Ciclo de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid. 

Cada sesión contará con la presencia de los y las autoras de algunos artículos destacados de la revista, según la temática elegida para cada edición y se pondrá a disposición de los asistentes materiales como artículos y resúmenes de cada número, para facilitar la reflexión y la puesta en común.

La pandemia de la Covid-19 ha irrumpido, paralizado y trastocado nuestras vidas; como una nueva dramática manifestación, un gran ensayo general de las amenazas globales que se derivan de la crisis ecosocial actual, una gran crisis más profunda, más duradera y más difícil de superar por la complejidad y las dimensiones desde las que se origina.

Como han mostrado otras crisis, se plantean dos escenarios: o volver a la normalidad pre-pandemia, retomando la marcha en la vieja dirección y entendiendo esta vivencia como una trágica perturbación en el camino, o pensar en ella como una oportunidad para un cambio real y radical que abriría las puertas a un modelo de futuro más sostenible, más justo y democrático.

¿Estamos dispuestos a cuestionarnos, como ciudadanía activa, crítica y consciente, el orden social, económico, político que determina nuestras sociedades y nuestros estilos de vida?

¿Estamos dispuestos a repensar una nueva realidad donde sepamos interiorizar cuáles son nuestros límites como especie y lo que eso implica?

¿Estamos dispuestos a pensar qué es lo verdaderamente importante para las personas y las sociedades?

Coordina: Revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global  y FUHEM Ecosocial.

Programación:

Décima Sesión: Justicia Ecológica para la Tierra

03 de diciembre de 2024 

La décima sesión del ciclo trata de cómo la crisis ecosocial nos interpela, entre otras cosas, sobre el modo en el que tenemos que afrontar nuestras relaciones con la naturaleza, ya que una de las dimensiones más relevantes de esta es precisamente la forma en la que nos apropiamos de la misma y los impactos asociados.

En ese sentido, con frecuencia, se ha apelado a los valores instrumentales que soportan los distintos códigos éticos de comportamiento individual, o que constituyen la base de la regulación de las relaciones entre seres humanos en las que media algún aspecto relacionado con la naturaleza. Este ha sido el ámbito tradicional del derecho y de la justicia ambientales. Sin embargo, esta forma de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza en la que esta es un objeto de la relación entre humanos, y no es un sujeto con intereses propios está cada vez más puesta en entredicho, y es claramente insuficiente.

Fruto de esta insatisfacción se está produciendo la emergencia de una justicia ecológica, donde son centrales los valores intrínsecos de la naturaleza que, más allá del inevitable antropocentrismo epistemológico, confieren calidad de sujeto de derechos a la naturaleza sobre la base de sus propios intereses, que necesitan ser representados y defendidos, como lo son ya los de los humanos.

Las manifestaciones de que algo nuevo se está gestando en el mundo de la justicia para salir del antropocentrismo en el que está sumida son ya muchas y muy diversas. Y la fuerza con la que esta nueva corriente recorre los recovecos del derecho es impactante. Así, incluso el derecho constitucional está siendo ya permeado por estos nuevos aires en las relaciones ser humano-naturaleza, como se demuestra, por ejemplo, en los casos de los textos constitucionales de Ecuador (2008) o de Bolivia (2009), incluso en la redacción de la fallida propuesta de constitución sometida a referéndum en Chile, o en multitud de resoluciones de tribunales constitucionales en diversos países del mundo.

Intervienen:

Rodrigo Míguez Núñez, profesor en la Universidad del Piamonte Oriental (Italia).

Valeria Berros, profesora en la Universidad Nacional del Litoral (Argentina).

Leticia Alburquerque, profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil).

Presenta y modera:

Pedro Lomas, FUHEM Ecosocial.

Novena Sesión: ¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?

02 de octubre de 2024 

La IA está en nuestras vidas de forma silenciosa y apenas visible. Nos acompaña de forma imperceptible a pesar de determinar profundamente nuestro modo de vida y la reproducción de las dinámicas sociales y relaciones de poder.

La sesión que tuvo lugar el 2 de octubre de 2024 abordó cómo la creciente adopción de sistemas de Inteligencia Artificial – IA en distintos ámbitos de nuestra vida nos obliga a reflexionar bajo múltiples perspectivas en torno a las implicaciones de estas tecnologías y que fue el tema abordado por el número 164 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

Octava Sesión: Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia

16 de noviembre de 2023 

Los conflictos ecosociales y la nueva geopolítica de recursos perfilan escenarios que replantean luchas y extienden espacios de resistencia.

La creciente pugna por unos recursos estratégicos escasos y las exigencias derivadas de la progresiva digitalización o la transición energética de los países del centro capitalista, aventuran un recrudecimiento de los conflictos (en todos los planos: el comercial, el tecnológico o el militar) y un incremento de la importancia de la geopolítica para preservar esferas de influencia y garantizar el acceso y la seguridad en el abastecimiento de los recursos (colonialismo verde).

Ejemplos paradigmáticos en ese sentido podrían también relacionarse con la actual etapa del capitalismo verde, asociada al proceso de descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas, que en el fondo siguen manteniendo un modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y aceleran la destrucción de los territorios y de los ecosistemas.

De ese modo, hablar de conflictos ecosociales, geopolítica de los recursos o colonialismo verde hace necesario abordar y analizar el escenario de nuevos y/o ampliados extractivismos que se viene perfilando, así como de sus consecuencias, en clave tanto interna (conflictos y polarización territorial) como externa (influencia en los grandes conflictos socio-ecológicos globales y geopolítica de los recursos). Y esto requiere complejizar nuestros análisis de diferentes maneras, hasta extender la mirada hacia nuevas experiencias y formas de resistencias territoriales en todo el mundo.

Reflexionamos sobre todo ello al hilo de la reciente publicación del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a profundizar en estas temáticas.

En el acto contamos con la presencia de:

Breno M. Bringel, investigador en UCM.

Bonnie Campbell, profesora en Universidad de Quebec, Canadá.

Francisca Fernández Droguett, activista Plataforma Defensores de la Tierra y el Territorio de Chile.

Presenta y modera: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Séptima Sesión: La insoportable sostenibilidad de nuestro modo de vida

15 de junio de 2023

Cuando las normas de producción y consumo nos arrastran hacia una gravísima crisis ecosocial, se hace necesario reflexionar sobre qué significa una vida buena y de calidad.

La existencia moderna, pese a sus considerables logros, acarrea toda una serie de efectos e impactos que inciden negativamente, de una manera u otra, sobre la prosperidad y el buen vivir de las personas hasta llegar a comprometer la supervivencia misma de la especie humana, generando malestares, desigualdades, precariedad, etc. En estas circunstancias, llama poderosamente la atención un cierto abandono de la reflexión acerca de lo que significa hoy una vida buena, digna de ser vivida.

En la vida personal, por ejemplo, todas esas dinámicas tienen importantes contrapartidas. Por un lado, el evidente coste de oportunidad de todo el tiempo y esfuerzo dedicado a perseguir el ingreso necesario para alcanzar un determinado estatus social y económico que se retrae, sin embargo, de actividades significativas y relaciones interpersonales gratificantes que se ven sacrificadas. En muchos casos, además, ni siquiera esos afanes son capaces de garantizar una vida digna.

Un porcentaje significativo de la población padece, por ejemplo, jornadas laborales maratonianas, en malas condiciones y con bajos sueldos. Por otro lado, la alta temporalidad y precarización condicionan la posibilidad del desarrollo de proyectos vitales, especialmente en los más jóvenes, en población migrante, etc.

En otro plano, se está asistiendo a la degradación y destrucción de la naturaleza, especialmente desde la última mitad del siglo pasado siglo, cuando se incrementó de manera exponencial el crecimiento económico y, con ello, la población, el consumo energético, la extracción de recursos, etc., resultando de todo ello unos impactos inmensos sobre los ecosistemas y el conjunto de la biosfera.

En definitiva, cuando el modo de vida imperante, es decir, las normas de producción y consumo que adopta la sociedad, socava las condiciones sociales y naturales sobre las se asienta, como hace el capitalismo, el bienestar que proporciona se ve contrarrestado por el malestar que ocasiona el reparto desigual de cargas sociales y ecológicas que lleva asociado.

Para reflexionar y debatir sobre todo esto, contamos con Alfonso Sanz y Carlos Verdaguer de Gea 21 y autores en el último número de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, acompañados por Nuria del Viso y Monica Di Donato del equipo de FUHEM Ecosocial. Modera el acto Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de la revista y del área Ecosocial de FUHEM.

Bajo el título Desafíos demográficos abordamos, entre otras cuestiones, como en dos generaciones se ha «llenado el mundo» y, en apenas una, el «hábitat humano ha pasado a ser urbano» generando la situación de extralimitación en la que nos encontramos. En el contexto de la actual crisis ecosocial, tanto una población geográficamente distribuida de manera desigual como dinámicas demográficas muy dispares representan factores determinantes a tener en cuenta.

El envejecimiento y el declive demográfico empiezan a ser un hecho en gran parte del mundo, mientras que en otras zonas el crecimiento demográfico impulsado por una población joven seguirá siendo la norma durante años.

Desde el 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, viven más personas en las ciudades que en el mundo rural. Esta situación tiene fuertes repercusiones a nivel socioecológico, que constituyen un substrato fértil para la alimentación del actual contexto de crisis ecosocial, caracterizado por una situación de extralimitación y destrucción, así como por una creciente desigualdad social.

En ese sentido y si atendemos a las proyecciones, el continente africano es un espacio al que prestar mucha atención debido a su peculiar dinamismo demográfico: es el único continente donde aún hay más población rural que urbana. El crecimiento poblacional de África es dos veces el del Sureste asiático y casi tres veces el de América Latina y lo que impulsa esa dinámica es el hecho de que en la mayoría de los países africanos alrededor del 70% de su población sea menor de 30 años. Esto contrasta fuertemente con la situación del resto del mundo, donde la población autóctona envejece aceleradamente. España y la UE representan casos paradigmáticos en ese sentido. Las previsiones de que se reduzca la población española en las próximas décadas, al tiempo que se incrementa su edad promedio, hacen que se hable de la dinámica demográfica como un reto de primer orden cuyos efectos se sentirán en los patrones de consumo y de ahorro, en la evolución de la fuerza laboral y en la eficacia del sistema de bienestar social. Al problema del envejecimiento se suma además el de la distribución geográfica, de manera que las zonas más envejecidas coinciden además con las más despobladas.

Parece así indudable que si, por un lado, las preguntas fundamentales sobre qué producir, cómo hacerlo y con qué criterios distributivos siguen siendo las cuestiones centrales a las que hay que responder como sociedad, también es evidente que no podemos obviar que las dinámicas demográficas condicionan, y mucho, la posibilidad de atender con responsabilidad y solidaridad a esos grandes retos.

Para reflexionar y debatir sobre todo esto, contamos con la presencia de tres autores invitados en el número 160 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global:

• Luis Del Romero, profesor en la Universidad de Valencia.
• Nuria Salvador Fernández, miembro e investigadora de la Asociación Recartografías.
• Andreu Domingo, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics/CERCA de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Moderación: Monica Di Donato de FUHEM Ecosocial.

Quinta Sesión: Sin justicia social no hará transición posible

29 de noviembre de 2022

Bajo el título Sin justicia social no habrá transición posible, abordamos cómo las desigualdades están aumentando significativamente en todo el mundo, y que existe un vínculo estrecho entre las desigualdades a nivel ambiental y social, por ello, si no actuamos en ambos planos a la vez, no es viable pensar en ningún modelo de transición justa y sostenible.

Los impactos de la crisis económica, de la crisis ecológica y de la crisis sanitaria de la que estamos intentando salir son una muestra más de cómo las desigualdades están aumentando de manera significativa en todo el mundo y, también, de que existe un vínculo estrecho, aunque no siempre percibido, entre las desigualdades ambientales y sociales. A pesar de ello, los objetivos de justicia social y ecológica suelen verse de manera disociada, cuando no claramente contrapuesta, creando tensiones en las políticas correspondientes y enormes carencias y desajustes en cuanto a las soluciones a los problemas concretos.

Desde la esfera global vemos, por ejemplo, que los países ricos contaminan mucho más que los países pobres y también que se verán mucho menos afectados por las consecuencias. Este es el tipo de injusticia ligada a este fenómeno y que nos induce a pensar que la dimensión ecológica se presenta como la nueva frontera de las injusticias sociales. También hay que comprender que en cada país existen grandes y pequeños contaminadores, así como personas que se verán más afectadas por problemas ligados a la contaminación, la exposición a residuos o sustancias peligrosas, dificultades en el acceso a fuentes de energía, o la exposición frente a eventos o episodios climáticos extremos, etc.

En este sentido, la crisis ecológica plantea la cuestión fundamental no sólo de un “reparto” más o menos justo y sostenible de los recursos naturales disponibles en la naturaleza, sino también, de su degradación, así como de las responsabilidades de los diferentes actores sociales implicados (individuos, empresas, etc.). Esto es una muestra de cómo la conciliación entre las dimensiones antes citadas no sólo es posible sino necesaria, a través de la exploración de vías de trasformación hacia escenarios de mayor justica para superar las crisis actuales.

El diálogo que proponemos para esta sesión tiene como objetivo profundizar precisamente en algunos de estos ejes claves que planea el circulo vicioso entre las desigualdades sociales y ecológicas.

Para ello contamos con la presencia de:

• Lucas Chancel, economista francés especializado en desigualdad y en política ambiental. Ha sido entrevistado para Revista PAPELES 159 y es autor del libro Desigualdades Insostenibles: por una justicial social y ecológica perteneciente a la Colección Economía Inclusiva de FUHEM Ecosocial y La Catarata.
• Sergio Tirado Herrero, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid especializado en el ámbito de la pobreza energética y las transiciones justas. Es colaborador en el Dosier Ecosocial de FUHEM Ecosocial con un texto dedicado al tema de la vulnerabilidad energética y las olas de calor en hogares urbanos.
• Claudia Narocki, socióloga experta en Gestión de la Prevención de riesgos laborales e investigadora en la Fundación 1º de Mayo. Es colaboradora en el Dosier Ecosocial con un texto dedicado a las desigualdades en el ámbito laboral y episodios de altas temperaturas.

Organizan: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, de FUHEM Ecosocial,  La Casa Encendida y la Editorial Catarata

Con el apoyo de: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Instituto Francés

Cuarta Sesión: Transición energética sin crisis ecosocial

26 de abril de 2022

Pensar la transición hacia una nueva base energética requiere algo más que una aceleración del desarrollo tecnológico y sustituir las fuentes energéticas de origen fósil por otras de naturaleza renovable.

La interiorización de la existencia de los límites naturales debería situar, como ejes centrales en una estrategia de transición, dos cuestiones. La primera, ser conscientes de que la senda por la que transitaremos será descendente en términos energéticos, dada la existencia de límites (materiales, territoriales, de eficiencia tecnológica, etc.). La segunda, asumir que el camino hacia la descarbonización de la economía va a estar condicionado necesariamente por lo anterior.

Existen, además, otros planos que no es posible obviar dentro de este mismo debate. El primero tiene que ver con la denominada descarbonización mediante electrificación de todos los procesos que hasta ahora se encuentran alimentados con recursos fósiles, y que en adelante obtendrían los suministros de un sistema eléctrico basado en flujos renovables. Esta vía, sin pensar en cambios profundos en el modo de vida hegemónico, además de los ya citados límites biofísicos, no está exenta de su propia problemática, particularmente derivada de la singularidad que presenta la electricidad como producto.

Otro plano ineludible que añade complejidad a la transición es la presencia en el sector energético de instituciones, actores y relaciones de poder que, de no tomarse en consideración, marcarán las posibilidades de que aquella pueda llegar a ser justa además de sostenible.

En ese sentido, la crisis energética difícilmente puede abordarse con el nivel de complejidad y seriedad que requiere si no nos pone frente al espejo de la situación de extralimitación en la que nos encontramos, y no se encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios, rezuma fuertes tensiones geopolíticas.

Para que la transformación de la matriz energética no desemboque en una tragedia ecosocial sin precedentes, hay que perfilar horizontes emancipatorios que tengan otros fines y partan de otros medios.

