«En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»

Nuria del Viso entrevista a Bonnie Campbell en la sección A Fondo del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global titulado «Geopolítica, el territorio y los conflictos».

Bonnie Campbell (MA., DPhil, Universidad de Sussex) es . Es profesora emérita de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université du Québec à Montréal (UQAM), donde ha dirigido el Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS). Fue miembro del Grupo Asesor nombrado por el Gobierno federal canadiense para las Mesas Redondas Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Sector Extractivo Canadiense en Países en Desarrollo (2006-2007), así como del Grupo de Estudio Internacional de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas sobre la revisión de los regímenes mineros en África de 2007 a 2011. Campbell acaba de completar la dirección de un proyecto de cinco años (2018-2023) titulado «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas», y realizado en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso.

En esta entrevista ahonda en los efectos de las compañías mineras, generalmente del Norte global, sobre los estados y las comunidades del Sur.

Las actividades extractivas generan toda una gama de impactos entre los que destacan los daños al medioambiente y las violaciones de los derechos humanos, así como cambios indeseados sobre la capacidad regulatoria y de control de los estados donde tienen lugar tales actividades a manos de poderosas transnacionales.

Nuria del Viso (NV):  Usted ha estudiado ampliamente la industria extractiva (IE) y la gobernanza, especialmente en África. Este sector se ha ganado una dudosa reputación por su capacidad para moldear la gobernanza en los tiempos de la reestructuración neoliberal hasta hoy, habiendo conseguido alinear las reformas con los intereses del sector. ¿Cuáles son las dinámicas en juego?

Bonnie Campbell (BC): Evidentemente, las dinámicas específicas en juego varían enormemente según el tiempo y el lugar y dependen de un amplísimo abanico de factores relacionados con la especificidad cultural, social, política y económica. Si se adopta una perspectiva más amplia, existen dinámicas importantes relacionadas con cuestiones como la evolución de los papeles y las funciones de los distintos agentes presentes, ya sean públicos o privados, las transformaciones derivadas de la introducción de reformas neoliberales y las relaciones asimétricas de poder que se configuran a raíz de estas transformaciones; los consiguientes problemas de legitimidad y «licencia social» para operar a los que se enfrentan las empresas extractivas y los marcos normativos en evolución y cada vez más complejos en los que operan estos agentes. Estrechamente relacionado con lo anterior está el actual proceso de renovación de las estrategias desplegadas por las empresas para ganar legitimidad para sus operaciones, que van desde las estrategias más tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) de «prestación de servicios», hasta medidas cada vez más sofisticadas como las «compensaciones de biodiversidad» para sugerir que existe una compensación por la pérdida de biodiversidad sin cuestionar la naturaleza del propio modelo de las industrias extractivas mismas.¹

Una dimensión adicional es la tecnificación creciente de los enfoques adoptados para analizar, gestionar y legitimar las actividades, tendencia que contribuye a oscurecer ciertas dimensiones clave relativas a las relaciones de influencia y poder. Sin embargo, estas son esenciales si se quiere comprender los procesos que tienen lugar, sus repercusiones, los problemas que plantean y las posibles vías para encontrar soluciones más adecuadas a las dificultades creadas y estrategias alternativas al desarrollo de los recursos naturales.

NV: ¿En qué medida el protagonismo de las empresas extractivas afecta a la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas? ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación tanto en términos políticos como sociales?

BC: Para comprender los orígenes de las actuales situaciones de asimetrías de poder en el sector extractivo, resulta útil una brevísima perspectiva histórica. Como se recordará, en las décadas de 1980 y 1990, bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales (IFI), una abrumadora mayoría de gobiernos de países ricos en recursos de todo el Sur global introdujeron regímenes mineros liberalizados, aparentemente para impulsar el desarrollo de sus países ricos en minerales pero endeudados. Las IFI recomendaron la introducción de sucesivas generaciones de medidas de liberalización de gran alcance destinadas específicamente a atraer inversiones extranjeras directas en un sector minero a gran escala cada vez más privatizado. Esto se produjo junto con reformas que exigían una fuerte retirada del Estado del sector minero. Con el tiempo, las IFI animaron a los países a alinear su legislación minera con los códigos mineros más liberalizados. Esto condujo a un proceso acumulativo de liberalización que pretendía crear un entorno lo más atractivo posible para la inversión privada.² En otras palabras, las medidas promovidas por las IFI crearon dinámicas regionales y continentales a través de las cuales se animaba a los países a competir entre sí para crear el régimen minero más liberalizado.

Un aspecto de la retirada programada de los estados de la gestión del sector extractivo fue la transferencia de lo que antes se consideraban funciones estatales frente a los operadores mineros privados en asuntos clave como regulación, prestación de servicios como carreteras, salud y seguridad. Ante la reducción de los fondos públicos, los estados estaban a veces más que dispuestos a acomodarse a esta tendencia y se embarcaron en lo que se ha descrito como un proceso de «ausencia selectiva». La dificultad radicaba en que este proceso creaba ambigüedad en cuanto a quién correspondía la responsabilidad y creaba lagunas en la gobernanza. En ausencia de la capacidad de los estados para hacer cumplir su propia normativa, por ejemplo, en materia de impactos ambientales, o disponer de los medios financieros y técnicos necesarios para supervisar los impactos y, en caso necesario, introducir medidas correctoras. Las situaciones resultantes plantearon problemas de legitimidad para las empresas y crearon las condiciones en las que cada vez era más probable que se produjeran conflictos. Se puede observar cómo las tendencias relativas a la disminución de la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas puede ser un factor que contribuye a la violencia que caracteriza las de las actividades extractivas en determinadas regiones.

NV: La narrativa de la «gobernanza nacional débil» ha sido ampliamente utilizada por las empresas para justificar su forma de actuar. ¿Cuál es tu valoración sobre esta manera de proceder?

BC: De hecho, las situaciones de gobernanza débil han sido creadas por la serie de reformas neoliberales introducidas en el sector y que se ven reforzadas por la asunción de funciones y responsabilidades del Estado por parte de las empresas que el propio Estado en ocasiones no puede permitirse asumir. Como he indicado, estas situaciones tienen alta probabilidad de generar conflictos, calificados por las empresas como «riesgos para la seguridad», lo que lleva a una tendencia creciente a la militarización del sector. Como ha señala la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) en un informe:³

Desde una perspectiva política, las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus ciudadanos a la hora de proporcionar infraestructuras básicas y otros bienes públicos. De hecho, las iniciativas de RSC deberían complementar los esfuerzos del gobierno a través de las instituciones administrativas locales y las autoridades locales. El marco que un gobierno elija para que un gobierno elija para afianzar la RSC debe ser claro en cuanto a las responsabilidades de las empresas mineras y qué responsabilidades deben corresponderse con las de las empresas mineras y comunicarse a éstas. (p 89)

La solución a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las empresas no pasa por más estrategias de RSC, sino porque las empresas respeten las leyes del país en el que operan, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente y la legislación nacional, paguen los impuestos, derechos y cánones a los que están sujetas y, de manera más general, que se reconozca ampliamente la legitimidad de los Estados para prestar servicios a sus poblaciones, condición para que se les exija rendir cuentas en relación a una redistribución más justa de los ingresos a sus poblaciones. La narrativa de la «gobernanza débil» sirve no solo para una justificación miope para que las empresas asuman funciones que antes asumían los estados, sino que, paradójicamente, debido a la fragilización de las estructuras estatales, su reducción y la falta de capacidad para hacer cumplir los marcos normativos crea condiciones que pueden socavar la legitimidad de las actividades de las propias empresas.

NV: ¿Existen características distintivas del modelo de gobernanza del sector de las IE en África respecto a las de América Latina o Asia? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

BC: Se trata de una pregunta difícil por las razones sugeridas en respuesta a la primera. En un nivel se pueden señalar factores que sugieren patrones de similitud debido al hecho de que ha habido olas similares de reformas de liberalización introducidas por las IFI en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, cuando se analizan las trayectorias específicas de determinados países, no solo se encuentran similitudes, sino también diferencias, como hemos visto en un estudio que analizaba las experiencias de Mongolia y Guinea.⁴

Debido a los diferentes contextos, el modelo de gobernanza del sector de las IE presenta características específicas, al igual que lo hacen las formas de resistencia y las estrategias en respuesta a la contestación. Además, nuestro entendimiento de las formas y grados de resistencia depende obviamente de la información producida y disponible. A este respecto, parece haber más información sistematizada sobre las resistencias y su represión en América central y del sur.⁵

Esto no implica, sin embargo, que en África no existan múltiples formas y lugares de resistencia. De hecho, la aparición de resistencias es frecuente, pero la información sobre dichas impugnaciones es muy escasa, dispar y de difícil acceso. En África, las causas de los conflictos que surgen en las explotaciones mineras tienen que ver sobre todo con:

1) el reparto de los ingresos mineros, el acceso al empleo, la falta de contribución al desarrollo social y económico;

2) la pérdida de medios de subsistencia o el desplazamiento físico de poblaciones o pueblos y el riesgo de que se produzcan tales desplazamientos;

3) peligros para la salud causados, por ejemplo, por vertidos de cianuro, o el temor a que se produzcan tales vertidos debido a la insuficiente capacidad e independencia de las autoridades locales para controlar esas situaciones y la calidad del agua.

Hay ejemplos de resistencia en torno a las amenazas ecológicas, como ilustra la resistencia a la empresa canadiense de petróleo y gas Reconnaissance Energy Africa Ltd. (ReconAfrica) en Namibia y Botsuana. Esta empresa poseía licencias de prospección petrolífera que abarcaban zonas donde habitan los san y otros pueblos indígenas, así como fuentes críticas de agua dulce y fauna en peligro de extinción. Actualmente se está investigando la integridad y exactitud de esta situación.

En lo que respecta al acceso a la información, cuando se mediatiza y está disponible internacionalmente, suele ser porque la resistencia afecta a las operaciones, los equipos o el personal de una empresa extranjera.⁶

La información sobre la represión de las manifestaciones de las comunidades locales, aunque conocida en los países afectados, se filtra muy raramente al extranjero, a menos que también participen organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Debido a la persistencia de relaciones a menudo muy asimétricas entre las autoridades locales, favorables a la implantación de actividades mineras, y las comunidades locales, que sufren las consecuencias, estas no suelen tener otro recurso que organizar manifestaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en varias ocasiones en Senegal, especialmente en Niokolo Mako, en mayo de 2021.

Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.⁷

NV: ¿Qué papel desempeñan la contestación y la movilización de la sociedad contra el poder de las empresas transnacionales extractivas y las élites en las IE? ¿Es posible identificar la emergencia de nuevos espacios políticos de cambio? ¿En qué condiciones?

BC: Este fue el objeto del número especial que editamos en 2019 David Szablowski y yo misma.⁸ La cuestión de la resistencia y la movilización de la sociedad es muy amplia, y como se resume en la introducción de este número especial:

El sector extractivo representa un escenario importante para estudiar las dinámicas de la resistencia y los cambios en la gobernanza. En redes que abarcan países y regiones de todo el mundo, la gobernanza extractiva representa una lucha entre grados de cambio y continuidad en la que una gran diversidad de actores −incluidas empresas extractivas, activistas, estados anfitriones y de origen, movimientos indígenas, prestamistas, empresas consultoras, grupos de derechos humanos, etc.− compiten por dar forma al sector y a la distribución transnacional de sus costes y beneficios. Estas luchas suelen tener lugar a través de coaliciones y redes multiescalares que compiten entre sí y emplean diversas estrategias reguladoras, como la promoción de la cultura de la auditoría, la realización de campañas en favor de la transparencia, la readaptación de las normas de derechos humanos al sector privado y el desarrollo de espacios para la consulta indígena. Comprender el complejo papel que desempeña la reforma en la gobernanza extractiva puede aportar una visión más profunda de los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales en los que está implicada a nivel nacional, internacional y transnacional.

Para analizar estas cuestiones se ha propuesto una amplia gama de enfoques. Por ejemplo, el enfoque político de los asentamientos se basa en las perspectivas institucionalistas al integrar más profundamente el poder y la política en el análisis. Aparte de la gran variedad de situaciones, dependiendo del enfoque adoptado, las conclusiones a las que se llega sobre si han surgido nuevos espacios políticos para el cambio y la evaluación de su importancia pueden diferir.

Los estudios sobre iniciativas multipartitas incluidos en el número especial mencionado anteriormente sugieren que, en ocasiones, puede haber ganancias, como ilustra la experiencia de la participación de las ONG en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) en Colombia y Perú.⁹ Sin embargo, este tipo de avances incrementales pueden no ser estables a largo plazo. En el caso de este estudio, los éxitos conseguidos por las ONG a través de la ITIE condujeron a un periodo de reacción en el que el gobierno y la industria argumentaron que era necesario reducir la normativa para fomentar la inversión. Conclusiones similares se desprenden del estudio sobre cuestiones parecidas en Mongolia y Guinea, que detalla los procesos de reforma/reacción/contrarreforma, lo que sugiere que las empresas extractivas también pueden poseer formas significativas de poder estructural o de poder de retención en las iniciativas multipartitas.¹⁰ En consecuencia, la influencia ideológica y material acumulada en las negociaciones de las MSI puede no ser suficiente para convencer al sector en su conjunto de que apoye cambios ambiciosos en la gobernanza.

Lo que ponen de relieve estos estudios y los demás basados en un estrecho conocimiento empírico de los procesos en marcha es el carácter indeterminado de la aparición de nuevos espacios políticos para el cambio y, por tanto, la importancia crítica de prestar especial atención a los enfoques metodológicos adoptados, así como una sólida comprensión de las condiciones específicas que en cada situación concreta pueden configurar la ampliación o, alternativamente, el estrechamiento del espacio político.

NV: ¿Y cuál es el papel de las instituciones locales y de la legalidad consuetudinaria en el entramado de empresas extractivas, estados y otros actores nacionales e internacionales? ¿Cuáles son los resultados de esta situación, esto es, gobernanza privada en las zonas de extracción con empresas controlan y configuran la gobernanza?

BC: Este tema subraya, por un lado, la importancia crítica de los enfoques de investigación de abajo a arriba (bottom-up) y, por otro, el hecho de que los procesos en marcha pueden arrojar resultados que apunten en direcciones opuestas.

Un estudio del número especial de la revista antes citada¹¹ analiza el modo en que las comunidades organizan su resistencia a las explotaciones mineras exigiendo el derecho al consentimiento y al desarrollo autodeterminado. La indagación sobre el modo en que se hacen valer estos derechos, el lenguaje que se utiliza y las reivindicaciones que se formulan, revela carencias de la reforma de la gobernanza minera posterior al apartheid que a menudo no se captan en los análisis amplios y de arriba abajo (top-down) de estos procesos. El planteamiento del autor pone de manifiesto el carácter espacial y territorializado de la gobernanza minera en la Sudáfrica posterior al apartheid. Su contribución distingue dos ámbitos de lucha interrelacionados para llamar la atención sobre distintos aspectos de la resistencia comunitaria a los regímenes mineros impuestos:

1) reafirmaciones estratégicas de subjetividad, costumbre y jurisdicción;

2) prácticas de desarrollo autodeterminado.

En este trabajo, Huizenga analiza la defensa de las comunidades locales y sus luchas por la propiedad, el territorio y la autoridad para ahondar en el complejo campo de poder que constituye la reforma y la innovación de la gobernanza minera. La legislación estatal, sostiene, está siendo cuestionada por los agentes locales y el activismo jurídico transnacional. Aunque reconoce que cada escala de la política tiene sus propios efectos políticos, al centrarse en la naturaleza entrelazada de las formas territoriales, regionales, nacionales y transnacionales del derecho, la política y el gobierno, muestra que múltiples estructuras e instituciones interactúan a través de la política transnacional. Huizenga ilustra que, si la gobernanza minera es cada vez más transnacional, también lo es la resistencia y la organización de las comunidades. Las comunidades demandantes como Xolobeni invocan el «derecho consuetudinario vivo» para fundamentar sus reivindicaciones de derechos sobre la tierra en una concepción del derecho «tal y como se practica en la vida cotidiana de los pueblos que acceden y gestionan la tierra y los recursos colectivamente y que introducen cambios en sus leyes consuetudinarias en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas». El autor sostiene que el concepto de «derecho consuetudinario vivo» es un posicionamiento estratégico que incorpora nociones del derecho internacional de los derechos indígenas junto con el derecho consuetudinario de forma que permite a las comunidades constituirse como actores políticos al tiempo que eluden la autoridad antidemocrática de los jefes tradicionales.

Este estudio sugiere que, aunque la distribución racial y la economía política de la minería en Sudáfrica se han resistido increíblemente al cambio y los pueblos rurales siguen soportando la violencia de la extracción de minerales, se están produciendo ciertos cambios importantes. El autor sostiene que la lucha política y social, articulada en parte mediante luchas en los tribunales, ha tenido efectos materiales en la medida en que se ha detenido la minería y ha abierto un espacio para la declaración de reivindicaciones alternativas a la comunidad, la propiedad, el territorio y el consentimiento. El autor añade que la batalla judicial de Xolobeni debe leerse en el contexto más amplio de las luchas comunitarias contra la minería que tienen lugar en todo el país y concluye que es en estos esfuerzos de contestación donde se ilustran más claramente las prioridades de la reforma de la gobernanza minera en un Estado en transición.

En su contribución al mismo número,¹² David Szablowski también examina cómo el derecho consuetudinario y el indígena están siendo impugnados en las luchas por la gobernanza extractiva. Más concretamente, analiza cómo las empresas extractivas han desarrollado un conjunto de prácticas de gobernanza para dar forma a la legalidad local en las zonas que rodean los emplazamientos de las operaciones extractivas. Las empresas tratan de hacerlo para producir territorios que faciliten la extracción de recursos de acuerdo con las necesidades y preferencias de las empresas transnacionales. Las comunidades, sus sistemas de gobernanza y su capacidad de acción colectiva pueden poner en peligro este proyecto. Las comunidades rurales de las regiones ricas en recursos suelen gobernar aspectos sustanciales de la vida cotidiana a través de instituciones jurídicas locales y consuetudinarias. Estas instituciones funcionan de forma semiautónoma con respecto a la gobernanza estatal, que puede reconocerlas, ignorarlas u oponerse a ellas. Los estados suelen conceder autoridad legal a las empresas extractivas asignándoles derechos formales que prevalecen sobre los sistemas de gobernanza locales; sin embargo, las autoridades estatales suelen dejar en manos de las empresas extractivas la tarea de relacionarse con los actores locales para hacer efectivos sus derechos. En consecuencia, las empresas extractivas deben tratar con actores cuyos puntos de referencia proceden en parte de la legalidad local, indígena y consuetudinaria.

Leídos conjuntamente, estos dos últimos artículos sugieren dos vías alternativas para las comunidades y la legalidad local frente a la extracción. El primero muestra cómo las comunidades sudafricanas y sus aliados han podido influir en los tribunales nacionales para que se reconozca la autoridad territorial basada en la gestión colectiva de los espacios jurídicos locales. El segundo estudio, en cambio, se centra en los contraprocesos que pretenden cortar este tipo de conexiones y cerrar estas oportunidades. Este segundo estudio muestra cómo los instrumentos y estrategias de relaciones comunitarias de las empresas extractivas pueden tener como objetivo impedir el acceso a espacios jurídicos extra locales que podrían ayudar a proporcionar las herramientas y el apalancamiento para el desarrollo autodirigido y la autoridad local sobre la justicia.

NV: Mientras que la mayoría de los investigadores se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza en el sector de las IE, en su artículo publicado en la revista The Extractive Industries and Society (2019), Hatcher y usted identifican que la lucha verdaderamente importante en los conflictos mineros se dirime en torno al poder estructural, y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» poder estructural y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? Cómo se ejerce el poder (material referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? ¿Cómo se ejerce el poder (mecanismos materiales e ideológicos) en las zonas extractivas?

