Publicado en la sección A FONDO del número 161 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global proporciona también un análisis empírico de la popularidad de las políticas ecosociales diseñadas para dirigir la economía y la sociedad hacia este espacio: ingresos máximos y básicos, impuestos sobre la riqueza y comida, así como una reducción de los tiempos de trabajo.

Estudios comparativos, como los llevados a cabo por Parrique y colaboradores o Haberl y colaboradores indican que los intentos de desacoplar en términos absolutos el crecimiento del PIB del uso de materiales y las emisiones de gases de efecto invernadero o bien han fallado completamente o bien no han alcanzado la dimensión necesaria, en términos de extensión o rapidez de reducción de esos parámetros, como para cumplir los objetivos climáticos acordados en París. El corolario es que «el desacoplamiento tiene que ser complementado con estrategias de suficiencia orientadas y por un refuerzo estricto de los objetivos de reducción absoluta»,¹ así como con el definitivo abandono de la prioridad del crecimiento del PIB como objetivo último de las políticas.² El objetivo de este artículo es entender mejor el papel del bienestar y las políticas sociales dentro de transformaciones ecosociales más amplias en un contexto de poscrecimiento.³

Dado que las analogías históricas pueden servir para entender las posibles características de futuros patrones de cambio, se comenzará con la coyuntura política y económica del período de posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, que ensayaron cómo la política social y el estado llegaron a regular el crecimiento capitalista. A esto le sigue un esquema teórico de los roles del Estado de bienestar y la política social dentro de una estrategia de «bienestar sostenible» destinada a garantizar que las prácticas económicas y sociales se desarrollen dentro de un «espacio operativo seguro y justo».⁴ Todo esto  se complementa en la sección siguiente con el examen de políticas ecosociales concretas que investigaciones previas sugirieron como respetuosas de los límites superior e inferior de este espacio, y se discute sobre su popularidad en Suecia. En las conclusiones se resumen y se reflejan los principales resultados, identificando además algunas posibles vías de investigación futura.⁵

Regulación socioeconómica en la estrategia de crecimiento de la posguerra

En gran parte de Europa occidental, el vínculo entre bienestar y trabajo entró en la agenda tras la Segunda Guerra Mundial. El nexo fordista entre bienestar y trabajo descansaba en el reconocimiento del sindicalismo y una negociación colectiva más o menos centralizada.⁶ Como resultado, los salarios se ligaron al crecimiento de la productividad, mientras que las políticas fiscales y de crédito se orientaron a la creación de una demanda efectiva en las economías nacionales. Los sindicatos respetaban el poder de la dirección para controlar los procesos de trabajo (con frecuencia taylorizados). El Estado apoyaba este “compromiso de clase” mediante políticas diseñadas para integrar los circuitos de las industrias de bienes de capital y de consumo, así como mediando en los conflictos entra capital y trabajo, especialmente en los relativos a los salarios individuales y sociales. Este acuerdo permitió que las normas sobre producción y consumo evolucionasen en paralelo –particularmente en el caso de bienes de consumo de producción masiva como frigoríficos, televisores, coches o viviendas estándar– conduciendo a tasas de crecimiento del PIB y salarios reales sin precedentes, especialmente entre los años cincuenta y sesenta. El Estado podía usar la creciente recaudación de impuestos de los ingresos primarios de los participantes del mercado laboral para crear y/o expandir los sistemas de bienestar con el objetivo de cubrir riesgos como la vejez, la enfermedad o el desempleo.

La regulación del crecimiento económico asumió distintas formas según los países. Los “regímenes” del bienestar variaban, sobre todo, en términos de la división del trabajo social entre el mercado y las esferas públicas a las cuales correspondían distintas formas y niveles de imposición, y que estaban asociadas a distintos patrones de estratificación.⁷ El enfoque del régimen de bienestar ha sido retomado posteriormente en los discursos de modernización ecológica. De acuerdo con Dryzek,⁸ los países socialdemócratas como Suecia están mejor preparados que los países liberales, por ejemplo, en la gestión de la interrelación entre políticas sociales y ambientales. Esto se debe a que en los países socialdemócratas hay un mayor apoyo a la idea de que las políticas ambientales pueden ser buenas para los negocios, así como para sus aparatos estatales y regímenes de gobernanza en funcionamiento más desarrollados, que son entendidos como una precondición para trayectorias de “crecimiento verde”. El resultado sería una «integración tanto de las preocupaciones igualitarias como de las ambientales». ⁹ Aún así, si se toman indicadores ambientales clave como el de emisiones de CO₂ per cápita o las huellas ecológicas de la producción y el consumo, una investigación comparativa no respalda la “hipótesis de la sinergia” en la cual los países socialdemócratas se comportarían mejor que los liberales, los conservadores o los países del Mediterráneo.¹⁰ Lo que afectaría más al cumplimiento de los objetivos ambientales no sería tanto su pertenencia a un régimen de bienestar determinado sino su nivel de PIB per cápita: en general, cuanto más rico es un país, peor es su comportamiento en términos de indicadores ambientales .¹¹

En general, cuanto más rico es un país, peor es su comportamiento en términos de indicadores ambientales

La evolución reciente no ha conducido a una situación en la que se haya reducido la fuerte relación entre crecimiento económico y actividad del estado de bienestar, sino a una transición entre el énfasis sobre la demanda hacia una gestión más ligada a la oferta en el contexto de la transnacionalización y financiarización de la producción y la inversión. Las instituciones de bienestar se modificaron y recibieron nuevas funciones dentro de la estructural general del “Estado competitivo”.¹² Diseñado para dar soporte a los actores nacionales y/o locales de la economía global, la política social llegó a ser considerada como una «inversión». Sin embargo, hasta ahora, las estrategias de regulación socioeconómica de «demanda» y «oferta» han tenido en común ignorar en gran medida los aspectos ambientales del desarrollo capitalista del bienestar. En cuanto a las huellas ecológica y de carbono, los estándares de bienestar material occidentales tras la Segunda Guerra Mundial no fueron de ningún modo generalizables al resto del planeta –a pesar del hecho de que fueron culturalmente celebrados, ideológicamente reforzados y exportados a otras muchas partes del mundo–. De hecho, si los ciudadanos de todas las naciones hubieran llevado estilos de vida similares a los occidentales, el planeta habría terminado en una emergencia climática aguda mucho antes.

Un «espacio operativo seguro y justo» y el bienestar sostenible

El marco de un «espacio operativo seguro y justo» puede servir como punto de partida para conceptualizar la actividad de un Estado de bienestar y la toma de decisiones políticas ecosociales en contextos de poscrecimiento, dado que considera tanto los límites planetarios como los sociales. La economía y la sociedad se desenvuelven dentro de un espacio en forma de dónut, donde el uso de recursos está por debajo del nivel de los límites planetarios críticos (el límite superior o espacio ecológicamente sostenible y seguro), pero por encima del nivel de suficiencia requerido para satisfacer las necesidades básicas de las personas (el límite inferior o el espacio socialmente seguro). No solo se conceptualiza aquí a la economía como un subsistema de los sistemas biofísicos y sociales, sino que los sistemas de bienestar serían considerados como partes dentro de un contexto ecológico y entendidos como «sistemas de abastecimiento»¹³ para satisfacer necesidades de modo sostenible. Teniendo en cuenta el techo ambiental, la actividad del Estado de bienestar y las políticas sociales no asumirían ya más la forma simplista de crecientes impuestos redistribuidos –como en el período de la posguerra–, sino que implicarían decisiones controvertidas enfocadas a los recursos de poder de grupos de ricos y personas influyentes.

El marco de un espacio operativo seguro y justo puede servir como punto de partida para conceptualizar la actividad de un Estado de bienestar

El concepto de “bienestar sostenible”,¹⁴ en general, y las teorías de las necesidades humanas, en particular, podrían servir como contexto teórico para una nueva generación de políticas sociales y de bienestar.¹⁵ Comenzando con la “doble injusticia” –que las responsabilidades y los impactos del cambio climático con frecuencia trabajan en direcciones opuestas, dado que los grupos que tienen más posibilidades de ser afectados por estos últimos son aquellos con menos responsabilidad de haberlos causado–, el bienestar sostenible considera el hecho de que las políticas sociales necesitarán tener en cuenta las desigualdades y los conflictos que es probable que surjan  como consecuencia de la descarbonización de los patrones de producción y consumo, y que se harán cada vez más necesario formularlas en formas que creen sinergias con los objetivos ambientales, pero también de modo aceptable para el electorado. Esto incluye el reconocimiento de los umbrales y límites críticos del bienestar material, una revisión paralela de los sistemas de bienestar y la idea de que en un mundo limitado no todos los “deseos” de –con frecuencia– bienes “posicionales” pueden ser apoyados políticamente en nombre de la soberanía del consumidor. Algunos seguramente tendrán que ser restringidos. Otros debates en los círculos de bienestar sostenible y decrecimiento/poscrecimiento han dado lugar a la adopción de sistemas de cuentas basados en las necesidades frente a aquellos otros basados en las cuentas hedónicas, utilitarias y subjetivas del bienestar.¹⁶

La metodología del Desarrollo a Escala Humana introdujo en término “satisfactor” para subrayar las formas culturales específicas –y más o menos ecológicamente sostenibles– en las cuales se satisfacen las necesidades en la práctica.¹⁷ Desde la perspectiva de una mayor transformación ecosocial, las idea políticas que funcionan como lo que Max-Neef llamó satisfactores de necesidades “sinérgicos” son particularmente relevantes dado que tienen el potencial de satisfacer de modo más que justo una necesidad en contextos diferentes y, por tanto, podrían servir como punto de inicio para comenzar un «círculo virtuoso de políticas de bienestar sostenible».¹⁸ Las discusiones académicas y políticas acerca de sistemas de generación de bienestar dentro de un «espacio operativo seguro y justo» han intentado más bien identificar los niveles máximos y mínimos de la satisfacción de necesidades, así como los instrumentos políticos ecosociales con potencial para orientar la economía y la sociedad respetando estos «techos y suelos».¹⁹

Utilizando el ejemplo de Suecia, se discutirán ahora ciertos datos cuantitativos sobre algunas de las propuestas políticas ecosociales que la investigación previa ha identificado como capaces de dirigir la economía y la sociedad hacia el «espacio operativo seguro y justo» mencionado anteriormente, subrayando tanto límites superiores como inferiores: renta máxima, impuestos a la riqueza, renta básica, reducción de las horas de trabajo e impuestos a la carne (Tabla 1).

