Nick: En el TNI hemos analizando las relaciones de poder en la economía mundial desde hace doce años a través de nuestro informe, el Estado del Poder. Me resultó interesante en esta edición sobre energía que la palabra “poder” tiene un doble significado: quién tiene poder sobre nuestros sistemas, pero también el poder que la energía nos da a nosotros y a la economía mundial. Para comenzar, quisiera preguntarte, Tim, cómo consideras que el sistema energético basado en los combustibles fósiles desde el siglo xix ha configurado la distribución de poder en la actualidad. Y, a la vez, ¿de qué modo el poder ha configurado nuestro sistema energético?

Tim: En mi libro, Carbon Democracy, planteo el argumento, que puedo resumir en una oración, de que el carbón posibilitó la democracia masiva y que el petróleo le impuso límites. El argumento es que en el siglo xix, cuando los Estados industrializados se volvieron extremadamente dependientes del carbón como única fuente de energía, los trabajadores lograron tener un poder político sin precedentes porque por primera vez podían desconectar el sistema energético de un país, en lo que pasó a conocerse como la huelga general, en que los trabajadores del carbón, los trabajadores ferroviarios y los trabajadores portuarios podían interrumpir ese suministro de energía. Ese poder fue fundamental para el surgimiento de la democracia de masas a finales del siglo xix y comienzos del siglo xx. El petróleo revirtió esta situación, en parte debido a que brindaba una alternativa, por lo que era más fácil debilitar a esa fuerza de trabajadores organizados, pero también porque el petróleo era diferente, al ser líquido que salía del suelo bajo su propia presión. De modo que no hacía falta enviar a trabajadores bajo tierra, se podía extraer fácilmente con oleoductos y buques o camiones cisterna de manera más flexible y era más difícil interrumpir su suministro.

Aun así, los trabajadores petroleros de Oriente Medio estaban tan decididos como los trabajadores del carbón en Europa a ganarse sus derechos políticos y económicos. En Irán, Irak y Arabia Saudita, los tres principales países petroleros de Oriente Medio, los trabajadores organizaron huelgas, como la huelga general en Irán, que dio inicio a la nacionalización del petróleo en 1951. Pero los trabajadores perdieron el poder que habían conquistado respecto del sistema energético y político en decenios anteriores, especialmente porque el petróleo se producía en partes del mundo diferentes de los centros de la vida industrial capitalista. Ello abrió una brecha entre quienes participaban en el consumo y quienes participaban en la producción de energía, lo que dificultó que los trabajadores petroleros en un lugar como Irán entablaran vínculos con luchas políticas en Occidente. Es así que el petróleo tuvo un efecto profundo en el surgimiento de formas políticas en el siglo xx a través de su capacidad para socavar la política democrática en todas partes.

Nick: Gracias, Tim. Quizá Ozzi quisiera comentar algo al respecto, ya que has sido trabajador y sindicalista en el sector del petróleo y el gas. ¿Cómo ves esta interacción de energía en la distribución de poder según tu propia experiencia?

Ozzi: En el caso de Trinidad y Tobago, fue un poco diferente que, por ejemplo, en el Reino Unido. Trinidad y Tobago no tenía una industria del carbón y era principalmente un país agrícola hasta que se descubrió petróleo y ello comenzó a impulsar el sistema energético. Al surgimiento de una industria de combustibles fósiles basada en el petróleo se sumó el surgimiento de uno de los sindicatos más poderosos de nuestro país, el Sindicato de Trabajadores del Petróleo. De modo que creó poder para los trabajadores. El sindicato fue fundamental para lograr el sufragio universal y la independencia. Los trabajadores petroleros que participaron en los disturbios laborales de los años treinta dieron lugar a un sentimiento de nacionalismo y sentaron las bases de lo que sería la independencia de nuestro país, que se declaró en 1962. Ello demostró que el sistema energético en general puede dar lugar a la democracia de masas.

Al reflexionar sobre los sistemas energéticos, pienso inmediatamente en el imperialismo y el hecho de que la arquitectura del sistema energético es muy similar al colonialismo o el imperio, donde existe una pequeña concentración de personas u organizaciones que lo controlan. Una de las primeras empresas multinacionales modernas fue la empresa petrolera Standard Oil, fundada a finales del siglo xix. Tras la Primera Guerra Mundial, los consorcios petroleros realizaron acuerdos con los imperios británico y francés mientras se repartían el Imperio otomano. E incluso en la actualidad, siete de las diez gigantes petroleras son estadounidenses o angloeuropeas. De las otras tres, dos son chinas y una es saudí. De modo que no se puede hablar del sistema energético sin hablar de poder. Y eso se relaciona con el capitalismo mundial, que es impulsado por la producción de mercancías, la producción y el consumo de energía.

Thea: Es evidente que la estructura del capitalismo de combustibles fósiles está estrechamente vinculada con la estructura del poder mundial, económica y geopolíticamente. También es cierto que los sistemas de poder mundial y el capitalismo de combustibles fósiles, que están estrechamente ligados, también han planteado grandes desafíos a ese sistema que ha demostrado sus déficits o vulnerabilidades. Podemos ver que a finales de los años sesenta y a comienzos de los setenta, el entonces denominado “tercer mundo” comenzó a organizarse. Por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) surgió en un momento en que los productores de recursos del tercer mundo intentaban asumir el control de esos recursos, por los cuales no estaban recibiendo beneficios. La OPEP fue una inspiración e incluso un modelo para una propuesta más amplia de un nuevo orden económico internacional, que nunca se concretó, pero que sigue siendo un idea que cuenta con apoyo hoy en día. Entonces, la energía no es solo un lugar de hegemonía, sino también un lugar de lucha. He investigado el tema en Ecuador, Chile y otros países de América Latina, y en la región persiste una idea poderosa de nacionalismo de los recursos, que surge de los sindicatos y los movimientos sociales y coaliciones populares.

La idea es que “nosotros, el pueblo” deberíamos ser propietarios de los recursos y el norte global no debería seguir extrayendo nuestros recursos. Es una forma de protesta que también está presente en nuestro movimiento de transición energética.

Nick: El auge de las grandes empresas petroleras en los últimos decenios ha estado acompañado por una gran financiarización de la economía. ¿Cómo se interrelacionan? ¿Y cuál es la situación actual en cuanto al poder de las grandes empresas petroleras, tanto estatales como privadas?

Tim: En cuanto al petróleo y las finanzas, los dos crecieron juntos. Las grandes multinacionales petroleras también fueron las mayores empresas en cotizar en la bolsa y se asociaron con algunos de los bancos más grandes. Un motivo de esta intersección es, en primer lugar, que la producción de energía es muy cara y requiere una gran cantidad de capital. Un segundo motivo es su capacidad para generar ganancias extraordinarias que atraen finanzas. Ello no se debe
únicamente a la dependencia de la energía en el mundo entero, sino también a que las estructuras de producción de energía son relativamente duraderas, por lo que una vez que se construyen, producirán ganancias durante decenios, lo cual suele suceder en otros procesos industriales. Y, por último, la capacidad de capitalizar esas ganancias futuras explica el enorme valor capitalizado de las grandes empresas petroleras. Al garantizar el flujo de dinero se aseguran de contar con una política de seguridad energética.

Ozzi: Con respecto a la interacción entre energía y finanzas, si nos remontamos a la crisis energética de los años setenta, en realidad se trató de una crisis financiera. De hecho, esa crisis desempeñó un papel fundamental en la renovación del poder de los Estados Unidos en las finanzas mundiales, debido a que tuvo como consecuencia la convertibilidad del dólar de los Estados Unidos en oro y dio lugar a la reproducción del petrodólar, lo cual permitió el flujo de dinero de bancos multinacionales estadounidenses a países no productores de petróleo menos desarrollados. Ello provocó un cambio de los préstamos institucionales a los préstamos comerciales, que reposicionó a los bancos privados estadounidenses, los cuales pasaron a dominar el sector de las finanzas a nivel mundial, del mismo modo en que las empresas petroleras de los Estados Unidos dominan el sector energético mundial. Esto provocó la grave crisis de la deuda en muchos países del sur global y permitió que los partidarios del poder neoliberal e imperial impusieran programas de ajuste estructural que consolidaron las relaciones de poder imperial y neocolonial, y arraigó estas relaciones de poder desiguales.

Thea: Es un momento muy contradictorio para formular esta pregunta, debido a que estamos ante una incipiente transición energética, que aún es muy incierta y desigual. Por un lado, la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda −no la oferta− de combustibles fósiles alcanzará su nivel máximo en unos años.

También hay quienes pronostican que si se lleva a cabo la transición energética, habrá más de un billón de dólares en activos varados, lo cual afectaría gravemente a las empresas energéticas y el sistema financiero. Ello podría sugerir que la industria de combustibles fósiles tiene los días contados. Sin embargo, claramente no es así debido a que también ha registrado ganancias sin precedentes debido a la inestabilidad geopolítica y al continuo aumento de la demanda energética, que en gran medida sigue estando satisfecha por los combustibles fósiles.

También estamos ante nuevas dinámicas, como el auge de empresas de capital de riesgo que invierten en combustibles fósiles, entidades menos transparentes, más difíciles de gobernar incluso que una empresa multinacional de accionistas. Como Brett Christopher ha demostrado, estas empresas de capital de riesgo están incursionando en la energía y la infraestructura, lo que significa que cada vez son propietarias de más infraestructura social fundamental. A menudo convierten estos activos de un modo similar a los fondos buitre, intentando extraer valor para luego venderlo. Lo que resulta irónico es que han comenzado a adquirir más infraestructura de energía sucia, en parte, debido a que algunos fondos de jubilación y otros inversores institucionales retiraron sus inversiones de los combustibles fósiles, lo cual puede dificultar la eliminación progresiva del sector. Es un resultado perverso de una medida que, por lo demás, es admirable por parte de algunas instituciones e inversores.

Nick: ¿Y de qué modo los cambios en los sistemas energéticos se interconectan con los cambios geopolíticos tras el surgimiento de potencias económicas como China y la India?

Tim: Uno de los elementos de cambio sin duda es el surgimiento de China y la India como consumidores de energía y, especialmente en el caso de China, como grandes productores de energía. Por su parte, Estados Unidos, que había sido el mayor productor del mundo durante varios decenios, pero después de los años setenta había disminuido su producción, tuvo un segundo impulso como productor de energía con el aumento del denominado petróleo de esquisto, o el petróleo producido mediante la fracturación hidráulica. Esto ha sido desestabilizador debido a que no está bajo el control de las grandes empresas multinacionales del petróleo que controlan el precio, sino que, con más frecuencia, está en manos de empresas petroleras nuevas o más pequeñas, por lo que nadie controla el precio. La consecuencia de ello ha sido la extraordinaria volatilidad de los precios del petróleo y el surgimiento de empresas de capital de riesgo se debe en parte a que lograron aprovechar esa volatilidad para su beneficio económico.

Nick: Y, Ozzi, ¿qué ocurre con los actores no estadounidenses, como Venezuela o China? ¿Puedes explicar el conflicto entre Venezuela y Guyana? ¿Qué revela sobre el sistema energético y la lucha geopolítica actual?

Ozzi: En primer lugar, cabe señalar que las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil en este caso, siguen ocupando un lugar central. Pero antes quisiera explicar la disputa sobre tierras, que se remonta más de cien años a la era colonial, cuando Guyana era una colonia británica, Gran Bretaña estaba intentando ampliar su influencia imperialista y Venezuela era una nación independiente. Esta disputa prácticamente se abandonó cuando Chávez visitó Guyana en 2004 y anunció que daba la cuestión por terminada. La situación comenzó a cambiar en 2006, cuando el Gobierno de Chávez realizó una serie de nacionalizaciones y reguló el sector petrolero.

La mayoría de las empresas petroleras multinacionales habían aceptado las nuevas condiciones, salvo dos, ConocoPhillips y, por supuesto, ExxonMobil. Habían exigido una indemnización de decenas de miles de millones de dólares a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, en 2014, el CIADI falló que Venezuela debía pagar tan solo 1600 millones de dólares a ExxonMobil, lo cual enfureció al entonces presidente y director ejecutivo de la empresa, Rex Tillerson. Un año más tarde, Exxon anunció que, súbitamente, había encontrado noventa metros de petróleo de buena calidad y cuando se observa el acuerdo de reparto de producción entre Guyana y ExxonMobil, la empresa se quedó con el 75 % de las ganancias del petróleo para recuperar costos y el resto lo repartió en partes iguales con Guyana. Además, el artículo 32 del Acuerdo de Estabilidad establece que el Gobierno no podrá “enmendar, modificar, rescindir, declarar nulo o inaplicable, exigir la renegociación, obligar a sustituir o de otro modo evitar, alterar o limitar” el acuerdo. Es decir que ni la población de Venezuela ni la de Guyana se beneficiarán de la intervención política de ExxonMobil en la región.

Por lo que no se trata de un conflicto entre las dos poblaciones, sino de un conflicto entre ExxonMobil y la población de estos dos países sudamericanos. De hecho, justo después de que Guyana firmara la Declaración de Argyle por el diálogo y la paz con Venezuela el 14 de diciembre de 2023, mediante la cual se declara que ninguna parte recurrirá al uso de la fuerza, un buque de guerra británico visitó Guyana el 29 de diciembre de 2023.

