. Riechmann, El siglo de la Gran Prueba, Baile del Sol, Tegueste (Tenerife), 2013.

21 Véase tweet.

22 Véase tweet El informe de Oxfam, de 2015, argumenta que el cambio climático está indisolublemente unido a la desigualdad económica: se trata de una crisis impulsada por las emisiones de GEI generadas por los ricos, pero que afecta fundamentalmente a los más pobres: «La mitad más pobre de la población mundial –aproximadamente 3.500 millones de personas– sólo genera alrededor del 10% del total de las emisiones mundiales atribuidas al consumo individual, y sin embargo viven mayoritariamente en los países más vulnerables ante el cambio climático. En cambio, aproximadamente el 50% de estas emisiones puede atribuirse al 10% más rico de la población mundial, cuya huella de carbono media es hasta once veces superior a la de la mitad más pobre de la población, y 60 veces superior a la del 10% más pobre. La huella de carbono media del 1% más rico de la población mundial podría multiplicar por 175 a la del 10% más pobre», OXFAM, «La desigualdad extrema de las emisiones de carbono», nota de prensa, 2 de diciembre de 2015. Informe completo. 

23 Patrick Wood Crusius, un varón blanco de 21 años, mató a 20 personas e hirió a otras 26, en una masacre terrorista y racista perpetrada en un centro comercial Walmart. Véase A. Laborde, «Un solitario de carácter irritable y explosivo», El País, 5 de agosto de 2019. Véase también, de la misma periodista «El autor confeso de la matanza de El Paso admite que iba a por mexicanos», El País, 10 de agosto de 2019.

24 C. Follett, «How anti-humanism is gaining ground», Human Progress, 8 de mayo de 2019.

25 Hugo Chávez, Ahora la batalla es por el sí – Discurso de presentación del Proyecto de Reforma Constitucional ante la Asamblea Nacional, Caracas, miércoles 15 de agosto de 2007 (Colección Discursos Presidenciales de la Biblioteca Construcción del Socialismo, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas  2007, p. 62). En 1990 la población de Venezuela ascendía a 19,7 millones de habitantes; así, Chávez estaba proponiendo cuadruplicar la población del país en algunos decenios.  ¿Cómo puede pensarse  que esa política es coherente con el quinto gran objetivo histórico del Plan de la Patria redactado por el propio Chávez  y aprobado como política de Estado en 2013 –a saber, «contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana»? Para la salvación de la especie humana, ésta debe autolimitar –entre  otras magnitudes, su crecimiento demográfico…

26 S. Sarkar, «What is Eco-Socialism, Who is an Eco-Socialist», en su blog Saral Sarkar’s Writings, 9 de junio de 2017. Los libros básicos de este pensador ecosocialista (nacido en la India, pero que ha vivido mucho tiempo en Alemania) son Eco-Socialism or Eco-Capitalism? A Critical Analysis of Humanity’s Fundamental Choices (Zed Books, Londres 1999) y The Crises of Capitalism. A Different Study of Political Economy (Counterpoint, Berkeley 2012). Sarkar no concibe un movimiento ecologista auténtico (ni por ende un ecosocialismo auténtico) que no sea decrecentista. Véase su artículo «The ecology movement is not a social movement», resilience.org, 2 de febrero de 2017.

27 Véase su artículo «Deep Ecology versus Ecosocialism», Climate & Capitalism, 19 de julio de 2011. En un texto posterior, Angus sostiene que las posiciones de Sarkar son anti-humanas y afines a la limpieza étnica.

28 Véase otro episodio de este debate Donald J. Kerr sostiene que Ian Angus «no comprende que la sobrepoblación es un problema real y  al mismo tiempo, es muy difícil de solucionar sin pisotear los derechos humanos…»

29 M. Empson, «¿Hay demasiados habitantes en el planeta?», Viento Sur 166, octubre de 2019, p. 23.

30 P.R. Ehrlich/ A.H. Ehrlich, La explosión demográfica: el principal problema ecológico, Salvat (Col. Biblioteca Científica Salvat, número 3), Barcelona,  1993. (Trad. de Camila Batlle del original The Population Explosion, publicada por Simon & Schuster en 1991). Otra revisión de su libro por Paul y Anne Ehrlich,  cuarenta años después (2009).

31 E.O. Wilson, El futuro de la vida, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2002, p. 54. (El énfasis es mío, J.R.)

32 Ehrlich y Ehrlich, La explosión demográfica, op. cit., p. 52. En inglés esta sencilla ecuación reza así: I = PAT. «Human Impact on the environment equals the product of Population, Affluence, and Technology. The equation was developed in the 1970s  during the course of a debate between Barry Commoner, Paul R. Ehrlich and John Holdren».

33 Sigo aquí el resumen de Joaquim Sempere, en Sempere y Jorge Riechmann, Sociología y medio ambiente, Síntesis, Madrid, 2000, p. 197.

34 B. Commoner, En paz con el planeta, Crítica, Barcelona, 1992, p. 144.

35 Ibidem, p. 142.

36 E. Garcia, Op. cit., (el énfasis es mío)

37 «La esperanza proviene del hecho de que no hace falta que los líderes impongan programas desde arriba. Basta con que aumentemos el acceso a los anticonceptivos, tanto en los países desarrollados como en los poco desarrollados, para que la gente decida si quiere usarlos o no. Eso tendría un costo de sólo 8’1 millones de dólares cada año, lo que es baratísimo. Y, por otra parte, hay que insistir en la educación femenina, que es el mejor anticonceptivo que existe» Alan Weisman, entrevista del 8 de abril de 2014; las cursivas son mías (J.R.).

38 J. E. Cohen, «How Many People Can the Earth Support?», The New York Review, 8 de octubre de 1998, p. 31.

«Pero, lejos de someter a revisión nuestra bulimia consumista y sus consecuencias actuales y futuras, lejos de enfrentarnos al escándalo moral que supone esta regresión global al canibalismo, nos aferramos a un estilo de vida construido sobre el privilegio. Lo expuso con la mayor contundencia el presidente George Bush (padre) con motivo de la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Rio de Janeiro: The American lifestyle is not up for negotiation; el estilo de vida americano no se negocia.” Imanol Zubero, “¿Superpoblación o sobreconsumo? Maltusianismo práctico, exclusión global y población sobrante«, Scripta Nova, vol. XIX, núm. 506, 2015.

39 I. Zubero, «¿Superpoblación o sobreconsumo? Maltusianismo práctico, exclusión global y población sobrante», Scripta Nova, vol. XIX, núm. 506, 2015, p. 11. (El énfasis es mío, J.R.)

40 A. D. Barnofsky y otros, «Approaching a state shift in Earth’s biosphere», Nature, 7 de junio de 2012, p. 52-58.

41 M. T. Klare, «De cómo la escasez  de recursos y el cambio climático podrían producir una explosión global» publicado en Rebelión el 30 de abril de 2013. Klare es autor de The Race for What’s Left: The Global Scramble for the World’s Last Resources, Metropolitan Books 2012. Página personal

Otra advertencia:  «La humanidad está a punto de entrar en una etapa en nuestra historia, caracterizada  por la penuria de recursos naturales esenciales  (agua, terreno agrícola, alimento) que sólo se había experimentado a nivel local por nuestra especie». Carlos Duarte (coord.), Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra, CSIC/ Libros de la Catarata, Madrid, 2009, p. 25.

42 H. Walzer, Guerras climáticas, Katz, Buenos Aires/ Madrid, 2010.

43 M.  Casal Lodeiro,  «Nosotros,  los  detritívoros  (síntesis)»   Rebelión,   3  de  febrero  de  2014.

44 Manifiesto de economistas aterrados, Pasos Perdidos, en coedición con Eds. Barataria, Madrid, 2010

45 S. George, El Informe Lugano, Icaria, Barcelona, 2001 (el original en inglés es de 1999).

46 G. Turner, «¿Is global collapse imminent?», Research Paper 4, MSSI (Melbourne Sustainable Society Institute), Universidad

de  Melbourne, 2014, p. 7.

Por lo demás, hay que leer a los autores en el original (en este caso el Ensayo sobre el principio de la población…) Ugo Bardi en octubre de 2016: “Malthus el profeta de la fatalidad: ¿por qué molestarse con la lectura del original cuando simplemente  se puede cortar  y  pegar  de  Internet?” Puedes consultar texto original.

47 I. Zubero, 2015, Op. cit.

48 Por ejemplo: José Carlos Díez, «500 años no es nada», El País, 9 de agosto de 2019.

49 Lo explica por ejemplo Joaquim Sempere en su capítulo sobre “Población y medio ambiente” del manual de sociología ambiental que escribimos juntos: «El crecimiento de la población depende, en primer lugar, de la población existente; y como en cualquier población suele haber migraciones de entrada y de salida, al crecimiento natural o vegetativo hay que añadir las personas inmigradas y restar las emigradas. El saldo es el crecimiento, al que corresponde una tasa de crecimiento (r). Si la tasa de crecimiento fuese constante en el transcurso de los años, se puede generalizar la fórmula de cálculo para n periodos. Al final del primer periodo (supongamos que se trate de años), la población inicial P0 se verá incrementada por la cantidad P0.r, de modo que tendremos: P1 = P0 + P0.r = P0 (1 + r). Aplicando esta fórmula de modo recurrente tenemos en el segundo periodo: P2 = P1 (1 + r) = P0 (1 + r) (1 + r) = P0 (1 + r)2, y en el periodo n tenemos Pn = P0 (1 + r)n. La fórmula anterior expresa  un crecimiento de tipo geométrico con una razón (1 + r). (…) Cada nuevo incremento se suma al anterior y el siguiente se calcula sobre una base acrecentada. Una extensión más refinada de esta visión la constituye el crecimiento exponencial…»  (Joaquim Sempere y Jorge Riechmann, Sociología y medio ambiente, Síntesis,  Madrid 2000, p. 186). El crecimiento de las funciones exponenciales  tiende al infinito; y una peculiaridad de este tipo de crecimiento es que, a una tasa constante, el periodo de duplicación es cada vez más breve.

50 N.   Eldredge,   «Los aciertos   erróneos   de   Malthus»,   El    País,    12   de   agosto   de   2000.

51 P. A. García Bilbao, «Geopolítica, peak oil, recursos finitos y colapso global: dificultades de comprensión desde las ciencias sociales y necesidad de un enfoque integrado», Contexto & Educaçao 89, enero-abril de 2013, p. 227-228.

52 «Cada  vez que producimos un Cadillac, lo hacemos al precio de disminuir la cantidad de vidas humanas del futuro». Nicholas Georgescu-Roegen,  «La ley de la entropía y el problema económico» (1973), en Ensayos bioeconómicos (edición de Óscar Carpintero), Catarata, Madrid 2007, p. 50.

53 Economía: Marx, Polanyi, Georgescu-Roegen, Ostrom. Es la línea principal; se trata de los autores y autora básicos. Pero normalmente alguien que se gradúe en una de nuestras facultades de Ciencias Económicas y Empresariales (que tienden a convertirse en meras escuelas  de negocios) terminará sus estudios sin haber oído hablar de ninguno de ellos… Así de deformada y vuelta del revés se halla la cultura dominante.

54 M. Empson, «¿Hay  demasiados habitantes en el planeta?», Viento Sur 166, octubre de 2019, p. 24.

55 D. Orton, «Why I am not an ecosocialist»,  Climate & Capitalism, 26 de junio de 2011.

56 S. Sarkar, «On Maltusianism and Ecosocialism», Climate & Capitalism, 3 de julio de 2011.

57 Véase por ejemplo el texto de Franklin Dmitryev.

58 S. Sarkar, «Eco-Socialism and the population question: An open reply to Ian’s open letter», Climate & Capitalism, 10 de julio de 2011.

59 E.O. Wilson, Medio planeta. La lucha por las tierras salvajes en la era de la Sexta Extinción, Errata naturae, Madrid 2017. Véanse https://eowilsonfoundation.org/half-earth-our-planet-s-fight-for-life/ y http://www.half-earthproject.org

60 G. Kallis ha abordado una relectura de Malthus, desde postulados decrecentistas, en su libro Limits. Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care, Stanford University Press 2019.

61 F. Ronsin, La grève des ventres. Propagande neo-malthusienne et baisse de la natalité en France 19-20 siècles, Aubier-Montaigne, París, 1980.

62 Joan Martinez-Alier, “Neomaltusianos”, en Decrecimiento –vocabulario para una nueva era (coordinado por Giacomo D’Alisa, Federico Demaria y Yorgos Kallis, eds.), Icaria, Barcelona 2015, p. 191.

63 Alicia H. Puleo, Claves ecofeministas, Plaza  & Valdés, Madrid 2019, p. 55.

64 A. Naess, Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge University Press 1990, p. 23.

Jorge Riechmann es profesor de filosofía moral de la UAM.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

El acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental. Está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 25 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de la adecuada provisión de bienes y servicios que garanticen su salud y bienestar.

Entre esos bienes y servicios esenciales se encuentra la vivienda, ya que la satisfacción de las necesidades humanas asociadas a ese bien primario resulta crucial en relación con una vida buena y el avance del bienestar en una sociedad. De ahí que la mayoría de las constituciones, además de enunciar el reconocimiento de este derecho, hablen también de la obligación de los poderes públicos de promover su adecuada materialización.

La Constitución española señala en el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

En consecuencia, cuando tal reconocimiento no venga acompañado de los mecanismos capaces de subvenir dicha necesidad, nos deberíamos preguntar acerca de si la naturaleza del orden social resulta conforme al espíritu y letra constitucional.

En España existe un problema serio de cobertura de las necesidades relacionadas con la vivienda. No se debe a que nuestro parque residencial sea reducido. Cruzando los datos de creación de hogares y aumento de la oferta de vivienda, se puede concluir que no es un problema de escasez. Solo en zonas muy concretas –grandes ciudades y algunos municipios del litoral donde se concentran la mayoría de las oportunidades laborales– el stock existente resulta insuficiente frente a las variables demográficas de población y creación de nuevos hogares. El auténtico problema de la vivienda en España tiene que ver con las dificultades de acceso a la misma y las condiciones en que se encuentran esas viviendas.

El acceso a la vivienda en España

Las dificultades para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, marcan las condiciones de vida de una parte significativa de la población, especialmente la más joven. Dado que el sistema de provisión de vivienda está en manos del mercado inmobiliario y de las grandes promotoras privadas, las posibilidades de disfrute de una casa dependen fundamentalmente de la proporción entre los ingresos disponibles y la evolución de los precios. Cuando la evolución de estas variables diverge, el esfuerzo para comprar una vivienda o acceder a ella en régimen de alquiler se altera sustancialmente. Para una persona asalariada los ingresos disponibles se encuentran sometidos a los avatares del mercado de trabajo, mientras que los precios de la vivienda dependen de un sector inmobiliario que funciona como un mercado financiero sometido a los consabidos ciclones especulativos.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Aunque los indicadores relativos al esfuerzo para la compra de una vivienda han mejorado ligeramente tras el estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria, la realidad es que esta evolución no ha afectado a toda la población por igual. La devaluación salarial y la precarización en las relaciones laborales han sido la norma entre jóvenes y clases populares; sin embargo, los cuadros ejecutivos y las clases medias altas han salido favorecidas por el despliegue del abanico salarial. Esto ha hecho que el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda de las clases populares haya venido de la mano del aumento de las facilidades que logran en este mismo campo las clases más pudientes, lo que ha contribuido a tensionar los precios de la vivienda en las zonas que entran en el radar de estos sectores sociales con alto poder adquisitivo. Entre otras consecuencias, el esfuerzo de las familias con menos ingresos para acceder a una vivienda en alquiler no ha parado de aumentar en los últimos lustros. Tampoco los desahucios (primero por impago de hipotecas, luego por impago de alquiler) y los procesos de gentrificación y expulsión de los sectores populares de los barrios céntricos de las ciudades han cesado en ningún momento. Para las familias más modestas, adquirir una vivienda sigue siendo un sueño imposible de realizar.

 Las condiciones de la vivienda

El otro aspecto importante del problema de la vivienda en nuestro país tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y localización. La Constitución y otras cartas de derechos fundamentales hablan de que la vivienda debe ser digna y adecuada. Una vivienda asequible en condiciones dignas es la que permite el desarrollo de una vida sin merma de oportunidades. Una vivienda en malas condiciones en un barrio o en una zona geográfica con pocos servicios reduce las oportunidades de lograr una mejor educación o un empleo, y esta desventaja se transmite entre generaciones favoreciendo la reproducción tanto de la desigualdad como de la pobreza. Combatir las viviendas precarias y dotar de servicios a las zonas urbanas periféricas y rurales degradadas resulta tan relevante como la lucha en favor de facilitar el acceso.

La urbanización acelerada y el modelo de negocio inmobiliario derivado de la “cultura del pelotazo” han dado lugar a que muchas construcciones padezcan problemas estructurales, baja calidad en los materiales empleados y deficiencias en cuanto a su diseño y confortabilidad. Una mala orientación, un insuficiente aislamiento, la existencia de humedades y goteras, la escasez de luz o una ventilación inadecuada, repercuten negativamente en el bien- estar y en la calidad de vida de los residentes. En muchos edificios se han descuidado los servicios y los espacios comunes. Las carencias de luminarias o la ausencia de ascensores y accesos adaptados a personas con movilidad reducida convierten los hogares en prisiones en las que sus miembros quedan atrapados. En el interior de la vivienda, las instalaciones sanitarias básicas (inodoro y bañera o ducha), así como la superficie útil, raramente se encuentran adaptadas a las necesidades de los ocupantes. Muchos hogares no disponen del número de habitaciones suficientes para garantizar la necesaria intimidad.

Una vivienda en malas condiciones en un barrio o en una zona geográfica con pocos servicios reduce las oportunidades de lograr una mejor educación o un empleo

Son problemas en los que se entrecruzan el estado físico de las viviendas con la condición socioeconómica de los residentes. El hacinamiento o el mantenimiento inadecuado de las casas son problemas asociados a la falta de ingresos y a la pobreza. Los grupos más vulnerables y las clases sociales más modestas padecen en mayor grado las malas condiciones de la vivienda y los inconvenientes de la falta de espacio. Además, ante un magro ingreso los gastos en los consumos corrientes de gas, electricidad o agua adquieren un peso desproporcionado en el presupuesto familiar que impide la satisfacción de otras necesidades domésticas. Los consumos energéticos requeridos por los hogares fosilistas de las sociedades modernas dejan fuera de los estándares de confort a buena parte de la población.

Las medidas necesarias

La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Su acceso debería estar garantizado a cualquier persona. Además de procurar el acceso a toda la población, deben estar en condiciones dignas para permitir el desarrollo de un proyecto vital sin merma de oportunidades, lo que implica que las viviendas se encuentren en buen estado, adaptadas a las necesidades de quienes las habitan y que existan servicios sociosanitarios, educativos y opciones laborales allí donde se localizan.

El modelo urbanizador e inmobiliario español no atiende a ninguna de esas exigencias en lo que respecta a las necesidades de las clases populares. Para estos sectores sociales no solo resulta desproporcionado el esfuerzo requerido para acceder en propiedad o alquiler a la vivienda, sino que a pesar del esfuerzo realizado se encuentran luego con que no suelen estar en las condiciones adecuadas que esperan. Situadas habitualmente en barriadas del extrarradio o en municipios satélites de las grandes ciudades, los equipamientos y las dotaciones de servicios suelen ir a la zaga del impulso urbanizador. Normalmente rodeadas, cuando no atravesadas, de autovías, circunvalaciones u otras infraestructuras viarias, nunca les llega el turno en los planes –siempre pensados para los centros urbanos– de creación de zonas de bajas emisiones o en las medidas para combatir el ruido.

La situación que atraviesa la vivienda en nuestro país reclama la combinación de medidas urgentes con planes de intervención a más largo plazo. En lo que se refiere a las primeras, es un logro de los movimientos sociales haber situado en el centro del debate el tema de la regulación de los precios de los alquileres. La ausencia de un parque suficiente de viviendas a precios asequibles es un hándicap que padece sobre todo la población más joven. El control de las subidas abusivas del precio del alquiler que evite trayectorias divergentes con la evolución de los ingresos, la obligación de renovación automática de los contratos de alquiler (salvo incumplimientos manifiestos por parte del arrendatario o porque el arrendador precise recuperar la vivienda por necesidades familiares) y la regulación de la limitación de los usos de la vivienda para que estas no pierdan su función residencial convirtiéndose en apartamentos turísticos de la mano de plataformas de alquiler vacacional del tipo Airbnb, son medidas de choque que pueden aliviar de forma inmediata un mercado extremadamente tensionado en los últimos años. No hay que olvidar que España es el país de la Unión Europea en el que el alquiler representa un porcentaje mayor en el presupuesto de los hogares.

La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Su acceso debería estar garantizado a cualquier persona. Además de procurar el acceso a toda la población, deben estar en condiciones dignas para permitir el desarrollo de un proyecto vital sin merma de oportunidades

Pero no será suficiente si no se incrementa en el medio y largo plazo el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles. Para ello se hace necesario un cambio de modelo inmobiliario y acertar con las políticas públicas que promueven el acceso a la vivienda. En relación con esto último, por ejemplo, las políticas de incentivos fiscales impulsadas desde las últimas décadas del siglo pasado hasta el 2013, año en que se eliminó la deducción fiscal por compra de vivienda, no solo beneficiaron principalmente a las clases medias y altas, sino que además restringieron considerablemente el mercado de alquiler. En la actualidad, la debilidad de las políticas públicas de vivienda en España es manifiesta.

Uno de los puntos ciegos más clamorosos es la falta de vivienda social en régimen de alquiler y la baja oferta de vivienda sin ánimo de lucro. El modelo inmobiliario español está infestado de agentes con una cultura empresarial poco menos que dudosa. A las empresas y promotores particulares se han unido en tiempos recientes fondos buitres y un inusitado apogeo de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIS). Frente a ellas las iniciativas sociales, las cooperativas o las empresas municipales de vivienda desempeñan un papel marginal. Ante este panorama resulta impostergable que los poderes públicos se atrevan a regular los flujos de capital de las compañías gestoras de estos activos, así como los precios del suelo.

Este último es un bien inelástico, dado que no puede ser producido y se encuentra confinado en el territorio. Frente a él, sin embargo, la oferta de crédito es elástica y el capital inversor goza de una movilidad sin precedentes, provocando que el funcionamiento del sector se adecúe más al de los productos financieros que a un mercado de bienes ordinarios.

Un bien normal se regula según la llamada ley de la oferta y la demanda. Si el precio aumenta, entonces los productores aumentan la oferta y los compradores reducen su demanda, de manera que opera un mecanismo que tiende a frenar, primero, e invertir, después, esa alza del precio. No ocurre así con el suelo, que es un regalo de la naturaleza que no puede ser creado. Además, cuando el precio aumenta, lo que acontece –al igual que con cualquier otro activo financiero– no es un descenso de la demanda, sino más bien la llegada de nuevos compradores que ven en esa alza un incremento de la rentabilidad en forma de futuras plusvalías, con lo que se produce una dinámica especulativa de alza adicional de los precios que se alimenta a sí misma. Las finanzas generan así procesos que se dan de bruces con la satisfacción de una necesidad que reconocemos como un derecho.

La construcción de una alternativa a los mecanismos al uso en la provisión de las viviendas constituye así una pieza fundamental en la tarea de procurar bienestar a una sociedad.

El texto pertenece a la INTRODUCCIÓN del número 148 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global: Ciclón Inmobiliario.

Santiago Álvarez Cantalapiedra es director del área Ecosocial de FUHEM y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,

Acceso al artículo a texto completo en formato pdf: La vivenda: entre el derecho y la especulación

Para abordar el tema elegido para esta sesión, hubo una serie de intervenciones iniciales que sirvieron de marco para el debate con el público. Los ponentes fueron: Elena Martín, catedrática de Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Asesor del Área Educativa de FUHEM; Manuel Agudo y Victoria Ruiz, profesores del Colegio Montserrat; Vicente Leal, profesor del Colegio Lourdes; y las alumnas de ESO del Colegio Montserrat: Sofía Martín, Olivia Medino y Daniela Moreno.