BC: De hecho, sostenemos que si uno está interesado en comprender las condiciones que contribuyen a la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia, es útil conceptualizar recurriendo a dos nociones: relaciones estructurales de poder y modos de gobernanza.¹³ En nuestro trabajo, utilizamos el término «relaciones estructurales de poder» para referirnos a la capacidad de crear reglas, normas y modos de funcionamiento esenciales para las distintas dimensiones de un sistema concreto, ya sea nacional o internacional. En cuanto al concepto de modos de gobernanza en el sector minero, lo utilizamos para referirnos a la suma de las formas de regulación de cada una de las dimensiones relacionadas (económica, social, política y medioambiental) que determinan, en cualquier período o lugar dado, las condiciones de explotación de los recursos mineros. Estas formas son multiescalares e incluyen formas de regulación tanto nacionales como transnacionales. El concepto pretende ayudar a los analistas a centrarse en las relaciones sociales específicas que están en la base de los acuerdos institucionales, así como en el papel de los actores implicados en los procesos de toma de decisiones que emanan de estos acuerdos. También subraya la necesidad de tener en cuenta cómo interactúan las formas de regulación con los mecanismos institucionales, las relaciones de poder y la influencia. Las relaciones estructurales de poder y los modos de gobernanza también ayudan a poner de relieve la existencia de cambios en la práctica y, como consecuencia, la posible formación de nuevos espacios políticos. En otras palabras, los cambios que se producen en circunstancias específicas han conllevado nuevos acuerdos políticos que implican a las élites políticas y a otros grupos que, en consecuencia, sugieren la posibilidad de cambios en los modos de gobernanza y, con estos cambios, el inicio de una transformación en las relaciones de poder entre los agentes implicados.

La decisión de tratar cada uno de estos conceptos separadamente nos ha permitido rastrear una dinámica más profunda en las luchas que están teniendo lugar en la resistencia a la gobernanza extractiva. En general, las personas analistas y estudiosas se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza, es decir, los marcos normativos y los acuerdos institucionales que rigen la minería. Sin embargo, como se argumenta más arriba, la verdadera lucha que está teniendo lugar en estos conflictos es en torno al poder estructural: la capacidad de configurar las normas a largo plazo.

En cuanto a cómo se ejerce el poder −los mecanismos materiales e ideológicos− en las zonas extractivas, podemos ilustrar esta cuestión refiriéndonos a la influencia de los agentes transnacionales que intervienen en los procesos de decisión de los actores nacionales para contribuir a conformar los resultados de los procesos en el país. Esta fue una dimensión central del programa de investigación que acabamos de concluir sobre «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas» en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso, que poseen una considerable riqueza mineral. Aunque la influencia de las empresas puede adoptar numerosas formas, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de cómo se ejerce el poder.

• La configuración de espacios de toma de decisiones y agendas. En ocasiones, estos espacios pueden verse erosionados por influencias y presiones externas. Las influencias y presiones externas pueden ser indirectas (encuestas del sector como las del Fraser Institute, el Investment Attractiveness Index y el EY Top 10 Business Risks Facing Mining and Metals), o directas (a través de la participación en negociaciones reales de nuevos códigos mineros en las que la Cámara de Minas, las empresas, las IFI y las embajadas pueden desempeñar un papel mucho más destacado que la sociedad civil o las organizaciones de mineros artesanales). El resultado de esta influencia empresarial es la perpetuación de marcos regulatorios fiscales muy atractivos que privan a los estados de importantes fuentes de ingresos. Entre las medidas concretas se incluyen las exenciones fiscales discrecionales y no esenciales; el incumplimiento de cláusulas que reducen el periodo de estabilidad establecido en el código minero más reciente; la negociación por parte de las empresas de regímenes fiscales específicos definidos por acuerdos bilaterales para empresas mineras concretas, en lugar de someterse al régimen fiscal que regula todas las actividades mineras.
• La influencia de actores privados externos está presente no solo en la formulación de nuevos marcos regulatorios, sino también a la hora de asegurar que sus actividades queden exentas de ciertos aspectos en la implementación de los marcos.
• En ocasiones, se da prioridad a los contratos mineros sobre los marcos reguladores nacionales.
• Pueden surgir problemas de trazabilidad inadecuada, problemas de acceso a la información y, más en general, problemas de transparencia en la gestión de los ingresos mineros a escala nacional.

Nuestra investigación buscaba documentar dichas presiones y la capacidad de influencia, pero también proponer medidas para contrarrestarlas. A un nivel más analítico, nuestro enfoque intenta comprender la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia y, por tanto, de la aparición de los cambios en la distribución de las relaciones estructurales de poder, centrándose en la reproducción de los modos de gobernanza. Esto nos lleva a conclusiones que difieren en ocasiones de las de los estudiosos que identifican y se centran en un núcleo inmutable de acuerdos institucionales extractivistas y, en consecuencia, subrayan la permanencia de las instituciones de gobernanza.

NV: La IE tiene un largo historial de violencia, represión y criminalización, que se está convirtiendo en una tendencia mundial. ¿Cómo valora la relación entre la IE y los derechos humanos? ¿Está tendencia crece y se afianza a medida que crece el extractivismo? ¿O podemos identificar señales o formas que contrarrestan esta tendencia?

BC: Esta pregunta es clave y plantea varias dimensiones. La criminalización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en el sector extractivo va claramente en aumento.¹⁴ En el centro de esta tendencia se encuentran temas de transparencia, información, rendición de cuentas y sobre todo ello, relaciones de poder asimétricas. Con el fin de ganar legitimidad y “licencia social” para operar, las compañías extractivas se han embarcado durante años en una amplia gama en constante evolución de medidas voluntarias de RSC. Como es cada vez más reconocido, esas medidas son totalmente inadecuadas ya que no cuestionan el modelo extractivo que está en el origen de los problemas de legitimidad que encaran las compañías. Debido a las presiones de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los países afectados, o de los países de origen de las empresas y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, se han producido algunos avances para incorporar medidas legislativas que garanticen la rendición de cuentas. Por ejemplo, varios países de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega) están adoptando leyes para hacer obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la Unión Europea está desarrollando una legislación similar. Dado que la mayoría de estas leyes exigen que las empresas actúen con cautela para prevenir daños ambientales, generalmente se las conoce como leyes obligatorias de derechos humanos y debida diligencia ambiental. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, a pesar de varias décadas de esfuerzos, se ha progresado poco para lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de su responsabilidad de obligar a las empresas a que rindan cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones relativas al medio ambiente a pesar del hecho de que estas empresas se benefician de marcos fiscales y regulatorios muy favorables y, en ocasiones, de importantes cantidades de financiación pública. La razón de este impasse es claramente el puro poder político que tiene el sector sobre el aparato de toma de decisiones del país. Entre otros ejemplos de esta observación está la capacidad de las dos grandes asociaciones mineras canadienses de movilizar a los grupos de presión para influir en los votos de los parlamentarios. Por poner solo un ejemplo, cuando se intentó fortalecer los poderes de la propuesta Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE), según la Oficina del Comisionado de Lobby de Canadá, durante el período crítico de toma de decisiones (enero de 2018 a abril de 2019), las dos asociaciones mineras de Canadá se comunicaron 530 veces con quienes debían tomar las decisiones y funcionarios políticos de alto rango para influirlos sobre este tema. En consecuencia, a pesar de las múltiples formas de apoyo público que ofrece a las empresas del sector extractivo, Canadá todavía no cuenta con mecanismos para responsabilizar a las empresas registradas en Canadá por las implicaciones para los derechos humanos y las consecuencias ambientales de sus actividades en el extranjero.

Por ello, y en vista de la frecuente ausencia de posibilidad de obtener reparación de las instituciones en su propio país, aunque es un proceso largo y muy costoso, una vía emergente es buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa implicada. Este proceso, conocido como litigio transnacional, tiene el potencial de transformar las implicaciones de las políticas de RSC, introduciendo una responsabilidad real en lo que en el pasado ha sido esencialmente un ejercicio retórico. En el caso de Canadá, por ejemplo, los litigios transnacionales han introducido una interpretación distinta del deber de diligencia de la empresa matriz en la jurisprudencia, creando un contexto propicio para los demandantes.¹⁵ En un caso llevado ante los tribunales canadienses, Choc v. Hudbay, personal de seguridad presuntamente disparó contra aldeanos maya-q’eqchi’ mientras protestaban contra el proyecto minero Hudbay en Guatemala. Un maestro de escuela y activista maya-q’eqchi’ fueron asesinados y muchas mujeres maya-q’eqchi’ fueron violadas. La moción de la empresa para desestimar las reclamaciones se basó en que una empresa matriz no tiene el deber de diligencia hacia aquellos perjudicados por las acciones de su filial. Sin embargo, el tribunal canadiense −el Tribunal Superior de Justicia de Ontario− determinó que la empresa Hudbay Minerals había establecido una relación de proximidad entre ambas partes al comprometerse públicamente con la RSC en Guatemala y adoptar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, por lo que desestimó la moción de la empresa. La petición inicial se presentó en Canadá en 2010 y el caso aún está en curso.

A falta de otras vías para buscar reparación, el litigio civil transnacional es una opción destacada. Sin embargo, presenta serios problemas, por ejemplo, en relación con su accesibilidad para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su impacto en la jurisdicción de los países anfitriones y el tiempo y costo de dicho proceso para buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa.¹⁶ Donde aún no existe, lo que se necesita urgentemente es la introducción de obligaciones legisladas en los países de origen que establezcan que las empresas podrían enfrentar responsabilidad si contribuyen de alguna manera a violaciones de derechos humanos en el extranjero. La legislación inspirada en este modelo impondría amplias obligaciones de debida diligencia a las empresas constituidas en Canadá o que realicen negocios en Canadá. Es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen de la empresa. Iría de la mano de los numerosos esfuerzos de las comunidades afectadas para buscar reparación de violaciones de derechos humanos o poner fin a proyectos que son destructivos para el medio ambiente. Cabe subrayar que las iniciativas en este sentido son numerosas y en ocasiones exitosas, como en el caso de los ciudadanos ecuatorianos que votaron a favor de detener el desarrollo de todos los nuevos pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en el Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.¹⁷ En el mismo país, en agosto de 2023, habitantes de Quito fueron convocados a participar en un referéndum sobre la prohibición de la minería a cualquier escala en los bosques del Chocó. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 68% de los electores expresó su apoyo a la prohibición, mientras que solo el 31% estuvo a favor de permitir la minería. La prohibición de la minería se aplicará a las 124.000 hectáreas de la Comunidad Andina del Choco, compuesta por las localidades rurales de Calacali, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.¹⁸ Estos resultados merecen especial atención porque revelan el deseo de los ciudadanos, cuando en realidad son consultados, de un modelo de desarrollo diferente, basado en alternativas de vida más sostenibles.

Nuria del Viso es editora de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y miembro de FUHEM Ecosocial.

NOTAS:

1 Más información en Lynda Hubert Ta y Bonnie Campbell, «Environmental protection in Madagascar: Biodiversity offsetting in the mining sector as a corporate social responsibility strategy» (2023), The Extractive Industries and Society. 15, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101305

2 Véase Banco Mundial, Strategy for African Mining, Documento Técnico del Banco Mundial núm. 181, Africa Technical Department Series, Unidad de Minería, División de Industria y Energía, Banco Mundial, Washington, DC, 1992.

3 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Minerals and Africa’s Development, The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes», UNECA, 2011.

4 Bonnie Campbell y Pascale Hatcher, «Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, pp. 642-653, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301989

5 Véase, por ejemplo, The «Canada Brand» Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal Studies Research Paper núm. 17/2017, disponible en: https://papers.ssrn.com/s ol3/papers.cfm?abstract_id=2886584 ; y también Isabel Orellana et al., «Une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l’extractivisme dans une perspective critique d’éducation relative à l’environnement», Éducation relative à l’environnement, Open Editions Journal, vol. 17-2, 2022, disponible en: https://journals.openedition.org/ere/9315

6 Véase, por ejemplo, «Mines: Des installations et des gros engins de la société True Gold incendiés par les populations», Le Faso.net, 15 de enero de 2015, disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article62789

7 Disponible en: https://lequotidien.sn/marche-pacifique-a-niokolo-mako-les-populations-exigent-de-pmc-a-respecter-sa-rse/

8 David Szablowski y Bonnie Campbell (eds.), «Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479

9 Elisa Aron, Anthony Bebbington y Juan Luis Dammert, «NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, pp. 665-674, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301771

10 Ibidem.

11 Daniel Huizenga, «Governing territory in conditions of legal pluralism: Living law and free, prior, and informed consent (FPIC) in Xolobeni, South Africa», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301102

12 David Szablowski, «Legal enclosure’ and resource extraction: Territorial transformation through the enclosure of local and indigenous law», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18302806

13 Campbell y Hatcher, 2019, op. cit.

14 Véase Moira Birss, Criminalizing Environmental Activism, Informe de NACLA sobre las Américas, vol. 49, núm. 3, 2017, pp. 315-322, disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958

15 Véase el artículo de próxima aparición:  E.R. Grégoire et al., «Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues», Revue québécoise de droit international, en prensa.

16 Ibidem.

^[17] Véase Dan Collyns, «Ecuadorians vote to halt oil drilling in biodiverse Amazonian national park», The Guardian, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/21/ecuador-votes-to-halt-oil-drilling-in-amazonian-biodiversity-hotspot

^[18] «Ecuadorians vote against mining in Choco Andino», Telesur, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorians-Vote-Against-Mining-in-Choco-Andino-20230821-0015.html

Descarga el texto completo en formato pdf: Entrevista a Bonnie Campbell

El recurso se titula: Una guía para la Alfabetización Ecosocial: Paz, decrecimiento y sustentabilidad para un mundo posfosilista y ha sido elaborado por: María del Buey Cañas y Sofía Pérez Baeza.

Este informe surge de la vinculación del Grupo de investigación en Humanidades Ecológicas de la UAM (GHECO), de la Escuela Demospaz del Instituto Democracia, Cultura de Paz y No Violencia y de la Fundación Cultura de Paz, con el apoyo de European Climate Foundation.

El objetivo de esta guía es abordar la alfabetización ecosocial como herramienta de construcción de paz en el marco de la crisis civilizatoria actual. Para ello, se abordará la crisis de manera integral, analizando su carácter capitalista, industrial y fosilista, y planteando la alfabetización ecosocial como una herramienta con gran potencial para comprender la magnitud de nuestra situación a través del diagnóstico y del desarrollo de un conocimiento profundo que pueda servir de punto de partida desde el que plantear alternativas justas para la vida.

En palabras de las autoras, la gravedad y la urgencia de los desafíos actuales nos demandan una profunda revisión de nuestras formas de habitar la biosfera terrestre, y es en este contexto donde la dimensión educativa cobra una importancia crucial. Entendemos la alfabetización como un proceso clave en el desarrollo de las competencias necesarias para habitar el mundo de manera justa, democrática y sustentable para el conjunto de seres que la integramos.

La alfabetización constituye un paso previo desde el que hacer frente a los desafíos que la crisis ecosocial implica haciendo accesibles aquellas nociones que la atraviesan, como son, entre otras, la huella ecológica, los materiales críticos, la dependencia energética o el decrecimiento, y fomentando, además, el desarrollo de una serie de valores, actitudes y creencias que sirvan para promover una verdadera conciencia ecosocial.

Otro de los objetivos de la guía es trascender la noción de educación ambiental, revisitando sus aportaciones y ampliando su alcance para poder abordar la complejidad de la situación desde una aproximación holística. Así, la alfabetización ecosocial persigue promover la empatía y el cuidado hacia el conjunto de la biosfera, trascendiendo el pensamiento antropocéntrico actual.

La alfabetización ecosocial tiene un enfoque ecocentrista y permite desarrollar un conocimiento profundo de nuestras relaciones de inter y ecodependencia, poniendo en valor la importancia del entramado de la vida. En consecuencia, esta guía es una herramienta de trabajo orientada a un público amplio con el objetivo de lograr, a través del desarrollo de una mejor comprensión de nuestro presente, la cooperación necesaria para pensar y diseñar horizontes de transformación compatibles con vidas ecosocialmente sustentables y dignas.

A continuación, ofrecemos el índice de contenidos, tras el cual se puede acceder al texto completo.

Índice de contenidos

Prólogo. La alfabetización ecosocial como herramienta de construcción de paz.

Capítulo 1: La crisis ecosocial y el fin de los imaginarios fósiles.

• Origen y alcance de la crisis ecosocial. Efectos y proyecciones.
• Imaginarios fósiles: Historiografía y caracterización.
• La crisis energética y la crisis de recursos: Escasez natural y escasez artificial de los combustibles fósiles.
• Extractivismo fósil, luchas de poder y conflictos armados: Agentes sociales implicados y responsabilidades diferenciadas.

Capítulo 2: Transiciones energéticas y construcción de paz positiva.

• Paz positiva: Vinculación con el bienestar ecosocial.
• Las transiciones energéticas: Historiografía y caracterización.
• Comunidades energéticas: formas colectivas y sustentables de captación de energías renovables.

Capítulo 3: Transformación ecosocial: Iniciativas posibles y cambios reales en el territorio nacional.

• Definición de transformación ecosocial: explorar el porqué, el qué y el para qué del proceso de transformación hacia una vida más sustentable, justa y digna.
• ¿Cómo actúa la justicia ecosocial? ¿Cómo transforma el territorio? ¿Cómo contribuye a la construcción de paz positiva?
• ¿Cómo podemos contribuir desde el consumo y la producción energética renovable a la transformación ecosocial?
• Manos en la masa: receta básica de prácticas ecosocialmente justas.

Bibliografía

Entre la bibliografía recopilada podemos encontrar textos de: Jorge Riechmann, Adrián Almazán, José Manuel Naredo, Óscar Carpintero, Silvia Federici, Yayo Herrero, Iván Illich, Serge Latouche, Carmen Madorrán, Manfred Max-Neef, Marta Tafalla, Antonio Turiel, Javier Vindel, David Wallace-Wells, entre otros.

Si queréis echarle un vistazo más profundo, puedes descargarla a texto completo: Una guía para la Alfabetización Ecosocial: Paz, decrecimiento y sustentabilidad para un mundo posfosilista.

Breno Bringel

El artículo repasa cómo el colonialismo y la colonialidad siguen presentes en la actual etapa de capitalismo verde. El colonialismo verde actual se manifiesta hoy, en tiempos de emergencia climática como colonialismo del carbono. Lo que Breno y Svampa denominan el Consenso de la Descarbonización no sustituye al Consenso de los Commodities, sino que ambos se sobreponen con elementos de continuidad y ruptura.

Durante los últimos años la idea de colonialismo verde ha cobrado fuerza para definir la actual etapa del capitalismo verde asociada a la descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas. En la órbita de las Conferencias de las Partes (COP) –y con el respaldo de actores públicos y principalmente privados– ha emergido un amplio repertorio de instrumentos, mecanismos y propuestas que se proponen como objetivo afrontar la crisis climática, tales como la agricultura climáticamente inteligente, los mecanismos de compensación, los mercados de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza o la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD).

Sin embargo, como muestran muchas comunidades en su denuncia cotidiana, así como diversas investigaciones científicas, estas «soluciones-negocios», lejos de resolver el problema, contribuyen a agravarlo. A pesar de la retórica de la descarbonización y sus malabares técnicos para eludir responsabilidades con la idea de «emisiones netas cero», se mantiene el modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y se acelera la destrucción de territorios, de los ecosistemas y de la vida. Tal como planteado con claridad por las compañeras de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática,¹ se compran certificados de compensación de biodiversidad para poder seguir destruyendo la biodiversidad (en el mismo lugar o en otro lejano).

Esta descarbonización hegemónica potencia las asimetrías centro/periferia o Norte/Sur y lleva a que muchos estudios recientes hablen de la configuración de un nuevo tipo de colonialismo del carbono,² colonialismo energético,³ colonialismo climático⁴ o colonialidad climática;⁵ es decir, una serie de conceptos contiguos que designan la continuad y perpetuación de relaciones coloniales a través de las políticas climáticas y de transición energética hegemónicas.

Todos estos debates permiten un importante avance en la caracterización y en la denuncia contemporánea del colonialismo verde. Sin embargo, no podemos restringir este fenómeno a la actualidad. Aunque estemos viviendo una importante inflexión histórica, ni la práctica ni la idea de colonialismo verde son un fenómeno reciente.