También cabe señalar que en julio de 2023, el presidente de China Xi Jinping se reunió con su homólogo guyanés, Mohammed Irfan Ali. En la reunión, Xi Jinping destacó la relación entre China y Guyana y el papel importante desempeñado por China en Guyana. Por su parte, Ali reafirmó ese punto y manifestó su admiración por el liderazgo y la influencia mundial de China. Es evidente que Guyana se está convirtiendo rápidamente un campo de batalla para el posicionamiento geopolítico mundial. Este es otro ejemplo claro del vínculo inseparable entre el sistema energético mundial y la competencia imperial.

Nick: Tim, en tu libro, Carbon Democracy, también examinas el modo en que la política del petróleo ha configurado el militarismo, especialmente en Oriente Medio, y en relación con Israel y la guerra de 1967. ¿Tiene la guerra sus orígenes, directos o indirectos, en el autoritarismo o el militarismo del carbono del que hablas en el libro?

Tim: Sí y no. Indirecta, más que directamente. La guerra en Gaza es causada por el Estado de Israel, que quiere dominar por completo la zona de Palestina histórica y no tolera ningún tipo de reclamo de derechos nacionales para los palestinos. Los vínculos más amplios con la geopolítica del petróleo radican en que Israel no podría haber hecho esto sin el apoyo financiero, militar y político de Estados Unidos. La influencia y el sistema de propaganda que Israel puede organizar para mantener el apoyo del Gobierno estadounidense están relacionados con el militarismo de Estados Unidos, que se vincula estrechamente con la historia del petróleo. Estados Unidos gasta más dinero en sus fuerzas armadas que las siguientes diez potencias militares del mundo. Ello a veces se atribuye, en términos muy simplistas, a que Estados Unidos necesita defender sus recursos vitales, como el petróleo.

Un mejor análisis es que la idea engañosa de que los suministros de petróleo son de algún modo vulnerables, en lugar de ser una causa de nuestra vulnerabilidad a una catástrofe climática, se utiliza para generar la sensación de que la seguridad estadounidense está en peligro. Este lenguaje de vulnerabilidad es fundamental para desviar una gran cantidad de recursos públicos a la industria armamentista y de seguridad. De modo que, Estados Unidos no está del lado de Israel para defender el petróleo, sino, al igual que Israel y con su ayuda, para defender los mitos de inseguridad de los cuales depende su propio militarismo.

Nick: Quisiera dejar de lado el aspecto militar, para centrarme en los aspectos ecológicos de esta cuestión. Nuestro sistema energético es claramente destructivo para el planeta, tiene impactos en el clima, el medio ambiente y la salud. Entonces, ¿por qué ha resultado tan difícil cambiar de rumbo?

Thea: Ello implica cuestiones de política y poder más profundas y también los mecanismos del sistema capitalista. Mencioné el fenómeno de los activos varados. Este es un problema, ya que los combustibles fósiles, al igual que todo sector extractivista, tienen costos iniciales, fijos y hundidos muy elevados. De modo que apuestan a que, con el transcurso del tiempo, en unos decenios, obtendrán una ganancia de esa inversión y antes de eso es simplemente un costo. No es difícil imaginar por qué los propietarios de activos de combustibles fósiles son extremadamente reticentes a cambiar de sistema energético, incluso si tienen oportunidades para lucrar con el nuevo sistema energético. Y habida cuenta de su enorme influencia y conexiones políticas, el sector está muy bien posicionado para coordinar, postergar y negar y hacer todas las cosas que sabemos que ha hecho. El otro problema es que la industria está profundamente vinculada en la materialidad de la vida capitalista, si consideramos a la industria de petroquímicos o del plástico. Es por ello que hay quienes dicen que les cuesta imaginar el fin del petróleo sin imaginar el fin del capitalismo.

Pero hay otros motivos por los cuales resulta difícil cambiar nuestro sistema energético más allá de los intereses de los más poderosos; por ejemplo, los países exportadores de petróleo de bajos y medianos ingresos, como Ecuador. Me sigue sorprendiendo que no haya absolutamente ningún plan o discusión en centros de poder institucional sobre lo que ocurrirá con países cuya base fiscal está completamente vinculada a los ingresos del petróleo y que no pueden proporcionar servicios sociales, infraestructura pública o cuestiones básicas de gobernanza sin esos ingresos. No se puede evitar la difícil realidad de que la transición del petróleo negará una fuente de ingresos fundamental a una serie de Estados pobres y de bajos o medianos ingresos.

Nick: Y eso, por supuesto, también está muy relacionado con Trinidad y Tobago. Entonces, me pregunto, Ozzi, ¿qué piensas sobre los impactos ecológicos y por qué ha sido tan difícil realizar la transición de esta forma de energía?

Ozzi: Thea ha planteado una preocupación fundamental respecto de los pequeños países exportadores de gas y petróleo, como el nuestro. Toda nuestra economía se ha basado en el petróleo y el gas durante decenios y aún representa casi el 40 % de nuestro PIB y el 80 % de nuestras exportaciones. De hecho, el sector de la energía representó un 58,2 % de los ingresos gubernamentales. Sin esos ingresos, afrontamos el riesgo de que colapse el seguro social, es decir, toda la red de seguridad social nacional. De modo que se vuelve un verdadero desafío a la transición. Ahora mismo estamos luchando por una transición justa progresiva en Trinidad y Tobago, movilizando a nuestras bases para que eviten que el Gobierno realice una transición neoliberal. La llaman transición justa, pero no lo es. Es simplemente un manto para ocultar una nueva ola de programas de ajuste estructural. Hemos sufrido la pérdida de miles de empleos y aún no nos han dado los nuevos empleos prometidos. Lo que están haciendo es mercantilizar y privatizar aún más los servicios públicos, como el agua y la electricidad. Y ni siquiera están cambiando las fuentes de energía, dado que están firmando nuevos acuerdos de explotación de gas. También están firmando acuerdos con las mismas empresas multinacionales para proyectos de energía renovable, por ejemplo, Trinidad y Tobago está trabajando con BP en proyectos de energía solar. De modo que, debemos protegernos del imperialismo y del capitalismo verdes.

Tim: El petróleo ha determinado en gran medida nuestros modos de pensamiento económico que, a su vez, determinan la energía y la transición. Hay una relación entre la historia del petróleo, en particular, y las concepciones de crecimiento, en las que se consideraba que la aparente disponibilidad ilimitada de yacimientos petrolíferos justificaba una economía basada en el crecimiento. Podemos verlo hoy en día con la continua expansión del uso de combustibles fósiles, que se prevé que continuará al menos hasta 2030. Y la naturaleza del imperialismo verde significa que la transición también es desigual. En la mayoría de los países industrializados europeos, posiblemente incluso en Estados Unidos, el consumo de combustibles fósiles es menor en la actualidad de lo que era en los años noventa. La expansión constante sucede fundamentalmente en otras partes, lo que refleja el hecho de que a determinados países les resulta caro invertir en parques eólicos marinos y energía solar con fines comerciales. Hay puntos de inflexión, como el hecho de que el costo relativo de la energía renovable sea más barato que las fuentes de energía basadas en los combustibles fósiles, pero lleva tiempo que estos puntos de inflexión afecten a todo el sistema y ello no está ocurriendo con suficiente rapidez.

Thea: Quisiera añadir a las reflexiones de Tim que, además de los elevados costos de capital de las energías renovables, la ganancia real de estos sectores es baja y aún incierta en comparación con los combustibles fósiles. Ello significa concretamente que el subsidio del Gobierno es muy importante, lo cual se manifiesta como la eliminación del riesgo (asumir el riesgo), descuentos impositivos activos, rebaja de impuestos, compensación de costos de capital, préstamos asequibles, etcétera. La mayoría de los países del sur global no pueden hacer eso y están limitados para realizar inversiones públicas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sus préstamos y sus acreedores. Y los países como Estados Unidos, que tienen los medios, no hacen lo suficiente para llevar a cabo una transición energética. Más allá de si consideramos que los Estados deberían asegurar las ganancias privadas, es una cuestión importante en términos de por qué la transición se ha desacelerado y por qué China y Estados Unidos, por motivos diferentes, se destacan por su capacidad de asegurar todo tipo de transición.

Nick: Además de abordar la exclusión de países de esta transición, ¿cómo podemos abordar también las formas en que la transición puede excluir a los trabajadores o tener impactos negativos en las comunidades, por ejemplo, con la extracción de minerales de transición en el sur global?

Thea: Cuando pensamos en el abastecimiento de insumos minerales para las tecnologías de energía renovable, existen muchos elementos de la tabla periódica que se consideran fundamentales o esenciales, como el cobalto, el litio, las tierras raras, el grafito, entre otros. Y plantean muchas preocupaciones y dilemas para los productores del sur global. En primer lugar, debido a que, en comparación con el petróleo, es difícil imaginar mantener a un país sobre la base de las ganancias del litio, porque el tamaño del mercado no se compara y los yacimientos están mucho más dispersos. Entonces, la cuestión de la ventaja de los productores, como hemos visto con la OPEP, se vuelve más difícil. También conllevan muchos impactos ecológicos y sociales y explotación laboral. De modo que, si bien no tienen la misma huella de carbono que la industria de combustibles fósiles, la minería conlleva un daño ambiental y social enorme a nivel local y está asociada con una de las peores trayectorias de violaciones de los derechos humanos. El agronegocio y el sector minero se disputan el primer puesto del sector donde mueren más personas o donde se reprime a más trabajadores. Entonces, ampliar las tecnologías para generar energía renovable, dado que son necesarias para paneles solares, baterías de litio, etc., es preocupante desde el punto de vista ecosocial de derechos humanos y gobernanza. Se observa la reproducción de relaciones neocoloniales en cuanto a sus impactos.

De modo que esta es una historia conocida, pero al mismo tiempo es un proceso de relocalización interna, es decir que el Gobierno estadounidense, por ejemplo, está diciendo que no quiere depender de estas cadenas de suministro volátiles y quiere que el litio y el cobalto se extraigan en Estados Unidos. Por un lado, podemos decir que eso es justo para el resto del mundo debido a que Estados Unidos debería pagar el precio social y ecológico de todas sus necesidades extractivas, pero en realidad no está sustituyendo el extractivismo en el sur global, dado que la demanda está creciendo. Además, las minas de Estados Unidos están afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades rurales latinas, es decir, a las mismas poblaciones vulnerables que son las más afectadas en países de ingresos bajos y medios.

La producción de materias primas para energías renovables también provocó una competencia a la baja, dado que los productores de minerales del sur global intentan competir por inversiones con Estados Unidos, a pesar de que el Gobierno estadounidense compensa los costos de capital y brinda exenciones impositivas a las empresas mineras.

Nick: Ozzi, formas parte de movimientos de trabajadores que están atravesando la transición e intentan construir una transición justa. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?

Ozzi: Como mencioné, en Trinidad y Tobago estamos experimentando una transición injusta. Aún estamos firmando nuevos contratos de producción de petróleo con BHP Billiton, Shell y BP, mientras que los empleos que quedan ya no son decentes. Es como haber retrocedido a los años treinta y cuarenta, cuando los trabajadores no tenían ningún derecho en el sector de la energía.

Nuestro sindicato está trabajando con los Sindicatos por la Democracia Energética para presentar una alternativa que se enmarque en lo que se denomina el “enfoque de la vía pública”. Este enfoque intenta marcar el camino que ampliaría la propiedad pública de la energía y construiría una nueva economía política coherente con las expectativas y aspiraciones de muchas de las personas que trabajamos en sindicatos y movimientos sociales. Ello implicaría la nacionalización absoluta del sector de energía.

La historia ha demostrado que la actual expansión energética es inseparable de la expansión capitalista. Esto es lo que está provocando la crisis climática y el colapso del ecosistema mundial. De modo que todo medio viable y eficaz de limitar la expansión energética y mitigar el impacto climático debe implicar asumir el control de cómo se genera y utiliza la energía. El control de la energía es fundamental, habida cuenta de las realidades técnicas y también desde
el punto de vista de la estrategia política. Es así que la lucha por la energía puede brindar un enfoque claro para quienes formamos parte de movimientos para luchar por un cambio sistémico radical.

Nick: Tim y Thea, ¿qué retos debemos enfrentar para lograr un sistema energético más democrático, encabezado por los ciudadanos y los trabajadores? ¿Qué debemos cambiar del sistema energético?

Tim: No tengo nada que añadir a lo que dice Ozzi. Nos ha demostrado muy bien que la energía no solo es una cuestión técnica de brindar una cierta cantidad de gigavatios, sino que es donde se organiza nuestra política y donde se ponen a prueba las cuestiones de justicia y justicia social. Y esa conciencia política no ha estado allí en varias instancias en el pasado y, por ello, su resurgimiento es muy prometedor, habida cuenta de la escala de la transición que
debemos atravesar.

Thea: Quisiera volver a algo que mencioné antes, que es la renuencia de los inversores capitalistas a invertir en energía renovable, lo que da lugar a subsidios públicos de infraestructuras privadas. Esto plantea la cuestión de por qué no eliminar al intermediario. Si el bolsillo público ya está subsidiando y aprobando legislación importante como la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, para llevar a cabo esta transición, ¿por qué no contemplar la propiedad pública directa de la capacidad de generación eléctrica, la propiedad del tendido y los cables de distribución? En el estado de Nueva York, por ejemplo, he trabajado en una investigación que apoyaba la campaña de la organización Democratic Socialists of America (DSA), que logró que se aprobara legislación mediante la cual se empoderó a una entidad estatal propietaria de la capacidad de generación eléctrica para que comprara más capacidad de energía renovable y ayudara a descarbonizar los edificios públicos. La cuestión de la propiedad es fundamental ahora debido a que es evidente que no podemos depender de la motivación del lucro para descarbonizar lo más rápido posible, como lo exige la ciencia climática.

