¿Cuánto poder tienen las grandes empresas petroleras hoy en día? ¿Son tan poderosas como hace diez años?

Olivier Petitjean: Sería difícil argumentar que  las grandes  empresas petroleras han  perdido poder  en los últimos diez años. Por supuesto que  las grandes  empresas de gas y petróleo como  TotalEnergies son  cada  vez más  cuestionadas (Deneault, 2020), entre  otros,  por partes  del  sector  financiero, y sufren  creciente  presión  de  activistas por  el clima.  Su “licencia  social para  operar”  se ha  erosionado considerablemente. Al menos  en algunas  partes  del mundo es muy probable que sus nuevos proyectos de petróleo y gas afronten fuerte resistencia.

Por otro  lado, han  seguido  creciendo, enriqueciéndose y abriendo  nuevas  fronteras de  gas y petróleo en  todo  el mundo. En  los últimos años, todas las grandes  empresas de petróleo y gas han  obtenido más ganancias  que nunca antes: Exxon, Chevron, Shell, BP y TotalEnergies obtuvieron casi 200.000 millones de dólares  en 2022. Ese año, TotalEnergies inició nada menos  que veinte nuevos proyectos de combustibles fósiles, en algunos  casos en sitios como Uganda, donde  nunca antes  se habían extraído esos combustibles. Además, fue clasificada la tercera  empresa de gas y petróleo del mundo y la primera en África, y está procurando explotar nuevos  yacimientos de petróleo y gas. Sus documentos oficiales afirman que planifican aumentar la producción de combustibles fósiles en un 20 % de aquí a 2030. De modo  que la extracción continúa.

Han  compensado con creces la aparente pérdida de apoyo  de la opinión pública  en  países de Occidente mediante la construcción de vínculos  aún  más estrechos  con otros  gobiernos, especialmente en países productores de petróleo. Lo que es más aterrador es que, además  de ello, han  logrado  ganar  más influencia de la que  jamás habían tenido en políticas sobre clima a nivel nacional e internacional, como  queda  de manifiesto en el hecho  de que  los presidentes de la COP28 [Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Cambio Climático] celebrada en Dubái  en 2023 y la COP29, que se celebrará este año  2024 en  Azerbaiyán, son  en  ambos  casos presidentes de empresas petroleras.

Clémence Dubois: El hecho de que las grandes  empresas de petróleo y gas aún  estén explorando nuevos  proyectos  habla  por sí solo: aún tienen demasiado poder  y la búsqueda de enormes inversiones para el desarrollo de nuevos  yacimientos de petróleo y gas en los próximos años se cobrará miles de millones de vidas.

No obstante, solemos  ser muy  autocríticos y a veces nos cuesta ver nuestros logros como  movimiento. La dinámica ha evolucionado considerablemente en los últimos diez años. En una  época, las grandes  empresas petroleras tenían una  autoridad indudable, do- minaban sin afrontar ningún cuestionamiento. Ahora, las grandes empresas petroleras están siendo objeto  de creciente presión  donde sea que vayan y la resistencia  internacional de la ciudadanía plantea grandes  desafíos a sus bastiones  tradicionales. Si se toma  el ejemplo del proyecto de crudo de Total en África oriental, la financiación del proyecto está demorando años debido a que las instituciones financieras están retirando su apoyo una  tras otra como  consecuencia de la presión  que afrontan, en Kampala, París o Tokio. No es exagerado decir que todas las personas  que han participado en este tipo de campañas han  contribuido a retrasar a la industria y sabemos  que cada granito de arena  en el cambio  climático hace la diferencia.

¿Cuáles son las principales fuentes de poder de las grandes empresas petroleras y cómo procuran mantenerlas?

Olivier: La fuente de su poder  es en parte  la misma  que la de otras empresas mundiales: dinero, recursos, conexiones estrechas  con gobiernos y una  gran capacidad  para unir  fuerzas con el fin de defender sus intereses  comunes. Pero tienen mucho más de todo eso que otras empresas.

Su poder  también es el resultado de decenios de privatización, liberalización y políticas favorables  a las empresas que han privado a los gobiernos de todo control que pudieran tener en el pasado sobre la energía  nacional, los mercados y los precios, y de toda capacidad que pudieran haber  tenido para llevar a cabo una transición energética directamente, sin depender de grandes  empresas. Como  consecuencia  de ello, muchos gobiernos se han  quedado aparentemente sin más alternativa que aceptar  el eslogan  de las grandes  empresas petroleras de que no solo son el problema, sino también la solución, la única solución.

Por último, otra fuente  importante de poder  es el modo  en que los combustibles fósiles están integrados en nuestras economías industriales en su conjunto y en los mercados financieros. Ello significa que otros grupos  muy ricos e influyentes están extremadamente dedicados  a su prosperidad, o al menos  a no abandonar la explotación de gas y petróleo demasiado rápido. Las empresas de petróleo y gas, por ejemplo, representan una  porción considerable del valor de mercado de la mayoría de las principales bolsas  de valores.  Es impensable que  los grandes  actores  financieros, como  BlackRock, dejen de invertir en combustibles fósiles, dado  que  destruiría su propio modelo de negocios.

¿Afectan las políticas predominantes sobre clima a las grandes empresas petroleras? ¿Cómo están respondiendo?

Olivier: En los últimos diez años, las principales empresas petroleras de Occidente −especialmente las europeas, como  Total− han  disminuido sus críticas a la acción  por el clima  y han  intentado adoptar una  actitud en apariencia más progresista. Reconocen públicamente que el cambio  climático es un asunto importante y que deberíamos  hacer  algo  al respecto.  Pero  la cuestión fundamental  es qué deberíamos hacer exactamente y quién  debería pagar.

Es decir  que  lo que  llamamos “transición energética” debe  tener  tres elementos: el desarrollo de energía  limpia  y renovable, la eliminación de los combustibles fósiles y, por  último, la reducción de nuestro consumo total  de energía  y materiales en general.  Básicamente las grandes  empresas petroleras como  TotalEnergies quieren  que hablemos únicamente del primer elemento, mientras que añaden en esa canasta “verde” muchas tecnologías que poco tienen que  ver con  la energía  renovable, como  la captura y el almacenamiento de carbono o los agrocombustibles o el hidrógeno. Y quieren que los gobiernos inviertan mucho dinero para pagar por todo esto  y desean controlar el sector  de energías  renovables. Además, quieren hablar lo menos  posible  sobre  la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, como  hemos  observado recientemente cuando se introdujo lenguaje muy  débil al respecto  en el texto  del acuerdo de la COP  celebrada en  Dubái.  Los directores ejecutivos de TotalEnergies, por ejemplo, admiten públicamente que en algún momento se dejarán de utilizar los combustibles fósiles, pero en un futuro lejano. Y el tercer elemento, la reducción del consumo general, apenas se menciona.

Lo que hemos  visto en la práctica  en los últimos años es precisamente la aplicación de este  programa. No  se ha  avanzado en la eliminación de los combustibles fósiles y apenas hubo algunos avances con respecto  al desarrollo de energías  renovables, pero ello se está añadiendo a la combinación energética actual,  en lugar  de sustituir a los combustibles fósiles. Lamentablemente, muchos gobiernos de Occidente han  aceptado básicamente la versión  de “acción  por  el clima” promovida por  las grandes  empresas petroleras y están  confiando en  que  esas empresas se encargarán de llevar  a cabo la transición energética −cuyo esfuerzo inevitablemente seguirá siendo  insuficiente y tardío, y tendrá un costo enorme para  los gobiernos, las comunidades y los consumidores, mientras que  las empresas y sus accionistas se quedarán con las ganancias y el mérito.

¿Las grandes empresas petroleras están intentando impedir una transición energética o configurarla para su propio beneficio?

Clémence: Durante cincuenta años, Total y sus pares ocultaron la crisis climática, al distraer la atención de los combustibles fósiles como principal causante del  calentamiento global.  Se ha  documentado exhaustivamente que Total, Exxon y otras empresas mintieron deliberadamente acerca de la crisis climática, su conocimiento de las causas y su responsabilidad en esta. Y ahora  son las comunidades las que  sufren  las consecuencias: quienes  hoy sufren  los impactos climáticos  fueron condenados en una  junta directiva  hace  cincuenta años.

A medida que las temperaturas han  aumentado en los últimos años, resulta  inútil negar  la realidad. En respuesta a ello, Total está haciendo mayores  esfuerzos  de comunicación, cambiando su imagen como  una “empresa energética responsable”, dando a entender que ha cambiado significativamente de estrategia. Sin embargo, su supuesta participación en la transición energética, al igual  que  de otras  empresas de petróleo y gas, le sirve como  cortina de humo para  lucrar  con la continua explotación de combustibles fósiles. Y quieren que sigamos creyendo sus engaños.

A pesar de su cambio  de discurso, Total asigna casi todas sus inversiones a la extracción de más carbono del suelo, en lugar de adoptar energía  renovable. La empresa invirtió un sorprendente 75 % de sus inversiones en 2022 en petróleo y gas. En 2030, dos tercios  de las inversiones empresariales se destinarán a combustibles fósiles, lo cual impedirá lograr un avance real.

¿Su excusa? Culpar a los consumidores: pasar la responsabilidad a las personas,  en lugar de adoptar medidas  significativas. Pero  no son los únicos, además  de sus accionistas,  que se benefician de esta inacción. Es por ello que, habida cuenta del aumento de los impactos climáticos, el eslogan #makethempay (que ellas paguen) ha recibido tanto apoyo.

¿Qué lecciones ha aprendido −o debería haber aprendido− el movimiento por la justicia climática de enfrentar a las grandes empresas petroleras durante decenios?

Olivier:  Básicamente, que  no  se puede  pretender afrontar la crisis climática sin  enfrentar al poder  de las empresas. Parte  del  movimiento por el clima creía que podía cambiar a las grandes empresas petroleras desde adentro, ya sea mediante la participación, la realización de campañas, la denuncia, etcétera. Sin embargo, las grandes empresas petroleras no quieren cambiar y tienen suficiente  poder e influencia para evitar o retrasar el cambio  o desviar la mayoría de sus efectos a otros. Ellas no iniciarán un “cambio de sistema”, dado que ellas son el sistema.

Se han  realizado campañas y acciones  muy  valiosas  y eficaces, que siguen  siendo  muy  necesarias  y pertinentes, y en muchas ocasiones han  logrado  victorias  para  el movimiento por el clima. Persuadir a los inversores a que desinviertan en los combustibles fósiles o a instituciones culturales a que  dejen  de estar  patrocinadas por grandes  petroleras es muy importante, al igual que los juicios sobre el clima  entablados contra empresas como  Shell, TotalEnergies o ExxonMobil. Ello ha sido fundamental para revocar  la “licencia social para funcionar” de estas empresas. Si tomamos el caso de TotalEnergies, la empresa fue obligada  a comunicar casi exclusivamente sus inversiones en  energía  verde  y sus compromisos con  el clima. Pero, por otro  lado, aún  existen y siguen siendo  poderosas y siguen librando cada batalla legal o de comunicaciones con todos sus recursos. De modo  que siempre existe el riesgo de que nuestras victorias sean demasiado pequeñas, demasiado parciales y que puedan revertirse. De hecho,  actualmente estamos  sufriendo algunas  reacciones adversas con respecto  a algunas  de nuestras victorias  anteriores. Es así que diría que lo que faltó fue un intento de combatir el poder  de las grandes  empresas petroleras desde dentro.

Clémence: El movimiento de desinversión es un buen  ejemplo de un enfoque de cambio  de sistema y ha sido muy exitoso en los últimos diez años. En lugar de instar a las grandes empresas petroleras a que cambiaran, se centró estratégicamente en  erosionar sus pilares  de apoyo: su licencia social, el acceso a financiación y la influencia en los gobiernos y las instituciones al pedirles  que rompieran vínculos con la industria.

La movilización de base fue la columna vertebral del movimiento, y siempre debemos intentar organizar a grupos  diversos y crear nuevas  iniciativas  locales, que vinculen la justicia  social con la justicia climática.

A medida que nuestro movimiento creció, la intensificación de los cuestionamientos provocó  que las instituciones desinvirtieran para  evitar  riesgos a su reputación vinculados con el apoyo  a estas industrias irresponsables. Posteriormente, los objetivos se volvieron cada vez más amplios, lo cual provocó un efecto dominó, como consecuencia  del cual grandes entidades financieras, como el Banco Europeo  de Inversiones, o instituciones culturales de renombre, como los museos  Tate o Louvre, reconsideraron su apoyo  tradicional. La campaña de desinversión, a escala mundial, generó  un frente  unido contra las inversiones en combustibles fósiles.

La labor  de incidencia jurídica  y política  para  responsabilizar a las grandes  empresas petroleras y la colaboración con otros  movimientos de justicia social también han reforzado nuestros esfuerzos estratégicos  y, ante  todo, han  logrado  apoyo a las comunidades que luchan contra proyectos  sobre el terreno. Nuestra interconexión exige la acción y la solidaridad.

De cara al futuro, deberíamos centrarnos en una  visión de largo plazo, reconociendo que para lograr un cambio  sistémico  se requiere perseverancia, adaptabilidad y solidaridad. Nuestro movimiento debe seguir aprendiendo de los retrocesos  y luchar  por mantener el ímpetu. En resumen, esta lucha  contra las grandes  empresas petroleras nos ha enseñado que  la mejor  forma  de resistirlas  es organizarse colectivamente mediante una  diversidad de tácticas, pero con una visión y entendimiento comunes de cómo logramos el cambio.

¿Y cómo han evolucionado nuestros movimientos para enfrentar a las grandes empresas petroleras? ¿Cuáles son los grandes retos de cara al futuro?

Clémence: Hemos  pasado  de hacer  hincapié únicamente en  la responsabilidad de los consumidores a adoptar un enfoque más holístico que tenga en cuenta la dinámica de la oferta y la demanda.

A nivel  mundial, hemos  alcanzado logros  importantes. Se han desinvertido miles  de millones de dólares  de los combustibles fósiles, se han  detenido grandes  proyectos  de infraestructura y se ha asegurado el compromiso de autoridades locales y naciones enteras para dejar de explotar y utilizar combustibles fósiles. Nuestra influencia también queda  de manifiesto en las discusiones  sobre la eliminación progresiva  de los combustibles fósiles durante las negociaciones  de las Naciones Unidas  sobre cambio  climático, para lo cual obtuvimos el apoyo de más de 130 Estados.

Pero  hay tendencias políticas  mundiales que  amenazan el progreso.  Muchos   activistas  sufren  agotamiento,  desesperanza y  el desafío de recuperar el impulso de las movilizaciones de 2019. Entre  2020 y 2023 se atravesó  un  periodo de conmoción, que  estuvo marcado por el impacto de la COVID-19, los confinamientos y una sensación  predominante de impotencia. El auge de la extrema derecha hace peligrar  los pocos logros progresistas.  Cada año  en que no adoptamos las medidas  necesarias,  se podrían perder millones de vidas. En ese sentido, disminuir la actividad  de la industria es un logro impresionante, pero no es suficiente.

Las diferencias de opinión a nivel  interno son  otro  obstáculo. Hay quienes  apoyan  un enfoque inmediato más agresivo, mientras que  otros  destacan  la necesidad de  ampliar y consolidar nuestra base. Mientras que  la diversidad en nuestras filas es una  fortaleza, también plantea desafíos de colaboración y coordinación. No obstante, crear unidad es fundamental para preparar el terreno a fin de alcanzar  puntos de inflexión fundamentales. Debemos reconocer el carácter  gradual de nuestros esfuerzos  de organización y entender su importancia en allanar el camino para momentos transformadores más amplios.

¿Cuáles son las principales vías para socavar o revocar el poder de las grandes empresas petroleras?

Olivier: Sería bueno pensar  que podemos simplemente ignorar a las grandes  empresas petroleras y construir un sistema energético diferente  desde cero, basado  en las energías  renovables, independientemente de esas corporaciones, y dejar  que  lentamente se pudran y desaparezcan. El problema es que siguen invirtiendo en nueva  producción de petróleo y gas, están  socavando activamente la acción política  que reduciría el consumo de combustibles fósiles y, hoy en día, incluso  logran  cooptar una  gran  parte  del  apoyo  político  de los gobiernos y financiación para  energía  “limpia”. Debemos desarmarlas, amordazarlas e impedirles que  hagan  daño.  Por  lo que sí, es necesario  comenzar a construir un  sistema  diferente, pero  no podemos evitar  algún  tipo de enfrentamiento directo  con el poder y la influencia de las grandes  empresas petroleras.

Tradicionalmente, muchas personas  en  el movimiento por  el clima  y en la izquierda suponen que la mejor  forma  de hacerlo  es mediante reglamentaciones, es decir,  que  los gobiernos deberían adoptar medidas  y obligarlas  a que  cambien, a que  dejen  de producir combustibles fósiles sin elevar los precios ni despedir  a sus trabajadores. Podría  funcionar en teoría, pero en la práctica esto no sucederá  porque los gobiernos no pueden, y a menudo no quieren, introducir reglamentaciones eficaces a empresas tan  grandes  y hacerlas cumplir. Las grandes  empresas petroleras ya son demasiado grandes  para  eso. Ello no  significa que  no  necesitan ser reguladas, sino  que  debemos además  disminuir su poder  y controlarlo. Y el modo  tradicional de hacerlo  es la nacionalización.

Algo  más  sobre  la regulación: cuando se trata  de  enfrentar a las grandes  empresas tecnológicas no necesitamos solo un  nivel de regulación, por  ejemplo regular  sus emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos una  gran  variedad  de  regulaciones sobre  diferentes piezas  y turbinas de  la  máquina −que  detallamos en nuestro informe TotalEnergies  – This is what a phaseout looks like (Observatoire des multinationales y 350.org, 2023). Un aspecto muy importante es la regulación del lobby en el sentido  más amplio, que incluye  las puertas giratorias y toda  forma  de contacto entre  funcionarios  y representantes de la industria. Si no se regula el lobby de manera eficaz, nunca se podrá  regular  nada  en absoluto, debido a que  se corre  el riesgo de que  las empresas se apropien de los procesos de decisión. Si se imponen normas firmes sobre el lobby y los conflictos de interés  −como las instauradas por la Organización Mundial de la Salud para el tabaco−, hay mayores probabilidades de lograr que se aplique la regulación de manera eficaz. Es por ello que propuestas, como  las de la coalición  Fossil Free Politics en Europa, para introducir el mismo  tipo de reglas para los combustibles fósiles que las que se aplicaron al tabaco  pueden ser una  parte  clave de la solución, pero deben  aplicarse en todos los niveles de influencia, no solamente en las Naciones Unidas y las cumbres sobre clima (COP).

¿Cómo puede llevarse a cabo la nacionalización, habida cuenta de los obstáculos económicos y jurídicos?

Olivier: La nacionalización como  acto no es un  problema desde el punto de vista jurídico. Puede  hacerse  a través  de un  simple  acto legislativo. Se ha hecho en el pasado (incluso  por gobiernos de derecha favorables  al mercado) para  rescatar  a los bancos, por ejemplo. La cuestión es cuánto costaría  y si es éticamente aceptable permitir que los accionistas  de las grandes  empresas petroleras −que son en su mayoría inversores institucionales, como BlackRock, Vanguard y otros− se queden con miles de millones de euros y dólares que básicamente ganaron por invertir en la destrucción del clima.

Si Francia,  por ejemplo, aprobara una  ley para  nacionalizar TotalEnergies, tendría que desembolsar en teoría alrededor de 150.000 millones de euros  para  adquirir todas  las acciones  de la empresa, además  de que podría  afrontar juicios de indemnización por parte de algunos  accionistas o socios que podrían argumentar que fueron privados indebidamente de un  posible  lucro.  Y ello incluso  sin tener en cuenta todos los costos de dejar de invertir en combustibles fósiles, el desmantelamiento de instalaciones y el establecimiento de una empresa pos combustibles fósiles que esté al servicio del público.

El valor  oficial de mercado de TotalEnergies es 150.000 millones de euros,  pero  hay  muchos motivos  para  argumentar que  ese valor  es exagerado, debido  a que  se basa en  el supuesto de explotar todos los valores actuales  de combustibles fósiles de la empresa. Ello se debe a que son denominados “activos varados”. Entonces, en nuestro informe proponemos  crear  una  comisión para  evaluar  el valor justo de TotalEnergies −que se suele hacer  en caso de una  nacionalización− pero  teniendo en  cuenta la naturaleza específica y problemática de esos activos. También exploramos otra opción  más radical: una  expropiación, en lugar de una  nacionalización. Nuevamente, ello se ha hecho  en el pasado, pero solamente en circunstancias muy específicas, a menudo vinculadas con un estado de guerra. El argumento sería que debido  a sus violaciones anteriores y su actual  sabotaje  a la acción  por  el clima  que  se necesita  urgentemente, una  empresa como  TotalEnergies puede  ser expropiada por  el Gobierno. Ello no significa que no habrá  una  indemnización, sino que ya no existiría el pretexto de que se trata  de una  transacción de mercado “normal”.

En todo caso, incluso 150.000 millones de euros no es un precio demasiado elevado.  Los gobiernos de  Occidente han  demostrado con frecuencia −después de la crisis financiera de 2008 y más recientemente durante la pandemia de COVID-19− que  son  capaces  de hallar decenas de miles de millones de dólares para rescatar al sector empresarial y a los mercados financieros.

¿Cómo sería una nacionalización eficaz y justa de las grandes empresas petroleras? ¿Cómo podríamos asegurar que logre una transición energética justa habida cuenta de la mala gestión de las actuales empresas energéticas estatales?

Olivier: Huelga  decir  que  la propiedad estatal  no  es una  solución en sí misma.  Hay numerosas empresas estatales  en todo  el mundo que  son  tan  peligrosas  como  las empresas privadas.  Una  empresa estatal  puede  ser más  influyente en  las políticas  y prioridades del Gobierno, como  quedó demostrado en Francia  en el caso de EDF, nuestra empresa de electricidad estatal que está a favor de la energía nuclear. Por este motivo, muchas personas  del movimiento climático y ambiental temen a la nacionalización de TotalEnergies.

Diría que algún  tipo de reapropiación pública  es necesario  e inevitable  para que una  empresa como  Total deje de estar controlada por los mercados financieros. Únicamente los Estados cuentan con los recursos  y la capacidad  suficientes  para  llevar  a cabo  una  operación  política,  financiera e industrial de esa magnitud. Pero  debe hacerse  como  parte  de un  proceso  democrático más amplio desde el comienzo, que incluya  la participación ciudadana, de partes interesadas y, por supuesto, de los trabajadores. Proponemos comenzar con una convención de ciudadanos y presentar el tipo de gobernanza inclusiva,  transparente y participativa del que muchas empresas estatales carecen hoy en día.

Se puede  tomar inspiración de los ejemplos  del movimiento de remunicipalización (Transnational Institute, s/f ), aunque sea un nivel de gobernanza más bajo. La nacionalización debe ser en primer lugar y ante todo una democratización de la empresa, tanto a nivel interno como en su relación con el resto de la sociedad. Para nosotros, al final de cuentas,  después  de que  TotalEnergies esté bajo  control público y haya  desinvertido los proyectos  de combustibles fósiles, debe formar parte de un  servicio de energía  público más amplio o convertirse en una  empresa de propiedad ciudadana o una  combinación de ambas  cosas.

Consideramos que  también podría  haber  una  dimensión internacional en  este proceso,  donde  diferentes países lleven  a cabo  el mismo  proceso con sus empresas nacionales de petróleo y gas al mismo  tiempo −Shell en los Países Bajos y el Reino  Unido,  ENI en Italia, etcétera. Ello daría mayor  impulso a todo el proceso, además de permitir alguna  forma  de mutualización de los costos. Las reflexiones  que  hemos  desarrollado acerca del caso específico de TotalEnergies en Francia  no son aisladas. Hay otras  organizaciones y grupos  de estudios  que  están  analizando este proceso  en  diversos países.

¿Cómo aseguramos que las grandes empresas de energía renovable no sigan el mismo camino que las grandes empresas petroleras?

Olivier: Se podría  argumentar que, actualmente, las grandes  empresas de energía  renovable no solo son como las grandes  empresas petroleras, sino que son los mismos actores corporativos. Participamos en un  reciente informe coordinado por el Transnational Institute, “‘Green’ Multinationals Exposed” (14 de noviembre de 2023), en el que se plantea precisamente este argumento.

A medida que  las gigantes  energéticas consolidadas invierten cada vez más en energía  renovable, su negocio  se sigue basando en el mismo  modelo: orientado al lucro, extractivista (en términos de minerales y tierra),  perjudicial para  las comunidades y los trabajadores,  y neocolonialista, al igual  que  muchos de los proyectos  de energía  solar y eólica de gran  escala en el sur global  o en regiones remotas para beneficiar los intereses  del norte.

Hay  otra  vertiente potente que  necesitamos para  la transición energética: una  que  se centre  en  reducir el consumo, en  lugar  de simplemente añadir capacidad,  en satisfacer  las necesidades  de las personas,  en lugar de las industrias y en construir sistemas de energía democráticos, parcialmente descentralizados. Esa versión de una transición es la única  realmente viable. La anterior es un  callejón sin salida desde una perspectiva social y climática.

¿Creen que finalmente podremos vencer a las gigantes de petróleo y gas como Total? Como activistas por el clima, ¿en qué deberíamos centrar nuestros esfuerzos?

Clémence: Vencer a las gigantes como Total no es fácil, pero para rea- vivar la llama del cambio  de sistema, el movimiento debe enfrentar directamente este sentimiento de impotencia.

El  reciente  auge  del  activismo   por  el  clima,  observado  por ejemplo en la campaña Just Stop Oil,  destaca el deseo de adoptar medidas de inmediato. Y con la aterradora multiplicación de la crisis, es hora  de centrarse en cambios que realmente importan a las personas. Cambiar de estrategia significa apoyar soluciones y contar historias que destaquen que es posible emprender un camino positivo, lo cual es aún  más importante si queremos impedir el avance de los movimientos de extrema derecha  en el mundo. Debemos enfocarnos  en hacer  bien  las cosas, ayudar  a las comunidades sin perjudicarlas, mientras responsabilizamos a quienes  están en el poder.

Cuando casi promediamos esta  década  crucial  para  combatir el calentamiento global,  las decisiones  que  adoptemos de  aquí  a 2025 son fundamentales. Un plan claro para 2025, con una  meta  de 1,5 °C, debe apuntar a un futuro de energías renovables. Aumentar la producción de energías  renovables significa que debemos seguir abordando las cuestiones financieras. Necesitamos invertir alrededor de 1,5 billones  de dólares al año de aquí a 2030.

