Rafeef Ziadah colabora con el sindicato Trabajadores en Palestina y es activista sindical, profesora y poeta. Trabaja como profesora de Política y políticas públicas en el Departamento de Desarrollo Internacional del King’s College de Londres. En esta entrevista explora cómo la inquebrantable alianza entre Occidente e Israel no es meramente una cuestión de cabildeo o influencia; es una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales compartidos. Comprender este mapa geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas sólidas y elaborar una estrategia efectiva que confronte los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonial respaldado por el Estado de Israel en Palestina.¹

Nick Buxton (NB): ¿Qué revela el genocidio en Palestina sobre la situación actual de la geopolítica: quién tiene el poder y cómo se ejerce?

Rafeef Ziadah (RZ): El genocidio en Gaza pone al descubierto la cruda realidad de la geopolítica moderna, poniendo de relieve los mecanismos del poder en un mundo moldeado por las ambiciones imperiales y la explotación estratégica de los recursos. En el centro de esta crisis se encuentra la alineación de las estructuras de poder occidentales con el colonialismo de asentamiento y el autoritarismo en Oriente Medio, con el fin de mantener el dominio económico y el control geopolítico.

El apoyo inquebrantable de Estados Unidos y las principales potencias europeas a Israel está profundamente entrelazado con sus intereses imperiales duraderos en la región. Como colonia de asentamiento, Israel sirve de punto de apoyo occidental en Oriente Medio. ²Este proyecto colonial no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una arquitectura de control más amplia, que actúa en connivencia con las monarquías petroleras del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para mantener un sistema regional y mundial que privilegia el poder económico y militar occidental.

Acuerdos como los de normalización entre Israel y varios países del Golfo reflejan una consolidación de fuerzas diseñadas para marginar por completo la liberación palestina y garantizar el statu quo del régimen autoritario y la extracción de recursos a expensas de los pueblos de la región. Aunque el genocidio ha puesto en tela de juicio este proyecto, es poco probable que se abandone y es casi seguro que resurgirá con un nuevo nombre.

También debemos comprender claramente la trayectoria histórica más amplia que está en juego, especialmente el papel de los Acuerdos de Oslo y las promesas vacías de una solución de dos Estados. Los Acuerdos de Oslo pretendían transformar la lucha por la liberación palestina en un proyecto restringido de construcción de un Estado confinado a Cisjordania y Gaza, borrando deliberadamente la realidad colonial más amplia de Israel como Estado colonizador.

NB: ¿Qué dice esto sobre el imperialismo estadounidense y su trayectoria?

RZ: Su apoyo inquebrantable a Israel revela mucho sobre la naturaleza y la trayectoria del imperialismo estadounidense. En esencia, esta relación no se basa en una alineación ideológica o en lazos culturales, sino en la importancia estratégica de Israel como colonia de asentamiento para asegurar y proyectar el poder de Estados Unidos.

El proyecto colonial de Israel lo ha convertido en un socio único y firme en la región, cuya supervivencia está indisolublemente ligada al apoyo continuo de Occidente. A diferencia de otros aliados en Oriente Medio, cuyas alianzas con Estados Unidos son a menudo transaccionales o condicionales, la dependencia de Israel del respaldo estadounidense garantiza que actúe como una extensión coherente de los intereses estadounidenses.

Una de las formas más significativas en que Israel facilita los objetivos imperiales de Estados Unidos es ayudando a asegurar el control de los corredores comerciales y los recursos energéticos críticos de Oriente Medio. No se trata tanto de garantizar el flujo de petróleo hacia Estados Unidos o Europa, que han diversificado sus fuentes de energía, como de controlar el acceso a estos recursos como arma geopolítica. A medida que China emerge como un rival potencial de Estados Unidos, la capacidad de este último para influir en la disponibilidad y el precio del petróleo de Oriente Medio se convierte en una herramienta clave para restringir el crecimiento económico y las opciones estratégicas de China y para evitar otros posibles aspirantes a su supremacía mundial.

La estrategia de Estados Unidos también ha consistido en fomentar un proceso de normalización entre los Estados del Golfo e Israel, lo que refleja un esfuerzo calculado por reafirmar su primacía en una región en la que su influencia ha experimentado un relativo declive en los últimos años. Estos acuerdos patrocinados por Estados Unidos buscan reforzar el papel de Israel como pilar central del poder estadounidense en la región y vincular más estrechamente a los Estados del Golfo a la influencia estadounidense. En esencia, la normalización no es solo una cuestión de diplomacia, sino una medida estratégica para gestionar el cambiante equilibrio de poder en la región.

Sin embargo, esta estrategia tiene un coste significativo, sobre todo porque las acciones cada vez más genocidas de Israel provocan inestabilidad regional y erosionan aún más la posición de Estados Unidos en la opinión pública internacional. Se corre el riesgo de socavar el sistema más amplio de alianzas en el que se basa Estados Unidos. Mientras que los Estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos, han normalizado sus relaciones con Israel, las poblaciones de la región siguen profundamente opuestas a las acciones israelíes, lo que crea una tensión que podría desestabilizar varios regímenes y, por extensión, la estrategia regional de Estados Unidos.

NB: ¿Por qué es importante que los movimientos sociales comprendan este panorama geopolítico?

RZ: El genocidio en Gaza ha desencadenado una ola de solidaridad mundial sin precedentes. Millones de personas han tomado las calles, han acampado en campus universitarios y activistas bloqueando puertos y fábricas de armas. Esta oleada de protestas desafía no solo las acciones de Israel, sino también los sistemas globales que las hacen posibles. Sin embargo, aunque esto ha dado visibilidad a la causa palestina, la forma en que se suele enmarcar Palestina puede ocultar la verdadera naturaleza de la lucha. Con demasiada frecuencia, los debates se limitan a las violaciones inmediatas de los derechos humanos por parte de Israel —asesinatos, detenciones y robo de tierras— sin abordar los sistemas de poder subyacentes que hacen posibles estas violaciones. Enmarcar la cuestión únicamente desde la perspectiva de los derechos humanos despolitiza la lucha palestina, reduciéndola a violaciones aisladas en lugar de una campaña sistemática de colonialismo de asentamientos respaldada por el imperialismo occidental.

En esencia, este genocidio ha sido patrocinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en particular por algunos Estados miembros de la UE, que han dado luz verde a Israel en todo momento para que continúe con sus ataques y sus políticas de hambre, al tiempo que lo protegen diplomáticamente y arman a su ejército. Los debates sobre la política israelí suelen centrarse exclusivamente en las acciones de los primeros ministros, en particular de Benjamin Netanyahu, como si ellos solos determinaran la trayectoria del Estado. Si bien estas figuras son importantes, debemos ampliar nuestra perspectiva para comprender la dinámica más profunda y a largo plazo que sustenta las políticas de Israel. Para ello es necesario analizar las fuerzas estructurales e históricas que impulsan su proyecto colonial y su papel más amplio en el mantenimiento de la hegemonía occidental.

A este problema se suma la narrativa persistente que atribuye el apoyo occidental a Israel únicamente a la influencia de un «lobby proisraelí». Se trata de una visión peligrosamente simplista que malinterpreta la relación geopolítica más profunda. La alianza inquebrantable entre Occidente e Israel no es solo una cuestión de presión o influencia, sino una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales comunes.

Comprender el panorama geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas eficaces y elaborar una estrategia que vaya más allá de la solidaridad reactiva. Nos permite identificar y confrontar los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonialista de Israel, evitando caer en la trampa de considerar a los regímenes autoritarios de la región como aliados en la lucha por la liberación palestina. Estos regímenes tienen sus propios intereses, a menudo arraigados en la preservación del poder o la obtención de beneficios económicos y militares, y alinearse con ellos sin crítica puede socavar los objetivos más amplios de justicia y liberación.

Además, este análisis nos permite identificar a las empresas e industrias que se benefician y sostienen la violencia colonial de Israel. Los fabricantes de armas, las empresas de tecnología de la información y las empresas multinacionales (EMN) desempeñan un papel fundamental en la viabilidad del proyecto colonialista de Israel, y sacar a la luz su complicidad es clave para desarticular las redes de beneficios que sustentan la opresión. Identificar a estos actores y sus conexiones nos permite diseñar mejores estrategias y dirigir intervenciones que golpeen los cimientos económicos de la dominación colonialista.

Por último, una comprensión más profunda del panorama general prepara a los movimientos para el largo plazo. Nos garantiza que nos mantengamos centrados y estratégicos, especialmente cuando nos enfrentamos a iniciativas como los debates sobre la creación de un Estado o los acuerdos diplomáticos que no cambian la situación sobre el terreno. Al mantener la claridad sobre las realidades de la ocupación y el despojo, podemos resistirnos a dejarnos llevar por avances superficiales o gestos simbólicos. En cambio, seguimos denunciando la violencia colonialista en curso y trabajando por un futuro verdaderamente anticolonial.

NB: ¿Por qué, salvo algunas voces discretas como las de Bélgica, Irlanda, Italia y España, la Unión Europea ha sido tan cómplice del genocidio de Gaza y tan reacia a impulsar una posición independiente de Estados Unidos?

RZ: La complicidad de la Unión Europea en el genocidio de Palestina³ no refleja tanto una subordinación a Estados Unidos como una convergencia de intereses. Aunque la UE suele proyectar una imagen de adhesión a un marco diferente —alegando que da prioridad al derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo—, en última instancia se beneficia y se alinea con el proyecto imperial más amplio que sustenta el dominio occidental en Oriente Medio. Las políticas y las relaciones de la UE con Israel, incluidos los acuerdos de libre comercio (ALC), los contratos militares y las asociaciones estratégicas, demuestran que sus intereses están profundamente entrelazados con el mantenimiento del statu quo.

La UE desempeña un papel estratégico al presentarse como menos agresiva que los Estados Unidos. Incluso dentro de este marco, no ha tomado medidas significativas para presionar a Israel, como suspender los privilegios comerciales o la cooperación militar, lo que revela su falta de compromiso con una verdadera rendición de cuentas.

Los acuerdos de libre comercio entre la UE e Israel, como el Acuerdo de Asociación UE-Israel, facilitan la cooperación económica y proporcionan a Israel un acceso fundamental a los mercados europeos. Estos acuerdos persisten a pesar de las claras violaciones de Israel. Los contratos y las asociaciones militares consolidan aún más esta relación, ya que algunos Estados miembros de la UE participan en la venta de armas y el intercambio de tecnología que apoyan directamente al complejo militar-industrial israelí. Estas actividades ponen de relieve el interés material de la UE en los sistemas que sostienen la agresión israelí.

Tabla 1. Exportaciones de armas de los estados miembro de la UE a Israel (2018-2022) con licencias de exportación concedidas, en millones de euros

Fuente: Informe del TNI, Partners in Crime – EU complicity in Israel’s genocide in Gaza, (2024)

Dentro de Europa, existe una división entre países como Alemania y el Reino Unido, que prestan un apoyo abierto a Israel, y otros como Bélgica, Irlanda y España, que abogan por una postura más crítica, a menudo enmarcada en la solución de dos Estados. Sin embargo, incluso este último grupo opera dentro de estrechos límites, centrándose en críticas más suaves y evitando acciones que puedan poner en tela de juicio los lazos de la UE con Israel.

La alineación de la UE con Estados Unidos e Israel también sirve a sus propios intereses estratégicos en Oriente Medio. Al apoyar a Israel, la UE contribuye a mantener un orden regional que garantiza las rutas comerciales, estabiliza el suministro energético y reprime los movimientos antiimperialistas. Al igual que Estados Unidos, la UE tiene interés en contener a las potencias rivales, especialmente en el contexto de la competencia global con Rusia y China. El papel de Israel como garante regional complementa estos objetivos, lo que lo convierte en un valioso aliado para los Estados europeos.

En esencia, el enfoque de la UE hacia Palestina no es una alternativa a la política estadounidense, sino más bien complementaria. Su doble papel de alineamiento y diferenciación permite a la UE mantener los beneficios económicos y estratégicos de la relación, al tiempo que proyecta una imagen de neutralidad o moderación.

NB: ¿Qué ha hecho China en respuesta al genocidio? ¿Qué dice esto sobre su papel como actor político global?

RZ: La respuesta de China al genocidio en Gaza ha sido notablemente moderada, caracterizada por llamamientos al alto el fuego y a la ayuda humanitaria, pero carente de medidas contundentes. Aunque ha expresado su apoyo a la autodeterminación de Palestina en las Naciones Unidas, no ha asumido un papel de liderazgo en la oposición directa a Israel ni ha prestado un apoyo material sustancial a la causa palestina. Este enfoque moderado refleja la política exterior general de China, que da prioridad a la no intervención y al mantenimiento de las relaciones con una amplia gama de actores, incluido Israel, por razones económicas y estratégicas.

Las acciones de China revelan que da prioridad a los intereses económicos sobre la alineación ideológica con los movimientos antiimperialistas. Aunque se posiciona como una alternativa a la hegemonía estadounidense, su enfoque a menudo refleja el cálculo pragmático de las potencias tradicionales. Su creciente interdependencia con las monarquías del Golfo y los corredores comerciales más amplios entre Asia Oriental y Oriente Medio sugieren un enfoque centrado en la integración económica más que en un desafío directo a la influencia estadounidense en la región. Esto hace que China parezca evasiva en momentos de crisis aguda.

NB: La gente ha celebrado que Sudáfrica haya llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia como una señal del auge del Sur Global en oposición al imperialismo y el sionismo. ¿Cuál es su apreciación?

RZ: La decisión de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene un profundo impacto, sobre todo teniendo en cuenta su propia historia de apartheid y su solidaridad con la lucha palestina. Que Israel sea acusado oficialmente de genocidio a nivel internacional es un paso importante, que pone de relieve la gravedad de sus acciones y refuerza el discurso contra su proyecto colonialista.

Sin embargo, hay que reconocer las limitaciones y contradicciones del derecho internacional. Los procedimientos legales como los de la CIJ son largos, a menudo duran años, y el listón para demostrar delitos como el genocidio es muy alto. Incluso cuando las sentencias favorecen la justicia, su cumplimiento depende de la voluntad política de los Estados e instituciones poderosos. Estados como Estados Unidos y sus aliados, que protegen a Israel diplomática y militarmente, pueden socavar o ignorar por completo las sentencias de la CIJ, convirtiendo el derecho en una herramienta de justicia selectiva en lugar de responsabilidad universal.

Esta medida también debe entenderse en el contexto más amplio de la dinámica política interna de Sudáfrica. Si bien el Congreso Nacional Africano (ANC) se ha posicionado históricamente como defensor del antiimperialismo y la solidaridad con Palestina, su trayectoria actual está plagada de contradicciones. El ANC se enfrenta a retos internos, como los fallos en la gobernanza y la promoción de políticas económicas neoliberales, así como a una creciente desconexión con los movimientos de base.

Al mismo tiempo, debemos permanecer atentos a las voces de los vibrantes movimientos sociales de Sudáfrica, que llevan mucho tiempo exigiendo que el país rompa sus lazos con Israel. Estos movimientos han liderado la demanda de medidas concretas, como el fin de las relaciones diplomáticas y la aplicación de boicots, desinversiones y sanciones (BDS). Si bien el caso de la CIJ tiene un gran poder simbólico, es la presión popular la que garantiza que estos gestos simbólicos se traduzcan en cambios significativos.

NB: ¿Dónde encaja el poder corporativo en todo esto? ¿Qué empresas y de dónde provienen las que apoyan el genocidio?

Lamentablemente, numerosas empresas de una amplia gama de sectores se benefician y sostienen las acciones de Israel, desde los productores de bienes de consumo hasta las empresas de TI que proporcionan infraestructura de vigilancia. Si bien las empresas de armas y energía desempeñan un papel especialmente crítico en la facilitación del genocidio y han sido, con razón, objeto de atención por parte de los sindicatos y organizadores palestinos, lo más eficaz es que los individuos y los grupos cuestionen la complicidad dentro de sus propios sectores. Este enfoque amplio garantiza que el movimiento se dirija a todo el ámbito de la participación empresarial, reforzando la campaña en favor de la rendición de cuentas y la justicia.

El 16 de octubre de 2023, los sindicatos y asociaciones profesionales palestinos lanzaron un poderoso llamamiento a los sindicatos internacionales,⁴ instándoles a «dejar de armar a Israel». Este llamamiento puso de relieve la enorme magnitud del apoyo militar y diplomático prestado a Israel, en particular por los Estados Unidos y la Unión Europea. Las cifras son abrumadoras. En virtud del actual acuerdo con Estados Unidos, vigente entre 2019 y 2028, se proporcionan anualmente 3 800 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En respuesta a la última agresión de Israel contra Gaza, Estados Unidos aprobó 14 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar como parte de un paquete de seguridad nacional de 106 000 millones de dólares.

Los Estados miembros de la Unión Europea también desempeñan un papel importante. Alemania, por ejemplo, ha concedido 218 licencias de exportación de armas a Israel en 2023, el 85 % de ellas después del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, los fabricantes de armas han obtenido enormes beneficios. El valor bursátil de las cinco principales empresas armamentísticas estadounidenses −Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon− se ha disparado en 24 700 millones de dólares desde que comenzó el ataque. Estas cifras ponen de relieve la complicidad directa de la industria armamentística en el genocidio y destacan el potencial de los sindicatos y las campañas populares para interrumpir estas cadenas de suministro y detener el comercio de armas.

NB: El genocidio ha despertado a una nueva generación a los horrores de la violencia colonialista, con la ayuda del imperialismo estadounidense. ¿Cómo podemos mantener este movimiento? ¿Cuáles son las vías más estratégicas para la resistencia y la solidaridad?

RZ: La solidaridad internacional con Palestina ha alcanzado un nivel extraordinario de apoyo en los últimos meses, con protestas masivas en ciudades de todo el mundo, lo que demuestra un creciente reconocimiento global de la urgencia de la lucha palestina por la justicia, la liberación y el retorno. Sin embargo, aunque estas manifestaciones han sido poderosas, el reto ahora es canalizar esta indignación y solidaridad generalizadas hacia una acción organizada y sostenida que pueda generar un cambio real y duradero para Palestina. Para ello, debemos ir más allá de la oleada de manifestaciones masivas (que son importantes en sí mismas) y centrarnos en construir una infraestructura para una organización estratégica a largo plazo. Una forma de profundizar este movimiento es centrarse en la solidaridad laboral, en particular mediante la organización en los lugares de trabajo para garantizar que todos los espacios pongan fin a toda forma de complicidad con Israel.

En recientes llamamientos de los sindicatos palestinos, se ha instado a los trabajadores a que dejen de armar a Israel negándose a manipular mercancías y equipo militar destinados al régimen israelí. Esta demanda representa un punto de inflexión clave en el movimiento de solidaridad, en el que la lucha por la liberación palestina se vincula directamente al poder de los trabajadores para desbaratar los sistemas de opresión. Los sindicatos internacionales ya han comenzado a tomar medidas, desde los trabajadores portuarios de Barcelona e Italia que bloquean los envíos hasta el cierre de fábricas de armas en Canadá y el Reino Unido.⁵ Estas acciones demuestran que, cuando los trabajadores se posicionan, pueden desafiar de manera significativa a las industrias que alimentan el proyecto colonialista de Israel.

Este enfoque liderado por los trabajadores también conlleva el potencial de revitalizar los propios sindicatos, alejándolos de acciones meramente simbólicas. Por ejemplo, aunque las mociones aprobadas en los sindicatos en apoyo a Palestina son importantes, rara vez van acompañadas de demandas concretas. Para construir realmente poder, estas mociones deben evolucionar hacia la organización de las bases, la educación y la divulgación, que puedan llevar a los trabajadores a bloquear envíos, interrumpir líneas de producción o participar en boicots más amplios contra las empresas cómplices del genocidio israelí. Es necesario pasar de los gestos simbólicos a la adopción de medidas concretas para detener los sistemas que apoyan la violencia de Israel.

El fortalecimiento del poder de los trabajadores requiere un enfoque profundo y estratégico, centrado en la educación y la solidaridad a largo plazo. Los sindicatos palestinos han destacado la importancia de involucrar a los trabajadores de base en la educación política, ayudándoles a comprender la conexión entre su trabajo y los sistemas de opresión que perpetúan la violencia en Gaza. Muchos sindicalistas son nuevos en la lucha palestina y no todos los activistas conocen bien la historia del colonialismo israelí. Por lo tanto, es fundamental crear espacios de educación y solidaridad que se centren en el aquí y ahora, pero también en cómo construir movimientos sostenibles, liderados por los trabajadores, que puedan seguir luchando por la justicia más allá del momento inmediato.

La historia del internacionalismo obrero ofrece un marco valioso en este sentido. Al igual que los trabajadores de todo el mundo desempeñaron un papel decisivo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica o en el apoyo a los movimientos de liberación en Chile y Etiopía, el movimiento sindical mundial tiene la oportunidad de construir un legado similar de solidaridad con Palestina. Los trabajadores siempre han estado al frente de la lucha contra el imperialismo, y está claro que pueden desempeñar un papel transformador en esta lucha. La historia de las luchas exitosas lideradas por los trabajadores nos enseña que construir una solidaridad duradera lleva tiempo, pero también tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder, no solo para poner fin a la ocupación militar de Israel, sino también a los sistemas de opresión más amplios que la sostienen.

Nick Buxton es coordinador del área de conocimiento de TNI y un consultor de comunicaciones, investigador y editor de publicaciones. Entre numerosos artículos e informes, es editor −junto con Ben Hayes− del libro Cambio climático, S.A. (FUHEM, 2017).

Traducción: Nuria del Viso, investigadora del equipo de FUHEM Ecosocial.

Acceso al artículo en formato pdf: Entrevista a Rafeef Ziadah sobre el genocidio en Palestina.

NOTAS

[1] Esta entrevista es una versión resumida de la incluida en el informe Estado del poder 2025, que publican en español TNI, CLACSO Y FUHEM y que aparecerá a finales de 2025.

 [2] Adam Hanieh, Framing Palestine. Israel, the Gulf states and the American power in the Middle East, TNI, 13 junio de 2024. https://www.tni.org/en/article/framing-palestine

[3] Niamh Ni Bhriain y Mark Akkerman, Partners in Crime – EU complicity in Israel’s genocide in Gaza, TNI, 4 junio de 2024. https://www.tni.org/en/publication/partners-in-crime-EU-complicity-Israel-genocide-Gaza

[4] Workers in Palestine, An urgent call from Palestinian trade unions: end all complicity, stop arming Israel, Workers in Palestine, 16 octubre de 2023. https://www.workersinpalestine.org/the-calls-languages/english

[5] Rafeef Ziadah y Katy Fox-Hodess, «Unionists Around the World Block Weapons Bound for Israel», Labornotes, 13 diciembre de 2023. https://labornotes.org/2023/12/unionists-around-world-block-weapons-bound-israel

Julia Steinberger es profesora de Desafíos sociales del cambio climático en la Universidad de Lausana (Suiza), donde es docente e investigadora en economía ecológica. Su investigación está encaminada a examinar las conexiones entre el uso de los recursos y el desempeño de la sociedad. En esta entrevista, preguntamos a la profesora Steinberger acerca del concepto de poscrecimiento y sus principales características.

 Monica Di Donato (MDD) y Pedro Lomas (PL): En primer lugar, muchas gracias por contestar estas preguntas para PAPELES. Queremos comenzar con una pregunta general para contextualizar el poscrecimiento en el marco de los debates sobre crecimiento. Nos gustaría que nos aclarase el significado de poscrecimiento, y si este puede ser entendido como una forma de anticapitalismo o simplemente como otra forma de afrontar distintas prioridades bajo el mismo marco. A su vez, también nos gustaría que hablase, en el marco del debate general sobre crecimiento, cuáles son las principales diferencias, si es que existen, entre el poscrecimiento y otros marcos como el decrecimiento, el estado estacionario, el posdesarrollo, etc.