Contamos con la presencia de tres autores/as invitados en el número 156 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global:

• Óscar Carpintero, profesor en la Universidad de Valladolid.
• Tica Font, miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
• Rafael Fernández Sánchez, profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Moderación: Mónica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Tercera Sesión: Posibilidades y probabilidades: Lo que podemos aprender de lo ocurrido

26 de octubre 2021

La sesión Posibilidades y probabilidades: Lo que podemos aprender de lo ocurrido, parte de tres preguntas ligadas a los escenarios temporales de la crisis pandémica (pasado, presente y futuro) para abordar cómo, en la era del capitalismo global, las formas de relacionarnos con la naturaleza han generado condiciones idóneas para la propagación de pandemias, exacerbando además la virulencia ligada a las perturbaciones climáticas.

En este contexto, el encuentro reflexiona, además, sobre las claves para prevenir futuras pandemias en un marco de incertidumbre y complejidad.

Existe un amplio consenso entre la comunidad científica sobre el hecho de que la presión humana sobre los ecosistemas está erosionando la biodiversidad y las barreras naturales que nos protegen de aquellos agentes patógenos que favorecen las condiciones ideales para la propagación de pandemias de origen zoonótico.

Se cree que esta situación contribuye, además, a acentuar, tanto por su frecuencia como por sus impactos, fenómenos ligados a la crisis ecosocial, como, por ejemplo, las perturbaciones climáticas. Pese a todo esto, los avisos de la ciencia durante décadas han caído en saco roto, siendo completamente desatendidos por la acción política.

En este diálogo el encuentro pretende reconstruir, a través de los distintos aspectos que conforman la temática, los escenarios que han marcado el desarrollo de esta crisis anunciada.

En el apartado ¿Qué ha pasado?, haremos un diagnóstico del panorama al que hemos llegado, inmersos en la confluencia de muchas crisis.

En ¿Qué pasa?, analizaremos este conocimiento como lección ante futuras amenazas.

Por último, en ‘¿Qué podría pasar?‘, haremos una proyección en el marco de una realidad cambiante, compleja e incierta.

En ese sentido, la Covid-19 ha dejado expuestas amplias brechas de conocimiento, incertidumbre, conflictos de valores, intereses y visiones enfrentadas, no sólo acerca de la enfermedad sino también acerca de la sociedad. Además, ha puesto en tela de juicio el papel mismo de la ciencia en relación con problemas complejos, en el sentido de que el estado actual del conocimiento científico no es capaz de garantizar la predicción absoluta y el control sobre cualquier tipo de perturbación que podamos experimentar en el futuro.

Ante esta situación, probablemente sería mucho más efectivo que nuestras sociedades se orientasen también a actuar en la búsqueda de resiliencia-adaptación, y no bajo el supuesto de que los recursos deberían asignarse exclusivamente al desarrollo de una estrategia de predicción y control.

Una lección que la pandemia ha dejado clara es que tenemos que convivir con la complejidad. A partir de ahí, y siendo conscientes del contexto incierto en el que hay que tomar además decisiones urgentes, la cuestión es: ¿Sabemos cómo hacerlo?

Participan en el debate tres de los autores del número 154 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, “Pandemia y Crisis Ecosocial”.

• Silvio Funtowicz, profesor en la Universidad de Bergen. Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento.
• Elisa Oteros Rozas, investigadora del colectivo FRACTAL. Raíces socioecológicas de una pandemia prevista.
• Raquel Pérez Gómez, especialista en genética. La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que vendrán.

Modera: Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

Coordina: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial.

Segunda Sesión: Un nuevo enfoque científico para el Antropoceno

10 de mayo 2021

La segunda sesión del Ciclo Debates para un Pensamiento Inclusivo quiere reflejar el interés que FUHEM Ecosocial a través de su revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global tiene sobre la tecnociencia en tiempos (post)modernos (PAPELES 133)  y sobre los espejismos tecnológicos (PAPELES 134), números que servirán como telón de fondo al debate, y constituyen la base de recursos y materiales bibliográficos para alimentarlo.

El binomio ciencia-técnica constituye uno de los grandes logros de la modernidad occidental. No obstante, en los últimos 50 años se está dando un cuestionamiento significativo de la ciencia en diferentes campos: desde la crítica, donde las preguntas planteadas a la ciencia sólo se pueden satisfacer si se reducen a un ámbito puramente técnico-científico, hasta el planteamiento de un enfoque más radical, holístico y probabilístico, que prevé más de una respuesta en función del contexto de referencia y teniendo en cuenta factores no científicos y rasgos como la incertidumbre.

En la actual era del Antropoceno, marcada por problemas complejos, una aproximación exclusivamente tecnocientífica, reduccionista y lineal parece cada vez más inadecuada para proporcionar las respuestas deseadas y apoyar soluciones regulatorias que puedan ser aplicables de manera efectiva, y socialmente aceptables.

Esta mesa redonda propone un diálogo entre voces expertas que ayuden a formular un diagnóstico sobre la situación de la ciencia, en cuyo seno parece cada vez más evidente la subordinación de los elementos científicos más puros a elementos más tecnológicos y por tanto, más comerciales, así como una crítica acerca de los peligros de la tecnociencia, convertida en uno de los principales factores responsables de la crisis ecosocial.

A todo esto, se añade el riesgo ligado al ilusionismo tecnológico, por la ingenuidad que comporta confiar en que lo que nos está amenazando también nos podrá salvar. Finalmente, sería deseable pensar colectivamente el modo en el que puede establecerse un diálogo constructivo y útil entre ciencia, política y sociedad.

Intervienen:

• Salvador López Arnal, filósofo y activista. Autor invitado en el número 133 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y editor de la ponencia de Manuel Sacristán La función de la ciencia en la sociedad contemporánea.
• Alfredo Caro-Maldonado. Doctor en biología celular e inmunología. Comunicador científico en @cienciamundana. Miembro del colectivo La paradoja de Jevons.
• Zora Kovacic, investigadora y experta en Gobernanza y Ciencia Posnormal en la Universidad de Bergen (Noruega).
• Maite Paramio Nieto, catedrática de Producción Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y vicepresidente de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas – AMIT.

Modera: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Coordina: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial.

Primera Sesión:  Polarización, síntoma de una sociedad en crisis

1 de marzo 2021

La primera sesión del Ciclo Debates para un Pensamiento Inclusivo analiza cómo la polarización política corroe la democracia y amenaza con paralizar las instituciones democráticas. El avance de la posverdad en medios de comunicación y redes sociales, la desafección ciudadana y el agravamiento de las condiciones materiales en amplias capas de población, subyacen a este fenómeno.

La falta de tolerancia y respeto de los partidos políticos acaba calando en la ciudadanía y se expresa en forma de crispación, nihilismo y furia.

España figura entre los países más polarizados de Europa. ¿Hay salidas?

En este coloquio se abordan varios aspectos de la actual polarización política –sus características y consecuencias, el rol de los medios y redes sociales, y la cultura de la cancelación–, así como posibles salidas a través de preguntas clave de las moderadoras y el posterior debate con el público.

Para esta sesión contamos con autores de tres de los artículos del número 152 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global: Polarización, fracturas, crispación y posverdad.

• Luis Miller es científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC).
• Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación política en la Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros.
• Jordi Mir es profesor de filosofía moral y política en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona.

Presentan y dinamizan el acto:

Elisa Hernández de Pablo, Responsable de Medio Ambiente de La Casa Encendida

Nuria del Viso, FUHEM Ecosocial.

Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Coordina: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y FUHEM Ecosocial.

La crisis financiera de 2008 puso en evidencia la mala calidad de las políticas neoliberales y la fragilidad del capitalismo financiarizado. Quebró un sueño, y provocó pesadillas a millones de personas. No es que antes las cosas fueran maravillosas. Los problemas de todo tipo ya formaban parte de la vida cotidiana de mucha gente común en los países desarrollados (en el resto nunca ha habido una experiencia sostenida de bienestar).¹ Cuando estalló la crisis, ya llevábamos unos cuantos años analizando la precariedad laboral, el desempleo masivo y el crecimiento de las desigualdades.

El auge constructivo que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria no había servido para garantizar una vivienda digna a todo el mundo. Más bien al contrario. Esto es indicativo del cúmulo de contradicciones que se generaron en esta fase de la acumulación capitalista, bien diferente al anterior período expansivo de la postguerra mundial. Sin contar que el crac bancario de 2008 había venido precedido por una serie de crisis financieras (la de 1997, la del efecto tequila, la rusa, la asiática, la de las punto.com…) que apuntaban a la existencia de una fragilidad sistémica del mundo financiero.  Que la mayoría de economistas de postín  no se hubieran enterado  dice más de hasta qué punto se habían creído su propia ficción, que del poder analítico de sus esquemas teóricos. Habían ayudado a edificar un campo jurásico que, como el del film de ficción, se transformó en un mundo invivible para mucha gente.

Desde el estallido de la crisis financiera el mundo rico entró en una continua repetición de sobresaltos. El resto del mundo nunca ha salido de ellos. El crac inicial fue, posiblemente menos grave en términos sociales de lo que vendría a continuación. La primera oleada de la crisis trajo consigo el consiguiente crecimiento del paro y en países como España, donde la burbuja inmobiliaria había sido especialmente intensa, la primera oleada de desahucios, que acabarían convirtiéndose en una cuestión endémica. En esta primera oleada se adoptaron modestas medidas de expansión del gasto público para paliar la recesión y, sobre todo, se optó por salvar a toda costa al núcleo del sistema financiero. La segunda fase, caracterizada por la imposición en muchos países de las políticas de austeridad, fue posiblemente más dura y de efectos más duraderos que la recesión inicial.  Sobre el pretexto del endeudamiento externo de muchos países –y el claro objetivo de proteger a los grandes bancos acreedores– se desarrollaron políticas neoliberales extremas, especialmente recortes drásticos del gasto público, reformas “estructurales” del mercado laboral y los sistemas de protección sociales, privatizaciones, etc. Los países que implementaron estas políticas, como España, experimentaron una segunda recesión, más profunda que la inicial, una pérdida de derechos sociales y una escalada de desigualdades.²  Al final solo una política monetaria heterodoxa implementada  por parte del Banco Central Europeo consiguió impedir que las políticas de austeridad acabaran generando una debacle económica colosal. Pero los efectos de aquellas políticas ya habían provocado importantes daños económicos y sociales de largo plazo: aumento de las desigualdades, de la precariedad laboral, del acceso a la vivienda, deterioro de los servicios públicos, etc.

Solo una política monetaria heterodoxa implementada por parte del Banco Central Europeo consiguió impedir que las políticas de austeridad acabaran generando una debacle económica colosal

Cuando los grandes organismos económicos decretaban la superación de la crisis del 2008, llegó la pandemia. Y provocó otra crisis económica, en este caso asociada a la promulgación de políticas sanitarias que frenaron en seco gran parte de la actividad productiva. La crisis de 2020 probablemente es la primera crisis capitalista en la que el detonante no es uno de los habituales “fallos de mercado”, sino una decisión gubernamental adoptada para atajar un grave problema sanitario. Por esto para muchos economistas del mainstream puede considerarse que se trata de un shock externo al funcionamiento normal de una economía capitalista. Analizado con más detalle, la cuestión es más compleja: la pandemia y su extensión tienen una relación bastante clara con las dinámicas de la globalización. Por una parte, la propia pandemia parece estar relacionada con la presión que experimentan los sistemas naturales que facilita el traslado a la especie humana de virus procedentes de otras especies. De otra, más obvia, la enorme cantidad de flujos interterritoriales de la economía global favoreció la rápida difusión de la COVID-19 generando, en un plazo muy breve, una crisis sanitaria universal. Una crisis que además ha puesto en evidencia los efectos del debilitamiento de los sistemas sanitarios públicos, la vulnerabilidad de los sistemas productivos superespecializados y las indecentes desigualdades de poder entre países y entre sectores multinacionales. Si en la crisis financiera los grandes gobiernos protegieron por todos los medios a los grandes bancos, en la crisis de la COVID-19 hemos asistido a una protección parecida de los derechos de propiedad de la industria farmacéutica. Al igual que la crisis anterior, la crisis de la COVID-19, si bien ha sido más corta en su duración, ha dejado un reguero de efectos secundarios no solo en términos de desigualdades, sino también de salud (especialmente el incremento de las enfermedades mentales que forman parte del marco endémico de las sociedades modernas).

Las respuestas sociales a estas crisis no han sido homogéneas por diversas razones. Apuntaré las que considero más relevantes. En primer lugar, aunque la crisis financiera y la crisis de la COVID-19 se han experimentado en todo el mundo, sus efectos han sido localmente diferentes. Tanto porque las estructuras económicas, políticas, sociales o el despliegue de los servicios públicos difieren de un país a otro como porque las respuestas políticas han sido en algunos casos diferentes. A ello contribuye de forma relevante el hecho que la propia economía política y económica mundial está jerarquizada y concede un mayor o menor grado de acción en función de la posición concreta de cada país. Esto ayuda a entender, por ejemplo, por qué a algunos países se les impusieron grados de austeridad mientras otros pudieron adoptar medidas más “socialdemócratas”.³ O porque la COVID-2019 fue más dramática en Estados Unidos que en Europa, por la inexistencia en el primer país de un verdadero servicio público de salud. En segundo lugar, las estructuras sociales de las sociedades capitalistas son hoy más complejas que antes, especialmente por lo que respecta a la población asalariada donde se han desarrollados segmentos sociales que mantienen situaciones laborales, de renta y estatus diferenciadas.  Ello implica que el impacto de las políticas y la crisis afecta de forma asimismo desigual a diferentes grupos de la población, lo que condiciona sus respuestas. Por ejemplo, el deterioro de la asistencia sanitaria pública está dando lugar a protestas y movilizaciones, pero también a una respuesta de salida en forma de aumento de la afiliación a los seguros médicos privados. Es obvio que esta última respuesta solo es viable para determinados niveles de ingresos y lo que puede acabar generando es una sanidad pública solo orientada al segmento más pobre de la sociedad. No se trata solo de posibilidades materiales, de poder de “salida” individual.

Los procesos de socialización y la propia experiencia laboral generan experiencias vitales que conforman la subjetividad individual y esta se traduce en respuestas sociales diferenciadas ante una misma situación de partida. En tercer lugar, la enorme transformación del proceso de socialización e información que incide en las formas como las personas se relacionan, captan la realidad, interaccionan y que por tanto influye en las respuestas que adoptan ante un mismo fenómeno. Destacar al respecto que estos cambios han tendido a debilitar las viejas formas de organización colectiva y, condicionan a muchos movimientos sociales.

Llegó la inflación y la guerra

La dinámica de los acontecimientos parece corresponder a un guión escrito por un autor de narraciones apocalípticas: después de la pandemia, la guerra.  El origen de la inflación –algo que nos remonta a décadas anteriores, en las que se produjo la eclosión de las políticas neoliberales– es incierto y está por dilucidar. En todo caso, se inició antes del estallido de la guerra de Ucrania. En todo caso, esta última ha servido para realimentar un incendio que ya estaba declarado.

No está claro el origen de la situación, es posible que sea una combinación de factores.  Hay un cierto paralelismo con la situación de los años 1970 en el hecho de que la subida de los precios ha sido especialmente pronunciada en los combustibles fósiles (petróleo y gas) y en las materias primas agrícolas. Sin embargo, en aquel momento el factor determinante fue la política de precios de la OPEP la que generó el impulso inicial y ahora no se detecta una actuación semejante. No hay un agente único al que culparle del alza.

Una de las explicaciones plausibles es la que asocia el crecimiento de los precios energéticos con las perspectivas de caída futura de la producción y la necesidad de recurrir a explotar yacimientos donde la extracción es más costosa.⁴ En una línea similar se situarían los que argumentan que el alza de las materias primas agrarias tiene en parte su origen en las peores perspectivas de cosechas provocadas por los efectos del cambio climático, así como por la dependencia que tiene la agricultura convencional de los combustibles fósiles y sus derivados.  En su conjunto estas hipótesis pondrían en relación diversos elementos de la crisis ecológica –crisis energética, cambio climático– con el proceso inflacionario. De ser ciertos, estarían indicando que tras el alza de precios hay un problema de incremento de costes y de carestía de materiales que apuntan a un problema fundamental del futuro: la imposibilidad de mantener un modelo productivo en el que el despilfarro de recursos es una condición esencial de su funcionamiento.