En 350.org estamos haciendo un esfuerzo conjunto con nuestros seguidores, les ofrecemos  apoyo y orientación. Juntos, estamos construyendo los cimientos de la democracia energética y una  revolución de energías  renovables justa y equitativa. Nuestra comunidad, creada mediante campañas eficaces y contribuciones constantes, es una fuerza poderosa para un futuro sin combustibles fósiles.

Bibliografía

Deneault,  Alain   (2020).   Corporations  as   Private    Sovereign Powers: The case of Total. TNI Longreads. https://longreads.tni.org/ stateofpower/corporations-as-private-sovereign-powers

Observatoire des multinationales y 350.org (2023). TotalEnergies: This is what a total phaseout looks like. Francia.

Transnational Institute (s/f ). Remunicipalisation. https://www.tni. org/en/topic/remunicipalisation

Transnational Institute (14 de noviembre de 2023). “Green”  Multinationals Exposed:  How  the  energy  transition is being  hijacked by corporate interests. https://www.tni.org/en/publication/ green-multinationals-exposed

“¿Estado o generador?”. Una pregunta que me acompaña desde hace treinta y un años como ciudadano libanés con (cero) derechos y (muchas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la calle, porque es la señal más segura de que la energía de la empresa  pública  de electricidad ha vuelto. Ahora una lamparita le ha arrebatado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esa lamparita como  a la pequeña esperanza de que mañana habrá más electricidad pública  que el día anterior.

Las reflexiones  de Sami1 acerca de su lucha silenciosa con las fuentes híbridas de electricidad que afligen su vida cotidiana expresan  las dificultades que experimentan a diario muchas personas  en el Líbano.

Desde los años de la guerra  civil (1975-1991), los habitantes del país  han  tenido que  cogestionar el suministro de  electricidad en sus hogares  y empresas debido  a los cortes  de energía  diarios  y al suministro poco fiable de la empresa estatal Électricité  du Liban (EDL). Dado  que  casi el 90 % de la población libanesa  reside  en zonas urbanas y a falta de un  sistema  público eficaz, la gente  se las arregla como puede  (individual y colectivamente) y, en sus edificios o bloques  de apartamentos, procura lidiar con los cortes de energía.

Esta cogestión  de los servicios públicos  básicos pesa mucho sobre la mayoría de la población y está en gran medida individualizada. Ha llevado a más personas  a depender de las redes informales.

Mientras que  algunos  edificios  tienen un  generador en  copropiedad  gestionado por  sus residentes, muchos hogares  contratan a empresas privadas  que operan grandes  generadores diésel en los vecindarios. Estos servicios, de los que  dependen Sami  y la mayoría de los habitantes del país también están  estrechamente vinculados a redes políticas  en una  intrincada red de clientelismo: el resultado es una  sociedad  abastecida por  una  energía  cara, contaminante y poco fiable.

El Líbano  sufre una  crisis financiera sin precedentes desde 2019 y, junto con la erosión  casi total  de los servicios básicos, incluida la electricidad (Human Rights Watch, 12 de diciembre de 2022), la vida cotidiana se parece a una carrera  de obstáculos: una lucha constante para adaptarse a los desafíos cambiantes y cada vez más arduos.  En 2021, el país se sumió  en la oscuridad cuando el Gobierno no pudo financiar las importaciones de combustible necesarias  para  mantener las luces encendidas.

La crisis energética se agravó  hasta  el punto en que los hogares solo recibían una  hora  −si acaso− de electricidad suministrada por EDL. La dependencia de los generadores se agudizó,  lo que aumentó la dependencia de los combustibles e incrementó los costos para los hogares.  Pero  la reciente crisis de electricidad no es un  acontecimiento aislado:  el país siempre ha experimentado lo que  podría denominarse una crisis prolongada de dotación de infraestructuras, que  afecta  principalmente al  suministro eléctrico  (Abi  Ghanem, 2018).

La experiencia de Sami y muchos más se convirtió en un aspecto normal de la vida en el país, donde  una infraestructura heterogénea de electricidad procedente de EDL, generadores privados y una gran cantidad de tecnologías eléctricas alimentan los hogares  y facilitan la vida cotidiana.

Esta situación es producto de  la corrupción estatal.  Desde  los años noventa, el país ha estado  dirigido  por un régimen político-financiero que fomenta la búsqueda de rentas  (Al-Masri, Abla y Hassan, 2020) y sigue apropiándose de las instituciones estatales  para conseguir beneficios financieros y políticos  (Leenders, 2012).

El sector  eléctrico,  en  particular, además  de ser disfuncional e ineficaz, ha alimentado durante décadas las redes clientelistas (Laughlin, Wood y Ray, 2022) y es un lastre para el presupuesto estatal, lo que contribuye considerablemente a la creciente deuda  nacional y al consiguiente colapso financiero (Ahmad et al., 2022). En las altas esferas del poder,  la falta de una  respuesta adecuada para planificar la recuperación de la crisis más reciente y la ausencia  de cambios en el sistema político  o en el reparto del poder  −que desde el final de la guerra  civil se ha fijado según criterios  sectarios− han erosionado el sentimiento de unidad y pertenencia de la ciudadanía.

Sin embargo, la situación crítica  de muchos hogares  nos  obliga a profundizar en  la compleja red  de servicios básicos formales e informales de los que  depende la ciudadanía y estudiar cómo  se organizan colectivamente a nivel  de los edificios. Sabemos  que los edificios o bloques  de apartamentos son gestionados principalmente por comités encargados del mantenimiento de las zonas comunes y los servicios compartidos.

En el Líbano,  debido  a la prolongada escasez de energía,  estos comités  también gestionan la prestación de  servicios, como  es el caso de los generadores diésel compartidos. ¿Pueden estos comités, locales y presumiblemente representativos, sostener  una  transición energética que sea justa y sostenible? A la luz de todo  esto, nuestra investigación procuró analizar estos micromecanismos a nivel  comunitario y consideró los edificios como  unidad de análisis  y sus comités  como  una  forma  de organismo colectivo  comunitario que podría  aportar alternativas al fallido modelo de gobernanza energética dirigido  por el Estado.

Entre  mayo  y septiembre de 2023 realizamos una  investigación etnográfica colaborativa en  Beirut  y los barrios  periféricos.  Once investigadores aportaron  perspectivas y puntos de vista de la vida cotidiana de los edificios en los que viven.

Estos edificios estaban situados  en distintas partes  de la ciudad y abarcaban una  diversidad de grupos  de ingresos.  Nos  reunimos periódicamente, leímos  las notas  de campo  de los demás  y comentamos  los resultados. Sobre  todo,  intercambiamos las muchas formas  en  que  la lucha  constante contra los cortes  de electricidad y la búsqueda de soluciones energéticas determinaron nuestras vidas. Desde la perspectiva de la “justicia energética transformadora” (Sovacool  et  al., 2023), que  hace  hincapié en  la interseccionalidad y las continuidades que  existen  entre  la injusticia energética y otras formas  de injusticia, exploramos hasta  qué  punto la organización colectiva  en  los edificios  puede  apoyar  la democratización del acceso a la energía  y el empoderamiento de las comunidades como participantes, y no como  consumidores, en los sistemas energéticos esenciales para la vida cotidiana.

Visto así, estos esfuerzos no se consideran formas  románticas de organizaciones económicas solidarias,  sino modelos políticamente realistas  que  revelan  cómo  la gente  intenta que  los servicios sean más accesibles, inclusivos y democráticos, a través de comités de edificios o colectivos de residentes.

Concluimos que, a pesar de sus mejores  intenciones y de los enormes esfuerzos realizados  por estos comités, la gestión de los servicios de electricidad en los edificios distaba  mucho de ser un  proceso de democratización. La preocupación de los comités en cuanto a la cogestión  de la energía  resultaba onerosa y compleja, lo que provocaba la falta de empoderamiento y la aparición de prácticas excluyentes que  repercutían negativamente en  el bienestar de los residentes.

Concentrarse en el nivel de los edificios era clave, ya que se calcula que Beirut  cuenta con unas dieciocho mil estructuras residenciales de gran altura, la mayoría con más de seis plantas  (Krayem  et al., 2021).

Por ley, los comités  gestionan edificios residenciales que suelen constar  de apartamentos de propiedad privada  y zonas comunes (entrada, azotea, escaleras y otros espacios). Como  tal, el comité representa los intereses  de los propietarios de los apartamentos y tiene  el mandato de gestionar todo  lo relacionado con el cuidado y el mantenimiento de las zonas comunes y el funcionamiento del edificio, así como de resolver los conflictos ocasionales entre  los residentes.

Aunque no  todos  los edificios tienen comités  registrados legalmente, en el caso del suministro de electricidad los residentes recurrían  a los comités  para buscar soluciones colectivas adecuadas.

Abrirse paso en la oscuridad

La crisis financiera provocó  un  colapso  económico en  el Líbano, donde  la inflación  trepó  al 145 % y el aumento del costo de los combustibles  fósiles importados hizo que el precio  de la electricidad, el gas y el diésel subiera  casi un 600 %. Esto provocó la crisis eléctrica con  una  reducción aun  mayor  del  suministro estatal,  así como  la sextuplicación del costo de los generadores diésel.

La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costos sociales, económicos y ambientales, lo que  exacerbó  la des- igualdad de ingresos y la pobreza energética. Un 90 % de los hogares acordaron pagar por servicios básicos.

Entre  los más pobres,  el 20 % carecía de acceso a un  generador y los hogares  de bajos  ingresos  pagaban un  porcentaje sustancialmente mayor  de sus ingresos  por  el suministro privado de electricidad (Human Rights Watch, 9 de marzo  de 2023). A la vez, expertos ambientales estimaron que se registró  un aumento considerable de las emisiones, lo que magnificó los riesgos para la salud (Karam, 12 de septiembre de 2022). Además,  como  sucede  en otras  partes  del mundo, estos impactos están condicionados por  el género,  ya que las penurias por  la escasez del suministro recaen  en  mayor  grado sobre las mujeres (Ahmad, 3 de marzo  de 2021).

El costo macroeconómico implicó  la profundización de la dependencia del Líbano de las importaciones de diésel, que benefician principalmente a un  cártel  de importadores de petróleo para  alimentar a los generadores privados (Szakola, 14 de enero  de 2022), lo que afianza aún más las redes de poder  e influencia de los políticos.

En el otro  extremo de la crisis se encuentran las estrategias  que aplican  las personas  para  satisfacer  sus necesidades  energéticas diarias. Las soluciones individuales o colectivas ya son habituales en edificios y hogares. Las denominamos microarreglos, de iniciativa privada y pequeña escala, constituyen una  combinación de fuentes  de energía (generadores de edificios, generadores de vecindarios que venden electricidad, paneles  solares, inversores con baterías  de litio o ácido). Estos también constituyen también constituye la mayor  parte  de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional extraoficial para el suministro de energía  en este país asolado por la crisis.

Como  cada vez más gente recurre a los microarreglos, el país experimentó una proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala, que  algunos  celebraron como  la “revolución de la energía solar” (Raydan, 30 de septiembre de 2022). Según ellos, esta “revolución” incluso  permitiría que el Líbano  cumpla con el compromiso asumido en 2018 de alcanzar  una  combinación de 30 % de energías renovables para 2030 (Rasmi, 2 de marzo  de 2023). Sin embargo, la fiebre  solar  del  país ha  sido principalmente individual y privada, lo que resalta  las diferencias de clase en el acceso a la energía  solar de calidad,  ante  los altos costos de los paneles,  baterías  y equipos inversores necesarios. Además, hay una “crisis de residuos tóxicos en ciernes” (Choucair-Vizoso y El Murr, 11 de octubre de 2022) derivada de las baterías  y paneles  gastados, sin que existan  planes  para  su gestión.

La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados impulsó un  modelo con  fines de lucro  del mercado de la energía solar,  un  aspecto  negativo   de  la  transición energética que  ya  se señaló (Steinfort y Angel, 2023). Esto, junto con la complejidad del suministro energético en el Líbano, plantea la cuestión de la justicia energética. Sin “acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” (United Nations Environment Programme [UNEP], 2017), con repercusiones ambientales e intergeneracionales graves para el bienestar de los residentes (Majzoub, Root y Simet, 9 de marzo de 2023), resulta  evidente que el suministro energético en el Líbano  y la posible transición a las energías renovables no son justos.

Analistas  de la justicia  energética lo definen  como  un “sistema energético mundial  que  distribuye equitativamente tanto los beneficios como  los costos de los servicios energéticos, y que  cuenta con  un  proceso  de toma  de decisiones  representativo e imparcial en  materia de energía”  (Sovacool  et al., 2017). Principalmente, su visión afirma  el derecho a una  energía  asequible y sostenible, cuyo suministro sea transparente y esté sujeto a rendición de cuentas.

Un  año  antes  del peor  momento de la crisis, una  asamblea de ciudadanos libaneses  celebrada en  2020  produjo un  “imaginario de interdependencia que busca crear redes integradas comunales como  solución  colectiva  a pequeña escala en un  momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles” (Shehabi y Al-Masri, 2022).

Este deseo de una solución  liderada localmente e independiente del Estado  central se deriva  de la desconfianza en la capacidad  de este o de sus socios privados  para  resolver  el problema energético que  ya lleva decenios,  así como  de la desconfianza en las opciones renovables y de una  perspectiva distópica  que  preveía,  con  razón, un  mayor  deterioro del suministro energético. Destacamos la des- confianza popular en el Estado y sus instituciones como  prueba no solo de lo arraigados e históricos  que son los problemas de la electricidad en el Líbano,  sino también de cómo  la población es capaz de reconocer la corrupción en  el sector,  pero  se siente  impotente frente  a ella.

Vivir en la crisis de electricidad

La crisis eléctrica  hizo  que  los hogares  dependieran casi exclusivamente de la electricidad que suministran los generadores diésel. Los generadores son propiedad del edificio y dan servicio a los residentes que  pagan  por  su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un  servicio privado de generador diésel vecinal  es otra  opción que pueden contratar los apartamentos individualmente (a cambio de una cuota mensual) por una baja cantidad de amperios.

Sami escribe  cómo  su “sueño  siempre  ha sido la electricidad de EDL”, ya que  solo con ella puede  consumir más del volumen racionado  de apenas  cinco o diez amperios que  le permite el generador. La crisis destruyó  ese sueño  y generó  una  afinidad  por el generador diésel al que Sami está abonado, cuyo propietario “está con nosotros, y nada está en contra  de nosotros  excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica  EDL”, según  Sami. El sentir  de Sami refleja una relación  ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político  del país. Esa ambivalencia se extiende también a los propietarios de los generadores diésel, que se destacan por su codicia y su falta de rendición de cuentas.

La crisis eléctrica  se afianzó  como  una  realidad duradera, que dicta los ritmos  diarios  de la vida doméstica. “Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes:  a qué  hora  nos levantamos,  a qué  hora  volvemos  a casa, el horario de las duchas  y las comidas”, escribió Yasmin.

Las tareas cotidianas se organizan en torno al horario del generador y la vida se convirtió en una  lucha constante, como “un remolino infinito”, según Sami: las pilas de ropa sucia, las noches de verano en vela sin aire acondicionado, los amperios insuficientes para  los aparatos de alto  voltaje  como  los calentadores de agua.  Ahora  su vida  cotidiana también está  racionada: “Las luces  se apagan  a las once de la noche,  a la medianoche o incluso  a la una  de la madrugada… Es hora  de irse a la cama, y todo  el mundo se va a dormir a la misma  hora”.

Los mecanismos para  lidiar  con  la situación y adaptarse a ella alternaron entre  las soluciones individuales y la exploración de posibilidades  colectivas, que a menudo implican experimentar con nuevas  tecnologías. Como  el sistema  libanés  está orientado al mercado, las soluciones nuevas  −los microarreglos− están  al alcance  de quienes  disponen de los medios económicos.

En cambio, los residentes que dependen únicamente del generador privado vecinal muchas veces se sentían atrapados en una  relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es caro, en caso de ser posible.

Algunos  se mostraban hostiles  hacia  estos proveedores, pues se quejaban del creciente costo de vida que provocó  la crisis financiera, pero  a la vez necesitaban la energía  debido  a los cortes de luz. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulan la vida de la gente  sin freno  ni supervisión. Así, adquirieron aún  más poder, ya que para muchos el costo de las demás opciones  los convertía en la única opción.

Imagen 1. Paneles solares en balcones de Beirut

Fuente: Ebla Research Collective

La crisis la sufren  más quienes  tienen necesidades  sanitarias o asistenciales,  como  las personas  de edad  avanzada o con discapacidad que  dependen de un  ascensor  para  llegar  a su vivienda,  pero  que ahora  tienen que  programar sus salidas según  el horario del generador.  La opción de subir por las escaleras también es difícil para personas  de todas las edades, como señala Yasmin:

Nunca me había  percatado de lo que  eran  doce tramos  de escaleras hasta que tuve que subirlos  casi todas las noches… Al subir las escaleras, una y otra vez, empecé a sentir como si estuviera  fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle sin fin.

Esa sensación  de lo interminable −el remolino, el bucle infinito− refleja la exacerbación. El cansancio lo invade  todo  y pone  en el centro los cuerpos de quienes  experimentan la crisis. Resaltamos estas sensaciones  para apuntar las consecuencias intangibles que tiene  la crisis en las personas, dado lo liada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores  estatales  y no  estatales,  y la existencia  rutinaria aparentemente opresiva pueden tener repercusiones sociales y políticas importantes.

La respuesta ante la crisis no solo agravó las desigualdades socioeconómicas existentes,  sino que −debido  a cómo  fue concebida− reforzó  estos desequilibrios de poder.  Por  ejemplo, el proceso  de racionamiento de la energía  de los generadores diésel propiedad de los edificios (para gestionar los costos y el desgaste mecánico) reveló necesidades  y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género,  tamaño y composición de la familia,  así como  por posición  económica y social.

Mientras que las personas  encargadas del hogar  preferían el suministro durante el día, quienes  trabajaban fuera  de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares  acomodados querían tener más suministro sin importar el costo. Fue preciso llevar a cabo negociaciones  y adaptaciones, que  a menudo les restaban prioridad a las necesidades  de los más débiles  o incluso  las ignoraban. En la toma  de decisiones  estuvieron ausentes  las voces de las mujeres, a veces de forma  deliberada, debido  a cuestiones como  el cuidado de los hijos y otras demandas de su tiempo.

Esta dinámica demuestra que, incluso  cuando las decisiones  son locales, se explotan las diferencias de poder.  La intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos para la resolución de problemas perjudicó en este caso a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo  una  inquietud, incluso en las respuestas locales.

En  cambio,  los  edificios  con  medios  económicos y residentes bien vinculados pudieron asegurarse el diésel con más facilidad  y protegerse de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en “una  fortaleza que a la vez protege  y distingue a sus residentes de lo que hay fuera”.

Sin embargo, las ventajas que disfrutan los hogares con mayores ingresos incluyen costos que recaen sobre los menos  afortunados. En este ejemplo, el ruido  del  generador que  funcionaba las veinticuatro horas del día resultó perjudicial para  la salud mental y el bienestar de los habitantes más pobres de  los edificios cercanos. Los vínculos personales con partidos políticos y élites influyentes se aprovecharon para conseguir diésel más barato, mientras que en otro edificio, los contactos del líder del comité con un partido político afianzaron su predominio sobre los vecinos.

Vemos claramente cómo las consecuencias de la crisis recaen con mayor dureza  en los edificios de ingresos más bajos. Los edificios con ingresos más altos, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general  de las zonas comunes, mientras que los de hogares de ingresos medios o bajos empezaron a padecer el deterioro de forma  visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut  ya no  son la entrada vistosa, el portón eléctrico o la fachada reluciente, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que brinda extensas horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.

Los edificios en plena crisis de electricidad

En un edificio, tres de las zonas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son:

1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.;

2) el generador diésel propiedad del edificio,

3) el uso de zonas comunes para instalar las soluciones energéticas, como designar un espacio para el generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.

Había un elemento temporal en esta crisis, señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos y sacrificar la comodidad y el confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos, y cómo, sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.

Los sentimientos cambiaron y aparecieron comentarios, del estilo de “quienes no hayan pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar”. Se celebraron largas asambleas y discusiones,  a menudo antagónicas, que empujaron a la gente  a adoptar soluciones individuales, como  los sistemas  de baterías de litio para sus hogares. Esto mitigó los problemas de quienes podían permitirse esas soluciones, pero redujo el interés por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en una  panacea para que la gente se ocupara de sus propias  necesidades y mitigara “el dolor  de cabeza”.

La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de la factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio  o correspondiente a una suscripción aparte de un servicio de generadores vecinal. Cuando los residentes no podían pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo  funcionar las veinticuatro horas,  algunos comités optaron por limitar su uso solo a quienes  podían permitírselo.

Mediante un  sistema  a control remoto, solo  podían llamar al ascensor quienes habían pagado. Como la electricidad de la red pública solo está disponible unas horas al día, el ascensor pasó a ser para el uso privado de los residentes más pudientes y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio cotidiano del edificio se convirtió en una expresión de la evolución de la crisis, al generar prácticas excluyentes y distanciamiento entre los vecinos.

Imágenes 2 y 3. Llaveros con control  remoto  de los ascensores para uso exclusivo de los residentes que hayan pagado por el servicio.

Fuente: Ebla Research Collective

 

El uso de las zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que, en definitiva, no eran tan comunes. Como sucede con los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios suelen verse invadidos, ya sea por la aparición de necesidades de instalaciones y servicios nuevos (por  ejemplo, tanques de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.

Ante  esta situación y el auge de la energía solar en Beirut y sus barrios periféricos, se plantea la cuestión de si los hogares tienen en verdad acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, solo tres tenían paneles solares instalados, pero estos pertenecían a los pocos apartamentos que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con sus vecinos, como  hecho  consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han  empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por  energía solar (Abdel-Riad, 2022), en nuestra muestra no observamos ningún esfuerzo colectivo por  invertir en ella. En un  edificio se discutió  el tema  y el comité  supuso que era  ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio de la azotea no alcanzaba para alojar los paneles necesarios.

Estos ejemplos revelan que, aunque en algunos edificios hubo comités  que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones  no  siempre eran  estratégicas,  eficaces ni  inclusivas. Aunque los edificios con mayores  ingresos  podían resolver  problemas al adquirir colectivamente generadores más grandes, eso no significa que el aspecto económico fuera el único factor en juego.

La intensidad de la crisis eléctrica, sumada a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos  personas  pueden dedicar  el tiempo y los recursos  financieros que exigen estas iniciativas.  Otra  causa del fracaso es la duración de la crisis (ya en su cuarto año), que hizo que la gente perdiera la paciencia y optara por soluciones individuales. Así, la cooperación ha sufrido  altibajos:  a veces ha surgido  en espacios compartidos y otras  ha desaparecido por  el estrés y la tensión de vivir en una crisis.

No obstante, los comités de edificio siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación demuestra que son fundamentales para proteger de la decadencia el entorno construido, ya que los edificios descuidados a veces son los “escombros intencionales” que impulsan las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios (Kanafani, 2017).

Habida  cuenta de que  antes  de la crisis los comités  de edificios eran  eficaces (en su mayoría) en el mantenimiento y la gestión  de los servicios de los generadores o en la búsqueda de soluciones para problemas relativamente menores, como el suministro irregular del agua, cabe preguntarse si esta crisis −por su complejidad y sus numerosas repercusiones− es demasiado para que un comité  pueda gestionarla por su cuenta.

Esto subraya  nuestro llamamiento a una  visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Nos preocupa hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que tengan éxito a largo plazo.

Una crisis en curso

La dinámica de los comités de edificio puede  captar la forma en que las personas adaptan sus rutinas cotidianas a las restricciones del suministro eléctrico, que negocian con sus vecinos para asegurarse  de que el suministro se ajuste a sus necesidades. Los comités pueden ser espacios de búsqueda de microsoluciones colectivas.  También encontramos estrategias  de resistencia  y de mejora vital que desafían la injusticia de la realidad energética, ya que los residentes intentan lograr  la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque solo sea temporalmente.

Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente exigiéndoles encontrar soluciones técnicas  colectivas  con  los aspectos  distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones,  pero  también mientras sucumben a las injusticias  energéticas globales, estatales  y sistémicas.

Demostramos que, incluso  con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités  de edificio individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Desde la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía  y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político  y activista.

Veamos el ejemplo de Um-Rami, una  abuela  de setenta y ocho años  que  lleva dos décadas  encargándose del comité  y la contabilidad  de su edificio. Lo anota  todo en dos cuadernitos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos diez años. También tiene una cajita metálica con el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.

Al final de cada año, calcula los totales  y los pasa a la página  siguiente. Um-Rami  se queja  de seguir siendo la responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha  intentado ayudarla manteniendo un  archivo  Excel que tiene dos hojas por  año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para las y los residentes. Ella también está cansada, le cuesta hallar el tiempo disponible entre  su trabajo, las tareas domésticas y la crianza  de sus hijos.

Descargar el peso de la solución a la escasez de energía  −un problema nacional que ya lleva décadas, además de una crisis climática mundial− sobre los hombros de residentes urbanos como Um-Rami no  es un  proceso  de democratización ni  de empoderamiento. De hecho,  incluso  entre  los miembros más jóvenes  o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios que son necesarios  para  la vida cotidiana de sus residentes, mientras que se enfrentan a una crisis política  dinámica, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.

Ante la magnitud de la crisis energética y la corrupción en el Líbano,  la reacción  empoderante no son las medidas  provisorias que los habitantes de Beirut  se vieron  obligados  a adoptar, ni el despliegue de soluciones técnicas  a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista ambiental, ni pensar  que la respuesta radica en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.

Para  aclarar, académicos y activistas de la justicia  energética reclaman sistemas energéticos descentralizados y dirigidos  por las comunidades (Bell, Daggett y Labuski, 2020) y la devolución del “micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces fueron silenciadas  sistemáticamente durante demasiado tiempo” (Sovacool, 2023). Pero  sin una  acción política  paralela que desmantele los sistemas políticos de búsqueda de rentas del sur global  y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que se benefician de sistemas energéticos injustos  y extractivistas, los reclamos  de descentralización y energía  comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.

Se espera que las comunidades, como hemos visto en el Líbano y otros lugares del sur global (Seif Eddin, 24 de noviembre de 2023), soporten la carga de satisfacer  sus necesidades  energéticas con  los escombros de unos  sistemas  energéticos fallidos, pero  sin el poder ni los recursos para hacerlo  (Hamouchene y Sandwell, 2023).

