Monica Di Donato (MDD): Empezaría con una foto de diagnóstico sobre el suceso. Han transcurrido ya varias semanas desde el día del denominado «Gran Apagón» en España y Portugal ¿Qué podemos decir a un mes de lo ocurrido (fecha de esta entrevista)? ¿Qué es lo que se sabe realmente y cuánto queda por esclarecer?

Jesús Ramos (JR): El pasado 28 de abril sufrimos un evento excepcional que puso de manifiesto la gran fragilidad de las economías modernas, altamente dependientes de la energía eléctrica y de los servicios que dependen de ella, como las comunicaciones o los sistemas de control. En ecología es bien conocido que los sistemas son más frágiles a medida que aumenta su complejidad (mayor número de agentes y de interconexiones entre ellos).

En realidad, a pesar del tiempo transcurrido, no tenemos certeza de lo que sucedió realmente y las propias autoridades nos dicen que la respuesta tardará tiempo en llegar. Lo que parece claro es que el lunes 28 de abril de 2025, entre las 12:32 y las 12:33, la red eléctrica de la península ibérica sufrió una oscilación de frecuencia muy intensa que desembocó, en apenas cinco segundos, en la desconexión de unos 15 000 MW de generación –cerca del 60% de la producción española en ese momento– y en el aislamiento completo del sistema ibérico del resto de Europa. Curiosamente, momentos antes, España exportaba electricidad a Marruecos, Portugal y Francia, e incluso estaba utilizando gran cantidad de energía para bombear agua desde las partes bajas de las cuencas hacia los embalses, que es la única forma práctica de almacenar energía a gran escala.

Se han descartado ciberataques, sabotajes y fenómenos meteorológicos extremos como causa directa del apagón, sin embargo, se desconoce el porqué de la oscilación previa de la red continental en la zona del Báltico, y que parecería estar en el origen del evento.

Según Red Eléctrica de España (REE), el desencadenante fue una pérdida de generación en la zona suroeste peninsular seguida de varias protecciones automáticas que, al actuar en cascada, agrandaron el desequilibrio entre oferta y demanda, llevando al sistema a una situación de sobretensión. A las 12:33, la desconexión automática de las interconexiones con Francia y Portugal impidió cualquier apoyo externo, precipitando el colapso total del sistema ibérico.

Parece claro, eso sí, que el nivel bajo de interconexión de las redes de la península con el resto de Europa, de un 2,8% de la capacidad, frente a un 10-15% recomendado, provocó la desconexión con Francia para evitar trasladar la incidencia al resto del continente. También parece que hubo una incapacidad por parte de los sistemas de control para aislar la incidencia en regiones concretas, de ahí la caída en cascada.

La incógnita principal es, por tanto, por qué el sistema de gestión y control, y sus mecanismos de seguridad, no pudieron asimilar la anomalía del Báltico, y por qué no pudieron aislar el fenómeno a zonas geográficas concretas con una mayor coordinación.

MDD: Según lo que se va sabiendo, y teniendo en cuenta el tiempo de recuperación relativamente corto para la magnitud del suceso, parece que ciertas cosas se hicieron bien y otras no tanto. Si tuvieses que destacar los tres elementos que mejor han funcionado en la gestión de esta crisis y los tres que peor lo han hecho, ¿cuáles serían los que señalarías y por qué?

JR: Entre los aspectos positivos, destacaría en primer lugar la rapidez en el restablecimiento del servicio. Los sistemas insulares no se vieron afectados y las zonas cercanas a la frontera con Francia solo sufrieron cortes breves. El resto del sistema se recuperó en menos de 24 horas en el 99% del territorio peninsular. Esto creo que refleja una buena preparación en protocolos de arranque en isla y una coordinación eficaz entre operadores como REE y REN, con el apoyo de centrales hidroeléctricas, ciclos combinados e importaciones desde Francia y Marruecos.

En segundo lugar, las protecciones automáticas funcionaron correctamente para evitar daños mayores por sobretensiones. Aunque estas mismas protecciones contribuyeron al aislamiento de la red ibérica, actuaron según lo previsto para evitar que la perturbación se propagara al resto de Europa, priorizando la integridad de los equipos.

También funcionaron los planes de contingencia en infraestructuras críticas como hospitales y aeropuertos, que siguieron operando con normalidad.

En cuanto a lo que no funcionó, lo más preocupante fue la programación de la generación, que dio lugar a una elevada proporción de generación no síncrona en el sistema –sin inercia física–, lo que parece que redujo su capacidad para amortiguar perturbaciones de frecuencia. Este problema se debe al modelo implantado por la liberalización del sector eléctrico, que responde únicamente a decisiones de mercado, activando unas fuentes de generación u otras en función de variables económicas, y no necesariamente de seguridad de suministro. La desconexión masiva de MW solares en segundos, precisamente por motivos de seguridad, evidencia también la falta de regulación que obligue a dotar a estas instalaciones de inercia sintética u otros sistemas de estabilización. Esta tecnología ya existe, pero su implantación ha sido frenada por las grandes empresas eléctricas por razones de rentabilidad, para ahorrar costes, lo cual requiere una intervención urgente del regulador y del legislador.

En segundo lugar, la escasa interconexión con Europa, apenas del 2,8% de la capacidad, impidió recibir soporte externo en un momento crítico. Esta carencia, conocida desde hace años, no ha sido abordada ni bilateralmente con Francia ni por las instituciones europeas, revelando una falta de compromiso con la planificación energética. Según el regulador europeo ACER las interconexiones con Francia y Portugal tendrán un coste de unos 8000 millones de euros y estarían listas en diciembre de 2028 la del Golfo de Vizcaya, en 2036 la de Navarra y en 2041 la de Aragón.

Finalmente, el modelo actual de mercado basado en precios marginales no ofrece la robustez que necesita un sistema tan complejo y descentralizado. Urge repensar este modelo hacia uno basado en costes de generación más un margen razonable, que asegure una operación más estable y una mejor gestión ante picos de demanda.

MDD: Los primeros momentos de la emergencia estuvieron protagonizados por bulos y teorías de la conspiración (como viene siendo ya costumbre en situaciones parecidas), y más tarde el debate (también bastante tendencioso) comenzó a girar alrededor del papel de las renovables dentro de los vectores energéticos usados para la generación eléctrica, la falta de robustez de los sistemas, la calidad de la conexión con la red europea y, cómo no, lo supuestamente imprescindible que resultaba la energía nuclear. ¿Qué consideraciones te merece este aspecto del debate de cara a evitar situaciones parecidas para el futuro (dónde habría que hacer hincapié realmente)? Y ¿cuánto crees que puede llegar a instrumentalizarse en ese sentido, tanto en relación con las renovables, que son un apuesta política y económica clara del Estado, como de los grupos de presión pro-nucleares u otros grupos de interés?

JR: Es una cuestión clave. Las crisis técnicas como la del 28 de abril generan un terreno fértil para la desinformación, y esta no fue la excepción. En los primeros minutos, y mientras duraron las comunicaciones por teléfono y móviles, las redes sociales se llenaron de teorías infundadas: desde ciberataques rusos hasta pulsos electromagnéticos o sabotajes internos. Luego, el debate giró hacia la supuesta fragilidad de las renovables y la defensa de tecnologías como la nuclear.

Esto revela tres dinámicas preocupantes.

Primero, el ruido informativo y la instrumentalización mediática. Las primeras horas tras una crisis energética son críticas. La ausencia de información técnica clara favorece explicaciones simplistas o conspirativas, muchas veces impulsadas por intereses ideológicos o económicos. Para contrarrestarlo, es esencial mejorar la alfabetización energética de la población, establecer canales institucionales de información en tiempo real y activar protocolos de comunicación desde Protección Civil. El apagón en las comunicaciones afectó mucho más a la población en el corto plazo que la propia ausencia de electricidad, y es algo que no debería haber ocurrido.

Segundo, la polarización del debate. Se ha planteado una dicotomía artificial: o las renovables son culpables por su volatilidad, o la solución es un regreso masivo a la energía nuclear. Esto ignora que la solidez de un sistema eléctrico no depende únicamente del tipo de generación, sino de su arquitectura: flexibilidad, almacenamiento, redes malladas, respuesta rápida e inercia eléctrica. De hecho, las nucleares se desconectaron por seguridad al inicio del incidente y tardaron más que otras fuentes en reintegrarse. Un sistema 100% renovable mal diseñado es frágil, pero lo mismo ocurriría con uno 100% nuclear sin adaptabilidad. El debate debe enfocarse en cómo se diseñan y acoplan los distintos vectores energéticos.

Tercero, ciertos lobbies han aprovechado la situación para cuestionar la transición energética. La defensa de la nuclear ignora sus limitaciones económicas, de seguridad y la socialización de sus costes a largo plazo, especialmente por la gestión de residuos. También es engañosa la narrativa de que las renovables provocaron el colapso, pues carece de fundamento técnico en este caso.

El verdadero desafío es reforzar la infraestructura del sistema: redes inteligentes, almacenamiento, gestión de demanda, digitalización y mayor interconexión. Solo con esa base puede construirse una matriz energética renovable y resiliente. La transición energética no será solo tecnológica; será también política, cultural e informativa. Y para ser estable, debe apoyarse en el consenso técnico, no en una guerra de relatos.

MDD: En relación con la pregunta anterior, ¿cuál es la de capacidad de control, exigencia, etc. por parte del Estado del sistema eléctrico español? (me refiero, sobre todo, a en qué medida el Estado puede exigir, controlar, intervenir a las grandes empresas eléctricas).

JR: El apagón del 28 de abril ha evidenciado una vulnerabilidad estructural largamente advertida por expertos: la dependencia total de la electricidad en la vida moderna contrasta con el hecho de que el sistema eléctrico español está mayoritariamente en manos privadas. Esta situación es crítica, ya que hablamos de una infraestructura esencial –al nivel del agua o la seguridad– cuya operación escapa al control directo del Estado.

Desde la liberalización del sector en los años noventa, la generación, comercialización y gran parte de la distribución eléctrica han quedado en manos de grandes empresas privadas. El Estado conserva funciones estratégicas –planificación, regulación y participación en Red Eléctrica de España (REE)– pero su capacidad de intervención directa en las decisiones clave del sistema es limitada.

En la práctica, decisiones sobre qué tecnologías se desarrollan, cómo se gestionan los picos de demanda o dónde se invierte se toman según criterios de rentabilidad empresarial, no de interés público. Esto genera una asimetría preocupante: cuando ocurre una disrupción como la del 28 de abril, es el Estado quien debe asumir la responsabilidad política y garantizar la recuperación del sistema, sin tener las herramientas operativas necesarias para prevenir o gestionar eficazmente estas crisis.

Este modelo plantea un dilema estructural: si la electricidad es una infraestructura crítica sin la cual no puede funcionar la sociedad, ¿tiene sentido que su control esté guiado por lógicas corporativas orientadas al beneficio privado? La respuesta no implica necesariamente renacionalizar, aunque algunos defendamos esta posición por motivos ideológicos y de justicia distributiva, sino repensar la gobernanza del sistema para garantizar que los intereses estratégicos colectivos estén protegidos frente a fallos, decisiones unilaterales o insuficiente inversión en resiliencia.

En este sentido, el apagón no fue solo una advertencia técnica, sino también política. Ha revelado los límites de un modelo basado en la externalización de un bien esencial a actores privados, y la necesidad de una revisión profunda. No (solo) por razones ideológicas, sino por principios de seguridad, cohesión social y sostenibilidad a largo plazo.

MDD: Ahora mismo el debate está centrado en su práctica totalidad, también en el ámbito de la transición energética, en general, en lado de la oferta, es decir, en la producción (y recordemos que cualquier tipo de producción requiere explotación de recursos a diferentes escalas), pero se habla poco del lado de la demanda. Las dos cosas están claramente relacionadas, ¿qué elementos fundamentales destacarías que han de ser tenidos en cuenta en ese sentido y que quizás ahora mismo están un poco apartados del debate?

