Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 142, verano 2018, pp. 5-10.

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos
Art. 28, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Art. 71, Constitución de la República del Ecuador, 2008.

Conmemoramos este año el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Dicha Declaración fue presentada como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Nadie discute su importancia en la defensa de la dignidad humana y su utilidad para distinguir la civilización de la barbarie. Sin embargo, hay al menos dos aspectos que merecen ser comentados. El primero tiene que ver con el respeto y cumplimiento efectivo de los derechos proclamados; el segundo, con los sesgos y las limitaciones que imprimió el momento histórico en que fueron formulados, lo que exige lecturas y traducciones más pluralistas setenta años después.

La paradoja de los derechos

Una breve nota a propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Desde un punto de vista formal son buenos tiempos para los derechos humanos. Así parece a tenor del número de Declaraciones, Convenciones Marco, Directivas Internacionales y Constituciones hoy vigentes. Sin embargo, desde el punto de vista material, puede que nos encontremos ante uno de los peores momentos, pues se están laminando las condiciones que permiten su realización. Cuando una familia sufre un desahucio o una persona desempleada se ve obligada a aceptar las condiciones ilegales que le impone el patrón, cuando una mujer es acosada en su trabajo o maltratada por su pareja, una comunidad indígena o campesina es expulsada de su territorio, una persona inmigrante es perseguida por su situación irregular o jóvenes de los suburbios son maltratados por las fuerzas policiales por su aspecto o por el color de su piel, en esos y en otros muchos casos, las víctimas son formalmente sujetos de derechos, pero en la práctica se las trata como a infrasujetos si no tienen posibilidad real de invocar eficazmente su cumplimiento. Esa posibilidad depende de las condiciones materiales de su existencia, y en los casos reseñados esa existencia viene atravesada por situaciones de explotación, opresión, subordinación o discriminación.

En nuestro mundo imperan estructuras –capitalistas, patriarcales y coloniales– que son responsables de la erosión de las bases materiales y jurídicas sobre las que se podría sostener la aplicación efectiva de los derechos humanos. La historia es larga. Recordémosla de la mano del capitalismo: «Llegó, finalmente, un tiempo en que todo lo que los seres humanos habían considerado inalienable fue objeto de cambio y de tráfico y pudo enajenarse. Este es el tiempo en que las mismas cosas que hasta ahora habían sido comunicadas, pero jamás cambiadas; dadas, pero nunca vendidas; adquiridas, pero jamás compradas –virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etc.–; en que todo, en fin, pasó al comercio».¹ Así pues, todo aquello que era propiedad colectiva de una comunidad –la tierra, el agua, los bosques, los recursos genéticos, los minerales– y sostén de la vida en común –el conocimiento tradicional de indígenas y campesinos, los trabajos y tareas comunales, los servicios públicos, como la sanidad, la educación, etc.– ha sido privatizado para su incorporación al mercado, y con ello, también los derechos humanos, que en cuanto universales son parte de ese común, al igual que los recursos necesarios para su ejercicio efectivo. Las dinámicas de acumulación por desposesión no son sólo actos de expolio de recursos y medios de vida; despojan también a la gente de sus derechos.

El reconocimiento del nexo existente entre derechos humanos y economía política resulta fundamental para garantizar su ejercicio efectivo. Los derechos humanos no se pueden desconectar de aquellas estructuras e instituciones económicas, políticas y jurídicas que ofrezcan los mecanismos que permiten ponerlos en práctica. De ahí la importancia de recordar la centralidad que adquiere el artículo 28 dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». Por este derecho pasa el ejercicio de los demás.

Una lectura abierta y plural de los derechos humanos

Los derechos deben arraigar en las condiciones materiales de nuestra existencia. La propia expresión derechos humanos así lo indica, pues lo humano procede –como recuerda Julie Wark– del latín humanus que está relacionada con humus, que significa tierra.² El sistema Tierra –nos dice la mejor ciencia contemporánea– es una inmensa red de relaciones de cuya trama emerge la vida. La disciplina que estudia estas interrelaciones, la ecología, sabe que ni la vida ni el mundo físico que la mantiene existen en compartimentos aislados. Por el contrario, resalta la extraordinaria unidad que existe entre organismos y medio ambiente. No podemos pensar los organismos vivos al margen del mundo que los mantiene como no podemos pensar el medio ambiente físico como una entidad separada. Las dos realidades existen juntas, actuando la una sobre la otra formando un complejo ecológico o ecosistema. Vladimir Vernadsky, creador del concepto de biosfera, veía la vida como un componente indivisible de nuestro planeta. Esa visión subyace a la hipótesis de Gaia, la idea de la Tierra como una realidad viva, defendida por el médico y biólogo inglés James Lovelock³ y la microbióloga Lynn Margulis.⁴ Si somos seres interdependientes, la ética del cuidado debe desbordar el contorno de una única especie.

Nuestra condición de seres ecodependientes nos obliga a pensar si tiene algún sentido definir los derechos humanos sin tener en cuenta esta circunstancia. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico internacional ha ayudado a clarificar esta cuestión. En la Declaración, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2007, se reconoce «la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos».⁵ Para los pueblos originarios, la Pachamama, representada en La Tierra, es la Gran Madre «donde se reproduce y realiza la vida», como señala la Constitución del Ecuador. De esta cosmovisión, plenamente acorde no sólo con la ciencia contemporánea, sino también con la sabiduría milenaria presente en las religiones, se desprende una espiritualidad que hace de la lucha por la Madre Tierra una defensa de los derechos de todos los seres, tanto humanos como no humanos, pues lo que define como indígena a un pueblo o a una nación son precisamente esos vínculos espirituales y afectivos que mantienen con las múltiples entidades con las que comparte territorio.⁶

El reconocimiento de esta espiritualidad indígena, que el Occidente colonial desdeñó como animista, está propiciando una auténtica innovación jurídica en la apertura de la definición de quién es sujeto de derecho. Se abre la posibilidad de que seres no humanos con dignidad y valor intrínsecos al tiempo que esenciales para la vida de los humanos puedan ser titulares de derechos. La Amazonía colombiana acaba de recibir este reconocimiento por la Corte Suprema de Justicia de aquel país. Con esa decisión, la región de la Amazonía, al igual que el río Atrato, se convierte en sujeto de derechos como cualquier persona.⁷ También recientemente el río neozelandés Whanganui, sagrado para los pueblos indígenas maoríes, ha sido reconocido por el Estado como una entidad viva con entidad jurídica que debe ser protegida a fin de garantizar la continuidad plena de su existencia. La decisión de conceder personalidad jurídica a este río es fruto de una lectura jurídica basada en el pluralismo y en la necesaria traducción intercultural entre diversas concepciones del derecho, al apelar a la valoración que de su río tienen los maoríes conforme a sus tradiciones y costumbres.

Las luchas indígenas y campesinas se encuentran así a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Y como señala, de Sousa Santos, «su lucha por una vida digna y una relación armoniosa con la naturaleza es una lucha por todos nosotros, por la supervivencia del planeta y de la vida puesta en cuestión por el capitalismo salvaje de nuestro tiempo, dispuesto a concluir la depredación indiscriminada de los recursos naturales iniciada por el colonialismo histórico. Tratándose de una lucha por todos nosotros, tiene que ser también una lucha de todos nosotros».⁸

Los derechos humanos presentan un carácter integral

Los derechos humanos forman un sistema. El hecho de clasificarlos en diferentes tipos no debe conducir al error de verlos como si fueran independientes unos de otros. La concepción positivista de las generaciones de derechos, con una “primera generación” de carácter civil y político que trasluce la lucha del individuo frente a los excesos autoritarios del Estado (libertad de expresión, de reunión, de asociación, etc.) y, a continuación, una “segunda” (derechos de naturaleza económica y social), “tercera” (derechos de tipo cultural y colectivo) e incluso “cuarta generación” (derechos asociados a la actual revolución tecnológica), contribuye sobremanera a agrandar esa confusión, pues la visión de la generaciones de derechos diferenciables entre sí no es más que una ficción que siempre interesó al mundo liberal para «poder afirmar que, si bien el capitalismo puede que desatienda aspectos sociales importantes, por lo menos nos brinda libertades políticas».⁹ La verdad histórica muestra que la lucha por las libertades no sabe de clasificaciones y que la conquista de los derechos políticos ha sido siempre parte inseparable de la disputa en favor de los económicos y sociales.

La prueba del carácter unitario de los derechos humanos la vemos diariamente en la población migrante. Junto con la tradicional subordinación que sufren las mujeres, los migrantes son la población más atacada en sus derechos. En ellos se muestra claramente cómo la conculcación de uno debilita los restantes, haciéndoles especialmente vulnerables frente a todo tipo de atrocidades. Lo ha señalado oportunamente Javier de Lucas al denunciar las formas contemporáneas de esclavitud y mostrar cómo los migrantes y demandantes de asilo se han convertido, gracias a las políticas migratorias de Occidente, en carne de traficantes.¹⁰

Las políticas migratorias y de asilo de los países ricos hace tiempo que han abandonado un enfoque basado en los derechos humanos para adoptar otro preocupado principalmente por la seguridad. La aplicación de una lógica militar en la gestión de las migraciones ha llevado a fortificar y externalizar las fronteras. En el primer caso, elevando vallas y sistemas de vigilancia cada vez más sofisticados; en el segundo, convirtiendo a los países de origen y de tránsito en policías de nuestras fronteras a través de acuerdos disfrazados de cooperación que sustraen fondos de la ayuda al desarrollo.¹¹ El resultado es conocido: mientras que la industria militar y las empresas relacionadas con las tecnologías de la vigilancia y seguimiento de personas hacen su agosto, los inmigrantes ven impedido su derecho de circulación y los países ricos hacen omisión, como está ocurriendo en el Mediterráneo, del deber de socorro.

