«En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»

Nuria del Viso entrevista a Bonnie Campbell en la sección A Fondo del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global titulado «Geopolítica, el territorio y los conflictos».

Bonnie Campbell (MA., DPhil, Universidad de Sussex) es . Es profesora emérita de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université du Québec à Montréal (UQAM), donde ha dirigido el Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS). Fue miembro del Grupo Asesor nombrado por el Gobierno federal canadiense para las Mesas Redondas Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Sector Extractivo Canadiense en Países en Desarrollo (2006-2007), así como del Grupo de Estudio Internacional de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas sobre la revisión de los regímenes mineros en África de 2007 a 2011. Campbell acaba de completar la dirección de un proyecto de cinco años (2018-2023) titulado «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas», y realizado en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso.

En esta entrevista ahonda en los efectos de las compañías mineras, generalmente del Norte global, sobre los estados y las comunidades del Sur.

Las actividades extractivas generan toda una gama de impactos entre los que destacan los daños al medioambiente y las violaciones de los derechos humanos, así como cambios indeseados sobre la capacidad regulatoria y de control de los estados donde tienen lugar tales actividades a manos de poderosas transnacionales.

Nuria del Viso (NV):  Usted ha estudiado ampliamente la industria extractiva (IE) y la gobernanza, especialmente en África. Este sector se ha ganado una dudosa reputación por su capacidad para moldear la gobernanza en los tiempos de la reestructuración neoliberal hasta hoy, habiendo conseguido alinear las reformas con los intereses del sector. ¿Cuáles son las dinámicas en juego?

Bonnie Campbell (BC): Evidentemente, las dinámicas específicas en juego varían enormemente según el tiempo y el lugar y dependen de un amplísimo abanico de factores relacionados con la especificidad cultural, social, política y económica. Si se adopta una perspectiva más amplia, existen dinámicas importantes relacionadas con cuestiones como la evolución de los papeles y las funciones de los distintos agentes presentes, ya sean públicos o privados, las transformaciones derivadas de la introducción de reformas neoliberales y las relaciones asimétricas de poder que se configuran a raíz de estas transformaciones; los consiguientes problemas de legitimidad y «licencia social» para operar a los que se enfrentan las empresas extractivas y los marcos normativos en evolución y cada vez más complejos en los que operan estos agentes. Estrechamente relacionado con lo anterior está el actual proceso de renovación de las estrategias desplegadas por las empresas para ganar legitimidad para sus operaciones, que van desde las estrategias más tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) de «prestación de servicios», hasta medidas cada vez más sofisticadas como las «compensaciones de biodiversidad» para sugerir que existe una compensación por la pérdida de biodiversidad sin cuestionar la naturaleza del propio modelo de las industrias extractivas mismas.¹

Una dimensión adicional es la tecnificación creciente de los enfoques adoptados para analizar, gestionar y legitimar las actividades, tendencia que contribuye a oscurecer ciertas dimensiones clave relativas a las relaciones de influencia y poder. Sin embargo, estas son esenciales si se quiere comprender los procesos que tienen lugar, sus repercusiones, los problemas que plantean y las posibles vías para encontrar soluciones más adecuadas a las dificultades creadas y estrategias alternativas al desarrollo de los recursos naturales.

NV: ¿En qué medida el protagonismo de las empresas extractivas afecta a la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas? ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación tanto en términos políticos como sociales?

BC: Para comprender los orígenes de las actuales situaciones de asimetrías de poder en el sector extractivo, resulta útil una brevísima perspectiva histórica. Como se recordará, en las décadas de 1980 y 1990, bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales (IFI), una abrumadora mayoría de gobiernos de países ricos en recursos de todo el Sur global introdujeron regímenes mineros liberalizados, aparentemente para impulsar el desarrollo de sus países ricos en minerales pero endeudados. Las IFI recomendaron la introducción de sucesivas generaciones de medidas de liberalización de gran alcance destinadas específicamente a atraer inversiones extranjeras directas en un sector minero a gran escala cada vez más privatizado. Esto se produjo junto con reformas que exigían una fuerte retirada del Estado del sector minero. Con el tiempo, las IFI animaron a los países a alinear su legislación minera con los códigos mineros más liberalizados. Esto condujo a un proceso acumulativo de liberalización que pretendía crear un entorno lo más atractivo posible para la inversión privada.² En otras palabras, las medidas promovidas por las IFI crearon dinámicas regionales y continentales a través de las cuales se animaba a los países a competir entre sí para crear el régimen minero más liberalizado.

Un aspecto de la retirada programada de los estados de la gestión del sector extractivo fue la transferencia de lo que antes se consideraban funciones estatales frente a los operadores mineros privados en asuntos clave como regulación, prestación de servicios como carreteras, salud y seguridad. Ante la reducción de los fondos públicos, los estados estaban a veces más que dispuestos a acomodarse a esta tendencia y se embarcaron en lo que se ha descrito como un proceso de «ausencia selectiva». La dificultad radicaba en que este proceso creaba ambigüedad en cuanto a quién correspondía la responsabilidad y creaba lagunas en la gobernanza. En ausencia de la capacidad de los estados para hacer cumplir su propia normativa, por ejemplo, en materia de impactos ambientales, o disponer de los medios financieros y técnicos necesarios para supervisar los impactos y, en caso necesario, introducir medidas correctoras. Las situaciones resultantes plantearon problemas de legitimidad para las empresas y crearon las condiciones en las que cada vez era más probable que se produjeran conflictos. Se puede observar cómo las tendencias relativas a la disminución de la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas puede ser un factor que contribuye a la violencia que caracteriza las de las actividades extractivas en determinadas regiones.

NV: La narrativa de la «gobernanza nacional débil» ha sido ampliamente utilizada por las empresas para justificar su forma de actuar. ¿Cuál es tu valoración sobre esta manera de proceder?

BC: De hecho, las situaciones de gobernanza débil han sido creadas por la serie de reformas neoliberales introducidas en el sector y que se ven reforzadas por la asunción de funciones y responsabilidades del Estado por parte de las empresas que el propio Estado en ocasiones no puede permitirse asumir. Como he indicado, estas situaciones tienen alta probabilidad de generar conflictos, calificados por las empresas como «riesgos para la seguridad», lo que lleva a una tendencia creciente a la militarización del sector. Como ha señala la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) en un informe:³

Desde una perspectiva política, las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus ciudadanos a la hora de proporcionar infraestructuras básicas y otros bienes públicos. De hecho, las iniciativas de RSC deberían complementar los esfuerzos del gobierno a través de las instituciones administrativas locales y las autoridades locales. El marco que un gobierno elija para que un gobierno elija para afianzar la RSC debe ser claro en cuanto a las responsabilidades de las empresas mineras y qué responsabilidades deben corresponderse con las de las empresas mineras y comunicarse a éstas. (p 89)

La solución a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las empresas no pasa por más estrategias de RSC, sino porque las empresas respeten las leyes del país en el que operan, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente y la legislación nacional, paguen los impuestos, derechos y cánones a los que están sujetas y, de manera más general, que se reconozca ampliamente la legitimidad de los Estados para prestar servicios a sus poblaciones, condición para que se les exija rendir cuentas en relación a una redistribución más justa de los ingresos a sus poblaciones. La narrativa de la «gobernanza débil» sirve no solo para una justificación miope para que las empresas asuman funciones que antes asumían los estados, sino que, paradójicamente, debido a la fragilización de las estructuras estatales, su reducción y la falta de capacidad para hacer cumplir los marcos normativos crea condiciones que pueden socavar la legitimidad de las actividades de las propias empresas.

NV: ¿Existen características distintivas del modelo de gobernanza del sector de las IE en África respecto a las de América Latina o Asia? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

BC: Se trata de una pregunta difícil por las razones sugeridas en respuesta a la primera. En un nivel se pueden señalar factores que sugieren patrones de similitud debido al hecho de que ha habido olas similares de reformas de liberalización introducidas por las IFI en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, cuando se analizan las trayectorias específicas de determinados países, no solo se encuentran similitudes, sino también diferencias, como hemos visto en un estudio que analizaba las experiencias de Mongolia y Guinea.⁴

Debido a los diferentes contextos, el modelo de gobernanza del sector de las IE presenta características específicas, al igual que lo hacen las formas de resistencia y las estrategias en respuesta a la contestación. Además, nuestro entendimiento de las formas y grados de resistencia depende obviamente de la información producida y disponible. A este respecto, parece haber más información sistematizada sobre las resistencias y su represión en América central y del sur.⁵

Esto no implica, sin embargo, que en África no existan múltiples formas y lugares de resistencia. De hecho, la aparición de resistencias es frecuente, pero la información sobre dichas impugnaciones es muy escasa, dispar y de difícil acceso. En África, las causas de los conflictos que surgen en las explotaciones mineras tienen que ver sobre todo con:

1) el reparto de los ingresos mineros, el acceso al empleo, la falta de contribución al desarrollo social y económico;

2) la pérdida de medios de subsistencia o el desplazamiento físico de poblaciones o pueblos y el riesgo de que se produzcan tales desplazamientos;

3) peligros para la salud causados, por ejemplo, por vertidos de cianuro, o el temor a que se produzcan tales vertidos debido a la insuficiente capacidad e independencia de las autoridades locales para controlar esas situaciones y la calidad del agua.

Hay ejemplos de resistencia en torno a las amenazas ecológicas, como ilustra la resistencia a la empresa canadiense de petróleo y gas Reconnaissance Energy Africa Ltd. (ReconAfrica) en Namibia y Botsuana. Esta empresa poseía licencias de prospección petrolífera que abarcaban zonas donde habitan los san y otros pueblos indígenas, así como fuentes críticas de agua dulce y fauna en peligro de extinción. Actualmente se está investigando la integridad y exactitud de esta situación.

En lo que respecta al acceso a la información, cuando se mediatiza y está disponible internacionalmente, suele ser porque la resistencia afecta a las operaciones, los equipos o el personal de una empresa extranjera.⁶

La información sobre la represión de las manifestaciones de las comunidades locales, aunque conocida en los países afectados, se filtra muy raramente al extranjero, a menos que también participen organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Debido a la persistencia de relaciones a menudo muy asimétricas entre las autoridades locales, favorables a la implantación de actividades mineras, y las comunidades locales, que sufren las consecuencias, estas no suelen tener otro recurso que organizar manifestaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en varias ocasiones en Senegal, especialmente en Niokolo Mako, en mayo de 2021.

Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.⁷

NV: ¿Qué papel desempeñan la contestación y la movilización de la sociedad contra el poder de las empresas transnacionales extractivas y las élites en las IE? ¿Es posible identificar la emergencia de nuevos espacios políticos de cambio? ¿En qué condiciones?

BC: Este fue el objeto del número especial que editamos en 2019 David Szablowski y yo misma.⁸ La cuestión de la resistencia y la movilización de la sociedad es muy amplia, y como se resume en la introducción de este número especial:

El sector extractivo representa un escenario importante para estudiar las dinámicas de la resistencia y los cambios en la gobernanza. En redes que abarcan países y regiones de todo el mundo, la gobernanza extractiva representa una lucha entre grados de cambio y continuidad en la que una gran diversidad de actores −incluidas empresas extractivas, activistas, estados anfitriones y de origen, movimientos indígenas, prestamistas, empresas consultoras, grupos de derechos humanos, etc.− compiten por dar forma al sector y a la distribución transnacional de sus costes y beneficios. Estas luchas suelen tener lugar a través de coaliciones y redes multiescalares que compiten entre sí y emplean diversas estrategias reguladoras, como la promoción de la cultura de la auditoría, la realización de campañas en favor de la transparencia, la readaptación de las normas de derechos humanos al sector privado y el desarrollo de espacios para la consulta indígena. Comprender el complejo papel que desempeña la reforma en la gobernanza extractiva puede aportar una visión más profunda de los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales en los que está implicada a nivel nacional, internacional y transnacional.

Para analizar estas cuestiones se ha propuesto una amplia gama de enfoques. Por ejemplo, el enfoque político de los asentamientos se basa en las perspectivas institucionalistas al integrar más profundamente el poder y la política en el análisis. Aparte de la gran variedad de situaciones, dependiendo del enfoque adoptado, las conclusiones a las que se llega sobre si han surgido nuevos espacios políticos para el cambio y la evaluación de su importancia pueden diferir.

Los estudios sobre iniciativas multipartitas incluidos en el número especial mencionado anteriormente sugieren que, en ocasiones, puede haber ganancias, como ilustra la experiencia de la participación de las ONG en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) en Colombia y Perú.⁹ Sin embargo, este tipo de avances incrementales pueden no ser estables a largo plazo. En el caso de este estudio, los éxitos conseguidos por las ONG a través de la ITIE condujeron a un periodo de reacción en el que el gobierno y la industria argumentaron que era necesario reducir la normativa para fomentar la inversión. Conclusiones similares se desprenden del estudio sobre cuestiones parecidas en Mongolia y Guinea, que detalla los procesos de reforma/reacción/contrarreforma, lo que sugiere que las empresas extractivas también pueden poseer formas significativas de poder estructural o de poder de retención en las iniciativas multipartitas.¹⁰ En consecuencia, la influencia ideológica y material acumulada en las negociaciones de las MSI puede no ser suficiente para convencer al sector en su conjunto de que apoye cambios ambiciosos en la gobernanza.

Lo que ponen de relieve estos estudios y los demás basados en un estrecho conocimiento empírico de los procesos en marcha es el carácter indeterminado de la aparición de nuevos espacios políticos para el cambio y, por tanto, la importancia crítica de prestar especial atención a los enfoques metodológicos adoptados, así como una sólida comprensión de las condiciones específicas que en cada situación concreta pueden configurar la ampliación o, alternativamente, el estrechamiento del espacio político.

NV: ¿Y cuál es el papel de las instituciones locales y de la legalidad consuetudinaria en el entramado de empresas extractivas, estados y otros actores nacionales e internacionales? ¿Cuáles son los resultados de esta situación, esto es, gobernanza privada en las zonas de extracción con empresas controlan y configuran la gobernanza?

BC: Este tema subraya, por un lado, la importancia crítica de los enfoques de investigación de abajo a arriba (bottom-up) y, por otro, el hecho de que los procesos en marcha pueden arrojar resultados que apunten en direcciones opuestas.

Un estudio del número especial de la revista antes citada¹¹ analiza el modo en que las comunidades organizan su resistencia a las explotaciones mineras exigiendo el derecho al consentimiento y al desarrollo autodeterminado. La indagación sobre el modo en que se hacen valer estos derechos, el lenguaje que se utiliza y las reivindicaciones que se formulan, revela carencias de la reforma de la gobernanza minera posterior al apartheid que a menudo no se captan en los análisis amplios y de arriba abajo (top-down) de estos procesos. El planteamiento del autor pone de manifiesto el carácter espacial y territorializado de la gobernanza minera en la Sudáfrica posterior al apartheid. Su contribución distingue dos ámbitos de lucha interrelacionados para llamar la atención sobre distintos aspectos de la resistencia comunitaria a los regímenes mineros impuestos:

1) reafirmaciones estratégicas de subjetividad, costumbre y jurisdicción;

2) prácticas de desarrollo autodeterminado.

En este trabajo, Huizenga analiza la defensa de las comunidades locales y sus luchas por la propiedad, el territorio y la autoridad para ahondar en el complejo campo de poder que constituye la reforma y la innovación de la gobernanza minera. La legislación estatal, sostiene, está siendo cuestionada por los agentes locales y el activismo jurídico transnacional. Aunque reconoce que cada escala de la política tiene sus propios efectos políticos, al centrarse en la naturaleza entrelazada de las formas territoriales, regionales, nacionales y transnacionales del derecho, la política y el gobierno, muestra que múltiples estructuras e instituciones interactúan a través de la política transnacional. Huizenga ilustra que, si la gobernanza minera es cada vez más transnacional, también lo es la resistencia y la organización de las comunidades. Las comunidades demandantes como Xolobeni invocan el «derecho consuetudinario vivo» para fundamentar sus reivindicaciones de derechos sobre la tierra en una concepción del derecho «tal y como se practica en la vida cotidiana de los pueblos que acceden y gestionan la tierra y los recursos colectivamente y que introducen cambios en sus leyes consuetudinarias en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas». El autor sostiene que el concepto de «derecho consuetudinario vivo» es un posicionamiento estratégico que incorpora nociones del derecho internacional de los derechos indígenas junto con el derecho consuetudinario de forma que permite a las comunidades constituirse como actores políticos al tiempo que eluden la autoridad antidemocrática de los jefes tradicionales.