Una segunda respuesta radica en los sindicatos y la militancia sindical. En Estados Unidos, hace unos años ocurrió algo importante: el sindicato United Mine Workers, que representa a los trabajadores mineros del carbón, aprobó oficialmente una transición justa. Esto es fundamental debido a que una transición justa requiere organizar a los trabajadores que quieren una transición y organizarse en torno a ella para su beneficio, en lugar de postergar una transición
por temerle y, en cambio, aliarse con sus jefes. Recientemente, también hubo una huelga importante muy militante y creativa del sindicato de trabajadores del sector automotriz, United Auto Wokers, que intentó asegurar que los trabajadores del sector lideraran la transición hacia los vehículos eléctricos, debido a que esa transición puede tener todo tipo de repercusiones para los trabajadores. Hay temores de despidos, de automatización, precarización laboral, etcétera. Pero el sindicato decidió ser protagonista y obtuvo muchísimos contratos que aseguran que las normas que se apliquen a los trabajadores que construyen las baterías y los automóviles eléctricos sean las mismas que se han aplicado al trabajo automotriz tradicional. Este es un ejemplo de lo que puede suceder cuando los sindicatos se organizan no en defensa de empleos e industrias sucias, sino que adoptan una postura de ataque para configurar el tipo de transición a energías renovables que desean. Ello no significa que no siga siendo una lucha asimétrica con las empresas y los jefes, pero creo que finalmente redunda en más poder para los trabajadores.

Nick: Ozzi, para culminar, muchos de los lectores de esta publicación participan en luchas por la energía, en las que se enfrentan a los sistemas de poder arraigados. ¿Qué mensaje quisieras transmitirles?

Ozzi: Recientemente, el Sindicato de Trabajadores de Yacimientos Petrolíferos (OWTU), junto con otros sindicatos del sur global, lanzó TUED South para demostrar que existe una alternativa legítima de una vía pública al enfoque existente y defectuoso de descarbonización privatizado. Mi mensaje es que jamás debemos dejar de exigir un cambio de sistema. Los reclamos de un cambio de sistema son las únicas respuestas justas para combatir la crisis climática.
La transición hacia el capitalismo tuvo un impacto negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, lo que la mayoría de los países necesitan, especialmente en el sur global, es abandonar el capitalismo.

Muchas de las intervenciones para reducir emisiones no serán posibles sin medidas firmes y progresivas del sector público. Para lograr una transición justa progresiva se necesitará un sector de servicios públicos que posea los recursos adecuados. De las luchas de todo el mundo hemos aprendido que aún es posible hacer una diferencia, que la sociedad humana puede realizar una transición y reorganizarse para proteger el planeta y al mismo tiempo proteger los medios de subsistencia de quienes lo habitan. Ese es mi mensaje.

1 Este es un fragmento editado de una entrevista realizada en enero de 2024 por Nick Buxton, cofundador y editor de Estado del Poder, también disponible en formato de podcast.

Los miembros de la campaña Public Power recibieron la noticia el día después del Primero de Mayo: la legislatura del estado de Nueva York había  aprobado la Ley de Construcción de Energías Renovables Públicas  (BPRA). En todo  el extenso  estado  de Nueva  York, los miembros del movimiento nos reunimos para  celebrar  nuestra reñida victoria.  Sabíamos  que esta victoria  tenía  repercusiones que iban  mucho más allá de Nueva  York. Tras cuatro años de lucha, en mayo de 2023 la campaña Public Power NY consiguió  la aprobación de una  importante política  del nuevo pacto verde. La BPRA faculta y dirige al proveedor público de energía  del estado −la Autoridad de Energía  de Nueva  York (NYPA)− para planificar, construir y operar proyectos de energía renovable en todo su territorio. A diferencia de lo que ocurre  en otros estados, la BPRA rompe con decenios  de ortodoxia neoliberal al poner a una autoridad pública al frente de la transición energética. En otras palabras, nuestra campaña consiguió aprovechar el poder  del estado para luchar contra el capital fósil.

La campaña Public  Power  NY (PPNY) ofrece algunas  lecciones útiles  para  los movimientos por  la democracia energética en otras partes  de Estados Unidos  y más allá. Al organizarse en torno a un establecimiento rápido, democráticamente controlado y justo de energía  limpia,  nuestra campaña evita algunos  de los escollos de la actual  “transición” a las energías  renovables. Como  muestra el informe  Los mitos de la transición energética del Transnational Institute (Steinfort y Angel, 2024), el comentario habitual en  los principales medios  de comunicación de que los inversores privados  y los mercados liberalizados han catalizado una revolución de la energía limpia  es sencillamente incorrecto: los combustibles fósiles siguen representando el 82 % del  consumo total  de energía  primaria en todo  el mundo (Malm,  2020). Peor  aún,  el consumo mundial de carbón, gas y petróleo sigue aumentando. Lo que  estamos  viendo, en otras palabras, es una expansión energética en lugar de una transición energética (York y Shannon, 2019). De hecho,  a pesar de la Ley de Reducción de la Inflación  del Gobierno de Biden, que brinda 400.000 millones de dólares  de financiación para las energías  renovables, la producción nacional de petróleo en  Estados  Unidos  alcanzará  un  máximo histórico en  2023 (Kelly y Khan,  8 de agosto de 2023). Las exportaciones de crudo  han aumentado casi un 850 % desde que se levantó la prohibición de exportar en 2015 (U. S. Energy Information Administration, 29 de noviembre de 2024).

Esta situación implica  que el movimiento para  abolir  el capital fósil debe  tener  dos  dimensiones complementarias  y conectadas. Una  se centra  cada vez más en el cierre  de las infraestructuras fósiles. La otra  debe  dedicarse  a la rápida  implantación de las energías renovables. A medida que  el movimiento climático lucha  por acabar  con la dependencia de los combustibles fósiles y se orienta hacia diversas tácticas para  lograr  este objetivo, es imperativo que el movimiento comprenda que  estas dimensiones son interdependientes y no  pueden lograrse  de forma  aislada. Construir energías renovables sin abandonar los combustibles fósiles es un suicidio planetario, pero los líderes electos se negarán a acabar con la dependencia de los combustibles fósiles hasta que −y a menos  que− haya fuentes de energía significativas  con  bajas  emisiones de  carbono. En consecuencia, el movimiento para abolir  el uso de combustibles fósiles debe  considerarse como  una campaña a favor de lo que yo denomino poder dual. Utilizo este término de manera algo diferente a su connotación tradicional en los círculos radicales, donde  tiende a referirse  a la formación de una  serie de contrainstituciones, como los consejos de trabajadores que, una vez consolidados, desafían y en última instancia derrocan el Estado burgués. Como  explico en detalle más adelante, el poder  dual  se refiere  aquí  a una  estrategia que vincula  los esfuerzos por construir energías  renovables controladas públicamente con una lucha por abolir  el capital fósil.

Hacia la abolición del capital fósil

Se ha producido un cambio  pronunciado en el movimiento climático desde el ocaso de la pandemia de COVID-19. El movimiento se centra  cada vez más en la abolición del capital  fósil. Cuando 75.000 personas  se manifestaron en Nueva  York antes de la Cumbre de las Naciones Unidas  sobre  la Ambición Climática en  septiembre de 2023, una  pancarta en la que se leía “Biden: acabemos con los combustibles fósiles” colgaba del podio de los oradores al final de la marcha. El éxito arrollador del libro de Andreas Malm Cómo dinamitar un oleoducto (2020) −que fue adaptado al cine en 2022− ejemplifica y ha contribuido a intensificar este giro del movimiento climático hacia una confrontación más radical e incluso insurreccional con el capital fósil.

Con  este cambio  estratégico ha llegado un creciente escrutinio crítico de las protestas masivas  no  violentas como las orquestadas por Extinction Rebellion (XR). La convicción principal de XR de que el movimiento solo necesita  sacar a la calle el 3,5 % de la sociedad para producir un cambio político  serio no ha reducido el poder político  del capital  fósil y la abundante capacidad  de las sociedades capitalistas  democráticas liberales para desactivar y resistir la protesta popular. En lugar de estos esfuerzos por intervenir en la sociedad llamando la atención de los medios de comunicación mediante manifestaciones masivas y detenciones frente  a los grandes bancos, las sedes de las compañías petroleras y las oficinas  de los periódicos, se ha producido un mayor  interés por las estrategias militantes para cerrar oleoductos, refinerías y otras formas de infraestructura de combustibles fósiles.

Pero la estrategia de sabotaje  fósil enfrenta enormes obstáculos. En primer lugar, está el problema de la represión. La protesta se ha vuelto muy difícil en los principales petro  Estados del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos,  el Estado  ha perseguido duramente a los movimientos ecologistas orientados a la acción (así como a otros movimientos como  Black Lives Matter (BLM)) durante los últimos treinta años. La categorización del Frente de Liberación de la Tierra  como  grupo  ecoterrorista y su persecución por parte del FBI en la década de 1990 y principios de la del 2000 ejemplifican una historia de criminalización que  supone un  serio  freno  a los actos de sabotaje  fósil. El enorme desequilibrio de poder  resultante entre las pequeñas bandas  de saboteadores de los combustibles fósiles y el vasto aparato coercitivo  estadounidense hizo prácticamente imposible una acción eficaz. Y no es solo esta historia de represión la que puede disuadir los actos de sabotaje  en la actualidad. Más de una docena  de estados  han  aprobado leyes que criminalizan las protestas (Herr, 10 de febrero  de 2022) contra los combustibles fósiles, y el Gobierno federal  ha intensificado sus propias  tácticas de vigilancia y penalización de los manifestantes. Los cargos por asociación ilícita presentados por el estado de Georgia  contra los manifestantes del movimiento Defend the Atlanta Forest son un indicio  de las medidas extremas que las autoridades están dispuestas a adoptar contra cualquiera que  cuestione o interrumpa el capital  fósil en Estados Unidos (Bruce y Shamsi, 21 de septiembre de 2023).

Además,  aunque explote  un  oleoducto, las petroleras siempre pueden construir otro  o simplemente poner el petróleo en trenes. Al fin y al cabo, una  de las principales características del petróleo es su fluidez, que  facilita  su desplazamiento para  evitar  los esfuerzos por  establecer  puntos de estrangulamiento en los suministros y golpear  al capital  fósil (Mitchell, 2011). La oleosidad del petróleo fue, de hecho,  una  razón  importante de su histórico ascenso  a la preeminencia energética. Los saboteadores fósiles tendrían que ser numerosos y estar geográficamente dispersos  para  poder  cerrar las muchas rutas diferentes por las que el petróleo puede  fluir hasta el mercado en un  país como  Estados Unidos.  Ciertamente ha habido algunos actos heroicos  por parte de los llamados torneros de válvulas, como  los Four  Necessity  Valve Turners, que  fueron arrestados en  2019 mientras intentaban cerrar  el oleoducto Enbridge Line 4 en Minnesota. Pero  las filas de los torneros de válvulas no están  ni cerca de ser suficientes  para  disminuir seriamente el flujo de combustibles  fósiles. Sin duda,  el miedo  a las largas  penas  de prisión tiene  mucho que ver con esto.

La defensa  de la “necesidad” movilizada por los torneros de válvulas  de Minnesota sugiere  una  posible  estrategia a desarrollar y, lo que  es igualmente importante, también popularizó el sabotaje fósil. En su juicio, el grupo  argumentó que sus acciones eran  necesarias y estaban legalmente justificadas  en respuesta a la amenaza de un cambio  climático catastrófico. Esto dependía de convencer al presidente del tribunal de que “permitiera al jurado considerar la defensa  de ‘necesidad’”. Puede  que  no  lo hiciera. De hecho, dado el abrumador número de jueces conservadores nombrados en  los últimos años  por  la derecha  alineada con los combustibles fósiles, parece  temerario contar con  una  aceptación judicial  generalizada de esta defensa.

Al igual  que  el movimiento de desinversión y otros  esfuerzos por movilizar un número cada vez mayor  de personas  contra el capital fósil, esta estrategia enfrenta un problema básico: los combustibles fósiles siguen siendo bastante populares. No me refiero solo a los conductores de Harley  Davidson, los entusiastas de las carreras de NASCAR y los trabajadores de los oleoductos. Los combustibles fósiles son fundamentales para  el bienestar económico de muchos −incluso  de la mayoría−  de los habitantes de las principales naciones capitalistas. Como ha  argumentado Andreas  Malm,  el capital fósil reorganizó la vida de la clase trabajadora: concentró la energía y el trabajo en  las ciudades  y maximizó así su control sobre  ellas (Malm, 2016). La “compulsión muda” que el capital  ejerce sobre los trabajadores se pone  especialmente de manifiesto en la dependencia casi universal de los combustibles fósiles, que actualmente son la fuente  no solo de puestos de trabajo, sino también de la mayor parte de la luz, la calefacción, los alimentos y la ropa.1

El estancamiento político  resultante se manifiesta en la correlación directa entre el costo de los combustibles fósiles y el precio de otras mercancías. En el reciente brote inflacionario de Estados Unidos,  por  ejemplo, el 40 % del aumento de los precios  en  toda la economía se debió a la subida  de los precios del petróleo y el gas (Leber, 12 de agosto de 2022). No se trata  de una  aberración: según el economista Mark Zandi, todas las recesiones  desde la Segunda Guerra Mundial han  estado  precedidas de una  subida  de los precios del petróleo. Esto, por supuesto, sugiere que sería una gran idea abandonar el capitalismo fósil, no solo por el daño  que los combustibles fósiles causan  a las comunidades de primera línea en lugares como  el “Callejón del Cáncer” de Luisiana,  la franja  de 135 km a lo largo del río Misisipi que alberga más de doscientas plantas petroquímicas  y refinerías. La abolición de los combustibles fósiles acabará  también con  la lacra  de la “fosilflación”.  Pero  eso es a largo plazo. A corto plazo, si disminuye el suministro de combustibles fósiles, aumenta la inflación  y se encarecen la gasolina y los alimentos. Cuando esto ocurre, la gente  sufre y a menudo echa a los políticos que considera responsables de su sufrimiento.

