Soberanía alimentaria vs. agroenergía

Este artículo forma parte del dossier «AGRO(bio)combustibles. Por qué no nos salvarán», editado por CIP-Ecosocial, constata como el sistema económico vigente explota de forma ilimitada todos los ecosistemas y sus recursos naturales generando el mal llamado «desarrollo» para algunas naciones, privilegiando el consumo y el bienestar social de una parte muy pequeña de la Humanidad y excluyendo de las condiciones mínimas de supervivencia a las grandes mayorías. Los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana. Esto ha generado una pérdida considerable, y en gran medida irreversible, de la diversidad de la vida sobre la Tierra.
La crisis de los recursos naturales (pesca, agua, suelo, bosques, biodiversidad, etc.) se ve acelerada por el metabolismo económico del actual modelo de producción y consumo (contaminación, vertidos, sobreexplotación, etc.), la creciente explosión urbanizadora (ocupación de suelo fértil), la fuerte migración campo-ciudad, el cambio a una dieta cada vez más carnívora y la crisis del mundo rural (que está al servicios del metabolismo insostenible y enfermo de las ciudades).

Ante esta situación, el autor analiza el modelo agroindustrial y sus implicaciones para la soberanía alimentaria, además de la competencia establecida entre alimentación, piensos y producción de agrocarburantes, destacando que el debate sobre la agroenergía no se puede desligar de las consecuencias que el sistema capitalista ha provocado: la crisis energética, social (pobreza, desigualdad) y ecológica (crisis de los recursos naturales y el problema más grave de la humanidad, el Cambio Climático). También es relevante subrayar que, incluso sin la expansión del uso energético de la biomasa, el número de hambrientos aumentará, y la Soberanía Alimentaría peligra por los cambios globales que causa la agricultura industrial –entre ellos el calentamiento global, falta de agua, desertificación- y las políticas económicas que priman el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a la vida.