Luis del Romero Renau

Publicado en el ESPECIAL del número 147 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, otoño 2019.

El artículo ahonda en las lógicas que han propiciado el despoblamiento y abandono de territorios rurales del interior de la península ibérica. Esta catástrofe a cámara lenta apunta a la ausencia de un plan político con medidas claras y a largo plazo de desarrollo rural. Los proyectos industriales que se aportan como solución –macrogranjas, minería–, con altos costes ecológicos y sociales, no responden a las necesidades de estos territorios y han encontrado una fuerte resistencia entre los pocos habitantes que quedan.

De Zomia a la montaña española

El arte de vivir sin gobierno es el título de un ensayo del antropólogo estadounidense J.C. Scott1 en el que explica el curioso caso de los múltiples pueblos y comunidades rurales que habitan áreas montañosas del sureste asiático, desde la península de Siam hasta el sur de China y norte de Bangladesh.

Este conjunto de pueblos es enormemente heterogéneo desde el punto de vista cultural y lingüístico, pero a lo largo de la historia, relata este antropólogo, han conseguido escapar al control de los Estados-nación modernos y de los gran- des centros de poder ubicados en los fértiles valles de ríos como el Amarillo, el Mekong o el Ganges. Zomia es el nombre con el que se conoce a esta vasta región montañosa, término acuñado por el historiador holandés Willem van Schendel en 1997. Zomia nunca fue un Estado independiente, sino un conjunto de pueblos con estrechos vínculos, sobre todo comerciales, con los grandes imperios y Estados nacionales de los valles y áreas bajas, pero que permaneció casi hasta nuestros días fuera de su área de influencia. El aislamiento geográfico de Zomia y la distancia respecto a grandes ciudades como Pekín, Bangkok o Delhi aseguró durante siglos la independencia de estas tierras, pero no sin conflicto con estos grandes centros de poder.2 Un ejemplo paradigmático es el del pueblo Rohingya, comunidad de mayoría musulmana originaria del oeste de Myanmar pero históricamente independiente de su centro de poder principal, Rangún.

Esta situación comenzó a cambiar drásticamente a partir de la creación de los primeros Estados-nación modernos después de la descolonización del sureste asiático, pero sobre todo con el descubrimiento en numerosas áreas montañosas de importantes yacimientos de minerales. A partir de este momento comenzó un acelerado y violento proceso de incorporación a la modernidad del estatismo socialista o al sistema capitalista, de vastos territorios de montaña a nuevos Estados como Laos, China, Tailandia o Bangladesh.

En el momento en el que se vieron las expectativas de negocio, en algunos casos incluso antes de la independencia, comenzó un importante proceso de colonización interna aún hoy inacabado. Este proceso de colonización y acaparamiento de tierras y recursos por parte de nuevos Estados postcoloniales ha sido en las últimas décadas una fuente inagotable de conflictos territoriales entre estos y comunidades rurales e indígenas de Zomia. Zomia sigue existiendo y son numerosos los pueblos que viven en áreas aisladas y alejadas de Estados con una institucionalidad débil, con una relación en conflicto por su propia supervivencia, frente a las políticas de colonización económica, política y cultural de estos Estados. Obviamente, pese a la enorme reserva demográfica existente en estas áreas periféricas, la despoblación es ya un problema territorial palpable en muchas áreas de montaña asiáticas. Volviendo al caso del pueblo rohingya, según cálculos de Amnistía Internacional3 en 2017 más de 740.000 personas de estas comunidades fueron expulsadas a la vecina Bangladesh, dejando amplias zonas de montaña de Myanmar despobladas.

Despoblación, periferia y conflicto también son conceptos que nos pueden servir para analizar la situación de otros territorios que aparentemente nada tienen que ver con Zomia: el medio rural español. En los últimos años el problema de la despoblación del medio rural ha acaparado cientos de portadas de periódicos, ha sido analizado desde múltiples ángulos académicos y mediáticos y hoy en día está en el debate político, afortunadamente. En efecto, el medio rural español, especialmente las áreas montañosas más aisladas como las sierras turolenses orientales, las tierras altas de Soria o los montes de León continúan una lenta decadencia que en el caso de multitud de núcleos ha culminado con su abandono total. Se podría reconstruir la historia de esta despoblación a la luz del papel jugado por el Estado-nación español en los dos últimos siglos y trazar así ciertos paralelismos con el caso de Zomia. Muy resumidamente –ya que no es éste el objetivo de este artículo– se podría afirmar que las políticas de Estado sectoriales y de colonización interna han contribuido significativamente a la desarticulación de miles de comunidades rurales y de modelos territoriales de des- arrollo precapitalistas, muchos de ellos vigentes hasta hace pocas décadas, con una serie de estrategias no muy distintas a las ejecutadas por los grandes Estados asiáticos que poco a poco han ido incorporando a sus respectivos Estados a los territorios de Zomia. Sirva de ejemplo de este conjunto de políticas las políticas hidráulicas de construcción de grandes embalses, las políticas forestales de repoblación, las políticas fiscales que han presionado enormemente a pequeñas explotaciones, políticas agrícolas, ganaderas, de regadío fomentadoras de la agroindustria muy poco compatible con el medio ambiente y las sociedades rurales de montaña que vivían del minifundio, la trashumancia y los bienes comunales.4

Los desiertos demográficos  crecientes en la periferia de grandes ciudades son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros

Este proceso histórico de colonización para la obtención de recursos naturales para la ciudad y de desarticulación de comunidades rurales precapitalistas no ha terminado del todo. En este artículo se van a mostrar algunos casos de conflicto que ilustran cómo estas relaciones de depredación permanecen hoy en día más vigentes que nunca. Los casos de conflicto en la periferia rural que se muestran a continuación, están extraídos de distintos medios de comunicación y de distintos territorios.

Se trata de tres conflictos surgidos por un gran proyecto industrial con notables impactos sociales y ambientales en un territorio rural, de los cientos que hay hoy en día activos en la España rural. No se trata de los conflictos urbanos que estamos acostumbrados a oír hablar en los medios de comunicación, sino más bien de conflictos puntuales por usos del suelo en áreas periféricas, pero que precisamente detrás del detonante del conflicto –un cambio de uso del suelo– existe una compleja red de intereses y de actores en conflicto que conviene entender, si de verdad existe voluntad política para afrontar el problema de la despoblación.

Conflictos territoriales en la periferia política y económica

Macrogranjas en la España vaciada

El sector ganadero ha sido tradicionalmente uno de los pilares fundamentales de las econo mías de montaña. Sin embargo, este sector continúa un proceso intenso de industrialización consistente en la estabulación del ganado, la incorporación de piensos ultraprocesados o directamente transgénicos, razas muy productivas descartando las autóctonas, y la multiplicación de las cabezas de ganado en una misma instalación por aquello de las economías de escala.

En 2017 comenzó un importante conflicto territorial en el municipio soriano de Noviercas, cercano al parque natural del Moncayo, aunque apenas se le prestó atención a escala nacional. Una empresa navarra propuso en esta área despoblada –el municipio apenas supera los 150 habitantes– construir una macrogranja para 23.530 vacas de leche.5 La empresa utilizó justamente el discurso de la despoblación y del revulsivo económico que supondría esta gigantesca instalación por la creación de empleo.

¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos  se diría que no

Sin embargo, el conflicto se desató por la frontal oposición de vecinos y de organizaciones ecologistas. Desde el punto de vista económico se denunció que ese tipo de instalaciones arruinaría a las pequeñas explotaciones bovinas de leche que sobreviven en Soria, además de que también podría afectar a las pequeñas explotaciones aragonesas. Por otro lado, sería difícilmente compatible con otras actividades ya existentes como el turismo rural. Sin embargo, los argumentos más repetidos por los opositores al proyecto fueron de tipo ambiental: básicamente el enorme consumo de agua que requerirían más de 20.000 vacas en un territorio semiárido, el maltrato animal que supone el hacinamiento de tal cantidad de animales en unas instalaciones industriales, pero sobre todo el desafío de la gestión de residuos de esta actividad.

A nivel político en escalas superiores, comenzando con la propia comunidad autónoma y siguiendo con el Ministerio de Agricultura que debieran velar en primer lugar por los intereses y el bienestar de la población potencialmente afectada por esta macrogranja, las administraciones se decantaron por apoyar el proyecto por el revulsivo económico que supondría, mientras que los grandes partidos políticos a nivel nacional se posicionan a favor del modelo de macrogranjas si respetan la legalidad vigente. En la actualidad el conflicto se halla paralizado, ya que la Confederación Hidrográfica del Duero denegó en agosto de 2019 la concesión de aguas subterráneas solicitada. No obstante, se trata de un escollo administrativo que podría superarse presentando alguna enmienda al proyecto, sobre todo si desde posiciones políticas se sigue apoyando públicamente este modelo de ganadería que para gran parte de sindicatos agroganaderos de Castilla y León supondría un gran problema para las pequeñas explotaciones y podría ser contraproducente para Noviercas desde todos los puntos de vista.

Eólicas para los pobres

Uno de los roles que ha asumido desde hace décadas el medio rural es el de acoger usos y actividades necesarias, pero no deseadas en la ciudad, generando numerosos conflictos categorizados como “NIMBY”. En Catalunya existe una evidente polarización entre la localización de la mayor parte de su población –en el Área Metropolitana de Barcelona se concentra el 70% de la población catalana– y la de instalaciones no deseadas como vertederos, centrales de producción de energía o prisiones en comarcas rurales con población de escasos recursos. El caso de la Terra Alta y del sur de Tarragona es muy revelador.

La Terra Alta es una comarca rural de doce municipios que limita con La Matarranya en Teruel, la segunda más pobre de Catalunya,6 y una de las más despobladas con apenas 11.000 habitantes que suponen el 0,16% de la población catalana, pero el 2,31% de su superficie. Esta comarca, al igual que las vecinas de Baix Ebre y Ribera d’Ebre, llevan décadas acogiendo instalaciones para la generación de energía con graves impactos ambientales: grandes embalses, centrales de ciclo combinado, o la central nuclear de Vandellòs. A mediados de los años noventa comenzó un conflicto territorial en esta comarca con problemas de despoblación: en este caso por varios proyectos de instalación de parques eólicos.

Surgió a partir de un ambicioso plan de construcción en varias localidades de las comarcas del Ebro, de parques eólicos promovidos por la Generalitat de Catalunya, y en muchos casos con el apoyo de ayuntamientos por los beneficios económicos que recibirían las arcas municipales por las concesiones. Se trata de una energía limpia y que además genera riqueza y empleo, se defendió. Sin embargo, desde esa época han existido varios movimientos vecinales y plataformas, que se han opuesto a la instalación de este tipo de parques. Una de las principales razones de protesta han sido los importantes impactos paisajísticos y de contaminación acústica que generan. Algunos de ellos se han situado muy cerca de paisajes de la Batalla del Ebro y de otros enclaves de interés natural y cultural. Otra de las razones es que este tipo de actividades afecta a actividades de interés para esta zona rural deprimida, como el turismo o la llegada de nuevos habitantes que buscan nuevos proyectos de vida en áreas con atractivos paisajísticos. Además, a todo ello hay que añadir el problema que suponen las líneas de alta tensión que han de recorrer cientos de kilómetros desde estos parques hasta las grandes ciudades catalanas que son las principales consumidoras de esta energía. Se podría entender este conflicto como un caso más de extractivismo en el mundo rural.

Llama la atención que en otras zonas rurales o urbanas ricas de Catalunya como Girona o el Vallès en Barcelona, no existe este tipo de actividad, pese a que está mucho más cerca de las actividades industriales o usos urbanos consumidores de esa energía.

La nueva fiebre minera en Galicia

Una de las actividades que sin duda ha suscitado más conflictos territoriales en España y en todo el mundo es la extracción minera. Por un lado, se defiende que sin actividad minera no se puede proveer de los recursos básicos para todo tipo de bienes de consumo, genera- ción de energía e infraestructuras: cobre, hierro, carbón, litio, plomo etc. Por otro lado, se denuncia el enorme y a veces irreversible impacto ambiental que esta actividad supone, sobre todo en el caso de las grandes explotaciones a cielo abierto, en especial la contaminación de acuíferos, cursos fluviales y la destrucción de bosques, suelos y patrimonio.

El modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado e interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio.

Una de las comunidades autónomas con más conflictos por la minería es Galicia. Ante la alta demanda mundial de ciertos minerales, se han planteado diversos proyectos de reapertura o ampliación de todo tipo de minas. Un ejemplo es el de la mina a cielo abierto en los municipios coruñeses de Touro y de O Pino para la explotación de cobre y plata. Se trata de un macroproyecto minero ubicado en los terrenos de una antigua mina de cobre que estuvo activa hasta 1986, y muy cerca del río Ulla, principal afluente de la ría de Arousa. Previamente a este conflicto, ya hubo numerosas protestas por el estado de degradación ambiental de la antigua mina, que años después de su cierre continuaba generando problemas de contaminación en las aguas de diversos ríos y arroyos. No obstante, con la presentación de un nuevo proyecto por parte de la multinacional Atalaya Mining, para extraer hasta dos toneladas de plata al año y hasta 30.000 toneladas de cobre, y la promesa de inversiones millonarias en la zona, comenzó un nuevo conflicto que aún perdura.

Numerosas entidades ecologistas, junto con vecinos de O Pino y Touro, varios organismos científicos, e incluso mariscadores y pescadores de la ría de Arousa se unieron para oponerse a este gran proyecto, que de nuevo podría generar un gran impacto sobre un medio rural con multitud de parroquias y una población envejecida y decreciente. Por su parte, la Xunta de Galicia ha ido variando de postura a lo largo del tiempo, aunque se ha mostrado en más de una ocasión abiertamente a favor de esta actividad, de nuevo pese a la amenaza que supone para la población local y el medio ambiente.

De nuevo, al igual que en los casos anteriores, tenemos un proyecto promovido por una empresa privada que encuentra una importante resistencia desde la ciudadanía, mientras que las administraciones sectoriales competentes, desde los ministerios a los gobiernos autonómicos adoptan posturas que se mueven entre la neutralidad, el apoyo a dichos proyectos, y en algún caso una tibia oposición. Se trata de grandes proyectos con potenciales impactos ambientales severos, y que afectarían especialmente al área rural en el que se asientan, pero esto no parece ser suficiente para reconsiderarlos. En la actualidad el proyecto de la mina de Touro y O Pino se encuentra en proceso de evaluación ambiental. En el último año ha habido un aumento importante en las voces de protesta que podrían influir en la cancelación de este proyecto. Un factor clave para explicar las importantes movilizaciones ciudadanas que se han organizado en contra de esta mina, es que sus afecciones ambientales, básicamente ruido y polvo, podrían afectar a la ciudad de Santiago y al propio camino de Santiago. Quizás, de haberse ubicado el proyecto en un área rural más remota, las voces en contra habrían sido menos numerosas y mediáticas, aunque las afecciones fuesen iguales o mayores.