El colonialismo verde como patrón histórico de poder del capitalismo extractivista

La idea de colonialismo verde se ha usado, principalmente en la historia ambiental, para captar un proceso de largo plazo. Como afirma Grove,⁶ «el tipo de transformación homogeneizadora intensiva en capital de las personas, el comercio, la economía y el medioambiente con el que estamos familiarizados hoy en día puede remontarse al menos a los inicios de la expansión colonial europea, cuando los agentes del nuevo capital europeo y los mercados urbanos trataron de ampliar sus áreas de operación y sus fuentes de materias primas». En esta línea, entendemos que el colonialismo verde está asociado a un patrón histórico de poder colonial y expansión capitalista y que el extractivismo está en el ADN del colonialismo desde 1492. En un brillante libro, Machado Aráoz⁷ muestra cómo Potosí se convirtió en el punto de partida de una nueva era, geológica y civilizatoria, en la que la minería moderno-colonial sirve de detonante del capitaloceno. Este patrón ha cambiado a lo largo de los siglos. Si bien la lógica extractivista y la violencia colonial contra los cuerpos, territorios y ecosistemas se ha mantenido, se ha complejizado con el surgimiento de nuevas condiciones materiales y mecanismos de justificación.

Con la expansión del colonialismo, se formó un nuevo imaginario geopolítico moderno sobre la naturaleza y el “otro” no occidental para justificar el acaparamiento de tierras y el sometimiento de poblaciones enteras. Paradójicamente, fue la destrucción ecológica causada por el colonialismo la que permitió, a partir de mediados del siglo XVII, la emergencia de una preocupación por la conservación del medioambiente. Desde entonces, las potencias coloniales han complejizado su estrategia imperial: siguen destruyendo la naturaleza y extrayendo todas las riquezas que pueden, pero al mismo tiempo construyen políticas y discursos conservacionistas.

Vimbai Kwashirai ha analizado el colonialismo verde en Zimbabue desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y muestra  tanto las repercusiones socioambientales del colonialismo británico como los distintos tipos de conflictos, relaciones y mediaciones entre funcionarios coloniales, empresas, personal científico y agentes locales en torno a la explotación maderera y la conservación de los bosques.⁸ Como sostiene Ravi Kumar, la tensión entre la defensa de la conservación y la destrucción de los bosques en África y Asia es un legado del colonialismo británico. En el caso concreto del sur de India, Kumar examina cómo el “colonialismo verde” británico primero destruyó los bosques – a la vez que culpaba a los nativos de hacerlo – y luego creó una política de control de los paisajes forestales, argumentando que era importante mantener y ampliar el control estatal sobre la naturaleza con el fin de controlar el clima y los sistemas de regadío y, así, mejorar el bienestar del país.⁹

El control tecnológico y la dominación de los paisajes han sido fundamentales para la reproducción continuada del colonialismo verde. La ingeniería hidráulica, por ejemplo, fue uno de los principales motores del imperialismo europeo.¹⁰ La construcción de canales, obras de ensanche y presas sirvieron para mantener el poder imperial incluso después del colonialismo formal a través de la necesidad inducida de transferencia de tecnología, después de haber desconocido, devaluado y destruido las tecnologías y formas de manejo existentes en los territorios colonizados. No se trata simplemente de establecer una relación de dependencia material. Worster¹¹ muestra cómo tras la instalación de proyectos de regadío en India y el establecimiento de diversas formas de control del agua, la relación del pueblo indio con el agua nunca volvió a ser la misma. Los sistemas hídricos comunitarios en distintas partes del Sur global quedaron así desmantelados y empezaron a ser controlados por el capitalismo colonial y las autoridades estatales para conseguir sus propios objetivos. En consecuencia, el antropocentrismo implica no solo la obsesión moderna por el control humano sobre la naturaleza, sino también una forma de indiferencia, desprecio e inferioridad hacia el valor de otras formas de organización de la reproducción social.

El control tecnológico y la dominación de los paisajes han sido fundamentales para la reproducción continuada del colonialismo verde.

Por lo tanto, el colonialismo verde se forjó históricamente con el capitalismo y la mercantilización de la naturaleza, combinando expansión material y control subjetivo , lo que se expresa en la «colonialidad de la naturaleza».¹² Para el pensamiento hegemónico global y las elites dominantes, esta colonialidad de la naturaleza presenta a América Latina (y a otras regiones del Sur global) como un espacio subalterno que puede ser explotado, destruido y reconfigurado según las necesidades de los regímenes de acumulación dominantes.¹³ Esto afecta a la realidad biofísica (la flora, la fauna, los habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) y a la configuración territorial (las dinámicas socioculturales que articulan estos ecosistemas y paisajes), pero también a las mentalidades (colonialidad de la mente y del conocimiento).

Colonialismo verde e imperialismo ecológico

Si el colonialismo verde no terminó con el fin de la colonización formal, la diferenciación conceptual propuesta por Quijano¹⁴ entre colonialismo y colonialidad es relevante para diferenciar entre momentos y lugares específicos donde tuvo lugar la dominación imperial y la matriz colonial de poder que persistió tras la independencia política de las antiguas colonias. Además, el marco de la colonialidad es importante para entender cómo el imperialismo de algunos países como los Estados Unidos no necesitó de colonias para ejercer su patrón de poder y potenciar el colonialismo verde mediante amenazas militares, la imposición de mercados globales y otros mecanismos de dominio indirecto cultural, legal y político.

En el colonialismo verde habita una “razón imperial”. Por ello, es importante que el debate contemporáneo explore con mayor profundidad la relación entre colonialismo verde e imperialismo ecológico. Una creciente literatura actual, principalmente marxista, ha rescatado el debate sobre el imperialismo ecológico, vivo en el debate académico desde la década de 1980, haciendo hincapié en las contradicciones ecológicas del capitalismo y la fractura metabólica.¹⁵ De forma complementaria, otras personas académicas tratan de examinar cómo el imperialismo ecológico está arraigado en las prácticas cotidianas y es respaldado por las instituciones.

¿Cómo se normaliza esto de una forma que oculte el imperialismo que conlleva?

Esto es lo que Brand y Wissen llaman «el modo de vida imperial»,¹⁶ que se acerca mucho a lo que Slater había definido como «imperialidad»,¹⁷ es decir, el derecho, el privilegio y el sentimiento percibidos de ser imperial o de defender un modo de vida imperial en el que se legitima la invasión geopolítica.

Estos desarrollos recientes son muy bienvenidos, al igual que los que pretenden pensar el decrecimiento desde una forma política anticolonial.¹⁸ Son relevantes en términos de relaciones Norte-Sur porque apuntan a la responsabilización de los grandes contaminadores y reconocen la deuda ecológica como una agenda central de las luchas contemporáneas, al mismo tiempo que reivindican la lucha por la descolonización también en el Norte. Sin embargo, debemos tener cuidado con una cuestión delicada: a menudo el discurso antiimperialista sigue siendo ampliamente movilizado contra la naturaleza por sectores que se autodenominan “progresistas”. El desarrollismo fósil sigue muy presente en diversos actores del Sur que dicen defender una transición energética justa y, al mismo tiempo, están totalmente a favor de seguir explotando el petróleo por interés nacional, porque, de lo contrario, lo haría un país extranjero. Igualmente, la idea del “derecho al desarrollo” sigue resonando con fuerza entre muchos actores del Sur global que se definen como antiimperialistas, a pesar de que abundan las evidencias de ecocidio, genocidio y destrucción epistémica causados también en nombre del “desarrollo”.

El colonialismo verde se forjó históricamente con el capitalismo y la mercantilización de la Naturaleza, combinando expansión material y control subjetivo.

En la lucha por la descolonización de África, el revolucionario ghanés Kwame Nkrumah, en alusión a la famosa tesis de Lenin, sostenía que el neocolonialismo sería la última etapa del imperialismo.¹⁹ Hoy podemos sugerir que la colonialidad climática es la etapa más reciente del colonialismo verde. Salvar el clima y descarbonizar la economía se han convertido en mantras. La tensión –o complementariedad– histórica entre conservación y destrucción sigue estando muy presente, aunque con mecanismos cada vez más sofisticados de control digital y territorial. En este proceso, los nuevos moldes del colonialismo verde reproducen las relaciones coloniales históricas y la colonialidad del poder, pero buscan una nueva legitimación social en torno a la idea de la descarbonización y de lo ‘verde’. Es así como el colonialismo verde hoy, en tiempos de emergencia climática, se manifiesta, sobre todo, como un colonalismo del carbono .

El colonialismo verde en la era del Consenso de la Descarbonización y de las transiciones lucrativas

En los últimos años ha emergido un nuevo consenso que Bringel y Svampa definen como «Consenso de la Descarbonización».²⁰ Se trata de un acuerdo capitalista global que apuesta por el cambio de la matriz energética, pasando de una matriz basada en combustibles fósiles a otra con emisiones de carbono reducidas, basado en energías “renovables”. Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática promoviendo una transición energética impulsada por la electrificación de la producción, del consumo y la digitalización. Sin embargo, en lugar de proteger el planeta, contribuye a su destrucción, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de los recursos naturales y perpetuando el modelo de mercantilización de la naturaleza.

Por un lado, se sugiere que todo podría seguir como antes si tan solo sustituyéramos los combustibles fósiles por otros que se dicen renovables, pero que no necesariamente lo son. Por otro, se insiste, una vez más, en la centralidad del crecimiento económico (revestido ahora con otra camada de “verde”) para la organización de nuestras economías y sociedades. Además, este Consenso de la Descarbonización limita el horizonte de la lucha contra el cambio climático a lo que Moreno et al.²¹ definieron como la “métrica del carbono”, es decir, una forma de representar muy diferentes problemáticas ambientales cuantificando el carbono, que proporciona una especie de moneda de cambio internacional y crea la ilusión de que se está haciendo algo respecto a la degradación ambiental. Estas métricas reducen el deterioro y el creciente colapso de la sumamente compleja red de la vida en la Tierra a una cifra que es fácilmente compatible con el ratio capitalista de contabilidad: toneladas de CO₂, como si esta cifra pudiera proporcionar información fiable sobre los múltiples daños causados a nuestro hábitat por el modo de vida hegemónico y sus líneas de interconexión. Esto oculta los problemas subyacentes, mientras permite abogar explícitamente por los “negocios verdes” y se construyen políticas no solo inadecuadas, sino también insostenibles.

La protección de nuestro hábitat se ha convertido, de esta manera, en objeto de transiciones ecológicas lucrativas y pactos especulativos que acaban financiarizando la Naturaleza. Las empresas transnacionales del petróleo y del gas planean simultáneamente ampliar sus operaciones con combustibles fósiles al tiempo que exploran nuevas tecnologías, por ejemplo, en torno al hidrógeno. Las grandes potencias mundiales (Unión Europea, Estados Unidos y China), preocupadas por su seguridad energética, se comprometen a reducir las emisiones de carbono y a reorientar sus economías hacia modos de producción bajos en carbono y descarbonizados, pero a la vez apuntan a nuevas oportunidades de crecimiento económico “verde”. Bajo esta misma lógica, algunos países del Sur global también empiezan a anunciar sus propios planes de “transición ecológica”.

En el marco del Consenso de la Descarbonización, el colonialismo verde contemporáneo se manifiesta en la forma de un extractivismo verde que nos aboca a una destrucción profunda de nuestro hábitat y tejido social. Asimismo, moviliza prácticas e imaginarios ecológicos neocoloniales y apuesta por procesos de investigación y de innovación tecnológicas que prosperan, pero están profundamente inscritas en los paradigmas de rentabilidad, progreso infinito y crecimiento económico, en lugar de orientarse por la necesidad fundamental de sostener y reproducir la vida.

Mientras tanto, en la selva tropical ecuatoriana, la deforestación se ve impulsada por el apetito chino hacia el árbol de madera de balsa que se utiliza en la construcción de turbinas eólicas. En Sudáfrica, las enormes infraestructuras de las centrales de hidrógeno para la exportación de energía “limpia” se convierten en un predicamento para las comunidades que basan su sustento en la pesca a pequeña escala o en la agricultura. En el Magreb, los pastores pierden sus tierras y su agua a causa de los enormes parques solares que se construyen para suministrar “energía verde” a Europa. En el triángulo del litio en Sudamérica, las comunidades luchan por las escasas fuentes de agua que son cada vez más acaparadas por la minería del litio con el fin de equipar los coches eléctricos.

El colonialismo verde contemporáneo y las relaciones Norte/Sur

El colonialismo verde actual se despliega en al menos cuatro dimensiones diferentes de las relaciones entre los Nortes y los Sures geopolíticos a medida que se remodelan y actualizan en el contexto del Consenso de la Descarbonización.

1. En primer lugar, en la reivindicación de materias primas ilimitadas en la nueva carrera mundial por la seguridad energética, que añade una capa “verde” adicional a las presiones extractivistas ya existentes. Dicho en los términos de Bringel y Svampa,²² el Consenso de la Descarbonización no sustituye al Consenso de los Commodities, sino que ambos se sobreponen con elementos de continuidad y ruptura .
2. En segundo lugar, como ya hemos discutido, el colonialismo verde se manifiesta en la imposición de ciertos formatos de conservación en los territorios del Sur en el contexto de esquemas de compensación de emisiones de carbono, que al mismo tiempo permiten posponer aún más los cambios estructurales urgentes en los procesos de producción contaminantes ubicados en las economías del Norte.
3. La tercera dimensión es la utilización de lugares del Sur global como vertederos de los residuos tóxicos y electrónicos que arrojan el uso de energías renovables y la digitalización.
4. Por fin, la cuarta es la proyección de los Sures como nuevos mercados para vender tecnologías renovables a precios elevados dentro de la arquitectura asimétrica del comercio global, perpetuando así el intercambio desigual.

En muchos debates del Norte global se imaginan o se representan las geografías en las que se producirá esa apropiación como si no hubiera personas ni conflicto, como si estuvieran en otro planeta en el que nada debería preocuparnos. Paisajes, cuerpos y poblaciones enteras del Sur global son tratadas como desechables. La idea de “espacio vacío”, típica de la geopolítica imperial, es utilizada a menudo por gobiernos y empresas. En el pasado, esta idea, que complementa la noción ratzelliana de “espacio vital” (Lebensraum), generó el ecocidio y el etnocidio indígena, y más tarde sirvió para promover políticas de “desarrollo” y “colonización” de territorios. Actualmente, se utiliza para justificar el expansionismo territorial para inversiones en energía “verde”. De este modo, grandes extensiones de tierra en zonas rurales escasamente pobladas se consideran “espacios vacíos” que se pretenden volver rentables mediante la construcción de mega instalaciones de molinos de viento o centrales de hidrógeno.

El Consenso de la Descarbonización no sustituye al Consenso de los Commodities, sino que ambos se sobreponen con elementos de continuidad y ruptura.

Se reproducen así los elementos clásicos mutuamente constitutivos del colonialismo/patriarcado/capitalismo/racismo: las geografías destinadas a la acumulación se aprovechan de otras geografías, destinadas a ser saqueadas.²³ El colonialismo verde actual sigue expropiando materias y reproduciendo relaciones coloniales, a la vez que confunde y enmaraña las resistencias al autoproclamarse respetuoso con el medioambiente e indispensable para conceder un futuro a la humanidad. En este viaje, aparentemente, las poblaciones racializadas del Sur global aún no tienen asiento y es desconcertante ver hasta qué punto se ha naturalizado el hábito de externalizar los costes sociales y medioambientales de un modo de vida imperial. En los debates sobre transición energética, eficiencia y seguridad, el privilegio es tan asombrosamente evidente en las sociedades del Norte como lo fue durante los primeros años de la pandemia de COVID-19. Esta autoevidencia se fundamenta en la naturalidad de haber crecido en un contexto en el que tu vida y tus derechos son dignos de ser protegidos, y de ser consciente implícitamente de que este no es el caso de la mayoría de la población mundial. De esta manera, la colonialidad del ser, del poder y del saber, asoma por todas partes en diferentes debates del Norte.

Más allá del colonialismo verde…

Si reconocemos el colonialismo verde y su faceta actual de extractivismo verde como un enemigo a combatir, necesitamos entender bien sus dinámicas, bien como organizarnos para superarlo. Esta es la apuesta del libro Más allá del colonialismo Verde: Justicia Global y Geopolítica de las Transiciones Ecosociales, editado por nosotras y que reúne a activistas e intelectuales de todos los continentes para examinar las diferentes características e implicaciones del colonialismo verde contemporáneos y proponer alternativas.²⁴ Ofrece un diagnóstico sobre las transiciones corporativas, analiza las interdependencias y los entrelazamientos globales y presenta diferentes caminos hacia las alternativas al desarrollo y una transformación socioecológica con justicia global.

Una de las premisas del libro es que no puede haber transformación ecosocial sin justicia global. Nuestro planeta es un ecosistema ultra complejo del que el ser humano forma parte. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado claramente dónde acabamos cuando no consideramos desde el principio soluciones sistémicas para todos, sino que priorizamos los intereses nacionales o corporativos. Al mismo tiempo, tenemos que superar las salidas individualistas e hiper localistas para  abrazar la justicia en todas sus dimensiones: social, racial, de género, ecológica, interétnica e interespecies, así como articular enfoques alternativos diversos, desde el ecofeminismo a la economía ecológica, y desde el ecosocialismo a las comprensiones del pluriverso.

Una segunda premisa es que la transformación ecosocial necesita reducir urgentemente el consumo humano de energía y materia en términos absolutos, lo que implica cambios planificados y profundos en nuestros modos de producción y aprovisionamiento. Un decrecimiento planificado, especialmente en el Norte global –acompañado de reformas estructurales hacia una distribución justa de los medios materiales necesarios para reproducir la vida, tanto dentro de los países o regiones como entre ellos– es una dimensión ineludible de esta transformación. La justicia global solo se alcanzará si las voces críticas del Norte y del Sur global reman juntas, a pesar de sus especificidades, en una vía común. El abanico de posibilidades de convergencia es amplio y pasa tanto por espacios de articulación alrededor de la justicia medioambiental y climática, como por el intercambio y aprendizaje desde experiencias ecológicas de base, el decrecimiento, los diálogos con saberes indígenas y ancestrales y una amplia gama de iniciativas territorializadas y populares de transición ecosocial.

Asimismo, si no podemos superar el colonialismo verde sin las voces del Sur global, tampoco podemos homogeneizar el Norte global. Al contrario, debemos complejizar nuestros análisis de diferentes maneras. Por un lado, el colonialismo verde no es simplemente algo que se impone desde arriba o del Norte al Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de “colonialismo verde interno”, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y complicidades coloniales entre las élites nacionales del Sur y las mundiales. Por otro lado, necesitamos tender más puentes entre las luchas del Norte y del Sur bajo el paraguas de las alternativas al desarrollo, las alternativas sistémicas y las transiciones radicales y posextractivistas. Si la idea de transición –e incluso de transiciones justas– ha sido cooptada por el capitalismo y diversos actores institucionales que la utilizan de forma limitada y problemática como sinónimo de una transición energética orientada al mercado, es importante clarificar sus significados y horizontes. Las transiciones ecosociales deben entenderse como primeros pasos de un proceso más amplio de transformación de la cultura, de la economía, de la política y de la sociedad y de su relación con la naturaleza. No pueden, además, reducirse a una promesa de futuro, como en el caso de la mayoría de las propuestas hegemónicas. Las transiciones ya están ocurriendo en multitud de experiencias en comunidades y territorios, en zonas rurales y urbanas, así como en resistencias territoriales en todo el mundo contra el capitalismo/colonialismo verde y sus falsas soluciones.

Breno Bringel

Profesor Permanente del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Brasil) e investigador sénior en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (España).

Miriam Lang

Profesora en el área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) y Profesora invitada de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

Mary Ann Manahan

Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de Estudios sobre Desarrollo y Conflictos de la Universidad de Gante (Bélgica).

NOTAS:

¹ Véase el Glosario de la Justicia Climática, elaborado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática: https://latinclima.org/documentos/glosario-de-justicia-climatica

² Kristen Lyons y Peter Westoby, «Carbon colonialism and the new land grab: plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts», Journal of Rural Studies, 36, 2014, pp. 13-21.