Tabla 1: Apoyo a las políticas ecosociales en Suecia 2020 (porcentajes)

Fuente: Encuesta representativa llevada a cabo dentro del proyecto “The New Urban Challenge: Models of Sustainable Welfare in Swedish Metropolitan Cities”. Se pidió a los encuestados que evaluasen las políticas mencionadas y contestasen sobre una escala de Likert de 5 puntos que contenía las siguientes categorías: muy bien y bastante bien (“a favor”), muy mal y bastante mal (“en contra”), ni bien ni mal (“indeciso”).

En el debate sobre el papel del Estado de bienestar en la salvaguarda de la satisfacción de las necesidades a un nivel suficiente –el límite inferior del «espacio justo y seguro»–, los proponentes de un Estado de bienestar sostenible o ecosocial apoyan la creación de una renta básica universal e incondicional (RBU),²⁰ la expansión/creación de unos servicios básicos universales (SBU),²¹ un sistema de cupones²² o una combinación de los tres. Cuando nos fijamos en las variedades nacionales de dichas combinaciones, los regímenes de bienestar y la dependencia del camino institucional previo pueden ser factores importantes a la hora de determinar la mezcla concreta de RBU, SBU y cupones en cada país. Puede ser más fácil extender estos sistemas allí donde ya existe una fuerte tradición universal en servicios de bienestar, como es el caso de los países nórdicos, mientras que sería menor el papel de una RBU. Esta hipótesis estaría apoyada por el hecho de que, de acuerdo con nuestra encuesta, algo más del 17% están a favor y un 71% en contra de la introducción de una RBU en Suecia. De este modo, en ese país, la SBU supondría una base institucional más apropiada para una transformación ecosocial, posiblemente extendida y complementada selectivamente con algún esquema de renta mínima (más o menos testado). Allí donde la SBU existe en formas muy rudimentarias y la tradición del bienestar liberal predomina, la RBU podría ser la forma más fácil y rápida de proceder. Esto es debido a que la construcción de sistemas universales de bienestar lleva bastante tiempo y, con toda probabilidad, solo podría llevarse a cabo con una perspectiva de medio-largo plazo.

En cuanto al límite superior del espacio operativo seguro y justo, se han presentado muchas menos propuestas. Si embargo, existen aproximaciones filosóficas que defienden el limitarianismo en un mundo ecológicamente limitado,²³ al cual los académicos de las políticas sociales podrían volver, y propuestas económicas más concretas,²⁴ que proponen la definición de rentas máximas como una proporción de las rentas mínimas (10:1, 20:1 etc.). No hay, sin embargo, un acuerdo sobre cuál sería el nivel al que habría que poner el límite (a partir del cual la imposición sería del 100%) y tampoco sobre si todas las formas de riqueza tendría que ser limitadas.²⁵

El bienestar sostenible considera el hecho de que las políticas sociales necesitarán tener en cuenta las desigualdades y los conflictos que es probable que surjan

Dada la novedad de la propuesta política, por cuya introducción ningún gran partido político hace campaña actualmente, no supone una gran sorpresa que no haya más que un cuarto de la población sueca que apoya una renta máxima de aproximadamente 145.000 euros anuales. Sin embargo, no es inconcebible que el apoyo a una política como esta se incrementaría si se promoviese más activamente y fuese objeto de debates políticos en la población. Así que nadie se llamará a sorpresa si el apoyo a un –comparativamente moderado pero más conocido– impuesto a la riqueza es bastante mayor (42,5%). Los participantes en la encuesta mencionaban la última propuesta con más frecuencia, aunque muchos no eran conscientes del reciente debate académico sobre los límites a la riqueza y/o a la renta.

Dos sugerencias más de reforma ecosocial, con frecuencia subrayadas como satisfactores sinérgicos de necesidades universales tan diferentes como protección, participación, ocio, creación y libertad (siguiendo la terminología de Max-Neef), son una reducción de las horas de trabajo (especialmente para desactivar el círculo trabajo-gasto-consumo), y un impuesto sobre el consumo de carne (para apoyar a la agricultura ecológica, una nutrición más vegetariana y una transición general a un modo de vida poscarbono). De lejos, la reducción de las horas de trabajo es el instrumento político más popular de los seleccionados aquí: cerca del 52% de los participantes verían bien una semana de trabajo de 30 horas en Suecia (como opuesta a las 40 horas semanales actuales). A pesar de esto, solamente el Partido de la Izquierda Sueca (Vänster) hace campaña en este sentido. El apoyo a un impuesto a la carne se situó en un 30%, con casi un 53% de personas que se oponían a esta política. Sin embargo, un 17% de “indecisos” indican un mayor potencial estructural de popularidad futuro.

Los resultados del relativamente alto apoyo a un impuesto a la riqueza y a la reducción de las horas de trabajo parecen sugerir que los gobiernos, particularmente en contextos de bienestar socialdemócrata como el sueco, podrían ser más ambiciosos de lo que son actualmente a la hora de implementar políticas ecosociales. Pero también el atractivo de Nuevos Pactos Sociales Verdes, cada vez más amplios, indica que la movilización de la sociedad civil, los partidos políticos y las agencias gubernamentales pueden, de hecho, reforzarse entre sí en la creación del impulso necesario para las transformaciones socioecológicas en contextos de poscrecimiento .²⁶ Eckersley subraya que los gobiernos son todavía capaces de llevar a cabo cambios de gran calado utilizando el ejemplo de la crisis actual de la COVID-19: después de varias décadas de retroceso del Estado de bienestar, la reacción inmediata de los gobiernos occidentales fue una expansión de la actividad del Estado –desde restricciones sobre la movilidad a través de nuevos tipos de pagos hasta paquetes de estímulo para empresas–. En cuanto a una posible salida conjunta de las crisis climática y de la COVID-19, ella sugiere un «estímulo a través del gasto en infraestructura verde con un abandono secuencial de la industrias más intensivas en emisiones y dañinas desde el punto de vista ecológico» para permitir una restructuración ecológica de la economía después de la crisis pandémica.²⁷

Aunque, en general, los resultados empíricos apuntan a una diferencia considerable entre las medidas de largo alcance que los científicos consideran necesarias para afrontar de modo significativo la emergencia climática y la sobrecapacidad ecológica (ver Introducción) y las medidas que los ciudadanos de los estados de bienestar avanzados, como Suecia, están preparados a dar apoyo actualmente. Las explicaciones de esta gran diferencia incluyen la inculcación del modo de pensar del crecimiento en las mentes de las personas o la consolidación de las prácticas sociales e individuales habituales, que con frecuencia aparecen como el modo “natural” de hacer las cosas.²⁸ Dado que la idea de que todo un rango de instituciones como los sistemas legal, educativo y de bienestar, que han demostrado ser cruciales para los relativos altos estándares de bienestar con los que se califica a las sociedades occidentales, históricamente se desarrollan en paralelo con el crecimiento económico y actualmente están acoplados al mismo, cualquier movimiento político más allá del crecimiento económico capitalista necesitaría tener en cuenta la preocupación que surgiría por una posible pérdida de bienestar, anomia o exclusión social.²⁹

Una forma de desactivar estas preocupaciones es expandir los espacios ya existentes, donde se han testado formas alternativas, sostenibles y cooperativas de trabajo y vida comunitaria. Con este propósito, sería necesario llevar a cabo ejercicios participativos, como seminarios, consultas o foros de debate.³⁰ Tal y como sugiere el ejemplo irlandés,³¹ los gobiernos podrían apoyar este proceso mejorando el estatus de los foros ciudadanos y dándoles un carácter consultivo. Esto estaría en línea con los argumentos de los teóricos de ciencias políticas de que una respuesta adecuada a la crisis ecológica requiere aumentar las instituciones de representatividad democrática a través de mecanismo de democracia directa y deliberativa que tengan el potencial de la “deliberación disruptiva”.³²

Conclusiones

Frente a un marco de fondo de emergencia climática, transgresión de otros límites planetarios y el fallo de las respuestas políticas del “crecimiento verde”, este artículo afronta el papel potencial del bienestar y las políticas sociales en un contexto de profunda transformación ecosocial y poscrecimiento. Se revisa la literatura previa relevante, los conceptos teóricos de bienestar sostenible y «espacio operativo seguro», así como las ideas de políticas ecosociales diseñadas para dirigir a la economía y la sociedad hacia un funcionamiento dentro de este espacio, y se discuten los datos cuantitativos para Suecia y un contexto de bienestar socialdemócrata.

La revisión teórica y de la literatura sugieren que cualquier cambio hacia estados de bienestar sostenible requeriría, independientemente del punto de partido institucional y de la pertenencia a un determinado régimen de bienestar, una transformación profunda y fundamental³³ desde la lógica expansionista que viene caracterizando el bienestar occidental desde el período de la posguerra a uno que considere seriamente los límites sociales y ambientales (aquí considerados como «espacio operativo seguro y justo»). Sin embargo, los resultados empíricos indican que la pertenencia a un determinado régimen de bienestar podría ser un factor importante a la hora de identificar las trayectorias concretas de cada país dentro de esta línea general de cambio. La investigación comparativa previa demuestra que los ciudadanos de los países nórdicos son más propensos a apoyar el bienestar sostenible,³⁴ este estudio aumenta la evidencia sobre el apoyo a políticas concretas diseñadas para dirigir la economía y la sociedad hacia un espacio operativo seguro y justo. En cuanto al límite inferior, en los países como Suecia, de la tradición socialdemócrata del bienestar, son más posibles medidas como la SBU, mientras que el RBU sería más relevante para los países liberales. En cuanto al límite superior, el apoyo es mucho mayor a impuestos a la riqueza que a límites sobre la renta/riqueza. Sin embargo, este resultado podría estar influido también por cierta falta de conocimiento de esta última propuesta política.

El futuro desarrollo conceptual de la aproximación del bienestar sostenible debería incentivar el diálogo entre el decrecimiento, el limitarianismo filosófico y la política social para mejorar nuestra comprensión del bienestar dentro de los límites planetarios. Políticamente, será crucial no solo discutir y estudiar las sugerencias políticas individuales, sino también desarrollar modelos de cómo se podrían reforzar unas a otras en un nuevo círculo político virtuoso. El apoyo para este tipo de estrategia política así como para determinadas políticas individuales puede aumentar cuando se codesarrolla entre investigadores, activistas y ciudadanos en distintos tipos de foros de deliberación. Este conocimiento sería crucial para la formación de alianzas políticas que permitan generar el tipo de cambio social que requiere una respuesta efectiva y socialmente inclusiva a la emergencia climática.