¿La despoblación como negocio?

Los tres casos de conflicto territorial sucintamente analizados tienen muchos puntos en común. Se trata de territorios de la periferia rural en Galicia, Catalunya y Castilla y León respectivamente. El conflicto surge cuando un agente externo al territorio –en los tres casos una empresa privada– propone la construcción de una actividad de dudoso beneficio para la población localy con severos impacto ambientales y sociales. Ante esto, movimientos ecologistas y gran parte de la ciudadanía de ese territorio rural se manifiesta en contra, sin encontrar en las administraciones públicas sectoriales ningún apoyo ante estas protestas por proyectos que pueden ser detonantes, por ejemplo, de nuevos éxodos rurales. A esto hay que añadir que cuando una empresa propone instalar una macrogranja, un parque eólico o una mina en un determinado lugar, previamente siempre ha de haber una ley o plan sectorial aprobado por un parlamento autonómico o Congreso de los Diputados que lo autorice. Es el Ministerio de Industria quien por ejemplo autoriza a realizar prospecciones mine- ras sin tener en cuenta el posible impacto a nivel local, por una ley de minas franquista que ningún gobierno ha cambiado desde su aprobación en 1973.

La proliferación en los últimos años de grandes proyectos agroindustriales, energéticos o mineros en numerosas áreas rurales españolas parece responder a un cierto patrón: se desarrollan en territorios generalmente pobres, con escasa población y actividad. Puede que después de todo, el gravísimo problema de la despoblación del mundo rural, con las implicaciones que tiene en cuanto a pérdida de todo tipo de patrimonio de expresiones culturales y lingüísticas, e incluso en el aumento de riesgos naturales como los incendios forestales, también se pueda contemplar como una oportunidad de negocio. Los desiertos demográficos crecientes en la periferia de grandes ciudades como Zaragoza, Madrid, Valencia o Valladolid son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros, o el impacto que ciertas actividades pueden generar.

Se podría poner sobre la mesa una idea interesante para el debate sobre el futuro del medio rural a la luz de estos conflictos. ¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos se diría que no. Más que una acción de gobierno por parte de numerosos gobiernos autonómicos y estatales, pareciera que más bien hay una tarea puramente administrativa en el medio rural: gestión de servicios, subvenciones, fiscalidad, pero sin ningún proyecto territorial a largo plazo. Es lo que hace años el politólogo británico Colin Crouch denominó postdemocracia: la transición hacia un modelo de sociedad y de país que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero éstas se convierten cada vez más en una cáscara formal.

La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica.7 En Noviercas, Gandesa y O Pino hay ayuntamientos y numerosas políticas en marcha provenientes de diputaciones y consejerías autonómicas, pero más gestión administrativa que política de territorio o estrategia a largo plazo, políticas más asistencialistas que proactivas, más a favor de intereses económicos externos como en Zomia, que respetando los intereses locales. Esto cuando hay políticas públicas en marcha, aunque sea de prestación de servicios. En muchas ocasiones siguen faltando servicios básicos y prima la desinversión pública en nuevas actividades, lo que es un factor más de expulsión de población.

El arte de vivir sin gobierno es la situación que, como en Zomia, caracteriza a más de una comunidad rural de este país. Territorios aislados y más o menos remotos, que se han de enfrentar una y otra vez a un Estado-nación que parece una entidad ajena a la realidad del territorio y a la vez hostil, por el empeño de desarrollar políticas que claramente atentan contra los intereses y el bienestar de dicha comunidad. El arte de vivir sin gobierno caracteriza a poblaciones en las que, además de tener que lidiar con muy escasos recursos para asegurar una calidad de vida, se han de enfrentar a grandes empresas que intentan asentarse en el territorio con proyectos con enormes impactos sociales y ambientales. No existe, por ejemplo, mejor dinamizador del éxodo rural que pretender instalar una macrogranja industrial sin casi mano de obra en un territorio rural como Soria, que sobrevive por el turismo y las pequeñas explotaciones bovinas.

Evidentemente, el modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran, como se ha apuntado anteriormente, en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado y con interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio. Como afirma un alcalde de una localidad zaragozana,«Desde las administraciones se nos roban competencias a los municipios y se les entregan sistemáticamente a las ciudades. Así, los pueblos pierden puestos de trabajo y autonomía. Desde las administraciones se está optando por mantener en los pueblos tan solo algo así como funciones que permitan una muerte digna, pero en ningún caso acciones que permitan una vida plena».8

Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, la política minera se sigue rigiendo por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta el desarrollo minero y bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras

Lo que hay detrás de un conflicto territorial

En Boletín ECOS 9 en 2016 el autor aportó una reflexión sobre las múltiples dimensiones de un conflicto territorial, que casi siempre es analizado o retratado como una disputa por los usos del suelo, o confrontación de tipo NIMBY, y que ha de ser rápidamente solucionado por la vía de la compensación económica a los afectados. De esta manera numerosos medios de comunicación y discursos políticos retratan con frecuencia los conflictos aquí analizados. Sin embargo, la tesis de esta breve reflexión es que un conflicto territorial aparentemente simple y ubicado en la periferia territorial puede estar vinculado a cuestiones mucho más profundas y complejas: cuáles son las causas actuales de la despoblación de esa periferia, qué modelo de toma de decisiones rige en determinadas instancias para permitir proyectos con evidentes impactos territoriales, qué papel real desempeña la población rural en esta toma de decisiones, y como siempre, a quién beneficia realmente, más allá del discurso poco creíble del aumento del empleo, la construcción de aerogeneradores, macrogranjas, minas o presas hidroeléctricas.

Este texto ha comenzado con una referencia a una serie de territorios exóticos conocidos como Zomia, territorios que han sobrevivido sin gobierno ni control total por parte de ningún Estado-nación hasta hace bien poco, una referencia que aparentemente nada tiene que ver con la situación del medio rural ibérico.

Sin embargo, la lógica depredadora de recursos y la consecuente desarticulación de sociedades rurales que ha caracterizado a Estados muy poco democráticos como China también está presente en más de un municipio y en unos cuantos casos de conflicto territorial en España. Un caso interesante es el de la política minera en España. Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, esta política se sigue rigiendo inexplicablemente por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta sin cortapisas el desarrollo minero y  bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras.

De momento, ninguno de los tres proyectos industriales analizados aquí ha conseguido implantarse completamente. Pese a proponer su ubicación en territorios pobres, despoblados y lejanos respecto a las grandes ciudades han encontrado una inusitada resistencia por parte de los pocos que quedan. Muchas décadas de lucha contra políticas forestales, hidráulicas, agrícolas o turísticas también genera un “saber hacer” en el territorio para oponerse eficazmente, aunque el futuro demográfico de muchas áreas rurales no es nada halagüeña. Puede que la verdadera solución a la despoblación venga no tanto de la construcción de más y más infraestructuras, y menos aún de la mano de minas, macrogranjas o megaparques eólicos, o en la mejora en la prestación de ciertos servicios, sino del desarrollo de una política para el medio rural, aunque mientras tanto este tendrá que seguir viviendo sin gobierno.

