La guerra, al igual que la pandemia, está exigiendo una respuesta rápida y contundente por parte de los gobiernos, muchas veces improvisada y con poca consciencia de las consecuencias que puede acarrear. La respuesta de Occidente a la agresión rusa a Ucrania ha animado los “ardores belicistas” de la sociedad y se empiezan a ver signos preocupantes de la imposición de una lógica militarista sobre la sociedad que trastoca prioridades y deja en la estacada cosas que hasta hace poco considerábamos valiosas (transparencia, libertad informativa, derechos y libertades fundamentales, etc.).

Para diagnosticar el contexto en el que estamos, ver cómo es percibido por el
grueso de la ciudadanía y que desafíos plantea todo lo anterior al movimiento
pacifista, conversamos con:

Ana Barrero Tiscar

Directora de la Fundación Cultura de Paz. Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).

Miembro del Consejo del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y Noviolencia (DEMOSPAZ-UAM). Miembro de la Junta Directiva de WILPF España, sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Entre sus líneas de investigación están la construcción de la paz en ciudades y territorios, en esta línea está trabajando en el desarrollo de una Agenda Local de Paz y Convivencia; las tecnologías para la paz; y las alfabetizaciones múltiples para una cultura de paz, tema sobre el cual está desarrollando su tesis doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid.

Ana Villellas

Investigadora de la Escola de Cultura de Pau – UAB. Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona – UAB. Tiene un máster en Política Internacional y Europea por la Universidad de Edimburgo, una diplomatura de postgrado en Cultura de Paz de la UAB.

Su área de investigación son los conflictos y procesos de paz en Europa, Cáucaso y Asia central y, particularmente, la cuestión kurda en Turquía. Otro ámbito de investigación es la dimensión de género en los conflictos y construcción de paz.

Forma parte de la red de género de Global Partnership for the Prevention of Armed Conflcit (GPPAC), así como del grupo de trabajo de género, paz y seguridad de European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) en representación de GPPAC. Coautora de Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz desde 2007.

Carmen Magallón

Doctora en Ciencias Físicas, por el programa de Historia de la ciencia-Filosofía de la ciencia, de la Universidad de Zaragoza. Licenciada en Físicas.

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía. Postgrado de Historia de la Ciencia, Estudios de Psicología, UNED.

Presidenta de la Fundación SIP (Seminario de Investigación para la paz), de Zaragoza. Presidenta de Honor de WILPF España, sección de la Liga internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Tica Font

Fundadora e investigadora del Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs,

Exxperta en Economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad.

Ha sido profesora en educación no formal, tutora de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y técnica en medio ambiente en la Diputación de Barcelona.

¿Qué aspectos te resultan más preocupantes de la imposición de esta lógica militarista en la resolución de unos problemas que tienen como trasfondo la geopolítica y la reconfiguración del orden internacional?

Ana Barrero: La lógica militarista se basa en la premisa de que si se desea la seguridad y la paz hay que combatir para conseguirlas, es decir, prepararse para la guerra. Y sobre esta premisa perversa se ha construido un orden internacional basado en el militarismo, consistente en el establecimiento de políticas públicas encaminadas a proporcionar la seguridad mediante el armamentismo, el comercio de armas, el gasto militar, etc.

Desde la Investigación para la Paz sabemos bien, porque lo trabajamos desde el rigor científico y porque las evidencias y los hechos históricos así lo han puesto de manifiesto en innumerables ocasiones, que esta afirmación es absolutamente falsa y tremendamente preocupante. Que prepararse para la guerra supone invertir miles de millones en armamentos y gastos militares, mientras se reducen las inversiones ecosociales (vivienda, salud, educación, trabajo digno, seguridad alimentaria, medio ambiente…) que son las que protegen realmente a las personas y al planeta. Que invertir en la guerra no va a solucionar los conflictos violentos, por el contrario, contribuirá a aumentar la violencia y generar un enorme sufrimiento humano.

En un mundo ya de por sí profundamente militarizado, la guerra en Ucrania está acelerando aún más la militarización. Numerosos países han anunciado el incremento de su gasto militar para modernizar sus ejércitos y armamentos, así como para adquirir nuevos sistemas de violencia. Este impulso se argumenta como garantía para la seguridad de los Estados, imponiendo una idea de seguridad sustentada sobre las armas, una dimensión militar de la seguridad y el militarismo como forma de pensamiento. Y marginando, así, a la construcción de la paz como garantía y condición para la seguridad de las personas que viven en esos Estados.

Ana Villellas: Destacaría diversos aspectos. La invasión de Rusia -potencia militar y nuclear- contra una población soberana y un territorio con infraestructura nuclear como Ucrania, pone de manifiesto un desprecio por la vida y por el derecho internacional así como una lógica imperialista sumamente preocupantes. Los actos constitutivos de crímenes de guerra y crímenes de humanidad de Rusia hablan por sí mismos.

En el contexto global marcado por el incremento de tensiones geoestratégicas, rearme y securitización, emergencia climática, desigualdades socioeconómicas, y marcado también por el mayor cuestionamiento del derecho internacional y de las instituciones multilaterales, resulta inquietante que se pueda incrementar el recurso a la violencia armada, y que el nexo militarismo-patriarcado continúe tan arraigado, alimentando esta violencia y multiplicándola. Otro elemento preocupante en trasfondos geopolíticos es el riesgo de amplificación del conflicto militar.

En otro plano, es frustrante cómo en esta y otras crisis se ha despreciado la prevención; y cómo la OTAN y EEUU incumpliendo compromisos de construcción de una arquitectura de seguridad compartida con Rusia tras el fin de la Guerra Fría, han contribuido en estas décadas al deterioro del contexto de relaciones en el continente. No sabemos qué habría sucedido de haberse explorado o apuntalado más otros caminos (no ampliación de la OTAN, diálogo trilateral entre la UE-Rusia-Ucrania al inicio del Maidán, acuerdo del 21 de febrero de 2014, acuerdos de Minsk, más apoyo a las iniciativas locales de paz, etc.), pero la infravaloración de la prevención en esta y otras crisis es grave, porque las opciones después se reducen.

En otro orden de cosas, preocupa el alcance de los impactos de la invasión y de las consecuencias de parte de las sanciones en la población mundial, agravando desigualdades en el contexto del capitalismo global, al tiempo que las sanciones son una vía de presión no militar. Por otra parte, para frenar la devastación son necesarias negociaciones, pero estas pueden acabar siendo acomodaciones de intereses estratégicos construidos en base a conceptos de seguridad estatal impuestos por sus élites y acordados en mesas excluyentes y asimétricas, como vemos con Rusia. Por ello, antes, durante y después de las guerras necesitamos apoyar lógicas de construcción de paz inclusivas y con justicia social y justicia transicional.

También toca poner el foco en cómo en el shock de esta invasión se imponen falsos consensos, como el rearme, o se redirigen transformaciones impostergables en clave de justicia ecosocial hacia otras direcciones.

Carmen Magallón: Me preocupa el deterioro de los movimientos de respuesta. La invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas sometidas a los planes de Putin, aunque diferente, se asemeja a la Guerra Fría en los años ochenta del siglo pasado: dos bloques, amenaza nuclear, tensión político-económica… La diferencia es que ahora no vemos un movimiento pacifista organizado, creativo y potente, similar al que se levantó en territorio europeo en aquellos años.

La reacción ante la guerra está conduciendo a un rearme de los países europeos con un aumento del gasto armamentístico descomunal. La transferencia de armas a Ucrania está sirviendo para justificar y embellecer tanto la producción y modernización de las armas como el aumento presupuestario dedicado a ellas. Ya no se controla ni el lenguaje y se dice que no solo se envían armas defensivas sino ofensivas. El control no hace falta porque la población está abducida por el ensalzamiento de un patriotismo de corte belicista y todo se justifica frente a un hecho condenable pero que hubiera podido ser abordado de otro modo. La producción y el comercio de armas, es decir, el negocio de las armas y quienes invierten en él son los grandes beneficiarios.

En la reacción de la población ucraniana se han reproducido los estereotipos de género. Asumiendo el papel de cuidadoras de niños, niñas y ancianos, las mujeres han salido del país en mayor proporción. No las critico, más bien al contrario: dejar el campo de batalla me parece sensato y civilizado, y ojalá los hombres lo hubieran hecho también, seguramente muchos hubieran optado por desertar y salir del país, pero no les han dejado. Tampoco se nos han mostrado del mismo modo a las mujeres que se han quedado a defender sus casas y el país ni a los hombres que, como han podido, han huido de la lucha. La deserción sigue siendo tabú.

Tica Font: Me aflige observar la rapidez con que se conduce y manipula a la población a través de los medios de comunicación. Para la población rusa no hay guerra. Putin ha prohibido utilizar las palabras “guerra, invasión y destrucción”, el bando ruso maximiza sus resultados y minimiza las bajas o errores. Putin muestra imágenes limpias de la guerra, solo se ven soldados en formación, tanques, no muestra ataques, no muestra destrucción en edificios, hospitales o escuelas, no muestra heridos o muertos, no muestra población angustiada. Putin muestra mapas de adelanto militar, muestra sus logros. Ucrania hace lo mismo, pero al revés: muestra destrucción, ataques a infraestructuras que dañan la vida, muestra la desesperación de las personas, muestra las largas colas de refugiados, muestra los heridos, los muertos, los daños en las casas; muestra su resistencia al ejército ruso.

Nosotros vemos el sufrimiento de la gente, empatizamos con ellos y dejamos que las emociones guíen nuestras decisiones. Cuando las emociones pesan más que la razón apoyamos todo lo que los gobiernos propongan, sea involucrarse en la guerra, vender armas o incrementar el presupuesto de defensa. Estos días vemos a mucha población con reacciones primarias pidiendo que entremos en guerra, como si la guerra fuera una película. También vemos población que criminaliza a cualquier persona por el hecho de ser rusa. Es bueno recordar que las guerras las hacen los gobernantes, no los países ni la gente.

Como pacifista resulta duro comprobar que unos días de crónicas televisivas anulan los principios o valores tan importantes como defender la vida humana por encima de todo y hacen aflorar emociones primarias que piden guerra.

En términos geopolíticos hay que situar la guerra en el contexto de construcción de una nueva era, estamos construyendo un nuevo orden mundial multipolar, en el que todavía no están establecidos quienes figuraran como potencia ni se han establecido los canales o arquitectura institucional de diálogo entre potencias.

Por otra parte, estamos asistiendo a lo que puede ser un cambio de hegemonía mundial, hasta ahora Estados Unidos era la potencia hegemónica mundial, en términos económicos, tecnológicos y militar, esta posición la disputa China, que ya casi pasara a ser la primera potencia económica y va a la zaga en ser potencia tecnológica y militar.

A lo largo de la historia vemos que los cambios hegemónicos se han llevado a cabo mediante guerras ¿Pasará lo mismo? ¿Nos estamos preparando para una gran confrontación? ¿O podremos aceptar compartir las hegemonías sin matarnos o sin imposiciones a través de la fuerza?

¿Qué percepciones crees que se van fraguando entre la ciudadanía? ¿Qué traducción política podría tener esta reacción ciudadana que se alimenta de incertidumbre, preocupación, indignación y empatía ante la tragedia que se vive en Ucrania? ¿Quién puede terminar canalizando este desconcierto e indignación?

Ana Barrero: En un contexto de guerra, como la de Ucrania, o cualquier otra, la narrativa predominante suele ser la de la propaganda de los actores o países enfrentados. Se produce, además, una “guerra” de la narrativa, el discurso es diferente dependiendo del actor del que provenga, ya que la victoria también será imponer el propio relato sobre la guerra.

En el caso concreto de la guerra en Ucrania, el discurso de Putin está dirigido, sobre todo, hacia el interior del país, con el objetivo de justificar la invasión, y está calando poco fuera de Rusia. Por el contrario, el discurso de Zelenski está teniendo un fuerte impacto tanto dentro como fuera de Ucrania. Dentro ha generado unión del pueblo y el apoyo a las acciones del Gobierno. Fuera está generando una fuerte empatía y solidaridad con el pueblo ucraniano y, también, con las acciones del Gobierno de Zelenski.

Estas narrativas, así como las que se están generando a través de los medios de comunicación, las redes sociales… están contribuyendo, por un lado, a la espectacularización y normalización de la guerra lo que conlleva al apoyo al militarismo, al envío de armas a Ucrania, etc. Por otro lado, están alimentando la incertidumbre e inseguridad sobre lo que puede o no ocurrir, o de la duda sobre el grado de conocimiento de lo que está ocurriendo, contribuyendo a la construcción de un imaginario colectivo de impotencia y miedo.

Aunque el miedo ha estado presente en la sociedad en todas las épocas, porque es inherente a la vulnerabilidad radical de los seres humanos, el miedo actual surge, además, por nuevos motivos: la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, los conflictos violentos, las consecuencias del cambio climático, la guerra en Ucrania… Para muchas personas el mundo de hoy es un lugar inseguro, plagado de amenazas y violencias que socavan las perspectivas de paz, la estabilidad, los derechos fundamentales y el desarrollo sostenible. Estas situaciones provocan hartazgo, desilusión, desafección a las instituciones a todos los niveles, incertidumbre personal y malestar colectivo.

En este contexto los movimientos políticos y sociales ultraderechistas, supremacistas y totalitarios encuentran su caldo de cultivo, tendiendo a confundir el discurso y la información con la propaganda, las noticias falsas y la desinformación alimentando la polarización de las sociedades y el miedo. Y son estos movimientos los que pueden terminar canalizando este miedo e indignación.

Ana Villellas: La invasión y guerra en Ucrania ha generado preocupación en la población, tanto entre quienes se consideran más informados como entre quienes afirman tener menos información sobre la situación. Según el barómetro del CIS de marzo, un 86,4% de la población del Estado español estaba bastante o muy preocupada por la invasión de Rusia. Una amplia mayoría consideraba que la invasión tendrá bastantes o muchas consecuencias en la situación económica de la población del estado español, en el precio de los carburantes y en el precio y suministro de productos agrícolas. Según el barómetro, había amplio apoyo al envío de ayuda humanitaria, a la acogida de población refugiada de Ucrania, a la presión internacional para la retirada de tropas, a la imposición de sanciones económicas y —con apoyo amplio aunque algo menor— al suministro de material militar en forma de armamento o munición para la defensa. En conjunto, por tanto, afectación, conciencia de las cadenas de impactos económicos interrelacionados y apoyo a la acción (a diferentes tipos de acción).

La traducción política y la canalización de la preocupación puede ser diversa. Aquí el campo de la sociología (del cambio social, del trabajo, de la juventud, urbana, rural, política…), la comunicación, la economía y tantos otros nos pueden dar claves

Necesitamos diálogos interdisciplinares y participativos, tanto para ahondar en la prevención de la violencia armada, como para internacional y localmente construir respuestas con justicia social. No sé si la incertidumbre y la preocupación se traducirán en cierta alineación entre población y acción de gobierno en el marco de la aparente mayor unidad de los gobiernos europeos y de parches que mitigan muy parcialmente la desigualdad; o si se traducirán en más desafección y más desconfianza que puedan ser instrumentalizadas por fuerzas populistas y reaccionarias en ausencia de mayores políticas redistributivas y en un contexto de asimetría de poderes; u otros escenarios. Resultan imprescindibles alianzas y políticas que pongan en el centro las necesidades materiales de la población (seguridad alimentaria y energética, acceso a la vivienda, condiciones laborales, regularización administración, cuidados…), la gestión pública de los bienes de primera necesidad, la coherencia de políticas (incluyendo en acción exterior) y pactos amplios para transiciones (energética, transporte, agroecológica, entre otras) con justicia social.

Carmen Magallón: Hay cierta melancolía e impotencia frente a lo que nos acontece como ciudadanía y como humanidad. Primero un virus que desbarató parte de nuestras vidas y nos mostró una vulnerabilidad que gran parte de la población no tenía asumida: creíamos que la tecnociencia y el capital nos protegían de estos embates. Vemos que no.

En cuanto a la corriente inmensa de solidaridad hacia los refugiados, es encomiable, sí, pero levanta otros interrogantes: ¿por qué no sucede lo mismo ante otras guerras y otros refugiados, sea Siria, Yemen, Palestina? ¿Es efecto de los medios o de un racismo que reconoce al ‘igual de aspecto’ mientras desconoce a los diferentes, sobre todo si son pobres?

Pienso que la asunción acrítica del heroísmo bélico por parte de la población, tal vez está mostrando el vacío de valores de una sociedad de mercado centrada más en tener que en ser (glosando a Erich Fromm). La ciudadanía se repliega en los ahora llamados espacios de confort: la familia, el pueblo unido al campo si es posible, la identidad -sea esta lo que sea-, el individualismo.

No se han dado las suficientes y documentadas explicaciones de la genealogía de una invasión-guerra que venía anticipada por señales e incumplimientos por parte de Occidente de los acuerdos que se establecieron con Rusia tras la disolución de la Unión Soviética, acuerdos que tendrían que ponerse de nuevo sobre la mesa, si realmente se quiere una solución diplomática. Las negociaciones para conseguir la paz exigen reconocimiento, coherencia autocrítica y voluntad. Como falta pedagogía y formación política, serán los partidos xenófobos y ultras, los que enfatizan la seguridad armada y el miedo al otro, que son los mismos que hacen un canto al patriotismo belicista, los que se beneficiarán de esta guerra.

Tica Font: Hay una buena parte de la población española que lentamente, crisis tras crisis, va perdiendo salario, la brecha salarial aumenta y el nivel de pobreza aumenta. Esta lenta pérdida de derechos laborales y salarios va generando frustración y desafección política. La guerra de Ucrania provoca reacciones de pedir mano dura en nuestros gobiernos de la UE hacia el “malo” y mano dura aplicando sanciones.

La globalización ha supuesto la interrelación de las economías y querer aplicar sanciones como si fuéramos países que viven aislados tiene sus consecuencias. Estos días muchas personas pedían cerrar el grifo de petróleo con Rusia, se decía y con razón que, si Rusia exporta gas y petróleo, le estamos financiando la guerra; pero si cerramos la compra, hay que pensar que mucha industria cerrará, la producción de energía eléctrica disminuirá, eso conlleva pérdida de muchos puestos de trabajo y de salarios. Otros decían que pasáramos a comprar el gas a Argelia, la infraestructura no está preparada, pero este gas está en un país bajo régimen poco democrático, gas situado en la zona del Sahara, donde se encuentran diversas fracciones del Daesh. Como hemos visto estos días el gaseoducto que pasa por Marruecos hacia España ha sido cortado. Otro punto débil.

Sabemos que tenemos que disminuir el consumo de combustibles fósiles, que lentamente se irán acabando las reservas. Descarbonizar la economía y llevar cabo una transición económica verde, comportará depender de ciertos minerales para fabricar turbinas eólicas, paneles solares o baterías para coches, habrá que asegurarse el acceso a los mismos, diversificar las fuentes de abastecimiento y asegurar la cadena de suministro. En definitiva, estamos cambiando la dependencia de combustibles fósiles por una dependencia de materias primas críticas.

Con todo ello quiero decir que el mundo no podemos mirarlo en términos de “bueno-malo”, “blanco o negro”, el mundo es complejo y decidir o tomar decisiones también lo es, no hay decisiones o políticas buenas o malas. Hay que decidir entre lo menos malo. Y sea lo que sea que se decida se tardan años en implantar y en observar resultados.

Pero las reacciones viscerales ante el conflicto o las reacciones ante a subida de precios de combustibles y otras materias primas, piden reacciones rápidas, piden urgencia en replantear modelos para la agricultura o los precios de insumos agrícolas.

En estos contextos cuando los partidos políticos no representan modelos de futuro sino simples peleas electorales muchos toman opción por los partidos populistas y de extrema derecha. Los grupos de extrema derecha presentan propuestas disruptivas, como salirse de la UE, representan nacionalismos excluyentes, proponen que la mujer vuelva a ocuparse de la casa y los cuidados o que no se permita la entrada de inmigrantes. Proponen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Ello está provocando una lucha electoral entre la derecha y la extrema derecha por la hegemonía política.

Occidente contempla la seguridad internacional como una forma de garantizar un modo de vida que nos ha conducido a una grave crisis ecosocial ¿Qué desafíos Diálogo. La Guerra de Ucrania en el contexto de un nuevo orden tiene ante sí el movimiento pacifista en este contexto, en el que también tendríamos que computar, además del drama del conflicto violento y la urgencia de pararlo, otras cuestiones como la crisis ecológica y social en la que se encuentra sumida nuestra sociedad?

Ana Barrero: El contexto actual de grave crisis ecosocial que estamos viviendo a nivel global supone un importante desafío para nuestras sociedades, que nos interpela a las personas y organizaciones que trabajamos por la paz a actuar. Ya que tenemos la responsabilidad de preocuparnos y ocuparnos para tratar prevenir, reducir y erradicar cualquier tipo de violencia, se manifieste en la forma en la que se manifieste y en el lugar en que se manifieste.

En este sentido, el movimiento pacifista tiene actualmente numerosos y urgentes desafíos, entre ellos, contribuir a redefinir el concepto de seguridad en términos humanitarios y ecológicos. Una seguridad vinculada al bienestar de las personas y a la capacidad para satisfacer sus necesidades básicas en un entorno medioambiental seguro. Una seguridad que consiga eliminar, o reducir, el sufrimiento humano y de la naturaleza; aumentar la presión sobre los gobiernos para reducir los presupuestos militares y redirigir estos fondos a las cuestiones esenciales para el cuidado de la vida y del planeta; incidir en los gobiernos para que firmen y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, con el fin de desmantelar el sistema de violencia nuclear que supone una amenaza extrema para las personas y el planeta; poner esfuerzos para fortalecer la convivencia y la paz frente al miedo y la desconfianza; promover, a nivel local y global, los valores democráticos de justicia, solidaridad, igualdad y cooperación, para lograr una sociedad global más justa, equitativa, inclusiva, sostenible y pacífica; y continuar impulsando la construcción de la paz, la diplomacia, el diálogo, la solidaridad, el desarme, los cuidados y la adopción de medidas urgentes para abordar el cambio climático como imperativo para la supervivencia humana.

“Posiblemente el mayor enemigo de la paz en el mundo sea la extendida creencia de que la paz es imposible”, Fredrik S. Heffermehl

Ana Villellas: Son muchos los desafíos. ¿Cómo abordar los diversos sistemas y fuentes interrelacionados de violencia directa, estructural y simbólica, y hacerlo de forma situada (con conciencia del lugar y posiciones desde las que habitamos y enunciamos) y transformadora? Parte del desafío y la oportunidad pasa por comprender la interrelación de las violencias y sus engranajes, desnaturalizarlas y construir y proponer desde lugares de mayor interrelación y de sujetos más amplios, tanto en el entorno inmediato como en el plano internacional. Sin reinventar la rueda, persistiendo en los fundamentos y caminos de quienes nos precedieron (desarme, desnuclearización, prevención de conflictos, acción noviolenta…) incluyendo desde los márgenes (feminismo pacifista, que pone la vida en el centro) y, a la vez, ensanchando el campo de visión, los diálogos y los sujetos.

Desde lo cotidiano y la vida de todas. Como movimiento pacifista tenemos el reto de visibilizar y desgranar las violencias que convierten a las personas y los territorios —países frontera entre bloques, territorios con recursos naturales, barrios urbanos…— en campo de batalla, y prevenirlas y confrontarlas. Los muchos retos incluyen fortalecer la interrelación del movimiento pacifista con otros movimientos y luchas emancipatorias en barrios y en el escenario global; hacer relevantes en los debates públicos y políticos los planteamientos y propuestas de la cultura de paz —muy especialmente de la prevención de la violencia armada— y hacerlo sin superioridad moral, con conciencia del lugar de enunciación y de la dificultad de los dilemas y conscientes del momento social; fortalecer las capacidades para el pensamiento crítico y la educación para la paz; contribuir a construir poder popular poniendo en centro la interdependencia y la noviolencia, al mismo tiempo que seguir incidiendo en las políticas y espacios de poder político y económico… Hay desafíos específicos del movimiento pacifista y otros muchos son comunes a otros movimientos.
En ello estamos.

Carmen Magallón: El movimiento pacifista tiene ante sí el reto de organizarse combinando la virtualidad de las relaciones con la presencialidad que exige la posibilidad de realizar incidencia visible y con potencial de extenderse y ocupar un espacio. Hemos de dejar de escondernos tras las pantallas, hacernos presentes. El cuerpo siempre ha sido clave en las protestas imbuidas de la filosofía y las acciones noviolentas. Hemos de recuperar los cuerpos para la política.

La paz va más allá de la seguridad, pero necesita seguridad. Hemos de recuperar la idea de que mi seguridad depende de la tuya, y viceversa: la seguridad compartida. Una noción que no casa con las armas, sino con el fomento de la confianza. Lo hemos escrito: las armas no nos salvarán.

Necesitamos más pedagogía sobre el mundo global, en el terreno de la política, de los impactos ecosociales y la interdependencia. En nuestro país, es patente la falta de formación y desconocimiento de estos asuntos; los partidos los relegan en sus programas y debates públicos y apenas tienen espacio en los medios. Lo que conduce a una ignorancia de la población al respecto de acontecimientos que nos afectan en lo cotidiano —y ahora, con el impacto de la guerra en nuestra economía, lo estamos viendo.