³ Josefa Sánchez Contreras y Alberto Matarán Ruiz, Colonialismo energético: Territorios de sacrificio para la transición energética corporativa en España, México, Noruega y el Sáhara Occidental, Barcelona, Icaria, 2023.

⁴ Gurminder Bhambra y Peter Newell, «More than a metaphor: climate colonialism in perspective», Global Social Challenges Journal, 1-9, 2022.

⁵ Farhana Sultana, «The unbearable heaviness of climate coloniality», Political Geography, 99, 2022, 102638.

⁶ Richard Grove, Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism: 1600-1860 Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

⁷ Horacio Machado Aráoz, Potosí, el origen: Genealogía de la minería contemporánea, Abya Yala, Quito, 2018.

⁸ Vimbai Kwashirai, Green Colonialism in Zimbabwe: 1890-1980, Cambria Press, Nueva York, 2009.

⁹ Ravi V. M. Kumar, «Green colonialism and Forest Policies in South India, 1800-1900», Global Environment, 3 (5), 2010, pp. 101-125.

¹⁰ Daniel Headrick, The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 1981.

¹¹ Donald Worster, Transformaciones de la Tierra, CLAES, Montevideo, 2008.

¹² Fernando Coronil, «Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo», en Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000.

¹³ Héctor Alimonda, «La colonialidad de la Naturaleza: una aproximación a la ecología política latinoamericana», en Héctor Alimonda, (ed.), La naturaleza colonizada, CLACSO, Buenos Aires, 2011, pp. 21-60.

¹⁴ Anibal Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000.

¹⁵ John Bellamy Foster y Brett Clark, «Ecological imperialism: the curse of capitalism», Socialist Register, 2004, pp. 186-201.

¹⁶ Ulrich Brand y Markus Wissen, Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2021.

¹⁷ David Slater, «The imperial present and the geopolitics of power», Geopolitica(s), 1 (2), 2010, pp. 191-205.

¹⁸ Jason Hickel, «The anti-colonial politics of degrowth», Political Geography, 88, 2021,102404.

¹⁹ Kwame Nkrumah, Neo-colonialism: The last stage of imperialism, Thomas Nelson & Sons, Ltd., Londres, 1965.

²⁰ Breno Bringel y Maristella Svampa, «Del Consenso de los Commodities al Consenso de la Descarbonización», Nueva Sociedad, (306), 2023, pp. 51-70.

²¹ Camila Moreno, Daniel Speich Chassé y Lili Fuhr, «A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico», Heinrich Böll Stiftung, Río de Janeiro, 2016.

²² Bringel y Svampa, 2023, op. cit.

²³ Horacio Machado Aráoz, «Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-existencias decoloniales en nuestra América», Bajo el Volcán, 15 (23), 2015, pp. 11-51.

²⁴ Una primera versión en español del libro ha sido publicada por CLACSO en octubre de 2023. A principios de 2024, se publicarán las ediciones en inglés por Pluto Press y en portugués por la Editora Elefante.

Hemos señalado en otras ocasiones, en anteriores números de la revista, que el capitalismo no supera sus contradicciones, sino que las traslada en el espacio y en el tiempo. Hemos hablado también en otros números de esta revista del mundo que está emergiendo de la agudización de esas contradicciones.¹ Como han subrayado oportunamente diversos autores, esas transferencias espacio/ temporales suelen adoptar la forma del imperialismo ecológico al depender del saqueo de la periferia y de la traslación a esas zonas de las contradicciones del núcleo.

La apropiación y saqueo de amplios territorios a través de mecanismos neocoloniales se completa con un proceder que no tiene en cuenta las opiniones ni las necesidades de las generaciones venideras, transfiriendo también al futuro las cargas ambientales.² Las manifestaciones de la crisis energético/climática son la expresión más clara de esas traslaciones, y de sus límites, en la actualidad.

Desde los años ochenta al momento actual el surgimiento y auge del orden neoliberal, la caída del socialismo real y la emergencia de China como gran potencia económica mundial han modificado el mapa geopolítico y económico mundial. Un periodo marcado, a su vez, por la Gran Recesión, la pandemia y la proliferación de nuevas tensiones y guerras. Los cambios que se están experimentando se aceleran, así como el surgimiento de nuevas formas de imperialismo a través de diferentes vías de dominación y dependencia asociadas con la globalización de la producción y las finanzas.

La apropiación y saqueo de amplios territorios a través de mecanismos neocoloniales se completa con un proceder que no tiene en cuenta las opiniones ni las necesidades de las generaciones venideras, transfiriendo también al futuro las cargas ambientales.

Se puede hablar de un imperialismo global como nueva fase que surge de la globalización económica y que cristaliza en mecanismos de acaparamiento para nada ajenos al tipo de acumulación por desposesión que prolonga, ya en el siglo XXI, viejas prácticas de despojo sobre las que se forjó la acumulación originaria.³ Asociadas a ellas se encuentran las nuevas modalidades de colonialismo verde, y bajo su despliegue son las múltiples periferias que van surgiendo las que quedan más expuestas a las pandemias o a los daños derivados del extractivismo y del cambio climático causados por el modo de vida imperial del viejo núcleo capitalista.

Tensiones que surgen del corazón de la transición energética

Asistimos a una realidad cada vez más compleja en la que coexiste la nueva geopolítica asociada a la transición energética con la tradicionalmente convulsa de los combustibles fósiles. Son dinámicas que probablemente permanecerán juntas durante un tiempo sumando nuevas líneas de fractura tanto en el panorama internacional como en el ámbito interno.

Las dinámicas geopolíticas de la energía fósil desde el siglo XIX a la actualidad han sido analizadas por Helen Thompson.⁴ Hasta el periodo de entreguerras, las viejas metrópolis europeas dependieron fuertemente del petróleo importado del hemisferio occidental, procedente principalmente de los EEUU. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ser evidentes las limitaciones de aquel país para seguir desempeñando el papel de suministrador occidental, así como las dificultades para siquiera garantizar con los recursos fósiles propios la evolución de su potente demanda interna.

Los países occidentales pasaron a poner la atención en Oriente Medio, la región del mundo con mayores reservas. Este desplazamiento del interés hacia el Medio Oriente ha perpetuado desde entonces la inestabilidad geopolítica en la región.⁵ Sin embargo, eso no impidió que aumentara también la dependencia energética de Europa occidental, particularmente de Alemania, del petróleo soviético desde los años cincuenta y sesenta y del gas ruso más recientemente. Buena parte de las vulnerabilidades y problemas por la que atraviesa la seguridad energética y la autonomía estratégica de la UE en el presente arrancan de este hecho.

La forma en que los estadounidenses reaccionaron a estas circunstancias recorre la geopolítica desde los años setenta del siglo pasado hasta la primera década del nuevo siglo. A partir de entonces, el auge del gas de esquisto en los EEUU ha permitido que este país inyecte al mercado europeo grandes cantidades de gas licuado entrando en competición con Rusia. Las consecuencias que para la seguridad energética europea han supuesto la invasión y guerra en Ucrania no han hecho sino confirmar esta tendencia. En ese contexto, también China, al ser consciente de que necesita garantizar los suministros fósiles para alimentar su enorme capacidad industrial, diseña sus propias estrategias centradas en Asia, África y América Latina generando nuevas tensiones geopolíticas.

Las nuevas tecnologías necesitan nuevos materiales, y muchos de ellos son considerados críticos ante la posibilidad de que su suministro represente un cuello de botella en la implantación masiva de dichas tecnologías a un coste razonable.

A esta vieja geopolítica centrada en las energías fósiles se suman en la actualidad las tensiones derivadas de la transición energética, particularmente por la forma que está adoptando en los países que conforman el núcleo del capitalismo. La cuestión gira sobre la infraestructura necesaria para captar las fuentes renovables del viento y el sol y solventar el desafío del almacenamiento. Transitar hacia otra base energética y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 precisa una cantidad ingente de toneladas de minerales cada año.

Las nuevas tecnologías necesitan nuevos materiales, y muchos de ellos son considerados críticos ante la posibilidad de que su suministro represente un cuello de botella en la implantación masiva de dichas tecnologías a un coste razonable.^[6] Por ese motivo, el acceso a estos recursos críticos es contemplado por los países como una cuestión estratégica, de manera que la transición energética deviene de manera inmediata en una cuestión geopolítica de primer orden. Esto sitúa a las tierras raras y a los minerales críticos en el foco de atención.⁷ La dispersión geográfica de esos materiales favorece de momento a China, que además ocupa una posición dominante en las cadenas de extracción, producción y comercialización de esos minerales.

Pero no hay que olvidar que, como buena parte de la estrategia de transición hacia las renovables depende aún de la inyección de grandes flujos de energías fósiles y descansa en tecnologías poco maduras o que aún no existen, las rivalidades geopolíticas que vemos surgir en torno a los nuevos materiales se mezclan todavía con la vieja geopolítica de la energía fósil. De ahí que las tiranteces y conflictividades pueden aparecer por uno u otro flanco. Con todo, como los objetivos de descarbonización de las estrategias de transición otorgan menor capacidad de maniobra al gas de esquisto (importante en la gestión de las tensiones más recientes), todo indica que de ahora en adelante la válvula de escape para aliviar las presiones que se van acumulando será sobre todo la expansión de la frontera extractiva mineral.⁸

Zonas de sacrificio y nuevas conflictividades

La expansión de las fronteras extractivistas se puede observar con claridad en el caso del litio. Aunque todavía concentrada en poco enclaves y países,⁹ el incremento vertiginoso de la demanda está provocando que se extiendan innumerables proyectos por otros países de América Latina, África, Europa, los EEUU y Canadá.¹⁰ Tras la explotación de los grandes salares de fácil y rentable extracción, aunque enormemente exigente en el consumo de agua, se pasa a la explotación del litio de roca dura, con las consecuencias ecológicas propias de la minería a cielo abierto e impactos sobre las comunidades locales que, en no pocos casos, implican expulsiones y desplazamientos de población.

Sobre estos territorios se despliegan estrategias corporativas y acciones estatales que no toman en consideración las necesidades y los intereses locales, de manera que las regalías, los impuestos sobre los beneficios de la actividad minera y los controles laborales y ambientales son mínimos o quedan definidos al margen de las poblaciones afectadas. Las cuestiones referidas a la propiedad, las rentas, la tecnología y los impactos sociales y ambientales quedan subsumidas en una lógica y una arquitectura jurídica que contempla la tenencia de las explotaciones como activos financieros que se pueden comerciar en los mercados globales a través del control que ejercen sobre ellos grandes empresas del sector automotriz, bancos o fondos de inversión. Nada que tenga que ver con un desarrollo endógeno y autocentrado en las necesidades de la población de unos territorios que son sacrificados para posibilitar el tránsito a un modelo renovable en los centros del capitalismo global.

En el caso de la República Democrática del Congo, posiblemente uno de los países más turbulentos del mundo y donde se encuentran las principales reservas de cobalto y coltán, la intensificación de la actividad minera se ha desarrollado paralelamente a la militarización y los conflictos armados.¹¹ A esa inestabilidad política y social se añade el despojo, pues el grueso de los recursos es exportado en bruto, ancladas las actividades en el eslabón más bajo de una cadena de valor gobernada por “la regla del notario”.¹²

División internacional del trabajo, modo de vida y nuevas rivalidades imperiales

Ante esta división internacional del trabajo que condena al Sur global a la exportación de materias primas baratas que otros rentabilizan gracias a su mayor capacidad tecnológica y poder en los mercados, algunos gobiernos plantean la necesidad de escalar en las cadenas de valor prohibiendo las exportaciones en bruto y diseñando planes para el refinamiento en los países de extracción.¹³ Sin cambiar las reglas de juego se antoja que las medidas se utilizarán para afianzar alianzas público-privadas (estados con grandes corporaciones trasnacionales) que actualicen las viejas alianzas entre oligarquías locales y globales de las que el imperialismo siempre se ha servido. Pero eso únicamente perpetuará la “maldición de los recursos” que produce desigualdad y destrucción ecológica, agravando los conflictos armados, la corrupción y la desigualdad.

Pero no hay que olvidar que la otra cara de la moneda es el modo de vida imperial que da lugar a los privilegios y ventajas que se disfrutan en el Norte global.¹⁴ Sin el cuestionamiento de los objetivos e intereses que guían los procesos de extracción, transformación y comercialización es difícil afrontar en serio la crisis ecosocial. De momento, las amenazas del calentamiento global y el paulatino agotamiento de los recursos fósiles, así como la definición de las estrategias de transición, casi exclusivamente centradas en las dimensiones energética y digital, parecen estar diseñadas más para el establecimiento de una «acumulación por desfosilización»¹⁵ que para el propósito de racionalizar y reducir los intercambios metabólicos y preservar la integralidad de la biosfera.

Los organismos internacionales parecen más preocupados por la fragmentación de la economía mundial y la geopolítica de bloques que se pudieran derivar del hecho de que muy pocos proveedores −China, Rusia y Australia− controlen la mayor parte de la llamada “minería verde” sobre la que descansa la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y coches eléctricos que de cuestionar el modo de vida occidental.¹⁶ Así las cosas, si se utilizan los mismos métodos que se han empleado históricamente con la geopolítica del petróleo, el futuro inmediato no augura nada bueno. EEUU sigue siendo la principal potencia económica, tecnológica y militar del mundo, pero dispone de pocos yacimientos domésticos de minerales críticos y tierras raras y es un imperio en decadencia en un mundo multipolar. Europa parece haber renunciado a cualquier intento de actuar como un centro de poder autónomo y cierra filas −como se está comprobando con motivo de la guerra de Ucrania y la destrucción de Gaza por el gobierno de Israel− con la OTAN como herramienta principal para hacer valer los intereses de Occidente.

La agudización de las rivalidades interimperialistas y la proliferación de todo tipo de conflictos violentos aparecen como una posibilidad cada vez más cercana mientras los procesos de deterioro ecológico siguen su curso y nos van conduciendo a lugares ignotos de los que apenas sabemos si tendremos posibilidades de retorno.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciiones ecosociales y cambio global.

Acceso al artículo completo: Transiciones, conflictos e imperialismo global

NOTAS:

[1] Véase, por ejemplo, los número de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicados a un «Mundo de emergencias» (núm. 162), «Militarismo» (núm. 157) o «Geopolítica en el Antropoceno» (núm. 146).

[2] Kohei Saito, El capital en la era del Antropoceno, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2022.

[3] David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.

[4] Helen Thompson, Disorder: Hard Times in the 21ª Century, Oxford University Press, 2022.

[5] Con acontecimientos decisivos como el proceso descolonizador guiado fundamentalmente por los intereses de Gran Bretaña y Francia, la creación del Estado de Israel, la crisis de Suez del año 1956 que confirmó la pérdida de influencia de Gran Bretaña, la revolución en Irán de 1979 que instauró la actual república islámica tras el derrocamiento del último sha de Persia, el apoyo otorgado por los EEUU a Arabia Saudí o las guerras sucesivas en las que los intentos de Occidente de reconfigurar el poder en la zona han involucrado primero a Irak y luego a Siria.

[6] Las materias primas críticas (CRM) −materiales que requieren especial atención por su relevancia económica y el alto riesgo de la interrupción de su suministro− son identificadas por la Comisión Europea e incorporadas a un listado en permanente actualización. La lista de la UE del año 2020 contiene treinta materiales frente a los catorce que contenía en el año 2011 (o los veinte de 2014 y los veintisiete de 2017). La bauxita, el litio, el titanio y el estroncio han sido incorporadas por primera vez al último listado, mientras que el helio −que sigue siendo motivo de preocupación por la concentración del suministro− se ha eliminado por haber disminuido su importancia económica. Se puede consultar el listado completo en la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad» [COM(2020) 474 final, Bruselas, 03/09/2020]:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN

[7] Entre los más relevantes para el avance de la transición energética y digital se encuentran los siguientes: 1) El coltán, que en realidad es el acrónimo popular de las denominadas columbita (óxido de niobio) y tantalita (óxido de tántalo), y que resulta crucial para la microelectrónica; 2) El cobalto y el litio, fundamentales para la producción de baterías; y 3) las llamadas  tierras raras (que no son tierras en el sentido popular, ni raras en el sentido de escasas, y que se las denomina así porque suelen aparecer dispersas en minerales relativamente poco comunes) con aplicaciones en múltiples industrias y resultan especialmente importantes para el rendimiento de muchos motores y generadores eléctricos. Son precisamente las tierras raras las que mayor riesgo de suministro presentan para Occidente debido a que la extracción y la comercialización se encuentran controladas por China.

[8] Una válvula que solo puede actuar de manera temporal, pues la demanda de al menos catorce materias primas críticas se estima que en las próximas décadas será superior a las reservas conocidas. Entre ellas se encuentran materiales tan comunes en la industria como el cobre o el níquel como los principales elementos de la transición energética (como el litio, el galio o el cadmio).

[9] Básicamente situados en Australia, Chile, China y Argentina.

[10] Bruno Fornillo, «Las fronteras latinoamericanas del litio. Espejismos, guerras y desfosilización», Nueva Sociedad núm 306, Buenos Aires, julio-agosto de 2023, pp. 38-50.

[11] Nicolas Berman, Mathieu Couttenier, Dominic Rohner y Mathias Thoenig, «This Mine is Mine! How Minerals Fuel Conflicts in Africa», American Economic Review, vol. 107, núm. 6, junio 2017, pp. 1564-1610; Nik Stoop, Marijke Verpoorten y Peter van der Windt, «Artisanal or industrial conflict minerals? Evidence from Eastern Congo», World Development, vol 122, año 2019, pp. 660–674.

[12] José Manuel Naredo y Antonio Valero se valen de la “regla del notario” para explicar cómo el deterioro ecológico y social no se contabiliza en la noción convencional de desarrollo económico, de manera que no existe una relación entre los verdaderos costes y los precios de los recursos. La fuerte asimetría entre la evolución del coste físico y la valoración monetaria se puede ilustrar en términos energéticos de la siguiente forma: «En la construcción de una casa los mayores consumos energéticos tienen lugar en los materiales de obra que son los que menos cuestan por unidad de energía consumida. Al final de la obra el consumo energético que hace el notario para firmar la escritura es el que más dinero cuesta» (Antonio Valero, https://www.rqueerre.com/blog/la-regla-del-notario-y-el-mundo-que-nos-queda-por-antonio-valero/). La regla del notario se desprende de las asimetrías entre, por un lado, los postulados de la termodinámica y la economía convencional y, por otro, las normas y condicionamientos institucionales en las prácticas económicas que tienden a retribuir más las tareas de dirección, gestión y comercialización frente a las directamente implicadas en la extracción y elaboración. Véase: José Manuel Naredo y Antonio Valero, «La evolución conjunta del coste físico y del valor monetario en el curso del proceso económico: la “regla del notario” y sus consecuencias», capítulo 23 del libro dirigido y editado por estos mismos autores: Desarrollo económico y deterioro ecológico, Fundación Argentaria- Visor Dis., Madrid, 1999.

[13] Lo señala Rodrigo Santodomingo en una crónica publicada en el Blog Planeta Futuro asociado al diario EL PAÍS: «Exportar metales y minerales sí, pero refinados: la batalla de África por rentabilizar las materias primas»

[14] Ulrich Brand, Crisis ecosocial, modo de vida imperial y transiciones, FUHEM/ Catarata (Colección Economía Inclusiva, núm. 6), Madrid, 2023 (en prensa).

[15] Maristella Svampa y Pablo Bertinat (eds.), La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.

[16] Véase el capítulo tercero «Fragmentation and Commodity Markets: Vulnerabilities and Risks» del survey del FMI, World Economic Outlook: Navigating Global Divergences, Washington, DC., octubre de 2023, pp. 71-92.

Al analizar el extractivismo −dependencia de los países de la exportación de materias primas que crea dependencia económica y política y redirige los beneficios a otros países−,² los científicos sociales suelen centrarse en los lugares de extracción: en las minas, los campos petrolíferos o las plantaciones.