Esta centralidad de las preocupaciones securitarias hacen más peligrosas las rutas de tránsito de la migración y más vulnerables a las personas. La debilidad del estatus jurídico

del inmigrante actúa como un «bucle de retroalimentación positivo»:¹² cuanto más frágil es el sujeto por su situación irregular, mayores son las probabilidades de que sufra abusos y vulneración de sus derechos. Desgraciadamente están a la orden del día las deportaciones sin garantías judiciales, la presencia de menores no acompañados en los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), la sobreexplotación laboral, los abusos sexuales, la trata de mujeres inmigrantes y la aparición de nuevas formas de esclavismo.

El número de personas desplazadas por la fuerza se está acrecentando años tras año. Así lo recoge el último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR),¹³ que señala que 68,5 millones de personas se vieron obligadas a dejar su hogar el año pasado como consecuencia de guerras y conflictos armados, casi diez millones más que en 2014, año en el que se alcanzó una magnitud que no se registraba desde la II Guerra Mundial.¹⁴ Estos conflictos se ven agravados por perturbaciones relacionadas con el clima y por procesos como el acaparamiento de tierras o el extractivismo minero y energético, provocando la expulsión de sus hábitats de un número aún mayor de personas por motivo de simple supervivencia.¹⁵

Ante este panorama, persistir en un enfoque securitario en la gestión de las migraciones y las fronteras es, como mínimo, contradictorio con la celebración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su lugar, resultaría más honesto cambiar de políticas adoptando un enfoque basado en los derechos que permita acabar con la trata de mujeres y el tráfico de personas, fomentar vías seguras y legales para la migración e impulsar la cooperación entre estados, sociedad civil y los propios inmigrantes. Un enfoque que incorpore además el concepto de «integridad ecológica»,16 de modo que se reconozca que la defensa de los derechos humanos empieza por el respeto y el cuidado del hábitat en el que desarrollamos nuestra vida.

Puedes descargar el artículo completo en formato pdf: Una breve nota a propósito de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

NOTAS:

1 K. Marx (1847), Miseria de la filosofía, Ediciones Orbis, 1984, p. 54.

2 J. Wark, Manifiesto de derechos humanos, Ediciones Barataria, Madrid, 2011, p. 89.

3 J.E. Lovelock, Gaia. Una nueva visión de La vida sobre la Tierra, Orbis, Barcelona, 1986.

4 L. Margulis, Planeta simbiótico, Editorial Debate, Madrid, 2002.

5 ONU, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

6 A. Surrallés, «Human rights for nonhumans?», Journal of Ethnographic Theory, 7 (3), 2017, pp. 211-235.

7 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-amazonia-colombiana-tiene-los-mismos-derechos-que-una-persona-articu-
lo-748340

8 http://blogs.publico.es/espejos-extranos/2018/05/17/de-la-isla-de-mare-a-otro-mundo-posible/

9 D. Casassas, «Los derechos humanos como economía política y el deber de rebelión»

10 J. de Lucas, «Errantes sin derechos. Carne de Esclavos»

11 M. Akkerman, Expandiendo la Fortaleza. Las políticas de externalización de las fronteras de la UE, TNI, 2018. [

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Debate

Eje 1

Luchas actuales más activas en el Estado español

• Huelga Feminista 2018: paramos para cambiarlo todo

Inés Gutiérrez Cueli

• El hundimiento del Estado de bienestar. La movilización por el futuro de las pensiones.

Paca Tricio

Eje 2

Resistencias de largo recorrido en el Norte y en el Sur global

• La agricultura urbana como contestación a la austeridad neoliberal en la ciudad

José Luis Fernández Casadevante, Kois

• Territorio y vida como eje de las luchas por los bienes naturales en el Sur

Raúl Zibechi

Debate con el público

Juliet Schor

Entrevista realizada por José Bellver investigador de FUHEM Ecosocial y publicada en el número 141 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

José Bellver (J.B.): Lo primero que quería preguntarte es acerca de la definición de sharing economy porque, como sabes, en español utilizamos una traducción un poco desafortunada del término, ya que en lugar de una traducción literal de sharing como «compartir», esto se traduce como «colaborativa». El problema es que si uno piensa en el sistema económico, o más específicamente en el sistema capitalista, donde existe un sistema de producción social complejo que requiere colaboración, voluntaria o forzada, entonces hablar de economía colaborativa podría no significar nada, dado que demasiadas cosas pueden encajar en esta comprensión de la economía colaborativa. ¿Qué entra realmente en la categorización de la economía colaborativa, desde tu perspectiva?

Juliet Schor (J.S.): Creo que, en general, el término de economía colaborativa es algo desafortunado. Surgió en los primeros días de estas iniciativas, y en la práctica había una comunidad de personas que incluía gente que participaban en iniciativas sin ánimo de lucro, de pequeña escala, de intercambio social, como pueden ser los bancos de tiempo, los intercambios de alimentos, clubs de reparadores, etc. iniciativas para las cuales todo el mundo estaría de acuerdo en que el concepto de compartir es relevante. Pero luego estaban además las plataformas con ánimo de lucro como Airbnb o Lyft (una versión más pequeña y más amigable de Uber) y plataformas laborales como TaskRabbit y otras similares, donde las personas pueden contratar a otras personas para que presten servicios en estas plataformas, como pasear a tu perro, limpiar tu casa, y cosas por el estilo.

   Al principio estaban todas juntas: a las lucrativas les gustaba el término de sharing economy porque es un término muy positivo (¿quién podría estar en contra de compartir?), y a las organizaciones sin ánimo de lucro les gusta estar con las otras porque tienen muchos recursos y credibilidad, etc.

   Yo utilizo el término normalmente entre comillas porque creo que es difícil hablar de compartir dentro de casi todo lo que ocurre en el ámbito lucrativo. Quiero decir que se trata de arrendamientos, o lo que mi amigo Yohay Benkler llamó «microarrendamientos»: alquilar una habitación o un equipo que tengas, o es lo que también podríamos llamar gig labor, es decir, trabajo hecho por tareas en lugar de ser personas contratadas por un período de tiempo en una situación de trabajo asalariado. Un ejemplo reciente es cómo algunas plataformas que se centran en servicios digitales, como los online casino εξωτερικου, utilizan estrategias similares para optimizar su alcance global, conectando jugadores de diferentes países bajo un sistema eficiente y de fácil acceso. Así que tiendo a usar la expresión economía de plataformas para las organizaciones con ánimo de lucro y reservar el término economía colaborativa para las organizaciones sin ánimo de lucro.

J.B.: ¿Y qué hay de la monetarización? Porque, además, la dicotomía con/sin ánimo de lucro, también existen prácticas monetarizadas y otras que no lo están. Podría haber, por ejemplo, un caso de una iniciativa monetarizada, pero sin ánimo de lucro, ¿no?

J.S.: Sí, y al revés también: podría ser con ánimo de lucro y no monetizado, aunque eso no se vea tanto. No creo que la monetarización sea el problema, porque hay plataformas monetarizadas a pequeña escala, como puede ser el pequeño intercambio de bienes de segunda mano, por ejemplo, donde las personas utilizan dinero, al igual que ocurre en los grupos de consumo agroecológico, donde la gente da dinero para el agricultor, etc. Para mí, la monetarización no es el problema y creo que mucha gente de la izquierda se ha centrado erróneamente en eso, de alguna manera, la idea de «si implica dinero es terrible», y creo que es un error.

   La pregunta es cómo está organizada esta economía, cuáles son sus reglas operativas, cuál es la distribución de los activos en la economía, cuáles son los resultados… Ese es el tipo de cosas que he estado estudiando tanto en organizaciones sin ánimo de lucro como en aquellas con ánimo de lucro.

   Escribí un artículo con un colega de los Países Bajos (Koen Frenken) y su argumento es que la economía colaborativa consiste solamente en las partes de este sector en las que realmente se están poniendo activos que no se usan en circulación, así que básicamente Airbnb, de todas las grandes empresas del sector, sería la única que realmente hace economía colaborativa dado que utiliza activos inutilizados. Sin embargo, cada vez más personas adquieren bienes inmobiliarios (apartamentos, etc.) con el propósito de alquilarlos a través de esta plataforma, en cuyo caso ya no se trata de activos no utilizados.

J.B.: Indudablemente, la economía colaborativa ha atraído mucha atención y ha generado muchos debates desde hace algunos años. Por un lado, tienes a quienes dirían que es una nueva forma de empoderar a las personas, mejorar la eficiencia o incluso algo que podría aumentar las posibilidades de avanzar hacia una economía baja en carbono. Otros, por el contrario, denunciarían que se trata mucho más de una economía del interés propio que de una economía del compartir u otra fórmula depredadora que fomenta nuevas relaciones de explotación. ¿Dónde te sitúas tú?