En el plano de la gobernanza global, hacen falta líderes, hombres o mujeres, capaces de revertir este deterioro, sin miedo a apelar a ideales a compartir como humanidad. Si los partidos democráticos y sus líderes siguen aferrados a la contabilidad estrecha y las miserias humanas, y no promueven visiones ligadas a proyectos ilusionantes encaminados a animar a la ciudadanía a vivir de otro modo, a disfrutar de una vida menos consumidora de energía y materiales escasos, más ligada a los cuidados, los afectos y el disfrute del tiempo, más cuidadosa con la Naturaleza y los demás; si nos quedamos en los cálculos y la exaltación de lo negativo, sin un relato ilusionante de futuro, quienes se beneficiarán serán los fabricantes de armas y los partidos xenófobos.

Tica Font: En el imaginario europeo todavía queda el rechazo al horror de la guerra. El movimiento pacifista se hace eco de ello, la población todavía puede aceptar que preservar la vida es más importante que cualquier otro valor abstracto como el país. Pero no hemos logrado cambiar las premisas de pensamiento en los espacios de toma de decisiones donde los intereses económicos siempre están por encima de mantener la vida.

Todos sabemos que utilizando las premisas de la física newtoniana nunca se hubiera desarrollado la teoría de la relatividad, fue necesario cambiar de premisas para obtener una respuesta diferente. Ese sigue siendo nuestro reto, si no hay cambio de premisas siempre llegamos al mismo resultado, dirimir los conflictos de intereses mediante la guerra. ¿Cuándo cambiaremos las premisas? ¿Quién no tiene interés en que cambien las premisas?

Diálogo con Asociaciones Barriales sobre

 FUHEM ECOSOCIAL^[1]

En las primeras semanas de la COVID-19, en la primavera de 2020, cuando se multiplicaban el desempleo y los ERTE, y empezaban a hacerse visibles los impactos sociales y económicos de la pandemia en las “colas del hambre”, numerosas asociaciones de barrio redoblaron sus actividades para dar respuesta a esta emergencia y apoyar a sus vecinos y vecinas en esta difícil situación. Hemos hablado con tres de estas asociaciones, Somos Tribu, la Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel, ambas de Madrid, y la Xarxa de Suport Mutu de Poblenou, en Barcelona. Esta conversación coral cuenta con una introducción de la periodista Helena López, de El periódico, quien retrató en sus artículos la respuesta de las organizaciones de la sociedad civil organizada de Barcelona en aquellos duros momentos.^[2]

La respuesta fue inmediata y prácticamente unánime. En cada rellano, en cada escalera, en cada calle. Barrios en los que ya había, por necesidad o tradición, o seguramente por ambas cosas, redes de apoyo mutuo tejidas décadas antes del covid, y barrios en los que no. Lo primero fue preguntar a la vecina mayor que vivía sola si necesitaba que le trajeran algo de la farmacia, pero, al poco tiempo, fue darse cuenta de que más que subirle el carro de la compra, en demasiadas ocasiones el problema era cómo llenarlo. En ciudades turísticas, como Barcelona, además, el crack social que siguió a la COVID dejó en evidencia el espejismo de las bondades del modelo. Cientos de vecinos que vivían al día gracias a empleos vinculados de una forma u otra al turismo se quedaron de un día para el otro sin nada. Literalmente. Trabajadores sin contrato, muchos, o con contratos de la mitad de horas de las que realmente hacían, muchos otras, que ni siquiera podían acceder a esos ERTES que llegaron tarde y de forma caótica. Cocineros, camareros, limpiadores… empleos precarios y sin contrato que permitían a miles de vecinos vivir, pero por supuesto no ahorrar, con lo que a los pocos días del encierro total se quedaron completamente fuera de juego.

Ante ese panorama desolador, cuyo epicentro en Barcelona fue el barrio del Raval, donde los conflictos siempre emergen con más fuerza, la respuesta vecinal fue tan ejemplar como desoladora era la situación. Ver en las calles desiertas a ciudadanos filipinos, siempre tan discretos, desesperados, pidiendo ayuda. Personas que jamás habían acudido a los servicios sociales, con lo que desconocían el circuito, se vieron de un día para el otro totalmente desorientadas, con unos servicios sociales ya saturados con sus usuarios habituales.

Sandra Pardo, la presidenta de la Fundació Pare Manel, que trabaja con familias en el barrio de Verdum, en el distrito de Nou Barris, lo tiene claro: «las redes de apoyo han sido el “airbag” de la pandemia». Lo mismo señalan en las decenas de redes creadas en la capital catalana, muchas de las cuales, como la del Poblenou, cuya voz está presente en este texto, un año después todavía duran, igual que la necesidad.

Helena López

Periodista de El Periódico

FUHEM Ecosocial: ¿Qué os movió a actuar en vuestros barrios en los primeros meses de la pandemia? ¿Qué no se estaba atendiendo desde las instituciones que os llevó a actuar?

 Xarxa de Poblenou: A principios de la pandemia de COVID nos dimos cuenta que muchas vecinas del barrio tenían falta de recursos, se quedaban sin trabajo, o bien porque les ponían en ERTE o entraban al paro. Por ello se empezó a activar dentro de la Xarxa de apoyo mutuo del barrio la iniciativa de una recogida de dinero entre las vecinas y vecinos solidarios y la compra de productos para satisfacer las necesidades de todas las familias. Al estar en pleno confinamiento, muchas familias y personas mayores no podían o tenían miedo de salir de casa y se hacia el reparto a domicilio. A medida que iba avanzando la pandemia la situación de crisis se fue acentuando, por tanto las personas que venían a pedirnos ayuda fue aumentando, pero la conciencia de vecinos y vecinas solidarias también iba creciendo. De esta forma se consolidó una xarxa de alimentos propia y autónoma de la red o xarxa de recursos inicial, gracias al trabajo de personas voluntarias que se iban integrando y a un barrio receptivo y participativo que iba colaborando.

Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel: Nosotras llevamos trabajando con familias en riesgo de exclusión desdel año 2014, con lo cual cuando arrancó el confinamiento estábamos trabajando, y nos llevó a seguir actuando ante las llamadas de familias pidiendo ayuda. Las instituciones nunca han ayudado a las familias en el tema alimentario, no existen recursos especificos para ello, ni ahora ni antes.

Somos Tribu: No surgimos porque las instituciones no estaban haciendo lo necesario. Somos Tribu VK nace en previsión, conociendo la realidad del distrito de Puente de Vallekas, y con el apoyo de la dinamizadora vecinal de San Diego y de un vecino muy activista del barrio se decidió montar una red para apoyar a vecinos y vecinas en recados para que no tuvieran que salir de casa.

El 14 de marzo de 2020 se declaró el Estado de alarma en todo el país. En Madrid se cerraron los colegios y los centros de mayores el día 12 de marzo. Ese día mediante grupos de Whatsapp nace Somos Tribu VK para apoyarnos mutuamente y superar las dificultades ante la crisis de la COVID-19. El primer grupo se llenó en unas horas, y se crearon grupos de cada barrio del distrito de Puente de Vallekas. Los vecinos y vecinas se organizaron colgando sábanas en los balcones con teléfonos de contacto. Se contactó con los centros de salud, farmacias y hospitales de referencia. Se elaboró un protocolo de seguridad. Estábamos a día 15 de marzo y ya teníamos una cuenta de correo electrónico, perfiles en redes sociales, más de 10 grupos de Whatsapp…

¿Qué estaba haciendo la Administración mientras tanto? No estaba, la gente llamaba a Servicios Sociales y nadie les cogía el teléfono, llamaban al 010 y tampoco, nosotras sí. No nacemos para sustituir la labor de la administración, surgimos para apoyarnos entre todas. Iban a venir tiempos complicados, y un barrio unido es más fuerte para salir adelante ante una crisis como la de la COVID-19.

Hablamos con el departamento de Servicios Sociales, porque se trataba de sumar, y hemos sido de los pocos distritos que ha estado en coordinación constante con la Administración, derivando familias y exigiendo refuerzos necesarios para toda la demanda que había y la que estaba por llegar.

FUHEM Ecosocial: ¿Qué tipo de acciones decidísteis poner en marcha y cómo han ido evolucionando?

Xarxa de Poblenou: A partir del crecimiento en la demanda mencionado antes se decidió cambiar un poco la estrategia, además de seguir recogiendo fondos económicos para la compra de recursos, se vio importante visibilizar la Xarxa al barrio con la petición de “Vecinas ayuda a otras vecinas”. Así se empezó a ir con un carrito y los carteles de la xarxa a la salida de los supermercados a buscar alimentos y productos de limpieza. De esta forma además de recoger lo necesario para poder repartir los sábados a las familias apuntadas, iba aumentando la conciencia solidaria en el barrio, creciendo también el número de personas dispuestas a colaborar.

Otro tema importante fue crear conciencia cooperativa y principio de apoyo mutuo a todas las personas apuntadas en las listas para que no solo vinieran a buscar pasivamente los productos como una actividad de beneficencia, sino que la organización y la participación se realizara entre todas con un nivel importante de implicación.

Al ir trabajando a nivel de barrio creamos otras comisiones, como la de escuelas, para divulgar entre los jóvenes la situación social del barrio, el valor de la solidaridad, nuestra actividad reivindicativa como xarxa, acompañado de   una crítica al capitalismo, causante de estas desigualdades y esta crisis.

La comisión de proximidad inició un contacto con comercios concretos del barrio, extendiendo los valores de la xarxa y potenciando que el comercio de proximidad respondiera de forma solidaria ofreciéndose como puntos fijos de recogida.

A partir del 8 de marzo se creó la comisión “Feminismos en la xarxa” que se unió al movimiento de mujeres feministas del barrio y a sus acciones. Esta comisión está en desarrollo, aunque las necesidades urgentes del momento impiden poder ejercer una suficiente dedicación, dado que la mayoría de personas que vienen a recoger alimentos son mujeres y muchas inmigrantes, con importantes cargas familiares, poca autonomía, poca formación y poca socialización. La idea es realizar grupos o talleres de temas que puedan interesar a las mujeres, empezando por cursos de español o catalán e ir yendo hacia un empoderamiento y una concienciación feminista.

 Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel: Durante el confinamiento lo único que se podía hacer era repartir alimentos, la RSP Latina-Carabanchel lleva casi siete años realizando múltiples actividades a parte de la despensa, pero el julio 2020 pusimos en marcha una asesoría del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (RMI) para ayudar en las tramitaciones, asesoría por la que han pasado más de 300 personas.

 Somos Tribu: Desde el primer momento fue increíble la respuesta de la vecindad de Vallekas y sus movimientos. En el segundo día del nacimiento de la red, para mejorar la proximidad y como respuesta a la sobresaturación de los grupos de Whatsapp se dividió Vallekas en 5 barrios (Entrevías/El Pozo, Palomeras, San Diego, Numancia/Portazgo y Doña Carlota) destinados a realizar recados a las vecinas del barrio que no tenían esa posibilidad. Surgieron comisiones de trabajo específicas para solventar muchas de las problemáticas sucedidas por la falta de acción y paralización de la Administración. El grupo de maternidad y el de apoyo laboral son el mayor ejemplo. Nacieron a su vez otras comisiones para fomentar y potenciar los valores y la cultura de nuestro barrio, siendo ejemplo ‘’Somos creatividad’’.

Para consolidar la red y llegar a toda la población de Vallekas se hicieron diferentes campañas de difusión desde vídeos y cartelería por farmacias y comercios hasta sábanas colgadas de los balcones, pero fue utilizar el altavoz que proporcionan los medios de comunicación más relevantes a nivel estatal cuando aflora la necesidad de las familias y vecinas de nuestro barrio que vieron en SomosTribu la herramienta necesaria para superar sus dificultades.

Este incremento de peticiones hace que el modelo establecido no sea eficaz por lo que surge hace un año justamente (mediados de abril) la primera despensa en Palomeras, siguiéndola el resto de barrios y evolucionando a una red donde la solidaridad, autogestión, el apoyo mutuo y el generar vínculos barriales se convierten en los pilares fundamentales de la red, de las familias y vecinas que forman parte, tengan necesidad de alimentos o no, siendo todas partícipes.

Del grupo de creatividad surge una comisión de cultura, donde participan todas las comisiones y despensas, siendo capaces de generar un festival online solidario de unas cinco horas, donde a través de una pantalla, podíamos ver teatro, poesía, grupos de música de nuestro barrio y un sinfín de actividades que culminaron con un documental que fue posible gracias a los compas de #404comunicación (Que siguen al pie del cañón).

Son este el tipo de dinámicas que de una u otra forma van evolucionando y que dan continuidad a las raíces del nacimiento de SomosTribuVk… Cada día que pasa nos conocemos más entre las vecinas, tomamos conciencia de nuestros derechos para reivindicarnos y aportamos desde la humildad un grano de arena que puede mejorar nuestro querido barrio del que tenemos un sentimiento profundo de pertenencia y es un orgullo.

FUHEM Ecosocial: ¿De qué formas la pandemia ha agravado situaciones de pobreza y precariedad preexistentes?

 Xarxa de Poblenou: Ha creado un aumento de vulnerabilidad en toda la población, y en concreto en nuestros barrios. Se ha aumentado el número de desempleo, la gente se ha encontrado sin ingresos, sin trabajo, sin recursos y a veces sin techo. Existe cantidad de familias, muchas veces numerosas, que viven en malas condiciones en asentamientos o viviendas con pobreza energética, sin luz, sin gas o sin agua. Son también unos barrios donde hay mucha inmigración, mucha de ella vive en casas o viviendas ocupadas, y es precisamente en este sector de la población donde recae más la crisis económica y social. Pero a esto debemos añadirle familias de clases medias que se han quedado sin trabajo, sin su pequeño negocio y sin recursos y tienen que hacer lo que nunca hubieran imaginado: ir a Servicios Sociales o ante su poca eficiencia y dedicación a una Xarxa solidaria a buscar la comida para subsistir.

Al principio la Xarxa se inició con unas 40 familias, aproximadamente unas 150 personas, actualmente la lista de la xarxa consta de 140 famílias con un total de 450 personas, más 60 familias en lista de espera y se ha tenido que cerrar las inscripciones por imposibilidad de medios y organización.

 Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel: Durante los peores meses del confinamiento atendimos a más de 1.800 familias, entregándoles un lote para un mes, con lo cual la mayoría de ellas pasaron tres o cuatro veces por nuestra despensa.

Somos Tribu: Vallecas es un muy humilde y un barrio obrero, por lo que la pandemia nos golpeó de lleno. Muchxs de los vecinxs se dedican a la venta ambulante en mercadillos, muchas a trabajar como limpiadoras o cuidadoras de ancianxs o menores, trabajos que en la inmensa mayoría de los casos son trabajos en B, el índice de inmigración es muy alto, todas estas variables dan como resultado una gran precariedad laboral y la economía sumergida es muy habitual. Otro perfil muy extendido es el de las madres que viven solas con hijos que tienen muy difícil el acceso al mercado laboral. También tenemos muchos vecinos que han estado en ERTE o continúan estando, muchos de ellos no han cobrado aún, por lo que la economía en las familias vallecanas se ha visto muy resentida durante la pandemia.

Recibimos solicitudes de ayuda de todo tipo, familias que no cuentan con ingresos de ningún tipo, con situaciones irregulares, muchxs ancianxs que no llegan a fin de mes con su pensión, familias que nunca se habían visto en una situación crítica y que ahora necesitan ayuda, familias monoparentales, estudiantes, personas dependientes, etc…

Actualmente repartimos más de 500 cestas de comida semanales y hay familias en lista de espera. Estamos en contacto con Servicios Sociales y Cáritas para poder atender la gran demanda de alimentos que recibimos a diario.

FUHEM Ecosocial: ¿Qué tipo de medidas institucionales creéis que serían necesarias para paliar la pobreza extrema que se vive en los barrios?

 Xarxa de Poblenou: En realidad la pobreza siempre ha existido aunque la pandemia la haya aumentado. En un principio dicha xarxa se planteó como algo temporal, como un parche a lo que no abarcaban las instituciones, pero la dimensión de la crisis y el aumento que va teniendo la demanda semana tras semana hace que desconozcamos cuál va a ser su evolución, y no descartamos su futura flexibilidad.

Creemos que una salida real de la crisis social y económica debería ir acompañada de un aumento del presupuesto de gastos sociales, una absoluta mejora de los Servicios Sociales tanto en centros, en profesionales, como en presupuesto, un aumento de vivienda social pública y accesible, la creación de sitios de trabajo para todas las personas en paro y desocupadas a través de una economía social solidaria, una mejora de la educación pública universal a lo largo de la vida que sirva para promocionar todas las personas que quieran y además la consecución de papeles y permisos de residencia y nacionalidad para la inmigración. Todo esto es lo que pedimos a las instituciones.

Red de Solidaridad Popular de Latina-Carabanchel: Nuestra actividad lleva desarrollándose desde 2014, con lo cual somos conocedores de que las instituciones ni las del 2014, ni las que llegaron en el 2015, ni la institución actual han hecho nada para solucionar el problema alimentario en la ciudad de Madrid.

 Somos Tribu: Nuestra acción nace del apoyo mutuo vecinal que siempre estuvo y estará presente en nuestro barrio. Es verdad que la red surge durante la pandemia, pero como ya hemos explicado somos portadores de la larga herencia de solidaridad y lucha vecinal vallecana. Somos Tribu no pretende sustituir la acción de los responsables políticos y de la Administración para atender las necesidades y asegurar los derechos de nuestras vecinas y vecinos. Nos encantaría poder dedicarnos a un apoyo mutuo vecinal centrado en otras cuestiones menos vitales, pero, a día de hoy, las despensas solidarias y el resto de grupos y comisiones siguen siendo muy necesarias.

Desgraciadamente, no parece que vayan a venir tiempos mejores, y Somos Tribu seguirá ahí mientras sea necesario pero sin dejar de denunciar y señalar a los responsables de esta situación.

En cuanto a las medidas institucionales más necesarias, resulta fundamental agilizar la recepción del ingreso mínimo vital. Por otro lado, se debería aumentar notablemente la inversión en servicios sociales y en sanidad pública. Los recursos económicos y humanos que se dedican a atender a la población de los barrios son claramente insuficientes. Cuando cerraron los colegios y los comedores escolares, la Comunidad de Madrid no aumentó el presupuesto en servicios sociales, pero tuvieron la «brillante» idea de enviar pizzas a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

En plena pandemia, el Ayuntamiento de Madrid se está dedicando a expulsar a las despensas solidarias de sus locales como ha sucedido con el Espacio Vecinal Arganzuela.

FUHEM Ecosocial: Muchas gracias a las tres organizaciones y a Helena López por atender nuestras preguntas y por vuestra valiosa labor.

NOTAS:

^[1] Recopilación de respuestas y edición del diálogo: Susana Fernández y Nuria del Viso, miembros de FUHEM Ecosocial.

^[2] Sus artículos pueden encontrarse en este enlace: https://www.elperiodico.com/es/autor/helena-lopez-16719

Acesso al Diálogo en formato pfd: Diálogo con Asociaciones Barriales sobre la respuesta vecinal durante la COVID-19

Así, hemos hablado con María Sánchez, Luis del Romero, Yayo Herrero y Gustavo Duch y con ellos y ellas hemos realizado un:

Análisis de la situación: ¿Qué ha pasado en el mundo rural con la pandemia?

La emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha amplificado los problemas ya existentes en la España rural vaciada, y provocado toda una serie de contradicciones y sinsentidos peligrosos fruto de un “modelo” de confinamiento pensado desde y para el mundo urbano (que parece ser casi la única perspectiva con la cual se mira “al mundo”). En este sentido, nos han contado los elementos sobre los cuales pondrían más la atención.

Construcción de escenarios: ¿Qué pasará en el mundo rural tras la pandemia?

Al mismo tiempo, esta pandemia ha dejado claro que vamos a enfrentarnos a escenarios muy inciertos que podrían chocar con el funcionamiento del mundo urbano (alta densidad de población, intensa movilidad, espacios reducidos, etc.). Quizás esta pandemia está siendo la oportunidad para tomar conciencia del mundo rural y apoyar su revalorización. En ese sentido, ¿puede existir un peligro de “comercialización” del mundo rural en lugar de un entendimiento real de sus necesidades y rasgos productivos? En otros términos, ¿se amplía el riesgo de que los intereses del mundo urbano primen una vez más sobre la vocación y desarrollo de un mundo rural muy golpeado?

Los escenarios inciertos y difíciles que nos vamos a encontrar tras la pandemia, hacen necesaria una reflexión seria y desde diferentes perspectivas sobre el papel y el futuro del mundo rural.

1. Además, te recordamos que, si te interesan estas reflexiones y quieres seguir profundizando sobre el tema, no dejes de leer: Un panel de seis expertas y expertos reflexiona sobre la España rural vaciada y degradada. Diálogo entre Elisa Oteros-Rozas, Luis Camarero, Virginia Hernández, Sergio del Molino, Lucía López Marco y Valentín Cabero, publicado en el número 147 de nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, dedicado a las Periferias: nuevas geografías del malesta.

Panel de seis expertas

Monica Di Donato

Los desequilibrios territoriales  en el Estado español entre grandes ciudades, por un lado, y el mundo rural y pequeñas capitales de provincia por otro ha adquirido notoriedad como problema de primer orden solo recientemente, aunque el problema viene de atrás. Se constata la alarmante despoblación de zonas del interior y el “olvido” de amplias franjas del territorio en servicios básicos y en una estructuración económica viable. En esta conversación coral entre seis de las principales  voces en este asunto se examinan algunas de las cuestiones más relevantes, como la dicotomía rural-urbano que sostiene la segregación, el disfuncional metabolismo de las grandes urbes y posibles medidas para revertir estos procesos.

Monica Di Donato (MDD): Recientemente,  el  debate  sobre las problemáticas inherentes al mundo rural se ha vuelto de actualidad. Fenómenos como despoblación,    “España  vacía” vs “España vaciada”, desarraigo, “España a dos velocidades”, segregación territorial, subordinación de “lo rural” a “lo urbano”, etc. son temas presentes en muchas de las reflexiones que circulan. Empezaremos el debate intentando esbozar cuáles son, desde tu punto de vista, las dimensiones o elementos a los que indudablemente apuntarías para entender la complejidad del fenómeno que nos ocupa.

Elisa Oteros-Rozas (EO):  Efectivamente, si bien la despoblación en España es un proceso que dura ya más de medio siglo, el desequilibrio territorial ha cobrado especial atención social y mediática en los últimos meses, fundamentalmente por las citas electorales. En mi opinión habría que considerar al menos cuatro dimensiones, altamente relacionadas entre sí, tanto por los factores impulsores del abandono rural, como por sus consecuencias.

En primer lugar hay una dimensión económica del fenómeno, en la que el proceso de industrialización de la economía española y la Revolución Verde juegan un papel fundamental. Desde una economía sustentada fundamentalmente en mercados locales, regionales y en parte estatales, se da una transición hacia la incorporación a la economía de mercado globalizado que tenemos hoy en día. La agricultura y la ganadería pasan de ser el “sector primario”, mayoritariamente orientado a la alimentación de personas, a ser el eslabón débil de un sistema agroalimentario complejo, globalizado, altamente financiarizado y, sobre todo, industrializado y orientado a la acumulación de capitales en manos de oligopolios de la agroindustria, las biotecnologías y las farmacéuticas. La mecanización y la incorporación de insumos agroquímicos, sobre todo desde los años cincuenta, generó efectos encadenados hasta nuestros días: por ejemplo, el rápido aumento de la producción agraria a raíz de su intensificación dio lugar a la necesidad de encontrar nuevos mercados que la absorbieran, y por ello España se ha convertido en el mayor productor europeo, y uno de los principales del mundo, de piensos y de ganadería industrial.

La dimensión económica está estrechamente ligada a una importante dimensión ecológica. Los cambios de usos del suelo, y las consiguientes transformaciones de los ciclos biogeoquímicos (del fósforo, el nitrógeno y el carbono) y pérdida masiva de biodiversidad, son el factor más importante del cambio  ambiental  global.

En  España  ha sido la misma industrialización del campo que impulsó el abandono rural, la mayor contribuyente a la contaminación de suelos y aguas por nitratos de regadíos fertilizados químicamente. Sin embargo, hay un debate abierto ahora mismo sobre la supuesta ventana de oportunidad que abre el despoblamiento para renaturalizar o resilvestrar (rewilding, en inglés) ecosistemas con escaso uso humano, es decir para recuperar la biodiversidad silvestre al desarrollarse los ecosistemas hacia estados ecológicamente más maduros. Se trata de un debate internacional que en su aplicación al contexto ibérico resulta controvertida por el valor de la agrobiodiversidad que se ve sustituida, por el peligro de incendios y la consiguiente erosión del suelo así como por otros argumentos, también sociopolíticos.

De hecho, en tercer lugar, hay una dimensión política en las causas y consecuencias del vaciamiento de España rural, que tampoco es original de nuestro territorio. Hace ya tiempo que se descubrió que concentrar la población en núcleos urbanos tiene grandes beneficios para el capitalismo. El control social, por ejemplo, es mucho más fácil de ejercer sobre poblaciones concentradas que dispersas. Del mismo modo, para el control del territorio y los recursos naturales es mejor no tener población local que oponga resistencia. Siguiendo con el ejemplo de la ganadería industrial, no es casualidad que las zonas donde más se está expandiendo, sean las más despobladas de España. Igual que está sucediendo con la reapertura de minas o el desarrollo de nuevos proyectos de mega-minería: si nadie habita el territorio y tiene en él su forma de vida y sustento, nadie lo defiende, dejando vía libre para el desarrollismo insostenible. Por otro lado, el modelo de desarrollo asociado al consumismo es más fácil de alimentar en poblaciones concentradas: no en balde China lleva la última década concentrando su población en nuevas ciudades de gran tamaño (en comparación con las dimensiones europeas).