Luis del Romero Renau es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación Recartografías.

Acceso al artículo en formato pdf: El arte de vivir sin gobierno: Conflicto, negocio y despoblación del medio rural

NOTAS:

1 S. James, The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia, Yale University Press, New Haven, 2009.

2 Íbidem.

3 Amnistía Internacional, (2019): Myanmar: Two years since Rohingya exodus, impunity reigns supreme for military, 2019. Consulta: [17-09-2019].

4 L. Del Romero, Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido, Valencia, Tirant, 2018.

5 L. Ferreirim, La macrogranja de Noviercas se paraliza., sitio web de Greenpeace España. Consulta: [17-sept-2019].

6 C. Zografos, y S. Saladié, «La ecología política de conflictos sobre energía eólica. Un estudio de caso en Cataluña», Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 58/1, 2012.

7 C. Crouch, Postdemocracia, Oxford University Press, Oxford, 2003.

8 P. Marín, «Quizás, en los pueblos no nos quede otra que construir una nueva identidad, rearmarnos y ser viables en todos los sentidos», Voces de Ávila, 1 de abril de 2019. Consulta:  [11-oct.-2019].

9 L. del Romero, «Cartografías del conflicto urbano y territorial: el dónde importa», Boletín ECOS, núm. 36, septiembre- noviembre de 2016.

Análisis y claves para la transición

Con motivo de la presentación del número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que indaga sobre los desequilibrios que afectan de distintas maneras a nuestros territorios, FUHEM Ecosocial organiza una charla coloquio el próximo viernes 13 de marzo en la ciudad de Teruel, en colaboración con el Centro Social «A Ixena”. Hablaremos de la España Vaciada justo allí donde late el problema y donde están las personas que más tienen que decir y aportar.

Sin duda, el medio rural plantea un reto político, social y económico en nuestro tiempo, y pensamos que existen alternativas y claves para repensar y contar su futuro.

El acto tiene como objetivo presentar los contenidos del número de la revista que indaga sobre este fenómeno, en dialogo con tres voces del territorio que pueden aportar mucho a clarificar el diagnóstico y las claves necesarias para repensar y actuar para y con estos territorios.

En ese sentido, invitamos a todas las personas que puedan asistir a acompañarnos para debatir con:

Monica Di Donato, Investigadora de FUHEM Ecosocial y representante de la Revista PAPELES, que presentará la revista y los contenidos del número dedicados a las periferias del malestar.

Luis del Romero Renau: Profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y miembro de la Asociación Recartografías. Autor del artículo: El arte de vivir sin gobierno. conflicto, negocio y despoblación del medio rural, incluido en el ESPECIAL de PAPELES.

Nacho Castillón Alfaye, Medico en el medio rural turolense y representante de CNT Teruel

Nos acompañará también un representante del Movimiento Ciudadano Teruel Existe.

RECUERDA:

FECHA: Viernes 13 de marzo 2020

HORA: 19.30 h.

LUGAR: Centro social “A Ixena”

C/ Carrel, 35

Teruel

A continuación, para ir alimentando el debate, ofrecemos algunos artículos de la revista Periferias: nuevas geografías del malestar:

Nuevas periferias: geografías del malestar, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

Sobre periferias en expansion, Manuel Delgado y Carolina Márquez.

El arte de vivir sin gobierno. conflicto, negocio y despoblación del medio rural, Luis del Romero Renau

DIÁLOGO: Un panel de seis expertas y expertos reflexiona sobre la España rural vaciada y degradada Diálogo entre Elisa Oteros-Rozas, Luis Camarero, Virginia Hernández, Sergio del Molino, Lucía López Marco y Valentín Cabero, Monica Di Donato.

Manuel Delgado y Carolina Márquez

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 147, otoño 2019, pp. 37-48.

En este texto se reflexiona acerca de la expansión de los espacios periféricos, a escala de países y de áreas urbanas, acentuada desde principios del siglo XXI como resultado de la búsqueda de nuevas fronteras para la acumulación bajo el predominio del capital financiero. Espacios definidos como “zonas de sacrificio” –imagen invertida de los territorios donde se localizan las actividades hegemónicas y los procesos de toma de decisiones–, que experimentan  nuevos episodios de conquista, captación y predación de riqueza a gran escala. La apropiación de partes crecientes del mundo natural y social está asociada a intensos procesos de expulsión, exclusión y marginación frente a los que emergen nuevas resistencias, y nuevos espacios de comunidad  y sociabilidad.

Las reglas del juego económico y la búsqueda de nuevas fronteras para la acumulación de capital dan lugar a una expansión de los espacios periféricos que se intensifica y adquiere nuevas dimensiones desde comienzos del siglo XXI. Entendidos estos espacios como imagen invertida de los espacios centrales donde se localizan las actividades hegemónicas y los procesos de toma de decisiones, en lo que sigue se hace referencia a la expansión de estas periferias tanto en términos de países –Norte-Sur–, en una primera parte, como dentro de los espacios urbanos, en la segunda.

Periferias neocoloniales

La génesis del mundo moderno coincide, como señaló Wallerstein,1 con el período en el que Europa se sitúa en el centro de un sistema-mundo que se expande y se consolida a partir de la conquista de América, de modo que la hegemonía europea con la que se inicia el predominio del Norte se construye en los siglos XVI al XVIII a partir del sometimiento de las realidades del Sur. Desde el inicio, modernidad y colonialidad van a ir de la mano.

Este período supuso una depredación sin precedentes de los pueblos y los ecosistemas indígenas; un saqueo calificado por muchos de genocidio y ecocidio.2 Con la implantación de las explotaciones mineras y los monocultivos, tierras antes utilizadas y naturalmente dotadas para producir alimentos pasaron a ser “regiones de hambre” y ecosistemas esquilmados. La esclavitud fue también pieza clave en esta primera etapa del desarrollo del capitalismo; «el medio por el que Occidente alcanzó una posición de dominio sin igual»,3 con un comercio triangular que desde Europa llevaba a África mercancías  intercambiadas por esclavos vendidos en América para extraer las materias primas de las primeras manufacturas europeas. Las ganancias así obtenidas fueron, como se sabe, una contribución esencial a la extensión del mercado mundial y a la internacionalización del tráfico de mercancías; fundamento de la acumulación de capital que financió la Revolución Industrial en Europa.4  El origen del “desarrollo” del Norte va a tener en gran medida como contrapartida el pillaje de los pueblos del Sur.

Este pillaje tiene lugar bajo un entramado de explotación/dominación al que Anibal Quijano denomina patrón de poder colonial o «colonialidad del poder»:5 «imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular del patrón mundial de poder capitalista».6 Un principio organizador desde el que se naturaliza y se legitima el dominio eurocentrado del sistema-mundo,  a la vez que se da por sentada la inferioridad de los pueblos colonizados.

La colonialidad impregna los principales ámbitos de la existencia y juega un papel fundamental en la imposición de una dedicación subalterna para las poblaciones y los territorios del Sur: la de abastecedores de materias primas para alimentar las necesidades del crecimiento y la acumulación en las economías del Norte. Esta dedicación, lejos de ser elegida, o resultado del “libre” comercio, fue impuesta por la fuerza desde la conquista, a través de un crudo ejercicio de poder.