J.S.: Bueno, es una pregunta complicada, y no creo que haya una sola respuesta. Creo que deberíamos poner el foco aquí en las organizaciones con ánimo de lucro, porque nadie argumentará que una comunidad, un maker-space¹ o algo así es de carácter explotador… ¿La pregunta que me haces se refiere solo a las grandes plataformas con ánimo de lucro?

J.B.: Bueno claro, una respuesta ya de por sí es que si estamos hablando de la economía de plataforma, esto sería más fácil de responder dado que, como dijiste antes, muchas empresas están usando la etiqueta de «colaborativo» debido a su sentido positivo, pero realmente son grandes compañías de plataformas como Uber o Airbnb, y creo que eso es lo que solemos entender aquí por economía colaborativa…

J.S.: Entonces, refiriéndonos a estas plataformas, no son todas iguales, algunas son más explotadoras que otras, en primer lugar. Y algunas generan mayores impactos ambientales que otras, algunas son más depredadoras.

Y con respecto a las cuestiones de eficiencia y oportunidades, creo que está bastante claro que las plataformas están ofreciendo un nuevo tipo de servicio que brinda valor a los consumidores porque es más barato y ofrece oportunidades de obtener ingresos a las personas en un contexto en el que estas oportunidades escasean. Esto es una parte del por qué estas plataformas que han aumentado tan rápidamente: lo han hecho porque satisfacen las necesidades de ambos lados del mercado. Hay que recordar también que fueron lanzadas en medio de la Gran Recesión, un momento en el que había un desempleo muy elevado. Así que nos encontramos con que muchas de las personas que las usan son, por ejemplo, estudiantes que tienen mucha deuda ligada a su formación educativa, estudiantes que salieron de la universidad y no pudieron encontrar trabajo, y están muy agradecidos de que existan estas oportunidades. También encontramos personas a las que realmente les gustan estas plataformas porque sí que necesitan tener el control sobre sus horarios de trabajo y las plataformas ofrecen flexibilidad de un modo en que el empleo tradicional no lo hace. Así que no hay duda de que satisfacen algunas necesidades, de lo contrario no hubieran crecido tan rápidamente.

Con respecto a las relaciones entre personas, creo que en los primeros días de estas plataformas había más sociabilidad y la dimensión de los vínculos entre personas era más fuerte. Por ejemplo, en los primeros días de Airbnb casi todo el alojamiento tenía lugar dentro de las casas en las que los propios anfitriones estaban presentes. Por supuesto, eso ahora ha cambiado: la forma dominante es la del anfitrión ausente, no presente, aunque todavía hay bastante gente alojada en hogares en los que el anfitrión sí está presente (de esto sí tenemos datos para el caso de EEUU). Y en el caso de las plataformas de transporte de pasajeros (ride-hailing), como Uber y Lyft, la gente solía sentarse delante y el trato era altamente personalizado; ahora es más bien un arreglo mucho más convencional tipo taxi.

Airbnb no es depredador ni explotador para las personas que lo usan. Los anfitriones y los invitados están esencialmente contentos con este sistema. Con Airbnb, el problema son las personas no usuarias; por lo que es un problema de usuarios y no usuarios. Las personas que se ven afectadas por la prevalencia de los huéspedes de Airbnb en los barrios, lo que genera el aumento de precio de los alquileres. Y aquí hay un problema de monetarización porque Airbnb permite esa mercantilización del espacio: lo que puedes ganar con un apartamento o una casa es ahora tres o cuatro veces más que un alquiler ordinario, al menos en EEUU, no sé cuál será el múltiplo en Europa. Por tanto, estos lugares son más valiosos, sus precios suben y las viviendas se retiran del mercado, por lo que se reduce la asequibilidad y la oferta de viviendas, especialmente en las zonas urbanas que ya experimentan una gran presión al alza sobre los precios. Todo ello realmente contribuye a la crisis de vivienda en las ciudades. Esto es terrible para los no usuarios, pero a los que utilizan la plataforma les va bien.

J.B.: ¿Y cuál es perfil de unos y de otros?

J.S.: El acceso a estas plataformas es muy sencillo, o dicho de otro modo las llamadas barreras de entrada son muy bajas. Es muy fácil registrarse en las plataformas; no tienen muchos requisitos. Así que uno puede pensar que eso ofrecerá muchas oportunidades para las personas que quizás tengan más barreras para ingresar al mercado laboral o al emprendimiento convencionales u otras formas de ganar dinero. Y yo diría que esto es cierto en general, sin embargo, está muy estratificado por raza y clase. Por ejemplo, hemos estudiado la dinámica racial en Airbnb y lo que encontramos es que en los barrios que tienen una mayor población de no blancos hay menos peticiones de alojamiento. Entonces, lo que vemos es que la gente está interesada en ganar dinero a través de esta plataforma, sin embargo, si no eres blanco, ganas menos en la plataforma, obtienes menos reservas, tus precios son más bajos y obtienes calificaciones más bajas, por lo que los resultados en la plataforma son desiguales.

O tómese otro ejemplo: las plataformas de entrega a domicilio, principalmente de la entrega de alimentos (Deliveroo, Uber Eats, etc.). Hemos estudiado dos de ellas en Boston. Estas empresas constituyen la parte inferior de lo que llamamos la jerarquía de las plataformas. El tipo de personas que pueden proporcionar sus servicios en ellas difiere; hay una mayor proporción de personas blancas en las plataformas más lucrativas, con mayor nivel de formación y con mejor situación económica como proveedores. La plataforma más lucrativa es Airbnb porque la mayor parte del ingreso proviene de un activo de capital. Por lo tanto, debes tener el activo de una casa que te pertenezca o una propiedad en alquiler, ya que incluso para obtener un alquiler se necesitan muchos recursos económicos, debes tener una buena valoración crediticia, etc. Y también es relevante el tipo de lugar: los vecindarios donde los ingresos más bajos, la población está más marginada, hay más crimen, etc. no valen tanto, por lo que no se puede ganar tanto como con un apartamento en un barrio muy céntrico, que sea deseable de una u otra forma.

Podemos seguir bajando en la jerarquía de las plataformas. Otro ejemplo: Uber versus Deliveroo. En el caso de Uber, tienes que tener un automóvil o al menos acceso a un coche seminuevo, no puede ser demasiado viejo. De hecho, encontramos personas que, cuando sus coches se vuelven demasiado viejos, pasan de ser conductores de Uber a algo así como Deliveroo. Deliveroo tiene la plataforma de servicios de reparto con menor nivel educativo y mayor cantidad de no-blancos entre quienes prestan sus servicios en ella. Por lo tanto, cuanto más lucrativa sea la plataforma, más blancas son las personas proveedoras de servicios, con mayor nivel educativo, etc.

J.B.: Supongo que también hay una jerarquía en las condiciones laborales de esas personas que proveen servicios entre las diferentes plataformas. ¿Cómo se compara todo este trabajo con el empleo convencional?

J.S.: Sí, bueno, el punto sobre plataformas como Deliveroo –u otras empresas como Postmates o Favores en las que encontramos personas que pueden registrarse y ganar algo ahí, y que no pueden obtener otro empleo porque tienen antecedentes penales. Esto es, que la barrera de entrada es más baja. En ese sentido, es algo bueno ya que ofrece empleo a personas que están excluidas de otras oportunidades de empleo. Y las retribuciones empezaron muy bien, incluso en plataformas como Uber o TaskRabbit (otra plataforma que estudiamos, dedicada a recados de todo tipo, personas que vienen a arreglar cosas a tu casa, para ayudarte con papeleos, para pasear a tu perro, hacerte la compra o limpiar la casa), o simplemente vamos a llamarlo plataforma de currillos (gig work). En TaskRabbit los “sueldos” son bastante altos, la gran mayoría de las personas tiene educación universitaria. Quizás estén limpiando tu casa, haciendo trabajo manual, pero obtienen una buena retribución por ello.

En general, gran parte de ese trabajo lo realiza la mano de obra inmigrante en un mercado informal, por lo que esto formaliza una parte de ese mercado. Así que si, por ejemplo, limpias casas en TaskRabbit, tienes mayor protección y unas retribuciones mucho más altas que una persona inmigrante con el mismo trabajo en un mercado informal. Pero en comparación con el mercado formal, el grado de protección es mucho menor dado que no tiene las protecciones de una relación laboral formal porque no está realmente empleado, es un trabajador por cuenta propia. Y empeora a medida que sigues bajando en la jerarquía de las plataformas, donde creo que Uber es la peor de todas.

Pero aquí hay algo que observamos en nuestra investigación, al buscar proveedores en seis plataformas diferentes: si tienes otro trabajo u otras fuentes de ingresos, tu experiencia en la plataforma generalmente es bastante buena. Estás menos sometido a los algoritmos, creas más zonas de autonomía en lo que sea refiere al control laboral y puedes trabajar en los momentos en los que se gana más, además de poder ser más selecto en cuanto a los trabajos que realizas. De esta manera, es menos probable que tengas que aceptar trabajos que estén muy mal pagados o tengan otros problemas asociados. En todas las dimensiones, las personas que tienen otras fuentes de ingresos están mucho más satisfechas, tienen más control y salarios más altos. Si en cambio eres lo que llamamos un trabajador dependiente –dependes de la plataforma para pagar tus gastos básicos–, todo es mucho más difícil: ganarás sueldos míseros, estarás más expuesto a circunstancias peligrosas, tendrás menos control, estarás más preocupado por ser “desactivado” por el algoritmo y estarás más a merced de los clientes.