Este estudio sugiere que, aunque la distribución racial y la economía política de la minería en Sudáfrica se han resistido increíblemente al cambio y los pueblos rurales siguen soportando la violencia de la extracción de minerales, se están produciendo ciertos cambios importantes. El autor sostiene que la lucha política y social, articulada en parte mediante luchas en los tribunales, ha tenido efectos materiales en la medida en que se ha detenido la minería y ha abierto un espacio para la declaración de reivindicaciones alternativas a la comunidad, la propiedad, el territorio y el consentimiento. El autor añade que la batalla judicial de Xolobeni debe leerse en el contexto más amplio de las luchas comunitarias contra la minería que tienen lugar en todo el país y concluye que es en estos esfuerzos de contestación donde se ilustran más claramente las prioridades de la reforma de la gobernanza minera en un Estado en transición.

En su contribución al mismo número,¹² David Szablowski también examina cómo el derecho consuetudinario y el indígena están siendo impugnados en las luchas por la gobernanza extractiva. Más concretamente, analiza cómo las empresas extractivas han desarrollado un conjunto de prácticas de gobernanza para dar forma a la legalidad local en las zonas que rodean los emplazamientos de las operaciones extractivas. Las empresas tratan de hacerlo para producir territorios que faciliten la extracción de recursos de acuerdo con las necesidades y preferencias de las empresas transnacionales. Las comunidades, sus sistemas de gobernanza y su capacidad de acción colectiva pueden poner en peligro este proyecto. Las comunidades rurales de las regiones ricas en recursos suelen gobernar aspectos sustanciales de la vida cotidiana a través de instituciones jurídicas locales y consuetudinarias. Estas instituciones funcionan de forma semiautónoma con respecto a la gobernanza estatal, que puede reconocerlas, ignorarlas u oponerse a ellas. Los estados suelen conceder autoridad legal a las empresas extractivas asignándoles derechos formales que prevalecen sobre los sistemas de gobernanza locales; sin embargo, las autoridades estatales suelen dejar en manos de las empresas extractivas la tarea de relacionarse con los actores locales para hacer efectivos sus derechos. En consecuencia, las empresas extractivas deben tratar con actores cuyos puntos de referencia proceden en parte de la legalidad local, indígena y consuetudinaria.

Leídos conjuntamente, estos dos últimos artículos sugieren dos vías alternativas para las comunidades y la legalidad local frente a la extracción. El primero muestra cómo las comunidades sudafricanas y sus aliados han podido influir en los tribunales nacionales para que se reconozca la autoridad territorial basada en la gestión colectiva de los espacios jurídicos locales. El segundo estudio, en cambio, se centra en los contraprocesos que pretenden cortar este tipo de conexiones y cerrar estas oportunidades. Este segundo estudio muestra cómo los instrumentos y estrategias de relaciones comunitarias de las empresas extractivas pueden tener como objetivo impedir el acceso a espacios jurídicos extra locales que podrían ayudar a proporcionar las herramientas y el apalancamiento para el desarrollo autodirigido y la autoridad local sobre la justicia.

NV: Mientras que la mayoría de los investigadores se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza en el sector de las IE, en su artículo publicado en la revista The Extractive Industries and Society (2019), Hatcher y usted identifican que la lucha verdaderamente importante en los conflictos mineros se dirime en torno al poder estructural, y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» poder estructural y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? Cómo se ejerce el poder (material referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? ¿Cómo se ejerce el poder (mecanismos materiales e ideológicos) en las zonas extractivas?

BC: De hecho, sostenemos que si uno está interesado en comprender las condiciones que contribuyen a la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia, es útil conceptualizar recurriendo a dos nociones: relaciones estructurales de poder y modos de gobernanza.¹³ En nuestro trabajo, utilizamos el término «relaciones estructurales de poder» para referirnos a la capacidad de crear reglas, normas y modos de funcionamiento esenciales para las distintas dimensiones de un sistema concreto, ya sea nacional o internacional. En cuanto al concepto de modos de gobernanza en el sector minero, lo utilizamos para referirnos a la suma de las formas de regulación de cada una de las dimensiones relacionadas (económica, social, política y medioambiental) que determinan, en cualquier período o lugar dado, las condiciones de explotación de los recursos mineros. Estas formas son multiescalares e incluyen formas de regulación tanto nacionales como transnacionales. El concepto pretende ayudar a los analistas a centrarse en las relaciones sociales específicas que están en la base de los acuerdos institucionales, así como en el papel de los actores implicados en los procesos de toma de decisiones que emanan de estos acuerdos. También subraya la necesidad de tener en cuenta cómo interactúan las formas de regulación con los mecanismos institucionales, las relaciones de poder y la influencia. Las relaciones estructurales de poder y los modos de gobernanza también ayudan a poner de relieve la existencia de cambios en la práctica y, como consecuencia, la posible formación de nuevos espacios políticos. En otras palabras, los cambios que se producen en circunstancias específicas han conllevado nuevos acuerdos políticos que implican a las élites políticas y a otros grupos que, en consecuencia, sugieren la posibilidad de cambios en los modos de gobernanza y, con estos cambios, el inicio de una transformación en las relaciones de poder entre los agentes implicados.

La decisión de tratar cada uno de estos conceptos separadamente nos ha permitido rastrear una dinámica más profunda en las luchas que están teniendo lugar en la resistencia a la gobernanza extractiva. En general, las personas analistas y estudiosas se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza, es decir, los marcos normativos y los acuerdos institucionales que rigen la minería. Sin embargo, como se argumenta más arriba, la verdadera lucha que está teniendo lugar en estos conflictos es en torno al poder estructural: la capacidad de configurar las normas a largo plazo.

En cuanto a cómo se ejerce el poder −los mecanismos materiales e ideológicos− en las zonas extractivas, podemos ilustrar esta cuestión refiriéndonos a la influencia de los agentes transnacionales que intervienen en los procesos de decisión de los actores nacionales para contribuir a conformar los resultados de los procesos en el país. Esta fue una dimensión central del programa de investigación que acabamos de concluir sobre «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas» en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso, que poseen una considerable riqueza mineral. Aunque la influencia de las empresas puede adoptar numerosas formas, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de cómo se ejerce el poder.

• La configuración de espacios de toma de decisiones y agendas. En ocasiones, estos espacios pueden verse erosionados por influencias y presiones externas. Las influencias y presiones externas pueden ser indirectas (encuestas del sector como las del Fraser Institute, el Investment Attractiveness Index y el EY Top 10 Business Risks Facing Mining and Metals), o directas (a través de la participación en negociaciones reales de nuevos códigos mineros en las que la Cámara de Minas, las empresas, las IFI y las embajadas pueden desempeñar un papel mucho más destacado que la sociedad civil o las organizaciones de mineros artesanales). El resultado de esta influencia empresarial es la perpetuación de marcos regulatorios fiscales muy atractivos que privan a los estados de importantes fuentes de ingresos. Entre las medidas concretas se incluyen las exenciones fiscales discrecionales y no esenciales; el incumplimiento de cláusulas que reducen el periodo de estabilidad establecido en el código minero más reciente; la negociación por parte de las empresas de regímenes fiscales específicos definidos por acuerdos bilaterales para empresas mineras concretas, en lugar de someterse al régimen fiscal que regula todas las actividades mineras.
• La influencia de actores privados externos está presente no solo en la formulación de nuevos marcos regulatorios, sino también a la hora de asegurar que sus actividades queden exentas de ciertos aspectos en la implementación de los marcos.
• En ocasiones, se da prioridad a los contratos mineros sobre los marcos reguladores nacionales.
• Pueden surgir problemas de trazabilidad inadecuada, problemas de acceso a la información y, más en general, problemas de transparencia en la gestión de los ingresos mineros a escala nacional.

Nuestra investigación buscaba documentar dichas presiones y la capacidad de influencia, pero también proponer medidas para contrarrestarlas. A un nivel más analítico, nuestro enfoque intenta comprender la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia y, por tanto, de la aparición de los cambios en la distribución de las relaciones estructurales de poder, centrándose en la reproducción de los modos de gobernanza. Esto nos lleva a conclusiones que difieren en ocasiones de las de los estudiosos que identifican y se centran en un núcleo inmutable de acuerdos institucionales extractivistas y, en consecuencia, subrayan la permanencia de las instituciones de gobernanza.

NV: La IE tiene un largo historial de violencia, represión y criminalización, que se está convirtiendo en una tendencia mundial. ¿Cómo valora la relación entre la IE y los derechos humanos? ¿Está tendencia crece y se afianza a medida que crece el extractivismo? ¿O podemos identificar señales o formas que contrarrestan esta tendencia?

BC: Esta pregunta es clave y plantea varias dimensiones. La criminalización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en el sector extractivo va claramente en aumento.¹⁴ En el centro de esta tendencia se encuentran temas de transparencia, información, rendición de cuentas y sobre todo ello, relaciones de poder asimétricas. Con el fin de ganar legitimidad y “licencia social” para operar, las compañías extractivas se han embarcado durante años en una amplia gama en constante evolución de medidas voluntarias de RSC. Como es cada vez más reconocido, esas medidas son totalmente inadecuadas ya que no cuestionan el modelo extractivo que está en el origen de los problemas de legitimidad que encaran las compañías. Debido a las presiones de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los países afectados, o de los países de origen de las empresas y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, se han producido algunos avances para incorporar medidas legislativas que garanticen la rendición de cuentas. Por ejemplo, varios países de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega) están adoptando leyes para hacer obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la Unión Europea está desarrollando una legislación similar. Dado que la mayoría de estas leyes exigen que las empresas actúen con cautela para prevenir daños ambientales, generalmente se las conoce como leyes obligatorias de derechos humanos y debida diligencia ambiental. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, a pesar de varias décadas de esfuerzos, se ha progresado poco para lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de su responsabilidad de obligar a las empresas a que rindan cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones relativas al medio ambiente a pesar del hecho de que estas empresas se benefician de marcos fiscales y regulatorios muy favorables y, en ocasiones, de importantes cantidades de financiación pública. La razón de este impasse es claramente el puro poder político que tiene el sector sobre el aparato de toma de decisiones del país. Entre otros ejemplos de esta observación está la capacidad de las dos grandes asociaciones mineras canadienses de movilizar a los grupos de presión para influir en los votos de los parlamentarios. Por poner solo un ejemplo, cuando se intentó fortalecer los poderes de la propuesta Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE), según la Oficina del Comisionado de Lobby de Canadá, durante el período crítico de toma de decisiones (enero de 2018 a abril de 2019), las dos asociaciones mineras de Canadá se comunicaron 530 veces con quienes debían tomar las decisiones y funcionarios políticos de alto rango para influirlos sobre este tema. En consecuencia, a pesar de las múltiples formas de apoyo público que ofrece a las empresas del sector extractivo, Canadá todavía no cuenta con mecanismos para responsabilizar a las empresas registradas en Canadá por las implicaciones para los derechos humanos y las consecuencias ambientales de sus actividades en el extranjero.

Por ello, y en vista de la frecuente ausencia de posibilidad de obtener reparación de las instituciones en su propio país, aunque es un proceso largo y muy costoso, una vía emergente es buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa implicada. Este proceso, conocido como litigio transnacional, tiene el potencial de transformar las implicaciones de las políticas de RSC, introduciendo una responsabilidad real en lo que en el pasado ha sido esencialmente un ejercicio retórico. En el caso de Canadá, por ejemplo, los litigios transnacionales han introducido una interpretación distinta del deber de diligencia de la empresa matriz en la jurisprudencia, creando un contexto propicio para los demandantes.¹⁵ En un caso llevado ante los tribunales canadienses, Choc v. Hudbay, personal de seguridad presuntamente disparó contra aldeanos maya-q’eqchi’ mientras protestaban contra el proyecto minero Hudbay en Guatemala. Un maestro de escuela y activista maya-q’eqchi’ fueron asesinados y muchas mujeres maya-q’eqchi’ fueron violadas. La moción de la empresa para desestimar las reclamaciones se basó en que una empresa matriz no tiene el deber de diligencia hacia aquellos perjudicados por las acciones de su filial. Sin embargo, el tribunal canadiense −el Tribunal Superior de Justicia de Ontario− determinó que la empresa Hudbay Minerals había establecido una relación de proximidad entre ambas partes al comprometerse públicamente con la RSC en Guatemala y adoptar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, por lo que desestimó la moción de la empresa. La petición inicial se presentó en Canadá en 2010 y el caso aún está en curso.

A falta de otras vías para buscar reparación, el litigio civil transnacional es una opción destacada. Sin embargo, presenta serios problemas, por ejemplo, en relación con su accesibilidad para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su impacto en la jurisdicción de los países anfitriones y el tiempo y costo de dicho proceso para buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa.¹⁶ Donde aún no existe, lo que se necesita urgentemente es la introducción de obligaciones legisladas en los países de origen que establezcan que las empresas podrían enfrentar responsabilidad si contribuyen de alguna manera a violaciones de derechos humanos en el extranjero. La legislación inspirada en este modelo impondría amplias obligaciones de debida diligencia a las empresas constituidas en Canadá o que realicen negocios en Canadá. Es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen de la empresa. Iría de la mano de los numerosos esfuerzos de las comunidades afectadas para buscar reparación de violaciones de derechos humanos o poner fin a proyectos que son destructivos para el medio ambiente. Cabe subrayar que las iniciativas en este sentido son numerosas y en ocasiones exitosas, como en el caso de los ciudadanos ecuatorianos que votaron a favor de detener el desarrollo de todos los nuevos pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en el Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.¹⁷ En el mismo país, en agosto de 2023, habitantes de Quito fueron convocados a participar en un referéndum sobre la prohibición de la minería a cualquier escala en los bosques del Chocó. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 68% de los electores expresó su apoyo a la prohibición, mientras que solo el 31% estuvo a favor de permitir la minería. La prohibición de la minería se aplicará a las 124.000 hectáreas de la Comunidad Andina del Choco, compuesta por las localidades rurales de Calacali, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.¹⁸ Estos resultados merecen especial atención porque revelan el deseo de los ciudadanos, cuando en realidad son consultados, de un modelo de desarrollo diferente, basado en alternativas de vida más sostenibles.

Nuria del Viso es editora de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y miembro de FUHEM Ecosocial.

NOTAS:

1 Más información en Lynda Hubert Ta y Bonnie Campbell, «Environmental protection in Madagascar: Biodiversity offsetting in the mining sector as a corporate social responsibility strategy» (2023), The Extractive Industries and Society. 15, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101305

2 Véase Banco Mundial, Strategy for African Mining, Documento Técnico del Banco Mundial núm. 181, Africa Technical Department Series, Unidad de Minería, División de Industria y Energía, Banco Mundial, Washington, DC, 1992.

3 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Minerals and Africa’s Development, The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes», UNECA, 2011.