Max Koch es profesor de Política Social y Sostenibilidad, Universidad de Lund, Suecia.

NOTAS

¹ Helmut Haberl et al., «A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: Synthesizing the insights», Environmental Research Letters, 15(6), 2020, pp. 065003.

² Tim Parrique et al., Decoupling debunked. Evidence and arguments against green growth as a sole strategy for sustainability, Brussels: European Environment Bureau 2019.

³ Para una revision general de la literature al respecto, ver Tuuli Hirvilammi et al., «Social policy in a Climate Emergency Context», Journal of Social Policy, 52(1), 2023, pp. 1-23.

⁴ Kate Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, Random House, Londres, 1997.

⁵ Una parte del contenido de este artículo se basa en Max Koch, «Social policy without growth: Towards sustainable welfare states», Social Policy and Society, 21(3), 2022, pp. 447-459. El autor quiere agradecer expresamente a los editores de esta revista por el permiso para tomar ciertos contenidos del artículo.

⁶ Michel Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation: The US Experience, Verso, Londres, 1987.

⁷ Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity, Cambridge, 1990.

⁸ Ian Gough et al., «JESP symposium: climate change and social policy», Journal of European Social Policy, 18(4), 2008, pp. 25–44.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Max Koch y Martin Fritz, «Building the eco-social state: do welfare regimes matter?» Journal of Social Policy 43(4), 2014, pp. 679–703.

¹¹ Martin Fritz y Max Koch, «Economic development and prosperity patterns around the world: structural challenges for a global steady-state economy», Global Environmental Change 38, 2016, pp. 41–48.

¹² Philip G. Cerny, «The competition state today: from raison d’etat to raison du monde», Policy Studies, 31(1), 2010, pp. 5-21.

¹³ Andrew Fanning, Daniel O’Neill y Milena Büchs, «Provisioning systems for a good life within planetary boundaries», Global Environmental Change, 64, 2020, p. 102135.

¹⁴ Max Koch y Oksana Mont (eds), Sustainability and the Political Economy of Welfare, Routledge, Londres, 2016.

¹⁵ Max Koch, «The state in the transformation to a sustainable postgrowth economy», Environmental Politics, 29(1), 2020, pp. 115–133.

¹⁶ Milena Büchs y Max Koch, Postgrowth and Wellbeing: Challenges to Sustainable Welfare, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2017.

¹⁷ Manfred Max-Neef, Human Scale Development: Conception, Application and Further Reflections, Zed Books, Nueva York, 1991.

¹⁸ Tuuli Hirvilammi, «The virtuous circle of sustainable welfare as a transformative policy idea», Sustainability, 12(1), 2020, p. 391.

¹⁹ Ian Gough, «Defining floors and ceilings: The contribution of human needs theory», Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), 2020, pp. 208-219.

²⁰ Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght, Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, Harvard University Press, Cambridge, 2017.

²¹ Anna Coote y Andrew Percy, The Case for Universal Basic Services, Polity, Cambridge, 2020.

²² Katharina Bohnenberger, «Money, vouchers, public infrastructures? A framework for sustainable welfare benefits», Sustainability, 12(2), 2020, p. 596.

²³ Ingrid Robeyns, «What, if anything, is wrong with extreme wealth?», Journal of Human Development and Capabilities, 20(3), 2019, pp. 251-266.

²⁴ Sam Pizzigatti, The Case for a Maximum Wage, Polity, Cambridge, 2018.

²⁵ Hubert Buch-Hansen y Max Koch, «Degrowth through income and wealth caps?», Ecological Economics, 160, 2019, pp. 264–271.

²⁶ Max Koch, «State-civil society relations in Gramsci, Poulantzas and Bourdieu: Strategic implications for the degrowth movement», Ecological Economics, 193, 2022, p. 107275.

²⁷ Robyn Eckersley, «Greening states and societies: From transitions to great transformations», Environmental Politics, 30 (1-2), 2021, pp. 245-265.

²⁸ Max Koch, «The naturalisation of growth: Marx, the regulation approach and Bourdieu», Environmental Values, 27(1), 2018, pp. 9–27.

²⁹ Milena Büchs y Max Koch, «Challenges to the degrowth transition: The debate about wellbeing», Futures, 105, 2019, pp. 155–165.

³⁰ Mònica Guillén-Royo, «Applying the fundamental human needs approach to sustainable consumption corridors: Participatory workshops involving information and communication technologies», Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), 2020, pp. 114-127; Max Koch, Jayeon Lindellee y Johanna Alkan-Olsson, «Beyond growth imperative and neoliberal doxa: expanding alternative societal spaces through deliberative citizen forums on needs satisfaction», Real-world Economics Review, 96, 2021, pp. 168-183.

³¹ Clodagh Harris, «Democratic innovations and policy analysis: climate policy and Ireland’s citizens assembly», en John Hogan y Mary Murphy (eds.), Policy analysis in Ireland, Policy Press, Bristol, 2021, pp. 221-35.

³² Marit Hammond, «Democratic deliberation for sustainability transformations: between constructiveness and disruption», Sustainability: Science, Practice and Policy, 16(1), 2020, pp. 220-230.

³³ Hubert Buch-Hansen, Max Koch e Iana Nesterova, Deep Transformations: A Theory of Degrowth, Manchester University Press (en prensa), Manchester, 2023.

34 Martin Fritz y Max Koch, «Public support for sustainable welfare compared: Links between attitudes towards climate and welfare policies», Sustainability, 11(15), p. 4146.

Acceso al artículo completo en formato pdf: Bienestar sin crecimiento.

Según la autora la creciente adopción de sistemas Inteligencia Artificial (IA) en distintos ámbitos de nuestra vida nos obliga a reflexionar desde una perspectiva ética y política en torno a estas tecnologías. Este artículo aborda tres problemas éticos (libertad, igualdad y crisis ecosocial) relacionados con la IA que buscan ir más allá de los planteamientos éticos más frecuentes y cuestionar no solo la eticidad de las implicaciones de estas tecnologías, sino también los presupuestos morales y políticos que en ella subyacen.

Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) han emergido con fuerza durante los últimos años llegando a convertirse en el foco de acaloradas discusiones no solo en el ámbito tecnológico, sino también político, académico, filosófico y la esfera pública en su conjunto. Las promesas de mejora y progreso que se atribuyen a la IA se entremezclan con las preocupaciones que generan los posibles riesgos que estas tecnologías pueden producir tanto a escala individual como en el conjunto de la ciudadanía y los sistemas democráticos.¹

Aunque estos debates son útiles y sin duda necesarios, casi todos ellos asumen 1) que la adopción de la IA es inevitable y 2) que estas tecnologías son neutrales y sus efectos nocivos o beneficiosos dependen del uso que se haga de ellas. En este artículo abordamos brevemente tres grupos de problemas éticos –privacidad, autonomía humana y libertad; sesgos, discriminación e igualdad; y crisis ecosocial– que surgen en torno a la IA y que, de distinto modo, ponen de relieve como estas tecnologías, lejos de ser neutrales, son inherentemente políticas y, por tanto, su adopción responde a un compromiso con ciertos proyectos ideológicos.² Desde esta perspectiva la IA no es un conjunto de tecnologías neutrales, sino una industria que se vale de la extracción y explotación no solo de los recursos naturales, sino también de nuestros datos y nuestros cuerpos.

Algunos problemas éticos de la IA

Privacidad, autonomía humana y libertad. Una de las componentes esenciales que necesita cualquier sistema de IA para poder funcionar son los datos. Los datos son la información, la experiencia si usamos una metáfora humana, de la que se nutren los algoritmos (los sistemas de reglas) que permiten que la IA funcione. Grosso modo, podríamos decir que los algoritmos aprenden de los datos a extraer las relaciones y los resultados más probables. Identifica patrones que se encuentran presentes en los datos y así puede hacer estimaciones precisas. Por este y otros motivos la recopilación de datos es una práctica que tiene lugar diariamente de forma masiva y que nos afecta a todos.

En este contexto, muchos planteamientos éticos vinculados a la recopilación explotación y uso de los datos se plantean en relación con los problemas que estas prácticas pueden suponer, primero, para la privacidad. Los datos que se recopilan a través de nuestros relojes inteligentes, el consumo de películas y plataformas en streaming, etc, pueden contener y eventualmente revelar información extremadamente privada sobre nuestras vida como nuestra orientación sexual,³ nuestras prácticas sexuales, nuestra vida sentimental, familiar, y muchas otras cuestiones que con casi toda seguridad no compartiríamos con una persona de poca confianza y, aún menos con un extraño.⁴

Pero los problemas relacionados con los datos también pueden producir problemas en relación con la autonomía humana y la libertad individual. En relación con la autonomía humana el problema se encuentra relacionado con la pérdida de la capacidad para pensar y tomar decisiones por nosotros mismos en una sociedad donde el uso de algoritmos de IA es cada vez mayor. Pensemos que cuando Netflix o cualquier plataforma de streaming nos hace una recomendación sobre qué película o serie podríamos ver, casi automáticamente desaparece un abanico entero de posibles contenidos que podríamos haber elegido si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos hecho la selección. El problema aquí no es tanto que la recomendación en base a nuestras elecciones previas, sino nuestra predisposición a mantenernos dentro de las películas seleccionadas por el algoritmo.

En el caso de las plataformas de streaming esto puede ser algo anecdótico, pero ¿qué sucedería si este tipo de sistemas se usaran para recomendarnos que nuevos productos disponibles en el supermercado nos gustarán más en base a nuestras preferencias alimenticias? ¿Y si las recomendaciones fueran sobre qué carrera estudiar, qué universidad elegir, dónde veranear o con quién tenemos más posibilidades de construir una relación sentimental duradera? Nuestra tendencia no solo a considerar, sino en muchos casos a adoptar las recomendaciones de la tecnología puede resultar muy problemática si el número de ámbitos en los que estas actúan aumenta. Aunque seamos nosotros los que creemos tener la última palabra, lo cierto es que este tipo de recomendaciones acotan nuestro rango de actuación y en muchos casos eliminan siquiera la posibilidad de plantearnos otras preferencias, caminos y/o alternativas que rompan con ese sendero que los algoritmos marcan a partir de nuestros gustos previos.