   Todo el mundo habla de las plataformas como si las políticas de cada una de ellas fuera lo único que importa en términos de resultado. Una parte importante de lo que estamos argumentando es que, por supuesto, las políticas de las plataformas son importantes, pero la situación del trabajador en la plataforma y su situación económica es un gran determinante: la mayoría de la gente en estas plataformas es lo que llamamos asalariados suplementarios (supplemental earners), personas que ganan dinero a través de la plataforma a tiempo parcial. No muchas personas viven de las plataformas “a tiempo completo” en EEUU.

J.B.: Entonces, se podría decir que no es tanto un problema de cómo se regula la actividad de las plataformas como un problema de lo que está sucediendo más a nivel estructural alrededor de todo esto. ¿O son ambas cuestiones?

J.S.: Creo que ambas son importantes. Una pregunta es qué va a pasar con el tiempo. Creo que las plataformas prefieren trabajadores a tiempo completo: es más fácil, son más controlables, etc. En el caso de Airbnb es diferente porque para Airbnb, tener personas para las que solo se trata de un negocio es un problema debido a las regulaciones locales, por lo que no prefieren necesariamente a las personas dedicadas a tiempo completo, los desactivan o quitan de sus listas periódicamente cuando los encuentran. Por supuesto que preferirían mantenerlos, pero cuando las autoridades comienzan a tomar medidas enérgicas contra la plataforma, se quita a las personas que básicamente están llevando a cabo grandes negocios inmobiliarios en la plataforma, lo que es ilegal. Pero para las demás, como Uber, lo normal es que prefieran que sus trabajadores trabajen todo el tiempo. Esta plataforma también quiere más conductores; siempre sufre escasez de ellos porque los trata tan mal que muchos acaban abandonando la plataforma, así que están permanentemente a la búsqueda de nuevos conductores. Y en esto compiten mucho con Lyft en los lugares donde está implantada, como por ejemplo en EEUU.

   Está también la cuestión de la trayectoria. Si cada vez hay menos empleo disponible en otras partes del mercado laboral, habrá cada vez más personas disponibles a tiempo completo para las plataformas, por lo que sí que creo que los reguladores deberían pensar en estas personas porque pueden representar una parte cada vez mayor. El reto será encontrar la manera de proteger a estos full-timers y, al mismo tiempo, mantener las posibilidades para las personas que usan la plataforma a tiempo parcial.

   Hay otro aspecto importante acerca de la dedicación a tiempo parcial relacionada con la cuestión de la oportunidad –y esto no puedo decírtelo sobre la base de un análisis cuantitativo exhaustivo porque las empresas no dan los datos, lo que es un gran problema, aunque sí hemos hecho muchos análisis cualitativos (entrevistas, etc.). Lo que creo que está sucediendo es que las personas más educadas y más privilegiadas están aprovechando oportunidades que en el pasado eran copadas por personas con un nivel de educación más bajo, y en trabajos como conducir, limpiar la casa, hacer entregas, etc. Es lo que uno esperaría en un período recesivo porque eso siempre sucede: todo el mundo baja un peldaño en la escalera social y las personas en la parte inferior son las que más lo sufren.

   A medida que la economía se expanda, esto debería de revertirse en cierta medida, pero una gran pregunta que surge es sí con la inteligencia artificial y la digitalización todos esos cambios técnicos destinadas a ahorrar trabajo… ¿cuántos empleos nuevos tendremos y qué va a pasar con esos trabajos de los que los asalariados suplementarios dependen?

J.B.: La digitalización y otras cuestiones vinculadas a cambios tecnológicos también plantean otras preguntas ligadas a las problemáticas ecológicas. Hemos hablado al principio de que a veces se argumenta que estos avances podrían ayudar a transitar hacia una economía baja en carbono, pero también podríamos hablar –yéndonos por así decirlo al “inicio de la tubería”– de todo lo que se refiere al uso de materiales y energía en relación con toda esta economía de plataforma y economía digital que inevitablemente tiene una dimensión física. ¿Cuál es, en su opinión, el balance en cuanto al impacto en el plano ecológico de la economía colaborativa?

J.S.: Antes que nada he de decir que ha habido muy poca investigación en este aspecto; en realidad es uno de mis próximos proyectos de investigación. La razón por la que ha sido tan difícil es que no tenemos datos de las empresas, por lo que es realmente complejo obtener un análisis serio de los impactos ecológicos. Sin embargo, si me preguntas mi opinión, creo que hay pocas dudas, si pensamos en las dos grandes empresas que son Uber y Airbnb, cuyo impacto desde el punto de vista de las emisiones de carbono es elevado. ¿Por qué? Ambos hacen que estos servicios sean mucho más baratos y, por supuesto, esto es parte de lo que argumentan («estamos expandiendo las oportunidades y creando ingresos para las personas», lo que significa expandir la producción). Y vemos esto en nuestras entrevistas la gente nos cuenta cómo viaja más gracias a Airbnb (huéspedes y anfitriones), creo que supera con creces cualquier impacto positivo que pueda tener al disminuir la construcción de hoteles, que es lo que argumentan.

J.B.: Es como una especie de efecto rebote, ¿no?

J.S.: Sí, es un efecto de precio, básicamente, pero sí, puedes pensar que es un tipo de efecto rebote, aunque no exactamente porque un efecto rebote proviene de crear una eficiencia. Este es un efecto de sustitución: un viaje más barato significa más viajes. También hay un efecto de ingreso: los anfitriones obtienen más ingresos, pueden usarlo para viajar.

J.B.: ¿Y en lo que se refiere a Uber?

J.S.: Por el lado de Uber, el argumento era que la gente iba a comprar menos coches. Puede haber un impacto en ese sentido –hay un estudio de hace ya unos cuantos años que mostraba cierto impacto en este sentido entre un pequeño grupo de personas–, pero para la mayoría de la gente este tipo de iniciativas fomentan más viajes en automóvil y, al menos en EEUU, más personas que dejan de ir en transporte público. Y lo que sabemos es que ha aumentado enormemente la cantidad de coches en las ciudades, la contaminación del aire, etc.

Por lo tanto, creo que no hay duda de que para Airbnb y Uber (o Lyft) los resultados desde el punto de vista de los impactos en carbono son negativos. Ahora bien, hay formas de regular o crear diferentes incentivos en estas plataformas que podrían mitigar parte de eso. Creo que con Airbnb es difícil debido al impacto de cualquier cosa que fomente los viajes, particularmente los viajes de larga distancia. Y por ejemplo en Washington DC, que es una de las ciudades para las que hemos hecho este cálculo, ahora hay más capacidad de alojamiento a través de Airbnb que en los hoteles.

J.B.: Finalmente, y tal vez volviendo a una definición más amplia de economía colaborativa: a veces se habla de economía colaborativa en España y uno puede pensar en otros modelos que son mucho más políticamente emancipadores, como lo que llamamos aquí la economía social y solidaria. ¿Cuáles serían las conexiones o las posibilidades de usar ideas o prácticas útiles de distintas plataformas para hacer construir una economía que sea más emancipadora o con un horizonte postcapitalista?

J.S.: Bueno, creo que la idea más importante que ha salido hasta ahora es aquella en la que los usuarios son los propietarios de las plataformas –cooperativismo de plata- forma–, y el estudio más reciente que hemos hecho es el de una plataforma cooperativa en la que la propiedad es de los proveedores de servicios, no de los clientes. Y aquí hay debates al respecto: algunas personas piensan que todos los usuarios deberían ser propietarios, clientes y proveedores, otras piensan que solo los proveedores, más como sucede en las cooperativas tradicionales. En todo caso creo que todas estas iniciativas son importantes y creo que tenemos que ir en esa dirección; pero una cosa que tiene que estar clara en todo esto es que dado que estas plataformas básicamente están brindando a los individuos formas de ganar dinero diferentes a trabajar en una fábrica en la que se produzca algún producto común, en el momento en el que estás en el mercado pierdes el control sobre la distribución de los ingresos. Hemos estudiado una cooperativa que tiene miles de proveedores, muy bien organizada, con una buena estructura para los proveedores de servicios y demás, todos son propietarios, etc. Pero es un mercado completamente del tipo «el ganador se lo lleva todo»: un número muy pequeño de personas se lleva casi todos los ingresos, lo que probablemente no es lo que las personas que montan cooperativas esperan que suceda. Es un asunto con el que hay que lidiar debido a la naturaleza de las plataformas y porque parte de su virtud es que aumentan rápidamente su escala, por lo que puede tener muchos proveedores, pero ¿cómo hacer para distribuir esos ingresos de manera más equitativa? Quiero decir, que si todavía estás en una economía de mercado eso es difícil de hacer. Probablemente, hay distintas iniciativas realizables, pero ese es otro nivel en el que el debate aún no ha entrado.

¹ Un maker-space es un espacio físico en el que un grupo de personas comparten recursos y conocimientos con el fin de trabajar conjuntamente en proyectos creativos y tecnológicos de fabricación de productos de distinto tipo.

Acceso a la entrevista completa en formato pdf: Entrevista a Juliet Schor sobre las plataformas de economía colaborativa

Fotografía de: Filip Wolak

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Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo (2010).

Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal (2010).

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Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal (2010).

Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos (2010).

Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang (2009).

Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso (2009).

Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal (2009).

Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato (2009).

Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal ( 2008).

Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato (2008).

Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso (2008).

Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga (2008).

Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga (2007).

El nuevo número de la Revista PAPELES de Relaciones Ecosociales y Cambio Global titulado Economía ¿colaborativa? pretende ayudar a clarificar relacionadas con el tema, a través de la sección ESPECIAL que incluye seis artículos de diferentes especialistas donde se analiza el concepto de economía colaborativa en el marco del debate abierto sobre lo que son y sobre los efectos que tienen en distintos planos, así como sobre las formas en las que estas actividades deberían de regularse.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del área Ecosocial de FUHEM y de la revista PAPELES analiza en la INTRODUCCIÓN el éxito que en sus orígenes tuvo la economía colaborativa, pues contaba con la ventaja de la novedad y la apariencia innovadora asociada al empleo de unas tecnologías de la información, que prometían ampliar de manera inusitada las capacidades de interacción entre las personas. Pero, sobre todo, ha contado con la ayuda inestimable de un potente discurso empeñado en convencernos de que nos encontramos ante una economía cargada de valores: la cooperación y la disposición a compartir recursos, tiempos y habilidades constituyen las piezas clave en un funcionamiento alternativo que nos va a permitir compatibilizar la igualdad con el fortalecimiento de la comunidad y el logro de la sostenibilidad.

Sin embargo, ¿es oro todo lo que reluce? ¿o su desarrollo está teniendo fuertes implicaciones sociales, principalmente sobre la desigualdad y la precarización?

El ENSAYO va dedicado a la transición política y los intelectuales en el pensamiento de Francisco Fernández Buey, tras el cual inauguramos aquí una nueva sección titulada RÉPLICAS en la que Ibán Díaz Parra realiza una crítica argumentada a un artículo J.P. Garnier publicado en el número 137 de esta revista titulado: “Gentrificación”: un concepto inadecuado para una temática ambigua.

En la sección ENTREVISTA conversamos con Juliet Schor sobre las plataformas digitales de la denominada economía colaborativa, y tratamos con Augusto Zamora cuestiones relativas a la situación política internacional.

PERISCOPIO recoge en primer lugar un artículo con las principales cifras sobre los niveles de endeudamiento, pobreza y desigualdad en España en los años posteriores a la crisis. Por otro lado el segundo artículo destaca la experiencia de lucha ZAD contra la instalación de un aeropuerto en la ciudad francesa de Nantes.

PANORAMA dedica un espacio a la reflexión sobre las dificultades psicosociales para iniciar una transición ecosocial capaz de fijar colectivamente el necesario cambio rumbo de la sociedad, a pesar de tener ya una información científica adecuada.

La revista se completa con la sección LIBROS.

A continuacón ofrecemos el Sumario del número completo:

SUMARIO

INTRODUCCIÓN. No hay economías sin colaboración y no todas son solidarias, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

ENSAYO
La transición política y los intelectuales, en el pensamiento de Francisco Fernández Buey, Salvador López Arnal.

REPLICAS
Comentarios críticos al texto de Jean-Pierre Garnier “Gentrificación: un concepto inadecuado para una temática ambigua”, Ibán Díaz Parra.

ESPECIAL Economía colaborativa

¿Qué son las economías colaborativas?, Javier Gil.

¿Reactualizando la cooperación? Apuntes sobre continuidades e innovaciones entre cooperativismo y economía colaborativa, José Luis Fernández Casadevante (Kois) y Conchi Piñeiro.

Auge y caída de la economía colaborativa, Tom Slee.

Comunes digitales, nuevas lógicas de (auto)organización para la emancipación, Margarita Padilla García.

Propuestas de regulación para el desarrollo de la economía colaborativa, Alba Soriano Arnaz.

Economías políticas y futuro ambiental para la economía colaborativa, Koen Frenken.

PANORAMA

Cuatro décadas por delante y una tormenta en ciernes, Juanjo Álvarez.

PERISCOPIO

Endeudamiento, pobreza y desigualdad en la España post-crisis, Carlos Pereda.

La ZAD, ¿un nuevo modelo de lucha (exitoso) contra el desarrollismo?, Adrián Almazán Gómez y Helios Escalante Moreno.

ENTREVISTA

Entrevista a Juliet Schor sobre las plataformas de economía colaborativa, José Bellver.

Entrevista a Augusto Zamora sobre la situación política internacional, Salvador López Arnal.

LIBROS

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Luchando por la sanidad pública.
La batalla de una comunidad rural en Suecia contra los recortes neoliberales en el servicio de salud

Las comunidades rurales de la provincia de Västernorrland, en el norte de Suecia, no están acostumbradas a ser protagonistas de la actualidad mediática, pero, en 2017, su lucha por acabar con los recortes en la atención de la maternidad y las urgencias médicas ocupó muchos titulares de la prensa nacional. ¿Qué lecciones pueden extraer de esta experiencia quienes luchan por construir contrapoderes en las áreas rurales del Norte Global?

En enero de 2017, dos comadronas de la ciudad de Sollefteå, en la provincia de Västernorrland, en el norte de Suecia, decidieron organizar un curso para enseñar a padres y madres cómo prepararse para dar a luz en un automóvil. La sala de maternidad y el centro de urgencias del hospital público local tenían previsto su cierre para el 1 de febrero y, en estas zonas escasamente pobladas, los recortes supondrían que algunas mujeres deberían viajar hasta 200 km para llegar al hospital más cercano con este tipo de servicios.

Cuando los medios informaron de la noticia, el tema atrajo el interés nacional. Pero ya antes, durante 18 meses, se habían organizado varias manifestaciones en la región, con una participación creciente. La tercera manifestación reunió a 20 000 personas en Härnösand,^I una cifra que excede la población total de la ciudad y representa casi el 10 % de la población regional. Dos semanas después de que se celebrara el curso y antes de que se produjera el cierre previsto de los servicios, los ciudadanos y las ciudadanas ocuparon la entrada del Hospital de Sollefteå.

¿Qué distancia supone ‘demasiado lejos’ cuando realmente necesitas atención inmediata? ¿Cuántos impuestos puedes pagar sin obtener un mínimo a cambio? ¿Y cómo era posible que se obligara a las mujeres a dar a luz fuera del hospital en un Estado de bienestar como Suecia? Todas estas preguntas cautivaron la imaginación del público y situaron el foco mediático en este tema, hasta entonces algo marginado. En este ensayo, examino qué impulsó a los habitantes de la zona de Sollefteå a protestar contra el recorte de los servicios de salud pública, cómo lo están haciendo y por qué han tenido éxito.

Que empiecen las protestas

Después de 18 meses de protestas contra los recortes, escribiendo cartas a los periódicos locales, movilizándose en grupos de Facebook y organizando varias manifestaciones después de que la prensa revelara las primeras noticias, la ocupación comenzó la noche del 30 de enero de 2017. Centenares de personas se reunieron en la entrada del Hospital de Sollefteå, en la provincia de Västernorrland, en el norte de Suecia. Muchas pasaron la noche allí y, un año después, el hospital sigue ocupado día y noche. El desencadenante de esta acción fueron los recortes previstos en la atención de las urgencias y el acceso de las mujeres a la atención de la maternidad en la sanidad pública.

Las protestas se convocaron tanto por el carácter desigual de los recortes —que afectarían principalmente a la zona norte de la provincia, donde se cerraría la sala de maternidad y perjudicarían de manera desproporcionada a las mujeres, mientras que la zona sur permanece casi intacta—, así como la legitimidad de estos, ya que el ahorro estimado representaría apenas una pequeña parte del déficit presupuestario. La zona sur de la provincia, de menor superficie, tiene una mayor densidad de población, mientras que la del norte, donde se previeron los recortes, tiene una mayor superficie pero una población más escasa.

La gran mayoría de los nacimientos en Suecia tienen lugar en un hospital, por lo que las mujeres de la zona norte de la provincia tendrían que recorrer una larga distancia para dar a luz. Los políticos de la provincia fueron objeto de críticas cuando prometieron que adquirirían una o dos ambulancias más, pero el curso organizado por las comadronas se presentó como algo muy oportuno, ya que las ambulancias, en teoría, no están pensadas para atender a las mujeres durante el parto y el personal carece de formación especializada en nacimientos. De hecho, por lo general, en Suecia se espera que las mujeres acudan al hospital cuando ya se ha iniciado el trabajo de parto.

Uno de los argumentos que generó más indignación fue planteado por el máximo responsable de la Diputación Provincial, que señaló que, si solo necesitas acceso a la salud de vez en cuando, puedes desplazarte una distancia mayor para obtenerlo, algo que, a los ojos de la ciudadanía ignoraba por completo la realidad de los nacimientos y episodios como los infartos, en los que el tiempo es un factor decisivo.

Los ciudadanos comenzaron a movilizarse de varias formas en toda la provincia, entre otras cosas organizando debates públicos en los medios locales y manifestaciones en las calles, tanto en las ciudades de la costa como en las más pequeñas del interior. A pesar del tamaño de estas manifestaciones y del número de protestas que se estaban celebrando en toda la región, los hechos recibieron poca atención fuera de la provincia y del norte de Suecia.