4 Bonnie Campbell y Pascale Hatcher, «Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, pp. 642-653, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301989

5 Véase, por ejemplo, The «Canada Brand» Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal Studies Research Paper núm. 17/2017, disponible en: https://papers.ssrn.com/s ol3/papers.cfm?abstract_id=2886584 ; y también Isabel Orellana et al., «Une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l’extractivisme dans une perspective critique d’éducation relative à l’environnement», Éducation relative à l’environnement, Open Editions Journal, vol. 17-2, 2022, disponible en: https://journals.openedition.org/ere/9315

6 Véase, por ejemplo, «Mines: Des installations et des gros engins de la société True Gold incendiés par les populations», Le Faso.net, 15 de enero de 2015, disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article62789

7 Disponible en: https://lequotidien.sn/marche-pacifique-a-niokolo-mako-les-populations-exigent-de-pmc-a-respecter-sa-rse/

8 David Szablowski y Bonnie Campbell (eds.), «Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479

9 Elisa Aron, Anthony Bebbington y Juan Luis Dammert, «NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, pp. 665-674, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301771

10 Ibidem.

11 Daniel Huizenga, «Governing territory in conditions of legal pluralism: Living law and free, prior, and informed consent (FPIC) in Xolobeni, South Africa», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301102

12 David Szablowski, «Legal enclosure’ and resource extraction: Territorial transformation through the enclosure of local and indigenous law», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18302806

13 Campbell y Hatcher, 2019, op. cit.

14 Véase Moira Birss, Criminalizing Environmental Activism, Informe de NACLA sobre las Américas, vol. 49, núm. 3, 2017, pp. 315-322, disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958

15 Véase el artículo de próxima aparición:  E.R. Grégoire et al., «Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues», Revue québécoise de droit international, en prensa.

16 Ibidem.

^[17] Véase Dan Collyns, «Ecuadorians vote to halt oil drilling in biodiverse Amazonian national park», The Guardian, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/21/ecuador-votes-to-halt-oil-drilling-in-amazonian-biodiversity-hotspot

^[18] «Ecuadorians vote against mining in Choco Andino», Telesur, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorians-Vote-Against-Mining-in-Choco-Andino-20230821-0015.html

Descarga el texto completo en formato pdf: Entrevista a Bonnie Campbell

Nueva sesión del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo, un espacio de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles, y que esta ocasión, abordará la Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid, bajo el título Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia, el evento tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2023 a las 18 h.

Los conflictos ecosociales y la nueva geopolítica de recursos perfilan escenarios que replantean luchas y extienden espacios de resistencia.

La creciente pugna por unos recursos estratégicos escasos y las exigencias derivadas de la progresiva digitalización o la transición energética de los países del centro capitalista, aventuran un recrudecimiento de los conflictos (en todos los planos: el comercial, el tecnológico o el militar) y un incremento de la importancia de la geopolítica para preservar esferas de influencia y garantizar el acceso y la seguridad en el abastecimiento de los recursos (colonialismo verde).

Ejemplos paradigmáticos en ese sentido podrían también relacionarse con la actual etapa del capitalismo verde, asociada al proceso de descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas, que en el fondo siguen manteniendo un modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y aceleran la destrucción de los territorios y de los ecosistemas.

De ese modo, hablar de conflictos ecosociales, geopolítica de los recursos o colonialismo verde hace necesario abordar y analizar el escenario de nuevos y/o ampliados extractivismos que se viene perfilando, así como de sus consecuencias, en clave tanto interna (conflictos y polarización territorial) como externa (influencia en los grandes conflictos socio-ecológicos globales y geopolítica de los recursos). Y esto requiere complejizar nuestros análisis de diferentes maneras, hasta extender la mirada hacia nuevas experiencias y formas de resistencias territoriales en todo el mundo.

Reflexionaremos sobre todo ello al hilo de la reciente publicación del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a profundizar en estas temáticas.

En el acto contaremos con la presencia de:

Breno M. Bringel, investigador en UCM.

Bonnie Campbell, profesora en Universidad de Quebec, Canadá.

Francisca Droguett, activista Plataforma Defensores de la Tierra y el Territorio de Chile.

Presenta y modera: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Organizan: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial y La Casa Encendida.

FECHA: 16 de noviembre de 2023, 18 h.

El acto es gratuito previo registro.

La actividad se desarrolla en una sala Zoom. Una vez realizada la inscripción, y antes de la sesión, se enviará un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.

Acceso a las anteriores sesiones del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo.

En  esta entrevista Brand reflexiona alrededor de la relación entre el modo de vida imperial y el nuevo escenario sociopolítico, ecológico y económico resultante de la guerra en Ucrania.

Ulrich Brand es profesor de Política Internacional en la Universidad de Viena (Austria). Desde septiembre de 2021, trabaja  en el Instituto de Análisis Social de la Fundación Rosa Luxemburgo (Berlín, Alemania) sobre las perspectivas de las transformaciones socioecológicas emancipadoras. Es autor, junto con Markus Wissen, del libro  Modo de vida  imperial: vida  cotidiana y crisis ecológica del  capitalismo, Buenos Aires/Madrid, Tinta Limón, 2021. En marzo de 2018, publicó el libro Salidas del laberinto capitalista: Decrecimiento y postextractivismo, Barcelona/Quito, Icaria, escrito con el economista y político ecuatoriano  Alberto Acosta, en el que se abordan los debates sobre el poscrecimiento en Europa y el posextractivismo / buen vivir en América Latina.

Monica Di Donato (MDD): En tus textos afirmas  que  existe  un modo de vida imperial hegemónico que tiene como trasfondo una profunda crisis social y ecológica. ¿Cuáles son las dimensiones que caracterizan ese marco, y qué relación guardan con la esfera política, cultural, económico financiera, geoestratégica, etc. de las sociedades capitalistas?  ¿Cuáles son  las consecuencias que  acarrea?

Ulrich  Brand (UB): El argumento que  comparto con  mi amigo  y co-autor Markus Wissen es que  el modo de vida imperial es posible gracias al acceso del Norte global a los recursos y a la mano de obra barata de otros lugares —tanto en el Sur global como en el Norte global.  Sobre todo,  tiene  que ver con estrategias de acumulación capitalista, de relaciones de poder.

Ampliamos la perspectiva. Pensemos en la producción y consumo de coches, teléfonos móviles, algunos alimentos, vestido, materias primas o recursos energéticos. Para algunos, todo lo anterior crea una capacidad de acción y una prosperidad material (unido a la posibilidad de disponer de una infraestructura pública que funcione, y de unos servicios de interés general); para otros, sin embargo, significa una destrucción progresiva de sus medios de vida y la consolidación de relaciones de dependencia. A pesar de esta asimetría, este modo de vida imperial es hegemónico, es decir, está ampliamente aceptado y reproducido en las prácticas de producción y consumo, asegurado por políticas estatales; y lo está, aún más, como deseo, aspiración y promesa de vivir esa forma (ayudado de eslóganes habituales, tales como “desarrollo”, “progreso” o “crecimiento”).

El modo de vida imperial se ha profundizado en el Norte a través del proceso de globalización de los últimos 30 años, especialmente con la reestructuración de la división internacional del trabajo y la digitalización, con su alto consumo de recursos. Subjetivamente, muchos viven esto como una forma de prosperidad. El modo de vida imperial no significa que todos los habitantes vivan igual. Los estudios demuestran que el tamaño de la huella ecológica de cada uno depende poco de la conciencia ecológica y mucho de los ingresos.

Este modo de vida, que siempre es también un modo de producción, está alcanzando claramente los límites ecológicos globales. En el pasado, siempre hubo regiones que colapsaron ecológicamente, pero hoy el peligro tiene una dimensión global. En cierto sentido, el modo de vida imperial se está “ganando su propia muerte”. Y en tiempos de crisis se produce una  paradoja que tiene implicaciones políticas:  especialmente en el Norte, este modo de vida tiene un efecto estabilizador, porque los alimentos y otras mercancías relativamente baratas siguen llegando a las metrópolis a través del mercado mundial, pero, al mismo  tiempo, las crisis políticas, sociales, económicas y ecológicas se intensifican en otros lugares, ocasionando graves  conflictos socioecológicos y huida de la población.

Si nos  acercamos a la dimensión geopolítica, el concepto del modo de vida imperial ayuda a entender las crecientes  “tensiones eco-imperiales”, porque  las grandes potencias políticas y las empresas trasnacionales tienen que asegurarse el acceso a unos recursos naturales y a unas tierras que son cada vez más escasas.

MDD: En las últimas  semanas, al escenario de crisis socioecológica se ha sumado el conflicto bélico en Ucrania. En el marco de análisis desde el que te mueves, ¿Qué  lectura haces de esta reconfiguración del orden geopolítico y de poder a nivel mundial? ¿Qué papel asignas a cada actor implicado directa o indirectamente (es decir, no solo a Rusia o Ucrania, sino también a EEUU, China y la UE)?

UB: Hay varias dimensiones en este conflicto. Para mí es y será algo parecido al 11 de septiembre, es decir, un punto y aparte que va a reorientar las políticas dominantes, y que supone un desafío enorme para las fuerzas emancipatorias y el pensamiento crítico.

Con respecto a tu pregunta quiero precisar que, por un lado, no hay que olvidar que el capitalismo ruso se desarrolló, en las últimas décadas, como parte de ese orden mundial capitalista neoliberal, y Rusia era una parte crucial, con sus recursos fósiles y agrarios. Sabemos, además, que los años noventa fueron cruciales, ya que los actores neoliberales globales, como el FMI y parte de las élites postsoviéticas, promovieron, con la ayuda del gobierno de Yeltsin, la neoliberalización y oligarquización de Rusia – los economistas neoliberales como Jeffrey Sachs  argumentaban, en ese sentido, a favor de una inevitable “terapia de shock”. Pero, por supuesto, que había alternativas como, por ejemplo, un papel más activo del Estado en la economía, el mantenimiento del Estado de bienestar, etc.  Es innegable que fue una victoria contundente de las estrategias neoliberales-oligárquicas. Por otro lado, existía una perspectiva geopolítica occidental, sobre todo de EEUU y de la OTAN, que no aceptaba los intereses políticos de seguridad de Rusia, por ejemplo, en lo que se refiere a las estrategias de la ampliación de la OTAN.

Si consideramos las relaciones internas de la sociedad rusa, se puede argumentar que sociedades con una economía extractivista, tienden a ser autoritarias porque el control de la renta de la venta de los recursos fósiles privilegia la centralización del control y del poder —de alguna manera, están gobernadas por oligarcas con buenos contactos en el mundo de la política, y no por una burguesía que quiere cierta independencia del Estado. Eso también facilitó el auge del régimen de Putin.

Otro aspecto de la reconfiguración es que, a pesar de la dinámica de los últimos años, especialmente el auge económico y político de China, existe un consenso entre las élites globales para mantener y expandir el modo de vida imperial a una parte creciente de la población. Pero eso ocurre de una manera muy desigual, porque el modo de vida imperial es muy clasista, patriarcal y racista. Creo que, por ejemplo, una perspectiva de clase es necesaria para preguntarse acerca de qué intereses comunes tienen las fracciones dominantes en diferentes regiones. Por ejemplo, hay fracciones importantes que están a favor de la militarización del mundo, otras que quieren mantener la dependencia de la energía fósil, otras que  viven bien de la globalización neo- liberal, del libre movimiento del capital, de los paraísos fiscales, etc. Claro, en tiempos de guerra pensamos en términos de países, regiones, gobiernos, pero creo que esta otra mirada sigue siendo también importante.

Si pensamos en regiones y sus gobiernos, es decir, las élites políticas estrechamente vinculadas con las élites económicas, y la propuesta de mirar hacia el mundo bajo la óptica del modo de vida imperial, creo que un aspecto principal para entender el régimen de Putin es su carácter abiertamente imperial y bélico, pero también su deseo de mantener la dependencia de otras regiones que precisan de sus recursos naturales. Como vemos, ese  último punto es muy ambiguo.

Creo que China puede ser indirectamente uno de los ganadores de este conflicto porque mantiene relaciones económicas con Rusia, y se presenta como un actor de la paz. Pero no conozco de manera suficiente las discusiones y estrategias del gobierno chino. Sin embargo, lo que considero interesante es que por primera vez hace muchos siglos China es, indirectamente, un actor  importante en un conflicto europeo.

EEUU se muestra, junto con la OTAN, como la gran potencia mundial que puede frenar un régimen como el de Putin y así superar el trauma de su fracaso total de los últimos años en Irak y Afganistán. Pero lo que vamos a ver, sobre todo, es que la industria militar en EEUU va a beneficiarse muchísimo del gasto armamentístico de países como Alemania. En general, no creo que  EEUU sea una potencia en declive, pero sin duda está redefiniendo su papel como potencia militar global, como actor político que organiza las relaciones entre países, como poder en la economía digital global y como referente para las fuerzas liberales con su modelo de democracia.

Actualmente, EEUU, su gobierno, así como sus intelectuales orgánicos contribuyen a una fuerte renacionalizacion de la ideal de Occidente, de un Occidente que tiene que ser agresivo. En este contexto creo que la UE será uno de los actores que más pierda en este conflicto, pues probablemente será quien más contribuya a la militarización del mundo. Y claro, los esfuerzos y recursos sociales que se requieren para tratar con las consecuencias de la guerra son enormes: los refugiados, los impactos económicos, la inseguridad en el suministro de la energía, etc. No tengo una idea positiva de “Europa” o de la UE, pero sí considero que existe un potencial de perspectivas políticas y económicas posnacionales que abren espacios para el pensamiento crítico y las estrategias emancipadoras. Y existe una base de derecho internacional, basada en el respeto a las leyes y no al del dominio del más fuerte.

Finalmente, y lamentablemente, el gran perdedor, en términos humanos, de este conflicto es Ucrania.  Y no olvidemos los impactos sobre otras regiones—y sobre gente más vulnerable—, que  van a sufrir del auge de los precios de los alimentos y la energía, hasta de la escasez de ciertos productos agrarios.

MDD: ¿Consideras que se está fragmentando la economía global en diferentes bloques o se trata “simplemente” de una disputa por la hegemonía entre potencias ascendentes (China, por ejemplo) y potencias en declive (EEUU o la UE)?

UB: Buena pregunta. Hasta hace poco tiempo yo pensaba que se trataba de una disputa por la hegemonía, sobre todo entre EEUU y China. La UE juega un papel importante aquí, pero no decisivo, al ser más bien un aliado de EEUU, también en lo que a asuntos militares se refiere. Pero la pandemia, y aún más esta guerra, pueden implicar una mayor fragmentación entre bloques económicos. En la UE se habla hoy día de “autonomía estratégica”, en el sentido de lograr más independencia en los ámbitos económicos, tecnológicos, en la organización del acceso a los recursos naturales, en relación con la infraestructura, etc. Putin habla de una “autarquía económica”, es decir, del intento de una reorientación de la economía rusa que, sin embargo, creo que va a desembocar en una dependencia más fuerte con respecto a China.

Actualmente, Rusia no es capaz de producir muchos productos de alta tecnología (incluso repuestos para las armas),  a la vez que está experimentando un flujo importante de emigración de  personas formadas. Eso abre claramente un espacio para China (que, a su vez, es  dependiente de alta tecnología de EEUU, si pensamos, por ejemplo, en microchips). Eso no significaría disociación absoluta, pero sí mucha menos confianza en una economía globalizada que produce todo de manera más barata o, en términos económicos, allí donde la ventaja comparativa es mayor, gracias a las infraestructuras de transporte, las condiciones legales o el libre comercio. Podríamos llamarla una “desglobalización desde arriba”, de los poderosos. Sin embargo, no tenemos que olvidar que la economía globalizada está, en muchos aspectos, bastante integrada, y detrás de esto hay intereses fuertes; hay que ver cuál será la dinámica.

En el movimiento alterglobalizador discutimos mucho sobre una necesaria “desglobalización desde abajo”, es decir, para los pueblos, de manera democrática y emancipatoria. Esa sigue siendo una  tarea importante.

MDD: La guerra en Ucrania, sin ser la causa, ha despertado el “juego” geoestratégico en términos de guerra de suministros, guerra de sanciones, etc. En otros términos, sabemos que las causas del conflicto son complejas, llegan de lejos y no responden a una lógica de “guerra por el control de recursos” o por proteger ciertos mercados y espacios de influencia económica. Se trata más bien de consecuencias que, sin embargo, están creando no pocos problemas, sobre todo, a las economías del bloque europeo. En ese sentido, la guerra a golpe de sanciones hacia la ya precaria economía rusa puede ser un factor importante a considerar, aunque no parece que haya intención de implementarla de manera contundente por los riesgos e impactos que puede tener para el sancionador.