Al abordar la innovación educativa, Elena Martín puso el énfasis en dos palabras, «excelencia y equidad», que a su juicio son la clave de la calidad y, lejos de ser una utopía, son metas que se están logrando en muchos ámbitos educativos. También señaló la necesidad de que los procesos de innovación estén acompañados por el alumnado y las familias; y pensar más en los equipos docentes que en el docente a nivel individual. A continuación, intervinieron Manuel Agudo y Victoria Ruiz, de Montserrat, quienes subrayaron que los procesos de innovación que se desarrollan en su centro no son fruto de modas, sino cambios fundamentados, consensuados y reposados. Como ejemplo, explicaron el proyecto “Aulas Activas Sin Muros”, del que ambos son coordinadores. Bitalleres, expertos, rincones rápidos, tardes hippies, mezcla de edades… son algunos de los ejemplos prácticos que surgen en la puesta en práctica del proyecto “Sin muros”, que demuestra la obsesión por un aprendizaje significativo y motivador.

Después, llegó el turno de Vicente Leal, profesor del Colegio Lourdes, quien describió en qué consiste el proyecto «Nuestros espacios, nuestra vida«. En su exposición, Vicente Leal destacó que a menudo, en los espacios no estructurados, como el patio del colegio, es donde cristalizan las desigualdades de género, de ahí la necesidad de replantear esos espacios, favoreciendo la convivencia y el respeto entre iguales. Por último, intervinieron tres alumnas de Montserrat para dar testimonio en primera persona, de cómo les afectan los cambios metodológicos que se están produciendo en su centro. “Ahora, cuando entro en clase no sé lo que va a pasar. Es más divertido y motivador”, dijo Sofía Martín, dando voz a sus compañeros de la ESO.

El debate completo en video

Si te ha interesado lo que has leído hasta aquí, y quieres ver el debate completo, bajo estas líneas encontrarás el video de toda la sesión. Recuerda que, en nuestro canal de YouTube ya tenemos recopilados los anteriores actos de «Al salir del cole», y en unas semanas tendremos listo el último de este curso escolar, que con el título “La diversidad es bienvenida”, se celebró en Hipatia, el 31 de mayo.

María Villellas , Ana Villellas , Pamela Urrutia y Josep M. Royo

Violencia sexual en conflictos armados

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 137, primavera 2017, pp. 57-70.

La violencia sexual en los conflictos armados ha sido un fenómeno invisibilizado e ignorado a lo largo de la historia. No fue hasta la década de los noventa del siglo XX, con los conflictos en la región de los Balcanes y el genocidio en Ruanda, que adquirió notoriedad y atención, a pesar de haber sido documentado en un gran número de conflictos armados a lo largo de la historia. Recientemente, la comunidad internacional ha mostrado una preocupación mayor por este tipo de violencia, presente en un importante número de conflictos armados activos, y ha empezado a poner en marcha algunas iniciativas para dar respuesta a esta grave violación de los derechos humanos. El presente artículo presenta una panorámica general del fenómeno, abordando sus causas, los problemas de cuantificación de esta violencia, la cuestión de las víctimas y los perpetradores y el reconocimiento de esta problemática en el derecho internacional.¹

La violencia sexual es una grave violación de los derechos humanos que tiene lugar tanto en contextos de paz como de conflicto armado, si bien es cierto que la existencia de un conflicto armado puede contribuir a su incremento. La violencia sexual afecta a mujeres, hombres, niñas y niños, es perpetrada mayoritariamente por hombres –aunque ocasionalmente también hay mujeres perpetradoras– y las víctimas son mayoritariamente mujeres, aunque también hay hombres que resultan afectados. En los contextos de conflicto armado, además de ser una violación de los derechos humanos, también constituye una violación del derecho internacional humanitario (DIH). Naciones Unidas considera violencia sexual relacionada con los conflictos los

«incidentes o pautas de violencia sexual […], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego».²

Autoras como Elisabeth Jean Wood consideran que la violencia sexual es una categoría amplia que incluye la violación, la tortura y la mutilación sexual, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la esterilización forzada y el embarazo forzado, y define específicamente la violación señalando que se trata de la penetración del ano o la vagina con cualquier objeto o parte del cuerpo o la penetración de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del perpetrador con un órgano sexual, por la fuerza o amenaza de la fuerza o coerción, o aprovechándose de un ambiente coercitivo, o contra una persona incapaz de dar consentimiento genuino.³

Panorama global

La violencia sexual en los conflictos armados se ha documentado ampliamente a lo largo de la historia, con episodios que forman parte del imaginario colectivo como la leyenda del rapto de las sabinas en los orígenes de la Roma antigua, hasta acontecimientos documentados como las violaciones masivas de mujeres alemanas por parte del Ejército soviético – entre 100.000 y un millón de mujeres alemanas pudieron haber sido víctimas de esta violencia–, o el fenómeno de las “mujeres confort”, esclavas sexuales al servicio del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 80.000 y 200.000 mujeres, la inmensa mayoría de ellas coreanas, fueron víctimas de la violencia sexual en los burdeles militares japoneses extendidos por toda Asia antes, y durante, la Segunda Guerra Mundial y establecidos para elevar la moral de las tropas y evitar que la violencia sexual se produjera de manera descontrolada en los territorios ocupados por el Ejército japonés, tras la experiencia de la masacre de Nankín en 1937, durante la cual decenas de miles de mujeres fueron violadas a manos de las tropas niponas.⁴ Unas 70.000 mujeres pudieron ser víctimas de la violencia sexual durante la partición del subcontinente que dio lugar a la creación de India y Pakistán como estados independientes en 1947.⁵ Asimismo, se estima que entre 200.000 y 400.000 mujeres fueron víctimas de la violencia sexual durante el conflicto que dio lugar a la creación de Bangladesh como Estado independiente en 1971.⁶ Así pues, aunque no es hasta la década de los noventa con las guerras de los Balcanes y el genocidio de Ruanda que la violencia sexual en el marco de los conflictos armados recibe una mayor atención internacional, las estudiosas coinciden en apuntar que, a lo largo de la historia, ha sido un fenómeno presente en muchos conflictos armados.

Las guerras de los Balcanes y, en concreto, la guerra en Bosnia (1992-1995) marcaron un punto de inflexión en la manera de conceptualizar el uso de la violencia sexual en los conflictos armados. La guerra en Bosnia fue escenario de la utilización generalizada y sistemática de la violencia sexual y de su uso como parte integral de la limpieza étnica, según ha quedado ampliamente documentado. No hay cifras definitivas. Las estimaciones sobre el número de mujeres que fueron violadas oscilan entre las 20.000 y 60.000, según las fuentes.⁷ Autoras como Cynthia Cockburn han destacado los dilemas que se derivan de las cifras de las que se dispone y que dan cuenta de la complejidad desde la que debe abordarse el análisis. ¿Cuántas mujeres que murieron también habían sido violadas? ¿Cómo contabilizar las violaciones repetidas? ¿Y las violaciones en grupo? ¿Podría contarse como violación la prostitución forzada? ¿Cómo estimar la violencia sexual no denunciada? ¿Y los casos de quienes sí buscaron ayuda, pero no quedaron registrados?⁸

  La violencia sexual afectó fundamentalmente a mujeres e incluyó no solo violaciones (a menudo repetidas y en grupo) sino también tortura sexual, embarazos forzados, presencia forzosa en violaciones a otras mujeres (incluyendo a sus madres, hijas o vecinas) y otras agresiones sexuales. Entre las estrategias de violencia sexual se denunció el uso de los llamados “campos de violación” (rape camps, por su término en inglés), en referencia al uso de edificios como escuelas, fábricas, restaurantes o burdeles, entre otros, como centros en que se mantenía retenidas y se violaba a mujeres. Algunos estudios señalan que los agresores eran mayoritariamente serbios (soldados del ejército yugoslavo, milicias serbias…) y que todas las mujeres sufrieron violencia sexual, aunque de manera más específica las mujeres bosniacas.⁹ Mientras otros estudios enfatizan que todos los bandos armados cometieron violaciones y que hubo “campos de violación” en los tres bandos: en el campo serbio, croata y bosniaco. La violencia sexual contra hombres y niños también fue frecuente, aun- que en menor número que contra las mujeres, e incluyó prácticas como violación, tortura sexual, mutilación en los órganos sexuales, entre otras agresiones, por parte de hombres de las comunidades “enemigas”.

   La visibilización y documentación masiva del uso de la violencia sexual como arma de guerra en Bosnia estuvo vinculada en gran parte, según señalan diversas autoras, a la proximidad de Bosnia a la realidad occidental. Es decir, la guerra en Bosnia fue un conflicto en territorio europeo y entre europeos, lo que facilitó una disposición internacional a escuchar, creer y movilizarse ante lo que ocurría en Bosnia.¹⁰ Los procesos judiciales derivados de Bosnia sentaron las bases para la judicialización de la violencia sexual como arma de guerra. No obstante, la violencia sexual en Bosnia tuvo un impacto en la salud física y mental de las mujeres (y hombres) de Bosnia que aún perdura, así como en el propio tejido social, a los que se unen el conjunto de impactos directos e indirectos causados por el cúmulo de violencia generada en la guerra.

La violencia sexual en Bosnia en la guerra estuvo muy vinculada a las interacciones entre la exacerbación de relaciones y de roles de género desiguales y patriarcales en el contexto previo a la guerra y el peso de esas relaciones de género en la movilización de los proyectos nacionalistas en el contexto anterior a la guerra (y durante la guerra). No obstante, a pesar del peso del género (como uno de los elementos identificados por expertas y actores de base en el origen y movilización de la violencia en la guerra en Bosnia) los acuerdos de Dayton y sus promotores y firmantes (mediadores internacionales y élites enfrentadas) permanecieron indiferentes a las dinámicas de género de la guerra, perdiéndose la oportunidad de sentar las bases para una transformación de relaciones de género en la etapa posbélica, como han denunciado feministas internacionales y locales.

Más recientemente se ha documentado la utilización de la violencia sexual en diferentes contextos de conflicto armado activos y también en el marco de graves crisis políticas. Algunos ejemplos relevantes son los de Siria, República Democrática del Congo (RDC), Myanmar, Sudán, Sudán del Sur, Colombia o República Centroafricana, entre otros.

En el caso de Siria el uso de la violencia sexual también ha sido un rasgo característico del conflicto armado. Diversos informes de la ONU y de organizaciones de derechos humanos han alertado que la violencia sexual ha sido utilizada como mecanismo de tortura, humillación y degradación contra mujeres, hombres y menores de edad. Informes de organizaciones de derechos humanos han recopilado denuncias y testimonios de violaciones, des- nudos prolongados, electroshocks en genitales, tocamientos, amenazas de agresión a familiares y observación forzosa de los abusos a otras personas detenidas. En 2013, las estimaciones de la organización de derechos humanos siria Syrian Network for Human Rights apuntaban a que unas 6.000 había padecido violaciones en el marco del conflicto, en muchos casos con embarazados no deseados como consecuencia de estas violaciones.¹¹ Los esfuerzos por documentar este tipo de violencia, sin embargo, se ven dificultados porque se trata de un fenómeno infra-denunciado. Debido a las normas tradicionales que imperan en el país, estas mujeres se ven afectadas por el estigma social y muchas han debido enfrentar además el repudio de sus parejas y sus familias, lo que las ha llevado en algunos casos a considerar o cometer suicidio.¹²

   Las fuerzas de seguridad sirias y milicias progubernamentales han sido acusadas de hacer uso de la violencia sexual en cárceles de todo el país. Paralelamente, se han registrado múltiples abusos de carácter sexual, incluidas violaciones en grupo, contra niñas y mujeres en puestos de control o durante redadas llevadas a cabo por las fuerzas del régimen en zonas consideradas como favorables a la oposición.¹³ Grupos armados de la oposición siria también han sido acusados de practicar violencia sexual contra mujeres y niñas en diversas áreas del país, incluyendo los territorios que han pasado a estar bajo control de grupos radicales como ISIS, acusado de llevar a cabo matrimonios forzados de mujeres y niñas sirias con sus combatientes, de lapidar a mujeres acusadas de adulterio, y de someter a mujeres a situaciones de esclavitud sexual, entre otras prácticas. Sucesivos informes del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos armados han concluido que la violencia sexual ha sido una “característica persistente” de la guerra en Siria y han subrayado que el temor a sufrir una violación también ha motivado la huida de numerosas familias. De hecho, personas refugiadas en los países vecinos a Siria han reconocido que este miedo ha sido una de las principales causas para abandonar el país. Sin embargo, mujeres y niñas sirias en situación de desplazamiento forzado siguen quedando especial- mente vulnerables y expuestas a sufrir episodios de violencia o explotación sexual y a ser víctimas de matrimonios forzados, precoces, o como forma de “reparación” en caso de haber padecido violaciones.

   En el caso de la RDC, este país ha sido considerado por algunas organizaciones humanitarias como uno de los peores lugares del mundo en los que ser niña o mujer. Naciones Unidas y diversas ONG estiman que centenares de miles de mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual desde el inicio de las hostilidades en 1996. Concretamente, se han registrado al menos 200.000 casos de violencia sexual desde ese año, según el propio secretario general de la ONU, aunque como la mayor parte de los casos no se denuncian y algunas de las víctimas no sobreviven, esta cifra se considera una estimación moderada y conservadora del total de casos, que otros estudios elevan a medio millón. A esta cifra se deberían añadir las violaciones que se cometieron durante el genocidio que padeció Ruanda en 1994, ya que estos hechos fueron la antesala de la violencia que ha sufrido la RDC desde entonces y han tenido una gran influencia en la evolución de la situación de la RDC. Se calcula que entre 250.000 y medio millón de mujeres fueron víctimas de violaciones durante el genocidio de 1994 en Ruanda.

   Todos los actores armados que operan en RDC, tanto los grupos armados como las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad gubernamentales, son responsables de violaciones y de otros actos de violencia sexual y utilizan la violencia sexual como arma de guerra. Naciones Unidas señala que en el este del país los abusos de esa índole tienen carácter generalizado y sistemático. La labor y credibilidad de la ONU en el país también se ha visto empañada a raíz de diversas denuncias que documentaron al menos 150 casos de abusos, de violaciones y de explotación sexual cometidos por personal militar y civil de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC) que se hicieron públicas en el año 2004. La investigación interna de la ONU determinó que el problema de la explotación sexual y los abusos de mujeres y menores por parte de la MONUC era una cuestión grave y extendida, que se producía con regularidad, y normalmente a cambio de comida o dinero. Desde entonces la organización ha intentado corregir esta situación en el seno de la misión.

Causas

El estudio de las causas sobre la violencia sexual en el marco de los conflictos armados reviste una gran complejidad, aunque en ocasiones se han llevado a cabo aproximaciones que han simplificado estas motivaciones. Pamela DeLargy hace un listado de las principales explicaciones que se han aportado desde distintos enfoques, señalando que la violencia sexual es un fenómeno multicausal, y que aunque desde determinadas aproximaciones se ha pues- to el énfasis en aspectos concretos, ninguna causa explica por sí sola que se haga uso de la violencia sexual en los conflictos armados, sino que los diferentes factores se complementan y ofrecen explicaciones sobre aspectos parciales de este fenómeno tan complejo.

Esta autora alude a factores como el patriarcado, la militarización, al hecho de que la violación pueda ser una estrategia de guerra o a la utilización de la violación como una forma de “limpieza étnica”. También cabe destacar que más allá del uso específico que los actores armados en un conflicto hacen de la violencia sexual como arma de guerra, la violencia contra las mujeres en tiempos de paz y en tiempos de guerra tiene lugar fundamentalmente en el ámbito doméstico, en el marco de las relaciones íntimas afectivas.¹⁴

Con respecto a la biología, tanto DeLargy como otras muchas autoras, descartan la relevancia de este factor en la explicación de por qué hay violencia sexual en las guerras: aun- que la mayoría de perpetradores de violencia sexual son hombres, la mayoría de los hombres no llevan a cabo actos de violencia sexual incluso en situaciones en las que no serían castigados por ello. Además, la violencia sexual varía enormemente de unos conflictos armados a otros, tanto cuantitativa como cualitativamente. Así pues, es necesario evitar caer en el determinismo biológico que clasifica a los hombres como agresores y a las mujeres como víctimas, y resaltar por el contrario otros factores que den cuenta de la variabilidad de esta violencia en los diferentes contextos históricos, geográficos, culturales y sociales en los que tienen lugar los conflictos armados. Una de las explicaciones a la que se alude con mayor frecuencia es el patriarcado, sistema social caracterizado por la misoginia y en el que la violencia sexual tiene lugar porque las mujeres son consideradas como una “propiedad” de los hombres.

Patriarcado y militarización van estrechamente de la mano, ya que a lo largo de la historia la violencia sexual ha formado parte del repertorio de acciones y de comportamientos en el que se socializa a los soldados para llevar a cabo la guerra –aunque no todos los soldados cometan violencia sexual–. También representa una forma de humillar simbólicamente al enemigo, al agredir a las mujeres que son percibidas como posesiones masculinas, transmitiendo el mensaje de que no ha sido capaz de proteger a “sus” mujeres. Además, la socialización tradicional en la cultura militar conlleva la creación de una “camaradería” masculina que excluye otras identidades sexuales que no sean la masculina heterosexual. Algunas autoras hablan de cómo en estos procesos se crean identidades “híper-masculinas” que priman aspectos como la agresividad, la competitividad, la misógina, la violencia y la dominación. En esta socialización militar un aspecto esencial es la construcción de estrechos vínculos de grupo para mantener la cohesión y la lealtad, y la presión del grupo puede llevar a determinados individuos a cometer actos de violencia, como violaciones. DeLargy sostiene que aspectos de la militarización como la redefinición de la violencia como algo aceptable o deseable, la deshumanización del enemigo o el establecimiento de fuertes vínculos de grupo, suceden a través de procesos de género que pueden derivar en violencia sexual si se dan las circunstancias adecuadas.

   Por otra parte, mediante prácticas como los embarazos forzados, algunos ejércitos y grupos armados han buscado acabar con la “pureza” de los grupos étnicos, como sucedió de manera muy extendida en la guerra de los Balcanes o durante el genocidio de Ruanda. Además, en muchas culturas las mujeres son consideradas las depositarias de los valores y de las tradiciones de una determinada cultura. En ocasiones las mujeres desempeñan funciones de representación simbólica de la nación (“madre patria”’) y roles como reproductoras biológicas de la nación, reproductoras de las fronteras de grupos étnicos o nacionales, transmisoras de la cultura y agentes de la reproducción ideológica, significadoras de las diferencias nacionales, y participantes de luchas nacionales, económicas y militares,¹⁵ por lo que atacándolas se busca no solo el destruir o dañar a la mujer individual sino también el sentido de pureza étnica de una comunidad dada construido en torno a la noción del honor de la mujer.¹⁶

Cuantificación de la violencia sexual en conflictos armados

La violencia sexual es un fenómeno extendido en muchos conflictos armados. Sin embargo, algunas autoras han desmentido la idea de que esté presente en todos los conflictos armados y señalan que existen grandes variaciones entre unos y otros y que incluso durante el transcurso de un conflicto puede haber oscilaciones. Así, durante algunas fases de un mismo conflicto pueden registrarse elevados niveles de violencia sexual mientras que en otros momentos puede suceder que esta violencia no se utilice. Se trata por tanto de un fenómeno que está ampliamente extendido en algunos conflictos, en los que se han registrado elevados niveles de violencia sexual (RDC o Darfur, por ejemplo), mientras que en otros apenas existe constancia de su utilización por parte de los actores armados.¹⁷

La base de datos sobre violencia sexual en conflictos armados (SVAC dataset) señala que de los 129 conflictos armados activos que tuvieron lugar entre 1989 y 2009 incluidos en esta base de datos, 14% registraron los niveles más elevados de violencia sexual, mientras que en el 43% no se constataron denuncias de violencia sexual.¹⁸ En el caso específico de los conflictos armados africanos, un estudio llevado a cabo en 2011 sobre 20 países en los que había o había habido recientemente conflicto armado reveló que un 42% de los actores armados habían sido denunciados por haber cometido actos de violencia sexual.¹⁹ No obstante, es importante apuntar que no todos los casos de violencia sexual se denuncian y que se desconocen las cifras reales de cuántas son las víctimas de la violencia sexual. Además, gran parte de la violencia sexual que tiene lugar en los conflictos sucede en el ámbito doméstico, lo que incrementa las dificultades para documentarla, cuantificarla y establecer hasta qué punto está relacionada con las dinámicas del conflicto armado.

Además, se constata una enorme variación entre actores armados, puesto que en un mismo conflicto armado hay actores que perpetran violencia sexual y otros que no. En este sentido, también es importante señalar que, aunque hay una visión extendida de que la violencia sexual es fundamentalmente llevada a cabo por grupos rebeldes indisciplinados, de hecho, son las Fuerzas Armadas estatales las principales responsables de la violencia sexual en muchos conflictos. Según la SVAC dataset el 42% de los actores armados estatales fueron denunciados como perpetradores de violencia sexual, frente al 24% de los grupos rebeldes y el 17% de las milicias. En el caso de las milicias, se constata que en ocasiones cometen violencia sexual porque las Fuerzas Armadas delegan en ellas esta tarea.²⁰ En el caso de África, por ejemplo, el 59% de los actores gubernamentales habían sido denunciados por violencia sexual.

La cuantificación del impacto de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados es una tarea extraordinariamente compleja, dadas las dificultades para disponer de cifras fiables al respecto. En general, el impacto de la violencia sexual suele ser subestimado, ya que es un delito infra-denunciado. Las enormes dificultades de las víctimas para acceder a los sistemas de justicia, así como el temor al estigma social e incluso a las represalias por parte de los perpetradores, son solo algunos de los obstáculos a los que se debe hacer frente para poder conocer el impacto real de esta violencia.

Mujeres, hombres, víctimas, perpetradores…

Las mujeres constituyen la gran mayoría de las víctimas de violencia sexual en el marco de conflictos armados y de violencia política, aunque los hombres también padecen este tipo de violencia. Algunas investigaciones han apuntado que la violencia sexual contra los hombres podría haber sido subestimada con frecuencia, y que no ha sido abordada adecuada- mente desde una perspectiva de derechos humanos, instrumentos legales, asistencia médica y psicológica y cobertura en los medios de comunicación, entre otros ámbitos. A excepción de algunos casos especialmente mediáticos que han repercutido en la opinión pública internacional, como por ejemplo los abusos de tropas estadounidenses contra prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib en Irak, muchos otros casos han quedado invisibilizados. La literatura ha tendido a centrar la atención en los hombres como perpetradores –y en las mujeres como víctimas–, pese a que también existen indicios del uso de la violencia sexual contra hombres en diversos conflictos y en todo el mundo, desde la época de la antigua Persia, pasando por las Cruzadas o la guerra sino-japonesa.²¹ Algunos estudios específicos han documentado violencia sexual en casos como Chile, Croacia, El Salvador, Grecia, Irán, Kuwait, Sri Lanka, RDC y las antiguas URSS y Yugoslavia.²²

La diversidad de agresiones sexuales de las que son objeto los hombres en contextos de conflicto es muy amplia, tal y como sucede en el caso de las mujeres, e incluye principalmente casos de violación –por parte de los propios perpetradores o con objetos, o situaciones en las que se obliga a una víctima a violar a otra (“violación forzada”)–, casos de mutilación o castración, además de torturas en los genitales, desnudos forzados y masturbaciones forzadas, entre otras prácticas.²³ En el caso de la RDC, por ejemplo, un estudio de 2010 reveló que un 39,7% de las mujeres y un 23,6% de los hombres de la zona este del país –en concreto de las regiones de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur– habían estado expuestos a situaciones de violencia sexual a lo largo de su vida.²⁴ En la ex Yugoslavia, la brutal violencia sexual ejercida durante el conflicto también se materializó en castraciones y mutilaciones a hombres, felaciones forzadas a guardias o captores y hombres obligados a violar a otros. Según un estudio realizado entre 6.000 prisioneros en un campo de concentración de Sarajevo, 80% de los hombres detenidos denunció haber padecido una violación.²⁵ En los años ochenta, en El Salvador, un 76% de los presos políticos denunció haber sido víctima de torturas sexuales en al menos una ocasión. En el caso de Sri Lanka, un 21% de los hombres que recibía atención en un centro de salud en Londres para rehabilitar a víctimas de la tortura admitió haber sido objeto de abusos sexuales durante su período de encarcelamiento. Más recientemente, en Siria, diversos informes de organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso de la violencia sexual como arma de guerra y sobre los abusos cometidos contra mujeres, hombres y menores de edad. Cabe destacar que los hombres también sufren consecuencias psicológicas específicas cuando se les obliga a presenciar agresiones sexuales contra sus madres, esposas e hijas, una práctica habitual en contextos de conflicto con el fin de degradar y humillar al adversario.