Después de muchos giros y vuelcos confusos, en noviembre de 2016 la Diputación Provincial tomó la decisión final de que cerraría la sala de maternidad en Sollefteå en un plazo de tres meses. Los recortes ya no incluían a Örnsköldsvik, sino que se centraban únicamente en la atención de la maternidad y las urgencias en Sollefteå. Fue en ese momento cuando los ciudadanos ocuparon la entrada del Hospital de Sollefteå, un día antes del previsto para la clausura de la sala de maternidad, el 1 de febrero de 2017.

Aunque el movimiento okupa ha sido marginal en Suecia, a menudo se ha recurrido a las ocupaciones para alcanzar objetivos políticos.¹ En este caso, la acción se inspiró en la ocupación del centro público de salud en Dorotea unos años antes, que también se inició para protestar contra los recortes en la atención de las urgencias y puso de manifiesto que las ocupaciones podían funcionar como instrumento político en un país donde el conflicto político y la acción directa han adoptado, por lo general, otras formas. La ocupación en Dorotea se convirtió en una de las más prolongadas de la historia de Suecia y terminó con la decisión de la provincia de reactivar el servicio, después de que las protestas hubieran impulsado un referendo provincial sobre la cuestión.

La atención mediática, que al principio se había centrado en el curso ofrecido por las dos comadronas, fue mantenida por los y las activistas que ocuparon la entrada del Hospital de Sollefteå. La acción se mantuvo durante toda la primavera y se convirtió en un lugar popular para que los políticos nacionales se posicionaran con respecto a temas de sanidad. Cuando está a punto de celebrarse un año de la ocupación, esta ha logrado transformar lo que antes no se consideraba un problema en una cuestión política urgente que debe abordarse a nivel nacional.

Suecia neoliberal

¿Por qué Suecia, un país conocido por su Estado del bienestar socialdemócrata, está siendo escenario de importantes protestas que reivindican unos servicios básicos de maternidad? El acceso universal a una larga lista de derechos sociales asegura que incluso aquellos a quienes les va mal puedan tener una vida digna. Aunque la imagen del Estado del bienestar sueco sigue imperando en el exterior, la realidad es que hace mucho tiempo que Suecia dio un giro neoliberal, al igual que la mayoría de los demás países europeos. Este cambio ideológico ha sido la fuerza que ha impulsado el declive del Estado del bienestar sueco de los últimos 30 años y se observa en elementos como un mercado inmobiliario cada vez más desregulado y las restricciones impuestas al derecho a la asistencia personal para personas con discapacidades. La mayoría de las empresas públicas operan ahora de acuerdo con los principios del mercado y el sector público del bienestar ha adoptado con fervor las ideas de lo que suele conocerse como ‘nueva gestión pública’.

La sanidad pública en Suecia se organiza en el ámbito provincial, lo cual significa que la implementación de una lógica como la de la nueva gestión pública no ha venido impuesta por el Gobierno nacional, sino por los numerosos organismos regionales elegidos democráticamente. Esto ha dado lugar a varias consecuencias en todo el país, pero, en general, ha supuesto un cambio drástico en el funcionamiento del sector de la sanidad.²

   Un factor importante de este cambio ha sido la priorización de los controles presupuestarios y un traspaso de poder de los profesionales de la salud al personal directivo intermedio, que carece de conocimientos prácticos sobre las realidades cotidianas de la atención sanitaria. El cambio ha afectado a diversos grupos de trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, que se han visto atrapados entre las demandas del presupuesto y la dirección, por un lado, y las necesidades de los pacientes, por el otro. Los efectos de esta tensa situación han afectado a los distintos grupos de diferentes maneras, pero el personal de enfermería, que tiene un alto nivel de responsabilidad, se ha visto particularmente afectado por la intensificación de la carga de trabajo.

Esto se está traduciendo en el aumento de las bajas por enfermedad entre enfermeras, además de una escasez general de profesionales que deseen trabajar en condiciones tan precarias, lo cual está obligando a hospitales de todo el país a clausurar pabellones. Así, los cambios afectan en particular a una línea de trabajo que tradicionalmente se ha diferenciado por género, como la enfermería, practicada en su gran mayoría por mujeres.³

Que el cierre de la sala de maternidad de Sollefteå causara tal indignación se explica por el modelo medicalizado de atención de la maternidad en Suecia, donde la norma es un parto hospitalario. En todo el país, solo unas 100 mujeres cada año dan a luz en casa. No existen directrices nacionales para el parto en el domicilio, y solo dos provincias cubren los gastos (en las otras 19 lo tienen que pagar las familias). En las salas de maternidad de los hospitales, las comadronas son las responsables de los embarazos y los partos sin complicaciones, y el obstetra solo entra en escena en caso de emergencia. Tras dar a luz, una madre primeriza puede permanecer en la sala de atención posnatal, atendida por comadronas y auxiliares de enfermería, hasta 48 horas y, el resto, hasta 24 horas. Después, las madres son derivadas a las clínicas de asistencia primaria en las que visitan enfermeras, ya que no existen revisiones posnatales en el domicilio.

Las protestas —y en particular la ocupación del Hospital de Sollefteå— lograron poner de relieve varios de los problemas que está provocando la reducción de la asistencia social en el sector de la sanidad pública, ayudando a introducirlos en la agenda política. Uno de ellos es la aplicación de políticas de austeridad en la salud pública y sus efectos sobre el ambiente de trabajo y la capacidad de contratar a personal cualificado en áreas con escasa población. Otro fue la importancia de la demografía y las distancias en un país con una distribución espacial muy desigual de empleos, servicios y atención médica, de forma que la gente empezó a preguntarse por qué debería pagar impuestos si se beneficia mucho menos que la población urbana. A veces, una preocupación subyacente de todas estas cuestiones era cómo afectarían los recortes a la salud de las mujeres e incrementaría la vulnerabilidad de estas en las áreas poco pobladas.

Toda una provincia movilizada

La primera manifestación, la celebrada en Örnsköldsvik, fue más o menos un acto espontáneo, convocado por un grupo de comadronas y avivado por la indignación de los recortes generalizados en la sanidad en la zona norte de la provincia, que terminó con la clausura de todas las salas de maternidad en el norte de la región. La manifestación fue sorprendentemente multitudinaria, y las calles se llenaron de gente que marchaba al ritmo de un tambor mientras clamaba la consigna ‘Sin sala de maternidad, ¡Ö-vik se detiene!’ en un borrascoso día de septiembre. Cuando tuvo lugar la manifestación, los políticos ya habían modificado el plan de recortes para que solo afectara al Hospital de Sollefteå, pero los grupos organizadores decidieron seguir adelante de todos modos.

Con el paso del tiempo, la movilización fue mejorando en materia organizativa. La segunda manifestación, celebrada en Kramfors unas semanas después, atrajo aún a más gente, y avanzó durante toda una hora frente al hotel donde mantenían una reunión los socialdemócratas de la provincia, que acababan de proponer los recortes. La última manifestación, en abril de 2016, fue la más numerosa, con la participación de unas 20 000 personas, y también arropada por la comunidad empresarial de la zona. Esta se organizó en torno a los grupos Sollefteå Framtidens Akutsjukhus (Sollefteå, el Hospital de Urgencias del Futuro) y Föreningen Ådalen Reser Sig (la Asociación Ådalen Despierta). Aquí, el tema de la supervivencia en el que se había centrado el debate se hizo evidente cuando los representantes empresariales, que intentaban proteger la vida económica de la región, marcharon junto a familias con niños en cochecitos, que intentaban sostener su propia supervivencia.

Mientras se llevaban a cabo estas manifestaciones, un pequeño grupo de personas comenzó a revisar los antecedentes y la base de la decisión de recortar el gasto en ciertas zonas de la provincia y no en otras, así como el funcionamiento de la asamblea elegida que administra la atención médica de la región. Esta ‘auditoría ciudadana’ dio lugar a una gira de conferencias por varias ciudades, donde se explicaron diversos episodios de mala gestión en la Diputación Provincial, ‘la Saga de la Diputación Provincial’. Varios grupos de Facebook informaron y debatieron sobre las políticas de la provincia y funcionaron como cauces para movilizar a las personas y animarlas a sumarse a las manifestaciones y otros actos de protesta. Los periódicos locales fueron otro foro importante para mantener largos debates, a través de numerosas cartas sobre los distintos aspectos de la cuestión.

Unos meses después de la tercera manifestación, comenzaron a verse dos grandes orientaciones en el movimiento. Sollefteå Framtidens Akutsjukhus siguió centrándose en influir en los políticos para que cambiaran de dirección utilizando medios parecidos a los anteriores. En septiembre de 2016 se organizó una manifestación en el marco de la primera manifestación nacional de la red ‘Otra sanidad es posible’, que se movilizó en 26 ciudades en un corto período de tiempo, aunque no llegó a las cifras de las grandes manifestaciones anteriores.

La asociación Föreningen Ådalen Reser Sig empezó a hablar sobre lo que denominaban ‘Manifestación 3.0’. La asociación contaba con un grupo de investigación que, en noviembre de 2016, empezó a presentar los resultados de sus pesquisas y sus ideas al público en una serie de charlas en las ciudades afectadas. El plan era hacerse cargo de parte del servicio sanitario de la provincia: primero en forma de centro de salud en Sollefteå, luego ampliarlo a Kramfors y, finalmente, hacerse cargo de todo el Hospital de Sollefteå para salvaguardar la atención médica en el norte de la región. Para ello, pusieron en marcha una asociación económica, una entidad empresarial que persigue una gestión democrática y el beneficio de sus miembros, llamada Vård och Omsorg i Norrland (Asistencia Sanitaria y Atención en Norrland). Las charlas sirvieron como punto de partida para crear una base de miembros que estarían interesados en participar en el nuevo servicio de atención médica que estaban planificando en la zona.