En los estudios africanos, el tema ha suscitado un renovado interés desde que el crecimiento económico de China cambió el panorama de la extracción mundial y generó una nueva ola de inversiones en materias primas a gran escala.³

Los estudiosos han mostrado el papel desempeñado por las empresas multinacionales y sus directivos⁴ y han analizado las relaciones entre los grandes inversores, las comunidades anfitrionas y los gobiernos de los países ricos en recursos.⁵

Los problemas medioambientales han encontrado tanta cobertura como los programas de reasentamiento, las medidas de responsabilidad social corporativa o las relaciones laborales.⁶ Estos estudios han mostrado el enorme impacto de la extracción de materias primas en las personas que viven alrededor de las minas y los campos petrolíferos, y han vinculado este impacto a las relaciones de poder en la economía global.

Sin embargo, la economía política del extractivismo no puede entenderse concentrándose únicamente en las minas y los pozos. Entre su extracción y su uso en la producción industrial global, las materias primas tienen que ser financiadas, aseguradas, trasladadas, almacenadas, limpiadas, pesadas, mezcladas, compradas, vendidas, certificadas, rastreadas, por mencionar solo algunas actividades posteriores. Los proveedores de servicios, como las empresas comerciales, las compañías de transporte y envío, las instituciones financieras y los proveedores de certificación y software son agentes tan importantes de la extracción de materias primas como las empresas mineras. Estos segmentos de las redes mundiales de producción ocupan un lugar menos destacado en la literatura. El consiguiente desequilibrio distorsiona nuestra imagen de las formas en que los países exportadores de materias primas están integrados en la economía mundial.

Utilizando como ejemplo las relaciones entre Zambia y Suiza, en este artículo mostramos lo activas que son las empresas internacionales a la hora de proporcionar la infraestructura de la extracción de minerales del sur de África, y cómo consiguen captar un porcentaje sustancial del valor creado por ella. Sostenemos que, para comprender las consecuencias de la extracción de minerales para los países receptores y, en última instancia, aumentar los beneficios locales mediante la regulación y una fiscalidad eficaz, debemos prestar mucha más atención a estas actividades menos espectaculares, pero no por ello menos rentables.

No somos los primeros en argumentar en este sentido. Los estudiosos de las cadenas de valor mundiales se interesan desde hace tiempo por las distintas formas en que se añade valor a los bienes a lo largo de su recorrido,⁷ mientras que los teóricos de las redes de producción mundiales destacan el papel funcional de intermediarios como los agentes financieros, logísticos y normativos.⁸ Más recientemente, un nuevo enfoque sobre la servicificación de las cadenas de valor mundiales ha puesto de manifiesto que las empresas manufactureras de las economías avanzadas suelen generar un alto porcentaje de sus ingresos mediante la prestación de servicios.⁹ Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la servicificación se han centrado en las industrias de Europa, EEUU y Asia, y poco se sabe sobre la medida en que los servicios contribuyen a añadir valor en la extracción de minerales en los países africanos. Esperamos que nuestro artículo cubra alguna de estas lagunas y aumente el interés por los aspectos menos espectaculares de la extracción de materias primas.

Nuestro estudio de caso tiene un enfoque restringido: analizamos el papel de las empresas suizas en el sector del cobre de Zambia. Nos centramos en una materia prima y un par de países, y solo incluimos las actividades derivadas de la minería que tienen lugar en el sur de África.

Zambia, actualmente octavo productor mundial de cobre, depende en gran medida de la minería. El sector extractivo representa directamente el 10%, indirectamente hasta el 50% de su PIB y el 80% de las exportaciones en 2016. A pesar de ello, la minería solo aportó el 18% de los ingresos públicos en 2015, la mayor parte procedente de los cánones minerales.¹⁰

Según las estadísticas comerciales oficiales, la mitad del cobre de Zambia se exporta a Suiza, es decir, es comprado y vendido por empresas suizas de comercio de materias primas. Esto es típico del papel de Suiza en la economía mundial. El país se ha convertido en un centro de comercio mundial: el 60% de los metales del mundo, el 60% del café, el 50% del azúcar, el 35% de los cereales y el 35% del petróleo crudo se comercializan hoy en día a través de Suiza.¹¹

Cuando comenzamos nuestra investigación, queríamos comprender mejor las consecuencias del papel de Suiza como centro de comercio para el cobre de Zambia. Pronto nos dimos cuenta de que el comercio de materias primas es solo una de las formas en que la economía suiza y la zambiana están interrelacionadas. En nuestra descripción y análisis de estos vínculos no queremos señalar a las empresas suizas como excepcionales, y vemos el peligro de que el enfoque nacional pueda restar importancia a las conexiones globales de capital. Demostraremos, sin embargo, que centrarnos en Suiza hace que la dinámica general del capitalismo mundial sea más claramente visible. Es una herramienta heurística útil para comprender las disparidades regionales y la captura de valor en el capitalismo global.

Metodológicamente, el artículo se basa en investigaciones etnográficas en ciudades fronterizas y mineras del sur de África. Gregor Dobler ha trabajado en este contexto durante los últimos 15 años y ha realizado trabajo de campo de corta duración para este artículo en Chirundu y Lusaka; Rita Kesselring ha llevado a cabo 18 meses de trabajo de campo etnográfico en Solwezi y Kalumbila, dos nuevas ciudades mineras del noroeste de Zambia, y, en menor medida, en Mufulira y Kitwe, dos antiguas ciudades del “cinturón del cobre” (Copperbelt). Ambos hemos entrevistado a un amplio abanico de agentes del sector en Zambia y Suiza, y hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación documental de las zonas a las que nos resultó difícil acceder.¹²

La estructura del artículo es sencilla. Tras una breve introducción, seguimos el viaje del cobre a través de las principales etapas de la minería, el comercio y la logística del transporte. En cada etapa, mostramos el alcance y la forma de participación de las empresas suizas. Una segunda parte, más breve, examina un vínculo diferente entre los países que surge de sus interacciones económicas: los movimientos de solidaridad entre grupos de la sociedad civil. Demostramos que para las empresas que utilizan los entornos normativos favorables como una baza importante, estos movimientos críticos se han convertido en un riesgo estratégico y en agentes normativos en sí mismos. En la conclusión, unimos estas vertientes para teorizar el papel de las empresas suizas en la partición mundial del trabajo.

Extracción

Nuestro interés no solo por la minería, sino por todo el entramado productivo del cobre, es una de las pocas cosas que compartimos con Glencore, la empresa suiza más conocida que opera en el sector del cobre de Zambia. Glencore empezó como comerciante de materias primas, pero ahora se ha convertido en una multinacional integrada de commodities. Un paso importante en esta dirección ha sido su inversión en minas de cobre en Zambia y la RDC desde 2000. La decisión de Glencore de comprar minas en Zambia fue anticíclica y, en retrospectiva, llegó en el mejor momento posible para la empresa.

Zambia tiene una larga historia de extracción comercial de cobre. Bajo el dominio de la British South Africa Company y, más tarde, de la colonia británica, sus minas de cobre eran propiedad de la Anglo American Corporation y la Roan Selection Trust. En 1969, cinco años después de la independencia, el gobierno zambiano nacionalizó las minas de cobre del país. En 1982, en respuesta a una larga depresión de los precios del cobre que comenzó a mediados de los años setenta, las dos empresas mineras estatales se fusionaron para crear Zambia Consolidated Copper Mines Limited (ZCCM). Los principales accionistas de ZCCM eran el gobierno zambiano, con un 60,3%, y la Anglo American Corporation, con un 27,3%. La consolidación no pudo detener el declive del sector. En un entorno de liberalización y desregulación mundial, el aumento de la deuda externa y la falta de ingresos obligaron al presidente Kaunda a ceder a las presiones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros prestamistas para privatizar las minas y otros activos estatales.¹³

El alcance y el ritmo del programa de privatización y liberalización del país aumentaron bajo el Movimiento para la Democracia Multipartidista (MMD) dirigido por Frederick Chiluba.¹⁴ En 1996, el gobierno zambiano empezó a disgregar la ZCCM en paquetes de activos y a venderlos a diversos inversores, al tiempo que mantenía una participación minoritaria en cada nueva empresa. Debido a la caída de los precios mundiales en la década de 1990, hubo que esperar hasta 2000 para que se privatizaran todos los activos, tras años de duras negociaciones, ofertas bajas y un aumento de la deuda.

Glencore adquirió una participación mayoritaria en las minas de cobre de Mopani, el mayor empleador del cinturón de cobre, que comprendía las minas de Nkana y Mufulira, dos concentradores, una fundición, una refinería y dos plantas de cobalto.

En 2000, Carlisa Investments Corp, empresa conjunta de First Quantum Minerals Limited (FQM, véase más adelante) y Glencore International AG, constituida en las Islas Vírgenes británicas, adquirió una participación del 90% en Mopani. Muy pronto, FQM diluyó su participación en la empresa, lo que redujo sus acciones en las minas de cobre de Mopani del 45,9% al 16,9% y aumentó las de Glencore del 44,1% al 76,3%. El 10% restante sigue siendo propiedad de ZCCM.¹⁵

Desde los 2000, Glencore fue una de las primeras comercializadoras de materias primas en ampliar su alcance a lo largo de la cadena de valor.

Al igual que con todos los activos de ZCCM, las condiciones para la venta de Mopani se codificaron en un Acuerdo de Desarrollo bilateral secreto que posteriormente se filtró al público. El acuerdo definía un «periodo de estabilidad» de 15 años durante el cual las condiciones contractuales permanecerían estables. Eximía a Glencore y FQM de cubrir los pasivos financieros de ZCCM (incluidas las pensiones de los trabajadores de ZCCM) y los legados medioambientales, y de pagar la mayoría de los impuestos.¹⁶ Aunque los acuerdos de desarrollo dejaron de ser vinculantes tras su anulación en la Ley de Desarrollo de Minas y Minerales de 2008, muchas de sus disposiciones siguen vigentes.

En la actualidad, Glencore es el cuarto productor de cobre por producción en Zambia, por detrás de FQM, Barrick Gold y Vedanta. También posee Sable Zinc Kabwe Limited, una planta de procesamiento de cobre y cobalto en Kabwe,¹⁷ la mina Mutanda y el 74,4% de Katanga Mining en la vecina RDC.

La historia suiza de Glencore es bien conocida. La empresa se remonta a Marc Rich & Co AG, registrada en Zug (Suiza) en 1974. Rich, que por entonces figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado, entre otras cosas, de evasión fiscal, chantaje y evasión de las sanciones de EEUU en el comercio con Irán, vendió su negocio comercial a los directivos de la empresa en 1993. (Más tarde, Bill Clinton le concedió el famoso indulto en su último día de mandato, después de que Denise Rich, esposa de Rich, donara más de un millón de dólares al Partido Demócrata). La nueva empresa, Glencore, salió a bolsa en 2011 y se fusionó con el gigante minero suizo Xstrata en 2012/13. Hoy es la mayor empresa comercializadora de materias primas del mundo. Glencore plc está constituida en Jersey y domiciliada en Baar (Suiza). Entre los accionistas de Glencore plc se encuentran inversores institucionales, como Qatar Holding (8,47%) y BlackRock Inc. (5,69%), pero grandes acciones de la empresa son propiedad de directivos, por ejemplo, el consejero delegado Ivan Glasenberg (8,40%) y Aristotelis Mistakidis (3,12%).^18 19

Desde la década de 2000, Glencore fue una de las primeras grandes comercializadoras de materias primas en ampliar su alcance a lo largo de la cadena de valor, una estrategia que ahora siguen muchos de los gigantes del sector, ya que los márgenes del arbitraje han disminuido en una era de información de precios más fácilmente disponible.^20] Su expansión en la minería ha generado muchos debates, algunos de ellos vinculados a los beneficios económicos o los peligros de la integración vertical, otros a las prácticas empresariales o los efectos medioambientales de sus minas y fundiciones. Los empleados de otras empresas mineras zambianas con las que hablamos consideran que Glencore se rige por una lógica diferente, no minera,²¹ mientras que los empleados de otras empresas comerciales suizas ven a Glencore como un gigante opaco y algo turbio.

Los precios mundiales del cobre se multiplicaron por seis tras la adquisición de Mopani por parte de Glencore, pasando de 1.500 dólares por tonelada métrica en 2000 a más de 10.000 dólares por tonelada en febrero de 2011. Después de 2012, el precio cayó gradualmente por debajo de los 5.000 dólares en 2016, para recuperarse hasta los 6.000-7.000 dólares en el momento de escribir estas líneas. Debido a la privatización de los activos mineros y a un régimen fiscal desfavorable, pocos de los beneficios resultantes se quedaron en el país. Los múltiples intentos del gobierno de aumentar los ingresos procedentes de la minería han fracasado en gran medida debido al poder de negociación de las empresas.²²

Comercio

Las empresas mineras con sede en Zambia no utilizan el cobre para la producción, sino que venden su producto a otras empresas. Las minas rara vez venden cobre directamente a los agentes económicos que necesitan cobre físico para la producción. En su lugar, el cobre pasa a manos de comerciantes especializados que lo venden a otros comerciantes o consumidores.

Los comerciantes tienen un doble papel. Por un lado, prestan servicios a productores y consumidores asignando el cobre de forma más rentable de lo que podrían hacerlo los consumidores o los productores por sí solos. Los comerciantes tienen acceso a un gran número de productores y consumidores y pueden ahorrar costes de transporte ajustando la oferta y la demanda en distintas regiones del mundo; financian el transporte y el almacenamiento de las materias primas, lo que permite a productores y consumidores optimizar el flujo de caja y ahorrar costes; y pueden protegerse de los riesgos del mercado de forma más eficaz que los agentes más pequeños, manteniendo estables y predecibles los costes para los demás agentes. Por estos servicios, reciben una parte de los beneficios globales de la red de producción. Esta participación es, al menos en la teoría económica de los libros de texto, inferior a los costes que tendrían los demás agentes de la red de producción sin los comerciantes; de lo contrario, los clientes los eludirían y obtendrían su cobre directamente de las minas. Así pues, lo ideal es que las empresas comerciales aumenten la eficacia de la red de producción. Si su negocio se centra en el elemento de asignación del comercio, las empresas comerciales suelen obtener beneficios relativamente pequeños pero predecibles en cada transacción. Sus beneficios se deben más a los grandes volúmenes que a los grandes márgenes.

Por otro lado, las empresas comerciales realizan operaciones especulativas para aumentar sus propios beneficios. Tratan de anticiparse a la evolución de los precios y apuestan contra los mercados.  En esta vertiente de su negocio, los comerciantes no son agentes ni de los productores ni de los consumidores, sino que actúan en interés de los propietarios del capital (y de sus propias primas). Los operadores sostienen que gran parte del comercio especulativo redunda en beneficio de todos los participantes en el mercado, ya que contribuye a la fijación de precios justos y a la estabilidad general de los precios. Sin embargo, los críticos señalan que el comercio especulativo genera grandes riesgos y contribuye a concentrar los beneficios en manos de los grandes propietarios de capital, al tiempo que externaliza los riesgos del mercado a los inversores menos poderosos.

Las empresas comerciales realizan operaciones especulativas para aumentar sus propios beneficios; tratan de anticiparse a la evolución de los precios y apuestan contra los mercados.

El centro de comercio suizo. Mientras que la minería y, en menor medida, la producción industrial está estrictamente localizadas, las materias primas pueden comprarse y venderse independientemente de su ubicación física. Esto ha permitido a Suiza, un país sin salida al mar y sin muchos recursos naturales, convertirse en uno de los centros más importantes del comercio mundial de materias primas.²³

Suiza tiene una larga historia comercial y a menudo se ha beneficiado del comercio con materias primas africanas, desde los esclavos²⁴ hasta el cacao y el café. El comercio suizo de materias primas se ha desarrollado de forma sorprendente en las dos últimas décadas, sobreviviendo indemne a la crisis financiera.²⁵ En 2016, Suiza generó el 3,7% de su PIB gracias al comercio de materias primas, un porcentaje superior al de la banca o el turismo.²⁶ En 2017, las cinco mayores empresas suizas por volumen de negocio eran comercializadoras de materias primas: Glencore, Vitol, Trafigura, Cargill y Mercuria Energy Trading.²⁷ El sector ha atraído recientemente la atención de académicos, activistas y reguladores,²⁸ pero incluso en Suiza, su importancia sigue siendo apenas conocida fuera de los círculos especializados.

Una serie de factores se han combinado para convertir a Suiza en un centro de comercio de materias primas. El país cuenta con toda la infraestructura que necesitan los comerciantes. Acceso rápido y seguro a financiación y seguros, excelentes conexiones globales virtuales y físicas, una industria naviera vibrante, normativas favorables a los comerciantes, la proximidad a los organismos normativos internacionales (sobre todo las diferentes organizaciones de la ONU y la plétora de grupos de presión internacionales en Ginebra), una mano de obra altamente cualificada, un mercado laboral flexible y un tipo del impuesto de sociedades muy bajo son solo los factores más importantes. La neutralidad suiza y su no pertenencia a la ONU hasta 2002 fue otro elemento crucial, ya que permitió a las empresas comerciar con países sometidos a sanciones de la ONU, como la Sudáfrica del apartheid o Irán.

Un gran número de comerciantes internacionales de materias primas tienen hoy su sede en Suiza. Su variedad es enorme: desde el gigante integrado de la minería y el comercio Glencore hasta grandes empresas comerciales especializadas como Gunvor o Cargill, pasando por divisiones comerciales de bancos y empresas de inversión y pequeños comerciantes independientes. Aproximadamente la mitad de las 400 empresas de trading tienen menos de 10 empleados, mientras que el 10% supera los 300 empleados. El número total de empleados en el sector se sitúa probablemente entre 7.500 y 10.000.²⁹

¿Qué papel desempeñan estas empresas comerciales suizas en la red mundial de producción de cobre zambiano?

Las estadísticas de exportación ofrecen una primera aproximación. Según las cifras de UN Comtrade, alrededor del 40-50% del cobre zambiano se ha exportado a Suiza todos los años entre 2006 y 2017. Estas estadísticas subestiman sustancialmente el porcentaje de cobre comercializado por empresas suizas, ya que el comercio de tránsito es difícil de clasificar en las estadísticas aduaneras. Las aduanas de Zambia suelen clasificar las exportaciones de cobre según los países de destino (es decir, el país al que se envían las mercancías). Solo cuando no se conoce el destino final en el momento de la venta, se registra en su lugar el país del comprador.

El cobre zambiano comprado por comerciantes suizos nunca se envía a Suiza. Gran parte se vende en tránsito, a menudo desde depósitos aduaneros. Este cobre se registrará como exportado a Suiza; el cobre comprado por empresas suizas y enviado a un tercer país conocido se registrará como exportado a este tercer país. Cuando, por ejemplo, una empresa comercial suiza tiene un acuerdo de compraventa con una empresa minera zambiana y suministra la mitad de este cobre a una empresa en China, mientras que vende la otra mitad desde un depósito aduanero en Johannesburgo, la mitad del cobre comprado en la mina se registrará como exportado a China y la otra mitad como exportado a Sudáfrica, aunque todo haya sido comercializado por una empresa suiza. Por tanto, el porcentaje de cobre zambiano comercializado por empresas suizas es probablemente mucho mayor de lo que muestran las cifras de exportación.

El cobre zambiano comprado por comerciantes suizos nunca se envía a Suiza. Gran parte se vende en tránsito, a menudo desde depósitos aduaneros.

Empresas comerciales suizas en Zambia. Para entender cómo se lleva a cabo este comercio, utilizaremos Glencore y Metal Corp Trading como dos ejemplos diferentes. Hablaremos de Trafigura, otro gran comerciante de materias primas, en la sección sobre el transporte de cobre.

Las minas de Glencore comercializan gran parte de su cobre a los segmentos comerciales de Glencore, muy probablemente a través de Glencore UK.³⁰ Además, la división comercial de la empresa compra cobre extraído por otras minas de Zambia y la RDC. Dado que las operaciones de extracción y fundición de Glencore son difíciles de ocultar y que la empresa tiene una merecida mala reputación, está sometida a un escrutinio relativamente estrecho por parte de las ONG y la prensa.

Otros operadores suizos suelen pasar desapercibidos, salvo para los conocedores del sector. El brazo comercial de First Quantum Minerals, Metal Corp Trading AG (Suiza), es un buen ejemplo. First Quantum Minerals (FQM), con sede en Canadá, es la mayor empresa minera de cobre de Zambia. Su mina Kansanshi y el nuevo proyecto Trident producen aproximadamente un tercio del cobre de Zambia. En sus formularios de información anual, FQM afirma que tiene «un número limitado de compradores».³¹ Se trata de un eufemismo. FQM vende todo su cobre a solo otras dos empresas: Trafigura, con sede desde hace tiempo en Ginebra, y Metal Corp Trading, registrada en Zug.