  Desde la academia, organismos de la ONU y organizaciones que trabajan con hombres víctimas de violencia sexual se ha alertado de que este fenómeno está silenciado. Esta situación se ve favorecida por las dificultades de los hombres para reconocer que han sido víctimas de este tipo de abusos, en buena parte por los estereotipos de género que les impiden admitir los hechos sin que su “hombría” sea cuestionada. Junto a la vergüenza, el miedo y el temor a la estigmatización, pesa el hecho de que la condición de “víctima” no parece compatible con la idea de “masculinidad”, en especial en contextos en los que se sanciona socialmente que los hombres expresen o compartan sus emociones. Según estos cánones, el hombre víctima de abusos sexuales debería haber sido capaz de prevenir el ataque y, tras haberlo sufrido, debe lidiar con el asunto «como un hombre».²⁶ Eso lleva a que muchas veces las agresiones sexuales contra hombres se identifiquen como “abusos” o “torturas”, de una manera más genérica. En 2010, un estudio de la UNFPA advertía que los efectos de la violencia de género sobre hombres y niños en contextos de conflicto armado se veían agravados por esta invisibilización y la falta de acciones específicas para combatir sus secuelas.

   Ante esta realidad, diversas reflexiones han llamado la atención sobre las consecuencias, tanto para hombres como para mujeres, de la persistencia de los estereotipos de género en lo referente a la violencia sexual. Estos enfoques que refuerzan la imagen de mujeres solo como víctimas y de hombres solo como agresores debilitan la percepción sobre las posibilidades de agencia que tienen las mujeres, mientras subrayan las expectativas de la supuesta invulnerabilidad masculina.²⁷ En este contexto, se ha planteado la necesidad de que los esfuerzos para abordar la violencia sexual se hagan desde una perspectiva inclusiva, que las conceptualizaciones de violación y otros abusos sexuales dejen un margen para considerar a las víctimas masculinas, y que se dedique especial atención a la situación de hombres homosexuales, considerados débiles o afeminados según los códigos patriarcales, ya que conforman un grupo especialmente vulnerable a este tipo de abusos.²⁸

La violencia sexual en el derecho internacional

El derecho internacional, y específicamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), ha reconocido la existencia de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados en diferentes textos jurídicos a lo largo de la historia. Desde el siglo XIX, el derecho internacional había recogido alusiones a la violencia sexual en textos como el Código Lieber de 1863, la II Convención de la Haya de 1899 o la IV Convención de la Haya de 1907. Tras la II Guerra Mundial se intensifican los esfuerzos para prohibir la violación y otras agresiones sexuales, lo que queda recogido en los Convenios de Ginebra de 1948. Sin embargo, es a partir de la década de los noventa cuando la inclusión de la violencia sexual en el marco de los conflictos armados cobra una mayor relevancia jurídica.

El Estatuto de Roma de 1998 que da lugar a la creación de la Corte Penal Internacional supone un avance muy importante en el reconocimiento de la violencia sexual como un crimen internacional. La violencia sexual aparece específicamente recogida dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y también se reconoce la posibilidad de que pueda constituir un crimen de genocidio. De manera específica, dentro del artículo 7.1.g) se reconocen como crímenes contra la humanidad la «violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparada». El artículo 8.2.b) considera crímenes de guerra la «violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado definido en el apartado f) del párrafo 2 de artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra».²⁹

Así pues, los actos de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra si se cometen en el contexto de un conflicto armado y están asociados a este, y crímenes contra la humanidad si forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil, y el perpetrador tiene conocimiento de que dicha conducta formaba parte de manera relevante del ataque. La violencia sexual también puede constituir un crimen contra la humanidad cuando forma parte de la política de un gobierno o de atrocidades cometidas, toleradas o condonadas por un gobierno, una autoridad de facto o un grupo armado organizado. Es importante también apuntar que los crímenes contra la humanidad no necesaria- mente han de estar ligados a un conflicto armado, ya que en ocasiones la violencia sexual tiene lugar en el marco de situaciones de grave crisis sociopolítica. Con respecto al genocidio, la violencia sexual puede ser integrada dentro de esta categoría cuando forma parte del proceso de destrucción de un grupo con el objetivo de modificar la composición demográfica territorial, particularmente durante conflictos de carácter etnopolítico.³⁰ El reconocimiento de la violencia sexual que hace la Corte Penal Internacional es fruto también de los esfuerzos llevados a cabo por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que con su jurisprudencia sentaron las bases para un mejor procesamiento de estos crímenes.

   Por otra parte, el Consejo de Seguridad también se ha implicado en la cuestión de la violencia sexual aprobando diferentes resoluciones sobre esta materia. En el año 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1325 dando inicio a lo que posteriormente se ha conocido como agenda sobre mujeres, paz y seguridad. En el año 2008, se aprobó la Resolución 1820, específicamente centrada en la violencia sexual en los conflictos. La Resolución 1820 reconoce que la población civil es la principal víctima de los conflictos armados y que las mujeres y las niñas resultan particularmente afectadas por la violencia sexual, que puede llegar a ser una táctica de guerra, persistiendo incluso después del cese de las hostilidades. La resolución señala que la utilización de la violencia sexual puede contribuir a exacerbar los conflictos armados y por tanto, exige a todas las partes enfrentadas que pongan fin sin dilación a su uso y que adopten con celeridad medidas para proteger a la población civil, en particular a las mujeres y las niñas. Además, se pide que esta violencia quede excluida de las disposiciones de amnistía en los procesos de paz y se insta a los países que participan en las misiones de mantenimiento de la paz a que aumenten el nivel de formación de sus contingentes para dar respuesta a esta violencia.

    Con posterioridad, el Consejo de Seguridad ha aprobado tres resoluciones más específicamente centradas en violencia sexual en los conflictos, 1888 (2009), 1960 (2010) y 2016 (2013), que han ampliado los mecanismos de Naciones Unidas para prevenir la utilización de la violencia sexual, mejorar las investigaciones y luchar contra la impunidad. En este sentido, cabe destacar la creación de la figura de la Representante Especial del Secretario General de la ONU para la violencia sexual en los conflictos.

Conclusiones

La violencia sexual en el contexto de los conflictos armados ha adquirido una importancia notoria en la agenda internacional sobre paz y seguridad en los últimos años, fundamental- mente gracias al esfuerzo de las organizaciones de mujeres y de las supervivientes de esta violencia y a la centralidad que ha ocupado en la agenda sobre mujeres, paz y seguridad desarrollada a partir de la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este impulso ha llevado a que la violencia sexual tenga una mayor visibilidad, a que se conozcan mejor las causas, las dinámicas y las consecuencias sobre las poblaciones que la sufren y a que se hayan mejorado los mecanismos de respuesta, incluyendo los jurídicos. No obstante, la impunidad continúa siendo generalizada y son muy pocos los casos que han sido juzgados y castigados.

La violencia sexual debe ser entendida en un marco más amplio de violencias contra las mujeres, que en contextos de conflicto armado y de violencia política se exacerban como consecuencia de las desiguales relaciones de género entre hombres y mujeres, así como de las estructuras sociales patriarcales que sustentan la discriminación y exclusión de las mujeres. La violencia sexual también se inscribe como un factor importante en las dinámicas económicas que se desarrollan en torno a los conflictos armados, como un mecanismo que permite la generación de beneficios económicos a través de las redes ilegales de explotación de recursos. Así pues es necesario abordar el análisis de la violencia sexual en los conflictos teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno y apuntando a la importancia de que sea tenida en cuenta en todas las fases del conflicto, incluyendo en los procesos de construcción de paz.

María Villellas Ariño, Ana Villellas Ariño, Pamela Urrutia Arestizábal y Josep María Royo Aspa son investigadores de la Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Disponible el artículo en formato pdf: Violencia sexual en los conflictos armados

NOTAS:

1 Este artículo está basado en el Quaderns de Construcció de Pau Nº27: «Violencia sexual en conflictos armados», publicado por la Escola de Cultura de Pau en junio de 2016.

2 UN Action Against Sexual Violence In Conflict, Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos, noviembre 2012.

3 E. J. Wood, «Armed groups and sexual violence: When is Wartime Rape Rare», Politics and Society, vol. 31, núm. 1, 2009.

4 H. Chung y C. Sarah Soh, «The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan», American
Anthropologist, vol. 112, núm. 2, 2010, pp. 337-338.

5 R. Menon y K. Bhasin, Borders & Boundaries: Women in India’s Partition. NJ: Rutgers University Press, Piscataway, 1998.

6 Y. Saikia, «Beyond the archive of silence: Narratives of violence of the 1971 liberation war of Bangladesh», History Workshop
Journal, vol. 58, núm. 1, 2004, pp. 275-87.

7 I. Skjelsbaek, The Elephant in the Room: An Overview of How Sexual Violence came to be Seen as a Weapon of War, PRIO, Oslo, 2010.

8 C. Cockburn, «War, women and gender: the case of Bosnia-Herzegovina and the wars of the former Yugoslavia», Lecture and seminar for Chevening Scholars Postwar Reconstruction Unit, University of York, 2008.

9 M. Bastick, K. Grimm, y R. Kunz, Sexual Violence in Armed Conflict, DCAF, Ginebra, 2007; I. Skjelsbaek, op.cit., 2010.

10 I. Skjelsbaek, op.cit.

11 S. Nasar, Violence against Women, Bleeding Wound in the Syrian Conflict, Euro-Mediterranean Human Rights Network, noviembre de 2013.

12 FIDH, Violence against Women in Syria: Breaking the Silence, International Federation for Human Rights, París, 2013.

13 Secretario General de la ONU, Informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, S/2014/181, 13 de marzo de 2014.

14 P. Delargy, «Sexual Violence and Women’s Health in War» en C. Cohn (ed.) Women and Wars, Polity, Cambridge, 2013.
15 D. Kandiyoti, «Guest Editor’s introduction. The awkward relationship: gender and nationalism», en Nations and Nationalism, vol. 6, núm. 4, 2000, pp. 491-99.

16 R. Coomaraswamy, «A question of honour: women, ethnicity and armed conflict», Conferencia en la Third Minority Rights
Lecture, Hotel Intercontinental, Ginebra, 25 de mayo de 1999.

17 D. K. Cohen, A. Hoover Green y E. J. Wood, Wartime sexual violence misconceptions, implications, and ways forward, United States Institute of Peace, Special Report 323, 2013.

18 D. K. Cohen y R. Nordås, «Sexual violence in armed conflict: Introducing the SVAC dataset, 1989–2009», Journal of Peace
Research, vol. 51, núm. 3, 2014, pp. 418–428.

19 R. Nordås, «Sexual Violence in African Conflicts», Policy Brief 01, CSCW/PRIO, 2011.

20 D. K. Cohen y R. Nordås, op.cit., 2014.

21 S. Sivakumaran, «Sexual Violence Against Men in Armed Conflict», The European Journal of International Law, vol. 18, núm. 2, 2007.

22 L. Stemple, «Male Rape and Human Rights», Hastings Law Journal, vol.60, 2009, pp. 605-646.

23 S. Sivakumaran, op.cit., 2007.

24 K. Johnson, et al, «Association of sexual violence and human rights violations with physical and mental health in territories of the Eastern Democratic Republic of Congo», JAMA, vol. 304, núm. 5, 2010, pp. 553-562.

25 W. Storr, «The rape of men», The Observer, 17 de julio de 2011.

26 S. Sivakumaran, op.cit., 2007.

27 W. Storr, op.cit. 2011.

28 L. Stemple, op.cit., 2009.

29 M. Martín e I. Lirola, Los crímenes de naturaleza sexual en el derecho internacional humanitario, ICIP, 2013.

30 UN Action Against Sexual Violence in Conflict, op.cit., 2012.

Un Mundo Frágil: Hacer Frente a las Amenazas a la sostenibilidad. La Situación del Mundo 2015.
Barcelona: FUHEM Ecosocial, Icaria, 2015, págs. 207-238, 262-268.

Apéndice.

Contradicciones en los límites: la intensificación contemporánea de los conflictos socioecológicos
Nuria del Viso
FUHEM Ecosocial

Introducción

Los conflictos socioecológicos, como expresión de enfrentamientos en torno al acceso y uso de bienes naturales, constituyen una parte cada vez más importante de la conflictividad global; remiten a pugnas entre personas, colectivos, organizaciones o estados por incompatibilidad de objetivos en torno al acceso, distribución y gestión de bienes naturales, así como al reparto de los costes asociados al proceso y la eliminación de residuos. En un contexto de gran asimetría de poder, los conflictos socioecológicos estallan cuando las incompatibilidades se saldan mediante la imposición de decisiones u otras fórmulas no acordadas y son respondidas desde los grupos afectados en forma de resistencias. Así, los conflictos socioecológicos expresan serias limitaciones sobre la calidad de la democracia. Si, como persigue esta edición del informe La Situación del Mundo 2015, es necesario que encaremos los riesgos ocultos a la sostenibilidad, los conflictos socioecológicos representan un peligro real que ya se manifiestan en múltiples espacios locales y globales, en el Norte y en el Sur, amenazando la cohesión social por cuestiones distributivas de los recursos naturales. Las implicaciones desestabilizadoras de estas pugnas requieren una mayor comprensión y la búsqueda urgente de vías de resolución por medios pacíficos con el fin de posibilitar la convivencia.

El presente texto sitúa los conflictos socioecológicos en el marco de las contradicciones del sistema económico capitalista, de carácter intrínsecamente expansivo, cuando se topa con los límites biofísicos del planeta en la extracción de bienes naturales, así como las estrategias que emplea para mantener la acumulación de capital a través de la desposesión y, en última instancia, de la expulsión. Examinaremos estas dinámicas a través de dos casos de estudio: el extractivismo en el eje andino y a través del fracking; y el acaparamiento de tierras como expresión última de despojo. En el tercer apartado, analizaremos, en primer lugar, las implicaciones que los conflictos socioecológicos tienen para la calidad de la democracia; y en segundo lugar, formularemos algunas consideraciones y avanzaremos un esbozo que sirva como pun- to de partida a una propuesta de resolución pacífica de los conflictos socioecológicos, antes de terminar con unas breves conclusiones.

   En los últimos tres lustros se registra una intensificación en la extracción de bienes naturales no renovables debido a la presión generalizada de los comportamientos de la civilización industrial, que demanda cantidades crecientes de energía, materiales y territorios, y a medida que el estilo de vida consumista aumenta su volumen y se expande por el planeta.¹

La humanidad ha venido ampliando su espacio de extracción de recursos y habitando nuevos territorios. Esta expansión parecía ser indefinida porque había suficiente espacio disponible, pero ya hemos alcanzado los límites de la expansión: no hay más territorio vacante al que moverse; somos habitantes de lo que Herman Daly calificó como un mundo lleno.² En este contexto, la aceleración de la demanda de bienes naturales, en parte debido a la pujanza de los países emergentes pero sobre todo por la demanda del Norte, empuja la extracción a las últimas fronteras del planeta, lugares que hasta ahora habían permanecido al margen de los circuitos productivos globales y que desempeñan un importante papel en la reposición de los bienes naturales renovables: selvas, sierras, páramos, desiertos, zonas árticas, subsuelo marino y también terrestre en zonas rurales olvidadas.

La dinámica expansiva del capitalismo no es nueva; se podría decir que forma parte de su ADN. Desde la Ilustración, el crecimiento se convirtió en uno de los principales mantras y mitos de la modernidad. El sistema necesita crecer para mantenerse en pie; de hecho, cuando la capacidad de crecimiento se ha visto comprometida, se han desencadenado crisis, que se han repetido cíclicamente en la historia del capitalismo. Crecer sin fin exige permanentemente nuevos espacios de extracción cuando los anteriores quedan agotados o devastados. En este punto, resulta ilustrativo el concepto de la división internacional del trabajo, que alude a la existencia de espacios diferenciados de extracción, producción y consumo. Los materiales y energía de los que dependen los espacios de consumo se obtienen con cargo a otros territorios, «áreas de sacrificio»,³ que se ven expuestas a graves impactos ecológicos y sociales; y espacios de consumo, sostenidos por los materiales, energía, territorio y fuerza de trabajo procedentes de otros lugares. Conviene matizar que la segregación de espacios no es total: no se trata de espacios puros, ya que las diferentes funciones pueden coexistir en un espacio dado. Sin embargo, sí se aprecia cierta especialización de los territorios, y este es el rasgo que queremos subrayar. Así, al Sur global se le ha asignado el papel de ser espacio de extracción y suministrador de bienes naturales —aunque, como veremos, especialmente en el caso del fracking, estos espacios se ubican cada vez más también en el Norte. Por su parte, el Norte global se especializa en la acumulación de capital a través de servicios financieros y de tecnologías de la información y en ser espacio de consumo. Se refuerza así una dinámica centro-periferia, que se multiplica en distintos territorios, estableciéndose vínculos entre las distintas escalas. Así, la sed de bienes naturales mercantiliza la naturaleza y reprimariza la economía de distintos países del Sur global, reducidos a meros suministradores de materias primas en las cadenas productivas globales.

Después de los «Treinta años gloriosos» tras la Segunda Guerra Mundial, las luchas sociales lograron un balance algo más justo entre capital y trabajo, aun a costa de aumentar la explotación sobre las periferias y la naturaleza. A finales de los años setenta del siglo XX el neoliberalismo empezó a ganar peso y logró hacerse con el poder (y el Gobierno) en Gran Bretaña y EEUU en los años ochenta, para extenderse después por numerosos espacios; actualmente marca de forma general el «sentido común» de nuestro tiempo. Su ascenso significa un golpe de mano del capital para recuperar las altas tasas de ganancia que el capitalismo necesita a través de varios mecanismos, algunos clásicos y otros novedosos. Como indican Santiago Álvarez y Yayo Herrero, mientras que «la biosfera está siendo expulsada de su espacio vital», aparecen «nuevas lógicas sistémicas que están reconfigurando por completo el orden social».⁴ Tales lógicas, encaminadas a acelerar la acumulación de capital, se plasman en mecanismos predatorios de alcance diverso y en un conjunto de prácticas que David Harvey denomina «acumulación por desposesión».⁵

   Esta noción supone la captura de bienes naturales públicos y de bienes comunes, o la explotación de sus habitantes. Como señala Gian Carlo Delgado, la acumulación por desposesión alude a la usurpación en tres sentidos: «de los bienes comunes, del bien común de buena parte de la población y del gradual despojo de las generaciones futuras».⁶

   Saskia Sassen señala la expulsión, forma extrema de la desposesión, como nuevo rasgo del neoliberalismo.7 Las expulsiones, dirigidas contra personas, empresas y espacios, dan lugar a zonas de tierra y agua muertas cuando se produce el agotamiento en el plano ecológico, zonas devastadas por los excesos de la extracción y la sobresaturación de los sumideros ecológicos. En el plano social, los pobladores de los territorios en disputa se convierten en «obstáculos» para los negocios extractivos, y, por tanto, son expulsados o condenados a malvivir en condiciones socioecológicas degradadas. Esta cadena de «microexpulsio- nes», como las denomina Sassen, de pequeños campesinos, alimentan la rápida urbanización mundial y genera la migración de campesinos a las ciudades, donde se asientan en los cinturones de las villas miseria que se extienden en el Sur global; allí habitan actualmente cerca de 1.000 millones de personas, cifra que podría triplicarse en 2030.⁸ No se trata de expulsiones aisladas ni es solo responsabilidad directa de ninguna clase social, sino que forman parte de las dinámicas de un «capitalismo intensificado» que se despliega en la era neoliberal. Con las expulsiones se obtiene, además del territorio, un ejército de reserva de mano de obra flotante, como teorizó Marx, listo para acudir a las fábricas deslocalizadas del Sur global o cubrir ciertas bolsas de empleo precario en los paraísos-fortaleza del Norte. Harvey conceptualiza esta mano de obra como el «trabajador desechable», propio de una economía flexibilizada y reajustable. Estas dinámicas profundizan la brecha entre una ciudadanía selectiva y excluyente, y los expulsados, los «desechables», cuya condición amenaza con convertirse en estatus permanente.

La globalización económica representa la máxima expansión del capitalismo por todo el planeta. A través del neoliberalismo se expresa también en clave ideológica y cultural. Si hasta ahora el capitalismo había podido convivir con otras formas de organización económica, como las economías campesinas, en la época contemporánea apenas deja espacio a ninguna otra forma de organización de la economía: las que subsistían hasta ahora son incorporadas progresivamente a las cadenas de mercado globales.

Karl Polanyi analizó las raíces de estos procesos a través de la mercantilización de la tierra y del trabajo por las legislaciones industrialistas y coloniales, y las transformaciones sociopolíticas derivadas de ellas, que convirtieron a ambos bienes en mercancías. Pero ni la tierra ni el trabajo son mercancías porque, o no han sido producidas —como es el caso de la tierra— o no han sido producidas para ser vendidas —como es el caso del trabajo. Como señaló Polanyi, «el trabajo y la tierra no son más que los propios seres humanos y el medio natural en el que existen. Incluirlos en el mecanismo de mercado significa subordinar la sustancia misma de la sociedad a las leyes del mercado».⁹ Así, el capitalismo destruye las relaciones no sujetas a contrato que son el tejido mismo de la sociedad, y el sistema económico capitalista se convierte en un «molino satánico» que amenaza con pulverizar a la misma sociedad, la cual debe actuar para defenderse.

La lógica neoliberal empuja hacia un círculo vicioso de creciente desposesión de bienes de la naturaleza y derechos de la ciudadanía, con el Estado como agente mediador. Los recursos usurpados se consolidan, como un imán, en un solo polo: las elites económicas, con las corporaciones trasnacionales como adalid de la captura de recursos. En este proceso, las elites aumentan su poder para iniciar un nuevo ciclo de extracción, que deja a la ciudadanía y la naturaleza más precarizadas. Polanyi examinó una dinámica similar a propósito del ascenso del liberalismo económico a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Como entonces, el Estado actúa en numerosos casos como aliado necesario de las elites económicas. Entonces, el Estado favoreció con sus normas de forma continua y planificada la instalación del liberalismo económico —laisez faire— hasta el punto de que sus supuestos ideológicos llegaron a percibirse como naturales. Algo similar ocurre en la actual era neoliberal, aunque este mecanismo adquiere nuevos matices: el Estado es utilizado no solo como un aliado para allanar el camino de los grandes negocios, sino también —tal como contemplamos en el sur de Europa— como un instrumento en sí mismo, como pasarela para acceder a recursos estatales a través de la privatización y el expolio de las instituciones y servicios del Estado.

El capitalismo de rapiña ha desencadenado movimientos de resistencia al despojo social y la devastación ecológica por todo el planeta que luchan urgidos por la gravedad de lo que hay en juego: su propia subsistencia. Desde el inicio de la Revolución Industrial se produjeron fuertes resistencias a la implantación del modelo de producción fabril, y desde entonces la crítica y la pugna por modelos alternativos no ha cesado.¹⁰ Frente a la «mercantilización de todo», como lo denomina Harvey, los agentes de los conflictos socioecológicos reivindican la defensa del territorio, de la identidad, del acceso a bienes naturales básicos y del derecho a habitar en entornos saludables. En el trasfondo de estas pugnas emergen varios debates de gran calado: uno en torno al concepto mismo de desarrollo y qué se concibe como una buena vida; un segundo debate sobre el acceso y la distribución de los bienes naturales; y un tercer debate sobre el derecho de participación y de soberanía para decidir sobre el propio futuro. Entraremos ahora a examinar con mayor profundidad la naturaleza de estas luchas.