La ocupación parece disponer de su propia organización, que se solapa con estos dos grupos. Tras crear un grupo de Facebook, desde donde se organizan actividades y se mantienen muchos debates, han conseguido llenar la entrada del hospital con cuatro turnos por día.

El personal sanitario es el que tiene más dificultades para realizar una huelga, en parte porque la ley los obliga a trabajar si el empleador lo exige y, en parte, porque a menudo son personas que están ahí por su dedicación a los demás, pese a todos los contratiempos. La ocupación se convierte así en una huelga invertida: es la ciudadanía la que irrumpe en el lugar de trabajo cuando el personal no puede abandonarlo.⁴

Las personas que han protagonizado la ocupación han estado publicando fotos en su grupo de Facebook. Esas fotos, junto con el registro de ocupantes, son una muestran de su diversidad. Después de seis meses, más de 1700 personas han participado en algún turno para ocupar la entrada del hospital, de las cuales 1200 eran mujeres (el 68 %). La mayoría son personas que trabajan (48 %), pero muchos también son pensionistas y algunos estudiantes, con una edad promedio de 53 años. Mientras que la mayoría ha ocupado la entrada solo una vez, algunas personas lo han hecho hasta 40 veces.

Cabe también mencionar la diversidad geográfica, ya que el 15 % de las personas que han ocupado el recinto proceden de otras zonas de Suecia, aunque la gran mayoría, en torno a dos tercios, son residentes del municipio de Sollefteå y del resto de la provincia de Västernorrland.⁵ Aunque, como hemos visto, las protestas y las reivindicaciones han adoptado muchas formas, fue la ocupación lo que realmente captó el interés de los medios nacionales. A juzgar por las fotos, también es evidente que la ocupación sigue atrayendo la imaginación del público incluso un año después. De vez en cuando, aparece alguna celebridad mostrando su apoyo y fotografiándose en el lugar.

La ocupación —junto con otras acciones colectivas en todo el país, como las dos manifestaciones nacionales de septiembre de 2016 y 2017, bajo el lema de ‘Otra sanidad es posible’, y las diversas manifestaciones por una mejora de la atención de la maternidad en agosto de 2017— ha conseguido que la salud de las mujeres pase a ser una cuestión política en el plano nacional.

A día de hoy, se mantienen, en paralelo, la ocupación y el plan del centro de salud privado pero sin fines de lucro, aparentando no ser dos planteamientos contradictorios. La ocupación está llegando a su primer año y el primer centro de salud formado por socios en el país abrió el 20 de diciembre de 2017.

‘Es la misma lucha ahora que antes’

El éxito de las protestas se explica, en parte, porque estas han conseguido vincular las luchas de hoy con la historia de otras luchas, resistencias y victorias que tuvieron lugar en la zona en el pasado. Así, se han entrelazado distintas luchas contra la injusticia separadas por un lapso de 85 años. Durante las movilizaciones, el nombre de ‘Ådalen’ empezó a aparecer cada vez con más frecuencia.

Hay muchas escalas espaciales que dividen la provincia de Västernorrland y que podrían destacarse en este caso. Por un lado, encontramos las dos regiones de Medelpad y Ångermanland (la zona más afectada por los recortes), que componen la provincia de Västernorrland, y las tres ciudades (Örnsköldsvik, Kramfors y Sollefteå) que se vieron afectadas por los recortes, además de la provincia en sí, que es la administración regional que decidió aplicar los recortes en la sanidad pública.

Otra escala se hallaría en la región de la Costa Alta, donde se ubican estas ciudades; la denominación más habitual en los circuitos turísticos y que se ha impulsado para promover la zona como destino turístico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2000. Sin embargo, el nombre tradicional, Ådalen, empezó a hacerse cada vez más común para aludir a la población que se vería afectada por los recortes. El nombre de Ådalen ya no figura en los mapas ni en las señales de tráfico, y hoy día casi no se usa para referirse a la región que abarca la zona norte de la provincia de Västernorrland y las tres ciudades afectadas. Ådalen ha sido arrinconado de forma deliberada y ocultado en las sombras de la historia.⁶ Así que, ¿por qué no recuperarlo del cajón del olvido y volver a hablar sobre lo que sucedió allí?

Desde 1931, Ådalen ha sido el escenario de acontecimientos con una gran carga política. Para entender la fuerza que supone invocar el nombre de Ådalen, debemos remontarnos a la época de la industrialización en Suecia. En la década de 1920, Suecia figuraba entre los países con un mayor índice de conflictos laborales del mundo.⁷ Las huelgas siguieron siendo ilegales, pero cada vez más comunes, hasta la década de 1930, cuando varios hechos cambiaron esta situación conflictiva y situaron a Suecia en el camino hacia el acuerdo y el consenso entre los sindicatos y la patronal. Uno de estos hechos fue el Pacto de Saltsjöbaden, que sentó las bases para las siguientes décadas de relaciones laborales pacíficas.

Otro hecho anterior fue el conflicto laboral en Ådalen en 1931, marco de algunos de los complejos industriales de más envergadura durante el período de industrialización de Suecia y en el que la actividad forestal representaba una parte importante. La zona albergaba una gran cantidad de aserraderos y una industria naviera que suministraba los productos al resto de Europa. Justo antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, las exportaciones de los aserraderos de Västernorrland representaban más del 25 % de los ingresos del país y la mitad de los ingresos por exportaciones en esta región del norte de Suecia. Durante ese período, también fue escenario de frecuentes y a veces violentas luchas laborales,⁸ una situación que alcanzó su punto álgido con el episodio, tristemente célebre, de 1931, cuando el ejército mató a tiros a cuatro trabajadores y un transeúnte.⁹

Este enfrentamiento se produjo entre los estibadores del puerto que prestaban su servicios a la industria forestal. Cuando se declararon en huelga para reivindicar mejores condiciones de trabajo, la administración del puerto llamó a los rompehuelgas, lo cual avivó aún más la ya tensa situación. Los trabajadores organizaron una manifestación y, ante este panorama, se desplegó al ejército para que restaurara el orden público. Este conflicto allanó en parte el triunfo del Partido Socialdemócrata Sueco (SAP) en las elecciones generales del año siguiente. En sus intentos por construir lo que más tarde se convertiría en el famoso Estado del bienestar sueco, la imagen de Ådalen y los conflictos que se habían vivido allí se presentaron como un ideal del espíritu de consenso como medio para crear un país moderno. Esto hizo que los enfrentamientos en Ådalen y otros lugares que condujeron a la creación del Estado del bienestar parecieran un vestigio del pasado que se debía olvidar y al cual nunca deseamos regresar.

Varios elementos permitieron vincular las injusticias del pasado con las actuales. Después de la segunda manifestación, el grupo de Facebook ‘Ådalen Despierta’ empezó a enlazar las similitudes entre las dos épocas y otro grupo de Facebook para la ocupación eligió el nombre de ‘Ådalen 2017’. En la prensa local, las conexiones parecían evidentes:

Nací en Ådalen a finales de los años cuarenta y fui testigo del cierre de muchos aserradores, el aumento del desempleo y muchos otros problemas en los años cincuenta. Mi padre se manifestó en Ådalen en 1931, donde fueron asesinados cinco de sus compañeros. Se manifestaban por sus condiciones de vida. Yo me manifesté en Lunde en 1981 para homenajear a mi padre y a todos los que le acompañaron. El domingo pasado, me manifesté en Härnösand por NUESTRAS condiciones de vida.
Margaretha Bodén, Sollefteå, Tidningen Ångermanland, 28 de abril de 2016, cartas a la redacción.

Cuando los medios nacionales empezaron a interesarse por las protestas, al iniciarse la ocupación —aunque también en algunas noticias anteriores—, los artículos se enmarcaban en torno a la idea de que Ådalen estaba alzándose de nuevo. Uno de los principales periódicos vespertinos nacionales, Expressen, escribió que “Ådalen se ha visto obligado a volver a sublevarse”, añadiendo que “cada zona del país en proceso de despoblación deberá hallar su Ådalen interno”, dado que la clase política parece incapaz de resolver el problema de los servicios sociales fuera de las zonas urbanas.¹⁰ El otro gran vespertino nacional, el Aftonbladet, siguió la misma línea, al publicar una tira cómica sobre el conflicto titulada ‘Ådalen despierta de nuevo’, escrita por un famoso autor y editor de la zona.¹¹

   El uso del nombre Ådalen ayudó a establecer una conexión entre las injusticias de hoy y las de otras épocas, y demostró ser una forma eficiente de involucrar a la gente y animarla a participar en las protestas. La elección del nombre parece haber sido una estrategia deliberada de los y las activistas, y la creación de un contrapoder se formuló a través de las referencias constantes en los medios tradicionales y sociales a los recortes dirigidos específicamente contra Ådalen. El uso de la historia de las luchas laborales, que ejercieron una enorme influencia en la transformación de Suecia en un Estado de bienestar, ayudó a definir quién era el ‘nosotros’ que protestaba y que, una vez más, recibía un trato injusto. Después de 1931, la población de Ådalen fue vista como especialmente rebelde y propensa a movilizarse contra las injusticias, aunque fuera a costa de un alto precio. Esta identidad subversiva histórica proyectada sobre las personas que viven en Ådalen es útil hoy día cuando se enfrentan nuevas injusticias, como el menoscabo del bienestar contra el que resisten en estos momentos.