Además de la pérdida de autonomía humana, la recopilación y uso masivo de datos también puede afectar a la libertad individual. En la tradición liberal que predomina en los países occidentales la libertad se entiende como la ausencia de interferencia para actuar de la forma que nosotros consideramos más adecuada siempre y cuando esta se mantenga dentro de los límites que permiten la convivencia dentro de una comunidad política.^5,6 Para ejemplificar como la IA afecta a esta idea de libertad normalmente se recurre al uso que hace China de estas tecnologías. El sistema de crédito social chino funciona a través de la recopilación de ingentes cantidades de datos sobre sus ciudadanos para sancionarlos o premiarlos en función de cómo de “cívica” haya sido su conducta. Así, por ejemplo, a los ciudadanos que hayan acumulado una serie de faltas, como ausencias a citas médicas o cruzar la calle con un semáforo en rojo, puede llegar a prohibirles realizar vuelos internacionales.⁷ En este sentido, resulta evidente como ciertas formas de uso de nuestros datos puede entrar en conflicto con la libertad individual de las personas.

El sistema de crédito social chino funciona a través de la recopilación de ingentes cantidades de datos sobre sus ciudadanos para sancionarlos o premiarlos

Aunque en Europa este tipo de sistemas estarán prohibidos según la regulación de IA,⁸ cabría preguntarse hasta qué punto, por ejemplo, el uso de sistemas de IA para determinar a qué personas se les otorga un crédito bancario y a quiénes se les deniega, controlar las fronteras, otorgar visados, etc., constituyen o no actos contrarios a la libertad. Si atendemos a otras formas de entender la libertad que se salgan del marco del liberalismo como, por ejemplo, la que se maneja dentro del marco del republicanismo donde la libertad no se entiende con relación al individuo, sino a la comunidad en su conjunto,⁹ entonces encontramos que es posible que los sistemas de IA preserven la libertad individual, es decir, no interfieran en nuestra vida, y, sin embargo, no nos permitan ser ciudadanos libres.¹⁰

El concepto de libertad como no dominación que opera en el seno del republicanismo muestra cómo, a ojos del liberalismo, un esclavo podría ser considerado libre si tuviera un amo muy bueno que le permitiese hacer lo que quisiera. El hecho de que el esclavo elija sus actos no le hace menos esclavo, pues siempre se encuentra bajo el control de su amo. En este sentido, el republicanismo y sus versiones contemporáneas ofrecen unas nuevas lentes con las que problematizar la IA y ser más críticos con estas tecnologías .

Estas reflexiones apuntan a que aún en aquellas circunstancias en las que la IA no llegase a interferir directamente en nuestra vida, el hecho de que estas tecnologías se materialicen en todos los ámbitos de nuestra vida convierte a las empresas que recopilan nuestros datos en dueños de nuestras vidas.

El republicanismo y sus versiones contemporáneas ofrecen unas nuevas lentes con las que problematizar la IA y ser más críticos con estas tecnologías

En el capitalismo de la vigilancia en el que son otros los que disponen de nuestros datos y los que eligen cómo y cuándo usarlos, nosotros, la ciudadanía, dejamos de ser libres¹¹.

Sesgos, discriminación e igualdad. En relación con los datos no solo importa cuántos datos se recopilen. También hay problemas éticos que surgen en función del tipo de datos que se usen para nutrir los sistemas IA. Como mencionábamos en el apartado anterior la IA aprende de los datos con los que se le entrena, principalmente, buscando patrones de repetición que le permitan identificar las relaciones más probables en función de la frecuencia. El entrenamiento y uso de datos de mala calidad y poco representativos en el caso de la IA puede producir problemas de discriminación y, por tanto, resultados que generan situaciones incompatibles con la justicia entendida en términos de igualdad.¹²

Los problemas de discriminación en la IA pueden tomar distinta forma y se pueden deber a cuestiones de raza, etnia, género, clase social, religión, lenguaje, etc.¹³ Estos problemas se producen cuando los datos de los que se nutren los sistemas de IA no son representativos y, al contrario, tiende a sobrerrepresentar a unos colectivos frente a otros. En la medida que la IA, como sucede de manera generalizada en el ámbito científico-tecnológico, es marcadamente androcéntrica los datos suelen representar con mayor frecuencia a los hombres blancos antes que a cualquier otro grupo de personas. Así, desde que estas tecnologías han empezado a operar entre nosotros se han ido descubriendo este tipo de sesgos que generan discriminación.

Para ilustrar esta problemática podemos usar el ejemplo del sistema IA que hace unos años puso en marcha Amazon para optimizar su proceso de selección de personal y elegir a los mejores candidatos para un puesto.^[14 Sin embargo, al poco tiempo de tener en funcionamiento este sistema, la compañía se dio cuenta de que a los currículums de mujeres se les asignaba, de manera sistemática, una puntuación más baja que a la de los hombres. Tras analizar qué estaba sucediendo descubrieron que en los datos con los que se había entrenado al algoritmo, que procedían de los procesos de selección de personal de la empresa durante los 10 años anteriores, había una desproporcionada presencia de hombres. Esto provocó que el algoritmo encontrase un patrón de repetición claro: si en el pasado más hombres se habían presentado para ocupar un puesto y habían sido seleccionados, entonces debe ser que ellos son más aptos para ese cargo. De este modo que cuando esta IA se puso en funcionamiento empezó a tomar la variable “hombre” como algo positivo, tal y como podría haber sido el tener más años de experiencia en un puesto similar o una formación especializada en el área de contratación.

Como hemos señalado antes, los sesgos también pueden producirse por cuestiones de raza. El proyecto Gender Shades¹⁵ analizó tres sistemas de reconocimiento facial y demostró como los rostros de personas negras eran identificados con menos precisión que los de personas blancas de manera sistemática. Uno de los sistemas, desarrollado por Microsoft, identificaba correctamente el 100% de las caras de hombres blancos, en el caso de los hombres negros el porcentaje de aciertos era del 94%. Las cifras de IBM eran incluso peores, frente al 99,7% de hombres blancos correctamente identificados el de hombres negros era del 88%. Si al color de la piel le sumamos la variable del género, entonces la diferencia es aún mayor. Frente al 100% de hombres blanco bien identificados por el sistema de Microsoft, este solo acertaba con el 79,2% de las mujeres negras. En el caso de IBM la diferencia era del 99,7% para los hombres blancos al 65,3% para las mujeres negras.

Un sistema de IA de Amazon asignaba a los curriculums de mujeres, de manera sistemática, una puntuación más baja que a los hombres

Estos y otros ejemplos muestran como la IA está sesgada en distintos sentidos, produce situaciones discriminatorias y evidencia de falta de neutralidad. Estos problemas no son fallos o errores puntuales que se den en la tecnología, sino que son el resultado de una forma de pensar, entender y hacer ciencia y tecnología desde presupuestos marcadamente androcéntricos y blancos. La IA, como el resto de las tecnologías, ha sido (y continúa siendo) imaginada, diseñada y usada no solo en el marco de un sistema patriarcal, sino también capitalista en el que la norma, el dato estándar, es el del hombre blanco occidental. Esta realidad que permea las estructuras de la IA , y todas las disciplinas científico-técnicas, son el verdadero motivo de las sistemáticas discriminaciones y situaciones de desigualdad producidas por la tecnología y evidencia que estas son indisociables de proyectos ideológicos, así como ciertos contextos políticos y sociales. Si buscamos construir sociedades justas en la que todos los ciudadanos y ciudadanas sean libres e iguales, entonces debería ser una prioridad no solo acabar con los sesgos, sino cuestionar el proyecto actual de IA. La tarea por delante no es sencilla, la igualdad en la IA no solo depende del uso de bases de datos que representen en igualdad de condiciones a los colectivos que se verán afectados por sus decisiones y/o recomendaciones, también implica revisar los propios fundamentos tecnológicos, científicos, políticos, económicos y sociales que han permitido que la IA surja con tanta fuerza y amenace con convertirse en un ser omnipresente en nuestra sociedad.

Crisis ecosocial. Desde finales del s. XX las tecnologías digitales han sido presentadas como radicalmente contrarias a las tecnologías industriales de la primera y la segunda revolución industrial y, por tanto, como limpias, respetuosas con el medioambiente, casi independientes de infraestructura y normalmente asociadas a trabajos de gran valor social que necesitan de alta cualificación. Así lo reflejan los distintos discursos sobre tecnologías como la IA que se encuentran plagados de metáforas ecológicas como “la nube”, “redes neuronales”, “montañas de datos”, “granjas de datos”, etc., que nos hacen relacionar estas tecnologías con el respeto a la naturaleza y un futuro verde.¹⁶ Metáforas que tratan de ocultar una realidad muy distinta: que la IA, lejos de ser un ente casi etéreo similar a una nube, es tan material y contaminante como una mina .

De la mina proceden los materiales que se necesitan para fabricar las tecnologías de IA. Materiales como el cobre, el níquel, el litio, las tierras raras, etc., se han convertido en elementos esenciales cuya extracción genera un impacto ecológico tremendo y su apropiación, conflictos geopolíticos serios. Y es que, por un lado, buena parte de estos materiales críticos, también conocidos como CRM,¹⁷ se encuentran en suelo chino y ruso, así como en otros países como Brasil, India, Chile, Bolivia, etc. Solo una pequeña parte de ellos se encuentra en territorio europeo. Por otro lado, las prácticas de extracción asociadas a la minería producen erosión, pérdida de biodiversidad, devastación de la vegetación cercana, contaminación de las aguas, deforestación, etc. Además, la minería, el refinamiento de materiales, la manufactura fuera de Europa, etc., suele estar vinculada a unas condiciones laborales pésimas para los trabajadores implicados.¹⁸

Los sesgos que permean las estructuras de la IA evidencian que estos sistemas son indisociables de proyectos ideológicos y de ciertos contextos políticos y sociales

Una vez se dispone de los materiales adecuados y estos son manufacturados su transporte a Europa también produce un impacto ecológico importante. En 2017, el transporte a través de barcos mercantes, utilizados, entre otros fines, para transportar los productos y las tecnologías de IA, fue responsable del 3,1% de las emisiones globales de CO2, lo que supera, por ejemplo, las emisiones producidas por un país como Alemania.¹⁹ Asimismo, los cables submarinos a través de los cuales se transmite gran parte de la información que necesita la IA para funcionar producen un impacto medioambiental muy alto y son una realidad normalmente opacada al hablar de IA.