Así, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos  comunitarios  no  a desplegar  soluciones tecnológicas para  la crisis energética, sino a ayudar  a organizarse colectivamente contra las políticas que la provocaron. Aunque las élites corruptas del Estado lograron sofocar la oposición mediante una  política  populista, clientelista y sectaria, la movilización contribuyó a impulsar el debate  sobre  los servicios y las infraestructuras.

Por  ejemplo, movilizaciones pasadas, como  la campaña #YouStink  (Ekdawi, 23 de febrero  de 2021), a pesar de su éxito limitado, apuntaban con acierto  a la corrupción política  que provocó  la crisis de los residuos, en lugar de concentrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos  sólidos.

Además, para los hogares individuales, el comité de edificios como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda  como punto de partida para  definir  y expresar  las necesidades  y prioridades a nivel  comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares proveedores de servicios informales, como  propietarios de generadores y electricistas  de la zona, y, allí donde  están activas, las autoridades municipales locales.

Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité  de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino  o que a veces negoció  en conjunto tarifas de abono con los proveedores privados  del vecindario, mientras que otro comité  analizó el incendio de un generador cercano  para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.

La función de las empresas de generadores, que suelen ser demonizadas  como  si fueran mafias porque tienen el monopolio de los servicios del vecindario y fijan los precios, podría gestionarse de otra manera (Abi Ghanem, 2021). Ponemos en cuestión esta denominación banal, dados los sentimientos encontrados de las personas  que se desprenden de nuestro estudio. Creemos que hay margen para su participación más allá de la prestación de servicios transaccionales.

Las empresas prestan servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que las personas  se esfuerzan por gestionar a nivel de cada edificio. Lo ideal no es, ni mucho menos,  seguir dependiendo de los servicios de los generadores en cada vecindario, ante  la falta  de rendición de cuentas  y las consecuencias para la salud ambiental. A pesar de ser entidades privadas, también −al igual que la tienda de comestibles del barrio−  integran sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.

Se debería brindar apoyo  para  que  los colectivos  de residentes puedan presionar para  que  mejoren las condiciones del  servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que podría apoyar a los residentes son las autoridades municipales de la zona.  En el edificio  en el que  el municipio asumió  un  papel  activo  en la regulación de las empresas privadas  de generadores, los residentes se beneficiaron de una  gestión  menos estresante de sus necesidades  energéticas cotidianas.

Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para  la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, a fin de lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de organizadores en cada edificio, como lo es Um-Rami, se invertirían mejor  en fortalecer los puentes entre  los residentes vecinos, movilizarse por un cambio  político  efectivo y presionar a los proveedores de servicios y a las autoridades locales para  que ofrezcan  soluciones energéticas más justas.

Años de corrupción y poder  incontrolado de la élite gobernante del país hacen que cualquier esfuerzo de apoyo a la transición a una energía  más ecológica o para  abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano  no es un  problema técnico que se pueda  paliar simplemente mediante proyectos energéticos locales dirigidos  por la comunidad.

Estas ideas nos convencen cada vez más de que se trata de una crisis política −provocada por años de descarado aprovechamiento del poder por parte de políticos corruptos con capacidad de influir  en la infraestructura energética− y de que una solución política es imperiosa.

 

Bibliografía

Abdel-Riad,  Belqis (2 de julio  de 2022). Cooperatives, loans  and renting out roofs in cities…and solar farms in rural areas [en árabe]. Al-Modon. https://shorturl.at/afLZ6

Abi Ghanem, Dana  (2018). Energy, the city and everyday  life: Living with power outages  in post-war Lebanon. Energy Research & Social Science, 36, 36-43.

Abi Ghanem, Dana  (2021). Insights  from  an assemblage  perspective for a (better) understanding of energy transitions: Facing the challenge of sustainability in  Lebanon’s  energy  crisis. En Ankit Kumar,  Johanna Höffken y Auke  Pols (eds.), Dilemmas of Energy Transitions in the Global South: balancing urgency and justice (pp. 18-38). Abingdon: Routledge.

Ahmad, Ali (3 de marzo  de 2021). Energy and  empowerment in Lebanon: Impact of a reliable energy supply in changing women’s lives. International Growth Centre (ICG). https://www.theigc.org/ blogs/gender- equality/energy-and- empowerment-lebanon-im- pact-reliable-energy-supply-changing-womens

Ahmad, Ali et al. (2022). From dysfunctional to functional corruption:  the  politics  of decentralized electricity provision in  Lebanon.  Energy Research & Social Science, 86. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102399

Al-Masri, Muzna;  Abla, Zeina  y Hassan,  Rana  (2020). Envisioning and contesting a new Lebanon? Actors, issues and dynamics following the  October protests. Londres:   International Alert.  https://www. international-alert.org /app/uploads/2021/08/Lebanon- Context- Analysis-Oct-Feb-EN-2020.pdf

Bell,  Shannon  E.,  Daggett,   Cara  y  Labuski,   Christine  (2020). Toward  feminist energy  systems: Why adding  women and  solar panels  is not  enough. Energy Research & Social Science, 68. https:// doi.org/10.1016/j.erss.2020.101557

Choucair-Vizoso, Julia y El Murr, Yara (11 de octubre de 2022).‘Privatizing the sun: the dark side of Lebanon’s “solar revolution”.’, The Public Source. https://thepublicsource.org/lebanon-solar-privatization

Ekdawi, Amy (23 de febrero de 2021). Beirut’s “You Stink” Movement: A tongue in cheek  slogan  to hold  officials accountable. Accountability Research Center. https://accountabilityresearch.org/ beiruts-you-stink-movement-a-tongue-in-cheek-slogan-to-hold- officials-accountable/

Hamouchene, Hamza  y Sandwell, Katie (eds.) (2023). Dismantling Green Colonialism: energy and climate justice in the Arab region. Lon- dres: Pluto Press.

Human  Rights Watch (12  de  diciembre de  2022). Lebanon: Ri- sing  poverty, hunger  amid   economic  crisis.  https://www.hrw. org /news/2022/12/12/ lebanon-rising-p over ty-hunger-amid- economic-crisis

Human Rights Watch (9 de marzo  de 2023). ‘Lebanon:  Electricity crisis exacerbates poverty, inequality’. New York: Human Rights Watch. https://www.hrw.org/news/2023/03/09/lebanon-electricity- crisis-exacerbates-poverty-inequality

Kanafani, Samar (2017). Made to Fall Apart: An ethnography of old houses and urban renewal in Beirut [Tesis de doctorado]. Universidad  de Manchester. https://research.manchester.ac.uk/en/studentTheses/made-to-fall-apart-an-ethnography-of-old-houses-and-urban-renewal

Karam,  Zeina  (12 de septiembre de 2022). In  parts  of Mideast, power generators spew toxic fumes 24/7. AP News. https://apnews. com/article/middle-east-africa-ap-top-news-lebanon-a8448b0d8b-3fb921f8f8fc77b798958d

Krayem,  Alaa et al. (2021). Machine learning for buildings’  characterization and power-law recovery of urban metrics. PLoS ONE, 16(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246096

Laughlin, Shaya; Wood, David y Ray, Alex (2022). Fuelling addiction: How importers and politicians keep Lebanon hooked on oil.Triangle. https://www.thinktriangle.net/importers-politicians-lebanon-oil/

Leenders, Reinoud (2012). Spoils of Truce: Corruption and state-building in postwar Lebanon. Ithaca: Cornell University Press.

Majzoub, Aya; Root,  Brian  y Simet,  Lena (9 de marzo  de 2023). “Cut Off from Life Itself ”: Lebanon’s failure on the right to electricity. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/report/2023/03/09/ cut-life-itself/lebanons-failure-right-electricity

Rasmi, Adam (2 de marzo  de 2023). Why Lebanon is having  a surprising solar  power  boom. Time. https://time.com/6257557/ lebanon-solar-power-boom/

Raydan,  Rodayna (30 de  septiembre de  2022). How  Lebanon’s crisis sparked  a solar  power  revolution. The New  Arab. https:// www. ne w arab.com /analy s is/ how- leban ons – cr isis – sparked- solar-power-revolution

Seif Eddin,  Sara (24 de noviembre de 2023). Gaza siege: years of darkness.  Mada Masr. https://www.madamasr.com/en/2023/11/24/feature/politics/gaza-siege-years-of-darkness/

Shehabi, Ala’a  y  Al-Masri,  Muzna (2022).  Foregrounding citizen  imaginaries: Exploring just  energy  futures through a  citizens’ assembly  in Lebanon. Futures, 140. https://doi.org/10.1016/j. futures.2022.102956

Sovacool, Benjamin K. et al. (2017). New frontiers and conceptual frameworks for energy  justice. Energy Policy, 105, 677-691. https:// doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005

Sovacool,  Benjamin K. et  al. (2023). Pluralizing energy  justice: Incorporating  feminist, anti-racist, Indigenous, and postcolonial perspectives. Energy Research & Social Science, 97. https://doi.or- g/10.1016/j.erss.2023.102996

Steinfort, Lavinia  y Angel,  James  (2023). Energy Transition Mythbusters: Unpacking the 6 policy myths that threaten decarbonisation. Ámsterdam: Transnational Institute and Trade Union for Energy Democracy. https://www.tni.org/en/publihttps://www.tni.org/en/publication/energy-transition-mythbustersation/energy-transition-mythbusters

Szakola, Albin (14 de enero de 2022). “National suicide”: A breakdown  of Lebanon’s deepening dependence on diesel fuel for private  generators. L’Orient Today. https://today.lorientlejour.com/ article/1287555/national-suicide-a-breakdown-of-lebanons-deepe- ning-dependence-on-diesel-fuel-for-private-generators.html

United Nations Environment Programme [UNEP] (2017). GOAL 7: Affordable and clean energy. https://www.unep.org/topics/sus- tainable-development-goals/why-do -sustainable-development- goals-matter/goal-7-affordable

1. Para proteger su confidencialidad, hemos utilizado seudónimos para los investigadores y participantes.

La energía  suele analizarse en términos de sistemas o tecnología: monopolios de energía  privados, redes estatales, el uso de energías renovables en lugar  de combustibles fósiles. Sin embargo, se suele pasar por  alto  la fuente  de energía  más importante: la que  brinda energía  a las comunidades para visualizar  y llevar a cabo nuevos sistemas que no solo proporcionan energía  a los hogares,  sino que además  construyen comunidades saludables. Esta energía  comunitaria  ya está siendo  desarrollada por numerosas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas comunitarias, que suelen  combinar conocimientos y tecnologías ancestrales y modernos, han  colocado una  vez más al sol, el viento  y el agua  al servicio  de las personas. Al hacerlo, cuestionan el discurso  dominante sobre  la transición energética.

En nuestra labor  como  activistas e investigadoras, hemos  comenzado a documentar estas experiencias en  una  Exhibición Virtual  de Experiencias  Comunitarias de Transición Energética Justa.

Estos ejemplos  no solo abarcan la producción de energía  eléctrica, sino que también intentan construir o consolidar la producción alimentaria o la gestión  del  agua  controladas por  las comunidades, sobre la base de relaciones recíprocas  con la naturaleza y las personas, en  lugar  de relaciones extractivistas. Estas son  esencialmente propuestas para  una  transición energética justa. La exhibición, que comenzó en 2020, ha logrado reunir más de cien experiencias comunitarias que ilustran los esfuerzos de varios pueblos  y comunidades para  enfrentar el modelo energético que ha privatizado la energía, la ha concentrado en manos de unas pocas empresas trasnacionales y ha distanciado a la población de la toma  de decisiones  en asuntos fundamentales sobre la misma.

En el contexto actual, el debate sobre la transición energética ha cobrado relevancia debido  a las crisis climática, alimentaria, económica, de biodiversidad, de democracia y de agua, consideradas por algunas  personas  como  crisis civilizatoria. Estas crisis son en gran medida resultado de un sistema económico que ha maximizado sus ganancias  y su crecimiento dependiendo de la quema de combustibles fósiles. Los resultados de este enfoque han dejado en claro sus devastadoras consecuencias sobre  los territorios. Sin embargo, las propuestas de transición energética a menudo se centran en enfoques corporativos, que  profundizan las desigualdades y dinámicas coloniales entre  el norte y el sur global, donde  este último provee de materias primas  al primero, a expensas de devastar sus territorios y vulnerar los derechos de los pueblos  y comunidades. La promoción de energías renovables a través de grandes megaproyectos y la explotación de minerales requeridos para la transición y la producción de hidrógeno se encuentran en el epicentro de los debates  actuales  y mantienen la división internacional del trabajo.

Ante  este escenario,  surge la necesidad de explorar alternativas dentro de las transiciones socioecológicas, que van  más  allá  del ámbito energético y buscan  replantear nuestras relaciones con  la naturaleza. Aquí  es donde  entran en  juego  las experiencias mencionadas,  que  han  acuñado el término de “energías  comunitarias”.

Estas emergen como  propuestas esenciales y radicales, y desafían  el modelo extractivista al proponer una perspectiva más inclusiva, justa y sustentable. Estas iniciativas  representan un  replanteamiento fundamental de nuestra relación con la energía,  y abordan no solo la electricidad, sino también aspectos cotidianos: la energía de nuestro cuerpo  y músculos, el sol, el viento y el agua. Ampliar el espectro de cómo  entendemos la energía nos lleva a considerarla de manera integral, como un derecho y un bien común.

A lo largo de este ensayo, exploramos algunos aspectos en torno a las energías comunitarias en América  Latina  y el Caribe, centrándonos  especialmente en Colombia, con el propósito de analizar su potencial para  enfrentar los desafíos contemporáneos y proponer soluciones efectivas. De esta forma,  durante el texto  examinamos ejemplos concretos de algunas  de estas iniciativas  y destacamos su capacidad  para integrar diversas fuentes  de energía, promover la soberanía alimentaria y fortalecer a las comunidades locales. También reflexionamos sobre  el papel  crucial  de las mujeres en la construcción y el mantenimiento de estas propuestas, así como  los obstáculos y retos que enfrentan en su camino hacia un  mundo más justo y sostenible.

Energías comunitarias: ¿en dónde  surge el concepto y en qué consisten?

La gestación de alternativas energéticas desde una perspectiva comunitaria se inscribe  en  una  historia que  abarca  varias  décadas. Desde finales del siglo XX, diversas comunidades se han visto confrontadas por proyectos extractivos y de infraestructura, como  las megarrepresas, que continuamente amenazan con destruir sus formas  de vida y territorios. Por  ejemplo, en  Santander, la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, de la canadiense Isagen, erigido sobre el río del mismo  nombre, resultó en la destrucción de formas  de vida ribereña. El muro impidió la migración de los peces reofílicos, como el bocachico,  que constituían la base de la economía  local. Además, los caudales del río ahora  dependen del pulso energético, y las comunidades sufren  con frecuencia inundaciones que destruyen sus cultivos y ponen en riesgo su vida. Las mujeres fueron unas de las más  perjudicadas, al perder las actividades  de venta  del pescado  y las actividades  de turismo local, mientras que las jóvenes  experimentaron el abuso  y la violencia,  incluyendo la violencia  sexual, durante la fase de construcción del proyecto.

Lo que  sucedió en el Sogamoso no es un caso aislado, en otros ríos también se vieron  afectadas  comunidades y territorios que  siguen sin ser reconocidas como desplazadas  del desarrollo y, en muchos casos, no han recibido ninguna reparación. La crítica al modelo energético, especialmente en lo referente a las megahidroeléctricas, impulsó a Censat  Agua Viva y a varios procesos de resistencia  a las represas  en Colombia no  solo a enfrentar el poder  de las grandes empresas energéticas, sino  también a reflexionar sobre  la relación con la energía  y a crear soluciones para  alcanzar  la autosuficiencia y autonomía energética. De esta manera, gradualmente, un grupo de organizaciones se unió para  impulsar un  proceso  organizativo1  y formativo que  fortaleciera las capacidades  en  torno a temas energéticos.

El propósito era abordar el debate  energético, construir alternativas y enfrentar la crisis climática y socioambiental. Las propuestas que emergieron buscaban establecer nuevas  relaciones con  la naturaleza, la energía  y las tecnologías asociadas a esta. Las ideas generadas en este proceso  tienen raíces que se extienden más allá del actual  modelo capitalista y están  conectadas con  prácticas ancestrales y saberes  tradicionales presentes en diversos  territorios. Este proceso se consolidó con la creación  de la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias, los debates  allí planteados fue- ron dando forma  al concepto de “energías  comunitarias”.

Este concepto abarca un conjunto de saberes, prácticas y procesos de cambio  relacionados con la producción y el consumo de energía y alimentos. Las energías  comunitarias promueven una  transformación en las relaciones de poder  inherente al sistema  energético, replanteando las relaciones con la naturaleza y todas las formas  de vida, centrándose en el autoabastecimiento y la autonomía local y generando nuevas  prácticas  y usos de la energía  que  evitan  el derroche y el despilfarro. Además, promueven la descentralización de la generación de energía,  abordan problemas como  la escasez y la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y fertilidad del suelo. También contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y son esenciales  para  garantizar el acceso universal a la energía.

Cada una de estas propuestas surge de una realidad local, responde a necesidades específicas y enfatiza que las transiciones socioecológicas son factibles y ya están en marcha. Estas transiciones se construyen a través de diversos procesos sociales que promueven la autonomía y una vida digna, al tiempo que defienden los cuerpos  y territorios.2

La Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa

Algunas de las propuestas que conceptualizamos como energías comunitarias pueden ser consultadas en  la Exhibición Virtual de Experiencias  Comunitarias de Transición Energética Justa. Esta iniciativa ha sido coorganizada con varias organizaciones año tras año desde el 2020. La finalidad de esta exhibición es destacar y visibilizar las iniciativas y prácticas  relacionadas con energías  alternativas desarrolladas por organizaciones sociales, tanto rurales  como urbanas, en América  Latina y el Caribe. Los ejemplos  que presentamos en el texto hacen  parte  de dicha exhibición virtual.

Recuadro 1

---

Objetivos de la exhibición

1. Visibilizar experiencias que han logrado resistir y enfrentar desafíos energéticos a nivel local, y alentar la autonomía en materia energética.

2. Fomentar la colaboración y la articulación social entre comunidades de distintas regiones mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

3. Contribuir con soluciones prácticas, concretas y reales para la creación de opciones justas de transición energética a nivel local, e incentivar así a las comunidades a adoptar alternativas en sus respectivos territorios.

4. Enriquecer el debate sobre la transición energética desde la perspectiva de la justicia

5. Proporcionar contenido que pueda ser utilizado por individuos que trabajan en diversos ámbitos, como investigadores, tomadores de decisiones y miembros de la comunidad, para sus esfuerzos de promoción, formación o comunicación.

---

Recuadro 2

---

A corte de finales de 2023 la exhibición cuenta con:

−119 experiencias reconocidas como alternativas de autonomía energética

−21.083 familias involucradas

−122.226 personas beneficiadas

---

A finales de 2023, la exhibición había  reconocido 119 experiencias alternativas a la autonomía energética, de las que  se beneficiaban 21.083  familias  y 122.226  personas.  La exhibición reconoce una amplia  diversidad de experiencias. Por un lado, se incluyen iniciativas que trabajan en torno a la autogestión energética comunitaria empleando tecnologías como biodigestores, bicimáquinas, ruedas Pelton, paneles  solares, entre  otras.  Asimismo,  se destacan experiencias que relacionan la energía, la justicia hídrica y la soberanía alimentaria (que incluyen asuntos como  los mercados campesinos, la agroecología, los viveros y huertas familiares  y comunitarias, entre  otras manifestaciones). Además, la exhibición abarca experiencias relacionadas con la reutilización de residuos  orgánicos  e inorgánicos, para la producción de energía y alimento, pero también otros usos, como la elaboración de artesanías. De igual forma, algunas propuestas incluyen los ecobarrios, la autogestión de la salud a través de la transformación de plantas  medicinales en productos para el cuidado, la recuperación y preservación de semillas y platos tradicionales, así como  la recolección de aguas  lluvia,  entre  otras prácticas.

Retos y desafíos  de las energías  comunitarias

En el trabajo conjunto con las experiencias de energías  comunitarias, tanto en la Escuela de Técnicas y Técnicos como en la Exhibición Virtual, hemos  identificado ciertos  desafíos  compartidos. Uno  de los principales retos  que enfrentan estas experiencias radica en la minimización de su potencial. Con frecuencia, se argumenta que no es posible sustentar toda la matriz energética de un país con energías comunitarias, lo que nos lleva a considerar varios problemas en este contexto.

En primer lugar, la transición energética no puede  limitarse a un debate sobre el cambio de la matriz energética basado en diferentes tecnologías. Como  mencionamos anteriormente, existe una  discusión prioritaria que debe abordarse, relacionada con preguntas que consideramos fundamentales: ¿cómo concebimos la energía?, ¿para qué propósitos?, ¿para  quiénes se produce energía?  Si cambiamos el enfoque de esta discusión, tal vez podremos comprender otros aspectos cruciales, como  la necesidad de una  transformación cultural en la cual la energía  deje de ser considerada como  una  mercancía y pase a ser vista como  derecho y un  bien  común, que sostiene  los entramados de la vida, sus cuidados  y lo que varios pueblos  y comunidades  plantean como el “buen vivir”, el “Sumak Kawsay” o el “vivir sabroso”. Esto debe ser abordado de manera contextual en cada uno de los territorios y comunidades.

Por  ejemplo, en el departamento de Quiché,  en Guatemala, la experiencia “Luz comunitaria de la zona  reina  en defensa  del territorio”  es una  propuesta de turbinas comunitarias mediante las cuales varias comunidades mayas promueven la autonomía energética. Estas turbinas comunitarias surgieron en comunidades desplazadas durante el conflicto  armado en los años 1980. La primera iniciativa enfrentó numerosas dificultades, ya que  iba en contra del modelo hidroeléctrico empresarial que despoja a las comunidades de sus te- rritorios y bienes naturales. Sin embargo, la idea de luz comunitaria se propagó a otras  comunidades y logró  articular a más de sesenta de ellas, que  adoptaron esta iniciativa con  el apoyo  del  Colectivo Ecologista  Madreselva. Las turbinas generan beneficios  significativos para  la comunidad, con cuotas  accesibles gestionadas por autoridades  locales. Además  de esto, se implementaron  programas de protección de bosques comunitarios y prácticas agroecológicas  para la siembra. Jóvenes capacitados se encargan del mantenimiento de la infraestructura, mientras que  el colectivo  continúa asesorando proyectos,  promoviendo la autonomía y la vida digna frente  a modelos extractivos.

Esto nos conduce a un tema central, que es la cuestión de la escala. Este modelo extractivista y la misma  geopolítica nos han llevado a la necesidad de creer que si algo no abarca  la totalidad, carece de utilidad, y aquí  yace una  gran  trampa significativa  que obstaculiza la capacidad  de abordar problemas de manera contextual, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y sus necesidades. Sin embargo, las energías comunitarias desafían esta perspectiva, ya que  surgen  desde lo local sin necesariamente confinarse o aislarse en un  solo lugar,  sino  que  se expresan  de diversas  formas  en diferentes  territorios, articulando sus esfuerzos y capacidades  con otras experiencias. En tal sentido, es importante destacar  que lo comunitario no implica  necesariamente aislamiento.

Otro ejemplo concreto ha sido el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía.  Gran parte de los conflictos en áreas rurales  y urbanas están relacionados con la gestión  de residuos orgánicos. En muchas ciudades, los vertederos o botaderos están saturados y algunos incluso han colapsado y causado graves afectaciones a las poblaciones circundantes. La propuesta de utilizar los residuos para  la producción de energía  y fertilizantes es, sin duda,  una  respuesta  no solo a este problema, sino también a la deforestación, que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia. La iniciativa de la Red Colombiana de Energía de la Biomasa  (Redbiocol), que también forma parte de la Red Biolac, consiste en emplear estos residuos mediante biodigestores, reducir así la presión  sobre los bosques y las selvas, generar su propia energía, disminuir los costos asociados al suministro de energía  y a los fertilizantes, y desafiar el sistema  energético y agroalimentario que condena a las familias a una gran dependencia de insumos y costos energéticos elevados. La generación de gas a través de los residuos ha permitido potenciar las economías locales, añadiendo mayor  valor a sus productos y fomentando la autonomía energética. Esta, que suele ser considerada una  tecnología exclusiva para espacios rurales,  ha sido también implementada en ámbitos urbanos como  universidades, instituciones públicas  e incluso conjuntos residenciales.

En este contexto, enfatizar en la construcción de autonomías comunitarias no implica concebirlas como entidades cerradas  que excluyen  cualquier diálogo  con otras  experiencias o incluso con lo público y el Estado, siempre y cuando este sea receptivo a las demandas y necesidades  de las energías comunitarias y respete  sus autonomías  y estructuras organizativas propias.  En este punto, es crucial que la institucionalidad reconozca la naturaleza de las energías  comunitarias y las integre en la construcción de las políticas  públicas relacionadas con  el sistema  alimentario, energético e hídrico.  En última instancia, esto debería ocurrir en un marco  de ordenamiento territorial participativo donde se reconozcan y se incorporen las propuestas que ya vienen  trabajando en los territorios en este sentido. Esto implica garantizar verdaderamente el derecho a la participación  según  las necesidades  y características de cada una de las realidades locales.

Asimismo,  en esta relación con lo público, es necesario  que  el Estado fomente investigaciones sobre las energías  comunitarias y demuestre una  voluntad de destinar incentivos, financiamiento y acompañamiento a este tipo de propuestas. También es crucial  respaldar los ejercicios pedagógicos que  muchas experiencias vienen desarrollando en los territorios, así como  promover una  discusión más amplia  en la sociedad  sobre  el tema.  Estos esfuerzos  pedagógicos deben incluir el fortalecimiento de las experiencias y de los técnicos  y técnicas  locales  para consolidar la autonomía comunitaria en la implementación y mantenimiento de las tecnologías. Además, es fundamental que la integración de estas experiencias comunitarias a la red eléctrica principal ofrezca beneficios, como la posibilidad de comercializar el excedente de energía  generado por la comunidad, tanto a la red misma  como a sus vecinos, sin que ello implique tener que registrarse como  empresa de servicios públicos. También es importante promover y respaldar el desarrollo de microrredes comunitarias que  puede  ampliar la escala de alcance  de estas propuestas y su distribución.