Conflictos socioecológicos y extractivismo

La conflictividad de raíces socioecológicas adquiere diferentes expresiones y configuraciones dependiendo de los distintos contextos, aunque presentan rasgos comunes que permiten englobarlos en un solo fenómeno: todos ellos muestran tensiones entre el sistema económico y la degradación ecológica y social que se vincula a un determinado modo de entender la relación ser humano-naturaleza. Los conflictos socioecológicos se entienden como «aquellos conflictos sociales que se manifiestan en choques de intereses por el acceso y uso de un bien o un servicio ambiental; por diferencias entre los que causan y los que sufren un problema ecológico; o por la desigual distribución de los beneficios y costes ambientales».¹¹ Maristella Svampa añade otro ángulo, el de la asimetría de poder, y define estos conflictos como «aquellos ligados al acceso y control de los bienes naturales y el territorio que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a ellos, en un contexto de gran asimetría de poder».¹² Por su parte, el equipo investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona que dirige Joan Martínez Alier encuadra este tipo de conflictos como ecológico-distributivos, a menudo vinculados «a luchas más amplias con componentes de género, clase, casta o etnia», lo que los vincula al concepto de justicia ambiental, que «no solo se refiere a la distribución de los costes y los beneficios, sino que también integra reivindicaciones sobre participación y reconocimiento».¹³ Son paradigmáticos de los conflictos socioecológicos las resistencias del movimiento Chipko en India en defensa de los bosques; las protestas contra la Shell en Nigeria; las acciones del Estado ecuatoriano contra Texaco-Chevron; la resistencia mapuche contra la presa de Bio-bio en Chile; o la exitosa movilización popular contra la privatización del agua en Cochabamba (Bolivia), entre muchas otras.

Los conflictos socioecológicos presentan múltiples dimensiones: además de su obvio componente ecológico y social, incorporan una dimensión política, por cuanto abordan cuestiones de acceso y distribución de bienes naturales, así como cuestiones de asimetrías de poder; y una dimensión ideológica-cultural en la que contrastan diferentes lenguajes de valoración¹⁴ y distintos valores: el lenguaje del mercado y de la maximización de la ganancia frente a la reivindicación del territorio, de la identidad, del derecho a la salud y al acceso a los medios de subsistencia.

Este tipo de conflictos, por otro lado, implican varias escalas que se interrelacionan desde lo local a lo global y viceversa. La relación entre escalas, no obstante, resulta diferente según de qué elemento se trate: los capitales fluyen libremente entre escalas, mientras que los costes ecológicos y sociales tienen un impacto eminentemente local, aunque cuando se aplica una mirada sistémica más amplia se puede apreciar que en algún momento y en algún punto de la cadena se convierten en costes globales.

Los conflictos socioecológicos involucran a una variedad de agentes. Como principales actores, figuran comunidades y organizaciones locales, pueblos indígenas, empresas nacionales, corporaciones transnacionales y agentes estatales de los distintos niveles administrativos; y en segundo término, instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, grupos activistas y entidades académicas en diferentes configuraciones de alianzas y oposiciones.

Siguiendo la tipología propuesta por Martínez Alier, estos conflictos se dividen en tres categorías, de acuerdo a la etapa del proceso productivo en la que se produce el daño: Conflictos en la fase de extracción de materiales y energía; conflictos durante el transporte y comercio; y conflictos en torno a los residuos y la contaminación. Los conflictos en la etapa de extracción de materiales y energía incluyen los relacionados con la minería, canteras, petróleo/gas, degradación y erosión de la tierra, plantaciones, biopiratería, conservación de espacios, como los manglares amenazados por la industria camaronera de exportación, y los relacionados con el agua y la sobrepesca. Los conflictos en la etapa de transporte se vinculan al aumento mundial del movimiento de materiales y energía, y sus impactos. Incluye los derrames de petróleo, accidentes en oleoductos o gasoductos, conflictos sobre hidrovías, y los relacionados con la construcción de puertos, aeropuertos y autopistas. Por último, los conflictos por la generación y tratamiento de los residuos se vinculan con las luchas contra la contaminación, la seguridad de los consumidores en relación a los riesgos de ciertas tecnologías (por ejemplo, asbestos, DDT o transgénicos), la exportación de residuos tóxicos, la contaminación transfronteriza y los sumideros de carbono.¹⁵ A su vez, estas categorías se dividen en tres ejes espaciales: local, nacional/regional y global, lo que da como resultado nueve tipos de conflictos socioecológicos.

Partiendo de esta clasificación, que abarca una gran variedad de pugnas, en la práctica se constata que buena parte de estos conflictos tienen lugar en la fase de extracción y, más concretamente, en la extracción de hidrocarburos y de productos mineros. Los modos intensivos utilizados para obtenerlos convierten a estas actividades en manifestaciones de lo que se ha denominado extractivismo. Siguiendo a Eduardo Gudynas, entendemos el extractivismo como «una combinación simultánea de tres características: el volumen e intensidad de la extracción de bienes naturales; su aplicación a bienes sin procesamiento o muy escaso en el lugar de extracción; y su destino mayoritario a los mercados globales».¹⁶

Aunque esta expresión se refiere en su origen a explotaciones minera y petroleras, actualmente incluye también los monocultivos de exportación, extracción forestal y pesquera de tipo industrial que cumplen las condiciones descritas e incluso «bajo algunas circunstancias, el turismo de masas […], como sucede en el caso de los cruceros».¹⁷ El extractivismo actúa a través de tres estrategias o dinámicas que se retroalimentan: búsqueda constante de nuevos espacios de extracción; vaciado de territorios y expulsiones; y empleo de nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos para acceder a «recursos no convencionales».

El extractivismo ha acompañado al capitalismo desde sus primeras aventuras colonizadoras en otros continentes como una modalidad de acumulación.¹⁸ Se ubica en lo que Martínez Alier denomina intercambio ecológico desigual porque la actividad extractiva no incluye los costes sociales o ecológicos que se generan en los espacios de extracción, efectos que se entienden como simples «externalidades». Cercano a este concepto, Gudynas propone el de extrahección, que se refiere a la extracción de bienes naturales obtenidos con violencia y violación de derechos, además de generar impactos socioecológicos. La extrahección, sin embargo, no se restringe al extractivismo y puede ocurrir en la extracción de bienes naturales con prácticas intensivas para el consumo local o nacional.

El acceso a fuentes energéticas procedentes de los hidrocarburos se ha convertido en la cuestión fundamental en las sociedades contemporáneas, que han podido expandirse en base a la disponibilidad de hidrocarburos y materiales de fácil acceso y barata extracción. La energía fósil adquiere tal importancia estratégica que el acceso al suministro se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, y como tal es recogido por los principales documentos de seguridad publicados en los últimos años en los EEUU, la UE y el Estado español.¹⁹

La línea ascendente del consumo global de energía —aunque con muy diferentes curvas y tendencias según las regiones y las clases sociales— y el temor a una ruptura del suministro energético alimentan aventuras extractivistas en los últimos confines del planeta. Muchos estados del Sur global reciben con los brazos abiertos la inversión extranjera que promete promover el desarrollo, reducir la pobreza y crear empleo. Sin embargo, poco se dice de los costes derivados de los proyectos extractivos. Pese a las promesas, el modelo extractivista no dinamiza directamente la economía, ni genera empleo de forma significativa, ni mucho menos reduce la pobreza, como se puede observar en las zonas de proyectos extractivos de largo arraigo, y sí a menudo favorece economías de enclave y causa graves daños ecológicos y sociales en forma de territorios devastados por la minería y la extracción de hidrocarburos; la pérdida de biodiversidad, con la proliferación de grandes plantaciones de monocultivos para la exportación; el agotamiento de los suelos y la contaminación de aire, suelo y agua por el empleo de agrotóxicos; y el despojo de tierras, que ocasiona expulsiones, la desestructuración de comunidades y la destrucción de su tejido social y cultural son algunos de ellos.

   A continuación examinamos más de cerca estos conflictos a través de dos problemáticas, el extractivismo y la expulsión, que se ilustran a través de tres casos: el extractivismo practicado en el eje andino, concretamente en Perú y Colombia, dos de los países con más conflictos socioecológicos del mundo y donde alcanzan mayor intensidad; los conflictos generados en torno al fracking como técnica de extracción de los «recursos no convencionales», que actualmente está cobrando auge en Europa; y el acaparamiento global de tierras, fenómeno que sintetiza la desposesión.

Extractivismo en la zona andina: los casos de Perú y Colombia

América Latina es una de las regiones del mundo donde mayor impulso ha cobrado el extractivismo, especialmente, de hidrocarburos y minería, sin importar el color de los gobiernos. A instancias del Banco Mundial, se impulsaron actividades extractivas como medio para hacer frente al pago de los intereses de la deuda externa; en los últimos años ha cobrado impulso animado por los altos precios de las materias primas a nivel mundial. Los préstamos del Banco Mundial a proyectos mineros en América Latina han pasado del 13% en los años noventa al 30% actualmente.²⁰ A los espacios de extracción tradicionales se han sumado territorios más remotos y países sin tradición minera como Honduras, Panamá, Ecuador y Uruguay.

A pesar de una ligera recaída de la inversión extranjera directa (IED) en América Latina y Caribe en 2014 (-16%) —vinculada a la disminución de los precios de las materias primas en los mercados internacionales durante ese año—, se observa un marcado aumento de la IED en el período 2009-2013. En 2013, IED alcanzó un nuevo máximo de 188.101 millones de dólares en esta región. Los recursos naturales representaban en 2013 una inversión media del 26%, aunque existen grandes diferencias entre países y subregiones; en varios estados, los recursos naturales sobrepasan el 50% de las entradas de IED. Como afirma un informe de la CEPAL, «de hecho, en América del Sur (excluido el Brasil) el sector de los recursos naturales recibe más IED que el sector de los servicios, mientras que la manufactura atrae montos pequeños».²¹ Colombia y Perú se sitúan entre los principales destinos de la inversión extranjera directa (4º y 5º lugar, respectivamente) y en ambos lugares gran parte de estos recursos se dirigen a la extracción de bienes naturales o a infraestructuras, en parte, relacionadas con el acceso a los lugares de extracción. Estos dos estados figuran igualmente entre los cinco países del mundo que más inversión recibieron para infraestructura, según el Banco Mundial.²²

El período 2009-2013, de alta conflictividad relacionada con proyectos extractivos en Perú y Colombia coincide con un período de aumento continuado de la inversión extranjera directa que, como hemos indicado, se dirige en buena parte a proyectos de extracción de recursos naturales y de infraestructuras relacionadas. Entraremos ahora a explorar cada caso.

Colombia

Colombia acumula varias décadas de tradición extractiva, principalmente de petróleo, actividad a la que se han ido sumando otras actividades: minería a gran escala, monocultivos agroindustriales (especialmente palma aceitera) y construcción de represas y vías de comunicación. Desde la llegada del siglo XXI se ha convertido en política de Estado la atracción de inversión extranjera y el impulso a proyectos extractivos. En 2014 Colombia recibió una IED de 16.054 millones de dólares, de los cuales el 40% tuvo como destino proyectos de petróleo y minería. Durante el mandato de Álvaro Uribe se amplió el territorio objeto de concesión de 1,13 millones de hectáreas a 8,53 millones de hectáreas, asentando la minería como uno de los principales sectores del país.²³

En paralelo, Uribe impulsó la política de «seguridad democrática» que implicaba una ofensiva militar contra las FARC al tiempo que acometía la militarización efectiva de la sociedad colombiana y dejaba manga ancha a la actuación de grupos paramilitares. Esto se justificaba como estrategia para acabar con un conflicto armado de más de seis décadas, pero también auspiciaba un entorno más atractivo para los inversores, ofreciendo todo tipo de incentivos y desgravaciones fiscales. A la vez, el terror que causaban los actores armados, principalmente las bandas paramilitares, entre la población vaciaban enormes extensiones de territorio en todo el país; masacres y asesinatos generaron un desplazamiento interno de 5 millones de personas, principalmente campesinos y campesinas de grupos indígenas y afrodescendientes, cuyas tierras, 6,6 millones de hectáreas, fueron usurpadas por «emprendedores» beneficiados por la acción de las bandas paramilitares. Estas dinámicas se han visto favorecidas por el alza de la extracción minera y petrolera y por la expansión de plantaciones de monocultivos para la exportación. Con el conflicto armado como telón de fondo, se ha generado una profunda transformación de los usos del suelo en el país. De este modo, en Colombia, la ofensiva de fuerzas militares y paramilitares contra la insurgencia se entreteje con el ascenso de una oleada empresarial nacional e internacional en territorios previamente ocupados militarmente.

Como recoge un informe,²⁴ existen fundadas sospechas que indican que ambos movimientos —la campaña contrainsurgente y el impulso de los negocios agroindustriales, la gran minería e hidrocarburos— no fueron independientes. Como se puede constatar, existe un paralelismo manifiesto entre la expansión paramilitar en Colombia (1996-2006) y el auge sin precedentes de proyectos petroleros, mineros y agroindustriales.  Como afirma Brigadas de Paz Colombia, «si se analiza el mapa de Colombia se puede observar fácilmente que la ubicación de estos grupos [armados ilegales] coincide con las áreas de explotación minera»²⁵, y añade que «las multinacionales suelen llegar a lugares que previamente han sufrido una arremetida paramilitar».²⁶ Así, el proyecto político de «seguridad democrática» del presidente Uribe y el proyecto empresarial encajan como un guante.

El desenlace de estos procesos, todavía en marcha, es que después de la desmovilización de los paramilitares en 2006, los afectados por la usurpación de tierras se organizaron para reclamar su restitución y desde el Estado se legisló en ese sentido a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, pero tan solo 2,2 millones de hectáreas han entrado en el proceso de restitución impulsado por el Gobierno colombiano. De ellas, actualmente los jueces han devuelto unas 100.000 hectáreas.²⁷ Mientras, más de 80 personas reclamantes de tierras han sido asesinadas desde 2008, otras han sido represaliadas y muchos más han tenido que huir por amenazas de los grupos armados, especialmente de los grupos paramilitares reconstituidos. Así, el conflicto armado interno ha eclosionado en decenas de conflictos socioecológicos locales. Entre los puntos de negociación de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC figura la búsqueda de un desarrollo agrario integral, por lo que deberán hacer frente al agudo problema de desplazamiento y despojo de tierras en el país que se expresa en conflictos de tipo ecosocial.

El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos —que sirvió como ministro de Defensa en el anterior Ejecutivo—, desde su llegada al Gobierno en 2010 impulsa las cinco locomotoras del desarrollo, ocupando la «locomotora minero-energética» un lugar destacado. Santos ha abierto la puerta a las transnacionales mineras y ha adaptado la legislación y las agencias estatales en la materia para acomodarse a los intereses corporativos, con un retorno al país en regalías e impuestos muy reducido. La locomotora minera, declarada «actividad de utilidad pública y de interés social», se abre camino por todo el país multiplicando el número de «emprendimientos». Actualmente, más de 8,5 millones de hectáreas están destinadas a concesiones mineras y más de 37 millones de hectáreas están tituladas para la extracción de hidrocarburos; hasta 2013 se habían otorgado 19.000 títulos mineros, y hay muchos más en trámite. También se acelera la marcha de extracción de 75 millones de ton/año a 100 millones, en su totalidad dirigido a la exportación. En la extracción petrolera el objetivo es aumentar la producción de casi un millón de barriles diarios a razón de un 10% anual. Se estima que el 40% del territorio del país está sujeto a concesiones o tiene solicitudes pendientes; se trata de un territorio militarizado y paramilitarizado en un binomio altamente funcional. «La fuerza pública protege la gran inversión privada y los paramilitares evitan la protesta social y presionan el desplazamiento».²⁸ Un territorio despojado también en materia de derechos humanos: el 80% de las violaciones de derechos humanos en Colombia en la última década tuvieron lugar en regiones minero- energéticas, y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares.²⁹

Colombia registra casi un centenar de conflictos socioecológicos activos y muchos más latentes. La raíz de las luchas se vincula mayoritariamente a la minería con el derecho al agua como principal reivindicación. Comunidades afectadas por la minería en su zona se miran en el caso de El Cerrejón, una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo operada por Anglo American, BHP Billiton y Xtrata, situada en La Guajira, en el noreste del país. En sus cuatro décadas de operación no se han producido mejoras notables en las condiciones de vida de la población; al contrario, la alta demanda de agua que precisa la mina deja a la población con mínimos recursos para el consumo, un promedio de 0,7 litros de agua no tratada por persona y día, muy por debajo de la recomendación de la ONU (50-100 litros de agua/día),³⁰ ilustrando uno de los casos de injusticia hídrica más flagrantes. La amenaza se multiplica ante las intenciones de la compañía de aumentar su explotación de 33 millones de ton/año a 40 millones. En otros lugares como el municipio de Tasco, en el departamento de Boyacá, el suministro de agua procede del Páramo de Pisba, un ecosistema muy frágil esencial en el ciclo hidrológico integral. Y es allí donde el Gobierno ha otorgado una concesión minera para actividades que podrían alterar todo el ciclo de «producción» del agua. Un caso similar se produjo en 2012 en el páramo de Santurbán, donde la población organizó una intensa movilización. La multiplicación meteórica de emprendimientos mineros por todo el país amenaza con agravar los casos de estrés hídrico.

Otro de los vectores de la resistencia se aglutina en torno a la defensa del territorio y es protagonizado principalmente por las comunidades indígenas y afrocolombianas. Aunque la población indígena apenas alcanza el 4%, tiene reconocida la gestión y propiedad colectiva sobre el 27% del territorio colombiano. Y es allí donde se dirige el interés de las empresas extractivas. El Convenio 169 de la OIT reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa sobre las actividades de terceros en sus territorios, incluido el subsuelo; aunque no es vinculante ni tiene poder legal sí ofrece una herramienta de legitimidad. Sin embargo, la locomotora minero-energética pasa por encima de estos derechos e ignora el resultado de las consultas cuando no coinciden con los deseos de los inversores.

La resistencia a los proyectos extractivos en Colombia se nutre de numerosos colectivos de muy diversa procedencia y fisonomía, desde grupos de afectados de nuevo cuño a organizaciones de la sociedad civil con larga trayectoria. Estos movimientos actúan en un contexto donde resulta compleja y peligrosa la movilización colectiva: se topan con altos niveles de violencia y una fuerte criminalización de la protesta, después de décadas de represión y «guerra sucia» contra la sociedad civil. A pesar de ello, estos colectivos presentan una capacidad de organización, articulación y movilización elevada.

Perú

La minería a gran escala ha venido ganando peso en el país desde comienzos del siglo XXI.³¹ De forma similar a Colombia, las condiciones favorables a la inversión minera creadas por el presidente Alan García fueron aprovechadas por su sucesor, Ollanta Humala. A partir de 2012, se inició un nuevo ciclo de expansión de la extracción minera, etapa en la que se registró un aumento exponencial de los proyectos, la ampliación de los existentes y su dispersión geográfica, penetrando con fuerza en la región sur del país. En conjunto, alrededor de un 20% del territorio nacional es objeto de concesión minera. ³² Sin embargo, no se registran mejoras sensibles de las condiciones de vida de la población. Pese a la mejora económica, el índice de pobreza nacional y las brechas sociales se mantienen prácticamente sin variación, mientras empeora la calidad o disponibilidad de los medios materiales para la subsistencia entre la población.

Perú es el país latinoamericano —y posiblemente del mundo— con mayor número de conflictos socioecológicos activos. La intensificación del extractivismo minero ha corrido paralela a la multiplicación de los conflictos socioecológicos: actualmente se registran más de 200 conflictos sociales,³³ de los cuales hay más de un centenar de conflictos socioecológicos activos,³⁴ la mayoría vinculados a la minería. El conflicto de Conga o, más recientemente, el de la mina Tía María, situó a Perú en el epicentro mundial de los conflictos mineros. A medida que se amplía la frontera extractiva a nuevos espacios, se observa un desplazamiento geográfico de los enfrentamientos hacia el sur del país, especialmente a los departamentos de Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho. Apurímac —con el 70% del territorio concesionado a la minería— y Arequipa —con casi el 50%— son regiones recién incorporadas a la extracción minera y lugares de conflicto continuado. Otro tanto ocurre en Ancash —con el 58% del territorio sujeto a concesión— y Moquegua —con el 71%.35 Con una fuerte protesta frente a la minería, los ejes de las luchas se articulan principalmente en torno a la defensa del territorio y el acceso al agua; en menor medida, debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas y las autoridades nacionales; y a la creciente minería «informal», que genera conflictos intracomunitarios.

Por su parte, la Amazonia peruana presenta un caso de fuerte «lotización» —en alusión a los lotes de extracción adjudicados a las empresas extractivas— de concesiones petroleras. Más del 72% del territorio está sujeto a concesión, y la mitad de las concesiones afectan a espacios don-de antes nunca hubo actividad extractiva. Solo un 16% del territorio de la Amazonia peruana nunca ha tenido en un momento u otro un bloque petrolero.³⁶

El presidente Humala ha visto caer en picado su popularidad a consecuencia en buena medida de su política minera. Si durante su campaña electoral Humala se pronunció en defensa de las lagunas de Conga y contra el extractivismo minero, su posición se revirtió una vez alcanzada la presidencia. Los grupos que protestan contra los impactos de la minería y que dieron su voto al actual presidente se sintieron traicionados, lo que derivó en su desafección. Lejos de replantearse el modelo extractivo o atender las reivindicaciones populares, el Gobierno peruano planea continuar impulsando el modelo extractivista con las mismas reglas del juego. La inversión minera seguirá en ascenso hasta, al menos, 2016, con la apertura de nuevos proyectos y la intensificación de los actuales, lo que augura un aumento de la conflictividad socioecológica en el país.

Fracking

El encarecimiento del precio por el agotamiento de los yacimientos más accesibles de hidrocarburos y el inicio del «pico del petróleo» han desatado en muchos países una ansiada independencia energética que se intenta resolver a través de la extracción de recursos fósiles de difícil acceso. Son los llamados «recursos no convencionales»: gas de esquisto, gas de pizarra, gas de lutitas (shale gas), gas de lecho de carbón y arenas bituminosas, entre otros.

   Dados los bajos precios del petróleo y las dificultades que implica su extracción, hasta ahora resultaban menos rentables, pero el desarrollo de nuevas tecnologías, el nivel de altos precios y la creciente demanda de energía, hace ahora atractiva la extracción de hidrocarburos de las arenas bituminosas, de aguas ultraprofundas o del subsuelo a través del fracking. La exploración de recursos no convencionales en cualquier lugar y el desarrollo de la tecnología está intensificando el extractivismo en el Norte. El fracking se extendió con rapidez a partir de los años ochenta primeramente en EEUU, desde donde se expandió a Australia y Europa; en Canadá se ha implantado la extracción de petróleo de las arenas bituminosas; y en España recientemente Repsol realizó prospecciones en 2014 en el subsuelo marino de Canarias, aunque tras varias semanas abandonó el proyecto. La obtención de hidrocarburos mediante fracking sintetiza la lógica que alimenta el modelo energético actual: extracción a (casi) cualquier precio, allí donde se encuentre.

    El fracking, o fractura hidráulica, literalmente revienta las rocas entre las que quedó atrapado el petróleo o el gas pizarra, gas de esquisto y gas de lutitas inyectando a gran profundidad una mezcla de agua a presión con arena y una mezcla de centenares de sustancias químicas. Requiere la perforación vertical de varios pozos bastante próximos³⁷ que avanzan en horizontal hasta alcanzar la capa de gas. Los pozos se conectan en la superficie y producen en paralelo, aunque su vida suele ser bastante breve, de unos 5 o 6 años. Cada fracturación hidráulica utiliza entre 4 y 30 millones de litros de agua, y la operación de inyección puede repetirse varias veces a lo largo de la vida de un pozo. La fractura hidráulica necesita vastos espacios para sus operaciones, a menudo con alto valor ecológico, acaparando para este fin territorios rurales y de bosque que acabarán desechados en poco más de un lustro.