JR: El debate energético actual está claramente desequilibrado hacia el lado de la oferta. Se discute cómo producir más energía –qué tecnologías usar, de qué fuentes, y con qué grado de autonomía–, pero se presta muy poca atención al lado de la demanda: cuánto consumo es realmente necesario y cómo debe orientarse según criterios sociales, ecológicos y económicos.

Esta omisión refleja una visión productivista que da por hecho que el crecimiento de la demanda es inevitable y deseable. Sin embargo, una transición energética sostenible y justa debe incluir con urgencia un debate sobre la reducción planificada de la demanda o, al menos, la priorización de usos consciente. No se trata de frenar la innovación ni de empobrecer, sino de asumir que toda forma de generación –incluso la renovable– conlleva impactos materiales, territoriales y ecológicos. Disminuir estructuralmente el consumo alivia la presión por seguir instalando capacidad sin fin, especialmente cuando existen límites físicos y conflictos sociales por el uso del territorio.

Esto implica repensar la eficiencia energética no solo como una mejora tecnológica (hacer lo mismo con menos energía), sino como un principio de organización social: hacer solo lo necesario, con el menor consumo posible, priorizando usos estratégicos frente a los prescindibles. ¿Debe una familia vulnerable tener el mismo trato que un centro comercial con climatización constante? ¿Debemos expandir sin límite industrias eléctricamente intensivas como los centros de datos o el turismo masivo que duplica el consumo de la población local en términos per cápita?

También es clave avanzar en mecanismos de gestión flexible de la demanda –tarificación dinámica, respuesta activa al consumo, hábitos culturales más racionales– para adaptar el consumo a la disponibilidad real de energía renovable y evitar el sobredimensionamiento del sistema.

En resumen, no basta con descarbonizar la oferta energética: hay que redefinir para qué, para quién y con qué límites producimos y consumimos. Incorporar el debate sobre el decrecimiento y la priorización energética no es una opción ideológica, sino una condición material para construir un sistema energético resiliente, justo y verdaderamente transformador, incluso si llega a ser 100% renovable.

MDD: En el futuro no es descartable que vuelvan a suceder hechos como el acaecido a finales de abril de 2025. ¿Qué tipo de escenarios dominarán la transición energética en España y cómo de vulnerable seguirá siendo el sistema eléctrico en relación con estos? ¿Un mayor volumen de autoproducción eléctrica y mejor organizada podría ser una solución de transición para emergencias similares? ¿Será el gas, como se suele decir? ¿Otras fuentes?

JR: Es probable que en el futuro se repitan episodios críticos como el apagón de abril de 2025. Factores como la creciente complejidad del sistema, la digitalización, la variabilidad climática, las tensiones geopolíticas y la electrificación generalizada incrementan la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico español. La transición energética representa una oportunidad, pero también introduce nuevos riesgos que exigen una gobernanza más robusta, ágil y democrática.

El futuro del sistema estará marcado por tres tendencias principales: mayor penetración de renovables variables (solar, eólica), electrificación de sectores clave (movilidad, climatización, industria), e integración más profunda en el sistema europeo. A esto se suma la digitalización y el crecimiento de productores-consumidores activos. Este escenario dificulta el control del sistema, pero permite construir resiliencia si se gestiona adecuadamente.

La autoproducción eléctrica distribuida (residencial, cooperativa, municipal) puede desempeñar un rol clave como complemento flexible al sistema centralizado. No obstante, es esencial que esta generación esté correctamente registrada e integrada en los sistemas de gestión del operador para evitar inestabilidad y problemas de calidad en el suministro.

El gas seguirá siendo necesario a corto y medio plazo como respaldo flexible y de arranque rápido. Sin embargo, su uso debe estar regulado para no frenar la inversión en tecnologías limpias ni aumentar la dependencia de mercados volátiles.

Un reto crucial será reformar el modelo retributivo de la generación eléctrica. El actual sistema marginalista –que paga toda la energía al precio de la última unidad necesaria– distorsiona el mercado, sobre todo cuando el coste marginal de las renovables es cercano a cero. Se requiere una reforma que introduzca un sistema de remuneración que reconozca los costes fijos y operativos y garantice una rentabilidad mínima, pero que permita a su vez conocer qué fuentes son las que van a generar en cada momento, sin depender del precio marginal. Este nuevo marco debe permitir al Estado y a los operadores públicos anticipar y coordinar mejor el despliegue de recursos, tanto centralizados como distribuidos.

En definitiva, construir un sistema eléctrico más resiliente para los escenarios futuros exige no solo innovación tecnológica, sino también una transformación profunda del marco institucional, regulatorio, económico y cultural que lo sostiene. De lo contrario, la vulnerabilidad persistirá, aunque adopte nuevas formas.

MDD: Finalmente, ¿cómo valoras la respuesta social a la gestión de la crisis? Cada vez más se está perfilando como una dimensión imprescindible en las gestiones de situación de emergencia.

JR: La reacción social ante el apagón de abril de 2025 reflejó dos tendencias contrapuestas: una notable capacidad ciudadana de autoorganización y solidaridad, y una preocupante debilidad en los canales institucionales de información y coordinación. Mientras se desconocían las causas del fallo eléctrico y proliferaban las teorías –algunas conspirativas–, muchas personas se organizaron espontáneamente para ayudar a los más vulnerables, compartir recursos y difundir información útil en redes sociales, o simplemente compartir la información que recibían en su transistor.

Esta respuesta comunitaria, aunque desordenada, evidenció un tejido social activo y resiliente. Sin embargo, la falta de una comunicación institucional clara y oportuna minó la eficacia de la gestión pública. La ausencia de un relato oficial inmediato favoreció la desinformación y complicó la toma de decisiones tanto individuales como colectivas. Si la incidencia hubiese durado más tiempo, no sabemos cómo habría evolucionado esa capacidad de autoorganización de la población.

La crisis puso de relieve que la gestión técnica de una emergencia no es suficiente: es igualmente esencial una gestión social que incluya comunicación pedagógica, participación ciudadana y escucha activa. La confianza pública se construye con transparencia, coordinación interinstitucional y liderazgo en momentos críticos.

Otro aspecto clave fue la desigualdad en la capacidad de respuesta. Las personas mayores, los hogares sin acceso digital o sin un simple aparato de radio, quienes dependen de dispositivos médicos eléctricos o quienes viven en zonas mal conectadas, fueron los más afectados. Aunque la solidaridad social fue destacable, no puede sustituir a políticas públicas orientadas a proteger a los más vulnerables.

En definitiva, la dimensión social de la crisis fue tan crítica como la técnica. No basta con tener protocolos para la recuperación del suministro eléctrico: se necesitan también planes de resiliencia comunitaria, marcos de cooperación entre Estado y sociedad civil, y estrategias de comunicación que refuercen la cohesión social.

España dispone de una base social sólida, pero aún frágil, que debe integrarse activamente en las estrategias de transición y seguridad energética. En un contexto de creciente complejidad e incertidumbre, la fortaleza de las infraestructuras debe ir acompañada de la fortaleza del tejido social y democrático.

Monica Di Donato es doctora en Economía, especialista en economía ecológica y en cuestiones de alimentación e investigadora del área Ecosocial de FUHEM.

Acceso al texto completo en fomato pdf: Entrevista a Jesús Ramos sobre el «Gran Apagón» y sus implicaciones.

Recopilación de artículos publicados en la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, de FUHEM Ecosocial que abordan diferentes aspectos de la crisis de la energía y las transiciones energéticas, así como las alternativas en torno a las energías renovables, los distintos escenarios a los que nos enfrentamos por el descenso energético, las estrategias y redistribución; las críticas a la energía nuclear y sus efectos en el cambio climático, además de las diferentes expresiones del extractivismo y las múltiples violencias que generan.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 159, otoño 2022.

Laura Ramos, La energía solar fotovoltaica en la transición energética, pp. 113-122.

Pablo Cotarelo, Comunidades energéticas: desarrollo de una alternativa real, pp. 123-135.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 156, invierno 2021-2022

Santiago Álvarez Cantalapiedra, Los planos del debate de la crisis energética, pp. 5-10.

Jorge Riechmann, Autolimitarnos para que pueda existir el otro. Sobre energía y transiciones ecosociales, pp. 11-25.

Alicia Valero, Guiomar Calvo y Antonio Valero, Thanatia. Límites minerales de la transición energética, pp. 7-41.

Rafael Fernández Sánchez, Economía política del mercado mundial de petróleo: flujos, actores y precios, pp. 43-53

Tica Font, China, geopolítica y materiales estratégicos, pp. 55-65

Luis González Reyes, Crisis energética, pp. 67-78.

Martín Lallana, Descenso energético: escenarios, estrategias y redistribución, pp. 79-91.

Óscar Carpintero y Jaime Nieto, Transición energética y escenarios postcrecimiento, pp. 93-106.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 153, primavera 2021.

Antonio Serrano Rodríguez

Hidrógeno verde y transición energética, pp. 83-92.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 151, otoño 2020

Josefa Sánchez Contreras, Megaproyectos eólicos en el Istmo mexicano: los bienes comunales en tiempos de crisis energética, pp. 87-97.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 149, primavera 2020

Tica Font Gregori, Utopía y antropoceno: críticas y respuestas al reto nuclear, pp. 65-76

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 143, verano 2019

Mariana Walter, Extractivismo, violencia y poder  pp. 47-59

Eduardo Gudynas, Extractivismos: el concepto, sus expresiones y sus múltiples violencias, pp. 61-70

Ben Leather, Es hora de que las empresas reconozcan su papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, pp. 71-82.

Patricio Carpio Benálcazar, Pueblos y comunidades frente a la encrucijada extractivista. El caso ecuatoriano, 83-93.

Óscar Carpintero y José Manuel Naredo, Sobre financiarización y neoextractivismo, 97-108.

Jose-Luis Palacios, Guiomar Calvo, Alicia Valero, Antonio Valero y Abel Ortego, El rol de la minería de América Latina en una sociedad descarbonizada, pp. 109-117.

Elena Pérez Lagüela, Desarrollismo y tierras raras: orígenes y causas del extractivismo en China, pp. 119-136.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 140, invierno 2017-2018

Joaquim Sempere, El colapso energético de Cuba de los años 90, pp. 13-32.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 138, verano 2017

Xavier Bohigas, Centrales nucleares, emisiones de CO2 y cambio climático, pp. 109-121.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 134, verano 2017

Ignacio Mártil, Las posibilidades de encontrar fuentes de energía limpias, abundantes y gratuitas, pp. 105-116.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 127, otoño 2014 2017

Joaquim Sempere, Papel y límites de la acción intersticial en las transiciones postcarbono, pp. 91-106.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

«Transición energética y escenarios postcrecimiento» , de Óscar Carpintero y Jaime Nieto,¹ es un detallado diagnóstico de dónde nos encontramos en términos de energía desde un análisis de la economía ecológica.

Los autores muestran por qué las denominadas energías renovables, pese a sus beneficios, no pueden considerarse una tabla de salvación sin hacer cambios más profundos en el sistema de producción y consumo.

Finalmente, examinan los distintos escenarios para las transiciones que emergen de la aplicación del modelo MEDEAS, desarrollado por la Universidad de Valladolid.

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual, encontrará un acceso a la descarga libre y gratuita.