En relación con la cuestión de la escala, también es importante destacar  la experiencia de Adjuntas Pueblo Solar, dirigida  por la organización Casa Pueblo, quienes  ante  la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico, que dejó a la población sin energía  eléctrica durante varios meses, optaron por lo que llamaron la “insurrección energética” al implementar un proceso de solarización del municipio de Adjuntas, un poblado de dieciocho mil habitantes  en una  región  montañosa de Puerto Rico. Esta experiencia, que  inició  resistiendo a un  proyecto minero, fue derivando en un proceso que incorporó el debate  energético como un asunto central para lograr la autonomía y democracia energética. Adjuntas Pueblo Solar  ha  logrado  la instalación de cientos  de módulos fotovoltaicos y ha empezado a construir sus propias  microrredes para generar su propia energía  de manera autónoma, local y descentralizada. En su enfoque, han  priorizado la prestación de servicios básicos y han atendido a los hogares más vulnerables, incluyendo aquellos con necesidades médicas que requieren asistencia de tecnologías de manera  constante. A través  de esta  iniciativa, han  logrado  establecer condiciones para  independizarse de la red  eléctrica,  que en Puerto Rico está bajo el control de un  monopolio corporativo que, en momentos de adversidad, no responde y, en cambio,  profundiza las desigualdades. Esta experiencia ejemplifica las posibilidades de las energías  comunitarias en  escalas amplias  y coloca en  el centro la autonomía y la solidaridad.

Otro  desafío común que enfrentan las energías  comunitarias se relaciona con la instalación y el mantenimiento de tecnologías y equipos, lo cual responde a las barreras que impone la tecnociencia y el limitado acceso a estos conocimientos. La tecnología desempeña  un  papel  fundamental en la industria energética y los grandes poderes  energéticos han sabido aprovecharla estratégicamente para consolidar su posición  dominante y generar dependencia. A través de inversiones masivas en infraestructura y desarrollo tecnológico, estas corporaciones han  logrado  controlar la generación, distribución y acceso a la energía en gran parte del mundo. Su enfoque se ha centrado en  tecnologías convencionales, como  centrales eléctricas de combustibles fósiles y redes  de distribución centralizadas, que requieren una  inversión considerable y que,  una  vez establecidas, crean una  barrera significativa para la entrada de competidores más pequeños, comunitarios y sostenibles. Además, han promovido sistemas de medición y gestión de datos que se promueven con el discurso  de mejorar la eficiencia energética, pero también han  sido utilizados para mantener el control y limitar la elección  de fuentes de energía  más limpias  y descentralizadas por parte de los (pro)consumidores. Esta estrategia ha llevado  a una  dependencia continua de fuentes  de energía  altamente contaminantes y costosas, lo que perpetúa la influencia de estos grandes poderes energéticos en detrimento de alternativas más sostenibles y descentralizadas.

Los pueblos y las comunidades siempre han tenido a la tecnología como  una  barrera para llevar a cabo sus propuestas. Ante esta problemática, surge  la Escuela de Técnicas  y Técnicos  en Energías Comunitarias como  un  espacio donde diversas organizaciones comunitarias de base  pueden intercambiar experiencias y llevar a cabo procesos de formación destinados a mejorar la promoción y la sostenibilidad de tecnologías en comunidades que defienden sus territorios y contribuyen a mejorar los procesos productivos y la calidad de vida. En este entorno, se han desarrollado conocimientos e intercambios en  torno a procesos como la deshidratación solar, las estufas eficientes,  la energía  fotovoltaica y los biodigestores, así como otras formas de relacionarse con la energía, las tecnologías y lo comunitario. Así recuerda Juan Pablo Soler la construcción de la escuela:

Desde 2013 hacia adelante, empezamos a generar  un  proceso  metodológico  de formación, que hemos ido replanteando con el tiempo de acuerdo  a cómo el aprender haciendo nos va diciendo que hay que cambiar las cosas, es decir una  metodología que está en constante renovación, que inició como un intercambio de experiencias y que hoy ya está perfilada como un  espacio, escuela  de formación […] Hacer escuela a partir  de la práctica, y empezamos a incorporar unos principios, unos principios que partían por ejemplo  del “Aprender Haciendo”,  no  esperamos que  alguien  de afuera  venga  y nos instale  la tecnología en el territorio porque vamos a generar  una dependencia, entonces empezamos a plantear sistemas educativos  de transferencia de conocimientos donde  rompemos la dependencia y quien  monta o quien  opera  los sistemas son los mismos  pobladores locales (Soler, 2023).3

Otros desafíos que enfrentan las energías comunitarias incluyen el acceso y costo de algunos  materiales, la centralización de la generación  energética, la falta de difusión de conocimientos, la ausencia de voluntad política  y apoyo  gubernamental, la carencia  de políticas que fomenten y fortalezcan la autonomía y la descentralización energética, la privatización de servicios y bienes  comunes como  el agua  o la energía,  los impactos de la crisis climática, la violencia política  y criminalización del trabajo de las organizaciones sociales, la falta de un enfoque de transformación radical  en algunas perspectivas sobre la transición energética y los debates  en torno al poscrecimiento.

Como  podemos ver, varios de los desafíos que enfrentan las energías  comunitarias tienen su raíz  en  las diversas  concepciones sobre la energía:  para  quién,  de qué maneras se produce y con qué propósito. No obstante, las energías  comunitarias han  logrado  superar  algunos  de estos retos  y desafíos. En la mayoría de los casos, los obstáculos se superan mediante el trabajo colectivo, las mingas, la “mano compartida”, el convite  y otras prácticas  comunitarias que suelen  existir en estas comunidades y que ayudan a superar los obstáculos  económicos. También se han utilizado fondos rotatorios comunitarios para el préstamo de recursos destinados al desarrollo de proyectos individuales, como ocurre  con las comunidades indígenas del Tolima apoyadas por el Grupo Semillas. De igual forma, en algunas ocasiones, también han  contado con recursos económicos de la cooperación internacional, los cuales suelen ser limitados pero contribuyen a la implementación de experiencias. Finalmente, ha habido apoyo a proyectos  comunitarios por parte de administraciones locales, como en el caso de Lebrija, en Santander, donde  el alcalde, motivado por la experiencia de la Escuela de Técnicos y Técnicas, decidió  financiar la construcción de cientos  de estufas. Los técnicos y técnicas comunitarias participaron en la construcción de algunas de estas estufas.

Estas experiencias demuestran  la  viabilidad de  la  autogestión y la autonomía energética para las comunidades, la creación de propuestas concretas para  alejarse  de las energías  basadas  en combustibles  fósiles, innovaciones tecnológicas  y  metodológicas  en medio  de sus procesos, la diversificación de las fuentes de energía, la participación activa de las mujeres en la construcción y sostenimiento de este tipo de experiencias, la creación  y transmisión intergeneracional de conocimientos, la mejora de la calidad  de vida y la reivindicación de sus formas  propias de concebir y vivir en el mundo. En resumen, estas propuestas acumulan conocimientos y prácticas  que crean  y proyectan otros mundos posibles, más justos y sustentables desde la autonomía y la dignidad. Esto implica una comprensión amplia de la energía y la relación con ella, y el promover cambios culturales que conllevan a hacer un uso más consciente de la energía y de nuestros bienes comunes, lo que conduce a una comprensión integral y una  experiencia vivida de las transiciones socioecológicas.

En cuanto a la integralidad, varias propuestas relacionadas con las energías  comunitarias adoptan enfoques multidimensionales al combinar diversas fuentes de energía, procesos organizativos/comunitarios y saberes propios  y contextuales. En este caso, nos gustaría resaltar  la experiencia de “Las canastas de tecnologías y prácticas: una propuesta para la soberanía energética y alimentaria de Lo Bueno del  Monte”, liderada por la Fundación UTA y la Finca  Tosoly “Lo bueno del Monte”, la cual se ha desarrollado en Santander, Colombia. Esta iniciativa trabaja en  la revitalización de las prácticas tradicionales del cultivo  de arroz  y trigo, para  fortalecer la soberanía  alimentaria desde  una  perspectiva agroecológica. Para  lograrlo, desarrollaron las Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles, donde exploraron y propusieron el concepto de “canastas  comunitarias de tecnologías y prácticas”.  Estas canastas  implican la creación  de propuestas integrales adaptadas a la realidad y proyectos de vida de cada comunidad, que incluyen equipos  y conocimientos relevantes para la producción agrícola  (por  ejemplo, producción de biofertilizantes, recolección de aguas lluvias, huertas familiares, entre  otras) y la autogestión energética (por ejemplo, biodigestores, deshidratadores solares, bicimáquinas, entre  otras),  el intercambio de saberes  y el trabajo colectivo en comunidades rurales.

La integralidad de las propuestas de las energías comunitarias reconoce y abarca diversos flujos energéticos, desde el sol, los alimentos, la energía  humana hasta los distintos procesos de producción. Estas propuestas están diseñadas  para responder a las necesidades  de las comunidades en varias dimensiones. Además  de conceptualizar las relaciones como un intercambio constante y mutuo entre  los diferentes elementos de la naturaleza, en contraposición a reducirlas a simples transacciones en el mercado. En el caso de la propuesta de UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, han  logrado articular la diversidad de procesos  en la construcción de la soberanía energética y alimentaria de varias familias rurales,  lo cual ha permitido fortalecer sus propuestas productivas. En esta misma vía, existen numerosas  experiencias que integran una  variedad  de conocimientos, prácticas y herramientas tecnológicas diseñadas  para abordar las necesidades y prioridades de los contextos en los que surgen.

Las mujeres desafían  el modelo energético centralizado y patriarcal

Por otro  lado, en lo que respecta al papel de las mujeres en la construcción y sostenimiento de estas iniciativas,  es crucial su contribución a proyectos que tienen como objetivo central la construcción de una vida digna, la permanencia en los territorios  y la promoción  del  buen  vivir para sus familias  y comunidades. A menudo, sin autonombrarse como  feministas, las mujeres trabajan en favor de prácticas antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas, y promueven una  visión  alternativa del mundo. Esto implica  enfocarse en la ecodependencia y la interdependencia, así como  en la lucha  contra la mercantilización del agua, la tierra y la energía, y la defensa de la autonomía territorial. A su vez, es importante destacar  que el discurso  en torno a la energía  y la transición suele ser masculinizado y vinculado a intereses  corporativos, lo que excluye otras voces y perspectivas sobre el tema. Sin embargo, consideramos que al centrarse en propuestas que exploran otras formas de relacionarse con la energía,  se abre el espacio para voces diversas, que van desde  lo comunitario, lo territorial, las mujeres, las y los jóvenes, niñas y niños, entre  otros.

Algunas de estas propuestas han contribuido a facilitar las tareas diarias de las mujeres relacionadas con las labores del cuidado y la reproducción de la vida.4  Por  ejemplo, la experiencia del “Vivero de las Mujeres  de Roble, energía  solar para  sembrar plantas  medicinales y transiciones justas” en el Valle del Cauca, liderada por un grupo  de mujeres afrodescendientes, es un  ejemplo notable. Estas mujeres instalaron unos aljibes y un sistema de recolección pluvial, lo que les ha evitado realizar largos desplazamientos para  obtener agua, como hacían anteriormente. Además,  el vivero ahora cuenta con paneles solares que les permiten aprovechar la energía  solar para diversas actividades  dentro del mismo. Esto les ha brindado la posibilidad de escuchar radio mientras trabajan y de prolongar su jornada en el vivero después de la caída del sol, lo que les permite compartir más tiempo con sus compañeras. Además, el vivero se ha convertido en una fuente  de ingresos al transformar las plantas medicinales en productos para la autogestión de la salud, lo que no solo contribuye a su autonomía económica, sino que  también fortalece su papel en la comunidad y recupera sus saberes ancestrales.

Otro  ejemplo en esta línea  son las estufas eficientes,  que no requieren el mismo consumo de leña y contribuyen así a la reducción de la deforestación. Además, promueven los huertos leñeros para producir la madera necesaria para su funcionamiento. Esta práctica evita que las mujeres, niñas  y niños tengan que ir a buscar grandes cantidades de leña, al tiempo que mejora la salud de las mujeres y reduce los problemas respiratorios causados  por las estufas de leña tradicionales. La experiencia “Estufas  eficientes  de leña  y huertos leñeros  para  la conservación comunitaria de los bosques  y el buen vivir” es ejemplo de ello.

Reflexiones finales

La urgencia de transformar el sistema  energético en el contexto de las transiciones socioecológicas  supone una  transformación socio- cultural profunda del modelo de producción, gestión,  propiedad y de consumo. A su vez implica  la reconfiguración del modelo energético hegemónico, que está caracterizado por la alta concentración de grandes  empresas privadas  que controlan la generación y la distribución eléctrica  (Grupo de  Acción  por  la  Energía  Ciudadana, 2023). En cambio,  debemos avanzar hacia un modelo que otorgue un papel central a las iniciativas  locales, democratice la producción y generación de energía,  y promueva estas propuestas desde un enfoque intersectorial, impulsado por organizaciones, comunidades, cooperativas y otras formas organizativas comunitarias.

En concreto, es necesario  que la institucionalidad brinde incentivos fiscales y financiamiento para  el fortalecimiento, desarrollo y la implementación de este tipo  de experiencias. Ello debe estar conectado con un marco  regulatorio claro y favorable  que reconozca y promueva este tipo de iniciativas.  De igual forma,  es necesario que el acceso a la red eléctrica  pública facilite la integración de la energía generada a nivel comunitario y se establezcan mecanismos equitativos para la retribución por el excedente de energía inyectado a la red, así como  la posibilidad de una  comercialización entre  vecinas y vecinos.  También, es necesaria la participación y la vinculación de estas experiencias en la toma  de decisiones alrededor del sistema energético es central, así como la defensa del territorio y una visión integral del mismo  en donde no necesariamente se fraccione lo alimentario, lo energético y lo hídrico, sino que se establezcan miradas, rutas y políticas más integrales. Hay otros aspectos en los que es necesario profundizar, como el fomento y desarrollo nacional de ciertas tecnologías y materiales que mantienen la dependencia y encarecen los insumos.

Estos cuestionamientos nos  conducen a la necesidad de visibilizar y fortalecer las energías comunitarias, para que  puedan establecerse cada vez más como una red  y un  sistema  alternativo que promueva el cuidado y la reproducción de la vida a través de la soberanía energética, alimentaria e hídrica  de los territorios. Las energías comunitarias requieren garantías para sus propuestas. También necesitan ser visibilizadas,  reconocidas y respetadas, resaltando su carácter  comunitario y autónomo como  aspecto central. Además, exigen un relacionamiento equitativo con el sistema energético nacional  e internacional, que transforme las relaciones de poder que han impuesto las grandes empresas energéticas. Esto implica  que se las reconozca como actores fundamentales en lugar de tratar de cooptarlas y obligarlas a adoptar estructuras formales  como empresas y otras  figuras. También son  necesarios incentivos financieros, programas de formación y fortalecimiento para  las y los promotores locales, el fomento de la industria nacional para  reducir la dependencia tecnológica externa y la implementación de programas locales de asistencia técnica, entre  otras medidas.

La transición energética justa avanzará a medida que asumamos el control de la energía, las maneras de producirla y en qué se decide utilizarla.

¡Fortalecer las energías comunitarias es poner la reproducción de la vida en el centro!

NOTAS

1  Organizativamente, este proceso dio lugar inicialmente a la red nacional de pueblos afectados por hidroeléctricas, que posteriormente se transformó en el Movimiento Nacional de Afectados por Represas, Ríos Vivos.

2 Para obtener una  caracterización más  detallada, recomendamos consultar Censat Agua Viva et al. (2023).

3    Ver Censat  Agua Viva – Amigos de la Tierra  Colombia [@censataguaviva-amigosde- lat2863] (14 de noviembre de 2023).

4    Labores en las cuales han sido históricamente socializadas en el marco  de la división sexual del trabajo.

 

Bibliografía

Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [@censata- guaviva-amigosdelat2863] (14 de noviembre de 2023). Video  1 – Aprender haciendo: Escuela de técnicos  y técnicas  comunitarias en  energías  alternativas [Video].  YouTube.  https://www.youtube. com/watch?v=pKspzspwf8c

Censat  Agua Viva et al. (2023). Promoción y fortalecimiento de las Energías Comunitarias en Colombia. Propuestas para Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Ruta de la Transición Energética Justa. Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo. Bogotá. https://censat.org/wp-content/uploads/2023/03/Promocion-y-fortalecimiento-de-las-Energias-Comunitarias-en-Colombia.pdf 

Grupo de  Acción  por  la  Energía Ciudadana, Chile  (2023) Impulsar transiciones energéticas justas desde la ciudadanía.  Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6). https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias 

Salazar, Fernando (2023). Coplas campesinas nacidas en el seno de la Escuela técnicas y técnicos comunitarios en energías alternativas. Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6), 64. https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias

Soler-Villamizar, Juan  Pablo  (4 de abril  de 2023). Habilitadores Energéticos. Revista Raya. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/287-habilitadores-energeticos.html

En septiembre de 2021, el 59,1 % de los berlineses votaron a favor de expropiar y socializar las grandes empresas de vivienda dentro de la ciudad-estado de Berlín. Era la primera vez en cuarenta años que un movimiento social alemán se manifestaba a favor de la propiedad  pública  y democrática a tan gran  escala. Pero el movimiento consiguió algo más que una victoria  en el referéndum. Expropiar Deutsche Wohnen & Co. reintrodujo el tema  de la propiedad en la política  general  y atrajo  la atención internacional.

Y lo que es aún  más importante, la campaña resucitó  el concepto de socialización −un grito  de guerra  del movimiento obrero olvidado  hace tiempo− como  una  reivindicación política  factible  en Alemania. Ello tiene repercusiones que van más allá de la lucha por una  vivienda  asequible en Berlín.  La socialización, como  reivindicación  y como práctica tangible del movimiento, podría aplicarse a otros ámbitos de la economía, en particular al sector energético. Debido  a la creciente la crisis climática, las campañas de socialización no solo son desesperadamente necesarias,  sino  también cada vez más realistas.

La idea  de la socialización para  una  transición energética justa y rápida se encuentra con un sector energético que está experimentando actualmente una  intensa transformación. El camino de esta transformación está muy  disputado. A un  nivel  simplificado, el bloque dirigente puede  verse como  un  campo de batalla  entre un  proyecto fósil-capitalista  históricamente atrincherado y conservador y la emergente hegemonía verde-capitalista. Mientras ciertos elementos de la antigua hegemonía fósil-neoliberal, como  las facciones del capital individual en la industria energética, junto con los partidos conservadores y reaccionarios, se esfuerzan por mantener sus modelos empresariales frente  a las actuales  políticas  climáticas, un grupo diverso de actores políticos se está alineando dentro de un proyecto hegemónico verde-capitalista.

Esto incluye  algunas  asociaciones  ecologistas  y grupos  de estudios, así como  partidos verdes y, hasta cierto  punto, socialdemócratas, pero también asociaciones  empresariales y segmentos de la clase capitalista como  la industria automovilística alemana o la economía del hidrógeno.1 El proyecto se centra  en movilizar el capital privado mediante una mezcla de incentivos, subvenciones y políticas industriales. Sin embargo, tanto la amplitud como  los objetivos divergentes entre los actores de la sociedad civil y las facciones del capital,  así como  la participación vacilante e incompleta de los sindicatos  conllevan un cúmulo de contradicciones internas y debilidades  potenciales. El Gobierno federal  alemán, que  incluye  a los verdes, los socialdemócratas y los liberales,  encapsula estas contra- dicciones internas en una coalición  de gobierno inestable.

Aunque la hegemonía verde-capitalista aún  no  está firmemente establecida, es muy probable que consolide  su posición en  los próximos años. Sin embargo, esto no  es motivo de celebración: el proyecto verde-capitalista es totalmente insuficiente para abordar la magnitud de la crisis climática y es disfuncional debido  a su dependencia de transferir los costos de la transformación a la mayoría de la población a través  del mercado. Como  consecuencia de ello, seguirá siendo políticamente inviable  y prolongará innecesariamente la transición verde más allá de lo que podemos permitirnos.

Estas discrepancias se pusieron especialmente de manifiesto en los recientes acontecimientos políticos en  Alemania. Un intenso debate  suscitado  por  una  nueva  ley, que  obliga  a que,  a partir de 2025, el 65 % de la energía  de calefacción  de los nuevos  sistemas instalados proceda  de fuentes  renovables, puso  al descubierto las limitaciones de las políticas  basadas  únicamente en  cambios  normativos, diseño del mercado y estructuras de incentivos (Amelang y Wehrmann, 27 de septiembre de 2023).

La respuesta a la iniciativa del Ministerio de Economía, dirigido por el Partido Verde, de modernizar el parque de viviendas  fue reveladora. Por un lado, la dura  reacción  de los medios  de comunicación  contra los planes  legislativos  de los verdes puede  atribuirse a las facciones del capital  de los combustibles fósiles, que aún  subsisten. Ejercen su influencia para frustrar los planes que podrían repercutir negativamente en sus beneficios  en el sector del gas, que aún  hoy  domina la tecnología de calefacción  en Alemania, y desviar  la atención presentando el hidrógeno como  la solución. Por otro lado, la opinión pública  tiene  una  preocupación válida por las políticas basadas en medidas  reguladoras que dejan indemnes la propiedad privada y los beneficios. Los inquilinos, que ya se enfrentan a un  mercado de la vivienda  financiarizado, entienden que soportarán la mayor  parte  de los costos de modernización del parque inmobiliario.

Los debates  sobre la propuesta de abandonar la minería del lignito  en Alemania son otro  ejemplo de la incapacidad de la política verde-capitalista dominante  para  actuar  en  un  sistema  energético que depende principalmente del capital privado. En lugar de simplemente ordenar a una empresa energética controlada públicamente que adelantara la eliminación del lignito,  el Gobierno local de Renania del Norte-Westfalia, de minoría verde, tuvo que negociar  tratos sucios con la industria fósil para  obtener concesiones menores. Es probable que el lignito,  el combustible fósil más contaminante, deje de ser rentable en los próximos cinco a diez años. A pesar  de ello, el acuerdo negociado solo adelantaba la eliminación de 2038 a 2030, ofrecía  generosas  compensaciones a las empresas energéticas y permitía seguir  explotando las reservas de lignito  hasta  2030 (Environmental Justice Foundation, 20 de enero  de 2023). Esto dio lugar a una acalorada batalla  en torno al pueblo de Lützerath, amenazado de destrucción por los planes de la gigante empresa de energía RWE de ampliar una  mina  de lignito  de 66 km². Los activistas por el clima  argumentaron que  quemar el lignito  restante y defender así los derechos  de propiedad de RWE entraba en conflicto  con la justicia  climática y el objetivo de 1,5 °C. El pueblo se convirtió en un campo  de batalla  simbólico debido  a la brutal violencia  policial contra los activistas que lo ocupaban y personificó el conflicto entre los intereses  corporativos privados  y la urgente necesidad de una rápida  transformación energética.

La crisis energética de 2022, desencadenada por la guerra de agresión rusa contra Ucrania, ha vuelto  a poner de manifiesto las limitaciones de un sistema energético basado en la propiedad privada. Ha dejado  al descubierto los problemas que  conlleva  la mercantilización. El diseño del mercado energético europeo, que hace de la energía una  mercancía comercializable, provocó  un  enorme aumento de los precios al consumo, al tiempo que permitió a las grandes corporaciones energéticas amasar  miles de millones en beneficios. Las contramedidas del Gobierno alemán −paquetes  de ayuda y tibias subvenciones a los precios de la energía  para los consumidores− mitigaron los trastornos sociales más graves, pero  dejaron indemnes los beneficios  empresariales. Si el  sector  energético hubiera sido público, los precios  podrían haberse  regulado fácilmente hasta  un umbral aceptable. Una vez más, la reacción  a la crisis demostró que la propiedad privada  y la apropiación de los beneficios  de los servicios básicos siguen siendo  sacrosantas, incluso  para los políticos  del Partido Verde.

Estos acontecimientos recientes  demuestran por sí solos que las actuales  estrategias  de transformación no solo son injustas  y excesivamente lentas, sino también disfuncionales y poco adecuadas a la magnitud de la crisis. La necesaria  transformación rápida  y socialmente justa está reñida con la propiedad privada  y el sistema energético  mercantilizado. El enfoque predominante de  la transición energética da prioridad a un modelo político  que incentiva, subvenciona y regula  a los participantes en el mercado, en lugar de canalizar la inversión pública  hacia el establecimiento de una producción y suministro de energía  de propiedad pública  y gestión  democrática. De este modo,  se estabilizan las relaciones de propiedad y poder existentes  y se transfieren a un nuevo  marco verde-capitalista. Sin embargo, si el diseño del mercado y las estructuras de propiedad impiden una  solución  a la crisis climática, estas deben  convertirse en el principal escenario  de las luchas políticas.

Socialización, remunicipalización y el movimiento de expropiación de Berlín

La resistencia  a la privatización es tan antigua como  el propio neoliberalismo. Aunque numerosas remunicipalizaciones exitosas y batallas defensivas han logrado frenar  la embestida neoliberal contra la propiedad pública  en Alemania, la izquierda sigue encontrándose a la zaga (Cumbers y Paul, 2022). Sin embargo, el 26 de septiembre de 2021 marcó  un  punto de inflexión significativo  cuando la trayectoria  de las batallas  contra los efectos perjudiciales de la propiedad privada  comenzó a cambiar. La campaña “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.” triunfó en un  referéndum en la ciudad-estado de Berlín  que abogaba  por  la expropiación de todas  las empresas privadas de vivienda que poseyeran más de tres mil  viviendas  en  la ciudad.  Para sorpresa  de muchos observadores y participantes, una mayoría decisiva del 59,1 % de los votantes apoyó la resolución pro- puesta  por  la iniciativa, que  había  encabezado una  impresionante campaña durante tres años. Esta campaña galvanizó  a varios miles de berlineses y los transformó en activistas comprometidos con el desmantelamiento del dominio de las colosales corporaciones financiarizadas sobre el mercado inmobiliario de Berlín.

Los activistas lograron un éxito rotundo y desde entonces no han cejado en su empeño de garantizar que se respete la voluntad de los berlineses y se lleve a cabo el referéndum. Su lucha  persiste, ya que los representantes de los sectores inmobiliario y de la construcción están bien coordinados. A pesar de la mala reputación del sector inmobiliario privado entre los inquilinos berlineses, el Partido Social-demócrata (PSD), en el Gobierno de Berlín,  lo considera un  socio aceptable. La aversión  del PSD a la expropiación es tan  fuerte  que, tras su reelección en 2023, optó  por formar una coalición  con  los conservadores en lugar  de continuar la alianza  progresista con los verdes  y, sobre  todo,  la izquierda (partidarios de la socialización). El movimiento se mantiene firme en su lucha  por la aplicación del resultado del referéndum, a través de organizaciones de inquilinos, manifestaciones y otros medios.