En los lugares de más larga experiencia operativa del fracking se han ido confirmando algunas de las sospechas de los riesgos que implica esta técnica. Entre ellos figura el peligro de explosiones o escapes durante la perforación, la contaminación de acuíferos subterráneos y en superficie por el reflujo del agua inyectada, el riesgo de accidente por el tránsito de camiones con químicos, la contaminación del aire y el aumento del efecto invernadero, dado que las perforaciones liberan gas metano, más potente para el calentamiento global que el CO2. El almacenamiento del agua utilizada en las operaciones constituye un problema importante por las exigencias logísticas, ya que es agua muy contaminada. Actualmente se está almacenando en depósitos subterráneos, lo que aumenta el riesgo de que acaben produciéndose filtraciones y contaminando bolsas de agua potable. Análisis realizados en EEUU por la Agencia de Protección Medioambiental mostraron que acuíferos cercanos a plataformas de fracking presentaban contaminación, con elevados niveles de sustancias químicas, incluido benzeno, altamente cancerígeno.³⁸ Igualmente, se ha observado un aumento de los seísmos en zonas de fracking generado por la desestabilización geológica ocasionada por las fracturas. La irrupción de esta técnica en el entorno rural supone la destrucción de un modo de vida que ha conservado sabidurías ancestrales y actividades económicas en diálogo con los ecosistemas, como agricultura, ganadería y turismo, que será difícil de recuperar tras su paso.

La UE renunció a prohibir el fracking de forma global en su territorio y ha dejado en manos de cada Estado decidir sobre el asunto. En una sesión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en mayo de 2015, 17 de los 28 miembros de la UE se mantuvieron en contra del fracking, pero 11 accedieron a la utilización de esta técnica en sus territorios.³⁹ Existe una enorme división entre los partidarios y opositores a esta técnica en el marco europeo, sin que todavía se vislumbre hacia dónde se inclinará la balanza. Por todo ello, movimientos ciudadanos, corporaciones municipales y parlamentos regionales han coincidido en movilizarse contra el fracking —el llamado fracktivismo— y, en el caso institucional, legislar moratorias o prohibiciones. Además, empiezan a aparecer plataformas transnacionales de coordinación de luchas como Global Frackdown,⁴⁰ una web impulsada por Food and WaterWatch, o Frackwire.⁴¹

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Pulso en torno al fracking en el Estado español

Los proyectos exploratorios de fracking se han extendido de forma subrepticia en la segunda década del siglo XXI por el territorio español movidos por la promesa de una alta rentabilidad empresarial. Se ubican, sobre todo, en la cornisa cantábrica y provincias o comunidades autónomas próximas al interior (Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja), pero también existen proyectos en Jaén, Córdoba, Murcia y Albacete, zonas especialmente sensibles por su baja pluviosidad y con una disponibilidad de agua muy limitada. Todas ellas son áreas de cierta marginalidad u olvidadas de los planes estatales. En 2014 se contabilizaban más de 120 licencias de exploración concedidas o en trámite.⁴²

   La fractura hidráulica ha generado un recelo inicial que se ha convertido en abierto rechazo entre las comunidades afectadas y otros colectivos concienciados a medida que se han ido conociendo y experimentando los impactos ecológicos y sociales de esta técnica. Los proyectos se han realizado con gran secretismo, lo que, si cabe, puso más en guardia a ayuntamientos, mancomunidades, juntas vecinales y organizaciones ecologistas. En junio de 2011, comenzó a gestarse en Cantabria un movimiento ciudadano que se ha reproducido en el País Vasco, Burgos, Palencia, Navarra y La Rioja. Más de 450 municipios de todas las opciones políticas⁴³ y varios Parlamentos autonómicos (Cantabria, Navarra y La Rioja, entre otros) se declararon en contra el fracking en sus territorios, mientras que Andalucía, Galicia, Aragón y Cataluña votaron una moratoria.

   A la vista de que la oposición al fracking se extendía por las comunidades autónomas, el Gobierno respondió por la vía legislativa y judicial. El Tribunal Supremo se pronunció en diciembre de 2014 en contra de que los municipios realizaran referéndums en torno al fracking, cerrando el paso a esta vía. Por su parte, el Tribunal Constitucional falló en contra de las legislaciones de los parlamentos autonómicos que se oponían a la fractura hidráulica, lo que dejó sin efecto las legislaciones de Cantabria, Navarra y La Rioja. A la vista de esta situación, Cataluña adoptó otra vía: amparar su moratoria en competencias de urbanismo para rechazar licencias de fracking en terrenos no urbanizables. Esta fue la estrategia seguida por la Iniciativa Legislativa Popular remitida al Parlamento Vasco. El texto aprobado por todos los partidos, excepto PNV y la abstención de UPyD, prohíbe el fracking en su territorio a través del endurecimiento de la legislación medioambiental del suelo y del agua.

El fracking presenta suficientes recovecos e implicaciones como para que la oposición o apertura no se identifique nítidamente con partidos políticos. Por ejemplo, los Parlamentos de Castilla y León, Galicia y Comunidad Valenciana y las diputaciones provinciales de Valladolid, Burgos, Castellón y Valencia —donde el PP tenía mayoría— rechazaron iniciativas de fracking.⁴⁴

   El Gobierno ha tratado de crear una actitud favorable al fracking ofreciendo incen- tivos económicos a municipios y propietarios particulares. La organización Ecologistas en Acción advierte que tales incentivos se aplicarían en la fase de explotación y que ni mucho menos serviría para cubrir el deterioro ambiental o los daños a la salud que potencialmente puede acarrear el fracking .

   En esta guerra soterrada, el Defensor del Pueblo pidió en febrero de 2015 que se evaluaran los efectos del fracking sobre la salud, pero se topó con una gran opacidad dentro de la propia Administración, según recoge esta entidad en su informe anual
2014.

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Acaparamiento de tierras

Aunque el territorio ha constituido un bien clásico en torno al que se han generado disputas y conflictos, el fenómeno identificado como acaparamiento de tierras⁴⁵ empieza a hacerse visible a partir de 2007 en el contexto del alza global del precio de los alimentos. En la primera década del siglo XXI, elevadas extensiones de terreno cambiaron de manos sin que mediara conquista o conflicto; esta vez, el procedimiento adoptó la forma de transacciones comerciales de compra o alquiler que legalizaban las transferencias. Las tierras que han cambiado de manos en menos de una década superan los 227 millones de hectáreas,⁴⁶ aunque conviene tener en cuenta que las cifras varían sensiblemente en función de las fuentes. Sí existe consenso respecto a lo que se considera acaparamiento de tierras: aquellas operaciones superiores a 200 hectáreas —o al doble de la extensión media de las tierras en propiedad, en función del contexto nacional—, criterio que ha elaborado la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra y Land Matrix.

Para Saskia Sassen, el acaparamiento de tierras hunde sus raíces en los programas de ajuste estructural del FMI y Banco Mundial aplicados en los años ochenta en muchos países del Sur global, junto a la eliminación de barreras comerciales en las dos décadas siguientes a medida que avanzaba la globalización económica neoliberal. «El resultado fue una combinación de obligaciones y demandas que tuvo el efecto de disciplinar a gobiernos que todavía no estaban plenamente integrados al régimen de la libertad de comercio y las fronteras abiertas […] El objetivo era la obediencia a lo que por entonces era un incipiente cuerpo de reglas y condicionalidades».⁴⁷ El resultado fue la incorporación de nuevos países sometidos por la deuda externa a los circuitos de producción y de generación de ganancia en el capitalismo tardío.

Daniel y Mittal definen el acaparamiento de tierras como «la compra y leasing de amplios espacios de terreno por parte de naciones más ricas y alimentariamente inseguras y por inversores privados principalmente de países en desarrollo para cultivar cosechas para la exportación».⁴⁸ El fenómeno, sin embargo, excede los proyectos agroindustriales, y se entrecruza con otras dimensiones de la crisis multidimensional contemporánea, tal como proponemos a continuación:

1. Crisis energética. El fin del petróleo barato ha disparado el intento de sustituirlo con agrocombustibles, que se presentan como un nuevo nicho de negocio, en busca de la seguridad energética. Ello ha provocado la proliferación de grandes plantaciones para agrocombustibles: soja, palma aceitera, colza o jatrofa destinadas a convertirse en biodiesel, y de caña de azúcar, maíz, remolacha o trigo para etanol.

2. Crisis climática. Tanto el «cultivo» de bosques para combatir el cambio climático como la creación de zonas de conservación ha dado lugar a lo que se ha denominado el «acaparamiento verde», que hace referencia al uso de tierras y recursos naturales con fines de conservación (pseudo)ambiental. Se relaciona con la aparición de los mecanismos REDD (Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de los bosques), dirigidos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero con los que se ha creado un nuevo mercado: el de emisiones. Varios estudios apuntan que los proyectos de secuestro de carbono y los actuales intercambios pueden servir de incentivo a diferentes formas de desposesión de tierras.⁴⁹ Por ejemplo, algunas ONG —como World Land Trust, Cool Earth y Wild Lands— han comprado cientos de miles de hectáreas en todo el mundo supuestamente vacías con fines de conservación.

3. Crisis financiera. Al desaparecer distintos productos de inversión con el colapso del mercado inmobiliario en la crisis financiera de 2007, los capitales huyeron hacia inversiones más seguras como la tierra y los mercados de materias primas, entre ellas, alimentos básicos como los cereales, y se crearon nuevos instrumentos financieros que reducían los riesgos del mercado. Fondos de pensiones y agentes financieros gestionan una cartera de productos de inversión que incluye de forma creciente la compra de tierras en el exterior. La mercantilización de la tierra, como observó Polanyi, constituye una excepcionalidad en la historia humana (pero no del capitalismo) que tiene implicaciones de largo alcance, como veremos más adelante.⁵⁰

4. Crisis de los alimentos. Como se mencionaba en el anterior apartado, las crisis alimentarias de 2008 y 2011 estuvieron muy relacionadas con el aumento especulativo del precio de las principales cosechas de cereales en el mundo. En el mercado de futuros, los especuladores juegan con la diferencia esperada entre el precio de demanda y oferta, entre lo que se deseará consumir y la producción real, lo que lleva a un aumento de los precios de los alimentos cuando lo que se comercia son cosechas de cereales.⁵¹

La crisis de los alimentos también presenta estrechos lazos con el despojo de tierras y su conversión en proyectos de agricultura industrial. En unos casos obedece a la percepción de una futura escasez de alimentos: países con elevada población (como Corea del Sur y China) y otros con territorios desérticos (como los países del Golfo Pérsico) están capturando tierra en terceros países y deslocalizando la producción de alimentos para sus poblaciones. Otro fenómeno relacionado es la creciente carnivorización de nuestras dietas y la extensión del consumo de carne a más grupos sociales en más países, lo que requiere más cosechas de soja, maíz para alimentar al ganado, y más territorio dedicado a este fin. La expansión de la frontera agroindustrial implica la destrucción de ecosistemas y su red de relaciones. Las grandes plantaciones de monocultivos para la exportación implican una pérdida de la biodiversidad, y causa la contaminación y el agotamiento de los suelos por el uso de agrotóxicos.

Por otra parte, en los últimos años están proliferando las cosechas flexibles, cultivos que pueden destinarse a alimento humano, pienso animal o combustible según los precios de los mercados globales y que permiten la «diversificación con una misma cosecha»:⁵2 se vende como azúcar cuando el precio del etanol está bajo, y como etanol cuando baja el precio del azúcar. Igual ocurre con el aceite de palma, maíz y otros productos, asegurando la ganancia de los inversionistas.

5. Expansión descontrolada de infraestructuras. La explotación de recursos naturales en los lugares más recónditos ha incentivado la construcción de grandes infraestructuras para conectar los lugares de extracción a las áreas metropolitanas y mercados globales. Financiadas por los bancos de desarrollo regionales, FMI y Banco Mundial, se están construyendo grandes corredores a través de África, Asia y América Latina destinados a servir como súper autopistas para el acceso y transporte de los bienes naturales. Por otro lado, están proliferando las «Zonas de Desarrollo Económico», ZED por sus siglas en inglés, verdaderas economías de enclave en los países emergentes de China, India y África, y que generan nuevos acaparamientos de tierra. Junto a ellas, en las áreas periurbanas, se están construyendo complejos comerciales e industriales y zonas residenciales en una acelerada urbanización que da lugar a graves conflictos territoriales.

6. Expansión de instalaciones extractivas. El acceso a los ansiados materiales y energía implica la construcción de infraestructuras de explotación, que precisa de espacios concretos donde ubicarse. La multiplicación de minas, pozos petroleros, incluso represas, supone el acaparamiento de numerosas tierras. Muy lejos de la retórica del desarrollo, el acaparamiento de tierras puede dar lugar a territorios devastados por la minería y la extracción de hidrocarburos, el cambio de uso del suelo y la sustitución de bosques originarios. Se ha constatado un aumento de enfermedades cancerígenas, de piel y desórdenes digestivos en las zonas cercanas a las áreas de mono- cultivos industriales y explotaciones petroleras y mineras. Con la tierra se acapara también el agua y todos los recursos existentes en el territorio (bosques, fauna, flora y riquezas del subsuelo). El agua es un componente esencial en muchas de las actividades productivas, y especialmente apreciada en los acuerdos de tierras. Tanto los monocultivos de exportación como los proyectos mineros necesitan gran cantidad de agua. Sin embargo, este elemento no está incluido en las transacciones, y el uso de las actividades productivas se detrae del suministro para la población local. Además, cuando se exportan esas cosechas también se exporta el «agua virtual» que llevan incorporada a lo largo de su cultivo.

El acaparamiento de tierras tampoco se corresponde con el tradicional esquema de corte colonial de transacciones de compañías extranjeras del Norte, que se apropian de tierra en el Sur. Actualmente, los consorcios inversores se presentan en distintos formatos de relaciones entre Norte y Sur: en unas ocasiones se trata de alianzas Sur-Sur; en otras, se trata de iniciativas Norte-Sur; ⁵³ y en casi todos los casos existen vínculos con las elites locales y nacionales de los países anfitriones. El amplio abanico de los países de procedencia de los inversores, en consonancia con reciente reconfiguración del poder global, queda ilustrado en la Tabla 1. Se observa, además, una rápida diversificación de los agentes de inversión: compañías nacionales y transnacionales, bancos, compañías de inversión, fondos de pensiones, hedge funds, ministerios, empresas estatales, fondos soberanos, instituciones gubernamentales e individuos de las elites locales.

   África constituye uno de los destinos favoritos de los inversionistas. La mitad de las grandes compras se localizan en África subsahariana, y las transacciones allí suelen tener mayor extensión. Gambela, en Etiopía, es uno de los casos de acaparamiento más extremos: la mitad de la tierra cultivable de la región ha pasado a manos privadas de inversores de India y Arabia Saudí para la producción de alimentos. La paradoja es que buena parte de la población etíope sufre hambre de forma recurrente y depende de la ayuda humanitaria.⁵⁴

    Más allá del continente africano, los últimos datos de Land Matrix recogen una diversificación de los destinos de las transacciones en tierras que, lejos de resultar tranquilizadora, apunta a la profundización y ampliación de este fenómeno por todo el mundo, incluida la Europa del este, la ex URSS, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

El argumento utilizado para las transacciones en África es que se trata de tierras baldías de baja productividad, aunque a menudo son las mejores tierras, con larga tradición de cultivo por las comunidades campesinas locales.

El proceso de despojo se facilita por el hecho de que en el Sur global los campesinos tienen derechos consuetudinarios sobre las tierras, pero raramente disponen títulos de propiedad; en muchos casos se trata de tierras de uso comunitario donde la propiedad corresponde al Estado, que decide la transacción. Por su parte, en el antiguo bloque comunista los acuerdos de tierras se efectúan sobre las antiguas grandes granjas pertenecientes a planes centralizados de la época soviética. En todos los casos, los acuerdos de tierras se producen en países con carencias institucionales importantes, que ofrecen resquicios para la instalación de los inversores en las mejores condiciones.

    El acaparamiento de tierras provoca impactos de largo aliento, dado que implican la privatización de bienes comunes dedicados a la producción campesina de subsistencia y terrenos de uso comunitario. La pérdida del principal recurso de producción, la tierra, en poblaciones campesinas y la privatización de los bosques y fuentes de agua equivale, no solo al despojo, sino a la eliminación del principal medio de subsistencia y la pérdida de la soberanía alimentaria de millones de personas. Se genera así, una cadena de expulsiones, desplazamiento y desestructuración de economías tradicionales campesinas e indígenas. En la práctica, la expulsión equivale a una descampesinización del entorno rural, lo que implica la pérdida de modos de vida sostenibles y saberes ancestrales sobre los usos de la tierra y del agua, manejo de bienes comunes, formas de organización social y un entendimiento de la vida comunitaria.⁵⁵ Como recuerda el movimiento mundial de agricultores La Vía Campesina, todavía hoy son los campesinos los que cultivan la mayor parte de la comida que nos alimenta. La destrucción del campesinado podría terminar con esta realidad. De hecho, la importación de alimentos básicos en países exportadores de cosechas agroindustriales, que tradicionalmente cubrían sus necesidades alimentarias, apunta en esta dirección.

   El proceso del acaparamiento de tierras, sin embargo, no está ocurriendo sin resistencia, aunque, por la dispersión de las microexpulsiones, la hasta ahora baja organización de los afectados y cuestiones de poder en agentes fragmentados, alcancen menor eco que las protestas vinculadas al extractivismo minero. La aparición de plataformas globales como La Vía Campesina indica un cambio de tendencia en la articulación de los afectados por el acaparamiento de tierras.

Conflictos socioecológicos: la democracia amenazada

Existe un vínculo entre proyectos extractivistas, desposesión, pérdida de derechos y déficit democrático. Este se plasma a través de dos vías: la ausencia de información y de transparencia sobre los proyectos en torno a bienes naturales; y la inexistencia de mecanismos reales de participación para decidir colectivamente sobre tales proyectos.

Los conflictos socioecológicos se configuran como tales al contraponerse visiones e intereses enfrentados sobre el reparto de costes y beneficios de acceso, uso y gestión de bienes naturales, y cuyas diferencias no se logran despejar a través del diálogo, o este ni siquiera se establece. Estas pugnas pueden contener como trasfondo relatos alternativos sobre el desarrollo y la buena vida, el reparto de bienes básicos y los mecanismos adecuados para tomar las decisiones al respecto. La imposición de proyectos de «desarrollo», muchos de ellos vinculados al modelo extractivo contra la voluntad expresa de sus poblaciones —que a menudo ni siquiera son consultadas— o la implantación de proyectos por la «puerta de atrás», ignora los principios participativos y de toma colectiva de decisiones que acompaña a los procesos democráticos. Si bien la imposición puede ser legal, carece de la legitimidad social necesaria en una democracia saludable. Al permitir e incluso alentar y colaborar con la implantación del modelo desarrollista, el Estado se desentiende de una parte fundamental de su cometido, garantizar los derechos y el bienestar de la ciudadanía, en lo que constituye una clara dejación selectiva de funciones.

La desposesión en el momento actual puede adoptar rasgos extremos: más allá de la exclusión, se convierte en expulsión, esto es, la completa desposesión. Esta situación puede ser radical y definitiva, como ocurre en la destrucción de los territorios que se convierten en tierras y aguas muertas y en el despojo de tierras y pérdida de los medios de subsistencia en el caso de las personas expulsadas.

En contra del argumentario de win-win,56 o beneficio para todas las partes, que utilizan los impulsores de los proyectos desarrollistas y extractivos, en los conflictos socioecológicos hay ganadores y perdedores, y una distribución de beneficios y costes asumidos de forma desigual. El extractivismo —como exponente del modelo de desarrollo capitalista occidental y pieza fundamental del mecanismo de acumulación de capital— agudiza las desigualdades, no solo en lo que concierne a los ingresos, sino en lo referido al reparto de costes ecológicos y sociales asociados a su actividad y a la pérdida de derechos. Las desigualdades se reproducen en el ámbito geográfico entre regiones del mundo y en el interior de los estados en las distintas escalas geográficas, pero también entre grupos sociales.

La profundización de las desigualdades cuestiona el discurso oficial del desarrollo y pone en entredicho la aspiración de la ciudadanía de justicia ambiental y económica al alimentar mecanismos extremadamente asimétricos. Como señala el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), «parte de los ingresos obtenidos [en el extractivismo] se destina también a bonos que permiten sostener la desigualdad social y aparentar menores índices de pobreza. En ambos casos la conservación y protección ambiental, el buen vivir y el amor a la pacha mama no son más que consignas vacías de contenido, y más aún, de acción consecuente».⁵⁷

La entrada de enormes inversiones en países con estructuras débiles —como destaca en el caso de África— o con una gobernabilidad inestable a través del extractivismo fomenta la expansión de la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias y la suplantación corporativa de funciones estatales a través de la provisión de servicios sociales o de dotación de infraestructuras.

La intensificación del extractivismo está implicando la reforma de las leyes nacionales para acomodar la presencia de las transnacionales extractivas a costa de debilitar la normativa ambiental vigente, erosionar los derechos laborales, y relajar las condiciones para otorgar concesiones y, en general, a la inversión extranjera. Estos cambios se inscriben en una «Gran Involución»⁵⁸ promovida por el neoliberalismo que se manifiesta, entre otras, en la dimensión jurídica. Si en un primer momento el neoliberalismo supuso la desregulación de las normas que mantenían embridado al capitalismo, en una fase posterior le ha producido una re-regulación de signo ultraliberal.

La arquitectura jurídica neoliberal constituye un nuevo orden legal global, la lex mercatoria, que favorece al poder corporativo y penaliza a los estados, a su ciudadanía y a la biosfera.⁵⁹ Como parte de esta nueva legalidad, y bajo el paraguas de la Organización Mundial de Comercio, se crea un entorno híper favorable a la entrada de capital extranjero en condiciones muy ventajosas para los inversores. Implica acuerdos comerciales regionales y bilaterales que ahondan las desigualdades entre territorios en base a una utilización perversa del principio de igualdad, lo que supone, en palabras de un activista, «que los tiburones y las sardinas sean tratados en igualdad de condiciones».⁶⁰ Toda esta arquitectura está coronada por un Mecanismo de Arreglo de Disputas que da a las corporaciones transnacionales la capacidad de demandar a los estados, no ya por pérdidas ocasionadas por la aprobación de determinadas políticas nacionales, sino por hipotéticos daños comerciales que podrían generarse en el futuro. Se trata de un mecanismo privado gestionado por árbitros internacionales, generalmente grandes firmas de abogados, que pueden actuar como juez y parte en las disputas entre Estados y transnacionales, según se pongan el sombrero de árbitros o el de abogados de esas mismas corporaciones. Si la transnacional gana, recibe compensaciones; si el Estado gana, no recibe compensaciones y en cualquier caso, tiene que asumir los costes legales.

A nivel nacional, distintos países del Sur global han realizado cambios legislativos para adaptarse a la nueva arquitectura legal. En América Latina, Perú ha realizado una profunda revisión de sus normas legales relativas a las concesiones mineras, que suavizan los trámites para los inversores y aligeran las exigencias medioambientales, cediendo a la presión del lobby empresarial minero y a sus acusaciones de la supuesta «permisiología» del Estado, con la que critican el exceso de trámites y permisos para las concesiones mineras. En 2014, la legislación peruana recibió seis nuevos instrumentos legales en materia minera, incluida la ley conocida como el «paquetazo ambiental», que se suma al ya aprobado en junio de 2013. En conjunto, facilitan la inversión con nuevas medidas tributarias, regulación ambiental más laxa y titulación de tierras y registros públicos suavizados, entre otras medidas.⁶¹ Ante la irrupción de la protesta social que recorre el país, el Gobierno respondió en 2013 con la aprobación de leyes de impunidad en caso de agresiones y muertes causadas por las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones contra el extractivismo,⁶² mientras que en el plano del trabajo, se habían reducido «los sobrecostos laborales».⁶3 Ecuador y Bolivia⁶⁴ han seguido esta dinámica, protegiendo las instalaciones mineras frente a la protesta popular.