¿Qué  piensas al respecto? ¿Alemania, o la UE en general, están verdaderamente dispuestas a renunciar al gas ruso o al mercado que representa aquel país en la venta de sus coches, por ejemplo? ¿No antepondrán la defensa de su modo de vida a cualquier otra consideración (de ahí la extrema cautela en un uso  “ponderado” de las sanciones)?

UB: Estoy de acuerdo, no veo tanto que para Putin sea prioritario controlar directamente los recursos de Ucrania. Putin fue muy explícito en junio 2021 cuando negó la independencia de Ucrania y habló de la unidad de los pueblos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Pero has preguntado por las sanciones. Ahora, a finales de abril y a nueve semanas después del inicio de la guerra, podemos ver que la UE no impone de manera contundente las sanciones a Rusia, sobre todo en lo referido al gas. Los gobiernos de Alemania y Austria, principalmente, están en contra por su fuerte dependencia de Rusia. Yo estoy convencido de que las sanciones tienen que ir más lejos e incluir el gas.  Hay economistas que argumentan que estas sanciones son viables y, aunque causarían cierto freno a la economía, sus efectos no serían catastróficos. Otros, como las asociaciones de empresarios o los sindicatos, dicen que las sanciones rápidas y contundentes van a perjudicar a las economías de Europa. Y que es una forma de doble moral de no comprar el gas de Rusia, pero sí de  regímenes autoritarios de Oriente Medio. Es una discusión importante. Es difícil de prever cómo evoluciona esta situación, pero estamos ante un escenario tan extraordinario (máxime cuando las masacres en Ucrania son conocidas) que yo creo que sí, habría que  tomar esta medida en contra de Rusia. Con respecto al modo de vida, sí, al corto plazo puede influir sobre él, como la pandemia lo hizo.

El Estado tendría que intervenir mediante la financiación del paro parcial, apoyando a las empresas, etc. A medio y largo plazo, la guerra puede contribuir a cierta modernización del modo de vida imperial con un cambio a gran velocidad en la base energética de la economía. Lo interesante es que también las élites hablan ahora mucho más de la necesidad de una transformación energética rápida. Con la ambigüedad —que para mí es un error— de declarar la energía fósil y el gas como fuentes energéticas sostenibles. El problema será si el modo de vida imperial es capaz de mantenerse con eso, por ejemplo, a través de la electrificación de los coches. Pero el cambio necesario tiene que ser más radical, debe cambiarse el sistema de movilidad reduciendo drásticamente la dependencia del automóvil privado, expandirse el sistema del transporte público, reducirse en muchos ámbitos la necesidad de movilidad, por ejemplo, mediante “ciudades con distancias más  cortas”.

MDD: Si nos pusiéramos en el escenario de salida del conflicto, ¿Qué repercusión tendrían los cambios en la nueva configuración hegemónica sobre el “modo  de vida imperial”, o simplemente afectarían a las formas de preservarlo ante nuevos actores, riesgos o amenazas?

UB: Si pensamos en lo inmediato, yo creo el conflicto bélico, probablemente se frenará por un agotamiento militar de ambos lados. Es muy probable que no habrá una victoria “total” de un lado y que  esta situación, después de un tiempo, pueda derivar en reabrir de nuevo el conflicto bélico. Así tenemos que  pensar en una perspectiva de varios años, probablemente hasta que no se produzca un cambio del régimen en Rusia (que deberá ser impulsado desde dentro). Al mismo  tiempo, el régimen de Putin tiene todavía bastante legitimidad en la sociedad rusa. Si miramos más allá del conflicto concreto, un escenario probable y, para nada deseable, es una transformación en clave de seguridad de la política y, en general, de las miradas sobre el mundo. Ya lo vemos en  el anuncio del Gobierno alemán de habilitar un fondo especial de 100.000 millones de euros para armamento durante los próximos cinco años.

Un criterio fundamental para la hegemonía del modo de vida imperial sigue siendo en qué sentido asegura el bienestar de amplios grupos sociales (aunque de manera totalmente desigual), así como también en qué medida es capaz de prometer a muchos más que puedan participar del mismo. Pero otro criterio, que ya conocemos de las políticas migratorias y de refugiados, será el de la seguridad, lo que representará una amplia legitimación para poner recursos enormes en la militarización de las fronteras, de las rutas de migrantes etc. Y, si pensamos en la crisis económico financiera de hace más de una década, o ahora en la pandemia, vemos cómo siempre el modo de vida imperial se mantiene gracias a intervenciones públicas permanentes y costosas en situaciones de crisis. Ambas dimensiones, militarización y políticas de crisis, disminuyen el bienestar material, salvo para las industrias que producen armamiento, medicamentos etc. Y también cierta fragmentación de la economía global, que puede traducirse en menos explotación de otras regiones  y, como consecuencia, precios más altos, como veremos en el caso de que se acelera la transición energética.

MDD: ¿En qué medida consideras que, con el trasfondo de la crisis ecológica global, el conflicto de Ucrania podría ser  “la oportunidad” para empezar un cambio radical, una transición hacia nuevos escenarios emancipatorios dentro del bloque europeo?

UB: En general, sí es una oportunidad, y hay una politización enorme del asunto. A mediados de abril, el gobierno alemán anunció que iba a poner muchos más recursos para la transición energética. Dependerá de los intereses económicos, de las correlaciones de fuerza, perotambién de las tecnologías o de la disponibilidad de alternativas. Si ahora, por ejemplo, actores poderosos son capaces de convencer a los gobiernos de que la salida principal es importar gas procedente de la fractura hidráulica (fracking) de los EEUU. o importar de países de Oriente Medio, esta oportunidad se cerrará. Se quedará en la lógica capitalista del suministro de energía, y no se pensará de manera suficiente en términos de una transición energética más regional que vaya más allá del gas —por ejemplo, mediante la expansión de la energía solar en el sur de Europa—. Otro aspecto casi totalmente ausente en las discusiones es la necesidad de reducir masivamente el consumo de energía en la matriz productiva y en los patrones de consumo (reduciendo la movilidad privada, el tráfico aéreo, disminuyendo la agricultura industrial y fomentando la ecológica, etc.). Todo eso impide una transición emancipatoria.

En determinadas ocasiones, la política oficial hace referencia a la necesidad de reducir el consumo de energía, pero se queda en la lógica individualista, tendiendo a individualizar la responsabilidad. Al contrario, una verdadera transformación socioecológica llegaría a ser más estructural, por ejemplo, reduciendo la producción de coches y aumentando de manera considerable el transporte público  —y no pidiendo solo a los consumidores no usar el coche privado. O visto de otra manera, eso son los campos de batalla para actores que quieren justamente esto último.

MDD: Aunque finalice de forma rápida el conflicto en Ucrania, lo que no acabará será la crisis ecosocial y las contradicciones derivadas de las actuales tensiones geopolíticas.

¿Cómo crees que  actuarán los grandes centros capitalistas y sus estados en ese sentido, y qué respuestas sociales auguras frente a un posible recrudecimiento, tanto de las polarizaciones y tensiones a nivel social, como de los impactos cada vez más frecuentes y devastadores a nivel ecológico?

UB: Es una  pregunta muy compleja. Creo que los centros capitalistas van a fomentar la militarización, pero también van a intentar cierta modernización ecológica del capitalismo y su modo de vida imperial (principalmente tratando de cambiar parcialmente la base energética). Un efecto que ya se nota es, y será, lo que  llamamos “extractivismo verde”: los recursos naturales para esta modernización como el litio, la madera del balso o el cobre vienen de los países del Sur global y de sus economías extractivistas. Si pensamos en cierta fragmentación de la economía mundial en bloques, un resultado puede ser la división del mundo en esferas de influencia como en la fase del imperialismo clásico, y en contra de una globalización capitalista neoliberal. Pero  esto está por ver.

Además de una ayuda concreta a los refugiados, una respuesta social inmediata debería ser capaz de oponerse a la lógica de la militarización y al creciente autoritarismo. Porque esa lógica va en dirección contraria a las medidas realmente efectivas para afrontar la crisis ecosocial: no es solo que la guerra por sí misma causa enorme destrucción, es que también el militarismo impone una jerarquización en las prioridades políticas, relegando a la crisis ecosocial a un lugar secundario.

Las respuestas sociales emancipadoras tienen que trabajar alternativas al modo de vida imperial que causa todas estas tensiones, así como la competencia por los recursos, etc. Un modo de vida solidario, la experiencia masiva, sentida por la mayoría, de un bienestar justo y viable, atractivo y no destructivo, es muy necesaria. Como ya he dicho, eso se  traduce en otro sistema de alimentación y transporte, así como de habitar o vestirse, y detrás de eso, también se traduce en otras relaciones de producción. Desde un punto de vista político, habría que cuestionar la riqueza, su concentración en las manos de unos pocos ricos y súper ricos, al mismo tiempo que se visibilizan los mecanismos políticos y económicos que permiten que la polarización social ocurra.

Un desafío muy concreto es pensar en una transición energética radical (que incluya una Rusia post Putin) capaz de desprenderse de la dependencia de los recursos fósiles. Y para ello, necesitamos un nuevo internacionalismo que piense el bienestar, la protección social y la paz en términos globales, es decir, en  términos de un mundo poscapitalista y posimperial, con un modo de vida solidario para todo el mundo. Eso implica un orden mundial, políticas internacionales y una economía global totalmente diferentes.

Acceso a la entrevista en formato pdf:  Entrevista a Ulrich Brand. “Modo de Vida Imperial”: una lectura a la luz del conflicto de Ucrania

Acceso al texto completo del Dosier Ecosocial Crisis, modos de vida y militarismo. Una lectura a propósito de la guerra de Ucrania,

Dosieres anteriores

El próximo 26 de abril de 2022 tendrá lugar una nueva sesión del Ciclo Debates para un Pensamiento Inclusivo organizado por la Revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid,

Debates para un Pensamiento Inclusivo es un Ciclo de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles.

Cada sesión cuenta con la presencia de los y las autoras de algunos artículos destacados de la revista, según la temática elegida para cada edición y se pondrá a disposición de los asistentes materiales como artículos y resúmenes de cada número, para facilitar la reflexión y la puesta en común.

En esta ocasión abordaremos cómo el modelo energético dominante resulta inviable si queremos preservar las condiciones que facilitan una vida digna en el planeta.

Esta contradicción exige alejarnos de un modelo de acumulación basado en requerimientos crecientes de materiales y energía, y perfilar horizontes emancipatorios con nuevos fines (sociales, económicos y políticos), y medios menos intensivos en recursos.

Pensar la transición hacia una nueva base energética requiere algo más que una aceleración del desarrollo tecnológico y sustituir las fuentes energéticas de origen fósil por otras de naturaleza renovable.

La interiorización de la existencia de los límites naturales debería situar, como ejes centrales en una estrategia de transición, dos cuestiones. La primera, ser conscientes de que la senda por la que transitaremos será descendente en términos energéticos, dada la existencia de límites (materiales, territoriales, de eficiencia tecnológica, etc.). La segunda, asumir que el camino hacia la descarbonización de la economía va a estar condicionado necesariamente por lo anterior.

Existen, además, otros planos que no es posible obviar dentro de este mismo debate. El primero tiene que ver con la denominada descarbonización mediante electrificación de todos los procesos que hasta ahora se encuentran alimentados con recursos fósiles, y que en adelante obtendrían los suministros de un sistema eléctrico basado en flujos renovables. Esta vía, sin pensar en cambios profundos en el modo de vida hegemónico, además de los ya citados límites biofísicos, no está exenta de su propia problemática, particularmente derivada de la singularidad que presenta la electricidad como producto.

Otro plano ineludible que añade complejidad a la transición es la presencia en el sector energético de instituciones, actores y relaciones de poder que, de no tomarse en consideración, marcarán las posibilidades de que aquella pueda llegar a ser justa además de sostenible.

En ese sentido, la crisis energética difícilmente puede abordarse con el nivel de complejidad y seriedad que requiere si no nos pone frente al espejo de la situación de extralimitación en la que nos encontramos, y no se encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios, rezuma fuertes tensiones geopolíticas.

Para que la transformación de la matriz energética no desemboque en una tragedia ecosocial sin precedentes, hay que perfilar horizontes emancipatorios que tengan otros fines y partan de otros medios.

Contaremos con la presencia de:

• Óscar Carpintero, autor invitado en el número 156 de la revista Papeles y profesor en la Universidad de Valladolid.
• Tica Font, autora invitada en el número 156 de la revista Papeles y miembro del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
• Rafael Fernández Sánchez, autor invitado en el número 156 de la revista Papeles y profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Modera: Mónica Di Donato, revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global de FUHEM Ecosocial.

Coordina: revista Papeles de FUHEM Ecosocial.

La actividad se desarrolla en una sala Zoom que requiere inscripción previa.

Una vez realizada la inscripción, y antes de cada sesión, se enviará un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.

RECUERDA:

FECHA: 26 abril 2022

Actividad online

Precio: Gratuito, previo registro

Entradas

Acceso a las sesiones anteriores del ciclo.

Bajo las condiciones de un modo de producción capitalista, la «ruptura metabólica » entre los seres humanos y la naturaleza se ha ampliado tanto que los “antropos” se han convertido en un “factor geológico” que está a punto de terminar con la vida en la Tierra tal como la conocemos desde hace más de diez mil años. En lugar de iniciar un cambio estructural que respete las restricciones socioecológicas de la acción humana, estamos en cambio experimentando una renovación de la geopolítica: no solo la feroz competencia internacional por la disminución de las reservas de petróleo y gas natural, sino también una “fiebre verde” por los metales, minerales, el agua y la tierra.

El término «Antropoceno» es utilizado para designar una nueva era geológica marcada por la acción del ser humano (anthropos). Esto concepto fue propuesto por la comisión estratigráfica de la asociación de geólogos más antigua del mundo en Londres, que está convencida de que la influencia  del comercio humano en el clima mundial y los sistemas biofísicos de la Tierra pusieron fin al Holoceno. Este término se refiere al período de aproximadamente 12.000 años desde la última glaciación, que se caracterizó por unas condiciones climáticas muy estables propicias para el desarrollo humano. En contraste, el período de los antropos se refiere a un período geológico caracterizado por una multitud de influencias ambientales antropogénicas, como la extinción, la propagación y la migración de especies animales y vegetales, el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la degradación del suelo, la acidificación y la sobrepesca en los océanos, así como la contaminación del suelo, el agua y el aire. Actualmente, existe un consenso entre los investigadores de la tierra y el clima de que los seres humanos se han convertido en un “factor geológico”, aunque en diferentes grados, dependiendo de sus orígenes geográficos y sociales. Con la adopción de este papel, la humanidad está desestabilizando los sistemas biofísicos de la Tierra, que han evolucionado durante un período de  proximadamente 1,2 millones de años, y destruyendo “la trama de la vida”, que conecta plantas y animales (incluidos los  humanos) y los minerales mediante ciclos complejos de materia y energía. En la actualidad, todo apunta al hecho de que los “antropos” han llevado al sistema Tierra a un camino irreversible de desarrollo hacia un “estado de invernadero” que podría durar de decenas a cientos de miles de años.¹

¿Antropoceno o Capitaloceno?

Para algunos científicos, el Antropoceno coincide con el comienzo de la “conquista europea del mundo” a principios del siglo XVI.  Otros lo vinculan con la industrialización en Europa alrededor del 1800. La mayoría de los geólogos británicos de la comisión estratigráfica se han pronunciado a favor de fijar el inicio del Antropoceno a mediados del siglo XX.