La iniciativa de Berlín tiene su base jurídica  en un artículo de la Constitución alemana que no se ha utilizado en los setenta años de historia del Estado alemán (occidental). El artículo 15 de la Ley Fundamental alemana ofrece  la posibilidad de socializar  la tierra,  los medios de producción o los recursos naturales independientemente de la voluntad de los propietarios privados.  Aunque deja claro que los actuales  propietarios deben  ser indemnizados, la opinión de los expertos  es prácticamente unánime en cuanto a que la indemnización puede  ser inferior al valor de mercado. Curiosamente, especifica que la socialización significa no solo la expropiación de activos, sino también su transferencia a la economía común (Gemeinwirtschaft). Por  lo general,  se entiende que  esto  implica  la democratización  de la toma  de decisiones  y la orientación hacia el bienestar público en lugar del beneficio  privado.

La campaña se basó en el creciente consenso  de la sociedad  alemana de que las políticas neoliberales iban demasiado lejos. Tras las campañas de privatización en Alemania desde la época del canciller Helmut Kohl  en  las décadas  de 1980 y 1990, que  se prolongaron hasta  bien  entrada la década  de 2000, en  los últimos  veinte  años se ha  estado  gestando en  Alemania un  potente contramovimiento a favor de la remunicipalización. Entre  2005 y 2017, tan  solo en el  sector  energético  se  produjeron 284  remunicipalizaciones de infraestructuras públicas  previamente privatizadas (Becker, 2017). Esta oleada  fue impulsada por movimientos ciudadanos locales. En 2013, un referéndum ciudadano obligó  a la ciudad  de Hamburgo a readquirir toda  la infraestructura de red  municipal (incluida el agua, la energía  y la calefacción).  Los municipios rurales  volvieron a adquirir redes privatizadas y formaron asociaciones  municipales suprarregionales, y en Berlín  y otros  lugares  se readquirieron algunas viviendas que antes eran propiedad del Estado. La tendencia a la remunicipalización es una  señal prometedora para  la reactivación de la propiedad pública  de los servicios públicos y para  la transformación socioecológica.  Sin embargo, el impulso ha decaído  en los últimos años, lo que sugiere que el punto álgido de la ola de remunicipalización puede  haber  pasado ya (Cumbers et al., 2022).

La lucha  por  la expropiación en Berlín  se basa en un  punto de partida político  muy similar, pero va mucho más allá de los proyectos de remunicipalización. Berlín  sufrió una  ola masiva de privatizaciones en la década de 2000. Tras un escándalo bancario en el que estaba  implicado un  banco  estatal,  Berlín  se encontró al borde  de la quiebra, lo que llevó al Gobierno local a aplicar  un  estricto  pro- grama  de austeridad. Cientos  de miles de apartamentos y terrenos, antes  municipales se vendieron a precios vergonzosamente bajos a fondos de alto riesgo, empresas privadas o fondos de pensiones. Tras numerosas fusiones, adquisiciones y la consolidación general  del mercado, estas viviendas pertenecen ahora  a un puñado de grandes grupos  europeos como  Vonovia,  Heimstaden o Adler. A principios de la década de 1990, más de quinientos mil apartamentos en Berlín eran de propiedad estatal; a finales de la década de 2000, solo quedaban 250.000 (Holm, 2022).

Los berlineses son muy  conscientes de que  estas corporaciones hacen  poco  con estos edificios, aparte de explotarlos para  obtener beneficios  mediante la escalada de los alquileres y las valoraciones especulativas. En consecuencia, Berlín se encuentra ahora  en plena crisis de la vivienda. La ciudad  tiene una gran afluencia  de personas y una  fuerte  demanda de vivienda,  una  situación que las empresas privadas  explotan subiendo los alquileres desorbitadamente y construyendo nuevos edificios de apartamentos caros en lugar de viviendas  sociales  asequibles.  Como declaró la activista de  la campaña Isabella  Rogner  en  una  audiencia en  el Parlamento de Berlín  en 2023:

Cuando evalúo los dos últimos años, mi principal observación es que la situación del mercado inmobiliario berlinés es peor que nunca para nosotros, los inquilinos. Si esta tendencia continúa, en pocos años habremos  perdido la ciudad  que  todos  ustedes, el Gobierno de Berlín, dicen defender. Tienen la oportunidad de salvar este Berlín, de preservar los hogares de millones de personas  y de protegerlas del desplaza- miento. El instrumento para ello, la socialización, está frente a ustedes (Abgeordnetenhaus von Berlin [@agh_berlin], 29 de agosto de 2023).

La campaña de expropiación se centra  precisamente en el evidente fracaso de la privatización de la vivienda. En lugar de intentar remunicipalizar estos apartamentos comprándolos a precios de mercado  sobrevalorados y esperando que  los  propietarios privados estén dispuestos a venderlos, la campaña ha dado un gran paso más. Propone expropiar las grandes  empresas inmobiliarias a un precio muy inferior al del mercado y, curiosamente, no  devolverlas al Estado. La campaña ha presentado un concepto para la administración de los edificios que  van a ser expropiados, en el que  los inquilinos, así como  representantes de la sociedad  civil, toman las decisiones en las estructuras del consejo y el Estado solo desempeña un papel menor. Reflejando críticamente las experiencias de propiedad estatal  del siglo XX, la iniciativa presenta un modelo imaginativo centrado en la democratización radical  de la toma  de decisiones (Deutsche Wohnen & Co Enteignen, 2023).

La socialización que  proponía la campaña iba mucho más allá de los modelos clásicos de propiedad: expropiación de las grandes empresas, indemnización por debajo  del valor de mercado y democratización y desmercantilización radicales. Estas ambiciosas  reivindicaciones  fueron el punto de partida de la campaña y triunfaron.

La iniciativa presentó un  concepto que  resultó convincente: desde hace mucho tiempo los berlineses han  tenido buenas experiencias con las viviendas comunales o el suministro municipal de agua. Aunque distaban mucho de ser perfectas, existían  experiencias políticas y organizativas con la propiedad pública  de estos sectores de servicios  públicos.  Junto con  un  programa político  que  abordaba adecuadamente la magnitud de la crisis de vivienda  de Berlín, había amplias  mayorías a favor de la expropiación. En fechas tan  recientes como  2018, cuando se lanzó  la campaña, tal resultado parecía impensable.

En Alemania, hay  conciencia de diversas  formas  de propiedad estatal  en los servicios básicos, incluso  bajo  el capitalismo: las empresas municipales de agua, las escuelas estatales y las viviendas municipales forman parte  de la experiencia vivida de la gente. Sin embargo, la propiedad pública rara vez es plenamente democrática y pocas veces rechaza por completo el afán de lucro  para  centrarse en objetivos  públicos. Los Estados o los municipios son tan capaces como  los propietarios privados  de presionar para  que  se extraigan beneficios  y no se invierta lo suficiente  en infraestructuras críticas. Esto es especialmente cierto si los activos deben  recomprarse a precios de mercado, lo que  limita  las posibilidades de los agentes  públicos. Además,  la propiedad estatal  siempre corre  el riesgo de ser privatizada de nuevo  cuando los presupuestos son ajustados. A pesar de algunas  buenas experiencias de remunicipalización, que han permitido mejorar la calidad  del suministro y abaratar los precios, no se aprecia ninguna tendencia hacia una oleada de propiedad pública adecuada a los problemas del siglo xxi, sobre todo  en el sector energético.

El sector energético alemán y el papel de la propiedad local a pequeña escala

La remunicipalización o la creación  de nuevas  empresas municipales o cooperativas no bastarán por sí solas para  gestionar la transición energética de forma rápida  y socialmente justa.  Es necesario socializar  las grandes  empresas para romper su poder de mercado, dirigir inversiones masivas  a la generación de energías  renovables a escala y transformar el sector en su conjunto, junto con  los trabajadores, que tienen tanto el poder  de organización como  los conocimientos necesarios  para  la transición. Mucho  depende de no tener que recomprar activos a valor de mercado y de democratizar adecuadamente las empresas energéticas. Y esto solo será posible en el marco  de la socialización.

Las actuales  estructuras de propiedad y la mercantilización del sistema  energético alemán son producto de la liberalización de los sistemas energéticos a escala europea que se viene impulsando desde los años noventa en el contexto de la creación  de un  mercado interior único  de la energía  en la UE. En esencia, los paquetes de medidas de desregulación energética de la UE desde  1996 han  fomentado un sistema en el que las empresas privadas han podido hacerse con importantes segmentos del sector energético, y la energía, antes  considerada un “monopolio natural”, se ha transformado en un bien comercializable.

Las actuales  estructuras de propiedad del sistema energético alemán también han sido moldeadas por leyes negociadas por la minoría verde en el Gobierno a principios de los años 2000. El fomento de las energías  renovables está regulado desde  2000 por  la Ley de Energías Renovables, que es básicamente un mecanismo para incentivar la construcción de energías  renovables mediante una  tarifa de alimentación pagada por el consumidor (Haas y Sander, 2016). Este mecanismo de subvención con una compra garantizada de electricidad verde creó un entorno de mercado seguro  para  las inversiones privadas  a pequeña escala y tuvo  un  gran éxito como  modelo para este periodo. En retrospectiva, sin embargo, este mecanismo de subvención ayudó a iniciar un modelo de reducción de riesgo de la transformación verde, que está en expansión y que se ha observado cada vez más intensamente en los últimos años (Gabor, 2023).

La transición energética alemana fue impulsada en gran medida por pequeños actores privados:  cooperativas energéticas, particulares con paneles  solares en su tejado, servicios públicos municipales o empresas energéticas medianas que invierten exclusivamente en renovables. La tarifa regulada proporcionó a los pequeños agentes del mercado un  marco  normativo y una  seguridad económica que han garantizado durante mucho tiempo las inversiones en energías renovables e incluso llevaron a la industria solar alemana a ser líder del mercado mundial durante un breve periodo de tiempo.

A partir de los años  2000, la “Energiewende” (transición energética) alemana fue un proyecto descentralizado de transformación energética en el que participaron diversos agentes  y que, en consecuencia, fue elogiado  y reproducido a escala internacional. Aunque la propiedad privada  a pequeña escala suele beneficiar a los consumidores de clase media  y no necesariamente a los trabajadores y a las poblaciones urbanas más pobres,  al menos  se invirtió en energías renovables. Hasta 2019, las cooperativas, los particulares y los agricultores poseían una cuota del 40,4 % de la energía  renovable en Alemania (Agentur für erneuerbare Energien, 15 de enero  de 2021). Sin embargo, esto está cambiando actualmente: la proporción de energía  ciudadana a pequeña escala (Bürgerenergie) está disminuyendo lenta pero inexorablemente. Los promotores de proyectos, los bancos, las empresas de inversión y las cuatro grandes  corporaciones energéticas que dominaban el mercado de los fósiles se están pasando rápidamente a las energías  renovables. Se espera  que  su cuota siga aumentando en los próximos años, mientras que los productores de energía  locales, cooperativos y a pequeña escala seguirán perdiendo cuota (Solarserver, 21 de diciembre de 2020).

Socialización para la propiedad pública democrática a gran escala

La propiedad local a pequeña escala y la remunicipalización deben desempeñar un  papel  en la transición energética. Sin embargo, es evidente que una  transición energética social y ecológicamente justa debe centrarse además en la construcción de modelos públicos  y democráticos a gran escala con el objetivo a largo plazo de una completa  desmercantilización del sector  y la prestación como  servicio público universal.

La socialización propuesta  por  la iniciativa de Berlín  significa la expropiación a gran escala de los activos de propiedad privada  y su transferencia a instituciones gobernadas democráticamente y de propiedad pública  centradas en objetivos  públicos.  La socialización ha demostrado su viabilidad como  estrategia de movimiento, sobre todo  porque politiza  el antagonismo entre  las grandes  corporaciones de propiedad privada  y el público. En el sector energético esto es relevante y necesario  especialmente en lo que respecta a las grandes corporaciones de producción de energía  y a los operadores de las redes de transmisión.

La producción de energía en Alemania solía estar dominada por cuatro grandes  empresas de combustibles fósiles (Haas, Herberg y Löw-Beer, 2022). Aunque estas empresas llevan  mucho tiempo invirtiendo poco en energías  renovables, ahora  están  entrando en el sector  y amenazan con privatizar el futuro del sistema  energético. Al mismo  tiempo, estas corporaciones aún  conservan y están  ampliando en parte  sus activos de combustibles fósiles, por lo que tienen  un  enorme interés  en  mantener su producción. Su inversión en energías renovables es cada vez mayor, pero está supeditada a los beneficios  futuros. Una  transición energética rápida  y socialmente justa  no  será posible  sin los activos, así como  sin los conocimientos, las capacidades  y la mano de obra de los trabajadores del actual sector de los combustibles fósiles. En lugar de incentivar a los agentes privados y subvencionar de hecho los beneficios  privados  con dinero público, sería más eficiente  que  las empresas pasaran a ser de propiedad pública  y financiar directamente la transición, sobre todo si se tienen en cuenta los costos sociales de la misma  (Lawrence, 26 de septiembre de 2022). La socialización y la financiación esta- tal de inversiones considerables en capacidades  renovables a través de instituciones energéticas gobernadas democráticamente y de titularidad pública  podrían crear  puestos de trabajo sindicalizados y de calidad en  el sector  de las energías renovables y gestionar la pérdida de empleos  en industrias que deben  reducirse o eliminarse progresivamente, como  la minería del lignito  o la industria automovilística. Por el contrario, una  transición basada en la propiedad privada  nunca podrá ofrecer a los trabajadores vías seguras  hacia sectores futuros. Las empresas socializadas  también podrían realizar eficazmente las inversiones necesarias, ya que no están obligadas a proporcionar un rendimiento de mercado a los accionistas, y reducir así los costos de capital para la transición.

La socialización no solo implica  la transferencia de la propiedad, sino que también incluye  la gobernanza democrática y la atención al bienestar público. Las empresas de energía socializadas  tendrían que estar gobernadas por representantes de los consumidores, asociaciones  ecologistas  y trabajadores, y el Estado  tendría un  papel secundario. Al mismo  tiempo, tendrían que estar ancladas  en objetivos claros de política  pública,  como  el suministro de energía  asequible, los objetivos  de inversión en renovables y la transferencia de conocimientos al sur global.

La socialización presenta una solución a problemas similares en relación con las redes de transmisión. La red alemana de transmisión  a larga  distancia  está  actualmente dividida  entre  cuatro empresas privadas,  financiadas a través de las tarifas de red que pagan los consumidores. Estas tarifas  las determina una  agencia  estatal  e incluyen un importante rendimiento del capital. Por consiguiente, los accionistas  de estas empresas reciben  un  beneficio  garantizado, suscrito  por  los consumidores. Al mismo  tiempo, hay una  falta de inversión que crea desequilibrios regionales y obstaculiza la expansión de las energías renovables. En lugar de esto, la red de transporte a larga distancia  debería gobernarse democráticamente a nivel nacional. La gobernanza de las redes de transporte debería seguir unos objetivos  públicos  claros y fijados democráticamente, como una  expansión de las energías renovables basada en las necesidades  y estar dirigida por los trabajadores y los representantes electos.

La socialización de las grandes  empresas energéticas y de los operadores de redes debe complementarse con la propiedad democrática  pública  a nivel local. La producción local y descentralizada de energías  renovables podría  ser impulsada en parte  por cooperativas energéticas. En las ciudades,  los consejos de energía  elegidos podrían desarrollar planes  de descarbonización y reducción de la energía  que serían  aplicados  por proveedores de servicios públicos municipales democratizados. Los servicios públicos  regionales podrían  vincular los planes  locales de descarbonización con la expansión coordinada a nivel suprarregional de las energías  renovables y las capacidades  de almacenamiento.

Así pues, una  transición energética democrática en un  sector energético socializado  se sustenta en  diversos  modelos de propiedad  pública democrática. La complejidad del sistema  energético, con  diversas  funciones, como  la transmisión, la distribución y la producción que operan a diferentes escalas, exige una  multitud de mecanismos e instituciones de gobernanza democrática.

Por  lo tanto, un  sector  energético socializado  debe  entenderse como un sistema integrado de varios niveles que presenta una  amplia variedad  de modelos de propiedad pública  y democrática que se refuerzan y potencian mutuamente (Cumbers, 2012). No se trata solo de propiedad, sino también de gobernanza, participación y responsabilidad. También se trata  de crear estructuras en las que la toma  de decisiones sea compartida y los beneficios se distribuyan de forma  más equitativa. Esto incluye la socialización de las grandes empresas energéticas y los operadores de transmisión, la remunicipalización de las redes  locales  y la producción de energía,  así como  el apoyo  y la promoción de la propiedad local y cooperativa a pequeña escala. Se trata  de garantizar que las personas  afectadas por las políticas  energéticas tengan voz y voto en la elaboración de dichas políticas.  Un sistema  energético de este tipo  tiene  el potencial de llevar a cabo la transformación energética necesaria  de una manera no solo más rápida  y eficiente, sino también más equitativa. Se trata  de diseñar  un  futuro energético que  dé prioridad al bienestar de los ciudadanos y del planeta, y garantice que la energía  sea accesible, asequible y sostenible para todos.

La socialización como  núcleo de una alternativa emancipadora al capitalismo verde

Obviamente, este breve esbozo de transformación energética democrática basada en la socialización contrastaría enormemente con los planteamientos políticos dominantes en la actualidad. Proponemos que  la socialización puede  ser el núcleo  de un  proyecto emancipador  que  contrarreste la actual  captura capitalista de la transformación energética. La transformación hacia  un  capitalismo verde dirigido  por  el Estado  no  es en absoluto un  proyecto hegemónico firmemente establecido y sigue habiendo contradicciones significativas que  ofrecen  oportunidades para  una  nueva  oleada  de luchas en torno a la propiedad pública.

Un  contraproyecto emancipador al  capitalismo verde  aún  no está suficientemente definido  ni organizado y mucho menos  suficientemente preparado para generar estratégicamente un poder  de contrapeso a largo plazo. El reto de establecer  un proyecto hegemónico de este tipo  es doble.  Por  un  lado,  existe una  necesidad permanente de resistirse  a los retrasos  en la transición energética que propugna la facción reaccionaria-fosilista (y, en parte, de formar las alianzas  necesarias  con  los actores  del  proyecto verde-capitalista). Por otro lado, es necesario  articular una crítica inspiradora, que inste a la acción, del proyecto verde-capitalista emergente.

Aunque este proyecto alternativo emancipador aún  no esté plenamente establecido, actualmente existe un  terreno fértil  para nuevas  alianzas.  Proyectos  pioneros como  la cooperación entre  el movimiento juvenil  Fridays for Future y el sindicato del sector de servicios Ver.di para una  acción industrial conjunta en el sector del transporte público dan  esperanzas para  una  nueva  fase de luchas en el sector  de la movilidad. En 2024, los activistas del clima  y los sindicalistas  volverán a unirse  para reclamar mejoras  salariales y mayores  inversiones en el transporte público. El giro de parte  del movimiento climático hacia  los sindicatos,  así como  el correspondiente giro climático en parte de los sindicatos,  podría sentar las bases para nuevas alianzas. Las fracturas  y contradicciones internas del capitalismo verde ya ofrecen  puntos de entrada para separar  del proyecto verde-capitalista a actores  individuales como  los sindicatos y, en cierta medida, las asociaciones  ecologistas, y ganarlos  para alianzas entre  la izquierda y los verdes.

Todo proyecto político  exitoso requiere un  núcleo  popular que pueda  servir  de anclaje  para  las alianzas.  Estamos  convencidos de que un programa radical de propiedad pública  basado  en la socialización de la transformación energética puede formar este núcleo popular. Aunque un proyecto político emancipador no logrará la hegemonía a corto plazo, cada  vez se hace  más  hincapié en  construir poder  en torno a la propiedad pública  y la socialización. En Renania, parte  del movimiento climático alemán se inspira  en  la exitosa iniciativa de expropiación de Berlín. La campaña “Expropiar RWE & Co.” pretende socializar  la infraestructura energética privada en el estado  federal  de Renania del Norte-Westfalia; desafía, de este modo, a las dos grandes  empresas energéticas, RWE y E.ON, y se propone transferirlas a una  estructura pública  y democrática para  impulsar la transición energética local. La iniciativa está contemplando las posibilidades legales de expropiación, así como  en conceptos para un sistema energético democratizado; realiza así un trabajo pionero para  un  sector energético socializado.  Otras partes del  movimiento por  el  clima  también están  empezando a  desarrollar estrategias  sobre  la socialización en el contexto de la crisis climática (en el sector energético y más allá) y pretenden exponer ideas de campaña concretas en una  conferencia estratégica  a principios de 2024.

La socialización de la transformación energética podría  presentar un núcleo unificador para la política  emancipadora, ya que ofrece mejoras concretas en los medios de vida de las personas al reducir y trasladar los costos de la transición, al tiempo que  proporciona un curso de acción acorde con la magnitud de la crisis climática. La socialización puede  ser −y ha sido− un objetivo de campaña exitoso y convincente, ya que permite que la mayoría de la población participe en los beneficios de la transformación, por ejemplo, a través del abaratamiento de los precios de la electricidad y la energía  (y en la prestación a largo plazo como  servicio básico universal). Ofrece así una  perspectiva optimista a quienes  sufren  actualmente bajo el capitalismo neoliberal, y demuestra que, incluso  en medio  de la crisis climática, pueden lograrse  mejoras sustanciales  en las condiciones materiales de vida individuales a través de soluciones colectivas y no individuales basadas en el mercado.

Socializar  las corporaciones energéticas y transformarlas junto con los trabajadores del sector, que aportan tanto los conocimientos como  los recursos  de poder  para  hacerlo, es necesario  y posible. Si bien ha habido luchas locales y regionales en torno a la remunicipalización, hay una  falta de experiencia del movimiento en la lucha  y la configuración de la propiedad pública  a un nivel que responda a la crisis climática. Con una  agenda  de socialización podemos moldear conceptos de propiedad pública  amplia  en objetivos  de movimiento concretos y alcanzables.

La socialización, potencialmente  a través de referendos, permite la entrada estratégica  en el terreno y el poder  a nivel  estatal  sin asumir necesariamente la forma  de partido político,  y sienta así las bases para alianzas de diversos actores. Dados  los fundamentos jurídicos de la socialización en  el artículo 15 de la Ley Fundamental alemana y las experiencias prácticas  iniciales obtenidas a través del movimiento de expropiación de Berlín, existe una  oportunidad única  para  desarrollar la práctica  de los movimientos en torno al establecimiento de formas  de propiedad pública  democrática. Esto es crucial  para los movimientos sociales, que no solo requieren demandas bien articuladas, sino también espacios experienciales y formas prácticas.

En 2018 nadie en Berlín pensaba que la expropiación de las corporaciones de vivienda  tendría la más  mínima posibilidad de generar una  mayoría pública,  pero hoy la socialización es una  posibilidad  muy real y una propuesta ineludible en los debates políticos en torno a la crisis de la vivienda. El cambio  social puede  avanzar  a veces más rápido de lo previsto.  Si se puede  generar una  dinámica similar  en el sector energético, aún puede  haber  esperanza.

NOTAS

1    Para un análisis más detallado de la hegemonía (en alemán), véase Sander (2022).

Bibliografía

Abgeordnetenhaus von  Berlin [@agh_berlin] (29 de  agosto de 2023). 22. Sitzung  des  Ausschuss  für  Stadtentwicklung, Bauen und  Wohnen am  28.08.2023 YouTube. [Isabella  Rogner desde 1:28:45]. https://www.youtube.com/watch?v=TCT3iK6LaHc 

Agentur für erneuerbare Energien (15 de enero de 2021). Neue Studie zeigt: Bürgerenergie bleibt zentrale Säule der Energiewende. https:// www.unendlich-viel- energie.de/studie-buergerenergie-bleibt- zentrale-saeule-der-energiewende

Amelang,Sören y Wehrmann,Benjamin (27 de septiembre de 2023). German government to suspend  tightening of building efficiency rules.  Clean Energy Wire. https://www.cleanenergywire.org/news/ german-government-suspend-tightening-building-efficiency-rules

Becker, Sören (2017). Our City, Our Grid: The energy remuni- cipalisation trend in  Germany. En  Satoko  Kishimoto y Olivier Petitjean (eds.), Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatization (pp.  118-130). Amsterdam y París: Transnational Institute et al. https://www.tni.org/files/publica- tion-downloads/chapter_8_reclaiming_public_services_2908.pdf

Cumbers, Andrew   (2012).  Reclaiming Public Ownership: Making Space for Economic Democracy. Londres: Bloomsbury Publishing.

Cumbers,  Andrew   y  Paul,   Franziska  (2022).  Remunicipalisation,  Mutating  Neoliberalism, and  the  Conjuncture. Antipode, 54(1),   197-217.   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/anti.12761

Cumbers, Andrew  et al. (2022). Mapping Remunicipalisation: Emer- gent Trends in the Global De-Privatisation  Process. Glasgow: University of Glasgow;  European Research  Council. https://eprints.gla. ac.uk/272257/1/272257.pdf

Deutsche Wohnen  &  Co  Enteignen (2023)  Gemeingut Wohnen: Eine Anstalt öffentlichen Rechts für Berlins vergesellschaftete Wohnun- gsbestände. Berlín. https://content.dwenteignen.de/uploads/Geme- ingut_Wohnen_3a03fa4c87.pdf

Environmental Justice Foundation (20 de enero de 2023). Lützerath: Germany needs  climate action,  not  more  coal. https://ejfounda- tion.org /news-media/ l%C3%BCtzerath-germany-needs- clima- te-action-not-more-coal

Gabor,  Daniela (2023). The (European) Derisking State. SocArXiv. https://ideas.repec.org/p/osf/socarx/hpbj2.html

Haas, Tobias, Herberg, Jeremias  y Löw-Beer, David  (2022). From carbon democracy to post-fossil capitalism? The German coal phase-out as a crossroads  of sustainability politics.  Sustainability: Science, Practice and Policy, 18(1), 384-399. https://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/15487733.2022.2069542

Haas, Tobias  y Sander,  Hendrik (2016). Shortcomings and  Perspectives  of  the  German Energiewende. Socialism and Democracy, 30(2), 121-143. https://doi.org/10.1080/08854300.2016.1183996

Holm, Andrej  (2022). Die Lage der sozialen Wohnraumversorgung in Berlin: Stellungnahme für die Expertenkommission zum Volksentscheid “Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen”. Berlín: Rosa Luxemburg Stiftung. https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/ pdfs/Artikel/3-22_Onl-Publ_Wohnraumversorgung.pdf

Lawrence, Mathew  (26 de septiembre de 2022). Power to the People: The Case for a Publicly  Owned  Generation Company. Common Wealth. https://www.common-wealth.org/publications/power- to-the-people-the-case-for-a-publicly-owned-generation-company

Sander,  Hendrik (2022). An der Schwelle zum grünen Kapitalismus? Sozial-ökologische  Hegemonieprojekte in  Deutschland. Berlín:  Rosa Luxemburg Stiftung.