En la actualidad nos encontramos en un contexto donde afloran con fuerza los límites físicos y de recursos naturales, y las situaciones de extralimitación (overshoot) en relación con la expansión del modelo de producción y consumo hegemónico.² Un ejemplo notable es el que tiene que ver con la energía. Parece claro que la doble crisis energética que padecemos nos sitúa en una complicada encrucijada. Desde el punto de vista de los sumideros, es evidente la aceleración del cambio climático inducido por el funcionamiento socioeconómico de una especie humana que se apoya básicamente en la quema de combustibles fósiles.³ Por el lado de las fuentes, la aparición del cénit del petróleo convencional (peak oil)⁴ es un hecho ya reconocido incluso por organismos internacionales⁵ y supone el inicio de la fase descendente en las extracciones de crudo a nivel mundial. Esta circunstancia pone a las sociedades ante el espejo de la escasez energética futura y viene a refrendar el principio del fin de una era económica caracterizada por la energía barata. Como se ve, solo esta transición entraña ya transformaciones socioeconómicas de gran envergadura.

De acuerdo con el sexto informe del IPCC,⁶ de seguir con la trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) actual, se estima como muy probable un aumento de entre 2,8 y 4,6ºC para 2100 (en comparación con la era preindustrial). Es improbable que semejantes incrementos puedan ser soportados por la especie humana, pero lo que es seguro es que la gran mayoría de los cultivos y sistemas agrarios de los que depende su alimentación no resistirían tal aumento. Se comprende, entonces, que los trabajos científicos mejor documentados llegaran hace tiempo a la conclusión de que el ritmo de disminución de las emisiones de GEI debía ser del 6% anual durante cuatro décadas, comenzando en 2013.⁷ Así pues, sin necesidad de plantear problemas futuros con el acceso a los combustibles fósiles, el cambio climático nos enfrenta ya con crudeza a la necesidad de una reducción del consumo. El dilema es evidente: si pensamos que la utilización de la mitad de los hidrocarburos disponibles ha conllevado un calentamiento global como el actual, ¿dónde nos llevaría quemar la otra mitad de los combustibles fósiles?

Cambio climático y transición energética. ¿Aún estamos a tiempo?

El IPCC en su informe de 2018 relativo a las condiciones para el cumplimiento del Acuerdo de Paris⁸ llamaba la atención sobre la trayectoria vertiginosa de reducción de las emisiones de GEI que deberíamos acometer en los próximos años para cumplir el objetivo de no incrementar la temperatura media del planeta en más de 1,5ºC.

Sin embargo, las perspectivas sobre las posibilidades de lograrlo no son muy halagüeñas. Si tenemos en cuenta los planes que presentaron los países para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París (2015), se llega a una conclusión paradójica: tal y como hemos mostrado en una investigación reciente,⁹  si todos los países cumplieran con los objetivos declarados en los planes, su compromiso respecto a  sus emisiones en 2030, lejos de reducirse, se incrementarían un 19,3%, llevando el incremento de temperatura a los 3-4 ºC. Aunque los países tuvieron la oportunidad de actualizar sus compromisos 2020, tan solo 22 (incluyendo la Unión Europea) han mejorado su compromiso. Como consecuencia, de acuerdo a la propia UNFCCC, las emisiones en 2030 serían un 15,9% superiores¹⁰ en vez de 19,3%. Aparte de que, en general, no se suelen cumplir estos compromisos, este paradójico resultado indica la forma en que se han llevado a cabo las negociaciones y la seriedad para afrontar el problema. Por un lado, se trataba de compromisos voluntarios (es decir, sin penalización en caso de incumplimiento). En otros casos, se plantearon objetivos de reducción relativos (con respecto al PIB), pero no de reducción absoluta de las emisiones (que es lo que importa para el cambio climático); y, por último, no hubo ninguna preocupación por saber si los distintos planes presentados eran compatibles con el objetivo general perseguido (como desgraciadamente se ha demostrado). Dado que la única forma de reducir las emisiones, de manera que estas no se concentren y no se incremente la temperatura media, es reducir las extracciones, ¿cómo deberíamos enfrentar internacionalmente este  problema si nos lo tomáramos en serio?

En un estudio muy revelador recientemente publicado se pone de manifiesto que, para evitar el aumento de la temperatura por encima del objetivo de 1,5 ºC en 2050, esto implicaría dejar en el subsuelo sin extraer (y por tanto sin quemar y emitir) el 60% de las reservas de gas y petróleo y el 90 por 100 de las reservas de carbón.¹¹ Una parte de estas reservas está en manos de estados y otra parte en manos de empresas transnacionales (ETN) que quieren obtener la rentabilidad correspondiente por su explotación, lo que supone una dificultad notable para cualquier estrategia que intente enfrentar el cambio climático. Si se quisiera atajar el problema más allá de la retórica y la inacción, seguramente la negociación en París debería haber sido doble:

1) Discutir con los propietarios de esas reservas (estados y ETN) las compensaciones por dejar sin explotar en el subsuelo esos activos.¹²

2) Pensar en serio las modificaciones importantes y urgentes que deberíamos acometer para seguir produciendo y consumiendo bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población con unas disponibilidades de recursos decrecientes.

Este es el gran desafío y todo lo que no sea enfrentar el problema, al menos, desde estas dos dimensiones, probablemente seguirá abonando la vertiente “ceremonial” de las negociaciones climáticas internacionales.

No parece, sin embargo, que la mayoría de los discursos económicos, políticos y sociales partan de este reconocimiento tan evidente. Más bien al contrario. En vez de poner de relieve la importancia de la idea de límite, y promover estrategias de autolimitación colectiva y de contracción de emergencia de la escala económica (sobre todo en los países ricos), que nos permitan reducir el deterioro ecológico y mantener la Tierra como un lugar habitable, se buscan medios con los que hacer perdurar, con otros nombres, la fe de que es posible continuar con el crecimiento del modelo de producción y consumo que ha causado el problema.

Green New Deal y crecimiento verde: ¿Basta con sustituir los combustibles fósiles por fuentes energéticas renovables?

En este contexto, desde hace una década, las propuestas para enfrentar los problemas ambientales globales se han enmarcado en los programas de transición ecológica, transición energética y descarbonización de las economías. Bajo este paraguas se ha propuesto la estrategia del crecimiento verde (green growth), surgida al calor de varias iniciativas de organismos internacionales como la OCDE¹³ y el Banco Mundial.¹⁴ Se promete el mantenimiento del crecimiento económico y la expansión de la producción de bienes y servicios (PIB), pero utilizando fuentes energéticas renovables y, gracias al desarrollo tecnológico, reduciendo el uso de recursos naturales y la contaminación. La viabilidad de este modelo, cuya vocación subyace bajo los planes de transición reportados para cumplir el Acuerdo de París, ha sido fuertemente contestada en diversos trabajos académicos recientemente.¹⁵

No obstante, inspirados en esta narrativa, varios países ricos han sugerido desde 2019 “pactos verdes” como el Green New Deal (Estados Unidos) que ahora se está incorporando, pero descafeinado, a la Administración Biden; el Green Deal (Unión Europea) que está aprobado e implementándose, o la propuesta de un Green New Deal global.¹⁶

El problema de la estrategia del crecimiento verde es que para lograrse exige alcanzar un proceso de desmaterialización absoluta de la producción de bienes y servicios (que aumente la producción y, simultáneamente, disminuya el uso de recursos y la contaminación), lo que, por desgracia, no ha sido el caso debido a la gran dependencia de los recursos naturales por parte del sistema económico. Estamos hablando de un modelo de producción y consumo que ha triplicado, a escala global, la extracción de recursos naturales desde 1970¹⁷ y que, según algunas estimaciones, espera doblar su uso de energía y materiales para 2060.¹⁸ La evidencia sobre los problemas del crecimiento verde y el incumplimiento de la desmaterialización absoluta cada vez son más abrumadores en la literatura científica.¹⁹ También sabemos que la digitalización de los procesos de producción y consumo y el progreso tecnológico no reducen esta dependencia ni los impactos, sino que suelen exacerbarlos gracias, entre otros, a mecanismos como el “efecto rebote”, tal y como se viene comprobando desde hace más de dos décadas.²⁰

La evidencia sobre los problemas del crecimiento verde y el incumplimiento de la desmaterialización absoluta cada vez son más abrumadores en la literatura científica

Sin embargo, a pesar de este despliegue, desde hace unos años crece la sensación de que llegamos tarde. De que las recientes medidas planteadas dentro de las estrategias de transición ecológica y energética que, en muchos casos, fueron ya sugeridas desde hace cuatro décadas por diversos científicos, investigadores y movimientos sociales debieron comenzar a llevarse a cabo precisamente entonces, o incluso antes.²¹ Eran excelentes ideas para ponerlas en práctica en los años setenta, ochenta o, incluso, hasta comienzos de los noventa del siglo XX. Pero ahora, para cada vez más personas, comienza a ser tarde. La razón es que una transformación socioeconómica de semejante envergadura requiere, a su vez, de varios decenios para poder llevarse a cabo y ese tiempo es, precisamente, el que la mayoría de los análisis sugiere que no tenemos, y el que la urgencia del cambio climático y el deterioro ecológico global nos ha robado.

Muchas de esas dudas aparecen no tanto porque las estrategias de sustitución de los combustibles fósiles por fuentes renovables sean, en principio, algo perjudicial. Todo lo contrario, tal y como desde la década de los setenta se ha venido sistemáticamente defendiendo. No hay nada equivocado en pretender sustituir el uso de petróleo, carbón y gas natural por energía eólica o solar. El problema tiene que ver con: 1) la aspiración a mantener el mismo nivel de consumo energético (pero ahora apoyado en fuentes renovables) sin tener en cuenta los límites físicos de esa estrategia; 2) el momento en que se quiere llevar a cabo esa transformación (tercer decenio del siglo XXI) con un horizonte temporal muy estrecho para resolver el deterioro ecológico global; y 3) los costes ambientales a los que se enfrenta la generalización de las tecnologías renovables y la electrificación basada en ellas.

Durante los últimos años han aparecido investigaciones que llevan a dudar de las posibilidades de mantener el mismo nivel de consumo energético que en la actualidad, pero con fuentes renovables. Por un lado, se suele olvidar que las tecnologías renovables se centran sobre todo en la electricidad, que suele ser el 20% del consumo energético final. Esto quiere decir que el 80% restante son combustibles líquidos procedentes mayoritariamente de los combustibles fósiles para usos energéticos y no energéticos para los que no hay alternativas sencillas. Una parte de ese consumo tiene que ver con el transporte, y dentro del transporte se ha puesto una especial esperanza en la generalización del coche eléctrico privado.

Sin embargo, el coche eléctrico sigue siendo un bien muy dependiente de los combustibles fósiles y los recursos no renovables: el grueso de la electricidad se sigue generando con combustibles fósiles (en España dos tercios del total y a escala mundial casi tres cuartas partes), lo que hace que el ahorro de emisiones de CO2 sea relativo, y exige la utilización de seis veces más inputs materiales y minerales que un coche convencional.²² Debido en parte a lo anterior, en análisis de ciclo de vida completo se utiliza un 67% más energía que en la fabricación de un coche convencional.²³ Y todo ello sin contar las exigencias para el sistema eléctrico que dicha generalización tendría en términos de recarga del mismo número de vehículos convencionales que en la actualidad.²⁴ Eso explica que, lejos de ayudar en los procesos de descarbonización, la plena sustitución a escala mundial de la flota de vehículos convencionales por eléctricos esté siendo tan lenta y no resuelva los problemas de cambio climático, sino que, fruto del efecto rebote, tienda a agravarlos.²⁵

Si la electrificación masiva del transporte privado sin modificar el número de vehículos y desplazamientos resulta problemática, lo que no tiene alternativa eléctrica es el transporte pesado y de mercancías por carretera (camiones) o por barco (que representa el grueso del comercio internacional de mercancías). Por motivos termodinámicos, no es posible colocar baterías en ese tipo de vehículos pues sus dimensiones las harían inviables y, además, como recuerda Vaclav Smil, «las mejores baterías de litio son de 260 Wh por kilogramo. Para un coche puede ser suficiente, pero para el transporte marítimo y por carretera necesitamos 12.600 Wh por kilogramo. Y más aún el queroseno de avión».²⁶ Es decir, el transporte pesado de aquellas mercancías que se precisan para el funcionamiento del sistema económico no tienen alternativa eléctrica (ni renovable) con facilidad.