El funcionamiento real de las economías capitalistas es demasiado complejo para atribuir toda la carga del proceso a un solo elemento. Los procesos de fijación de precios son mucho más variados que los simplistas modelos de adoctrinamiento económico. Lo podemos constatar en el caso de los precios eléctricos donde el precio final es el resultado de una particular regla –en este caso determinada por normas públicas– que ha permitido convertir las alzas del aumento del precio del gas en un negocio redondo para las eléctricas. A pesar que el gas solo representa una parte menor del proceso de producción eléctrica y que, como se ha mostrado en España, durante muchos días las centrales a gas no han intervenido en la producción. Los derechos de propiedad de que gozan las eléctricas les permitía “ofrecer” la energía de origen hidráulico a un precio ligeramente inferior al del gas (con el efecto colateral que en pleno agosto vaciaron pantanos con el consiguiente impacto ambiental). El escándalo de las eléctricas lo conocemos porque su sistema de precios depende de  una regulación pública, pero los oligopolios de diverso grado operan en gran parte de sectores posiblemente con mayor opacidad que el caso comentado.

En la medida que la mayor inflación se concentra en energía y alimentación obliga a considerar cómo operan estos oligopolios

Sin una investigación específica sobre el funcionamiento de mercados concretos va a resultar difícil saber cuáles han sido los motores desencadenantes de la inflación actual.  En algunos casos puede que se trate de un efecto “rebote”, de una actualización de precios para cubrir las caídas que las empresas tuvieron que hacer en plena pandemia (por ejemplo, en el sector de hostelería y restauración). También, que los distintos bloqueos que se forman en los cada vez más saturados circuitos logísticos y los parones experimentados en diversos momentos en la gran fábrica del mundo –China– pueden dar lugar a aumentos de precios. Pero en la medida que la mayor inflación se concentra en energía y alimentación obliga a considerar, más allá de los elementos estructurales ya señalados, la forman como operan estos mercados, los oligopolios que operan en los mismos, los elementos especulativos habituales en los mercados de futuros.

La invasión rusa de Ucrania realimenta estas tendencias y ofrece justificaciones a los especuladores de siempre.  Todas las guerras son situaciones propicias a la inflación y la especulación. El papel que tienen Rusia y Ucrania en el suministro mundial de petróleo, gas, cereales y aceite de girasol impactan en los mercados y generan respuestas que refuerzan estas tendencias: busca de suministros alternativos de mayor coste, acaparamiento, etc. También la guerra estuvo presente en el episodio inflacionario desatado en 1973, aunque la corta duración de la guerra del Yom Kipur no explica por si solo el cambio; más bien fue una cobertura de un proceso económico de mayor alcance.  Pero de nuevo la combinación de guerra –que puede evolucionar hacia situaciones mucho más peligrosas y ya está sirviendo de coartada para un rearme criminal– e inflación, nos sitúa en una perspectiva de enorme riesgo.

La inflación en el contexto actual

Que suban los precios no siempre tiene la misma importancia y gravedad. Depende del grado en que lo hacen y cómo afecta a diferentes grupos sociales.  Si todas las rentas y los precios estuvieran indexados, la inflación no tendría ningún impacto distributivo. Si, por ejemplo, subieran precios y salarios al mismo ritmo, pero no se pudieran indexar los alquileres y los productos financieros, gran parte de la gente mejoraría su nivel de vida a costa de los rentistas. Siempre hay que analizar qué precios suben más que otros, quienes tienen capacidad de indexar sus ingresos y quiénes no. La inflación, además de un fenómeno monetario, tiene un importante papel distributivo. Si lo único que ocurre es que sube el precio de unos determinados productos y el resto se mantiene inalterado, los vendedores de estos productos encarecidos aumentan sus ingresos a costa del resto. Pero a menudo un aumento inicial genera una cascada de respuestas por lo que los aumentos se transmiten a la mayoría de bienes y servicios y se acaba generando un proceso inflacionario sostenido en el tiempo. Como habitualmente no todos los que intervienen en el mercado tienen la misma capacidad de trasladar los aumentos de precios casi todo proceso inflacionario acaba con ganadores y perdedores. Y en tanto dura genera muchas tensiones que, en el momento presente, son especialmente peligrosas.

En primer lugar llegamos a esta nueva situación tras un largo período de caída de las rentas del trabajo como resultado combinado de las políticas adoptadas en el período anterior, los cambios en la estructura y organización del trabajo, el debilitamiento de la acción colectiva. En el caso de España, las rentas salariales perdieron cinco puntos del PIB tras la crisis anterior y los salarios de amplios sectores se encuentran a niveles sustancialmente bajos. Ahora una gran parte de convenios colectivos carecen de los mecanismos de indexación salarial que protegen de la inflación. Por tanto hay muchas posibilidades que este proceso aumente las desigualdades y amplíe la devaluación salarial.

En segundo lugar, no se puede perder de vista que el control de la inflación constituye el único objetivo que institucionalmente se ha encomendado al Banco Central Europeo.  Su obsesión antiinflacionaria y su despreocupación por otras cuestiones como el desempleo está en el origen de las perversas políticas de austeridad. De hecho, en los primeros años de la crisis, cuando se produjo un repunte de los precios energéticos el BCE optó por una subida de tipos de interés que no hizo más que ahondar los problemas. En especial con esta operación aumentó el coste de las hipotecas y ayudó a precipitar la crisis de impagos que sigue pesando en los problemas de vivienda de mucha gente. El problema no es solo la fijación de las autoridades monetarias por la inflación, sino que la considere como una cuestión monetaria para la que solo tiene un instrumento a utilizar: la subida de los tipos de interés. Cuando escribo estas notas ya sabemos que se va a poner en marcha este mecanismo. Y la subida de los tipos de interés tiene un efecto devastador para los deudores (entre los que se encuentran las haciendas públicas de los países que experimentaron más duramente la crisis anterior y los tenedores de hipotecas) y para el empleo. Es más o menos como algunas terapias contra el cáncer que no solo atacan al tumor sino a todo lo que tiene alrededor. Y además, resulta particularmente inútil para hacer frente a las causas profundas de una inflación generada por problemas de abastecimiento, sobreuso de recursos y maniobras oligopolistas. Puede que al final volvamos a experimentar una nueva versión de las viejas políticas de austeridad.

Hay muchas posibilidades de que este proceso inflacionario aumente las desigualdades y amplíe la devaluación salarial

En tercer lugar, en la medida que la inflación se produce de forma descentralizada y la capacidad de respuesta es muy desigual para diferentes grupos de personas favorece la propagación de tensiones sociales, en muchos casos parciales, focalizadas en los problemas específicos de cada grupo. Estas ya son visibles y pueden alimentar protestas radicalizadas en las formas, cohesionadas por identidades de grupos particulares, y, al mismo tiempo,  sin un horizonte claro de respuesta. No se puede pasar por alto que, en muchos países, algunas de las protestas más sonoras se han producido como respuesta a los aumentos de los precios de los combustibles, al estilo de los chalecos amarillos. La incapacidad de dar respuesta con las políticas actuales refuerza además el desprestigio de los gobiernos y favorece culturas autoritarias y antidemocráticas.

Los economistas suelen dar importancia a otros efectos de la inflación tales como la pérdida de competitividad exterior, cuando un país tiene un importante diferencial de inflación respecto a los países de su entorno comercial –lo que no es el caso en el momento presente–, así como su impacto sobre las decisiones de inversión en la medida que las fuertes variaciones de precios aumentan las incertidumbres en una actividad ya de por sí compleja (o generan un desplazamiento hacia bienes especulativos que los inversores consideran más seguros). Pero en el momento presente considero que los problemas centrales se encuentran en el peligro de que la inflación actual refuerce la tendencia a las desigualdades y aumente la pobreza, se traduzca en nuevos recortes de las políticas públicas por el problema de la deuda y sea una fuente de deslegitimación democrática que genere un conflicto social descontrolado.

La cuestión más importante con todo es que en el actual marco de diseño de las políticas económicas es imposible hacer frente a los problemas que generan la inflación actual porque se ha renunciado a los mecanismos que serían necesarios para hacerlos.  En concreto, sigue sin desarrollarse una política que tome en consideración el conjunto de cuestiones que plantea la crisis ecológica y adopte medidas para que esta no acabe generando una verdadera catástrofe social. Y también se ha renunciado a intervenir en los mercados concretos para atacar los oligopolios que son los principales generadores del modelo de capitalismo rentista que condiciona las vidas de millones de personas.

Cómo encarar la nueva convulsión

La inflación actual suma sus efectos y los reactualiza.  La crisis de la deuda vuelve a ser una amenaza, que nunca desapareció, con el previsible aumento de los tipos de interés. Sin un potente giro de guión, se profundizarán las ya insoportables desigualdades y se abren las puertas a salidas reaccionarias de la situación.  Por esto es necesario pensar en qué tipo de respuestas pueden ser más adecuadas para hacer frente a estos peligros.

De entrada hay que recordar que la inflación no es un proceso homogéneo. Los habituales parámetros utilizados para medirla (IPC, deflactor de la renta) son meros índices construidos a partir de seleccionar una serie de productos, darles un peso en la cesta de la compra y medir la variación de cada precio. Su valor puede cambiar simplemente cambiando sus componentes (por citar un caso relevante, durante muchos años el precio de compra de vivienda no se ha tenido en cuenta en la elaboración del IPC porque se consideraba una inversión, esto tendía a subvalorar el crecimiento real del coste de la vida en momentos en que gran parte de la población destinaba una parte sustancial de sus ingresos a la compra de vivienda). De la misma forma tampoco las subidas del IPC afectan por igual a cada persona o grupo familiar. Las estructuras de gasto son tan variadas como los cambios en los precios, y por esto, un mismo aumento afecta de forma desigual a gente con diferente tipo de consumo. Por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina no reduce la renta de quién nunca utiliza el coche, el de los alquileres a quién vive en una vivienda propia, el de los viajes a quién nunca hace turismo. Tener una evaluación precisa del impacto personal es complicado, pero hay la posibilidad de generar un conocimiento aproximado a partir de las informaciones que ofrecen las estadísticas de gasto familiar. Y en el momento actual la evidencia es que la inflación afecta más a las rentas más bajas (por el aumento del suministro doméstico de energía y de los alimentos).⁵

Sin un potente giro de guión, se profundizarán las ya insoportables desigualdades y se abren las puertas a salidas reaccionarias de la situación

Las propuestas oficiales, ante el temor a que las subidas de precios se retroalimenten y conduzcan a una inflación descontrolada, oscilan entre dos únicas alternativas: la ya comentada del ajuste monetario, que conlleva un aumento del desempleo, y la más “socialdemócrata” de un pacto de rentas en las que, teóricamente, empresarios y trabajadores aceptan una reducción de renta real y renuncian a trasladar los aumentos de precios de los mercados internacionales a precios y salarios, con el objeto de impedir que se desarrolle una espiral inflacionista. Es cierto que esta segunda alternativa es menos salvaje que la monetaria, pero es difícil que se produzca y contiene en sí misma problemas importantes.

En el caso de las rentas salariales el compromiso habitual es sencillo, aceptar aumentos de salarios inferiores  a la inflación. Lo mismo puede aplicarse a las prestaciones públicas: se puede acordar que el aumento de las pensiones es más moderado que el de la inflación.  Mucho más difícil es el control de  las rentas empresariales. Mientras las empresas tienen autonomía para fijar precios no es claro cómo se pueden limitar sus rentas. Por esto, una fórmula utilizada es la de limitar el reparto de dividendos. Lo que no es en absoluto una moderación de rentas puesto que la parte de beneficios no repartidos quedan en la empresa y pueden ser recuperados posteriormente con fórmulas diversas (dividendos extraordinarios, devoluciones de capital, etc.). Tampoco suelen figurar en las políticas de rentas la desindexación de los alquileres –algo que debería hacerse en todo proceso inflacionario porque los rentistas ven actualizadas sus rentas sin aportar nada nuevo a la sociedad–. Muchas políticas de rentas acaban siendo un eufemismo de moderación salarial. Una moderación tanto más injusta porque los salarios llevan más de una década acumulando caídas y una parte de la población asalariada se ubica alrededor de la frontera que marca la línea de la pobreza.

Un pacto de momento no parece posible porque los sindicatos son conscientes de la reducción salarial experimentada en los últimos años y por esto siguen exigiendo acuerdo que garanticen el mantenimiento o recuperación de la renta real. Los empresarios tampoco están muy dispuestos al acuerdo no solo por el temor que les llevara a hacer concesiones y porque se sienten en una posición de fuerza real (propiciado por reformas laborales, la externalización de actividades, las nuevas tecnologías de la información, el lavado de cerebro cultural…) que no les obliga a ofrecer concesiones innecesarias para sus intereses.

Evitar que la inflación derive en otro desastre social exige aplicar una visión diferente a la de la economía convencional y tratar de responder a las cuestiones básicas que están presentes en la situación actual. En la sección anterior he tratado de destacar tres cuestiones básicas: el aumento de las desigualdades que provoca el proceso actual y que solo refuerza dinámicas anteriores; la importancia de las estructuras olígopólicas que generan hiperbeneficios en manos de determinados grupos y que en muchos casos dependen de las regulaciones institucionales en vigor; y por último, y quizás más relevante, la conexión de la inflación actual con el modelo productivo dominante, especialmente enfrentado a una crisis ecológica multiforme, con especial incidencia en la falta de materiales y los problemas derivados de la crisis climática.

La cuestión distributiva central es la de reducir las desigualdades elevando sobre todo los ingresos bajos y medios. Aunque la inflación afectará a todo el mundo por igual no es lo mismo una pérdida del 5% del poder adquisitivo para alguien con ingresos elevados que para quien esta en situaciones de subsistencia. Por esto, es básico que se plantee una política de garantía de ingresos a las rentas más bajas y pensar cual es la forma mejor de articular la medida. Es difícil que ello se consiga en la negociación colectiva directa, entre otras cosas por el bajo poder sindical en los sectores de bajos salarios, que coinciden en muchos casos con grupos empresariales sometidos a su vez al poder de los grandes grupos. Se podría diseñar una extensión de la renta básica financiada con un impuesto a las rentas altas, aunque los esquemas concretos habrá que estudiarlos a fondo, así como incluir reformas del sistema público que permita que estos derechos topen con una pared burocrática como ya ha ocurrido con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y en otros muchos casos.

Hay que combatir los oligopolios, los variados mecanismos que generan rentas excesivas en detrimento de la colectividad

En segundo lugar, hay que combatir los oligopolios, los variados mecanismos que generan rentas excesivas en detrimento de la colectividad. En unos casos sabemos, como el ya comentado de la electricidad, de la existencia de un mecanismo de fijación de precios inadecuado, o de una sobreprotección excesiva a los derechos de propiedad, como en el caso de las patentes farmacéuticas. Hay mucho espacio de reforma en este campo. Hasta ahora inexplorado porque partimos de un mundo institucional que sobreprotege a la propiedad privada y de una cultura económica que recela de todo lo que suponga intervenir en los mercados. Hace tiempo que perdió fuerza el viejo populismo antimonopolista y en la academia se enterró a la vieja política industrial. Un primer paso debería ser el contar con buena información y trasparencia sobre cómo funcionan realmente los distintos mercados, la trazabilidad de las rentas, donde están los cuellos de botella. Sin buena información es imposible actuar con buen tino. Y analizar todas las regulaciones que inciden en la formación de los precios y de los derechos de los diferentes participantes en la sociedad. Y reformar lo que fuera necesario o imponer impuestos elevados allí donde se detectan rentas parasitarias. No es una política sencilla, sabemos del poder organizado de los lobbies empresariales, de su brutalidad a la hora de defender sus privilegios, pero es precisamente ahora cuando esta línea de actuación resulta más necesaria y tiene más posibilidades de conseguir audiencia.

Y está, sin duda, la cuestión más crucial. La que plantea la crisis ecológica. Si puede discutirse que esta sea el desencadenante de la actual inflación debe tomarse como un aviso de lo que vendrá en un futuro próximo. Porque es indudable que, en una crisis de oferta de energía y materiales, una sucesión de malas cosechas acaba siendo traducida en alzas de precios. Si percibimos que los precios son un mecanismo de racionamiento, que raciona en función de la renta de cada cual, resulta obvio que esta va a ser una de las conexiones entre crisis ecológica y desigualdad. Por esto es urgente adoptar reformas e iniciativas que puedan favorecer unas formas de producción y consumo adaptadas a los límites de nuestro planeta, sin desigualdades insoportables. Hasta ahora, gran parte de lo que se ha llamado transición verde es solo un intento de prolongar las estructuras actuales, los negocios fundamentales en un nuevo contexto. Por ejemplo, en los planes Next Generation se dedican grandes sumas a financiar el coche eléctrico, mientras no hay una sola partida sustancial para el transporte colectivo y la remodelación de las pautas de movilidad. Hace falta mucho más, y la inflación va a ser una de las manifestaciones de las contradicciones de las políticas actuales. En este replanteamiento de la organización productiva debe incluirse también el cuestionamiento de la hiperespecialización espacial generado por la globalización y que no solo es fuente de crecientes embotellamientos, sino que también impide los intentos serios de generar circuitos cerrados y minimizar despilfarros.