En Colombia se viene produciendo una mejora del clima para las empresas extractivas —como vimos, no siempre por métodos legítimos o legales—, en detrimento de los derechos sociales y medioambientales. Una de las últimas reformas para favorecer al sector minero tuvo lugar en octubre de 2014 (Decreto 2041), denominado en Colombia como «el decreto de las licencias exprés», ya que comprime los plazos para las actuaciones sobre el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y se condiciona a la autoridad ambiental a aprobar de forma inmediata el acto administrativo de inicio de trámite de la licencia al momento de completar los requisitos del solicitante, sin dar tiempo a examinar la documentación presentada. Además de las licencias ambientales globales requeridas para proyectos mineros y de hidrocarburos, las empresas solo necesitan presentar un Plan de Manejo Ambiental para iniciar las operaciones inmediatamente, sin necesidad de tener que esperar a que las autoridades ambientales den su aprobación. Este último punto resulta especialmente preocupante, ya que abre el camino a proyectos de fracking, que podrían iniciarse con trámites mínimos. En distintos estados africanos se han dado ajustes similares, tal como analiza Bonnie Campbell.⁶⁵

Tanto la arquitectura de leyes regresivas para los derechos de la ciudadanía como la imposición de proyectos sin mediar debate social o consulta a las comunidades afectadas, ponen de manifiesto el desarrollo en distintas direcciones de dimensiones que comprometen el ejercicio de la democracia. Desde los gobiernos y el poder corporativo, las resistencias se interpretan en términos de orden público, o, en el mejor de los casos, como amenazas a las previsiones de negocio y obstáculos a los planes de desarrollo. Existe la tendencia a invisibilizar los espacios de contestación, negando el disenso. Así, el «capitalismo de rapiña» se confabula con la criminalización de la protesta y genera prácticas pro- fundamente antidemocráticas. Las demandas de los grupos en resistencia revelan las fallas del enfoque extractivista: reivindican la participación en los procesos de decisión y el respeto a las identidades y al territorio. Lo que exigen es la profundización de los mecanismos democráticos, que incluyen el derecho a oponerse a proyectos que alteran sensiblemente las condiciones de vida de la población y de las generaciones futuras
en un espacio dado.

Conflictividad socioecológica y resolución de conflictos

La oleada de protesta y resistencia apunta a un escenario de conflictividad creciente por el acceso a los bienes naturales o los costes del «desarrollo» en las próximas décadas. Michael T. Klare, especialista en seguridad y recursos energéticos y minerales, no duda de que la sed de materias primas traerá más competencia entre naciones y bloques regionales, pero también entre individuos, con disputas entre foráneos y nativos, con sus implicaciones de xenofobia, o enfrentamientos entre ricos y pobres;66 a ello se podrían añadir los posibles conflictos por el acceso a bienes naturales entre distintos grupos de pobres.

A la vista de las actuales dinámicas globales de despojo y expulsión, si no se produce un giro significativo, podemos esperar la intensificación de estos conflictos en las décadas venideras, con más imposición forzada de decisiones y posiblemente con más soluciones de corte autoritario, es decir, determinadas por la descarnada capacidad adquisitiva, que en unas situaciones de recursos menguantes supondría la privación de bienes básicos a quien no pueda pagarlos. Alternativamente, existen otras vías para abordar los desacuerdos y los conflictos socioecológicos que nos alejan de un panorama de alta conflictividad. Sea cual sea el escenario, en ese mundo complejo y altamente inestable al que nos dirigimos, resulta urgente reflexionar sobre otros modos de resolver los conflictos que puedan satisfacer las demandas y necesidades de las distintas partes de modo participativo con justicia y equidad, respetando la sostenibilidad.

Una de las propuestas para la resolución pacífica de conflictos socioecológicos se basa en las herramientas para afrontar las violaciones de derechos humanos. Carlos Martín Beristain⁶⁷ propone abordar la resolución de estas pugnas desde el enfoque de los derechos, haciendo uso del mecanismo sobre Verdad, Justicia y Reparación, y en concreto del derecho de reparación. El derecho a la reparación ofrece una nueva perspectiva de los derechos —a través de los principios de integralidad, proporcionalidad, jerarquía, participación y prevención—⁶⁸ e incluye la garantía de no repetición, algo que desactiva completamente la recurrencia de un nuevo conflicto por esa causa. También amplía el marco del problema y visibiliza los impactos ocultos.

Por su parte, la experiencia de más de medio siglo de los estudios para la paz y las herramientas de resolución de conflictos pueden ofrecer claves provechosas para trascender los conflictos socioecológicos. Existen dos vías de abordaje pacífico: las formales (judicial, administrativa o mecanismos consuetudinarios); y aquellas que más se identifican con la resolución de conflictos, las informales o vías alternativas (negociación, mediación, conciliación, arbitraje, facilitación y ombudsman).⁶⁹ En paralelo, está la siempre presente vía de la fuerza o versiones más sutiles (a través de la coerción; coacción; cooptación, persuasión e inducción).⁷⁰ Existe abundante literatura sobre las técnicas de resolución de conflictos.⁷¹ Desde aquí nos limitaremos a avanzar algunas condiciones previas al establecimiento de los primeros contactos y una propuesta.

Por lo general, se suele emplear un enfoque pragmático de la resolución de conflictos,⁷² centrado en la gestión muy acotada caso a caso, o el manejo de las disputas a escala local. En contraste, existen enfoques con una mirada más estructural que parecen más adecuados para abordar la conflictividad ecosocial dada su naturaleza multinivel y de amplio espectro.

En primer lugar, es necesario incluir en la ecuación la cuestión del poder y de la desigualdad de peso entre los agentes del conflicto. Ante la oleada de conflictividad ecosocial, estados y corporaciones están reinterpretando los mecanismos de resolución de conflictos en clave utilitarista para buscar la legitimidad de la que carecen los proyectos. Desde esta visión, se pretende despejar el camino del negocio extractivo ofreciendo compensaciones monetarias a las comunidades a cambio de cubrir necesidades básicas y ofrecer bienes naturales no renovables. Además, con estructuras estatales descentralizadas en muchos países, las transnacionales negocian directamente con gobiernos locales, menos poderosos y más fáciles de seducir. En otras ocasiones, las empresas han respondido a los numerosos impactos negativos con compromisos débiles y códigos corporativos voluntarios, que no logran un verdadero abordaje de las causas de los conflictos socioecológicos. Mientras el reconocimiento de las desigualdades de partida no se incorpore en la mesa de negociación, no podrá haber un verdadero debate sobre las diferencias, ya que el diálogo no puede producirse en una situación de gran asimetría de poder. Como resulta claro, las estrategias de resolución de conflictos, por útiles que resulten, no transforman el balance de poder. Resulta crucial un cierto reequilibrio previo a la negociación, y en este sentido se abundará posteriormente en la propuesta.

En segundo término, además de los objetivos contrapuestos de las partes, resultan, de nuevo, relevantes los distintos lenguajes de valoración. En un conflicto se ponen en juego posiciones —lo que los agentes dicen que quieren—, intereses —lo que realmente quieren— y necesidades —lo que requieren, a menudo subyacente y que no se muestra. Las posiciones son fácilmente mutables; los intereses pueden moldearse para que encajen en una solución mutuamente satisfactoria. Por su parte, las necesidades no pueden ser negociadas y, por ello, ni siquiera deben ser objeto de negociación. La resolución del conflicto se basa en el reconocimiento entre las partes y la consideración de las necesidades y las reivindicaciones. Si la pugna se enfoca únicamente en términos crematísticos, difícilmente podrá abordarse el conflicto en toda su extensión y profundidad. Por tanto, es necesario ampliar el foco de la discusión para incluir tantas dimensiones y miradas como sean necesarias para recoger las visiones de las partes.

En tercer lugar, la globalización económica ha permitido la fluidez de los capitales desde los espacios centrales o emergentes a los periféricos —y el retorno a los espacios centrales en forma de energía, materiales y ganancias—; esto transforma el marco de abordaje de estos conflictos del plano meramente local al global, o mejor, al glocal. Aproximarse con una visión restringida al espacio donde se materializa el conflicto resulta miope y no facilitará contemplar los problemas en su totalidad. Como se mencionó anteriormente, los conflictos socioecológicos desbordan el ámbito local y se conectan con otras escalas. Por tanto, su resolución exige examinar los conflictos desde una visión sistémica. Es necesario abrir el foco y manejar varios niveles de análisis y de acción.

En cuarto lugar, conviene recordar que más allá de los tres agentes clásicos de estos conflictos —Estado, empresas y grupos de afectados—, existen un abanico de agentes en alianza con una u otra parte y con capacidad de influenciar el resultado de los conflictos socioecológicos. De nuevo, es necesaria una visión integral sobre el conflicto, componer el mapa de alianzas, oposiciones e interacciones entre los agentes.

La propuesta que perfilamos consiste en unas consideraciones previas —y preventivas— a los conflictos, más que a su resolución, partiendo de un proceso de doble abordaje: desde arriba y desde abajo. Desde arriba, mediante la recuperación de la capacidad reguladora del Estado y el desarrollo de mecanismos que modifiquen el marco de acción a fin de eliminar o reducir la aparición de este tipo de conflictos. En paralelo, se trata de fomentar la participación y democratización de los mecanismos de decisión que permitan reforzar el poder deliberativo y decisorio de las comunidades afectadas y de la ciudadanía en general. Desde abajo y hacia el interior, incentivando un proceso interno de organización comunitaria, de desarrollo de las habilidades de negociación y de articulación con otros grupos, lo que se enmarca en dinámicas de empoderamiento comunitario.⁷³ Hacia el exterior, se precisa sensibilizar sobre el conflicto de cara a la opinión pública nacional e internacional a través de tres instrumentos: un plan de comunicación y relaciones con los medios; acciones de incidencia política; y una estrategia de movilizaciones en solitario o en confluencia con otras organizaciones.⁷⁴ Todo ello ayudará a los grupos de afectados a ganar peso político y a fortalecer sus capacidades en caso de un eventual proceso de negociación.

Conclusiones

Actualmente, el capitalismo tardío se enfrenta a contradicciones prácticamente insuperables: por un lado, la expansión de nuevas lógicas sistémicas más intensivas de extracción y acumulación por desposesión social y ecológica; por otro, la crisis multidimensional arraigada en un planeta finito que está alcanzando sus límites biogeofísicos,⁷⁵ mientras el cuerpo social pierde su capa protectora sin la cual, como avanzó Polanyi, la sociedad no puede subsistir. Los conflictos socioecológicos son expresión de tales contradicciones.

   Cada vez resulta más clara la existencia de una profunda brecha entre unas elites acaparadoras de capital y privilegios, y el resto de la ciudadanía, despojada de los medios de subsistencia o de las condiciones para una vida digna en unos casos; expulsada del territorio en otros; desposeída de derechos y de la capacidad de participación en otros. Contemplamos cómo se amplía el disenso y se agrieta el relato de la modernidad que ha imperado hasta ahora, mientras surgen con fuerza relatos alternativos de qué significa una vida buena. Todo ello apunta a que nos hallamos ante una crisis civilizatoria multidimensional de carácter global que anuncia un cambio de época.

    Si bien sigue estando vigente la lucha por la defensa de los derechos, que en décadas pasadas ha logrado mejoras importantes para las personas, actualmente resulta necesario añadir nuevos elementos que amplíen el marco del debate, y en concreto incluir el discurso de los bienes comunes y del bien común en la línea propuesta por Elinor Olström. Mientras que la narrativa de los derechos no cuestiona el modelo, el del bien común sí tiene la capacidad de cuestionarlo y de variar las reglas del juego.

La intensificación del despojo y de la expulsión desde el inicio del siglo XXI apunta a un drástico aumento de los conflictos socioecológicos en las próximas décadas. Esta conflictividad implica peligrosas y preocupantes proyecciones de corte autoritario en la distribución de recursos naturales básicos de acuerdo con las actuales dinámicas. Por ello, resulta urgente explorar mecanismos para el tratamiento de estas confrontaciones desde una visión sistémica; se trata de superar visiones meramente utilitaristas en el abordaje de las pugnas que persiguen soluciones parciales y de corto plazo, y avanzar hacia esquemas capaces de transformar el marco de acción con criterios democráticos, de justicia y equidad a fin de asegurar un espacio de convivencia entre los diferentes agentes y con la naturaleza.

NOTAS:

1. A finales del siglo XX, la extracción de recursos naturales ascendía a 48.500 millones de toneladas (más del 33% de biomasa, 21% de combustibles fósiles y 10% de minerales). En 2010, rondaban las 60.000 millones de toneladas de mate- riales al año y unos 500.000 petajulios de energía primaria. El 10% de la población más rica acaparaba el 40% de la energía y el 27% de los minerales. La extracción de recursos se calcula que podría triplicarse en 2050. Citado en G. C. Delgado Ramos, «Metabolismo social y minería», Ecología Política, 43, 2012, p. 17.

2. H. Daly y J. B. Cobb, Para el bien común, FCE, México, 1993, p. 218 y H. Daly, «De la economía del mundo vacío a la economía del mundo lleno» en R. Goodland, H. Daly, S. El Serafy y B. von Droste, Medioambiente y desarrollo sostenible: más allá del Informe Brundtland, Trotta, Madrid, 1997, pp. 37-50, citado en J. Riechmann, Biomímesis: ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención, La Catarata, Madrid, 2004, pp. 41-73. También se puede consultar J. Riechmann, Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnología, La Catarata, 2005.

3. M. Svampa, «»Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina», Nueva Sociedad, 244, marzo-abril de 2013, p. 34.

4. S. Álvarez Cantalapiedra y Y. Herrero, «Extractivismo y expulsiones: dinámicas organizadoras de una nueva realidad», en Análisis y Perspectivas 2015: empleo precario y protección social, Fundación FOESSA, Madrid, 2015, pp. 37-47, p. 37.

5. D. Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.

6. G. C. Delgado Ramos, op. cit.

7. S. Sassen, Expulsiones, Trotta, Madrid, 2015.

8. ONU Hábitat. http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgra-ding/

9. Karl Polanyi, La gran transformación, ediciones de La Piqueta, Madrid, 1989, pp. 121-135.

10. En este sentido, pueden consultarse las obras de P. Linebaugh y M. Rediker, La hidra de la revolución, Crítica, Barcelona, 2005.

11. D. Castillo, «El análisis sistémico de los conflictos ambientales: complejidad y consenso para la administración de los recursos comunes», en M. E. Salamanca (coord.), Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 2008, pp. 153-172, p.153.

12. M. Svampa, «»Consenso de los Commodities»…», pp. 39-40.

13. J. M. Alier, G. Kallis, S. Venthey, M. Walter. L. Temper, «Social Metabolism, Ecological Distribution Conflicts and Valuation Languages», Ecological Economics, Vol. 70, nº 2, diciembre de 2010, pp. 137-452. Traducción propia. http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VDY … c7c22a011b5cfbe2c850

14. J. Martínez Alier, El ecologismo de los pobres, Icaria, Barcelona, 2004.

15. J. Martínez Alier, «Conflictos ecológicos y justicia ambiental», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 103, otoño 2008, pp. 11-27.

16. E. Gudynas, «Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de los recursos naturales», Observatorio del desarrollo, nº 18, febrero de 2013, pp. 1-17, p. 5.

17. Ibid., p. 5.

18. A. Acosta, «Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición», Ecoportal, 25 de julio de 2012.

19. En este sentido, véase en el ámbito de EEUU, The Joint Operating Environment 2010, US Joint Forces Command, Norfolk (VA), 2010; en el ámbito europeo, Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un mundo mejor, Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 2003 (revisada en 2009); y en el ámbito español, Estrategia de Seguridad Nacional. Una responsabilidad de todos, Presidencia del Gobierno, Madrid, 2011 (revisada en 2013).

20. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014, OCMAL, abril de 2015.

21. CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y Caribe, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2013; y CEPAL, La inversión extranjera directa en América Latina y Caribe, Naciones Unidas-CEPAL, Santiago de Chile, 2015 .

22. K. D’Almeida, «Récord de inversiones en países del Sur, pero ¿a qué precio?», IPS, 25 de junio de 2015. http://www.ipsnoticias.net/2015/06/record-de-inversiones-en-paises-del-sur-pero-a-que-precio/

23. La inversión extranjera se ha multiplicado en un 486% en el caso del petróleo y un 664% en el de la minería en excelentes condiciones para los inversores: Colombia es uno de los países en América Latina que menos recibe en cánones del extractivismo, alrededor de un 16%, frente al 100% de México y el 55% de Chile. Las regalías se mantienen en el 10% para el carbón y el 4% para el oro, aunque ambos productos han aumentado su precio en el mercado internacional un 400 y 500%, respectivamente.

24. A. Pulido, Susurros del Magdalena. Los impactos de los megaproyectos en el desplazamiento forzado, CEAR-Euskadi, Bilbao, 2014.

25. J. C. Clavijo Martín, Mal de muchos: crecimiento económico en medio de la guerra, La silla vacía, 15 de junio de 2011. Citado en «El «boom» minero-energético», en Minería en Colombia: ¿a qué precio?, boletín 18, Brigadas de Paz Colombia, noviembre 2011, p. 5.

26. J. Fierro, «La política minera en Colombia», Seminario Internacional Minería, territorio y conflicto en América Latina, Universidad nacional, Bogotá, 6 de octubre de 2011, citado en Brigadas de Paz, op. cit., p. 6.

27. Web de la Unidad de Restitución de Tierras, Colombia. https://www.restit uciondetierras.gov.co/web/guest/historico-de-noticias/-/noticias/526235 [Consulta: 15 de junio de 2015].

28. CODHES, ¿Consolidación de qué?, boletín informativo 77, febrero de 2011.

29. Brigadas de Paz, op. cit., «Minería en Colombia: ¿a qué precio?», BPC, boletín 18, noviembre de 2011.

30. Datos citados en Conflictos mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación 2014, OCMAL, 2015, p. 50.

31. Entre 2000 y 2010, las transferencias por canon y regalías mineras pasaron de 234 millones de dólares anuales a más de 2.900 millones; por su parte, las exportaciones mineras superaron los 25.000 millones de dólares.

32. 14º Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Reporte Primer Semestre 2014, Cooperacción, Grufides y Fedepaz, Lima, 2014.

33. Defensoría del Pueblo [Perú], Reporte de conflictos sociales, n º 136, Adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, Lima, junio de 2015.

34. «Conflictividad socioambiental se incrementó durante el último año de Gobierno de Ollanta Humala», El Economista [Perú], 14 de julio de 2015. Disponible en http://www.eleconomistaamerica.pe/politica-eAm-pe/noticias/6870402/07/15/-Conflictividad-socioambiental-se-incremento-durante-el-ultimo-ano-de-Gobierno-de-Ollanta-Humala.html#Kku8D5wXgkYLtngi

35. 14º Observatorio…, op. cit.; y 15º Observatorio de conflictos mineros en el Perú. Segundo semestre de 2014, Cooperacción, Grufindes y Fedepaz, Lima, 2015.

36. M. Gavaldà, «Etnocidio en las nuevas fronteras de los hidrocarburos. El avance de la frontera petrolera amenaza a los pueblos en aislamiento voluntario del Perú», Ecología Política, 43, pp. 71-76.

37. A. Urresti y F. Marcellesi, «Fracking: una fractura que pasará factura», Ecología política, 43, 2012, pp. 23-36.

38. The Democracy Center, «The global movement against fracking», Climate Campaign Profiles, 2012, p. 1.

39. Los países favorables al fracking son Alemania, Austria, Dinamarca, España, Hungría, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía, mientras que Francia y Bulgaria han aprobado legislaciones nacionales que prohíben esta técnica en sus territorios.

40. Véase http://www.globalfrackdown.org/

41. Véase http://frackwire.com/anti-fracking/

42. Para un mapa de las concesiones, véase http://www6.mityc.es/aplicaciones/energia/hidrocarburos/petroleo/exploracion2014/mapas/inicio.html

43. Véase listado en Amigos de la Tierra [Consulta: 14 de mayo de 2015]. http://municipioslibresdefracking.org/objetivos/lista-de-municipios-libres-de-fracking/

44. R. Rejón, «Batalla legal para controlar el «fracking» en España», El Diario, 30 de julio de 2014.

45. A partir de ahora, sin cursiva.

46. Tierra y Poder. El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras, Intermón Oxfam, septiembre 2011.

47. S. Sassen, op. cit., p. 99.

48. Daniel, S. y Mittal, A., The greatland grab: rush for world’s farmland threatens food security for the poor, Oakland Institute, Berkeley, CA, 2009, p. 1. Disponible en: http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/LandGrab_final_web.pdf [Consulta: 12 de junio de 2015].

49. VV.AA., El acaparamiento global de tierras. Guía básica, TNI-FUHEM Ecososcial, 2013. Disponible en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Analisis/2013/El-acaparamiento-de-tierras_Guia-basica_junio2013.pdf

50. Michael T. Klare menciona en su libro The race for what is left cómo la revista Euromoney calificó a la tierra como «el nuevo oro», Metropolitan Books, Nueva York, 2012, p. 186.

51. Para un análisis extenso de este asunto, véase E. Toussaint, La banca especula con materias primas y alimentos, 18 de marzo de 2014. Disponible en: http://cadtm.org/La-banca-especula-con-materias.

52. El acaparamiento global…, op.cit.

53. Grandes multinacionales como Cargill y Monsanto participan en alianzas alimento-combustible que utiliza maíz, soja y colza modificados genéticamente. Igualmente, vemos integradas alianzas de empresas Norte-Sur, como en el aceite de palma en Indonesia, dominado por Cargill (transnacional y la mayor empresa privada del mundo en el sector), ADM, Kuck-Wilmar (el mayor fabricante mundial de agrocombustibles) y Synergy Drive, una gran empresa pública de Malaysia. Igual ocurre en la alianza del etanol, formada por agentes de EEUU, Argentina, Brasil y lazos con India, China, Mozambique y Sudáfrica.

54. VV.AA., The many faces of land grabbing, EJOLT, Informe nº 10, marzo de 2014.

55. Sobre saberes tradicionales en torno a la sostenibilidad, véase el semimonográfico de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 107, dedicado a «Sabidurías ecológicas», otoño de 2009, pp. 27-114 y en S. Álvarez Cantalapiedra (coord.), Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas, Icaria, Barcelona, 2011.

56. Paradigma de negociación de conflictos del grupo que trabaja estas temáticas en la Universidad de Harvard.

57. OCMAL et al., Conflictos Mineros en América Latina: extracción, saqueo y agresión. Estado de situación en 2014, OCMAL, abril de 2015, p. 100. Disponible en: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=105397 [Consulta: 9 de junio de 2015].

58. Para un análisis extenso de la «Gran Involución» en diferentes dimensiones, véanse la introducción y semimonográfico de la revista Papeles de cuestiones ecosociales y cambio global, núms. 123 y 124, otoño e invierno de 2013.

59. J. Hernández Zubizarreta, «El nuevo derecho corporativo global», en El estado del poder 2015, TNI, 2015, pp. 3-15.

60. M. L. Malig, Tailored for sharks, TNI, diciembre de 2013.

61. 15º Observatorio…, op. cit.

62. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y otras organizaciones, Conflictos mineros en América Latina. Extracción, saqueo y agresión. Estado de Situación en 2014, OCMAL, Santiago de Chile, 2015, p. 100.

63. OCMAL, 14º Observatorio… op. cit.

64. Bolivia aprobó recientemente una nueva Ley de Minería de Bolivia, que criminaliza el «avasallamiento» de concesiones mineras con hasta ocho años de cárcel. Citado en OCMAL et al., Conflictos Mineros…, op. cit., p. 101.

65. B. Campbell, Mining in Africa. Regulation and Development, Pluto, Londres/CRDI, Ottawa/NAI, Uppsala, 2009.

66. M. T. Klare, The race for what’s left, Metropolitan books, Nueva York, 2012. Sobre las caras más crudas de los futuros conflictos socioecológicos reflexiona Harald Walzer en su libro Guerras climáticas, Katz, Buenos Aires, 2010.

67. C. Martín Beristain, El derecho a la reparación en los conflictos socioambientales, Hegoa/UPV, Bilbao, 2010. También puede consultarse una entrevista con el autor en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Entrevistas/entrevista_CARLOS_MARTIN_BERISTAIN.pdf

68. La integralidad se refiere a la complementariedad entre las diferentes medidas de reparación. La proporcionalidad alude a que las medidas deben estar a la altura del impacto o agresión y supone la necesidad de evaluar las consecuencias e impactos desde una dimensión más integral (ecología, salud, impacto colectivo y psicosocial, etc.). La jerarquía: tiene en cuenta el valor que asignan a las medidas los propios afectados. Por ejemplo, la recuperación del territorio puede ser más importante para comunidades indígenas que una indemnización. La participación, condición esencial que las personas afectadas participen en la toma de decisiones. Conviene tener en cuenta que comunidades afectadas no son homogéneas y existen diferentes intereses y perspectivas. La relacionalidad alude al sentido de pertenencia a la naturaleza y a la colectividad y a la unidad entre todos los elementos, de modo que deben identificarse los impactos que un daño produce a lo largo de toda la cadena en la naturaleza, desde las personas a la flora y la fauna. La diversidad se refiere al respeto a las diversidades culturales y ecosistémicas. Por tanto, las medidas han de ser específicas y adaptadas a cada contexto y cultura.