Por último, desde el punto de vista cultural, el despoblamiento rural ahonda la brecha de las dicotomías estereotípicas urbano-rural, cultura-naturaleza y centro-periferia que, al igual que otras como norte- sur u hombres-mujeres, apuntalan también el capitalismo y el heteropatriarcado dominantes. En la crisis global que vivimos, la de valores es de las más olvidadas, pero sin duda clave. Uno de sus mimbres es el descrédito y ninguneo de los saberes y valores campesinos y rurales, de comunidad y cooperación, que aunque perpetuaron la vida durante milenios, se sitúan cada vez más en posición de subalternidad frente a “la modernidad”, el individualismo y “el desarrollo”.

Luis Camarero (LC): Ciertamente cuando hablamos de la desigualdad rural respecto a las ciudades no hay nada nuevo, el aspecto novedoso es que ahora abordamos y buscamos comprender esta cuestión desde el desequilibrio territorial. Hemos cambiado la visión sobre viejos problemas y los hemos incorporado a la agenda. Hasta ahora las diferencias urbano-rurales las explicábamos a partir de diferencias de desarrollo, lo hacíamos exclusivamente en términos económicos. Utilizábamos de forma continua la noción de atraso –lag– respecto al avance modernizador. Ahora, una vez agotado el proceso de modernización, el debate de las diferencias urbano rurales se centra en términos de ciudadanía. La crisis –denominada genéricamente 2009, y así vulgarizarla como inevitable– ha tenido un fuerte impacto sobre nuestras sociedades. Pero sobre todo, el impacto se ha debido a que ha cambiado nuestra perspectiva sobre la realidad social. La acumulación de contradicciones se ha hecho patente en un periodo de fuerte reducción de actividades y de fondos públicos, y así hemos observado de forma conjunta el efecto continuado que los procesos de interdependencia y mundialización económica, la transformación de los regímenes de acumulación, y el profundo cambio demográfico de nuestras sociedades tienen sobre nuestras vidas, pero también, dentro del contexto de explosión de movilidades, tienen sobre el territorio.

El cambio rural, que podemos aprehender como transición rural, es el conjunto de tres grandes tendencias. La primera, la transformación de los regímenes alimentarios, la industrialización de la producción alimentaria y el establecimiento de cadenas globales soportadas por una división regional del trabajo. Esta transformación se resume diciendo que la agricultura ha dado la espalda al campo y en consecuencia las áreas rurales han variado sus formas económicas y diversificado sus actividades. La segunda es la transición demográfica. Caminamos hacia una sociedad fuertemente envejecida. En las áreas rurales donde la emigración es más acusada y la caída de la fecundidad aún mayor se produce un intenso  desequilibrio  generacional.  Aumentan los cuidados, y las economías de cuidados, en el contexto de una sociedad que gestiona los mismos sobre el soporte familiar, cobran mayor importancia y condicionan sobremanera el desarrollo de las vidas cotidianas de los grupos de edad intermedios – trabajadores, cuidadores y gestores a la vez. En tercer lugar, la movilidad. El desarrollo de sistemas de movilidad, especialmente de automovilidad, ha permitido mejorar la comunicación y configurar las distancias de formas diferentes, pero a costa de aumentar las desigualdades de acceso.

La plasmación de este conjunto de transformaciones sobre nuestro modelo de hábitat y el efecto de fuertes desequilibrios que imponen no solo de concentración urbana, sino también de la propia sostenibilidad social de las áreas rurales es lo que nos ha dado pie a cambiar la vieja pregunta de las oportunidades de desarrollo a la de ¿somos iguales, allá donde residamos?

Dicho de otra forma, ¿realmente tenemos capacidad para ocupar el territorio en función de nuestras expectativas vitales?

Virginia Hernández (VH): En España vivimos una terrible crisis territorial que se fundamenta en que el interior peninsular se vacía mientras que la mayoría de población se amontona en muy pocos espacios que empiezan a ser invivibles. Pero no debemos perder de vista que esta despoblación no es exclusiva del medio rural, sino que afecta también a los municipios más grandes y a las cabeceras de comarca. Por eso es importante tener en cuenta que nuestros pueblos se despueblan porque la gente se va a las ciudades, pero también porque al espacio geográfico que ocupan no se le ha garantizado el futuro y la estabilidad.

En este sentido, y siguiendo con la idea de crisis territorial, es evidente que a nivel estatal se apostó por el desarrollo de las grandes capitales, las industrias del norte y el turismo de costa, pero se dejó de lado esa inmensa parte del Estado que se dedicaba, fundamentalmente, al sector primario, y al que se le negó su desarrollo y modernización.

Tras el vaciamiento de ese interior peninsular, la economía de mercado, elemento fundamental e imprescindible para analizar este fenómeno, muestra su cara más cruda y la no intervención del Estado provoca la desaparición precipitada del tejido económico existente, que alimenta a su vez a la propia despoblación.

En clave capitalista también, se ignora desde la administración el deber de cubrir los derechos fundamentales de todas las personas y se produce el desmantelamiento de los servicios públicos en el medio rural argumentado por su alto coste económico.

Tampoco habría que olvidar que el actual modelo de propiedad de la tierra, el modelo de cultivo y trabajo y la propia PAC, cuyas ayudas han acabado beneficiando el desarrollo de las ciudades, es otro elemento fundamental para entender la despoblación de un inmenso territorio que tradicionalmente se dedicaba a la agricultura y la ganadería.

Por último, es imprescindible añadir que culturalmente se ha provocado el abandono de los pueblos y se ha favorecido la buena imagen de la vida en los entornos urbanos asociándolos a la imagen  de  éxito que como país se pretende proyectar.

Sergio del Molino (SdM): Se trata de un fenómeno que desborda con mucho cualquier perspectiva localista o incluso nacional. La hiperurbanización es inherente al capitalismo financiero y globalizado, que se une a procesos históricos que, en Europa, comenzaron en el siglo XVIII. Esto no quiere decir que tenga que entenderse la despoblación como una especie de desastre natural. Al contrario: es el resultado de decisiones políticas muy conscientes. Claro que el campo se ha vaciado. El Estado ha llegado a recurrir a la violencia para ello, y no solo durante el franquismo, porque las élites que lo regían consideraban que la ruina de la economía agraria tradicional era una conditio sine qua non para apuntalar el progreso de los sectores secundario y terciario. Desde el siglo XIX ha habido planes perfectamente documentados para favorecer el éxodo campesino y propiciar el crecimiento de las ciudades, pero las circunstancias internacionales han influido también tanto, y hacen que el proceso sea prácticamente irreversible y escape a cualquier acción política. Resumiendo mucho: no puede concebirse un campo sin una economía agraria que funcione y permita a los pequeños propietarios explotar sin ahogos sus tierras y ganados.

El único desarrollo rural que puede garantizar la pervivencia de las comunidades políticas del campo es el agrario: una economía terciaria no es capaz de sostener comunidades pequeñas y dispersas. ¿Cuándo y cómo dejó de ser rentable la agricultura europea, si los europeos son grandes consumidores de alimentos y habitan un continente próspero? Cuando las políticas librecambistas dejaron de protegerles frente a la competencia de las economías en desarrollo, que inundan los mercados agrícolas con precios muy bajos.

No es la única causa: la especulación en el mercado de futuros y la ausencia de una legislación adaptada a las necesidades de los pequeños productores han contribuido mucho a hundirlo todo. La única solución creíble pasa por una revolución en los modos de producir y consumir alimentos, esa es la clave de bóveda.

Lucía López Marco (LL): Sin duda, la despoblación rural es el mayor problema al que se enfrenta España, y uno de los mayores problemas que tiene que afrontar Europa. Cuando perdemos población en un territorio, se pierde el patrimonio cultural, el paisaje, la historia, etc. Nuestras tradiciones están vinculadas al medio rural, pero no solo eso, también nuestra alimentación, y nuestros paisajes. El año pasado se celebró el centenario de los dos primeros parques nacionales de España: Picos de Europa y Ordesa. Estos parques nacionales tienen este reconocimiento porque las personas  que  viven en esas zonas llevan siglos dando forma a esos paisajes con sus actividades agrosilvopastorales, sin embargo, ahora, las personas de zonas urbanas que van a hacer turismo a estos parques nacionales se olvidan de que hay personas que viven allí todo el año, que cuidan de esos paisajes, y de esa cultura, nuestra cultura, nuestros paisajes. Hay una canción de La Ronda de Boltaña que se titula “Una huella en la nieve” y que define muy bien este fenómeno:

¿Qué verán?, si no te ven cuando te miran,

si al mirarte sólo ven una postal;

no la tierra donde un pueblo

y sus fantasmas,

abrazados plantan cara al temporal.

Valentín Cabero (VC): Si contemplamos las pancartas de la manifestación contra la despoblación del 31 de marzo de 2019, podemos comprender la complejidad de la situación a la que hemos llegado en las relaciones campo-ciudad, si es posible hablar aún en estos términos, y abordar los desastres territoriales, sociales, económicos y ambientales que hemos trasladado al mundo rural desde la ciudad. Por encima de todas las reivindicaciones presentes y visibles en aquellos momentos (servicios básicos educativos, sanitarios, de transporte y comunicación, abandono y olvido político, pérdida de derechos, falta de inversiones…) se levantaban con rabia las voces de la resistencia rural frente a las ruinas demográficas y la demolición social,  o la lucha por la defensa de la dignidad y de la igualdad en las condiciones de vida de miles de pueblos y aldeas del interior maltratado y despoblado.

Son tantos los vacíos dejados y los desgarros sociales y culturales que somos incapaces de encontrar respuestas.

En los últimos años asistimos a distintas miradas sobre el mundo rural y con ellas, afortunadamente, se ha logrado actualizar el debate sobre su futuro. Los discursos sobre la ruralidad nos muestran perspectivas diferentes y complementarias: la cara conservacionista relacionada con los paisajes naturales, la dimensión emprendedora e innovadora preocupada por nuevas alternativas como el turismo, o la matriz endógena y agroganadera vinculada al aprovechamiento histórico de los recursos renovables.  Algunas formas de acercamiento están llenas de afectos y de compromisos solidarios, otras cargadas de cifras y porcentajes, algunas plenas de imágenes, y no faltan las aproximaciones con afanes regeneracionistas. Entrar en las interpretaciones más o menos acertadas, más o menos pegadas a las realidades geográficas, nos permite ahondar, en cualquier caso, en la complejidad y diversidad de las situaciones. Muchas de las miradas son externas al propio medio, realizadas desde la ciudad y desde compromisos más bien coyunturales, efímeros o mediáticos, alejadas de los problemas cotidianos que se viven en nuestros pueblos y aldeas.  Parece que existe una mala conciencia personal y colectiva por los pecados mortales cometidos en las pasadas décadas de emigración y despoblación, de desarraigo brutal, de desprecio, de maltrato y de incuria con el patrimonio rural, con sus paisajes culturales y sobre todo con sus habitantes.

La dimensión territorial del fenómeno nos preocupa particularmente. Aunque la identidad rural de la Península Ibérica alcanza al 80 % de su territorio, aproximadamente, la población activa en el sector primario no suma ya el 5 %, lo que ha supuesto un cambio radical en el control de los usos del suelo y en las formas de los aprovechamientos agroganaderos. Y es aquí, en estos territorios vacíos, donde encontramos los paisajes naturales y culturales más representativos y amables, a pesar de los estragos y tropelías cometidas. También, no sería necesario recordarlo, los recursos estratégicos y bienes comunes en los que descansan nuestra supervivencia colectiva, nuestra soberanía alimentaria y nuestro futuro común.

MDD: ¿Dónde sitúas el punto cero, si es que existe algo así, de este fenómeno? ¿Cuáles fueron los elementos que determinaron la fractura de lo urbano y lo rural, cómo se construyó/fomentó, en el ideario colectivo, la narrativa según la cual la dimensión urbana es sinónimo de progreso, de moderno, etc., en contraposición a un mundo rural caricaturizado como retrógrado, anclado en el pasado y fuertemente conservador?

EO: Creo que es importante  reconocer que la dicotomía rural-urbano no deja de ser un constructo social difícil de aterrizar en el territorio: ¿cómo se define lo rural/urbano? ¿por el tamaño de la población que habita el núcleo poblado? ¿por la superficie que ocupa? ¿por la estructura de su sistema económico? ¿o la de su demografía? ¿por su contexto geográfico? ¿por la idiosincrasia mayoritaria de la población? ¿por su sentimiento de pertenencia? Todas las posibles respuestas entrañan dificultades, sobre todas hay debate. Por ello hay quienes en determinado contexto, preferimos hablar de un  continuum  rural-urbano,  un  gradiente. Sin embargo, creo que a lo largo de la historia sí ha habido una tensión entre esos dos polos culturales, geopolíticos y económicos, y no creo que haya un “punto cero”.

Dicho esto, creo que sí hay claros puntos de inflexión en el proceso de profundización de la brecha cultural entre “lo rural” y “lo urbano” en España. En mi opinión los cambios que más han ahondado en esta brecha en España durante el pasado siglo, han sido las políticas territoriales del franquismo, de cuya mano llegó la implantación de la Revolución Verde desde los años cincuenta, y la entrada de España en la UE y la Política Agrícola Común (PAC) desde mediados  de  los  ochenta.  En el primer caso, no se trata de un cambio territorial ni temporalmente homogéneo ni drástico, sino de una serie de diferentes políticas territoriales. Estas se orientaron, por un lado, a la industrialización de la economía española, mayoritariamente concentrada en las ciudades. Por otro lado, la planificación territorial tenía como objetivo el suministro de los recursos naturales requeridos por esa industria  (como la plantación de pinares para la producción de carbón, o la minería) y para una población crecientemente concentrada en las ciudades (como la obra hidráulica para el abastecimiento de agua y energía).

Estas políticas conllevaron importantes migraciones internas en forma de fuerza de trabajo para las plantaciones forestales, la minería y construcción de infraestructuras como los embalses, pero también para las fábricas y el desarrollo urbanístico necesario para acoger a la creciente población obrera.

Asimismo, a través de los Servicios de Extensión Agraria, se implantaron prácticas agronómicas y nuevas tecnologías agrarias (fundamentalmente fertilizantes, biocidas y maquinaria pesada)  importadas  de  la Revolución Verde. Una agricultura más mecanizada requería concentración parcelaria y menos mano de obra. El progreso era la industrialización, la mecanización, vivir en un piso con baño y, más tarde, con agua corriente, televisor, teléfono… servicios que no llegaron al mundo rural hasta años más tarde.

En 1986 España entra en la Comunidad Europea (más tarde UE), cuya política agrícola es uno de los pilares fundamentales, tanto interna como externamente. La PAC ya había sufrido varias reformas y en los años noventa se caracterizó, entre otras cosas, por el impulso de la diversificación de la economía rural para desincentivar la producción agraria y aliviar las tensiones políticas por el comercio internacional: algunos terrenos prácticamente se abandonaron y el resto se intensificó aún más para reducir costes y poder competir en el mercado globalizado. El resultado fue aún más despoblamiento y terciarización de la economía rural. Las siguientes reformas de la PAC, junto a otras políticas europeas, han ahondado en la brecha cultural campo-ciudad al impulsar un modelo de ruralidad al servicio de una ciudadanía deseosa de disfrute del “campo” y la “naturaleza”, subsidiando la hostelería y la patrimonialización de la cultura y los ecosistemas.

LC: La diferencia rural-urbana es eterna, pero no por ello idéntica. Ha girado a lo largo de la historia y cambiado de sentido en cada lugar. Por ejemplo, ciudades como La Habana se construyeron sobre terrenos insalubres, plagados de mosquitos y enfermedades endémicas. Ha habido momentos en la historia en que la mortalidad urbana era enorme y las condiciones de vida citadina poco atractivas. La Edad Media, o la era de la Industrialización han supuesto momentos negros para la vida urbana. En 1539 Antonio de Guevara publicaba Menosprecio de corte y alabanza de aldea, un referente con cinco siglos del moderno idilio rural.

La diferencia rural-urbana es una construcción social, de la misma forma que el género es también una construcción social.

Haber nacido hombre o mujer no nos predispone a ciertos comportamientos como, por ejemplo, llevar el pelo largo o corto, falda o pantalón. De la misma forma haber nacido o vivir en el campo o en la ciudad no nos  predispone  a  ser  ni  más  listos,  ni menos inteligentes, ni más creativos, ni más sensibles o más afables ni cerrados. El carácter rural o urbano son atribuciones de sentido social, como lo es ser masculino o femenino. Sentidos que en el caso de la distinción rural-urbana cambian con el tiempo.

Es cierto que en el caso del género la diferencia se utiliza como mecanismo de dominación y también en ciertos momentos la diferencia rural urbana se ha utilizado con el mismo propósito. Sin embargo, el giro cultural, propio de la crisis de la modernidad y que proporciona la explosión postmoderna de identidades viene diluyendo algunas categorías –por ejemplo, emergen identidades sexuales híbridas– y resignificando otras como es, en el contexto de alta movilidad, el caso de las ideas de campo y ciudad. Del garrulo que expresaba el cine del landismo y que habitualmente protagonizaba el paleto aragonés, ahora nos encontramos con prototipos antagónicos como el Sr. Cayo de Delibes habitante de un territorio esencial y prístino con identidad propia.

Pero hoy la diferencia rural urbana se ha convertido sobre todo en una diferenciación de consumo. Pensemos, por ejemplo, en el turismo rural, que se soporta y reproduce el imaginario de una vida perdida, o en la proliferación de denominaciones de origen que incorporan identidades territoriales a productos que así adquieren valor frente a producciones indiferenciadas. El idilio rural resignifica la vida de muchas regiones. Buen ejemplo es la Toscana como epítome de la vida tranquila y saludable, aunque como nos recuerda Saviano en Gomorra, concentre talleres clandestinos dedicados al textil con mano de obra inmigrante esclavizada. Frente a la realidad triunfa la representación y así el largometraje Un verano en la Toscana ha servido de instrumento de difusión de la “ciudad lenta” y de la dieta de proximidad-gourmet. La experiencia rural se reproduce en distintos productos artesanos y también en la propia atracción de residencia en entornos exclusivos, solo basta mirar los anuncios de las inmobiliarias. Rural y urbano han variado desde la diferencia en la carrera por el desarrollo hasta convertirse en distinciones de consumo.

VH: El punto cero se sitúa en las revoluciones industriales, ese momento en que las fábricas necesitan mano de obra y, por una parte, la gente que vivía miserablemente en el campo se ve obligada a emigrar en busca de oportunidades, pero por otra, tiene también que marcharse del campo la gente que progresivamente se iba quedando sin trabajo debido a la mecanización del campo que cada vez necesitaba menos mano de obra.

Desde entonces no cesó la emigración del campo a las ciudades e incluso a otros países.

Momento clave, no obstante, fue el del desarrollismo franquista, cuyo objetivo de industrializar  determinados  polos  aceleró, de manera definitiva, el éxodo rural; de hecho, si analizamos los padrones de los municipios rurales entre los años sesenta y ochenta encontramos un descenso de población que en muchos casos supone más de la mitad del censo.

Sin embargo, no deja de ser curioso que mientras esto sucedía, el franquismo se trabajaba la imagen de la España rural como el frasco de las esencias de la España más pura. Aunque bien podía ser esta la manera de intentar tapar el evidente maltrato del franquismo al medio rural; no en balde, aun hoy en día, si una se da una vuelta por los pueblos (y por las ciudades) podríamos decir que no le salió mal.

Y es que el franquismo no solo expulsó a la gente de los pueblos para que fueran la mano de obra barata de las industrias en las ciudades, si no que expulsó a la gente de los pueblos para construir esos pantanos que muchos aún creen elementos imprescindibles para el desarrollo de este país (la mayoría de las personas cuando hablan de este país, habla del superpoblado, el otro no existe), y también podría resultar interesante analizar la ubicación geográfica de, por ejemplo, las centrales nucleares en España.

No obstante, la asociación de lo urbano al progreso y lo moderno en contraposición con lo rural hunde sus raíces en tiempos más lejanos. Los centros de influencia, las élites, siempre se han reunido en las ciudades y si algún aspecto positivo tenía el campo era, precisamente, la retirada espiritual y el descanso. Sin embargo, han pasado ya unos cuantos siglos desde que Fray Luis de León escribió su Oda a la vida retirada, actualmente tenemos capacidad para garantizar derechos, infraestructura y desarrollo a cualquier territorio, tenemos posibilidad de que los pequeños municipios puedan tener capacidad sobrada para garantizar el acceso al conocimiento, al saber, a la cultura, al trabajo intelectual, incluso al poder… Pero a nivel estatal se sigue fomentando culturalmente esa asociación. Los medios de comunicación siguen alimentando esa imagen. Las élites culturales, salvo honrosas excepciones, se han dedicado a describir el medio rural como un lugar oscuro, turbio, siniestro… ¡Pero claro! ¡Escribían del medio rural los de fuera del medio rural, y eran los de fuera del medio rural quienes lo consumían!

Se sigue dando por hecho y no se cuestiona la preeminencia de las ciudades sobre los pueblos. E incluso, a día de hoy, en pleno siglo XXI, la gente de los pueblos asume como natural ese ser habitante de segunda.

SdM:  Esa  dicotomía es consustancial a toda civilización y sus orígenes se pueden rastrear hasta en la Biblia, donde las ciudades se representan como focos de pecado y corrupción, frente a una sociedad de pastores y agricultores que nunca se aleja de Dios. Es una dialéctica arraigadísima en todas las culturas que en Europa se empezó a radicalizar a partir del siglo XIII, cuando florecen los burgos. Siempre se expresa en dos direcciones: de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. En la primera, los campesinos son los elementos atrasados y reaccionarios, un lastre que hay que combatir o soltar. En la segunda, la ciudad representa el delirio y la corrupción, la desnaturalización del ser humano, la expresión de su lado más depredador. Tras la revolución industrial, el relato del desprecio al campesino aplasta al contrario, y todo lo que tiene que ver con el campo se mancha de un desprestigio social enorme que facilita y a veces fomenta el éxodo a las ciudades: muchas veces, son los propios campesinos quienes reniegan de sus rasgos culturales y de su herencia, avergonzados de su forma de hablar y de comportarse. La cultura urbana internacional, cada vez más plana, cada vez más homogénea, se impone como único relato admisible en las sociedades democráticas porque las democracias parlamentarias inventan sus liturgias precisamente en un momento en el que las ciudades se están haciendo con el imaginario hegemónico de los países.

LL: Creo que el punto cero podría situarse en la industrialización (finales del XIX, principios del XX). Sin duda este momento fue un punto clave principalmente en dos aspectos: por un lado porque cambió el sistema de trabajo tal y como estaba entendido hasta entonces y supuso que muchas familias decidieran abandonar el medio rural para trabajar en la industria en núcleos urbanos de tamaño grande y mediano, y por otro porque la industrialización llevó al desarrollo de máquinas que luego sustituyeron el trabajo humano en el campo y que llevaron a que no se necesitara tanta mano de obra en las actividades agrarias.

Creo  que  también  la  industrialización fue un elemento clave en esa fractura urbano-rural, ya que es a partir de ese momento cuando más se van separando ambos “mundos” y se empieza a ver a la gente que se queda en el medio rural como a quienes no han podido irse a trabajar a la ciudad o a municipios de mayor tamaño.

VC: Más que un punto de partida específico para la explicación del desguace rural al que hemos llegado, tendríamos que reconstruir los procesos que nos ha llevado desde la autarquía ruralista franquista a la situación actual. Quizás tengamos un símbolo que marca para muchos lugares el punto cero; la llegada del primer tractor a muchas comarcas a mediados de los años cincuenta del siglo pasado, y sobre todo,  en los años sesenta, supuso un cambio sustancial en las relaciones de trabajo con la tierra y la liberalización de miles de jornaleros de las miserias del latifundio y de pequeños campesinos de las pobrezas del minifundio. Comenzaba el discurso del progreso y de la modernización bajo los parámetros de los Planes de Desarrollo y la polarización del crecimiento urbano. Literariamente quedan bien reflejadas las circunstancias y los imaginarios colectivos en las obras de Miguel Delibes, pues nos dejó narraciones memorables de aquellos mundos abocados al éxodo rural, tanto  del minifundio austero y de subsistencia (Viejas historias de Castilla la Vieja, 1960; Las ratas, 1962…) como del latifundio ingrato,  caciquil y paternalista (Los santos inocentes, 1981); en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, publicado con el título Un mundo que agoniza (1975), nos resume con sabiduría los problemas derivados de la modernización y del éxodo sin alternativas razonables para el mundo rural; luego, en el El disputado voto del  Sr. Cayo  (1978), en plena transición democrática, nos enfrenta con humor doloroso e ironía a la despiadada despoblación y envejecimiento de nuestra vida rural.

Todos los datos (los siete millones de emigrantes del éxodo rural, el crecimiento natural negativo, los estrangulamientos en las cohortes de edad,…), nos llevan  a una reflexión triste y lamentable sobre las circunstancias vividas: los procesos de concentración demográfica, económica y del poder político en algunas capitales es escandaloso y humillante para el mundo campesino, agrario y pastoril.

La polarización centrípeta y succionadora sobre las gentes y recursos próximos y lejanos supone una tragedia demográfica y social colectiva para los territorios de montaña o más desvalidos y del interior.