Julia Steinberger (JS): El poscrecimiento ha emergido como un término complementario y que, en cierto modo, incluye al de decrecimiento. Mientras que decrecimiento se aplica de modo más claro al Norte global y a sus clases más enriquecidas, a las métricas cuantitativas de usos de los recursos y de impacto ambiental, así como al futuro inmediato, el poscrecimiento describe distintas estrategias que también se aplican al Sur global, a diversos estratos sociales, es cualitativo a la vez que cuantitativo, y se proyecta sobre un futuro deseable donde el crecimiento ya no es un objetivo ideológico central en el ámbito económico. Tal y como escribíamos en un artículo reciente en la revista The Lancet,¹el poscrecimiento incluye tanto alternativas como críticas a nuestro actual sistema económico, al igual que hacen otros paradigmas, como la economía del bienestar, la de la rosquilla o el estado estacionario y el decrecimiento. El decrecimiento es quizás la más explícitamente anticapitalista de todas esas aproximaciones, pero todas ellas comparten críticas y desafíos fundamentales al capitalismo, especialmente en su actual forma ultraliberal facilitadora del fascismo.

MDD y PL: En este sentido, para entender realmente este concepto de poscrecimiento, ¿cuáles serían las principales características que debemos tener en cuenta a la hora de presentar un modelo determinado como perteneciente al poscrecimiento?

JS: Yo diría que hay algunas características centrales con las que todo el mundo estaría de acuerdo a la hora de denominar algo poscrecentista. Una es alejarse del PIB o de una escala de crecimiento/contracción de la actividad económica como indicador de algo. En este sentido, el poscrecimiento también se aleja del PIB y del fetichismo del crecimiento para enfocarse en otros aspectos, seguramente más importantes para la transformación.

Las prioridades del poscrecimiento se concentran alrededor de la idea de bienestar humano universal. Estas prioridades implican, por tanto, una reorientación, una reestructuración fundamental, de las actividades económicas y de los sistemas de abastecimiento, incluyendo la producción, el consumo, la inversión y el comercio, que los aleje de la extracción, la explotación, el intercambio desigual y la acumulación de beneficio, hacia la satisfacción equitativa de las necesidades humanas al mínimo nivel de uso de recursos e impacto ambiental posible. Esta reorientación de la economía implica, a su vez, un compromiso político, preguntándonos: ¿quién toma las decisiones dentro de la economía? El poscrecimiento implica cambiar las estructuras de propiedad, tomando de los más ricos, y dando control democrático a las comunidades más afectadas, ya sean trabajadores u hogares. Este aspecto de democracia económica, el control democrático sobre todos los aspectos de la económica para evitar la acumulación de poder y riqueza es fundamental en el poscrecimiento.

MDD y PL: Como todo concepto complejo, podríamos decir que el poscrecimiento está en desarrollo, es decir, que todavía queda espacio para controversias y debates. En su opinión, ¿cuáles son los debates más relevantes que hay ahora mismo dentro del marco del poscrecimiento?

JS: Efectivamente, yo esperaría que el poscrecimiento evitase los escollos de los proyectos izquierdistas anteriores, que a menudo apuntaban a un «socialismo científico» teóricamente perfecto o alguna otra visión utópica última, y ​​se comprometa a ser un trabajo en constante desarrollo. Este compromiso con el proceso en lugar de con el resultado debería ser de sentido común en estos tiempos de incertidumbre y policrisis; también es vital para un proyecto democrático, arraigado en la vida cotidiana de las personas, sus experiencias, su dinámica de ensayo y error y sus ideas novedosas.

En cuanto a los debates actuales, hay muchos. Algunos de los más interesantes desde mi perspectiva incluyen estrategias de desvinculación decolonial para poner fin al intercambio desigual y a la explotación Norte-Sur. ¿Qué significa esto en términos de instituciones políticas y económicas nacionales, regionales e internacionales? ¿Qué significa en términos de inversiones y reorganización del trabajo? Otro debate tiene que ver con la planificación democrática: ¿Qué propuestas existen, qué ejemplos históricos podemos estudiar y cómo podemos tomarnos el aspecto «democrático» de la planificación democrática más en serio? Otro debate vital tiene que ver con el papel de los políticos y la organización: ¿cómo creamos, o más bien formamos parte de, movimientos políticos de masas capaces de derrocar el capitalismo ecocida y genocida? Ahora mismo está teniendo lugar una vibrante discusión entre los defensores del poscrecimiento y la organización socialista de masas y aquellos otros que prefieren una organización en grupos más pequeños. Finalmente, un aspecto en el que estoy muy interesada es el de cómo integrar en el poscrecimiento los nuevos descubrimientos de la antropología sobre la historia humana paleolítica de las sociedades igualitarias, y el surgimiento de las desiguales «civilizaciones Goliath» durante el Holoceno, tal y como describe Luke Kemp en su reciente libro Goliath’s Curse.² Pienso que tanto el poscrecimiento como otros proyectos izquierdistas interesados en futuros igualitarios tienen mucho que aprender y que reflexionar sobre estas nuevas evidencias científicas sobre la naturaleza humana, la inteligencia política y la constante vigilancia necesaria para mantener y proteger las sociedades igualitarias.

MDD y PL: En el contexto de las dinámicas globales actuales de desarrollo y crecimiento no todos los países juegan el mismo papel, y hay cierto acuerdo en que podemos identificar un Norte y un Sur global. De acuerdo con esto, ¿hay diferencias entre ambos a la hora de aproximarse al concepto de poscrecimiento? ¿Usan los investigadores y movimientos del Sur global otros conceptos diferentes para expresar la misma idea?

JS: De hecho, tanto la economía ecológica como el decrecimiento han tenido siempre multitud de contribuciones teóricas y prácticas por parte de investigadores/as y activistas del Sur global, y el poscrecimiento no podía ser diferente. Sin embargo, y por responder más concretamente a la pregunta, dentro del proyecto REAL³ nos acercamos al poscrecimiento desde una perspectiva sistémica global. Así que no pueden existir conceptos y agendas separadas para el Norte y el Sur globales, sino más bien un programa político igualitario y emancipatorio unificador que permita la convergencia en el ámbito del bienestar humano, y que también incluya la reparación por los crímenes históricos.

MDD y PL: El poscrecimiento aspira a no ser un simple artefacto teórico académico y tener impacto en la vida real de los ciudadanos desde la implementación política ¿Cuáles serían las dimensiones que deben tener en cuenta las instituciones para un programa político de poscrecimiento?

JS: Los programas políticos del poscrecimiento tendrán que ser participativos, y ser construidos y probados desde la base, de abajo hacia arriba. Hay dos aspectos principales de un programa político de poscrecimiento. En primer lugar, el hecho de que la investigación y el compromiso tienen que estar con estrategias políticas y movimientos implicados en una ruptura con el balance de poder actual. En segundo lugar, la integración de las consideraciones políticas en transformaciones económicas propuestas (y probadas): democracia económica, compromiso diario de los trabajadores, hogares y miembros de la comunidad en las decisiones cruciales sobre lo que se produce, se consume, cómo se produce (lugar y consideraciones ecológicas), así como en la puesta en marcha de inversiones e infraestructuras, lo cual requiere poner las políticas al centro de los cambios económicos. Las decisiones económicas son siempre decisiones políticas: «la mano invisible del mercado» de Adam Smith no es sino el puño de hierro del poder oligárquico, la toma de decisiones sobre la explotación y la extracción en nuestro lugar. En mi opinión, las instituciones poscrecentistas más importantes serán aquellas que impliquen la integración del poder económico en la vida diaria y cívica cotidiana. Esta es también una lección de la antropología: las sociedades igualitarias requieren una vigilancia constante, y la puesta en práctica activa del «contrapoder» o «el dominio inverso». No se trata de una acción puntual, sino de un proceso político continuo, que requiere un compromiso popular constante.

MDD y PL: Finalmente, el poscrecimiento trata de convertirse en un marco eminentemente práctico alimentado por experiencias locales que ya se están desarrollando en todo el mundo. Entre todas ellas, en su opinión, ¿qué iniciativas subrayaría como prácticas inspiradoras en poscrecimiento para nuestros lectores?

JS: Hay multitud de iniciativas de poscrecimiento en desarrollo ahora mismo, y están siendo investigadas en formas muy detalladas, como en mi proyecto REAL, por parte de colegas que investigan el «decrecimiento realmente existente» en contextos tanto urbanos como rurales, como el caso del grupo liderado por Giorgos Kallis en Barcelona, o los esfuerzos para catalogar las campañas de justicia ambiental en todo el mundo en EJOLT.⁴ Creo que algunas de las prácticas más importantes de poscrecimiento son aquellas que implican la unión en movimientos políticos por el cambio, como el caso de luchas obreras y de sindicatos, campañas para tasar a los ricos, antifascismo, economía pre o redistributiva (incluyendo autosuficiencia, vivienda asequible y movilidad pública, etc.), o las campañas para desmantelar el capital fósil, como el tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La participación en este tipo de trabajo llevado a cabo por movimientos es clave para un cambio transformador. Tal y como se ha concluido en un seminario reciente sobre activismo climático, las campañas ecológicas tienen que conectar con las preocupaciones materiales del 99%. En mi opinión, el trabajo más inspirador en el ámbito del poscrecimiento está teniendo lugar en estos espacios.

Monica Di Donato es doctora en economía e investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

Pedro L. Lomas es doctor en ecología e investigador del Área Ecosocial de FUHEM.

NOTAS

1. Giorgos Kallis, Jason Hickel, Daniel W. O’Neill et al., «Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries», The Lancet, núm. 9 (1), 2025, pp. E62-E78.

2. Se refiere al libro, todavía no traducido al castellano, Luke Kemp, Goliath’s Curse: The history and future of societal collapse, Penguin/Viking, Londres, UK, 2025.

3. REAL es un proyecto de investigación financiado por el ERC (European Research Council) de la Unión Europea sobre poscrecimiento, que implica al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad de Lausana (Suiza). Más información en: https://www.realpostgrowth.eu/

4. EJOLT son las siglas en inglés del proyecto europeo Organizaciones de justicia ambiental, responsabilidades y tradiciones, llevado a cabo entre 2011 y 2015, en el marco del cual se elaboró un Atlas de Justicia Ambiental. Más información en: http://www.ejolt.org/

Descarga la entrevista en formato pdf: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/entrevista-a-julia-steinberger-sobre-poscrecimiento/

Monica Di Donato (MDD): Empezaría con una foto de diagnóstico sobre el suceso. Han transcurrido ya varias semanas desde el día del denominado «Gran Apagón» en España y Portugal ¿Qué podemos decir a un mes de lo ocurrido (fecha de esta entrevista)? ¿Qué es lo que se sabe realmente y cuánto queda por esclarecer?

Jesús Ramos (JR): El pasado 28 de abril sufrimos un evento excepcional que puso de manifiesto la gran fragilidad de las economías modernas, altamente dependientes de la energía eléctrica y de los servicios que dependen de ella, como las comunicaciones o los sistemas de control. En ecología es bien conocido que los sistemas son más frágiles a medida que aumenta su complejidad (mayor número de agentes y de interconexiones entre ellos).

En realidad, a pesar del tiempo transcurrido, no tenemos certeza de lo que sucedió realmente y las propias autoridades nos dicen que la respuesta tardará tiempo en llegar. Lo que parece claro es que el lunes 28 de abril de 2025, entre las 12:32 y las 12:33, la red eléctrica de la península ibérica sufrió una oscilación de frecuencia muy intensa que desembocó, en apenas cinco segundos, en la desconexión de unos 15 000 MW de generación –cerca del 60% de la producción española en ese momento– y en el aislamiento completo del sistema ibérico del resto de Europa. Curiosamente, momentos antes, España exportaba electricidad a Marruecos, Portugal y Francia, e incluso estaba utilizando gran cantidad de energía para bombear agua desde las partes bajas de las cuencas hacia los embalses, que es la única forma práctica de almacenar energía a gran escala.

Se han descartado ciberataques, sabotajes y fenómenos meteorológicos extremos como causa directa del apagón, sin embargo, se desconoce el porqué de la oscilación previa de la red continental en la zona del Báltico, y que parecería estar en el origen del evento.

Según Red Eléctrica de España (REE), el desencadenante fue una pérdida de generación en la zona suroeste peninsular seguida de varias protecciones automáticas que, al actuar en cascada, agrandaron el desequilibrio entre oferta y demanda, llevando al sistema a una situación de sobretensión. A las 12:33, la desconexión automática de las interconexiones con Francia y Portugal impidió cualquier apoyo externo, precipitando el colapso total del sistema ibérico.

Parece claro, eso sí, que el nivel bajo de interconexión de las redes de la península con el resto de Europa, de un 2,8% de la capacidad, frente a un 10-15% recomendado, provocó la desconexión con Francia para evitar trasladar la incidencia al resto del continente. También parece que hubo una incapacidad por parte de los sistemas de control para aislar la incidencia en regiones concretas, de ahí la caída en cascada.

La incógnita principal es, por tanto, por qué el sistema de gestión y control, y sus mecanismos de seguridad, no pudieron asimilar la anomalía del Báltico, y por qué no pudieron aislar el fenómeno a zonas geográficas concretas con una mayor coordinación.

MDD: Según lo que se va sabiendo, y teniendo en cuenta el tiempo de recuperación relativamente corto para la magnitud del suceso, parece que ciertas cosas se hicieron bien y otras no tanto. Si tuvieses que destacar los tres elementos que mejor han funcionado en la gestión de esta crisis y los tres que peor lo han hecho, ¿cuáles serían los que señalarías y por qué?

JR: Entre los aspectos positivos, destacaría en primer lugar la rapidez en el restablecimiento del servicio. Los sistemas insulares no se vieron afectados y las zonas cercanas a la frontera con Francia solo sufrieron cortes breves. El resto del sistema se recuperó en menos de 24 horas en el 99% del territorio peninsular. Esto creo que refleja una buena preparación en protocolos de arranque en isla y una coordinación eficaz entre operadores como REE y REN, con el apoyo de centrales hidroeléctricas, ciclos combinados e importaciones desde Francia y Marruecos.

En segundo lugar, las protecciones automáticas funcionaron correctamente para evitar daños mayores por sobretensiones. Aunque estas mismas protecciones contribuyeron al aislamiento de la red ibérica, actuaron según lo previsto para evitar que la perturbación se propagara al resto de Europa, priorizando la integridad de los equipos.

También funcionaron los planes de contingencia en infraestructuras críticas como hospitales y aeropuertos, que siguieron operando con normalidad.

En cuanto a lo que no funcionó, lo más preocupante fue la programación de la generación, que dio lugar a una elevada proporción de generación no síncrona en el sistema –sin inercia física–, lo que parece que redujo su capacidad para amortiguar perturbaciones de frecuencia. Este problema se debe al modelo implantado por la liberalización del sector eléctrico, que responde únicamente a decisiones de mercado, activando unas fuentes de generación u otras en función de variables económicas, y no necesariamente de seguridad de suministro. La desconexión masiva de MW solares en segundos, precisamente por motivos de seguridad, evidencia también la falta de regulación que obligue a dotar a estas instalaciones de inercia sintética u otros sistemas de estabilización. Esta tecnología ya existe, pero su implantación ha sido frenada por las grandes empresas eléctricas por razones de rentabilidad, para ahorrar costes, lo cual requiere una intervención urgente del regulador y del legislador.

En segundo lugar, la escasa interconexión con Europa, apenas del 2,8% de la capacidad, impidió recibir soporte externo en un momento crítico. Esta carencia, conocida desde hace años, no ha sido abordada ni bilateralmente con Francia ni por las instituciones europeas, revelando una falta de compromiso con la planificación energética. Según el regulador europeo ACER las interconexiones con Francia y Portugal tendrán un coste de unos 8000 millones de euros y estarían listas en diciembre de 2028 la del Golfo de Vizcaya, en 2036 la de Navarra y en 2041 la de Aragón.

Finalmente, el modelo actual de mercado basado en precios marginales no ofrece la robustez que necesita un sistema tan complejo y descentralizado. Urge repensar este modelo hacia uno basado en costes de generación más un margen razonable, que asegure una operación más estable y una mejor gestión ante picos de demanda.

MDD: Los primeros momentos de la emergencia estuvieron protagonizados por bulos y teorías de la conspiración (como viene siendo ya costumbre en situaciones parecidas), y más tarde el debate (también bastante tendencioso) comenzó a girar alrededor del papel de las renovables dentro de los vectores energéticos usados para la generación eléctrica, la falta de robustez de los sistemas, la calidad de la conexión con la red europea y, cómo no, lo supuestamente imprescindible que resultaba la energía nuclear. ¿Qué consideraciones te merece este aspecto del debate de cara a evitar situaciones parecidas para el futuro (dónde habría que hacer hincapié realmente)? Y ¿cuánto crees que puede llegar a instrumentalizarse en ese sentido, tanto en relación con las renovables, que son un apuesta política y económica clara del Estado, como de los grupos de presión pro-nucleares u otros grupos de interés?

JR: Es una cuestión clave. Las crisis técnicas como la del 28 de abril generan un terreno fértil para la desinformación, y esta no fue la excepción. En los primeros minutos, y mientras duraron las comunicaciones por teléfono y móviles, las redes sociales se llenaron de teorías infundadas: desde ciberataques rusos hasta pulsos electromagnéticos o sabotajes internos. Luego, el debate giró hacia la supuesta fragilidad de las renovables y la defensa de tecnologías como la nuclear.

Esto revela tres dinámicas preocupantes.

Primero, el ruido informativo y la instrumentalización mediática. Las primeras horas tras una crisis energética son críticas. La ausencia de información técnica clara favorece explicaciones simplistas o conspirativas, muchas veces impulsadas por intereses ideológicos o económicos. Para contrarrestarlo, es esencial mejorar la alfabetización energética de la población, establecer canales institucionales de información en tiempo real y activar protocolos de comunicación desde Protección Civil. El apagón en las comunicaciones afectó mucho más a la población en el corto plazo que la propia ausencia de electricidad, y es algo que no debería haber ocurrido.

Segundo, la polarización del debate. Se ha planteado una dicotomía artificial: o las renovables son culpables por su volatilidad, o la solución es un regreso masivo a la energía nuclear. Esto ignora que la solidez de un sistema eléctrico no depende únicamente del tipo de generación, sino de su arquitectura: flexibilidad, almacenamiento, redes malladas, respuesta rápida e inercia eléctrica. De hecho, las nucleares se desconectaron por seguridad al inicio del incidente y tardaron más que otras fuentes en reintegrarse. Un sistema 100% renovable mal diseñado es frágil, pero lo mismo ocurriría con uno 100% nuclear sin adaptabilidad. El debate debe enfocarse en cómo se diseñan y acoplan los distintos vectores energéticos.

Tercero, ciertos lobbies han aprovechado la situación para cuestionar la transición energética. La defensa de la nuclear ignora sus limitaciones económicas, de seguridad y la socialización de sus costes a largo plazo, especialmente por la gestión de residuos. También es engañosa la narrativa de que las renovables provocaron el colapso, pues carece de fundamento técnico en este caso.

El verdadero desafío es reforzar la infraestructura del sistema: redes inteligentes, almacenamiento, gestión de demanda, digitalización y mayor interconexión. Solo con esa base puede construirse una matriz energética renovable y resiliente. La transición energética no será solo tecnológica; será también política, cultural e informativa. Y para ser estable, debe apoyarse en el consenso técnico, no en una guerra de relatos.

MDD: En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es la de capacidad de control, exigencia, etc. por parte del Estado del sistema eléctrico español? (me refiero, sobre todo, a en qué medida el Estado puede exigir, controlar, intervenir a las grandes empresas eléctricas).

JR: El apagón del 28 de abril ha evidenciado una vulnerabilidad estructural largamente advertida por expertos: la dependencia total de la electricidad en la vida moderna contrasta con el hecho de que el sistema eléctrico español está mayoritariamente en manos privadas. Esta situación es crítica, ya que hablamos de una infraestructura esencial –al nivel del agua o la seguridad– cuya operación escapa al control directo del Estado.

Desde la liberalización del sector en los años noventa, la generación, comercialización y gran parte de la distribución eléctrica han quedado en manos de grandes empresas privadas. El Estado conserva funciones estratégicas –planificación, regulación y participación en Red Eléctrica de España (REE)– pero su capacidad de intervención directa en las decisiones clave del sistema es limitada.

En la práctica, decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan, cómo se gestionan los picos de demanda o dónde se invierte se toman según criterios de rentabilidad empresarial, no de interés público. Esto genera una asimetría preocupante: cuando ocurre una disrupción como la del 28 de abril, es el Estado quien debe asumir la responsabilidad política y garantizar la recuperación del sistema, sin tener las herramientas operativas necesarias para prevenir o gestionar eficazmente estas crisis.

Este modelo plantea un dilema estructural: si la electricidad es una infraestructura crítica sin la cual no puede funcionar la sociedad, ¿tiene sentido que su control esté guiado por lógicas corporativas orientadas al beneficio privado? La respuesta no implica necesariamente renacionalizar, aunque algunos defendamos esta posición por motivos ideológicos y de justicia distributiva, sino repensar la gobernanza del sistema para garantizar que los intereses estratégicos colectivos estén protegidos frente a fallos, decisiones unilaterales o insuficiente inversión en resiliencia.

En este sentido, el apagón no fue solo una advertencia técnica, sino también política. Ha revelado los límites de un modelo basado en la externalización de un bien esencial a actores privados, y la necesidad de una revisión profunda. No (solo) por razones ideológicas, sino por principios de seguridad, cohesión social y sostenibilidad a largo plazo.

MDD: Ahora mismo el debate está centrado en su práctica totalidad, también en el ámbito de la transición energética, en general, en lado de la oferta, es decir, en la producción (y recordemos que cualquier tipo de producción requiere explotación de recursos a diferentes escalas), pero se habla poco del lado de la demanda. Las dos cosas están claramente relacionadas, ¿qué elementos fundamentales destacarías que han de ser tenidos en cuenta en ese sentido y que quizás ahora mismo están un poco apartados del debate?

JR: El debate energético actual está claramente desequilibrado hacia el lado de la oferta. Se discute cómo producir más energía –qué tecnologías usar, de qué fuentes, y con qué grado de autonomía–, pero se presta muy poca atención al lado de la demanda: cuánto consumo es realmente necesario y cómo debe orientarse según criterios sociales, ecológicos y económicos.

Esta omisión refleja una visión productivista que da por hecho que el crecimiento de la demanda es inevitable y deseable. Sin embargo, una transición energética sostenible y justa debe incluir con urgencia un debate sobre la reducción planificada de la demanda o, al menos, la priorización de usos consciente. No se trata de frenar la innovación ni de empobrecer, sino de asumir que toda forma de generación –incluso la renovable– conlleva impactos materiales, territoriales y ecológicos. Disminuir estructuralmente el consumo alivia la presión por seguir instalando capacidad sin fin, especialmente cuando existen límites físicos y conflictos sociales por el uso del territorio.

Esto implica repensar la eficiencia energética no solo como una mejora tecnológica (hacer lo mismo con menos energía), sino como un principio de organización social: hacer solo lo necesario, con el menor consumo posible, priorizando usos estratégicos frente a los prescindibles. ¿Debe una familia vulnerable tener el mismo trato que un centro comercial con climatización constante? ¿Debemos expandir sin límite industrias eléctricamente intensivas como los centros de datos o el turismo masivo que duplica el consumo de la población local en términos per cápita?

También es clave avanzar en mecanismos de gestión flexible de la demanda –tarificación dinámica, respuesta activa al consumo, hábitos culturales más racionales– para adaptar el consumo a la disponibilidad real de energía renovable y evitar el sobredimensionamiento del sistema.

En resumen, no basta con descarbonizar la oferta energética: hay que redefinir para qué, para quién y con qué límites producimos y consumimos. Incorporar el debate sobre el decrecimiento y la priorización energética no es una opción ideológica, sino una condición material para construir un sistema energético resiliente, justo y verdaderamente transformador, incluso si llega a ser 100% renovable.

MDD: En el futuro no es descartable que vuelvan a suceder hechos como el acaecido a finales de abril de 2025. ¿Qué tipo de escenarios dominarán la transición energética en España y cómo de vulnerable seguirá siendo el sistema eléctrico en relación con estos? ¿Un mayor volumen de autoproducción eléctrica y mejor organizada podría ser una solución de transición para emergencias similares? ¿Será el gas, como se suele decir? ¿Otras fuentes?