El episodio actual es una etapa más de una dinámica económica que lleva años generando desastres, víctimas, malestar. Es el resultado de un modelo de globalización cuyas contradicciones y costes son cada vez más visibles. Pero que hasta el momento ha podido sobrevivir recurriendo a políticas de parches ad hoc, a la propia inercia social, al monumental esfuerzo cultural y propagandístico del marketing, a las políticas de control social y, sobre todo a la ausencia de proyectos transformadores capaces de dar cuenta de la complejidad de los problemas y de generar dinámicas sociales suficientemente poderosas. Sabemos dónde están los problemas, pero no tenemos claras las respuestas.  Pero hemos llegado a un punto donde esta ausencia puede abrir paso a dinámicas sociales aún más perversas y peligrosas. Toca pensar, proponer, experimentar, transformar, organizar.

Albert Recio Andreu es profesor honorífico de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Acceso al artículo completo en formato pdf: Inflación en tiempo de distopía.

NOTAS

1 Por ejemplo, el libro de Andrew Glyn, Capitalismo desatado: finanzas, globalización y bienestar,  FUHEM/Catarata, Madrid, 2010, publicado inicialmente en 2006, antes del estallido de Lehman Brothers, ya adelantaba cuestiones que después se mostraron relevantes.

2 El libro de Mark Blyth, Austeridad. Historia de una idea peligrosa, Crítica, 2014, analiza con detalle el proceso que llevó de la crisis de 2008 a las nefastas políticas adoptadas por la UE en 2010.

3 En Steffen Lehndorf, El triunfo de las ideas fracasadas. Modelos de capitalismo europeo en la crisis, FUHEM/Catarata, 2015 se compara el diferente modelo de acción aplicado en diez países europeos.

4 Sobre esta cuestión inciden diversos trabajos de Antonio Turiel publicados en su blog Oilcrash.

5 Como apuntaba el artículo sin firma de Eldiario.es de 17 de enero de 2022, «La batalla por subir los salarios en 2022 está servida», basado en parte en el trabajo de Luis Ayala y Olga Cantó, Radiografía de medio siglo de desigualdad en España, Observatorio Social de la Caixa, 2022.

La crisis económica derivada de la pandemia del Covid19 supone una oportunidad para abordar una reforma del sistema fiscal que mejore su progresividad y solidaridad. Para ello hacen falta modificaciones del sistema tributario largamente esperadas y medidas excepcionales valientes para que esta crisis no incremente más aún la desigualdad de nuestra sociedad. En este artículo proponemos una revisión del sistema tributario español, en el actual marco de competencia global, así como algunas posibles medidas a implementar.

Empecemos con un ejemplo. La revista Forbes arroja diariamente la variación de la fortuna de las principales riquezas mundiales en base al precio de sus acciones. Algunos periódicos lo han aprovechado para calcular cómo ha cambiado su patrimonio durante los dos primeros meses de pandemia. Parece que mientras 22 millones de personas perdían su empleo en EEUU, la riqueza de sus 600 primeras fortunas aumentaba un 15%, lo equivalente a 434.000 millones de dólares.[1] En el caso de España, a la vez que se perdían casi un millón de empleos y tres millones de personas entraban en un ERTE,[2] la fortuna de los 23 españoles más ricos aumentaba un 16%, sumando a su patrimonio 14.000 millones de euros.[3]

Tenemos un sistema económico extractivo y altamente financiarizado que alimenta de forma acuciante la desigualdad.  A inicios del año 2020 se pronunciaba al respecto la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cuando afirmaba que «la desigualdad de oportunidades, entre generaciones, entre mujeres y hombres y, por supuesto, la desigualdad de renta y riqueza» es uno de los más grandes desafíos de la economía global pero que tenemos herramientas para combatirlo: «las políticas fiscales y la tributación progresiva»[4]

Hablar de fiscalidad es hablar del modelo de sociedad que queremos. El debate por una fiscalidad justa choca de frente con dos de las corrientes sociales más fuertes de nuestro tiempo: la falsa meritocracia y el individualismo del sálvese quien pueda.

El discurso meritocrático se ha impuesto como una trampa que alimenta la ambición, pero se reconoce como una mentira que legitima altos grados de desigualdad y estigmatiza a los más pobres. Durante un análisis realizado en un foro organizado por expertos en el sector del entretenimiento digital, se discutió cómo plataformas como los top online Casinos ohne Lugas reflejan dinámicas similares: un sistema que aparenta premiar únicamente la habilidad individual pero que, en realidad, está profundamente influido por reglas ocultas y desigualdades estructurales. La meritocracia justifica la dejación de responsabilidades de “los de arriba”, olvida que el mérito siempre está repartido y que nuestro esfuerzo –condición necesaria pero nunca suficiente para un buen desempeño en la vida– se construye en base a contextos sociales y estructuras económicas construidas colectivamente.

Hablar de fiscalidad es hablar del modelo de sociedad que queremos

Así pues, todas aquellas personas que apuestan por una sociedad de la responsabilidad colectiva están de acuerdo en que un sistema tributario progresivo y solidario es condición de posibilidad para vivir en sociedades justas. Desde los que creen que solo la fiscalidad permitirá al capitalismo salvarse de sí mismo,[5] a los que abogan por una transición hacia un modelo de socialismo democrático.

La fiscalidad española ante el espejo

La primera y evidente constatación es que España no ha conseguido nunca, ni en los tiempos de mayor crecimiento, acercarse a la presión fiscal media de los países de la eurozona. España tiene una presión fiscal del 35,4% mientras que países con economías similares a las nuestras, los llamados países del sur de Europa, están todos por delante nuestro en presión fiscal: Portugal en un 37,2%, Italia en un 42% e incluso Grecia en un 41,5%.[6] Los actuales más de seis puntos de distancia con la media de la eurozona evidencian una incapacidad constante de financiación del gasto público y un déficit enquistado que ha generado un aumento de la deuda llegando a superar el 100% del PIB actualmente. Hemos tenido sobradas oportunidades para salvar ese déficit por la vía de una mejora de nuestro sistema fiscal. No se ha hecho y más bien se nos ha dicho lo contrario: “no nos podemos permitir el estado del bienestar que tenemos”, imponiendo a través de este mantra un modelo social que ha ido externalizando y privatizando servicios básicos las últimas décadas.

En la actual estructura del sistema tributario la recaudación se sostiene básicamente en tres cuartas partes en las rentas de las personas físicas (IRPF), 40,8% de la recaudación, y en la tributación del consumo (IVA), en un 33,6%. Es decir, el sistema fiscal va a ser sostenible, si y solo si, las clases medias en este país no desaparecen. Algo que no parece que estemos evitando, pues viene erosionándose en las últimas crisis por la vía del aumento de la desigualdad.

La aportación vía impuesto de sociedades (IS) ha caído en picado en los últimos 13 años, suponiendo solamente el 11% de la recaudación cuando había llegado a ser del 22% en 2007. La recaudación impositiva en 2019 creció en total un 2% respecto al año anterior llegando al máximo de la serie histórica, pero lo hizo a costa del IRPF que aumentó un 4,9% en su recaudación, mientras que el IS cayó un 4,4%.[7]

La imposición especial o los llamados impuestos verdes tienen un peso realmente pequeño y las aportaciones de los impuestos cedidos a las autonomías suponen solo el 6%, dejando un margen de maniobra bajísimo a una subsidiariedad mal entendida. A todo ello hay que añadir el alto nivel de economía sumergida y fraude fiscal asociado, que se cifra entre el 18 y el 22% del PIB español según los informes. Algo que no ha mejorado especialmente en gobiernos de ningún color político.

La reforma que nunca llega

La necesaria reforma de nuestro sistema fiscal no ha llegado a darse a pesar de algunos infructuosos intentos al respecto. El último en 2014 con la presentación bajo bombo y platillo del famoso informe Lagares encargado por el ministro Montoro. Un informe que levantó un gran debate, generando no pocas reacciones, y finalmente siendo casi ninguneado por el mismo gobierno que lo encargó. En la última década, y desde la anterior crisis económica del 2008, en vez de poner las bases para acercarnos a un cierto estándar europeo en España nos hemos dedicado a usar los impuestos en clave electoralista.

Algunos ejemplos de ello son: la rebaja del impuesto de sociedades justo antes de la crisis económica de 2008 con aquel “bajar impuestos es de izquierdas” de Zapatero que ha pasado a la historia; un impuesto de patrimonio eliminado en 2008 pero recuperado con carácter excepcional y de forma temporal a partir de 2011 y renovado cada año en función de la capacidad de aprobar presupuestos del gobierno de turno, pero renunciando a establecer una imposición al patrimonio estable y efectiva; o el necesario aumento de los tipos del IRPF en plena recuperación económica en el bienio 2012-14, que poco se tardó en volver a bajar justo en 2015-2016 antes de elecciones perdiendo así una capacidad de recaudación importante cifrada en torno a los 9.300 millones de euros que hubiese permitido poner las bases para una mejor situación económica a futuras crisis como la actual. [8]

En vez de poner las bases para acercarnos a un cierto estándar europeo en España nos hemos dedicado a usar los impuestos en clave electoralista

Así pues, vamos acumulando evidencias de la necesidad de una reforma de nuestro sistema fiscal que tenga en cuenta los principios de equidad y progresividad, pero que sobre todo busque gravar bases impositivas amplias que permitan mejorar la recaudación eliminando el diferencial histórico que nos separa de la media de los países de la zona euro. Algunos de los consensos generales que deben abordarse para una reforma fiscal pasan por:

• Mejorar la progresividad del conjunto del sistema fiscal. Se esperaría de éste que la presión fiscal de los hogares creciera con la renta, pero debido al peso de los impuestos indirectos y de las bases mínimas de cotizaciones sociales, el 20% más pobre de los hogares españoles soporta un tipo medio efectivo superior que el siguiente 40%. Sólo el 40% más rico tiene una presión fiscal más alta. Esta anomalía viene siendo alertada desde hace años y aunque la progresividad del conjunto del sistema ha mejorado, sigue penalizando a las rentas más bajas.[9]
• La eliminación de ciertos beneficios fiscales. El conjunto de exenciones, deducciones y minoraciones de cuota hace del sistema fiscal un entramado con múltiples agujeros de los que se escapa gran parte de la recaudación. En 2017, la Plataforma per una fiscalitat justa analizaba 7.991 millones de euros de los 42.148 de beneficios fiscales y concluía que cada año se pierden 5.501 millones en beneficios fiscales discutibles tanto por su utilidad pública como por su carácter regresivo.[10]
• La competencia fiscal entre comunidades autónomas. Los impuestos cedidos a las autonomías, así como los ámbitos de regulación que atesoran, se han convertido en un terreno de canibalismo en el cual se compite para atraer rentas y patrimonios. Esta dinámica, de carrera fiscal a la baja, genera grandes pérdidas tributarias que debe ser cortada de raíz con la aplicación de tipos mínimos para todas las comunidades.

Los ámbitos necesitados de reforma son muchos más, pero, ciertamente, algunos escapan a las posibilidades del Estado Español de afrontarlas en solitario. Toda aquella imposición vinculada a la necesidad de gravar la riqueza o los rendimientos del capital, sea por la vía de sociedades o por la vía de la tributación personal, así como atajar de una vez por todas el régimen de privilegio de las sociedades de inversión como las SICAV o las SOCIMI, debería ser una prioridad, pero pide de una mirada al contexto global.[11]

Capital versus trabajo, una batalla a muerte en el tablero fiscal global

La globalización está en la base de la incapacidad de los Estados nación para atajar las fugas impositivas. Las razones son múltiples. Por un lado, el papel que juegan los paraísos fiscales como lugares donde el capital esconde fácilmente sus ganancias. Por el otro, la capacidad en una economía altamente financiarizada y globalizada, de trasladar los beneficios en aquellos espacios donde la regulación es más beneficiosa para las rentas del capital. Esto ha dado lugar, no solamente a pérdidas de recaudación, sino también a una dinámica de carrera a la baja en los tipos impositivos por el miedo a ver huir la poca recaudación aún existente en este campo. El caso del impuesto de sociedades lo evidencia: la media de los tipos impositivos en los años ochenta llegaba casi al 50 %. En el año 2000 los países de la Unión Europea (UE) tenían un tipo medio de impuesto de sociedades del 32 %, y en 2016 ya era solamente del 23 %. En diez años, España ha visto disminuir el tipo impositivo del 35 % al 25 %. Algunos estudios confirman que, entre 1994 y 2007, los países de la OCDE respondieron a la globalización aumentando impuestos para las clases medias y reduciéndolos para las empresas y las rentas más altas.[12]

Las empresas del Ibex35 han cuadruplicado el número de sociedades que tienen en paraísos fiscales desde 2009.[13] La realidad actual es que las multinacionales han dejado de declarar 13.500 millones de euros en España perdiendo así un 13% de recaudación en el IS. Según el economista Gabriel Zucman, el 40% de los beneficios de las multinacionales y el 8% de la riqueza financiera de los hogares –el 80% de la cual corresponde al 0,1% de la población más rica– tributa en paraísos fiscales.[14] En España es el 11% de la riqueza de las personas la que se encuentra en paraísos fiscales y el 9,6% sin declarar. Para combatir esta sangría fiscal la UE creó una lista oficial de paraísos fiscales que se ha demostrado totalmente insuficiente. Sobre todo por hipócrita: si se aplicaran sus criterios a los mismos países de la UE deberían entrar en la lista Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Malta o Chipre, países que por ser de la UE no están en ella.

Las multinacionales han dejado de declarar 13.500 millones de euros en España perdiendo así un 13% de recaudación en el impuesto de sociedades

Más evidencias. Las primeras conclusiones del informe Country by country presentadas en 2019, una iniciativa que obliga a las empresas de mayor tamaño a declarar cuál es su actividad, ingresos y beneficios, país por país, confirma lo que ya sabíamos: las multinacionales sólo tributan el 12,6% de sus beneficios en España.[15] Cuando la agencia tributaria informa de cuánto pagan las empresas en España en impuestos nos dice que el 7,7%, las grandes empresas, el 14,1% las medianas y las pequeñas el 18,4%,[16] a pesar de que el tipo nominal se encuentra en el 25%. La patronal siempre se queja de estos datos porque dicen que no tienen en cuenta los impuestos que las empresas pagan en otros países. El informe Country by country lo desmiente, si juntamos ambas informaciones concluimos que las empresas que facturan más de 750€ millones de euros pagan de media un 7,7% de impuestos en España y sólo el 4,5% restante fuera del país.

Se nos hace evidente que para abordar efectivamente esta sangría fiscal hacen falta medidas coordinadas e impulsadas en el plano supranacional. Ante la erosión de las bases imponibles en el impuesto de sociedades hemos asistido la última década a la lenta y fatigosa implementación de la agenda Base erosion and profit shifting (BEPS) de la OCDE. Con un cierto avance hemos visto cómo se va forjando la necesidad de tener una misma definición para el cálculo de las bases imponibles del IS en función de donde se localiza la actividad económica –y no donde se trasladan los beneficios– y un suelo mínimo de cotización común. Las diferentes iniciativas en marcha son importantes, pero hace falta más contundencia a través de sanciones a aquellos países que esgrimen descaradamente una competencia desleal. Se han visto tímidos intentos en Europa de combatir estas prácticas, como la famosa multa a Irlanda en el caso Apple en 2016. Pero a la vez poca valentía y falta de mirada a largo plazo de los líderes europeos para tejer dinámicas de cooperación fuertes entre países que pueden y deben marcar las reglas de juego fiscal en Europa. El actual momento puede ser una oportunidad también en este terreno para proponer medidas de cooperación fiscal a nivel de la UE.