Solarserver (21 de diciembre de 2020). Studie  zeigt: Bürgerenergie verliert Marktanteile. https://www.solarserver.de/2020/12/21/ studie-zeigt-buergerenergie-verliert-marktanteile/

En 2022, Sri Lanka  se enfrentó a una  crisis económica sin precedentes, con falta de reservas de divisas y protestas en todo  el país agravadas por la falta de electricidad, petróleo y gas. Las personas que hacían cola durante días para llenar sus garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar se convirtieron en la imagen de la crisis energética, que también provocó cortes de electricidad frecuentes  que devastaron el sector de los servicios, que representa el 60 % de la economía.

El Gobierno de Sri Lanka estaba desesperado por hacer frente  a la crisis energética y buscó ayuda  exterior, lo que le enredó en las trayectorias emergentes de la geopolítica energética en el sur global, principalmente en relación con China  e India.

Cuando Sri Lanka aún se tambaleaba por la crisis, India accedió a apoyar al sector energético mediante préstamos para petróleo y gas, lo que ayudó a resolver el problema inmediato y dio un  respiro al Gobierno. A cambio, el conglomerado indio Adani Group se aseguró un contrato no solicitado para proyectos  de energía eólica y solar en Mannar y Pooneryn, con  inversiones estimadas de quinientos millones de dólares. En junio de 2022, al declarar ante la Comisión Parlamentaria de Empresas  Públicas,  el presidente de la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) afirmó que el presidente de Sri Lanka le había dicho que el primer ministro indio,  Narendra Modi,  había insistido en que se adjudicara al Grupo Adani  un proyecto de energía eólica en Mannar sin pasar  por ningún procedimiento de licitación (Farzan, 11 de junio  de 2022).

Además, se concedió a la Indian Oil Corporation (IOC) una  participación del 49 % en el desarrollo conjunto del parque de tanques petrolíferos de Trincomalee, que India persigue desde los años setenta. Gracias a la crisis económica, India consiguió lo que había aspirado a obtener durante más de medio siglo. India también quería construir líneas de transmisión eléctrica transfronterizas para exportar electricidad a Sri Lanka. Este proyecto se inició en los años noventa, pero Sri Lanka lo había retrasado, debido a que era consciente de que comprometería su seguridad energética. La crisis, sin embargo, dio un nuevo impulso a los planes. Asimismo, China aprovechó la crisis para perseguir sus intereses en el sector energético de Sri Lanka, especialmente adquiriendo una refinería de petróleo de 4500 millones de dólares en Port Hambantota, que se está desarrollando como centro  energético junto con una instalación de gas natural licuado (GNL).

La crisis económica de Sri Lanka demuestra el papel fundamental que desempeña la energía  en cualquier economía y por qué  la soberanía y la sostenibilidad energéticas son esenciales  para  la resiliencia. También muestra cómo las economías neoliberales débiles son vulnerables al papel de los actores externos, principalmente cuando dependen de la ayuda  exterior para  la financiación, la tecnología y el desarrollo de políticas.

Sri Lanka está abocada  y debe someterse a una  transición hacia fuentes de energía más respetuosas del medio ambiente. Lamentablemente, como demuestran los ejemplos anteriores, la  transición de Sri Lanka se está produciendo en medio de la competencia geopolítica −principalmente China, India, Japón y Estados Unidos−, que intenta poner en marcha diversos  proyectos energéticos y de infraestructuras para hacerse con el control territorial del país, de gran importancia estratégica. Los propios intereses nacionales de estas potencias geopolíticas regionales pueden obstaculizar los esfuerzos de Sri Lanka por pasarse a las energías renovables.

La historia de la implicación de China e India en el sistema energético de Sri Lanka

Durante dos décadas, la política energética de Sri Lanka ha estado fuertemente marcada por China e India, que ahora son líderes regionales en infraestructuras, tecnologías y financiación energéticas. La estratégica situación geográfica de Sri Lanka la ha  hecho  especialmente vulnerable a los intereses geopolíticos y a la competencia.

Como país de renta media-baja del Asia meridional, Sri Lanka ha intentado aumentar su suministro energético para hacer frente a la creciente demanda de energía, la inestabilidad de la producción hidroeléctrica provocada por el cambio climático y la falta de financiación pública, y las reticencias del sector privado que dificultan la puesta en marcha de nuevos proyectos. La combinación energética del país ha cambiado a lo largo de los años y los combustibles fósiles han ido desplazando gradualmente a la hidroelectricidad como principal fuente  de energía  (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. Combinación  de generación  eléctrica de Sri Lanka 1969-2022

Compilado por los autores a partir  de múltiples  informes. Tomado principalmente de los informes anuales del Banco Central de Sri Lanka y los informes anuales del Banco Central Europeo.

Esta situación obligó al país a buscar la participación exterior en el sector energético desde finales de los años noventa. Como  ya se ha dicho, tres potencias regionales han llegado a ser especialmente influyentes en la política energética de Sri Lanka:  la vecina India, la potencia emergente de China y su antiguo socio en el desarrollo, Japón, cada una  de las cuales entró en el sistema energético del país con intereses  y competencias específicos.

India es actualmente el segundo importador mundial y el tercer refinador de petróleo crudo, el segundo productor de carbón y el cuarto de energía eólica y solar (Ministry  of New and  Renewable Energy,  9 de septiembre de 2022; Gateway House Indian Council on Global Relations, 3 de agosto de 2023). China  es el mayor productor mundial de carbón y el mayor  consumidor e importador de enegía (China Power, 9 de  noviembre de  2023; International Energy Agency, 2000). También es un  importante productor de tecnología energética y otras materias primas asociadas, por lo que tiene un impacto mundial en los mercados y el comercio energéticos (Cosins-Smith, 7 de septiembre de 2023; Reuters, 28 de noviembre de 2023).

La industria china de tecnologías verdes reconoce cada vez más el potencial de crecimiento de Asia meridional y se ha convertido en un actor energético de primer orden en la región a través de inversiones en proyectos  y como exportador de energía.

Japón ha apoyado al sector energético de Sri Lanka desde principios de la década de 1970 a través de su cooperación con el desarrollo y de la asistencia técnica para mejorar el sistema  energético modernizando las redes. En 1995 ofreció construir una  central eléctrica de carbón, pero no llegó a materializarse. En  2006, China también ofreció construir una central de carbón, que entró en funcionamiento en 2011. Ese mismo  año, se ofreció a India un proyecto de central eléctrica de carbón a través de un acuerdo entre Sri Lanka y la India. El proyecto se enfrentó a la oposición de grupos  ecologistas y, finalmente, el movimiento social “Trincomalee Verde” consiguió detener la central de carbón mediante un  fallo del Tribunal Supremo en 2016 (véase el recuadro 1).

Recuadro 1. Oposición a las centrales térmicas de carbón

---

En diciembre de 2006, el Gobierno de Sri Lanka y la empresa india National Thermal Power Corporation (NTPC) firmaron un memorando de entendimiento para construir una central eléctrica de carbón de quinientos megavatios (MW) en Sampoor, en la provincia Oriental. En aquel momento, la zona estaba controlada por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE).

En 2008, tras el resurgimiento de la guerra civil, los LTTE fueron eliminados de la zona, que posteriormente fue demarcada como zona de alta seguridad. No se permitió regresar a las personas desalojadas de sus tierras, que se sintieron aún más angustiadas por el anuncio de que se iba a construir allí una central eléctrica de carbón. Un movimiento social local, “Green Trincomalee”, movilizó apoyo en todo el país, alegando preocupaciones medioambientales y sociales. A pesar de las protestas, India siguió construyendo la central hasta que, finalmente, un fallo del Tribunal Supremo paralizó las obras.

Estos compromisos externos en el sector energético de Sri Lanka, que promueven fuentes de energía no renovables, han contribuido a crear un entorno nacional favorable al bloqueo del carbón, incluida la corrupción. La planta de carbón financiada por China es un ejemplo paradigmático, donde las licitaciones de carbón se han visto continuamente envueltas en acusaciones de corrupción.

Múltiples informes han descubierto que se han malversado ingentes cantidades de dinero (Sunday Times, 17 de enero de 2016, 24 de julio de 2016, 18 de septiembre de 2022; Daily Mirror, 24 de agosto de 2016; Wijedasa, 3 de junio de 2018). Las inversiones en infraestructuras fósiles facilitan el programa de la Junta de Electricidad de Ceilán para seguir dependiendo de los combustibles fósiles, lo que puede retrasar la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono y el despliegue de energías renovables económicamente viables (Theiventhran, 2024). Otro ejemplo reciente de inversiones que refuerzan la dependencia del carbono es la adquisición por parte de China de los derechos para construir una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota. Aunque se afirma que está orientada a la exportación, se prevé que se utilizará para importaciones que profundizarán la dependencia energética de Sri Lanka del petróleo.

---

 

El camino de Sri Lanka hacia las energías  renovables y sus retos geopolíticos

Sri Lanka se comprometió a reducir las emisiones de carbono en el marco del Acuerdo  de París, lo que significa que se enfrenta al reto de realizar la transición hacia las energías renovables. Esta transición hacia un sistema energético más limpio conllevará cambios  fundamentales y sistémicos que afectarán la gobernanza, la política, el comercio y la innovación. Sin embargo, Sri Lanka  sigue dependiendo, y cada vez más, de formas de energía no renovables basadas en el carbono y tanto la dinámica de poder nacional como la geopolítica energética de India,  China  y Japón  plantean el riesgo de un  aumento de la dependencia del carbono y de la vulnerabilidad energética.

Los planes de Sri Lanka para pasar a la energía  limpia son política y socialmente complejos. Desde mediados de los años noventa, la demanda energética del país ha ido en aumento. Al maximizar sus fuentes hidroeléctricas, se ha creado una  demanda de nuevas fuentes  de energía  y el Gobierno ha solicitado  ayuda  externa para desarrollar nuevas fuentes  de energía  mediante tecnología, recursos y financiación, lo que ha convertido a las energías renovables en un nuevo  campo  de batalla  para las potencias regionales.

En 2021, por ejemplo, una empresa china ganó la licitación para construir una  instalación híbrida de energías renovables en las dos islas del norte de Sri Lanka, muy próximas a India. A India  no  le gustó que una  empresa china ganara  la licitación, ya que consideraba que permitir que una empresa china construyera una instalación renovable cerca de su territorio suponía una  amenaza para la seguridad nacional. Tras un año de batalla,  India consiguió que se anulara la licitación y, finalmente, ofreció un préstamo para construir las instalaciones de energías renovables. Este resultado ilustra que el poder de decisión de Sri Lanka  en el sector energético, incluida la necesaria  transición a las energías renovables, está profundamente enredado en la geopolítica.

Un responsable de la elaboración de políticas que participó en el proceso lo describió  de la siguiente manera:

En los últimos diez años hemos  perdido la independencia energética y ahora  no tenemos soberanía energética. El liderazgo político indeciso y la fluidez de la formulación de políticas basadas en intereses han  puesto  nuestro futuro energético en manos  de actores externos. Aunque, como  nación,  queremos pasar a las energías  renovables, no podemos elegir quién  las impulsa. La geopolítica  desplegada  en torno a los proyectos  renovables en las islas del norte  indica el poder de la geopolítica, los peligros que presenta y el precedente que sienta  para el futuro.1

Si el Estado de Sri Lanka queda al margen, esto es aún más cierto en el caso de las comunidades más afectadas por los proyectos  energéticos. En 2022, la empresa india  NTPC, en una empresa conjunta con la CEB, acordó  construir una  central solar de 1300 MW en una zona anteriormente destinada a la central de carbón. Para la población local, desplazada por la guerra, esto significaba que un agente externo les arrebataría sus tierras para  impulsar la transición hacia la energía verde, pero sin consultarle ni indemnizarla.

Un activista local dijo:

Las personas  desalojadas  de sus tierras  siguen  refugiadas.  Siguen sufriendo. Hay que permitirles regresar a su pueblo y a sus tierras. Después de tantas protestas, los gobiernos de India  y Sri Lanka  siguen sin entender los problemas socioeconómicos y medioambientales. La gente  siempre  está al final de la protesta en la toma  de decisiones  y nuestras  voces siempre  son desoídas.2

Lo que indican estos y otros ejemplos  es que la transición a la energía verde se está convirtiendo en un nuevo  escenario  para la geopolítica, junto a la competencia entre las distintas potencias regionales por las formas tradicionales de energía  basadas en el carbono.

La crisis económica de 2022 aumenta la dependencia exterior

La crisis económica de 2022 ha agravado esta competición geopolítica y ha abierto nuevas  vías y oportunidades de participación en el sector energético de Sri Lanka. Un responsable político  resumió la dificultad de Sri Lanka afirmando simplemente que “cuando hay hambre no hay pan duro”.

En agosto de 2023 se firmaron seis acuerdos  energéticos bilaterales durante la visita presidencial de Sri Lanka a India. Los acuerdos abarcaban una  serie de iniciativas,  como  la propuesta de establecer un oleoducto que conectara ambos  países, esfuerzos para mejorar la conectividad bilateral de la red eléctrica, incluido un cable submarino, y esfuerzos  de colaboración en  el campo  de las energías renovables.

Se afirmó  que Sri Lanka obtendría ventajas  de los eficientes métodos de abastecimiento y procesamiento de petróleo de India, que pueden pagarse en rupias, y mitigaría así la crisis de su balanza de pagos. Al mismo tiempo, el acuerdo aumenta la dependencia de Sri Lanka de India, ya que ahora el país compra productos petrolíferos acabados en lugar de crudo. Hasta la fecha, Sri Lanka compraba crudo y lo refinaba localmente, lo que le reportaba enormes beneficios económicos. El nuevo  acuerdo significa que Sri Lanka tendrá que cerrar su refinería, comprar subproductos como el queroseno y adquirir diésel y petróleo refinados a un costo mucho mayor. El acuerdo para  conectar las redes eléctricas de ambos países mediante un cable submarino también aumenta potencialmente la dependencia, ya que permite a India vender electricidad a Sri Lanka y exportar la energía producida por los proyectos indios  de energías renovables en Sri Lanka.

En mayo  de 2023, Sri Lanka se vio obligada a abrir su mercado minorista de combustible, hasta entonces dominado por la empresa estatal Ceylon  Petroleum Cooperation (CPC) y la Indian Oil Cooperation (IOC), también estatal. Esto abrió la puerta a China, ya que Sri Lanka  aprobó un  contrato con  la empresa china Sinopec  para obtener una  licencia de veinte  años para explotar ciento cincuenta estaciones de servicio e invertir en cincuenta nuevas. La licencia le permite importar combustible sin depender de los bancos  nacionales de Sri Lanka ni de India.  En colaboración con Shell, la australiana United Petroleum y la estadounidense R.M. Parks también han recibido la aprobación del Gobierno para instalar estaciones de servicio en Sri Lanka. Estos acuerdos, realizados en el contexto de la crisis económica, aumentan la dependencia exterior de Sri Lanka y, en general, prolongan su bloqueo de carbono.

Estados Unidos y otros países entran en la lucha

Aunque Estados Unidos es un país relativamente ajeno al sector energético de Sri Lanka en comparación con India, China y Japón, en 2021 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentó un  programa energético para  Sri Lanka, que es a la vez una estrategia y un mecanismo de financiación. Pretende “transformar su sector energético en un  sistema basado en el mercado, seguro, fiable y sostenible, movilizando inversiones para desplegar tecnologías avanzadas, aumentar la flexibilidad  y mejorar la competitividad” (United States Agency for International Development [USAID], 2021). Se trata, pues, de hacer de la energía un bien de mercado.

Ese mismo año, la empresa energética estadounidense New Fortress Energy (NFE) firmó un acuerdo con el Gobierno de Sri Lanka para construir una terminal de gas natural licuado frente a las costas de Colombo. También permitió a NFE comprar la participación del 40 % del tesoro de Sri Lanka en una central eléctrica de 310 MW, que contribuye de forma significativa a la red eléctrica nacional. Este acuerdo se firmó sin el conocimiento de los principales actores políticos, incluido el Parlamento. Hubo una  protesta local masiva por el acuerdo, pero fue en vano.

En palabras  de un activista sindical que se unió  a la protesta contra los acuerdos:

La audacia  de firmar  un acuerdo  sobre un asunto  de importancia nacional a medianoche sin siquiera informar al parlamento pone de relieve la naturaleza de la geopolítica  y el poder de los actores geopolíticos en los asuntos locales. El Gobierno cedió a la petición de Estados Unidos mientras hablaba de patriotismo a nivel local. El sector energético de Sri Lanka está siendo diseccionado por influyentes actores externos, donde se ha convertido en agua turbia.

Tras la crisis económica, Sri Lanka también ha explorado la energía nuclear. A principios de 2023, India, Estados Unidos  y algunos  países europeos habían ofrecido  construir centrales nucleares en Sri Lanka. En junio  de 2023, el país llegó a un  acuerdo con la gigante nuclear rusa Rosatom para construir una planta nuclear que podría funcionar con  dos reactores  y generar 300 MW. Aunque Rusia  es un recién  llegado al panorama energético de Sri Lanka, actualmente está construyendo la primera central nuclear de Bangladesh:  la central nuclear de Rooppur, en la que India también participa, es el primer proyecto nuclear indo-ruso fuera  de la India.  Se desconoce el papel de India en la central nuclear propuesta para Sri Lanka.

En medio  de la lucha geopolítica, Japón −un socio de larga data en el sector  energético de Sri Lanka  a través  de proyectos  desarrollados con asistencia  financiera y técnica  bilateral, como  la Agencia de Cooperación Internacional de Japón  (JICA)− ha sido dejado  de lado. No obstante, el país mantiene su asociación de veinte años con Sri Lanka en materia de política  energética, pero  se ha unido cada vez más a India en la cooperación trilateral en este ámbito.

Aunque se ha producido una  expansión de las energías  renovables, no ha sido a expensas del continuo desarrollo de los combustibles fósiles y de la inversión en ellos. En enero  de 2021, el Gobierno de Sri Lanka aprobó dos centrales eléctricas de carbón y dos plantas de gas natural licuado, cada una con una capacidad de 300 MW, para un  total  de 1200 MW. En septiembre de 2021, el presidente de Sri Lanka declaró que el país daría prioridad a la obtención del 70 % de su electricidad a partir de fuentes  renovables para  2030, aunque la versión  actual del Plan de Expansión de la Generación a Largo Plazo de Sri Lanka (LTGEP), que abarca  el periodo 2020-2039, prevé la adición  de un 55 % más de capacidad  de carbón y petróleo.

La crisis energética de Sri Lanka, desencadenada por la crisis económica, ha renovado las ambiciones del lobby del carbón, que lo ha promocionado como una opción barata y ha fomentado su importación.  Los agentes externos siguen  interesados en nuevas centrales de carbón, a las que  presentan como  “ecológicas” y de “carbón limpio”.

Sri Lanka también ha explorado proyectos de gas natural licuado (GNL). En 2017, Sri Lanka e India  firmaron un  memorando de entendimiento en  el que  una  empresa india  debía  construir una planta de GNL de 500 MW. El memorando se refería a una empresa conjunta en la que participarían entidades de Sri Lanka, India  y Japón  −pero el proyecto nunca despegó y Sri Lanka lo aplazó a pesar de la presión  india. En agosto de 2022, el Gobierno adjudicó un contrato de GNL al consorcio  chino-pakistaní Engro tras un competitivo proceso  de licitación internacional. En agosto de 2023, el Sri Lankan Sunday Times informó (Reuters, 18 de mayo de 2016; Colombo Telegraph, 13 de septiembre de 2016) que el Gobierno había  revocado el proyecto Engro y tenía  previsto ofrecérselo  a una  empresa india, Petronet LNG Ltd. El GNL es un espacio geopolítico altamente competitivo con muchos actores implicados, conscientes del potencial gasístico sin explotar de la cuenca  de Mannar, en la costa occidental de Sri Lanka. En enero de 2023, el ministro de Electricidad y Energía solicitó  a empresas de Japón, India  y NFE que elaboraran una propuesta conjunta para  suministrar, construir y explotar una terminal de GNL.

El cuadro  1 ofrece una visión general de los enredos geopolíticos en el sector energético de Sri Lanka, especialmente en la última década.

Cuadro 1. Cronología de la participación externa en el sector energético  de Sri Lanka

 

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US$)	Estado
2000	Japón	Sojitz Power Station	$104	Planta de diésel de 172 MW, de propiedad privada.
2006	China	Central de carbón de Norocholai	$1350	La planta, de 900 MW, se construyó gracias a un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China.
2006	India	Central eléctrica de carbón de Sampoor	$500	La central, de 500 MW, iba a ser construida y explotada por la National Thermal Power Corporation (India). La sentencia judicial paralizó la construcción por motivos medioambientales tras las protestas (véase el recuadro 1) (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2007	EE. UU., Alemania y otros	Central eléctrica de petróleo de Yugadanavi	$300	La planta de 300 MW recibió el apoyo de agencias de crédito a la exportación de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia y Austria.
2010	EE. UU.	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka	N/D	USAID financió el estudio de prefactibilidad.
2016	India	Grupo de trabajo conjunto sobre “Cooperación en el sector energético entre India y Sri Lanka”		India puso en marcha un grupo de trabajo conjunto para trabajar en la cooperación energética India-Sri Lanka.
2017	India y Japón	Construcción de una planta de GNL		India, Japón y Sri Lanka firmaron un acuerdo tripartito para incorporar el GNL al mix energético.
2018	China	Planta de GNL en el interior del puerto de Hambantota	$500	China se adjudicó la construcción de la primera planta de GNL dentro del puerto controlado por China (South China Morning Post, 5 de mayo de 2018).
2021	EE. UU.	Planta de GNL de Yugadanavi	N/D	El Gobierno y la empresa estadounidense New Fortress Energy, que adquiere el 40 % de la central petrolífera de Yugadanavi, firman un acuerdo sobre 300 MW de GNL. Tras fuertes protestas públicas, aún no se ha puesto en marcha (EconomyNext, 23 de septiembre de 2021).
2021	China	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	$12	El Gobierno de Sri Lanka anuló la licitación concedida a empresas chinas debido a las protestas de India (Chaudhury, 6 de agosto de 2023) .

 

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US$)	Estado
2022	India	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	$11	Subvención de la India a condición de que la licitación se adjudique a la empresa india (Chaudhury, 6 de agosto de 2023).
2022	India	Planta solar Sampoor	$115	Indian National Thermal Power Corporation fue autorizada a construir un parque solar de 135 MW en los terrenos anteriormente asignados a la central de carbón (Srinivasan, 12 de marzo de 2022).
2022	India	Desarrollo de los depósitos de petróleo de Trincomalee	N/D	India desarrollará conjuntamente las instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo y tendrá acceso al puerto estratégico de Trincomalee (Wijedasa, 19 de junio de 2022).
2022	India	Proyecto de energía eólica en Mannar y Pooneryn	$750	La empresa india Adani Group se adjudicó la licitación a petición del Gobierno indio (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2022	China y Pakistán	Suministro de GNL y red de gasoductos	N/D	El consorcio chino-pakistaní Engro ganó la licitación para suministrar GNL a Sri Lanka. India protestó enérgicamente y en agosto de 2023 se canceló (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2023	India	Suministro de GNL y red de gasoductos		La licitación se adjudicó a Petronet LNG Ltd of India (Farzan, 15 de agosto de 2023).
2023	India y Omán	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	$3850	India y Omán se adjudicaron la licitación en 2019, pero el proyecto se estancó. El Gobierno canceló el proyecto en 2023 (Reuters, 27 de noviembre de 2023).
2023	China	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	$4500	La empresa china Sinopac se adjudica la construcción de una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota en régimen de arrendamiento de noventa y nueve años (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	China, EE. UU. y Australia	Arrendamiento de estaciones de servicio		Se ha autorizado a tres petroleras de China, Estados Unidos y Australia a arrendar 150 estaciones de servicio para que cada una de ellas opere en el mercado local. Indian Oil Corporation ya posee y explota 211 estaciones de servicio en Sri Lanka (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	India	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka		Sri Lanka e India acuerdan construir una interconexión eléctrica transfronteriza (Samant, 9 de agosto de 2023).

 

En este contexto, es esencial evaluar  el impacto de la participación y la financiación externas  en las ambiciones de transición energética de Sri Lanka, que se ha fijado como  objetivo alcanzar el 70 % de energías renovables en la generación de electricidad de aquí  a 2030. Sin embargo, dadas las condiciones económicas imperantes, Sri Lanka no  podrá  cumplir sus compromisos climáticos. Cuatro razones han  frenado especialmente la transición a las energías  renovables.

En primer lugar, debido a la crisis, los proyectos locales de energías renovables no han despegado. Segundo, la crisis ha acentuado la dependencia de los combustibles fósiles y las nuevas infraestructuras energéticas también se inclinan en  esa dirección. Tercero, los proyectos indios de energías  renovables van acompañados de transmisión transfronteriza, lo que  significa que la energía renovable generada por empresas indias  en Sri Lanka  puede  destinarse principalmente al consumo indio. En cuarto lugar, Sri Lanka ha perdido gradualmente su soberanía energética al privatizar y permitir que las fuerzas del mercado decidan los precios de la energía. Todo ello ha socavado el principio básico de “energía  asequible para todos”.

Conclusiones de la experiencia de Sri Lanka

El proceso de transición energética en Sri Lanka se ha caracterizado por un enfoque relativamente moderado e ineficaz que exige acciones más decisivas. Su transición hacia las energías  renovables se ha visto empantanada por la pandemia y la crisis económica, cuando la atención volvió a centrarse en garantizar la suficiencia energética en lugar  de la transición energética. Las desfavorables condiciones económicas minaron la posibilidad de adopción de energías renovables y facilitaron la continuación de los bloqueos de carbono.

Como  muestra el gráfico 1, la transición de Sri Lanka a las energías renovables ha  sido  lenta, lo que también puede  atribuirse a la debilidad de las instituciones y a la incapacidad de integrar las políticas y los marcos en una política nacional más global, lo que ha permitido depender en exceso de actores externos y del juego de poder geopolítico. La crisis económica ha acentuado el poder  de estos intereses  geoestratégicos y ha permitido a los actores  geopolíticos dictar el futuro energético del país.

La transformación de la economía política  de Sri Lanka  tras la liberalización ha hecho que el Estado deje de controlar el capital privado, lo que ha debilitado las instituciones estatales y ha limitado las finanzas públicas. Como consecuencia, la dinámica de la relación entre  el Estado  y el sector  privado en Sri Lanka  se ha reconfigurado y, de esta manera, ha facilitado  el resurgimiento de la influencia geopolítica en el sector energético del país.