JR: Es probable que en el futuro se repitan episodios críticos como el apagón de abril de 2025. Factores como la creciente complejidad del sistema, la digitalización, la variabilidad climática, las tensiones geopolíticas y la electrificación generalizada incrementan la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico español. La transición energética representa una oportunidad, pero también introduce nuevos riesgos que exigen una gobernanza más robusta, ágil y democrática.

El futuro del sistema estará marcado por tres tendencias principales: mayor penetración de renovables variables (solar, eólica), electrificación de sectores clave (movilidad, climatización, industria), e integración más profunda en el sistema europeo. A esto se suma la digitalización y el crecimiento de productores-consumidores activos. Este escenario dificulta el control del sistema, pero permite construir resiliencia si se gestiona adecuadamente.

La autoproducción eléctrica distribuida (residencial, cooperativa, municipal) puede desempeñar un rol clave como complemento flexible al sistema centralizado. No obstante, es esencial que esta generación esté correctamente registrada e integrada en los sistemas de gestión del operador para evitar inestabilidad y problemas de calidad en el suministro.

El gas seguirá siendo necesario a corto y medio plazo como respaldo flexible y de arranque rápido. Sin embargo, su uso debe estar regulado para no frenar la inversión en tecnologías limpias ni aumentar la dependencia de mercados volátiles.

Un reto crucial será reformar el modelo retributivo de la generación eléctrica. El actual sistema marginalista –que paga toda la energía al precio de la última unidad necesaria– distorsiona el mercado, sobre todo cuando el coste marginal de las renovables es cercano a cero. Se requiere una reforma que introduzca un sistema de remuneración que reconozca los costes fijos y operativos y garantice una rentabilidad mínima, pero que permita a su vez conocer qué fuentes son las que van a generar en cada momento, sin depender del precio marginal. Este nuevo marco debe permitir al Estado y a los operadores públicos anticipar y coordinar mejor el despliegue de recursos, tanto centralizados como distribuidos.

En definitiva, construir un sistema eléctrico más resiliente para los escenarios futuros exige no solo innovación tecnológica, sino también una transformación profunda del marco institucional, regulatorio, económico y cultural que lo sostiene. De lo contrario, la vulnerabilidad persistirá, aunque adopte nuevas formas.

MDD: Finalmente, ¿cómo valoras la respuesta social a la gestión de la crisis? Cada vez más se está perfilando como una dimensión imprescindible en las gestiones de situación de emergencia.

JR: La reacción social ante el apagón de abril de 2025 reflejó dos tendencias contrapuestas: una notable capacidad ciudadana de autoorganización y solidaridad, y una preocupante debilidad en los canales institucionales de información y coordinación. Mientras se desconocían las causas del fallo eléctrico y proliferaban las teorías –algunas conspirativas–, muchas personas se organizaron espontáneamente para ayudar a los más vulnerables, compartir recursos y difundir información útil en redes sociales, o simplemente compartir la información que recibían en su transistor.

Esta respuesta comunitaria, aunque desordenada, evidenció un tejido social activo y resiliente. Sin embargo, la falta de una comunicación institucional clara y oportuna minó la eficacia de la gestión pública. La ausencia de un relato oficial inmediato favoreció la desinformación y complicó la toma de decisiones tanto individuales como colectivas. Si la incidencia hubiese durado más tiempo, no sabemos cómo habría evolucionado esa capacidad de autoorganización de la población.

La crisis puso de relieve que la gestión técnica de una emergencia no es suficiente: es igualmente esencial una gestión social que incluya comunicación pedagógica, participación ciudadana y escucha activa. La confianza pública se construye con transparencia, coordinación interinstitucional y liderazgo en momentos críticos.

Otro aspecto clave fue la desigualdad en la capacidad de respuesta. Las personas mayores, los hogares sin acceso digital o sin un simple aparato de radio, quienes dependen de dispositivos médicos eléctricos o quienes viven en zonas mal conectadas, fueron los más afectados. Aunque la solidaridad social fue destacable, no puede sustituir a políticas públicas orientadas a proteger a los más vulnerables.

En definitiva, la dimensión social de la crisis fue tan crítica como la técnica. No basta con tener protocolos para la recuperación del suministro eléctrico: se necesitan también planes de resiliencia comunitaria, marcos de cooperación entre Estado y sociedad civil, y estrategias de comunicación que refuercen la cohesión social.

España dispone de una base social sólida, pero aún frágil, que debe integrarse activamente en las estrategias de transición y seguridad energética. En un contexto de creciente complejidad e incertidumbre, la fortaleza de las infraestructuras debe ir acompañada de la fortaleza del tejido social y democrático.

Monica Di Donato es doctora en Economía, especialista en economía ecológica y en cuestiones de alimentación e investigadora del área Ecosocial de FUHEM.

Acceso al texto completo en fomato pdf: Entrevista a Jesús Ramos sobre el «Gran Apagón» y sus implicaciones.

Es fundamental considerar las experiencias de los grupos vulnerables sobre el clima al mismo nivel que los conocimientos técnicos

El número 169 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global recoge en su sección ACTUALIDAD una entrevista realizada por Nuria del Viso a la Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático, Elisa Morgera.

Elisa Morgera es catedrática de Derecho Ambiental Global en la Universidad de Strathclyde, Glasgow (Reino Unido) y profesora adjunta de Derecho Ambiental Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de Finlandia Oriental. Anteriormente, trabajó con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Italia y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Barbados; y siguió colaborando con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como consultora y experta independiente. Ha asesorado a gobiernos y a la sociedad civil en África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe y el Pacífico Sur. De 2019 a 2024, Elisa Morgera dirigió One Ocean Hub, una colaboración de investigación global Norte/Sur sobre los derechos humanos y el océano.

Morgera es licenciada en Derecho por la Universidad de Trieste (Italia), tiene un máster en Derecho Medioambiental por el University College de Londres y un máster de investigación y un doctorado en Derecho Internacional por el Instituto Universitario Europeo (Italia). Ha publicado extensamente sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el derecho humano a la ciencia, así como los derechos humanos de los pescadores artesanales, los pueblos indígenas y los niños, en el nexo clima-biodiversidad y clima-océano. También ha publicado sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

Desde abril de 2024 es la nueva Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático. En esta entrevista, conversamos sobre las prioridades ambientales que impone el cambio climático con relación a los derechos humanos y de los objetivos de su mandato.

Nuria del Viso (NV): El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad, con una multiplicidad de impactos cada vez más virulentos y visibles en todo el planeta. De las cuestiones que entrelazan el cambio climático y los derechos humanos, ¿cuál le parece más preocupante?

Elisa Morgera (EM): Todos los impactos son extremadamente preocupantes, ya que están profundamente entrelazados y se están agravando. Lo que quizá sea más grave, tanto para las personas que llevan más de una década soportando los efectos del cambio climático en algunas regiones como para las que han tenido el privilegio de experimentar solo efectos limitados del cambio climático hasta ahora, son los efectos sobre la salud humana, especialmente para las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores. Por ejemplo, el aumento de la salinidad de las fuentes de agua dulce en las zonas costeras debido a la subida del nivel del mar se ha relacionado con un aumento de la hipertensión en las mujeres embarazadas, con un incremento de los abortos espontáneos. Las repercusiones sobre nuestra salud mental también son amplias y aún se subestiman.¹

NV: Su predecesor, el Sr. Ian Fry, completó la revisión de varias de las prioridades de su mandato, quedando pendientes las siguientes: la responsabilidad corporativa en el contexto de los derechos humanos y el cambio climático; la protección de los derechos humanos a través de una transición justa para los trabajadores de las industrias que contribuyen al cambio climático; y la exploración de los impactos sobre los derechos humanos de las nuevas tecnologías asociadas a la mitigación del cambio climático. ¿Cuáles son las prioridades y los retos de su mandato en estos tres ámbitos?

EM: Me propongo abordar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático como una cuestión transversal en todos mis informes temáticos. He decidido abordar la transición justa −no solo para los trabajadores, sino para todas las comunidades afectadas− sector por sector y a través de una perspectiva global y transformadora. Este año me estoy centrando en la energía, con dos informes sobre la economía basada en los combustibles fósiles y sobre las energías renovables y los minerales críticos. En un futuro próximo, también me gustaría dedicar un informe temático completo a las tecnologías climáticas. Para ver todas mis prioridades (y las principales conclusiones de las consultas que realicé el año pasado de las que extraje estas prioridades) pueden consultar el documento que  se publicó en diciembre pasado.²

NV: Sobre el derecho a una información precisa y asequible sobre el cambio climático, en general, y teniendo en cuenta el problema de la ausencia de datos históricos en algunas regiones, ¿en qué medida proporcionan los Estados a la ciudadanía información correcta y suficiente sobre los riesgos climáticos, incluidas las personas desplazadas forzosamente de su territorio por condiciones climáticas adversas? ¿Cómo podría aplicarse el derecho humano a la ciencia −como usted ha sugerido− para mejorar esta información y vincular todas las fuentes?

EM: Creo que es un reto para todos los Estados, incluso para los que cuentan con más recursos y buenos datos históricos, colmar las lagunas y conectar las fuentes de información entre los distintos sectores y niveles de gobierno, así como entre la sociedad civil, la comunidad investigadora y las organizaciones internacionales. Se necesita información sobre las fuentes y los efectos del cambio climático, en particular sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los patrones meteorológicos y de catástrofes naturales, así como sobre las repercusiones en la salud humana, la movilidad, el trabajo, los derechos sociales, económicos y culturales, y el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Y esa información integrada debe abarcar los impactos interrelacionados en los contextos terrestre, marino y de agua dulce.

NV: Uno de los grandes problemas pendientes en la mitigación del cambio climático es que las emisiones militares no se tienen suficientemente en cuenta, lo que sesga significativamente los cálculos. ¿Qué podría hacerse al respecto a nivel nacional y supranacional?

EM: Como he comentado brevemente en mi informe sobre el acceso a la información, durante los conflictos armados solo se dispone de datos indirectos y de teledetección. Es más difícil hacer un seguimiento de todos los impactos climáticos debido a la complejidad de las cadenas de suministro y al secreto de la información en el contexto de las operaciones militares. Los conjuntos de datos globales son, por tanto, deficientes. A ello se suma el hecho de que la presentación de informes a escala internacional sobre las emisiones militares sigue siendo voluntaria.

NV: La velocidad a la que avanza la crisis climática no parece corresponderse con la acción de los gobiernos, y ya existen numerosas situaciones de vulnerabilidad social ante fenómenos meteorológicos extremos en el Norte y el Sur global, lo que introduce un componente de desigualdad que perjudica los derechos humanos. Desde su visión, ¿cuáles son los colectivos más amenazados y/o afectados? ¿Cómo avanzar en una acción más acorde con las nuevas necesidades de protección que impone el cambio climático, tanto desde el ámbito multilateral como desde los Estados y la sociedad civil?

EM: Cada vez hay más pruebas de impactos negativos graves y desproporcionados sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los campesinos y los pescadores artesanales, así como las personas de ascendencia africana, las personas con albinismo, las personas en situación de pobreza y las comunidades de primera línea de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los desplazados internos y los migrantes, y otras personas vulnerables al cambio climático.

Por lo tanto, es fundamental, para la eficacia de toda acción climática, considerar las experiencias vividas y los conocimientos distintivos de los titulares de derechos humanos en situación de vulnerabilidad al mismo nivel que los conocimientos técnicos sobre el clima. Y para ello, es necesario comprometerse respetuosa y genuinamente con los titulares de derechos humanos más afectados por el cambio climático, reconociéndolos como agentes de cambio.

NV: Junto a la omnipresencia de la crisis climática, preocupa el auge de voces negacionistas, reaccionarias o, simplemente, indiferentes al fenómeno, así como las campañas de desinformación orquestadas por partes interesadas. ¿Cómo podemos responder a este desafío? ¿Qué ocurre cuando estas actitudes o campañas proceden directamente de un gobierno?

EM: Como también han subrayado otros Relatores Especiales, las industrias de los combustibles fósiles, química, minera, nuclear, del plástico y de los residuos están promoviendo soluciones climáticas falsas o engañosas y difundiendo desinformación sobre las tecnologías climáticas, al tiempo que restan importancia a sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el clima.

Los Estados deben proteger al público contra las campañas de desinformación y la información engañosa debida a los intereses creados del sector empresarial, y garantizar que el público pueda beneficiarse de expertos técnicos independientes para la realización de los derechos de acceso a la información y participación.

Además, los Estados deben financiar y apoyar la investigación participativa y las prácticas de recopilación de información por parte de organizaciones locales de base y redes de comunidades de primera línea. Los Estados también deben proteger a los activistas climáticos, científicos y periodistas como defensores de los derechos humanos ambientales, ya que contribuyen en gran medida a garantizar que se proporcione al público información precisa y oportuna sobre el cambio climático, y sobre la inacción climática o la acción ineficaz.

NV: Usted ha trabajado extensamente sobre los aspectos jurídicos de los océanos y las costas. ¿Hasta qué punto existe un vínculo entre la salud de los océanos y los derechos humanos? ¿Podrían las leyes del mar ser un modelo de colaboración en la crisis climática?

EM: El océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor causado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1955. El océano también actúa como sumidero de alrededor de ¼ de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Así pues, desempeña un papel crucial en la regulación del clima mundial, además de producir la mitad del oxígeno que respiramos y contribuir al ciclo global del agua. Los derechos humanos de todos dependen de un océano sano.³

Aún queda mucho por hacer en la protección de los derechos humanos en el contexto de las decisiones sobre el océano (véase también el último informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano).⁴ De forma crucial, la Opinión Consultiva de 2024 del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático proporciona ciertamente aclaraciones pioneras para garantizar una acción climática más eficaz, como las obligaciones estrictas de proteger el medio marino de los impactos del cambio climático y la acidificación de los océanos, y conservar y restaurar la biodiversidad marina con fines de mitigación y adaptación al cambio climático.⁵

NV: Para terminar, ¿qué logro le haría sentirse especialmente satisfecha al final de su mandato?

EM: El logro más importante de mi mandato es hacer más visibles y relacionables las historias y experiencias de individuos y grupos que ya han estado soportando el peso del cambio climático: poblaciones de pequeños estados insulares en desarrollo, niños y mujeres, pueblos indígenas, agricultores familiares, pastores y pescadores a pequeña escala. Y sobre esa base, mostrar, científica y jurídicamente, dónde tenemos que cambiar de dirección en nuestros esfuerzos por garantizar un clima seguro para la humanidad: si podemos proteger a los que se encuentran en situaciones más vulnerables, entonces todos estaremos efectivamente protegidos contra el cambio climático.

NV: Muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo.

Nuria del Viso Pabón es editora de la revista Papeles y miembro del Área Ecosocial de FUHEM.

NOTAS:

1 Véase: Elisa Morgera: Policy Brief: Climate Change, Mental Health and Human Rights, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales, 16 de diciembre de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/policy-brief-climate-change-mental-health-1-en.pdf

2 Elisa Morgera, Summary of the consultations on the priorities for the future thematic reports of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales,  12 de diciembre de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/activities/consultations-2024-executive-summary-for-page.pdf

3 Nathan J. Bennett, Elisa Morgera y David Boyd, «The human right to a clean, healthy and sustainable ocean», npj Ocean Sustain 3, 19 (2024), https://doi.org/10.1038/s44183-024-00057-7

4 Astrid Puentes Riaño, A/HRC/58/59: The ocean and human rights – Report of the Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales, 31 de diciembre de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5859-ocean-and-human-rights-report-special-rapporteur-human-right

5 «Law of the sea tribunal’s judgment on marine environment and climate change underscores obligations, say UN experts», Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales, 23 de mayo de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/05/law-sea-tribunals-judgment-marine-environment-and-climate-change-underscores

Acceso a la entrevista completa en formato pdf: Entrevista a la RE de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático, Elisa Morgera.

La entrevista realizada por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, aborda algunos de los principales retos que enfrenta su departamento y hace balance de su labor desde 2018.  

«La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos»

A continuación ofrecemos el texto íntegro e la entrevista.

Nuria del Viso (NV): Como es bien sabido, estamos viviendo una grave crisis ecológica. ¿Cómo afecta a los derechos humanos y qué grupos son los más perjudicados?

David Boyd (DB): La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos. Esto está claramente establecido desde hace muchos años. El cambio climático, la contaminación tóxica, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la propagación de enfermedades zoonóticas tienen efectos devastadores sobre los derechos humanos a la vida, la salud, a la alimentación, al agua, a un nivel de vida adecuado y, por supuesto, al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Estos terribles efectos afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y marginación, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, las personas mayores, los migrantes, los refugiados y las personas que viven en la pobreza. He sido testigo de estos impactos en misiones a países. Por ejemplo, en Fiyi visité Vunidogaloa, una de las primeras comunidades del mundo que tuvo que ser reubicada debido a la crisis climática. La subida del nivel del mar, las mareas de tempestad y la contaminación por agua salada de su agua potable y sus tierras de cultivo no les dejaron otra opción. Se reubicaron varios kilómetros tierra adentro, cortando sus estrechos lazos con el océano. En Portugal conocí a supervivientes de mortíferos incendios forestales que sufren estrés postraumático. En Chile me encontré con personas que luchan para hacer frente a una gran sequía que ha privado a comunidades enteras del acceso al agua. En Botsuana conocí a personas indígenas para quienes el calor se está volviendo insoportable, y está provocando escasez de agua, inseguridad alimentaria y conflictos entre seres humanos y fauna salvaje. Vimos una larga cola de mujeres y niñas esperando para llenar contenedores de agua en uno de los dos únicos grifos de una comunidad de 1.300 habitantes.

NV: Muchas de las violaciones de derechos humanos en relación con la destrucción de la naturaleza se están produciendo por la intensificación de las actividades extractivas, algunas estrechamente relacionadas con la transición verde, casi todas con el modo de vida de las sociedades más ricas, que están generando miles de conflictos socioecológicos en todo el mundo. ¿Qué vías considera más prometedoras para abordar y resolver estos conflictos y hacer valer los derechos humanos? ¿Qué herramientas se están desarrollando, en particular desde el ámbito de los derechos humanos?

 DB: Creo que los enfoques basados en los derechos humanos son la forma más prometedora de abordar estos conflictos y, en particular, el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Este derecho fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 (resolución 48/13) y por la Asamblea General de la ONU en 2022 (resolución 76/300). Un enfoque basado en los derechos humanos garantiza que las personas más directamente afectadas tengan acceso a la información, la oportunidad de participar significativamente en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con recursos efectivos si sus derechos se ven amenazados o vulnerados. El derecho a un medio ambiente sano abarca los elementos anteriores, así como aire limpio, agua salubre y suficiente, alimentos sanos y producidos de forma sostenible, entornos no tóxicos, ecosistemas y biodiversidad sanos y un clima seguro. El derecho a un medio ambiente sano se ha utilizado con éxito para exigir la limpieza de la contaminación industrial, impedir la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón, bloquear el uso de pesticidas que matan a las abejas, impedir proyectos mineros destructivos y mucho más. Este derecho es un catalizador de los cambios necesarios para lograr un futuro justo y sostenible, porque convierte las decisiones correctas en obligaciones para los Estados, en lugar de opciones.

NV: Uno de los impactos más extremos es la expulsión de grupos y comunidades enteras que tienen que abandonar su hábitat y se convierten en desplazados forzosos. ¿Qué resoluciones y herramientas específicas está desarrollando y aplicando el Comité de Derechos Humanos?

DB: Para que quede claro, hay una distinción importante entre el Comité de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. El Comité es un grupo de 18 expertos independientes que resuelven denuncias, examinan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados y publican Observaciones Generales para proporcionar orientación autorizada sobre dicho Pacto. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros y es el principal órgano de derechos humanos de la ONU.

En mi trabajo, los desplazamientos forzosos se producen en dos circunstancias principales: el desarrollo de grandes proyectos industriales, como presas hidroeléctricas, y el establecimiento de parques nacionales u otras zonas protegidas. En mi opinión, el desplazamiento forzoso viola los derechos humanos y debe condenarse. Los Estados tienen la obligación legal de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que son las principales víctimas de los desplazamientos forzosos. Sin consentimiento, no deben permitirse ni las actividades industriales ni los parques.

NV: El agua es un tema en el que se aprecia bien el cruce entre las cuestiones medioambientales y los derechos humanos. ¿Cómo caracterizaría esta crisis mundial del agua y cuáles son los problemas más acuciantes?

DB: El mundo se enfrenta a una crisis del agua cada vez más grave. Más de 2 000 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura (accesible en las instalaciones, disponible cuando se necesita y libre de contaminación). Más de 4 000 millones de personas −la mitad de la población mundia− carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, lo que significa que sus excrementos no se tratan, amenazando la salud humana y de los ecosistemas. Aproximadamente el 80% de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin tratar, contaminando las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y los océanos. Las aguas residuales incluyen los efluentes de la industria, la agricultura, los hogares y las instituciones, así como la escorrentía urbana. Las enfermedades transmitidas por el agua causan casi dos millones de muertes evitables al año en todo el mundo, y la mayor carga recae sobre los niños menores de cinco años. Para más detalles, véase mi informe sobre el agua A/HRC/46/28.

NV: Una cuestión candente es la degradación de los ecosistemas y su estrecha relación con las zoonosis y las pandemias. En el seminario que usted convocó en 2022, se mencionó un enfoque basado en los derechos humanos como una forma más eficaz y equitativa de prevenir las pandemias. ¿Podría explicar en qué consiste este enfoque?

DB: En lugar de tratar a la Tierra −este hogar único, sustento de la vida e irremplazable− con cuidado, respeto y reverencia, los seres humanos están infligiendo daños catastróficos a los ecosistemas y la biodiversidad, socavando las extraordinarias contribuciones de la naturaleza al bienestar y la prosperidad humanas. Las pruebas son inquietantes: las poblaciones de fauna y flora silvestres (incluidos anfibios, aves, peces y mamíferos) han caído en picado una media del 60% desde 1970; el ritmo de extinción es cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años y se está acelerando, con un millón de especies en peligro; casi tres cuartas partes de la superficie terrestre de la Tierra han sufrido alteraciones significativas; y dos tercios de la vida marina están experimentando impactos adversos, además de la acidificación, la desoxigenación y la pérdida de hielo marino.

El rápido declive de la salud de los ecosistemas y de la diversidad biológica está causado por los cambios en el uso de la tierra y del mar (por ejemplo, la conversión de bosques a la agricultura), la explotación directa de las especies (por ejemplo, la pesca, la caza, la caza furtiva, el comercio ilegal de especies silvestres), el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Las causas profundas incluyen los modelos de producción y consumo, el crecimiento demográfico, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los valores sociales. En los últimos cincuenta años, la población humana se ha duplicado, la economía mundial se ha cuadruplicado y el comercio mundial se ha multiplicado por diez, lo que ha disparado la demanda de energía y materiales. Las personas ricas son desproporcionadamente responsables del consumo excesivo y de la presión sobre la naturaleza.

En 2022, los Estados acordaron el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, comprometiéndose a emplear enfoques basados en los derechos para abordar el angustioso declive de la diversidad de la vida en la Tierra. Entre los compromisos específicos que deben cumplirse para 2030 figuran la protección del 30% de todas las tierras y aguas, la restauración del 30% de las tierras degradadas y la supresión de 500 000 millones de dólares anuales en subvenciones que perjudican a la naturaleza. El Marco reconoce específicamente la importancia del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

La transformación de la sociedad para lograr una buena calidad de vida para todos en armonía con la naturaleza requiere aumentar la conservación de la biodiversidad, la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados, una rápida transición a la energía limpia, el cambio a una economía circular, la disminución del consumo de energía y materiales por parte de las personas ricas y la reforma de las cadenas de suministro para reducir el impacto ambiental.