Medidas extraordinarias ante la crisis de la Covid19

La crisis económica derivada de la Covid19 ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de retomar el debate fiscal allí donde quedó parado. El impacto en términos económicos en España se estima entre el 9,5% del PIB según el FMI y el 13,6% según el mismo Banco de España. Se abre un horizonte inquietante con escenarios que hablan de un desempleo cercano al 22%, una reducción del consumo privado en un 11,9% y una desinversión en equipamientos del -57,4% en el Estado en 2020. La fiscalidad puede ser una herramienta que permita en un primer momento aumentar la respuesta social, y en la fase de reanudación sostener las inversiones que reclamará un tejido productivo y una economía dañada. En cuanto a los ingresos, la caída en la recaudación de impuestos y en las cotizaciones, estimada entre 25.700 y 42.000 millones de euros en las primeras previsiones,[17] consolidan la perspectiva de un aumento del déficit y de la deuda pública que no puede trasladarse de nuevo a un empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la ciudadanía que ya pagó la anterior crisis.

La crisis económica derivada de la Covid19 ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de retomar el debate fiscal allí donde quedó parado

La Plataforma por una Fiscalidad Justa acaba de proponer 15 paquetes de medidas[18] que deberían permitir levantar hasta 34.301 millones de euros abordando las reformas fiscales pendientes ya comentadas y apostando de forma valiente para pedir, en este momento, un mayor esfuerzo a quien más tiene. Lo que se propone no es revolucionario, sino que pone el énfasis en las actuales injusticias de nuestro sistema fiscal, y en lo que ha sido posible hacer en otros momentos históricos de crisis global.  Algunas de las medidas excepcionales deberían pasar por:

• Un impuesto sobre las ganancias empresariales para aquellas grandes empresas que presenten resultados extraordinarios. Esto debe hacerse a la vez que se implementa una tributación mínima efectiva del 15% sobre el resultado contable, y del 18% para grandes empresas y sector de la banca e hidrocarburos. Con un doble objetivo: evitar la elusión fiscal de los grandes grupos empresariales y aumentar la recaudación del impuesto de sociedades. A la vez la aplicación temporal para la pequeña y mediana empresa, de un sistema anticipado de compensación de pérdidas para el bienio 2020-2021.[19]
• Diferenciar en tres tramos las cuotas superiores del IRPF a partir de los 60.000 euros –como ya se hace actualmente en algunas comunidades autónomas– con tipos impositivos que puedan llegar alrededor del 50% a partir de los 175.000 euros. [20]
• Reducir la dualidad fiscal del IRPF equiparando la tributación de las rentas del capital, actualmente con tipos máximos de sólo el 23%, a los tipos de tributación de las rentas del trabajo creando nuevos tramos, así como aumentando su progresividad.
• Suprimir el régimen fiscal especial aplicable a las personas trabajadoras desplazadas en territorio español. La reforma fiscal de 2015 fijó la tributación en el 24% a los primeros 600.000 euros y en el 45% a partir de dicho importe, si bien se excluyó a los deportistas profesionales.
• Crear una tasa temporal y extraordinaria (CovidTax) sobre el patrimonio con recaudación finalista para paliar los efectos de la COVID-19, tanto en el ámbito sanitario como en el económico y social. Este nuevo impuesto debería gravar la riqueza de los patrimonios superiores al millón de euros –1% de la población más rica–[21] con tipos impositivos entre el 1% y el 3%.[22] Este impuesto debería ser consensuado en toda la Eurozona, y mientras no sea posible, crear mecanismos de cooperación reforzada entre países para empezar a implementarlo.

Evidentemente a esto hace falta añadir muchas otras medidas como la implementación de una tasa a las empresas tecnológicas, la tan necesaria Tasa Tobin para desincentivar los comportamientos especulativos en los mercados y que lleva estancada en su implementación desde 2012 o un paquete de impuestos “verdes” para profundizar en una fiscalidad ambiental que nos debería servir para atacar las actividades nocivas con el medioambiente e incentivar las inversiones en economía verde que permitan avanzar en la tan necesaria transición ecológica.

¿Qué podemos esperar?

Ciertamente no va a haber pasos valientes hacia una reforma fiscal a nivel estatal ni a nivel europeo si no hay un clamor ciudadano que lo secunde. Pero si algo hemos aprendido las entidades sociales y ciudadanas la última década es la importancia capital de hacer pedagogía sobre la bondad de los impuestos. Deben ser defendidos con uñas y dientes como la última posibilidad de una vida social compartida, donde nadie quede al margen. Son la tabla de salvación de un estado del bienestar por terminar de construir.

En el plano europeo, parece que el plan de recuperación que propone la Unión Europea –y de la que España se va a beneficiar– busca dar un paso más a nivel de coordinación fiscal. Se apuesta por la aparición de nuevos impuestos que graven los beneficios empresariales generados por la dinámica del mercado único y sobre el impacto ambiental de la actividad económica. La Comisión Europea propone la idea del single market tax, es decir, liderar la imposición en aquellos campos en los que los estados no consiguen plantar cara: la economía digital y su ubicuidad, y la necesaria transición ecológica. La UE deberá hacerlo contando con un sistema de financiación propio y liderando las inversiones, y para ello le tocará vencer las actuales dinámicas de revitalización de los sistemas estatales-nacionales. La Comisión ha lanzado la propuesta y ahora vamos a necesitar la aprobación de todos los estados miembros, veremos si llega a ser posible.

Necesitamos más valentía que nunca para implementar medidas extraordinarias

En el terreno estatal, ahora que hemos entendido la importancia de los servicios públicos y el mal que los recortes han hecho a una atención sanitaria que ha respondido de manera ejemplar, ¿alguien se atreverá a decir que no se puede mejorar la progresividad del IRPF? ¿O se escandalizará por la implementación de una CovidTax que grave los patrimonios de más de un millón de euros a tan sólo un 1%? ¿O por un impuesto que grave la especulación de quien se ha enriquecido con la volatilidad financiera de los últimos dos meses? Necesitamos más valentía que nunca para implementar medidas extraordinarias, y más consenso que nunca para abordar aquellas reformas fiscales históricamente aparcadas. Se lo debemos a cajeras, transportistas, enfermeras, riders, cuidadoras de ancianos, y tantos otros colectivos que han visto cómo su poder adquisitivo caía año tras año la última década y ahora han sido el último dique de contención de un modelo social y económico que hacía aguas.

No nos engañamos, sabemos que de esta crisis saldremos todos más pobres, y vendrán tiempos muy duros, pero si algo no podemos permitir es que salgamos de nuevo más desiguales. Una fiscalidad más justa puede ayudarnos a ello.

Xavier Casanovas Combalia es Director del Centro de Estudios Cristianisme i Justícia, portavoz de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Autor de Fiscalidad justa: una lucha global (Cuadernos CJ, núm. 205, septiembre de 2017).

NOTAS: 

[1] Kristalina Georgieva, «Tale of two crises: billionaires gain as workers feel pandemic pain», AmericansForTaxFairness.org.

[2] Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, Informe de coyuntura laboral, mayo 2020.

[3] Begoña P. Ramírez, «La fortuna de los españoles más ricos crece durante los dos meses de pandemia», Infolibre, 1 de junio de 2020.

[4] Kristina Georgieva, «Reduce inequality to create opportunity», IMFBlog, 7 de enero de 2020.

[5] Joseph E. Stiglitz, Todd N. Tucker, and Gabriel Zucman, «The Starving State. Why Capitalism’s Salvation Depends on Taxation», Foreign Affairs, enero de 2020.

[6] Eurostat, «Tax-to-GDP ratio up to 40.3% in EU A one-to-two ratio across Member State», datos de 2018 publicados per Eurostat en octubre de 2019.

[7] Agencia Tributaria, Informe de recaudación de la Agencia Tributaria 2019.

[8] Agencia Tributaria, Informe de recaudación de la Agencia Tributaria 2016

[9] Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia, Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles. Cuarto informe: 2016 y 2017, FEDEA, Estudios sobre la Economía Española, núm. 2019-36, Madrid.

[10] Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental y solidària, Beneficios fiscales, ¿beneficios para quién?, marzo de 2018.

[11] Es necesaria una revisión del régimen de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI) que mantiene un tipo de gravamen del 0% en impuesto sobre sociedades, y debe exigirse un gravamen especial del 19% sobre los dividendos distribuidos a los socios que estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%, con varias excepciones. El proyecto de Ley de PGE para 2019 preveía un gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos. Para evitar la elusión de las grandes fortunas hace falta modificar la Ley y el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva para incluir un nuevo requisito que establezca un límite máximo en el porcentaje de participación en una SICAV, entre el 2% y el 5% del capital social máximo.

[12] Peter Egger, Sergey Nigai y Nora Strecker, The impact of globalisation on tax structures in OECD countries, mayo de 2016, CEPR – Centre for Economic Policy Research.

[13] Oxfam Intermon, Reparto desigual. Cómo distribuyen valor las empresas del IBEX 35, febrero 2019.

[14] Gabriel Zuckman, Annette Alstadsæter y Niels Johannesen, «Who Owns the Wealth in Tax Havens? Macro Evidence and Implications for Global Inequality», Journal of Public Economics, 2018, 162, pp. 89-100.

[15] Agencia Tributaria, Principales resultados de la explotación de la información declarada en el modelo 231 ejercicio 2016, noviembre 2019.

[16] Agencia Tributaria, Cuentas anuales consolidadas del impuesto sobre sociedades.

[17] Gobierno de España. «España remite a la Comisión Europea el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas», 1 de mayo de 2020.

[18] Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Rescate Fiscal. Medidas de choque y propuestas de reforma estructural del sistema impositivo en tiempos de la Covid-19, mayo 2020.

[19] Se trataría de aplicar un impuesto negativo que no pueda superar la cantidad de impuestos pagados en los tres ejercicios anteriores, o la media de los cinco anteriores para mitigar la problemática de financiación de la pequeña y mediana empresa.

[20] Se propone establecer la tarifa estatal del IRPF (aplicable al 50% de la base liquidable) de forma que: a las rentas de más de 60.000€ se les aplique un tipo nominal del 22,5% en la escala estatal, a las de 100.000€, un tipo del 23,5%, a las de más de 140.000€, un 24,5% y a las de más de 175.000€, un 25,5%, (de forma similar a los tramos activos entre 2012 y 2014). En cuanto a la escala autonómica de la cuota (aplicable al otro 50% de la base) establecer también estas tarifas como mínimas, dejando a cada comunidad la posibilidad de poner, si quiere, tipos superiores.

[21] Según el último informe de Crédit Suisse sobre la riqueza en el mundo de 2019, en España hay 979.000 personas con un patrimonio superior al millón de euros. El número de millonarios se ha multiplicado por 4,7 desde el año 2010. En concreto hay: 899.008 que tienen entre uno y cinco millones de euros, 52.585 entre cinco y diez millones de euros, 26.270 entre diez y 100 millones euros; 685 entre 100 y 500 millones de euros; 61 más de 500 millones de euros. Credit Suisse, Global Wealth Report 2019.

[22] En concreto, vale la pena estudiar la medida propuesta por Zucman, Sáez y Landais que explora una tributación del 1% para los patrimonios de más de 1 millón de euros (1% de la población más rica), del 2% para los de más de 8 millones de euros (0,1%) de la población, y del 3% a partir de los 1.000 millones de €. Con esta tasa se podría recaudar el 1,05% del PIB de la UE cada año, con lo que, en diez años, sólo con esta tasa, se financiaría todo el gasto causado por la COVID-19. En países como España el 1% de los patrimonios controlan entre un 20% y un 25% de la riqueza del país. Se pueden ver los detalles de la propuesta en: A progressive European wealth tax to fund the European COVID response, CEPR – Centre for Economic Policy Research, mayo de 2020.

Acceso al texto completo en formato pdf: Fiscalidad justa: una respuesta solidaria a la crisis económica del Covid19

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual se encuentra el enlace para su descarga en formato pdf.

El capitalismo es un sistema social. Una forma de organización social basada en unas instituciones clave. Pero no es un sujeto que piense y actúe.

El funcionamiento de cualquier sociedad depende de las acciones de personas concretas, interactuando con el resto. En las sociedades de clase, la capacidad de acción de las personas está condicionada por las reglas de juego del conjunto y por su cuota específica de poder. En este tipo de sociedades hay grupos sociales que ocupan posiciones preeminentes, que tienen mayor capacidad de influir en la toma de decisiones, de convertir sus intereses en prioridades sociales, de acaparar una parte desproporcionada del producto social.

En sociedades estamentales son fáciles de detectar porque están organizadas a partir de un orden donde las jerarquías y los roles están claramente definidos (las familias reales son un resto de este modelo que aún perdura en países como el nuestro). En las economías capitalistas las cosas son más complejas. La propia dinámica de un sistema económico en el que los mercados y la tecnología se transforman constantemente provoca que, al menos en apariencia, estas élites sean menos estables, más cambiantes en el tiempo. Pero, en todo caso, es perceptible que en cada fase de desarrollo, en cada periodo histórico existen sectores de capitalistas que representan los intereses hegemónicos del momento, que tratan de influir en las políticas bien directamente bien a través de apoyo a partidos políticos, medios de comunicación, centros de pensamiento, patrocinios… que sean útiles a sus intereses. Y es útil tratar de entender en cada momento cuales son los intereses dominantes, cuáles son sus estrategias y como tratan de influir en las dinámicas de desarrollo.

Un análisis que ayuda a entender las dinámicas económicas en marcha y tratar de entender en qué medida responden a la influencia de estos grupos sociales hegemónicos. En las notas que siguen trataré de abordar tres cuestiones. En primer lugar, cómo se ha alterado el núcleo de estas élites en España tras la crisis de 2008. En segundo lugar, qué mutaciones ha tenido la estructura económica que favorezcan la formación de nuevas élites o la transformación de las viejas. Y en tercer lugar analizar qué mecanismos de influencia tienen, ilustrándolo en el caso de Barcelona.

La transformación de las élites anteriores a la crisis del 2008

En 2009 publiqué un trabajo en el que trataba de situar cuáles eran los núcleos hegemónicos del capitalismo español en el momento.1  Creo que presentaba adecuadamente el núcleo del capitalismo español de la burbuja inmobiliaria, el modelo que estalló a partir de 2008. En este momento incluía como núcleos hegemónicos al sector bancario, cuyo papel fue clave en la gestación de burbuja especulativa, y al núcleo de empresas constructoras centrado en la obra pública y la gestión de cualquier actividad que el sector público estuviera dispuesto a externalizar, así como los grandes monopolios energéticos y de telecomunicaciones, en buena medida nacidos de las políticas privatizadoras y de un marco regulatorio adecuado. Y un grupo emergente de grandes empresas comerciales. Incluso se estaba produciendo un intento por parte de las constructoras de tomar el control de empresas energéticas con el objetivo de obtener una perspectiva más estable de crecimiento.

El núcleo del capitalismo español de la burbuja inmobiliaria incluía a la banca, empresas constructoras, energéticas y de telecomunicaciones. En gran medida, ha resistido, transformándose.

Este núcleo hegemónico quedó afectado por la crisis de 2008 pero, en gran medida ha resistido, transformándose. La crisis bancaria podía haber dinamitado al núcleo más duro y persistente del poder económico pero lo que provocó fue una remodelación que en cierta medida ha reforzado a una oligarquía financiera con menos socios, debido a una suma de elementos. En primer lugar, las más afectadas fueron las Cajas de Ahorros, públicas o semipúblicas, por su mayor exposición al crédito inmobiliario. Han desaparecido o se han convertido en bancos privados (Caixa Bank y Bankia). En segundo lugar, la política europea y española estuvo claramente diseñada para salvar a la gran banca y propiciar una mayor concentración de capital, con generosas medidas para absorber bancos en crisis y sanear el capital. Y, en tercer lugar, los dos principales bancos españoles –BBVA y Santander– tenían una exposición menor en el mercado interno y pudieron capear el temporal con la mayor rentabilidad de sus filiales en el exterior. Hoy quedan solo tres grandes grupos (Santander, BBVA, Caixa Bank), otros tres intermedios (Bankia, Sabadell, Bankinter) y un reducido grupo de antiguas cajas transformados en bancos.