La minería, el refinamiento, la manufacturación y el transporte ponen de relieve que lejos de ser realidades no contaminantes, la IA es un grupo de tecnologías que necesita de una amplísima infraestructura (mucho mayor que la de las tecnologías industriales) para funcionar. Una infraestructura que se extiende también dentro de las fronteras europeas. Los centros de datos donde se almacena la información –nuestros datos– que usa la IA también son realidades materiales que permanecen con frecuencia ocultas y que, sin embargo, consumen una gran cantidad de energía. En el año 2018, los centros de datos europeos consumieron el 2,7% de la energía eléctrica producida en la UE y las predicciones más optimistas, en el caso de que las ganancias en eficiencia energética crezcan al mismo ritmo que el consumo, estiman que este alcance el 3,21% en 2030. En el caso de que eficiencia y consumo no vayan de la mano este último podría alcanzar el 6%.²⁰

Y es que, ya en 2011, si la computación en la nube fuera considerado un país, esta sería el sexto país del mundo que más energía eléctrica demanda.²¹ Entre 2012 y 2014 la industria de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) consumió tanta energía eléctrica como el tercer país más contaminante del mundo, solo detrás de EEUU y China.²² También el entrenamiento de algoritmos como ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje consume grandes cantidades de energía que suelen ser pasadas por alto . Se estima que entrenar a ChatGPT-3 ha «generado 500 toneladas de CO2, el equivalente a ir y volver a la Luna en coche».²³ Además, «el uso que se habría hecho de electricidad en enero de 2023 en OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, podría equivaler al uso anual de unas 175.000 familias danesas»,²⁴ aunque se apunta que estas familias no son las que más consumen en Europa.

El entrenamiento de algoritmos como ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje consume grandes cantidades de energía, algo que se suele pasar por alto

Finalmente, el reciclaje de los desechos electrónicos que se derivan del uso masivo de tecnología, entre ellas las de IA, no es todavía una práctica totalmente extendida en la UE. Gran parte de estos desechos se trasladan a países como Ghana o Pakistán donde son acumulados produciendo un deterioro del entorno y las especies que lo habitan a través de la acidificación de las aguas, la expulsión de gases tóxicos, la pérdida de biodiversidad, etc. Esta realidad pone de relieve una forma de funcionamiento de la IA muy distinta a la narrativa de los datos y los algoritmos que solemos escuchar. Al contrario, plantea serias dudas sobre si los discursos políticos, económicos y académicos qué presentan a la IA como una aliada fundamental para luchar contra el cambio climático están o no en lo cierto y si esta no sirve más bien para hacer greenwashing y seguir justificando y legitimando el consumo ilimitado en Occidente sin importar el impacto socioecológico que ello implique.

Conclusiones

Los problemas éticos que hemos expuesto en este texto son solo algunos de los que surgen en torno al diseño, adopción y uso de estas tecnologías.²⁵ La elección de estos y no otros se debe a que apuntan a problemas de fondo asociados el proyecto de IA en su conjunto, no a una simple enumeración de debates éticos que parten de la asunción de que dicho proyecto es bueno y/o deseable en sí mismo. El impacto socioecológico de la IA, junto a sus implicaciones para la libertad, las mujeres y otros colectivos vulnerables, pone de relieve que estas tecnologías son mucho más que sistemas enfocados a tomar decisiones iguales o mejores que las humanas, sino que más bien constituyen una idea, una forma de entender y ejercer el poder, una infraestructura y una industria extractivista de nuestros de recursos naturales, nuestros datos y nuestros cuerpos. En este sentido, la reflexión ética y política sobre la IA nunca debería limitarse a asumir los marcos tecnooptimistas que se nos imponen dentro del capitalismo y, más bien, debería a apuntar hacia como construir futuros ecológicos y socialmente justos en los que la tecnología no sea la única solución a nuestros problemas y la vía preferencial hacia el progreso.

Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo es investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e investigadora asociada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

NOTAS

¹ Mariarosaria Taddeo y Luciano Floridi, «How AI can be a force for good», Science, 361(6404), 2018, pp. 751-752.

² Langdon Winner, El reactor y la ballena, Gedisa, 2013.

³ Ryan Singel, «Netflix Spilled Your Brokeback Mountain Secret, Lawsuit Claims», Wired, 17 de diciembre de 2009, disponible en:

⁴ Carissa Veliz, Privacidad es poder, Debate, 2021.

⁵ John Stuart Mill, Sobre la libertad, Alianza, 2013.

⁶ Isaiah Berlin, Sobre la libertad, Alianza, 2017.

⁷ Charlotte Jee, «China’s social credit system stopped millions of people from buying travel tickets», MIT Technology Review, 4 de marzo de 2019.

⁸ Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, «La regulación europea de la IA», ABC, 21 de marzo de 2023.

⁹ Quentin Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge University Press, 2012.

¹⁰ Filip Biały, «Freedom, silent power and the role of an historian in the digital age–Interview with Quentin Skinner», History of European Ideas, 48(7), 2022, pp. 871-878.

¹¹ Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, 2020.

¹² Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, «Sesgos de género en la inteligencia artificial», Revista de Occidente, 502, 2023.

¹³ Naroa Martinez y Helena Matute, «Discriminación racial en la Inteligencia Artificial», The Conversation, 10 de agosto de 2020.

¹⁴ Jeffrey Dastin, «Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women», Reuters, 10 de octubre de 2018.

¹⁵ Toda la información sobre el proyecto está disponible en: https://gendershades.org/index.html

¹⁶ Allison Carruth, «The digital cloud and the micropolitics of energy», Public Culture, 26(2), 2014, pp. 339-364.

¹⁷ De sus siglas en inglés Critical Raw Materials.

¹⁸ Kate Crawford, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, Yale University Press, 2021.

¹⁹ Zoe Schlanger. «If Shipping Were a Country, It Would Be the Sixth-Biggest Greenhouse Gas Emitter», Quartz, 17 de abril de 2018.

²⁰ Francesca Montevecchi, Therese Stickle, Ralph Hintemann, Simon Hinterholzer, Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market, Comisión Europea, 2020.

²¹ Tom Dowdall, David Pomerantz y Yifei Wang, Clicking Green. How companies are creating the green internet, Greenpeace, 2014.

²² Adrián Almazán, «¿Verde y digital?», Viento Sur: por una izquierda alternativa, 173, 2020, pp.61-73.

²³ Manuel Pascual, «El sucio secreto de la Inteligencia Artificial», El País, 23 de marzo de 2023.

²⁴ Ibidem

²⁵ Mark Coeckelbergh, Ética de la inteligencia artificial, Catedra, 2021.

Acceso al artículo a texto completo en formato pdf:  Una ética para la inteligencia artificial: libertad, feminismo y ecologismo

Se considera esta cuestión partiendo de los planteamientos más relevantes para el caso de estudio. Se repasan las ideas de John Rawls para, a continuación, analizar las críticas a Rawls enunciadas por Thomas Pogge, Michael Walzer, Nancy Fraser e Iris Marion Young, para finalizar con algunas propuestas en los comentarios finales.

La cuestión de las migraciones internacionales emerge como una de las principales encrucijadas contemporáneas donde se entrelazan cuestiones de justicia, derechos, desigualdades y experiencias de sufrimiento humano.

Las actuales migraciones son reflejo de una determinada organización del mundo, fracturado –grosso modo– entre Norte y Sur global. En el capitalismo tardío, la organización de las migraciones desde el Norte global sirve a las necesidades económicas de trabajadores abundantes y baratos, tanto en la actividad fabril deslocalizada como en los países del Norte en empleos de menor estatus y salarios nimios. Es, precisamente, el desequilibrio entre el mundo rico y el pobre lo que mueve a muchas personas a desplazarse en busca de un futuro mejor.

El mundo contemporáneo vive la paradoja de una globalización de mercancías, capitales y personas pudientes, pero de fronteras infranqueables para el resto de seres humanos, situación que profundiza la brecha Norte-Sur, resultando en lo que Velasco (2020: 2) denomina con el oxímoron de “globalización fronterizada”.¹

En las últimas dos décadas se ha configurado un nuevo orden migratorio internacional en el que las restricciones a la movilidad constituyen la regla y la libertad de circulación de las personas la excepción.² Actualmente se da la coincidencia de, al menos, tres factores sobre esta cuestión:

1) Una profundización de las desigualdades y de la brecha Norte-Sur;

2) Un progresivo endurecimiento de las políticas migratorias en los países del Norte global, que conlleva un control más estricto de las fronteras a través de sofisticadas tecnologías. En paralelo, se produce la externalización de la gestión fronteriza a terceros países, alejando los espacios fronterizos de los países ricos;

3) La conceptualización de la migración como problema, cuyo foco es un tipo muy concreto, la denominada migración irregular, que justifica, a pesar de que constituye una porción exigua de los flujos migratorios, elevadas inversiones en la fortificación de las fronteras.

Estas tres dinámicas confluyen en la producción de una categoría de migrantes “ilegales” a la que se criminaliza, persigue y aplica toda clase de instrumentos punitivos. Quienes logran traspasar las fronteras del mundo rico no corren mejor suerte. Se ven amenazados por el internamiento indefinido y la expulsión y, en el eventual caso de lograr establecerse, se les niegan los derechos de ciudadanía. Como contrapunto, conviene recordar que la migración es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 13.2)³

Así, la posibilidad de viajar o no, de atravesar fronteras internacionales se ha convertido actualmente en un nuevo mecanismo de estratificación social y de segregación selectiva⁴ Estas dinámicas convierten los espacios fronterizos globales en limbos legales donde las leyes quedan en suspenso; un espacio de alegalidad donde que se producen graves violaciones de los derechos humanos. Todo ello plantea claros problemas de injusticia y abusos. ¿Cómo responden los filósofos políticos a estas cuestiones?

John Rawls: de la justicia nacional a la esfera global

Las ideas sobre la justicia han estado largo tiempo marcadas por la teoría de John Rawls desde la publicación de A Theory of Justice en 1971. Esta obra sentó las bases de un marco liberal igualitario todavía vigente. La justicia pertenece a la estructura básica de instituciones porque influye en la perspectiva de vida de las personas en la sociedad⁵ Las instituciones sitúan a los diferentes miembros (o incluso a los no-miembros) de una sociedad en diferentes posiciones que determinan sus opciones y oportunidades para desarrollar sus capacidades y alcanzar bienestar. En el modelo de Rawls, el Estado nación marca los límites de aplicación de la justicia, siendo la nacionalidad el elemento que condiciona los derechos y oportunidades de los sujetos. Así, se aplica un rasgo heredado o circunstancial, producto de una “lotería natural” como es nacer en un determinado país como salvoconducto para la movilidad planetaria.⁶ Caracteriza a una sociedad injusta el que determinados grupos de personas tengan menos oportunidades que otras, especialmente por rasgos no elegidos. En estas circunstancias, «el sentido de justicia se resiente».⁷ ¿Se aceptaría el actual régimen fronterizo en una hipotética situación de “velo de la ignorancia”, como teorizó Rawls? Parece que no, a la vista de las atrocidades y abusos de los derechos humanos que ocurren cada día en múltiples espacios de frontera a lo largo del planeta.