Necesitamos enfoques basados en los derechos para todos los aspectos de la conservación, protección, restauración, uso y beneficio de los ecosistemas sanos y la biodiversidad. La aplicación de un enfoque basado en los derechos aclara las obligaciones de los Estados y las empresas; cataliza acciones ambiciosas; pone de relieve la difícil situación de los más pobres y vulnerables; y capacita a las personas para que participen en el diseño y la aplicación de soluciones. Las acciones necesarias incluyen:

(a) supervisar e informar sobre el estado de la biodiversidad y las amenazas que pesan sobre ella;

(b) adoptar y aplicar planes nacionales de biodiversidad;

(c) integrar la biodiversidad en otros ámbitos políticos (por ejemplo, sanidad y finanzas);

(d) la creación de áreas protegidas y el establecimiento de otras medidas eficaces de conservación;

(e) el establecimiento de normas que garanticen el uso sostenible de la biodiversidad;

(f) promulgar leyes para proteger las especies amenazadas;

(g) restaurar los ecosistemas degradados;

(h) prevenir la propagación de especies invasoras; y

(i) proporcionar incentivos para la conservación y el uso sostenible.

NV: En ese seminario también se mencionó el proyecto de elaboración de un instrumento internacional para la prevención de pandemias. ¿Cuál es su situación?

DB: Se están llevando a cabo negociaciones en la Asamblea Mundial de la Salud, con la intención de finalizar un nuevo tratado a finales de 2024.

NV: Hablábamos antes de los colectivos afectados y uno de ellos es el de los defensores y defensoras de la tierra. ¿Cómo valora su situación actual?

 DB: Los defensores y defensoras de la tierra son héroes para sus comunidades y para el medio ambiente. Lamentablemente, siguen siendo acosados, amenazados, atacados, demandados, criminalizados e incluso asesinados por alzar su voz para defender la tierra, el agua, la naturaleza y los derechos humanos. Se trata de una situación trágica, y los Estados tienen la obligación de proteger a estas personas, investigar los delitos cometidos contra ellas y castigar a los autores. Todos deberíamos honrar y celebrar la labor de los y las defensoras de los derechos humanos medioambientales.

NV: Si he entendido bien, su trabajo como Relator Especial tiene que navegar entre las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente y los derechos humanos, y la rapacidad de algunas poderosas empresas, que casi siempre cuentan con el respaldo de los mismos Estados. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra? ¿De qué instrumentos disponen para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Sería necesario algún otro instrumento?

DB: Muchas grandes empresas abusan del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible contaminando el aire, el agua y el suelo, provocando y agravando la crisis climática, devastando la biodiversidad y los ecosistemas, produciendo y comercializando alimentos insalubres e insostenibles y liberando sustancias tóxicas que envenenan a los seres humanos, la fauna y los ecosistemas. Transformar el papel de las empresas es uno de los principales retos para avanzar hacia un futuro justo y sostenible.

Los paradigmas económicos y empresariales actuales se basan en la explotación de las personas y la naturaleza. Entre los defectos de estos paradigmas están el pensamiento a corto plazo, la creencia en un crecimiento ilimitado, un enfoque estrecho en la maximización de los beneficios para los accionistas y la externalización de los costes sociales, sanitarios y medioambientales a la sociedad. Por ejemplo, las empresas de combustibles fósiles obtienen beneficios de cientos de miles de millones de dólares mientras sus productos matan a millones de personas y agravan la emergencia climática. Las empresas transnacionales de la alimentación disfrutan de beneficios récord mientras los precios de los alimentos, el hambre y la malnutrición se disparan.

Para abordar los efectos sustanciales de las empresas sobre los derechos humanos han surgido varios marcos normativos, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y otros. A pesar de estos marcos, son pocas las empresas que aplican las medidas necesarias para respetar los derechos humanos, en gran medida porque estos marcos no son jurídicamente vinculantes.

Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a lo largo de sus cadenas de valor. Esta responsabilidad está por encima del cumplimiento de las leyes y normativas nacionales.

Sin embargo, muchas grandes empresas son delincuentes medioambientales. La aplicación de la ley se produce en contadas ocasiones. Incluso cuando son investigadas, procesadas y condenadas, las penas son insuficientes. Las mayores multas y sanciones medioambientales de la historia, 35 000 millones de dólares contra Volkswagen por su escándalo del diésel sucio y 65 000 millones contra BP por su mortífero vertido de petróleo en Deepwater Horizon, no tuvieron un impacto significativo a largo plazo en el precio de las acciones.

Por desgracia, los Estados son cómplices de la crisis planetaria. Fomentan, permiten y subvencionan actividades empresariales destructivas. Los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de los daños reales y potenciales que puedan causar las empresas dentro de su territorio, jurisdicción o control.

Los Estados deben establecer leyes, reglamentos, normas y políticas sólidas en materia de clima, medio ambiente y derechos humanos, incluida una legislación exhaustiva sobre derechos humanos y diligencia debida medioambiental. La supervisión y el cumplimiento efectivos son esenciales, y requieren instituciones con la autoridad, el personal y los recursos necesarios para prevenir, investigar, castigar y reparar los impactos climáticos y medioambientales sobre los derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos, las cortes y los tribunales tienen un papel supervisor vital.

La humanidad necesita reducir su huella ecológica colectiva y, sin embargo, miles de millones de personas del Sur global necesitan ampliar su huella energética y material para alcanzar un nivel de vida confortable y disfrutar plenamente de sus derechos humanos. La sociedad debe enfrentarse a esta paradoja. Los Estados ricos deben liderar la reducción de sus huellas y financiar el crecimiento verde en el Sur global.

NV: Concretamente, el mecanismo de solución de diferencias que permite a los inversores demandar a los Estados suscitó un informe por su parte que menciona las consecuencias catastróficas de este mecanismo, especialmente en el contexto de la emergencia climática. ¿Qué medidas podrían adoptar los Estados para evitar futuras demandas? ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

DB: Ante una crisis planetaria climática, medioambiental y de derechos humanos, es sencillamente una locura contar con un mecanismo que permita a los inversores extranjeros anteponer los beneficios y los intereses privados a los derechos humanos, la salud humana, el medio ambiente y la capacidad de los Estados para hacer frente a la crisis. Los Estados pueden y deben (debido a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos) resolver este problema. Pueden hacerlo retirando el consentimiento al arbitraje (un acto unilateral) y renegociando los acuerdos comerciales y de inversión que no incluyan mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados. Resulta alentador que diez Estados europeos ya se hayan retirado o hayan indicado sus planes de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía (entre ellos, España). También es alentador que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y EEUU hayan eliminado intencionadamente el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, tal y como se les aplicaba a ellos.

NV: Por último, ¿qué logros de su oficina destacaría en materia de medio ambiente y derechos humanos?

DB: Lo más destacado de mis seis años como Relator Especial ha sido lo siguiente:

1. El reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021), la Asamblea General de la ONU (2022) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2023), que marca un punto de inflexión vital en la evolución de los derechos humanos.
2. Las numerosas acciones que se están llevando a cabo para que el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible sea una realidad para más personas. Este derecho se está incorporando a la gobernanza medioambiental multilateral. Se incorporó en los documentos finales de la COP27 y la COP28, en el Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming Montreal y en la Declaración de Bonn por un Planeta Libre de Daños Causados por las Sustancias Químicas y los Residuos. El Comité de los Derechos del Niño reconoció por primera vez el derecho de los niños a un medio ambiente sano, situándolo en el centro de la Observación General 26. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han integrado el derecho a un medio ambiente sano en sus trabajos. Más Estados han reconocido el derecho a un medio ambiente saludable en la legislación, entre ellos Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Granada y Santa Lucía, lo que eleva el total a 161 Estados miembros. Desde la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2021, el derecho ha sido reconocido en leyes subnacionales como la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley de Cambio Climático (Futuro Neto Cero) de Nueva Gales del Sur, en Australia. La legislación de Nueva Gales del Sur establece claramente que «Las medidas para hacer frente al cambio climático deben ser coherentes con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible». Está en proceso de añadirse a la legislación sobre derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana. Las resoluciones de la ONU que reconocen el derecho, a pesar de su estatus de ley blanda, también han influido en una serie de decisiones judiciales relacionadas con la protección de especies en peligro de extinción, la necesidad de una acción climática ambiciosa basada en los derechos, la importancia de prevenir/rehabilitar las zonas de sacrificio, y los peligros tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos que plantea la minería a cielo abierto. Otra línea realmente fascinante de decisiones judiciales relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano ha sido el resultado de los desafíos empresariales e industriales a las medidas estatales que refuerzan las leyes climáticas y medioambientales. Algunos ejemplos son la regulación de las bolsas de plástico (Kenia, México y Uganda), una ley de protección de los ecosistemas glaciares (Argentina) y las restricciones a la importación de vehículos de motor más antiguos y contaminantes (Perú). En cada uno de estos cinco casos, el gobierno argumentó que sus acciones estaban justificadas por su obligación de proteger el derecho a un medio ambiente sano, y en cada caso, el tribunal estuvo de acuerdo.

3. Las personas extraordinarias que he conocido a lo largo de este viaje, de todas las naciones, de todas las profesiones y condiciones sociales, todos dedicados a hacer del mundo un lugar más limpio, más verde, más sano y más feliz para las generaciones presentes y futuras. Hay tantas personas increíbles e inspiradoras y ha sido un honor conocerlas, trabajar con ellas y aprender de ellas.

Espero que estas respuestas sean útiles.

NV: Sin duda. Muchas gracias.

Acceso al texto completo en formato pdf: Entrevista con David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente

 La sostenibilidad como enfoque está claramente agotado. Vivimos tiempos llenos de incertidumbres con crisis concatenadas y poliédricas. Hay que deconstruir el relato del permanente crecimiento económico sin límites y de la competencia como factor intrínseco de la naturaleza humana.

La plataforma Alianza más allá del crecimiento, que acaba de nacer, se propone impulsar un camino de reflexión y pedagogía desde la sociedad civil organizada que sea capaz de resolver críticamente el dilema entre “lo que hacemos” y “lo que debemos hacer”, entre “lo posible” y “lo necesario”, en equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo. De la mano de Alberto Fraguas, promotor de la iniciativa, y de Jose Manuel Naredo, una de las voces más relevantes dentro del panorama político y económico crítico español, exploraremos el contexto de fondo y los elementos claves que inspiran esta renovada preocupación hacia la construcción de un nuevo modelo ecosocial de convivencia que trascienda la ideología dominante.

Alberto Fraguas es ecólogo y coordinador de Ecología Política de ATTAC Madrid y Jose Manuel Naredo es economista, estadístico y librepensador.

Monica Di Donato (MDD): Hace unos días intervinisteis muy activamente en la presentación de la alianza Más allá del crecimiento, conformada por 24 organizaciones muy relevantes de la sociedad civil. ¿En que contexto debemos enmarcarla?

Alberto Fraguas y José Manuel Naredo (AF-JMN): La actual situación está plagada de incertidumbres. Las crisis económicas, sanitarias, ecológicas, se concatenan entre sí con conflictos bélicos de telón de fondo y todo ello con el cambio climático como multiplicador de amenazas. Una situación ante la que empieza a generalizarse la sensación de falta de respuestas adecuadas por parte de instituciones públicas y también privadas.

Las timoratas reacciones internacionales ante estas guerras, alguna claramente genocida, la torpe gestión de desastres naturales (que se han hecho artificiales), los nefastos resultados de la última COP29 sobre cambio climático y un demasiado largo etcétera están demostrando una inacción intolerable por parte de los gobiernos a la hora de buscar soluciones reales y no tanto subterfugios con mucha carga “lampedusiana” (es decir, que parezca que todo cambia para que nada cambie), que son los que parecen confundirse con remedios aplicados.

Esta es la reflexión que está calando en la gente y en sus organizaciones, derivando y retroalimentando un debate profundo que, por otra parte, ya lleva unos años instalado en determinadas organizaciones y academias e incluso gobiernos, sobre si es factible seguir por este camino que nos lleva hacia el precipicio.

Hasta ahora la reacción del sistema económico ha sido lanzar iniciativas de prevención y corrección, más a modo de “anticuerpos“, para supuestamente  inmunizar de los efectos crecientes del sistema económico en la biosfera; una reacción para soportar y mantener el sistema dentro de unos cauces rentables que denominó sostenibles. Se crea así la idea del desarrollo sostenible, la economía circular, la transición ecológica, etc. que, más que aportar soluciones, son gestos ceremoniales y propagandas de imagen verde para desactivar la crítica. Si nos atenemos a los hechos, tras casi cincuenta años operando con estas proclamadas «propuestas sistémicas de adaptación sostenible», nos encontramos a nivel planetario con los peores indicadores de la historia. Más gases de efecto invernadero, más extractivismo, más deforestación, más daños a la biodiversidad y a la salud, más problemas derivados del agua, más emigración ambiental, más desigualdades, más pobreza.

Y esto es de lo que son conscientes las organizaciones que forman la alianza Más allá del crecimiento. Creemos que hay que dar una “vuelta de tuerca” a este desarrollo sostenible puesto que no parece que funcione. Después de tanto tiempo hay que concluir que está agotado y, en suma, que se comporta como un oxímoron.

Por tanto, hay que profundizar en otras soluciones más desde las raíces que soportan el actual modelo económico, soluciones que surjan a partir de una escala de valores diferente, donde el “crecimiento económico” deje de ser el indicador de calidad de vida y la economía atienda a objetivos comunes, al bienestar social y ambiental. Para reconducir esta deriva hacia horizontes ecológicos y sociales más saludables es imprescindible cuestionar y cambiar las reglas del juego económico que actualmente acentúan el deterioro ecológico y la polarización social y territorial, para fomentar una economía más integrada en la biosfera que contribuya a la estabilidad ecológica y reestablezca la armonía entre personas y países (sobre todo del Norte y Sur y/o entre el bloque occidental capitaneado por EEUU y el de los BRICS).

A todo esto, la crítica hacia el panorama actual y el afán de reconducirlo en el sentido antes indicado, es lo que nos une en la Alianza. Un camino complejo donde hay que revisar en esta puesta en común el propio equilibrio entre objetivos eco-sociales a corto y largo plazo.

MDD: ¿Qué aspectos diferenciales tiene con respecto a otras iniciativas actuales en ambitos ecosociales?

AF-JMN: Hay una frase que repetimos bastante en la Alianza y es que: «no se trata de ver quien tiene razón, sino en ver qué podemos hacer juntas y juntos». Siguiendo esto no nos hemos preocupado mucho francamente en qué nos diferencia sino más bien en lo que nos une.

Creo que, si hay algo que es propio de la Alianza, es que se trata de una plataforma compuesta por un número nada desdeñable de movimientos sociales que representan una amplia gama de corrientes y sensibilidades críticas presentes en la sociedad civil. Y hay que subrayar que son estos movimientos los que sintetizan los sentimientos de solidaridad, amistad… o generosidad que con distintos matices mantienen la cohesión social y posibilitan la vida al margen de los afanes de lucro y las peleas por el poder que alberga y potencia la actual sociedad piramidal. Son estos sentimientos y estos movimientos que los poderes políticos, económicos y mediáticos acostumbran a ignorar y ningunear, los que esta plataforma trata de agrupar y reforzar, ya que son los pueden potenciar los cambios mentales e institucionales que enderecen el panorama actual hacia horizontes más prometedores. Aunque esté en sus inicios, la plataforma ya está conformada por organizaciones de diferentes ámbitos cuyas distintas sensibilidades esperamos que se potencien mutuamente como la economía (Economistas Frente a la Crisis, Economistas sin Fronteras); las organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace); técnicos y científicos (Fundación Nueva Cultura del Agua, Rebelión Científica, Asociación de Agricultura Ecológica); sindicales (CCOO, UGT); de los derechos civiles (Demospaz, Asociaciones Marea Blanca); consumidores (CECU); de la justicia social (Plataforma contra los tratados de libre comercio, Plataforma Renta Básica Universal), de la cooperación (Alianza por la Solidaridad); de la economía solidaria  (cooperativas como ECOOO y  la Garbancita Ecológica)  con otras de carácter más transversal (ATTAC, Foro Transiciones, fundaciones como  Alternativas , Transición Verde , Espacio Público y CONAMA), por el momento.

Llevamos muchos años en el activismo ecologista en sus distintas formas, y creemos que hemos cometido algún error en cuanto a ser demasiado endogámicos, a hacer ecologismo en entornos ecologistas y sensibilizar al que ya está sensibilizado, y no hemos pensado lo necesario en cómo extender nuestros enfoques cuando lo importante, y más ahora que nunca, es ampliar el debate llevando las propuestas hacia el resto de la sociedad, pensando que nuestros mensajes han de ser horizontales e inclusivos. Hemos de considerar que todo el mundo –salvo que tenga intereses mezquinos o inconfesables asociados a psicopatías o sadomasoquismos singulares (que siempre hay)– deseará vivir en un entorno ecológica y socialmente acogedor que habrá que cuidar, que a nadie que esté en su sano juicio le gustará estar en zonas degradadas o encontrar la calle plagada de personas carentes de alimentación y vivienda. Así, nuestros mensajes y propuestas han de situarse por encima de las creencias religiosas, políticas o deportivas que dividen a la gente y creemos que la Alianza puede contribuir a ello.

En suma, que hemos de buscar nuevas hegemonías sobre la base de análisis de la realidad más amplios e integradores para reorientar los cambios que se vienen dando hacia los horizontes ecosociales más deseables para la mayoría.

MDD: ¿Cómo ir avanzando en ese nuevo modelo? ¿qué herramientas necesitamos?

AF-JMN: Lo primero que debemos entender es que esto, obviamente, no es un partido político que nace para pelear con los otros por el poder, sino una plataforma recién constituida de movimientos sociales críticos del statu quo, que trata de potenciar sus discursos y sus acciones mediante una puesta en común, enriqueciéndolos con el intercambio de ideas y sensibilidades, amplificando su audiencia y haciendo más visible su existencia. La plataforma inicia un proceso en el que las guías o “propuestas preconcebidas en fila” no son válidas, sino que irán surgiendo de esta puesta en común.

El objetivo es ir mudando de paradigmas, ¡nada menos!, para cambiar la mentalidad y la sociedad en el sentido antes indicado y para eso hace falta mucha reflexión y pedagogía, hacia fuera y hacia dentro de las organizaciones de la Alianza. Evidentemente esto no está reñido con hacer comunicados o emprender acciones sobre temas concretos e inmediatos. Hemos de asumir las incertidumbres que surgirán en el equilibrio de objetivos a corto y largo plazo.

MDD: ¿Qué riesgos hay de diseñar programas contrahegemónicos dentro del capitalismo? ¿Cómo resignificamos dimensiones como utopía, libertad, democracia o paz?

AF-JMN: Hemos de darnos cuenta que con el colapso del socialismo real ha colapsado también el relato un tanto simplista de la izquierda que interpretaba la historia como una sucesión de modos de producción, espoleada por la lucha de clases que nos llevaría por fuerza desde el capitalismo hacia el comunismo. Y si la meta deseable del comunismo se ha diluido hasta el punto de que la derecha utiliza hoy el término como insulto descalificador, hemos de revisar también si un término económico tan simple como el de capitalismo sirve para definir bien el mundo en el que nos ha tocado vivir. Quizás habría que empezar por definirlo mejor para vislumbrar también mejor los nuevos horizontes y poner nombre a las propuestas más o menos utópicas de sociedad hacia las que queremos avanzar rescatando aquella idea de la «utopía necesaria» para tender hacia una sociedad más equilibrada en términos ecosociales.

Para ello, hemos de adoptar un enfoque más amplio y más maduro que trascienda la metáfora de la producción y la idea usual de sistema económico, para darnos cuenta de que el banco de pruebas de la historia, más que una sucesión de modos de producción que nos ha llevado al capitalismo, nos muestra una deriva de modos de dominación que, lejos de sucederse, evolucionan y se solapan entre sí. El viejo clientelismo, dominante en la antigua Roma, goza hoy de buena salud de la mano de esas organizaciones jerárquicas que son las empresas y los partidos políticos e incluso la esclavitud y la servidumbre, entendidas como control absoluto sobre las personas, siguen existiendo por muy ilegales que sean bajo el disfraz de trabajo asalariado o autónomo libremente consentido por las partes, disfraz que marca toda una serie de grados de dominación y dependencia que aprietan cada vez más a la gente. A la vez que todas ellas conviven con relaciones de dominación machistas y racistas, además de con las viejas y renombradas relaciones y sentimientos clasistas y elitistas.

La Alianza tiene la ventaja de contar con movimientos críticos que tratan todas estas dimensiones desde distintos ángulos, lo que ayudará a tomar conciencia de ellas y del modo en el que interaccionan. Así, frente a las teodiceas simplistas del cambio social que han venido desembocando en reduccionismos y despotismos diversos, la puesta en común de la Alianza reclama enfoques más maduros que reconozcan las imperfecciones y absurdos de la sociedad en que vivimos para construir sobre ellas una convivencia más sana y razonable. Ello tomando plena conciencia de que por mucho entusiasmo con el que se abracen las utopías y los ideales sociales e individuales más puros, nunca podrán realizarse plenamente porque habrá alguna persona o fuerza impersonal que los parasite o socave, a las que siempre habrá que combatir y frenar. Por ejemplo, hay que advertir que la democracia no es un sistema que pueda instalarse llave en mano y funcione al margen del comportamiento de las personas, sino que puede albergar, en función del afán de intervención y participación de la sociedad civil, desde una ciudadanía libre e igualitaria, hasta el despotismo y la desigualdad más absolutas.

En cualquier caso, no hace falta precisar utopías y mundos ideales a prometer para tomar conciencia de los graves despropósitos que generan la actual crisis de civilización y para sentir la necesidad de corregirlos, como tratan de hacer los movimientos que se integran en esta Alianza.

En este contexto pretendemos ir ampliando nuestra capacidad de intervención social y extendiendo la idea que un nuevo modelo de integración ecosocial implica generar mejor calidad de vida para la gran mayoría de la gente. Si somos capaces de trasladar a la ciudadanía la idea de que nada se pierde, sino que por el contrario todas y todos ganamos y que  la protección ambiental es la misma que la social, que la lucha por llegar a fin de mes tiene que ver con la lucha por evitar el actual despilfarro de los recursos, quizás se puedan resistir las embestiduras de los poderes hegemónicos del sistema que son los que expolian estos recursos, poderes que son muy reales y  potentes, y a los que el nuevo modelo que se plantea les resultará muy incómodo pues en la base del mismo está lo que esquivan como son el equilibrio ecológico y la equidad social,  raíces del mismo árbol.

MDD: ¿Cuál es el papel que reserváis al Estado en ese nuevo modelo?

AF-JMN: No cabe definir a priori ningún modelo de Estado. Lo que si cabe es consensuar su papel, resaltando que esta Alianza tiene que analizar la ardua tarea de rescatar y sanear un Estado hoy parasitado por los lobbies y redes de poder imperantes, para conseguir que represente de verdad a la ciudadanía. Este objetivo más inmediato reclama un saneamiento político y económico en gran escala, que condene las habituales prácticas corruptas que asocian la picaresca empresarial con políticos conseguidores, junto con la evasión fiscal y penal de los más ricos y poderosos. Un saneamiento que arroje luz sobre la opacidad en la toma de decisiones que sirven al actual capitalismo clientelar que impone, con sus comisionistas a bordo, megaproyectos y contratas tanto o más lucrativos para algunos, como de escaso interés para la mayoría. Hay que subrayar que el decrecimiento de la corrupción, del despilfarro en contratas y megaproyectos absurdos y/o sobrevalorados, de la evasión fiscal y de otras prácticas de despilfarro interesado, podría liberar enormes recursos hacia aplicaciones económicas, ecológicas y sociales más razonables a consensuar.

Lo anterior no quita para pensemos también en reorientar el actual modelo de Estado, ya que ofrece un marco institucional propicio al caciquismo clientelar imperante. Recordemos que, si como establece la Constitución y confirma la práctica política española, el poder ejecutivo controla directamente todos los órganos reguladores y desincentiva la participación social y las consultas e iniciativas populares, nos encontramos con que la Transición ha desembocado en una refundación oligárquica del poder en la que, como proponía Franco, todo ha quedado «atado y bien atado» para que ciertas elites sigan parasitando y manejando el Estado a voluntad. Como decía un eslogan del 15M, «lo llaman democracia y no lo es».