Existen razones plausibles para esta confusión: lo que es completamente novedoso en términos históricos no es de ninguna manera la conexión entre la acción humana, el cambio de los paisajes, del ciclo atmosférico del agua y los cambios climáticos. Desde el comienzo del Holoceno, cuando las condiciones climáticas estables hicieron posible que la agricultura se extendiera en muchas regiones del mundo, los seres humanos han modificado deliberadamente la flora y la fauna, creando enclaves artificiales en una naturaleza indómita, domesticando y criando animales y plantas, creando sistemas de riego y aprovechamiento de la energía solar. Esto ha llevado a menudo a crisis ecológicas de alcance regional, a menudo en conjunción con crisis civilizatorias. Pero como resultado del crecimiento de la población hecho posible por la «revolución neolítica» hace 12.000 años, la consiguiente división del trabajo entre hombres y mujeres, ciudades y países, trabajo mental y trabajo físico y la colonización económica y política de los hábitats no europeos, la “ruptura” en el contexto del metabolismo social y el metabolismo prescrito por las leyes naturales de la vida se amplió (tal como apuntó Karl Marx).

Solo bajo las condiciones de un modo de producción capitalista, cuyo objetivo principal es producir valor (monetario) a través de la producción sistemática de una «acumulación inmensa de mercancías»,² el metabolismo entre lo humano y la naturaleza (o entre lo humano y lo no humano) adquiere una dimensión global –con la explotación de los humanos por otros humanos y el planeta entero transformando en una vasta reserva de posibles valores de uso, una reserva de mano de obra y un vertedero para todo tipo de residuos. Con la tendencia del capitalismo a convertirse en un sistema mundo tanto económico como ecológico, basado en el uso de combustibles fósiles, la «ruptura metabólica» se ha ampliado tanto que la humanidad ha alcanzado el «umbral planetario»³ identificado por los investigadores del clima. Traspasarlo tendría consecuencias graves, repentinas e irreversibles para todos los seres vivos. Esta es la razón por la que algunos científicos sociales,⁴ en la tradición de la crítica de la economía política, consideran que el término «Capitaloceno» es más preciso que el del «Antropoceno»,⁵ dado que los impulsores de las transformaciones planetarias son la rentabilidad y la productividad destinadas a maximizar la valoración del capital.

Dado que los impulsores de las transformaciones planetarias son la rentabilidad y la productividad destinadas a maximizar la valoración del capital, el término «Capitaloceno» es más preciso que el del «Antropoceno»

El capitalismo es una máquina de crecimiento si no está obligado a reconocer los límites de la forma material o de valor de uso. Bajo la presión de la competencia constante, los capitalistas deben reducir los costes de producción y circulación y, por lo tanto, aumentar la productividad del trabajo. Esta ha sido la forma de producir la «Riqueza de las Naciones» desde los primeros días del capitalismo, como se describe en el famoso libro de Adam Smith. Esta es la razón por la cual los capitalistas deben reemplazar el trabajo vivo con maquinaria.

Desde el siglo XIX, la maquinaria ha sido manejada principalmente por energía fósil, como el carbón, el petróleo y el gas. De hecho, esta maquinaria permite procesar las materias primas agrícolas y minerales para convertirlas en valores de uso para la satisfacción de las necesidades humanas y estos materiales deben transportarse desde su ubicación de origen, donde se extraen, crían o cultivan, hasta los lugares donde se procesan, y hasta donde finalmente se consuman. Estas cadenas de suministro, que van desde la naturaleza original de la Tierra (el conjunto de recursos) hasta los sistemas económicos, culturales, sociales y políticos (en plural) de la Tierra, constituyen la columna vertebral del sistema capitalista global.

Las cadenas de suministro de energía y materias primas están en manos de las cambiantes alianzas entre los Estados y las empresas privadas. No son solo las leyes naturales las que gobiernan el flujo de recursos desde sus orígenes hasta el lugar del consumo final; más bien, son los actores económicos y políticos poderosos los que establecen estas cadenas para garantizar el suministro de energía fósil y materias primas para las economías modernas. Debido al desarrollo desigual –una competencia entre socios desiguales, tanto a nivel internacional como dentro de las naciones– la lucha por la energía y otros productos primarios ha sido y sigue siendo extremadamente caótica.

La renovación de la geopolítica

El mundo globalizado del siglo XXI no aparece con amigables ropajes verdes. El orden internacional está colapsando, los conflictos regionales siguen abiertos, ha comenzado una nueva carrera de armamentos y el derecho internacional tal como se estableció después de la Segunda Guerra Mundial parece obsoleto. En los EEUU, los funcionarios del gobierno piensan en voz alta sobre la guerra nuclear. Estos procesos fomentan la feroz competencia internacional por la disminución de las reservas de petróleo y gas natural, y cada vez más por los metales, los minerales, el agua y la tierra también.

Los procesos que tensan el orden internacional están fomentando una feroz competencia internacional por las decrecientes reservas de petróleo y gas natural, y cada vez más por los metales, los minerales, el agua y la tierra también.

Al igual que en el apogeo de la antigua geopolítica del imperialismo europeo, la geografía ha adquirido una renovada relevancia en el sentido de control sobre los territorios de otros estados (con un énfasis especial de nuevo puesto en Eurasia). Además, la relevancia de la geología ha crecido en el sentido de que no solo el petróleo y el gas, sino también los metales y los minerales se han convertido en “recursos estratégicos”. Hoy en día, estos dos elementos de la geopolítica coexisten con la geoeconomía, que se refiere al poder de mercado y las alianzas que se fortalecen a través de acuerdos de libre comercio bilaterales, regionales e incluso macro-regionales y la protección mundial de los llamados derechos de propiedad intelectual y las inversiones. Además, la política internacional todavía tiene un papel importante que desempeñar, en forma de diplomacia de los recursos, de métodos legislativos para establecer y defender monopolios, y regulaciones restrictivas varias; y, no olvidemos, las sanciones económicas, el establecimiento de bases militares y, al menos para la disminución del poder hegemónico de los EEUU, las intervenciones militares destinadas al “cambio de régimen”.

El capitalismo global aún depende del petróleo barato. Su importancia para satisfacer las necesidades de energía primaria del mundo puede disminuir en las próximas décadas. Pero el petróleo barato sigue siendo la “sangre vital” del transporte, la industria petroquímica cuyos productos se han vuelto tan esenciales para la vida cotidiana, la agricultura industrial, los productos manufacturados y la guerra moderna. Con el fin de mantener el control sobre el suministro y la fijación de precios de los hidrocarburos, se siguen construyendo tuberías y puertos, refinerías y ferrocarriles. Como en el pasado, las tuberías que se extienden por grandes distancias por tierra y mar extienden el alcance de los estados más poderosos más allá de sus propios territorios. Este es el razonamiento que sigue el presidente de EEUU, Trump, cuando promueve un mayor consumo de combustibles fósiles en el extranjero (ya sea en Europa, India o Corea del Sur) o cuando promueve una cooperación aún más estrecha con Arabia Saudita: “Ningún otro país, y mucho menos la comunidad internacional unida detrás del acuerdo climático de París, debería poder privar a los EEUU de su solución de carbono”.⁶ Pero también la iniciativa china Belt Road Initiative (BRI)⁷ está diseñada para servir a la nueva geopolítica de la energía, todavía basada en combustibles fósiles. La iniciativa, que enfatiza la construcción de infraestructuras, da a China un impulso para recortar o contener las actividades de otras naciones sin tan siquiera usar armas. De hecho, la BRI es un proyecto impulsado por los combustibles fósiles que apunta a construir oleoductos, refinerías de petróleo y puertos para enviar petróleo y otras materias primas desde América Latina, África e Irán a la China continental.

Ciertamente, algunos líderes empresariales están preocupados por los numerosos factores relacionados con la transgresión de los «límites planetarios» que amenaza el valor de sus negocios y la solvencia crediticia. Es posible que se preocupen por la inminente crisis del agua y el hambre que causará disturbios sociales, conflictos violentos y la migración involuntaria a lugares que consideran sus “regiones de seguridad nacional”. Pero muchos otros ven el cambio climático incluso como una oportunidad de negocio. Las nuevas rutasde transporte serán accesibles en el Ártico debido al cambio climático, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas que son difíciles y costosos de acceder serán más atractivos, como los recursos de tipo bituminoso en Venezuela y África, el petróleo en alta mar de Brasil, o el petróleo pesado en la selva tropical del Amazonas.

Es probable que los conflictos geopolíticos y las disputas internacionales sobre el acceso y el transporte de todo tipo de materias primas socaven incluso los intentos modestos de cooperación. No solo EEUU está persiguiendo un proteccionismo nacional creciente.  Especialmente con respecto al petróleo y el gas, la UE depende en gran medida de las importaciones de metales y minerales, con las mayores importaciones netas de recursos por persona en todo el mundo. La proporción de las importaciones de la UE para muchos “materiales estratégicos” llega a alcanzar el 100%. En palabras del ex comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, en la Conferencia de Comercio y Materias Primas en Bruselas en septiembre de 2008, la UE necesita «importar para exportar… estamos en una carrera»⁸. Por lo tanto, no es sorprendente que la Comisión Europea abordadara la importancia de los cambios impuestos en el orden económico mundial debido a la enorme escala de desarrollos requeridos por el uso intensivo de recursos en China e India ya en 2006, con su «Estrategia Europa global» (Global Europe Strategy) seguida en 2008 de su «Iniciativa sobre materias primas» (La Raw Material Initiative, reconfigurada en 2011 en la «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos»).

Las nuevas rutas de transporte serán accesibles en el Ártico debido al cambio climático, mientras que los nuevos yacimientos de petróleo y gas que son de difícil y costoso acceso serán más atractivos.

Al otro lado del Atlántico, es altamente improbable que los EEUU alguna vez sean energéticamente autosuficientes. La expansión a su capacidad de producción debido a la llamada “revolución del esquisto” podría traer una mayor capacidad de recuperación a los choques a corto plazo, pero el aumento del uso de energía per cápita significa que el país sufrirá aumentos de costes energéticos a largo plazo. Sin embargo, por el momento, la administración Trump, que funciona como un brazo extendido del complejo militar de combustibles fósiles-finanzas, parece estar firmemente decidida a explotar todas las reservas nacionales para obtener el “dominio de la energía” al suministrar combustibles fósiles a otros países. La administración de los EEUU también ha descubierto que el país es «altamente dependiente de las importaciones de ciertos productos minerales y que esta dependencia crea una vulnerabilidad estratégica tanto para su economía como para el ejército de cara a afrontar la acción de gobiernos extranjeros, los desastres naturales y otros eventos que pueden interrumpir el suministro de estos minerales clave».⁹ Las preocupaciones relacionadas con la “vulnerabilidad estratégica” se discuten no solo entre las agencias gubernamentales en los EEUU y Europa, sino también en el Japón de escasos recursos. La continuación del liderazgo tecnológico de estos países depende de un suministro constante y creciente de minerales y metales (a precios asequibles), que son vitales para varias tecnologías futuras. En contraste, para Australia, que es un importante exportador mundial de minerales, la evaluación crítica depende más del potencial de sus propios recursos para cubrir la demanda mundial.

La base imperialista de la estrategia de recursos nacionales del otro gigante que consume energía, China, es menos obvia. Pero al igual que EEUU, China hará cualquier cosa para garantizar que continúen los flujos de energía (ya sean de Oriente Medio, Rusia o África). La principal diferencia con el objetivo de EEUU de “dominio de la energía” podría ser que China, al menos por ahora, está más dispuesta a cubrir su vulnerabilidad a las restricciones de recursos a través de decisiones políticas más allá de la acción militar y la exclusión de aliados potenciales y socios comerciales. Por lo tanto, China se enfoca más en construir alianzas para hacer acuerdos de acceso a largo plazo, esperando mayores dividendos de la cooperación que de la confrontación.

Pero lo que es de suma importancia sobre el nacionalismo de recursos de hoy es que se centra no solo en controlar la producción y el comercio de las decrecientes existencias de petróleo, lo que proporciona un alto retorno energético de la inversión (EROI, según sus siglas en inglés), ¹⁰ y un petróleo y un gas no convencionales mucho más caros, extracción y procesamiento que requiere enormes cantidades de energía y dinero para construir refinerías, oleoductos, plataformas petrolíferas, puertos, carreteras y otras infraestructuras. Además de esto, el acceso a las “materias primas críticas” se ha convertido en una preocupación estratégica cada vez más importante para todas las “grandes potencias”, e incluso para aquellos  en el segundo nivel. En este contexto, las fuerzas militares, los científicos, las organizaciones internacionales (como la Agencia Internacional de Energía) y grupos de expertos interesados en geopolítica (como el Consejo de Relaciones Exteriores de los EEUU, el instituto de relaciones internacionales de los Países Bajos Clingendael, Chatham House en el Reino Unido y Price Waterhouse Cooper están analizando los impactos de la creciente demanda de minerales y metales. Además de las materias primas necesarias para el desarrollo de infraestructuras, la producción de energía fósil y nuclear, la industria química, aeroespacial, equipos médicos y todo tipo de comunicaciones avanzadas (como el GPS, los satélites espaciales y los sistemas de comando, y las infraestructuras de amplificación de señal), se necesitan enormes cantidades de metales y minerales para las industrias nuevas: primero, para la “transición verde” hacia la producción de energía renovable; segundo, para la transmisión de la electricidad; tercero, por la llamada “Cuarta Revolución Industrial” basada en la digitalización y la inteligencia artificial; y, cuarto, para diferentes tipos de sistemas militares¹¹ en los que no solo las aeronaves necesitan masas de “materiales críticos”, sino también otros componentes de los sistemas, como estaciones terrestres, enlaces de datos y personal de control.

En casi todos los países industriales avanzados (pero también en China), se ha desarrollado la integración del procesamiento de datos digitales en los procesos de producción, con tecnología clave como sensores, “etiquetas de identificación” de radiofrecuencia, microchips de alto rendimiento, tecnologías avanzadas de visualización y cables de fibra óptica que exigen una cantidad cada vez mayor de metales y minerales particulares. Un estudio realizado en 2016 en nombre de la Agencia alemana de recursos minerales (DERA, según sus siglas en alemán) examinó la demanda global de materias primas para 42 diferentes tecnologías futuras en 2013 y 2035 y comparó la demanda creciente esperada con el volumen de producción global de los metales respectivos en 2013. El estudio mostró cómo para algunas materias primas (como el litio, los metales ligeros de tierras raras, el germano, el indio y el galio), ya es previsible que en un período de poco más de dos décadas, la demanda casi se duplique, se triplique (en el caso de las tierras raras pesadas), e incluso cuadruplique (tantalio). En algunos casos, el aumento de la demanda superaría con creces la producción primaria en 2013 (litio, disprosio/terbio y renio), mientras que en otros el aumento sería aún más brusco (cobalto, cobre, escandio, platino).¹² Esto significa que la lucha por los materiales primarios no ha terminado con el surgimiento de la inteligencia artificial y la digitalización ubicua. Por el contrario, esto probablemente se intensificará dado el nexo global de la tierra, el agua, los alimentos, los minerales y la energía, y dado que unos pocos países dominan el mercado de los minerales críticos.

Intercambios entre metas económicas y ecológicas

En este contexto, habrá que tener en cuenta varios compromisos inevitables entre los objetivos económicos y ecológicos, incluido el cambio hacia un “capitalismo más verde”. Mientras que, en los debates actuales, las dimensiones económicas y geopolíticas de la escasez de recursos reciben una amplia atención, el impacto de la escasez física de los minerales en la geoeconomía del capitalismo global, y aún más importante en un futuro postfósil, rara vez se atienden. De acuerdo con el principio de acumulación capitalista, incluso una transición hacia tecnologías de energía renovable resultará en un círculo vicioso entre los sectores de la energía y el metal. Además, en muchos países (principalmente en China), agudizaría las ya severas contradicciones insertas en el nexo del agua y la energía, y por lo tanto también afectaría negativamente la producción de alimentos.