A medida que avanzaba el proceso globalizador en los años noventa, la tesis de la justicia limitada a las demarcaciones nacionales perdió base. En 1993, Rawls publicó Law of Peoples, o Derecho de gentes, la extensión al ámbito de las relaciones internacionales de su teoría de justicia como equidad, y donde sitúa los derechos humanos como elemento clave que establece los límites morales al pluralismo entre los pueblos.⁸ Si el liberalismo igualitario defiende que hacer justicia entraña «implementar algún tipo de reparación compensatoria a favor de quienes son víctimas de una mala suerte bruta que no han provocado ni elegido», en la senda del “igualitarismo de la suerte” marcada por Dworkin, esta idea solo se aplica en el interior de los estados. En Derecho de gentes Rawls cambia inexplicablemente el criterio primordial de la justicia: ya no es la redistribución de recursos, sino la estabilidad del sistema de estados. La atención a la injusticia en el mundo no constituye un deber de asistencia internacional, sino que queda a merced de la ayuda humanitaria. Así, la teoría de Rawls se queda corta para abordar los problemas globales, al tiempo que genera nuevos problemas de justicia en el interior de los estados, ya que al considerar sujetos de la redistribución –y, eventualmente de derechos políticos– estrictamente a los ciudadanos de cada unidad política implícitamente supone que los extranjeros que se hallen en ese territorio no son destinatarios natos de tales derechos.

Por su parte, Joseph Carens, también desde el liberalismo igualitario, parte del carácter moral arbitrario de las fronteras y concluye que el liberalismo igualitario conduce a la defensa de un mundo con fronteras territoriales abiertas en el que cada persona debe poder elegir su lugar de residencia.⁹ Carens señala que el estatus de ciudadanía en las democracias liberales occidentales es el equivalente moderno del privilegio feudal, un elemento heredado que multiplica nuestras oportunidades en la vida.¹⁰ De ser así, los principios de justicia deberían neutralizar esos factores. Siguiendo a Loewe, «un modo de hacerlo sería mediante el reconocimiento de obligaciones de justicia distributiva global (que Rawls expresamente rechaza. Otro modo, mediante el reconocimiento de un derecho a la movilidad sin fronteras».¹¹

El modelo rawlsiano de justicia global fue contestado desde visiones más progresistas que criticaron que no hay razones para que los efectos de las asimetrías socioeconómicas globales sean tratados de manera diametralmente distinta en el plano nacional y global. Muy pronto se planteó un debate entre nacionalistas liberales, internacionalistas y cosmopolitas en torno a si tenemos obligaciones de justicia más allá del Estado nación. Cosmopolitas e internacionalistas coinciden en señalar que la posición liberal falla a la hora de asegurar una distribución equitativa de derechos y recursos en el plano global. Frente a la posición nacionalista de los liberales, la corriente cosmopolita afirma que el objeto de la justicia son las relaciones entre todos los seres humanos, y la unidad básica de distribución es el plano global. Por su parte, los internacionalistas plantean una estructura con dos niveles, nacional e internacional, que entraña distintos grados de obligaciones.

Las influyentes tesis de Rawls despertaron, no obstante, críticas desde diferentes visiones. Se destacan a continuación cuatro autores cuyos argumentos iluminan otros tantos elementos cruciales para pensar las migraciones internacionales desde la perspectiva de la justicia que están ausentes en la teoría rawlsiana. Estos autores son Thomas Pogge, que introduce en el campo de la justicia el elemento de la pobreza y los derechos humanos; Michael Walzer, quien explora la convivencia como base de la pertenencia y de la ciudadanía; Nancy Fraser, que examina la cuestión del sujeto de la justicia en la era de la globalización; y, finalmente, Iris Marion Young, con una singular reflexión sobre la injusticia estructural que resulta iluminadora aplicada a las migraciones internacionales.

Thomas Pogge: la pobreza en el marco de la justicia y los derechos humanos

Una de las críticas más contundentes al enfoque rawlsiano a escala global fue la de Thomas Pogge, cuya teoría trata la pobreza y los derechos humanos, lo que el autor denomina “cosmopolitismo moral en el lenguaje de los derechos humanos”.¹² Para Pogge, la organización de la economía internacional produce externalidades que influyen en el desarrollo econoómico de las naciones. Aunque los factores internos de los países desempeñan un papel, la pobreza de algunas naciones solo se puede explicar si se atiende las consecuencias de otros factores con un carácter global en las políticas nacionales, tales como las reglas del comercio internacional. Así, Pogge entiende que los efectos de un sistema internacional que favorece a unos más que a otros se derivan obligaciones de justicia distributiva global. Este autor sitúa los derechos humanos como el mínimo básico debido a todos los seres humanos. El ideal de justicia se vincula así a los derechos humanos. En el caso de las migraciones internacionales, situar los derechos humanos como medida del mínimo exigible a todas las instituciones evitaría numerosos abusos y posibilitaría mejorar la situación y los derechos de los migrantes, tanto en tránsito como aquellos asentados en el interior de un estado.¹³

Aunque Pogge considera inadecuada la apertura de fronteras para eliminar la pobreza, pues solo lograría resolver la situación de unos pocos, sostiene que en el mundo contemporáneo se dan estructuras lo bastante sólidas como para garantizar la aplicación de principios jurídicos en las relaciones entre individuos de comunidades políticas distintas, y señala que «A los ciudadanos más privilegiados e influyentes de los países más poderosos […] les corresponde una responsabilidad compartida por el papel que desempeñan sus gobiernos […] en ese orden global».¹⁴ Este autor defiende que los países ricos deben modificar las condiciones de entrada de migrantes y, sobre todo, las aplicadas a su permanencia para aquellos en situaciones de necesidad extrema.¹⁵

Pogge aboga por un cosmopolitismo institucional en el que se da la distribución vertical de la soberanía ciudadana entre diferentes escalas de unidades políticas en las que ninguna domina al resto, con un doble movimiento de centralización y descentralización. Sin duda, la aplicación a las migraciones redundaría en un reequilibrio del poder, ya que unidades subnacionales podrían democráticamente acordar otras normas para la entrada y establecimiento de extranjeros, algo que desafortunadamente no es posible en la actualidad, como muestra la experiencia del Ayuntamiento de Riace (Italia)¹⁶ y el encausamiento y condena de su alcalde. Igualmente, la propuesta de Pogge permitiría el avance de una gobernanza global y la configuración de instituciones supranacionales con capacidades para instituir normativas de movilidad humana.

Michael Walzer: la convivencia como base de la pertenencia

En un importante texto,¹⁷ Walzer repasaba cuestiones relevantes a las migraciones internacionales cuando analizaba los entresijos de la pertenencia a una comunidad política y el tratamiento hacia los extranjeros que viven en ella. Walzer, desde su perspectiva comunitarista, señala que lo que se distribuye en la comunidad política es la pertenencia, que da acceso a toda otra gama de opciones materiales e inmateriales. Se trata de un bien primario que, en el actual modelo migratorio se niega o se restringe con frecuencia a ciertos extranjeros.

El autor desgrana cuál era el régimen de los extranjeros, los metecos, en la antigua Atenas: vivían en la ciudad, pero no podían acceder a la ciudadanía, y, por tanto, tampoco a los derechos que granjeaba. Walzer establece un paralelismo entre los metecos y los trabajadores huéspedes contemporáneos en las modernas economías centrales y en los países del Golfo, quienes carecen indefinidamente de todo derecho político.¹⁸

Este autor apunta otra cuestión importante: que un grupo social –los ciudadanos–, por mayoritario que sea, determine las oportunidades de los otros se traduce en opresión, y crea sociedades duales, o escindidas, con dos categorías de sujetos: los ciudadanos de pleno derecho y los extranjeros, sin derechos. Ello convierte la ciudadanía en un inesperado mecanismo de exclusión que rompe el principio de igualdad. Esta situación resulta inaceptable en una democracia donde impera el Estado de derecho. Walzer sostiene que la justicia distributiva comienza por dar acceso a la pertenencia, y aboga por revertir el actual estado de injusticia y ofrecer a los migrantes las oportunidades que brinda la ciudadanía. En este contexto, resulta crucial redefinir la institución de ciudadanía en clave inclusiva, o, dicho sinéticamente, es necesario desnacionalizar la institución de ciudadanía.¹⁹

Nancy Fraser: ¿Quién es el sujeto de la justicia en la globalización?

Esta filósofa plantea los límites del enfoque westfaliano-keynesiano de la justicia vinculados al Estado nación para abordar correctamente los problemas que surgen con la globalización, que ponen en cuestión no solo la sustancia de la justicia, sino también el marco de la misma. Fraser enuncia un modelo de justicia democrática postwestfaliana que se sostiene en tres pilares: la redistribución, el reconocimiento y –tras las críticas de Young a su enfoque dual original– la dimensión política, con la “paridad de participación” como principio.²⁰

Esta autora se detiene a examinar las cuestiones de marco, que denomina «la política del enmarque», y que implica, en primer lugar, distinguir entre quiénes son parte de la comunidad, a quienes les corresponden derechos y obligaciones –esto es, quiénes son sujetos de la justicia– y quiénes no lo son.

Nancy Fraser también analiza los distintos niveles de la justicia metapolítica. El tercer nivel alude a las injusticias creadas por los procesos no democráticos con los que se establece el marco, y que adolece de paridad participativa. Fraser lo denomina representación fallida metapolítica, y surge «cuando los Estados y las élites transnacionales monopolizan la actividad de establecimiento del marco, negando voz a quienes pueden resultar perjudicados en el proceso e impidiendo la creación de foros democráticos» en los que se diriman sus reivindicaciones²¹ Es un hecho resaltable que, en particular en el caso de las migraciones internacionales en el ámbito de la UE, las políticas se han aprobado no solo sin participación de los afectados –se han desarrollado a nivel institucional estatal–, sino que además la aplicación de las normas en la UE se ha otorgado a una institución de nueva creación, Frontex (hoy denominada Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), que es una institución opaca y exentas de control democrático. Así, las migraciones internacionales podrían considerarse, en términos de Fraser, como un caso de representación fallida metapolítica.