Frente a este panorama habría que establecer un marco institucional que evite la concentración y la discrecionalidad opaca del poder en pocas manos y configure y potencie instrumentos de regulación y participación neutrales e informados que orienten y filtren la toma de decisiones importantes. En suma, que habría que invertir mucho más en promover la implicación y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, que en operaciones, contratas y proyectos absurdos o sobre dimensionados a los que se acostumbra a dar barra libre presupuestaria.

Precisamos, pues, un Estado donde las decisiones sean más compartidas y que fomente una economía más basada en cuidados y derechos que en beneficios y lucros, que apoye iniciativas con menor huella de deterioro ecológico. Un Estado en suma que facilite la autotransformación de la sociedad, es decir que la sociedad pueda cambiarse a sí misma, y que sea soporte de garantías de bienestar social desde la reafirmación de los bienes naturales como bienes comunes.

MDD: ¿Queréis dar como cierre de la entrevista un último mensaje sobre el papel y el tono o el talante que consideráis que deben presidir la Alianza?

José Manuel Naredo: En lo referente a propósitos, sentimientos y reglas de comportamiento que creo que deben presidir esta Alianza (y siempre en la idea de la «utopía necesaria»), me voy a permitir como remate de lo anterior esta nueva vuelta de tuerca al tema en forma algo más poética:

Que esta Alianza sirva

 Para multiplicar entornos ecológica y socialmente acogedores

que promuevan la afinidad y la solidaridad como valores

potenciando relaciones intelectuales y afectivas

que generen simbiosis placenteras y creativas.

Entornos amistosos carentes de jerarquías, servidumbres y catecismos

en los que se aparquen toda clase de ismos

para hacer que afloren afinidades y sentimientos enriquecedores

que nos conecten ya libres de ataduras y conflictos poco alentadores.

Hagamos que los entornos gratificantes prosperen

como antídotos contra la crispación social y la modorra mental

que los poderes establecidos acostumbran a atizar

arrinconando la mezquindad y los malos humores

que generan enfrentamientos, heridas y sinsabores.

Porque, para evitar el naufragio al que nos arrastran

y vislumbrar un mundo mejor:

hemos de hacer que predomine la España generosa, bella y amigable

sobre aquella otra que hoy impera, fea, mezquina, hortera y pesetera.

J.M.N.

Acceso a la entrevista en formato pdf: Entrevista a Alberto Fraguas y Jose Manuel Naredo sobre la Alianza de movimientos sociales Más allá del crecimiento

«En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»

Nuria del Viso entrevista a Bonnie Campbell en la sección A Fondo del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global titulado «Geopolítica, el territorio y los conflictos».

Bonnie Campbell (MA., DPhil, Universidad de Sussex) es . Es profesora emérita de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université du Québec à Montréal (UQAM), donde ha dirigido el Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS). Fue miembro del Grupo Asesor nombrado por el Gobierno federal canadiense para las Mesas Redondas Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Sector Extractivo Canadiense en Países en Desarrollo (2006-2007), así como del Grupo de Estudio Internacional de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas sobre la revisión de los regímenes mineros en África de 2007 a 2011. Campbell acaba de completar la dirección de un proyecto de cinco años (2018-2023) titulado «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas», y realizado en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso.

En esta entrevista ahonda en los efectos de las compañías mineras, generalmente del Norte global, sobre los estados y las comunidades del Sur.

Las actividades extractivas generan toda una gama de impactos entre los que destacan los daños al medioambiente y las violaciones de los derechos humanos, así como cambios indeseados sobre la capacidad regulatoria y de control de los estados donde tienen lugar tales actividades a manos de poderosas transnacionales.

Nuria del Viso (NV):  Usted ha estudiado ampliamente la industria extractiva (IE) y la gobernanza, especialmente en África. Este sector se ha ganado una dudosa reputación por su capacidad para moldear la gobernanza en los tiempos de la reestructuración neoliberal hasta hoy, habiendo conseguido alinear las reformas con los intereses del sector. ¿Cuáles son las dinámicas en juego?

Bonnie Campbell (BC): Evidentemente, las dinámicas específicas en juego varían enormemente según el tiempo y el lugar y dependen de un amplísimo abanico de factores relacionados con la especificidad cultural, social, política y económica. Si se adopta una perspectiva más amplia, existen dinámicas importantes relacionadas con cuestiones como la evolución de los papeles y las funciones de los distintos agentes presentes, ya sean públicos o privados, las transformaciones derivadas de la introducción de reformas neoliberales y las relaciones asimétricas de poder que se configuran a raíz de estas transformaciones; los consiguientes problemas de legitimidad y «licencia social» para operar a los que se enfrentan las empresas extractivas y los marcos normativos en evolución y cada vez más complejos en los que operan estos agentes. Estrechamente relacionado con lo anterior está el actual proceso de renovación de las estrategias desplegadas por las empresas para ganar legitimidad para sus operaciones, que van desde las estrategias más tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) de «prestación de servicios», hasta medidas cada vez más sofisticadas como las «compensaciones de biodiversidad» para sugerir que existe una compensación por la pérdida de biodiversidad sin cuestionar la naturaleza del propio modelo de las industrias extractivas mismas.¹

Una dimensión adicional es la tecnificación creciente de los enfoques adoptados para analizar, gestionar y legitimar las actividades, tendencia que contribuye a oscurecer ciertas dimensiones clave relativas a las relaciones de influencia y poder. Sin embargo, estas son esenciales si se quiere comprender los procesos que tienen lugar, sus repercusiones, los problemas que plantean y las posibles vías para encontrar soluciones más adecuadas a las dificultades creadas y estrategias alternativas al desarrollo de los recursos naturales.

NV: ¿En qué medida el protagonismo de las empresas extractivas afecta a la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas? ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación tanto en términos políticos como sociales?

BC: Para comprender los orígenes de las actuales situaciones de asimetrías de poder en el sector extractivo, resulta útil una brevísima perspectiva histórica. Como se recordará, en las décadas de 1980 y 1990, bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales (IFI), una abrumadora mayoría de gobiernos de países ricos en recursos de todo el Sur global introdujeron regímenes mineros liberalizados, aparentemente para impulsar el desarrollo de sus países ricos en minerales pero endeudados. Las IFI recomendaron la introducción de sucesivas generaciones de medidas de liberalización de gran alcance destinadas específicamente a atraer inversiones extranjeras directas en un sector minero a gran escala cada vez más privatizado. Esto se produjo junto con reformas que exigían una fuerte retirada del Estado del sector minero. Con el tiempo, las IFI animaron a los países a alinear su legislación minera con los códigos mineros más liberalizados. Esto condujo a un proceso acumulativo de liberalización que pretendía crear un entorno lo más atractivo posible para la inversión privada.² En otras palabras, las medidas promovidas por las IFI crearon dinámicas regionales y continentales a través de las cuales se animaba a los países a competir entre sí para crear el régimen minero más liberalizado.

Un aspecto de la retirada programada de los estados de la gestión del sector extractivo fue la transferencia de lo que antes se consideraban funciones estatales frente a los operadores mineros privados en asuntos clave como regulación, prestación de servicios como carreteras, salud y seguridad. Ante la reducción de los fondos públicos, los estados estaban a veces más que dispuestos a acomodarse a esta tendencia y se embarcaron en lo que se ha descrito como un proceso de «ausencia selectiva». La dificultad radicaba en que este proceso creaba ambigüedad en cuanto a quién correspondía la responsabilidad y creaba lagunas en la gobernanza. En ausencia de la capacidad de los estados para hacer cumplir su propia normativa, por ejemplo, en materia de impactos ambientales, o disponer de los medios financieros y técnicos necesarios para supervisar los impactos y, en caso necesario, introducir medidas correctoras. Las situaciones resultantes plantearon problemas de legitimidad para las empresas y crearon las condiciones en las que cada vez era más probable que se produjeran conflictos. Se puede observar cómo las tendencias relativas a la disminución de la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas puede ser un factor que contribuye a la violencia que caracteriza las de las actividades extractivas en determinadas regiones.

NV: La narrativa de la «gobernanza nacional débil» ha sido ampliamente utilizada por las empresas para justificar su forma de actuar. ¿Cuál es tu valoración sobre esta manera de proceder?

BC: De hecho, las situaciones de gobernanza débil han sido creadas por la serie de reformas neoliberales introducidas en el sector y que se ven reforzadas por la asunción de funciones y responsabilidades del Estado por parte de las empresas que el propio Estado en ocasiones no puede permitirse asumir. Como he indicado, estas situaciones tienen alta probabilidad de generar conflictos, calificados por las empresas como «riesgos para la seguridad», lo que lleva a una tendencia creciente a la militarización del sector. Como ha señala la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) en un informe:³

Desde una perspectiva política, las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus ciudadanos a la hora de proporcionar infraestructuras básicas y otros bienes públicos. De hecho, las iniciativas de RSC deberían complementar los esfuerzos del gobierno a través de las instituciones administrativas locales y las autoridades locales. El marco que un gobierno elija para que un gobierno elija para afianzar la RSC debe ser claro en cuanto a las responsabilidades de las empresas mineras y qué responsabilidades deben corresponderse con las de las empresas mineras y comunicarse a éstas. (p 89)

La solución a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las empresas no pasa por más estrategias de RSC, sino porque las empresas respeten las leyes del país en el que operan, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente y la legislación nacional, paguen los impuestos, derechos y cánones a los que están sujetas y, de manera más general, que se reconozca ampliamente la legitimidad de los Estados para prestar servicios a sus poblaciones, condición para que se les exija rendir cuentas en relación a una redistribución más justa de los ingresos a sus poblaciones. La narrativa de la «gobernanza débil» sirve no solo para una justificación miope para que las empresas asuman funciones que antes asumían los estados, sino que, paradójicamente, debido a la fragilización de las estructuras estatales, su reducción y la falta de capacidad para hacer cumplir los marcos normativos crea condiciones que pueden socavar la legitimidad de las actividades de las propias empresas.

NV: ¿Existen características distintivas del modelo de gobernanza del sector de las IE en África respecto a las de América Latina o Asia? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

BC: Se trata de una pregunta difícil por las razones sugeridas en respuesta a la primera. En un nivel se pueden señalar factores que sugieren patrones de similitud debido al hecho de que ha habido olas similares de reformas de liberalización introducidas por las IFI en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, cuando se analizan las trayectorias específicas de determinados países, no solo se encuentran similitudes, sino también diferencias, como hemos visto en un estudio que analizaba las experiencias de Mongolia y Guinea.⁴

Debido a los diferentes contextos, el modelo de gobernanza del sector de las IE presenta características específicas, al igual que lo hacen las formas de resistencia y las estrategias en respuesta a la contestación. Además, nuestro entendimiento de las formas y grados de resistencia depende obviamente de la información producida y disponible. A este respecto, parece haber más información sistematizada sobre las resistencias y su represión en América central y del sur.⁵

Esto no implica, sin embargo, que en África no existan múltiples formas y lugares de resistencia. De hecho, la aparición de resistencias es frecuente, pero la información sobre dichas impugnaciones es muy escasa, dispar y de difícil acceso. En África, las causas de los conflictos que surgen en las explotaciones mineras tienen que ver sobre todo con:

1) el reparto de los ingresos mineros, el acceso al empleo, la falta de contribución al desarrollo social y económico;

2) la pérdida de medios de subsistencia o el desplazamiento físico de poblaciones o pueblos y el riesgo de que se produzcan tales desplazamientos;

3) peligros para la salud causados, por ejemplo, por vertidos de cianuro, o el temor a que se produzcan tales vertidos debido a la insuficiente capacidad e independencia de las autoridades locales para controlar esas situaciones y la calidad del agua.

Hay ejemplos de resistencia en torno a las amenazas ecológicas, como ilustra la resistencia a la empresa canadiense de petróleo y gas Reconnaissance Energy Africa Ltd. (ReconAfrica) en Namibia y Botsuana. Esta empresa poseía licencias de prospección petrolífera que abarcaban zonas donde habitan los san y otros pueblos indígenas, así como fuentes críticas de agua dulce y fauna en peligro de extinción. Actualmente se está investigando la integridad y exactitud de esta situación.

En lo que respecta al acceso a la información, cuando se mediatiza y está disponible internacionalmente, suele ser porque la resistencia afecta a las operaciones, los equipos o el personal de una empresa extranjera.⁶

La información sobre la represión de las manifestaciones de las comunidades locales, aunque conocida en los países afectados, se filtra muy raramente al extranjero, a menos que también participen organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Debido a la persistencia de relaciones a menudo muy asimétricas entre las autoridades locales, favorables a la implantación de actividades mineras, y las comunidades locales, que sufren las consecuencias, estas no suelen tener otro recurso que organizar manifestaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en varias ocasiones en Senegal, especialmente en Niokolo Mako, en mayo de 2021.

Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.⁷

NV: ¿Qué papel desempeñan la contestación y la movilización de la sociedad contra el poder de las empresas transnacionales extractivas y las élites en las IE? ¿Es posible identificar la emergencia de nuevos espacios políticos de cambio? ¿En qué condiciones?

BC: Este fue el objeto del número especial que editamos en 2019 David Szablowski y yo misma.⁸ La cuestión de la resistencia y la movilización de la sociedad es muy amplia, y como se resume en la introducción de este número especial:

El sector extractivo representa un escenario importante para estudiar las dinámicas de la resistencia y los cambios en la gobernanza. En redes que abarcan países y regiones de todo el mundo, la gobernanza extractiva representa una lucha entre grados de cambio y continuidad en la que una gran diversidad de actores −incluidas empresas extractivas, activistas, estados anfitriones y de origen, movimientos indígenas, prestamistas, empresas consultoras, grupos de derechos humanos, etc.− compiten por dar forma al sector y a la distribución transnacional de sus costes y beneficios. Estas luchas suelen tener lugar a través de coaliciones y redes multiescalares que compiten entre sí y emplean diversas estrategias reguladoras, como la promoción de la cultura de la auditoría, la realización de campañas en favor de la transparencia, la readaptación de las normas de derechos humanos al sector privado y el desarrollo de espacios para la consulta indígena. Comprender el complejo papel que desempeña la reforma en la gobernanza extractiva puede aportar una visión más profunda de los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales en los que está implicada a nivel nacional, internacional y transnacional.

Para analizar estas cuestiones se ha propuesto una amplia gama de enfoques. Por ejemplo, el enfoque político de los asentamientos se basa en las perspectivas institucionalistas al integrar más profundamente el poder y la política en el análisis. Aparte de la gran variedad de situaciones, dependiendo del enfoque adoptado, las conclusiones a las que se llega sobre si han surgido nuevos espacios políticos para el cambio y la evaluación de su importancia pueden diferir.

Los estudios sobre iniciativas multipartitas incluidos en el número especial mencionado anteriormente sugieren que, en ocasiones, puede haber ganancias, como ilustra la experiencia de la participación de las ONG en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) en Colombia y Perú.⁹ Sin embargo, este tipo de avances incrementales pueden no ser estables a largo plazo. En el caso de este estudio, los éxitos conseguidos por las ONG a través de la ITIE condujeron a un periodo de reacción en el que el gobierno y la industria argumentaron que era necesario reducir la normativa para fomentar la inversión. Conclusiones similares se desprenden del estudio sobre cuestiones parecidas en Mongolia y Guinea, que detalla los procesos de reforma/reacción/contrarreforma, lo que sugiere que las empresas extractivas también pueden poseer formas significativas de poder estructural o de poder de retención en las iniciativas multipartitas.¹⁰ En consecuencia, la influencia ideológica y material acumulada en las negociaciones de las MSI puede no ser suficiente para convencer al sector en su conjunto de que apoye cambios ambiciosos en la gobernanza.

Lo que ponen de relieve estos estudios y los demás basados en un estrecho conocimiento empírico de los procesos en marcha es el carácter indeterminado de la aparición de nuevos espacios políticos para el cambio y, por tanto, la importancia crítica de prestar especial atención a los enfoques metodológicos adoptados, así como una sólida comprensión de las condiciones específicas que en cada situación concreta pueden configurar la ampliación o, alternativamente, el estrechamiento del espacio político.

NV: ¿Y cuál es el papel de las instituciones locales y de la legalidad consuetudinaria en el entramado de empresas extractivas, estados y otros actores nacionales e internacionales? ¿Cuáles son los resultados de esta situación, esto es, gobernanza privada en las zonas de extracción con empresas controlan y configuran la gobernanza?

BC: Este tema subraya, por un lado, la importancia crítica de los enfoques de investigación de abajo a arriba (bottom-up) y, por otro, el hecho de que los procesos en marcha pueden arrojar resultados que apunten en direcciones opuestas.

Un estudio del número especial de la revista antes citada¹¹ analiza el modo en que las comunidades organizan su resistencia a las explotaciones mineras exigiendo el derecho al consentimiento y al desarrollo autodeterminado. La indagación sobre el modo en que se hacen valer estos derechos, el lenguaje que se utiliza y las reivindicaciones que se formulan, revela carencias de la reforma de la gobernanza minera posterior al apartheid que a menudo no se captan en los análisis amplios y de arriba abajo (top-down) de estos procesos. El planteamiento del autor pone de manifiesto el carácter espacial y territorializado de la gobernanza minera en la Sudáfrica posterior al apartheid. Su contribución distingue dos ámbitos de lucha interrelacionados para llamar la atención sobre distintos aspectos de la resistencia comunitaria a los regímenes mineros impuestos:

1) reafirmaciones estratégicas de subjetividad, costumbre y jurisdicción;

2) prácticas de desarrollo autodeterminado.

En este trabajo, Huizenga analiza la defensa de las comunidades locales y sus luchas por la propiedad, el territorio y la autoridad para ahondar en el complejo campo de poder que constituye la reforma y la innovación de la gobernanza minera. La legislación estatal, sostiene, está siendo cuestionada por los agentes locales y el activismo jurídico transnacional. Aunque reconoce que cada escala de la política tiene sus propios efectos políticos, al centrarse en la naturaleza entrelazada de las formas territoriales, regionales, nacionales y transnacionales del derecho, la política y el gobierno, muestra que múltiples estructuras e instituciones interactúan a través de la política transnacional. Huizenga ilustra que, si la gobernanza minera es cada vez más transnacional, también lo es la resistencia y la organización de las comunidades. Las comunidades demandantes como Xolobeni invocan el «derecho consuetudinario vivo» para fundamentar sus reivindicaciones de derechos sobre la tierra en una concepción del derecho «tal y como se practica en la vida cotidiana de los pueblos que acceden y gestionan la tierra y los recursos colectivamente y que introducen cambios en sus leyes consuetudinarias en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas». El autor sostiene que el concepto de «derecho consuetudinario vivo» es un posicionamiento estratégico que incorpora nociones del derecho internacional de los derechos indígenas junto con el derecho consuetudinario de forma que permite a las comunidades constituirse como actores políticos al tiempo que eluden la autoridad antidemocrática de los jefes tradicionales.

Este estudio sugiere que, aunque la distribución racial y la economía política de la minería en Sudáfrica se han resistido increíblemente al cambio y los pueblos rurales siguen soportando la violencia de la extracción de minerales, se están produciendo ciertos cambios importantes. El autor sostiene que la lucha política y social, articulada en parte mediante luchas en los tribunales, ha tenido efectos materiales en la medida en que se ha detenido la minería y ha abierto un espacio para la declaración de reivindicaciones alternativas a la comunidad, la propiedad, el territorio y el consentimiento. El autor añade que la batalla judicial de Xolobeni debe leerse en el contexto más amplio de las luchas comunitarias contra la minería que tienen lugar en todo el país y concluye que es en estos esfuerzos de contestación donde se ilustran más claramente las prioridades de la reforma de la gobernanza minera en un Estado en transición.

En su contribución al mismo número,¹² David Szablowski también examina cómo el derecho consuetudinario y el indígena están siendo impugnados en las luchas por la gobernanza extractiva. Más concretamente, analiza cómo las empresas extractivas han desarrollado un conjunto de prácticas de gobernanza para dar forma a la legalidad local en las zonas que rodean los emplazamientos de las operaciones extractivas. Las empresas tratan de hacerlo para producir territorios que faciliten la extracción de recursos de acuerdo con las necesidades y preferencias de las empresas transnacionales. Las comunidades, sus sistemas de gobernanza y su capacidad de acción colectiva pueden poner en peligro este proyecto. Las comunidades rurales de las regiones ricas en recursos suelen gobernar aspectos sustanciales de la vida cotidiana a través de instituciones jurídicas locales y consuetudinarias. Estas instituciones funcionan de forma semiautónoma con respecto a la gobernanza estatal, que puede reconocerlas, ignorarlas u oponerse a ellas. Los estados suelen conceder autoridad legal a las empresas extractivas asignándoles derechos formales que prevalecen sobre los sistemas de gobernanza locales; sin embargo, las autoridades estatales suelen dejar en manos de las empresas extractivas la tarea de relacionarse con los actores locales para hacer efectivos sus derechos. En consecuencia, las empresas extractivas deben tratar con actores cuyos puntos de referencia proceden en parte de la legalidad local, indígena y consuetudinaria.

Leídos conjuntamente, estos dos últimos artículos sugieren dos vías alternativas para las comunidades y la legalidad local frente a la extracción. El primero muestra cómo las comunidades sudafricanas y sus aliados han podido influir en los tribunales nacionales para que se reconozca la autoridad territorial basada en la gestión colectiva de los espacios jurídicos locales. El segundo estudio, en cambio, se centra en los contraprocesos que pretenden cortar este tipo de conexiones y cerrar estas oportunidades. Este segundo estudio muestra cómo los instrumentos y estrategias de relaciones comunitarias de las empresas extractivas pueden tener como objetivo impedir el acceso a espacios jurídicos extra locales que podrían ayudar a proporcionar las herramientas y el apalancamiento para el desarrollo autodirigido y la autoridad local sobre la justicia.

NV: Mientras que la mayoría de los investigadores se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza en el sector de las IE, en su artículo publicado en la revista The Extractive Industries and Society (2019), Hatcher y usted identifican que la lucha verdaderamente importante en los conflictos mineros se dirime en torno al poder estructural, y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» poder estructural y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? Cómo se ejerce el poder (material referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? ¿Cómo se ejerce el poder (mecanismos materiales e ideológicos) en las zonas extractivas?

BC: De hecho, sostenemos que si uno está interesado en comprender las condiciones que contribuyen a la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia, es útil conceptualizar recurriendo a dos nociones: relaciones estructurales de poder y modos de gobernanza.¹³ En nuestro trabajo, utilizamos el término «relaciones estructurales de poder» para referirnos a la capacidad de crear reglas, normas y modos de funcionamiento esenciales para las distintas dimensiones de un sistema concreto, ya sea nacional o internacional. En cuanto al concepto de modos de gobernanza en el sector minero, lo utilizamos para referirnos a la suma de las formas de regulación de cada una de las dimensiones relacionadas (económica, social, política y medioambiental) que determinan, en cualquier período o lugar dado, las condiciones de explotación de los recursos mineros. Estas formas son multiescalares e incluyen formas de regulación tanto nacionales como transnacionales. El concepto pretende ayudar a los analistas a centrarse en las relaciones sociales específicas que están en la base de los acuerdos institucionales, así como en el papel de los actores implicados en los procesos de toma de decisiones que emanan de estos acuerdos. También subraya la necesidad de tener en cuenta cómo interactúan las formas de regulación con los mecanismos institucionales, las relaciones de poder y la influencia. Las relaciones estructurales de poder y los modos de gobernanza también ayudan a poner de relieve la existencia de cambios en la práctica y, como consecuencia, la posible formación de nuevos espacios políticos. En otras palabras, los cambios que se producen en circunstancias específicas han conllevado nuevos acuerdos políticos que implican a las élites políticas y a otros grupos que, en consecuencia, sugieren la posibilidad de cambios en los modos de gobernanza y, con estos cambios, el inicio de una transformación en las relaciones de poder entre los agentes implicados.

