La búsqueda de un sistema de indicadores sociales que sirva para la monitorización y el seguimiento de los problemas de desigualdad y exclusión social ha pasado a constituir una de las principales preocupaciones tanto de los analistas de la realidad social como de los gestores de las iniciativas públicas y privadas destinadas a combatir ambos fenómenos.
En el Consejo Europeo de Niza primero (diciembre de 2000) y en el de Laeken después (diciembre de 2001) se fueron fijando las bases tanto para una mayor coordinación de las políticas para reducir la desigualdad y la exclusión social —con la obligación de los diferentes Estados miembros de desarrollar planes nacionales de inclusión social— como para la definición homogénea de un conjunto de indicadores básicos papa permitir el seguimiento de los avances de cada país en la consecución de los objetivos de reducción de la pobreza y la exclusión social.
El autor revisa los fundamentos de la propuesta de indicadores realizada por la Comisión Europea y tratar de dibujar, a partir de su contraste empírico, un retrato general de los problemas de inclusión social en España desde el contexto de los
quince Estados miembros de la Unión Europea. Para ello se revisan, en primer lugar, las
propiedades exigibles a cualquier sistema de indicadores que tuviera como objetivo el
seguimiento continuado de los avances en la reducción de la desigualdad y la exclusión
social. En segundo lugar, se examinan las ventajas y los límites generales de la propuesta de indicadores realizada por la Comisión Europea. En tercer lugar, se revisan las estimaciones realizadas por Eurostat de la propuesta de indicadores de Laeken, tratando de identificar los rasgos diferenciales de la realidad española. El trabajo se cierra con una breve relación de conclusiones.