MDD: Por primera vez en la historia, la ciudad y, más aún, su modelo, domina y se impone sobre la organización social y espacial de nuestra especie: es donde, en ese sentido, se concentra el poder, la riqueza, se toman las decisiones y donde se concentra preferentemente la población. Las estadísticas apuntan a que esta tendencia se consolida. Lo urbano parece predominante, parece que vive de espaldas a un mundo rural cada vez más alejado. A lo rural se lo caricaturiza, se lo desprecia o, al contrario, se lo considera desde un punto de vista romántico, idealizándolo. En cualquiera de los casos, nos olvidamos que el modelo ciudad está en una fase completamente disfuncional a nivel físico, que es un modelo metabólicamente inviable, tal y como están diseñadas ahora las ciudades (estructuras muy complejas, con una fuerte dependencia energética, muy terciarizadas, etc).

Nos olvidamos de que el modelo ciudad depende del metabolismo rural para alimentar su población, al igual que, por ejemplo, se ignora que la economía depende completamente de la naturaleza para poder funcionar. Hay muchos argumentos para pensar que este crecimiento exponencial de energía y recursos que ha acompañado y acompaña a la urbanidad moderna colapsará en las próximas décadas. ¿La disyuntiva está entre salvar el espacio urbano moderno de la degeneración capitalista o “volver todos al campo”, y con qué consecuencias? ¿Cabe alguna posibilidad diferente a las de éxodo o rescate? ¿Cuál será el actor social que, desde tu perspectiva, puede jugar un rol fundamental en ese sentido?

EO: Como decía, desde la ciudad se conceptualiza y trata a lo rural como “alteridad” al servicio de las necesidades –alimentarias, culturales, de salud y ocio– de la ciudadanía, un paisaje bucólico de postal, donde relajarse, respirar aire limpio y contemplar la naturaleza, pero solo en vacaciones. Sin embargo, a la vez, las ciudades son cada vez más disfuncionales ecológica y socialmente, por lo que, entre la creciente insalubridad y el ascenso continuo del precio de la vida, cada vez más personas buscan una vía de salida. Así, las zonas periurbanas o pseudorurales de muchas ciudades europeas y españolas se están colmatando de un nuevo tipo de habitantes que trabaja en la ciudad, que es donde hay empleo más estable y mejor remunerado, pero que se desplaza diariamente para ir a dormir “al pueblo”, donde el fin de semana disfruta de deportes y actividades “de campo”. Cada vez más gente joven no quiere criar a sus hijas en el asfalto, entre coches, y vuelve “al rural”. Pero, ¿qué rural? De nuevo, ¿dónde ponemos la frontera? ¿Cómo se dibuja ese ecotono, ese continuum socio-ecológico rural-urbano?

Además, estos movimientos en zonas cercanas a ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, no tienen nada que ver con una regresión de la tendencia de vaciamiento de la España rural de la que hablamos, la de las Castillas y la Siberia ibérica. A la España vaciada que no tiene estas ciudades a la mano, no se vuelve tan fácilmente porque faltan servicios sociales, infraestructuras, comunicaciones, empleo, saberes tradicionales, acceso a la tierra para emprender en el agro y en muchas ocasiones, incluso acceso a vivienda aunque el pueblo esté vacío. La vuelta al campo no es fácil para nadie: ni para los que llegan, ni para los que se quedaron. Los primeros a menudo traen expectativas y necesidades alejadas de la realidad de la vida rural, los segundos sienten amenazada su forma de forma de vida, sus valores e incluso su tierra.

Pero en el contexto actual de colapso socioecológico sistémico, de crisis ambiental y social de las ciudades, y de un mundo rural secuestrado por el capitalismo agrario y la espectacularización, solo queda el reequilibrio territorial. Frente al cambio global y la imperiosa necesidad de decrecer en nuestro consumo de recursos y ritmo de vida, en España la revitalización del mundo rural es imprescindible. Pero un mundo rural de nuevo vivo no se conseguirá solo con las hijas y nietas de los pueblos. Aunque todas quisieran volver, que no es el caso, harán falta muchas más personas “neorurales” y cambios culturales y políticos profundos.

Hará falta innovar en las maneras de vivir y convivir, recuperar –urgentemente– saberes locales/tradicionales agroalimentarios y de gestión del territorio, respetar los ritmos de adaptación de cada cual y mucha generosidad.

Será imprescindible debatir y quizás replantear muchas cosas como el papel de las (nuevas) tecnologías y la soberanía sobre ellas, el reparto de la tierra y la gestión de territorio para garantizar el funcionamiento adecuado de los ecosistemas que sustentan la nuestra y todas las vidas (incluyendo los problemáticos depredadores). Es urgente redescubrir y reivindicar lo común y redimensionar la economía a escala humana poniendo la vida en el centro.

Para ello, si tengo que elegir una sola pieza clave del puzzle, no lo dudaría: las mujeres. Ellas están siendo en muchos casos motores de cambio e innovación en el mundo rural, ejemplo de apertura de miras y preocupación de cara al futuro, puente entre diferentes generaciones y pobladores, entre nuevas tecnologías y saberes ancestrales. Ellas se fueron de los pueblos en mayor proporción que sus coetáneos, pero también mantuvieron el contacto y legaron la memoria de los pueblos. Ellas, aún sin relación previa con el pueblo, se están instalando y reorganizando su vida allí. Ellas no se han rendido.

LC: El cambio y las transformaciones sociales no son lineales. No hay un origen. De forma más alegórica podríamos pensar en ciclos. Es cierto que si miramos alrededor podemos pensar que si todo sigue igual “Megalópolis” fagocitará cualquier otra forma de vida, y que la vida megalopolitana nos convertirá en ciudadanos alienados como hemos leído en el 1984 orwelliano o visto en Metrópolis de Fritz Lang. Pero también, mientras pensamos así, podemos ver síntomas de cambio y de transformación. Bilbao, Gijón o Vigo llegaron a ser lugares grises, dominados por un modelo taylorista de vida y por una calidad ambiental dudosa.

Hoy son entornos irreconocibles, la calidad de vida ha mejorado, son lugares inesperadamente amables para la vida. Benidorm, que tiene una concentración de rascacielos por metro cuadrado que iguala a Manhattan, fundamenta, como decía Mario Gaviria, un modelo de residencialidad sostenible. Si nos situamos en el contexto real de una población totalmente envejecida, Benidorm, frente a la dispersión turística privada del litoral, representa una ciudad de recreo muy accesible. El ascensor es el medio de transporte que hace que muchos ancianos, que no podrían conducir, ni pagar sistemas de transporte privado, puedan hacer una vida instantánea, sin distancias en un centro cosmopolita al lado del mar. Pero también las ciudades monstruosas como Portland, en Oregón, vienen cambiando e inaugurando nuevas formas de ciudad-jardín, con experiencias destacables de agroecología comunitaria. Sobre el vacío que deja una industria en declive florecen huertos urbanos y espacios para la utopía. Sí, es cierto, las metrópolis de México o Brasil, Manila o Douala son lugares contaminados, caóticos, peligrosos, donde la vida resulta compleja. Pero estas ciudades como muchas megalópolis son refugio para sus habitantes, se nutren de población que huye de lugares en los que el respeto a los derechos humanos es débil y las formas de vida económica pueden llegar a ser cuasiesclavistas. La ciudad sigue siendo también espacio de libertad. El lema “El aire de la ciudad os hará libres”, pertenece al fuero alemán medieval y sancionaba el hecho de que los campesinos una vez en el burgo se liberaban de la servidumbre feudal.

Hoy, en ciertos lugares del planeta la ciudad sigue permitiendo escapar de zonas de conflicto, de grupos armados, de organizaciones mafiosas… El problema real, como siempre, son las desigualdades sociales, a veces ni siquiera se puede volver al campo.

VH: No sé si la solución acabará siendo que volvamos todos al pueblo, pero probablemente sí tengamos que hacerlo unos cuantos: las ciudades no son capaces de soportar tanta gente; el territorio, sin embargo, necesita gente que lo soporte.

Habría que plantearse, llegado el caso de que todos tuviéramos que volver al pueblo, si tendríamos que hacerlo a todos los pueblos. Porque no podemos perder de vista que muchos de ellos crecieron también a la sombra de otras industrias que se desarrollaron con anterioridad; por ejemplo, ¿podemos garantizar y tendría sentido que aquellos municipios muy poblados hace años debido a la industria minera volvieran a estarlo?

No podemos pensar en la ciudad y los pueblos como cosas independientes, sino como elementos de organización territorial y administrativa que deben estar en equilibrio para garantizar la buena vida de las personas que habiten el territorio global.

La degeneración capitalista que mata al espacio urbano es la misma que vacía nuestros pueblos, por lo que no es difícil concluir que este es el núcleo irradiador del mal e ir a la raíz de este problema es, inevitablemente, abordar de manera radical la desaparición del capitalismo.

Sin duda, esta cuestión se revela como un ejercicio harto complicado porque de lo que estamos hablando, en esencia, es de que debemos asumir que nuestro modelo actual de vida no es posible y, es más que probable, que este cambio radical de relacionarnos con nuestro entorno nos conduzca a más que serias tensiones sociales.

Siempre he creído que aquellas personas que están ya volviendo a vivir al pueblo tendrán un papel más que relevante en ese proceso de equilibrio entre los territorios, puesto que pueden servir de nexo conector entre dos realidades; no en balde, es probable que su ejemplo pueda ser la luz que guíe a quienes poco a poco vayan apostando por otra forma de vivir. Pero más allá de esto, creo que si se les permitiera, las administraciones locales podrían liderar un proceso de reestructuración del Estado en primera persona que sería fundamental, y, también, las organizaciones ecologistas o con valores ecologistas, que han demostrado en los últimos años que son, probablemente, las más conscientes de que vivimos un problema cuyas consecuencias no son solo demográficas, sino que son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie y el planeta.

SdM: No tengo tan claro que el colapso sea tan evidente como lo pintan algunos. Pese a su caos, se ha demostrado que las ciudades son organismos complejos que se adaptan muy bien a los cambios. La tendencia que aprecio es la de la construcción de nuevas fortalezas, una reedición de las urbes amuralladas medievales. En Occidente, un mercado inmobiliario desregulado y sometido al poder inmenso de los flujos financieros está expulsando a los habitantes del centro de las ciudades,  mediante  el  encarecimiento  del precio de la vivienda. El centro de París y de Londres es inasequible para la mayoría de la población, y pronto lo será también el de Madrid y Barcelona.

En los centros, despojados de vecinos y de la red comercial tradicional –sustituida por franquicias internacionales que especulan con las propiedades inmobiliarias–, solo quedarán millonarios y las sedes de las grandes empresas a las que los trabajadores tendrán que desplazarse desde muy lejos todos los días.

Es un sistema desquiciante e insostenible, claro que lo es, pero como no deja de funcionar, no hay razón para pensar en un colapso, salvo que suceda un cataclismo ajeno a él (aunque inducido por él), como un desastre climático o el agotamiento del petróleo (circunstancia, esta última, que parece que las grandes empresas ya están preparadas para soslayar).

LL: Creo que efectivamente este sistema, llamémoslo, “pro-urbano” colapsará más pronto de lo que nos imaginamos, porque el cambio climático ya no tiene marcha atrás y eso se reflejará también en una fuerte disminución en la producción agraria y por lo tanto, de la disponibilidad de alimento, y además las principales fuentes de energía empleadas actualmente en nuestro país son finitas y no se están buscando alternativas.

No me cabe duda de que la solución es volver al medio rural, y vivir de la forma más autosuficiente posible.

Sin embargo, cuando se produzca la “vuelta al campo forzada” por la crisis climática y energética, no todo el mundo podrá hacerlo, y, lo más grave, es que habremos perdido muchos (casi todos) los conocimientos tradicionales ligados a la tierra.

Desde un punto de vista menos catastrofista, creo que cada vez hay más gente que  decide  voluntariamente  instalarse  en un pueblo, y, en este aspecto, los medios de comunicación y el sector educativo juegan un papel fundamental a la hora de ayudar a cambiar la percepción que la sociedad tiene sobre la gente que vive en los pueblos y favorecer así que más gente se instale en zonas rurales y que más empresas apuesten por estos territorios, instalando en ellos sus sedes o simplemente facilitando el tele-trabajo.

VC: Hasta hace poco tiempo, el proceso de concentración urbana en España parecía imparable, pero los síntomas y los datos reales nos señalan que son muchas las capitales de provincia que han entrado en un proceso de retroceso demográfico y de parálisis o atonía económica. También son numerosos los ejemplos de pequeñas ciudades y cabeceras de comarca que se han detenido o retrocedido en sus procesos de crecimiento y concentración demográfica y económica. Y la larga crisis que aún vivimos ha trastocado, no con la fuerza y cordura suficientes, los modelos de vida urbana y las relaciones entre el medio rural y urbano.

Sigue predominando una superioridad de la ciudad y un dumping urbano sobre el medio rural, manteniéndose algunos estereotipos históricos que se reproducen en la actualidad y que enlazan el comportamiento de sus habitantes con el atraso o el espíritu político conservador;

sin embargo, al mismo tiempo, nos encontramos con respuestas sociales y urbanas que ven en el campo, en los distintos medios rurales y en la naturaleza, las auténticas y verdaderas alternativas a las formas de vida de la ciudad. De algún modo, estamos asistiendo aún al desprecio y visión negativa, a la vez que a una exaltación de las virtudes y valores auténticos ligados al medio rural.

Ante el dumping social, económico y medioambiental de las grandes corporaciones  y agroindustrias, las respuestas deben estar protagonizadas por los municipios rurales y  por los colectivos y organizaciones agrarias más pegadas al territorio y comprometidas con las agriculturas y ganaderías familiares. Ahora bien, en las relaciones de nuestras ciudades con los medios rurales existen varios millones de personas y familias que mantienen sus lazos vitales y casas en los pueblos de origen o de residencia temporal  –población vinculada se les denomina en la nueva terminología estadística–, concentrando su presencia en los pueblos en los momentos festivos o en la estación estival. Cuando están a punto de romperse los vínculos con las segundas y terceras generaciones de estos antiguos emigrantes, es necesario reforzar las relaciones y compromisos de los oriundos con sus pueblos y con los residentes habituales y empadronados, resistiendo así con mayor fuerza los golpes de la despoblación, del abandono, o la pérdida definitiva de los bienes comunes. La población vinculada debería convertirse en un actor clave entre la ciudad y el mundo rural.

MDD: Fiscalidad diferenciada para los territorios despoblados (por ejemplo, reducción del IRPF), facilidad en el acceso a la vivienda, creación de un ministerio para el desarrollo rural, etc., pero también proyectos de macrogranjas e intereses de grandes fondos de inversión. Parece que existen muchas recetas, aparentemente contrapuestas, para realizar un gran cambio económico, y así intentar “salvar” estas zonas vaciadas y vacías de la España rural. ¿Es posible, desde tu punto de vista, intentar invertir este fenómeno complejo planificándolo desde el despacho de una ciudad, como muchas de las decisiones que se toman con respecto al mundo rural, al margen de su gente, su historia, sus tiempos? Y, si tuvieses la posibilidad de hacer ese cambio, ¿por dónde empezarías y cómo cambiarías la narrativa?

EO: Evidentemente, los despachos de las ciudades han demostrado una incapacidad absoluta de abordar adecuadamente los retos que enfrenta la sociedad hoy, así que no creo que debamos confiar en ellos tampoco en relación al despoblamiento rural. Además, creo que cambiar las narrativas es importante, pero no suficiente: deben cambiar los valores que subyacen a las narrativas. Y eso es lento, pero posible.

Las políticas públicas podrían ser una herramienta útil para apoyar la transición que necesitamos –y en ocasiones lo están siendo–, pero también es cierto que vivimos un momento políticamente crítico, de enorme desconfianza e incertidumbre institucional continua, en el que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, como las redes sociales, han conquistado cada rincón y juegan un papel fundamental en la construcción de narrativas. Así que no creo que podamos confiar tampoco solo en los espacios institucionales formales.

La sociedad, con toda su diversidad, debe tomar conciencia de la urgente necesidad de cambios radicales en la manera de vivir y organizarnos, en primer lugar para volver a encajar en los límites biofísicos del planeta.

Eso pasa por cambiar significativamente el modelo mayoritario de consumo y gestión de los recursos, desde la economía ecológica y de los comunes, y transmitir a las nuevas generaciones, en casa y en la escuela, que la única manera posible de habitar la tierra, es respetando sus ritmos. En segundo lugar, es imprescindible poner la vida, su cuidado y reproducción, en el centro de nuestras relaciones, sociales y con los ecosistemas, es decir, incorporar la perspectiva (eco)feminista a la gestión social. Esto implica, entre otras cosas, transformar el sistema agroalimentario al modelo agroecológico en base a los principios de la soberanía alimentaria, reorganizando el acceso a la tierra para quien quiera producir alimentos de forma ambientalmente sostenible y socialmente justa. En tercer lugar, desmontar importantes relaciones de poder inherentes al sistema capitalista y devolver la soberanía –no solo la alimentaria, sino también la energética, la tecnológica y la política– al ámbito local. Para todo ello hacen falta consciencia, responsabilidad, muchas cabezas pensantes y buena voluntad: la participación y el diálogo social, la cogeneración de conocimiento y la integración de distintos tipos de saberes (locales, tradicionales, técnicos, científicos,…) son la base del cambio que necesitamos.

Además la dicotomía urbano-rural, como otras, se está viendo exacerbada por el odio hacia “el otro” (el “ecolojeta”, el “ganaduros”, la “feminazi”, los “catetos”, los animalistas,…) y la posverdad que campan a sus anchas por las redes sociales y los medios de comunicación de masas, engordando las sacas de votos de las “nuevas” oleadas fascistas. Contra eso, necesitamos también soberanía de la comunicación, con medios como este, que contribuyan a desmontar mitos y compartir espacios de reflexión crítica y propositiva.

LC: Me temo que el mundo no se puede dirigir desde un despacho. El despoblamiento es solo un síntoma de fenómenos sociales de muy largo recorrido. Más allá de las utopías solo podemos hacer frente a las distopías sobre las que caminamos a partir de políticas públicas. Políticas que tienen efectos limitados y que no son factibles en bastantes lugares del planeta. Los modelos de desarrollo son articulaciones complejas, marañas entrelazadas de intereses y grupos de actores de lugares diversos con capacidades muy desiguales. En este contexto, y asumiendo ámbitos de intervención muy concretos –léase el estado-nación– nuestra forma de equilibrar el territorio solo tiene dos líneas de actuación. La primera es sobre la población, la segunda sobre la comunicación.

Sobre la población deberemos pensar no tanto en traer –el extraño término repoblación que solo ha existido en boca de imperios y de dictaduras–, sino en considerar en primer lugar a la población que reside. Difícilmente encontraremos nuevos pobladores cuando los pocos que hay hoy siguen yéndose. Difícilmente vendrán niños en un contexto de fecundidad reducida –las políticas natalistas también han venido asociadas a sueños imperiales–. De hecho, estamos observando que precisamente quienes quieren tener niños se van antes de las áreas rurales. En primer lugar, debemos atender a los desequilibrios demográficos. Las áreas rurales están fuertemente masculinizadas. Este dato nos advierte de la dificultad, de la hostilidad que el medio –social– supone para ciertos grupos, sobre las formas en que los territorios embeben las desigualdades. Pero nos alerta también de la falta de atractivo y del condicionamiento que los desequilibrios suponen para el futuro.

Un territorio desigual en términos de género: ¿que proyectos de vida puede albergar?

En términos de generaciones la situación también nos remite a grandes desigualdades: muchos ancianos en un territorio con apenas niños y con un grupo que llamamos generación soporte –trabajan, cuidan mayores, tienen niños, gestionan la comunidad…–. Hemos explicado una y otra vez el mundo desde la producción económica y en ese empeño las desigualdades estuvieron reducidas a las diferencias de renta. Pero hay otras desigualdades sobre las que navegamos, las de género o las que produce la “economía de cuidados”. Estas desigualdades se amplifican en las áreas rurales. Esta constatación produce pistas importantes de cara al diseño de políticas y programas de intervención que mejoren sustantivamente el efecto de las desigualdades en áreas rurales.

Pero hay otra segunda estrategia que suele olvidarse. En el mundo actual no somos ni rurales, ni urbanos. Somos rurales y urbanos a la vez. Las áreas rurales solo funcionan sobre su conexión con centros urbanos, y a su vez nuestro modelo urbano solo funciona por la existencia de amplios territorios rurales. Favorecer la interconexión no supone ni mucho menos la asimilación cultural, sino la hibridación. Que podamos estar entre el campo y la ciudad es la única forma de desarrollar territorios equilibrados y en los que podamos dirigir nuestras propias vidas. Antes las carreteras eran instrumento de despoblación, ahora la conexión es crucial. Buena parte de los residentes rurales trabajan en áreas rurales, muchos de los servicios rurales se prestan desde áreas urbanas, buena parte de la España vacía está a rebosar en la Virgen de Agosto. La movilidad permite tejer el territorio. Acá quedan nuevas pistas.

VH: Aquí hay una cuestión clave: parece que en los últimos años hemos conseguido trasladar a la opinión pública la importancia de la despoblación en nuestro país, sin embargo, no hemos conseguido que seamos los afectados quienes seamos protagonistas del trabajo que hay que hacer para revertir la situación.

Es imprescindible que se dé a la administración local capacidad de trabajar en primera persona en sus municipios. Es imprescindible que quienes mejor conocen el territorio tengan voz y también capacidad de decisión. Y es imprescindible que exista una legislación que contemple el hecho diferencial de los pueblos más pequeños, con un régimen jurídico dimensionado y una gestión administrativa que debe tener en cuenta su tamaño y peculiaridades, al igual que ocurre en el otro extremo de la dimensión territorial con la Ley de Grandes Ciudades. Necesitamos adecuar la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local a los pequeños municipios para definir con claridad las medidas a aplicar y el marco competencial, para desarrollar las mismas y dotarlas presupuestariamente. Y ni que decir tiene derogar la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En suma, simplificar administrativa, burocrática y legislativamente, con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas o privadas que contribuyan a la reactivación del medio rural para que los ayuntamientos podamos enfrentar este problema de cara y no depender de macro administraciones que no son conocedores de nuestra realidad.

Todo esto, claro, presuponiendo que exista un interés real en revertir el proceso de despoblación.

SdM: Claro que no. De hecho, las soluciones generales no funcionan nunca porque cada comunidad, pese a que sufre un fenómeno global, tiene una historia y un problema local. Solo mediante la atención a cada comunidad, con planes concretos a largo plazo y posibilidades realistas de inversión pública y privada, pueden dar esperanza a muchas comarcas a punto de extinguirse.

LL: No, creo que es imposible cambiar esta situación desde los despachos y sin pisar el terreno, y también considero que es un problema intentar buscar soluciones globales para todos los territorios, cuando cada lugar tiene unas características diferentes. La solución está en la gente de los territorios, en darles facilidades. Creo que es muy importante y necesario que se den beneficios fiscales, por ejemplo en municipios de menos de 500 habitantes, y también ayudas a familias con hijos en edad escolar que apuesten por vivir en estos territorios, que son ayudas que deberían incentivarse a nivel estatal/autonómico, pero las iniciativas que fijan población, al final, se desarrollan desde los municipios por las personas que habitan en ellos. Creo que habría que empezar por replicar iniciativas como los que se han recogido en la base de datos del proyecto de investigación europeo SIMRA (Innovación Social en Áreas Rurales Marginales). Hay muchas iniciativas que se pueden desarrollar: agrarias, forestales, educativas… que no solo fijan población, sino que también atraen a nuevos pobladores.

Creo que para cambiar la narrativa, hay que comenzar dando voz a la gente de los territorios, visibilizando sus trabajos, y potenciando la creación de redes y alianzas en el medio rural.

Y sobre todo, consultarles y tener en cuenta sus opiniones.

VC: Durante las pasadas décadas, también a lo largo de todo el período democrático, el discurso urbano y de la modernización ha sido tan dominante en la toma de decisiones que ahora resulta muy difícil abordar con inteligencia colectiva el futuro del mundo rural. Además, algunas de las políticas tecnocráticas y económicas de la UE y de la PAC han contribuido a liquidar las agriculturas familiares mejor adaptadas a las condiciones ecológicas de la península Ibérica, y con ello se ha perdido la capacidad de lucha realmente sostenible sobre las mudanzas ambientales y climáticas.

Necesitamos repensar con coraje el territorio y las relaciones con el medio rural. Durante décadas, al olvido del mundo rural se ha sumado con frecuencia el desprecio, coreando procesos de modernización por unos poderes y por otros, que finalmente han rebasado todos los límites y han arrasado completamente con la memoria colectiva y de los lugares, con los valores concejiles de solidaridad, o con el patrimonio cultural y con los bienes comunes.

Junto al olvido, también, el silencio más vergonzoso sobre mujeres y hombres que trabajan amorosamente la tierra y nos proporcionan alimentos de calidad o labran paisajes humanos bien integrados en la naturaleza.

Y ahora, nos enfrentamos de nuevo a una fragmentación dolorosa, bajo signos e incertidumbres de desigualdad y destrucción llenos de desasosiego (estructuras demográficas completamente rotas, sustitución generacional imposible, soberanías alimentarias asoladas, agriculturas y ganaderías históricas derruidas, derechos humanos y servicios básicos destrozados o recortados, calidad democrática deteriorada, amenazas medioambientales y de cambio climático por doquier…). Los desgarrones y heridas son tantas, que las resistencias heroicas frente al capitalismo agrarista, financiero y tecnológico más especulativo, que se ha adueñado de nuestros recursos naturales, bien merecen una narrativa positiva y nuestro reconocimiento.