Estos factores han dado lugar a un Estado caracterizado por una transición energética fallida, en la que el proceso de descarbonización se disocia cada vez más de las consideraciones de seguridad energética y obstaculiza, así, el avance hacia la justicia social y limita su alcance. El carbón, por ejemplo, sigue recibiendo apoyo  a pesar de ser el combustible más contaminante. A pesar de la urgente necesidad de avanzar  hacia un mundo poscarbono ante  la crisis climática, en Sri Lanka predominan los intereses  geopolíticos sobre el clima y el medio  ambiente.

La feroz competencia por los proyectos  de infraestructuras energéticas en Sri Lanka demuestra que la geopolítica de la energía  desempeña un papel cada vez más importante en la configuración de la política  energética, las disposiciones y las transiciones en países similares. La influencia de las potencias tradicionales (antiguos donantes, es decir, los países de la OCDE) está disminuyendo y están surgiendo nuevas  potencias para ocupar su lugar. Se había previsto que el desarrollo de fuentes de energía renovables redujera la geopolítica de la energía,  creara  energía  renovable asequible y disponible para los países del sur global y, en última instancia, ayudara a estas naciones a cumplir sus objetivos  climáticos. Sin embargo, en Sri Lanka no ha sido así.

Una crítica frecuente a la cooperación norte-sur es que conduce al neocolonialismo porque no se basa en asociaciones  equitativas. Esto se debe principalmente a que los países del norte global dan prioridad a la extracción de recursos del sur global, en lugar de centrarse en añadir valor socioeconómico a estos países ricos en recursos. La situación de Sri Lanka demuestra que esta dinámica también se aplica a la cooperación sur-sur. La situación actual  se caracteriza por el auge de una  forma  de neocolonialismo chino,  así como por un neocolonialismo impulsado por las aspiraciones indias de hegemonía regional. El enfoque inversor chino, basado en la política de “no  injerencia en los asuntos locales”, se ha vuelto  atractivo para muchos países del sur global, mientras que el enfoque inversor estadounidense siempre se ha conocido como “con condiciones”.

China e India se están posicionando como líderes del sur global capaces de proporcionar conocimientos, financiación y tecnología para  ayudar  a otros  países en sus transiciones energéticas. Esto tiene su base en un trasfondo histórico de intercambio cultural y en los conceptos de unidad sur-sur y poscolonial, así como  en los argumentos de que  China  e India están subsanando las deficiencias infraestructurales de países como Sri Lanka. Sin embargo, a medida que estos dos países asiáticos amplían su influencia económica y política, es importante señalar que también buscan materias primas, mercados y ventajas  geopolíticas fuera de sus propios  territorios.

El caso de Sri Lanka ilustra también que actores externos han construido allí sus propias  infraestructuras energéticas. India  y China han obtenido licencias para construir refinerías de petróleo y varios actores  externos poseen  y explotan ahora  estaciones  de servicio. India ha ganado licitaciones para construir y explotar plantas de energías  renovables, incluidos planes  para  exportar electricidad a India. Se trata de una nueva  forma de hegemonía. No se trata solo de comerciar con materias primas, poseer industrias o controlar mercados, sino también de infraestructuras físicas mucho más permanentes y consecuentes en términos de soberanía nacional.

Una  última conclusión es que  las infraestructuras energéticas tienen un poder y una influencia considerables en la economía política  y nacional, y proporcionan el espacio tanto para  facilitar las ambiciones hegemónicas de los actores  geopolíticos como para ejercer un control considerable y actúan así de contrapeso a los actores  competidores. La reactivación económica de Sri Lanka se ve socavada aún más por las acciones de los actores  externos a corto y largo  plazo.  Cuando las infraestructuras energéticas son de propiedad  local  tienen una  enorme ventaja  financiera a largo  plazo, como  demuestran las centrales hidroeléctricas de Sri Lanka. Las infraestructuras energéticas emergentes, controladas desde el exterior, erosionarán gradualmente la independencia energética y tomarán el control de la arquitectura energética local. La crisis económica ha puesto  en peligro  los deseos de los ciudadanos y no  ha habido consultas públicas  sobre las próximas infraestructuras y políticas energéticas. Es una cuestión de justicia y equidad.

Reflexiones finales

El caso de Sri Lanka va más allá de la concepción convencional de la geopolítica energética, en la que la energía  se considera una  herramienta para el compromiso y el comercio, ya que ha permitido a los actores geopolíticos hacerse con el control territorial geoestratégico y la influencia sobre  toda  la isla. Sri Lanka  está comprometida y necesita hacer la transición hacia una energía más ecológica, pero el país también es un campo  competitivo para  las potencias geopolíticas que presionan para conseguir distintos tipos de proyectos energéticos y/o infraestructuras, y para  hacerse  con  el control territorial en  la Sri Lanka  geoestratégica. Estos actores  geopolíticos no solo presionan a favor  de las energías  no  renovables, sino que  los enfrentamientos entre  titanes  regionales también obstaculizan  la transición energética de Sri Lanka. La crisis económica es una  coyuntura crítica  en  la (geo)política energética que pone de manifiesto la vulnerabilidad de Sri Lanka  y su limitada influencia frente a las grandes  potencias, como demuestran claramente las incursiones  de India desde la crisis económica.

NOTAS.

1    Entrevista  realizada  por Theiventhran en octubre de 2023.

2    Entrevistas  realizadas  por Theiventhran en enero  de 2020.

Bibliografía

Ariyawansha, Niranjala (6 de agosto de 2023). LNG project:  China-Pakistan company out, India  in. Sunday Times. https://www. sundaytimes.lk/230806/news/ lng-project- china-pakistan- com- pany-out-india-in-527458.html

Chaudhury, Dipanjan R. (6  de  agosto  de  2023). Sri  Lanka  issues tenders choosing  India  over China  for power  projects  near Jaffna.  The Economic Times. https://economictimes.indiatimes. com/news/india/sri-lanka-issues-tenders- choosing-india- over- china-for-power-projects-near-jaffna/articleshow/102463202. cms?from=mdr

China Power (9 de noviembre de 2023). How Is China’s Energy Footprint Changing? https://chinapower.csis.org/energy-footprint/

Colombo  Telegraph  (13   de   septiembre  de   2016).  Controversial Coal  Power  Plant  In  Sampur Cancelled. https://www. colombotelegraph.com/index.php/controversial- coal-power- plant-in-sampur-cancelled/

Cossins-Smith, Annabel (7 de septiembre de 2023). Report: China leads in race for clean technology. Power Technology. https://www. power-technology.com/news/china-leads-clean-technologies-race/?cf-view&cf-click&cfminimized&cf-view

Daily Mirror (24 de agosto de 2016). Coal Controversy: USD 3mn loss in public funds? https://www.dailymirror.lk/print/breaking_news/ Coal-Controversy-USD-mn-loss-in-public-funds-/108-114624

EconomyNext (23 de septiembre de 2021). Sri Lanka’s  could  lose billions  through unsolicited New Fortress  Energy  deal: CEBEU. https://economynext.com/sri-lankas-could-lose-billions-through- unsolicited-new-fortress-energy-deal-cebeu-86396

EconomyNext (27 de marzo  de 2023). Sri Lanka  to  lease 450 state-owned  fuel stations  for Chinese, US, Australian firms with She- ll JV. https://economynext.com/sri-lanka-to-lease-450-state-owned- fuel-stations-forchinese-us-australian-firms-with-shell-jv-116620/

Farzan,  Zulfick  (11 de junio de 2022). Modi  insisted  Sri Lanka Power  Project  awarded to  Adani:  CEB Chief  reveals  to  COPE. New  First. https://www.newsfirst.lk/2022/06/11/modi-insisted-sri- lanka-power-project-awarded-to-adani-ceb-chief-reveals-to-cope

Farzan, Zulfick (15 de Agosto de 2023). Sri Lanka scraps Hambantota Oil refinery project  agreement. New  First. https:// www.newsfirst.lk/2023/08/15/sri-lanka-scraps-hambantota- oil-refinery-project-agreement/

Gateway House Indian  Council on Global Relations (3  de  agosto de 2023). India-Sri  Lanka: Connecting grids. https://www.ga- tewayhouse.in/india-sri-lanka-connecting-grids/

International Energy  Agency (2000). Coal in the Energy Supply of China: Report of the CIAB Asia Committee. https://iea.blob.core.win- dows.net/assets/2e0cfdbe-3496-44d9-8fd2-ef1da28499e9/Coalin- theEnergySupplyofChina.pdf

Ministry    of   New   and    Renewable   Energy   (9   de septiembre   de  2022).  Renewable  Energy   in   India.   Press Information Bureau, Government of India. https://pib.gov.in/FeaturesDeatils. aspx?NoteId=151141&ModuleId+=+2&reg=3&lang=1

Reuters (18 de mayo de 2016). Sri Lanka to cancel Indian coal plant deal;   proposes  LNG   instead.    https://www.reuters.com/article/ sri-lanka-india-coal-idINKCN0Y90R8/

Reuters (27 de noviembre de 2023). Sri Lanka approves Sinopec’s $4.5 billion refinery proposal. https://www.reuters.com/business/ energy/sri-lanka-approves-sinopecs-45-billion-refinery-propo – sal-2023-11-27/

Reuters (28 de noviembre de 2023). China to lead global  renewable growth with record installations- Woodmac. https://www.reu- ters.com/sustainability/climate-energy/china-lead-global-renewa- ble-growth-with-record-installations-woodmac-2023-11-28/

Samant, Shilpa (9 de agosto de 2023). India, Sri Lanka renew  bid to link power grids. The Economic Times. https://economictimes.in- diatimes.com/news/india/india-sri-lanka-renew-bid-to-link-power- grids/articleshow/102546949.cms

South China Morning Post (5 de  mayo  de  2018). Sri Lanka  gives green light for Chinese LNG plant near Hambantota port. https:// www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2144808/ sri-lanka-gives-green-light-chinese-lng-plant-near

Srinivasan, Meera  (12 de marzo  de 2022). NTPC  returns to  Sri Lanka’s  Sampur with  solar  project.  The Hindu. https://www.the- hindu.com/news/international/ntpc-returns-to -sri-lankas-sam- pur-with-solar-project/article65217041.ece

Sunday Times (17 de enero de 2016). Burning questions over huge coal-buying contract. https://www.sundaytimes.lk/160117/news/ burning-questions-over-huge-coal-buying-contract-179098.html

Sunday Times (24 de julio  de 2016). Ministry  passes buck  on coal tender to Cabinet. https://www.sundaytimes.lk/160724/news/mi- nistry-passes-buck-on-coal-tender-to-cabinet-202312.html

Sunday Times (18 de septiembre de 2022). Sri Lanka’s Auditor General  calls for probe  in dubious coal deal. https://www.sundayti- mes.lk/220918/business-times/sri-lankas-auditor-general-calls-for- probe-in-dubious-coal-deal-495842.html

Theiventhran, Gz. MeeNilankco (2024). Energy  as a geopolitical battleground in Sri Lanka. Asian Geographer, 41(1), 21-45. https:// doi.org/10.1080/10225706.2022.2098507

United States Agency for International Development [USAID] (2021). Energy Program.https://www.usaid.gov/sri-lanka/activities/energy- program

Wijedasa,  Namini (3  de  junio de  2018).  Explosive  report on hazards  of Norochcholai coal power  plant. Sunday Times. https://www.sundaytimes.lk/180603/news/explosive-report-on-ha- zards-of-norochcholai-coal-power-plant-296923.html

Wijedasa,  Namini (19  de  junio de  2022). Official  letters  show CEB Chairman was instructed to  facilitate  Adani  projects.  Sunday Times. https://www.sundaytimes.lk/220619/news/adani-to-ex- pand-still-further-in-sri-lanka-through-wind-and-solar-power-pro- jects-486419.html

Las regiones subnacionales ofrecen grandes promesas y muchas lecciones para la descarbonización de la electricidad, pero  hasta ahora  han  dependido −y se prevé que sigan dependiendo− en gran medida del despliegue de energías  renovables de propiedad privada  a gran  escala. En nuestro examen de las repercusiones sobre el terreno de este modelo privado en Alemania, la India  y Australia las pruebas son claras: la dependencia de las energías  renovables privadas  agrava  las desigualdades  y amenaza la legitimidad democrática de la descarbonización. Sin embargo, también puede  abrir  oportunidades a medida que la transición impone nuevas  agendas  e impulsa demandas de beneficios  locales, propiedad social y energía  distribuida. Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la llegada de las energías  renovables plantea cuestiones críticas en relación con la responsabilidad, la agencia y la capacidad, y cómo podríamos desarrollar un  sistema  que combine la justicia  social con la acción por el clima.

Aunque el contexto del desarrollo de las energías  renovables en Alemania, la India  y Australia es distinto, existen sorprendentes paralelismos. Hay factores comunes en cuanto al entusiasmo, la oposición, el diálogo y la regulación. También hay tecnologías comunes que permiten la construcción de aerogeneradores más grandes y parques solares más extensos, junto con el almacenamiento de energía para superar la intermitencia. Hay nuevas opciones  para la energía agrosolar  y nuevas  formas  de energía  renovable “distribuida”, que  permiten la agregación de energía  solar en los tejados.  Existe incluso un sector de exportación de energías renovables, con electricidad transportable en forma  de hidrógeno o amoníaco.

El aspecto  más  destacado  de la emergente cadena  mundial de suministro de energías renovables es la lógica del poder empresarial y el extractivismo. En los tres casos encontramos un neoliberalismo “verde” en ascenso. La energía  renovable a gran escala de propiedad privada  se ha convertido en la norma. La estructura jerárquica de la producción de energía, en la que los grandes generadores envían la energía a la red y luego al consumidor, se mantiene en gran medida. Los operadores energéticos privados minimizan sus propios costos mediante instalaciones a gran escala y tratan de captar el excedente de energía renovable barata. Con parques eólicos y solares cada vez más grandes, la cuestión crítica es la de la propiedad de la tierra  y su impacto en los medios de subsistencia.

La tierra es fundamental para la subsistencia en la India. En el estado de Karnataka, en el sur del país, en un pueblo rodeado por uno de los parques  solares más grandes  del mundo, un aldeano resume el impacto: “Para las personas sin tierra no hay ningún beneficio. Más bien han perdido su medio de vida, ya que nadie les llama para trabajar”. La planta solar paga un alquiler a los terratenientes, pero desplaza al resto de la población:

Un pueblo  no es solo para  los grandes  terratenientes. Hay todo  tipo de gente,  propietarios de ganado,  los jornaleros, los pequeños agricultores, etcétera. El Gobierno debería  apoyar  a los aldeanos.  Pero la situación es terrible: los sin tierra se ven obligados a emigrar y trabajar fuera.

Del mismo  modo, en el estado de Brandeburgo, al este de Alemania, los propietarios de tierras  obtienen algunos  ingresos,  pero  la mayoría no ve ningún beneficio  en los parques eólicos locales. Como comentó un alcalde local: “Hay algunos  habitantes que se oponen activamente, otros  que simplemente se resignan a lo que está ocurriendo. Hay unos pocos que están a favor, normalmente los que se benefician de alguna  manera”. Los parques eólicos también aumentan  la desigualdad: “Si alquilan sus tierras  para  un  parque eólico, obtienen recompensas económicas muy sustanciales,  pero la comunidad  en su conjunto no saca mucho provecho de ello”.

La dimisión es habitual. En Port Augusta (Australia Meridional), un  defensor de las energías  renovables que  trabajaba en la central térmica de carbón local afirma  que “la gente es muy escéptica y reacia a hablar a favor de nuevos  proyectos,  y mucho menos  a hacer algo para  que  se lleven  a cabo”. Esto es un  problema para  avanzar en la transición energética: “Es difícil conseguir un  apoyo  público abierto”.

En los tres emplazamientos de grandes proyectos  privados de energías  renovables encontramos quejas comunes sobre los medios de subsistencia, la propiedad y la desigualdad frente  a los proyectos energéticos empresariales a gran escala. La oposición obliga a plantear  nuevos  modelos, inicialmente a través  de la demanda de más beneficios  regionales, pero  que rápidamente se extienden a la propiedad  social y a la necesidad de formas  más distribuidas de energía renovable. Las nuevas fuentes  de poder  social se vinculan con el cambio  tecnológico, por ejemplo, en relación con la energía  agrosolar y las formas de almacenamiento de energía doméstica y comunitaria, liberando un nuevo  potencial para la descarbonización.

Las energías  renovables neoliberales refuerzan los monopolios privados

La lucha  por detener la quema de combustibles fósiles para producir electricidad es fundamental para la política climática mundial. En todo el mundo, la mayoría de los países están planeando pasar a las energías renovables, como una “victoria” tanto para la economía como para el clima. Las energías  renovables baratas, el último “regalo” de la naturaleza a la sociedad  industrial, sientan las bases de una  nueva ola de crecimiento “verde”. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) prevé que en 2050 el 75 % de la electricidad mundial procederá de fuentes  renovables, frente  al 16 % actual, y calcula que el 95 % será de propiedad privada.

El nuevo  modelo de desarrollo está dominado por empresas energéticas mundiales y fondos de inversión que construyen plantas eólicas y solares a gran escala, y captan  así el flujo de ingresos de las energías  renovables. A pesar de los cuellos  de botella  en la cadena de suministro, los inversores están  eufóricos  con las energías  renvables, tanto para los minerales “críticos”, aguas arriba, como para el hidrógeno y el amoníaco “verdes”, aguas abajo. Los gobiernos nacionales y regionales compiten por atraer  la financiación “verde”, que busca una participación en las nuevas industrias emergentes.

Cortejar al gran  capital  conlleva  grandes  anuncios, pero oculta el alcance  total  del apoyo  público y el desembolso financiero. Las empresas de energías  renovables dependen de la regulación gubernamental para facilitar nuevas conexiones a la red, imponer la compra de electricidad de fuentes  renovables y garantizar los flujos de ingresos que sustentan los beneficios. Los inversores privados  construyen y explotan los parques  eólicos y solares a gran escala, y generan  electricidad a un  precio  acordado. Los acuerdos  de suministro, denominados “Contratos de Compra de Energía” (CCE), pueden durar décadas, y constituyen un puerto seguro para los inversores que buscan rentas. A menudo, las autoridades públicas invitan al sector privado a suministrar bloques  de energía  renovable y adjudican los CCE al proveedor más barato. Así, fuerzan los precios a la baja. Estas “subastas  inversas” requieren enormes economías de escala y empresas de servicios públicos  más grandes que nunca, expulsan a los operadores más pequeños, incluidos los generadores comunitarios y sin ánimo de lucro, y desincentivan el reparto de beneficios.

Todo  esto tiene  un  costo. Las energías renovables a gran  escala provocan nuevos desplazamientos y la concentración empresarial genera nuevas desigualdades. Los terratenientes situados en  lugares favorables son los que más se benefician y afianzan su poder, los  medios  de  vida  agrícolas  se ven  desplazados, las ecologías  se transforman. Confiar en la inversión privada  en energías renovables alimenta la concentración empresarial y la masificación energética. En Alemania se ha pasado  rápidamente de la energía  eólica cooperativa  y municipal a la energía eólica empresarial a gran escala. En la India se ha producido un cambio similar,  de pequeñas empresas de energía eólica a entidades corporativas cada vez mayores, de modo que en 2022 muy  pocas empresas indias  presentaban ofertas de licitación por los CCE nacionales. En Australia Meridional encontramos una marcada bifurcación entre  la energía  solar  de los hogares y el creciente apalancamiento de los grandes proyectos liderados por empresas.

Con estas limitaciones, las energías renovables neoliberales ocultan  el verdadero potencial de las energías  renovables. A menudo se ha señalado que la energía  renovable es ampliable, desde un dispositivo portátil hasta la instalación a escala de servicios públicos. Las infraestructuras y la financiación públicas  podrían destinarse a un beneficio más amplio. Hay capacidad y agencia  para  las energías renovables distribuidas, para las transformaciones energéticas y para nuevas formas  de participación y democratización de la energía. Sin embargo, la opinión generalizada, de IRENA hacia abajo, es que solo las energías renovables privadas a gran escala pueden hacer frente  a la crisis climática. Que garanticen la “legitimidad social” es otra  cuestión y un  componente crucial  para  alcanzar  los objetivos de las energías renovables.

Las energías  renovables neoliberales socavan la descarbonización

La transición energética neoliberal −basada en la búsqueda de rentas y la monopolización de los rendimientos del capital− puede socavar la descarbonización. La financiación de las energías renovables es una clase de activo intercambiable con otros  activos no renovables. No se caracteriza por la necesidad de reducir las emisiones. Al contrario, los intereses  de esta inversión privada  a menudo pueden entrar en conflicto directo  con la abundancia de energía renovable necesaria para la estabilidad climática. Las empresas confían en la escasez, pero con el descenso a largo plazo de los costos de las energías renovables y la electricidad diurna prácticamente ilimitada, se enfrentan a un problema para mantener los flujos de beneficios.

La energía eólica y solar intermitente produce energía  excedentaria. En épocas de exceso, los precios caen a cero  (y por  debajo). Para proteger a los inversores y mantener los precios, a menudo se desconectan las energías  renovables. Este “recorte” o “derrame” es habitual: algunos  días en Australia se derrama hasta  el 20 % de la energía  renovable. La contradicción es desconcertante: la abundancia de energía  renovable se convierte en un  problema que hay que limitar, no en una virtud  que hay que potenciar.

Con ello, las formas  más distribuidas de energía  renovable se convierten en una  amenaza para la cuota de mercado de las empresas. La creciente prevalencia de las energías  renovables domésticas en Australia −proporcionalmente la mayor  del mundo−, por ejemplo, socava los beneficios de los generadores a escala de servicios públicos.  En lugar  de apoyar  la energía  distribuida, la política  se orienta hacia  las grandes  empresas de servicios públicos.  En 2023

Australia anunció un precio mínimo subvencionado para los generadores, explícitamente para reducir aún más el riesgo de inversión.

Por  último, está  el reto  de que  más  industria, alimentada con electricidad renovable barata, acelera  el crecimiento económico. A mayor producción, mayores emisiones. Para IRENA,  las energías renovables garantizarán  las  reducciones de  emisiones necesarias, pero solo si también disminuye la demanda energética. El aumento anual del 1,1 % en el consumo de energía,  paralelo al crecimiento económico, tiene  que  convertirse en un  descenso anual del 0,2 %. Para IRENA, el crecimiento debe desvincularse del consumo de energía: una  tarea  difícil cuando la energía  es tan  barata. La experiencia  sugiere la trayectoria contraria: que  la energía  barata alimenta la demanda energética.

Tres casos

Nuestra investigación se ha  centrado en  los estados  de Karnataka (India),  Brandemburgo (Alemania) y Australia Meridional: todos ellos  son  regiones  pioneras en  energías  renovables, aunque  muy diferentes en  cuanto a su historia y su ubicación en  la economía mundial.

En los tres contextos, las promesas iniciales han  dado  paso a un compromiso activo con el modelo empresarial imperante de desarrollo  de energías  renovables a gran  escala. Los activistas, las organizaciones comunitarias  y los grupos  de interés han  desarrollado una  serie de tácticas, estrategias  y objetivos  políticos  para rebatir el modelo privado y las políticas estatales de reducción de riesgos que lo sustentan. En respuesta, gobiernos y empresas han  ajustado la normativa y ofrecido  concesiones en un  panorama dinámico, con- testado  y en constante evolución.

Karnataka

Karnataka es ahora  uno de los estados líderes en energías renovables de la India, a tal punto que, en mayo de 2023 el 54 % de la capacidad instalada procedía de la energía  eólica  y solar;  frente  al 31 %, de carbón;  el 12 %, de energía  hidroeléctrica, y el 3 %, de energía  nuclear. La energía eólica a pequeña escala predominó hasta mediados de los años 2000, cuando Karnataka se convirtió en un estado  líder en energía  solar a escala comercial. Prácticamente toda  su energía renovable es de propiedad privada,  lo que  contrasta con el carbón y la energía  hidroeléctrica “heredados”, que son principalmente de propiedad estatal.  Predominan las grandes  empresas:  diez de ellas poseen  el 58 % de la capacidad  solar y el 30 % de la eólica.

Karnataka ha aplicado una política proactiva en materia de energías renovables desde finales de los años noventa. El Estado pretendía atraer  la inversión privada  y reducir los costos energéticos de las deficitarias  empresas estatales  de distribución de electricidad (que subvencionan los precios, sobre  todo  en las zonas rurales). El Estado tiene  condiciones favorables  para  la energía  solar y eólica, y era importador neto  de energía  de carbón, que ahora  ha cambiado por energías  renovables. Los promotores de energías  renovables licitan contratos de suministro a largo plazo con las empresas distribuidoras mediante subastas inversas supervisadas por la agencia estatal de energías  renovables, la Karnataka Renewable Energy Development Limited  (KREDL).

La KREDL desempeña un  papel  clave de mediación entre  promotores privados,  propietarios de tierras, empresas de distribución y redes de transmisión. Sus ingresos proceden de una  tasa a los promotores de proyectos  y promete conseguir todas las autorizaciones en un plazo de sesenta días. También ha creado  agencias conjuntas de “fines especiales” con el Gobierno federal, como la Karnataka Solar Power Development Corporation Limited  (KSPDCL), que estableció  el proyecto solar Pavagada,  de 2 GW, el mayor  del  mundo cuando fue terminado en 2019. KREDL planea  ahora  duplicar con creces el tamaño de la planta de Pavagada, hasta 5 GW, y está construyendo otra  central híbrida eólica-solar-batería de 5 GW en Shimoga, al norte de Karnataka.

El ejemplo de Pavagada  resume las tensiones y posibilidades  del desarrollo de las energías renovables en la India. El parque se extiende a lo largo de 4856 hectáreas y abarca  cinco localidades con una población de diez mil habitantes. La zona es árida y propensa a la sequía, con niveles elevados de pobreza, sobre todo  entre  las mujeres y las comunidades tribales  y de castas desfavorecidas,  y ha sido escenario  de luchas por los derechos  sobre la tierra  y su redistribución. La tenencia de la tierra sigue estando muy estratificada, con algunos grandes terratenientes y muchos minifundios, mientras que aproximadamente la mitad  de la población carece de tierras.

El KSPDCL reunió tierras de 1422 propietarios diferentes mediante la firma de contratos de arrendamiento de veintiocho años a un  precio  fijo con incrementos establecidos para  todo  ese período. Las autoridades estatales subastaron varios PPA de veinticinco años para  los promotores y el precio  disminuyó constantemente hasta menos de la mitad del precio medio  de la electricidad generada a partir del carbón. Hubo cierto  apoyo  del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, y el parque atrajo  grandes  empresas privadas de energías  renovables como  Tata, Fortum, Adani,  ReNew  y Softbank.