La “criticidad” de las materias primas se suele debatir desde un punto de vista económico, centrándose en los retrasos en la entrega y otros riesgos de suministro. Estos a menudo están vinculados a la gobernanza inestable de las materias primas y la volatilidad de los precios de los productos básicos. Sin embargo, desde principios de la década de 2000, las dimensiones geopolíticas de la escasez (en términos de barreras políticas planteadas en los países productores, que han comenzado a proteger sus intereses mediante impuestos a la exportación y diversas restricciones comerciales) se han colocado en un primer plano. China, donde se produjo más del 90% de los elementos de tierras raras, ha comenzado a priorizar sus propias necesidades de suministro. Los funcionarios del Gobierno sostienen que los impuestos a la exportación sobre las materias primas son más bajos que los de los productos terminados (como los imanes para la tecnología de energía renovable), y que la extracción ilegal en el sur del país (donde se extraen los óxidos de tierras raras altamente contaminantes) debería desaparecer. Además, los pronósticos para el estado de la industria de metales de tierras raras de China no son prometedores: aunque el país produce el 95% de la producción mundial, solo posee el 23% de la cantidad total de minerales del mundo, principalmente en tres sitios en el sur de China, ya muy agotados. En consecuencia, las restricciones a la exportación se consideran un instrumento apropiado para proteger las “tecnologías verdes” de China. El miedo ha estado creciendo tanto en los EEUU como en la UE sobre el hecho de que sus economías podrían perder el liderazgo tecnológico frente a los chinos, particularmente con respecto a las tecnologías de energía solar fotovoltaica y de turbinas eólicas. Hoy en día, la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial y digitalización de economías enteras parece ser aún más importante que la competencia por las “tecnologías verdes”. Esto tiene el potencial de estimular las guerras comerciales entre Occidente y China.¹³

El impacto de la escasez física de los minerales en la geoeconomía del capitalismo global, y aún más importante en un futuro “postfósil”, rara vez se atienden.

En contraste con las dimensiones económicas y geopolíticas de la escasez, la escasez física –y por lo tanto también el carácter geológico y material de los minerales– rara vez se considera una amenaza grave, ya sea en términos de la geoeconomía del capitalismo global o el impacto ecológico de minería. Esto refleja una ignorancia sistémicamente anclada, al menos desde la perspectiva de un futuro postfósil. A pesar de que la corteza terrestre contiene enormes cantidades de reservas minerales, muchas sustancias ampliamente utilizadas se enfrentan al agotamiento en función de la escasez absoluta de la naturaleza y los límites tecnológicos actuales. Desde el punto de vista de la termodinámica, un recurso puede ser crítico cuando supera un cierto «umbral de exergía».14A medida que la ley del mineral disminuye, la energía requerida para extraer el mineral aumenta exponencialmente. Este ya es el caso del cobre, un material esencial para casi todos los tipos de dispositivos eléctricos. En comparación con la tecnología de motores de gasolina, los vehículos de motor eléctrico necesitan una cantidad de cobre cuatro veces mayor, además de una mayor cantidad de metales como el cobalto, el litio y elementos de tierras raras pesadas y ligeras. Si solo cada segundo automóvil basado en combustible que ya se encuentra en el mercado fuera reemplazado por un vehículo eléctrico, y se tienen en cuenta las tendencias actuales en las ventas globales (que se espera que aumenten en un 50% en los próximos 25 años), la cantidad de metales solo para la producción de automóviles aceleraría la deforestación como resultado de la minería, lo que generaría más daños ecológicos.

El movimiento a medias hacia un capitalismo más verde, con su enfoque en las tecnologías de energía renovable, es un proyecto basado en una serie de concesiones y un indeterminado número de contradicciones sin resolver.

Esto ilustra que el intercambio es inevitable. Sin hallazgos sustanciales de depósitos altamente concentrados, la producción de varios metales (es decir, los productos necesarios para una futura “economía verde”) no puede aumentar, pero es más probable que disminuya junto con la concentración de los sitios existentes. Cuando la producción de varios metales no aumenta al mismo ritmo (rápido) que la demanda, el precio de los “materiales críticos” aumentará sustancialmente en el futuro cercano. En estas condiciones, incluso los repositorios menos concentrados se verán económicamente viables. Pero cuanto más baja sea la concentración del material, más residuos se generarán, y más químicos tóxicos y cantidades masivas de agua y energía serán necesarias para la extracción. En resumen, lo más perturbador será el impacto en la naturaleza local, los trabajadores y la población.

La “nueva fiebre del oro” dirigida hacia depósitos ricos en metales con altas concentraciones de metales de dos a cinco millas por debajo de la superficie de los océanos (a lo largo del ecuador o en el Círculo Polar Ártico) ofrece otro ejemplo de un intercambio entre objetivos económicos y ecológicos. Dentro de las próximas décadas, la capacidad tecnológica para la minería de aguas profundas mejorará, y las recientes dificultades de financiamiento para este tipo de “aventuras” probablemente se resolverán debido al aumento de los precios de los productos básicos. En ese momento, podría comenzar la extracción comercial activa, destruyendo los ecosistemas únicos de los océanos profundos antes de que este patrimonio común de la humanidad sea incluso comprendido y cartografiado.¹⁵

El movimiento a medias hacia un capitalismo más verde, con su enfoque en las tecnologías de energía renovable, es un proyecto basado en una serie de concesiones y un indeterminado número de contradicciones sin resolver. Si el mecanismo de acumulación capitalista basado en los principios de la propiedad privada y el crecimiento económico se toma como un hecho, y de manera implícita la creación infinita de riqueza monetaria, una transición hacia tecnologías de energía renovable resultará en un círculo vicioso entre la producción de energía y los metales. Las compensaciones de “agua por energía” y “energía por agua” también son significativas. Por un lado, en comparación con las tecnologías de carbón, solar y eólica, consumen menos agua en la generación de energía. Pero cuando se considera el ciclo de vida completo de tales tecnologías (incluida la fabricación de paneles solares y turbinas eólicas), la huella hídrica de ambas es bastante sustancial. Se requiere energía para suministrar y tratar el agua; a medida que aumenta la huella hídrica del sector energético y el agua escasea (lo que ocurrirá no solo en China sino en muchas otras regiones del mundo), se necesita más energía para suministrarla y tratarla.¹⁶ Además, dado que los parques eólicos solares y eólicos en tierra requieren grandes áreas de tierra, que no están disponibles en países y regiones con alta densidad de población, se generarán más conflictos por el acceso al agua, la tierra y los alimentos. Por lo tanto, el agua tiene el potencial de convertirse pronto en la causa más importante de los conflictos, como lo ha sido la gasolina durante mucho tiempo.

Traducción: José Bellver

NOTAS:

1 W. Steffen et al., «Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet», Science, núm. 347, vol. 6223.

2 K. Marx, Capital. A Critique of Political Economy, Vol. 1, p. 26.

3 W. Steffen et al., «Trajectories of the Earth System in the Anthropocene», PNAS, 6 de agosto de 2018.

4 E. Altvater, «El Capital y el capitaloceno», Revista Mundo Siglo XXI, núm 33, vol. IX, 2014, CIECAS-IPN, pp. 5-15; A. Malm, «Fossil Capital. The Rise of Stream Power and the Roots of Global Warming», Verso, Londres/Nueva York, 2016; J.W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, History and the Crisis of Capitalism, PM Press, Oakland, CA 2016. pp. 138-152.

5 A pesar de que también sería posible nombrar a esta era geológica como “Tanatoceno” debido al historial de destrucción por parte de la humanidad, tanto de otros seres humanos como de muchas otras especies que han ido progresivamente desapareciendo del planeta, véase C. Bonneuil y J-B. Fressoz, L’événement anthropocène. La terre, l’histoire et nous, Seuil, Paris, 2016.

6 M.T. Klare, «America’s Carbon Pusher-in-Chief: Trump’s Fossil-Fueled Foreign Policy», 2017.

7 Nota del traductor: en castellano la Belt Road Initiativees también conocida como «la nueva Ruta de la Seda»

8 P. Mandelson, «The Challenge of Raw Materials», discus en la Trade and Raw Materials Conference, Bruselas, 29 de septiembre de 2008, disponible en: http://europa.eu.

9 Departamento de Interior de EEUU, Final List of Critical Minerals, 2018,

10 Aunque existe una gran cantidad de controversias acerca del EROI (tasa de retorno energético) exacto de las diferentes fuentes de energía, no hay duda de que el EROI para la mayoría de las fuentes de energía “verdes” (como el viento, laenergía solar fotovoltaica o el etanol), sino también el petróleo y el gas “no convencionales” es más bajo en comparación con el petróleo, el gas o el carbón convencionales.

11 Por ejemplo, para piezas de aviones, motores, sistemas de guía de misiles y defensa antimisiles, detección de minas submarinas, GPS para todo el sistema de comunicaciones, contra maniobras electrónicas, sin olvidar los sistemas militares no tripulados (drones).

12 DERA (Deutsche Rohstoffagentur), Rohstoffe für Zukunftstechnologien, Berlin, 2016. Para un análisis exhaustivo véase: A. Diederen, Global Resource Depletion: Managed Austerity and the Elements of Hope, Eburon, Delft, 2010 y los trabajos de W. Zittel, E. Schriefl y M. Bruckner, en A. Exner, M. Held y K. Kümmerer (eds.), Kritische Metalle in der Großen Transformation, Springer, Berlin, 2016.

13 Departamento de Interior de EEUU, op.cit.. El Departamento del Interior indica en este documento que en lo que se refiere a las materias primas estratégicamente importantes, China fue el productor líder de 15 de los 33 productos listados como «críticos».

14 Esta es una medida del grado de distinción termodinámica que tiene una pieza de material de su “preponderancia” circundante; la rareza física o termodinámica se explica por los costes de energía requeridos para obtener un producto mineral de roca ordinaria con las tecnologías disponibles. Véase: G. Calvo, A. Valerio y A. Valerio, «AThermodynamic Approach to Evaluate the Criticality of Raw Material Flows and its Application Through a Material Flow Analysis in Europe», Journal of Industrial Ecology, julio de 2017.

15 R. Kim, «Should Deep Sea Bed Mining Be Allowed?», Marine Policy, núm. 82, agosto de 2017, pp. 134-37.

16 Agencia Internacional de la Energía, World Energy Outlook 2016, IEA, Paris, 2016.

Acceso al texto en formato pdf: Geopolítica en el Capitaloceno. 

Eduardo Gudynas

El autor, uno de los investigadores de referencia en extractivismo en América Latina, define en este artículo el fenómeno y sus características –comunes con los extractivismos en otros puntos del planeta– y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan  en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.

Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.

Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo  el  gran  proveedor  de  materias  primas  de  la  globalización.

Los extractivismos se multiplicaron e intensificaron, y eso promovió toda una secuencia de problemas. Aumentaron los impactos ambientales y sociales, comenzaron a sumarse accidentes de todo tipo y se incrementó la denuncia y protesta ciudadana. Los gobiernos y las empresas reaccionaron y en varios sitios hostigaron o criminalizaron a los movimientos ciudadanos, especialmente indígenas y campesinos. Los extractivismos quedaban empantanados en la violencia, pero los gobiernos seguían protegiéndolos dada su dependencia económica.

América Latina volvió a apostar por extraer recursos naturales para seguir siendo el gran proveedor de materias primas de la globalización.

Los debates fueron cada vez más intensos a partir de la segunda mitad de la década de 2000, tanto en la denuncia de esos emprendimientos como en la búsqueda de alternativas a ellos. La existencia de gobiernos progresistas obligó a un debate en términos distintos a los que tradicionalmente tenían lugar con las administraciones conservadoras. No faltaban quienes sostenían que la solución serían algo así como unos extractivismos estatales o bajo control obrero, o los que argumentaban que no existían alternativas posibles y eran un mal necesario para financiar programas contra la pobreza. Incluso estaban los que afirmaban que cualquier tipo de aprovechamiento de la naturaleza sería un extractivismo, y por ello no habría diferencia entre un campesino que cultiva la tierra y las enormes superficies sembradas con soja.

Estas y otras circunstancias obligaron a que se definiera con la mayor precisión posible el campo de los extractivismos. Esto no se debía a una necesidad académica, sino a una inevitable condición para poder esgrimir debates políticos y para pensar alternativas de salida a esa dependencia.1

Definiendo los extractivismos

Bajo esas condiciones se arribó a una definición de trabajo de los extractivismos: corresponden a un tipo de apropiación de recursos naturales en grandes volúmenes y/o la alta intensidad, donde la mitad o más son exportados como materias primas, sin procesamiento industrial o procesamientos limitados. Esta es una delimitación acotada, que recoge buena parte de los antecedentes históricos en el manejo del concepto, pero a la vez permite distinguir entre la agricultura campesina, orientada al autonconsumo o el mercado nacional, de actividades como un campo de petróleo o una mina a cielo abierto que comercia con los mercados internacionales.

Es importante advertir que el tipo de impacto ambiental no define a los extractivismos. Hay otros modos de apropiación de la naturaleza que pueden tener muy altos impactos ambientales y que no constituyen extractivismos, ya que están destinados al consumo local o nacional. De todos modos, son bien conocidos un amplio conjunto de efectos negativos de los extractivismos, que van desde la pérdida de biodiversidad a la contaminación de suelos, aire y agua. En algunos casos, esos impactos y el enorme volumen de recursos naturales removidos genera “amputaciones” ecológicas, como son las enormes canteras en las minas de hierro, carbón u oro, y que no pueden ser restauradas o remediadas.

La definición deja muy en claro la dependencia de los extractivismos con la globalización. Eso explica que el volumen de recursos que se extrae alcanza los millones de tonela- das o millones de barriles, muy por encima de las necesidades de los propios países, ya que en realidad está alimentando el consumo de otros continentes. Esa voracidad de la globalización explica que este tipo de actividades sean hoy en día la mayor causa de impactos ambientales y territoriales en América Latina, superando a cualquier otra problemática que esté restringida a nivel nacional. Además, esa dependencia global implica que sea muy difícil su manejo por los gobiernos nacionales, ya que en realidad responde a las demandas de consumo y disponibilidad de capital de los mercados globales. Dicho de otro modo, los extractivismos están localmente anclados, pero dependen de la globalización.

Otra consecuencia de esta definición es que los extractivismos son plurales, incluyendo los clásicos sectores minero y petrolero, muy conocidos en los países andinos, pero también cubre otros sectores como la agropecuaria, ganadería, bosques o pesca. También deja en claro que no existe algo así como una “producción” de minerales o granos, tal como hacen economistas convencionales o los informes gubernamentales. En los extractivismos nada se produce sino que existe una extracción por ejemplo de cobre, o una cosecha de soja.

Este concepto permite superar otro error común, y en especial en la academia y algunas redes globales, que los califican como industrias. Eso es incorrecto referirse a “industrias extractivas”, ya que en ellos no hay una transformación industrial; no se elaboran productos manufacturados y lo que se exportan son materias primas (también denominados como commodities). La insistencia en hablar de “industrias extractivas” tampoco es ingenua, ya que tiene unas connotaciones culturales que apelan a los imaginarios de fábricas con muchos obreros para así lograr adhesión ciudadana. Es necesario abandonar esa denominación no solo por la rigurosidad conceptual, sino por esas implicaciones políticas.

Son bien conocidos un amplio conjunto de efectos negativos de los extractivismos, que van desde la pérdida de biodiversidad a la contminación de suelos, aire y agua.

Esta definición permite avanzar en la comprensión de algunas particularidades de los actuales extractivismos. Es posible comprender que ocurren bajo muy diversos regímenes de propiedad y acceso. Están los conocidos emprendimientos en manos de empresas privadas, las que pueden ser extranjeras, como ocurre con muchas corporaciones mineras o petroleras, nacionales, como el grupo Buenaventura en Perú, o asociaciones entre unos y otros. Otros enclaves son controlados por compañías estatales (como las petroleras nacionales en Bolivia o Venezuela), o por empresas mixtas (como es el caso brasileño de la petrolera Petrobras). Incluso se han sumado otros modos, tales como las cooperativas mineras en Bolivia, o una impactante proliferación de una minería ilegal del oro en zonas tropicales, en manos de decenas de miles de mineros que actúan individualmente o en pequeños grupos en países como Colombia, Perú, Bolivia y Brasil. A su vez, mientras que la propiedad puede ser de un tipo, el acceso al recurso natural puede tener un régimen distinto (como ocurre en Venezuela, donde la empresa estatal realiza todo tipo de joint-ventures para extraer, procesar y comercializar con las conocidas corporaciones transnacionales).