Una solución alternativa que se propone en esta faceta es la utilización, como vector energético, del hidrógeno, que tendría la virtud compartida con el petróleo al que pretende sustituir de poder acumularse y transportarse fácilmente. Esta tecnología promete sostener una economía millonaria en las próximas décadas, pero arrojando, sin embargo, numerosas dudas con respecto a su sostenibilidad (procedencia de las fuentes primarias para la electrólisis, consumo de agua, etc.) y rentabilidad energética (la energía obtenida por unidad de energía invertida en el proceso, arrojaría un saldo más bien exiguo).

El coche eléctrico exige utilizar seis veces más inputs materiales y minerales que un coche convencional

Por otra parte, la construcción de las propias tecnologías renovables (eólica y solar) es tributaria del consumo de combustibles fósiles ya que la fabricación de placas solares, turbinas y baterías implica alcanzar altas temperaturas en la industria (entre 1.480 y 1.980 ºC para los paneles fotovoltaicos y entre 980 y 1.700 ºC para el cemento y acero de molinos eólicos) que solo son posibles con el uso de combustibles de alta densidad como el petróleo, el gas o el carbón. La mayoría de las tecnologías renovables solo pueden lograr temperaturas en procesos industriales de calor en la franja baja (menos de 400 ºC),²⁷ por lo que no es posible fabricar tecnologías renovables con el uso de electricidad procedente de las propias fuentes renovables, teniendo así que acudir al consumo de combustibles fósiles. Por desgracia, las renovables no poseen autonomía que las haga independientes de los combustibles fósiles.

Si tenemos en cuenta esta dependencia y que, además, estamos en un contexto de peak-oil en el que las disponibilidades futuras de combustibles fósiles serán menguantes, la actual civilización se enfrenta a lo que se ha denominado la “trampa de la energía”,²⁸ esto es: el despliegue de las fuentes e infraestructuras renovables requiere de un uso masivo de combustibles fósiles (mayor cuanto más rápido se quiera plantear el proceso de transición) y, a la vez, eso supondrá, durante los primeros años, mayores emisiones de GEI que agravarán el problema de cambio climático en un escenario donde también el tiempo es escaso y donde, además, con vidas útiles de las instalaciones de 20-30 años, en tres décadas estaríamos abocados a procesos de renovación de una intensidad energética similar (y para los que habría dificultades en encontrar recursos fósiles disponibles).

Por desgracia, las renovables no poseen autonomía que las haga independientes de los combustibles fósiles

Por si esto fuera poco, el despliegue masivo de las renovables tiene unas consecuencias notables en términos de extracción y uso de minerales no renovables que es preciso evaluar y tener en cuenta.²⁹ Tal y como ha llamado la atención la Agencia Internacional de la Energía, en un escenario en el que se cumplieran los objetivos del Acuerdo de París, la demanda de minerales para las tecnologías renovables incrementaría el consumo mundial de minerales durante dos décadas en un 40% para el cobre y tierras raras, un 60-70% para el níquel y el cobalto y casi un 90% para el litio, dejando apenas espacio para la utilización de estos minerales para otros usos actuales.³⁰ Ya se recordó anteriormente que el coche eléctrico requería seis veces más minerales que un coche convencional, lo que explica que la electrificación generalizada del transporte privado generaría una demanda tan alta que llevaría, según estimaciones para diferentes escenarios, al agotamiento de las reservas disponibles de aluminio, cobre, cobalto, litio, manganeso y níquel, no dejando recursos disponibles para otros usos industriales.³¹

Sin embargo, a todos estos obstáculos hay que sumar, tal vez, uno de mayor relevancia. La mayoría de las estrategias de transición energética suelen hacer abstracción del limitado potencial (por razones termodinámicas) que poseen realmente las tecnologías renovables y que impiden sustituir al 100% los niveles de consumo energético que se realizan con cargo a los combustibles fósiles. Eso es lo que detectaron De Castro, Mediavilla, Miguel y Frechoso³² en el caso de la energía eólica, al ver que el potencial renovable con energía eólica estaría aproximadamente en 1 TW, lo que supondría únicamente el equivalente al 6% del consumo energético primario total mundial. Y lo mismo en el caso de la energía solar,³³ habida cuenta de que la mayoría de las estimaciones realizadas no suelen tener presentes los límites en la densidad energética fotovoltaica y la competencia que su generalización supone para otros usos de la tierra y de los minerales. En este caso, la estimación de un despliegue sostenible de la energía solar a escala mundial permitiría abastecer solo hasta un 25% del consumo energético primario actual, lo que supone un porcentaje nada despreciable, pero lejos de los planteamientos 100% renovables realizados habitualmente.

Todo ello compromete en gran medida el cumplimiento de otros dos criterios exigibles a una fuente energética exitosa en la actual situación: sostenibilidad y viabilidad. Aunque sean renovables, hay dificultad para considerar sostenible su producción a gran escala para satisfacer los actuales niveles de consumo energético a la vista del coste ambiental que generan y porque son tributarias de los combustibles fósiles. Esto hace que su viabilidad como fuentes energéticas para la sociedad sea limitada dado que no son capaces de reproducirse a sí mismas con la misma fuente y, a la vez, dadas sus bajas tasas de retorno energético, tienen problemas para generar un excedente energético amplio con el que alimentar al resto de actividades de la sociedad.³⁴

Las anteriores consideraciones no tratan de menospreciar las fuentes energéticas renovables ni las ventajas de utilizar este tipo de tecnologías en la producción y consumo de bienes y servicios en comparación con el uso masivo de combustibles fósiles. Nada de eso. Se han conseguido logros importantes que conviene tener en cuenta. De lo que se trata, más bien, es de acotar las esperanzas en su generalización como forma de enfrentar una crisis energética y de emergencia climática en la tercera década del siglo XXI, y de mostrar las limitaciones de su adopción a gran escala para sustituir el consumo energético que nos proporcionan ahora mismo el petróleo, el gas y el carbón. No parece posible (ni deseable) seguir alimentando la ilusión de una transición indolora desde el punto de vista del consumo energético, cuando lo recomendable sería, a la vista de los datos y la evidencia científica, poner todos los medios y esfuerzos para reducir nuestra producción y consumo acomodándolo a las posibilidades reales que nos ofrecen, precisamente, estas fuentes energéticas renovables.

En definitiva, si no se pueden adecuar los medios a los objetivos (crecimiento) hay que rebajar sustancialmente los objetivos para hacerlos coincidir con los medios disponibles. Se necesita, pues, pensar y poner en marcha escenarios de contracción urgente de la actividad económica y social donde quepa la reducción en el uso de recursos naturales, las emisiones y contaminación, y donde se haga frente a la desigualdad social.

Reducir la escala y poner en marcha escenarios de post crecimiento³⁵

Estas preguntas y desafíos han formado parte de las preocupaciones y reflexiones que, desde el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) de la Universidad de Valladolid, hemos realizado en torno a las consecuencias para la economía de diferentes escenarios futuros de transición energética. Para ello hemos elaborado el modelo MEDEAS,³⁶ que es un modelo de evaluación integrada (IAM, por sus siglas en inglés) de energía, economía y cambio climático, con un enfoque de macroeconomía ecológica centrado en la economía mundial y europea, y para el que se está realizando también una extensión al caso de la economía española.

Se trata de un modelo de simulación y evaluación que, metodológicamente, integra de manera novedosa dos técnicas potentes como son la dinámica de sistemas y el análisis input-output, y que tiene en cuenta, entre otros, el contexto internacional y europeo respecto a las restricciones físicas sobre la disponibilidad de recursos energéticos no renovables (peak-oil), las limitaciones a las emisiones de GEI, el potencial técnico y sostenible de las energías renovables, y la demanda de energía por parte de los diferentes sectores. Se estructura en diferentes módulos (económico, energético, climático, usos del suelo, minerales, etc.) cada uno de ellos interrelacionado con el resto y formando conjuntamente un sistema integrado. En este sentido, la clave es tener en cuenta no solo los consumos energéticos directos e indirectos insertados en el módulo económico, sino también las realimentaciones que se producen con otros ámbitos y módulos y que impulsan también el consumo y las emisiones.

No parece posible (ni deseable) seguir alimentando la ilusión de una transición indolora desde el punto de vista del consumo energético

Con estos mimbres, se han evaluado, por ejemplo, diferentes escenarios de transición hacia una economía mundial y europea³⁷ baja en carbono en el horizonte 2030-2050 con resultados muy reveladores.³⁸

Los tres escenarios considerados son:

1) continuación de las tendencias actuales (BAU, business as usual),

2) crecimiento verde (Green growth) que supone una apuesta importante por la tecnología, la eficiencia energética y la transición a renovables (electrificación, eólica, fotovoltaica, bioenergía, etc.), con un alto crecimiento de las rentas medias y bajas y un crecimiento medio de las rentas altas,

3) Post crecimiento (Post-growth), que suma a las políticas de eficiencia energética y renovabilidad anteriores, una ligera reducción anual del PIB per cápita, medidas de reducción de la desigualdad, así como de reparto del tiempo de trabajo y, finalmente, una política económica de promoción potente de servicios públicos en detrimento de sectores económicos intensivos en el uso de recursos naturales.

En todos los casos, se plantea la doble variante de suponer qué pasaría con la existencia de límites energéticos y la de suponer qué ocurriría con ausencia de esos límites, y así ver las consecuencias que tienen las diferentes estrategias en términos de evolución de las emisiones de GEI, PIB, empleo, etc. Se trata de determinar, por ejemplo, con qué escenario se garantizaría no sobrepasar los 2 ºC de incremento de la temperatura en 2050 (tomando como base la media de emisiones del período 2005-2015, esto supondría reducciones de más del 40% en 2050 respecto de la media 2005-2015). Pues bien, lo que se obtiene de la simulación de los tres escenarios es lo siguiente.

En el caso del BAU, las emisiones mundiales se incrementarían en 2030 y 2050 entre un 25 (2030) y un 8% (2050) (con el supuesto de limitaciones energéticas), o entre un 57 (2030) y un 210% (2050) (si se supone ausencia de limitaciones energéticas). En el escenario green growth, y sin limitaciones energéticas, las emisiones se incrementarían entre un 51 (2030) y un 14% (2050). Con la presencia de límites el incremento en 2030, el incremento sería del 14%, y en 2050 se daría una reducción del 16% en las emisiones GEI (al haber comenzado los efectos del despliegue de las renovables, pero lejos todavía del objetivo climático). Por último, en el escenario post-growth, por su propia naturaleza, los resultados no se ven apenas influidos por la ausencia o no de limitaciones energéticas, y se producirían unas reducciones de las emisiones del 13% en 2030 y del 57% en 2050, lo que permitiría mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 2 ºC y cumplir el objetivo del Acuerdo de París.³⁹

Cabe añadir que los resultados de la simulación realizados para el caso de la UE-28 (teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de consumo energético planteadas por la propia Comisión Europea en su Energy Roadmap 2050) muestran también que el escenario post-growth es el único capaz de satisfacer simultánea- mente el despliegue de las renovables con una reducción sustancial del consumo energético y de las emisiones (del 70%), lo que permitiría a la UE cumplir con sus compromisos climáticos. A la vez, las políticas laborales de reducción y reparto del tiempo de trabajo asociadas al escenario post-growth servirían para mantener el nivel de empleo.⁴⁰

Con sus limitaciones, estos resultados muestran claramente que, cuando se incorporan las restricciones biofísicas y el estrecho intervalo temporal que tenemos para actuar, en los escenarios BAU y green growth el conflicto entre crecimiento económico, políticas para luchar contra el cambio climático y sostenibilidad ambiental está servido. Por otro lado, los escenarios también sugieren que es mejor hacer algo que no hacer nada, aunque se pone de manifiesto que el crecimiento económico general no es un modelo alcanzable en un contexto de restricciones energéticas y climáticas, por lo que la modelización macroeconómica no debe estar al margen de este resultado y debería incorporar las restricciones biofísicas en sus análisis.