Iris Marion Young: la injusticia estructural. Aplicación al caso de las migraciones

Young parte de que la conexión social surge antes que las instituciones políticas, y las obligaciones jurídicas son fruto de las relaciones institucionales de cooperación. Concibe la injusticia como una cuestión estructural, con cinco aristas –explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia–, y junto a las cuestiones de distribución añade tres fuentes de limitaciones: procedimientos de toma de decisiones, división del trabajo y cultura. Además, analiza cómo se experimenta la opresión y la dominación, y sus diferentes aristas en relación con la justicia. De acuerdo con Young, «la injusticia estructural existe cuando los procesos sociales sitúan a grandes grupos de personas bajo la amenaza sistemática del abuso o de la privación de los medios necesarios para desarrollar y ejercitar sus capacidades, al tiempo que estos procesos capacitan a otros para abusar o tener un amplio espectro de oportunidades para desarrollar y ejercitar capacidades a su alcance».²² La injusticia social, apunta Young, remite en verdad a una injusticia estructural que se asienta en una serie de procesos que lo permiten, con cuatro componentes:

1) los hechos sociales objetivos, experimentados por los individuos como algo que limita y capacita a la vez;

2) el espacio macro social en el que las posiciones están relacionadas;

3) lo que ya existe, pero solo en las acciones;

4) lo que involucra de forma cotidiana las consecuencias no intencionadas de la combinación de actos de muchas personas.

Si aplicamos este esquema a las migraciones internacionales, no cabe duda de que esta situación representa un caso de injusticia estructural. Veamos cómo. En primer lugar, resulta evidente cómo los sujetos afectados experimentan el modelo migratorio del Norte como restrictivo en derechos, lo que impacta en sus oportunidades y su acceso a bienes y servicios –también al mercado laboral legal–, creando una precariedad que afecta al devenir de sus vidas; pero que impacta paralelamente de una forma biopolítica: en el “secuestro” de su tiempo de vida mientras están recluidos en instituciones donde pasan meses y años sin saber cuándo se resolverá su caso.²³ Así, las estructuras limitan sus vidas de forma directa, aunque también de forma indirecta, como señala Young, de un modo más tangencial y acumulativo.

En segundo lugar, el espacio macro social donde se desarrollan las migraciones viene marcado por aspectos históricos –la experiencia de la colonización del resto del planeta por parte de Europa–, por procesos geopolíticos más recientes: imperialismo, neoimperialismo de los recursos, formación de bloques, etc., que conforman las estructuras y guían el establecimiento de normas, y por procesos simbólicos: la construcción de la oposición “nosotros”-“el otro”. El resultado es la jerarquización de los sujetos por nacionalidad y nivel económico que se establece en base a criterios políticos, de cercanía cultural, pero también por prejuicios raciales/étnicos que determina quiénes acceden al derecho al movimiento y, en concreto, a traspasar las fronteras del mundo rico. Las barreras de entrada al sistema son muy distintas para unos y otros, lo que da cuenta de que los criterios utilizados funcionan para filtrar a quienes se desplazan de acuerdo a los deseos y necesidades laborales de los países receptores. La existencia de un mercado de trabajo irregular es funcional al sistema económico. Así pues, se trata de una “desigualdad persistente” que en la actualidad opera profundizando la categorización o jerarquización de los seres humanos a quienes corresponderán distintos grados de privilegio o marginación/exclusión/depauperación.

En tercer lugar, señala Young que las reglas o recursos que definen las estructuras sociales «existen solo en la medida en que los individuos de la sociedad tienen conocimiento de ellos».²⁴ En el caso de las migraciones, en general, es así, pero la legislación y normativa actual se aplica tras un velo de discrecionalidad y opacidad, por lo que a veces ni los ciudadanos de pleno derecho ni los irregulares afectados conocen las disposiciones; se opera en un ambiente de ocultamiento: vuelos de madrugada de “devolución” de migrantes, instalaciones de internamiento en emplazamientos discretos, etc. que parecen no existir, son una especie de no-lugares, como diría Marc Augé, fuera de la mirada pública y donde los internos son números anónimos despersonalizados; sin embargo, se trata de acciones que construyen ladrillo a ladrillo una realidad. Como recuerda Young,  las estructuras «se producen solo mediante la acción… son recursivas».²⁵

En cuarto lugar, las consecuencias no intencionadas –no calculadas sería mejor, ya que sí hay una intención de criminalizar a ciertas personas y de que existan mercados laborales paralelos y precarios– del actual modelo migratorio producen un daño ingente: vidas que se pierden, pero también vidas que se malogran por la precariedad, graves violaciones de los derechos humanos que llegan a la esclavización (como está ocurriendo en Libia), abusos sexuales sistemáticos a las migrantes, daños psicológicos persistentes por el daño sufrido… En ello intervienen una cadena de agentes, desde los responsables de políticas estatales, partidos políticos que criminalizan a los migrantes, el sistema jurídico y policial que hace cumplir las normas pero a veces “se les va la mano”, medios de comunicación que hacen de altavoz, empresarios que demandan trabajadores baratos, ciudadanías acomodadas que desean delegar las tareas de cuidados, pasando por los gobiernos de países que realizan la gestión externalizada de las migraciones, su utilización política de esta prerrogativa, sus  fuerzas armadas y policiales que hacen el trabajo sucio, los propios gobiernos y estados de origen que no crean condiciones para el bienestar de su ciudadanía, sino juegos de equilibrios políticos, clientelismos y corruptelas… Quienes participan de un modo u otro tienen su parte de responsabilidad en afianzar o no la injusticia estructural que limita las oportunidades de los sujetos “sujetados”. Todos estos elementos se entrecruzan con un resultado nefasto sobre las personas que se desplazan.

Desde su enfoque socioestructural, Young propone un esquema de conexión social como modelo de responsabilidad para interpretar las obligaciones jurídicas. Este modelo se basa en que «todos los agentes que contribuyen con sus acciones a los procesos estructurales que originan injusticias tienen la responsabilidad de trabajar para solucionar estas».²⁶ Para Young, las obligaciones jurídicas exceden lo que es debido por mera humanidad. Lo desmarca del modelo más común de la responsabilidad enfocado a identificar al culpable directo de un daño porque en un sistema complejo como el actual, con injusticias socioestructurales, como argumenta Young, los responsables de una injusticia pueden no presentar relaciones directas con los perjudicados. Es decir, las relaciones entre el agente o agentes de una primera acción en una larga cadena de eventos y los perjudicados finales de ese proceso pueden estar invisibilizadas, pero no por ello deja de existir un nexo.  Por ello, Young sostiene la necesidad de un concepto ampliado de la responsabilidad, y propone el modelo de conexión social que otorga responsabilidad a los individuos respecto a las injusticias estructurales más allá de las fronteras del Estado nación, incluso aunque no haya una cadena causal directa. Este modelo de conexión social es aplicable a las migraciones internacionales, ya que, si bien no participamos en el diseño de las políticas restrictivas, sí tenemos una responsabilidad compartida en la injusticia estructural a través de distintos canales: como votantes, como consumidores, como vecinos, como empleadores de migrantes, como activistas, etc. Sin embargo, aunque coincidiendo con el análisis de Young, cabe alegar que la cadena de responsabilidad puede entrar en terrenos pantanosos difíciles de seguir la pista en los vericuetos de la sociedad global, lo que plantea una pregunta legítima: ¿Hasta dónde alcanza la cadena de responsabilidades?

Young enumera las características de este modelo, que recojo sucintamente:²⁷

1) no pretende aislar, es decir, identificar al responsable principal de una injusticia porque hay distintos sujetos con responsabilidades;

2) evalúa las condiciones originales a las que normalmente se atribuye la culpa, y amplía este enfoque;

3) más proyección (a futuro) que reconsideración (del pasado), así, no busca la reparación por injusticias pasadas, sino más bien evitar que tales injusticias se sigan reproduciendo;

4) responsabilidad compartida entre quienes participan con sus acciones en los procesos que conducen a injusticias estructurales;

5) solo es posible abordarlos mediante la acción colectiva.

El modelo remite estrechamente a la responsabilidad política de organización colectiva para transformar las estructuras. Esta responsabilidad compartida no entrañaría, sin embargo, como aclara Young, una igual responsabilidad. La “responsabilidad compartida pero diferenciada” ha sido precisamente uno de los mantras de la ONU respecto al cambio climático.

En la senda de lo apuntado por Young, pueden señalarse, tal como apunta Velasco, dos deberes básicos de los países prósperos: uno, resarcir a los injustamente perjudicados; y dos, rediseñar el orden jurídico-económico internacional para que no se sigan generando tales daños. Velasco alega que se trata de una responsabilidad no solo moral, sino también legal acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y aboga no solo por marcos conceptuales distintos, sino también nuevas estructuras político-institucionales.²⁸ Este autor propone un modelo de gestión inclusiva de las fronteras basado en una concepción de las mismas como membranas, estables al tiempo que permeables y reguladas –moral y jurídicamente– bajo criterios de justicia y equidad. Esto permitiría mantenerlas habitualmente abiertas. El cambio de perspectiva implica saltar de pensar las migraciones como “problema de seguridad” y como “competencia exclusiva del Estado” a considerarlas en clave de justicia global y de responsabilidad compartida.

Comentarios finales

Los autores recogidos en el texto exponen numerosas propuestas para la transformación del modelo de las migraciones internacionales desde una perspectiva de justicia global. Sintetizo algunas de las ideas que considero más prometedoras para este fin, a saber:

Primero, considerar las migraciones internacionales desde un marco integral que revele su condición de injusticia estructural.

Segundo, situarlas en el marco de los derechos humanos, un imperativo universal cuyo cumplimiento evitaría muchos de los presentes abusos que sufren quienes se desplazan.

Tercero, revisar los derechos de los migrantes tanto en el plano distributivo como de reconocimiento y derechos políticos bajo el principio de “paridad de participación”.

Cuarto, redefinir las normas que otorgan los derechos de ciudadanía para aquellos extranjeros que habitan en una unidad política a fin de que la ciudadanía se ligue a criterios de convivencia.