En otras palabras, la negativa de las élites políticas  a enfrentarse al capital fósil no se debe simplemente a la corrupción política, aunque  sin duda  es un  factor  importante. La mayoría de los políticos no están dispuestos a correr el riesgo de provocar la inflación y las reacciones  adversas de la población al frenar  el suministro de combustibles  fósiles. Las protestas de los chalecos  amarillos en Francia son un  ejemplo de esta dinámica. Y, al menos  en Estados Unidos, la idea de aplicar impuestos más elevados a las empresas petroleras y a los ricos para  subvencionar a todos  los demás  es un  fracaso político.  Esto explica las desesperadas exhortaciones de Biden  a las refinerías de petróleo para que aumentaran la oferta  cuando la inflación  se disparó  en 2022 (Saenz  y Betsy, 15 de junio  de 2022). También ayuda  a explicar por  qué  tanto él como  el expresidente Obama persiguieron una estrategia energética de “todo lo anterior”. La Ley de Recuperación de 2009 de Obama, que adjudicaba 90.000 millones de dólares  en créditos  fiscales federales,  pretendía ayudar a impulsar los proyectos  de energías  renovables (Osaka, 1 de junio de 2020). Este acuerdo, conocido como “equidad fiscal”, ha sido criticado con razón,  ya que  permite a un  puñado de grandes  bancos que proporcionan dinero en efectivo a los promotores privados  de energías  renovables a cambio  de créditos  fiscales decidir  qué proyectos se construyen y, en muchos casos, paralizar por completo el desarrollo de las energías  renovables (Knuth, 2021). La Ley de Reducción de la Inflación de Biden mantiene este acuerdo corrupto, aunque también permite que  la financiación fluya hacia autoridades públicas  como  la NYPA, un hecho que fue clave en la campaña para aprobar la BPRA en Nueva  York. Sin embargo, junto con estas políticas  de apoyo a las energías  renovables, el gobierno de Obama casi duplicó las subvenciones a la exploración de petróleo y gas, a pesar  de la promesa de 2009 de eliminarlas gradualmente  (Leber, 11 de noviembre de 2014). El apoyo de Biden a la expansión tanto de las energías renovables como de los combustibles fósiles coincide con estas políticas anteriores aparentemente contradictorias. Como resultado, Estados Unidos  va camino de convertirse en el país que más ampliará la extracción de petróleo y gas de aquí a 2050, lo que representa más de un  tercio de la expansión mundial prevista  Oil Change International, 2023).

La única  forma  de salir de este atolladero político,  que  está sumiendo al planeta en un  caos climático cada vez más profundo, es intensificar y diversificar  los esfuerzos  para  desmantelar la infraestructura fósil, junto con una  expansión masivamente acelerada de las energías renovables. En cuanto a lo primero, necesitamos que prolifere no solo el movimiento de desinversión, sino también actos de disidencia creativa  dirigidos contra la clase de los megadonantes y sus esfuerzos por utilizar las instituciones culturales para  maquillar de verde su reputación. Un ejemplo de estas tácticas es la campaña  Strike MoMA, dirigida  contra las élites petroleras del consejo de administración del Museo de Arte Moderno (MoMA)  mediante una  serie de protestas semanales y actos educativos.2  Además  de criticar  −y finalmente desmantelar− a la oligarquía petrolera y su hegemonía cultural, tenemos que ampliar el movimiento por el poder público. Contrariamente a los mitos sobre la rápida transición energética a través  del sector privado, el libre  mercado y el inexorable abaratamiento de las energías renovables, la única forma de conseguir una  energía rápida y justa es a través del poder  público. En consecuencia, el control democrático del sistema  energético es esencial para la liquidación del capital fósil.

Cómo ganamos  el poder público en Nueva York

Hace unos años se hablaba mucho de que las empresas de combustibles fósiles invertirían a lo grande en energías  renovables. El nuevo director ejecutivo de BP anunció, por ejemplo, que en 2020 la empresa reduciría la producción futura de combustibles fósiles en un 40 % y aumentaría su capacidad  de generar electricidad a partir de fuentes renovables hasta cincuenta gigavatios (GW), es decir, veinte veces más (Bousso, 20 de septiembre de 2021). Hay motivos  para ser escépticos sobre la durabilidad de estas inversiones, sobre todo desde que BP se rebautizó como Beyond Petroleum (Más allá del petróleo) en 2001, pero  después  eliminó sus programas de investigación sobre  energía  verde  y los guardó en un  archivo  privado de la em- presa (Macalister, 16 de abril de 2015). Su conversión a las energías renovables en 2020 no iba a durar:  cuando BP abandonó sus planes de reducir la producción de petróleo y gas a principios de 2023, el precio  de sus acciones se disparó.  No es la única.  Según  la Agencia Internacional de la Energía, en los últimos años las empresas de petróleo y gas han  destinado menos del 5 % de sus inversiones a la producción y exploración de fuentes  de energía  de bajas emisiones (Bordoff, 7 de agosto de 2023).

Pero la inconstancia no es la única razón por la que la transición energética no debe dejarse en manos del capital  fósil. Como  ha demostrado Andreas Malm, gracias a la quema de combustibles fósiles el capital fósil pudo desvincular la producción de energía de fuentes naturales como  el sol y el viento  y, en consecuencia, concentrar a la clase trabajadora en  fábricas  urbanas, donde  podía  ser exprimida para obtener el máximo beneficio  (Malm, 2016). Esta estrategia y la enorme energía  generada por  los combustibles fósiles produjeron una  acumulación de  capital  sin  parangón, pero  también crearon una  destrucción medioambiental  catastrófica  sin  precedentes, incluidas  las emisiones de carbono. Estas características opresivas  no se disiparán simplemente si el capital  fósil desplaza  sus inversiones hacia  las energías  renovables. Como argumenta Tatjana Söding, el capital fósil está intrínsecamente comprometido con la explotación y la destrucción medioambiental:

Dado que el capital fósil, en la dinámica de su acumulación original, en primer lugar creó un  espacio y un tiempo abstractos, en segundo lugar maximizó su control sobre la fuerza de trabajo global para permitir  un grado de acumulación de capital  (más) elevado  y en tercer lugar creó la destrucción natural como un subproducto necesario,  su transición a las energías  renovables no debe entenderse como un alivio de estos subproductos intencionados (Söding, 20 de abril de 2023).

Söding sugiere que no debemos dejar la transición energética en manos de empresas de combustibles fósiles como  BP, dado  que  se basan en una explotación profundamente destructiva de los trabajadores y el medio  ambiente, así como en su orientación megalómana creada  por el acceso a reservas prácticamente ilimitadas de energía fósil.

En los primeros meses de nuestra organización, la campaña Poder Público descubrió que las dinámicas destructivas que  caracterizan a las grandes  petroleras también son fundamentales para  las empresas eléctricas  con fines de lucro.  PPNY comenzó a finales de 2019 con una campaña organizada por la filial de la agrupación Democratic Socialists of America  (DSA) de la ciudad de Nueva York contra un aumento de las tarifas eléctricas propuesto por la empresa de servicios públicos con fines de lucro ConEd.  Al igual que en otros estados de Estados Unidos,  las tarifas  que  los consumidores pagan a las empresas de servicios públicos por la electricidad en Nueva  York están  reguladas por  los organismos designados  políticamente en la llamada Comisión de Servicios Públicos  (PSC). Pero aunque se supone que la PSC debe mantener tarifas asequibles, los investigadores de la campaña descubrieron que  ConEd  ya cobraba las segundas tarifas residenciales más altas del país. Además, a pesar de obtener enormes ganancias,  ConEd  y las empresas de gas como National Grid amenazaban sistemáticamente con cortar el suministro a los clientes con bajos ingresos.

Y no se trataba solo de que la empresa se comportara de forma manifiestamente injusta. Los investigadores de Public  Power  descubrieron que National Grid y otras empresas con ánimo de lucro tienen un incentivo estructural para construir tanta infraestructura como  sea posible  para  justificar el aumento de sus tarifas. Esto se debe a que las empresas de gas reciben  las llamadas “subvenciones a la ampliación de líneas”,  dinero recaudado de los consumidores de energía  para pagar gasoductos  adicionales. Este acuerdo significa esencialmente que  las empresas con  ánimo de lucro  obligan  a los ciudadanos comunes y corrientes a pagarles para asegurar  las infraestructuras fósiles.

El carácter  explotador y destructivo para  el medio  ambiente de este aspecto  del capital  fósil quedó  aún  más claro  cuando nuestra campaña descubrió que  ConEd  paga  1,4  millones de  dólares  en cuotas  anuales  a asociaciones  comerciales como  el Edison Electric Institute y la American Gas Association, que  ejercen  presión  para socavar las energías  renovables, desregular el mercado energético y consolidar el poder de las empresas privadas  de servicios públicos. Esta información y nuestro análisis  de los incentivos estructurales que llevan a las empresas de servicios públicos  con ánimo de lucro a construir infraestructuras fósiles dejaron claro a la campaña Public Power que solo una autoridad pública  controlada democráticamen- te podría  conseguir una transición energética rápida  y justa.

El carácter  racista del capital  fósil quedó  patente cuando la ciudad de Nueva  York sufrió  una  ola de calor durante el verano  posterior al inicio de la campaña contra la subida  de tarifas. En medio de esta ola de calor, ConEd cortó el suministro eléctrico a las comunidades  obreras  de color de los barrios  periféricos de la ciudad para proteger el suministro de las comunidades más ricas de la ciudad (Raskin, 23 de julio  de 2019). Las comunidades de lugares  como  el este de Nueva  York no solo suelen ser más pobres, sino que también tienen menos acceso a espacios verdes frescos y aire acondicionado, lo que contribuye a elevar las tasas de mortalidad relacionadas con el calor. Cortarles la luz fue un escalofriante ejemplo de la creación de “zonas de sacrificio” en comunidades racializadas. Tras estos incidentes, la campaña Public Power recorrió las zonas afectadas por los cortes de electricidad y celebró  asambleas municipales por toda la ciudad, explicando que la lucha  por un poder controlado democráticamente era la solución a las inasequibles tarifas eléctricas  y a la injusticia de los cortes de electricidad.

Una de las grandes  cuestiones a las que se enfrentaba la campaña Public  Power  era cómo  crear una  alternativa a las empresas con ánimo de lucro. Después  de todo, empresas como  ConEd, que han existido  de una  forma  u otra  desde  la construcción de la red  moderna,  ejercen  un  inmenso poder  económico y político.  Afortunadamente, en el estado de Nueva York existe una  fuente alternativa de energía: la Autoridad de Energía de Nueva  York (NYPA). Creada durante la Gran  Depresión, la NYPA fue concebida por el entonces gobernador Franklin Delano Roosevelt como una alternativa pública a los precios abusivos de las empresas privadas  de la época. Aunque la NYPA genera aproximadamente el 20 % de la energía  limpia del estado a través de sus centrales hidroeléctricas en los Grandes Lagos, su capacidad  para construir nuevas energías  renovables estaba limitada por ley antes de la aprobación de la BPRA. Nuestra investigación sobre la NYPA nos convenció de que la autoridad podía construir proyectos de energía renovable más baratos, más rápidos y más eficientes  que el sector con ánimo de lucro. A diferencia de las empresas energéticas con ánimo de lucro, por ejemplo, la NYPA no está obligada a generar ganancias astronómicas para los inversores. Además, gracias a su elevada calificación crediticia, la NYPA puede pedir préstamos para financiar proyectos  a tasas de interés  muy bajas. Esto significa que no tiene  que subir  las tarifas de los servicios públicos  para  construir infraestructuras, como  hacen  las empresas de servicios públicos  propiedad de inversores. El desarrollo de energías renovables dirigido por la NYPA podría  evitar que se intensifique la pobreza energética para cuya solución  se lanzó  inicialmente nuestra campaña.

Los organizadores, con experiencia en la lucha  por la democracia energética en Nueva  York, se dieron cuenta de que la campaña Public  Power  tenía  que  trabajar a escala estatal para conseguir la legislación necesaria a fin de otorgar a la NYPA el mandato de construir nuevas  energías  renovables. La campaña decidió  organizar un amplio movimiento popular a favor  del poder  público y trabajar con socialistas y otros aliados dentro de la legislatura estatal para impulsar la BPRA. Formamos la coalición estatal por el poder público a finales de 2019, reuniendo a activistas  de la democracia energética, grupos  de justicia  medioambiental y organizaciones climáticas como Sunrise  Movement. A principios de 2020, comenzamos el proceso de colaboración para investigar de qué modo  la legislación de energía  pública  podía  satisfacer diversas necesidades  en todo el estado y también comenzamos una  serie estatal  de eventos  públicos  Energía 101 para educar a las personas sobre la injusticia  y el pésimo  rendimiento del sistema  de servicios públicos  con  fines de lucro. Durante la pandemia, nuestras victorias demostraron que Public  Power  era  una  fuerza  a tener  en  cuenta:  organizamos con éxito una moratoria del corte de electricidad y la condonación de la deuda de las empresas de servicios públicos para las comunidades duramente afectadas por la COVID-19.