¿Dónde están las feministas?

Dado que la industria tiene un papel tan importante para el norte de Suecia, la desindustrialización que se inició en la década de 1960 dio lugar a varios conflictos laborales y huelgas salvajes en las décadas siguientes. Hubo una gran huelga de mineros en cuatro ciudades mineras en 1969, seguida de la huelga de la limpieza en 1974-75, que se extendió por todo el país y varias de las mismas ciudades mineras. Una de las soluciones a la desindustrialización impulsada por el Gobierno nacional consistió en sustituir los empleos perdidos en la industria por empleos en el sector público, en el que se contrató a muchas más mujeres de lo que se había hecho antes en la gran industria.

Los recortes en los servicios sociales suponen, precisamente, un golpe contra aquella solución. Esto desplaza el conflicto sobre la reducción del bienestar a nuevos entornos fuera de las áreas urbanas y afecta en particular a las mujeres, tanto por la pérdida de los servicios de atención médica como por la pérdida de su principal mercado laboral en el sector público. Esta realidad se reflejó en las movilizaciones, ya que las estadísticas de los primeros seis meses de la ocupación del hospital mostraron que las mujeres constituían la columna vertebral de la labor cotidiana para mantener las protestas. En el fondo de la cuestión, se halla el tema de la atención sanitaria de las mujeres y cómo el acceso desigual a ella puede tener repercusiones especialmente preocupantes en áreas poco pobladas, y cómo la falta de capacidad para la atención de urgencia puede convertirse en una lucha contra el tiempo y la distancia, la vida y la muerte.

La cuestión de la igualdad de acceso a la atención a la salud de la maternidad se convirtió, desde un buen principio, en un asunto de importancia política nacional, pero son las provincias las que deben resolverlo. Y aunque las personas que están ocupando afirman que no abandonarán la entrada del Hospital de Sollefteå hasta que recuperen la sala de maternidad, hay una pregunta que se ha pasado por alto: la de los trabajos de las mujeres en un sector de la sanidad pública cada vez más desprovisto de recursos y con unas condiciones laborales extremadamente precarias. ¿Cómo se puede incorporar la vida de las mujeres como trabajadoras en aquello que vale la pena proteger, sin centrarse únicamente en la función reproductiva de las mujeres? Las mujeres han sido una fuerza impulsora de gran parte de las acciones de protesta en torno al Hospital de Sollefteå, pero parece que aún resulta difícil movilizarse en torno al trabajo de las mujeres de la misma manera que sucede cuando se cierra una fábrica y se despide a los hombres.

Qué podemos aprender

Los procesos de reestructuración económica tienen distintos efectos según el lugar donde se producen. En Suecia, el fenómeno ha sido objeto de debates y estudios desde una perspectiva principalmente urbana. En las zonas poco pobladas del país, han cobrado importancia también otros tipos de reestructuraciones y líneas de conflicto, como la redefinición de los empleos en el Estado del bienestar que, en su día, se usaron para solucionar la reestructuración industrial. En estos momentos, uno de los conflictos más urgentes y que está sirviendo como base para movilización muy diversa de contrapoder se halla en la prestación equitativa de la sanidad pública en todo el país. Hay varias cosas que podemos aprender de las movilizaciones de Ådalen.

Una de ellas es la idea generalizada de que es en la ciudad donde sucede todo, que la mera cantidad de personas, de alguna forma, facilitará de por sí la acción colectiva. Puede que eso sea cierto, pero puede también que cuando las posibilidades para vivir en un determinado lugar se ven amenazadas, cuando se eliminan los servicios básicos que lo hacen viable, la gente movilice contrapoderes para luchar por su derecho a seguir viviendo donde nació o donde eligió instalarse. Este parece ser el panorama en la periferia del Estado del bienestar sueco, donde los servicios son escasos y están distribuidos de forma desigual.

Se podría incluso hablar de desiertos de servicios donde la vida cotidiana se está volviendo cada vez más difícil de manejar. Según una noticia de la televisión pública sueca (SVT), hoy alrededor del 10 % del país carece de servicios como consecuencia de los cierres de los últimos 50 años, pero especialmente de los últimos 10 años.¹² Antes de convertirse en un desierto de servicios, la población de Ådalen ha optado por comenzar a luchar, demostrando que el campo también puede ser la base para crear un contrapoder progresista, a diferencia de como se suele retratar la movilización rural.

En este intento por formular un contrapoder, han invocado la historia, en este caso infame. Sin embargo, las historias no deben ser tan espectaculares para vincular las luchas actuales con las del pasado. Las historias de lucha —a poder ser con victoria incluida— pueden ayudar a formar contrapoderes que puedan resistir al incremento de las desigualdades. Estas historias no deben estar necesariamente en perfecta sintonía con el presente, ya que las luchas obreras en la zona marginada de Ådalen en 1931 están muy lejos de la situación actual de desmantelamiento del acceso de las mujeres a la sanidad pública en un Estado del bienestar rico. Sin embargo, podría ayudarnos a volver a conectar con formas de acción colectiva en un momento en que los problemas suelen entenderse como algo particular y que se considera que cada uno es responsable de solucionar sus propios problemas.

En este sentido, la atención de la salud pública pasa de ser un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a convertirse en un problema individual, donde los buenos clientes se trasladan a donde los servicios son mejores. Esta individualización de los problemas ¹³ es contraria a la idea de que muchos problemas son compartidos por grupos más numerosos y distancian nuestras soluciones de la acción colectiva. Si no podemos pensar en términos de problemas colectivos, ¿cómo vamos a encontrar soluciones colectivas? El uso de las historias de acciones colectivas puede ayudarnos a reconectar a través de las desigualdades que muchas veces compartimos, y volver a conectarnos con victorias del pasado de las que nos habíamos olvidado.¹⁴

   En el caso de las protestas del Hospital de Sollefteå, la historia de las luchas y victorias del pasado, aunque estuvieran relacionadas con desigualdades de otra índole, se utilizaron para protestar contra las desigualdades creadas por la reducción del bienestar en la actualidad. La conexión de estas luchas generó un contrapoder que movilizó a una gran parte de la población en diversas acciones de protesta. Ådalen, como un zona con una gran carga política, con un trauma nacional de trasfondo, se ha convertido en un nombre muy útil para retomar en estos tiempos de lucha. Cada país tiene su propia historia de luchas y victorias, y reconectar con ellas podría ser una forma de participar en las luchas actuales.

NOTAS:

I. Aunque esta cifra se ha puesto en tela de juicio.

1. Polanska, D.V. (2017) «Reclaiming Inclusive Politics: Squatting in Sweden 1968-2016», Trespass: a journal about squatting 1(1):36-72.

2. Hasselbladh, H., E. Bejerot y R.Å. Gustafsson (2008) Bortom new public management. Institutionell transformation i svensk sjukvård. Lund: Academica Adacta.

3. Selberg, R. (2012) Femininity at Work-Gender, Labour, and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital.

4. Fredriksson, K. (2017) ‘BB-ockupanterna svar på pinsförbudet: “Gratis pins till vårdanställda!”’, Aktuellt Fokus. 27 de junio.

5. Sundqvist, B., BB Ockupationen i Sollefteå – första halvåret. 2017, Facebook: Ådalen 2017 (Sollefteå BB Ockupationen).

6. af Geijerstam, J.S., Sörlin (2000) Det glömda Ådalen. Stockholm: Dagens Nyheter.

7. Nyzell, S. (2011) ‘Det kollektiva våldets gränser: Möllevångskravallerna i Malmö 1926’, Arbetarhistoria 2-3: 138-139.

8. Björklund, J. (1976) Strejk-förhandling-avtal: facklig aktivitet, arbets-och levnadsvillkor bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914. Avd. för ekonomisk historia, Universidad de Umeå.

9. Johansson, R. (2011) Kampen om historien-Ådalen 1931-Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000. Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40.

10. Barr, B. (2015) ‘Snart behövs Ådalen i varenda landsände’, Expressen. 12 de octubre.

11. Jonsson, M. (2015) ‘Ådalen reser sig igen – serie av Mats Jonsson’, Aftonbladet. 15 de octubre.

12. Müller, A. (2017) En tiondel av Sverige saknar lokal service, in Sveriges Television. SVT: svt.se.

13. Brown, W. (2015) Undoing the Demos. Durham, NC: Duke University Press.

14. Tsing, A. (2009) ‘Supply chains and the human condition’, Rethinking Marxism 21(2): 148-176.

SOBRE LA AUTORA

Desirée Enlund es candidata doctoral en Geografía Humana en el Departamento de Geografía e Historia Económica e integrante de la Escuela de Graduados en Estudios de Género en la Universidad de Umeå, Suecia.

Traducción: Beatriz Martínez
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2018, editado en castellano por Transnational Institute (TNI) y FUHEM Ecosocial.