Quinto, para iniciar transformaciones más profundas, considerar un modelo institucional multiescalar de responsabilidad en las migraciones, así como activar un enfoque de “conexión social”.

Sexto, a escala supranacional, trabajar por desarrollar un orden institucional global capaz de gobernar las migraciones internacionales, aplicando criterios de justicia que se dan por sentados en el interior del Estado nación. Ya existen numerosos documentos que dan contenido y directrices para dicha gobernanza, como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016), el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ambos de 2018), junto a la anterior Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Asamblea ONU, 1990, que entra en vigor en 2003).

Séptimo, operar bajo un esquema de fronteras abiertas y de libre circulación de personas como norma, con el cierre de forma excepcional.

En el desarrollo de estas tareas, resulta urgente la democratización de la esfera internacional.

Nuria del Viso Pabón es miembro del Área Ecosocial de FUHEM y editora de la revista PAPELES.

Disponible el contenido del artículo a texto completo en: Migraciones internacionales y justicia global a la luz de la filosofía política

NOTAS:.

¹ Juan Carlos Velasco, «Hacia una visión cosmopolita de las fronteras. Desigualdades y migraciones desde la perspectiva de la justicia global», Revista Internacional de Sociología, vol. 78 (2), e153, abril-junio 2020, p. 2.

² Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, FCE México, 2016, p. 284.

³ Puntualizar que este ha sido el caso para las migraciones internacionales, aunque el conflicto de Ucrania ha creado una situación de acogida de ciudadanía ucraniana en la Unión Europea bien diferente a los usos habituales empleados en las dos últimas décadas para otros refugiados. Esta situación ha puesto en evidencia los principales argumentos empleados por el Norte global a la hora de justificar sus prácticas restrictivas, como analiza Juan Carlos Velasco en este artículo: https://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2022/03/09/133243 y en este: https://theconversation.com/la-respuesta-europea-a-los-refugiados-ucranianos-una-excepcion-178738

⁴ Bernardo Bolaños, «Migración, derecho consular y justicia global», Isonomía, núm. 30, abril de 2009, p. 3, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n30/n30a1.pdf

⁵ John Rawls, «La estructura básica como objeto», en: John Rawls, Liberalismo político, Barcelona, Crítica, capítulo 1, 2006, pp. 1-32.

⁶ John Rawls, «Los principios de la justicia», en: Rawls, John, Teoría de la justicia, Madrid, Fondo de Cultura Económica, cap. 2, 1995, pp. 62-118.

7 Juan Carlos Velasco, 2016, op. cit., p. 15.

⁸ John Rawls, «El derecho de gentes», Isegoría, 16, 1997, pp. 5-36, p. 5.

⁹ Bernardo  Bolaños, 2009, op. cit.; Velasco, 2016, op. cit., pp. 243-248.

¹⁰ Joseph Carens, «Aliens and citizens. The case of open borders», The Review of Politics, vol. 49, núm. 2, primavera, 1987, pp. 251-273, citado en Daniel Loewe, «Justicia distributiva global e inmigración», REMHU, Revista Interdiscip. Mobil. Hum., vol. 25, núm. 50, agosto de 2017, pp. 25-45, p. 33.

¹¹ Daniel Loewe, 2017, op. cit., p. 33.

¹² Thomas Pogge, «Cosmopolitismo y soberanía», en: La pobreza en el mundo y los derechos humanos, cap. 7, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 215-248, p.217.

¹³ A esta postura se suma Ariadna Estévez, quien señala que se podrían evitar los conflictos que sufren los migrantes bien a través de la ampliación de la ciudadanía, bien a través del reconocimiento y aplicación de los derechos humanos. Ariadna Estévez, Derechos humanos, migración y conflicto: hacia una justicia global descolonizada, Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan), Universidad de México, México, 2014, p. 178.

¹⁴ Thomas Pogge, 2005, op. cit., p. 220.

15 Juan Carlos Velasco, 2020, op. cit,  pp. 9-10.

¹⁶ Para más información, véase: https://www.itanol.com/2019/05/riace-pueblo-italiano-famoso-modelo-de-acogida-de-migrantes/ y https://www.elsaltodiario.com/italia/escandalosa-sentencia-al-ex-calcalde-de-riace-y-su-modelo-de-acogida-solidaria-

¹⁷ Michael Walzer, «La pertenencia», en: Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México, FCE, capítulo 2, 1997 [1983], pp. 44-74.

¹⁸ Ibid., p. 65 y ss.

¹⁹ Juan Carlos Velasco, 2016, op. cit., pp. 277-284.

^[20 Nancy Fraser, «Reenmarcar la justicia en un mundo en globalización», en: Escalas de justicia, cap. 2, Herder, Barcelona, 2008, pp. 31-64, p. 39.

²¹ Nancy Fraser, 2008, op. cit., p. 60.

²² Iris Marion Young, «La estructura como objeto primario de la justicia», en: Responsabilidad por la Justicia, Fundación Paideia Galiza, A Coruña, 2011, pp. 61-88, p. 69.

²³ Ruben Andersson, «Beneficios y depredación en la bioeconomía humana», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 145, primavera 2019, pp. 27-56, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/beneficios-y-depredacion-en-la-bioeconomia-humana/

²⁴ Iris Marion Young, 2011, op. cit., p. 76.

²⁵ Ibid., p. 77.

²⁶ Iris Marion Young, «Responsabilidad y justicia global: un modelo de conexión social», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 2005, pp. 689-708, p. 689.

²⁷ Ibid., p. 702 y ss.

²⁸ Juan Carlos Velasco, «Alternativas a la funesta manía de erigir muros», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 153, primavera 2021, pp. 101-112, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/alternativas-a-la-funesta-mania-de-erigir-muros/

El mundo que surge de la pandemia y de la guerra de Ucrania presenta luces y sombras.

Este conflicto armado ha acelerado el ascenso de la importancia creciente de la geopolítica, ha fragmentado el mundo en nuevos bloques de poder y áreas de influencia, y ha profundizado las tendencias autoritarias y armamentísticas que se venían mostrando desde comienzos del siglo.  A su vez, la pandemia nos ha recordado la vulnerabilidad y ecodependencia humana y ha rubricado procesos que estaban en curso con anterioridad, como la digitalización de las sociedades o la recuperación del papel decisivo de los Estados a través de los planes de reconstrucción y resiliencia. Mientras el consenso neoliberal se desploma, surge ya un nuevo orden social plagado de incertidumbres y contradicciones. En el número 162 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, indagamos en los contornos de lo que está emergiendo.

En la Introducción, Santiago Álvarez Cantalapiedra resalta que «la caída del orden neoliberal y la emergencia de otro indefinido nos muestran que ya estamos viviendo una transición. El problema es la transición: adónde nos conducirá y en qué condiciones».

En A fondo, Tica Font disecciona las actuales batallas por la hegemonía mundial; Fernando Estenssoro ofrece un análisis de la geopolítica del siglo XXI desde América Latina; Federico Aguilera Klink aborda los antecedentes y la guerra de Ucrania y el papel de los medios de comunicación; el equipo Ecosocial de FUHEM conversa con Jesús Sanz, quien hace balance de la pandemia; Nuria del Viso explora el desplazamiento forzado, una de las principales tendencias de nuestro tiempo; Adriana Mayor examina cómo ha afectado la guerra de Ucrania a las políticas climáticas y ecológicas; y Ángel Martínez González-Tablas analiza la regulación consciente pública como instrumento en las transiciones.

En Actualidad, Monica Di Donato y Pedro L. Lomas hablan con Ugo Bardi sobre colapso y el otro lado del crecimiento; y Héctor Barco desgrana algunas de las lecciones aprendidas de la primera cuantificación del desperdicio alimentario en Euskadi.

Experiencias recoge las reflexiones de Laila Vivas y Virginia Soler tras la ocupación de End Fossil en la Universitat Autònoma de Barcelona, e Hingrid Camila Pérez Bermúdez explora las figuras que operan en la justicia tradicional afro en Colombia.

Ensayo explora los crecientes impactos psicosociales del cambio climático y las migraciones de la mano de M. Carmen Hidalgo y Macarena Vallejo.

La sección Lecturas cierra este número.

A continuación, ofrecemos el Sumario del número y en abierto, a texto completo la Introducción del número de Santiago Álvarez Cantalapiedra y el artículo de Fernando Estenssoro sobre la geopolítica en América Latina.

Sumario

INTRODUCCIÓN

Mundo de emergencias, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

América Latina en la geopolítica del siglo XXI: el riesgo de pasar de “Sur global” a “Sur absoluto”, Fernando Estenssoro.

Pandemia, guerra y competición por la hegemonía mundial, Tica Font.

La guerra contra Rusia, Federico Aguilera Klink.

Desplazamiento forzado, exponente de una “tormenta perfecta”, Nuria Del Viso.

Las políticas climáticas y ecológicas, sacudidas por la guerra en Ucrania, Adriana Mayor.

Entrevista a Jesús Sanz, coordinador del libro Salir mejores. Una hoja de ruta de emergencias,  Equipo FUHEM Ecosocial.

Capitalismos, desarrollo alternativo y transiciones, Ángel Martínez González-Tablas.

ACTUALIDAD

Entrevista a Ugo Bardi a propósito del libro Antes del colapso: Una guía para el otro lado del crecimiento, Pedro L. Lomas y Monica Di Donato.

Algunas lecciones aprendidas de la primera cuantificación del desperdicio alimentario en Euskadi, Héctor Barco.

EXPERIENCIAS

Verbos para habitar el Antropoceno. Reflexiones sobre la ocupación de End Fossil en la Universitat Autònoma de Barcelona, Laila Vivas y Virginia Soler.

Las sabedoras de la justicia propia afrocolombiana: una práctica decolonial en reemergencia, Hingrid Camila Pérez Bermúdez.

ENSAYO

Aproximación a los impactos psicosociales del cambio climático y las migraciones, Mª Carmen Hidalgo y Macarena Vallejo.

LECTURAS

Necesidades ante la crisis ecosocial. Pensar la vida buena en el Antropoceno, Carmen Madorrán Ayerra.

Marcela Vélez León

Nuevos comunalismos. Una hipótesis política para el decrecimiento, Adrián Almazán e Iñaki Barcena (coords.).

Ramón del Buey Cañas

Geopolítica. Una breve introducción, Klaus Dodd.

Guillermo Carazo Diez-Aja

Notas de lectura

RESÚMENES

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