Los centros metropolitanos generaron así periferias,7  que vienen a ser espacios de saqueo y expolio, “zonas de sacrificio” que empiezan a existir para el aprovisionamiento de otros; territorios cuyas dinámicas económicas responden a la adaptación a necesidades ajenas. Áreas en las que los rasgos de sus economías se definen a partir de un estado de carencia que los coloca en un lugar atrasado de una escala única por la que hay que ascender.

Lejos de ser elegida, o resultado del “libre” comercio, la dedicación de los territorios  del Sur para alimentar las necesidades del crecimiento y la acumulación en las economías del Norte fue impuesta por la fuerza desde la conquista

Espacios  también de lo negado que existen por referencia a aquello que no son. Desde entonces, millones de personas «dejan de ser lo que eran, con toda su diversidad y se transforman, como por encanto, en la imagen invertida de la realidad de otros, una imagen que los desprecia y los envía al final de la cola, que define su identidad, la de una heterogénea y diversa mayoría, en los términos de una homogeneizante y estrecha minoría».8 Su pasado fue borrado y su historia posterior se distorsiona tratando de encajarla en la del modelo a seguir, al tiempo que se socavan las condiciones que sostienen sus sistemas de referencia, con la imposición de nuevas formas de percibir y de existir. Sus culturas, sus maneras de entender la vida y de vivir, pasan a ser, desde el paradigma dominante, un obstáculo que les impide salir de su desventajosa situación.

Desde este patrón de poder colonial, la imposición del modelo patriarcal europeizante sobre las poblaciones autóctonas alteró también de manera sustancial las anteriores relaciones de género. Entre otros efectos, la llegada de la jerarquía colonizador/colonizado, siendo los hombres interlocutores privilegiados en esta relación, aumentó la presión dentro del patriarcado previo, perdiendo peso las formas de intervención del espacio doméstico y de las mujeres sobre lo público y agrandándose la distancia opresiva. Estos procesos han dado lugar a situaciones específicas generadoras de identidades de género propias de las realidades del Sur.9

De modo que la colonialidad, como atropello, puede entenderse como el lado oscuro de la modernidad, la cara más cruda de la violencia y la irracionalidad: «nada menos racional que la pretensión de que la específica cosmovisión de un grupo particular sea impuesta como la racionalidad universal».10

Se pone así en marcha un modelo depredador en el que la riqueza apropiada por el Norte termina cristalizando en pobreza para las economías del Sur, alimentándose «la maldición de la abundancia».11  Un modelo que traduce la necesidad de expansión del sistema y el salto del metabolismo en las metrópolis industriales hacia un uso creciente de materiales y energía, fuertemente acelerado desde 195012 e intensificado aún más con la globalización.13 La extracción de materiales se ha cuadruplicado de 1970 a 2017, en un continuo proceso de “rematerialización” de la economía en términos absolutos, acentuada aún más desde principios del siglo XXI.14  Este nuevo impulso del extractivismo, asociado en parte a nuevas tecnologías y nuevos materiales demandados,15 se potencia desde una expansión del valor monetario de los activos financieros (financiarización), entre los cuales se incluyen también los propios recursos naturales, generándose así un incremento de la capacidad de compra sobre el mundo que arrastra el crecimiento del comercio y de los flujos físicos.16

La colonialidad, como atropello, puede entenderse como el lado oscuro de la modernidad, la cara más cruda de la violencia y la irracionalidad

La explotación a gran escala de la naturaleza se intensifica por todo el planeta y avanzan las fronteras extractivas sobre nuevos espacios, teniendo lugar esta “rematerialización” en paralelo a una creciente escisión o separación espacial entre extracción y procesos de acumulación de capitales, mercancías y poder, de la que es reflejo el sustancial decrecimiento del peso de Europa, América del Norte y Japón en el total extraído; de localizar cerca de la mitad (46%) de la extracción mundial de materiales y energía en 1970 esta zona del Norte global pasa a solo un 17,4% en 2017.17

El papel de las periferias18  como áreas de extracción y de vertido se acentúa desde el inicio del siglo XXI, con procesos de clara “reprimarización”19 de muchas de sus economías dentro de una nueva fase –“neoextractivismo”–,20 en la que se “conquistan” nuevos territorios antes considerados “improductivos”, adquiriendo la extracción nuevas dimensiones en la cantidad, la escala y el carácter depredador de los proyectos, en la agresividad de las tecnologías utilizadas, en los actores involucrados y en la magnitud de los conflictos y las resistencias.

La mayor dedicación de las economías periféricas a la exportación de materias primas supone el avance de grandes plataformas agroexportadoras,21 o la proliferación de megaproyectos mineros o petroleros, localizados en enclaves extractivos crecientemente desconectados del resto de las actividades locales, de modo que el crecimiento económico asociado al auge de estas actividades exportadoras, lejos de ser un vehículo para la convergencia como presupone la economía convencional, termina siendo un mecanismo de polarización económica y social que distancia estas economías de las economías centrales, pro- fundizando, dentro de un círculo vicioso, su especialización primaria, su dependencia –del capital global y de los “ciclos de acumulación”– y su marginación.22

Este avance del neoextractivismo se concreta en la apropiación de partes cada vez mayores del mundo natural y social que pasan a ser gobernadas desde la lógica del capital financiero por imperios corporativos y grandes fondos de inversión. Los bienes comunes terminan convertidos en activos “estratégicos”, en espacios de captación y predación de riqueza a gran escala en una versión nueva del antiguo patrón de apropiación colonial. Todo ello con nuevas lógicas de expulsión23 que afectan a partes esenciales de la biosfera, acaparadas y devastadas, y a pueblos y comunidades desplazados de sus espacios de vida y desposeídos de sus medios de subsistencia. Agudizándose en este contexto la violencia patriarcal y la vulnerabilidad de las mujeres.24

Nos encontramos así con nuevas formas de colonialismo en las que se profundizan los “cercamientos” y la usurpación de bienes comunes en una ofensiva extractivista con la que se extienden la violación de derechos, la violencia y las guerras por la apropiación y el control de los recursos25  de modo que, en esta etapa terminal del capitalismo, las relaciones centro-periferia vuelven, en gran medida y con renovadas formas, a la barbarie de sus orígenes.

El papel de las periferias como áreas de extracción y de vertido se acentúa desde el inicio del siglo XXI, con procesos de clara “reprimarización”  de muchas de sus economías dentro de una nueva fase en la que se “conquistan” nuevos territorios

Esta nueva fase, respaldada desde los Estados y las instituciones y organismos internacionales, ha encontrado una favorable acogida en los propios países periféricos, en los que las élites políticas han visto en este auge del extractivismo una vía de aproximación al “desarrollo”; en una visión que se comparte desde los gobiernos “progresistas” de “izquierda”, que cargados de fe en el “progreso”, en la linealidad de la historia y en el “avance de las fuerzas productivas”, en la práctica no cuestionan el lugar que ocupan sus países en la división internacional del trabajo ni la hegemonía del capital transnacional.26

Este “apego” al extractivismo no es ajeno, como viene subrayando José Manuel Naredo,27 al papel encubridor que juega la ideología económica dominante, en la que la metáfora de la producción y el objetivo de su crecimiento ocultan, tras el velo del reduccionismo monetario, los procesos de mera extracción y apropiación y los daños físicos y sociales a ellos asociados. Queda así en la oscuridad el carácter esencialmente extractivista de la modernidad y el capitalismo y su vinculación con la crisis civilizatoria que atraviesa nuestro tiempo y terminan soslayándose cuestiones tan obvias como la estrecha relación entre cambio climático (síntoma) y extractivismo (origen). Una vinculación que resalta la incongruencia entre “luchar contra el cambio climático” y seguir alimentando los extractivismos.