El gran grupo de empresas constructoras no estuvo especialmente afectado por el estallido de la burbuja en la medida que su actividad estaba orientada a la obra pública y a la gestión de servicios. A ellos lo que les afectó fue el recorte del gasto público en general y en inversiones en particular. Su respuesta prioritaria fue ahondar en una política de internacionalización, que antes ya habían iniciado, y que la crisis no hizo más que consolidar. Con todo, no salieron de la crisis sin costes. Algunas lo han sobrevolado con relativo éxito: ACS, Acciona, Ferrovial y Sacyr (aunque han tenido que vender algunos negocios jugosos como la filial Urbaser, de gestión de residuos urbanos, de ACS). Otras han acabado con la venta a grupos foráneos (las familias mexicanas Slim y Amodio han tomado el control de FCC y de OHL, respectivamente) y alguna de las empresas de segunda línea han entrado en una clara fase de descomposición (Abengoa, Isolux).

Tanto los bancos como las grandes constructoras que han sobrevivido conservan importantes cuotas de poder, pero han debido reorientar su actividad. Especialmente han perdido una buena parte del jugoso negocio de la obra pública local, lo que incide en que hayan reforzado más su apuesta por la gestión de servicios.

La transformación del capitalismo español tras la crisis de 2008

Cambios en la estructura productiva. La crisis de 2008 generó cambios en la estructura productiva del país. El más importante, además de la crisis financiera, fue el hundimiento de una parte del sector constructor-inmobiliario que había dominado el crecimiento anterior.

Si bien la crisis inmobiliaria no se llevó por delante al núcleo duro del capitalismo español, sí tuvo consecuencias a nivel local, el plano en el que se jugaban muchas de las políticas especulativas.

La crisis de la construcción tuvo además un importante efecto de arrastre sobre muchos sectores industriales (especialmente metalurgia, productos minerales no metálicos, madera y mueble) lo que ahondó la pérdida de peso de los sectores industriales que ya se venía arrastrando de fases anteriores.  El núcleo del sector industrial se encuentra en la industria automovilística y la química, ambas con una fuerte presencia de multinacionales foráneas, hecho que explica muchos de los avatares que experimenta el sector. Una forma de ver la poca importancia que el sector industrial tiene para las élites locales es la ausencia de un planteamiento serio de política industrial en los años post-crisis.

El único sector que ha contado con una política sostenida durante bastantes años ha sido el sector automovilístico mediante la sucesión de planes destinados a incentivar la compra de vehículos con efectos poco claros para la producción local, puesto que las ayudas no determinan el lugar donde han sido producidos. En la misma línea de ausencia de políticas definidas destacan los recortes de gasto público al I+D que contradicen la teórica apuesta por contar con una industria competitiva.2

La crisis bancaria  podía haber dinamitado al núcleo duro, pero provocó una remodelación que ha reforzado a una oligarquía financiera con menos socios

Con una industria estancada y una construcción a la baja, el papel de impulso de la economía española ha recaído fundamentalmente en el turismo.  La llegada masiva de turistas ha generado una enorme masa de negocio en una variedad de sectores: hostelería y restauración, comercio, actividades de ocio, agencias de viajes, transporte, organizadores de eventos, entre otros, lo que además tiene unos importantes efectos indirectos sobre toda la cadena de suministros al sector.

En términos de estructura empresarial se trata de una actividad que tiene paralelismos con el sector inmobiliario. Aunque hay empresas de tamaño diverso y algunas son de dimensiones considerables (como Globalia, Meliá, Barceló y NH Hoteles), el sector está constituido por un gran número de empresas de diferente tamaño que tienen intereses comunes centrados en la promoción de la actividad turística en sus diferentes modalidades. El espacio de intervención del sector es el local, presionando a las autoridades locales para que desarrollen políticas de atracción de visitantes, organicen o apoyen actividades de masas, reduzcan cargas impositivas o apliquen regulaciones permisivas. Un hecho especialmente visible en ciudades como Barcelona, a la que me referiré posteriormente.

La propia composición de las empresas que forman parte del Ibex 35 refleja tímidamente estos cambios. Se mantiene el núcleo duro de bancos, empresas de telecomunicaciones y energéticas. Se reduce el número de grandes constructoras (de seis a tres) y en cambio aparecen empresas hoteleras, socimis inmobiliarias, gestión de reservas aéreas y aeropuertos. El peso del sector industrial es pequeño: siete empresas (ocho si se considera que Inditex, el gigante de la distribución textil, tiene una parte industrial), aunque destaca recientemente la emergencia de dos grandes farmacéuticas (Grifols y Almirall).

Cambios en las formas de propiedad. Los cambios en la estructura productiva, en el peso de los distintos sectores económicos, y con ello en la mayor o menor importancia de las empresas líderes constituye una cuestión crucial, pero no la única de las mutaciones que experimenta el capitalismo español.

Hay también una importante dinámica de transformación en la estructura de la propiedad y la gestión. Esta puede traducirse en términos de internacionalización y financiarización. España ha continuado recibiendo un flujo intenso de capitales extranjeros no solo en forma de inversión directa, sino especialmente de capital financiero manejado por fondos de inversión, fondos soberanos y fondos de pensiones. Solo nueve de las 35 empresas del Ibex tienen un grupo de control local claramente dominante, y en otras seis con una presencia importante (básicamente de los grupos financieros locales), en cinco hay presencia importante de capital público, y el resto están controladas por grupos extranjeros o por fondos financieros.

La mayor parte de las empresas que cotizan en bolsa tienen una presencia en su capital de estos fondos, que posiblemente son agentes muy activos en el mercado bursátil, especialmente BlackRock, Norges Bank, Vanguard y Deutsche Bank. Seguir la composición de capital de las grandes empresas es tarea complicada porque estos inversores financieros están continuamente variando sus posiciones en lo que parece el predominio de una lógica especulativa. Los movimientos de estos fondos añaden inestabilidad a las propias empresas y, sin duda, generan presión al Gobierno, más allá de las presiones que realizan directamente las empresas cuando tratan de proteger sus intereses en los mercados regulados en los que operan.

En la mediana empresa se aprecia otro proceso de transformación igualmente relevante. En un número creciente de casos, la propiedad se transfiere de grupos familiares o un número reducido de socios a fondos de gestión de empresas. En muchos casos estas empresas inversoras han sido creadas por personas provenientes de grandes bancos y empresas financieras, que conocen el funcionamiento de estos mercados y crean vehículos de inversión dedicados a la compra y venta de empresas. Hay una pauta bastante común de compra de empresas de una misma línea de producto para crear grupos empresariales de mayor tamaño que al cabo de un tiempo se venden a otros inversores. No es tampoco extraño que en estas operaciones se endeuda a la empresa comprada para que los fondos recuperen a toda velocidad el dinero inicialmente invertido, lo que puede crear una mayor inestabilidad financiera.

Una variante del modelo es la inversión en activos inmobiliarios, potenciada a partir de la legalización de las socimis que cotizan en bolsa (dos de ellas, Colonial y Merlin, están en el Ibex 35), donde la inversión se orienta hacia la compra de todo tipo de edificios: oficinas, hoteles, centros logísticos y viviendas de alquiler. Y donde la compraventa de activos con fines especulativos es aún mayor que en el caso de las empresas productivas. Muchas de las socimis cotizadas en bolsa tienen beneficios muy superiores a sus ingresos por alquileres, beneficios basados en la revaluación de activos y en operaciones de compraventa (de rotación en el argot del sector).

Esta operativa tiene una contrapartida en la mutación que experimenta una gran parte de la burguesía local. De gestores-propietarios de empresas pasan a convertirse en inversores rentistas. La venta de empresas proporciona una suculenta cantidad de dinero dispuesta a buscar rentabilidad en el mercado. Es bastante habitual la creación de “family office”, de fondos familiares que invierten en fondos de inversión y en actividades inmobiliarias, y que a menudo son gestionados por una variada gama de empresas intermediarias. Hay una enorme variedad de fórmulas, muchas de ellas determinadas por el impacto de la fiscalidad, como muestra el ejemplo de las sicav y las socimis, y es bastante habitual que se creen sedes corporativas en países como Holanda o Luxemburgo.

Una gran parte de la burguesía local ha dejado de constituir una capa empresarial, dejando la gestión a un gran ejército de profesionales, y se ha convertido en meros buscadores de rentas en los mercados financieros e inmobiliarios. Esto tiene importantes impactos tanto en el funcionamiento empresarial como en las dinámicas urbanas. En el primer caso el cambio en la estructura de propiedad aumenta la vulnerabilidad de las empresas al predominar modelos de gestión a corto plazo que pueden afectar a su consolidación a largo plazo. Algún analista ha destacado que la dinámica de estas empresas gestionadas por grupos financieros experimenta un ciclo en tres fases, una primera en la que el comprador trata de recuperar la inversión (a menudo aumentando el endeudamiento de la empresa), una segunda de consolidación y crecimiento (a menudo mediante fusiones) y una tercera de venta. Si algo falla, la vida de la empresa y el empleo están en peligro.

La mediana empresa vive otro proceso de transformación relevante al transferir la propiedad de grupos familiares a fondos de gestión de empresas

Esta orientación rentista es aún más acusada en el mundo urbano donde la búsqueda de altas rentabilidades alienta la especialización turística, pues son más elevadas las rentas que se obtienen con el alquiler de hoteles y apartamentos turísticos que con el de la vivienda habitual.

El mercado de la vivienda y de los espacios comerciales en grandes ciudades como Madrid y Barcelona está sufriendo un profundo estrés provocado por esta presión inversora que genera enormes costes sociales a la colectividad. Es por ejemplo interesante destacar que en el debate económico post-Covid en Barcelona una de las quejas, justificadas del pequeño comercio, ha sido el coste que significa pagar alquileres con el local cerrado o a bajo rendimiento. En cambio, en el debate de un pacto sobre Barcelona promocionado por el Ayuntamiento, el tema alquileres ha sido uno de los grandes olvidados. Muchas de las rentas del comercio y el turismo en las grandes ciudades acaban en manos de grandes inversores, entre los que se cuenta la antigua élite industrial.

La construcción de la representación de las élites

Mecanismos de intervención de las élites. Las élites económicas tienen numerosos mecanismos de influencia sobre los poderes políticos: formales e informales. Una parte de la élite política y de la administración forma parte ella misma de la élite económica, bien por origen social, bien por la existencia de numerosas y variadas puertas giratorias, no solo de los políticos de más alto nivel (el caso más vistoso), sino también de muchos cargos medios que ocupan puestos en sectores económicos clave, como es el caso de altos técnicos de Hacienda que ocupan puestos relevantes en empresas de asesoría fiscal o, como ha puesto en evidencia el caso Villarejo, la importante colusión que existe entre altos cargos policiales y los responsables de seguridad de las grandes empresas. Y hay también un tercer nivel de conexión más implícito y derivado de la ideología económica dominante entre economistas de Estado, técnicos comerciales y la alta dirección del Banco de España.

Una muestra de esta tradición de confianza y compadreo se observa al ver los componentes conocidos de la comisión España 2050 promovida por la Ministra Calviño: todos los economistas que hemos podido conocer son gente ligada a la Fundación Fedea (tradicionalmente financiada por muchas de las empresas del Ibex), que llevan muchos años asesorando a los gobiernos del PSOE (Luis Garicano, el líder de Ciudadanos también proviene de este grupo). Una forma de visualizar esta conexión es cuando tiene lugar un viaje de representación internacional donde se invita a un grupo selecto de empresas indicativo de los intereses comerciales que se quieren promocionar.

Parte de la burguesía local ha cedido el rol empresarial, dejando la gestión a un ejército de profesionales, y se ha convertido en buscadores de rentas

Un segundo mecanismo es el de la representación formal a través de una variada gama de organizaciones empresariales, empezando por la CEOE y siguiendo por las Cámaras de Comercio, las organizaciones sectoriales y otras formas de representación a medio camino entre un think tank y un organismo representativo. Me refiero al Círculo de Empresarios madrileño o al Cercle de Economía barcelonés. Es obvio que en muchos casos las élites delegan a funcionarios y personajes de segunda fila esta labor representativa. O que su presencia es a veces decorativa. Pero en momentos importantes son instituciones que intervienen de forma contundente.

Este es el caso reciente de la convención organizada por la CEOE en el mes de junio con motivo de la pandemia. Un análisis de su organización, e incluso del eco informativo, permite detectar dos cuestiones: primero la importancia dada a cada sector era correlativa a su importancia real en la jerarquía económica. Segundo las intervenciones principales corrieron cargo de verdaderos representantes de la élite: Pablo Isla de Inditex, Juan Roig de Mercadona y Antonio Garmendia como presidente de CEOE. Las primeras mesas sectoriales muestran en su mismo orden la jerarquía empresarial: finanzas (con Ana Botín y el resto de presidentes de bancos), energía, operadores de redes, turismo…Y su discurso marcó una línea clara: ni retroceso en el modelo laboral ni aumentos de impuestos.

En tercer lugar, a una escala de representación, está lo que podríamos llamar “la sociedad civil de las élites”, una nebulosa de clubs deportivos, centros culturales, clubs de empresarios cuyas directivas siempre están en manos de gente relacionada con las élites, muchas veces moviéndose entre una y otra entidad y que tienen una enorme capacidad de situar sus intereses y puntos de vista como ideas hegemónicas en la sociedad. Una sociedad que se articula también a través de encuentros informales en eventos, lugares de veraneo, etc.  Que se añaden a otras formas de influencia como el control que ejercen determinados grupos empresariales sobre medios de comunicación o el hecho cada vez más preocupante que tanto el sector público como el privado recurre al mismo tipo de empresas asesoras que ayudan a conformar una visión común de la economía y la gestión pública.

Las élites españolas se han adaptado con éxito al proceso de globalización, optando por un modelo depredador y rentista

Una ilustración: el caso de Barcelona. Llevo tiempo tratando de analizar está dinámica para el caso de Barcelona. Hace años el periódico Expansión dio cuenta de la existencia del Grup 16 (curiosamente nada de ello había aparecido en la prensa generalista), un encuentro de dieciséis entidades que mantenían reuniones periódicas para promocionar propuestas ciudadanas.

Analizar este grupo es sumamente instructivo: cuatro organizaciones empresariales (Fomento de la Producción, Cercle d’Economia, Cambra de Comerç, Institut Agràri de Sant Isidre), seis deportivas (FC Barcelona, R.C.D. Espanyol, Real Club de Polo, Real Club de Tenis Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya y Club Natació Barcelona), cuatro culturales (Cercle del Liceu, Orfeó Català, Cercle Artístic y Ateneu Barcelonés), el Círculo Ecuestre (un rancio centro social de la alta burguesía, y el Real Automobil Club de Catalunya (un híbrido de empresa privada, lobby del automóvil y organizador de competiciones de motor).

Cotejando componentes de las juntas de estas entidades se advierte una fuerte presencia de personas ligadas a las grandes familias de la ciudad, en algunos casos con participación en diversas entidades. Se han creado asimismo otras iniciativas como Barcelona Deporte Cultura o Barcelona Global en las que aparecen las mismas familias y que juegan un papel muy activo como lobby para promover un modelo local basado en las diversas modalidades de turismo (vacacional, de fin de semana, de congresos y eventos, de festivales, sanitario) y de nuevas tecnologías jugando con el atractivo de la ciudad para la llegada de “talento” exterior. Es visible que esta red extiende sus conexiones a sectores de la Universidad, del sector hospitalario privado y cuenta con un fuerte apoyo por parte de los gestores públicos de Puerto y Aeropuerto.

El desarrollo de la Barcelona de estos últimos años ha sido en gran parte resultado de las iniciativas, presiones y políticas que este bloque ha conseguido imprimir a la ciudad. Un modelo de “éxito”, que la crisis de la Covid se ha encargado de mostrar su cara vulnerable. Un modelo que tiene detrás la enorme rentabilidad del inmobiliario y que tiene su otra cara en la creciente precariedad laboral y la crisis de la vivienda que experimentan los sectores obreros y populares (incluido el comercio tradicional).

Cuando escribo estas líneas se está negociando en Barcelona un “Pacto de Ciudad” en el que participan todos los partidos del consistorio y al que han sido invitados tanto los poderes económicos como una variada gama de entidades sociales (sindicales, vecinales, del tercer sector…) y donde se ha podido constatar la ignorancia, cuando no el desprecio, por parte de las élites de las necesidades de la mayoría de la población y de las limitaciones de su propio modelo.