Luchamos mucho por  la BPRA, pero  vimos  cómo  languidecía en los comités  legislativos  durante dos años consecutivos. Esto nos demostró que teníamos que seguir ejerciendo presión  pública.  Organizamos manifestaciones, incluida una  concentración en la que denunciamos a los legisladores  que recibían dinero de las empresas de servicios públicos  y −no por casualidad−  se oponían a la BPRA. Nuestra campaña electoral organizó a legisladores clave, que luego ayudaron a organizar a personas menos progresistas políticamente en la legislatura para que respaldaran la BPRA. También emprendimos una acción  directa,  en  la que  personas  que  exigían  energía pública se encerraron en una cadena humana a través de Broadway, en el centro de Manhattan, cerca de las oficinas de legisladores  estatales clave.

Un aspecto  fundamental para  conseguir el poder  político  necesario para aprobar la BPRA fue ganarse a los trabajadores organizados. Aunque la clase trabajadora en general  se beneficia  del control democrático de los medios de producción de energía, los trabajadores no son un grupo homogéneo en torno a la transición energética. De hecho, contrariamente a los argumentos de Matt Huber sobre la lucha  de clases unificada contra los motores capitalistas  de la crisis climática, nos encontramos con que algunos  sindicatos  rechazaron inicialmente nuestros llamamientos a unirse a la campaña por  la energía  pública,  mientras que otros se sumaron con entusiasmo (Huber, 2022). El apoyo  inicial  de mi  propio sindicato, el Congreso de Funcionarios Profesionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva  York, redundó en el respaldo del Sindicato  de Profesores del Estado de Nueva  York (NYSUT) y de otros sindicatos  del sector servicios, como  el 1199SEIU. Ganarse  a los sindicatos  requirió un trabajo adicional, dado  el escepticismo de los trabajadores de estos sectores con respecto a la industria (en gran parte privada) de las energías  renovables en Estados  Unidos,  que  es notoriamente antisindical. Para dar respuesta a estas preocupaciones, trabajamos con la AFL-CIO para incorporar a la BPRA un lenguaje laboral  de referencia  que  incluyera disposiciones sobre  el salario  predominante y los acuerdos  laborales de proyecto, un  memorando de entendimiento sobre la transición laboral  y veinticinco millones de dólares anuales  para financiar una Oficina de Transición Justa que supervisara la reconversión profesional de los trabajadores del sector de las energías renovables.

La versión  final de la BPRA que se aprobó en mayo de 2023 incluía la mayoría de las disposiciones clave por las que habíamos luchado durante tanto tiempo. La NYPA recibió, por fin, el mandato de  construir, poseer  y explotar proyectos  de  energías renovables. Cada año, la NYPA debe llevar a cabo una revisión  para determinar si el estado está en camino de alcanzar  el 70 % de energía  renovable para  2030 y el 100 % para  2040, de acuerdo con los mandatos estatales. Si no  es así, la NYPA debe intervenir para  construir energía suficiente  para  compensar la diferencia. La BPRA también exige a la NYPA que elimine gradualmente sus centrales eléctricas de combustibles  fósiles −incluidas las centrales sucias de respaldo (centrales eléctricas de reserva que se encienden cuando hay picos de electricidad) situadas  predominantemente en comunidades de color− para 2030, y que  suministre y entregue únicamente energía  renovable a los clientes. Estas centrales están  inoperativas la mayor parte del tiempo y solo funcionan en  momentos de máxima demanda, por lo que están exentas de la mayoría de las normativas medioambientales. El cierre de estas centrales contaminantes es una de las principales victorias de nuestra campaña. La ley BPRA también exige a la NYPA que establezca un programa que permita a los consumidores de electricidad con ingresos  bajos y moderados recibir  créditos en sus facturas  mensuales por  cualquier energía  renovable producida por la NYPA. Por último, la BPRA incluye todo el lenguaje favorable  a los trabajadores que  la campaña Public  Power  elaboró en colaboración con aliados sindicales.

Ahora  que hemos  conseguido este mandato, debemos seguir luchando por una aplicación adecuada de la BPRA. La situación es difícil. Como  legado  de la larga  historia de lucha del capital fósil contra la transición energética, el estado de Nueva York tendrá que añadir 2,5 GW al año durante los próximos ocho años para cumplir los objetivos  climáticos  del  70 % de energía renovable para 2030 (DiNapoli, 2023). Para  ponerlo en  perspectiva, el estado solo ha añadido 12,9 GW de energía  en general  (tanto fósil como renovable)  en los últimos veinte  años, o aproximadamente 0,645 GW al año.  Este fuerte  aumento es solo  para  descarbonizar la red  energética. Para  generar energía  suficiente  para  alimentar una  flota de vehículos eléctricos y descarbonizar la calefacción y refrigeración de los edificios y la industria, debemos triplicar aproximadamente la cantidad actual de generación de energía.

Los activistas de Public  Power  NY eran  muy  conscientes de la necesidad de promover la eficiencia  energética. La expansión de la producción de energía  −incluso  si es renovable− ya está teniendo muchos efectos  perjudiciales para  el medio  ambiente, como,  por ejemplo, la minería en países de renta  baja como  Bolivia. Aunque la campaña era consciente de la necesidad de promover la eficiencia energética, no incluimos medidas  de este tipo en la BPRA debido  a la necesidad de centrar la legislación en un tema y a que el estado ya contaba con una legislación sobre eficiencia energética que marcaba tendencia. La Ley Local 97 de la ciudad  de Nueva  York, aprobada en 2019, obliga a reducir las emisiones en un 40 % en los edificios más grandes de la ciudad para 2030 y hasta en un 80 % para 2040 (Maldonado, 7 de octubre de 2022).

Llevar a cabo el desarrollo rápido y a gran escala de energía renovable ordenado por la Ley del Clima de 2019 de una  manera democrática y justa será un  desafío enorme. Afortunadamente, la BPRA estableció  un  proceso  de planificación estratégica  a través  del cual se dirige a NYPA para determinar dónde, cuándo y cómo construye energía  renovable. Aunque no  logramos todas  nuestras demandas de democratización de la NYPA, este proceso de planificación estratégica es un lugar para la aportación sustancial de la comunidad, ya que la autoridad está obligada  a consultar con expertos  en clima  y resiliencia, organizaciones laborales, defensores de los contribuyentes residenciales y de pequeñas empresas, y comunidades de justicia ambiental, entre  otros,  a medida que  elabora sus planes  estratégicos. Para garantizar que  la NYPA cumpla fielmente este mandato de compromiso con la comunidad, actualmente estoy organizando un  Observatorio de la Energía  Pública que supervisará el trabajo de la autoridad, documentará su historia y participará en diversas formas de divulgación pública  creativa en relación con la transición energética.

Construir un movimiento mundial por el poder público

La victoria  de nuestra campaña Public  Power  no será muy  significativa, en última instancia, si no contribuye a inspirar campañas exitosas por la democracia energética más allá de Nueva  York. Solo una  de cada  diez  personas  en  EE. UU. obtiene su energía  de una autoridad pública  y muchas de estas empresas, vestigios del impulso de la era del New Deal para la electrificación universal, son rehenes de las fuerzas  conservadoras con grandes inversiones en combustibles fósiles (Bruggers, 28 de febrero  de 2021). En 2022, las energías renovables solo representaban alrededor del 13 % del consumo total de energía  primaria y el 21,5 % de la generación total  de electricidad a escala comercial en Estados  Unidos  (U. S. Energy Information Administration, 2023). Los esfuerzos de un estado por abandonar los combustibles fósiles, por heroicos que sean, no modificarán significativamente estos promedios globales.  Dicho de otro modo, no se puede construir el ecosocialismo en un  solo estado.  La red eléctrica  está  repartida por  todo  el país  en  tres  grandes  segmentos y los requisitos técnicos  de las energías  renovables dictan  una  mayor integración en la red en lugar de una mayor  autonomía local. Y, por supuesto, los desastres  climáticos  provocados por  los combustibles fósiles no  se detienen en  las fronteras estatales  o nacionales. Solo extendiendo el poder  público más  allá  del  estado  de Nueva  York conseguiremos la rápida  transición energética necesaria  para evitar la catástrofe  climática.

Afortunadamente, la victoria  de Public Power NY está inspirando a otros movimientos en todo el país. Aunque la campaña Nationalize  Grid  en Rhode Island, que ayudó  a inspirar nuestro trabajo en Nueva York, ha perdido fuerza, la idea del poder público se está extendiendo a otros estados. En noviembre de 2023, Maine celebró un referéndum público sobre  la creación  de una  empresa pública, Pine Tree Power.  Actualmente, los residentes de Maine obtienen su electricidad de Central Maine  Power, una empresa con ánimo de lucro de la gigante energética española Iberdrola, entre  cuyos principales accionistas se encuentran  potencias capitalistas  fósiles como  Qatar y Noruega, así como Blackrock, la enorme empresa de inversiones que se ha negado  a desinvertir las dotaciones y fondos de pensiones que controla de los combustibles fósiles (Kerber, 17 de febrero  de 2022).

La lucha por la energía pública en Maine no se limita a su control  local, sino que  también gira en torno a la lucha  contra la pobreza  energética, la reparación de la maltrecha red  en  un estado con el mayor número de apagones del país y la consolidación de los derechos,  salarios  y prestaciones de los trabajadores. La batalla  en torno al referéndum de Pine Tree Power se convirtió en un plebiscito popular sobre el sistema de las empresas de servicios públicos con ánimo de lucro que está fracasando, un modelo tan antiguo como la red eléctrica moderna. Los grupos fachada de Central Maine Power, como  Maine  Affordable  Energy,  invirtieron cuarenta millones de dólares en las elecciones para engañar a los contribuyentes de Maine y hacerles creer que el control corporativo de la red  es beneficioso para ellos, a pesar de que las empresas de servicios públicos propiedad de los consumidores que  existen  en el estado  ya tienen tarifas  un  50 % más  bajas  que  las de las empresas con  ánimo de lucro  (Pine Tree Power, 14 de septiembre de 2023). Al final, ganó  el dinero de las empresas y el referéndum para crear Pine Tree Power fue rechazado.

¿Cuál es el futuro de las campañas por el poder público en Maine y en otras partes de Estados Unidos? Los defensores  del poder público no podemos permitir que la derrota del referéndum paralice nuestro trabajo. La campaña reunió a defensores de Public Power de todo el país para fomentar la solidaridad y aprender del trabajo de los demás. Esta campaña consiguió  una  importante victoria  con la aprobación de otro  punto del referéndum que  prohíbe a las organizaciones extranjeras propiedad de gobiernos (como  Iberdrola y Versant), gastar dinero en futuras elecciones para referéndums estatales (Budion, 8 de noviembre de 2023). Esto significa que cuando se celebre otro referéndum en Maine, las probabilidades ya no estarán tan en contra del poder público.

Otras  derrotas aparentes también han favorecido la lucha por la energía pública.  En 2011, por ejemplo, la ciudad de Boulder,  en Colorado, inició una adquisición pública de su empresa eléctrica con ánimo de lucro, Xcel Energy. Tras una década de feroz oposición por parte de Xcel, los votantes de la ciudad  decidieron poner fin al proceso (Sakas, 20 de noviembre de 2020). Sin embargo, a pesar de esta derrota, la campaña ayudó  a la ciudad  a obtener importantes concesiones de Xcel, incluido el compromiso de reducir sustancial- mente las emisiones de gases de efecto invernadero.

También conviene recordar que la Autoridad de Energía de Nueva York se creó tras decenios de lucha por el poder  público en Estados Unidos y en todo el mundo. Su creación coincidió con otras victorias, como  la creación  de la Tennessee Valley Authority (TVA) en 1933. Las campañas actuales pueden inspirarse en los poderosos movimientos de masas que  ayudaron a conseguir el apoyo  de los legisladores para la creación de autoridades como la NYPA y la TVA.

Mientras luchamos por el poder público en todo Estados Unidos, debemos recordar que esta campaña no puede  detenerse en las fronteras nacionales. Necesitamos construir un  movimiento mundial por el poder público. Esto significa que  nuestro trabajo para transformar la NYPA no  debe  limitarse a garantizar que  la autoridad  genere cantidades adecuadas de energía renovable. También tenemos que trabajar para establecer asociaciones público-públicas (APP), en las que una  empresa pública como la NYPA pueda apoyar campañas y autoridades de energía  pública en otros  países. El desarrollo de estas APP debe ser una de las prioridades futuras de nuestra campaña.