69. Estos términos se refieren a un continuum en la resolución de una pugna entre partes que va en un gradiente creciente de intervención por parte de terceros: en la negociación las partes negocian mutuamente con presencia o no de una tercera parte neutral; la mediación es un proceso en el que un tercero neutral interviene para facilitar el diálogo entre las partes en un conflicto con el objetivo de llegar a un acuerdo consensuado y/o equitativo; en la conciliación el papel de la tercera parte neutral es más intenso, aunque a menudo este término se emplea como intercambiable con el de mediación; en el arbitraje, un tercero neutral después de escuchar a las partes, toma una decisión para la resolución del conflicto. La facilitación es un término adyacente que consiste en que un tercero ayuda a un grupo de personas a realizar sus tareas u objetivos de la mejor forma posible, entre los que se puede encontrar la resolución de una controversia. El facilitador diseña un proceso y desatasca los momentos de bloqueo. De forma paralela a los anteriores, la figura de ombuds ha comenzado a implantarse en las organizaciones como persona que desde dentro de la entidad escucha, asesora y busca formas de mediación y asistencia en la resolución de conflictos relacionados con políticas, procedimientos y/o decisiones tomadas por la organización que afectan a terceros, quienes hacen uso de sus servicios y/o productos.

70. En una gradación descendente del grado de presión ejercido sobre alguien para que actúe en el sentido que desea otro, la coerción —máximo grado— se refiere a la presión incluido el uso de la fuerza física o psíquica, y se basa en el temor a un daño seguro en caso de incumplir lo ordenado; la coacción alude a la posibilidad de la amenaza del uso de la fuerza; la cooptación en el contexto de la resolución de conflictos se refiere a la inducción a la acción de un tercero mediante presión; la persuasión significa obligar a un tercero a cierta acción o creencia mediante razones; la inducción está muy vinculado al anterior, pero se produce de forma más sutil y con más distancia.

71. La literatura general de resolución de conflictos se está completando en los últimos años con guías específicas de resolución de conflictos socioecológicos, procedentes especialmente de América Latina. Un buen punto de partida son las publicaciones los «Foros Regionales de Transformación de Conflictos Socioambientales» que promueve la Fundación Futuro Latinoamericano, disponibles en: http://www.ffla.net/qu%C3%A9-hacemos/iniciativas-estrat%C3%A9gicas/foros-regionales-sobre-transformaci%C3%B3n-de-conflictos-socioambientales.html

72. Existen distintas denominaciones de aproximación al tratamiento de los conflictos, con ligeras diferencias: manejo de conflictos; gestión de conflictos; re- solución de conflictos; y transformación de conflictos, entre las más populares. En contraste a las otras, la transformación de conflictos los concibe como un tipo de fenómeno consustancial a las relaciones humanas y sociales que presenta oportunidades para el cambio social. Incluye en su análisis y acción la intencionalidad de incidir en las reglas del juego y tener en cuenta las relaciones de poder. Nos ubicamos desde este entendimiento, si bien en este texto se emplea la denominación de «resolución de conflictos» por ser la más utilizada.

73. Cabe aquí introducir un concepto matizado del término comunidad, alejado de una noción idealizada, ya que existen tantas expresiones de comunidad como comunidades, con múltiples dinámicas internas y externas. La comunidad puede resultar tanto en un instrumento de empoderamiento y emancipador como ser vehículo de desigualdad e injusticia cuando se impone un esquema caciquil.

74. Entre esas organizaciones a escala global figura el movimiento por la justicia ambiental, proyectos de investigación conjuntos (como EJOLT), observatorios, organizaciones ecologistas, activistas varios, campañas globales —como Stop Corporate— e iniciativas trasversales de los afectados, como el Tribunal Permanente de los Pueblos o La Vía Campesina, que avanzan en un discursos común de los afectados.

75. Ya se han sobrepasado tres de los nueve límites ecológicos identificados por los expertos. Se trata de los niveles de saturación de CO2 por cambio cli- mático, la reducción de la biodiversidad y la interferencia humana en el ciclo del nitrógeno. De los restantes —acidificación de los océanos, agotamiento del ozono, disponibilidad de agua dulce, cambio en la utilización del suelo y contaminación química— varias de las categorías se acercan rápidamente al umbral. Vid. J. Rockström et al, «A Safe Operating Space for Humanity», Nature, nº 461, 2009, pp. 472- 475.

Descargar texto completo en formato pdf: Contradicciones en los límites: la intensificación contemporánea de los conflictos socioecológicos.

Ofrecemos a continuación un artículo sobre los posibles riesgos de esta fusión en Europa, escrito por Tizziano Gomiero y Monica Di Donato para el número 139 de nuestra revista PAPELES.

TIZIANO GOMIERO Y MONICA DI DONATO
Megafusiones en el sistema agroalimentario: el caso de Bayer-
Monsanto. ¿Qué riesgos hay en Europa?

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 139, otoño 2017, págs 39-53.

En las últimas décadas hemos asistido a un rápido proceso de globalización de los mercados, y el control de los mismos se ha ido concentrando cada vez más en las manos de un número reducido de empresas multinacionales. A lo largo de este último año, en concreto, se ha ido perfilando una transición de proporciones dantescas, con tres megafusiones en el sector agroalimentario y químico-farmacéutico, que implicará que las tres multinacionales resultantes controlarán entre el 70-75% del mercado mundial de pesticidas, el 60-65% del mercado mundial de semillas y la casi totalidad de las patentes sobre seres vivos.

Estas grandes alianzas intersectoriales de las corporaciones agroalimentarias, abren el camino a una agrupación y a un control corporativo sin precedentes en los primeros niveles de la cadena alimentaria industrial y sobre recursos básicos. Se deben tomar acciones urgentes para vigilar, regular, controlar y frenar el poder corporativo antes de que la soberanía alimentaria de los pueblos se vea más amenazada, si cabe.

A lo largo de este artículo se explorarán los problemas que podría comportar la formación de estas concentraciones para el sistema agroalimentario, y nos centraremos en el caso de Bayer-Monsanto y sus repercusiones en el contexto de la Unión Europea.

El artículo está disponible para descargar a texto completo y de forma gratuíta en formato pdf:

Megafusiones en el sistema agroalimentario: el caso de Bayer-Monsanto. ¿Qué riesgos hay en Europa?

Este artículo forma parte del ESPECIAL dedicado al Empleo Precario, del número 140 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio global.

Tiempos de precariedad. Una mirada multidimensional a la cuestión precaria
Lucía Vicent Valverde

Resumen
Resulta habitual comprender la precariedad como un fenómeno que se circunscribe al ámbito del trabajo asalariado, ligándolo con la degradación de las formas o condiciones del empleo, sin reparar que su manifestación, así como su extensión, efectos y consecuencias, rara vez se limita y pueden contenerse dentro de esa fracción de tiempo dedicada al mercado. Las transformaciones que alteran las pautas de empleo, bien sea a través de los ingresos, las formas de contratación o incluso los derechos asociados al puesto de trabajo, provocan importantes alteraciones en los distintos espacios que dibujan nuestra trayectoria vital. Sin embargo, buena parte de las aproximaciones interesadas en analizar el mundo del trabajo suelen ignorar las actividades, relaciones e interdependencias que envuelven a esta categoría (el trabajo) y las dimensiones afectadas por los procesos de precarización (el empleo, pero también la protección social, los cuidados, la participación social, etc.). Parece necesario, por tanto, abordar la precariedad desde una mirada amplia capaz de integrar su complejidad e incidencia en aquellos ámbitos en los que repercute y que alteran las condiciones de vida y bienestar de las personas, formen parte o no de la actividad salarial. Solo así sabremos la verdadera magnitud y urgencia que requiere atender la cuestión y el alcance de las posibles soluciones que puedan revertir esta problemática.

Lucía Vicent Valverde del equipo de FUHEM ecosocial, es además profesora en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en ICEI-UCM.

Todavía hoy, en plena resaca de uno de los mayores desacoples entre demanda y oferta de trabajo que ha afectado a las principales economías del mundo, es habitual que se haga referencia al objetivo de la creación de empleo, como si ese objetivo validara la política económica, sin reparar en su calidad o en la forma en la que se realizan el resto de trabajos necesarios en la sociedad.

   No es en absoluto baladí que los logros de la política económica a nivel nacional consistan o queden limitados a una concepción reduccionista del trabajo, ignorando que, además de la creación de puestos de trabajo, la acción política se proyecta en otras muchas direcciones que desbordan el mercado laboral e incluso los contornos de la economía y que buena parte de los puestos de trabajo generados son de muy mala calidad. Pero hay más. La degradación de las condiciones de empleo repercute en otras esferas de la vida que trascienden la dimensión mercantil, lo cual tiene que ver con el acceso a unos ingresos suficientes, el disfrute de unos derechos sociales y la disponibilidad de tiempos para la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar; todo ello se relaciona con el alcance de unos umbrales aceptables de calidad de vida y bienestar que retroceden y ponen en peligro las condiciones de la reproducción social tal y como la conocemos.

Es por ello que la problemática del trabajo precisa ocupar con urgencia un lugar central en el debate académico y en las agendas políticas. El empleo, tal y como se conocía a mediados del siglo pasado, casi no se reconoce a consecuencia de muchas de las formas que hoy adopta. Los problemas que arrastra el mercado de trabajo se trasladan a otros ámbitos de nuestra cotidianeidad y la precariedad se ha convertido en la cuestión social principal del siglo XXI.¹

Ahora bien, adentrarnos en el estudio de la precariedad desde una perspectiva amplia como la que se plantea no es tarea fácil, como tampoco lo es aproximarnos al proceso de precariedad y su efectos sin olvidar las relaciones que operan en el espacio social, sin las cuales, no puede explicarse la traslación de lo que ocurre en el mercado de trabajo a otras esferas de la vida y que entraña graves consecuencias para la satisfacción de las necesidades colectivas y su sostenimiento.

Origen y debate en torno a la precariedad

Si bien es cierto que el término precariedad fue empleado por primera vez a mediados del siglo pasado, en concreto en los años cincuenta,² no fue hasta la década de los 2000 cuando se extiende su uso en la literatura; lo mismo ocurre con otros términos de similar aceptación como el de trabajo precario, la precarización y, por supuesto, el precariado.³ A partir de entonces, el concepto de la precariedad apela a uno de los principales desafíos de las sociedades contemporáneas, y revela el nacimiento de un nuevo régimen de organización del trabajo y de integración profesional en las economías occidentales.⁴ Ello ha contribuido a que, a día de hoy, la noción de precariedad haya ganado una relevancia creciente en el terreno académico y político para describir los cambios que han alterado las características del empleo.

En el lenguaje común, el trabajo no precario es aquel que acredita unas condiciones adecuadas en calidad y cantidad, según el estándar de referencia que socialmente es asumido. Sin embargo, como ocurre con todos los conceptos que se refieren a la mayor o menor presencia de ciertas propiedades con las que se conecta su definición, la concreción de la condición precaria depende de las situaciones concretas del trabajo en cada contexto de referencia. Por ejemplo, en Francia, Italia o España se utiliza indistintamente el empleo precario para referirse a situaciones que no son análogas y que con frecuencia se agrupan bajo un significado no uniforme del concepto; y lo mismo ocurre a escala internacional con otros casos.⁵ Pese a los distintos planteamientos que se articulan en torno a la precariedad, todavía hoy no se dispone de una categoría analítica homogénea y compartida que sea independiente de las particularidades propias de cada contexto y que permita descender a sus rasgos identificativos para determinar la presencia de este fenómeno.⁶

Acudiendo a las visiones más convencionales encontramos que la precariedad ha sido concebida únicamente por la ausencia de una o varias singularidades en la relación laboral, las más recurrentes: el carácter temporal, el tipo de jornada o los salarios. Añádase que la observación, en cualquiera de los casos, se restringe al mercado de trabajo o, en su caso, al estudio de la calidad del empleo remunerado.

Así, la eventualidad en la contratación supone uno de los principales rasgos con los que se ha relacionado el empleo precario. Está presente en buena parte de las investigaciones sobre la calidad del empleo en Europa y, más si cabe, en el caso de nuestra economía.⁷

Esta percepción parcial del fenómeno precario, a la que instituciones y organismos internacionales también se acogen, deriva sin duda de la magnitud que adquiere la temporalidad en la ocupación, llegando a ser la primera aceptación del término en nuestro país.⁸

En la misma línea, y como consecuencia de la creciente participación femenina en el empleo y el intento por conciliar las tareas domésticas con el trabajo remunerado, se extendió una percepción de la precariedad unida al surgimiento de la contratación parcial en las economías occidentales. Este tipo de contratos, junto a los eventuales, fueron considerados como otra forma más de precariedad laboral entre las principales referencias sobre el tema. Aunque pronto se precisó que la parcialidad de la jornada no necesariamente constituía un trabajo de peor calidad, sino que podría ser una vía para la conciliación que abría la opción para compaginar las responsabilidades laborales y familiares.⁹

En base a lo anterior, otras elaboraciones teóricas se vieron en la tesitura de incorporar nuevas dimensiones que confirmasen la hipótesis de que el trabajo a tiempo parcial implicaba una mayor precariedad en muchos lugares, e incorporaron variables adicionales para demostrar esta relación. Así, el salario constituyó el indicador principal a la hora de discriminar si un trabajo mercantil a tiempo parcial era o no precario.¹⁰

Ante la insuficiencia de estas propuestas, seguidas por diferentes investigadores, ganó peso la idea de que el problema de las nuevas formas de empleo era en realidad el «carácter derogatorio de lo que se considera como el empleo normal».¹¹ Porque, como consecuencia de las nuevas relaciones laborales, económicas y sociales, las características del empleo tradicional se transformaban con carácter general, más allá de las formas contractuales concretas que existiesen en cada caso particular.¹² Así, en unos mercados de trabajo habitualmente alejados del pleno empleo, ganan terreno puestos de trabajo desprotegidos en muchos sentidos, frente al despido o las malas condiciones laborales, ante unos ingresos que no garantizan un salario suficiente ni cuentan con actualizaciones negociadas colectivamente, o en donde la protección social carece de un nivel adecuado de cobertura.¹³ Con estas preocupaciones, han sido lanzados nuevos planteamientos de la relación laboral que han dotado de contenido la cuestión precaria y su definición.

Una de sus propuestas definió el empleo precario como aquel «inestable e inseguro que realiza el trabajador asalariado y que tiene en el tipo de contrato su factor más determinante».¹⁴

De ese modo, ambos condicionantes –inestabilidad e inseguridad– constituirían una nueva centralidad del trabajo para la sociedad y debían incorporarse en cualquier aproximación posterior al término.¹⁵ Son Rodgers y Rodgers (1989) quienes descienden en la concreción de ese carácter inestable e inseguro del empleo, señalando cuatro aspectos de la relación laboral:

– horizonte temporal a corto plazo o riesgo elevado de perder el empleo;
– inseguridad en cuanto a las condiciones de trabajo, los ritmos de ejecución o la remuneración;
– desprotección de cobertura social o de despidos improcedentes; y
– mala remuneración.¹⁶

Años después, estos mismos autores añadirán la protección del empleo frente a la discriminación y el amparo legal de las condiciones laborales, como elementos que nos alejan de la precariedad; y matiza, a su vez, que se considerará una mala (o precaria) remuneración si los ingresos pueden asociarse a situaciones de inserción social insegura o pobreza.¹⁷

Se constata que el carácter inseguro e inestable de las modalidades de empleo ha sido uno de los principales elementos compartidos en las sucesivas aproximaciones en torno a la precariedad y sobre el que existe un cierto consenso teórico al respecto. Ejemplo de ello lo encontramos desde las primeras definiciones de empleo precario que ofrece la OIT, en las que se refiere a la «Relación laboral donde falta la seguridad de empleo»,¹⁸ resultado de la conjunción de múltiples elementos, cuya concreción se manifestaba en el carácter multifacético de las «condiciones precarias» de empleo:

«i) salario bajo; ii) escasa protección frente al despido; iii) falta de acceso a la protección social y a los beneficios que se suelen asociar con un empleo estándar de tiempo completo; y iv) posibilidad limitada o nula de los trabajadores de ejercer sus derechos en su trabajo».¹⁹

En una línea de argumentación muy similar, aproximaciones más recientes detectan la ausencia de dos cuestiones fundamentales en los esfuerzos anteriores por definir el concepto. Una es la importancia de los agentes sociales en la trayectoria de la precariedad, por su influencia en las relaciones de empleo y en los mecanismos de garantía social. Cuando las características del puesto son insuficientes, existen ciertas garantías interpuestas por los representantes sociales que son fundamentales para evitar la inseguridad y la inestabilidad en nuestras trayectorias laborales y vitales. La segunda precisión añade un elemento adicional definitorio de la precariedad para comprender su repercusión en el entorno social; así como el empleo precario genera inseguridad e inestabilidad, en último término provoca una vulnerabilidad social y económica que se traslada a las personas que la padecen.²⁰ Ambas cuestiones ponen de manifiesto la complejidad del fenómeno y la necesidad de superar una mirada estrictamente laboral cuando atendemos la cuestión precaria.

Trascender la esfera laboral de la precariedad y atender sus consecuencias

Cuando nos encontramos ante casos extremos de precariedad existe un riesgo añadido que supera la esfera económica del mercado y se desplaza fuera de los márgenes de la arena social, asumiendo formas de exclusión laboral. Así entendida, la «relación laboral es precaria si el trabajador, en virtud de sus actividades laborales, cae bajo el estándar socialmente reconocido de ingreso, seguridad y/o nivel de inclusión social».²¹ Por tanto, existe una interrelación entre lo que ocurre en el empleo y las opciones de alcanzar una determinada posición en el espacio social que no puede ser ignorada cuando estudiamos las formas de empleo precario.

En un plano más analítico, los intentos por comprobar que esta problemática se traduce, reiteradamente, en una situación de inestabilidad, inseguridad y vulnerabilidad en el empleo y la vida de las personas han sido numerosos, tanto a escala nacional como internacional.²² Se encuentran los que señalan hacia una diversidad tan amplia según la geografía a la que señale su estudio que obliga a introducir ciertas matizaciones por las particularidades concretas que ofrecen algunos de los casos. En lo que concierne al contenido de esta propuesta diremos que, aun compartiendo la necesidad de alcanzar una definición común que permita la comparativa, la referencia europea es ineludible, al igual que lo es el caso español.²³ Por el simple hecho de la combinación de un determinado nivel de empleo, una mayor o menor presencia de estrategias para potenciar la calidad del empleo y unos sistemas de protección social con mecanismos y coberturas divergentes a otros países, la precariedad en España adquiere una particularidad propia.

Como se comprueba, las menciones hasta aquí señaladas forman un recorrido en el que puede apreciarse un afán por incorporar distintos planos de análisis al observar el fenómeno de la precariedad. Estos constituirán una preocupación común para las sucesivas enunciaciones que reclamarán un carácter extralaboral y multidimensional de esta problemática.

Si bien la discusión acerca de la precariedad se ha centrado, en mayor o menor medida, en lo laboral, hay razones para reconsiderar un concepto de precariedad que incorpore aspectos que exceden las condiciones de trabajo y a las personas que directamente se relacionan con el empleo.²⁴ Según las vulnerabilidades implícitas que comporta este fenómeno, la precariedad pone en riesgo los empleos aparentemente seguros y las condiciones de vida de aquellos que dependen de la relación laboral como principal fuente de ingreso.²⁵ De ahí que la influencia de la precariedad se extienda por todo el tejido social, afectando a personas empleadas, desempleadas o a quienes, sin participar o buscar un empleo, trabajan en otras esferas no monetarias y dependen de los salarios de otras personas o de las prestaciones públicas para mantener sus condiciones de vida y alcanzar ciertos niveles de bienestar.

Esta interpretación extralaboral de la precariedad está cada vez más presente en las investigaciones que conservan la idea de que la precariedad, de una u otra forma, genera un aumento de la inestabilidad, inseguridad, dependencia y vulnerabilidad de los trabajadores, tanto de aquellos que lo hacen en el espacio productivo del mercado como en el de la reproducción social.²⁶ Estos elementos repercuten en el ejercicio del empleo y se propagan a otras facetas de nuestra vida que afectan a la manera en la que se realiza el conjunto de los trabajos; y lo hace a través de diferentes canales:

• Por un lado, porque las características de este nuevo empleo definen las relaciones de poder de la actividad laboral, el clima de trabajo en las empresas o las garantías sociales a nivel público. La precariedad laboral expresa crecientes asimetrías en el proceso de producción en favor del capital que se manifiestan en la empresa, en los contratos y formas de organización y gestión de mano de obra, pero que tienen derivadas en el modelo de regulación social y en las decisiones en materia de protección social y política económica.²⁷

• Por otro lado, porque la mala calidad del empleo afecta a las personas empleadas y a sus allegados –carácter individual y colectivo– tanto en el momento en el que la padecen como en el futuro –efectos estructurales que se trasladan de una generación a otra–. Las distintas formas de empleo con las que se relaciona la precariedad suponen la reducción o pérdida de la capacidad de planificar y controlar su trayectoria profesional y vital, la aleatoriedad de las opciones de mejora laboral y social, o las dificultades de integración social y de acceso al bienestar material.²⁸ Esta incertidumbre y falta de autonomía se traslada a otros miembros del hogar que dependen de los ingresos que proceden de ese empleo o a los que se tiene derecho tras la salida del mercado o por motivos de salud.²⁹

Todos estos aspectos tienen su reflejo en las condiciones materiales de vida –pero no solo materiales– del conjunto de la población que ve recortadas las prestaciones laborales, pero también sus derechos sociales. Al degradarse con carácter general los estándares de empleo y rebajarse el marco normativo en el que se establecen las garantías laborales y sociales, ocurre un proceso de desarticulación de las coberturas públicas con efectos devastadores que se proyectan en muchas dimensiones (la salud, los accidentes físicos o riesgos psicosociales, la disponibilidad de tiempos para el ocio o los cuidados, etc.).³⁰

Estos enfoques, además de relacionar el empeoramiento del empleo con el de los resultados en los distintos indicadores aplicados para valorar otros aspectos de la vida cotidiana, inciden en el coste que para el conjunto de la sociedad conlleva un empeoramiento general de estos indicadores. Pese a todo, se confirma que la magnitud y consecuencias de este fenómeno no son neutras, e inciden en aquellos grupos más vulnerables de la sociedad donde, todavía hoy, la cuestión de género parece ser el principal factor de separación a la hora de sufrir la degradación de las condiciones en las que se realizan los trabajos.³¹

La incorporación de la perspectiva de género en la aproximación a la precariedad laboral

Como consecuencia de la influencia de las relaciones capitalistas y patriarcales que operan en la economía, suele pasarse por el alto el sesgo masculino que afecta a la concepción del trabajo y a la aproximación y estudio de la precariedad.³² Ya sea centrándonos en un plano únicamente laboral o bien comprendiendo esta en toda su complejidad, el género potencia la incidencia de la cuestión precaria y su magnitud, fruto de las relaciones que determinan su rol en el desarrollo de los distintos trabajos y envuelven su reparto y valoración. Cuestión que por supuesto no puede ignorarse en una aproximación a la degradación de las condiciones en las que se realizan y asumen los distintos trabajos, ya sea en la esfera del mercantil o en el ámbito privado de los hogares.³³

Tanto si nos ubicamos en el plano laboral de la precariedad sin ignorar las interferencias con planos con los que interactúa (político-institucional, socio-cultural, económico) y la relación que mantiene con el ámbito privado, como si nos referimos a la precariedad en general, constatamos que mujeres y hombres mantienen una asignación de roles y posiciones de poder que repercuten en una incidencia diferenciada del fenómeno precario en todas sus manifestaciones. En este punto entra en consideración que las exigencias que provienen del mercado y que generan elementos de discriminación, descritas en las nuevas modalidades de contratación y en trayectorias profesionales desdibujadas, coexisten y se combinan con aquellas otras que establece otro tipo de contrato, el contrato sexual.³⁴

La precariedad de las mujeres en la esfera del mercado

Si observamos lo que ocurre en el terreno mercantil, en el que se desarrolla el trabajo remunerado, los elementos que nos informan tanto de la cantidad como de la calidad laboral manifiestan una infravaloración del empleo femenino, es decir, una representación inferior de las mujeres en los puestos de trabajo que se alejan de la precariedad.³⁵ Este problema se remonta al proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo que, aun teniendo consecuencias económicas, sociales y culturales positivas que equipararon la participación de ambos sexos en la sociedad, no se han logrado superar los obstáculos que les permitieran alcanzar las mismas oportunidades disponibles para sus homólogos masculinos.