Desde la perspectiva de la planificación, ordenación del territorio o de las políticas públicas, las decisiones han sido muy contradictorias, y aunque los discursos tecnocráticos están llenos de palabras retóricas como la sostenibilidad y la resiliencia, no han sabido integrar con verdadera conciencia y compromiso cívico al mundo rural, a sus gentes, a sus paisajes y a su patrimonio natural y cultural en la conciencia urbana. Precisamente cuando más protección administrativa se ha ejercido sobre nuestros paisajes naturales y culturales, ya sin campesinos y ganaderos muchos de ellos.

Mientras la Ley de Agricultura de Montaña (1982) intentaba detener los males derivados del abandono y despoblación, o la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, bien concebida y debatida, pero nunca aplicada, buscaba paliar las consecuencias de la política agraria comunitaria y de los desequilibrios internos del país con un enfoque muy territorial, comarcal e integral, la Ley del Suelo de 1998, abría el camino a la especulación urbana más nefasta con la idea y posibilidad de convertir el territorio en un gran bazar inmobiliario, y más tarde, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) o Ley Montoro, 2013, ponía el acento en la concentración en los núcleos urbanos de más de 20.000 habitantes de los beneficios de los servicios y de sus efectos multiplicadores, buscando con ello la desaparición de los pequeños municipios y juntas vecinales.

Los pequeños municipios se encuentran con frecuencia desvalidos ante la burocracia y los poderes centralizados en la ciudad. Varios hechos contribuyen a la subordinación rural.

Son muchos los alcaldes que no viven habitualmente en los pueblos a los que representan y los utilizan como palancas del poder, sin verdadero compromiso con los habitantes del lugar. Y ante el rechazo local de las nuevas formas capitalistas de superproducción ganadera como las macrogranjas y de sus graves impactos ambientales no encuentran el apoyo equitativo, ni la sensibilidad necesaria, por parte de las administraciones   provinciales y regionales.

Algo se está removiendo, no obstante, tras la movilización de un gran número de municipios frente a la Ley Montoro (“Este pueblo no se vende”), y tras la “revuelta” rural de 2019  ante la despoblación y el abandono. Asociaciones, fundaciones, sindicatos, colectivos de acción solidaria vinculadas al mundo rural ya no se callan, y con llamadas a los oriundos y residentes fuera –la población vinculada– les piden la aportación de nuevas energías y la toma de conciencia del grave problema de la despoblación y la salvación de los pueblos. Posiblemente, el relato o la narrativa sobre el mundo rural estén cambiando. ¡Ojalá!

Elisa  Otero-Rozas es  investigadora postdoctoral en  la  Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic; Luis Camarero es sociólogo y catedrático del Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la UNED; Virginia  Hernández es filóloga y alcaldesa San Pelayo (Valladolid), Sergio Del Molino es periodista, autor de La España vacía (Turner, 2016), Lucia López es veterinaria y experta en desarrollo rural y ganadería extensiva, autora del blog mallata.com; Valentín  Cabero es catedrático de Geografía de la USAL ( jubilado) y miembro del Centro de Estudios Ibéricos (Guarda, Portugal).

Monica Di Donato es miembro  de FUHEM Ecosocial

Lucía Vicent y Monica Di Donato

Adoración Guamán es doctora en Derecho por las Universidades de Valencia y París X-Nanterre y coordinadora del Consejo Científico de Attac España.

Fernando Luengo es economista y miembro de la Secretaría de Europa de Podemos.

Miren Etxezarreta es catedrática jubilada en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, vinculada a diversos movimientos sociales.

En este texto exponen su visión en torno a la evolución, logros, fracasos y amenazas de la Unión Europa.

Lucía Vicent y Monica Di Donato (LV y MDD): El origen de la integración europea vino acompañado, al menos enunciativamente, por la defensa de una Europa que avanzaría de manera cohesionada y solidaria hacia un proyecto común. Después de más de seis décadas desde que se fundase la Comunidad Económica Europea,v¿cuáles han sido los avances conseguidos? ¿Cuáles las mayores decepciones?

Adoración Guamán (AG): En los tratados de la UE se incorporan, desde el inicio de las Comunidades Europeas, dos conjuntos de propósitos incompatibles. La finalidad genérica de la promoción de la paz, los valores de la UE y el bienestar de sus pueblos, y el establecimiento de un mercado interior y de una unión económica y monetaria: el euro.

Aun cuando tal incompatibilidad se ha manifestado en su máximo nivel a partir del Tratado de Maastricht de 1992, y muy particularmente con los instrumentos de gobernanza económica desde 2010, la misma ya se plasmaba en la formulación original del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957: el principal objetivo de la incipiente integración era el desarrollo económico de los Estados miembros y la creación del mercado común. Junto con esta finalidad, la Comunidad Europea se planteó la integración en otros planos, como el social, tan solo en la medida en que lo exigiera la creación del mencionado mercado. La cesión profunda y paulatinamente ampliada de la soberanía estatal para la consecución de la integración económica ha supuesto una continuada erosión del constitucionalismo social en el plano estatal, hasta el punto de poder afirmarse que la evolución de la Unión Europea ha devenido incompatible con el mantenimiento del Estado social en el ámbito nación.

Se prometió un engranaje que nos llevara a una unión económica que prometía progreso social y evolución hacia la unión política y no se ha conseguido ninguno de los objetivos. El mercado interior trajo des regularización, la unión monetaria trajo pobreza, la imposición de la unión económica (hasta donde llega) ha traído una profunda subversión democrática que ha rozado la intervención de algunos países y la unión política está más rota que nunca. Sin embargo, la Unión ha conseguido otros objetivos, la Unión y su arquitectura jurídico-institucional ha conseguido convertirse en un instrumento perfecto para garantizar la implantación del neoliberalismo, convirtiéndolo en un modelo casi inmutable, independiente o poco amenazado por el color de los gobiernos nacionales de turno. En efecto, y en particular en los últimos años, las decisiones en materia económica tomadas por la UE, pero sin participación del Parlamento Europeo, o bien han sido la vía perfecta para que determinados gobiernos, como el español, adoptaran decisiones antisociales “bajo el mandato europeo”, pagando  por  ellas  un  coste  político  cercano  a cero; o bien han sido la vía utilizada para limitar la capacidad político/normativa en países como Grecia. En otras palabras, en un buen número de ocasiones la UE y su Consejo fungen como pantalla de las voluntades inconfesables de una parte de los Estados miembros, que se imponen a los otros con estilo ciertamente poco democrático.  Siendo  así,  debemos  preguntarnos qué margen de cambio político queda en manos de los legisladores estatales frente a la bulimia competencial de la UE.

Fernando Luengo (FL): En el corazón de la construcción europea y del discurso que la ha legitimado estaban los beneficios derivados de compartir una unión aduanera, primero, un mercado único, después, y una unión económica y monetaria, finalmente. Otra de las ventajas de ese proceso de integración era que las economías más rezagadas –como las del sur de Europa– estarían en condiciones de cerrar las brechas que las separaban de las más avanzadas. Si medimos el cumplimiento de esos objetivos por el Producto Interior Bruto (PIB) por habitante, podemos decir que, tendencialmente, el de la Unión Europea ha superado el de EEUU; asimismo, el de las economías del sur (España, por ejemplo) ha crecido más que el de las del norte (Alemania, por ejemplo), lo que ha supuesto el cierre parcial del gap existente entre esos países.

En relación a la segunda pregunta, el término “decepción” no me parece adecuado. Procede más bien referirse a los inevitables resultados de un proceso de integración  regional  crecientemente  gobernado por los mercados y las grandes corporaciones. En este sentido, el equilibrio entre instituciones, con vocación redistributiva y mercados, que pretendía ser el ADN de la construcción europea, a diferencia de las dinámicas de globalización, se ha desnivelado –cabe decir que se ha roto– a favor de los segundos. En otras palabras, las instituciones y las políticas europeas han sido capturadas por las grandes corporaciones y los grupos de presión que articulan sus intereses. En este apartado dedicado a las “decepciones” hay que apuntar que, si bien ha existido convergencia nominal y en términos de crecimiento, como acabo de señalar, las disparidades estructurales, las que aluden a las capacidades productivas, tecnológicas y comerciales, han aumentado, no solo entre países sino también dentro de cada uno de ellos. Este hecho fundamental, pues nos remite a una de las causas de la crisis económica, es uno de los grandes pasivos de la construcción europea en el ámbito económico.

Miren Etxezarreta (ME): La UE es un proyecto ampliamente publicitado presentándolo en las líneas que se señalan en la pregunta como una aspiración de avance hacia la cohesión y la solidaridad de las poblaciones europeas. Me temo, sin embargo, que en gran parte esta imagen responde a los embellecimientos comunes del ejercicio publicitario. No se puede olvidar que la que hoy llamamos UE tiene su origen remoto en el interés de EEUU en reforzar ciertos países en Europa, en la necesidad de reestructuración de los grandes capitales europeos tras la segunda guerra mundial y en la exigencia de competir con la creciente internacionalización de empresas de otros países, especialmente EEUU y Japón. Hay que tener en cuenta que en su inicio fueron solo los seis países más potentes del continente los que la formaron, con un objetivo claramente económico y que la hoy UE fue conocida como «Mercado Común»  y «Comunidad Económica Europea», reflejando su naturaleza y objetivo, consistente principalmente en la reestructuración de los capitales, la voluntad de integrar a la Alemania Occidental y la de establecer un ámbito económico que reforzara el ámbito europeo en una situación de guerra fría y de competencia.

Su imagen se idealizó mucho más tarde. La UE como una agrupación conducente a una comunidad más o menos humanista es una imagen muy posterior cuando tras sucesivas ampliaciones se ha intentado legitimarla y tratar de presentarla como una iniciativa de hondo calado humano. Cosa que no ha sido ni es.

En su primera etapa –los años sesenta– se dedicó a establecer las estructuras organizativas que necesitaba y tenía una filoso- fía más conducente a una integración económica ligera. Se crearon en las dos prime- ras décadas de su existencia los Fondos Estructurales –Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Regional y la PAC (Política agrícola comunitaria)– que parecían orientadas a aproximar las diversas realidades nacionales. Se discutía también el importe del presupuesto –la iniciativa Werner planteaba un presupuesto de entre el 5-7% de la riqueza comunitaria de entonces. Diría que en un principio la idea de cohesión y solidaridad fue mayor que a partir de la crisis de los setenta y, especialmen te a su final, cuando la Comunidad Económica Europea, bajo los auspicios de una política económica fuertemente cambiante en todo el mundo occidental asumió las políticas económicas neoliberales que se han convertido en su línea desde entonces.

A pesar de las aparentes ampliaciones de los ámbitos a los que se dedica la Unión, no veo avances en su planteamiento. Y tampoco me parece adecuado hacer referencia a decepciones, pues todo depende de qué se espere de la misma y es difícil esperar mucho si se tiene en cuenta el origen y verdadero carácter de la iniciativa. Diría que la Unión sigue la ruta que se marcó desde el principio y, sobre todo, desde fines de los setenta y principios de los ochenta. Si al principio se expresó más su carácter idealista pronto en los setenta quedo claro su verdadero carácter de iniciativa conducente a establecer un ámbito neoliberal altamente competitivo.

LV y MDD: En los últimos años han sido recurrentes las críticas al proyecto de la Unión Europa, y concretamente a la Unión Económica y Monetaria, subrayándose especialmente las deficiencias institucionales, las asimetrías estructurales que genera o el posible desmembramiento de la integración. En vuestra opinión, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta la Unión Europea del presente? ¿Hay margen para su corrección?

AG: La integración supranacional en Europa no ha sido un camino rectilíneo. Sesenta y ocho años de historia tras la creación de la primera de las tres comunidades europeas nos muestran una evolución a golpe de crisis y saltos hacia delante. Movimientos de reacción que en lugar de solucionar los déficits democrático y social que la UE traía de partida los han ido agravando, hasta el punto que ya muchos se preguntan de manera abierta si Europa vive en permanente crisis o si es en sí misma el motivo de la crisis.

Pero lo cierto es que, a pesar de todas las tensiones, la Unión había conseguido mantener su integridad y sus objetivos de partida, hasta el momento. Para ello ha venido recurriendo a distintas estrategias, que han pasado en ocasiones por no aceptar un “no” por respuesta y en otras por forzar un “sí” por diversas vías. Así, no podemos olvidar que el camino para solventar el “no” de Dinamarca al Tratado de Maastricht fue hacerles volver a votar. Algo parecido sucedió con los dos “no” de Irlanda a sendas  reformas  de  los  Tratados;  diferente pero también cuestionable fue el conjunto de reacciones que se sucedieron tras el rotundo “no” del pueblo griego. Cuestión distinta, aunque igualmente efectiva, fue la gestión de lo que parecía una victoria de la ciudadanía contra un proyecto europeo que se alejaba de su control en el año 2004. Tras los dos “no” a la “Constitución Europea” de Francia y Holanda, la UE dio su gran salto adelante aprobando, sin pena ni gloria ni debate público, el Tratado de Lisboa que recogía la práctica totalidad del proyecto rechazado. En el año 2016 sin embargo, las costuras de la UE parecían abrirse en canal, no ya por los crímenes (no se pueden enmascarar bajo la palabra tragedia) cometidos dejando morir a cientos de personas en el Mediterráneo, sino por el bien conocido brexit. Tres años después, hasta de esa crisis parece que la UE puede salir victoriosa, con un año de plazo para que un arrepentido Reino Unido vuelva a votar, según manda la tradición en la UE.

La tensión política parece volver a los cauces habituales mientras en el camino de la gestión, nunca salida, de la crisis y opacadas por el brexit se han afianzado las desigualdades. Ahora la UE afirma apostar (según las Recomendaciones del Consejo para la zona Euro) por una corrección, recomendando el desarrollo del llamado “pilar social” cuya falta de innovación y consistencia ha sido criticado. La UE no necesita un “social washing” que además ya no es creíble. Mientras el Consejo afirma por un lado la necesidad de conseguir «sistemas de protección social eficaces y sostenibles», se aprueba por otro lado un impulso de los fondos de pensiones privados y se mantiene la carrera desaforada en pos de tratados de comercio e inversión que son el paradigma de la Lex Mercatoria, del asalto de las empresas transnacionales a la democracia y que van a conllevar a buen seguro un impacto sumamente negativo en nuestros modelos laborales y mercado de trabajo.

Precisamente esta trama jurídica, esta Lex Mercatoria de la que también forman parte un buen conjunto de disposiciones del derecho de la UE es lo que impide albergar esperanzas realistas en un posible cambio de rumbo de la UE. La armadura jurídica está tan refinada que una corrección (un acuerdo entre los 28 o 27 para incluir objetivos sociales comunes) se plantea como una quimera sumamente compleja o acaso imposible. Solo la conjunción de un buen número de países con gobiernos de progreso, lo que no es un escenario probable, podría intentar virar el rumbo y aun así los compromisos supranacionales están tan bien atados a nivel jurídico que el viraje sería sin duda lento y costoso. En cambio, una profundización en los postulados neoliberales, que solo se han modificado ligeramente en el papel, tiene la senda pavimentada.

FL: Es imposible contestar esta pregunta en unas pocas líneas. Diría que, haciendo una apretada síntesis, los problemas se sitúan en tres planos diferentes, que se refuerzan mutuamente. En primer lugar, las políticas aplicadas desde la Troika –Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional– y los gobiernos han exacerbado los desequilibrios que estuvieron en el origen de la crisis económica: las desigualdades, la financiarización de las economías, las brechas productivas y comerciales que separan los países más y menos  avanzados  y  una  institucionalidad de la zona euro deficiente y al servicio de las elites económicas y políticas, de la industria financiera y de los países con mayor potencial competitivo. En este con- texto de aguda problemática estructural, es imprescindible reparar en los altos niveles de deuda pública y privada y la frágil situación del sector bancario; un cambio –que ya se está produciendo y que se podría materializar en los próximos meses– en los excepcionalmente bajos tipos de interés y en la financiación suministrada por las políticas de flexibilización cuantitativa abriría un frente de tensión difícilmente gestionable.

En segundo lugar, presentan entidad propia  la  crisis  ecológica  y  la  regresión patriarcal. Por un lado, las políticas llevadas a cabo, no solo en estos últimos años, ignoran y agravan el desafío civilizatorio que implica la relación depredadora e insostenible con la naturaleza del modelo de vida prevaleciente (producción, consumo, transporte, ocio). Por otro lado, las políticas implementadas, sitúan a las mujeres en el epicentro de la gestión conservadora de la crisis y las privan de derechos, reduciendo el gasto social público, que había permitido socializar una parte de los cuidados, que de este modo retornan a los espacios privados domésticos, dominados por la división sexista del trabajo.

Un tercer grupo de problemas a considerar apunta a un escenario económico y político internacional inestable y conflictivo. No se trata solo, que también, de la desaparición o, cuando menos, pérdida de intensidad de los denominados “vientos de cola” (reducción del precio del petróleo o depreciación cambiaria), que han tenido un efecto indudablemente positivo sobre la actividad económica en términos de crecimiento. Europa se ve sacudida y amenazada por el aumento del proteccionismo, la volatilidad cambiaria, la aplicación de políticas no cooperativas y la pugna por acceder a recursos escasos.

Tampoco la pregunta de si existe mar- gen para su corrección es fácil de despachar en unas pocas líneas. La constitucionalización de las políticas económicas conservadoras –un verdadero golpe de Estado a la democracia europea–, que de esta manera han pasado a formar parte de los tratados europeos y la exigencia de unanimidad para su reforma es una importante restricción a la hora de promover otras políticas. En un sentido más amplio, los parámetros donde habitualmente se sitúa este asunto apuntan, centralmente, a las instituciones, como si estuvieran desconectadas de los intereses que las sostienen y las condicionan. Así, cuando se habla de la institucionalidad con que surgió la moneda única, los términos utilizados son «déficits, carencias, errores…», siendo los menos los análisis que apuntan a los intereses oligárquicos que imponen un determinado marco institucional, funcional a los mismos. Sin embargo, necesitamos una aproximación con estos mimbres para entender la orientación, sesgada, de las reformas realizadas en estos últimos años y las que han sido postergadas; por ejemplo, la parálisis de la Unión Bancaria, la centralidad otorgada al Mercado Único de Capitales y el Fondo Monetario Europeo, el imperativo de los ajustes presupuestarios y la imposición de una estricta condicionalidad macroeconómica. La articulación de intereses, políticas e instituciones es clave para entrar en el debate sobre la existencia de márgenes de maniobra, o su ausencia, y dar una medida de las resistencias a vencer y de los gana- dores de la construcción europea. Aclarada esta importante cuestión, conviene puntualizar que el actual marco institucional ha sido utilizado, bajo la preeminencia de Alemania y de su zona de influencia, en su vertiente más conservadora. Al menos en teoría, hubiera sido posible, por ejemplo. otra actuación por parte del BCE y del Banco Europeo de Inversiones.

ME: Hay varias, principalmente dos, maneras de criticar la UE: una, sobre la base de su propio planteamiento o filosofía y, dos, desde la óptica del bienestar de la mayoría de la población europea. Las críticas y los resultados son bastante distintos según el enfoque por el que se opte.

Sobre la base de su propio planteamiento se crítica mucho que está mal organizada, deficientemente establecida, etc., junto a la mala estructura del euro y sus consecuencias sobre todo en los países más débiles, su amplia y profunda burocracia y la pérdida de soberanía que implica para los países miembro, entre  otros aspectos; respecto al enfoque desde la óptica del bienestar de la población creo que el problema mayor es que las poblaciones de los países de la Unión, especialmente los del sur, pero también otros (el Reino Unido por ejemplo), las poblaciones han percibido que la UE es muy poco eficiente para sus objetivos y su bienestar sino que tiene más bien consecuencias negativas (programas de ajuste y austeridad). En consecuencia, la UE está sometida crecientemente a una puesta en cuestión de su existencia y una importante falta de legitimación, Por lo menos en el Estado español la (errónea) opinión mayoritaria respecto a la UE oscila entre una cierta “creencia” (literalmente) a que es beneficiosa, fruto de los años de propaganda positiva, y la ignorancia de su existencia. La gran mayoría de la población del país no le concede mucha importancia como elemento activo en su situación, sino que la considera un ente lejano, que puede ser positivo a veces en los grandes aspectos (contaminación y medio ambiente) pero muy poco relevante en cuanto a su incidencia en la situación cotidiana de la población. No obstante, cada vez son más, también, los grupos minoritarios que la consideran responsable de los recortes en los derechos del Estado del bienestar.

¿Hay margen para su corrección? Lo hay en tanto en cuanto socialmente siempre hay margen para el cambio si la mayo- ría de la población lucha por lograrlo. Pero si nos referimos solamente a si hay margen dentro de la evolución actual y previsible, se puede decir que hay muy pocas posibilidades, pues todos los indicadores van en la dirección contraria: la UE se ha convertido en un poder en declive frente a los países dominantes del mundo, sigue empeñada en sus programas neoliberales, una parte importante de países tienen gobiernos de derecha e incluso de extrema derecha, la competencia con EEUU, China y el resto del mundo se intensifica y la línea de desarrollo parecen seguir siendo la competencia y el rigor… Y su actuación frente a aspectos humanitarios como la inmigración son de una gran crueldad. Únicamente parece que a sus dirigentes empieza a preocuparles un poco la magnitud de la desigualdad  y  la  pobreza,  porque  puede dar lugar a explosiones sociales, por lo que parecen inquietarse, pero no hay mucha muestra de medidas concretas que enfrenten dichos problemas. Solo una mayoría de las poblaciones, con ideas claras sobre lo que pretenden de la Unión, podría alterar esta  dinámica  y  conducirle  a  un  cambio real. Desgraciadamente no me parece un fenómeno próximo.

LV y MDD: Al tiempo que se cuestiona la validez del proyecto comunitario, surgen importantes desafíos a escala global (cambio climático, migraciones forzosas, el auge político de la ultraderecha, la llamada IV Revolución Industrial, etc.) que exigen un posicionamiento por parte de Europa. En ese sentido ¿qué valora ción te merece la posición de la UE respecto a estas cuestiones?  ¿Qué Europa saldrá de estas pugnas?

AG: La respuesta a los grandes retos humanitarios y democráticos que se han evidenciado con toda la crudeza en los últimos años ha sido insuficiente. Precisamente en las áreas donde la población pide «más Europa», como es la intervención social, la adecuada respuesta a la llegada de personas refugiadas o la reacción común y adecuada frente al neo-fascismo, se producen los principales errores.

Todos los errores tienen consecuencias y una de las más graves, ya claramente anunciada en la última legislatura del Parlamento Europeo, va a ser la conjunción de las fuerzas de extrema derecha aglutina- das bajo un eje fundamental: la xenofobia y el rechazo a la inmigración. Aun cuando se evidencias diferencias entre los distintos partidos, en particular de carácter cuantitativo en el discurso más o menos euroescéptico, lo que parece evidente va a ser la estructuración de un eje xenófobo que puede aglutinar a un número elevado de europarlamentarios/as en Bruselas.

FL: En términos generales, los grandes desafíos estructurales que se señalan en este bloque y otros que he apuntado anteriormente no se están abordando, o las políticas implementadas son claramente insuficientes o las respuestas son erróneas. Las políticas de ajuste presupuestario, de represión  salarial  y  las  reformas  estructurales basadas en el «todo mercado» ocupan el grueso de la agenda y de los esfuerzos comunitarios, supeditando cualquier otra consideración al cumplimiento de estos objetivos. Poco o nada se hace al respecto del cambio climático o la crisis de los refugiados; salvo en este caso levantar muros y pretender echar un candado sobre las fronteras comunitarias, vulnerando todos los acuerdos internacionales en materia de asilo y derechos humanos. Y tampoco en lo que concierne a la reducción de la desigualdad, la corrección de las fracturas productivas, la concentración de la estructura empresarial, el predominio de las finanzas o la equidad de género. Las políticas aplicadas, por acción o por omisión, agravan esta problemática.

Mención aparte merece el generalizado e intenso ascenso de la extrema derecha, que ha encontrado un importante caladero de votos en la quiebra de confianza de un amplio sector de la población en las políticas y los políticos que han gestionado la crisis. Una parte de la desafección derivada de esta situación la están capitalizando estos partidos. Levantar la bandera de Europa o incluso de más Europa, manteniendo en lo fundamental las constantes de la actual, no será suficiente para frenar a la derecha extrema, que, cada vez más, marca la agenda y la hoja de ruta (por ejemplo, en el tema de las personas migrantes y refugiadas).

En cuanto al resultado de estas pugnas, la Europa que realmente está saliendo ya es una Europa oligárquica y autoritaria. Situándome más allá de las instituciones, enfoque que reivindico con fuerza, el capitalismo que emerge de la crisis (cuya superación está lejos de haberse alcanzado, a pesar de la leve mejora de algunos indicadores económicos) refuerza su perfil extractivo, confiscatorio de renta y riqueza de la población y de los espacios públicos y de recursos de la naturaleza. La pugna, la rivalidad y el poder son claves en este escena- rio, que ya se ha abierto y que perdurará en el tiempo. Hay que precisar, en cualquier caso, que nada está escrito. Que se abran paso otras políticas dependerá de la capacidad de las fuerzas del cambio para imponer un relato sustancialmente diferente del dominante y para intervenir a escala local, estatal, europea y global con el objetivo de poner los cimientos de otra Europa.

ME: Creo que gran parte de esta pregunta está respondida en la segunda parte de la anterior. Pero hay que distinguir entre los temas: probablemente la Unión Europea intentará hacer algo respecto al cambio climático –hoy en día es más activa positivamente que EEUU, por ejemplo– y a la IV Revolución Industrial, por su interés en mantenerse competitiva a nivel global, pero me temo que será mucho más contemporizadora con la ultraderecha y seguirá siendo agresiva y cruel con las migraciones. Se está produciendo un movimiento hacia la derecha en la escena político-social mundial y la UE no es una excepción.