La decisión de tratar cada uno de estos conceptos separadamente nos ha permitido rastrear una dinámica más profunda en las luchas que están teniendo lugar en la resistencia a la gobernanza extractiva. En general, las personas analistas y estudiosas se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza, es decir, los marcos normativos y los acuerdos institucionales que rigen la minería. Sin embargo, como se argumenta más arriba, la verdadera lucha que está teniendo lugar en estos conflictos es en torno al poder estructural: la capacidad de configurar las normas a largo plazo.

En cuanto a cómo se ejerce el poder −los mecanismos materiales e ideológicos− en las zonas extractivas, podemos ilustrar esta cuestión refiriéndonos a la influencia de los agentes transnacionales que intervienen en los procesos de decisión de los actores nacionales para contribuir a conformar los resultados de los procesos en el país. Esta fue una dimensión central del programa de investigación que acabamos de concluir sobre «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas» en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso, que poseen una considerable riqueza mineral. Aunque la influencia de las empresas puede adoptar numerosas formas, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de cómo se ejerce el poder.

• La configuración de espacios de toma de decisiones y agendas. En ocasiones, estos espacios pueden verse erosionados por influencias y presiones externas. Las influencias y presiones externas pueden ser indirectas (encuestas del sector como las del Fraser Institute, el Investment Attractiveness Index y el EY Top 10 Business Risks Facing Mining and Metals), o directas (a través de la participación en negociaciones reales de nuevos códigos mineros en las que la Cámara de Minas, las empresas, las IFI y las embajadas pueden desempeñar un papel mucho más destacado que la sociedad civil o las organizaciones de mineros artesanales). El resultado de esta influencia empresarial es la perpetuación de marcos regulatorios fiscales muy atractivos que privan a los estados de importantes fuentes de ingresos. Entre las medidas concretas se incluyen las exenciones fiscales discrecionales y no esenciales; el incumplimiento de cláusulas que reducen el periodo de estabilidad establecido en el código minero más reciente; la negociación por parte de las empresas de regímenes fiscales específicos definidos por acuerdos bilaterales para empresas mineras concretas, en lugar de someterse al régimen fiscal que regula todas las actividades mineras.
• La influencia de actores privados externos está presente no solo en la formulación de nuevos marcos regulatorios, sino también a la hora de asegurar que sus actividades queden exentas de ciertos aspectos en la implementación de los marcos.
• En ocasiones, se da prioridad a los contratos mineros sobre los marcos reguladores nacionales.
• Pueden surgir problemas de trazabilidad inadecuada, problemas de acceso a la información y, más en general, problemas de transparencia en la gestión de los ingresos mineros a escala nacional.

Nuestra investigación buscaba documentar dichas presiones y la capacidad de influencia, pero también proponer medidas para contrarrestarlas. A un nivel más analítico, nuestro enfoque intenta comprender la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia y, por tanto, de la aparición de los cambios en la distribución de las relaciones estructurales de poder, centrándose en la reproducción de los modos de gobernanza. Esto nos lleva a conclusiones que difieren en ocasiones de las de los estudiosos que identifican y se centran en un núcleo inmutable de acuerdos institucionales extractivistas y, en consecuencia, subrayan la permanencia de las instituciones de gobernanza.

NV: La IE tiene un largo historial de violencia, represión y criminalización, que se está convirtiendo en una tendencia mundial. ¿Cómo valora la relación entre la IE y los derechos humanos? ¿Está tendencia crece y se afianza a medida que crece el extractivismo? ¿O podemos identificar señales o formas que contrarrestan esta tendencia?

BC: Esta pregunta es clave y plantea varias dimensiones. La criminalización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en el sector extractivo va claramente en aumento.¹⁴ En el centro de esta tendencia se encuentran temas de transparencia, información, rendición de cuentas y sobre todo ello, relaciones de poder asimétricas. Con el fin de ganar legitimidad y “licencia social” para operar, las compañías extractivas se han embarcado durante años en una amplia gama en constante evolución de medidas voluntarias de RSC. Como es cada vez más reconocido, esas medidas son totalmente inadecuadas ya que no cuestionan el modelo extractivo que está en el origen de los problemas de legitimidad que encaran las compañías. Debido a las presiones de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los países afectados, o de los países de origen de las empresas y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, se han producido algunos avances para incorporar medidas legislativas que garanticen la rendición de cuentas. Por ejemplo, varios países de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega) están adoptando leyes para hacer obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la Unión Europea está desarrollando una legislación similar. Dado que la mayoría de estas leyes exigen que las empresas actúen con cautela para prevenir daños ambientales, generalmente se las conoce como leyes obligatorias de derechos humanos y debida diligencia ambiental. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, a pesar de varias décadas de esfuerzos, se ha progresado poco para lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de su responsabilidad de obligar a las empresas a que rindan cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones relativas al medio ambiente a pesar del hecho de que estas empresas se benefician de marcos fiscales y regulatorios muy favorables y, en ocasiones, de importantes cantidades de financiación pública. La razón de este impasse es claramente el puro poder político que tiene el sector sobre el aparato de toma de decisiones del país. Entre otros ejemplos de esta observación está la capacidad de las dos grandes asociaciones mineras canadienses de movilizar a los grupos de presión para influir en los votos de los parlamentarios. Por poner solo un ejemplo, cuando se intentó fortalecer los poderes de la propuesta Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE), según la Oficina del Comisionado de Lobby de Canadá, durante el período crítico de toma de decisiones (enero de 2018 a abril de 2019), las dos asociaciones mineras de Canadá se comunicaron 530 veces con quienes debían tomar las decisiones y funcionarios políticos de alto rango para influirlos sobre este tema. En consecuencia, a pesar de las múltiples formas de apoyo público que ofrece a las empresas del sector extractivo, Canadá todavía no cuenta con mecanismos para responsabilizar a las empresas registradas en Canadá por las implicaciones para los derechos humanos y las consecuencias ambientales de sus actividades en el extranjero.

Por ello, y en vista de la frecuente ausencia de posibilidad de obtener reparación de las instituciones en su propio país, aunque es un proceso largo y muy costoso, una vía emergente es buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa implicada. Este proceso, conocido como litigio transnacional, tiene el potencial de transformar las implicaciones de las políticas de RSC, introduciendo una responsabilidad real en lo que en el pasado ha sido esencialmente un ejercicio retórico. En el caso de Canadá, por ejemplo, los litigios transnacionales han introducido una interpretación distinta del deber de diligencia de la empresa matriz en la jurisprudencia, creando un contexto propicio para los demandantes.¹⁵ En un caso llevado ante los tribunales canadienses, Choc v. Hudbay, personal de seguridad presuntamente disparó contra aldeanos maya-q’eqchi’ mientras protestaban contra el proyecto minero Hudbay en Guatemala. Un maestro de escuela y activista maya-q’eqchi’ fueron asesinados y muchas mujeres maya-q’eqchi’ fueron violadas. La moción de la empresa para desestimar las reclamaciones se basó en que una empresa matriz no tiene el deber de diligencia hacia aquellos perjudicados por las acciones de su filial. Sin embargo, el tribunal canadiense −el Tribunal Superior de Justicia de Ontario− determinó que la empresa Hudbay Minerals había establecido una relación de proximidad entre ambas partes al comprometerse públicamente con la RSC en Guatemala y adoptar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, por lo que desestimó la moción de la empresa. La petición inicial se presentó en Canadá en 2010 y el caso aún está en curso.

A falta de otras vías para buscar reparación, el litigio civil transnacional es una opción destacada. Sin embargo, presenta serios problemas, por ejemplo, en relación con su accesibilidad para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su impacto en la jurisdicción de los países anfitriones y el tiempo y costo de dicho proceso para buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa.¹⁶ Donde aún no existe, lo que se necesita urgentemente es la introducción de obligaciones legisladas en los países de origen que establezcan que las empresas podrían enfrentar responsabilidad si contribuyen de alguna manera a violaciones de derechos humanos en el extranjero. La legislación inspirada en este modelo impondría amplias obligaciones de debida diligencia a las empresas constituidas en Canadá o que realicen negocios en Canadá. Es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen de la empresa. Iría de la mano de los numerosos esfuerzos de las comunidades afectadas para buscar reparación de violaciones de derechos humanos o poner fin a proyectos que son destructivos para el medio ambiente. Cabe subrayar que las iniciativas en este sentido son numerosas y en ocasiones exitosas, como en el caso de los ciudadanos ecuatorianos que votaron a favor de detener el desarrollo de todos los nuevos pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en el Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.¹⁷ En el mismo país, en agosto de 2023, habitantes de Quito fueron convocados a participar en un referéndum sobre la prohibición de la minería a cualquier escala en los bosques del Chocó. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 68% de los electores expresó su apoyo a la prohibición, mientras que solo el 31% estuvo a favor de permitir la minería. La prohibición de la minería se aplicará a las 124.000 hectáreas de la Comunidad Andina del Choco, compuesta por las localidades rurales de Calacali, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.¹⁸ Estos resultados merecen especial atención porque revelan el deseo de los ciudadanos, cuando en realidad son consultados, de un modelo de desarrollo diferente, basado en alternativas de vida más sostenibles.

Nuria del Viso es editora de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y miembro de FUHEM Ecosocial.

NOTAS:

1 Más información en Lynda Hubert Ta y Bonnie Campbell, «Environmental protection in Madagascar: Biodiversity offsetting in the mining sector as a corporate social responsibility strategy» (2023), The Extractive Industries and Society. 15, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101305

2 Véase Banco Mundial, Strategy for African Mining, Documento Técnico del Banco Mundial núm. 181, Africa Technical Department Series, Unidad de Minería, División de Industria y Energía, Banco Mundial, Washington, DC, 1992.

3 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Minerals and Africa’s Development, The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes», UNECA, 2011.

4 Bonnie Campbell y Pascale Hatcher, «Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, pp. 642-653, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301989

5 Véase, por ejemplo, The «Canada Brand» Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal Studies Research Paper núm. 17/2017, disponible en: https://papers.ssrn.com/s ol3/papers.cfm?abstract_id=2886584 ; y también Isabel Orellana et al., «Une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l’extractivisme dans une perspective critique d’éducation relative à l’environnement», Éducation relative à l’environnement, Open Editions Journal, vol. 17-2, 2022, disponible en: https://journals.openedition.org/ere/9315

6 Véase, por ejemplo, «Mines: Des installations et des gros engins de la société True Gold incendiés par les populations», Le Faso.net, 15 de enero de 2015, disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article62789

7 Disponible en: https://lequotidien.sn/marche-pacifique-a-niokolo-mako-les-populations-exigent-de-pmc-a-respecter-sa-rse/

8 David Szablowski y Bonnie Campbell (eds.), «Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479

9 Elisa Aron, Anthony Bebbington y Juan Luis Dammert, «NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, pp. 665-674, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301771

10 Ibidem.

11 Daniel Huizenga, «Governing territory in conditions of legal pluralism: Living law and free, prior, and informed consent (FPIC) in Xolobeni, South Africa», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301102

12 David Szablowski, «Legal enclosure’ and resource extraction: Territorial transformation through the enclosure of local and indigenous law», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18302806

13 Campbell y Hatcher, 2019, op. cit.

14 Véase Moira Birss, Criminalizing Environmental Activism, Informe de NACLA sobre las Américas, vol. 49, núm. 3, 2017, pp. 315-322, disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958

15 Véase el artículo de próxima aparición:  E.R. Grégoire et al., «Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues», Revue québécoise de droit international, en prensa.

16 Ibidem.

^[17] Véase Dan Collyns, «Ecuadorians vote to halt oil drilling in biodiverse Amazonian national park», The Guardian, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/21/ecuador-votes-to-halt-oil-drilling-in-amazonian-biodiversity-hotspot

^[18] «Ecuadorians vote against mining in Choco Andino», Telesur, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorians-Vote-Against-Mining-in-Choco-Andino-20230821-0015.html

Descarga el texto completo en formato pdf: Entrevista a Bonnie Campbell

La investigación médica estima que nueve millones de muertes están relacionadas con la contaminación cada año. En ese sentido, hablar de “exposoma” permite identificar y tener en cuenta ese mapa complejo de los efectos interactivos en nuestra salud no solo de factores ambientales como las sustancias químicas presentes en el aire, el agua y los alimentos, sino también de todo los factores sociales y personales como la respuesta individual de nuestro cuerpo al entorno en el que está inmerso.

FUHEM Ecosocial entrevista a Nicolás Olea, Catedrático/Facultativo Especialista de la Facultad de Medicina/Hospital Clínico S. Cecilio Universidad de Granada y socio fundador del think tank para la transición alimentaria Alimentta, sobre “EXPOSOMA”: el impacto de un ambiente tóxico sobre nuestra salud por vía alimentaria, con el objetivo de analizar y reflexionar sobre los efectos negativos de la exposición a los pesticidas y otras sustancias tóxicas por vía alimentaria para la salud de las personas, perfectamente conscientes de que existen otras dimensiones e impactos a tener en cuenta, también sobre la salud del medio natural.

En un estudio del 2021 la Agencia AESAN alertaba de que 46 plaguicidas no autorizados por la UE seguían presentes en los alimentos, como consecuencia de autorizaciones excepcionales para su uso, porque son contaminantes persistentes o porque se hace un uso ilegal de los mimos. Además, sabemos, por el mismo estudio, que el 43% de las muestras de frutas y verduras y el 40% del conjunto de alimentos contienen residuos de plaguicidas, es decir, restos de insecticidas, herbicidas o fungicidas. Esto quiere decir que en los alimentos se han detectado 125 tipos de plaguicidas diferentes, aunque “sólo” el 2,5% de las muestras supera los límites legales permitidos por la normativa.

Las preguntas surgen espontáneas: si existe legislación en materia, ¿Qué hacen esas sustancias en nuestros alimentos? Si miramos los biomarcadores, ¿Cuántos de estas sustancias volvemos a encontrar? ¿Cuánto de peligroso es el efecto sumatorio debido a tanta exposición? Estas y muchas otras preguntas son las que Nicolás Olea intenta responder en esta entrevista.

Consideramos que de cara a los nuevos retos y expedientes que se abren en Europa con el objetivo de definir y perfilar una ley de sistemas alimentarios sostenibles, una nueva normativa comunitaria sobre plaguicidas, la desregulación en materia de nuevos OGM y las dudas que plantea, contar con la opinión y reflexión informada de uno de los mayores expertos con una larga trayectoria académica a nivel internacional, puede resultar de gran ayuda si queremos ampliar el conocimiento y la conciencia de las repercusiones problemáticas de comer alimentos contaminados y estar expuestos de manera permanente a sustancias toxicas.

A continuación ofrecemos el video de la entrevista completa.

Para profundizar sobre la temática recomendamos:

Recursos publicados por FUHEM ECOSOCIAL:

I Informe sobre la calidad de vida en España, FUHEM Ecosocial, Madrid, 2023.

La Alimentación en disputa, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 139, otoño 2017, disponible en:

¿Jugando a aprendices de brujo con la comida? Luces y sombras de la polémica sobre transgénicos y arroz dorado. Entrevista a Tiziano Gomiero,  FUHEM Ecosocial, 2017.

V Diálogo Ecosocial: ¿Comer es un acto peligroso?, FUHEM Ecosocial, 2015.

Publicaciones de Nicolás  N. Olea:

Publicaciones recopiladas en Pubmed de la National Library of Medicine.

Nicolás Olea Serrano, “Libérate de tóxicos. Guía para evitar los disruptores endocrinos”, RBA, 2019, 416 p.

Otros:

Proyecto Europeo HBM4EU.

Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission Summary Report on healthy diets from sustainable food systems:

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

La entrevista, en torno a los temas planteados por Juan Manuel Vera en su libro Contra las oligarquías, repasa el actual contexto de desposesión de numerosos resortes democráticos debido al poder de las élites y las oligarquías, para detenerse en los impactos de la COVID-19 sobre el cuerpo social. Vera examina las posibilidades de los movimientos sociales para revertir la situación de múltiples malestares.

En un contexto de élites saludables y hercúleas oligarquías reflexionar sobre los valores de la democracia libertaria y antioligárquica en el presente, sin renunciar a sus raíces históricas, es una necesidad inaplazable. A esta tarea dedica Juan Manuel Vera su ensayo Contra las oligarquías, que examina el papel de los movimientos sociales en la transformación de este presente. Juan Manuel Vera, economista especializado en la lucha contra el fraude fiscal, ha publicado numerosos textos sobre temas históricos, políticos, tributarios y sociales y es uno de los máximos divulgadores en España del pensamiento de Cornelius Castoriadis. En esta entrevista conversamos sobre los problemas que han motivado su libro y sobre los elementos que han confluido para alimentar los distintos malestares contemporáneos.

Nuria del Viso (NV): Acabas de publicar Contra las oligarquías. Ensayos sobre la memoria socialista y democracia libertaria. ¿Qué persigues con este libro?

Juan Manuel Vera (JMV): Este libro es una reflexión sobre lo que me parece una notable paradoja del mundo contemporáneo. Vivimos una época en la que el dominio del capitalismo neoliberal aparece como absoluto y, sin embargo, muestra permanentemente su notoria incapacidad para cumplir las expectativas sociales que genera. De hecho, en las décadas transcurridas del siglo XXI se han manifestado abiertamente los flujos sociales que se resisten a esa dominación. Pero no aparece una alternativa política y social visible.

La paradoja consiste en que la fuerza del sistema presenta debilidades potencialmente explosivas y, a la vez, la debilidad de quienes se resisten al mismo está llena de potenciales de reconstrucción social. Los ensayos incluidos en el libro oscilan entre ambos niveles de análisis.

La aparente ausencia de alternativa al orden neoliberal es la razón por la que la primera parte del libro tiene un enfoque histórico. Aunque las reflexiones contenidas en Contra las oligarquías se orientan al presente me ha parecido oportuno prestar atención a las raíces históricas y sociales de la decadencia de las tradiciones de la izquierda. Pero siempre teniendo muy presente, como decía la Reina en Alicia detrás del espejo, que «es una triste clase de memoria aquella que solamente funciona hacia atrás».

Me gustaría desarrollar un poco esta elección. En la primera parte del libro se explica que la izquierda se había construido en la segunda mitad del siglo XIX como expresión política y parte de un movimiento de los de abajo, un amplio movimiento social con metas de libertad política y de igualdad social. La izquierda del siglo XX dejó de beber de esa fuente social para construir organizaciones plenamente estatalistas, ya fueran adaptadas a las estructuras capitalistas o empeñadas en construir un poder burocrático supuestamente socialista. La izquierda del siglo XX estaba obsesionada por el poder estatal. Frente a las ideas originarias libertarias-democráticas-socialistas se hicieron muy presentes las experiencias autoritarias-totalitarias-estatalistas. Esa mirada histórica hace inevitable preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de izquierda. El culto a los líderes, el instinto oligárquico y una gran desconfianza por la autoorganización de la sociedad han sido algunos de sus elementos constitutivos.

Por otra parte, la izquierda política ha dejado de ser la referencia de un movimiento por la igualdad social. El igualitarismo ya no encuentra en el eje izquierda/derecha una formulación adecuada. El programa igualitario necesita reconstruirse sobre unas bases sustancialmente distintas de las que lo sostuvieron en el pasado, cuando la fe en la estatalización de la propiedad creció al mismo tiempo que la influencia del marxismo.

Finalmente, otro factor de la decadencia de la izquierda tiene carácter civilizatorio: es el declive de todas las visiones fundamentadas en un crecimiento constante de las fuerzas productivas, en el crecimiento económico ilimitado, en la fe en el progreso y en la creencia en la neutralidad de las tecnologías.

La izquierda sigue atrapada en viejas fórmulas que no abren los ojos, sino que los cierran. Puede seguir alimentándose de las melancolías sobre el mundo sencillo de la Guerra Fría o en un antiamericanismo primario. O en el caso de la socialdemocracia, conciliar su participación en el consenso neoliberal con la melancolía sobre la leyenda feliz del Estado de bienestar. Nada de ello ayudara a construir un proyecto que merezca la pena.

La segunda parte del libro se centra en las cuestiones relacionadas con la democracia y la necesidad de un impulso antioligárquico. Mi reflexión pone su foco en todo aquello que se opone al dominio de las oligarquías, desarrollando procesos colectivos que buscan la igualdad social, la democratización y la autogestión social. Defender esas ideas es la pretensión fundamental de Contra las oligarquías.

NV: Desde la crisis de 2008, los recortes de 2011, la pandemia y ahora la subida acelerada de los precios de la energía, amplios sectores de la ciudadanía española vienen encadenando estrecheces y sumando malestares en un clima de desigualdades e injusticias que se amplían mientras observan cómo las oligarquías nuevas y viejas obtienen beneficios récord y se embolsan “dinero caído del cielo”. ¿Cuáles son los principales efectos de esta situación?

JMV: Cada episodio de los últimos años, como los que mencionas, ha supuesto un instrumento en manos de las élites en su intento de atenazar más a la población tanto en España como en el resto del mundo. Ya sea la crisis de 2008 y las políticas de austeridad, los efectos de la pandemia o el repunte de la inflación por la situación generada por los cuellos de botella en China y la invasión de Ucrania. El mundo neoliberal ha seguido plenamente su curso, con sus valores insolidarios y sus poderosas imágenes individualistas y economicistas, utilizando las circunstancias para seguir profundizando en sus políticas.

En cuanto a la pandemia, ha mostrado algo más. La incapacidad del mundo neoliberal para poner en primer plano la defensa de la salud y las condiciones de vida añade una nueva confirmación de una crisis civilizatoria que se profundiza, mientras las élites se atrincheran en una primacía de los valores mercantiles que no solo genera desigualdad, sino que pone en riesgo las condiciones de vida de la mayoría de los seres humanos. De esta pandemia no salimos con un mundo mejor; se ha convertida en una experiencia más del mundo neoliberal generando más desigualdad, más precariedad, más insolidaridad.

A mí me parece que la desigualdad es la enfermedad del siglo XXI. Desde aproximadamente 1980, la desigualdad de ingresos se ha incrementado rápidamente en Norteamérica, China, India y Rusia. También ha crecido significativamente, aunque sea más moderadamente, en Europa. Las estimaciones sobre el crecimiento de la desigualdad mundial desde 1980 y de su distribución entre la totalidad de la población revelan que el 1% de mayores ingresos a escala global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre.

El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza constituye una de las principales consecuencias del éxito de las trasformaciones neoliberales de las últimas décadas. Las políticas tributarias en favor de los más ricos es uno de los ejes olvidados de esa regresión social. El capitalismo neoliberal aparece como desregulado y desregulador, pero en realidad es un regulador de nuevo tipo, mercantilizador y desfiscalizador en beneficio de los grupos privilegiados.

El desmantelamiento parcial de las políticas sociales en los países occidentales ha permitido que se desplieguen los peores efectos de un capitalismo sin control. Sabemos desde hace mucho tiempo que el capitalismo solo cambió y se hizo más soportable durante algunas etapas de su historia, al menos en los países occidentales, como reacción a las luchas que, en nombre de la libertad y la democracia, de los derechos de los trabajadores y de los derechos sociales, le hicieron frente y le obligaron a adaptarse si quería sobrevivir.

El éxito de la ofensiva de las ideas liberistas ha representado un sistemático proyecto socialmente reaccionario, cuyos efectos prácticos han socavado fuertemente, en Europa y en el resto del mundo, algunos de los aspectos más importantes de la ciudadanía social. El nuevo espíritu del capitalismo, por mencionar la obra de Luc Boltanski y Ève Chiapello, ha vinculado su reorganización y expansión con la degradación de la situación social de la mayoría de la población.

El neoliberalismo ha destruido gran parte de la legitimidad del viejo sistema sin aportar realmente una legitimación alternativa. La expansión de comportamientos que trasladan en todos los ámbitos reglas basadas en la competencia individual y la gestión empresarial, hasta constituir una lógica social y una subjetividad propia, apunta a una nueva e inestable creación histórica del capitalismo. El deterioro de la ciudadanía social ha facilitado a las élites económicas reforzar su grado de control e influencia sobre los gobiernos y las agendas públicas. Esa posición reforzada ha sido utilizada, además, para obstruir el desarrollo de las instituciones supranacionales imprescindibles para someter a control el nuevo impulso tecnoeconómico.