Esta parte de la ideología dominante encubridora del intercambio desigual es un reflejo de la dimensión epistémica de la colonialidad: la “colonialidad del saber” ejercida desde el Norte global, que pone en evidencia las dos caras del proceso colonizador: por una parte el privilegio epistémico que resulta de la imposición, desde el conocimiento particular generado en un espacio y en un tiempo concreto, de un conocimiento considerado universal, objetivo, neutral y superior, y por otra la inferioridad epistémica asociada a los conocimientos de los pueblos del Sur. “Extractivismo epistémico” para algunos.28 Una hegemonía cultural que refuerza y legitima la maquinaria económica y política, y que niega, invisibiliza y desprecia otras maneras de entender la vida y de vivir, otras culturas muchos de cuyos elementos resultan hoy claves para poder construir alternativas emancipatorias.

Nuevas periferias urbanas

En el ámbito urbano, las formas de apropiación y de expulsión se han expandido y diversificado hasta el paroxismo: nuevas fronteras de “extracción”29 urbana y expansión y modificación del carácter de las antiguas. Socialmente, se multiplican los excluidos, los desposeídos, en un contexto en el que, como señala Sassen30  «crecer económicamente significa empujar gente afuera»; «una especie de versión económica de limpieza étnica» que se dirime ahora a escala mundial y que se refleja claramente en el espacio urbano.

«Si se deja actuar libremente al capital, la ciudad se convierte en un lugar de depredación», así resumía su experiencia como alcalde de Bogotá (Colombia) Gustavo Petro después de gobernar entre 2012 y 2015 en representación del Movimiento Ciudadano Progresista.31

Entre las múltiples nuevas fronteras extractivas urbanas destaca la inducida por la especulación inmobiliaria a gran escala ligada a la financiarización de la economía. Sólo en el año 2013-2014 la compra corporativa de propiedades ya existentes superó, a escala mundial, los 600.000 millones de dólares en las 100 principales ciudades receptoras de inversiones, y 1 billón de dólares (aproximadamente el PIB del estado español) un año más tarde, y esta cifra incluye solo adquisiciones importantes (por encima de 5 millones de dólares).32

Estas inversiones, por otro lado, no incluyen los «nuevos  desarrollos urbanos», gigantescos megaproyectos o «compras corporativas de piezas enteras de ciudades»,33 que superan ampliamente la inversión mundial en los activos inmobiliarios anteriormente citados. El resultado de esta voracidad inversora ha sido, y está siendo, una crisis habitacional sin precedentes en la historia humana de la urbanización.

Como señala Vásquez Duplat en relación a la ciudad de Buenos Aires, entre 2001 y 2010 se construyeron 20 millones de metros cuadrados, de los cuales el 43% correspondió a vivienda de lujo y suntuosa; a pesar de que la población no crece desde hace 20 años, entre 2001 y 2014 el crecimiento poblacional de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios (hábitat precario) creció en un 156%; el incremento del precio del suelo fue de un 281% y el 20% del parque habitacional se encuentra deshabitado. Hay en la ciudad 150.000 viviendas vacías.34  Este es un escenario global. La crisis habitacional se ha convertido en un fenómeno que define a la ciudad actual. Los gobiernos siguen midiendo el éxito urbano en la guerra competitiva global a través del indicador «precio del m2 de suelo urbano»; mientras tanto, la ciudad mercancía multiplica a los desposeídos  por doquier: expulsados del campo primero (megaminería, acaparamiento de tierras, migrantes ambientales…) con el sueño de “la ciudad os hará libres”, para pasar a la pesadilla de ser excluidos también en la ciudad.

Otra nueva frontera extractiva urbana tiene que ver con el proceso de privatización de los espacios y servicios comunes y públicos, elementos que fueron esenciales para la reproducción social en el fordismo y que ahora se han puesto en manos del mercado: plazas, calles y espacios comunes convertidos en grandes terrazas privatizadas y en nuevos centros comerciales abiertos; eliminación de zonas verdes (p.e. conversión en aparcamientos); espacios de encuentro e interacción social transformados en verdaderos parques temáticos; nuevos espacios comerciales y de ocio, “artefactos de la globalización” que hacen el papel de las antiguas catedrales; privatización de la vivienda, el transporte y otros servicios urbanos.

Nuevas fronteras de extracción que están dando lugar a ciudades duales, elitistas, excluyentes y violentas, donde la población, origen de las economías de aglomeración, está siendo crecientemente privada del «derecho a la ciudad». Como en la película de F. Lang, Metrópolis (1927), los trabajadores-esclavos,  que mantienen en pie a la ciudad, no son visibles; viven en el subsuelo (periferia) y nunca salen a participar de las ventajas, lujos, comodidades y servicios que ofrece la ciudad.

Un ejemplo claro de esta dinámica son las nuevas ciudades logísticas. La intensificación de la extracción de materiales y energía vinculada a la globalización ha dado lugar, particularmente en los países del Sur global, al surgimiento de las llamadas ciudades logísticas: centros multimodales de transporte convertidos en nodos estratégicos de las nuevas cadenas de suministro globales. Como señala Arboleda35 refiriéndose a las ciudades del norte minero de Chile, «más que una aglomeración urbana, la ciudad [logística] se experimenta como un aparato mecánico autónomo que constantemente introduce los flujos de extracción –minerales, capital fijo, trabajo vivo– a un gigante sistema circulatorio […]. Los desbordantes sistemas sociotécnicos –sobrecogedores en su escala espacial, dinamismo operativo y sofisticación  tecnológica– que convergen en la ciudad yacen fuera de todo control humano. La sensación  es que un poder hostil, remoto y autónomo rige ahora la vida de la ciudad».

Mediante el papel encubridor que juega la ideología económica dominante, queda en la oscuridad el carácter esencialmente extractivista de la modernidad y el capitalismo y su vinculación con la crisis civilizatoria que atraviesa nuestro tiempo

Con la transformación logística de la ciudad, toda la vida social y natural de la misma queda subordinada a las necesidades de la cadena logística global: los trabajadores portuarios son expulsados como consecuencia  de la automatización, o precarizados con contratos de 8 horas, renovados normalmente cada día; la contaminación del aire y del agua afecta al medio ambiente y a la salud pública; la reorganización del espacio de la ciudad para dar prioridad absoluta a la actividad logística y sus imperativos –flujo, velocidad y conectividad– excluye otros usos y actividades tradicionales; los trabajadores pobres que sirven a la actividad logística terminan siendo expulsados de la ciudad y ubicados en periferias cada vez más lejanas. La cadena logística es crecientemente privatizada y militarizada. En este contexto de creciente precarización laboral y degradación social y ambiental, las protestas y revueltas se han hecho cada vez más comunes. Sin embargo, «atacar físicamente los flujos puestos en marcha por las cadenas globales de suministro equivale nada menos que a atacar el sistema político como un todo».36 Los habitantes de la ciudad logística se convierten de este modo en un peligro y una amenaza  para el “desarrollo” y la “gobernanza” de su propia ciudad.37 Crecimiento urbano y apropiación, desarrollo económico y exclusión se convierten así en las dos caras de una misma moneda en el proceso actual de urbanización global; un planeta urbano crecientemente dominado por “ciudades miseria”.38