El escenario post-growth es el único que satisface simultáneamente el despliegue de las renovables con una reducción sustancial del consumo energético y de las emisiones

Afortunadamente, cada vez más se va abriendo paso la necesidad de incorporar estos escenarios de reducción de la escala económica en los análisis y prospectiva. Así lo han visto de igual manera otros investigadores que han propuesto planteamientos similares en trabajos relevantes recientemente publicados también en importantes revistas científicas internacionales.⁴¹ Se hace, pues, preciso complementar las soluciones tecnológicas (eficiencia, renovables, etc.) con cambios socioeconómicos importantes que inicien pautas de reducción de los consumos, de la movilidad motorizada, con políticas de redistribución de renta riqueza y tiempos, políticas económicas fuertes de gestión de la demanda, de promoción de consumos colectivos, servicios públicos potentes, agricultura ecológica, etc. A pesar de todo, conviene no engañarse. En gran medida, algunas de las políticas asociadas a este escenario de postcrecimiento, y otras relativas al sistema financiero y fiscal que hemos detallado en otros lugares⁴² resultan claramente a contracorriente, cuestionan fuertes intereses, afectan a diferentes ámbitos de actuación (internacional, europeo, nacional o, incluso, local), y por eso será preciso afinar mucho en cada nivel de aplicación.

A modo de conclusión

El cambio climático es un claro ejemplo de que existen límites a la expansión de la actividad económica y que hemos sobrepasado la capacidad de la biosfera de absorber los GEI sin incrementar la temperatura medida del planeta. También sabemos que cuanto mayor sea la escala del sistema económico, mayores serán también las exigencias de energía y materiales y, consecuentemente, de residuos generados. Urge pensar escenarios que vayan en el sentido contrario en términos de exigencias de recursos naturales y contaminación, de consumo y de producción materiales. Una economía que contrae su consumo energético rápidamente –y debe hacerlo muy rápidamente–, difícilmente puede abordar este descenso tan solo a través de la eficiencia (especialmente si se descuenta el efecto rebote). Necesitamos recursos materiales y sociales que permitan avanzar en diseñar estos escenarios y en plantear con rigor políticas económicas y prácticas sociales que los puedan llevar a cabo.

Óscar Carpintero Redondo y Jaime Nieto Vega forman parte del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) y del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid

NOTAS

1  Los autores agradecen la ayuda recibida a través del proyecto de investigación: “Modelización y simulación de escenarios hacia una economía baja en carbono: el caso español (ECO2017-85110-R)”, financiado por el Ministerio de Economía e Innovación.

2  Véase, por ejemplo, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers, Los límites del crecimiento 30 años después, Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, Madrid, 2002. O también WWF, Living Planet Report 2020, Gland, Suiza, 2020.

3  IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Cambridge University Press, 2021. También, IPCC, Global warming of 1.5º, Ginebra, 2018.

4  Roberto Bermejo, Un futuro sin petróleo, Los Libros de la Catarata, Fuhem-Ecosocial, Madrid, 2007. Y más recientemente, Antonio Turiel, Petrocalipsis, Alfabeto, Madrid, 2020.

5  IEA, World Energy Outlook, París.

6  IPCC, op. cit., 2021.

7  James Hansen, Pushker Kharecha, Makiko Sato, Valerie Masson-Delmotte, Frank Ackerman, et al., «Assessing “dangerous climate change”: Required reduction of carbon emissions to protect young people, future generations and nature», PLoS ONE, 8, 2013.

8  IPCC,  op.cit., 2018,

9  Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Javier Miguel, «Less than 2º: An Economic-Environmental Evaluation of the Paris Agreement», Ecological Economics, 146, 2018, pp. 69-84.

10  NDC Synthesis Report, Convenio Marco sobre el Cambio Climático, Naciones Unidas, 2021.

11  Daniel Welsby, James Price, Steve Pye, Paul Ekins, «Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world», Nature 597, 2021, pp. 230–234, .

12  Son entendibles los reparos a negociar compensaciones precisamente a aquellos agentes económicos que han estado en el origen del problema y, en muchos casos, presentan historiales de agresiones y deterioro ecológico de los bienes comunes muy importantes. Sin embargo, dado que el bien mayor que se lograría sería superior a los costes en que incurriríamos, el resultado seguramente merecería la pena.

13  OCDE, Towards green growth, OCDE, París, 2011.

14  Banco Mundial, Inclusive green growth: the Pathway to sustainable development, Banco Mundial, Washington, DC, 2012.

15  Iñigo Capellán-Pérez, Ignacio de Blas, Jaime Nieto, Carlos de Castro, Luis Javier Miguel, Óscar Carpintero, Margarita Mediavilla, Luis Francisco Lobejón et al., «MEDEAS: a new modeling framework integrating global biophysical and socioeconomic constraints», Energy Environmental Science, núm. 13, 2020, pp. 986–1017. También el trabajo de Simone D’Alessandro, André Cieplinski, Tiziano Distefano, Kristofer Dittmer, «Feasible alternatives to green growth», Nature Sustainability núm. 3, 2020, pp. 329–335.

16  Jeremy Rifkin, El Green New Deal Global, Paidós, Madrid, 2019.

17  Helmut Haberl, Dominik Wiedenhofer, Doris Virág, Gerald Kalt, et al., «A Systematic Review of the Evidence on Decoupling of GDP, Resource Use and GHG Emissions, Part II: Synthesizing the Insights», Environmental Research Letters, vol. 15, núm. 6,  doi: 10.1088/1748-9326/ab842a, 2020.

18  OCDE, Global Material Resources Outlook to 2060: Economic Drivers and Environmental Consequences. OCDE, París, 2019.

19  Jason Hickel, y Giorgos Kallis, «Is Green Growth Possible?», New Political Economy 25 (4), 2020, pp. 469–486. También: Helmut Haberl, et al., op.cit. 2020.

20  Óscar Carpintero, «Los costes ambientales del sector servicios y la nueva economía: Entre la “desmaterialización y el “efecto rebote”», Economía Industrial, núm. 352, 2003, pp. 59-76.

21  Jorge Riechmann, Otro fin del mundo es posible, decían los compañeros, Mra ediciones, Madrid, 2019.

22  IEA, The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, París, 2021.

23  Pedro Prieto, «Consideraciones sobre la electrificación de los vehículos privados en España», 15/15/15, 2020.

24  Un simple ejemplo propuesto por Antonio Turiel, (op.cit, p. 145) nos puede ayudar: «Millones de coches duermen en la calle en nuestro país. Para poder recargar esos coches durante la noche haría falta poner un poste eléctrico cada cinco metros de acera aproximadamente. Si fueran postes de 22 KW, como los que quiere instalar el gobierno en las gasolineras, en ciento veinticinco metros de calle habría que tender un cableado junto con los postes para poder suministrar más de un megavatio (MW) de potencia. Una ciudad como Madrid, con más de mil kilómetros de calles, necesitaría cableados, subestaciones eléctricas y sistemas de control para disponer de unos 8GW de potencia (es decir, como todas las centrales nucleares de España). Si extrapolamos estos datos para el resto de España, estaríamos hablando de más de 100GW (igual que la capacidad eléctrica máxima de España)».

25  Ignacio de Blas, Margarita Mediavilla, Iñigo Capellán-Pérez, Carmen Duce, «The limits of transport decarbonization under the current growth paradigm», Energy Strategy Reviews, 32, 2020.

26  Vaclav Smil, «Vivimos en un sistema irracional y la Tierra no puede soportarlo. Entrevista», El Correo, 27 de agosto de 2021.

27  Megan K. Siebert y William E. Rees, «Through the Eye of a Needle: An Eco-Heterodox Perspective on the Renewable Energy Transition», Energies, 14(15):4508, 2021.

28  Eric Zencey, «La energía, el recurso maestro», en: Worldwatch Institute, La situación del mundo 2013, Icaria-FUHEM Ecosocial, Barcelona-Madrid, 2013, pp. 125-140.

29  Alicia Valero, Antonio Valero y Giomar Calvo. Thanatia. Límites materiales de la transición energética, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2021.

30   La propia Agencia recuerda que la construcción de una planta eólica exige nueve veces más recursos minerales que una planta de gas. IEA, op.cit, 2021, p. 5.

31   Daniel Pulido Sánchez, Iñigo Capellán-Pérez, Margarita Mediavilla, Carlos de Castro, Fernando Frechoso, «Analysis of the material requirements of global electrical mobility», DYNA, Vol. 96, 2021, pp. 207 – 213.

32   Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel, Fernando Frechoso, «Global wind power potential: Physical and technological limits», Energy Policy, núm. 39, 2011, pp. 6677–6682.

33   Carlos de Castro, Margarita Mediavilla, Luis Javier Miguel, Fernando Frechoso, «Global solar electric potential: A review of their technical and sustainable limits», Renewable and Sustainable Energy Reviews, núm. 28, 2013, pp. 824–835.

34  Nicholas Georgescu-Roegen, Ensayos bioeconómicos, Los libros de la Catarata (2ª edición), Madrid, 2021. Pedro Prieto, y Charles Hall, Spain’s Photovoltaic Revolution. The Energy Return on Investment. Springer Verlag, Nueva York, 2013. Megan K. Siebert y William E. Rees, op.cit.

35  Hemos optado por la etiqueta de post crecimiento pues, más allá de polémicas legítimas, podría englobar diversas estrategias que intentan ir más allá del crecimiento (sea convencional o verde). Aquí estarían, las que entran dentro de la categoría del decrecimiento (degrowth), los planteamientos de low-growth o de bajo crecimiento, las de aquellos que opinan que es preciso distinguir según el país del que estemos hablando respecto de la necesidad o no de aumentar la producción de bienes y servicios, o las de aquellos que consideran que en el futuro habrá actividades que tendrán que aumentar y otras que deberán reducirse radicalmente y, por tanto, el resultado de estas estrategias en términos de crecimiento o decrecimiento del PIB no debería ser lo fundamental.

36  Iñigo Capellán-Pérez et al., op.cit, 2020.

37  Los primeros resultados provisionales obtenidos para el caso de la economía española con el modelo MO- DESLOW (aplicación de MEDEAS a España) apuntan en la misma dirección.

38  Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Fernando Lobejón, Luis Javier Miguel, «An ecological macroeconomics model: The energy transition in the EU», Energy Policy, 145, 111726, 2020. Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Javier Miguel, Ignacio de Blas, «Macroeconomic modelling under energy constraints: Global low carbon transition scenarios», Energy Policy, 137, 11090, 2020.

39  Jaime Nieto et al., op.cit, 2020.

40  Jaime Nieto, Óscar Carpintero, Luis Fernando Lobejón, Luis Javier Miguel, «An ecological macroeconomics model: The energy transition in the EU», Energy Policy, 145, 111726, 2020.

41  Simone D’Alessandro et al., op.cit. Véase también: Lorenz Keyβer y Manfred Lenzen, «1.5º C Degrowth Scenarios Suggest the Need for New Mitigation Pathways», Nature Communications, 12: 2676, 2021.

42  Óscar Carpintero y Jorge Riechmann, «Pensar la transición: enseñanzas y estrategias económico-ecológicas», Revista de Economía Crítica, núm. 16, 2013, pp. 45-107.