El capital  fósil crea desigualdades a nivel mundial al extraer recursos de zonas de sacrificio para beneficiar a élites situadas lejos de la carnicería. Ganar el control obrero de la transición a la energía renovable en las naciones capitalistas centrales por sí solo dejaría intacto un sistema mundial de imperialismo energético. Por ejemplo, como establece el reciente documento de posición  Reclaim and Restore de Trade Unions for Energy Democracy, el modelo de privatización de los servicios públicos  impuesto por organizaciones dominadas por Estados Unidos y la UE, como el Banco Mundial, en las regiones menos  desarrolladas del mundo, como  los países del África subsahariana, es un fracaso absoluto: después de treinta años de reformas a favor del mercado, un  número creciente de personas carecen de acceso a la electricidad en muchos países africanos  (Sweeney, 2023). En lugar del modelo fracasado de dar dinero público a empresas energéticas con ánimo de lucro, los países de África y del resto del mundo necesitan aquello  por lo que hemos luchado en Nueva York: servicios públicos  de electricidad verdaderamente democráticos, financiación pública  y plena propiedad pública  de la energía  con bajas emisiones de carbono.

NOTAS

1    Acerca del poder del capital sobre el proletariado, ver Mau (2023).

2    Para  una  discusión  sobre  las tácticas  de la campaña Strike  MoMA, véase Dawson (2021).

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Un año antes, su mensaje  durante su primera reunión del FEM fue aún  más contundente:

Nos acercamos  al punto de no retorno, y el punto de no retorno significa la extinción de la vida. O la humanidad se extingue  con el capitalismo  o la humanidad supera  el capitalismo para poder  vivir en el planeta. ¿Por qué no cambiar la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción por el clima de modo  de liberar  los re- cursos presupuestarios para llevar a cabo la adaptación y mitigación?

¿Por qué no devaluar la deuda  mundial, lo cual también significa un cambio  en el sistema de poder? (Torrado, 18 de enero  de 2023).

“Estos  temas  que  abordaría un  capitalismo descarbonizado  hoy no  están  en la discusión”,  declaró  Petro,  resumiendo los retos  que afrontan los países del sur global endeudados y dependientes de las exportaciones, en el contexto de una  crisis climática que tendrá un impacto desproporcionado en los Estados productores de petróleo.

La transformación de la industria de combustibles fósiles de Colombia es uno de los principales aspectos de los planes  ambiciosos de transición energética del Gobierno liderado por un  exguerrillero y una  feminista, antirracista y activista ambiental −el presidente Gustavo  Petro  y la vicepresidenta Francia  Márquez, respectivamente−, pero  los obstáculos que deben  superar son muchos, diversos y complejos.

El ritmo y la magnitud de la transición energética han  sido objeto  de  acalorados debates  en  el  nuevo   Gobierno colombiano y en el discurso público. Poco después de la asunción del Gobierno en agosto  de 2022, otros  funcionarios anunciaron la intención de transformar drástica  y rápidamente el sector de los hidrocarburos. La entonces ministra de Minas  y Energía,  Irene  Vélez Torres,  una académica con trayectoria en el movimiento ambiental, afirmó  en el Foro Económico Mundial que Colombia se alejaría  rápidamente de los combustibles fósiles:

Decidimos  que no vamos a conceder  nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero  para  nosotros  esa es una  señal clara de nuestro compromiso en la lucha  contra  el cambio  climático  (Taylor, 20 de enero de 2023).

En marzo  de 2023, el entonces director ejecutivo de Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, advirtió que los cambios  para lograr una transición energética debían ser medidos  y graduales.  Felipe Bayón dijo al Financial Times: “No  hay ninguna sustitución que  se pueda lograr  simplemente al apretar un interruptor para apagar  una  cosa y encender otra” (Daniels, 21 de marzo  de 2023). Añadió  que “llevará mucho tiempo, esfuerzo  y dinero asegurar  que  otras  industrias ocupen su  lugar”. En el mismo sentido, también había dicho en Davos que Ecopetrol tenía una estrategia gradual de veinte años: “El país necesitará la explotación de hidrocarburos que realiza  la compañía. Ecopetrol puede  ser el 10 % del presupuesto de Colombia. El país sigue necesitando los fondos a través de dividendos, regalías e impuestos” (Reynoso, 27 de enero  de 2023).

El compromiso de detener los proyectos  de petróleo y gas había sido parte  de la campaña electoral de Petro  y Márquez, pero no todos los miembros de su gabinete estaban de acuerdo. José Antonio Ocampo −el primer ministro de Hacienda del Gobierno progresista  y reconocido economista y ex secretario ejecutivo de la Comisión  Económica para  América  Latina  y el Caribe  (CEPAL)− había advertido que el Gobierno de Petro analizaría los 180 contratos existentes antes  de decidir  qué  hacer  a continuación. “Toda transición energética que reduzca  las exportaciones tendría que ser gradual y priorizar la autosuficiencia del gas” (Daniels,  20 de noviembre de 2022), declaró  Ocampo al Financial Times.

El presente capítulo se centra en Colombia como un caso de estudio pertinente para una agenda de investigación más amplia. Aborda el papel del Estado en la transición energética en relación con el sistema  económico y financiero mundial, así como  la importancia de las empresas nacionales de petróleo y gas en los debates  actuales sobre soberanía energética en el contexto del cambio  climático. La primera sección analiza  la importancia actual  de la producción de hidrocarburos y las perspectivas de las empresas de gestión  estatal en América  Latina y el mundo. El capítulo luego pasa a analizar los problemas y las tensiones en torno a las discusiones  sobre la transformación de Ecopetrol y culmina en una síntesis de las discusiones de política  y en materia de políticas que se están  dando en Colombia y que podrían ser importantes para la investigación y las campañas futuras en otros países de América Latina y el mundo.

La pertinencia y la transformación de las empresas  petroleras administradas por el Estado

En los meses anteriores a la COP sobre  cambio  climático de 2022, el semanario político  y empresarial The Economist (25 de julio  de 2022) publicó un  artículo titulado: “State-run oil giants  will make or break the energy transition”. Las empresas nacionales de petróleo y gas poseen  en conjunto el 66 % del petróleo y el 58 % del gas del mundo (International Energy Agency [IEA], 2020) y proporcionan alrededor del 40 % del capital  invertido en estos sectores  (Manley y Heller,  2021). El título aludía  al historial deficiente de descarbonización de las empresas estatales. No obstante, The Economist reconoció  que  Ecopetrol contrarrestó esta tendencia y que  la empresa colombiana “participa en proyectos  de energía  eólica y solar, y recientemente adquirió una empresa de transmisión de electricidad”.

La resiliencia  y el enorme poder  económico y político  de la industria  de petróleo y gas han  sido el foco de muchas publicaciones periodísticas y académicas  recientes. Un artículo de la revista Nature demuestra cómo  el gasto en clima  sigue siendo  insuficiente, mientras que  nueve  de las mayores  empresas petroleras obtuvieron ganancias  por 457.000 millones de dólares  en 2022 (Sanderson, 15 de mayo de 2023), el equivalente a una sexta parte de la inversión anual necesaria  para  cumplir los compromisos climáticos  de los gobiernos. Tres de estas nueve empresas son de propiedad o control estatal (Aramco, de Arabia Saudita;  Equinor, de Noruega, y PetroChina, de China)  y seis son principalmente propiedad de accionistas  privados (ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, TotalEnergies y ConocoPhillips).

Ecopetrol y otras  empresas públicas  operan en un  contexto regional en el cual la producción de hidrocarburos atraviesa  transformaciones rápidas  y profundas. Según  evaluaciones recientes,  la extracción de petróleo y gas en América  Latina  y el Caribe  ha experimentado cambios “tectónicos” y “probablemente irreversibles” en los últimos diez años  (Cárdenas y Rivera  Rivota,  21 de febrero de 2023). La producción cayó de 10,4 millones de barriles  de petróleo al día (mb/d)  en 2010 a 7,8 millones en 2022; el porcentaje de la región  en el mercado mundial cayó de 12 % a 9 % en el mismo período, y los dos países tradicionalmente exportadores de hidro- carburos, México  y Venezuela, muestran señales  de declive  en sus industrias petroleras (bp, 2022). Brasil se ha reposicionado como  el octavo  mayor  productor de petróleo del mundo. Guyana, un  país pequeño y poco poblado, actualmente desafía la supremacía de los productores tradicionales de la región  y se ha convertido en una  de las economías de crecimiento más  rápido del  mundo. Argentina, Colombia y Ecuador  afrontan un  estancamiento o disminución de su producción petrolera.

Como  se mencionará en más detalle  a continuación, la propiedad mayoritaria del Estado de las acciones de Ecopetrol es un factor determinante en las perspectivas de transformación de la empresa colombiana. En la región resurgió  el fantasma de la privatización de la industria del petróleo y la energía  cuando el presidente reciente- mente electo de Argentina, Javier Milei, un libertario de ultraderecha, propuso la privatización de cuarenta y un  empresas públicas, incluidas centrales de energía nuclear, la agencia de infraestructura energética e YPF, la empresa nacional de petróleo. En enero de 2024, ante  una  fuerte oposición social y política,  Milei se vio obligado a dar marcha atrás en sus planes de privatización del petróleo y el gas (Kennedy, 22 de enero  de 2024).

Independientemente de su estructura de propiedad, las empresas de petróleo y gas determinan en gran medida las emisiones mundiales y el acceso a la energía. Por su parte, las empresas privadas son menos responsables que las empresas nacionales de petróleo y gas, y resultan mucho más difíciles de transformar. Las empresas transnacionales privadas que están  activas en el sector del petróleo y el gas han  sido propulsadas por un sistema complejo de subsidios  gubernamentales nacionales e internacionales que asegura  la privatización de los beneficios de la producción de gas y petróleo, mientras socializa sus costos económicos, ambientales y sociales. Como  han sostenido dos activistas y académicos:

La propiedad pública  en sí misma  no garantiza que reemplazaremos por completo el gas y el petróleo con energía renovable a tiempo para impedir los peores impactos de la crisis climática […], pero no promovemos la propiedad pública  porque se trate  de una solución  mágica, sino  que  la promovemos porque es nuestra única  oportunidad. Las matemáticas de las ganancias son tan claras como las del clima: las empresas existen  para  generar  lucro  y enriquecer a sus accionistas, y para ello deben  crear su producto. El activismo de los accionistas solo puede  enlentecer o atenuar el ritmo en el cual las empresas  persiguen este mandato básico. “Las soluciones  basadas en el mercado” en este caso son una contradicción: el mercado es el problema (Bozuwa y Táiwò, 7 de junio  de 2021).

Los mismos  analistas  afirman que la propiedad pública  posibilitaría “desmantelar una  industria recalcitrante a tiempo para impedir el desastre  climático” y ofrecería  “una  oportunidad para construir algo  mejor  en  su lugar”.  Desde  un  punto de vista similar y en oposición a la afirmación de que  las empresas nacionales de  gas y petróleo naturalmente  impiden la transición energética justa,  un  creciente número de sindicatos,  organizaciones ambientalistas y centros  de investigación señalan que la causa profunda de la tendencia mundial de expansión energética es la consecución de crecimiento infinito y acumulación capitalista, y no  la transición (Sweeney, Chavez y Treat, 2022). En cambio,  el enfoque público alternativo identifica a empresas estatales  o controladas por  el Estado como actores estratégicos  en limitar el cambio  climático y evitar sus peores impactos (Trade Unions for Energy Democracy [TUED], 2023).

La reinvención de Ecopetrol como  empresa  de energía

En   los   años   veinte,   la   empresa  estadounidense  Tropical  Oil Company (Troco) obtuvo el derecho de explotar petróleo en Colombia tras asumir el control de la mal  reputada Concesión de Mares. La empresa privada  dominaba la exploración, producción, refinación, transporte, distribución nacional y exportación de petróleo en el país durante la primera mitad  del siglo xx. Tras decenios de debates  políticos  y luchas sindicalistas  para exigir la nacionalización del sector de los hidrocarburos, la reversión de la Concesión de Mares al Estado colombiano dio lugar a la fundación de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol (Ecopetrol, 30 de abril de 2020).

En 1961, Ecopetrol adquirió la refinería de Barrancabermeja y, trece  años  más tarde,  compró la refinería Cartagena (actualmente la primera y segunda  refinerías del país, respectivamente). En 1970, Ecopetrol adoptó su primer estatuto orgánico, que ratificó su carácter  de empresa completamente estatal  vinculada al Ministerio de Minas y Energía. A partir de septiembre de 1983 Ecopetrol aumentó la escala de su producción de petróleo tras  el descubrimiento de Caño  Limón, un yacimiento con reservas estimadas en 1100 millones de barriles.

En 1986, Colombia se convirtió nuevamente en exportadora de petróleo y amplió su autosuficiencia en  los años  noventa, tras  el descubrimiento de los yacimientos Cusiana  y Cupiagua.

La producción de petróleo en Colombia alcanzó  su punto máximo en 2014, con 1040 kb/d1 y durante los últimos diez años ha descendido a pesar  de nuevos  y prometedores  descubrimientos cerca de la costa (Cárdenas y Rivera  Rivota, 21 de febrero de 2023), que llevará  mucho tiempo desarrollar. A pesar de la disminución de la producción, el petróleo, el gas y la minería representan más de la mitad  de las exportaciones del país. Ecopetrol es la cuarta  empresa petrolera más grande  de América Latina  y la principal exportadora de Colombia. Representa alrededor del 30 % de las exportaciones del país y brinda una fuente vital de ganancias de divisas extranjeras a una economía afectada por constantes déficits fiscales y por cuenta corriente. Los planes de inversión de la empresa en 2024 oscilan entre los 5700 millones y los 6700 millones de dólares, aumentando la producción a 730 kb/d y operando 360 pozos de desarrollo y quince pozos exploratorios.