Los gobiernos siguen midiendo  el éxito urbano en la guerra competitiva global a través del precio del m2 de suelo urbano; mientras tanto, la ciudad mercancía multiplica  a los desposeídos por doquier

El papel del Estado en todas estas nuevas formas de extractivismo ha sido central: ha renunciado a la planificación urbana,39  al control del mercado de alquileres y vivienda;40  no ha impedido e incluso ha promovido directamente los desalojos; se ha deshecho del patrimonio público con la excusa de financiar otras políticas “sociales” que luego no fueron tales o no se llevaron a cabo; ha promovido directamente el desarrollo de megaproyectos que handado lugar a espectaculares “pelotazos urbanísticos”;41 ha desarrollado costosísimas infraestructuras urbanas (metros, tranvías…)  convertidas a la postre en lucrativos activos financieros; ha alimentado la gentrificación en sentido amplio.42 El Estado se ha convertido en el principal promotor de la especulación  inmobiliaria y el extractivismo  urbano.43

Particularmente significativo en este sentido está siendo, desde hace ya varias décadas, el desarrollo por parte de países e instituciones financieras internacionales de masivos y colosales programas de desarrollo infraestructural sin precedentes, a escala global y cuyo objetivo es triple:

1) la integración económica entre áreas de extracción y consumo facilitando un flujo creciente de materiales, energía e información a escala mundial;

2) la creación de nuevos mercados financieros en el ámbito de las infraestructuras que permitan dar salida al exceso extraordinario de liquidez existente y al apetito voraz de los nuevos fondos de infraestructuras;44

3) aunque en menor medida, una salida a la crisis de sobreproducción, particularmente importante en el caso de China (sobrecapacidad  en el sector del acero, cemento, vidrio…). Ejemplos de esta dinámica serían la nueva Red Transeuropea de Transportes,  la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana  –IIRSA–,  el Programa para el Desarrollo de Infraestructura en África –PIDA–,  o el más significativo, «One belt, one road» del gobierno chino. La «Nueva Ruta de la Seda» del s. XXI conectará Europa, Oriente Próximo y África por vía terrestre y marítima, impactando de manera directa al 70% de la población mundial, el 55% del PIB global y el 75% de las reservas de energía conocidas, con un coste total de 21 billones de dólares (más de seis planes Marshall). Un paradigma del carácter colonial de las infraestructuras y elemento clave en la expansión de las fronteras extractivas y las nuevas periferias.45

Consideraciones finales

Las nuevas periferias traen también nuevas formas de resistencias,  de movilización y participación social que tienen una dimensión relevante en la defensa de los territorios como respuesta a las agresiones que llegan desde un sistema cuya reproducción y expansión tiene lugar, cada vez con mayor virulencia, a costa de destruir las condiciones en las que la vida se desenvuelve. También como rechazo a la creciente intolerancia y represión de la disidencia. En oposición al modelo imperial dominante46 y construidos desde abajo, emergen procesos, «espacios de comunidad y formas de sociabilidad; campos de experiencia colectiva que reivindican la producción y reproducción de lo común más allá del Estado y el mercado».47

Dentro de estas contestaciones cobran fuerza los movimientos urbanos y de comunidades y pueblos del Sur que tratan de repensar y construir el mundo desde las experiencias y las epistemologías de lo subalterno; desde la defensa de la diferencia cultural –pluriversalidad– como fuerza transformadora. Desde realidades donde la colonialidad del poder y sus efectos hacen más evidente la necesidad de socializarlo para hacer frente a los conflictos entre el capital y la vida, tejidos en los ámbitos del trabajo, el género, “la raza” y la naturaleza. Allí donde frente a las dependencias asociadas a su situación periférica, cobran mayor significación la autogestión y la autonomía.

En estos marcos de acción colectiva tienen un creciente protagonismo los movimientos feministas y, dentro de ellos, propuestas como las de “descolonizar el feminismo”48 que enfatizan la necesidad de contextualizar las formas que asumen las relaciones de género para escapar de la tentación universalista y reconocer los modos en los que los conflictos locales están insertos en procesos globales de dominación.

Todos estos movimientos comparten cada vez en mayor medida propuestas que conlle- van una gestión colectiva de los bienes comunes desde la igualdad y en beneficio del cui- dado de la vida. Formas de evitar al menos las peores perspectivas hacia las que nos llevan la modernidad y el capitalismo en su fase terminal. “Para evitar la barbarie”.49

Manuel Delgado y Carolina Márquez son profesores de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla.

Acceso al artículo en formato pdf:  Sobre periferias en expansión

NOTAS:

1 I. Wallerstein, El moderno sistema mundial, vol. I, Ed. Siglo XXI, 1991.

2 F. Broswimmer, Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies, Ed. Laetoli, 2005.

3 M. Zeuske, Esclavitud. Una historia de la humanidad, Ed. Katakrac, 2018, p. 127.

4 E. Williams, Capitalismo y esclavitud, Ed. Traficantes de Sueños, 2011 (1ª ed. en inglés: 1944).

5 Se utiliza el término colonialidad para expresar que el rasgo colonial del poder pervive más allá de la desaparición formal de las colonias.

6 A. Quijano, «Colonialidad del poder y clasificación social», en S. Castro y R. Grosfoguel (eds), El giro decolonial, Siglo del Hombre, Bogotá, 2007, p.93.

7 Esta dualidad fue interpretada desde el estructuralismo latinoamericano, liderado por Raúl Prebisch (CEPAL)  y por los «dependentistas» en términos de Centro y Periferia. Con algunas diferencias en cuanto   a  las posibles salidas para resolver la situación de las economías periféricas, compartieron como denominador común el reduccionismo monetario en su visión de lo económico, y el «desarrollismo» como necesidad de replicar el modelo del Centro en la Periferia.

8 G. Esteva,  «Development» en Wolfgang Sachs,  (ed). The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power, Ed. Zed Books, Londres, 2000, p. 7.

9 R.L. Segato, «Género y colonialidad: en busca de claves de lectura de un vocablo estratégico descolonial», en K. Bidaseca, y V. Vázquez, (comps.) Feminismo y poscolonialidad, Ed. Godot, Buenos Aires, 2013; M. Galcerán Huguet, La bárbara Europa. Ed. Traficantes de sueños, Madrid, 2016.

10 A. Quijano, «Colonialidad y modernidad/racionalidad», en Perú Indígena, 13(29):11-20, p. 20.

11 A. Acosta, La maldición de la abundancia, Ed. Abya-Yala, Quito, 2009.

12 A. Shaffartzik, A. Mayer, S. Gingrich, N. Eisenmenger, C. Loy y F. Krausmann,  «The global metabolic transition: regional patterns and trends of global material flows, 1950-2010»,  Global Environmental Change, vol. 26, mayo de 2014, pp. 87-97, 2014.

13 J. Infante, «La desmaterialización de la economía mundial a debate. Consumo de recursos y crecimiento económico (1980-2008)», Revista de Economía Crítica, núm. 18, pp. 60-81, 2014.