Acceso al texto del artículo completo en formato pdf: Transición energética y escenarios postcrecimiento

Construida sobre la base energética de los recursos fósiles, la intensificación y expansión del industrialismo a lo largo de los dos últimos siglos ha mostrado la existencia de límites en la disponibilidad de los recursos (debido al agotamiento de unos stocks que se extraen de la corteza terrestre a un ritmo que no se corresponde con los largos periodos geológicos que los forman) y la presencia, aún más apremiante, de límites en la capacidad de asimilación de los residuos.

La contaminación del aire, de las aguas y de la tierra con todo tipo de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) no solo ha hecho del planeta un inmenso vertedero, sino que además ha conseguido alterar el clima en la troposfera y modificar la estructura de la atmósfera.

Ambas circunstancias ofrecen suficientes evidencias para concluir que el modelo energético imperante resulta inviable si queremos preservar las condiciones naturales que facilitan una vida civilizada en el planeta. La contradicción derivada de un modo civilizatorio que no civiliza nos exige renunciar a un modelo de acumulación basado en requerimientos crecientes de materiales y energía y a perfilar horizontes con nuevos fines (sociales, económicos y políticos) y medios que hagan un uso menos intensivo de los recursos.

Este debería ser el insoslayable punto de arranque de cualquier discusión sobre el sistema energético. De ser así, no podrá obviarse que la rápida transición hacia una nueva base energética requiere algo más que una aceleración del desarrollo tecnológico y la sustitución de unas fuentes energéticas insostenibles por otras renovables. La cuestión tiene mayor enjundia, y la interiorización de la existencia de los límites naturales (cuando se cumple el quincuagésimo aniversario de la publicación del informe al Club de Roma de los esposos Meadows) debería situar, como ejes centrales en una estrategia de transición, dos cuestiones: la primera, que la senda por la que transitaremos será descendente en términos energéticos dada la existencia de límites (materiales, territoriales, de eficiencia tecnológica, etc.); y la segunda, que el camino hacia la descarbonización de la economía para sortear las peores consecuencias del cambio climático va a estar condicionado por lo anterior.

Otros planos del debate

Aunque nuestras sociedades fueran más conscientes de lo que muestran en relación con la existencia de los límites naturales, el problema de la transición energética no se resuelve sin la introducción de otros planos en el debate. El primero tiene que ver con el propósito de descarbonizar electrificando todos los procesos que hasta ahora se encuentran alimentados con recursos fósiles y que en adelante obtendrían los suministros de un sistema eléctrico basado en flujos renovables. Esta vía de «descarbonizar electrificando» sin cambios profundos en el modo de vida hegemónico, además de los consabidos límites ya aludidos, no está exenta de su propia problemática, particularmente derivada de la singularidad que presenta la electricidad como producto. Otro plano ineludible que añade complejidad a la transición es la presencia en el sector energético de instituciones, actores y relaciones de poder que, de no tomarse en consideración, marcarán las posibilidades de que aquella pueda llegar a ser justa además de sostenible.

En resumen, que la crisis energética difícilmente se abordará con seriedad si no nos pone frente al espejo de la situación de extralimitación en la que nos encontramos y no se encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios, rezuma fuertes tensiones geopolíticas.

La electrificación del sistema energético

Si la transición energética es la clave de bóveda de la transición ecosocial, la eléctrica se presenta a su vez como la condición necesaria de la primera. Sin embargo, la electrificación del sistema energético es un desafío realmente complicado. Para empezar, hay que recordar el estadio en que estamos, donde la electricidad apenas representa el 20% del consumo energético final sin ser, ni mucho menos, toda de origen renovable. A esa dificultad de partida se suman otras consideraciones en absoluto menores.

En primer lugar, aunque la electricidad se encuentra presente en la naturaleza, los seres humanos no somos capaces de aprovechar directamente ese potencial, por lo que precisamos de tecnologías e infraestructuras -que han de ser fabricadas e instaladas a partir del empleo de un ingente caudal de recursos materiales y energéticos- para ser capaces de transformar los flujos renovables en energía eléctrica y, como señalan en su artículo Carpintero y Nieto,1 esta circunstancia nos sitúa ante la denominada trampa de la energía, es decir, ante el hecho de que el despliegue de esas infraestructuras de captación de las fuentes renovables pueda significar, si no propiciamos cambios radicales en el resto de usos en que se emplean esos recursos requeridos, un agravamiento de los problemas relacionados con los límites de disponibilidad de recursos y desbordamiento de sumideros a los ya hemos hecho referencia.

En segundo lugar, no todas las actividades se pueden electrificar con las tecnologías actualmente disponibles (basta con pensar en el transporte nacional e internacional de mercancías o en la industria química), y cuando empiecen a estar a nuestra disposición las alternativas, la matriz de renovables no parece que pueda garantizar la afluencia energética con la que cubrir los desmesurados niveles de consumo a los que nos hemos acostumbrado en la era de la energía fósil.

La transformación hacia un modelo 100% renovable sin considerar, de nuevo, cambios profundos en las estructuras y dinámicas sociales, es una ilusión que queda -en los plazos de urgencia en los que nos movemos- sencillamente fuera de nuestro alcance.

Finalmente, la electrificación del sistema energético se encuentra con problemas asociados a las peculiaridades de la electricidad, en concreto, las dificultades para su almacenamiento a gran escala y para conjugar la oferta con la demanda derivada de la intermitencia en la generación a partir de fuentes renovables como el sol y el viento. A pesar de las esperanzas depositadas en el hidrógeno como vector energético que facilite una alternativa viable de almacenamiento cuando la generación eléctrica de origen renovable exceda a la demanda, los avances en los esfuerzos encaminados en esta dirección no han proporcionado hasta el momento más que avances muy modestos sin lograr siquiera las condiciones económicas y ecológicas que pudieran hacerlo viable en un corto plazo.2  Tampoco los resultados obtenidos de la conversión mecánica en las centrales hidráulicas por bombeo o en acumuladores de conversión química o electromagnética parece que sean suficientemente significativos como para pensar que el problema está resuelto.

Por otro lado, la conjugación permanente de la oferta con la demanda requiere dotar al sistema eléctrico de los atributos de estabilidad y flexibilidad, algo difícil de lograr dado el carácter discontinuo de las fuentes renovables. Obviamente se trata de un asunto estrechamente relacionado con las posibilidades de almacenamiento a gran escala, aunque no únicamente. Requiere también resolver de forma adecuada la integración de las diferentes secuencias que conforman el sistema eléctrico, desde la generación hasta la utilización final de la electricidad pasando por el transporte a través de redes de alta tensión y la distribución comercial. Para ello se confía en una digitalización a gran escala que haga posible lo que se denomina “energía conectada”. Así pues, la electrificación del sistema energético queda íntimamente ligada a la intensificación de la digitalización de la sociedad, con todas las potencialidades, pero también con todos los problemas y riesgos que comporta. No es el momento (y tampoco hay espacio) para desarrollar este aspecto, pero sí convendría observar cómo se viene construyendo un discurso tecnologicista en el que se habla alegremente de “prosumidores” (actores que desempeñan simultáneamente el papel de productores y consumidores), de redes concebidas como plataformas digitales de servicios, de descentralización gobernada por organizaciones vecinales y comunitarias, etc., sin alusión alguna a cómo se organiza y funciona realmente el sector: con estructuras oligopólicas y una invariable connivencia de los diferentes gobiernos con las grandes empresas para su mayor beneficio y menor atención a los intereses generales de la población.

Las estructuras e instituciones de poder

La integración de las fuentes renovables en un sistema descentralizado y digitalizado basado en redes dinámicas bidireccionales en las que millones de usuarios pudieran gestionar su consumo eléctrico y verter los excedentes a la red es un proyecto que tropieza con las estructuras e instituciones de poder tanto nacionales como internacionales.

La necesidad de cambiar el marco institucional en el que operan los actores implicados en la producción, el comercio y el consumo de la energía emerge como la conditio sine qua non para poder definir democráticamente el rumbo de la transición energética. Se trata de una cuestión crucial de un debate eminentemente político que no puede ser hurtado a la ciudadanía, pero que requiere, para mayor complicación, de un conocimiento riguroso del funcionamiento, las prioridades y los actores decisivos que condicionan la marcha de un sistema energético.3

Por si esto fuera poco, cabe añadir la dimensión internacional en que se desarrolla el sistema energético actual, marcado a su vez por profundas asimetrías y desigualdades. El orden fosilista ha estado acompañado permanentemente de una geopolítica que ha hecho y desecho alianzas internacionales y esferas de influencia, en la mayoría de los casos con consecuencias bélicas para los países que han osado desafiar el orden establecido con el propósito de mejorar su participación en el pastel o garantizar, al menos, su cuota de mercado. Pocos ámbitos han estado tan marcados en la historia reciente por las estrategias de seguridad nacional de las grandes potencias y demasiados han sido los pueblos que les ha tocado sufrir las calamidades que esas estrategias han ocasionado. No es una historia exclusiva del sector energético, aunque tal vez sí uno de los ejemplos más significativos.

Un solo dato puede ser indicativo de la magnitud que va a adquirir esta dimensión geopolítica. En el año 1990, el mundo obtenía el 87% de su energía primaria de fuentes fósiles; en el 2020, representa el 83%, con una reducción de apenas cuatro puntos porcentuales en tres décadas. ¿Cómo será posible moverse desde el 83% al cero en los próximos 30 años, periodo que se contempla para culminar el proceso de descarbonización, sin una recomposición radical de las fuerzas y actores en juego?

Pensar imaginativamente otros fines y medios

Para que no desemboque la tan anhelada transformación de la matriz energética en una tragedia ecosocial sin precedentes o en el apartheid de gran parte de la humanidad, no queda otra que perfilar horizontes nuevos con otros fines y medios. No existe como tal una transición energética en marcha, sino un espacio de disputa que podrá salvarnos de –o encaminarnos sin remedio hacia– los peores escenarios de la crisis ecosocial.

Mientras se disputa y se hacen valer las capacidades políticas y técnicas para resolver los problemas y dificultades concretas en los planos antes mencionados, resulta igualmente necesario y urgente subvertir los objetivos, prioridades y valores que nos han conducido a esta crisis energética que desvela un rango civilizatorio a poco que se escarbe. El capitalismo ha construido un entorno social y cultural que favorece el consumo desenfrenado, creando unos consumidores agitados por el ansia de alcanzar todos sus deseos. Y no lo hace de forma homogénea y continua, sino generando abismales desigualdades y provocando crisis continuas en medio de un despilfarro generalizado. Se antoja imposible construir una sociedad autocontenida y guiada por principios igualitarios en escenarios de escasez sin un cuestionamiento y una radical redefinición de las nociones de bienestar y calidad de vida en las sociedades contemporáneas. La lucha contra la desigualdad y el despilfarro consustanciales a la dinámica capitalista ofrecen cierto margen que, aunque se vaya estrechando, permite aún imaginar sociedades civilizadas con propósitos que no se reduzcan a los de la mera supervivencia.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

NOTAS

1.  Óscar Carpintero y Jaime Nieto, «Transición energética y escenarios post-crecimiento», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 156, invierno 2021, FUHEM Ecosocial, Madrid, pp 93-106.

2.  Véase en esta misma revista Antonio Serrano, «hidrógeno verde y transición energética», Papeles de rela- ciones ecosociales y cambio global, núm. 1153, primavera 2021, FUHEM Ecosocial, Madrid, pp. 83-92.

3.  De la complejidad y cuestiones más relevantes del sistema eléctrico español, dominado por un oligopolio formado por un número muy reducido de compañías que poseen casi toda la capacidad instalada y el control de la mayoría de las redes de distribución y comercialización, ejerciendo una influencia decisiva sobre el marco institucional y enormes posibilidades de captura del regulador, da buena cuenta Enrique Palazuelos en un libro imprescindible para quien desee aventurarse, con conocimiento de causa, en la discusión sobre la viabilidad, características y consecuencias de la transición energética: El oligopolio que domina el sistema eléctrico. Consecuencias para la transición energética, Akal, Madrid, 2019.

