Más allá del precio: las compras públicas con criterios de responsabilidad

La normativa de contratación pública tiene como objetivo principal regular las actividades de compra de las Administraciones Públicas y otras entidades del sector público garantizando la igualdad de acceso a los contratos públicos desde el respeto a los principios de transparencia y no discriminación.
La contratación pública, además de orientarse en la búsqueda de la mayor eficiencia económica para la satisfacción de las necesidades del órgano de contratación, puede suponer también un eficaz instrumento para la realización de otros cometidos públicos entre los que cabe destacar la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la promoción de políticas sociales y la lucha contra la exclusión social.

Este artículo analiza algunas de esas acciones de apoyo hacia la compra de bienes y servicios que, además de dar satisfacción a las necesidades de las autoridades públicas, promueven un alto nivel de protección medioambiental y de los derechos sociales en el conjunto de la UE, orientadas a generar cambios en los comportamientos empresariales a través del papel de los poderes públicos como consumidores responsables