Muchas mujeres, a consecuencia de las restricciones que encuentran o influidas por las responsabilidades que deben asumir en la esfera de la reproducción, quedan automáticamente excluidas de las actividades del mercado y, por extensión, de la consideración social para las actividades que realizan (ya sea a través de una remuneración o del reconocimiento de su importancia).

Por el contrario, la contrapartida para aquellas que dedican su tiempo y trabajo al cuidado del hogar y de sus familias ha sido una categorización desvirtuada de su condición de trabajadora.³⁶ Se demuestra de esa manera que: «Las situaciones de empleo distintas de la ocupación asalariada quedaban habitualmente fuera de toda consideración: tanto la de desempleo como la de los empleos que hoy en día llamamos “atípicos” y la de “inactividad”».³⁷

Se valorará, por tanto, de manera positiva cualquier iniciativa que se dé desde el trabajo en los hogares para conseguir un empleo, hasta el punto de que sea preferible estar en situación de desempleo o de precariedad laboral a la “inactividad”.

En paralelo, cuando las mujeres acceden a un puesto de trabajo remunerado, este se ubica mayoritariamente en sectores y segmentos de actividad donde las tareas tienen una valoración menor y, con frecuencia, se perciben menores salarios y las condiciones laborales son de peor calidad (segregación horizontal o sectorial).³⁸ O lo que es lo mismo, se verifica, en palabras de las autoras, que el sistema económico ejerce una explotación mayor hacia las mujeres, consolidándose un mercado de trabajo que subordina su papel como trabajadoras y compromete las aspiraciones femeninas en la esfera mercantil, pero también fuera de ella.³⁹ Prueba de ello es la preponderancia de la participación femenina en las modalidades atípicas de empleo (contratos temporales, a tiempo parcial, pluriempleo, subempleo, teletrabajo, etc.) que suponen un claro riesgo de sufrir la precariedad laboral cuando acceden a la esfera de la producción. No debe olvidarse, por supuesto, la relevancia que presentan otras características personales susceptibles de generar un trato desigual en los salarios (edad, clase social, etnia, etc.) y que, según cada contexto, se complementan con la discriminación femenina apuntada.⁴⁰ Aspectos que no pueden quedar al margen, omitiendo la importancia del género, cuando asumimos la complejidad que entraña una comprensión profunda de la precariedad.

Sin menospreciar estos avances, que apuntan a la existencia de condicionantes en la esfera productiva, lo cierto es que las explicaciones –o causas en su lugar– al respecto se limitan a describir el funcionamiento de las relaciones laborales mercantiles sin profundizar en las lógicas que afectan a las decisiones tomadas en otros espacios y estructuras que perpetúan las desigualdades en el entramado social. Y son precisamente estas lógicas fuera de la esfera productiva las que irrumpen y dan continuidad a las desigualdades en la relación laboral y en otros aspectos con los que se relaciona la precariedad.

Se presupone que las mujeres tienden a ocupar puestos de menor responsabilidad, a tiempo parcial, en determinados sectores y con inferior estabilidad, lo que lleva asociado unos menores niveles retributivos. Sin embargo, se olvidan de la carga cultural y social que subyace en las preferencias de unas y otros por ocupar determinados puestos de trabajo o sectores de actividad. Se ignora el distinto papel asignado a unas y otros que deriva en trayectorias vitales y laborales basadas en una concepción tradicional de la disponibilidad para el empleo de mujeres y hombres.

La doble presencia femenina en los trabajos

Conforme a lo anterior, pueden rescatarse aportaciones teóricas más cercanas a la argumentación que apoyamos cuyo elemento común es incorporar nuevos factores explicativos de la desigual precariedad que afecta a las mujeres y que demuestran una repercusión que se traslada a otras dimensiones de la vida cotidiana. El hecho de pretender contribuir a una profunda comprensión de estas desigualdades supone un esfuerzo de reflexión importante que, hasta el momento, solo ha sido realizado por parte de la economía feminista en un intento por superar las limitaciones de las teorizaciones disponibles, las cuales no recogen la sensibilidad de género necesaria para mostrar las desigualdades existentes en el mercado.

La desigualdad varón-mujer en la división sexual del trabajo retroalimenta la posición de segundo orden en el mercado laboral de las mujeres en relación a los varones.⁴¹ La responsabilidad en los trabajos domésticos y de cuidados por parte de las mujeres supone uno de los determinantes principales de la discriminación laboral; una carga que, mientras no exista una corresponsabilidad de los trabajos familiares, es irreconciliable con el empleo en el actual sistema de relaciones laborales. Al margen de si esta situación se da o no, la creencia de que los compromisos con la reproducción son una responsabilidad femenina permanece y supone un impedimento a la hora del acceso de las mujeres al mercado laboral.⁴²

   Al incluir la importancia de las tareas domésticas y de cuidados en la reproducción, que poco o nada tienen que ver con su compra-venta en el mercado, y las desigualdades de género en el reparto de las actividades, el estudio de la precariedad cobra un sentido mayor en la realidad laboral y extralaboral, añadiendo cuestiones en la valoración de la calidad de los trabajos que ligan con muchos otros elementos (opciones de conciliación, desempeño del empleo en horas socialmente desfavorables, facilidades o dificultades al interrumpir las carreras profesionales derivadas de la maternidad y los cuidados a hijos/as, etc.).

Esto nos lleva a enunciar que existe la precariedad en un sentido más amplio, de carácter social si se prefiere, que se combina con la laboral y que podríamos definir como «aquella desigualdad institucionalizada en el reconocimiento, el acceso y el ejercicio de derechos, que supone la imposibilidad real de disponer de un modo sostenido de los recursos adecuados para satisfacer el conjunto de necesidades humanas».⁴³

De ahí, que la forma de aproximarnos a la precariedad conlleve en paralelo su diagnóstico a partir de las variables capaces de percibir el grado de incertidumbre, inseguridad, vulnerabilidad, dependencia y discriminación en el acceso a los recursos necesarios para vivir y que son comprendidos bajo el término de calidad de vida o bienestar social.⁴⁴

Lo anterior nos conduce a definir la precariedad laboral como la forma que adquiere la degradación del empleo y que afecta, principalmente, a las oportunidades de entrada y a los ingresos, las condiciones y los derechos vinculados al desarrollo de una ocupación laboral. Atenderemos su incidencia, por tanto, a partir de la agrupación de actividades que se mantiene en las estadísticas oficiales (trabajo remunerado o empleo) y observamos los efectos interrelacionados que supone su avance para los trabajos más significativos de la reproducción (tareas domésticas y cuidados).⁴⁵

Tal y como hemos definido el fenómeno de la precariedad precisa de un análisis amplio, complejo y multidimensional, que implica, al menos, dos cuestiones:

Por un lado, que abarque desde las remuneraciones hasta las condiciones y los derechos en la esfera productiva; y, por ende, detecte los déficits en los aspectos incluidos en alguna de estas tres esferas (remuneración, condiciones y derechos) que nos conducen directamente a hablar de precariedad laboral. Aplicando una perspectiva de género en estas cuestiones, el análisis nos deberá permitir observar el diferencial que muestran hombres y mujeres en el conjunto de variables colindantes a la precariedad y que van más allá de las tasas del acceso al empleo, la adecuación de los salarios o la distribución sectorial de la ocupación.⁴⁶

Entre ellos, podemos destacar algunos condicionantes a valorar en la calidad del empleo. Por ejemplo, en función de su capacidad para proveernos de una continuidad y seguridad adecuada en nuestras trayectorias laborales y vitales como la inestabilidad en la relación laboral, la parcialidad, el pluriempleo, los falsos autónomos o la falta de seguridad laboral que afecta a las jornadas y la conciliación, pudiendo derivar en riesgos para la salud.⁴⁷

Asimismo, también se considerará la disposición de una protección necesaria en materia de derechos y coberturas para la garantía de unos mínimos umbrales de vida cuando, por distintos motivos no hemos participado del trabajo remunerado o se restrinja la relación laboral (por incapacidad, enfermedad, invalidez o desempleo) por tratarse de las principales vías de protección ante la pobreza y la exclusión que afectan desigualmente a distintos colectivos de trabajadores.⁴⁸

Precisión aparte, como se señalaba, merece la desagregación sexual que permiten las variables de interés incorporadas al diagnóstico de la precariedad.

Por otro lado, se requiere una aproximación al fenómeno precario que incluya los factores condicionantes que superan el plano laboral y el de la economía, los cuales se proyectan en otras esferas, entre las cuales la institución familiar y las relaciones dentro de los hogares son cruciales para explicar las desigualdades entre trabajadoras y trabajadores. Por tanto, se añade, como parte del análisis, el papel jugado por otras instituciones que trascienden el mercado (poderes públicos y unidades familiares) en la provisión de los bienes y servicios necesarios que permitan cubrir las necesidades con las que se relaciona la calidad de vida de las personas.

Esto remite a la incorporación de medidores adecuados para percibir estas consecuencias para los trabajos reproductivos sabiendo que las variables distan de las planteadas para valorar la precariedad en el terreno del mercado. Además de los indicadores que nos permiten evaluar el incremento de la carga de trabajos que recae sobre los hogares y las tensiones que el desigual reparto de responsabilidades genera por cuestión de género, nos interesa puntualizar algunos de los riesgos que esto supone para la sostenibilidad de las condiciones que permiten la reproducción social. Entre ellos, los principales que a priori pueden apuntarse tienen que ver con la provisión pública de transferencias y servicios públicos puestos a disposición de la ciudadanía, los recursos disponibles de los hogares y la carga de los trabajos no mercantiles que recae sobre ellos, el desigual reparto de los mismos dentro de las unidades domésticas o la incidencia de su distribución entre sus integrantes.

Los factores de discriminación –tanto entre sexos y en perspectiva de género–, que explican como eje transversal la presencia desigual de la precariedad entre mujeres y hombres, apuntan hacia factores presentes en la cultura y en las identidades, derivados de las relaciones de género que caracterizan el funcionamiento de la sociedad y rigen el imaginario colectivo.⁴⁹

En vista de lo anterior, nos alejamos de una visión dicotómica de la realidad, en concreto aquella que separa espacios sociales y afirma que lo “público” (Estado, mercados, trabajo asalariado) poco o nada tiene que ver ni repercute en lo “privado” (grupos familiares, trabajos de cuidados, redes de solidaridad), y que ignora cómo la precariedad se manifiesta en lo privado en sus formas más graves.⁵⁰

En definitiva, la disponibilidad de tiempos suficientes para la reproducción, el compromiso público y masculino con los cuidados, y las condiciones de seguridad y estabilidad que proporciona un empleo en buenas condiciones son indispensables para atender de forma adecuada las necesidades materiales, afectivas y de cuidados con las que se relaciona la precariedad y que permiten garantizar el sostenimiento de una vida digna. Pero a pesar de la importancia de estos elementos, si no son integrados en el diagnóstico y el diseño de medidas orientadas a paliar el avance de la precariedad, las posibles soluciones seguirán sin atender profundamente esta problemática y seguirán sin resolverse los impedimentos para alcanzar el compromiso social con la reproducción, una verdadera igualdad en los itinerarios vitales de las mujeres y la viabilidad a largo plazo de la preservación del bienestar y las condiciones de vida para el conjunto de la población.

NOTAS:

1 K. Dörre, «La precariedad: ¿centro de la cuestión social en el siglo XXI», Actuel Marx/Intervenciones, núm. 8, 2009, pp. 79-
108.
2 D. Day, «Poverty and Precarity», The Catholic Worker, 2 (6), 1952, disponible en: http://www.catholicworker.org/dorothyday/articles/633.pdf.
3 G. Standing, El precariado. Una nueva clase social, Pasado y presente, Barcelona, 2013.
4 S. Paugam, Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l`intégration professionnelle, Presses universitaires de France, París, 2000; y R. Castel, L’insécurité social; Qu’est-ce qu’être protégé?, Éditions du Seuil-La République des Idées, París, 2003.
5 Asimismo, comprobamos, tanto en el debate teórico como en el público, la utilización de otros términos para aludir a las mismas cuestiones que caracterizan al trabajo precario, como sucede, por ejemplo, en el Reino Unido (poor jobs) o Alemania (geringfügige beschäftigung schein-selbstständigkeit). J. C. Barbier, A. Brygoo, F. Viguier y F. Tarquis, «Normative and regulatory frameworks influencing the flexibility, security, quality and precariousness of jobs in France, Germany, Italy, Spain and the United Kingdom. ESOPE Project, Work package 1.2.», Centre d’Etudes de l’Emploi, Paris, 2003 y M. Laparra, La construcción del empleo precario. Dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral, Cáritas y Fundación Foessa, Madrid, 2006.
6 D. Gallie, «Production Regimes and the Quality of Employment in Europe», Annual Review of Sociology, núm. 33, 2007, pp.
85-104.
7 M. S. Ruesga (dir.), Economía del trabajo y Política Laboral, Editorial Pirámide, Madrid, 2002; y L. Toharia, (dir.), El problema de la temporalidad en España: un diagnóstico, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), Colección Economía y Sociología del Trabajo, Madrid, 2005.
8 Según puede comprobarse en el Diccionario de la Lengua Española al definir la cualidad precaria como «de poca estabilidad o duración».
9 B. Appay, «Social Precarisation and Strategic Power», XIIIth. World Congress of Sociology, 18-23 de julio de 1994, Bielefeld, Alemania.
10 Con posterioridad fue el carácter involuntario de los contratos parciales el que demostrará que esta modalidad contractual generalmente no es una preferencia para las personas empleadas.
11 G. Caire, «Précarisation des emplois et régulation du marche du travail», Sociologie du travail, núm. 2, 1982, p. 135.
12 R. Boyer, «Les transformations du rapport salarial dans la crise. Une interprétation de ses aspectes sociaux», Critiques de l’économie politique, núms. 15-16, 1981, pp. 189-193; S. Deakin y E. Wilkinson, «Labour law, social security and economic inequality», Cambridge Journal of Economics, núm. 15, 1991, pp. 125-148; y C. Prieto, «Los estudios sobre mujer, trabajo y empleo: caminos recorridos, caminos por recorrer», Revista Política y Sociedad, núm. 32, 1999, pp. 141-149.
13 E. Cano, A. Bilbao y G. Standing, Precariedad laboral, flexibilidad y desregulación, Germania, Valencia, 2000.
14 P. Guerra, «La precarización del empleo: algunas conclusiones y un intento de operacionalización», en El empleo precario y el empleo atípico, Documento de Trabajo,1994, p. 56.
15 L. E. Alonso, «Centralidad del trabajo y cohesión social: ¿una relación necesaria?», Gaceta sindical: reflexión y debate, núm. 7, 2006, pp. 101-126.
16 G. Rodgers y J. Rodgers, Precarious Jobs in Labour Market Regulation. The Growth of Atypical Employment in Western Europe, International Institute for Labour Studies/Free University of Brussels, ILO, Ginebra, 1989.
17 G. Rodgers y J. Rodgers, El trabajo precario en la regulación del mercado laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992.
18 OIT, Tesauro OIT, terminología del trabajo, el empleo y la formación, OIT, Ginebra, 1998 [disponible en: http://www.ilo.org/thesaurus/defaultes.asp].
19 OIT, Políticas y Regulaciones para luchar contra el empleo precario, ACTRAV, OIT, Ginebra, 2011, p. 7 [disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/meetingdocument/wcms_164288.pdf].
20 D. Glaymann y F. Grima, «Trois réponses à la précarité subie. Le cas des intérimaires peu qualifiés», Relations industrielles, vol. 63, núm. 3, 2008, pp. 454-478.; y S. Béroud y P. Bouffartigue, Quand le travail se precarise, quelles resistences collec- tives?, La Dispute, Paris, 2009.
21 R. Castel y K. Dörre, «Einleitung», en R. Castel y K. Dörre, Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts, Campus, Frankfurt, pp. 11-18, 2009, p.17.
22 A. Kalleberg, «Globalizacion y trabajo precario: Desafíos para la sociedad y la sociología», en A. Cárdenas, ¿Qué significa el trabajo hoy? Cambios y continuidades en una sociedad global, Catalonia, Santiago de Chile, 2012, pp. 41-53.
23 Véase A. Bilbao, El empleo precario: seguridad de la economía e inseguridad del trabajo, Los Libros de la Catarata, Madrid, 1999; M. Laparra, La construcción del empleo precario. Dimensiones, causas y tendencias de la precariedad laboral, Cáritas y Fundación Foessa, Madrid, 2006; y M. E. Ruiz-Gálvez y L. Vicent, «The Spanish Labor Market. On the path of flexibility and wage devaluation» en L. Buendía y R. Molero (coords.), The Political Economy of Contemporary Spain. From Miracle to Mirage, Routledge, Londres, 2018.
24 P. Carrasquer y T. Torns, «Cultura de la precariedad: conceptualización, pautas y dimensiones. Una aproximación desde la perspectiva de género», Sociedad y Utopía, núm. 29, 2007, pp. 139-156.
25 ESOPE, Precarious Employment in Europe. A Comparative Study of Labor Market Related Risks in Flexible Economies, Informe final, European Commission, Bruselas, 2005.
26 J. J. Castillo, La invasión del trabajo en la vida, La Catarata, Madrid, 2015.
27 E. Cano, «La extensión de la precariedad laboral como norma social», Sociedad y Utopía, núm. 29, 2007, pp. 117­137.
28 M. S. Agulló, Mujeres, cuidados y bienestar social: el apoyo informal a la infancia y la vejez, Instituto de la Mujer, Madrid, 2001.)
29 J. Benach, C. Muntaner, M. Quinlan, O. Solar y V. Santana, Empleo, trabajo y desigualdades en salud: Una visión global, Icaria, Barcelona, 2010.
30 M. Á. del Hoyo, Estrés laboral, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Madrid, 2004 y J. Boada-Grau y P. Ficapal-Cusí, Salud y trabajo. Los nuevos riesgos, UOC, Barcelona, 2012.
31 Si bien es cierto que la actual crisis ha puesto de relieve la extensión de la precariedad entre los varones, y por primera vez ha causado importantes estragos en los sectores tradicionalmente más protegidos, también lo es que desde su inserción mayoritaria en el empleo la posición de las mujeres se ha caracterizado por las malas condiciones en las que han tenido que realizar y conciliar las distintas actividades que comprende el trabajo.
32 G. Cairó i Céspedes y M. Mayordomo (Comps.), Por una economía sobre la vida. Aportaciones desde un enfoque feminista, Icaria, Barcelona, 2005.
33 Véase L. Vicent, «Familia: ¿amortiguador o amortiguadoras?», Boletín ECOS, núm. 22, FUHEM Ecosocial, 2013, disponible en: http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Boletin_ECOS/22/familia_amortiguador_o_amortiguadora_L_VICENT.pdf
34 C. Pateman, El contrato sexual, Editorial Anthopos, México D.F., 1995.
35 L. Gálvez y P. Rodríguez, «El empleo de las mujeres en la España democrática y el impacto de la Gran Recesión», Áreas Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 32, 2013, pp. 105-123.
36 Esto ocurre a través de la consideración como “amas de casa” de las trabajadoras que realizan actividades de cuidados y tareas domésticas en el ámbito del hogar, siendo este grupo el más numeroso dentro de la “inactividad” del mercado, es decir, del conjunto de personas que no participan del empleo o de su búsqueda formalizada. M. A. Durán, «La conceptualización del trabajo en la sociedad contemporánea», Revista de economía y sociología del trabajo, núm. 13-14, 1991, pp. 8-22; M. A. Durán, El trabajo no remunerado en la economía global, Fundación BBVA, Madrid, 2012 y R. Martínez-Buján, «¡El trabajo doméstico cuenta! Características y transformaciones del servicio doméstico en España», Migraciones, núm. 36, 2014, pp. 275-305.
37 C. Prieto, «Los estudios sobre mujer, trabajo y empleo: caminos recorridos, caminos por recorrer», Revista Política y Sociedad, núm. 32, 1999, p. 146.
38 O. Salido, Las oportunidades de las mujeres en una estructura cambiante, Documento de trabajo 02-05, Unidad de Políticas Comparadas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002; N. Chinchilla, S. Polemans y C. León, «Mujeres directivas bajo el techo de cristal», International Center of Work and Family, [versión digital], 2005; y D. Grimshaw y J. Rubery, «The motherhood pay gap: a review of the issues, theory and international evidence», Condition of work and employment series, núm. 57, International Labour Office, Ginebra, 2015.
39 A. Picchio, Unpaid Work and the Economy: A Gender Analysis of the Standards of Living, Routledge, Londres, 2003; y D. Budlender y A. Brathaug, «Cómo valorar el trabajo no remunerado» en Organización Panamericana de la Salud, La economía invisible y las desigualdades de género. La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado, OPS, Washington,
2008, pp. 59-86.
40 J. Rubery y A. Rafferty, «Women and recession revisited», Work, Employment and Society, vol. 27, núm. 3, 2013, pp. 414-432.
41 M. Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l’inégalité: hommes et femmes sur le marché du travail, La Découverte, París, 1998.
42 G. de Cabo, L. Henar y M. Calvo, Análisis de la perspectiva de género en algunas estadísticas españolas y propuestas de mejora, Instituto de la Mujer, Madrid, 2009; y C. del Río y O. Alonso-Villar, «Diferencias entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo: desempleo y salarios», en M. Pazos (dir.), Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI, Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 2008, pp. 93-130.
43 L. Vicent, Precariedad laboral española. Una perspectiva de género. La situación del mercado de trabajo español en los primeros años del siglo XXI, Tesis doctoral (Programa de doctorado en Economía Internacional y Desarrollo), Universidad Complutense de Madrid, 2017 [pendiente de publicación], p.85.
44 Compartimos la idea de que las necesidades tienen un carácter multidimensional en el que se conjugan aquellas relacionadas con una dimensión material (comida, vivienda, ropa, etc.) y otras que son de naturaleza inmaterial (los afectos, las relaciones sociales, la libertad, la autonomía, etc.), porque ambas son esenciales para la vida y el bienestar de la población.
45 El proceso de precarización se analiza, de ese modo, en ambos tipos de trabajo, a sabiendas de que el nivel de profundidad en su valoración será desigual si nuestro objetivo es el de cuantificar su importancia porque, aunque sería deseable, no se dispone del instrumental analítico y los indicadores requeridos para ello en ambas esferas.
46 N. Fraser, R. Gutiérrez y R. Peña-Casas, Working Poverty in Europe. A Comparative Approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011; y F. Miguélez, A. Martín, R. Alós-Moner et al., Trayectorias laborales de los inmigrantes en España, Obra Social de la Caixa, Barcelona, 2011.
47 A. Recio, «Paro y mercado laboral: formas de mirar y preguntas por contestar», Cuadernos de economía, vol. 22, 1994, pp. 173-200; A. M. Guillén, N. Moreno y S. González, «Conciliación de la vida laboral y familiar en España. El impacto de las políticas de la Unión Europea», Documentación social, núm. 154, 2009; y M. L. De la Cal y M. Larrañaga, «Las desigualdades laborales entre mujeres y hombres en las Comunidades Autónomas durante la crisis (2008-2013)», XIV Jornadas de Economía Crítica: Perspectivas económicas alternativas, Universidad de Valladolid, 4 y 5 de septiembre de 2014.
48 M. J. Vara, Estudios sobre género y economía, Akal Ediciones, Madrid, 2006; y M. Pazos, Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género, Catarata, Madrid, 2013.
49 C. Carrasco, C. Borderías y T. Torns (eds.), El trabajo de cuidados. Historia, teoría y políticas, FUHEM/Los libros de la Catarata, Madrid, 2011.
50 N. Folbre, The Invisible Heart: Economics and Family Values, The New Press, Nueva York, 2001; C. Borrego, A. Pérez Orozco y S. del Río, «Precariedad y cuidados», Rojo y Negro, núm. 7, 2003, pp. 1-11.

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