Metal Corp se remonta a Republic House, una empresa registrada en Zug en 2000 y formada principalmente por operadores que habían trabajado para MRI, otra empresa comercial suiza. Republic House era propiedad, al menos desde 2005, de Energem Resources, una antigua empresa del sector minero sudafricano. (Fundada como DiamondWorks, había cambiado de nombre en 2004 tras las acusaciones de tráfico de diamantes de sangre). Como preparación para la adquisición total de Republic House por FQM en 2010, Energem fundó Metal Corp Trading AG en Zug.³² En la actualidad, la empresa es una filial propiedad al 100% de Metal Corp (Suecia) AB, que a su vez es una filial propiedad al 100% de FQM.

En resumen, la empresa minera zambiana de FQM vende su cobre a la empresa comercial suiza de FQM. De hecho, Metal Corp Trading «compra y vende todos los metales de FQM y, en el proceso, lleva a cabo una sofisticada gestión de derivados para gestionar el riesgo de los precios».³³ Aunque la empresa tiene una placa de latón y un buzón en Zug, su actividad principal se lleva a cabo a través de oficinas en la londinense Great Portland Street, situadas en el mismo edificio que la sede británica de First Quantum Minerals Ltd.

Para los acuerdos comerciales de Metal Corp, Suiza no es importante como lugar físico. El cobre que compra y vende no llega al país. Sus comerciantes no trabajan a orillas del lago Zug, en Suiza; quizá ni siquiera los beneficios se almacenan en bancos suizos. “Suiza” es un régimen regulador al que Metal Corp alquila el acceso pagando la cuota mínima de los impuestos de Zug . Por supuesto, esta Suiza virtual se cruza con el lugar físico. Muchas otras empresas comerciales tienen una huella física mucho mayor en Suiza, pero para todas ellas el acceso al régimen regulador suizo es un activo primordial.

Transporte y logística

Transporte. Prácticamente todo el cobre zambiano se exporta en buques portacontenedores desde los puertos de Durban (Sudáfrica), Walvis Bay (Namibia), Dar es Salaam (Tanzania) y Beira (Mozambique). En su camino –normalmente por carretera– desde las minas y fundiciones hasta los almacenes y puertos, tiene que cruzar al menos una frontera nacional, a menudo varias. Los camioneros y los propietarios tienen que hacer frente a las difíciles condiciones de las carreteras, los frecuentes atascos y retrasos en las fronteras y, a veces, los robos.

“Suiza” es un régimen regulador al que Metal Corp alquila el acceso pagando la cuota mínima de los impuestos de Zug.

Dado que el cobre es caro de transportar por tierra, los costes de envío a los puertos son un factor crucial para la fijación de precios y los beneficios. Hoy en día, los precios del cobre en el mercado mundial son muy transparentes, y las oportunidades de arbitraje son cada vez más escasas con la omnipresencia de los medios electrónicos y la información, de modo que los beneficios obtenidos en la figurativa «primera y última milla» son cada vez más importantes para los ingresos de los comerciantes.³⁴ Aquí –en el transporte por camión en Zambia, en el almacenamiento, en el papeleo transfronterizo–, la presencia sobre el terreno, el conocimiento local y las buenas conexiones tanto con las autoridades locales como con los actores transfronterizos son indispensables,³⁵ y la información sobre los costes de transporte es mucho menos transparente que la información sobre los precios del mercado del cobre. En consecuencia, algunos comerciantes mundiales de materias primas invierten cada vez más en toda la cadena de transporte para independizarse de las empresas de logística y obtener el control de los beneficios en estos segmentos cruciales.³⁶ Las empresas suizas no son una excepción. Mientras que Glencore ha invertido principalmente en empresas de camiones que transportan cobre desde la RDC, Trafigura se ha dedicado, por un lado, al almacenamiento y, por otro, a la logística del petróleo que alimenta todo el transporte (véase más adelante).

Glencore utiliza la empresa de camiones Muzuri Sana para transportar el cobre desde su mina de Mutanda, en la RDC, hasta los almacenes de Zambia. Esta empresa, según los entrevistados zambianos, es una joint venture entre Mutanda y Hakuna Matata, el negocio de camiones propiedad del ex gobernador de Katanga, magnate minero y candidato presidencial de la oposición Moïse Katumbi. (En un acuerdo muy similar, la vecina mina de Tenke Fungurume transporta su cobre a Zambia utilizando los camiones de Habari Kani, también copropiedad de Hakuna Matata).³⁷

Estas empresas transportan cobre y cobalto desde la provincia de Katanga, en la RDC, a Zambia a través del puesto fronterizo de Kasumbalesa. Descargan en el cinturón del cobre zambiano y llevan los suministros mineros de vuelta a la RDC. El transporte posterior desde el cinturón de cobre hasta los puertos corre a cargo de distintas empresas. La razón principal de este arreglo es la dificultad de transportar mercancías a través de la RDC. Legalmente, las mercancías extraídas en la RDC deben ser transportadas por empresas registradas en la RDC con conductores congoleños. Y lo que es más importante, los camioneros con los que hablamos indicaron que necesitaban muchos conocimientos y conexiones locales para sortear los controles en las carreteras de la RDC, un conjunto de cualificaciones bastante diferente del que se necesita para las rutas a Gauteng o Dar es Salaam.

El papel de las empresas suizas en el transporte no se detiene en los puertos. Aunque Suiza no tiene puertos marítimos, la Mediterranean Shipping Company (MSC), el segundo mayor transportista de contenedores del mundo, tiene su sede en Ginebra. Junto con sus competidores Maersk y CMA-CGM, la compañía es un actor importante en los envíos de cobre desde los puertos del sur de África. Las tres compañías ofrecen servicios de desembarque directo para Zambia, pero dado que el transporte de cobre puede planificarse con antelación y está muy rutinizado, la mayoría de los cargadores prefieren organizar su propio transporte, de modo que los armadores como MSC solo entran en juego en la terminal portuaria.³⁸

Almacenamiento. El almacenamiento es una parte integral de la gestión logística. En el pasado, el cobre zambiano solía almacenarse en los terrenos de la mina a la espera de ser embarcado. Hoy en día, el cobre se envía inmediatamente después de la extracción y se almacena en depósitos aduaneros en el cinturón de cobre o en países vecinos. Muchos de estos almacenes están gestionados por empresas internacionales de logística. Para estas empresas, los almacenes son cruciales para optimizar las cargas por camión y ferrocarril, para almacenar, reempaquetar y mezclar, y para regular los flujos de caja almacenando y liberando valor.

En Zambia, la mayoría de las empresas internacionales de logística concentran sus esfuerzos en la ruta hacia un puerto concreto. J&J, por ejemplo, una empresa mozambiqueña, se concentra en el transporte a Beira, mientras que el gigante francés de la logística Bolloré se especializa en la ruta a Durban. El principal actor suizo del sector es Impala Terminals, la rama logística de Trafigura. Impala ha invertido mucho en infraestructuras a lo largo del corredor Kolwezi-Lubumbashi-Ndola-Dar es Salaam. La empresa explota la mayor terminal de un solo cliente en el puerto de Dar es Salaam y utiliza sus recursos para canalizar los transportes de cobre a Dar (y para influir en las políticas comerciales de Tanzania, como la fiscalidad y el desarrollo ferroviario). La empresa posee almacenes aduaneros en Kolwezi, Lubumbashi, Ndola y Dar, todos ellos con conexiones por carretera y ferrocarril, y puede manipular contenedores de 20 y 40 pies, así como carga fraccionada. A lo largo de la carretera a Dar es Salaam, Impala ha construido paradas de camiones específicas como puntos de parada seguros para los transportes de cobre.³⁹

Además de servir a los propios transportes de Trafigura, su almacén de Ndola es un centro importante para los transportes de cobre de terceros desde la RDC y Zambia a Walvis Bay y Durban. Lo mismo ocurre con el segundo almacén de cobre de nueva construcción, el centro de Chingola de Bolloré. Su principal objetivo es servir de entrepuerto para el cobre de la RDC y de punto de encuentro de las flotas de camiones del sur y del norte. Esta inversión de 10 millones de dólares se inauguró en mayo de 2014 y hoy maneja unas 360.000 toneladas al año de cobre, cobalto y reactivos mineros. Además de sus almacenes, camiones y terminales, Bolloré es también el mayor agente de aduanas de Zambia para envíos de terceros.^40]

La mayor parte del transporte, ya sea por carretera o ferrocarril, lo siguen realizando empresas sudafricanas como BHL, J&J o GSM, algunas registradas en Zambia y otras en Sudáfrica, Namibia o Mozambique. Las estrictas condiciones contractuales del transporte de cobre solo pueden cumplirlas las grandes empresas de transporte, que suelen poseer y explotar unos cientos de camiones. Los cátodos de cobre se transportan a los almacenes en camiones de plataforma o contenedores, mientras que los transportes a los puertos se hacen exclusivamente en contenedores para evitar la recarga. Antes de ser cargado en contenedores, el cobre transportado en camiones de plataforma tiene que ser lavado, un servicio que no todos los almacenes pueden ofrecer.⁴¹ Los contratos de transporte suelen insistir en que haya convoyes, seguimiento por GPS y personal de seguridad armado.

Combustible. Al igual que las excavadoras y los camiones mineros, los camiones y trenes diésel necesitan combustible. El suministro de combustible a Zambia y a los países vecinos es una parte integral de la logística del cobre, en la que una empresa suiza desempeña un papel importante. Trafigura posee una participación del 49% en Puma Energy, una de las empresas de distribución de productos petrolíferos más importantes del sur de África.

Puma ha sido controvertida desde el principio, especialmente en lo que respecta a su inversión angoleña. El 28% de la empresa, que posee la mayor parte del negocio de distribución de petróleo de Angola, está en manos de Sonangol, la compañía petrolera estatal angoleña; otro 15% es propiedad de Chochan Holdings, una empresa fundada y propiedad del general Leopoldino («Dino») Fragoso do Nascimento, uno de los empresarios y políticos angoleños más ricos y mejor relacionados. En 2011, la empresa compró participaciones en las estaciones de BP de Namibia (100%), Botsuana (100%), Zambia (75%), Malaui (50%) y Tanzania (50%) y se hizo con un enorme depósito de almacenamiento en Walvis Bay.⁴² En 2014, Puma Energy Africa Holdings adquirió una participación del 49% en la empresa zimbabuense Sakunda Energy, una empresa monopolística de distribución de combustible fundada por Kudakwashe Tagwirei, un empresario bien relacionado con el ejército de Zimbabue. A través de Sakunda, Puma controla el oleoducto Feruka entre sus instalaciones de almacenamiento en Beira y Harare, que se ha convertido en un importante problema político en el conflicto entre el presidente Mnangagwa y los militares.⁴³

Más recientemente, Trafigura, a través de DTS, una empresa conjunta al 50% entre Trafigura y Cochan del general Dino, ha invertido en la reapertura de una ruta ferroviaria crucial desde Kolwezi, en la RDC, hasta el puerto de Lobito, en Angola.⁴⁴ Puma, por supuesto, no es la única compañía petrolera en estos países, pero una buena parte de los transportes de cobre, sea cual sea la compañía naviera, beneficia indirectamente a Trafigura.

Pruebas, certificación y vigilancia. Otro elemento muy importante de la logística, pero que a menudo se pasa por alto, es la certificación y vigilancia de las mercancías. A menudo, los propios comerciantes no tienen la posibilidad de evaluar la calidad de las mercancías que compran y venden. Los bancos que financian operaciones comerciales tienen que saber que sus valores valen lo que el deudor reclama. Las compañías de seguros tienen que asegurarse de que la cobertura del seguro se corresponde con el valor de las mercancías. Los compradores quieren asegurarse de que los productos se ajustan a sus especificaciones antes de que se los envíen. Los organismos estatales evalúan los derechos en función del contenido metálico. En todos estos casos, los servicios independientes de inspección y verificación aumentan la confianza y permiten realizar transacciones anónimas.

Quizá no sorprenda que una de las mayores empresas de inspección tenga su sede en Suiza: SGS (antes Société Générale de Surveillance). SGS tiene una
gran presencia en todo el mundo y certifica todo tipo de productos, desde la crema de avellanas hasta las centrales nucleares, desde los derechos laborales hasta el contenido de metales y desde el comercio justo hasta la seguridad alimentaria. Gracias a su participación en organismos industriales e iniciativas de múltiples partes interesadas, es uno de los organismos privados de normalización más importantes de la economía mundial.⁴⁵ La empresa opera en muchos países africanos. Dirige la inspección de vehículos de Uganda, opera básculas puente, servicios de seguimiento electrónico de cargas y servicios de verificación de importaciones para el gobierno de Kenia y supervisa a los contratistas de carreteras en Senegal.

Quizá no sorprenda que una de las mayores empresas de inspección tenga su sede en Suiza: SGS, firma global que certifica todo tipo de productos.

En Zambia, SGS posee un laboratorio en la pequeña ciudad de Kalulushi, en el cinturón de cobre, en el que confían muchas minas para las pruebas de mineral; Glencore, por ejemplo, utiliza el laboratorio para las muestras de Katanga Mining.⁴⁶ Laboratorios similares de SGS operan en Sudáfrica. Y lo que es aún más importante, SGS supervisa el embalaje de los contenedores en los almacenes de Sudáfrica y Tanzania y certifica su contenido. Este servicio es crucial para el comercio, los seguros y la financiación, y junto con sus competidores Alfred H. Knight y Alex Stewart, SGS es uno de los actores más importantes de África y del mundo. Las tres empresas figuran también entre los muestreadores que cotizan en la bolsa de metales de Londres.

Aduanas. Una última aportación suiza a las partes zambianas de la red mundial de producción de cobre necesita al menos ser mencionada: cada mercancía que se importa o exporta de Zambia, ya sea maquinaria, cobre, ácido sulfúrico o naranjas, pasa por un servicio suizo de exportación. Como la mayoría de los países del mundo, Zambia utiliza Asycuda (Sistema Automatizado de Datos Aduaneros, actualmente Asycuda World) para tramitar todos los documentos aduaneros. Este programa informático de gestión aduanera integrada ha sido desarrollado por la UNCTAD en Ginebra. Es uno de los medios técnicos menos conocidos, pero más importantes, de facilitación y normalización del comercio. En un servicio basado en la nube que funciona en servidores de Lusaka, los transportistas, agentes de aduanas y expedidores pueden introducir electrónicamente los envíos para el (pre)despacho de aduanas. A pesar de muchos problemas, la mayoría relacionados con la inactividad de los servidores, el uso de Asycuda ha mejorado significativamente los flujos de trabajo y la transparencia de las aduanas de Zambia y ha acortado considerablemente los tiempos de tramitación en las fronteras. Proporciona al Estado los instrumentos necesarios para recaudar ingresos y recopilar datos comerciales precisos, facilita la financiación y los seguros y permite a los transportistas y propietarios controlar mejor sus envíos. El software es, por tanto, un factor crucial para reducir los costes de transporte y aumentar la eficiencia, y ni los corredores de transporte ni los puestos fronterizos de ventanilla única funcionarían realmente sin él.

Esto puede sonar universalmente benigno, pero también crea efectos de distribución importantes y poco estudiados. Los menores costes de transporte modifican la distribución de los beneficios dentro de la red de producción mundial: los beneficios para los países productores y consumidores se generan al disminuir los ingresos en los países mineros y de tránsito. En el caso de los países exportadores de recursos, podrían contribuir a una mayor externalización de los beneficios, que tendrían que compensarse con impuestos o cánones para financiar las infraestructuras de las que dependen.

Desafíos al extractivismo suizo: actores de la sociedad civil en Zambia y Suiza

Hasta ahora hemos examinado la sorprendente importancia de los actores empresariales suizos en algunos segmentos de la red mundial de producción de cobre de Zambia. Nos hemos centrado en el poder corporativo y en la capacidad de las empresas suizas para capturar valor, puntos sobre los que volveremos con más detalle en la conclusión.

La imagen del extractivismo suizo estaría incompleta sin incluir el clima público en el que operan las empresas. Las OSC, las ONG, los políticos (y a veces los investigadores) tienen el potencial de influir en el valor que las empresas pueden y no pueden capturar, y forman una parte crucial del entorno en el que las empresas toman decisiones estratégicas. El clima público tanto en Zambia como en Suiza se ha vuelto cada vez más crítico hacia la extracción de materias primas, pero la regulación en Suiza sigue siendo en gran medida favorable para las empresas internacionales

Los diferentes cantones de Suiza compiten en la carrera nacional e internacional por los tipos más bajos del impuesto de sociedades. La media mundial para los impuestos sobre los beneficios, el impuesto sobre el capital y el impuesto sobre la propiedad combinados es del 29%; la media suiza es del 16,6%, mientras que algunos cantones se mantienen por debajo del 12%.⁴⁷ Este es un incentivo importante para que las empresas se trasladen a Suiza y optimicen los impuestos trasladando los beneficios al país.⁴⁸ Para las empresas mineras internacionales, el comercio intraempresarial con sucursales suizas puede ser una vía importante para reducir la carga fiscal y aumentar los beneficios de los accionistas. Esto aumenta las dificultades de los países exportadores de materias primas para gravar eficazmente las industrias extractivas.⁴⁹ Trafigura Group, por ejemplo, da su tasa impositiva global efectiva en 2017 como 8,4%.⁵⁰

El clima público tanto en Zambia como en Suiza se ha vuelto cada vez más crítico hacia la extracción de materias primas.

Es notoriamente difícil evaluar si todas las estrategias de optimización fiscal son legales. En abril de 2011, la ONG suiza Berne Declaration (hoy Public Eye) presentó junto con otras ONG internacionales una denuncia formal ante la OCDE contra Glencore y FQM por presunto incumplimiento de las Directrices de la OCDE.⁵¹ La denuncia se basaba en un informe de auditoría de 2009 realizado en nombre de las autoridades de Zambia.⁵² En él se alegaba que la filial de FQM, Mopani Copper Mines, manipuló sus cuentas financieras con el fin de reducir su factura fiscal mediante la sobreestimación de los costes de explotación, la subestimación de los volúmenes de extracción, la manipulación de los precios de transferencia y el incumplimiento del principio de plena competencia. El Punto Nacional de Contacto (PNC) suizo de la OCDE tramitó la denuncia y facilitó la mediación. El resultado fue decepcionante para los actores de la sociedad civil. Como se describe en la declaración final del PNC de noviembre de 2012, las partes solo pudieron «acordar estar en desacuerdo», e incluso este acuerdo sigue siendo confidencial.

A pesar de su éxito limitado, el ejemplo es típico de los desafíos contemporáneos al extractivismo. La oposición a las supuestas irregularidades de una empresa no surgió de las autoridades reguladoras de los estados, sino de actores de la sociedad civil que se perciben a sí mismos como vigilantes de la ética en relación con las empresas mundiales. Al aumentar los riesgos para la reputación y la regulación, los actores de la sociedad civil pueden cambiar las estrategias empresariales y la captura de valor.⁵³ No permanecen al margen de las redes mundiales de producción, sino que pueden convertirse en una fuerza importante que les dé forma.