La política de los extractivismos

Estas y otras características explican que los extractivismos se repitieran bajo todo tipo de gobiernos en América Latina, desde los progresismos brasileños o venezolanos al conservadurismo de Colombia o Chile. Los estilos de implementación fueron diferentes, ya que en unos casos se intentaron mayores controles desde el Estado, sea por medio de las propias empresas nacionales o elevando la tributación, mientras que en otros persistieron estrategias que descansaban en las corporaciones transnacionales. Seguramente los gobiernos progresistas en sus primeras etapas, impusieron en varios países cambios positivos sobre el acceso y la tributación en el sector petrolero, y pudieron sacar provecho de los altos precios que se disfrutaban años atrás. Esas circunstancias económicamente ventajosas le daban mayores márgenes de maniobra a los gobiernos. Pero con el paso del tiempo, a medida que las condiciones de los mercados internacionales se volvieron más difíciles, los gobiernos, en lugar de diversificarse hacia otros sectores productivos, redoblaron sus apegos por los extractivismos.

Aunque existieron diferencias entre distintas posturas ideológicas, lo impactante es que coincidieron en defender y promover los extractivismos. Cuando aquella bonanza económica decayó a medida que avanzaba la década de 2010, todos los gobiernos, fuesen conservadores o progresistas, apuntaron a redoblar los extractivismos para enfrentar la crisis. Buscaron aumentar el volumen de recursos exportados para así recuperar sus ingresos por exportación. O bien, se lanzaron a buscar nuevos sectores extractivos, tales como el fracking o ampliar la frontera agrícola para dar lugar a nuevos monocultivos. En esto se utilizaron todo tipo de herramientas como concesiones territoriales, rebajas en los controles ambientales y sociales y hasta subsidios económicos.

Todo ello originó el aumento de las denuncias y resistencias ciudadanas. Los grupos locales padecían cada vez más problemas por impactos como la contaminación o el desplazamiento, o sus territorios pasaban a ser concesionados a mineras o petroleras, las que finalmente los controlaban. Escalaban los reclamos y las protestas, y en algunos casos estallaron en masivas movilizaciones ciudadanas (como ocurrió en Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador). Las reacciones de los gobiernos, fuesen conservadores o progresistas, fue proteger los extractivismos y buscar anular o controlar la movilización local. Escaló todavía más la violencia que acompaña a muchos de esos emprendimientos, sea la que hace el propio Estado al criminalizar la protesta ciudadana, como al tolerar la represión de fuerzas de represión o incluso los asesinatos de líderes locales.

Ilegalidades y alegalidades

Bajo estas condiciones no puede sorprender el descubrimiento de prácticas ilegales en muchos extractivismos. Los ejemplos más conocidos van desde la escala local como sobornar un inspector que debe verificar las consecuencias de la fumigación con agroquímicos o incumplir los requisitos de calidad ambiental, hasta otros a nivel nacional como los negociados en obtener concesiones mineras o petroleras.

Ese tipo de situaciones son bien conocidas, y actualmente se volvieron muy visibles con los grandes casos de corrupción (que serán comentados más abajo). Pero un examen de la situación en América Latina muestra que en paralelo tienen lugar lo que se reconocen como “alegalidades”. Estas son acciones que formalmente son legales o que al menos no están prohibidas por la normativa, pero cuya finalidad evidente es un aprovechamiento espurio utilizando los vacíos legales, aunque así perjudicando los intereses colectivos. Son las prácticas que aprovechan los vacíos, limitaciones o imperfecciones normativas para obtener un beneficio ilegítimo que daña a la sociedad o el ambiente, y que una norma buscaba impedir. El ejemplo más conocido reside en las corporaciones mineras que usan trucos formales para evadir impuestos. Recientes evaluaciones para Perú, muestran que hay empresas mineras que aprovechando alegalidades el Estado termina devolviéndoles más dinero de los impuestos que pagaron. De este modo se cae en una alegalidad donde es el Estado el que termina subsidiando a los extractivismos mineros.

La articulación entre ilegalidades y alegalidades confluyen en una reducción de la cobertura de los derechos de las personas y de la naturaleza para poder sostener un emprendimiento extractivista. Son casos donde se aceptan violaciones de todo tipo sobre la calidad del ambiente y las condiciones locales, se tolera la corrupción, y se criminaliza y reprime a movimientos sociales. Las situaciones extremas llegan a la violencia sobre las personas, tales como la muerte de manifestantes por fuerzas de seguridad pública o privada (como ha ocurrido en Paraguay), o el asesinato de líderes locales (en varios casos perpetrado por sicarios, como ha sido denunciado en Brasil y Colombia). Los gobiernos pocas veces investigan y penalizan esas violaciones, y en algunos casos son cómplices (como ocurre con la participación de la policía).

Cuando las condiciones de los mercados internacionales se volvieron más difíciles, los gobiernos, en lugar de diversificarse hacia otros sectores productivos, redoblaron sus apegos por los extractivismos.

Hay algunos extractivismos que son tan violentos que es necesario distinguirlo con una etiqueta específica: “extrahección”. Este nuevo término proviene del vocablo en latín, extraher, que quiere decir: “arrancar con violencia”. Por lo tanto, las extrahecciones aluden a los casos de extractivismos donde se violan los derechos de las personas y la naturaleza, en especial cuando ello se hace con violencia.

En América del Sur las extrahecciones no son casos aislados o “accidentes” en la implantación de un proyecto, sino que son una condición necesaria, previa y frecuente para llevar adelante emprendimientos de gran escala o muy intensivos. En efecto, los extractivismos actuales imponen efectos tan agudos que si las comunidades fuesen adecuadamente informadas, los estudios de impacto ambiental fuesen rigurosos o se contabilizaran realmente todos sus costos económicos ocultos casi nunca serían aprobados. Por lo tanto, es necesario debilitar y recortar la cobertura de derechos para imponer este tipo de actividades.

Efectos derrame

Ese debilitamiento de la cobertura y salvaguarda de los derechos muestra una consecuencia de los extractivismos que es muy distinta de los impactos locales más conocidos, como puede ser la contaminación. Por lo tanto, nos encontramos ante dos procesos, por un lado los conocidos impactos locales, y por otro lado efectos más difusos, pero no menos graves, que alteran las políticas públicas.

Estos últimos son denominados “efectos derrame”, correspondiendo a cambios en las políticas públicas, e incluso en conceptos políticos básicos como justicia o derecho, que son transformados como consecuencia de los extractivismos.

Esto se observa cuando, por ejemplo, para poder llevar adelante un proyecto extractivo se modifica una normativa ambiental, pero la consecuencia de ese cambio no se restringe a ese emprendimiento, sino que modifica toda la gestión ambiental, incluso en actividades no extractivas, y se aplican en todo el territorio. No estamos aquí ante impactos locales, y no son pocos los casos donde una normativa se altera aun antes de iniciar un emprendimiento, con el solo propósito de alentar a inversores. Lo que ocurre es que políticas públicas, como pueden ser las ambientales, laborales, sanitarias, etc., se modifican para permitir los extractivismos, y eso genera consecuencias que se “derraman” en todas las políticas y en todo el país. Existen múltiples derrames y se entrelazan unos con otros, afectando los modos de entender la economía, la justicia y la democracia, e incluso las concepciones de la naturaleza.

Distinción entre impactos locales y efectos derrame, con ejemplos de algunas de sus expresiones más comunes

La sombra de la corrupción

Uno de los flancos donde se hace más evidente la incidencia de la ilegalidad en los extractivismos, operando en función de esos efectos derrame, se encuentra en la corrupción. Esa problemática tampoco es nueva, ya que la corrupción asoma de muchos modos en varios extractivismos, como puede ser sobornar a un funcionario estatal para obtener permisos ambientales o dejar impunes a los que violan derechos humanos. Posiblemente el caso más conocido sea el que envolvió a la petrolera brasileña estatal Petrobras y un conjunto de corporaciones que trabajaban con ellas, tales como Odebrecht.

Los resultados de la conocida operación Lava Jato lanzada desde la ciudad de Curitiba, incluyeron 1.765 procesos, 73 acusaciones criminales contra 305 personas distintas, 188 condenas sobre 123 individuos, y 163 acuerdos de testimonios a cambio de reducción de las penas (datos a abril de 2018). A nivel federal están en marcha 100 acusaciones, 7 acciones penales y 121 acuerdos de testimonios premiados. La cifra estimada de los sobornos pagados sigue elevándose, pero podría haber alcanzado los 10.000 millones de reales (alrededor de 3.000 millones de dólares). A partir de todo esto perdieron sus cargos, han sido procesados o están encarcelados, entre otros, quienes fueron presidentes de la cámara de senadores y de diputados, ex ministros y legisladores.

Aunque menos publicitados por la prensa convencional, hay otros casos que son tanto o más graves que los de Brasil. Entre ellos se destaca la situación en Chile, donde, a pesar de ser presentado como un ejemplo empresarial y económico, se comprobó que en el primer gobierno de Sebastián Piñera se desplegó una trama de pagos ilegales desde una corporación minera a los legisladores. Ese esquema es escandaloso, pero a la vez revelador, ya que los pagos de la empresa llegaron a todos los partidos políticos y eran proporcionales al número de votos (y de legisladores). Más recientemente se descubrió que el fondo estatal acumulado por la explotación del cobre era usado por los militares que lo controlan en viajes y juergas en Las Vegas. Estos y otros ejemplos muestran que la corrupción alrededor de la explotación de la naturaleza está mucho más extendida de lo que se cree.

Cuando la corrupción está presente en las prácticas de apropiación de la naturaleza, las definiciones convencionales de corrupción son insuficientes, ya que no incorporan adecuadamente sus implicancias ambientales y territoriales, y además tienen dificultades en lidiar con las alegalidades.

Por ello se trabaja con otra definición, concibiéndola como prácticas ilegítimas, irregulares e incorrectas, tanto ilegales como alegales, realizadas en ámbitos públicos como privados, por distintos actores, quienes logran beneficios propios, aprovechando posiciones de poder, que a su vez desencadenan perjuicios sociales y ambientales, y por lo tanto expresan injusticias.

Un examen de 139 casos en diez países sudamericanos encontró que la corrupción está presente en todos los tipos de extractivismos, desde los más clásicos como minería y petróleo a otros, como pesca y forestal. Ocurre en todos los países de la región, incluyendo aquel que tiene los más bajos indicadores de corrupción (Uruguay). Por lo tanto, ha afectado a gobiernos de todo sesgo ideológico, desde las administraciones conservadoras en los países andinos a los progresismos como los de Argentina, Bolivia y Brasil. Del mismo modo, se la detecta  bajo todos los regímenes  de  propiedad  y  acceso a los recursos naturales (emprendimientos privados, mixtos, estales, cooperativos, etc.).

La corrupción en los extractivismos obviamente opera en la ilegalidad, pero la misma investigación mostró que incide sustancialmente en el campo de la alegalidad. Es más, se puede argumentar que los esquemas de corrupción en los extractivismos buscan ampliar el campo de las alegalidades ya que de esa manera aumentan sus chances de impunidad.

La enorme importancia económica de los sectores extractivos explica la atracción que ejercen sobre los actores políticos, ya que ven allí fuentes de dinero para nutrir sus actividades. No debe pensarse en ocasionales encuentros a las sombras, donde un empresario le traspasa un bolso con dólares a un político, sino que los casos brasileños revelaron una ingeniería administrativa y financiera que involucraba decenas de ejecutivos, intermediarios y políticos, que usaron canales empresariales, bancarios y gubernamentales, muy estable y engrasada, y que por ello perduró durante años.

Los extractivismos, con sus insistencia en mercantilizar la naturaleza y la sociedad, no solo son permeables a la corrupción política a gran escala, sino que también se convierten en canales para que penetren a nivel de grupos ciudadanos, comunidades campesinas o indígenas. Esta triste dimensión del problema se expresa en las distintas situaciones donde se han descubierto redes de corrupción en las que participaban líderes locales. Un ejemplo fue el llamado Fondo Indígena, creado por el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que se mantenía con dineros de la exportación de hidrocarburos, y que resultó en desvió de fondos, proyectos fantasmas que nunca se ejecutaron, pago a movilizaciones partidarias, etc.

La corrupción a su vez debilita o anula la visibilización de los impactos de los extractivismos, e incluso de la violencia que ocurre en ellos. Incluso opera para dejar impunes sean a los que contaminan un río o a los que asesinan a un líder ciudadano. Es por ello que puede afirmarse que la corrupción en los extractivismos golpea sobre todo a las comunidades locales, especialmente indígenas y campesinas. Y a la vez, sirve para debilitar tanto la salva guarda de los derechos humanos como la vigencia de democracias plenas.

La justicia y la democracia, otra vez

Este brevísimo y esquemático repaso muestra que los extractivismos encierran fuertes tensiones y contradicciones. Son un modo de apropiación de la naturaleza, pero por su enorme importancia económica y sus severos impactos son mucho más que eso. Ese tipo de actividad está detrás de muy severas consecuencias ambientales y sociales y genera todo tipo de conflictividad. A la vez, alimenta efectos derrame que van mucho más allá de las circunstancias locales, erosionando, por ejemplo, la cobertura de derechos y tolerando la violencia. En los casos de corrupción se entremezclan muchas de esas dimensiones.

Desde una perspectiva como desde otra, los más perjudicados son las comunidades en el medio rural, sean campesinas o indígenas, ya que ellas se ubican allí donde están los yacimientos mineros, petroleros o avanza la nueva fronteras agropecuaria.

En cualquiera de esos casos está en juego la calidad de la democracia y los conceptos sobre la justicia. Tolerar las ilegalidades y alegalidades de los extractivismos, recortar los mecanismos de participación e información ciudadana, o soportar la impunidad de asesinos de líderes comunitarios son todos distintas reconfiguraciones sobre la justicia y la democracia. O sea, son efectos derrame alimentados desde la obsesión con los extractivismos.

A pesar de todo esto, es impresionante que la resistencia a los extractivismos se repita en todos los países. No son simples reacciones defensivas, sino que en muchos sitios están dando una batalla, presentando alternativas más allá de los extractivismos, en varios casos con alto nivel de sofisticación, desde el respeto intercultural y sin renunciar a la búsqueda de la justicia social y ecológica.

Eduardo Gudynas es secretario ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, Uruguay

* Una biblioteca de informaciones, con artículos, libros y reportes sobre extractivismos, está disponible en:  www.extractivismo.com

1 Las definiciones y los casos están basados en el trabajo del autor en nueve países sudamericanos, en diálogo con distintos movimientos sociales y centros académicos en la última década.

Acceso al artículo en formato pdf: Extractivismo: el concepto y sus múltiples violencias

«La combinación  de sequía extrema,  escasez de agua, inseguridad alimentaria  y desempleo rural agravarán las tensiones étnicas y estimularán las migraciones masivas»

José Bellver y Nuria del Viso

Experto en relaciones internacionales e influyente analista en temas de seguridad y geopolítica de los recursos naturales, Michael T. Klare dirige el Five College Program in Peace and World Security Studies con sede en el Hampshire College en Amherst, Massachussets. Klare es autor de numerosos libros, entre los que cabe destacar Resource Wars: the new landscape of global conflict (Owl, 2001), Rising powers, shrinking planet: the new geopolitics of energy (Metropolitan, 2008) o The race for what’s left: the global scramble for the world’s last resources (Metropolitan, 2012).

José Bellver y Nuria del Viso (JB y NV): En su libro Resource  Wars (2001) hablaba usted de la creciente presión sobre el suministro de recursos naturales que llevará a que nos enfrentemos, en el tiempo de nuestras vidas o la de nuestros hijos, a la posibilidad de una grave escasez de algunos recursos. ¿Cuál es su valoración al respecto,  una  vez  pasadas  casi dos décadas? ¿De qué recursos estamos hablando?