La precarización ha producido una crisis de la ciudadanía que nos encamina a una sociedad del malestar

Este poder social no está determinado por ciegas fuerzas anónimas. El mundo global está gobernado por oligarquías políticas y económicas profundamente entrelazadas. El capitalismo neoliberal sigue fomentando el consumismo, pero también la precarización de las relaciones laborales y el deterioro de la protección social y de los servicios públicos. Todo ello ha producido una crisis de la ciudadanía que nos encamina a una sociedad del malestar, cada vez más ajena al proyecto de una sociedad democrática.

NV: Nos hallamos ante una profunda crisis civilizatoria que cruza todos los ámbitos. Valores como el de progreso, uno de los puntales civilizatorios de los últimos tres siglos, hace aguas, pero las oligarquías están dispuestas a seguir adelante cambiando mínimamente las reglas del juego. En tu libro mencionas la oligarquización de la política y el ascenso de sentidos fuertes y heterónomos (religión, nacionalismo, racismo…) ¿Puedes comentar sobre estos y otros posibles impactos? Por ejemplo, el uso de la tecnología a favor de las élites y las oligarquías.

JMV: En las últimas décadas el riesgo de colapso ecosocial se ha hecho una realidad. Como dijo en alguna ocasión Castoriadis, la humanidad se encuentra en un callejón sin salida, cortando afanosamente la rama del árbol en el que está sentada.

La crisis de civilización en que estamos inmersos afecta inevitablemente al conjunto de ideologías y concepciones imaginarias. Hay que tener presente que el capitalismo supuso el nacimiento de una nueva y muy poderosa significación imaginaria social: el “dominio” económico seudo racional, que implica que las principales finalidades humanas sean el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo. Ese sueño del crecimiento económico ilimitado ha supuesto el centro de las concepciones sociales imaginarias del mundo capitalista en que vivimos. Y ello ha sido así tanto en la concepción burguesa del mundo como en gran parte de las concepciones supuestamente alternativas. No podemos olvidar que en la visión marxista el gran objetivo era el desarrollo de las fuerzas productivas, hasta el punto de que la necesidad del socialismo se hacía derivar de que el capitalismo suponía un freno a su desarrollo.

Mencionas la cuestión del uso de las tecnologías en favor de las élites. El problema es que las tecnologías no son neutrales, su propia naturaleza es consustancial a la organización económicosocial. La supuesta neutralidad de las tecnologías es otro de los elementos ideológicos más persistentes tanto del liberalismo económico como de Marx. Los socialistas pensaban que bastaría sustituir la forma de propiedad para que las tecnologías se volvieran virtuosas. Hoy sabemos que eso no es así, ni nunca ha sido así. No son los seres humanos los que deberían adaptarse a las tecnologías sino estas a nuestras necesidades y objetivos. Pero eso supone una transformación radical de la sociedad en que vivimos.

La lógica del capitalismo realmente existente es una lógica sin proyecto, tanto en los países y entre las clases privilegiadas, como en el resto. Una huida hacia adelante de una civilización que no está dispuesta a pensar a fondo sobre sí misma y en hacia dónde va, y que ya se enfrenta a los límites materiales de la sostenibilidad del sistema. Los peligros propios de nuestro tiempo siguen procediendo, pues, de ese imaginario extraordinariamente activo y destructivo, el imaginario capitalista. La cuestión central es que la ilusión del progreso, aunque esté en crisis, no tiene alternativa en el marco del capitalismo. La significación imaginaria central del capitalismo se está desmoronando sin que aparezca una nueva. Esa crisis genera un gran vacío. La ausencia de auténticas significaciones o representaciones colectivas creativas afecta a todo el sistema-mundo. Ese es el marco estricto en donde deben comprenderse fenómenos como el ascenso de nuevas formas de heteronomía que, en muchos casos retoman o actualizan viejos monstruos, desde los integrismos religiosos a los nuevos populismos de derecha.

La capacidad de crear simulacros de sentido por las sociedades capitalistas avanzadas creció sobre la base del consumo de masas y la universalización del ocio como vida ilusoria. Pero a esos simulacros de sentido cada vez les resulta más difícil enfrentarse a la emergencia de identidades y sentidos fuertes, radicalmente heterónomos, que dan a la gente algo en qué creer.

NV: El maridaje capitalismo/democracia representativa, que funcionó desde la Segunda Guerra Mundial, toca a su fin. Pero si la democracia se encuentra en crisis y en fase de “destitución” es en buena parte por las malas prácticas de las propias oligarquías… ¿Cómo salimos de esta encrucijada sin llevarnos por delante lo bueno que ha podido haber en el modelo de las democracias liberales?

JMV: Para empezar, debemos ser conscientes de que uno de los rasgos más negativos de nuestras democracias electorales es la facilidad con que las élites políticas y económicas y los grupos oligárquicos consiguen el control y la determinación de las agendas públicas y sus decisiones. En esas condiciones la participación ciudadana se limita al mero ejercicio periódico de un voto electoral.

La dominación por las élites y las oligarquías es un problema que ha acompañado siempre al desarrollo de la democracia ya desde la antigua Grecia. La compleja arquitectura política que diseñaron los demócratas griegos se debía a que temían la capacidad de las oligarquías de manipular en su favor las instituciones democráticas. Por ello se dotaron de un conjunto de instituciones elegidas por sorteo para evitar las tendencias aristocráticas de las asambleas y, salvo el puesto de estratego y aquellos cargos que requerían una específica cualificación técnica, entendían que debían designarse por sorteo.

La construcción de las democracias liberales no ha sido capaz de establecer un conjunto mínimamente eficaz de dispositivos antioligárquicos. La separación de poderes, que es una importante garantía de los derechos de los ciudadanos, no sirve para evitar el excesivo poder de presión que las minorías privilegiadas, las élites y grupos oligárquicos ejercen sobre las instituciones.

El riesgo que en el siglo XXI corren las democracias es muy grande. El populismo de las nuevas derechas es un factor que no es ajeno al peso determinante de las oligarquías políticas, sociales y económicas sobre las instituciones nacionales y supranacionales. Debería servirnos de aviso la trágica experiencia de los años treinta del siglo pasado, con el derrumbe de las democracias continentales europeas, sometidas a la impotencia de sus instituciones y constituciones frente a los fascismos y al giro autoritario de las oligarquías económicas.

El imaginario democrático solo es activo cuando se desarrolla. Defender la democracia exige una profundización en todos sus ámbitos: locales, regionales, nacionales y supranacionales. Avanzar en un sentido que llamo democrático libertario que, tal y como lo entiendo, supone introducir en la actual democracia electoral contrapesos perdidos de la democracia representativa y, sobre todo, asignar protagonismo a nuevas formas de participación directa y al uso de mecanismos antioligárquicos. Indudablemente, una evolución democrático libertaria de los sistemas democrático electorales los haría más complejos, es decir, mejor adaptados a la propia complejidad de la sociedad contemporánea.

Me parece que la posibilidad de una radicalización y regeneración democrática pasa por cuatro ejes fundamentales:

1. Introducción de dispositivos antioligárquicos. Ahí la democracia griega sigue siendo una fuente de inspiración, no tanto en los mecanismos concretos, como en el objetivo esencial que se plantearon de limitar el poder de las élites.
2. Activación de la participación directa de la ciudadanía. Los mecanismos posibles son múltiples, desde la creación de órganos deliberativos preparatorios elegidos por sorteo, a formas de democracia directa virtual sobre determinadas decisiones en algunos ámbitos. Significaría una transformación importante de los actuales sistemas pues limitaría la endogamia de las élites burocráticas impidiendo adoptar decisiones relevantes sin un debate y voto ciudadano. Sobre todo, podría ser un modelo capaz de desarrollar una ciudadanía responsable, informada y activa.
3. Desarrollo de las perspectivas de autogestión social. La vieja cuestión de la democracia industrial y de la autogestión puede resucitar bajo nuevas formas. Ahora que muchas organizaciones aspiran a ser redes y pueden entenderse como redes, el problema de la distribución del poder en su seno debería resurgir. Reducir la democratización exclusivamente a las macroinstituciones es renunciar a la humanización de las organizaciones donde trabajamos y actuamos.
4. Reconstrucción del vínculo entre democracia e igualitarismo. La democracia política solo puede ser ejercitada adecuadamente por personas que se encuentran en un estado de ciudadanía. Para ello el ciudadano político debe ser al mismo tiempo un ciudadano social. Personas más libres y menos vulnerables que tienen asegurado no solo el derecho a la educación y a la sanidad, sino también una subsistencia vital y cultural.

Ningún procedimiento político es intrínsecamente emancipatorio. Los dispositivos deseables son aquellos capaces de responder a los elementos de degradación y corrupción que, siempre en beneficio de las minorías dominantes, aparecen en todos los sistemas de organización política. La necesidad de una transformación de las democracias no es una discusión sobre si los procedimientos electorales deben ser más proporcionales o mayoritarios, o sobre las virtudes y vicios del presidencialismo respecto al parlamentarismo. La cuestión decisiva es otra: la necesidad de una nueva relación entre ciudadanos e instituciones, así como evitar que los poderes económicos sigan dominando las decisiones políticas.

Es necesaria una nueva relación entre ciudadanos e instituciones, y evitar que los poderes económicos sigan dominando las decisiones políticas

NV: Hacia el final de su vida Castoriadis, a quien ya has mencionado, reflexionó sobre el ascenso de la insignificancia en la sociedad. ¿En qué medida ves signos de esta tendencia en la actual sociedad española? ¿Cómo se relaciona con el vaciamiento del espacio público y la falta de protagonismo de la ciudadanía? ¿Qué papel desempeñan las redes sociales?

JMV: Creo que la primera vez que Castoriadis habló explícitamente de ascenso de la insignificancia fue en una entrevista de 1993. En los últimos años de su vida –falleció en 1997– reflexionó sobre ello en el contexto de lo que describe como una sociedad a la deriva o una época de conformismo generalizado vinculado a un triunfo del imaginario capitalista en sus más crudas y groseras formas. Pero esa reflexión se relaciona con una tendencia general que analizó en 1960-1961 en el texto «El movimiento revolucionario bajo el capitalismo moderno», que se expresaría en la creciente privatización e individualismo de las sociedades occidentales y la degradación del espacio público.

Estas consideraciones conducen a la interrogación sobre el grado de decadencia de una parte de los valores de Occidente, los relacionados con la libertad y la igualdad, e incluso sobre la posibilidad de una crisis antropológica que obstruya la propia capacidad de autorreproducción del sistema. El concepto de insignificancia también advierte sobre el riesgo de un proceso de destitución en la actual democracia electoral, el contradictorio régimen de compromiso entre las oligarquías liberales y las mayorías sociales. Todo eso conllevaría una creciente autodestrucción de cualquier cohesión social. Castoriadis parecía tener en mente uno de los posibles rostros de la barbarie: una sociedad que se desgarra internamente sin ser capaz de crear nada. Por ejemplo, la evolución de las redes sociales en la última década parece ejemplificar ese desgarro que no produce algo nuevo, esa habla que no escucha, esa rabia que no expresa ni construye, ese individualismo que no permite construir colectividad.

El pensamiento de Castoriadis es sustancialmente antielitista y, por tanto, esas valoraciones de tono pesimista sobre el devenir de la sociedad occidental son un aviso premonitorio del peligro de degradación que genera la falta de protagonismo de la ciudadanía. Por ello, la cuestión de la destitución y de la insignificancia debe ser evaluada cuidadosamente mediante su contrapeso, la creatividad que en las últimas décadas han mostrado algunos movimientos ciudadanos por todos los rincones del planeta.

Indudablemente la crisis de las democracias electorales se manifiesta en el creciente desapego de la gente respecto a los partidos que supuestamente les representarían. Ese desapego en un hecho que en sí mismo no tiene un sentido unívoco, puede ser la base tanto del auge de la derecha populista como de la emergencia de un proyecto democrático orientado a transformar sustantivamente nuestras instituciones.

En cuanto a la sociedad española, observo los mismos rasgos esenciales que en el resto de sociedades occidentales en cuanto a la crisis de las significaciones imaginarias sociales. Evidentemente, como en cualquier otro país, hay rasgos singulares. Por ejemplo, es relevante que tanto España como Portugal hayan sido receptores tardíos del desarrollo de la ciudadanía social propia del Estado de bienestar. Ello ha permitido una fortaleza algo mayor de la vieja izquierda y de los aparatos de la socialdemocracia. Por otra parte, la mayor singularidad española de las últimas décadas me parece que está representada por un movimiento como el 15M, cuyo aparición y desarrollo reveló la profundidad del descontento social con el sistema de poder y de representación. La incapacidad del régimen para una regeneración democrática añade dramatismo a nuestra actual situación.

NV: Actualmente conviven alrededor del mundo varias tendencias sociales: un cierto nihilismo con un aumento de la protesta. ¿Hasta qué punto se trata de corrientes paralelas y sin cruces? ¿Existen puntos de encuentro entre las dos tendencias?

JMV: Los grandes acontecimientos sociales nunca son puros, ya que expresan procesos de lucha y de creación anónima que reflejan el conflicto de imaginarios sociales existentes en un tiempo dado.

La última década ha sido pródiga en acontecimientos. Parece que fue hace mucho, pero en 2011 tuvo lugar el 15M en las plazas españolas. Y las movilizaciones en las plazas europeas y americanas, y en muchos otros lugares. O las primaveras árabes, que no gozaron en Occidente del apoyo que debían haber tenido en su lucha contra las dictaduras y el fundamentalismo islámico. Y el comienzo de la tragedia de la guerra civil siria. O la lucha kurda por instituciones autogestionadas socialmente y los derechos de las mujeres.

La aparición y desarrollo del 15M reveló la profundidad del descontento social con el sistema el poder y de representación

Merece la pena recordar algunas de las luchas sociales del período 2018-2019, antes de la pandemia. Una mera enumeración no exhaustiva de algunos de esos acontecimientos es impactante. Empecemos por el movimiento histórico de las mujeres que recorrió gran parte del mundo y que ahora es objeto del ataque de todos los proyectos reaccionarios del mundo contra el derecho al aborto.

Recordemos que en Hong Kong se desarrolló el movimiento democrático más potente que ha conocido el continente asiático… En Irak, un gran movimiento popular… En el continente africano, en Argelia y Sudán, movilizaciones históricas masivas para conquistar derechos y libertades… En Nicaragua, una rebelión popular ahogada en sangre en 2018. En Puerto Rico, una inmensa protesta supuso un terremoto político que abrió en Latinoamérica el camino a poderosas movilizaciones populares en Haití, Ecuador. En Chile el movimiento popular fue lo suficientemente fuerte para imponer un proceso constituyente… A pesar de la pandemia, en 2020, un intenso movimiento popular se desarrolló en Colombia y se produjo un gran movimiento democrático en Bielorrusia contra la dictadura de Lukashenko. En enero de 2022, un movimiento social de protesta fue reprimido sangrientamente por el gobierno kazajo con el apoyo del ejército de Putin.

Todos esos acontecimientos tienen un componente antioligárquico muy visible, pero son procesos complejos, necesitados de análisis singulares, con efectos probablemente distintos en el corto y en el largo plazo. No son agregables mecánicamente y están abiertos a consecuencias directas e indirectas muy heterogéneas.

Entender y aprender de las luchas sociales que expresan el magma social, que se desarrollan simultáneamente a todas las tendencias regresivas de las que hemos hablado, debería ser una prioridad para quienes pensamos en un mundo mejor. Ello exige una mirada limpia de anteojeras ideológicas y de los prejuicios de la izquierda.

NV: En este presente de oligarquías fortalecidas, ¿qué alternativas se pueden esperar? ¿Cómo las iniciativas emancipadoras pueden abrirse camino y sembrar cambios verdaderos?

JMV: En la actual crisis civilizatoria nadie nos salvará. No hay salvadores. Solo desde una sociedad organizada y movilizada se podrán afrontar esos retos. No debemos olvidar que los grandes movimientos emancipatorios y libertarios del pasado fueron siempre híbridos y no hay ningún motivo para pensar que no vaya a ser así en el futuro. Por tanto, un nuevo momento emancipatorio, como movimiento social de creación de nuevas institucionalidades, solo excepcionalmente puede surgir de un impulso único desde abajo, mientras que la regla general sería su aparición como eclosión de los instrumentos heterogéneos desarrollados en el conjunto de la sociedad y en sus distintos ámbitos de participación y de lucha.

En la actual crisis civilizatoria nadie nos salvará. Solo desde una sociedad organizada y movilizada se podrán afrontar esos retos

Tal y como la entiendo, una política de la autonomía no es ajena a un pragmatismo radical, estableciendo y privilegiando los enganches entre las luchas del presente y el tipo de sociedad futura que se desea; lo cual, en cada momento, significa reconocer los movimientos sociales que impulsan la lucha por nuevos derechos y libertades (y la defensa de los existentes) e incorporan la pretensión de la participación más amplia posible de la ciudadanía.

El avance en el sentido de una democracia libertaria (y, por tanto, igualitaria) solo puede ser el resultado de un movimiento social democrático. La apuesta es por la posibilidad de un poderoso movimiento capaz de fomentar una acción instituyente mediante vectores creativos alimentados tanto de las fuerzas de la cooperación como de los conflictos permanentes entre los de abajo y los de arriba. Un movimiento consciente de que su objetivo no es construir un aparato de mera delegación, generar un liderazgo en sentido populista o ser una pieza más del entramado institucional. La emergencia de un movimiento social de esa naturaleza se puede desear, pero no es predecible ni es seguro que tenga lugar. Los acontecimientos históricos son imprevisibles, indeterminados e indeterminables.

Lo que cada uno de nosotros puede hacer en favor de esa apuesta es desarrollar, en la medida de nuestras posibilidades una praxis consistente con el deseo de un mundo distinto. Nos encontramos con las prácticas cotidianas de transformación social, que se presentan bajo múltiples formas e iniciativas, generando nuevas imágenes y lenguajes desde cualquier rincón de cualquier lugar, en un sentido cooperativo, libertario e igualitario.

Nuria del Viso Pabón es miembro de FUHEM Ecosocial y editora de la revista PAPELES

Acceso al texto completo en formato pdf: Entrevista a Juan Manuel Vera.

¿Cómo reaccionar ante un nuevo cambio en cosmología?

Es sintomático que el filósofo francés Bruno Latour haya titulado su conferencia de aceptación del último Premio Kyoto así: «Cómo reaccionar a un cambio en cosmología». ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción de haber vivido en primera persona la revolución copernicana? ¿Y si estuviéramos ante una revolución similar en la biología?

La entrevista que se ofrece a continuación es una oportunidad de trasladar dicho experimento mental a una situación de cuestionamiento más real. El 6 de abril de 2022, la prestigiosa revista Paleobiology, editada por Cambridge University Press, publicó «Applying the Prigogine view of dissipative systems to the major transitions in evolution»,^[1] una investigación sobre la evolución de la complejidad de la vida que está llamada a ocupar un lugar importante no solo en la historia de la ciencia, sino también en los pensamientos (¿y en los actos?) de cualquier alma concernida por la comprensión de nuestro puesto en el cosmos.

El artículo ha sido elaborado por Carlos de Castro (Departamento de Física Aplicada, Universidad de Valladolid) y Daniel W. McShea (Departamento de Biología, Duke University), a partir de una pregunta tan sencilla como trascendental: ¿por qué la trayectoria del grado de complejidad de los sistemas orgánicos, que se acelera en el tiempo de manera exponencial según las observaciones empíricas no coincide con las previsiones del neodarwinismo, un modelo explicativo para el cual lo esperable sería la ralentización en la evolución? La respuesta ofrecida por los autores consiste en defender un tipo concreto de retroalimentación entre los niveles superiores e inferiores de dichos sistemas orgánicos. Este se basa en la tesis de que las cadenas causales que se dan en esa retroalimentación no seguirían una orientación solamente ascendente –de tal forma que pudiéramos explicarlo todo como interacciones de partículas subatómicas–, sino que, al contrario, la causalidad sería también descendente. Así, las totalidades, en especial las orgánicas más abarcadoras, explicarían causalmente la realidad de las funciones y las interacciones de materia y energía que finalmente encontramos en las relaciones de los entes o seres que conforman con su interacción dichas totalidades orgánicas. El artículo, como su título indica, aplica una herramienta proveniente de la física termodinámica, el trinomio de Prigogine, a un ámbito estudiado por la biología, la historia de la evolución y, en concreto, la historia de lo que se conocen como Major Transitions in Evolution (en adelante MTE), es decir, los cambios de mayor relevancia en la complejidad de los sistemas orgánicos, como el que se produjo en el paso de las células procariotas a las eucariotas, o en el paso de las células eucariotas a los organismos pluricelulares. Si no resultan familiares las ideas de Prigogine o la teoría Gaia, se facilita la referencia de tres textos accesorios para facilitar la comprensión.^[2] Pero también cabe la posibilidad de que el asombro que sobrevenga a la lectura sea de otro tipo. ¿Será nuestra reacción ante un nuevo cambio en cosmología?

Ramón del Buey (RB): ¿Cómo fue que un biólogo y un físico colaborasteis para un trabajo tan transdisciplinar?

Carlos de Castro (CC): La termodinámica que defendió Ilya Prigogine es uno de los dos pilares “físicos” en los que me apoyo para explicar cómo emerge una Gaia de tipo orgánico. Como sabes, llevo ya cerca de dos décadas defendiendo una teoría Gaia que identifica la biosfera con un organismo vivo, pero es muy difícil publicar en el ámbito científico algo así. Cuando estás mentalmente en este nuevo paradigma muchas de las controversias que se tratan en la biología, en la ecología y en la filosofía natural las interpretas rápidamente de otra forma, en ocasiones de forma muy sencilla.

El caso que nos ocupa lleva muchas décadas en discusión en la biología evolutiva, aunque con tendencia a pasar de puntillas sobre él. A partir de mis publicaciones sobre la teoría Gaia orgánica en las que algo de esto se describe y explica, me animé hace un par de años a escribir un pequeño artículo que tratara de explicar dos ideas: que el ritmo de aparición de las MTE en la jerarquía que se observaba en la Tierra no cuadraba con las explicaciones clásicas de la biología evolutiva y que desde la física e interpretación de sistemas complejos disipativos de Prigogine se podía tener una explicación coherente. Como ya me había pasado en muchas ocasiones desde los años noventa, se repetía la historia: llevé el artículo a algunas revistas relevantes y los editores ni lo llevaron a revisión. Tras tres rechazos, se me ocurrió pedir ayuda y acudir a algún biólogo reconocido que pudiera compartir mis ideas. Consideré que el más avanzado, puesto que ya tenía gráficos que marcaban una aceleración en la complejidad y los niveles jerárquicos y llevaba tiempo estudiando el tema casi “predicando en el desierto” era Dan. Le envié mi trabajo y se ofreció con entusiasmo a ayudarme. La ayuda se convirtió rápidamente en colaboración y un montón de discusión de pormenores y, sobre todo, en una mejora impresionante del artículo, de su extensión y calidad y de “traducción” a un lenguaje más próximo a la biología. Destacaría además que esa discusión transdisciplinar con Dan me llevó a una mayor convicción del papel y significado del trinomio de Prigogine , a profundizar en la bibliografía sobre los detalles y a rectificar el cierto prejuicio que tenía con los briozoos, los primeros animales coloniales, quizás por la fascinación que tengo por los insectos sociales (abejas, termitas y hormigas) y porque al principio creí que podría descuadrar mi idea de que seguíamos una curva exponencial. También he de decir que Dan es un biólogo con un sentido fenomenológico de la termodinámica muy agudo, fue él, por citar un caso, el que escribió el ejemplo del huracán que damos en el artículo. Creo que fue necesario, pues, un biólogo con buenos conocimientos fenomenológicos de física y al revés.