Acceso al pdf completo y gratuito del artículo: «Los planos del debate de la crisis energética»

Luis del Romero Renau

Publicado en el ESPECIAL del número 147 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, otoño 2019.

El artículo ahonda en las lógicas que han propiciado el despoblamiento y abandono de territorios rurales del interior de la península ibérica. Esta catástrofe a cámara lenta apunta a la ausencia de un plan político con medidas claras y a largo plazo de desarrollo rural. Los proyectos industriales que se aportan como solución –macrogranjas, minería–, con altos costes ecológicos y sociales, no responden a las necesidades de estos territorios y han encontrado una fuerte resistencia entre los pocos habitantes que quedan.

De Zomia a la montaña española

El arte de vivir sin gobierno es el título de un ensayo del antropólogo estadounidense J.C. Scott1 en el que explica el curioso caso de los múltiples pueblos y comunidades rurales que habitan áreas montañosas del sureste asiático, desde la península de Siam hasta el sur de China y norte de Bangladesh.

Este conjunto de pueblos es enormemente heterogéneo desde el punto de vista cultural y lingüístico, pero a lo largo de la historia, relata este antropólogo, han conseguido escapar al control de los Estados-nación modernos y de los gran- des centros de poder ubicados en los fértiles valles de ríos como el Amarillo, el Mekong o el Ganges. Zomia es el nombre con el que se conoce a esta vasta región montañosa, término acuñado por el historiador holandés Willem van Schendel en 1997. Zomia nunca fue un Estado independiente, sino un conjunto de pueblos con estrechos vínculos, sobre todo comerciales, con los grandes imperios y Estados nacionales de los valles y áreas bajas, pero que permaneció casi hasta nuestros días fuera de su área de influencia. El aislamiento geográfico de Zomia y la distancia respecto a grandes ciudades como Pekín, Bangkok o Delhi aseguró durante siglos la independencia de estas tierras, pero no sin conflicto con estos grandes centros de poder.2 Un ejemplo paradigmático es el del pueblo Rohingya, comunidad de mayoría musulmana originaria del oeste de Myanmar pero históricamente independiente de su centro de poder principal, Rangún.

Esta situación comenzó a cambiar drásticamente a partir de la creación de los primeros Estados-nación modernos después de la descolonización del sureste asiático, pero sobre todo con el descubrimiento en numerosas áreas montañosas de importantes yacimientos de minerales. A partir de este momento comenzó un acelerado y violento proceso de incorporación a la modernidad del estatismo socialista o al sistema capitalista, de vastos territorios de montaña a nuevos Estados como Laos, China, Tailandia o Bangladesh.

En el momento en el que se vieron las expectativas de negocio, en algunos casos incluso antes de la independencia, comenzó un importante proceso de colonización interna aún hoy inacabado. Este proceso de colonización y acaparamiento de tierras y recursos por parte de nuevos Estados postcoloniales ha sido en las últimas décadas una fuente inagotable de conflictos territoriales entre estos y comunidades rurales e indígenas de Zomia. Zomia sigue existiendo y son numerosos los pueblos que viven en áreas aisladas y alejadas de Estados con una institucionalidad débil, con una relación en conflicto por su propia supervivencia, frente a las políticas de colonización económica, política y cultural de estos Estados. Obviamente, pese a la enorme reserva demográfica existente en estas áreas periféricas, la despoblación es ya un problema territorial palpable en muchas áreas de montaña asiáticas. Volviendo al caso del pueblo rohingya, según cálculos de Amnistía Internacional3 en 2017 más de 740.000 personas de estas comunidades fueron expulsadas a la vecina Bangladesh, dejando amplias zonas de montaña de Myanmar despobladas.

Despoblación, periferia y conflicto también son conceptos que nos pueden servir para analizar la situación de otros territorios que aparentemente nada tienen que ver con Zomia: el medio rural español. En los últimos años el problema de la despoblación del medio rural ha acaparado cientos de portadas de periódicos, ha sido analizado desde múltiples ángulos académicos y mediáticos y hoy en día está en el debate político, afortunadamente. En efecto, el medio rural español, especialmente las áreas montañosas más aisladas como las sierras turolenses orientales, las tierras altas de Soria o los montes de León continúan una lenta decadencia que en el caso de multitud de núcleos ha culminado con su abandono total. Se podría reconstruir la historia de esta despoblación a la luz del papel jugado por el Estado-nación español en los dos últimos siglos y trazar así ciertos paralelismos con el caso de Zomia. Muy resumidamente –ya que no es éste el objetivo de este artículo– se podría afirmar que las políticas de Estado sectoriales y de colonización interna han contribuido significativamente a la desarticulación de miles de comunidades rurales y de modelos territoriales de des- arrollo precapitalistas, muchos de ellos vigentes hasta hace pocas décadas, con una serie de estrategias no muy distintas a las ejecutadas por los grandes Estados asiáticos que poco a poco han ido incorporando a sus respectivos Estados a los territorios de Zomia. Sirva de ejemplo de este conjunto de políticas las políticas hidráulicas de construcción de grandes embalses, las políticas forestales de repoblación, las políticas fiscales que han presionado enormemente a pequeñas explotaciones, políticas agrícolas, ganaderas, de regadío fomentadoras de la agroindustria muy poco compatible con el medio ambiente y las sociedades rurales de montaña que vivían del minifundio, la trashumancia y los bienes comunales.4

Los desiertos demográficos  crecientes en la periferia de grandes ciudades son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros

Este proceso histórico de colonización para la obtención de recursos naturales para la ciudad y de desarticulación de comunidades rurales precapitalistas no ha terminado del todo. En este artículo se van a mostrar algunos casos de conflicto que ilustran cómo estas relaciones de depredación permanecen hoy en día más vigentes que nunca. Los casos de conflicto en la periferia rural que se muestran a continuación, están extraídos de distintos medios de comunicación y de distintos territorios.

Se trata de tres conflictos surgidos por un gran proyecto industrial con notables impactos sociales y ambientales en un territorio rural, de los cientos que hay hoy en día activos en la España rural. No se trata de los conflictos urbanos que estamos acostumbrados a oír hablar en los medios de comunicación, sino más bien de conflictos puntuales por usos del suelo en áreas periféricas, pero que precisamente detrás del detonante del conflicto –un cambio de uso del suelo– existe una compleja red de intereses y de actores en conflicto que conviene entender, si de verdad existe voluntad política para afrontar el problema de la despoblación.

Conflictos territoriales en la periferia política y económica

Macrogranjas en la España vaciada

El sector ganadero ha sido tradicionalmente uno de los pilares fundamentales de las econo mías de montaña. Sin embargo, este sector continúa un proceso intenso de industrialización consistente en la estabulación del ganado, la incorporación de piensos ultraprocesados o directamente transgénicos, razas muy productivas descartando las autóctonas, y la multiplicación de las cabezas de ganado en una misma instalación por aquello de las economías de escala.

En 2017 comenzó un importante conflicto territorial en el municipio soriano de Noviercas, cercano al parque natural del Moncayo, aunque apenas se le prestó atención a escala nacional. Una empresa navarra propuso en esta área despoblada –el municipio apenas supera los 150 habitantes– construir una macrogranja para 23.530 vacas de leche.5 La empresa utilizó justamente el discurso de la despoblación y del revulsivo económico que supondría esta gigantesca instalación por la creación de empleo.

¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos  se diría que no

Sin embargo, el conflicto se desató por la frontal oposición de vecinos y de organizaciones ecologistas. Desde el punto de vista económico se denunció que ese tipo de instalaciones arruinaría a las pequeñas explotaciones bovinas de leche que sobreviven en Soria, además de que también podría afectar a las pequeñas explotaciones aragonesas. Por otro lado, sería difícilmente compatible con otras actividades ya existentes como el turismo rural. Sin embargo, los argumentos más repetidos por los opositores al proyecto fueron de tipo ambiental: básicamente el enorme consumo de agua que requerirían más de 20.000 vacas en un territorio semiárido, el maltrato animal que supone el hacinamiento de tal cantidad de animales en unas instalaciones industriales, pero sobre todo el desafío de la gestión de residuos de esta actividad.

A nivel político en escalas superiores, comenzando con la propia comunidad autónoma y siguiendo con el Ministerio de Agricultura que debieran velar en primer lugar por los intereses y el bienestar de la población potencialmente afectada por esta macrogranja, las administraciones se decantaron por apoyar el proyecto por el revulsivo económico que supondría, mientras que los grandes partidos políticos a nivel nacional se posicionan a favor del modelo de macrogranjas si respetan la legalidad vigente. En la actualidad el conflicto se halla paralizado, ya que la Confederación Hidrográfica del Duero denegó en agosto de 2019 la concesión de aguas subterráneas solicitada. No obstante, se trata de un escollo administrativo que podría superarse presentando alguna enmienda al proyecto, sobre todo si desde posiciones políticas se sigue apoyando públicamente este modelo de ganadería que para gran parte de sindicatos agroganaderos de Castilla y León supondría un gran problema para las pequeñas explotaciones y podría ser contraproducente para Noviercas desde todos los puntos de vista.

Eólicas para los pobres

Uno de los roles que ha asumido desde hace décadas el medio rural es el de acoger usos y actividades necesarias, pero no deseadas en la ciudad, generando numerosos conflictos categorizados como “NIMBY”. En Catalunya existe una evidente polarización entre la localización de la mayor parte de su población –en el Área Metropolitana de Barcelona se concentra el 70% de la población catalana– y la de instalaciones no deseadas como vertederos, centrales de producción de energía o prisiones en comarcas rurales con población de escasos recursos. El caso de la Terra Alta y del sur de Tarragona es muy revelador.

La Terra Alta es una comarca rural de doce municipios que limita con La Matarranya en Teruel, la segunda más pobre de Catalunya,6 y una de las más despobladas con apenas 11.000 habitantes que suponen el 0,16% de la población catalana, pero el 2,31% de su superficie. Esta comarca, al igual que las vecinas de Baix Ebre y Ribera d’Ebre, llevan décadas acogiendo instalaciones para la generación de energía con graves impactos ambientales: grandes embalses, centrales de ciclo combinado, o la central nuclear de Vandellòs. A mediados de los años noventa comenzó un conflicto territorial en esta comarca con problemas de despoblación: en este caso por varios proyectos de instalación de parques eólicos.

Surgió a partir de un ambicioso plan de construcción en varias localidades de las comarcas del Ebro, de parques eólicos promovidos por la Generalitat de Catalunya, y en muchos casos con el apoyo de ayuntamientos por los beneficios económicos que recibirían las arcas municipales por las concesiones. Se trata de una energía limpia y que además genera riqueza y empleo, se defendió. Sin embargo, desde esa época han existido varios movimientos vecinales y plataformas, que se han opuesto a la instalación de este tipo de parques. Una de las principales razones de protesta han sido los importantes impactos paisajísticos y de contaminación acústica que generan. Algunos de ellos se han situado muy cerca de paisajes de la Batalla del Ebro y de otros enclaves de interés natural y cultural. Otra de las razones es que este tipo de actividades afecta a actividades de interés para esta zona rural deprimida, como el turismo o la llegada de nuevos habitantes que buscan nuevos proyectos de vida en áreas con atractivos paisajísticos. Además, a todo ello hay que añadir el problema que suponen las líneas de alta tensión que han de recorrer cientos de kilómetros desde estos parques hasta las grandes ciudades catalanas que son las principales consumidoras de esta energía. Se podría entender este conflicto como un caso más de extractivismo en el mundo rural.

Llama la atención que en otras zonas rurales o urbanas ricas de Catalunya como Girona o el Vallès en Barcelona, no existe este tipo de actividad, pese a que está mucho más cerca de las actividades industriales o usos urbanos consumidores de esa energía.