Conclusión

La revisión de lo ocurrido los últimos diez años no cambia en lo fundamental la evaluación que hice anteriormente de las élites españolas. Estas se han adaptado con notable éxito al proceso de globalización optando por un modelo de especialización especialmente rentable para sus intereses. Un modelo en gran medida depredador y rentista. Una buena prueba de ello es que tras la crisis de 2008 el capitalismo español se rehízo en términos de producción mercantil y muy especialmente las clases pudientes han obtenido un notable avance en términos de su cuota de renta nacional. Por esto, en España han aumentado, a la vez, los ricos y los pobres. Es, sin embargo, un modelo de una enorme fragilidad en lo económico (muy dependiente del turismo), lo social (desigualdades, precariedad y pobreza) y en lo ecológico.

La crisis de la Covid-19 ha mostrado todas sus carencias y la cuestión es ver si estas élites son capaces de maniobrar otra vez en favor de sus intereses o podemos entrar en un cambio sustancial de modelo que reduzca su poder. De ello depende el bienestar colectivo y la respuesta a la ya evidente crisis ambiental.

Albert Recio Andreu es profesor honorífico de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

NOTAS

1  Albert Recio, «Rasgos del nuevo poder oligárquico en España. Viejas y nuevas caras de la oligarquía española», en Federico Aguilera y Jose Manuel Naredo, Economía, poder y megaproyectos, Fundación Cesar Manrique, Teguise, 2009, pp. 123-151.

2  Josep Banyuls y Albert Recio, «Spain: in search of an industrial policy», en Frank Gerlach, Marc Schietinger y Astrid Ziegler (eds.), A strong Europe – but only with a strong manufacturing sector, Schüren Verlag, Marburg, 2015.

Acceso al artículo completo: Las élites capitalistas españolas entre dos crisis.

El día 29 de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el acceso a un ingreso mínimo vital (IMV) desde el sistema de la Seguridad Social.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

Han pasado tres meses ya desde su aprobación y las trabas burocráticas, la escasez de personal, así como las dificultades en el plano digital de muchas familias para poder solicitarlo, obstaculizan el avance en la resolución de los expedientes, por lo que miles de personas siguen esperando la llegada de este subsidio.

El número 150 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado  Trabajo y la Vida Buena en la Encrucijada incluye en su sección ACTUALIDAD, un artículo de Guillermo Fernández Maíllo que hace un repaso a los antecedentes más recientes del IMV, los elementos de avance que posee y algunos de sus déficits y ambigüedades más preocupantes. Señala también algunos de los aspectos sobre los que habrá que estar atentos en relación a su desarrollo futuro y el impacto que genera en la implantación de una Renta Básica Universal.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital

Guillermo Fernández Maíllo

Papeles de Relacioness Ecosociales, núm. 150, verano 2020, pp. 83-92.

De dónde venimos

Han tenido que pasar casi treinta años, desde el inicio del desarrollo de las Rentas Mínimas de Inserción en las Comunidades Autónomas (CC.AA), como se las denominó en su origen, para que un gobierno central se decida a implantar una prestación estatal que busque como objetivo principal

«garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos».[1]

La prestación que hasta ahora capitalizaba este objetivo, las actuales rentas mínimas autonómicas, han sido consideradas habitualmente como la última malla de seguridad para la ciudadanía con menos oportunidades. Una malla con grandes carencias, que salvo los casos de País Vasco, Navarra y, en menor medida, Asturias, no conseguían alcanzar la reducción de la pobreza en sus territorios de forma suficiente. Y ha sido un virus el que ha catapultado esta iniciativa.

El conjunto de prestaciones de protección social que ha ido creciendo progresivamente en España en las últimas décadas lo ha hecho de forma desordenada  y respondiendo a necesidades concretas de grupos o necesidades específicas que iban haciéndose hueco en la agenda política. Esto ha provocado problemas ya muy conocidos tanto por los científicos sociales como por las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (TSAS). Superposición de poblaciones objetivo, déficits de cobertura, insuficiencia de las cantidades a percibir, articulaciones administrativas complejas, problemas de accesibilidad, condicionalidades punitivas y un largo etcétera. Es cierto que este desarrollo ha acabado construyendo un “sistema” con cierta tendencia a trazar un itinerario donde las rentas mínimas se habrían ido colocando en esa posición de “última red”. Una red creada, potenciada, asumida y gestionada al 100% por las CC.AA, lo que ha provocado una disparidad histórica en quién, cuánto y cuántos eran ayudados con esas necesidades de supervivencia.

Las diversas mejoras que se han producido en esta última red se han generado por procesos de ósmosis entre las CCAA, que han sido claramente insuficientes para consolidar una prestación homologable en el conjunto del territorio.

Durante el largo proceso de “prosperidad” económica desde la crisis de mediados de los años noventa hasta finales de la primera década del siglo XXI apenas apareció este tema en la agenda política y ciudadana. Quedaba su discusión circunscrita al ámbito reducido de los Servicios Sociales Públicos, de las organizaciones que trabajaban en el ámbito de la pobreza y la exclusión social y de algunos especialistas de la academia. Sin embargo, la crisis de 2008 comenzó a ponerlo tanto en la agenda ciudadana como en la de investigación social. Se comenzó a reclamar cada vez más insistentemente, que fruto de las consecuencias de la precariedad que se estaban viviendo, el Gobierno central tomara la iniciativa en relación a esta cuestión. A la necesidad de implementar un ingreso digno para los hogares que estaban sufriendo la crisis, se unió la discusión sobre si esta renta debía ser de carácter universal e incondicionada (RBU). Una idea sobre la que ya se venía teorizando y trabajando desde hace décadas, pero que apenas había salido de los ámbitos especializados.

Las prestaciones de protección social han ido creciendo progresivamente en España en las últimas décadas de forma desordenada.

Sin embargo, la opción del Gobierno socialista y posteriormente la del popular, fue canalizar las ayudas a través del marco de las prestaciones por desempleo, siguiendo la lógica de la activación que liga cualquier mecanismo de participación en el producto social a estar incorporado en el mercado de trabajo. Un mercado que llevaba años de precarización y de expulsión de grandes colectivos fuera del marco del empleo de calidad. La crisis 2008-2016 fue una nueva oportunidad de articular el último entramado de seguridad.

La discusión sobre la RBU adquirió altos grados de temperatura entre defensores y detractores, entre utópicos y pragmáticos, convirtiéndose en un debate complejo de entender por el conjunto de la ciudadanía. Mucha gente no acababa (ni acaba) de entender la diferencia entre renta mínima, renta garantizada, renta básica universal y los diversos matices que rodean la cuestión. Esto ha generado que la misma haya llegado al conjunto de la sociedad de una forma distorsionada, a pesar del esfuerzo de muchos por poner claridad y razón.

Fue durante la segunda legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, debido a las presiones que estaba recibiendo no solo a nivel interno de las organizaciones sociales sino desde la Unión Europea, cuando se acomete el último intento de revisar a fondo el sistema de garantía de rentas para poder reorganizarlo. No existe una versión pública de lo sucedido en ese proceso que se desarrolló entre octubre de 2016 y diciembre de 2017. Queda como testigo del trabajo el informe que realizó el equipo de investigación encargado a tal efecto.[2]

Mi impresión sobre aquel proceso en el cual participé, es doble. Por un lado, el Gobierno (o los representantes del mismo en el proceso) le costaba asumir que la realidad que subyacía como necesidad de aquella reforma no cuadraba con la imagen de un país en recuperación. No se compartían las cifras de pobreza, exclusión y desigualdad que lo fundamentaban. Por otro, las conclusiones eran demoledoras para el propio sistema y necesitaban de un esfuerzo ciclópeo el querer acometerlas, sobre todo porque reconocían que el empleo, tanto por cantidad como por calidad, ya había dejado de tener la fuerza suficiente para la inclusión de amplias capas de la población. Invertir en reforzar el sistema de prestaciones era difícilmente asumible en un contexto de contención del gasto público.

Después de diez años desde el comienzo de la “gran Recesión” no habíamos sido capaces de acometer a nivel estatal una reforma necesaria de los mecanismos prestacionales de lucha contra la pobreza.

Y en esta situación llegó un virus…

Dónde estamos

El día 29 de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el acceso a un ingreso mínimo vital (IMV) desde el sistema de la Seguridad Social. Para los miles de personas que lo necesitaban antes de la crisis de la COVID-19 y para las que no tenían ingresos en los que apoyarse llega muy tarde. Sin embargo, que en tres meses que han pasado desde el estallido de la pandemia se haya legislado al respecto, y dentro de los ritmos de gestión de cualquier administración pública, hay que valorarlo muy positivamente.  El RDIM despeja las dudas de enfoque que se han venido discutiendo a lo largo de los últimos años y supone un hito en la protección social en España al introducir una prestación de carácter flexible y dirigida a la lucha contra la desigualdad y la pobreza  en el sistema de la Seguridad Social.

Enunciemos en primer lugar algunos de los avances de la norma frente al anterior sistema. El RDIM reconoce la doble naturaleza de la pobreza y la exclusión, tanto desde el punto de vista personal y del hogar (trampa de la pobreza) como de déficits estructurales de la sociedad (seguro colectivo). Se reconoce como derecho subjetivo, dando un paso importante frente a la tradición, en épocas de crisis, de limitar el derecho por la vía de la asignación de un presupuesto limitado con objetivo de contener el déficit en primera instancia. Esta práctica fue muy utilizada durante la anterior crisis por algunas CCAA. Su entrada en la cartera de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social amplía su marco de protección.

Se vincula a la situación de necesidad y no a un plazo predeterminado independientemente a la misma. Con ello se convertirá en un mecanismo de estabilización automática como las prestaciones de desempleo en épocas de crisis.

Se articula con otras necesidades básicas como la vivienda, exonerando la vivienda habitual del cómputo patrimonial para la obtención del ingreso y contemplando posibilidades de mejora en tanto en cuanto el alquiler supere el 10% del ingreso mínimo anual correspondiente a su categoría. Esta articulación es un avance relevante, aunque tiene que entenderse que los costes de la vivienda exceden con mucho lo que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede resolver en las necesidades de vivienda de la población perceptora de la prestación.

Finalmente, y esto es algo importante cuando hablamos del ámbito de la exclusión social, dota de la posibilidad de contemplar circunstancias individuales y del hogar diferentes a las descritas a la hora de valorar su concesión y las circunstancias de cambio. En este aspecto las CCAA y los Ayuntamientos podrán tener un papel relevante en este aspecto, transformando el sentido arbitrario histórico de las rentas mínimas, por una prestación de derecho “comprensiva” de los matices de la realidad de los hogares. En este caso no es lo mismo si es antes “el huevo o la gallina”. No es lo mismo tener una prestación de derecho que la pueden percibir justificadamente hogares que no cumplen determinados requisitos, que una valoración subjetiva que te da acceso a una prestación de derecho.

Sin embargo, hay aspectos que, desde mi punto de vista, o bien quedan ambiguamente definidos o bien quedan a expensas de futuros desarrollos normativos de carácter reglamentario que no está clara su dirección.

El fundamental tiene que ver con la articulación con los mecanismos del empleo. De forma tácita se reconoce la obligación de participar en el marco del empleo como mecanismo principal de inclusión. Esta participación se circunscribe inicialmente a estar inscrito como demandante de los servicios de empleo. Cómo y de qué manera se vaya a desarrollar esta vinculación será determinante dadas las dificultades de los Servicios de empleo de estar preparados para trabajar con perfiles de personas en programas o itinerarios que no están diseñados a tal efecto. Una de las causas fundamentales de la pobreza severa en España tiene que ver con la enfermedad y la no existencia de prestaciones adecuadas ante esta circunstancia. Es deseable que lo que el IMV puede ayudar a paliar, no lo menoscabe la presión hacia una empleabilidad imposible.

Un objetivo muy razonable del RDIM es impulsar las oportunidades para la inclusión social.

¿Cómo se piensa articular el IMV con esas oportunidades?

¿Será bajo los tradicionales mecanismos de control social de los Servicios Sociales o esto supondrá un replanteamiento de los mismos intentando construir el derecho a la inclusión independientemente al derecho a la supervivencia?

La existencia de una prestación en la Seguridad Social es una herramienta que puede ser utilizada como palanca para la inclusión, pero la percepción del IMV no puede condicionarse a la participación en itinerarios de inclusión. El éxito de un itinerario (que por cierto es un concepto explicativo que no es real en la intervención social) se debe a la voluntad de los que lo recorren, voluntad que no debe ser condicionada, dado que su efectividad bajará en ese caso.

Queda abierto, por otro lado, que se vinculen las obligaciones de la prestación con futuros acuerdos para la inclusión con las CCAA en el desarrollo de sus propias competencias. Si no existe una cierta homogeneidad en la aplicación en este sentido se puede abrir un nuevo frente de desigualdad que precisamente este Real Decreto trata de superar con la prestación. En las diversas reuniones explicativas que se han desarrollado post-decreto, se ha insistido en pedir aclaraciones sobre este aspecto, asegurándose que no se va a condicionar recibir la prestación del IMV a aceptar un trabajo o a participar en un itinerario de inserción. En la línea de la idea de un doble derecho. Este será un punto especialmente complejo. En este momento el ministro Escribá ha anunciado que se ha propuesto pasar “de oficio” a los actuales perceptores de las rentas mínimas autonómicas al nuevo IMV.

¿Será obligatorio también la participación en itinerarios discrecionales como lo es en muchas CCAA?

Por último, un elemento que debería de abordarse en el desarrollo reglamentario del RDIM es el de algunos colectivos específicos que se han quedado fuera. Solo cito uno específico como ejemplo, el de las personas que salen con 18 años de nuestro sistema de protección de menores y que por edad no tendrían derecho a percibirlo. Es absurdo haber estado protegiendo a niños y jóvenes, invirtiendo en ellos durante años y luego dejarlos a la intemperie. Su incorporación en el desarrollo reglamentario tendría todo el sentido.

Mención aparte es el no contemplar la inmigración irregular. Podría entenderse la necesidad de establecer un límite en esta materia, sin embargo, los diseñados dejan fuera situaciones no de personas recién llegadas sino vinculadas a la irregularidad sobrevenida y otras circunstancias difíciles de comprender. Se argumenta que quizá este pudiera ser el campo de las políticas de asistencia social de las CCAA, porque es cierto que ciertas particularidades pueden ser enfrentadas mejor desde la cercanía de una administración territorial. Sin embargo, esta cuestión es demasiado amplia y compleja como para querer evadirla.

Hacia dónde vamos

Uno de los temas más espinosos, una vez comience a implementarse esta prestación, es a qué se van a destinar los actuales fondos de gasto de las rentas mínimas. Existe el riesgo de que el efecto sustitución entre ambas prestaciones genere incentivos no deseados, ya que ante la garantía desde el Estado de una cantidad mínima homogénea a nivel del conjunto del país, puede haber CCAA que decidan directamente ahorrarse la prestación o trasvasar sus fondos a partidas alejadas del gasto social.

Una de las ideas que subyace detrás de la nueva ley es la de que se produzca una articulación adecuada con las realidades sociales de las diferentes CCAA. En este sentido, los niveles de vida de cada una de ellas es diferente, y las realidades de desigualdad también.[3] Parecería razonable que una primera forma de utilizar esos fondos sea para equilibrar los déficits que la inversión estatal pudiera suponer respecto a los umbrales autonómicos de pobreza y exclusión social o para incrementar la lucha contra la pobreza en aquellas CCAA con menor nivel de vida, pero con mayores índices de pobreza y exclusión social. De esta manera podrían mejorarse los resultados en términos de reducción de la pobreza monetaria. Una segunda manera es construyendo un sistema de complementos a esa renta mínima estatal que vaya dirigido a realidades específicas de los hogares que tengan ciertas características de vulnerabilidad y no contempladas en el RDIM, como las personas que no puedan justificar alguno de los requisitos de empadronamiento o tiempo de emancipación, etc.

Las cifras del IMV apenas llegan para superar los niveles de pobreza severa en un hogar, por lo que hay un amplio elenco de necesidades que no llega a cubrir.

Una tercera vía es la de construir prestaciones complementarias vinculadas a necesidades concretas, como podría ser para el acceso o el mantenimiento de la vivienda, necesidades de salud (acceso a tratamientos como el dentista o acceso a medicación) o necesidades urgentes frente a gastos inesperados. No olvidemos que las cifras del IMV apenas llegan para superar los niveles de pobreza severa en un hogar, por lo que hay un amplio elenco de necesidades que no llega a cubrir.  Por último, otra vía es vincular ese gasto al desarrollo del concepto del doble derecho. Derecho a la supervivencia, a través de una prestación dirigida a reducir la pobreza monetaria (a través del IMV), y derecho a la inclusión, a través de programas de apoyo para mejorar la participación en el producto social a través de los Servicios Sociales Públicos.