Daniel McShea (DM): Cuando Carlos me propuso colaborar, vi una magnífica oportunidad para explorar algunas ideas que tenía sobre la relación entre los sistemas alejados del equilibrio y la evolución a gran escala con un físico que también había pensado en estas cosas. Era una oportunidad para aprender, pero no esperaba que estuviéramos de acuerdo en demasiadas cosas. La mayoría de mis intentos de explorar esta área con físicos no habían llegado muy lejos, porque no podíamos superar las diferencias con respecto a los conceptos fundamentales. Esta colaboración con Carlos fue muy diferente. Resultó que pensábamos en estos problemas más o menos en sintonía conceptual, y nuestras diferencias se reducían sobre todo a la terminología que empleábamos. Carlos es un físico que, cuando la ocasión lo requiere, puede pensar como un biólogo. También resultó que su punto de vista ofrecía una nueva manera de pensar en un problema con el que yo había estado luchando durante algunos años: la aceleración a lo largo de la historia de la vida en el origen de nuevos niveles de organización, el aumento de la jerarquía de la bacteria a la célula eucariota y del individuo multicelular a la colonia. Tenía una solución tentativa que había propuesto en un artículo anterior, pero Carlos me permitió verla en términos mucho más generales y de una manera más amplia que la del detalle biológico.

RB: ¿Podéis resumirnos cuál es la principal novedad que aporta el artículo y por qué creéis que es relevante en la biología evolutiva y quizás más allá de sus MTE?

CC: Diría que la mayor novedad son las realimentaciones entre los elementos y el todo que emerge de la interacción de los elementos . La biología, como otras ciencias, ha tendido históricamente a la visión reduccionista, a explicar los detalles, a ir en último término como interacción de átomos, o elementos mínimos de cada disciplina: moléculas en la química, genes en la biología, etc. Prigogine advertirá que incluso en sistemas físicos, la historia es relevante y la formación de sistemas macroscópicos, formadores de historia, de totalidades, no solo emerge de las interacciones microscópicas sino que tanto en el proceso de formación como una vez formado ese todo se producen fenómenos de causación en la otra dirección: la totalidad también determina los procesos microscópicos que van a ser seleccionados. Se termina generando una causalidad circular con mucho potencial evolutivo y, bajo ciertas condiciones, explosivo, exponencial. Es decir, existiría una causación de “arriba hacia abajo” (top-down), desde el nivel más alto hacia los más bajos, desde lo que Prigogine llama estructura hacia las funciones o microestructuras. No solo que el todo tenga propiedades más allá de la suma de las partes, es que termina, en ciertos sistemas, determinando la interacción de las partes. Prigogine creyó observarlo en ciertos sistemas físicos y defendió que se podía aplicar a sistemas biológicos y sociales. Yo me lo tomé en serio.

El resultado es que ese ciclo de causación, en la que la tercera pata del trinomio son las fluctuaciones, lo que interpreté como los flujos de energía y materia entre sistemas, tiene un potencial evolutivo en el caso de la biología que puede resultar en aceleración de los procesos en estudio. Es decir, funciones exponenciales que aparecen cuando hay realimentaciones circulares positivas. La biología evolutiva sin esa “fuerza” se estaba dando de bruces para explicar por qué parece que ciertos procesos de complejidad, como las MTE, se aceleran, cuando desde las teorías clásicas lo esperado es una ralentización en la evolución. Además, en ese juego del trinomio, se muestra que requiere fases que desde la perspectiva micro, interpretamos como la necesaria colaboración de los entes, –en el caso de la biología, los organismos–, lo que explicaría que lo más relevante en la evolución no es la competencia sino la cooperación como forma de resolver problemas, pero como tendencia universal ¡desde la propia física!

Si nos situamos en la perspectiva de las totalidades formadas, hablamos de coordinación, existiría una tendencia hacia la formación de totalidades en sistemas evolutivos y esos todos promocionarían la cooperación de sus partes, coordinándolas. De nuevo, con apoyo en las leyes de la termodinámica. Esto es brutal, porque la termodinámica nos estaría ensañando justo lo contrario a cómo se la interpretó en buena parte del siglo XIX y XX, como esa tendencia a la degradación. Y da la vuelta a cierta obsesión histórica en la biología evolutiva desde Darwin a interpretaciones de lucha y competencia excluyentes que muchas veces ha tenido impactos sobre cómo nos organizamos social, económica y moralmente en los últimos siglos. Por supuesto, en el artículo, procuramos solo rozar algunas de estas cuestiones, bastante controvertido puede llegar a ser centrándose en algo tan concreto.

DM: Apoyo plenamente la visión descendente de la causalidad de Prigogine y Carlos. Es una visión que ha estado implícitamente presente pero oficialmente ausente en el discurso evolutivo. Oficialmente, la causalidad va hacia arriba, de abajo a arriba, empezando por los genes y terminando por el organismo y su ecología. Sin embargo, implícitamente, la selección natural darwiniana es necesariamente un proceso descendente. Es, en palabras del paleontólogo del siglo XX Leigh Van Valen, «el control del desarrollo por la ecología». Una entidad ecológica actúa de forma descendente sobre los organismos que contiene, filtrando las variantes menos adaptadas, fomentando las mejor adaptadas y moviendo las poblaciones hacia una mayor aptitud.

Curiosamente, Carlos y yo expresaríamos este tipo de causalidad en términos algo diferentes. En sus términos, el conjunto determina los procesos de nivel inferior que se seleccionan. En los míos, los procesos de nivel inferior no están determinados, sino que surgen al azar, como dice la teoría tradicional, y aquellas variantes que apoyan o fomentan el flujo de energía a través del sistema son estabilizadas por el todo o, en términos darwinianos estándar, son “seleccionadas” o “favorecidas”. En ambas formas de expresarlo, la flecha causal corre hacia abajo desde el sistema de nivel superior (en términos biológicos, la ecología) hasta sus partes (organismos o linajes).

RB: ¿Qué queréis decir con “de-darwinización” o “maquinización” de las partes y qué implica este proceso en la literatura evolutiva?

CC: La literatura ha identificado, en ocasiones de forma independiente, creo, términos como “de-darwinización”, maquinización o domesticación cuando las totalidades formadas al nivel de las jerarquías que describimos, restan capacidad de autonomía a sus partes que en su día fueron totalidades más “plenas” (organismos): las bacterias que se incorporan a la célula eucariota y que termina siendo un orgánulo como el cloroplasto o la mitocondria dejan de ser tan autónomas, pierden funciones (y genes) y son maquinizadas o domesticadas así por ese todo. La selección natural ya no actúa sobre la mitocondria como actuaba sobre la bacteria, actuaría sobre la célula eucariota, en ese sentido, biólogos evolucionistas hablan de “de-darwinización”. Para que no pensemos en este proceso de forma antropomórfica en exceso yo suelo usar, aunque no lo hemos incorporado al artículo, “transferencia de telos”: la totalidad absorbe las funciones, los propósitos, la autonomía de las partes, que en su día dirigían hacia ellos mismos. También hablo de “dilución de egos”, los egos al colaborar y cooperar con otros van formando totalidades y se van diluyendo como egos frente al nuevo ego que se va formando. Pero estos términos son demasiado radicales para una biología aún muy anclada en el mecanicismo reduccionista, donde esquemas teleológicos (no necesariamente autoconscientes), son atacados sin piedad, aunque el sentido común nos diga que un pájaro cuando hace un nido lo hace con un propósito (teleología) que le pertenece y emerge del pájaro como tal.

DM: En un artículo de hace algunos años describí lo que llamé el “drenaje de complejidad” que se produce en la evolución de los individuos de nivel superior. El artículo surgió de una observación casual de que las células de los individuos pluricelulares parecían tener menos partes que los organismos unicelulares de vida libre. Una célula de la piel de un mamífero tiene menos partes –menos orgánulos y menos estructuras internas en general– que una ameba. De hecho, algunas células de los organismos pluricelulares, como las células sanguíneas humanas, no tienen ninguna parte a macro escala. Así que me propuse comprobarlo, desarrollando una definición objetiva y operativa de “parte” y utilizando las micrografías electrónicas ya disponibles en la literatura al respecto para contar las partes de las células. Los datos apoyaron firmemente la existencia de un drenaje. En términos evolutivos, el drenaje tiene sentido. Como dice Carlos, con la aparición de un individuo multicelular, algunas de las diversas funciones que el organismo debe realizar se transfieren de las células al conjunto multicelular. Una célula hepática no necesita recoger oxígeno o alimento, ni tampoco reproducirse, porque estas funciones las realiza el conjunto multicelular. Así, la célula hepática necesita menos partes. Pensando más en ello, parece bastante probable que la misma lógica evolutiva se aplique a todos los niveles, que la aparición de la célula eucariota produjera un drenaje de partes dentro de las células procariotas que la componen. Y la aparición de sociedades y colonias produce un drenaje de las partes dentro de los individuos multicelulares que las componen. Es casi seguro que estas dos últimas ocurrieron, pero no han sido demostradas formalmente con conjuntos de datos robustos: una oportunidad para algún biólogo con mentalidad empírica.

RB: Ambos tratáis pues el tema de la complejidad y de su evolución. Este trabajo es, por tanto, más específico de lo que os ocupa. ¿Para qué otros campos más allá del caso de las MTE creéis que sería relevante vuestra discusión?

CC: En su día me apoyé en las mismas ideas para especular con que la tendencia en la complejidad de los organismos medida de alguna manera con el número de genes mínimo para “fabricar” un organismo, seguía una función exponencial en vez de una función creciente ralentizada como se esperaría de nuevo desde las teorías clásicas en la biología. De hecho, intenté publicarlo en su día, sin apoyarme en Prigogine. El problema es que el número de genes es una forma débil de medir la complejidad y, por otro lado, el jaleo es impresionante porque la funcionalidad de los genes no es nada directa a su número. Pienso ahora más en un estudio que identifique número de variantes de proteínas (proteómica), algo que invitaría a explorar a los microbiólogos que lean esto. En cualquier caso, el número mínimo de genes para hacer una bacteria, una célula eucariota, un organismo pluricelular sencillo, como una esponja o una medusa y un organismo complejo como un leopardo, si lo pones en función del tiempo geológico que se necesitó para que aparecieran por primera vez, también correlaciona con una función acelerada mientras que la teoría clásica seguiría prediciendo una ralentización.

Los trabajos de Dan precisamente me convencieron de que era mejor explorar los saltos jerárquicos. Pero para mí, lo más relevante es que existe una fuerza directora, una tendencia física, que ayudaría a explicar por qué de una sopa informe –así nació nuestro Universo– se forman, bajo ciertas condiciones, estructuras cada vez más complejas de forma acelerada (aunque con límites) y en el caso de los fenómenos biológicos, si contemplamos los ecosistemas y Gaia desde el esquema de Prigogine, podemos inferir también procesos de transferencia de funciones, de maquinización y de coordinación, que decíamos antes, desde todos que llamaríamos ecosistema y Gaia. Creo que la ecología daría un vuelco tratada así y las teorías Gaia también porque podrían explicar sus fenómenos desde esos todos sin necesidad de recurrir siempre y en exclusiva a los fenómenos micro, en último término a la física cuántica. Es un tanto paradójico que sea la física la que defienda así que tienen pleno sentido las ciencias biológicas y sociales, que no tienen por qué perder su trabajo porque el proyecto reduccionista hacia la física atómica es imposible.

Por último, señalo un par de ideas que están en pies de página del artículo, pero que creo que podrían ser relevantes. Por un lado, no necesariamente los animales coloniales es el final de la historia, si aún estamos en fase exponencial, es muy posible que no estén presentes ya factores limitantes que impidan seguir ascendiendo en la cadena jerárquica, y a su vez, las colonias tienen un gran recorrido futuro, un éxito asegurado, se inventarán más veces y evolucionarán en complejidad interna. Eso es coherente con lo que describimos, y excitante. A su vez, si extrapolamos la cadena al pasado, decimos que la primera bacteria no tuvo tiempo material de formarse en la Tierra, de lo que se infiere que estaríamos mostrando, creo que, por primera vez, una teoría que discriminaría entre dos hipótesis: que el origen de la vida ocurre en la Tierra o que el origen es extraterrestre, más antiguo que el Sistema Solar y que la Tierra fue colonizada por bacterias extraterrestres. Hasta ahora creo que no había base teórica para preferir una u otra, de ahí que se exploraran las dos, aunque mayoritariamente la “equivocada” en mi opinión. Por otro lado, muchos de los procesos evolutivos de pérdidas funcionales, de pérdidas genéticas y demás, de escalas de nivel ecosistémico, tendrían un paraguas explicativo en nuestra discusión de los procesos de MTE usando el mismo esquema teórico. Así, que no sinteticemos vitamina C es parte de un proceso de transferencia de telos, a totalidades mayores, de anclaje funcional al ecosistema y a Gaia…

DM: Carlos y yo estamos de acuerdo en la mayor parte de lo que dice. Sin embargo, un punto de discrepancia tiene que ver con la expectativa de la futura evolución jerárquica. El nivel social –los individuos que colaboran para formar sociedades– se formó y estabilizó hace al menos 480 millones de años (con el origen de las primeras colonias avanzadas de briozoos, que forman colonias similares a las de los corales). Estos son los primeros “superorganismos”. Desde entonces, no ha evolucionado ningún superorganismo inequívoco, diría yo. Los seres humanos son altamente sociales, por supuesto, pero nuestras asociaciones en sociedades de más alto nivel –Estados nación y metasociedades de varios tipos– están relativamente poco integradas. Un Estado nación puede tener un enorme poder y capacidad, pero no es un organismo, en mi opinión (¡Carlos y yo hemos tenido varias discusiones fascinantes sobre lo que se requiere para ser un organismo!). De todos modos, si estoy en lo cierto, y si no han evolucionado superorganismos en los últimos 480 millones de años, se plantea la posibilidad de que la tendencia instanciada por las grandes transiciones haya alcanzado su límite superior. Como Carlos y yo argumentamos en el artículo, todos los sistemas alejados del equilibrio tienen tales límites. La mayoría de los sistemas físicos simples alcanzan su límite superior con solo un pequeño número de niveles anidados de trinomios. Los organismos, debido a su complejidad, pueden formar sistemas profundamente anidados. Pero incluso ellos tienen límites.

RB: En el artículo, ciertamente, conectáis al final de forma relativamente breve, con la teoría Gaia y en concreto abrís tímidamente la puerta a una discusión cuantitativa, del grado de su organicidad. ¿Hasta qué punto es compatible lo que exponéis con la teoría Gaia orgánica que defiende Carlos?

CC: No es que sea solo compatible. La teoría Gaia orgánica tal y como la he expuesto, trata de buscar los “mecanismos” que llevan a su emergencia, a que emerja un macrosistema en la biosfera con las mismas características que un organismo vivo, que un ser vivo. Uno de estos mecanismos es el mismo proceso que describimos en detalle en el artículo de las MTE: cooperación inicial dirigida por la termodinámica de sistemas complejos disipativos que lleva a la formación de estructuras, a su vez la termodinámica daría mayor probabilidad de formar y mantener estas estructuras y capacidad de estas estructuras de influir primero y luego coordinar después sus partes –organismos–, y finalmente, la formación de una totalidad orgánica.

La otra gran pata explicativa en la que no entramos en el artículo, que tiene que ver con la necesidad del reciclado de materiales, ayudaría, en el caso de sistemas biológicos, a terminar formando una Gaia orgánica. Pero una vez formada, y en coherencia con el propio trinomio de Prigogine, es ella la que coordina, la que “domestica”, la totalidad orgánica que establece las relaciones de arriba a abajo, o top-down, que van a dirigir los procesos internos, incluida la propia evolución interna de lo que llamamos organismos y su MTE. Es decir, la aceleración observada en las MTE creo que necesita, además de lo descrito, el apoyo de una totalidad compleja y orgánica como Gaia, porque las barreras y factores limitantes de esa evolución que describimos son muy grandes.

DM: Cuando se trata de Gaia, soy más tímido que Carlos. En particular, me resisto a llamarla organismo. La razón es que me siento incómodo con los términos que sugieren dicotomías, incómodo con lo uno o lo otro, en biología. En el pensamiento estándar, ser un organismo –o, como Carlos lo ha llamado acertadamente, la organicidad– se entiende generalmente como un concepto dicotómico. Algo es un organismo o no lo es. Hay debates en biología sobre si, por ejemplo, un virus es un organismo o no, pero en la mayoría de ellos se asume que la organicidad no es una cuestión de grado. Creo que en biología muy pocas cosas son todo o nada, muy pocas cosas son discretas. En los mamíferos, por ejemplo, ni siquiera el número de brazos es discreto (pensemos en los seres unidos al nacer). Y supongo que el organicismo no va a resultar discreto. Cuando tengamos una mejor comprensión de los sistemas biológicos, supongo que seremos capaces de idear una escala de organicidad con múltiples variables –como la capacidad de reproducción y la capacidad de metabolizar, etc.– y que cada entidad biológica, desde los virus hasta Gaia, se registrará como un organismo de diferente grado. En cualquier caso, nuestro debate sobre esta cuestión –el estatus de organismo de Gaia– fue para mí una de las discusiones más interesantes que tuvimos.

RB: ¿Y alguna implicación más allá de la biología, en la antropología, la filosofía…?

CC: No sé si es mi papel como científico, aunque como persona, sí las veo, claramente. No es lo mismo tratar el conjunto de seres vivos, y a estos como “mecanismos complejos”, que darles un carácter más “vivo”, con valor cualitativo, sobre todo si Gaia está viva. Si consideramos que Gaia es un organismo, el resto de vivientes formamos parte de él, y la sostenibilidad del organismo Gaia y de sus partes dependen del buen funcionamiento de sus partes. Parece una aproximación que lleva a plantearse si nuestra sociedad, en las últimas generaciones, no se está comportando de forma análoga a un cáncer. Pero, sin duda, rompe con un exceso de antropocentrismo y nuestro artículo en concreto tiende a romper también con ese mito de que somos egoístas en un mundo de lucha competitiva desde la biología: hay sesgo físico hacia la cooperación. Creo que la biología, si bien históricamente a regañadientes ha reconocido la colaboración o la ayuda mutua, tiene ahora más apoyos para que esas relaciones salgan del mundo de las anécdotas. El propio Darwin usó ya muchos más ejemplos de competencia excluyente que de cooperación altruista.

¿Y si damos la vuelta al discurso habitual y tratamos de explicar la competencia como lo anecdótico frente a la tendencia general cooperativa? Hace no mucho leía un artículo sobre bonobos que demostraba que tienen tendencias xenofílicas (“amor al extraño” algo interesante para formar todos más abarcantes), en buena medida tenían que justificarlo muy bien y con “barroquismos” explicativos, algo que parece solo necesario cuando el paradigma es el competitivo y de lucha encarnizada por la supervivencia. A mí no me extraña, es más, es lo “natural” en un organismo tan complejo.

DM: Antes de mi colaboración con Carlos, no había pensado mucho en las implicaciones sociales o políticas de esta cuestión. Y estoy en deuda con él por nuestras discusiones, que en gran medida me llevaron a su punto de vista. Sí, el punto de vista de Prigogine apoya una visión menos competitiva y más cooperativa del mundo biológico.  El sistema de nivel superior, nuestra ecología, llega hasta sus partes (nosotros) y estabiliza las interacciones que apoyan el flujo de energía a través del sistema, y muchas de estas interacciones estabilizadoras son probablemente cooperativas. Por otro lado, no olvidemos el drenaje de complejidad, la maquinización, que también se produce. Deberíamos esperar que el conjunto social de nivel superior favorezca la eliminación de «partes» dentro de nosotros, el despojo de las capacidades sobrantes a nivel individual, funciones que el conjunto realiza mejor y más eficazmente. Las colonias de hormigas son “inteligentes» en cierto sentido, pero esa inteligencia es posible en parte porque los individuos que las componen son «estúpidos». Es decir, las hormigas individuales han sido despojadas de gran parte de su complejidad y autonomía. Aplicado a los humanos, el drenaje de complejidad significa que la inteligencia social tiene el mismo coste, una reducción de la complejidad y la autonomía a nivel individual. No es difícil imaginar contrastes que hagan evidente este punto: un cazador recolector humano podría ser omnicompetente, en el sentido de que cada individuo es capaz de comprender y realizar la mayoría de las tareas esenciales. Yo, por el contrario, dudo de mi capacidad como individuo para cultivar alimentos suficientes para alimentarme durante todo un año y me siento algo sobrepasado cuando arranco mi coche.

RB: ¿Qué acogida esperáis de este trabajo en vuestros respectivos ámbitos académicos y en qué aspectos os gustaría seguir desarrollando esta investigación en el futuro?

CC: La verdad es que espero más impacto fuera de la física y la biología, al menos por ahora. En física tardamos siglos de pasar del mecanicismo, determinismo y reduccionismo que inició Newton a la física del siglo XX que se abrió a otros paradigmas a partir de la relatividad, la cuántica, la termodinámica de no equilibrio y la teoría del caos. Supongo que la biología requiere tiempo, ya lleva 150 años en un paradigma que la física dejó obsoleto (aunque no los físicos necesariamente), quizás le quede pues aún décadas por delante para “imitar” el camino seguido por la física, espero que no muchas, pues me gustaría experimentarlo en vida. En cuanto al trabajo futuro, en parte dependerá de si hay reacción y cuál al artículo. Me encantaría seguir abusando de los conocimientos y el sentido común de Dan, pero ambos andamos bajos de disponibilidad de tiempo ahora mismo. También hay un proyecto que es más viejo que este de las MTE, que incluso consulté con el mismo Prigogine en los noventa, la idea de que los propios mecanismos que usa la biología evolutiva (el neodarwinismo más en concreto) no cumplen con el trinomio de Prigogine (no hay causación top-down, por ejemplo). Él lo creyó entender así cuando se lo comenté, pero no quiso meterse en el berenjenal, aunque me animó a ello. Dudo que me anime tras décadas infructuosas, y creo que es más práctico tratar de exponer la teoría Gaia que defiendo con sus dos patas básicas sin atacar al neodarwinismo, ahora que ya hay una de ellas con un ejemplo expuesto y quizás admitido.

DM: Soy más optimista sobre el impacto en la biología. La biología evolutiva, al menos, ha dejado atrás el neodarwinismo en las últimas décadas. La llamada “síntesis moderna” ya no es la vanguardia. En su lugar, hemos estado debatiendo qué forma adoptará una “síntesis ampliada”. No se ha llegado a un consenso, por supuesto, pero está claro que la causalidad descendente, la termodinámica y el pensamiento al estilo de Prigogine, e incluso una Gaia algo viva, serán mucho más bienvenidos en el nuevo discurso en desarrollo. Y creo que nuestro artículo será considerado una importante contribución a ese discurso. En cuanto a la investigación futura, he estado trabajando durante la última década en una nueva forma de entender la orientación hacia objetivos o el propósito, que se aplica a todos los sistemas con metas, desde una bacteria que sigue un gradiente de alimentos hasta máquinas dirigidas por metas y procesos afectivos como el deseo y la preferencia en animales que tienen esas capacidades. Intuitivamente, la dinámica lejos del equilibrio debería formar parte de toda esta historia, aunque –a pesar de haber aprendido mucho de Carlos (¡gracias, Carlos!)– todavía no soy lo suficientemente físico como para contar esa historia. Estoy trabajando en ello.

Ramón del Buey Cañas forma parte del personal docente e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro del Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno de la Red Española de Filosofía.

^[1] Carlos de Castro y Daniel W. McShea, «Applying the Prigogine view of dissipative systems to the major transitions in evolution», Paleobiology, 6 de abril de 2022. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/paleobiology/article/abs/applying-the-prigogine-view-of-dissipative-systems-to-the-major-transitions-in-evolution/950CC803571570A46EEF7EE5970C50A1#

^[2] Ilya Prigogine, ¿Tan solo una ilusión? Una exploración del caos al orden, Tusquets, Barcelona, 1988; Carlos de Castro, El Origen de Gaia, Libros en Acción, Madrid, 2020; Carlos de Castro, Reencontrando a Gaia, Ediciones del Genal, Málaga, 2019.