En Suiza, la conciencia pública del peso económico y político del sector del comercio de materias primas, así como de sus aspectos problemáticos, ha ido creciendo en los últimos años. La opinión pública suiza recibe más información que nunca sobre la mala conducta de empresas suizas en otros países. Un punto central es la iniciativa de referéndum «Iniciativa Empresarial Responsable», puesta en marcha por una alianza de más de 80 ONG, OSC e iglesias.⁵⁴ La iniciativa pretende hacer legalmente obligatorio el cumplimiento global de las normas medioambientales y de derechos humanos para todas las grandes empresas, e introducir el derecho a recurrir a los tribunales suizos en caso de infracción. Se basa en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011, que el Consejo Federal Suizo solo aplicó como recomendaciones voluntarias. En el momento de escribir estas líneas, ambas cámaras del Parlamento suizo han rechazado una contrapropuesta reducida, lo que significa con toda probabilidad que el pueblo suizo votará sobre la iniciativa en referéndum en 2020.^55]

La iniciativa se basa en décadas de solidaridad y trabajo de campaña de las OSC y ONG suizas. A nivel internacional, la organización más conocida que lucha por unas relaciones justas entre Suiza y los países más pobres es Public Eye, pero varias organizaciones más pequeñas realizan un trabajo similar a nivel de base, a menudo en cooperación con socios del Sur. Los políticos de izquierdas también han intentado sistemáticamente cambiar la política a nivel cantonal, como Josef Lang, del partido Alternativa Verde, o los Jóvenes Verdes del cantón de Zug, donde Glencore y muchos otros comerciantes tienen su sede. Una estrategia ha consistido en llamar la atención de la población sobre las malas condiciones de vida y las violaciones de los derechos humanos en los alrededores de las plantas de las empresas suizas, un esfuerzo en el que los medios de comunicación públicos suizos han desempeñado un papel importante.⁵⁶

En Zambia, la oposición a la industria minera ha estado presente desde que existe la minería comercial, y los sindicatos han criticado duramente la privatización en la década de 1990.⁵⁷ La influencia tanto de los sindicatos⁵⁸ como de la sociedad civil se ha visto debilitada por la liberalización y la falta de fondos, así como por la creciente opresión estatal bajo el Gobierno del Frente Patriótico desde 2011. Las ONG, a menudo con financiación extranjera, como Publish What you Pay (PWYP), ActionAid y Cáritas, celebran anualmente indabas nacionales y regionales para debatir el estado del sector minero y, de forma limitada, las alternativas a la minería con representantes de la industria y el Gobierno. Frente a un Estado cada vez más autoritario, solo un pequeño número de ONG está en condiciones de denunciar la explotación de los recursos del país, la mala gestión y la corrupción. Aunque trabajan en condiciones mucho más difíciles que sus homólogos suizos, estas iniciativas han planteado retos muy importantes a las empresas mineras de Zambia.

La más exitosa de estas iniciativas es probablemente la demanda judicial presentada por el viudo de Beatrice Mithi. Mithi, comisaria del distrito de Mufulira, murió tras inhalar dióxido de azufre liberado por Mopani Copper Mines, filial de Glencore, en 2013. El año anterior, la Autoridad de Gestión Medioambiental de Zambia (ZEMA) había encontrado pruebas de que las nieblas ácidas perjudicaban a las personas y al medio ambiente en las comunidades de Mufulira y ordenó el cierre de una de las plantas de Mopani debido a sus niveles de contaminación. En 2016, el Tribunal Superior de Kabwe dictaminó que las emisiones de dióxido de azufre de la planta de cobre causaron la muerte de Mithi, y ordenó a la filial de Glencore que cotiza en Londres pagar 400.000 kwachas zambianos por daños y perjuicios al viudo.⁵⁹ Glencore había rechazado la demanda alegando un acuerdo de indemnización medioambiental firmado con el gobierno zambiano en 2000. El juez dictaminó que el acuerdo no era aplicable porque las emisiones de dióxido de azufre habían superado los límites legales. Glencore ha recurrido la sentencia ante el más alto tribunal de Zambia.

Otro caso digno de mención no está directamente relacionado con Suiza, pero tanto la sociedad civil como las empresas lo siguen de cerca como posible precedente importante. Lungowe y otros contra Vedanta Resources y Konkola Copper Mines se presentó extraterritorialmente ante un tribunal del Reino Unido en 2015. Con la ayuda del bufete de abogados Leigh Day, 1.826 zambianos alegan que, como consecuencia del vertido de efluentes tóxicos de la mina de Nchanga, en Chingola (Copperbelt), sufrieron pérdidas de ingresos al resultar dañadas las tierras y las vías fluviales de las que dependían sus medios de vida. Alegan además que muchos sufren lesiones personales como consecuencia del uso de agua contaminada. Los demandados, Vedanta y su filial Konkola Copper Mines, impugnaron la competencia de los tribunales ingleses. En 2016, tras una vista de tres días, el juez consideró que un tribunal inglés era el foro más adecuado para la resolución de las demandas y permitió que estas siguieran adelante. El recurso de las empresas fue desestimado por el Tribunal de Apelación el 13 de octubre de 2017.

A pesar de su éxito provisional, ambos casos también demuestran que los largos procesos de apelación juegan a favor de las empresas, ya que pueden agotar fácilmente los recursos y la paciencia de los demandantes.⁶⁰ Las alianzas con ONG del Norte o con bufetes de abogados que disponen de mejores recursos parecen una forma de abordar este desequilibrio inherente.

No todas las iniciativas de la sociedad civil zambiana son tan destacadas. Muchas OSC trabajan a nivel local y nunca llegan más allá de sus circunscripciones. Un ejemplo reciente es el Foro de ONG de Mufulira, que exige agua potable a Mopani Copper Mines y hace campaña tanto en el municipio como en la mina. Su trabajo está financiado en parte por Solifonds, una ONG suiza fundada por la Federación Suiza de Sindicatos y varias otras instituciones, y muy activa cuando se trata del papel global de las empresas suizas.⁶¹

Otros desafíos para las empresas mineras tienen su origen en los gobiernos de los estados exportadores de materias primas. Varios gobiernos africanos introdujeron recientemente nuevos códigos mineros (por ejemplo, RDC) o emitieron grandes facturas a las empresas por impuestos pendientes (por ejemplo, Tanzania y Zambia). A principios de 2018, la Autoridad Tributaria de Zambia (ZRA) facturó a FQM derechos de importación pendientes por valor de 150 millones de dólares e intereses y sanciones asociados por valor de 8.000 millones de dólares. La ZRA alegó que los consumibles para uso en la mina Sentinel (Kalumbila) se clasificaron incorrectamente como maquinaria minera, que no devenga derechos de importación, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017. FQM refuta la acusación y, en el momento de escribir estas líneas, está llevando a cabo su propia auditoría. Aunque algunos sostienen que la factura fiscal es principalmente un esfuerzo del Gobierno de Zambia para posponer su crisis de deuda evitando los reembolsos pendientes del IVA,⁶² el pago fue noticia internacional y llevó a Moody’s a revisar su perspectiva de calificación de FQM de estable a negativa.

Tales esfuerzos estatales para frenar el poder corporativo hoy en día siguen siendo a nivel nacional y a menudo fracasan debido al poder de negociación de las empresas mineras. Aunque el anterior sistema zambiano de minas nacionalizadas y comercialización nacionalizada del cobre tenía muchos problemas, dejaba oportunidades algo mayores para presionar en favor de precios más altos y un entorno de mercado más justo. El Conseil Intergouvernemental des Pays Exportateurs de Cuivre (CIPEC), fundado en Lusaka en 1967 y disuelto finalmente en 1988, fue una iniciativa estatal para aumentar el poder de mercado de los países que dependían de las exportaciones de cobre. Aunque el CIPEC nunca ha tenido éxito,⁶³ incluso el intento de formar un grupo de este tipo se enfrentaría a obstáculos mucho mayores hoy en día. El gobierno de Zambia depende en gran medida de los impuestos de las empresas mineras. En todos los aspectos de la política minera, el gobierno tiene que negociar con empresas multinacionales cuyos directivos están sometidos a presiones para reducir costes y que pueden enfrentar a distintos países entre sí. A pesar de los esfuerzos estatales por aumentar el impacto de la minería en el desarrollo,⁶⁴ el margen de actuación de los gobiernos es reducido, lo que deja a los actores de la sociedad civil, tanto en los países del Norte como en los del Sur, como los grupos de presión más importantes.

Nuestros ejemplos de desafíos al extractivismo en Zambia y Suiza muestran la importancia, pero también algunos problemas y limitaciones de la acción de la sociedad civil.

En primer lugar, todas las iniciativas existentes se centran en la dimensión minera de las empresas, en las consecuencias directas para las comunidades afectadas y en ejemplos extraordinarios de mala conducta empresarial, cuestiones en torno a las cuales pueden organizarse campañas significativas. Abordar las prácticas empresariales cotidianas y las consecuencias de los aspectos menos visibles de la extracción –por ejemplo, el comercio, la logística y el transporte– es mucho más difícil. El funcionamiento interno de las empresas sigue siendo opaco para las personas ajenas a ellas, y las consecuencias de las fuerzas anónimas del mercado son mucho más difíciles de mostrar que las consecuencias de, por ejemplo, un vertido de ácido.

En segundo lugar, tanto los grupos de la sociedad civil como los estados se enfrentan al carácter transnacional de las empresas y a su distanciamiento de un lugar concreto. Debido a la compleja estructura jurídica de las empresas internacionales, a menudo ninguna jurisdicción nacional específica parece ser el lugar adecuado para exigirles responsabilidades.  Ningún órgano judicial transnacional está facultado para investigar las prácticas de las empresas a través de las soberanías estatales⁶⁵ y, debido a los desequilibrios de poder entre las empresas mineras internacionales y los gobiernos, las posibilidades de una acción supranacional de los países exportadores parecen escasas.

En tercer lugar, a pesar de las críticas públicas, el extractivismo suizo sigue gozando de un considerable apoyo estatal, tanto en Suiza como en Zambia. Se considera que la economía suiza se beneficia enormemente del comercio de tránsito.⁶⁶ Zambia, por su parte, no tiene más remedio que depender de los inversores internacionales para obtener ingresos fiscales y empleo, lo que deja al gobierno con pocos recursos frente al poder de negociación de las empresas.

Conclusión: la captura de valor en el extractivismo global

Hemos rastreado las diferentes formas en que las empresas suizas participan en las redes mundiales de producción del cobre extraído en Zambia. Nuestro enfoque ha sido muy restringido. Solo hemos analizado el segmento relativamente pequeño entre la minería y los puertos del sur de África. No hemos considerado lo que ocurre aguas arriba de la minería, por ejemplo, en maquinaria minera, suministros, patentes o formación en ingeniería, ni hemos analizado el procesamiento posterior una vez que el cobre sale del continente. Hemos ignorado por completo las finanzas y los seguros, en los que las empresas suizas desempeñan un papel crucial a escala mundial, y hemos dejado de lado el papel del capital suizo invertido en otros lugares.

A pesar de tales limitaciones, ha empezado a surgir una imagen clara. Hemos conocido el papel de Suiza en el sector del cobre de Zambia y podemos aprender de él.

Debido a la compleja estructura jurídica de las empresas internacionales, a menudo ninguna jurisdicción nacional específica parece ser el lugar adecuado para exigirles responsabilidades.

¿Qué hemos aprendido sobre el papel de Suiza? En primer lugar: es más importante de lo que la mayoría de la gente, incluidos nosotros, habríamos supuesto. Aunque solo una de las cinco principales empresas mineras de Zambia tiene su sede en Suiza, una parte sustancial del comercio, la logística, la certificación y, hasta cierto punto, el transporte del cobre corre a cargo de empresas suizas. Es muy difícil cuantificar la participación suiza; las cifras exactas son difíciles de obtener y el nexo suizo de las empresas multinacionales es a menudo imposible de medir. Sin embargo, para un país de poco más de 8 millones de habitantes, Suiza desempeña un papel de primer orden. Mientras que el comercio de tránsito del país ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años, otros aspectos de la participación suiza han permanecido en gran medida desapercibidos.

Si nuestros datos pueden generalizarse, las empresas suizas dedicadas a la extracción de materias primas suelen invertir en servicios más que en la extracción propiamente dicha. Los servicios, a diferencia de la extracción, requieren una inversión comparativamente baja o móvil y proporcionan beneficios estables relativamente independientes de los precios. Las técnicas y los conocimientos técnicos, que por supuesto son muy importantes para estos servicios, suelen ser mucho más adaptables a diferentes materias primas que en el caso de la extracción. En resumen, los servicios son más móviles y menos dependientes de un solo país o de un solo mercado de materias primas que la minería.

Esta tendencia a la flexibilidad explica las vías por las que las empresas suizas de servicios suelen expandirse en los mercados en desarrollo. Adquieren empresas locales de éxito y las integran en una marca global. Mediante estas adquisiciones, pueden apropiarse de la experiencia y la credibilidad locales y combinarlas con su propio alcance global y su reputación internacional. Esto, además, permite a las empresas equilibrar diferentes mercados entre sí, manteniendo las pérdidas locales y apropiándose de las ganancias.⁶⁷

En resumen: la economía de servicios suiza puede beneficiarse de la extracción global en gran medida sin sufrir los inconvenientes de la dinámica extractivista. Las empresas suizas suelen construir y mantener la infraestructura del comercio mundial de materias primas en lugar de comprometerse con la gran inversión localizada necesaria en la minería. Al hacerlo, continúan una larga historia de facilitación suiza del comercio mundial, desde la trata de esclavos hasta el oro del apartheid.

No todas las empresas suizas son iguales. Algunas tienen su origen en Suiza, mientras que otras se han trasladado allí recientemente. Diferentes empresas mundiales se sienten atraídas por distintos aspectos del modelo suizo tal como lo hemos descrito; algunas buscan un régimen fiscal favorable y no necesitan mucho más que un buzón en Zug, mientras que otras buscan el acceso al centro de comercio y finanzas y al personal cualificado que trabaja en él. Algunas empresas suizas –Glencore o Trafigura– están integradas verticalmente y extienden sus actividades a muchos países, mientras que otras –Metal Corp– son simplemente una parte local de una empresa mundial.

Sea cual sea su papel y su alcance, ya no pueden confiar en permanecer sin cuestionamiento. La marcada diferencia en las condiciones de vida entre Suiza y muchos países en los que operan empresas suizas suscita críticas y, cada vez más, peticiones de regulación y control. El mayor activo de las empresas con sede en Suiza, su capacidad para tender puentes entre los mercados y extraer valor de todos ellos, puede convertirse entonces en un pasivo. La interconexión mundial de las empresas suizas también puede crear las condiciones para que la presión de la sociedad civil en Suiza genere cambios materiales para las personas que viven en otros países.

¿Qué nos enseñan estas percepciones de las relaciones económicas entre Suiza y Zambia sobre las estructuras económicas del extractivismo?

En primer lugar, sería un error que todas las personas implicadas –estudiosos, activistas, reguladores – se centraran únicamente en las minas y los pozos cuando intentan comprender el extractivismo. Los lugares de extracción son masivos, prominentes y visibles. Tienen un enorme impacto ecológico, económico y social. Esta prominencia tiende a ocultar la infraestructura que les permite funcionar. El sector servicios es una parte importante de esta infraestructura, y uno en el que se puede obtener una parte considerable de los beneficios de la extracción.

La servicificación afecta a la distribución de los beneficios tanto como la globalización de la minería. Los economistas han argumentado que las estructuras de poder asimétricas en las cadenas de valor mundiales conducen a una distribución desigual de los beneficios,⁶⁸ y que el valor añadido nacional puede disminuir con la integración en las cadenas de valor mundiales «debido a una inyección de contenido de mano de obra extranjera altamente cualificada en sus exportaciones»,⁶⁹ un proceso tan claramente visible en la proporción de trabajadores expatriados en las categorías salariales más altas de las minas de Zambia como en la dependencia de las empresas de logística de los conocimientos técnicos producidos en países mejor pagados. Cuando se trata de la extracción de minerales en África, los análisis de estas tendencias rara vez han tenido en cuenta el sector servicios. No disponemos de datos cuantitativos suficientes para corroborarlo claramente, pero nuestro análisis cualitativo muestra que las tareas de servicios de mayor cualificación que crean un valor añadido estable son asumidas cada vez más por empresas internacionales.

Estas tendencias modifican la distribución de los beneficios en las redes mundiales de producción. En dichas redes, un gran número de actores de diferentes países crean conjuntamente valor que, cuando satisface la demanda del mercado, puede traducirse en beneficios. La red de producción no solo organiza la cooperación entre los actores, sino que también es un mecanismo para asignar un valor relativo a cada una de las contribuciones de los actores y remunerarlas en consecuencia. Los distintos agentes tienen distintas capacidades para convencer a los demás del valor de sus actividades y, por consiguiente, para captar valor dentro de la red.

La dependencia de la extracción de materias primas es problemática para los países más pobres por dos razones principales. En primer lugar, les deja en la red de producción solo con los segmentos de relativamente poco valor de lo que se produce (definido como “producción”). En segundo lugar, un porcentaje comparativamente elevado de los beneficios generados incluso en estos sectores se exporta a otras economías nacionales como dividendo sobre la inversión de capital, de modo que no puede invertirse para desarrollar alternativas económicas a la extracción en los países mineros.

Como muestra nuestro análisis del papel de Suiza en Zambia, ambos argumentos son válidos para la infraestructura de extracción. Entre las minas y los puertos, un gran número de actores añaden valor al cobre: desde los estados que construyen carreteras y ferrocarriles hasta las empresas de logística, pasando por los camioneros, los encargados de las gasolineras, los guardias de seguridad o los vendedores de comida al borde de la carretera. Cada uno de ellos crea valor, pero su capacidad para captar partes de la creación de valor global difiere enormemente. Las empresas suizas se encuentran entre las que más éxito han tenido a la hora de hacerse con una parte del valor añadido del cobre entre su extracción y su uso en la producción industrial. Sus ventajas competitivas les permiten invertir con flexibilidad en los segmentos más lucrativos de las redes de producción del cobre. Como consecuencia, pueden generar y apropiarse de una parte cada vez mayor de los beneficios generados en los segmentos sudafricanos de la cadena de valor del cobre, beneficios que luego mejoran la vida a orillas del lago Zug, no en Zambia.

Las condiciones previas para que Suiza ocupe un lugar favorable en las cadenas mundiales de materias primas son los conocimientos técnicos, el acceso a la financiación, la reputación mundial y, no menos importante, la estabilidad política. Estas condiciones también han convertido al país en un centro de organizaciones internacionales y de regulación mundial, una proximidad que, de nuevo, crea una ventaja para las empresas establecidas allí. Todas estas ventajas permiten a las empresas suizas controlar partes esenciales de la red mundial de producción de cobre, y generar una gran cantidad de beneficios en el camino.

La desigual distribución de los beneficios también debería hacer que los gobiernos se pensaran dos veces la utilidad de los proyectos de infraestructuras que conectan los lugares de extracción con los mercados mundiales.⁷⁰ Puede que aumenten la actividad económica, pero sin cambios adicionales, lo más probable es que las empresas mundiales se lleven las ganancias inesperadas mientras que los contribuyentes nacionales tendrán que hacer frente a las deudas.⁷¹

La minería se ha presentado a menudo como un negocio sucio vinculado a la degradación medioambiental, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la evasión fiscal. La sociedad civil y, al menos en parte, los actores gubernamentales se han centrado en estos problemas. El estudio de caso que comentamos muestra que, si bien es importante centrarse en las prácticas corruptas, la sociedad civil también debería debatir la asignación desigual normalizada de beneficios, salarios, impuestos y prestaciones. En la economía mundial financiarizada, la participación de los propietarios del capital en los beneficios lleva décadas aumentando. Dado que el capital invertido en las industrias extractivas y los servicios relacionados suele proceder de los países ricos del Norte, esto también ha desplazado el equilibrio de los beneficios entre el Norte y el Sur globales. Los intentos de corregir este cambio y aumentar la parte de los beneficios que se queda en un país exportador de materias primas pueden utilizar cada uno de los factores de producción clásicos como palanca: la tierra aumentando los cánones mineros, la mano de obra negociando mejores salarios, puestos de trabajo mejor pagados o tasas de empleo más altas, y el capital aumentando los impuestos o la propiedad. Zambia lo ha intentado y ha fracasado en todos estos frentes, y a pesar del éxito comercial de su sector minero, el país se enfrenta a una creciente inseguridad económica.

Para Suiza, la industria minera de Zambia ha tenido el efecto contrario. Las empresas suizas han encontrado en Zambia oportunidades de inversión lucrativas y de bajo riesgo, centrándose en la logística y el comercio de minerales. La minería en Zambia crea así un flujo constante de ingresos para las empresas registradas en Suiza, mientras que gran parte de los costes económicos, políticos y medioambientales de la minería recaen sobre los zambianos.