LV y MDD: El caos del brexit en UK es quizás el momento más álgido de las tensiones y cuestionamientos que vive actualmente el proyecto europeo. ¿Consideras que esta situación condicionará, y de qué manera, el futuro de Europa? ¿Sería posible que el caso del brexit  generase un efecto dominó sobre los demás países, o son muy pocos los que podrían plantearse realísticamente la salida?

AG: El brexit condiciona plenamente el presente y el futuro de Europa, aun cuando se acabe anulando el proceso en un hipotético segundo referéndum, la idea de la UE como club del que no se puede salir, de la UE como demos en construcción permanente se ha roto. El posible fracaso del brexit no invalida por tanto esta crisis de legitimidad de la tan publicitada ciudadanía europea, pero probablemente desincentive las intenciones de otros estados de seguir esta línea. De hecho, tendencias fuertemente centrífugas como la de la extrema derecha francesa se han reposicionado, junto con Orban, en un discurso mucho menos “antieuropeo” para moverse en el ámbito de la no salida del euro, evitando así la presencia de elementos duros en la campaña electoral.

En cualquier caso, lo cierto es que la opción por la salida es sumamente compleja, más aún para los países de la zona euro. Las condiciones que han permitido que Reino Unido llegue a esta decisión son difícilmente repetibles.

Como cierre cabe traer aquel célebre discurso que en el Colegio de Europa de Brujas, desde donde se escribe este post, pronunció en 1988 Margaret Thatcher. La dama de hierro planteó su visión de la UE basada en la consecución de tres objetivos comunes: maximización del libre comercio, primacía de la integración en el ámbito económico y adopción de métodos de decisión intergubernamentales. Para haber sido considerada  una  euroescéptica,  lo  cierto  es que su receta parece haber tenido éxito.

FL: Cuando se escriben estas líneas, todos los escenarios al respecto del brexit (la salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido) están abiertos, habiéndose fijado un nuevo calendario para determinar las condiciones en que se producirá (brexit duro o blando); si bien lo más probable es que se aplique alguna fórmula de acuerdo negociado entre el gobierno británico y las autoridades comunitarias, o que se convoque un nuevo referéndum, que, de celebrarse, posiblemente mantendría al país dentro de la UE. Cualquiera que sea la alternativa adoptada, el mensaje lanzado desde Bruselas es que la salida unilateral de la UE no es viable, por compleja y costosa. El bucle en que ha estado encerrado el debate político ha contribuido a reforzar esta percepción, por no hablar del papel desempeñado por los grandes medios de comunicación que han puesto lo suyo en alimentar la ceremonia de la confusión. En este contexto, el debate sobre las grandes encrucijadas de la economía británica –como, por ejemplo, el estancamiento de los salarios, el aumento de la desigualdad y la fractura social, la débil tributación de las rentas y patrimonios altos, el fraude fiscal, la desindustrialización del país, el creciente peso de la industria financiera, etc.– han queda- do postergados. Diría que a los responsa- bles comunitarios les viene bien que este tipo de asuntos no entren de lleno en la agenda; también ellos ignoran estas y otras cuestiones, que deberían estar en el centro del debate europeo. Por lo que acabo de señalar, no creo que el brexit tenga un efecto dominó sobre el resto de países comunitarios. Más bien lo contrario, invita a un cierre de filas ante un escenario tan perturbador, amenazante e inestable como el representado por el brexit. Pero considero un error de bulto zanjar que de esta crisis sale una Europa más robusta y unida; del mismo modo que es un error suponer que levantar la bandera del europeísmo frente al ascenso de la extrema derecha refuerza el proyecto europeo. Las inercias desintegrado- ras están muy presentes, de hecho, cada vez tienen más fuerza (en estos breves comentarios he mencionado algunas de las que me parecen más significativas). Cabe imaginar, desde luego, que una nueva y devastadora crisis ponga contra las cuerdas los pilares institucionales y las políticas de la Europa actual, lanzando una dinámica desintegradora de imposible control.

ME: Creo que el brexit tendrá menos importancia real en la UE de lo que parece por las amplias campañas de los medios de comunicación. El Reino Unido ya estuvo fuera de la UE hasta 1973 y no fue catastrófico. Supondrá un ajuste, fuerte en aquel país, menor en los demás miembros, pero no catastrófico, y el futuro de la UE continuará su ruta.

No me parece que el brexit conduzca a generalizar las salidas. Si en algunos países, ciertos grupos sociales piensan en salir de la UE (Grecia, España) no me parece que es por el brexit, sino por las consecuencias negativas que les parece que causa la pertenencia a la UE. De todos modos, la experiencia del brexit demuestra que no es tan sencillo salir de la UE, aunque se tengan todos los apoyos legales del país que quiere salir.

En el trasfondo de la actualidad de estos debates se encuentran varios hechos. El principal, la crisis profunda de la relación salarial. Aunque el trabajo nunca desaparecerá, es muy probable que buena parte del empleo asalariado que hoy conocemos se esfume en las próximas décadas debido a los efectos de la actual revolución tecnológica. Y aunque esta previsión no se cumpla, los niveles de desempleo y precarización que padecemos aconsejan encontrar otras formas de garantizar la existencia humana que vayan más allá del mercado y los ingresos salariales.

FUHEM Ecosocial (FE): si os parece, podemos empezar caracterizando brevemente cada propuesta. David, ¿en qué consiste la renta básica?

David Casassas (DC): La renta básica es una asignación monetaria pagada por los poderes públicos con arreglo a los siguientes principios:

1) universalidad, pues la recibe todo el mundo;

2) incondicionalidad, dado que se percibe al margen de cual- quier circunstancia que te acompañe –otras fuentes de ingresos, constitución del hogar, etc.–;

3) individualidad: la reciben las personas, no los hogares u otras unidades de convivencia;

4) suficiencia: la cantidad a percibir ha de cubrir las necesidades básicas de la vida y, por tanto, su importe podrá ser, por lo menos, el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) o a las cantidades mínimas que evitan la pobreza;

5) complementariedad: no pretende sustituir la función protectora del Estado de bienestar, sino reforzarla como parte del enjambre de intervenciones públicas contra la vulnerabilidad social –si es posible, tratando de dotar a dicho enjambre de un carácter algo más incondicional del que tiene ahora–.

FUHEM Ecosocial (FE): ¿Y el empleo garantizado? Eduardo, ¿cómo defines la propuesta?

Eduardo Garzón (EG): El empleo garantizado tiene su origen en el mundo anglosajón a partir de la iniciativa del job guarantee, cuyo precursor fue Hyman Minsky sosteniendo que la figura del empleador debía recaer, en última instancia, en el Estado. Un Estado que en lo relativo a la creación de empleo tendría un papel similar al de un banco central en el terreno monetario, el cual inyecta liquidez al sector bancario cuando este lo requiere. De esa manera, cuando hay una necesidad de puestos de trabajo en la sociedad capitalista y existe un considerable nivel de desempleo, el Estado corregirá la brecha entre la demanda y la oferta de empleo. Esta idea originaria de Minsky fue desarrollada por otros economistas, especialmente dentro de la perspectiva postkeynesiana, como Pavlina Tcherneva, Randall Wray o Warren Mosler, y es una propuesta que se hace bajo una lógica socialdemócrata o de economía mixta fordista desde la que el Estado funciona como un parche ante los problemas que ocasiona la propia dinámica capitalista.

El job guarantee o empleo garantizado puede  ser  descrito  como  la  política  que garantiza a todo ciudadano o ciudadana su derecho a disponer de un puesto de trabajo en condiciones dignas y con carácter indefinido solo por el hecho de haber nacido y ostentar la condición de ciudadano o ciudadana. Es un derecho de ciudadanía que habrá que garantizar y del que se hace responsable el Estado como representante de la sociedad. Así, el empleo garantizado adquiere rango de derecho constitucional y, en caso de no garantizarse, cualquier persona podría recurrir a los tribunales ante la vulneración del mismo. A partir de lo anterior, se entiende que el pleno empleo constituye un objetivo a perseguir a través de la vía del sector público, pero sin que sea este el espacio en el que los burócratas de turno o cualquier entidad lucrativa diseñen los puestos de trabajo que se ofertarán.

FUHEM Ecosocial: ¿Por qué un proyecto político emancipador debería prestar atención a la renta básica? ¿Qué posibilidades emancipadoras ofrece?

DC: A tal respecto, cabe destacar que el trasfondo histórico del capitalismo desvela, tal y como señala Harvey, un modelo de acumulación por desposesión. Al igual que hicieron Marx o Smith, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la clase trabajadora en el sistema capitalista, autores más recientes como Polanyi o Federici incorporaron lecturas que complementaron las anteriores, incidiendo en que al estructuración social capitalista se basa en procesos de apropiación privada y privativa, excluyente, de recursos externos que eran comunes, lo que conduce a las grandes mayorías sociales a una situación de subalternidad. De ahí que Marx afirme que el trabajo asalariado es «esclavitud salarial», un análisis que descansa en los argumentos previos de Aristóteles (s. IV a.C.), quien decía que era «esclavitud a tiempo parcial», Locke (s. XVII) o Adam Smith (s. XVIII). Y se habla de esclavitud a tiempo parcial porque quienes forman parte del trabajo asalariado, por haber sido desposeídos, acuden a la firma del contrato en una situación de asimetría que los obliga a delegar en aquella persona que los contrata la capacidad de determinar qué es lo que deben hacer, cómo, con quién o a qué ritmo. La esclavitud o falta de libertad reside en la forma que tienen los trabajadores de ganarse la vida: al depender socioeconómicamente de los llamados “empleadores”, durante unas horas al día son esclavos de éstos, pues han de aceptar unas condiciones de trabajo que determina aquel que se ha apropiado de los recursos externos, esto es, de los medios de producción.

Si la pretensión es hacer frente a relaciones sociales desiguales que surgen de estas dinámicas de acumulación por desposesión, que tienen que ver con la llamada «acumulación originaria»   (explicada por Marx en el capítulo 24 de El Capital) y que hoy adquieren nuevas caras, debemos bus- car nuevas formas de reconstruir y apropiarnos de todo aquello que se nos ha arrebatado. Las relaciones sociales libres, sanas, exigen que haya una puerta de “salida” para que aquellos que participan en esa relación no se vean obligados a aceptar unos términos impuestos desde fuera y res- pecto a los cuales no es posible alzar la voz. Cuando no hay puerta de salida, puede que la voz de los desposeídos y desposeí- das se escuche mínimamente e, incluso, puede que algo cambie, pero ello siempre dependerá de la buena disposición, de la benevolencia de quienes controlan los medios de producción, quienes no acostumbran a preocuparse por una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. En un entorno hostil como este, pues, si no disponemos de una puerta de salida de la relación salarial, hemos de aceptar lo que hay. La renta básica ofrece esa opción de salida.

Si ponemos el foco en el mercado, es preciso apuntar que, a pesar de que en sociedades complejas los mercados son necesarios, también lo es la conservación de la capacidad, tanto individual como colectiva, de decidir cuándo y para qué que- remos hacer uso de los mercados y cuándo aspiramos a desmercantilizar recursos y actividades, empezando por la propia mano de obra. Para ello, se requiere que esa posibilidad de salir del mercado de trabajo esté disponible para quien quiera abandonar un empleo no escogido, lo que no impide que haya personas que quieran mantenerse en el mundo del empleo. En definitiva, la renta básica nos permite contar con una alternativa que rompa la falta de libertad efectiva de salir del mercado, empezando por el de trabajo.

Por supuesto, el riesgo de una distopía atomizadora neoliberal, bien presente en la actualidad, no desaparece. Habrá que ver cómo gestionamos esos mayores grados de libertad que confiere la renta básica –aun- que hay que decir de inmediato que el de la gestión de una mayor libertad ¡es un “problema” que estaría muy bien tener!–. En cualquier caso, está claro que aplicar la renta básica no significa que todos nos volvamos de golpe feministas, socialistas o ecologistas: sigue siendo necesario generar conciencia de clase trabajadora, feminista o ecologista si queremos generar escenarios de cambio verdaderamente emancipatorios. Por tanto, puede decirse que la renta básica forma parte de un paquete de medidas orientado a la rearticulación social, en el mundo contemporáneo, de todo un conjunto de recursos público-comunes capaz de mejorar el poder de negociación necesario para avanzar en la codeterminación, por parte de todos y todas, de todo tipo de relaciones sociales: en el mundo del trabajo, asalariado o no, en la esfera doméstica, etc.

FUHEM Ecosocial: ¿Y cuál sería el vínculo fundamental entre la propuesta del empleo garantizado y la emancipación?

EG: Cuando se habla de esta propuesta vinculándola con el objetivo de lograr el pleno empleo, no hay que olvidar que, además de crear puestos de trabajo para resolver el desempleo, se trata también de garantizar empleos en buenas condiciones y lograr unas relaciones laborales de carácter indefinido para todo el mundo. Estos logros, por extensión, asegurarán la existencia material del conjunto de la población. Al mismo tiempo, su aplicación permitiría emancipar a las personas de esa relación entre capitalistas y asalariados al impedir que la lógica de la rentabilidad capitalista opere en ese marco laboral.

La propuesta del empleo garantizado favorecería que, ante la falta de ingresos que padece una parte considerable de la sociedad, se procediera a remunerar trabajos que hoy se realizan sin que medie ningún tipo de retribución, evitando así su invisibilidad y la falta de equidad que impone el actual sistema de reparto sexual de los trabajos. Al tiempo que se incluyen los trabajos de reproducción, formarán parte de la propuesta otras muchas actividades que permitan responder a las necesidades colectivas que existen en distintos planos de la vida (actividades culturales, sociales, ecológicas, cuidados, atención psicológica, rehabilitación de edificios, reparaciones, conservación de bienes, reciclaje, reutilización, adecuación de espacios urbanos o infraestructuras, etc.), y que a día de hoy no se están realizando o no se están cubriendo en las condiciones adecuadas.

De este modo, se trasladan todos aquellos trabajos domésticos, de cuidados, voluntarios al ámbito público, convirtiéndolos en un compromiso colectivo del que se debe corresponsabilizar toda la comunidad, la cual ofrecerá a aquellas personas que lo necesiten  –y  que  estén  capacitadas  en esas tareas– un empleo remunerado en los ámbitos o las actividades señaladas. En este espacio público, los trabajos pasan a ser empleos regulados y dejar de ser iniciativas individuales.

A través de este tipo de políticas, a la vez que se cubren necesidades sociales se satisfacen las exigencias de empleo de la población, garantizando así que esa población disponga de unos ingresos suficientes a través de un puesto de trabajo que realiza actividades socialmente útiles que permiten alcanzar un nivel de vida adecuado a la vez que consolidan un espacio alejado de la dinámica capitalista donde es posible fortalecer el Estado del bienestar mediante el desarrollo y la ampliación de los servicios públicos.

FUHEM Ecosocial: David, ¿qué aspectos del empleo garantizado no te convencen en relación con  lo  que  defiende  la  propuesta  de renta básica?

DC: Con la aplicación de la renta básica se lograría, por primera vez en la historia del capitalismo, desmercantilizar la fuerza de trabajo, mientras que, con el esquema del empleo garantizado, en la práctica se nos alentaría a concurrir primero al mercado capitalista y, si no encontráramos un explotar privado, entonces recurriríamos, en última instancia, al Estado empleador. Creo que es necesario ahorrarnos, desde el inicio, esa pérdida de libertad.

Además, tomar las decisiones sobre en qué trabajar –remuneradamente o no– y cómo desde las “dependencias ministeriales” puede que no sea la mejor opción. Han de ser los distritos y las trincheras comunitarias en las que se forjan formas de vida y prácticas distintas los lugares desde donde se determinen los sectores por los que hay apostar y las actividades que hay que promover. Conviene reforzar estos espacios, renta básica mediante, para que sea a partir de ahí, descentralizadamente, desde donde se movilicen los recursos necesarios para articular proyectos sentidos como propios, no desde el Estado. Por supuesto, en ningún caso se renuncia a recurrir al Estado para que contribuya en dichos procesos de definición de caminos alternativos, para exigirle empleo, para canalizar inversión que facilite la puesta en marcha de nuestros proyectos, para que desarrolle sectores de interés colectivo como el ligado a la sostenibilidad medioambiental, etc.; pero no podemos hacer bascular de nuevo el consenso social en torno al contrato de trabajo, al que, sin renta básica, seguimos acudiendo desposeídos y, por ello, sin voz, sin mar- gen de maniobra: ello mantendría las relaciones asimétricas que hoy conocemos. Todo ello, claro, a no ser que pudiéramos democratizar el Estado hasta convertirlo en un bien común, expresión de un medio asambleario que ejecutase las decisiones que la gente toma desde abajo.

A día de hoy, me temo que esto es una utopía, que estamos lejos de poder domesticar al Estado como un medio dirigido por las clases trabajadoras. Además, incluso en el caso de que lo lográramos, siempre necesitaremos podernos autoorganizar desde cualquier rincón de la vida social, sin tener que pasar necesariamente por el permiso y la supervisión de las instancias estatales. Por todo ello, podemos luchar, como hicimos en el 15M, por reivindicar un plan de rescate para la ciudadanía, reclamando sanidad, educación, vivienda, cuidados, deshacer las reformas laborales reprecarizadoras, etc. Porque si tienes todo eso y, además, una renta básica, tienes muchas más oportunidades para evitar la condena a una vida aislada y explotadora en el marco capitalista y para pensar y desplegar en común otras formas de trabajo y de vida.

FUHEM Ecosocial: Y desde la perspectiva del empleo garantizado ¿qué diferencias cabría resaltar con respecto a la propuesta de la renta básica?

EG: Antes de contestar a la pregunta me gustaría precisar un aspecto de la propuesta concreta que hacemos desde IU que tiene que ver con lo que acaba de comentar David. En contraposición al planteamiento anglosajón, que defiende que sea el Estado la institución que decida qué actividades impulsar, la propuesta de empleo garantizado  que  nosotros  defendemos  apuesta por que sean los propios municipios y corporaciones locales, reunidos de la forma más democrática, asamblearia o transparente posible, quienes decidan cuáles son las necesidades sociales, ecológicas, culturales, de género, etc. no cubiertas. A través de la utilización de todo tipo de canales individuales o colectivos, los vecinos y vecinas valorarán las necesidades de su localidad por ser quienes mejor conocen la situación y los trabajos necesarios a incorporar en los lugares en que residen. Las decisiones, por tanto, se toman en un ámbito local que asciende hacia lo estatal, siendo el Estado solo el ente administrativo y fiscal encargado de remunerar los pues- tos de trabajo creados.

Entre las principales diferencias que se pueden establecer con la renta básica, destaca el hecho de que los empleos creados están condicionados y relacionados con la detección de trabajos y actividades que, siendo importantes, no se están realizando. Por eso, más allá de crear puestos de trabajo, la propuesta busca la extensión de medidas que fomenten otro tipo de trabajo remunerado, y para ello se presenta como una iniciativa perfectamente compatible con otras como la reducción del tiempo de trabajo remunerado, las medidas para el reparto de todos los trabajos (remunerados o no) o la aplicación de fórmulas pedagógicas de cambio para modificar las pautas laborales actuales.

Otra distinción entre ambas propuestas es que con el empleo garantizado sí influye en la utilización de los recursos, mientras que esto no ocurre con la renta básica. Estamos de acuerdo con que exista ese condicionamiento. El sistema económico y social no es neutral y en él se transmiten valores de consumismo, de beneficio privado y apropiación que hay que frenar. Si no se hace nada al respecto, como parecería ser el caso de la renta básica, existe el riesgo de potenciar todas esas dinámicas capitalistas. Por ello, en la propuesta del empleo garantizado está implícita la promoción de valores y dinámicas que contrarresten la lógica dominante y nos alejen progresiva- mente de las que operan en el capitalismo.

También cabe resaltar que la renta básica no aborda la cuestión monetaria, lo cual es un riesgo a valorar, mientras que el empleo garantizado integra la consideración de magnitudes importantes en este terreno. Si se garantiza una renta pero no se  interrumpe  la  lógica  capitalista  y,  por ejemplo, los precios de las viviendas siguen creciendo, el resultado sobre esos recursos mina la capacidad de existencia material de las personas que perciben una renta. Ante este problema, quizás, sería interesante plantear una renta básica en especie (garantizar la vivienda, la educación, la sanidad, el acceso a las telecomunicaciones, etc.) para protegernos frente a las variaciones de los precios, la acción de oligopolios y otras alteraciones económicas. La propuesta del empleo garantizado, por su parte, además de garantizar una renta a través del empleo, fortalece esta parte del sector público que ofrece prestaciones en especie e impide que el sistema capitalista pueda aprovecharse de ello al arrinconarse el sector privado y limitar sus opciones de beneficiarse de una mayor precariedad.

FUHEM Ecosocial: Luego un rasgo común de estas dos propuestas es que forman parte de un paquete de medidas mucho más amplio…

DC: Sí, la renta básica debe ser vista como una parte –todo lo relevante que se quiera, pero una parte– de un paquete de medidas mucho más amplio. Dicho «plan de rescate ciudadano», por decirlo en los términos de los movimientos sociales, ha de considerar tres grandes cuestiones. En primer lugar, la cuestión del “suelo”: garantizar de forma universal e incondicional la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. De ahí la renta básica. En segundo lugar, la cuestión del “techo”, esto es, evitar la acumulación de poder económico privado, pues por muy garantizada que esté la satisfacción de nuestras necesidades básicas, difícilmente podremos desenvolvernos como productores libremente asociados si unos pocos logran adueñarse del conjunto del espacio económico  y  social.  Y,  finalmente,  dicho plan debe reinterpretar también algunos de los mecanismos propios de los regímenes de bienestar tradicionales para que funcionen como mecanismos preventivos y no como dispositivos meramente curativos, y, por tanto, para que nos empoderen desde el principio y nos ayuden a crear y consolidar esas posiciones de invulnerabilidad socioeconómica que hemos visto que son necesarias para hacer del mundo algo más nuestro.

EG: Por mi parte, me gustaría resaltar que la iniciativa del empleo garantizado no solo se articula con otras medidas encaminadas a fortalecer el Estado de bienestar, sino que también se relaciona con otras muchas cuestiones que conviene apuntar. Una de ellas es su potencialidad para contrarrestar los efectos sobre el desempleo de las situaciones económicas adversas o de crisis. A través del papel del Estado en la creación de puestos de trabajo se compensarían los desajustes del mercado de trabajo, compensando contracíclicamente los efectos recesivos. Y del mismo modo, pero en sentido contrario, ocurriría en periodos de boom económico en que las expectativas y las oportunidades privadas de negocio aumentan y absorben población activa que forma parte de la bolsa de empleo garantizado. En definitiva, el empleo garantizado supone un mecanismo estabilizador del empleo y de la actividad económica, y no solo un instrumento que impide o limita la rebaja salarial y la precarización del trabajo asalariado.

FUHEM Ecoocial: Encontramos en ambas propuestas más elementos comunes de los que cabría, en un principio, esperar. Por ejemplo: las dos iniciativas se amparan en la lógica de los derechos de ciudadanía; ambas contemplan el objetivo de garantizar los aspectos materiales de la existencia social que permitan un desarrollo libre de la persona; buscan las dos desmercantilizar lo más posible la vida social y sustraer al trabajo de la lógica del capital; son propuestas que se conciben articuladas y combinadas con otras medidas dentro de un nuevo régimen de bienestar… ¿sería posible contemplar la renta básica y el empleo garantizado como dos programas complementarios que se articulan entre sí para conseguir otra sociedad o habría que verlos como dos vías alternativas hacia un modelo de sociedad diferente en cada caso?

DC: ¡Claro que hay sinergias y complementariedades! Pero hemos de ser analíticamente cautelosos. Como decía, la renta básica aspira a romper vínculos de dependencia y relaciones de poder que anidan en todos los rincones de la vida social. Haciéndolo, incrementa nuestra libertad a la hora de decidir qué entendemos por “trabajo con sentido”, remunerado o no, qué no nos lo parece en ningún caso, qué proporciones de qué tipos de trabajo queremos para nuestras vidas, en qué espacio, con quiénes, con qué remuneraciones –si es que hay remuneración–, etc. Pero esas decisiones no se toman de la noche a la mañana ni rellenando formularios. Requieren maduración, tiempo para pensar y repensarnos a nosotros mismos y el conjunto de nuestras vidas.  Por  eso  la  renta  básica  juega  un papel crucial, brindándonos unos recursos monetarios que se traducen también en tiempo, capacidad de espera, propensión a explorar caminos alternativos y, quizás, a correr algún tipo de riesgo, pues sabemos que si caemos no nos rompemos la crisma y nos podemos volver a levantar, etc.