Michael T. Klare (MK): Cuando escribí Resource Wars en 2001, lo que más me preocupaba era la posibilidad del agotamiento del petróleo. Por aquel entonces, parecía que la demanda global de petróleo seguiría aumentando indefinidamente a medida que las nuevas clases medias de Asia y otras partes del mundo en desarrollo compraron miles de millones de vehículos movidos por petróleo. Al mismo tiempo, parecía que el suministro global de petróleo estaba destinado a contraerse en el 2020, ya que muchas reservas existentes se agotaban. Debido a la importancia del petróleo para la economía mundial y para la seguridad de los estados individuales, supuse que esta collisión entre el aumento de la demanda y la caída de la oferta conduciría a guerras recurrentes sobre los suministros restantes de petróleo.

Pero mucho ha cambiado desde entonces. Por un lado, el suministro global de petróleo se ha expandido en gran medida a través del uso generalizado de hidro-fracking para extraer petróleo de las formaciones de esquisto; como resultado, ahora parece que ya no confrontamos ninguna escasez inminente de petróleo. Por otro lado, la creciente preocupación por el cambio climático ha llevado a muchas sociedades a comenzar una transición que les aleje de la dependencia de los combustibles fósiles, lo que ha frenado el crecimiento de la demanda de petróleo; y parece que los suministros mundiales de petróleo serán suficientes para satisfacer la demanda en el futuro próximo. En consecuencia, ya no anticipo guerras recurrentes por el petróleo.

Cuando escribí Resource Wars, también advertí de una futura escasez de agua. En ese momento, mi temor era que el crecimiento de la población, la industrialización y la urbanización se combinarían aumentando la demanda de agua mucho más allá del suministro sostenible en muchas áreas del mundo. Expresé especial preocupación por el potencial de conflicto en los sistemas fluviales compartidos, como el Nilo, el Jordán, el Indo, el Mekong y el Tigris- Eufrates. Creo que estas predicciones han resultado ser bastante precisas, ya que la tensión sobre la asignación de agua de estos y otros ríos compartidos ha aumentado en los últimos años.

Sin embargo, no pude prever cuánto el cambio climático  podía  afectar  a  esos cálculos. Ahora es evidente, como resultado del trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que

los suministros de agua en muchas áreas del mundo en realidad se contraerán como consecuencia del cambio climático, produciendo dificultades extremas para millones de personas. La reducción en la disponibilidad de agua también dará como resultado una disminución en la producción de cultivos en muchas áreas, produciendo una escasez generalizada de alimentos y desempleo agrícola.

La combinación de sequía extrema, escasez de agua, inseguridad alimentaria y desempleo rural agravarán las tensiones étnicas y estimularán las migraciones masivas, algo que ya estamos viendo hoy, pero que podemos esperar ver en mayor medida en el futuro.

JB y NV: ¿Cómo se está confrontando esta creciente escasez? ¿Hasta dónde llegan hoy las fronteras de la extracción que ya mencionaba en su libro The Race for What’s Left (2012) y en qué medida esos límites de extracción están próximos a completarse?

MK: Las industrias del petróleo y el gas han podido superar la perspectiva del agotamiento sistémico de dos maneras: mediante la búsqueda de nuevos reservorios en áreas remotas que antes se consideraban inaccesibles, como las aguas profundas oceánicas y la región del Ártico; y aprendiendo a extraer hidrocarburos de formaciones rocosas “compactas”, especialmente los esquistos. Como resultado de estos esfuerzos, el suministro de petróleo y gas teóricamente disponible ha crecido exponencialmente en los últimos años, eliminando cualquier prospección de escasez. Pero todo esto tiene un precio: la perforación en estas regiones “fronterizas” a menudo conlleva riesgos ambientales significativos, como lo demuestra el desastre del Deepwater Horizon en abril de 2010 y el envenenamiento del agua en las áreas que están siendo “fracturadas” para extraer petróleo y gas. El desplazamiento al Ártico aumentará estos peligros, ya que cualquier derrame en esa región resultará mucho más desastroso para la vida silvestre local y mucho más difícil de limpiar.

El problema de la extracción extrema también está surgiendo con las fuentes subterráneas de agua. Muchas sociedades dependen de los acuíferos subterráneos para su agua potable y para la agricultura. A medida que ha aumentado la demanda de agua, estas sociedades han acelerado su extracción de estas fuentes subterráneas, haciendo que éstas disminuyan o desaparezcan.

Esto está sucediendo, por ejemplo, en el noreste de China, el área de Punjab en la India y el Medio Oeste de EEUU, donde algunas tierras de cultivo antes florecientes se están convirtiendo en desiertos. A medida que estos acuíferos se agotan, los agricultores deben perforar pozos más profundos para obtener agua (lo que requiere más insumos de energía) o abandonar la agricultura por completo.

JB y NV: En los últimos años parece que el cambio climático se ha ido posicionando como un problema de mayor entidad que la potencial escasez de   recursos…  ¿Cómo  se   combinan ambos fenómenos? ¿Qué considera más preocupante para el devenir de la economía mundial y, sobre todo, para las personas que poblamos el planeta?

MK: Como he sugerido, el cambio climático está interactuando con el consumo de recursos de muchas maneras significativas. A medida que aumente la temperatura global, la necesidad de energía en la calefacción disminuirá, pero la necesidad de energía para la refrigeración aumentará. Las investigaciones al respecto sugieren que el incremento en la demanda de refrigeración superará la disminución de la demanda de calefacción  dado  que  hay  más  personas que viven en zonas tropicales y templadas, donde la demanda de aire acondicionado en verano está aumentando, que en latitudes más altas donde la energía se utiliza para calefacción. Esto producirá un gran aumento en la demanda de electricidad, especialmente en las áreas en desarrollo del Sur global. Para generar esa energía adicional, los estados tendrán que elegir entre combustibles fósiles (produciendo así más emisiones de carbono), energías renovables o energía nuclear.

El cambio climático también alterará la ecuación energética de otras maneras. Por un lado, el derretimiento de la capa de hielo del Ártico permitirá la perforación de petróleo y gas en esa región, lo que ayudará a compensar el agotamiento de los campos más antiguos en otras partes del mundo (pero también generará más emisiones de carbono). Por otro lado, el cambio climático está secando los ríos clave en muchas partes del mundo, disminuyendo el agua necesaria para las represas  hidroeléctricas y para el enfriamiento de los reactores nucleares. El calentamiento global también está provocando tormentas más frecuentes y más severas, que a menudo producen fuertes vientos e inundaciones masivas que dañan o destruyen refinerías, plataformas de perforación, líneas de transmisión eléctrica y otros elementos críticos de las infraestructuras.

La agricultura mundial se verá especialmente afectada por el cambio climático.

Los científicos esperan que el aumento de las temperaturas y la disminución de suministros de agua reduzcan  drásticamente  los  rendimientos de los cultivos en muchas zonas del mundo, especialmente en África, Asia meridional, Asia central, Oriente Medio y Australia. De hecho, muchos científicos creen que ya estamos presenciando estos impactos en algunas áreas, lo que está causando malas cosechas y procesos de escasez de alimentos.

JB y NV: Las “guerras del agua”, el alza en los precios de los alimentos, los desplazamientos forzados de población causados por el cambio climático o el colapso del orden social y de los estados que puede causar la convergencia de estos fenómenos, no es algo que parezca que se vaya a producir de forma homogénea, ¿cuáles son, en su opinión, los puntos calientes?

MK: No es difícil identificar esos “puntos calientes”. Todo lo que hay que hacer es superponer un mapa del crecimiento futuro de la población proyectado sobre otros mapas que muestran las proyecciones de calor extremo en verano, de escasez de agua y de degradación de la tierra. En cualquiera de los lugares que obtengan una alta calificación en todas o la mayoría de estas categorías, es probable que se convierta en un lugar de competencia extrema por la comida, el agua y el refugio; en lugares donde esas necesidades no se satisfacen de manera efectiva y equitativa, es probable que estallen el caos y el conflicto, y que le sigan migraciones en masa. Creo que muchas partes de África y Oriente Medio entran en esta categoría, junto con gran parte del centro, sur y sureste de Asia.

JB y NV: Hablar de extractivismo hoy implica necesariamente hablar de los objetivos de máxima extracción de combustibles fósiles del nuevo presidente americano. Trump ha prometido una política energética de explotación irrestricta de las reservas de combustibles fósiles de EEUU que, dado el contexto ambiental, especialmente en términos de cambio climático, parece completamente anacrónica. ¿Cuál es su valoración al respecto? ¿Qué costes puede implicar esta nueva política en términos económicos, sociales y ambientales para los propios ciudadanos estadounidenses?

MK: La devoción del presidente Trump por la extracción de combustibles fósiles es en gran medida un asunto político, que refleja su sentido de obligación con respecto a elementos centrales de su base política: los mineros del carbón y otros trabajadores de la industria de los combustibles fósiles, así como los propietarios de las principales empresas de petróleo, gas y carbón. Estas son personas que ayudaron a organizar y financiar su exitosa campaña presidencial, y él cuenta con su apoyo en futuras elecciones. No le preocupan las cuestiones ambientales, porque sabe que los ecologistas no votarán por él y que de todos modos no ganará en California, por lo que ¿por qué atender a los votantes ecologistas de ese estado? Trump también tiene una creencia instintiva, que se remonta a su juventud, de que la fuerza de Estados Unidos se basa en su abundancia de combustibles fósiles. Esto puede verse en su argumento de que las plantas alimentadas con carbón deben mantenerse en funcionamiento como un asunto de “seguridad nacional”. Esto no tiene nada que ver con el realismo económico o la salud ecológica de la nación; es una visión de la “seguridad nacional” de los años cincuenta.

Como consecuencia de todo esto,

EEUU experimentará los efectos cada vez más graves del cambio climático. Ya hemos estado viendo cómo las condiciones extremas de calor y sequía en el oeste de este verano han derivado en incendios forestales masivos.

En el este, hemos visto meses de clima inusual y turbulento, que culminaron en el masivo y destructivo huracán Florence. Pero los republicanos seguirán votando a Trump y sus medidas anti-clima por una cuestión de lealtad política.

JB y NV: Una de las respuestas oficiales cuando se suscita la problemática de la escasez de recursos, así como del cambio climático, es la de que las mejoras en la eficiencia que permitirán los    nuevos avances tecnológicos. ¿Superará el ingenio humano a la escasez de recursos?

MK: Siempre es arriesgado predecir lo que sucederá en el futuro, pero no veo que se logren avances suficientes en tecnologías avanzadas para superar la creciente brecha entre las necesidades mundiales de recursos básicos como alimentos, agua y energía, y el suministro mundial de estos. Sí, para las personas adineradas, el futuro proporcionará mejoras en muchas áreas de la tecnología, como las comunicaciones, la medicina y el procesamiento de la información. Pero no veo suficientes investigaciones sobre cosas como la desalinización del agua y los rendimientos de los cultivos para asegurar que haya suficiente comida y agua para todas las personas que se espera que habiten el planeta en los próximos años. Tampoco nos estamos moviendo lo suficientemente rápido como para hacer la transición de salida de los combustibles fósiles, por lo que podemos esperar unos impactos cada vez más graves del cambio climático, contra los cuales hemos desarrollado muy muy pocas protecciones. ¿Cómo vamos a reasentar a los miles de millones de personas que tendrán que abandonar las costas inundadas y las tierras interiores quemadas? ¿Dónde está la tecnología para eso? Sobre todo, sospecho que las mejoras en la tecnología irán dirigidas a las fuerzas militares y policiales para defender a las poblaciones ricas contra los refugiados climáticos.

JB y NV: En 2011 respondió unas preguntas para nuestra publicación Boletín   ECOS  donde  afirmaba  que  la futura conflictividad no sería tanto entre Estados-nación sino dentro de las naciones por el suministro de recursos vitales (tierra, alimentos, agua). ¿Qué predomina actualmente y cuál cree que será la tendencia en un futuro próximo?

MK: Bueno, creo que habrá conflictos de ambos tipos, dentro de las naciones y entre naciones. El agua va a ser fundamental en todo esto. El conflicto ya está ocurriendo dentro de los estados por el acceso a fuentes clave de agua, y esto continuará. Pero me temo que, con el cambio climático, los estados podrían luchar por la asignación de agua de los sistemas fluviales compartidos, como el Nilo o Brahmaputra.

JB y NV: En un artículo reciente usted señalaba que EEUU ha comenzado una nueva ‘larga guerra’, una campaña permanente para contener a China y Rusia en Asia, Europa y Oriente Medio. ¿Qué  relaciones  guarda  esta  “guerra” con la pugna por los recursos naturales? ¿Cuál es su valoración de la situación de EEUU en términos de hegemonía?

MK: La nueva “larga guerra “ que veo en desarrollo entre EEUU, Rusia y China está siendo impulsada por factores geopolíticos clásicos, con cada parte buscando maximizar su poder e influencia en el tablero de ajedrez global. Esto es muy parecido a lo que sucedía a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las principales potencias europeas lucharon por el dominio en África, Asia y los Balcanes.

Los recursos desempeñan un papel importante en esto, ya que cada parte busca asegurar que posee los suministros adecuados de recursos críticos y, si es posible, negárselos a sus rivales.

EEUU, por ejemplo, busca mantener el dominio de los océanos, porque de esta manera puede cortar el flujo de recursos vitales, especialmente de energía, a China. En respuesta, China está tratando de reforzar sus lazos con Asia Central, para poder importar energía por rutas interiores de suministro; este es un objetivo importante de su iniciativa One Belt One Road. Para Rusia, el control del Ártico es esencial, ya que depende cada vez más de las reservas de la región a medida que se agotan sus reservas subárticas de petróleo y gas (ver más arriba); como resultado, Rusia ha estado reforzando su presencia militar en el Ártico.

A medida que avanza esta lucha, EEUU tiene algunas ventajas claras, ya que posee la marina más grande del mundo y es en gran parte autosuficiente en energía. Los EEUU también pueden contar con la OTAN para apoyar su posición en Europa y Oriente Medio. Rusia también es autosuficiente en energía, pero tiene una economía mucho más débil que EEUU y carece de aliados; en el caso de China, aunque su economía es más fuerte que la de Rusia, es menos autosuficiente en energía y también carece de aliados. La posición relativamente más fuerte de EEUU se refleja en el comportamiento beligerante y arriesgado de Donald Trump. Para compensar estas ventajas de EEUU y mejorar sus propias posiciones, Rusia y China han tratado de desarrollar capacidades “asimétricas”, como la guerra cibernética y la robótica.

JB y NV: La problemática en torno a los recursos se basa en una narrativa de la escasez, ¿en qué medida esta escasez es una noción construida o se corresponde  con  una  realidad  física? ¿Enfatizar la noción de escasez puede estar ocultando y marginando el debate sobre la redistribución?

MK: Bueno, permítanme decir que mientras escribo esto, estoy viendo imágenes de la destrucción causada por el huracán Florence en Carolina del Norte, donde miles de hogares han sido destruidos y muchas personas han quedado sin hogar. Esto es lo que veremos cada vez más en el futuro a medida que avanza el calentamiento global y que eventos tan extremos se vuelvan más comunes. Y esto ha alterado mi pensamiento sobre la “escasez”.

En el pasado, cuando pensaba en la “escasez”, pensaba en términos de cosas materiales: petróleo, agua, mineral de hierro, etc. En el futuro, me temo que la “escasez” se relacionará cada vez más con las condiciones de vida de supervivencia, del tipo: ¿Vive usted en un lugar y en circunstancias que le permitan sobrevivir a los efectos extremos del cambio climático? Si vive a pocos metros del nivel del mar, la respuesta es probablemente “no”. Si vive en áreas del mundo propensas a huracanes o tifones, la respuesta es “no”. Si vive en áreas secas del interior de África, Asia Central o el Oeste de EEUU, la respuesta también es “no”. Aquellos de nosotros con los medios para reubicarnos y comenzar de nuevo en otro lugar en condiciones razonablemente cómodas no podemos sufrir “escasez de supervivencia”, pero todos los demás experimentarán una severa escasez de este tipo.

José Bellver y Nuria del Viso son miembros de FUHEM Ecosocial y del equipo de redacción de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.

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