14 Datos obtenidos en el portal digital Materialflows.net.

15 El incremento del precio de los productos primarios y el papel de las economías  “emergentes”,  sobre todo China han sido también factores significativos en esta reactivación del extractivismo.

16 O. Carpintero y J.M. Naredo, «Sobre financiarización y neoextractivismo», en Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 143, 2018, pp. 97-108.

17 Materialflows.net

18 Fuera de esos tres espacios se incluyen las llamadas economías “emergentes” (fundamentalmente los BRICS), semiperiferias o subcentros con estrategias expansionistas relativamente autónomas, aunque en gran medida mantengan su condición periférica y subordinada con respecto  a los centros del capitalismo hegemónico. Puede  verse  A. Sotelo, «Subimperialismo y dependencia en la era neoliberal», Cuaderno CRH, vol. 31, núm. 84, 2018, pp 501-517. El caso de China es singular; como Japón, cuando tiene lugar su integración en la economía mundial nunca antes había tenido la condición de economía colonial o dependiente en el sentido del resto de las economías periféricas.

19 En un proceso de reorientación de los recursos hacia actividades de escaso valor añadido, con un aumento de la participación de las materias primas en el total exportado. A. Slipak, «¿De qué hablamos cuando hablamos de reprimarización?», Jornadas de Economía Crítica, Universidad de Cuyo, Mendoza (Argentina), 2013.

20 M. Svampa, Las fronteras del neoextractivismo en América Latina, Universidad de Guadalajara/CALAS, Wetzlar (Alemania), 2019.

21 Del que puede ser un paradigma la plataforma agroexportadora de soja en Latinoamérica, cuya superficie se ha más que duplicado desde el año 2000 hasta superar en 2018 los 60 millones de hectáreas según los datos incluidos en FAOSTAT.

22 Es el círculo al que André Gunder Frank llamó «desarrollo del subdesarrollo».

23 S. Sassen, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, Ed. Katz, Buenos Aires, 2015.

24 M. Svampa, op. cit.; E. Pineda y A. Moncada, «Violencias y resistencias de las mujeres racializadas en los contextos extractivistas mineros de América Latina», Revista Observatorio Latinoamericano y Caribeño, núm. 2. 2018.

25 M. Walter, «Extractivismo, violencia y poder», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 143, 2018, pp. 47-En el caso de África, puede verse O. Carpintero, I. Murray y J. Bellver, «The New Scramble for Africa: BRICS Strategies in a Multipolar World», Research in Political Economy, vol. 30B, 2016, pp. 191-226.

26 No sólo en la fase de auge de los precios de las materias primas se promovieron los proyectos extractivistas;  la caída de los precios de las materias primas llevó a los gobiernos a incrementar la puesta en marcha de estos proyectos. Véase M. Svampa, op. cit. y E. Gudynas, «Teología de los extractivismos», Tabula Rasa, núm. 24, 2016, pp.11-23.

27 En J.M. Naredo, La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico, Ed. Siglo XXI, 2015, o en J.M. Naredo, La taxonomía del lucro, Ed. Siglo XXI, 2018.

28 R. Grosfoguel,  «Del  extractivismo económico al  extractivismo epistémico y  ontológico», Revista  Internacional  de Comunicación y Desarrollo, núm. 4, pp. 33-55, 2015.

29 El concepto de «extractivismo urbano» es una «nueva metáfora que retoma la esencia de otros tipos de extractivismos ligados al ámbito natural […] El extractivismo en las ciudades está vinculado con la apropiación de excedentes de capital que se dan en y a través del espacio urbano y cuya característica fundamental es que, en líneas generales, esos excedentes que se apropian privadamente (ligados a poderes concentrados) se producen de forma colectiva. Lo que se apropia en la ciudad –con la misma lógica predatoria que se ejerce sobre los recursos naturales– son las rentas que genera el espacio urbano», G. Granero Realini, «Extractivismo urbano: aportes desde el Derecho a la Ciudad», en A.M. Vásquez Duplat, op. cit., 2017, p.70.

30 S. Sassen, op. cit. 2015. p.92.

31 P. Petro, «La Bogotá humana: un modelo de ciudad para el s.XXI», en A.M. Vásquez Duplat (coord.), Extractivismo urbano, Ed. El colectivo, 2017, p. 157.

32 S. Sassen. «Who owns our cities and why this urban takeover should concern us all», The Guardian, 24 de noviembre de 2015.

33 Ibidem

34 A.M. Vásquez Duplat, op. cit., 2017. p.108.

35 M. Arboleda, «Extracción  en movimiento: circulación del capital, poder estatal y urbanización logística en el norte minero de Chile», Investigaciones Geográficas, 56, pp. 3-26, 2018, p.16.

36 Más que un hecho aislado, la represión policial se ha vuelto cada vez más común en los espacios de extracción latinoamericanos. M. Arboleda, op. cit., p.18.

37 “La actividad logística se vuelve inmune al control democrático local y es profundamente moldeada por formas de gobernanza centralizadas, autoritarias y crecientemente militarizadas” M. Arboleda, op. cit.

38 M. Davis, Planeta de ciudades miseria, Foca, Madrid, 2006.

39 Esto es, al desarrollo de un modelo global de ciudad en el que lo público, como en la etapa fordista, tenga un papel central, así como la legitimidad política y la redistribución, sin renunciar al objetivo prioritario del crecimiento. La nueva planificación urbana –estratégica– o no planificación concibe la ciudad como una mina cuyo desarrollo, a base de convenios urbanísticos, no necesita ser ordenado ni planificado con criterios políticos.

40 Se ignora la función social del suelo urbano y se sacraliza el derecho de propiedad sobre los derechos sociales.

41 Véase: J.M. Naredo, y F. Aguilera Klink, Economía, Poder y Megaproyectos, Fundación César Manrique, 2009, y M. Delgado y L. Del Moral, Los megaproyectos en Andalucía, relaciones de poder y apropiación de riqueza, Aconcagua, 2016.

42 Cualquier intervención que pretenda erradicar, acotar o relocalizar vecinos para darle al suelo urbano más valor.

43 A.M. Vásquez Duplat, op. cit.

44 Standard  & Poor´s,  Out  of  the  shadows:  the  rise  of  alternative  financing  in  infrastructure, 2013,  disponible en:

https://www.theglobaltreasurer.com/2013/02/18/out-of-the-shadows-the-rise-of-alternative-financing-in-infrastructure/.

45 C. Márquez, «La IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y los nuevos procesos de integración regional: ¿desarrollo autónomo o reprimarización de las economías del sur de América Latina?», ponencia en el congreso internacional El extractivismo en América Latina, Universidad de Sevilla, 2017.

46 Santiago Álvarez Cantalapiedra  utiliza el concepto de modo de vida imperial, un estilo de vida y unos patrones de producción, distribución y consumo, en «Extractivismos, modo de vida imperial y violencia», Papeles de relaciones ecosociales y cambio social, núm. 143, 2018, pp. 5-11.

47 M Svampa op.cit., pp. 57.

48 E. Suárez y R. Aída (eds.), Descolonizando el feminismo. Teorías y Prácticas desde los márgenes, Ed. Cátedra, 2008. Véase también M. Galcerán Huguet, op. cit., 2016.

49 J. Riechmann, A. Matarán y Ó. Carpintero (coords.), Para evitar la barbarie. Trayectorias de transición ecosocial y de colap- so, Ed. Universidad de Granada, 2018