Llegados a este punto, es perfectamente posible que algunas personas, quizás muchas, concreten esas decisiones más libres en el acto de recurrir el Estado para solicitar un empleo público en sectores que les parezcan especialmente interesantes o socialmente necesarios, y que lo hagan con la esperanza de que el papel del Estado como empleador sea mucho más digno y dignificante que el que desempeñan muchos empresarios en la actualidad. En este sentido, mucho de lo que Eduardo nos ha contado en este debate sobre la propuesta del empleo garantizado me parece de lo más prometedor. Creo sinceramente que una de las alternativas que deberían estar al alcance de los trabajadores y trabajadoras liberadas por la renta básica –y por el paquete de medidas que le debe ser anexo, que ya hemos explorado– es un posible empleo público del tipo de los que sugiere Eduardo. Pero eso ha de ser una de las alternativas. Si de verdad nos preocupa la emancipación de la población trabajadora, hemos de aspirar a algo que incluye el empleo garantizado como posibilidad, pero que lo transciende: de lo que se trata es de empoderar a la gente para que, individual y/o colectivamente, pueda articular, desplegar y reproducir a lo largo del tiempo esas «asociaciones republicanas de trabajadores libres», Estado mediante o no, de las que Marx nos hablaba cuando sugería horizontes liberadores. La renta básica no es ninguna panacea que vaya a llevarnos a esos escenarios de la noche a la mañana, pero sí me parece que nos otorga un poder de negociación esencial a la hora de codeterminar, todos y todas, qué trabajos, remunerados o no, aspiramos a llevar a cabo, cómo nos corresponsabilizamos con respecto a su reparto, qué usos del tiempo queremos para nuestras vidas –la conexión entre renta básica y reducción de la jornada laboral ha sido muy estudiada–, qué naturaleza jurídica queremos para nuestros centros de trabajo, etc. El papel de la renta básica como garante de esa «reciprocidad en la libertad» tan esencial para las tradiciones republicana y socialista me parece evidente, y creo que hemos de empezar a trabajar desde ahí.

EG: En efecto, los objetivos que pretenden alcanzar ambas propuestas son prácticamente los mismos, y aunque las formas para lograrlo –así como la filosofía que subyace– sean notablemente diferentes, yo me imagino perfectamente la existencia simultánea de ambas políticas. Ahora bien, para lograr una adecuada complementariedad quizás habría que reconfigurar determinados  elementos  importantes  de  al  menos una de las dos propuestas. Esto lo digo porque, por ejemplo, no me imagino un empleo garantizado de unos 1.000 euros mensuales conjuntamente con una renta básica de 650 euros –que son los importes que habitualmente  se  proponen,  respectivamente; en este caso creo que no habría suficientes incentivos para acogerse al empleo garantizado (solo se ganarían 350 euros más a cambio de realizar las jornadas de trabajo correspondientes). Pero se me ocurren muchas combinaciones distintas que permitirían que ambas propuestas encajasen perfectamente.

De entre todas esas combinaciones mi preferida es la siguiente: por un lado, una renta básica en especie (no monetaria, sino en bienes y servicios, al menos mayoritariamente) que garantizase a todo el mundo alojamiento y niveles básicos de agua, alimentos, energía y transporte de forma que se blindase la existencia material de toda la ciudadanía; y por otro lado, un empleo garantizado que permitiese a todo el mundo desarrollar una actividad socialmente útil y al margen de la lógica capitalista a cambio de un ingreso monetario que le proporcionase una vida digna y no solo la supervivencia.

David Casassas es profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica y de la Basic Income EarthNetwork.

Eduardo Garzón es economista y miembro de la Fundación Europea de los Ciudadanos y Ciudadanas.

Descargar el artículo en formato pdf: Diálogo entre David Casassas y Eduardo Garzón sobre la renta básica y el empleo garantizado.

Nuria del Viso
FUHEM Ecosocial

La ciudad como eje de conflictos acompaña a los procesos urbanos desde, al menos, el surgimiento de la ciudad industrial. Dos activistas de los movimientos sociales y referentes de la innovación social, Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante, Kois, que actúan en Barcelona y Madrid, respectivamente, reflexionan en este coloquio sobre las causas y manifestaciones de la conflictividad urbana y valoran cómo enfrentan los nuevos ayuntamientos del cambio el conflicto en la ciudad.

José Luis Fernández Casadevante, Kois, sociólogo, miembro de la cooperativa GARUA, activista del movimiento vecinal desde hace más de una década, y actualmente involucrado, entre otros proyectos, en promover la agricultura urbana como Responsable de Huertos Urbanos de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM). Trabaja en participación ciudadana, urbanismo y ecología social, temáticas sobre las que ha realizado diversas investigaciones, procesos formativos y artículos especializados. Es coautor del libro Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana junto a Nerea Morán (Libros en acción, 2015).

Rubén Martínez Moreno es miembro de La Hidra Cooperativa y de la Fundación de los Comunes. Está especializado en la relación entre prácticas de innovación social, políticas públicas y nuevas economías comunitarias. Entre 2002-2011 fue fundador y co-director de YProductions, empresa centrada en la economía política de la cultura. Es co-autor de libros como Producta50: una introducción a las relaciones entre economía y cultura (CASM, 2008), Innovación en cultura: una genealogía crítica de los usos del concepto (Traficantes de Sueños, 2009), Cultura Libre (Icaria, 2012) y Jóvenes, Internet y política (CRS, 2013). Ha participado en congresos y seminarios internacionales sobre políticas públicas y gestión comunitaria como el Latin America Commons Deep Dive (México DF, 2012) y en grupos de investigación europeos como el P2P Value o TRANSGOB. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre políticas de innovación social en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP).

Nuria del Viso (NV): La ciudad se ve aquejada por la segmentación del espacio y la fragmentación social, entre otros problemas, tendencias que se han agudizado en las últimas tres décadas de políticas neoliberales. ¿Cuáles son actualmente las principales cuestiones y los principales ejes de conflicto en la ciudad? ¿Os atrevéis a diferenciarlos según su distinta naturaleza?

José Luis Fernández Casadevante, Kois (JLFC): Lefebvre solía afirmar que la ciudad es la sociedad inscrita en el suelo, una metáfora que me gusta porque evidencia que sus edificios, calles, plazas y parques materializan deseos y estilos de vida, conflictos de intereses y equilibrios de fuerzas en disputa. Al mirar la ciudad obtenemos únicamente un fotograma de lo que con el paso del tiempo se nos revela como una película. La agudización de las conflictividades urbanas se daría de forma simultánea en tres ejes interconectados. El aumento de la desigualdad social y los desequilibrios territoriales, barrios donde se concentran los procesos de empobrecimiento y precariedad (paro, desahucios, pobreza energética, etc.), agravadas por los recortes en los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). Un autoritarismo de mercado, que debilita la ciudad como espacio de derechos y confiere al sector privado un mayor protagonismo a la hora de definir las estrategias de transformación de la ciudad (privatizaciones, áreas de inversión, mercantilización de las zonas verdes o del espacio público). Y, por último, esbozos de lo que sería una incipiente contienda ecológica, aunque no se nombre en estos términos. Las luchas por la remunicipalización del agua, los incipientes debates sobre los modelos urbanos de movilidad y alimentación, las demandas de justicia ambiental (en el caso de Madrid todas las infraestructuras contaminantes y tóxicas se concentran en barrios del sur y este de la ciudad). Estas líneas de conflicto han sido profundizadas durante los últimos años por lo que se podríamos denominar como “urbanismo de la austeridad”.

Rubén Martínez Moreno (RMM): En una investigación del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) en la que he participado titulada “Barris i Crisi” (Barrios y Crisis) hemos intentado analizar los impactos de la crisis en Cataluña. En ese trabajo, hacemos una cartografía de prácticas sociales que intentan responder a los efectos de la crisis y un análisis de las dinámicas de segregación urbana durante los últimos 10 años. En esta investigación, queda claro que la renta urbana actúa como factor de segregación social, dotando de mayor libertad de elección en el uso del espacio a ciertos grupos sociales pudientes a la vez que actúa como dispositivo de control sobre la movilidad residencial y la agencia de las comunidades más desfavorecidas. Esto ha producido una distribución territorial desigual de los impactos sociales de la crisis. O, dicho de otra manera, la crisis no solo afecta más a unas personas que a otras, sino que se ha incrementado la distancia entre los barrios donde viven grupos sociales con más recursos y los barrios más desfavorecidos. El capitalismo urbano necesita ese tipo de desigualdad territorial para crear campos rentables de producción y absorción de excedentes de capital. La producción de espacio urbano a partir de la mercantilización y la especulación sobre el suelo es una de las principales formas para asegurar ese tipo de territorio fracturado. En ciudades como Barcelona o Madrid, la urbanización se ha usado continuamente para eludir procesos de desvalorización (crisis) y ampliar el circuito de acumulación sobre el territorio. Esa lógica de máquina de crecimiento urbana –que se camufla bajo el chantaje de “sin crecimiento económico no puede haber políticas sociales”– ha producido grandes coaliciones entre élites locales y globales. En definitiva, tenemos ciudades que integran la desigualdad y la producción de periferias en el proyecto urbano, crean espacios no democráticos de decisión directa a manos de holdings financieros y supeditan las políticas sociales al crecimiento y a compensar los impactos que ese mismo modelo urbano produce. Esto supone un ataque directo sobre las condiciones de vida urbana, sobre quién y cómo puede o no subsistir en la ciudad. Eliminar este círculo vicioso formado por elites, especulación sobre el territorio y políticas sociales compensatorias es lo que creo está abriendo y va abrir los principales ejes de conflicto en la ciudad.

NV: ¿En qué medida la ciudad se ha convertido en el nuevo eje de pugna y contestación, ya sea como escenario de las reivindicaciones o como fuente de nuevos conflictos, sustituyendo el lugar que ocupaba la fábrica?

JLFC: Yo comparto que andamos en un tránsito desde la conciencia de clase hacia la conciencia de lugar, que diría Magnaghi, no porque las fábricas hayan desaparecido, sino porque las dinámicas de explotación se han diversificado, dispersado por el territorio y logrado fragmentar a ese idealizado sujeto obrero. Las luchas locales y concretas emprendidas por una pluralidad de sujetos ocurren en los espacios donde se da y reproduce la vida. Las movilizaciones por satisfacer necesidades básicas (PAH, despensas comunitarias, pobreza energética, etc.) y por poner en valor el territorio (luchas vecinales, patrimonio, agroecología, entre otras), sin olvidar o excluir el papel de las luchas obreras, permiten el reencuentro, la reconstrucción de identidades colectivas, nuevas formas de organización y la recreación de lazos comunitarios. No hay que olvidar que la intensidad del conflicto que se puede sostener es proporcional a los consensos sociales construidos en torno a ellos.

Reivindicar la centralidad de lo local no puede suponer caer en localismos románticos, pues conviene articular estas islas en un archipiélago interconectado. El paraguas para hacerlo nos lo ofrece la noción de derecho a la ciudad que no sería tanto una demanda legal individual, traducible al lenguaje jurídico, como un marco bajo el cual pueden agruparse y tejer complicidades las distintas luchas urbanas. Esto constituye una forma de establecer complicidades cognitivas entre movimientos sociales y lograr que las distintas demandas puedan coordinarse y vayan siendo coherentes unas con otras.

RMM: Es interesante revisar los textos de operaistas italianos como Mario Tronti y su actualización a manos de post-operaistas como Paolo Virno. El cambio en el análisis entre unos y otros se encuentra en la respuesta a la pregunta ¿dónde se produce riqueza? Ahora haré una caricatura, pero podríamos decir que los primeros respondían “en la fábrica” y los segundos responden “en el conjunto de la ciudad”. No son posiciones contrapuestas pero tampoco alineadas, aunque sí hay una cosa en la que están de acuerdo unos y otros: allí donde el capital discipline la cooperación y el trabajo para extraer plusvalías será donde emerja el escenario de lucha. De lo que se trata en cada momento es de entender cómo organiza el capital la producción de riqueza y con qué mecanismos extrae rentas de esa producción social. En la ciudad, el principal mecanismo es la financiarización. No solo por la atracción de flujos financieros para los grandes proyectos urbanísticos o por la lógica del ciclo financiero-inmobiliario, sino porque el conjunto de la ciudad se ordena como espacio en el que crear vidas productivas –incluso fuera del espacio laboral– a través de la financiarización de la vida. Vidas de consumo, crediticias, hipotecadas y precarias. Esto no significa que desaparezcan las fábricas y que no haya personas que se vean obligadas a vender su fuerza de trabajo en cadenas de producción para poder sobrevivir. Más bien quiere decir que el capital ha conseguido ampliar sus circuitos de acumulación en el territorio y que ha incrementado su capacidad para extraer plusvalías en el total de la vida urbana. ¿Significa esto que el sindicalismo obrero ahora tiene que ser sindicalismo urbano? No creo. De hecho, la organización barrial, la organización ya no en la fábrica, sino en el territorio y por la defensa del territorio no es algo nuevo. Acompañó y formó parte de los ciclos de movimientos obreros y autónomos de ciclos anteriores. Más bien, creo que hacen falta alianzas entre espacios de sindicación, sean laborales o urbanos. No veo una sustitución de un escenario de conflicto fabril por un escenario de conflicto urbano, pero sí una ampliación y una división territorial de la formas en las que el capital se despliega.

Virno decía que lo que está en juego no es la distribución de la riqueza, sino la redefinición de lo que realmente es la riqueza, una redefinición que en última instancia no es económica y que es posible justamente teniendo en cuenta cómo se ha transformado hoy la economía posfordista. Una práctica de sindicalismo social como la PAH nace cuando se detecta que el sujeto propietario endeudado forma parte de esa producción de riqueza que el capitalismo urbano absorbe. Y allí donde se organiza el capital, hace falta organización social para desmercantilizar el trabajo y la vida en su conjunto. Lo cierto es que la capacidad para organizarse de la clase capitalista está demostrando ser más sofisticada y sólida que la capacidad de las clases sociales desposeídas. Y esta realidad pesa como una losa.

NV: Desde hace un año el municipalismo se ha instalado en los nuevos ayuntamientos del cambio. ¿En qué grado están abordando los conflictos urbanos desde nuevos enfoques?

JLFC: El punto de partida diferencial es que muchas de las personas que han llegado a las instituciones de la mano de estas candidaturas municipalistas vienen de esos conflictos, son personas reconocidas por su compromiso activista y su conocimiento directo de estas situaciones. Su capital político en las instituciones es su experiencia fuera de ellas, que ahora deben combinar con explorar el margen de acción que ofrecen las herramientas institucionales, haciendo frente a todas las inercias y obstruccionismos burocráticos que en estas se dan ante los cambios.

Una vez dicho esto, conviene recordar que si entre los animales se trata de comer o ser comido en política muchas veces se trata de definir o ser definido. Y bajo mi óptica, el principal avance logrado es redefinir algunas problemáticas urbanas, aunque no con la contundencia que los movimientos sociales demandan. Ahora se reconoce que existen conflictos que antes se negaban (hambre y programas de emergencia alimentaria, pobreza energética…) o se descubre la conflictividad latente ante medidas que antes aparentaban consenso (freno a la especulación en la Operación Chamartín…). Este nuevo enfoque pondría el énfasis en recuperar la administración local como institución garante de los derechos de las mayorías sociales y su deber de cuidar a sus habitantes, como dice el slogan de Madrid ciudad de los cuidados.

RMM: La verdad es que veo muy complicado producir políticas que incidan en la estructura de una ciudad fragmentada. En Barcelona se están desarrollando políticas a escala de ciudad que, sin duda, son muy interesantes. En el área de Urbanismo, por ejemplo, se están desarrollando planes públicos como el Pla de Barris o les Superilles que son muy interesantes. El Pla de Barris (plan de barrios) se inicia con una inversión de 150 millones de euros para 15 de los barrios con los índices de vulnerabilidad más altos de la ciudad. El objetivo es poder intervenir positivamente en déficits de equipamientos y urbanísticos, falta de actividad económica, falta de viviendas sociales, etc. El proyecto Superilles es una intervención en algunas zonas de la ciudad para redefinir el espacio público y facilitar espacios comunitarios, espacios lúdicos y de actividad social y cultural, espacios verdes, etc. Entre otros objetivos, lo que se quiere es liberar de tráfico a espacios densificados de la ciudad. Ambos proyectos tienen como objetivo poder ir diseñando un modelo urbano diferente, no centrado en los usos mercantiles del espacio, sino en sus usos sociales. Pero hay un problema. A poco que se mejore la calidad de vida de cualquier entorno urbano, eso puede producir un incremento del valor del suelo. Los procesos de gentrificación, es decir, de sustitución de residentes por segmentos sociales más pudientes debido al encarecimiento de suelo, son una amenaza continua. La falta de control democrático sobre la capa física de la ciudad hace que el suelo se revalorice. Y con las políticas públicas que se están desarrollando puedes compensar esos procesos, pero eso a su vez puede mejorar la mercancía y hacer que tenga mejores opciones de compra o alquiler en el mercado.

Este tipo de contradicciones aparecen continuamente. No es que no tenga solución, pero en parte pasa por políticas metropolitanas (que necesitan coordinación con otros gobiernos locales) y por políticas anticapitalistas. Es decir, intervenciones públicas que, más que compensar los efectos de la mercantilización, busquen desmercantilizar la ciudad. Medidas como la cesión de suelo al municipio en cada operación urbanística, fortalecer la captura de plusvalías inmobiliarias, precios máximos de venta y alquiler por intervención pública, aplicar porcentajes de vivienda pública en proyectos privados, etc. No sé si es un enfoque nuevo, pero desmercantilizar la ciudad debería ser el estribillo que una y otra vez se canta en el himno del municipalismo.

NV: ¿Se puede apreciar una nueva forma de “hacer ciudad” desde estos ayuntamientos, o aún es demasiado pronto? ¿Cuáles serían los principales avances?

JLFC: Hay un giro de volante, no un volantazo, pero toda gran institución tarda mucho tiempo en evidenciar que se está dando un cambio de rumbo. Además conviene recordar que la aritmética exige del apoyo de otros partidos que condicionan la acción de gobierno, y ese es otro factor limitante. En el caso de Madrid hay claros avances en materia de emergencia social como la paralización de desahucios, el acceso a la alimentación, acceso a la sanidad; en cuestiones relacionadas con la transparencia y el aprovechamiento del conocimiento e iniciativa de los técnicos municipales o la descentralización y la puesta en marcha de procesos participativos. Hay una interesante y conflictiva apuesta por redefinir la idea de seguridad, pasando del castigo y la prevención de delitos (que obviamente debe existir) al cuidado, bienestar y corresponsabilidad de la ciudadanía; así como por introducir en la esfera pública cuestiones ambientales con posicionamientos contundentes ante las alertas por contaminación, ayudas a la rehabilitación de viviendas, la apuesta por la recogida selectiva de la fracción orgánica o el apoyo a proyectos pilotos de agrocompostaje, ferias agroecológicas, etc. Otros aspectos destacables serían la reorientación de social de los presupuestos, la recuperación de fiestas populares y de barrio, el apoyo a la economía solidaria o la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.

Más allá de las comprensivas lentitudes y errores, el municipalismo en este tiempo ha logrado un experimentalismo institucional muy restringido; ha sido poco audaz en la implementación de políticas más innovadoras ligadas a los movimientos sociales. Esta grieta está generando cierta “distorsión activista” en las valoraciones de la acción de gobierno, pues a mayor implicación directa en una temática concreta, mayor tendencia a fijarse únicamente en las ausencias y en lo negativo. Y esto a mí me preocupa.

RMM: Es muy pronto. Es comprensible la ansiedad de vivir cambios contundentes pero creo que hacer diagnósticos cerrados sobre lo que se ha conseguido o no en este ciclo institucional es muy precipitado. Pero, a la vez, me obsesiona un poco cómo el propio diseño institucional y la capacidad de las administraciones públicas para generar rutinas circulares puede limitar cualquier cambio. Existen tantas trabas para echar adelante cualquier proyecto nuevo que temo que la decepción diaria carcoma a quienes han entrado en las instituciones. Sin conocer la actividad diaria a fondo, pero a poco que te asomes ves cosas que funcionan como máquinas de desgaste: la necesidad de alcanzar consensos imposibles en plenos teatralizados, la centralización de las decisiones en figuras únicas y divinizadas, la parálisis que producen los servicios jurídicos con trayectorias conservadoras, la acumulación de regulaciones inútiles pero que dificultan todo trámite. Esa inercia institucional lleva adjunta una invitación al “gestionalismo” que amenaza con absorber el trabajo cotidiano del gobierno local. Montones de tareas ocupacionales llenan las agendas de los nuevos cargos políticos intentando moldear las conductas de quienes acaban de entrar en las instituciones. El cambio institucional es realmente complicado, pero es una misión imposible sin alianzas fuertes con espacios y movimientos sociales ya organizados en el territorio; espacios que no deben operar como redes clientelares, sino como prácticas autónomas con capacidad para producir cambios disruptivos sobre esas inercias.

Hay otro tema que me preocupa relacionado con cómo “hacer ciudad” de otra manera sin que la relación con la institución suponga una traba. Se trata de incluir nuevos modos de hacer a la vez que se produce un espacio institucional óptimo para que crezcan. Pongo un ejemplo. A principios del 2014, durante el gobierno de Xavier Trias en Barcelona, el entonces Gerente de Vivienda aseguraba que la forma de garantizar el derecho a la vivienda estaba en manos de la autoorganización ciudadana. Se lamentaba que, frente a la falta de competencias municipales, no existiesen más cooperativas de vivienda. Por otro lado, un técnico municipal que coordinaba un plan de cesión de espacios para la gestión ciudadana reconocía que no existían figuras jurídicas que arroparan esas prácticas. Eso ha llevado a esas prácticas comunitarias a ser reconocidas administrativamente como una privatización del espacio público. Traducido a la vida real esto significa que los propios colectivos han tenido que pagar licencias para realizar algunas actividades en estos espacios “cedidos a la ciudadanía”. Hay algo muy contradictorio aquí, incluso perverso. Por un lado, se atribuye la responsabilidad de garantizar un derecho social a movimientos cooperativistas. Por otro lado, se interpretan como prácticas privadas a movimientos urbanos que gestionan espacios para dotarlos de acceso público. En el fondo, esa actitud “buenista” del gobierno de Xavier Trias usaba las prácticas ciudadanas para eludir la garantía pública de los derechos y, en ese mismo ejercicio, poder tener controladas a esas prácticas de urbanismo alternativo.

Esto no nos dice que las cooperativas de vivienda sean una amenaza para el derecho a la vivienda o que la gestión comunitaria de espacios sea una forma precaria e irresponsable de gestionar lo público. Más bien, estos casos nos dicen que para “hacer ciudad” de otra manera tienes que contar con prácticas cooperativa y comunitarias, pero que también debes usar toda la potencia jurídica y legislativa de la administración pública para adaptarte a esa realidad, y no esperar que esa realidad social viva se adapte a la institución. Sé que es fácil decirlo y un ejercicio épico conseguirlo, pero sin nueva norma que actúe sobre los cimientos del capitalismo urbano, no hay nueva ciudad.

NV: El objetivo de la participación está hoy enraizado en el discurso político, pero parece que plasmar esa participación tropieza con algunos obstáculos. ¿Qué problemas y retos apreciáis en torno a la participación?

JLFC: La participación forma parte del ADN de estas candidaturas y es una de las líneas de trabajo que en el caso de Madrid se ha ido desarrollando desde el inicio, con dos concejalías implicadas, una más centrada en la participación digital y otra que se relaciona con las asociaciones. El cumplimiento de este compromiso con la proliferación de procesos participativos (Foros Locales, asambleas, Planes Estratégicos de las Áreas, Presupuestos Participativos…) no está exento de algunas tensiones: la inflación de espacios y el síndrome de “reunionitis”, la apertura a la participación individual, que es un acierto, y su compleja articulación con el protagonismo de los tejidos asociativos, la dificultad de integrar la participación en lo estratégico más allá de la definición de propuestas inmediatas.

Otro reto sería la dificultad para encontrar encajes normativos seductores a las iniciativas ciudadanas de corte más activista, que son innovadoras, celosas de su autonomía y que exigen un compromiso político más incómodo ante los medios de comunicación. Y por último, otro riesgo incipiente sería que el natural desarrollo de las estructuras organizativas de estos nuevos municipalismos termine acaparando, compitiendo o trate de suplantar el campo de acción de las organizaciones sociales. Es un tiempo de cambio, de necesarios reacomodos y de buscar fórmulas para sostener una conflictividad creativa, no basada en la confrontación, que ayude a avanzar a los nuevos municipalismos frente a los bloqueos con los que se encuentran.

RMM: En el espacio cooperativo al que pertenezco, La Hidra Cooperativa, estamos colaborando con el Ayuntamiento para pensar, evaluar y poner en marcha formas de participación diferentes. Y lo que hemos visto es que en Barcelona ha habido una trayectoria muy larga de políticas participativas y con fases muy diferentes. En los últimos 30 años, se han ido construyendo más de 600 mecanismos participativos. Algunos más estables, como los Consejos de Barrio o Sectoriales, y otro más puntuales, como las Audiencias Públicas. No todos esos espacios son iguales. Su utilidad depende de factores como la trayectoria organizativa de cada barrio o el nivel de riesgo que asumen los cargos de distrito. Se han hecho muchas investigaciones y evaluaciones de esta arquitectura participativa. Algunas de esas investigaciones muestran que ciertas políticas participativas han acabado incrementando las asimetrías de poder ya existentes. Otras señalan los mecanismos participativos como espacios útiles para recibir información, pero inútiles para incidir en la toma de decisiones o para ejecutar y evaluar políticas. En general, siempre se señala una tendencia al exceso de burocracia y a la inflación de órganos, haciendo que sean espacios lentos y muy limitados para tratar lo que más preocupa a quienes acuden. Se suman otras anomalías como el desgaste que suponen para las prácticas de base y la exclusión de voces críticas o de grupos sociales que no tienen recursos para participar en espacios formales. En Barcelona, esa forma de gobierno supuestamente “horizontal” ha jugado en paralelo a la centralidad de empresas público-privadas, que también ha formado parte del proceso de cambio en la governance de la ciudad.