La importancia  de Ecopetrol en la economía colombiana

La verdadera importancia de Ecopetrol y el perfil general  de Colombia como  país dependiente del extractivismo queda  en evidencia  a partir de sus datos de exportación. Más de la mitad de las ventas extranjeras del país están en manos de dieciséis empresas, la mayoría de las cuales operan en los sectores de hidrocarburos y minería  (Sánchez, 24 de junio  de 2023). Las diez principales empresas están encabezadas por Ecopetrol, seguidas de las empresas mineras Drummond y Carbones del Cerrejón (ambas  productoras de carbón). Seis de las siete restantes operan en las industrias extractivas: Cerrejón Zona  Norte (carbón), Trafigura  Petroleum (petróleo), Frontera Energy (petróleo), Reficar (petroquímicos), Cerro  Matoso (níquel) y Terpel  (petroquímicos). A pesar de la reputación de Colombia como  un  país productor de café, la Federación Nacional de Cafeteros ocupa el octavo lugar.

Ecopetrol representa alrededor del 65 % del petróleo del país y el 80 % de su producción de gas; el 60 % de los barriles  de petróleo extraídos  son producidos por  la empresa estatal,  y las refinerías de Reficar y Barrancabermeja son abastecidas  por la empresa nacional de gas y petróleo. Habida  cuenta de su importancia en la economía nacional −alrededor de cien  mil  puestos  de trabajo dependen de Ecopetrol−  y de que la empresa representa más del 6 % del PIB, el principal sindicato de trabajadores petroleros ha expresado preocupación  sobre las perspectivas a largo plazo de la industria si se registra una disminución de la producción de gas y petróleo:

Resulta imperativo mantener la producción de petróleo y gas para garantizar el suministro a refinerías  para producir diésel y gasolina para el mercado nacional. Reducir considerablemente las inversiones  en la producción y exploración pondría en peligro  la continuidad de Ecopetrol,  aumentaría el riesgo de escasez y socavaría la seguridad  energética nacional. El país cuenta  actualmente con reservas de petróleo por  7,1 años  y reservas  de gas por  7,5 años. Por  lo tanto, cualquier disminución de las inversiones  para sostener  la producción acortaría este lapso de tiempo (Unión Sindical Obrera  [USO], 23 de octubre de 2023).

¿Una transición fuera del petróleo?

Las  aparentes  contradicciones  en   el  discurso   de  los  funcionarios  gubernamentales  de  Colombia, los  directivos de  Ecopetrol y los sindicalistas  con  respecto  a la velocidad  y la ambición de la descarbonización reflejan  la complejidad de la transición propuesta. Los sindicatos  colombianos tienen una  larga tradición de debate interno y la coalición actual del Gobierno abarca  diversos partidos políticos, por  lo que  necesitan tiempo para llegar a una posición relativamente coherente. No  obstante, las fuerzas  progresistas  colombianas parecen estar  de acuerdo en el modo  de alejarse  de los combustibles fósiles, que puede  resumirse con los siguientes puntos.

1) se mantendrán los contratos de exploración vigentes;

2) continuará la explotación de los yacimientos comprobados;

3) no se otorgarán  nuevos  contratos de exploración;

4) Ecopetrol diversificará su cartera  para  incluir tecnologías de bajas emisiones y fuentes  de energía renovable. Y más recientemente,

5) Colombia podría  necesitar importar de Venezuela, un país vecino, para asegurar  su suficiencia energética durante la transición.

Los planes  del Gobierno de transformar Ecopetrol en una  empresa  que  abandone la extracción de hidrocarburos han  suscitado la preocupación de los trabajadores petroleros. La Unión Sindical Obrera (USO) tiene  una  cultura interna rica y dinámica de debate político  en sus diversas corrientes ideológicas y varía de posiciones  y enfoques con respecto a la transición energética justa. Los afiliados a la USO votaron abrumadoramente a Petro  y Francia, y se organiza- ron para garantizar su victoria. A pesar de ello, los sindicalistas  han expresado preocupación sobre  el ritmo de la transición propuesta y la cancelación de nuevos  contratos de exploración, al afirmar que Ecopetrol podría correr el riesgo de desinversión y el país podría quedar expuesto a la dependencia energética. En una declaración de octubre de 2023, el sindicato comentó sobre los recortes  propuestos por Ecopetrol:

Las recientes decisiones de las Vicepresidencias  Ejecutivas […] de Ecopetrol, de recortar el presupuesto de inversión […] ponen en riesgo la continuidad del negocio  principal. […] Esta decisión  además  tiene  una  fuerte  incidencia en  las finanzas  públicas  porque Ecopetrol aporta en promedio $20 billones anuales para el financiamiento del Estado  entre  dividendos, impuestos y regalías que  paga a la nación. […] Así las cosas, en el año 2026 estaremos produciendo 472 mil barriles diarios que solamente permitirá mantener las cargas de las dos refinerías y no tendremos ingresos por exportaciones. La reducción de las inversiones de Ecopetrol  traerá  como consecuencia la contracción del sector petrolero en general  dado  que otras  compañías del sector tienen como  insumo principal para  sus presupuestos el valor  de las inversiones  que ejecuta  Ecopetrol.  Si esta declina, cae la inversión en el sector causando un efecto dominó (USO, 23 de octubre de 2023).

En respuesta a las preocupaciones del sindicato y las críticas de los círculos políticos  y empresariales, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha  reiterado que  el futuro de la empresa no  se verá afectado  por  los planes  de transición energética anunciados por el Gobierno. “Nunca hemos dicho  que  vamos  a terminar el negocio tradicional” (Griffin, 24 de octubre de 2023), afirmó  Roa en un reciente foro de negocios. “La industria del petróleo y gas en Colombia no  desaparecerá”, añadió, y explicó  que  invertir fondos  derivados de la extracción de combustibles fósiles sería clave para financiar la transición hacia la energía  renovable. El actual ministro de Minas y Energía,  Andrés  Camacho, dio una  respuesta similar  en una  entrevista a un periódico español, en la que se le preguntó si el ministerio aprobaría más contratos para la exploración de petróleo y carbón:

Tenemos  una política de desarrollar la exploración energética en clave de transición energética. No es que no vayamos a hacer más, sino que estamos dando  pasos a nuevos contratos de explotación de geotermia, hidrógeno blanco y otro tipo de energéticos. Vamos a ir desarrollando nuevos  contratos en clave de transición. Desde el primer día que llegué lo mencioné: la transición es con los hidrocarburos. […] Vamos a tener  un tiempo en el que vamos a necesitarlos, incluso en los horizontes 2040, 2050. Si no hay sustitutos para la industria petroquímica vamos  a seguir requiriendo hidrocarburos. La idea es que  la dependencia vaya disminuyendo (Quesada, 26 de septiembre de 2023).

El reto de diversificar Ecopetrol

Dos años antes de que Petro y Francia asumieran el  gobierno, Ecopetrol ya había  publicitado un  plan  de descarbonización para alcanzar  emisiones de gases de efecto  invernadero cero  neto  para 2050, que  incluía  medidas  concretas para  abandonar el uso de petróleo  y gas. El tiempo se acaba:  Colombia solo tiene  suministros de hidrocarburos por  7,5 años más. Si Ecopetrol u otras  empresas que operan en el país no desarrollan un nuevo  yacimiento antes de ese periodo, el país tendrá que importar petróleo para satisfacer sus necesidades. Según las proyecciones de oferta y demanda de energía para  2050, Colombia seguirá  necesitando gas, gasolina y diésel, por lo que  si Ecopetrol no  puede  satisfacer  las demandas del mercado interno, deberá  importar de los países del golfo Pérsico  o de otras partes del mundo donde  se sigan extrayendo combustibles fósiles.

Más del 40 % de los gastos que Ecopetrol tiene  planificados para 2024 están  relacionados con la transición energética (Reuters, 1 de diciembre de 2023). Los planes de negocios de la empresa destacan el objetivo de diversificar las actividades  para ampliar el sector de la energía  (Ecopetrol, 2022), al expandirse a ámbitos diferentes de los hidrocarburos. Los gastos de capital  previstos  (CAPEX), que son un buen  indicador del verdadero compromiso con la diversificación, incluyen inversiones concretas en ISA, una empresa colombiana activa en la transmisión de electricidad, carreteras y telecomunicaciones en América  Latina, que Ecopetrol adquirió en agosto de 2021, y por la cual pagó 3580 millones de dólares  por el 51,4 % de las acciones (Reuters, 11 de agosto de 2021). Según analistas  financieros:

La decisión de comprar acciones de ISA se dio en un momento en que los planes  estratégicos  oficiales de Ecopetrol  no incluían los CAPEX de diversificar la producción energética, más allá de la producción de petróleo y el gas. La compra fue una respuesta a las oportunidades de mercado específicas fuera del petróleo y del gas, donde  se evalúan las nuevas  oportunidades de negocios caso a caso. Al adoptar esta medida, Ecopetrol  demostró su fuerte  liderazgo  como  empresa nacional de petróleo y gas de América  Latina  en cuanto a las estrategias  para diversificar  sus actividades  principales (Strambo y Arond,  23 de noviembre de 2023).

El papel más amplio de Ecopetrol en el sector de la energía sería crucial,  dado  que  aunque se lleven  a cabo  planes  más ambiciosos para la descarbonización de la generación de energía, el país probablemente seguirá  dependiendo de los combustibles fósiles durante decenios para satisfacer la demanda de electricidad. Un académico de la Universidad Javeriana sostiene que:

Para que Colombia logre electrificar, cumpliendo las metas de una transición energética justa, debe llevar una capacidad instalada  de 120 gigavatios. El país está llegando en este momento a 20 gigavatios de capacidad instalada. Por eso la estrategia  de reducir  de manera relevante la participación de los fósiles en la matriz  no  se puede  hacer  de un momento a otro. Los fósiles deben  apalancar esa transición (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Un estudio reciente sobre los retos de la transición en Colombia concluye que la demanda total de electricidad en 2021 fue de 67 TWh (teravatios hora)  (Thema y Roa García, 2023). Si todos  los combustibles fósiles fueran reemplazados por  electricidad de aquí a 2036, el consumo de electricidad aumentaría otros 160 TWh. En un escenario  en el que el sector del transporte se abastece exclusivamente de  biocombustibles, la  demanda de  electricidad sería 73 TWh inferior, pero la producción de biocombustible a esa escala no es para nada  realista  y puede  tener  costos sociales y ambientales negativos.

El Gobierno colombiano ha publicitado la “Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa” (Ministerio de Minas y Energía, 2023). Este documento sistematiza un proceso nacional de consulta ciudadana en el cual  se acordó  que  la transformación del sistema energético de Colombia debería basarse en cuatro principios: equidad; gradualidad,  soberanía y  confiabilidad; participación  social  vinculante, y una  transición intensiva en  conocimientos. En febrero  de 2022, Ecopetrol presentó su visión  estratégica  para  2040 y sus objetivos operativos y financieros para 2022-2024. El plan de largo plazo, “Estrategia  2040: Energía  que  transforma”, está destinado a responder de manera amplia  a los retos actuales  ambientales, sociales y de gobernanza (Ecopetrol, 2022). Un año y medio más tarde, la empresa actualizó ese plan  y proclamó su objetivo de convertirse en “líder en América  de la diversificación de energía”,  invirtiendo en “hidrocarburos, soluciones de bajas emisiones y transmisión, carreteras y telecomunicaciones”. Además,  reiteró su voluntad de contribuir a una  transición energética justa y su “compromiso con la seguridad energética, el medio  ambiente y la contribución a la sociedad”.

En noviembre de 2022, Ecopetrol confirmó la suspensión de sus proyectos  de fracturación hidráulica y la cancelación de los acuerdos con  Exxon  Mobil.  Tras años  de intensos debates  internos, los miembros de la USO llegaron a un acuerdo en una  votación de la Asamblea  Nacional de Delegados celebrada en 2019 (con setenta y siete votos a favor, cinco en contra y veintidós abstenciones) para rechazar el uso de la fracturación hidráulica y exigir que el Gobierno acelerara la transición de Ecopetrol para convertirse en una  empresa de energía centrada en las energías renovables. La suspensión de la fracturación hidráulica ha sido una  promesa de campaña de la coalición  de izquierda Pacto Histórico y una demanda principal de los activistas  sociales y ambientales durante el paro  nacional: una serie de protestas que  sacudieron a Colombia en la primera mitad de 2021 y que  incluyeron manifestaciones callejeras  multitudinarias contra la violencia policial, la corrupción y los recortes a los servicios de salud y otros servicios públicos  propuestos por el entonces presidente de derecha  Iván Duque.

En el contexto de su Estrategia  2040, la empresa tiene  un  plan ambicioso de producir hidrógeno “verde”, amoníaco “verde” y metanol,  que  se prevé  generará ganancias  de entre  20.000 millones y 25.000 millones de dólares de aquí a 2040. En septiembre de 2023, el presidente de Ecopetrol anunció que de aquí a 2030 incorporarían alrededor de 1900 megavatios de fuentes  de energía  renovable no convencional y para  2050 de 3 a 5 nuevos  gigavatios de energía  renovable. Esa es la meta  y aspiración de Ecopetrol en la transición energética (Campos  y Acosta, 12 de septiembre de 2023).

No obstante, para que Ecopetrol pueda  ampliarse al sector de la electricidad, deberá  cambiar de marco  jurídico. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2025 aprobado a comienzos del actual Gobierno establece  las bases para que Ecopetrol se convierta en una  empresa de energía  integral, mediante la derogación de artículos clave de legislación  anterior a través de los cuales se obligaba a la desagrega- ción de la empresa y se evitaba  el funcionamiento de empresas de energía  de integración vertical.