Esta última alternativa, solo la vería eficaz en aquellas CCAA con un volumen elevado de gasto en la actual prestación, ya que suelen correlacionar con sistemas de seguridad social más desarrollados y con menos problemas estructurales. CCAA con déficits en, por ejemplo, ratio de trabajadores sociales por habitante y que actualmente dedican pocos fondos a la renta mínima corren el riesgo de que los mismos se vean absorbidos por ese tipo de necesidad, pero que al ser cantidades mínimas no tengan un impacto real en esos déficits y acaben perjudicando al sector de la población que las pudiera percibir.

Un segundo aspecto, quizá el más relevante históricamente en relación a las rentas mínimas autonómicas, es la capacidad de cobertura entre la población que la necesite.

¿Llegará a quién lo necesita? Esto depende de dos aspectos, los requisitos y la accesibilidad.

En relación a la primera los requisitos parecen razonables en el contexto en el que nos encontramos, aunque está por demostrar si la capacidad de gestión y la solicitud telemática no reflejará la brecha digital de la población más pobre. Simplemente tener que hacer la declaración de la renta (aunque sea a posteriori) ya será un hándicap a superar.

En relación al segundo, el RDIMV establece la necesidad de llegar a acuerdos con el máximo posible de agentes que puedan colaborar en este sentido. La existencia multicanal de solicitudes puede ser beneficiosa si finalmente se estructura. Habrá que esperar al desarrollo de los acuerdos correspondientes y de los medios que se pongan a disposición de este desarrollo.

En cualquier caso, habrá que dar tiempo para comprobar en la práctica las personas que quedan fuera del IMV, tomar las medidas correctoras correspondientes y valorar las mejoras de la propia prestación . Se ha insistido durante la presentación del RDIMV en la importancia de la evaluación tanto ex-ante como ex-post. Bienvenidas sean, son muy necesarias y nos ayudarán a tomar mejores decisiones. “Ojalá” todas las políticas públicas sean tan bien evaluadas como las dirigidas a las personas más pobres.

Un tercer aspecto notable de futuro será hasta qué punto, una vez puesto en funcionamiento y habiendo alcanzado un cierto desarrollo, el IMV interferirá o potenciará el debate sobre continuar dando pasos para que esta prestación se convierta verdaderamente en una Renta Garantizada no condicionada, o relance el debate más amplio de la Renta Básica Universal (RBU). Hay elementos positivos en la actual ley que la acercan a una renta garantizada como el reconocimiento del derecho subjetivo, y quizá los elementos de condicionamiento que se han establecido en el IMV reflejan la ambigüedad de la actual discusión.

Es posible que esta implantación sea un primer paso como ya anunció el Ministro Escrivá,[4] y que la misma ley enuncia, que en el futuro tenga que ser contemplado dentro de una reordenación más amplia de nuestro “sistema” de garantía de rentas. Pero la línea que se ha establecido se acerca mucho más a políticas focalizadas que a una dirección más universalista. Además de esta dificultad, no hay seguridad de que esto sea así en un contexto de inestabilidad política y de enormes tensiones presupuestarias. De hecho, podría esperarse un proceso de reducción conjunta a la baja una vez que se incorpore en el debate la reforma de los mecanismos de prestaciones al desempleo y de las pensiones. La solución a solapamientos e ineficiencias del sistema, medidas imprescindibles de acometer, pueden llevar a una cierta desinversión que debe ser suficientemente justificada en el caso que se produzca.

Con unos presupuestos del Estado en situación de aumento creciente en su déficit, no parece muy posible avanzar en la discusión/implantación de la RBU. Como apunta Noguera,[5] en este tipo de contextos nos enfrentamos a un trilema de difícil solución simultánea: que la renta sea lo suficientemente alta para hacer desaparecer la pobreza, que sea disponible de forma inmediata y que sea incondicional, universal e individual . En cualquier caso, la actual ley es un paso que había que recorrer.

Un cuarto aspecto es cómo va a evolucionar el apoyo a medidas protectoras de este tipo en la ciudadanía y la interpretación que hagan las mismas nuestros decisores públicos. El barómetro de mayo de 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas da un apoyo del 83,4 % de que el Gobierno conceda un IMV a aquellas personas y sectores más necesitados. Existe un alto apoyo a una prestación condicionada. Sin embargo, el apoyo a una prestación universal y no condicionada no supera el 50% en la mayoría de las CCAA según los estudios territoriales realizados por la Fundación FOESSA. Incluso como refieren Barragué y Martínez[6] es posible que las personas que apoyan una Renta Básica Universal ante una pregunta de prestación condicionada a los niveles de renta y pensando solo en los que lo necesiten, también expresen opiniones contradictorias.

Por último, tendremos que observar atentamente cuáles son los efectos reales de una prestación de estas características sobre la economía sumergida. Parece clara la intencionalidad, en las próximas reformas del sistema asistencial de prestaciones públicas, de reducir, de forma indirecta, los efectos perniciosos de la misma. No sabemos qué efectos tendrá la colusión en este caso, pero no perdamos de vista que las dinámicas de la pobreza y la exclusión social van mucho más allá de los mecanismos legislativos. El trade-off que conlleva entrará en juego en relación a este último objetivo, y el resultado es una incógnita.

El Ingreso Mínimo Vital era necesario, pero solo es un paso más en el largo camino que queda por recorrer en la garantía del derecho a la supervivencia material.

Guillermo Fernández Maíllo es sociólogo. Miembro de la Fundación FOESSA y del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

[1] Exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.

[2] Luis Ayala, José María Arranz, Carlos García y Lucía Martínez, El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015,

[3] Estas disparidades pueden ser consultadas en  Guillermo Fernández (coord..) Informes territoriales sobre exclusión y desarrollo social, 2019.

[4] Consulta 9 de junio 2020, https://www.eldiario.es/economia/Jose-Luis-Escriva-ingreso-hogares_0_1018398538.html

[5]  José Antonio Noguera La renta básica universal, un estado de la cuestión, 2019.

[6] Borja Barragué y César Martínez, «La renta básica en la agenda de Podemos: ¿cuestión de viabilidad política o de viabilidad financiera?», ICADE, Revista de la Facultad de Derecho núm. 99: Economía de la salud, 2016, pp. 159-183.

Acceso al texto completo en formato pdf: Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital.

El próximo lunes 3 de febrero  tendrá lugar una nueva sesión de 2020 del Curso de Economía de la Universidad del Barrio, organizada por FUHEM Ecosocial, Economistas sin Fronteras y el Salmón Contracorriente.

En esta ocasión reflexionaremos sobre algunos elementos de vulnerabilidad en la economía mundial sobre los cuáles es posible prever un nuevo escenario de crisis económica.

Desigualdad, financiarización y políticas neoliberales están en el origen de la pasada Gran Recesión. Poco de esto parece haber cambiado: a la desigualdad rampante se suma una precariedad vital en un contexto en el que, si bien el liberalismo económico internacional se pode en cuestión por nuevos populismos de derecha, el poder de las finanzas y su consecuente formación de burbujas constantes mantiene su plena vigencia

De esta manera, ya sea por conflictos geopolíticos China-EEUU, nuevos ciclos especulativos, o encarecimiento repentino de los recursos energéticos, o simplemente falta de demanda, parecen soplar de nuevo vientos de recesión…

Contaremos con la presencia de:

Ricardo Molero Simarro, Profesor de Estructura Económica Mundial y de España, en la Universidad Autónoma de Madrid.

Natalia Arias Pérez, Economista y asesora de organizaciones sindicales.

RECUERDA:

FECHA: lunes 03 de febrero.

HORA: 19 h.

LUGAR: Teatro del Barrio

C/ Zurita, 20

28012 Madrid

Metro Lavapiés.

La crisis económica y los recortes adoptados en respuesta están provocando duros efectos sociales, reflejados en las cifras de paro, desahucios y avance de la pobreza, que impactan en toda su crudeza en los hogares. Pero no afectan por igual a todos los miembros de la familia; se muestran más duros con los menores, que presentan

más riesgo de pobreza, y con las mujeres, que asumen el trabajo derivado del recorte de servicios públicos y, en muchos casos, las dificultades impuestas por menores ingresos.

Este dossier aborda estas cuestiones a través de los análisis de Lucía Vicent, sobre el impacto de la crisis en los hogares; Carmen Castro, que trata los efectos de los recortes en las mujeres; Astrid Agenjo, sobre las respuestas frente a la crisis de cuidados; y Yayo Herrero, que aporta pautas desde el ecofeminismo para avanzar hacia una economía al servicio de las personas. El dossier –que recoge los análisis publicados en el boletín ECOS nún. 22 (marzo-mayo 2013)− se completa con una selección de iniciativas feministas en Género en red por Lucía Vicent, y una selección de recursos sobre mujer y crisis económica elaborada por Susana Fernández Herrero.

Puedes acceder al dossier completo: El desigual impacto de la crisis sobre las mujeres (pdf), o a los artículos, las iniciativas y la selección de recursos por separado:

Familia: ¿amortiguador o amortiguadoras?

Lucía Vicent

Los regímenes de bienestar y el grado de protección social sitúan en un lugar muy diferente a los países que afrontan la coyuntura de recesión actual. España lidera la lista europea en cuanto a la gravedad e intensidad de las consecuencias sociales y económicas de la crisis. Y en paralelo, se enfrenta a una evolución de las instituciones tradicionales encargadas de la protección social -Estado, mercado y familias- que recorta el peso de las primeras y lo transfiere a la última, la familia, que asume las consecuencias y regresiones sociales de la crisis y retrasa su manifestación.

¿Cómo afecta la crisis y las políticas de austeridad a los derechos de las mujeres y a la igualdad?

Carmen Castro García

La merma de derechos sociales vinculada a los ciclos de crisis económica se queda corta ante la especial virulencia de la crisis sistémica y de valores que nos atraviesa desde 2008. Vivimos una fuerte involución social que ha interrumpido el proceso de avance hacia la igualdad de género y está creando nuevas desigualdades y la confrontación por el expolio de derechos; todo ello auspiciado por la orientación de las políticas de ajuste, neoliberales, implementadas.

Sostener la vida: respuestas feministas en torno a la organización social de los cuidados

Astrid Agenjo Calderón

El presente artículo recoge un breve recorrido histórico por distintas estrategias llevadas a cabo desde el movimiento feminista en cuanto al reconocimiento y valoración social del trabajo de cuidados, así como en la elaboración de modelos alternativos en torno a su organización social.

Pautas ecofeministas para repensar el mundo

Yayo Herrero

Después de plantear la ruptura existente en el capitalismo entre la esfera de la economía y la realidad física –ya sea naturaleza o personas−, que ha permitido la invisibilización de los costes ecológicos asociados a la actividad económica y del espacio doméstico no monetarizado, la autora realiza una crítica al discurso hegemónico desde el ecofeminismo y reflexiona sobre los principales cambios necesarios para avanzar hacia una economía al servicio de las personas y que respete la naturaleza

Género(s) en Red

Lucía Vicent

Selección de iniciativas en femenino relevantes para el momento actual. La clasificación obedece a su ámbito de actuación –nacional o internacional– y las temáticas que abordan, así como las funciones que desempeñan.

SELECCIÓN DE RECURSOS: El desigual impacto de la crisis sobre las mujeres

Susana Fernández Herrero

El Centro de Documentación Virtual ofrece una recopilación de diferentes recursos: referencias bibliográficas, informes, revistas y artículos que abordan las consecuencias de la crisis actual desde una perspectiva de género. Incluye también una selección de recursos aparecidos en las publicaciones de FUHEM Ecosocial

El desigual impacto de la crisis en las mujeres. Referencias Bibliográficas

El desigual impacto de la crisis en las mujeres. Revistas

El desigual impacto de la crisis en las mujeres. Recopilación de Artículos

El desigual impacto de la crisis en las mujeres. Informes

El desigual impacto de la crisis en las mujeres. Publicaciones FUHEM Ecosocial

Otros Dossieres con perspectiva de Género:

Mujeres y mundo rural: nuevos y viejos desafíos, Emma Siliprandi, Ana Sabaté Martínez, Lídia Senra Rodríguez, Fátima Cruzmarzo, Susana Fernández Herrero, marzo 2018.

Políticas de género y calidad de vida en la ciudad, Gemma Ubasart, Alicia Rius, Christel Keller, Marta Domínguez, Susana Fernández Herrero, marzo 2017.

Género y salud, Maria Pilar Sánchez López, Teresa Ruiz Cantero, Lucero Herrera Cairo, Maria Isabel Casado Mora, Vanesa Puig Barrachina, Marisol Ruiz, Mireia Juliá, Emmanuel Calderón, Kayla Smith, Andrés Peralta, Joan Benach, Susana Fernández Herrero, marzo 2016.

Construcción de la desigualdad de género en la educación, Carmen Rodríguez, Gema Martín, Nieves Salobral, Olga Abasolo y Ana del Pozo, Susana Fernández Herrero, marzo 2015.

Nuevos retos del debate feminista ante la Gran Involución, Justa Montero, Olga Abasolo, Lucía Vicent, Ana del Pozo, Carlos Martínez, Susana Fernández Herrero, marzo 2014.

Feminismos, Violet Eudine Barriteau, Ziba Mir-Hosseini, María Teresa Munguía, Germán Méndez, marzo 2011.

Debates feministas, Justa Montero, Olga Abasolo, Marta Pascual, Yayo Herrero, Lucy Ferguson, enero 2010.

]]> https://www.fuhem.es/2013/03/13/dossier-el-desigual-impacto-de-la-crisis-sobre-las-mujeres/feed/ 0 https://www.fuhem.es/2011/05/12/dialogo-rosa-maria-artal-gonzalo-boye-tuset-juan-ramon-capella-maria-jose-farinas-y-armando-fernandez-steinko/ https://www.fuhem.es/2011/05/12/dialogo-rosa-maria-artal-gonzalo-boye-tuset-juan-ramon-capella-maria-jose-farinas-y-armando-fernandez-steinko/#respond Thu, 12 May 2011 10:24:33 +0000 https://www.fuhem.es/?p=134149 Democracia: ¿herida de muerte?

Mayo 2011

La guerra antiterrorista, iniciada a partir del 11-S, y la crisis económica desatada a partir de 2007, son dos acontecimientos que muestran la debilidad de las bases sobre las que se asientan las democracias representativas en Occidente.

Ambos casos han supuesto grandes retrocesos en materia de derechos y libertades fundamentales en favor de la seguridad y menoscabo de derechos políticos y sociales para favorecer los intereses y la salud del sector financiero.

En nombre de la «guerra contra el terrorismo» hemos asistido a un desarme moral y a un resquebrajamiento de la legalidad en el plano internacional. Bajo su amparo se han bombardeado e invadido países, se ha encarcelado y torturado a centenares de personas que previamente habían sido secuestradas y confinadas en cárceles secretas o en Guantánamo, se han justificado las atrocidades de Abu Ghraib y, no hace tanto, se ha producido el asesinato extrajudicial de Bin Laden, tras una violación previa de la integridad territorial de un Estado.

En el plano interno, la «guerra contra el terrorismo» ha conllevado una represión política y social, que en el caso de nuestro país ha conducido a ilegalizar formaciones políticas y a menoscabar el derecho al sufragio pasivo de numerosos ciudadanos.

Por otra parte, la crisis financiera y las medidas de respuesta adoptadas –con fuertes recortes de los derechos sociales y saqueo de los recursos públicos– ha puesto de manifiesto cómo el poder político ha quedado en gran medida desplazado por el poder de los bancos, organismos financieros y agencias de calificación cuyos valores distan mucho de ser democráticos.

Por este motivo, el área Ecosocial de FUHEM ha planteado tres preguntas para el debate y ha sondeado posibles vías para la recuperación de los valores democráticos.

Leer más

José Manuel Naredo y Jorge Riechmann reflexionan en este diálogo sobre el concepto de trabajo, sobre las características que ha adquirido y las perspectivas que se abren en el actual contexto de crisis de toda una fase del capitalismo.

Abordarán la posible reformulación del concepto y las posibles alternativas a la actual situación de precarización del mercado laboral, de exclusión de amplios sectores de la población mundial y de fractura social que las políticas neoliberales han instaurado.

Diálogo publicado en el número 108 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global., dedicado a la Crisis del Trabajo

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