La nueva fiebre minera en Galicia

Una de las actividades que sin duda ha suscitado más conflictos territoriales en España y en todo el mundo es la extracción minera. Por un lado, se defiende que sin actividad minera no se puede proveer de los recursos básicos para todo tipo de bienes de consumo, genera- ción de energía e infraestructuras: cobre, hierro, carbón, litio, plomo etc. Por otro lado, se denuncia el enorme y a veces irreversible impacto ambiental que esta actividad supone, sobre todo en el caso de las grandes explotaciones a cielo abierto, en especial la contaminación de acuíferos, cursos fluviales y la destrucción de bosques, suelos y patrimonio.

El modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado e interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio.

Una de las comunidades autónomas con más conflictos por la minería es Galicia. Ante la alta demanda mundial de ciertos minerales, se han planteado diversos proyectos de reapertura o ampliación de todo tipo de minas. Un ejemplo es el de la mina a cielo abierto en los municipios coruñeses de Touro y de O Pino para la explotación de cobre y plata. Se trata de un macroproyecto minero ubicado en los terrenos de una antigua mina de cobre que estuvo activa hasta 1986, y muy cerca del río Ulla, principal afluente de la ría de Arousa. Previamente a este conflicto, ya hubo numerosas protestas por el estado de degradación ambiental de la antigua mina, que años después de su cierre continuaba generando problemas de contaminación en las aguas de diversos ríos y arroyos. No obstante, con la presentación de un nuevo proyecto por parte de la multinacional Atalaya Mining, para extraer hasta dos toneladas de plata al año y hasta 30.000 toneladas de cobre, y la promesa de inversiones millonarias en la zona, comenzó un nuevo conflicto que aún perdura.

Numerosas entidades ecologistas, junto con vecinos de O Pino y Touro, varios organismos científicos, e incluso mariscadores y pescadores de la ría de Arousa se unieron para oponerse a este gran proyecto, que de nuevo podría generar un gran impacto sobre un medio rural con multitud de parroquias y una población envejecida y decreciente. Por su parte, la Xunta de Galicia ha ido variando de postura a lo largo del tiempo, aunque se ha mostrado en más de una ocasión abiertamente a favor de esta actividad, de nuevo pese a la amenaza que supone para la población local y el medio ambiente.

De nuevo, al igual que en los casos anteriores, tenemos un proyecto promovido por una empresa privada que encuentra una importante resistencia desde la ciudadanía, mientras que las administraciones sectoriales competentes, desde los ministerios a los gobiernos autonómicos adoptan posturas que se mueven entre la neutralidad, el apoyo a dichos proyectos, y en algún caso una tibia oposición. Se trata de grandes proyectos con potenciales impactos ambientales severos, y que afectarían especialmente al área rural en el que se asientan, pero esto no parece ser suficiente para reconsiderarlos. En la actualidad el proyecto de la mina de Touro y O Pino se encuentra en proceso de evaluación ambiental. En el último año ha habido un aumento importante en las voces de protesta que podrían influir en la cancelación de este proyecto. Un factor clave para explicar las importantes movilizaciones ciudadanas que se han organizado en contra de esta mina, es que sus afecciones ambientales, básicamente ruido y polvo, podrían afectar a la ciudad de Santiago y al propio camino de Santiago. Quizás, de haberse ubicado el proyecto en un área rural más remota, las voces en contra habrían sido menos numerosas y mediáticas, aunque las afecciones fuesen iguales o mayores.

¿La despoblación como negocio?

Los tres casos de conflicto territorial sucintamente analizados tienen muchos puntos en común. Se trata de territorios de la periferia rural en Galicia, Catalunya y Castilla y León respectivamente. El conflicto surge cuando un agente externo al territorio –en los tres casos una empresa privada– propone la construcción de una actividad de dudoso beneficio para la población localy con severos impacto ambientales y sociales. Ante esto, movimientos ecologistas y gran parte de la ciudadanía de ese territorio rural se manifiesta en contra, sin encontrar en las administraciones públicas sectoriales ningún apoyo ante estas protestas por proyectos que pueden ser detonantes, por ejemplo, de nuevos éxodos rurales. A esto hay que añadir que cuando una empresa propone instalar una macrogranja, un parque eólico o una mina en un determinado lugar, previamente siempre ha de haber una ley o plan sectorial aprobado por un parlamento autonómico o Congreso de los Diputados que lo autorice. Es el Ministerio de Industria quien por ejemplo autoriza a realizar prospecciones mine- ras sin tener en cuenta el posible impacto a nivel local, por una ley de minas franquista que ningún gobierno ha cambiado desde su aprobación en 1973.

La proliferación en los últimos años de grandes proyectos agroindustriales, energéticos o mineros en numerosas áreas rurales españolas parece responder a un cierto patrón: se desarrollan en territorios generalmente pobres, con escasa población y actividad. Puede que después de todo, el gravísimo problema de la despoblación del mundo rural, con las implicaciones que tiene en cuanto a pérdida de todo tipo de patrimonio de expresiones culturales y lingüísticas, e incluso en el aumento de riesgos naturales como los incendios forestales, también se pueda contemplar como una oportunidad de negocio. Los desiertos demográficos crecientes en la periferia de grandes ciudades como Zaragoza, Madrid, Valencia o Valladolid son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros, o el impacto que ciertas actividades pueden generar.

Se podría poner sobre la mesa una idea interesante para el debate sobre el futuro del medio rural a la luz de estos conflictos. ¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos se diría que no. Más que una acción de gobierno por parte de numerosos gobiernos autonómicos y estatales, pareciera que más bien hay una tarea puramente administrativa en el medio rural: gestión de servicios, subvenciones, fiscalidad, pero sin ningún proyecto territorial a largo plazo. Es lo que hace años el politólogo británico Colin Crouch denominó postdemocracia: la transición hacia un modelo de sociedad y de país que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero éstas se convierten cada vez más en una cáscara formal.

La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica.7 En Noviercas, Gandesa y O Pino hay ayuntamientos y numerosas políticas en marcha provenientes de diputaciones y consejerías autonómicas, pero más gestión administrativa que política de territorio o estrategia a largo plazo, políticas más asistencialistas que proactivas, más a favor de intereses económicos externos como en Zomia, que respetando los intereses locales. Esto cuando hay políticas públicas en marcha, aunque sea de prestación de servicios. En muchas ocasiones siguen faltando servicios básicos y prima la desinversión pública en nuevas actividades, lo que es un factor más de expulsión de población.

El arte de vivir sin gobierno es la situación que, como en Zomia, caracteriza a más de una comunidad rural de este país. Territorios aislados y más o menos remotos, que se han de enfrentar una y otra vez a un Estado-nación que parece una entidad ajena a la realidad del territorio y a la vez hostil, por el empeño de desarrollar políticas que claramente atentan contra los intereses y el bienestar de dicha comunidad. El arte de vivir sin gobierno caracteriza a poblaciones en las que, además de tener que lidiar con muy escasos recursos para asegurar una calidad de vida, se han de enfrentar a grandes empresas que intentan asentarse en el territorio con proyectos con enormes impactos sociales y ambientales. No existe, por ejemplo, mejor dinamizador del éxodo rural que pretender instalar una macrogranja industrial sin casi mano de obra en un territorio rural como Soria, que sobrevive por el turismo y las pequeñas explotaciones bovinas.

Evidentemente, el modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran, como se ha apuntado anteriormente, en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado y con interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio. Como afirma un alcalde de una localidad zaragozana,«Desde las administraciones se nos roban competencias a los municipios y se les entregan sistemáticamente a las ciudades. Así, los pueblos pierden puestos de trabajo y autonomía. Desde las administraciones se está optando por mantener en los pueblos tan solo algo así como funciones que permitan una muerte digna, pero en ningún caso acciones que permitan una vida plena».8

Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, la política minera se sigue rigiendo por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta el desarrollo minero y bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras

Lo que hay detrás de un conflicto territorial

En Boletín ECOS 9 en 2016 el autor aportó una reflexión sobre las múltiples dimensiones de un conflicto territorial, que casi siempre es analizado o retratado como una disputa por los usos del suelo, o confrontación de tipo NIMBY, y que ha de ser rápidamente solucionado por la vía de la compensación económica a los afectados. De esta manera numerosos medios de comunicación y discursos políticos retratan con frecuencia los conflictos aquí analizados. Sin embargo, la tesis de esta breve reflexión es que un conflicto territorial aparentemente simple y ubicado en la periferia territorial puede estar vinculado a cuestiones mucho más profundas y complejas: cuáles son las causas actuales de la despoblación de esa periferia, qué modelo de toma de decisiones rige en determinadas instancias para permitir proyectos con evidentes impactos territoriales, qué papel real desempeña la población rural en esta toma de decisiones, y como siempre, a quién beneficia realmente, más allá del discurso poco creíble del aumento del empleo, la construcción de aerogeneradores, macrogranjas, minas o presas hidroeléctricas.

Este texto ha comenzado con una referencia a una serie de territorios exóticos conocidos como Zomia, territorios que han sobrevivido sin gobierno ni control total por parte de ningún Estado-nación hasta hace bien poco, una referencia que aparentemente nada tiene que ver con la situación del medio rural ibérico.

Sin embargo, la lógica depredadora de recursos y la consecuente desarticulación de sociedades rurales que ha caracterizado a Estados muy poco democráticos como China también está presente en más de un municipio y en unos cuantos casos de conflicto territorial en España. Un caso interesante es el de la política minera en España. Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, esta política se sigue rigiendo inexplicablemente por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta sin cortapisas el desarrollo minero y  bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras.

De momento, ninguno de los tres proyectos industriales analizados aquí ha conseguido implantarse completamente. Pese a proponer su ubicación en territorios pobres, despoblados y lejanos respecto a las grandes ciudades han encontrado una inusitada resistencia por parte de los pocos que quedan. Muchas décadas de lucha contra políticas forestales, hidráulicas, agrícolas o turísticas también genera un “saber hacer” en el territorio para oponerse eficazmente, aunque el futuro demográfico de muchas áreas rurales no es nada halagüeña. Puede que la verdadera solución a la despoblación venga no tanto de la construcción de más y más infraestructuras, y menos aún de la mano de minas, macrogranjas o megaparques eólicos, o en la mejora en la prestación de ciertos servicios, sino del desarrollo de una política para el medio rural, aunque mientras tanto este tendrá que seguir viviendo sin gobierno.

Luis del Romero Renau es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación Recartografías.

Acceso al artículo en formato pdf: El arte de vivir sin gobierno: Conflicto, negocio y despoblación del medio rural

NOTAS:

1 S. James, The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia, Yale University Press, New Haven, 2009.

2 Íbidem.

3 Amnistía Internacional, (2019): Myanmar: Two years since Rohingya exodus, impunity reigns supreme for military, 2019. Consulta: [17-09-2019].

4 L. Del Romero, Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido, Valencia, Tirant, 2018.

5 L. Ferreirim, La macrogranja de Noviercas se paraliza., sitio web de Greenpeace España. Consulta: [17-sept-2019].

6 C. Zografos, y S. Saladié, «La ecología política de conflictos sobre energía eólica. Un estudio de caso en Cataluña», Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 58/1, 2012.

7 C. Crouch, Postdemocracia, Oxford University Press, Oxford, 2003.

8 P. Marín, «Quizás, en los pueblos no nos quede otra que construir una nueva identidad, rearmarnos y ser viables en todos los sentidos», Voces de Ávila, 1 de abril de 2019. Consulta:  [11-oct.-2019].

9 L. del Romero, «Cartografías del conflicto urbano y territorial: el dónde importa», Boletín ECOS, núm. 36, septiembre- noviembre de 2016.