Los retos de la democratización

La referencia a Ecopetrol como  empresa administrada por el Estado, pero  que no es propiedad del Estado, en el título del presente capítulo, no  es fortuita. Durante cuarenta años, diversos  Gobiernos han intentado privatizar y debilitar a Ecopetrol y a otras  empresas públicas, en detrimento del desarrollo económico y social y la soberanía nacional. Las políticas  de saqueo  se volvieron más intensas  en los años  noventa, con varias olas de liberalización económica que agravaron las desigualdades sociales y la continuación del conflicto armado, pero las luchas de los trabajadores impidieron la privatización de Ecopetrol (Escobar, 3 de agosto de 2020).

Desde  mediados de  los años  sesenta,  Colombia ha  atravesado una  denominada “guerra asimétrica de baja intensidad”, en la cual las fuerzas  armadas del país, las guerrillas de izquierda, los grupos paramilitares de extrema derecha  y el crimen organizado estuvieron  directamente  involucrados, y el Gobierno de Estados  Unidos y grandes  empresas colombianas y transnacionales participaron en forma  más o menos encubierta. En ese contexto, el distanciamiento de las políticas de Ecopetrol de las necesidades sociales de las clases trabajadoras provocó  la militarización de la empresa y su control se disputó entre  diferentes sectores de la clase dominante colombiana. Los vínculos  entre  la empresa y las actividades  paramilitares de extrema derecha, incluido el asesinato de sindicalistas y activistas locales, han sido denunciados en diversas partes de Colombia (Becerra Ostos, 2009), en particular en la municipalidad de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, donde se encuentra el mayor centro de refino y producción de petroquímicos del país (Bonilla Mora, 24 de noviembre de 2023).

Los conflictos  internos por  el control de Ecopetrol provocaron una  serie de cambios  en  la propiedad y gestión  de la empresa en los últimos treinta años. Antes de 2000, Ecopetrol era una  empresa industrial y comercial del Estado. En junio  de 2003, el Gobierno derechista de Álvaro Uribe decidió convertirla en una empresa que cotiza en la bolsa: hasta 2007, cuando se convirtió en una  empresa de economía mixta y pasó a llamarse  Grupo Empresarial Ecopetrol. La modificación de la estructura de propiedad y gestión  de la empresa también significó un  cambio regulatorio: Ecopetrol dejó de ejercer sus funciones como organismo del Estado que administraba el sector  petrolero, una  función que  fue transferida a la nueva  Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, estos cambios  implicaron que Ecopetrol pasó de ser una empresa pública  de propiedad y administración exclusivamente estatales  a ser una  empresa privada controlada por el Estado.  En enero de 2023, un  economista colombiano caracterizó la privatización de Ecopetrol de la siguiente manera:

Ecopetrol  y las entidades de Bogotá están privatizadas en los hechos, sin que se hayan  vendido  las acciones que allí poseen el Gobierno nacional y el distrito capital. Es la mejor forma de privatizar; […] como presidentes de las juntas directivas se nombran a privados. […] los privados manejan empresas estatales sin aportar un solo peso, y las administran según sus criterios  personales  y los intereses  que representan […] siguiendo las normas de OCDE, […] lo que llaman la gobernanza corporativa significa para esta institución superneoliberal que el Estado no la maneje sino privados (Otero, 31 de enero  de 2023).

Durante algunos años se ha suscitado una discusión recurrente sobre la reforma de los estatutos de la empresa. El Estado colombiano controla el 88 % de las acciones y, por lo tanto, tiene  la facultad  de presentar una  lista de candidatos para  los nueve miembros de su junta directiva a través del Ministerio de Hacienda. Habida cuenta de que Ecopetrol está registrada en  la bolsa  de valores de Nueva York, tales nombramientos deben  cumplir los criterios  estrictos establecidos por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos. Poco después de haber  asumido, el Gobierno de Petro contempló una opción, criticada  en círculos  empresariales y políticos, que  consistía  en  añadir un puesto para un representante sindical en la junta directiva  de Ecopetrol. Contar con un representante del sindicato en la junta directiva  de Ecopetrol ha sido una demanda de la USO durante mucho tiempo. El presidente del sindicato, César Loza, dijo al periódico El País de Madrid  a finales de 2023:

Ya hay una asamblea extraordinaria convocada por el accionista  mayoritario para hacer unas modificaciones a la junta para que haya una mayor participación de mujeres y, probablemente, para que se dé la llegada del compañero Edwin Palma, viceministro de Trabajo [y sindicalista y ex presidente de la USO] (Sánchez, 3 de diciembre de 2023).

Si bien  la inclusión de Palma  sería bienvenida, los afiliados  de la USO que entrevistamos subrayaron que Palma es un  funcionario del Gobierno actual,  por lo que esta medida no cumpliría su reclamo de incluir a un miembro activo del sindicato en la junta directiva de Ecopetrol.

Conclusión

La transición energética de Colombia tiene varias características singulares. El presidente del país es un exguerrillero y ambientalista que fundamenta sus posiciones en la ciencia del  cambio  climático y señala las limitaciones del capitalismo para  cumplir las metas climáticas. La empresa nacional de petróleo ha comenzado a llevar a cabo una transformación drástica de sus operaciones y misión, con un pie en la bolsa de valores de Nueva  York y otro  firmemente anclado en  el camino hacia  una transición justa.  Los sindicatos y las organizaciones ambientalistas están deseando tener un mayor poder de decisión en la transición. Sus propuestas y reclamos  coinciden en algunos  aspectos y divergen  en otros.

Al igual que la mayoría de las empresas nacionales de petróleo y gas, Ecopetrol afronta enormes desafíos, habida cuenta de su papel central en  brindar recursos  vitales  que  el Gobierno necesita  para financiar los servicios públicos  y una  transición justa, lograr seguridad energética y mantener o generar cientos  de miles de empleos. El compromiso para  transformar y diversificar  operaciones para que  Ecopetrol pueda  convertirse en una  empresa de energía  integrada no tiene precedentes en el mundo. No obstante, el adjetivo “justa” que antecede a la caracterización de la transición anunciada en la Estrategia  2024 de la empresa no  refleja  de manera cabal  su alcance  y contenido. El compromiso se refleja  principalmente en los planes  anunciados de ampliar el acceso a servicios de energía como  prioridad de la empresa subsidiaria ISA. Los documentos oficiales no especifican  exactamente cómo  se integrará la transformación de Ecopetrol en el marco de la “Hoja  de Ruta  de la Transición Energética Justa” del Ministerio de Minas y Energía, especialmente en cuanto a la distribución de los costos y beneficios  de la transición energética y los efectos en los trabajadores y las comunidades locales.

Fuera de Colombia, el camino que Ecopetrol debería emprender parece evidente y fácil de seguir: acelerar su transición para  abandonar los combustibles fósiles, diversificar  las fuentes  de energía  y beneficiarse “de mayor  resiliencia  y menor vulnerabilidad a las presiones externas e internas, como la volatilidad del precio del petróleo y el gas, las interrupciones en el suministro, los desastres ambienta- les y la presión  de los inversores” (Strambo y Arond, 23 de noviembre  de 2023). No  obstante, nuestras entrevistas con representantes de órganos  gubernamentales, sindicatos, organizaciones ambientalistas y centros de investigación en Colombia demuestran que  el camino es mucho más pedregoso, estrecho  y empinado de lo que parece, por varios motivos.

Las empresas nacionales de gas y petróleo son  fundamentales en la transición energética debido  a que son algunas  de las mayores productoras de petróleo del mundo y en ocasiones las empresas más grandes  a nivel nacional. Investigadores, sindicalistas  y organizaciones ambientalistas deben  profundizar y ampliar sus intercambios sobre el papel  del Estado y el significado y las perspectivas futuras de la vía pública en el sector energético.

A Colombia le quedan muy  pocos años de suficiencia energética y depende de los combustibles fósiles para  sus exportaciones y presupuesto público. Este es uno de los principales retos  a las ambiciones de descarbonización del país. La capacidad  actual de electrificación dista mucho de satisfacer las necesidades  futuras. La transición energética requiere voluntad política  además  de recursos financieros. Colombia ha demostrado tener  la capacidad  de generar energía  solar, eólica, marina y geotérmica (Vega Araújo  y Muñoz Cabré, 2023), pero sin recursos  la transición energética no es viable. Los aproximadamente 8000 millones de dólares que Ecopetrol contribuye cada año a las arcas del Estado no pueden pasarse por alto (Corficolombiana, 2023).

A pesar de las tensiones y el discurso oficial contradictorio sobre la dirección actual  de la transición energética, se han  logrado  avances importantes, como  el compromiso de detener nuevos  contratos de exploración de petróleo y gas, el comienzo de la diversificación de la cartera  de Ecopetrol, la decisión de poner fin a la fracturación hidráulica y los crecientes debates  sobre  la democratización de la junta directiva  de Ecopetrol.

Una  mayor democratización implicará lidiar con el legado del conflicto armado de Colombia y los antiguos vínculos entre  la extrema derecha y Ecopetrol y la represión autoritaria, dirigida en forma desproporcionada contra trabajadores petroleros.

La experiencia colombiana demuestra de qué  modo  puede  llevarse a cabo una transición energética justa a nivel nacional si existe articulación entre los planes nacionales y las estrategias  mundiales. Para los países del sur global, la descarbonización del sistema energético es un desafío enorme. En América  Latina  es posible  transformar la matriz energética si existe voluntad política  fundada en empresas de energía  de propiedad estatal que  impulsen la transición, como es el caso de Uruguay, que ha emprendido una  rápida  y considerable transición hacia la generación de energía  renovable en los últimos diez años (Meadows, 27 de diciembre de 2023). También sería posible  concebir planes  para  exportar otro  tipo de combustibles −por ejemplo, hidrógeno verde, como  propone Ecopetrol (Roa Barragán, 16 de enero  de 2024)−, pero solamente si las potenciales fuentes de energía renovable y su demanda son de magnitud considerable. En todo caso, la reestructuración de la industria petrolera es muy compleja y depende de que se lleve a cabo una  transformación considerable de las estructuras y relaciones financieras y del comercio internacional. El presidente de Colombia propuso en Davos canjear deuda externa por el compromiso de dejar  el petróleo en el suelo. En ese sentido, cabe recordar que una propuesta similar realizada por el país vecino, Ecuador, durante el Gobierno de Rafael Correa no suscitó la reacción esperada de la “comunidad internacional” y se utilizó para justificar una  expansión polémica de la exploración  petrolera (Laastad, 2023).

Los hidrocarburos han  determinado durante mucho tiempo las estructuras económica, política  y social de Colombia y han generado crecimiento económico en  el último decenio,  representando alrededor de la mitad  de sus ganancias de exportación. En este contexto, Gustavo Petro ha reposicionado la justicia climática en el centro de su agenda  política, junto con la lucha  contra la pobreza y la desigualdad. Más allá del resultado del debate  actual sobre el futuro de los combustibles fósiles en Colombia, este tendrá un efecto profundo en la razón de ser de Ecopetrol y en la identidad del país.

Es imposible concebir una  transformación de la extracción de petróleo o la diversificación de Ecopetrol y de otras empresas nacionales de petróleo y gas del mundo sin que los trabajadores asuman un  papel  importante en la transición, basado  en las experiencias y los conocimientos desarrollados durante más de un siglo. En este contexto, los trabajadores de la USO han declarado explícitamente su aspiración de que Ecopetrol lidere la transición para abandonar los combustibles fósiles (Semana, 29 de mayo  de 2023). Han  reafirmado su interés en recapacitarse y utilizar las competencias que han adquirido en las plataformas petroleras para construir y operar centrales de energía renovable. Pero también advierten que los planes del Gobierno deben evitar una crisis de suministro y asegurar el flujo de ingresos que el país no puede rechazar de la noche a la mañana, especialmente cuando ya está claro que las reservas de gas y petróleo se agotarán en menos de diez años.

El Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez está intentado demostrar al mundo que es posible gestionar el declive y la reestructuración de las empresas petroleras para el beneficio  social. Colombia ha propuesto un “Plan Marshall” mundial para combatir el cambio climático (Reuters, 22 de junio de 2023) y ha señalado que gravar las transacciones financieras podría  ser una forma de obtener algunos  de los recursos  que  se necesitan urgentemente. Los canjes de deuda  por la acción climática, como  propuso Petro  en Davos −y como  había  sugerido  anteriormente el Pacto  Social Del Sur (Pacto Ecosocial del Sur, 16 de junio  de 2020) y se había  discutido en las dos últimas COP sobre cambio  climático después de que la primera ministra de Barbados  presentara la Iniciativa Bridgetown para reestructurar la arquitectura financiera mundial (Feminist Action  Nexus, 2023)− podrían ayudar a los países dependientes del petróleo a desarrollar fuentes de energía menos  destructivas y seguir  financiando políticas y programas sociales. En este contexto, hay una  necesidad urgente de ampliar y profundizar la discusión sobre cómo reivindicar y transformar a Ecopetrol y a otras empresas nacionales de petróleo y gas en diferentes regiones  del mundo.

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Vega Araújo,  José y Muñoz Cabré, Miquel  (2023). Solar and wind power  in Colombia: 2022 policy overview. SEI Brief. https://www. sei.org/publications/solar-wind-power-colombia-2022/