En el nuevo gobierno, para ilustrar el cambio que se quiere hacer en la participación se habla de “coproducción de políticas” o de “corresponsabilidad con la ciudadanía”. Hay muchas formas de hacer eso. En países como Brasil ha habido procesos de corresponsabilidad que son referencia a la hora de gestionar presupuestos. En Porto Alegre, los presupuestos participativos se consideraron un instrumento privilegiado para movilizar a los más desfavorecidos e invertir las prioridades de gasto a favor de colectivos discriminados por su posición de clase, su condición de género o por su origen étnico. Esto es interesante, ya que creo que si la participación debe servir para algo es para redistribuir el poder. No para consultar a la gente sobre decisiones ya casi tomadas, sino para dar capacidad de acción a quien no tiene, capacidad de gobierno directo a quien ya esté organizado para ejercerla y para producir autonomía social. Esto generará tensiones y puede no contar con consensos amplios, pero las nuevas políticas participativas han de asumir el disenso, lejos de la utopía liberal donde todo el mundo tiene la misma voz y se llega a un acuerdo entre partes. Las promotoras inmobiliarias y la PAH no pueden acudir a un espacio participativo en «igualdad de condiciones» porque no existe tal cosa. Como apuntaba hace casi una década una editorial de la revista La veu del Carrer, «quienes están en los Consejos de Administración ya tienen sus propias formas de participación, tienen ligados sus nombres a la propiedad de los espacios de la ciudad». El caso Caixabank y su control de los servicios básicos de Barcelona habla por sí solo y refleja hasta qué punto están sobrerrepresentados los intereses de las élites y los poderes fácticos. Ahí hay una acumulación de poder brutal. O se ponen en marcha leyes, proceso, canales y mecanismos para dar poder a las voces invisibilizadas o la participación en Barcelona seguirá estando más vacía que una canción de Chayanne.

NV: Público, privado, procomún… ¿Lo común viene a zanjar las tensiones entre lo público y lo privado? ¿Qué papel les corresponde a los comunes urbanos en el diseño de un gobierno de lo local realmente emancipador?

JLFC: Más que una respuesta los comunes urbanos son una pregunta, vienen a problematizar el binomio Estado-Mercado, evidenciando que más allá de dicha dicotomía existe un tercer espacio que se estaría ensanchando. Los comunes serían la expresión de un urbanismo cooperativo intensivo en protagonismo ciudadano y en formas más democráticas de entender lo público (promoviendo la corresponsabilidad y la participación de las comunidades locales, fomentando el manejo de una pluralidad de saberes técnicos y profanos, asumiendo la diversidad de actores y la necesidad de gestionar los conflictos de intereses, entre otras cuestiones), otras formas de satisfacer necesidades (expresivas, culturales, identitarias, de participación, pero también económicas) y de gestionar espacios y recursos (huertos comunitarios, centros sociales, despensas comunitarias, viviendas, grupos de crianza, mercados sociales y otras iniciativas). Parafraseando un dicho zapatista, los comunes urbanos serían la llave para una puerta que todavía no existe. Fragmentos de ciudad desmercantilizados, que funcionan bajo lógicas de gestión colectiva y experimentan nuevas formas de institucionalidad. Iniciativas locales, fragmentarias, parciales pero que pueden resultar inspiradoras para los gobiernos municipales. El reto es apoyarlos, potenciarlos y posibilitar saltos de escala, abrirse a ensayarlos en la coproducción de políticas públicas y arriesgarse a abrir espacio al experimentalismo institucional. ¿Podemos pensar formas alternativas de gestión de empresas públicas? ¿Qué nivel de gestión ciudadana puede lograrse de equipamientos colectivos sin que dejen de ser operativos y funcionales? ¿Qué fórmulas de reconocer institucionalmente esferas públicas no estatales pueden pensarse?

RMM: Hay muchas manera de pensar “lo común”, que es un concepto diferente al de los “bienes comunes”. Si por bienes comunes entendemos los sistemas comunales de gobernanza de un recurso (sea natural, rural, urbano, cognitivo), el común sería la esencia de ese tipo de prácticas, pero también de otras que buscan producir un mundo más justo, como la conquista de derechos sociales. En un ciclo de brutal desposesión social, el común actúa como proceso de reapropiación. En su libro Común, Laval y Dardot recuerdan las palabras de la militante india Vandana Shiva durante La Guerra del Agua en Bolivia que ilustran el enfoque político de estas prácticas de reapropiación de lo común: “Si la globalización es el cercamiento final de los comunes –nuestra agua, nuestra biodiversidad, nuestros alimentos, nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación– recuperar los comunes es el deber político, económico y ecológico de nuestra época”. Esta declaración no solo resume la tendencia a pensar lo común como un proceso de reapropiación de aquello que constituía la sustancia misma de la sociedad (la tierra, el trabajo, los saberes), sino como espacio de embate frente a las prácticas que reproducen la subordinación del Sur frente al Norte.

Respecto a los comunes urbanos y los actuales gobiernos locales, creo que de lo que se trata en primer término es de garantizar públicamente que las prácticas de gestión comunitaria que ya están en marcha en la ciudad puedan seguir existiendo y sostenerse dignamente. Dicho rápido: pasar del hecho al derecho. Hay que trabajar en asegurar que los derechos de uso comunitario sobre infraestructuras, equipamientos o el espacio público cuentan con regulaciones locales óptimas. En Nápoles ya lo han puesto en práctica, y diferentes espacios que ya estaban siendo gestionados comunitariamente en la ciudad han sido decretados públicamente como comunes urbanos. Eso quiere decir que esa comunidad no solo está legitimada socialmente, sino que pasa a ser reconocida públicamente como una forma más de hacer ciudad. No me parece un cambio menor. Que un gobierno local diga alto y claro que en la ciudad no solo existe propiedad pública y privada, sino que hay otras formas de hacer lo público que pasan por comunidades activas en los territorios, es un cambio importante. Lo que tiene que ocurrir en Barcelona es que, por ejemplo, el bloque 11 de Can Batlló que actualmente está gestionado por los vecinos y vecinas del Barrio de La Bordeta en Sants, sea reconocido públicamente como un común urbano. Es decir, que Can Batlló sea reconocida bajo una legislación pública adaptada a esa realidad como una infraestructura público-comunitaria que cumple la función que los vecinos y vecinas deciden a través de mecanismos democráticos. Esto, además, sería una forma de descentralizar el poder y dar capacidad de decisión al territorio, y de eso iba el municipalismo.

NV: Ante el empequeñecimiento del Estado en la esfera pública, muchos servicios están siendo asumidos por prácticas comunitarias. ¿Se trata de un tránsito tranquilo, o plantea dilemas? ¿Hasta qué punto los servicios ofrecidos desde la comunidad pueden acabar siendo instrumentalizados para cubrir los huecos que deja un Estado menguante?

JLFC: Lo común no viene a impugnar la totalidad de nuestros marcos institucionales, sino a arrastrarlos hacia lo social, liberándolos del secuestro del mercado y de las inercias burocráticas. No podemos cuestionar el avance civilizatorio que supone haber construido una esfera pública donde se garantice el acceso universal a derechos (educación, sanidad, servicios sociales, suministros básicos…), aunque sea de forma limitada. Lo común no debe cuestionar lo público sino apostar por reinventarlo mediante su democratización, inspirándose en prácticas autónomas que puedan resultar sugerentes. Existe un riesgo de idealizar lo comunitario, ofrecer relatos simplistas de la transformación social y terminar construyendo una pista de aterrizaje a los imaginarios neoliberales, una oda a lo no-institucionalizado donde el principio de mercado se mueve como pez en el agua, que termina siendo un sálvese quien pueda en versión comunitaria.

RMM: Este es un tema fundamental en el que hay que evitar ambigüedades. En un contexto de recortes sociales y disminución de la capacidad inversora sumado a la necesidad de dar respuesta pública a nuevas demandas sociales, las administraciones locales y, en general, “aquello público” se tienen que reinventar para componer un nuevo e incierto escenario. Es frente a esta nueva realidad que la carencia de recursos público-estatales (ya sean recursos materiales, organizacionales, creativos) conduce a encontrar otras vías a través de prácticas de “corresponsabilidad” con la ciudadanía. Pero no hay que olvidar que, paralelamente a la defensa de un sistema de bienestar de nuevo cuño (commonfare), también vuelve la demanda de un estado mínimo excluyente con perspectiva anarco-capitalista. Este diseño institucional va encaminado a reducir el brazo social de lo público y fortalecer los ámbitos de gestión privada y, también, comunitaria. Si la respuesta a esta crisis es la gestión comunitaria de recursos, esto supone una reinvención de lo público pero acentuando la necesidad de que las instituciones garanticen el acceso universal a los derechos. Insisto en que no puede haber ambigüedades en este terreno. Esos principios de accesibilidad y universalidad son los que han inspirado históricamente la defensa de lo común. De esos principios depende que la gestión comunitaria de recursos sea una vía para sostener temporalmente las quiebras estructurales de un sistema que seguirá produciendo desigualdades o una posible puerta hacia un sistema institucional público-comunitario más igualitario.

NV: Para llevar adelante estas demandas, ¿qué papel le corresponde a las nuevas instituciones, cuál a los movimientos urbanos y cuál a la ciudadanía en su conjunto (la calle)? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos?

JLFC: Hace unos años este escenario era “política ficción”; hoy, que es una realidad deseada, se trata de asumir la “política fricción” que conlleva. Esto implica empezar a habitar contradicciones dentro y fuera de las instituciones, salir de la zona de confort y abandonar posiciones resistencialistas. Asumir que va a haber fricciones con los de arriba al tratar de aplicar los programas de regeneración democrática y de transformación social con los que fueron elegidos, lo que implicará tomar medidas contundentes y arriesgadas que necesariamente deben ser apoyadas y sostenidas socialmente. Asumir que va a haber fricciones entre instituciones y movimientos, por cuestiones de fondo y de forma, de espacios y de tiempos. Asumir que habrá fricciones entre las propias dinámicas asociativas, por como posicionarse en el día a día… y que debemos aprender a vivirlas y sobrellevarlas con el menor dramatismo posible.

Un recordatorio hacia arriba sería que esta nueva coyuntura institucional debe tener entre sus aspiraciones prolongar, relanzar y fortalecer la autonomía y capacidad de incidencia de los movimientos sociales y los tejidos sociales. Y hacia abajo, de cara a los movimientos convendría huir de la tentación de convertirse en la vanguardia de la sociedad, y recuperar parte de ese espíritu post 15M donde movimientos y ciudadanía sintonizaban, estaban en la misma longitud de onda. Huir de repliegues identitarios o autorreferenciales y aspirar a ser otra vez “sociedades en movimiento”, como diría Zibechi.

RMM: Por darle una dimensión manejable a la respuesta (¡es una pregunta que da para un libro de 8 tomos!) pienso, de nuevo, en las políticas urbanas que comentaba antes. Para ese tipo de políticas hace falta ampliar el consenso social acerca de las razones de incrementar la intervención pública en lo que se considera terreno privado. Creo que es difícil construir ese consenso si prescindes de la organización social que busca responder a esos conflictos. Puede ser minoritaria, seguramente en algunos casos está “viciada” de sus propias lógicas de contestación frontal contra las instituciones, pero no se puede renunciar a crear espacios de alianza entre movimientos e instituciones. Incluso con movimientos que no consideras totalmente afines o que no están en tu red inmediata. Creo que en Barcelona está creciendo una inercia algo turbia a la hora de pensar que “lo que quiere la gente” no es “lo que quieren los movimientos” y que “los problemas de la gente” no son los mismos que “los problemas de los movimientos”. Me parece que eso simplemente responde a la capacidad de la institución por modular los comportamientos y pensar que “como ahora gobernamos” ya no podemos “actuar como activistas sociales”. La política se hace con las herramientas que uno tiene y con los saberes y destrezas que ha acumulado; ese capital cultural y organizativo es lo más potente que tenemos. Está claro que no es nada fácil pensar la institución como espacio que no ha de gestionar el conflicto sino que ha de ayudar a organizarlo, pero si no se actúa de esa manera, haremos políticas compensatorias que ni por asomo podrán cambiar el modelo urbano. En cualquier caso, quiero creer que esta relación movimientos-instituciones cambiará. De lo contrario, será muy difícil abordar los conflictos urbanos desde nuevos enfoques. Se pueden hacer relatos, se puede incluso ganar el relato, pero si quieres cambios materiales, los movimientos urbanos han de ser tu principal laboratorio de innovación política. Las relaciones movimientos-ciudadanía-institución serán relaciones más basadas en la disidencia que en el consenso, pero es que la ciudad es un espacio con multitud de intereses diversos, y totalmente atravesada por relaciones de poder; lo del consenso democrático era un principio, incluso una ficción, pero no un dogma.

Descargar Coloquio entre Rubén Martínez Moreno y José Luis Fernández Casadevante (pdf)

Diálogos anteriores

Diálogo: Sami Naïr y Rafael Poch-de-Feliú. ¿Hacia dónde va el proyecto europeo?, por Nuria del Viso (2014)

Diálogo: Dina Bousselham, Kati Bachnik y Armanda Cetrulo. Juventud, precariedad y formas de lucha, por Lucía Vicent (2014)

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Diálogo: Ángel Martínez González-Tablas y Valpy FitzGerald. El papel de las finanzas a debate, conducido por Santiago Álvarez Cantalapiedra (2011)

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Diálogo: José Manuel Naredo y Jorge Riechmann. Perspectivas sobre el trabajo en la crisis del capitalismo, por Olga Abasolo (2010)

Diálogo: Teresa Ribera, Antonio Ruiz de Elvira y Pablo Cotarelo. Conferencia sobre el Clima de Copenhague (COP 15), por CIP-Ecosocial (2009)

Diálogo: Carlos Duarte, Joan Martínez Alier y María Novo. Cambio climático, por Monica Di Donato (2008)

Diálogo: Andoni García y Jaime Lillo. La crisis mundial de los alimentos, por Mónica Lara del Vigo (2008)

Diálogo: Eduardo González y Francisco Castejón. La energía nuclear a debate: ventajas e inconvenientes de su utilización, por Mónica Lara del Vigo (2007)

Diálogo: David Chandler y Daniele Archibugi. Las intervenciones internacionales: ¿cuánto derecho, cuánta obligación?, por Nieves Zúñiga (2006)

Diálogo: David Held y Heikki Potomäki. Los problemas de la democracia global (2006)

Después de Grecia, Portugal, Francia y Austria, también en España comienzan a vacilar los podridos pilares de las viejas fuerzas de gobierno, que hasta ahora se alternaban en el poder y que viven el momento más crítico de su consenso electoral. Eso sí, tanto a la derecha como a la izquierda, si quisiéramos seguir usando estas categorías, que algunos ponen en duda. Es decir, tanto Podemos, en contra de la austeridad, como Ciudadanos, en nombre de una derecha renovada, han sacado- especialmente en el primer turno electoral- los dividendos de este proceso de cambio. Esta es una fotografía, todavía precaria, de la España post-electoral, que resulta incierta después de muchos años en los que los ciudadanos han sido golpeados por una crisis tremenda, han visto aniquilados los restos del Estado del bienestar y han sido espectadores casi incrédulos de una corrupción prácticamente sistémica.

Los resultados de las distintas citas electorales han dejado la geografía del voto de cara a la formación de gobierno incierta y compleja, tanto que los números y los equilibrios rotos de este escenario no han derivado en ningún pacto para la gobernabilidad. Sin embargo, un elemento sí ha quedado bien claro: que las fuerzas políticas que ahora tienen que jugarse el partido parece que ya no son dos, sino que son cuatro, o al menos cuatro.

Monica Di Donato y Riziero Zaccagnini (MDD y RZ): Empecemos por aquí: un panorama muy inédito para la joven democracia española, muy habitual sin embargo en el panorama político italiano. ¿España tendrá en un futuro no muy lejano, un parlamento a la italiana? ¿Qué reflexiones le merece este escenario?

Juan Carlos Monedero (JCM): Yo creo que una de las cosas positivas que marca la diferencia de Podemos con otras fuerzas políticas es que partimos de un diagnóstico diferente a las fuerzas tradicionales de la izquierda, porque nosotros hemos entendido que hay que reinventar ese espacio. Igual que Prince, que en su momento pasó a llamarse «El artista antes llamado Prince”, también hay que reinventar “el lugar antaño llamado izquierda”. Las preguntas que dan origen al socialismo, que son las preguntas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, las preguntas de la libertad, de la igualdad y la fraternidad siguen vigentes, pero las respuestas tienen que cambiar.

Es muy importante entender que durante el siglo XX la izquierda tradicional ha ido sumando cinco grandes problemas. El primero de ellos es un análisis teórico erróneo que ya no sirve, que ha seguido siendo muy deudor de análisis leídos como catecismo de textos de Marx, y que hoy ya no dan respuesta. No porque no analicen bien el metabolismo del capital, sino que la clase obrera ya no es un sujeto que se pueda representar, que la estatalización de los medios de producción no tiene sentido, que intercambiar libertad por ética no es algo asumible ya por nuestras sociedades. En segundo lugar, es muy importante entender que la izquierda fracasó en la gestión, tanto en la socialdemocracia, con un paternalismo que desempoderó a la ciudadanía, como en la izquierda comunista, porque desconfió del pueblo. Eso ha hecho que Margaret Thatcher hablase de una “revolución conservadora” sobre ese fracaso de la gestión tradicional de la izquierda. En tercer lugar, los valores propios comunitarios han sido arrumbados y arrasados por un sentido común neoliberal, es decir, un sentido común afín a una sociedad donde todos nos comportemos como empresarios de nosotros mismos. Eso hace que el egoísmo venza como sentido común a la solidaridad, lo privado a lo público, las empresas al Estado, una concepción antropológica pesimista frente a una concepción antropológica optimista, es decir, el homo homini lupus vence a una concepción más rousseauniana de bondad del ser humano. Todas esas cosas son esenciales para entender que hay que partir de un nuevo lugar. Y dos cosas más. Por un lado, como dice algún autor italiano, somos hombres y mujeres endeudadas, es decir, que llevamos treinta años siendo rehenes de nuestra relación con los bancos que ha construido una dictadura financiera donde somos todos indirectamente parte de la fuerza de nuestro verdugo. Y, por último, vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente que tienen como destino tenernos entretenidos y tenernos poco dispuestos a profundizar en un análisis realista de lo que nos pasa.

Todos estos elementos se resumen en un problema de fondo que afecta a España, que afecta a Italia, que afecta a Francia: es la despolitización. Es decir, que uno estudia la evolución del papel de los partidos políticos, de las elecciones, de la participación ciudadana, y nos encontramos con que la despolitización es un lugar común que es muy afín a las necesidades de la derecha neoliberal. […]

Paolo Ferrero (PF): En primer lugar, considero muy positivo que se haya roto el bipartidismo que ha caracterizado a la democracia española hasta hoy. El bipartidismo ha servido en las últimas décadas para mantener fuerte la dirección neoliberal del Estado, independientemente de qué partido venciese las elecciones. Socialistas y populares no son iguales, pero en lo que se refiere a políticas económicas y sociales, los distintos gobiernos populares y socialistas han llevado, básicamente, la misma dirección política de fondo, la neoliberal. En el bipartidismo entre partidos tan parecidos, el voto de los ciudadanos puede hacer cambios dentro de la clase dirigente pero no cambia las elecciones políticas de fondo: el pueblo puede sólo escoger cuál de los dos partidos neoliberales hacer vencer. El bipartidismo es la máxima expresión de la reducción de la política a una representación teatral en la que la personalización y la pesadez del enfrentamiento verbal esconden una completa identidad en los principios fundamentales del liberalismo. Sobre esta base ha crecido la desconfianza en la política porque todas las expectativas de cambio social que en estos últimos veinte años se han confiado al voto han desilusionado sistemáticamente a los votantes. La ruptura del bipartidismo en España es, por tanto, la ocasión para romper la hegemonía del neoliberalismo y abrir en un plano popular y mayoritario un camino hacia la alternativa. Para que esta alternativa se constituya como fuerza material, como movimiento real que permita abolir el estado actual de las cosas, desde mi punto de vista se necesitan dos condiciones fundamentales.

La primera es la participación popular y la construcción consciente de una subjetividad política participada. Romper la atomización social y los subsecuentes sentidos de impotencia y desarraigo, trabajando en la construcción de una subjetividad social densa, participada, consciente, orgullosa de sí misma es un elemento decisivo. No basta la delegación pasiva del poder para cambiar las cosas, no basta el consenso, sino que se necesita el protagonismo de las masas. Desde este punto de vista me parece que la experiencia española está muy avanzada porque a un éxito electoral relevante se une un extenso protagonismo de los movimientos sociales y de las ciudades rebeldes, a partir de Barcelona y Madrid. En España están creciendo múltiples formas de subjetividad, incluso auténticas instituciones de movimiento, que son capaces de relacionarse entre ellas y de dar vida a un verdadero movimiento político de masas que va mucho más allá de la adhesión a un partido o del consenso sobre un líder. Antonio Gramsci hablaba de la conquista de espacios de influencia como punto de partida de un proceso de transformación y me parece que en España este camino se ha iniciado positivamente. La tarea de la izquierda política – es decir, de aquellos que tratan de representar a las instancias populares contra la oligarquía que manda – será la de encontrar la forma y los modos de aumentar el consenso electoral a su alrededor, pero sobre todo la de mantener y reforzar la unidad sobre la cual pueda crecer este movimiento político de masas.

La segunda condición para que la alternativa de propuesta política pueda transformarse en realidad, es la construcción de un imaginario adecuado. El actual imaginario público está completamente colonizado por una idea fuerza completamente falsa: se dice que estamos en una situación de escasez (de dinero, de trabajo, etc.). En este escenario, para sobrevivir es necesario competir y ser más competitivos que los otros. Esta posición, con todo lo que implica, caracteriza al complejo de las fuerzas políticas de centro izquierda, derecha y centro derecha. El paradigma, basado en la escasez y la competencia es el paradigma ampliamente hegemónico, y el racismo fascistoide de la extrema derecha no es sino una variante de éste: «¡si no hay para todos, primero para los nacionales!» es el eslogan. Este paradigma, que transforma la presunta escasez en una especie de “estado de excepción” une a todos los países del sur de Europa y justifica cualquier barbaridad, desde la destrucción del estado del bienestar a la destrucción del medio ambiente, que hay que “valorar”. […]

Leer texto completo de la entrevista (pdf)

“¿Comer es un acto peligroso? Entre mitos, verdades y alertas, el cuestionamiento de nuestros modelos alimentarios”, es el título de un acto organizado y moderado por Monica Di Donato de FUHEM Ecosocial con la pretensión de establecer un diálogo entre actores de diferentes ámbitos y esferas para entender cuáles son las consecuencias para la salud y el medio ambiente de determinadas elecciones alimentarias, cuáles son las percepciones y la evolución de las actitudes de los consumidores en la elección de la comida y cuáles son las posibilidades y los problemas en canales de producción alternativos a los convencionales.

El profesor Carlos Alberto González, de la Unidad de Nutrición y Cáncer del Instituto Catalán de Oncología, abrirá el diálogo con una reflexión experta sobre el contenido y los datos del famoso y muy polémico Informe de la Agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC) de la OMS sobre la cancerosidad de la carne. Descubriendo falsas alertas, perfilando mitos y verdades sobre la inclusión de determinados productos dentro de nuestras dietas y las implicaciones para la salud, y con la pretensión de ir más allá de la demonización de un solo producto. El diálogo se enriquecerá con las reflexiones desde la experiencia de Fernando Mantecas, un productor de carne ecológica de la vertiente segoviana de la Sierra de Guadarrama; las aportaciones de Ana Etchenique, de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), y de Javier Guzmán, de Veterinarios sin Fronteras – Justicia Alimentaria Global, una asociación muy activa y crítica sobre el papel de la agroindustria y en favor de la soberanía alimentaria.

Este nuevo Diálogo Ecosocial será también un momento favorable para hacer una pequeña presentación de la experiencia de los eco-comedores que FUHEM ha impulsado desde hace tres años en sus colegios. Esta intervención correrá a cargo de Luis González Reyes, uno de los coordinadores del Proyecto “FUHEM: Alimentando Otros Modelos”.

A continuación puedes ver el acto completo.

José Bellver

En poco más de un lustro, desde el inicio de la crisis económica en España, hemos podido comprobar cómo la evolución de múltiples indicadores socioeconómicos –paro, desigualdades, pobreza, etc.– ha dado muestra de un creciente y notable deterioro social que afecta de lleno al bienestar de la sociedad española. En este contexto de quiebra social, han aflorado nuevos factores que incrementan los riesgos de exclusión, especialmente para la parte más vulnerable de la población. Uno de estos factores tiene que ver con la dimensión energética de la ya de por sí multidimensional pobreza.

En España, el concepto de pobreza energética ha aparecido en el debate público de forma relativamente reciente, especialmente a partir de la publicación del primer informe sobre la cuestión realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en 2012.1 No obstante, dicho concepto viene de lejos, concretamente de principios de la década de los noventa cuando fue definido y utilizado por vez primera en el Reino Unido. Sin embargo, ello no ha sido óbice para que no siga existiendo, a día de hoy, una cierta falta de consenso en torno a su definición o, sobre todo, en cuanto a cómo debería de medirse la pobreza energética. Una controversia que se ha materializado recientemente con la publicación del último informe del centro de investigación EfE,2 y la interesante discusión abierta a partir de la misma con otros expertos, particularmente con miembros del OCE.

Para conocer sus distintas perspectivas sobre la pobreza energética hemos invitado a dialogar a Pedro Linares y José Carlos Romero de EfE, y Marta Victoria, José Luis Velasco e Iván Calvo del OCE.

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