El modelo de arrendamiento de tierras  de Pavagada  contrasta con otros enfoques de adquisición de tierras  que  esencialmente expulsan a la gente de la tierra y crean un espacio aparentemente vacío para  las energías  renovables. La coexistencia  con los terratenientes ofrece un mejor  enfoque, pero plantea nuevas  cuestiones. El arrendamiento beneficia a los terratenientes pero agudiza la desigualdad. Como  nos dijo un sin tierra: “La gente que tiene  más tierras  se hace más rica. Nosotros estamos  donde  estamos, sin tierra”.

Los arrendamientos se negociaron durante una  sequía  y los terratenientes se sintieron presionados a aceptar:  “Vinieron, nos  lo pidieron, teníamos hambre, se lo dimos”. Los ingresos por arrendamiento de los pequeños agricultores no son suficientes  para vivir y la seguridad alimentaria se ha resentido. Como  dijo un  agricultor: “Si cultiváramos lentejas  durante un  año, las utilizaríamos para  el consumo familiar  durante dos años… Ahora, para cualquier pequeña cosa, dependemos del mercado”.

Pero los sin tierra son los principales perdedores. Históricamente han  dependido del trabajo agrícola estacional y de la cría de animales a pequeña escala, que se han  visto desplazados por el parque solar. Uno  de los sin tierra  entrevistados dijo: “Antes  de la energía solar, nuestras ovejas vivían muy  bien. Después  de la energía  solar hay dificultades… No hay espacio para pastar”.

La pérdida de medios de subsistencia no se compensa con el empleo  en la planta. Hay algunos empleos locales en seguridad, limpieza y corte de césped, pero no son suficientes. Esto ha afectado especialmente a las mujeres de las comunidades tribales y de casta baja, que han perdido fuentes  de autonomía financiera. Como dijo una mujer: “Tenemos que depender de los ingresos de nuestros esposos y ellos nos controlan aún  más”. Se les prometió mejor  educación,  formación  y  empleo: “No  queremos que  nuestros hijos lleven  una  vida como  la nuestra. Queremos darles  una  educación mejor  para que puedan salir adelante”.

Las autoridades afirman que han aprendido la lección y que  la ampliación de Pavagada  y la propuesta de una  central híbrida de 5 GW suponen una  nueva  fase en  la planificación de las energías renovables. En Pavagada  se observa  un  mayor compromiso con la financiación de las escuelas locales y las infraestructuras sociales (Subramanian, 26 de abril de 2023). Sin embargo, los programas de formación y los puestos  de trabajo prometidos aún no se han materializado, aunque existen propuestas de uso mixto y de energía agrosolar para  permitir la coexistencia  de la agricultura con las plantas solares. La colaboración prevista  con la población local sigue sin desarrollarse.

La central híbrida propuesta tendrá que coexistir con la agricultura  local, ya que el norte de Karnataka es más fértil y la tierra  está más repartida: el movimiento de reforma agraria  tuvo éxito en esta parte  del Estado  y hay menos  gente  sin tierra.  La propuesta de un modelo “híbrido” más  variado,  que  combine energía  eólica, agrosolar y capacidad  de baterías,  en lugar  de una  extensión uniforme de paneles  solares, ofrece potencialmente más espacio para  la agricultura. También existen  posibilidades de cogestión, que podrían basarse en los consejos de los pueblos  (panchayats), que tienen una gran capacidad  de gobernanza local.

Brandenburgo

Al igual  que  Karnataka, Brandeburgo apuesta  decididamente por las energías  renovables. En 2023 obtendrá el 70 % de su electricidad a partir de estas energías, principalmente energía  eólica. Su Estrategia  Energética 2022 preveía un 100 % de energías renovables para 2030. Para ello ha propuesto un cambio hacia la energía  solar: la generación de energía  eólica se duplicará, de 8 GW a 15 GW, mientras que la energía  solar se cuadruplicará, de 4 GW a 18 GW.

La fiebre por la energía  solar ya está en marcha. A principios de 2023, un estudio  del Gobierno descubrió un gran potencial para la energía solar en tejados (29 GW), en terrenos degradados o de escaso valor (33 GW) y también para estacionamientos, energía  hidráulica y agrosolar  (hasta  270 GW). En agosto  de 2023, el Estado  anunció una “ofensiva de expansión de la energía  solar” (Bhambhani, 15 de septiembre de 2023) centrada en iniciativas  locales de planificación del uso del suelo y en la energía  solar distribuida dirigida  por mu- nicipios,  incluido un  impuesto local a la energía  solar destinado a las comunidades afectadas, así como subvenciones y formación para ampliar la mano de obra local.

La ofensiva solar marca  la última fase de la trayectoria de las energías  renovables en Brandeburgo. A partir de los años noventa, las energías renovables en Alemania se centraron sobre todo en iniciativas cooperativas y municipales de energía eólica, especialmente en el oeste del país. En Brandeburgo, sin embargo, los parques  eólicos privados a mayor  escala eran más comunes y esto se convirtió en la norma en todo  el país después  de que la Ley Federal  de Energías Renovables de 2017 exigiera licitaciones competitivas para todos los contratos de suministro de energía  y favoreciera, de esta manera, a los operadores privados  más grandes.

A esto le siguió una caída en las aprobaciones de proyectos  de energía  eólica, ya que las instalaciones propuestas enfrentaron cada vez más oposición local. Como  constató el grupo  federal  Energía del futuro en 2021, los problemas en las zonas rurales  eran “considerables”.  La movilización de la población local contra los grandes parques  eólicos de propiedad corporativa retrasó  y anuló proyectos. Hay  escasez de emplazamientos  disponibles, ya que  la normativa sobre  el uso del suelo define  la proximidad permitida a las zonas residenciales, y la disponibilidad de terrenos forestales, por ejemplo, es limitada.

La energía eólica puede  coexistir con otras formas de uso del suelo rural, pero el desencanto es cada vez mayor, sobre todo a medida que las turbinas son más grandes. Si nos centramos en la región  meridional de Teltow-Fläming, comprobamos que la aceptación local estaba  disminuyendo, ya que “poco a poco, uno  empieza a sentirse rodeado”. La población era poco consciente de lo que se avecinaba. En palabras  de un residente: “Nos dimos  cuenta de que estaba ocu- rriendo cuando las torres aparecieron de repente”.

En 1997 el Estado dio prioridad a la energía  eólica en la ordenación  del territorio y, en 2003, la legislación  federal  exigió la designación de “zonas de aptitud eólica”. Con ello, los cinco organismos regionales de planificación de Brandeburgo elaboraron mapas de uso del suelo para  la energía  eólica. Los críticos locales de la energía eólica habían sido elegidos para  los consejos  locales y con una serie de partes  interesadas de sindicatos,  grupos  ambientalistas y la comunidad habían vuelto a regular efectivamente las asignaciones de energía eólica. Como resultado, la energía eólica se limita  ahora  a un 2 % de la superficie, concentrándose en zonas concretas.

El proceso de planificación dio lugar a un compromiso local más activo y a una  mayor oposición de la planificación regional. Esto puede  interpretarse como  un  proceso  democratizador, en el que la toma  de decisiones a nivel regional y estatal sobre la energía  y la industrialización “verde” se politizó y sometió a un mayor  escrutinio. Irónicamente, la llegada de la energía eólica corporativa a gran escala instigaba la participación local, articulada a través de estructuras de gobernanza local. Es importante destacar  que el proceso se basó en el diálogo  y no  en la oposición frontal: el grupo  Country Life, por ejemplo, favoreció la “armonía” con la energía  eólica, buscando obtener beneficios de esta.

La distribución de los beneficios  es una  cuestión clave. Prácticamente los 350 parques  eólicos  que  funcionan en el Estado  son de propiedad privada;  solo diez son de propiedad local. La desigualdad en la propiedad genera desigualdad financiera. Los terratenientes se benefician. Como  declaró  un residente: “Puedo  obtener treinta mil euros  al año por arrendar una  hectárea de tierra,  para  algunas  personas eso significa que ya no tendrían que trabajar”. Los municipios asumen el costo. Para  compensarlo, a partir de 2019 el Gobierno estatal  exigió a las empresas eólicas el pago de una  tasa de diez mil euros  anuales  a los ayuntamientos; esta medida se reforzó  en 2021 con una subvención federal comunitaria de 0,2 euros por kWh.

Nuestra investigación concluyó que  las empresas también estaban respondiendo a las presiones, con esfuerzos más  sofisticados para  anticipar y prevenir la oposición. Las empresas iniciaban las consultas en la fase de concepción, en lugar de esperar hasta el final del proceso de planificación, como  permite la legislación  urbanística, y ofrecían mayores  beneficios  a la comunidad. Una  empresa había  estado  consultando sobre  el uso de terrenos forestales para un parque eólico, ofreciendo un modelo de “20:80”, con una  financiación  comunitaria fijada en cuatro veces el costo de alquiler del terreno.

La energía eólica ha precipitado nuevas formas de gobernanza energética y en  estas se basa la actual introducción de la energía solar. Los paneles solares suponen una amenaza para el uso preexistente del suelo, lo que explica que el Estado se centre actualmente en los tejados, los estacionamientos y las superficies de agua sin utilizar, así como en los terrenos infrautilizados. El Gobierno estatal se esfuerza por paliar las repercusiones en la agricultura mediante la ordenación del territorio y cada vez hay más interés  por la energía agrosolar,  que puede coexistir con la agricultura. Es probable que haya  alguna pérdida de tierras agrícolas, aunque se calcula que alrededor del 15 % de la agricultura se destina  a biocombustibles y la sustitución por energía  solar sería más eficiente.

Los ingresos de la energía solar son hasta diez veces superiores a los de los cultivos: encontramos arrendadores a los que se les ofrecen contratos de treinta años  a 2500 euros por hectárea, frente a cuatrocientos euros por hectárea de la agricultura. Los peligros son evidentes para los agricultores arrendatarios, que  pueden ser desalojados  cuando sus arrendadores opten por  la energía  solar. Esto supone una gran amenaza, ya que el 73 % de las tierras agrícolas del estado son arrendadas.

La energía solar, al igual que la eólica, presenta economías de escala: se calcula que el tamaño mínimo viable de un parque solar es de cincuenta hectáreas. Ya se está produciendo una  ampliación. En 2021, el mayor  parque solar  del  estado  y de Alemania era  de 164 hectáreas en Werneuchen, cerca de Berlín. Un año más tarde  se aprobaron cincuenta y cinco proyectos solares en el estado federado, con una superficie de 2800 hectáreas. Las autoridades de Teltow-Fläming  habían recibido  la propuesta de un  promotor de un  parque solar de mil hectáreas. En palabras de un promotor: “No hay límites de tamaño, al menos legales”. Esta salvedad es importante, ya que las respuestas normativas serán decisivas para determinar el resultado.

Sin duda, los recientes compromisos del Gobierno estatal en materia de energía solar sugieren que las posibilidades de reparto de beneficios están ganando terreno. Se está pasando de considerar que la “aceptación social” de las energías  renovables impone una  limitación a su instalación, a verla como un medio para permitir una mayor aceptación. Las propuestas estatales de energía solar hacen hincapié en las iniciativas distribuidas y municipales para el espacio no  utilizado destinado a paneles  solares. También hay una  mayor aceptación de la ejecución y planificación a nivel local, incluidos los ingresos locales y la recualificación.

La energía  solar  entraña nuevos  peligros,  pero  podría  decirse que ofrece un  nuevo  potencial de suministro distribuido y de propiedad  social. La actual respuesta estatal refleja las varias décadas de movilización, compromiso e innovación institucional en torno a la energía  eólica. La oposición ha permitido una  mayor  participación en la gobernanza energética: el proceso  de “guerra estratégica” en torno a las energías renovables, como lo describió  un residente, va a continuar en un nuevo  terreno.

Australia Meridional

Al igual que Brandeburgo, Australia Meridional también aspira  a alcanzar el 100 % de electricidad renovable en  2033. En 2023, las energías  renovables no hidráulicas suministrarán cerca del 66 % de la electricidad del estado, el 24 % procedente de la energía  solar y el 44 % de la eólica (Energy  & Mining, 2022). El crecimiento ha sido rápido:  en 2000 las energías  renovables solo cubrían el 1 % de las necesidades  eléctricas del estado.

En 2002 el Gobierno estatal  había  previsto  un  26 % de energía eólica y solar combinadas (McGreevy y Baum, 12 de marzo  de 2021), para lo cual puso en marcha un esfuerzo  coordinado de inversores, emplazamientos y contratos de suministro. Desde  el principio la atención se centró en el golfo de Spencer y en el llamado “Triángulo de Hierro”, formado por  Port Pirie (con una  fundición de plomo), Whyalla  (con una  planta siderúrgica) y Port Augusta (con una central eléctrica de carbón, cerrada  en  2016). El golfo  tiene  un  gran potencial para  la energía  eólica y solar y está bien conectado a las líneas de transmisión. También cuenta con  una  mano de obra  industrial (aunque con marcadas desventajas socioeconómicas), factores todos ellos que lo hacen atractivo para los inversores en energías renovables.

Como  en Karnataka y Brandeburgo, las energías renovables en Australia Meridional han pasado por varias etapas. Hubo entusiasmo  inicial,  sobre  todo  en Port  Augusta,  donde  se consideraba que ofrecía una “transición justa” para dejar de depender del carbón. La central eléctrica  local había  sido un importante empleador y, cuando su propietario privado, Alinta,  anunció el cierre  en 2015 (ABC News, 10 de junio  de 2015), una  campaña local  exigió una  nueva central termosolar a gran escala para sustituirla.

Alinta cerró la central antes de tiempo, en 2016, sin transición directa a las energías renovables. Sin embargo, la campaña tuvo efectos más amplios, ya que la región  se convirtió en foco de atención para los inversores en energías  renovables. Esto llevó a la construcción de varios grandes parques  eólicos privados, como el de Lincoln Gap, con 101 turbinas en veinte  mil hectáreas, y el Parque Renovable de Port  Augusta,  con  cincuenta turbinas en  cinco  mil  hectáreas. La energía  solar de gran tamaño es menos  común, aunque hay un parque solar de ochocientas hectáreas cerca de Port Augusta, propiedad de la Bungala  Aboriginal Corporation, y una  planta termosolar de veinte  hectáreas, Sundrop, dedicada  a la desalinización y calefacción para tomates de invernadero.

Tras una oleada inicial de inversiones, la normativa estatal se volvió más estricta  en 2019, con  reglas sobre  impactos acumulativos, proximidad a municipios y sobre  el acceso a “zonas  de alto  valor medioambiental, paisajístico  o cultural” (State  Planning Commission, 2019). También hubo medidas  sobre notificación pública,  desmantelamiento, estabilidad de la red, niveles de ruido  y corredores de fauna  y, con  ello, un  aumento de la altura permitida para  las turbinas de 150 a 240 metros. Estas medidas coincidieron con un descenso de las solicitudes, en parte por el anuncio de un  interconector de 900 km con  Nueva Gales del Sur, cuya finalización está prevista  para 2025, lo que pareció  atraer  las propuestas hacia el oes- te del estado.

Una tercera  fase del desarrollo de las energías  renovables ha llegado a la región,  cada vez más centrada en los usos “derivados”, sobre todo  del hidrógeno “verde” procedente de energías  renovables, tanto para  la exportación como  para  su uso “en tierra”,  como  en la planta siderúrgica de Whyalla.  El Plan  de Empleos  del Hidrógeno del Gobierno estatal,  anunciado en 2023, se considera ahora  generador de una  nueva  ola de interés  por las energías  renovables en la región.

La planificación de las energías renovables en Australia Meridio- nal se ha centralizado en el Panel  de Evaluación de la Comisión Estatal, que organiza consultas y audiencias públicas.  Las empresas intentan definir sus proyectos  como “proyectos  de la Corona” de importancia estatal (PlanSA, 2024), lo que impide apelar  toda decisión final del ministro; de ese modo, tienen acceso a un “servicio previo a la autorización” acelerado con un departamento patrocinador, que identifica las “infraestructuras estatales esenciales”.

El proceso de planificación estatal soslaya a las autoridades locales, aunque estas podrían permitir una mayor participación e implicación de la comunidad. Los ayuntamientos colaboran en el grupo Spencer  Gulf Cities, que  recientemente ha promocionado la zona como  “centro neurálgico” de las energías  renovables (Spencer Gulf Cities, 13 de septiembre de 2022). Su papel  formal  es limitado y ni siquiera reciben  ingresos  fiscales de las energías  renovables, ya que la electricidad está exenta  de las tasas locales. Los ayuntamientos elaboraron un informe en 2018 para cuestionar esta exención (AEC, 2018), pero el Gobierno estatal se ha negado  a abordarlo.

La cuestión fiscal, que  hace  que  los contribuyentes locales subvencionen a las grandes  empresas mundiales de energías  renovables, ha suscitado  el descontento. La preocupación se centra  en la falta de beneficios locales, sobre todo en términos de empleo. Los contratistas traen  su propia mano de obra  y solo recurren al mercado laboral local para trabajadores poco cualificados, contratados de forma  eventual. No  existe un  plan local de mano de obra  y el trabajo es intermitente, aunque algunas  agencias de empleo locales establecen contratos recurrentes.

Como  reflejo de décadas de desventaja regional, la región  cuenta con muy pocas empresas capaces de aceptar  trabajo en la industria. La política estatal hace poco porcolmar las lagunas de cualificación. Los planificadores se basan en la afirmación de que las industrias consumidoras de materias primas generarán puestos de trabajo, en lugar del sector de las energías  renovables. Mientras tanto, la mayoría de los nuevos puestos  de trabajo llegan de forma indirecta, en los sectores de la salud, el transporte, el comercio minorista y la hostelería.

Como en Karnataka y Brandeburgo, los principales beneficiarios son los terratenientes anfitriones. Las tierras son áridas y la energía eólica tiene un impacto mínimo en los ingresos  de las explotaciones. Cada turbina puede  reportar unos ingresos anuales  de alquiler de hasta  veinticinco mil  dólares  australianos durante unos treinta años; el 40% del estado pertenece a arrendamientos de pastoreo, tierras apropiadas a los pueblos indígenas locales y concedidas a los colonos por las autoridades coloniales. Estos terratenientes son ahora los que más se benefician de las energías renovables, lo que reafirma la desposesión colonial  y agrava la desigualdad.

Sin embargo, la situación está cambiando, dado que se han recnocido los derechos sobre la tierra.  El Gobierno federal  se vio obligado a reconocer el título de propiedad aborigen con el caso Mabo de 1992 y la legislación  federal de 1994 permitió a los pueblos  aborígenes reclamar la titularidad de las tierras. Tras veintiocho años de lucha, los pueblos nukunu y barngarla obtuvieron el Título Nativo en la región  a partir de 2016. Se han devuelto algunas “tierras  de la Corona” de propiedad estatal y los propietarios tradicionales han obtenido algunos  derechos  de negociación sobre las tierras estatales arrendadas cada vez que se produce algún  cambio  en los acuerdos de tenencia, como en el caso de las energías renovables.

Hasta la fecha, las empresas de energías renovables han sido responsables de una serie de acuerdos de “consentimiento” ad hoc y muy divisivos. Como afirmó un titular de un título aborigen: “Todavía no he tenido ninguna buena experiencia con las energías  renovables, solo mucha indignidad y dolor”. Una excepción  es el parque solar de Bungala,  que  obtuvo un  contrato de arrendamiento para emplear a trabajadores y contratistas aborígenes.

Con el resultado del Título Nativo, los Propietarios Tradicionales de Barngarla (BDAC, por sus siglas en inglés) firmaron en 2022 un acuerdo pionero sobre el uso de la tierra,  y se aseguraron de este modo  la copropiedad y los ingresos por arrendamiento de un gran parque solar en tierras  de la Corona. Las empresas mineras suelen pagar cánones  a los propietarios tradicionales, pero la copropiedad es prácticamente desconocida, salvo en una gama cada vez mayor de proyectos  de energías renovables.

El resultado de Barngarla se considera un gran avance. La participación  en el capital significa que el BDAC no solo es el terrateniente y propietario de la totalidad del proyecto, sino que también tendrá una participación en el mismo,  lo que nos convierte −a los pueblos de las Primeras Naciones de la zona− en copropietarios de una de las mayores centrales de energía  renovable del Estado .

Con ello, podría decirse que se abre una nueva fase de copropiedad en el desarrollo de las energías renovables.

Dado  que  el 40 % de la energía  renovable a nivel  nacional se ubicará en tierras  indígenas, la copropiedad ha crecido. En 2023 había una docena de proyectos de energías renovables de propiedad conjunta con  grupos  indígenas locales (Baker,  3 de noviembre de 2023); el National Native Title Council  (21 de abril de 2023) declaró que esto requería una “reconceptualización del papel de las Primeras Naciones en el desarrollo”. No hay razón  para  que este modelo de propiedad social no se extienda a otras  poblaciones u organizaciones locales y se redefina  la energía  renovable para  el desarrollo regional.

Posibilidades

La propiedad de la tierra es la cuestión clave para el desarrollo de las energías renovables a gran escala. Los inversores en energías renovables buscan un espacio vacío para acumular, ejemplificado en el mar de paneles  solares, de horizonte a horizonte, en el parque solar de Pavagada.  El comisario australiano de Infraestructuras Energéticas nos dijo que  los inversores en energías  renovables prefieren “grandes extensiones de terreno y un  número reducido de propietarios, sin  vecinos, sin  ciudades ni otros asentamientos”. De este  modo, hacen  operativas las desigualdades existentes en materia de tierras, desde el mito  australiano de la terra nullius hasta  los fracasos de la reforma agraria  en la India.

Frente a la creación de una nueva élite terrateniente basada en las energías  renovables, y la desigualdad que  esto conlleva,  hemos encontrado a la población local que presiona para  lograr  una  asociación  más democrática. Las narrativas de las energías  renovables regionales revelan  un  claro imperativo de democratizar el proceso de transición para aprovechar todo  su potencial de transformación social. Los componentes clave serían el reparto de los ingresos, la copropiedad de las instalaciones energéticas y la cogestión  de la tierra, la mejora del empleo y un diseño de la energía solar que coexista con la agricultura. En palabras  de un  agricultor indio: “La producción de energía  continuará; las estructuras no pueden desmantelar- se. Por lo tanto, deberían darnos  una asociación”.

La población local sostiene que la energía  renovable debe tratarse como un proyecto de desarrollo regional, no simplemente como un proyecto energético. No debe desplazar los medios de subsistencia  existentes y debe ofrecer beneficios  locales considerables. El enorme superávit financiero obtenido de las energías renovables beneficia principalmente a las empresas de electricidad: la población local reconoce que esto es una gran injusticia y exige un cambio de modelo. Cuando visitamos parques eólicos y solares, a menudo nos dijeron que  se trataba de un trabajo en curso. El director de Pavagada dijo que la planta era una “universidad” en la que se ponían a prueba nuevas ideas.

Este “trabajo en curso” está siendo  forzado  en nuevas  direcciones. La oposición ha creado nuevas demandas de regulación, un mayor compromiso con el desarrollo regional y nuevas  iniciativas  de descarbonización. Al mismo  tiempo, la energía  distribuida persiste. Las energías  renovables ya han  establecido un nuevo  sector energético doméstico y comunitario, un “procomún” energético basado en la autonomía energética.

Siempre  existe la posibilidad de que haya retrasos. La transición energética es inevitable, pero su calendario es controvertido. La dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo considerable, sobre todo en el caso de la electricidad. Se necesita  un fuerte  respaldo público para  superar estas presiones:  el desplazamiento, la privación  de derechos  y el desencanto solo pueden ralentizar la transición. La propiedad social y la regulación participativa siguen siendo débiles, pero pueden ser la base del apoyo público.

La llegada de las energías renovables “socializa” el cambio  climático y climatiza la energía.  Desempeña un papel clave en el avance de los imaginarios sociales emergentes en la búsqueda de la agencia climática y la ética  necesaria  de la vida  afectada  por  el clima.  Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la coyuntura actual ofrece múltiples posibilidades (aún  inimaginables).

La oposición obliga a una participación democrática más fuerte y apunta a una transición basada en la propiedad común, más allá del poder  empresarial. El imperativo es claro: el control social de las energías renovables es ahora una base para  la estabilidad climática,  al mismo  nivel  que  cualquier “patrimonio común” de  la humanidad.

Bibliografía

ABC News (10 de junio de 2015). Alinta  Energy  to  close power stations at Port Augusta and coal mine at Leigh Creek. https:// www.abc.net.au/news/2015-06-11/power-stations-port-augusta- alinta-energy/6537814

AEC (2018). Rating equity for commercial and/or industrial land uses outside towns in South Australia. https://nylga.sa.gov.au/wp-content/ uploads/2018/11/Final-Report-Rating-Equity-for-Commercial-In- dustrial-Land-Uses-Outside-Towns-in-SA-1.pdf

Baker, Russell (3 de noviembre de 2023). First Nations co-investment is a win-win for asset owners.Investment Magazine.https://www. investmentmagazine.com.au/2023/11/first-nations-co-investment- is-a-win-win-for-asset-owners/

Bhambhani, Anu (15 de septiembre de 2023). German State Launches Solar Expansion Offensive. Taiyang News. https://taiyangnews. info/markets/german-state-launches-solar-expansion-offensive

Energy & Mining  (2022). Leading the green economy. Government of South Australia. https://www.energymining.sa.gov.au/industry/ hydrogen-and-renewable-energy/leading-the-green-economy

McGreevy,  Michael  y Baum,  Fran  (12 de marzo  de 2021). South  Australia has become a renewable energy  powerhouse. How did they do it? Race to resilience. https://climatechampions.unfccc. int/south-australia-has-become-a-renewable-energy-powerhouse- how-did-they-do-it/

National Native Title Council (21 de abril de 2023). There is no net zero  economy without first nations policy  change.  https://nntc. com.au/media_releases/there-is-no-net-zero-economy-without- first-nations-policy-change/

PlanSA (2024). Crown  development and  essential  infrastructure. https://plan.sa.gov.au/development_applications/state_develop ment/crown-development

Spencer Gulf Cities (13 de septiembre de 2022). Regional Partnership Priorities Launch.  https://upperspencergulf.com.au/2022/09/ regional-partnership-priorities-launch/

State  Planning Commission (2019). Discussion paper on proposed changes to renewable energy policy in the planning and design code. Adelaida:  Government of South  Australia.

Subramanian, Meera (26 de abril de 2023).  India’s  quest to build   the  world’s  largest  solar  farms.  The New  Yorker. https:// www.newyorker.com/news/dept- of- energ y/indias – quest-to – build-the-worlds-largest-solar-farms