Gregor Dobler es profesor en el Instituto de Etnología, Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Friburgo (Alemania).

Rita Kesselring forma parte de la sección de Etnología en el Departamento de Ciecias Sociales de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de Basilea (Suiza).

NOTAS:

¹ Este artículo es una traducción del texto publicado por los mismos autores en The Journal of Modern African Studies, vol. 57, núm. 2, pp. 223-245, con licencia libre, y disponible en su versión original. La investigación para este artículo ha sido financiada por SNIS, la Red Suiza de Estudios Internacionales. Damos las gracias a todos los socios del proyecto Valueworks. Terminamos el artículo como Fung Global Fellow en el Institute for International and Regional Studies (PIIRS), Universidad de Princeton (Rita Kesselring), y como Visitor en el Institute for Advanced Study, Princeton (Gregor Dobler); estamos muy agradecidos a ambas instituciones por el inspirador entorno de escritura que nos ofrecieron. Dos revisores anónimos han aportado críticas muy valiosas. Sobre todo, queremos agradecer a nuestros compañeros de investigación zambianos su hospitalidad, su interés por nuestra investigación y su paciencia ante nuestra curiosidad.

² Alberto Acosta, «Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse», en Miriam Lang y Dunia  Mokrani, eds. Beyond Development: alternative visions from Latin America, Fundación Rosa Luxemburgo, Quito, 2013, pp. 61–86; Eduardo Gudynas, «Extractivism», en Ronaldo Munck y Raúl Delgado Wise (eds.), Reframing Latin American Development,  Routledge, Nueva York, 2018, pp. 61–77.

³ Womin, African Women Unite Against Destructive Resource Extraction, Women, Gender and Extractivism: a collection of papers, Johannesburgo, 2013; Jasper Abembia Ayelazuno, «The “new extractivism” in Ghana: a critical review of its development prospects», The Extractive Industries and Society, vol. 1, núm. 2, 2014, pp. 292–302; Gregor Dobler, «China and Namibia, 1990 to 2015: how a new actor changes the dynamics of political economy», Review of African Political Economy 44, 153, 2017, pp. 449–65; Bettina Engels y Kristina Dietz (eds.), Contested Extractivism, Society and the State – Struggles over Mining and Land, Palgrave Macmillan, Londres, 2017; Jon Schubert, Ulf Engel, U. y Elísio Macamo (eds.),  Extractive Industries and Changing State Dynamics in Africa: beyond the resource curse, Routledge, Nueva York, 2018.

⁴ Ching Kwan Lee, The Spectre of Global China: politics, labor, and foreign investment in Africa, University of Chicago Press, Chicago, 2017.

⁵ Rita Kesselring, «The local state in a new mining area in Zambia’s Northwestern Province», en Jon Schubert, Ulf Engel Elísio Macamo, (eds), Extractive Industries and Changing State Dynamics in Africa: beyond the resource curse, Routledge, Nueva York, 2018, pp. 129–147.

⁶ Stuart Kirsch, Mining Capitalism: the relationship between corporations and their critics. University of California Press, Berkeley, 2014; Marina Welker, Enacting the Corporation: an American mining firm in post-authoritarian Indonesia, University of California Press, Berkeley, 2014; Asanda Benya, «The invisible hands: women in Marikana», Review of African Political Economy 42, 146, 2015, pp. 545–60¸ Catherine Dolan Dinah Rajak (eds.),  The Anthropology of Corporate Social Responsibility, Berghahn Books, Nueva York, 2016.

⁷ Gary Gereffi, «Global value chains in a post-Washington consensus world», Review of International Political Economy vol. 21, núm. 1, 2014, pp. 9–37.

⁸ Henry Wai-chung Yeung, y Neil Martin Coe, «Toward a dynamic theory of global production networks», Economic Geography vol. 91, núm.1, 2015, pp. 29–58.

⁹ Sébastien Miroudot, The Servicification of Global Value Chains: evidence and policy implications, UNCTAD, Ginebra, 2017.

¹⁰ Zambia EITI, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), 8º Informe para el Año Fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2015, EITI, Lusaka, 2017.

¹¹ Anu Lannen, Elisabeth Bürgi Bonanomi, Stephan Rist, y Judith Wehrli, Switzerland and the Commodities Trade: taking stock and looking ahead, Swiss Academies Factsheets 11 (1), Swiss Academies of Arts and Sciences, Ginebra, 2016.

¹² Parte de la información contenida en este artículo procede de, o fue corroborada por, entrevistas con altos directivos de la mina de Kansanshi, propiedad de First Quantum Minerals (FQM). Durante un periodo de 2016, tuvimos acceso a varios altos empleados y directivos. Las entrevistas se grabaron con el consentimiento de los entrevistados. Sin embargo, cuando nos dirigimos al director general de la mina para solicitar una entrevista, denegó la petición. Dejó claro que, en su opinión, los entrevistados habían violado los procedimientos internos al hablar con nosotros sin autorización del consejo de administración de FQM. En consecuencia, hemos decidido utilizar el material obtenido a través de entrevistas concedidas libremente, aunque sin dar los nombres de los entrevistados ni asignarles citas. Gran parte de la información facilitada en las entrevistas fue corroborada por otras fuentes.

¹³ Neo Simutanyi, «The politics of structural adjustment in Zambia», Third World Quarterly vol. 17, núm. 4, 1996, pp. 825–39; John Craig, «Putting privatisation into practice: the case of Zambia Consolidated Copper Mines Limited», Journal of Modern African Studies 39, 3, 2001, pp. 389–410.

¹⁴ Alastair Fraser y Miles Larmer, «Introduction: boom and bust on the Zambian Copperbelt», en Alastair Fraser y Miles Larmer, (eds.), Zambia, Mining, and Neoliberalism: boom and bust on the globalized Copperbelt, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010, pp. 1–30.

¹⁵ First Quantum Minerals Ltd., First Quantum to Reduce Its Interest in Mopani Copper Mines Plc, FQM 2002, acceso: 7/2/2019.

¹⁶ Christopher S. Adam y Anthony M. Simpasa, «The economics of the copper price boom in Zambia», en Alastair Fraser y Miles Larmer, (eds.), Zambia, Mining, and Neoliberalism: boom and bust on the globalized Copperbelt, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010, pp. 59–90, pp. 67-68.

¹⁷ Glencore, Informe Anual 2017, Glencore plc, Baar, 2018, p. 192.

¹⁸ Ibid., pp. 106-107.

¹⁹ Mistakidis dimitió como jefe de comercio mundial de cobre de Glencore a finales de 2018 en medio de las investigaciones de la Comisión de Seguridad de Ontario y del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las minas de Katanga de Glencore. Véanse, por ejemplo, Bloomberg, 2018.  y Canadian Lawyer, 2019.

²⁰ Bloomberg, Commodity Traders Have a Really Big Problem, 2017, acceso: 7/2/2019.

²¹ Véase también Lee, 2017, op. cit., p. 65.

²² David Manley, Ninth Time Lucky: is Zambia’s mining tax the best approach to an uncertain future?, Natural Resource Governance Institute, Nueva York, 2017; Richard Saunders y Alexander Caramento, «An extractive developmental state in Southern Africa? The cases of Zambia and Zimbabwe», Third World Quarterly 39, 6, 2018, pp. 1166–90, pp. 5-9.

²³ Lea Haller, Transithandel: Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt, 2019.

²⁴ Hans Fässler, Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine zur Sklaverei, Rotpunktverlag, Zürich, 2005.

²⁵ Elisabeth Beusch, Barbara Döbeli, Andreas M. Fischer y Pinar Yesin, Merchanting and Current Account Balances, Swiss National Bank, Basilea, 2013.

²⁶ Anu Lannen, Elisabeth Bürgi Bonanomi, Stephan Rist, y Judith Schäli, Switzerland and the Commodities Trade: taking stock and looking ahead, Swiss Academies Factsheets 11 (1), Swiss Academies of Arts and Sciences, Ginebra, 2016.

²⁷ Ralph Pöhner, Glencore ist das grösste Unternehmen der Schweiz, Handelszeitung, 2018. La mayoría de estas empresas tienen diferentes sedes; Cargill opera principalmente desde Minnesota, Estados Unidos, mientras que Trafigura tiene su sede en Singapur. Las cifras reflejan las estadísticas económicas oficiales suizas sobre las empresas con sede en el país.

^28] Erklärung von Bern (ed.), Rohstoff: Das gefährliche Geschäft der Schweiz, Salis Verlag, Zürich, 2011; Interdepartmental Platform on Commodities, Report of the Interdepartmental Platform on Commodities to the Federal Council – Background Report: Commodities, EDA, Berna, 2013; Public Eye, «The ‘Paradise Papers’, Switzerland and Commodities», Berna, 2017.

²⁹ Nina Eggert, Giovanni Ferro-Luzzi y Difei Ouyang, Commodity trading monitoring report. SRIC e IREG, Ginebra, 2017; Andreas Missbach, Alternative Facts from the Swiss Commodity Trading Lobby, Public Eye, Berna, 2017.

³⁰ «Glencore tiene un acuerdo de compra del 100% con Mopani para toda la vida de las minas, con la propiedad transferida a Glencore a la puerta de la mina y la fijación de precios basada en los precios de la LME», según el folleto de la OPI de Glencore de 2011 (Véase Glencore, 2011, p.85. Véase también la nota a pie de página 23 de la denuncia de la OCDE Sherpa et al contra Glencore International AG, OECD Watch, 2011.

³¹ Por ejemplo, FQM, First Quantum Minerals Ltd. Annual Information Form. As at December 31, 2016, 2017, p. 116, acceso: 7/2/2019.

^32] Wikileaks, 2005, acceso: 7/2/2019; Metal Bulletin, 2010a, <https://www.metalbulletin.com/Article/2397816/Republic-House-sets-up-Metal-Corp-Trading-ahead-of-First-Quantum-takeover.html>, acceso: 7/2/2019; Metal Bulletin, 2010b, acceso: 7/2/2019.

³³ Mineman, 2015, acceso: 7/2/2019.

³⁴ Alexander Franke, Roland Rechsteiner y Graham Sharp, The Endgame for Commodity Traders, Oliver Wyman, Zürich, 2017, p. 5.

³⁵ Gregor Dobler, «The green, the grey and the blue: a typology of cross-border trade in Africa», Journal of Modern African Studies 54, 1, 2016, pp. 145–69.

³⁶ Craig Pirrong, The Economics of Commodity Trading Firms, Trafigura, Ginebra, 2014, p. 40.

³⁷ Según el perfil de LinkedIn de su director de tráfico. No hemos podido verificar de forma independiente la titularidad de la empresa.

³⁸ El servicio de conocimiento de embarque directo tiene dos ventajas principales para los clientes de Zambia: Garantiza el acceso a contenedores vacíos para la carga (dado que Zambia no dispone de un depósito de contenedores vacíos, los contenedores utilizados por cargadores independientes tienen que encargarse previamente a Sudáfrica, a menudo con varias semanas de antelación); y traslada el riesgo de sobreestadía (multas que se pagan por la llegada tardía de las mercancías cargadas en los buques) a los transportistas contratados por el transportista. Ninguna de estas ventajas suele compensar su coste para el transporte de grandes volúmenes de cobre a través de almacenes. Sobre el papel de MSC en el desguace de buques, uno de los puntos finales de la cadena de valor del cobre, véase Ebe Daems y Gie Goris, Behind the Hypocrisy of Better Beaches: shipbreaking in India, ship owners in Switzerland, lobbying in Belgium, Shipbreaking Platform, Bruselas, 2019.

³⁹ Impala Terminals, Folleto de Impala Terminals Corporate, Impala Terminals, Ginebra, 2016, p. 35.

⁴⁰ Bolloré, 2018, acceso: 7/2/2019.

⁴¹ Daniela Smal, Zambia’s Dependability: imports and exports, (Premio a la empresa novel de transporte internacional del año), Publicación privada, Lusaka, 2015.

⁴² Sonangol y el entorno de José Eduardo dos Santos están vinculados a Suiza de diferentes maneras, supuestamente utilizando sus bancos como conductos para el dinero obtenido en tratos corruptos. A pesar de varias acusaciones, hasta ahora ningún tribunal suizo ha declarado a nadie culpable en este sentido; por ejemplo, OSISA, 2014.

⁴³ Africa Confidential, «Trafigura in a tug-of-war», 59, 22, 9 de noviembre de 2018, pp. 1–3.

⁴⁴ Zambia Chamber of Mines, Trafigura Group helps re-establish historic African trade route, 2018, acceso: 7/2/2019.

⁴⁵ Anne Peters,  Lucy Koechlin, Till Förster y GrettaFenner Zinkernagel (eds.), Non-State Actors as Standard Setters, Cambridge University Press, Cambridge, 2009; Tim Bartley, Rules Without Rights: land, labor, and private authority in the global economy,  Oxford University Press, Oxford, 2018.

⁴⁶ Katanga Mining Ltd., NI43-101 Technical Report on the Material Assets of Katanga Mining Limited, 2018, p. 74 y 127, acceso: 7/2/2019.

⁴⁷ BAK Economics, 2018, acceso: 7/2/2019.

⁴⁸ Alex Cobham, Petr Janský  y Alex Prats, Estimating Illicit Flows of Capital via Trade Mispricing: a forensic analysis of data on Switzerland, Center for Global Development, Washington, DC, 2014; Public Eye, 2017, op. cit.

⁴⁹ Mick Moore, Wilson Prichard y  Odd-Helge Fjeldstad, Taxing Africa: coercion, reform and development, Zed Books, Londres, 2018.

⁵⁰ Trafigura Group Pte., 2017 Annual Report: advancing trade, Trafigura, Singapur, 2018.

⁵¹ OECD Watch 2011, acceso: 7/2/2019.

⁵² GrantThornto, Pilot Audit Report: Mopani Copper Mines Plc., 2010, acceso: 7/2/2019.

⁵³ Henry Wai-chung Yeung y Neil Martin Coe, N. 2015. «Toward a dynamic theory of global production networks», Economic Geography 91, 1, 2015, pp. 29–58; Chris F. Wright, «Leveraging reputational risk. Sustainable sourcing campaigns for improving labour standards in production networks», Journal of Business Ethics 137, 1, 2016, pp. 195–210.

⁵⁴ Humanrights.ch., 2017, acceso: 7/2/2019.

⁵⁵ N. de la E. La Iniciativa Empresarial Responsable fue rechazada en referendum el 29 de noviembre de 2020 a pesar de haber obtenido el 50,7% del voto popular debido a que solo obtuvo el 8,5% de las 12 mayorías regionales necesarias en los cantones suizos.

⁵⁶ Un ejemplo importante son las contribuciones televisivas de Res Gehriger, que ayudaron a sacar a la luz la contaminación excesiva de la fundición de Glencore en Mufulira; véase SRF, Glencore-Xstrata und die Asthma-Toten von Mufulira, 2014  y SRF, Gericht in Sambia verurteilt Glencore-Kupferwerk, 2016.

⁵⁷ Miles Larmer, «Reaction and resistance to neo-liberalism in Zambia», Review of African Political Economy 32, 103, 2005, pp. 29–45; Miles Larmer,  Mineworkers in Zambia: labour and political change in post-colonial Africa, Tauris Academic Studies, Londres, 2007.

⁵⁸ Esther Uzar, «Contested labour and political leadership: three mineworkers’ Unions after the opposition victory in Zambia», Review of African Political Economy 44, 152, 2017, pp. 292–311.

⁵⁹ Tribunal Superior de Kabwe,  Juicio Mithi vs Mopani, 2016.

⁶⁰ Rita Kesselring, Bodies of Truth: law, memory and emancipation in South Africa, Stanford University Press, Stanford, 2016.

⁶¹ Solifonds, «AnwohnerInnen in Mufulira fordern sauberes Wasser jetzt!», Solifonds Informationsbulletin 106, 2018, pp. 1–3.

⁶² Africa Confidential, «As the debts balloon, Lungu avoids the spotlight», 59, 8, 20 de abril de 2018, pp. 1–3.

⁶³ Mikdashi Zuhayr, «Collusion could work», Foreign Policy 14, 1974, pp. 57–68; Wolfgang Kohler, Multinationale Konzerne und die Chance von Entwicklungsländern auf eine eigenständige Rohstoffpolitik: das Beispiel der CIPEC,  Universität Konstanz, Constanza, 1979.

⁶⁴ Véase Kesselring 2018a, op.cit.; Saunders y Caramento 2018, op.cit..

⁶⁵ Lucas Bastin, «Transfer pricing and the WTO», Journal of World Trade 48, 1, 2014, pp. 59–80.

⁶⁶ Beuch et al. 2013, op. cit.

⁶⁷ Véase también Rachel Parker, Stephen Cox, y Paul Thompson, «Financialization and value-based control: lessons from the Australian mining supply chain», Economic Geography 94, 1, 2018, pp. 49–67, p. 56.

⁶⁸ William Milberg, The Changing Structure of International Trade Linked to Global Production Systems: what are the policy implications?, International Labour Organization Policy Integration Department, Ginebra, 2004; Jamez Heintz, «Low-wage manufacturing and global commodity chains: a model in the unequal exchange tradition», Cambridge Journal of Economics 30, 2006, pp. 507–20.

⁶⁹ José Caraballo y Xiao Jiang, «Value-added erosion in global value chains: an empirical assessment», Journal of Economic 50, 1, 2016, pp. 288–96.

⁷⁰ Paul Nugent, «Africa’s re-enchantment with big infrastructure: white elephants dancing in virtuous circles?», en Jon Schubert, Ulf Engel y Elísio Macamo (eds.), Extractive Industries and Changing State Dynamics in Africa: beyond the resource curse, Routledge, Nueva York, 2018, pp. 22–40.

⁷¹ Rita Kesselring, «The electricity crisis in Zambia: blackouts and social stratification in new mining towns», Energy Research & Social Science 30, 2017, pp. 94–102; Rita Kesselring, «At an extractive pace: conflicting temporalities in a resettlement process in Solwezi, Zambia», The Extractive Industries and Society 5, 2, 2018b, pp. 237–44.

Acceso al artículo completo en formato pdf:

Nueva sesión del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo, un espacio de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles, y que esta ocasión, abordará la Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid, bajo el título Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia, el evento tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2023 a las 18 h.

Los conflictos ecosociales y la nueva geopolítica de recursos perfilan escenarios que replantean luchas y extienden espacios de resistencia.

La creciente pugna por unos recursos estratégicos escasos y las exigencias derivadas de la progresiva digitalización o la transición energética de los países del centro capitalista, aventuran un recrudecimiento de los conflictos (en todos los planos: el comercial, el tecnológico o el militar) y un incremento de la importancia de la geopolítica para preservar esferas de influencia y garantizar el acceso y la seguridad en el abastecimiento de los recursos (colonialismo verde).

Ejemplos paradigmáticos en ese sentido podrían también relacionarse con la actual etapa del capitalismo verde, asociada al proceso de descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas, que en el fondo siguen manteniendo un modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y aceleran la destrucción de los territorios y de los ecosistemas.

De ese modo, hablar de conflictos ecosociales, geopolítica de los recursos o colonialismo verde hace necesario abordar y analizar el escenario de nuevos y/o ampliados extractivismos que se viene perfilando, así como de sus consecuencias, en clave tanto interna (conflictos y polarización territorial) como externa (influencia en los grandes conflictos socio-ecológicos globales y geopolítica de los recursos). Y esto requiere complejizar nuestros análisis de diferentes maneras, hasta extender la mirada hacia nuevas experiencias y formas de resistencias territoriales en todo el mundo.

Reflexionaremos sobre todo ello al hilo de la reciente publicación del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a profundizar en estas temáticas.

En el acto contaremos con la presencia de:

Breno M. Bringel, investigador en UCM.

Bonnie Campbell, profesora en Universidad de Quebec, Canadá.

Francisca Droguett, activista Plataforma Defensores de la Tierra y el Territorio de Chile.

Presenta y modera: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Organizan: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial y La Casa Encendida.

FECHA: 16 de noviembre de 2023, 18 h.

El acto es gratuito previo registro.

La actividad se desarrolla en una sala Zoom. Una vez realizada la inscripción, y antes de la sesión, se enviará un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.

Acceso a las anteriores sesiones del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo.