«Los nuevos avances tecnológicos están agravando las desigualdades económicas y fortaleciendo el capitalismo rentista »

Lucía Vicent Valverde entrevista a Guy Standing en el número 140 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre el concepto de precariado y la noción de renta básica.

Guy Standing, economista, profesor e investigador, fundador y copresidente de la Basic Income Earth Network (BIEN), ONG que promueve la renta básica como derecho y cuyas propuestas ensaya actualmente en un programa piloto en India. Stanting, que fue director del programa de seguridad socioeconómica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha formulado el concepto de precariado. Además, es autor, entre otros, de los libros The Precariat: The New Dangerous Class (2011) y A Precariat Charter: From Denizens to Citizens (2014).

Lucía Vicent (LV): Usted identifica el precariado como una nueva clase social (diferente al proletariado) y distingue tres subgrupos. ¿Qué caracteriza a cada uno y qué relaciones existen entre ellos? ¿Cuáles son las respuestas de estos tres grupos frente a su situación?

Guy Standing (GS): Aunque está cambiando, el precariado es una clase en gestación, aún no una clase en sí misma con una conciencia única definida, ya que todavía se encuentra internamente dividida. En breve, se pueden identificar tres facciones o grupos dentro del precariado.

El primero es el que denomino atavistas, compuesto por mucha gente que siente que se ha quedado fuera de la vieja clase trabajadora o de las familias y comunidades proletarias y miran atrás a lo que imaginan como un “pasado perdido” de capitalismo industrial en el que ellos o personas como ellos estaban insertos en la sociedad a través de los llamados “derechos laborales” o derechos sociales. Los atavistas presentan un nivel relativamente bajo de educación formal y este grupo ha tendido a reaccionar frente a su pertenencia al precariado apoyando a grupos populistas neofascistas, incluidos los ejemplos destacados de Donald Trump y Marine Le Pen.

La segunda facción consiste en lo que llamo nostálgicos. Son aquellos dentro del precariado que sienten que han perdido un “presente” (un aquí y ahora), un sentido de estar en casa y de tener una casa. Este grupo está formado principalmente por migrantes y minorías étnicas que se sienten desconectados del grueso de la sociedad. Son denizens [moradores], no ciudadanos, con menos derechos que estos últimos. Tienden a ser políticamente pasivos, excepto cuando les ocurre algo particularmente dramático. Pueden sentirse progresistas; es poco probable que se sientan neofascistas.

El tercer grupo son los que denomino progresistas. Mientras que los atavistas tienen un sentido de relativa privación al pensar que han perdido un pasado y los nostálgicos presentan un sentimiento de carencia al pensar que han perdido un presente, los progresistas consideran que han perdido el futuro. Constituyen principalmente la parte del precariado con más estudios. Cuando asistieron a la universidad se les prometió un futuro, una carrera de desarrollo personal, pero como he recogido en los dos libros sobre el precariado, se han dado cuenta de que lo que les habían vendido era un “billete de lotería”. Se graduaron con la perspectiva de un largo periodo de inseguridad económica sin un futuro realista, y se produce un efecto de frustración sobre su estatus. Sin embargo, no son únicamente víctimas, dado que no se han dejado seducir por la agenda de la socialdemocracia del siglo XX de medir el éxito y el desarrollo a lo largo de la vida profesional en un “trabajo” estable. Buscan, efectivamente, el resurgimiento de la Ilustración dirigida a una recuperación de la igualdad, la libertad y la solidaridad social. Es esta tercera facción del precariado la que definirá la política progresista en la próxima década.

LV: ¿Existe una identidad común en el precariado como antes existía una conciencia de clase obrera? En caso afirmativo, ¿cómo movilizar a través de esta identidad al precariado?

GS: Creo que es demasiado romántico pensar que alguna vez existió una única conciencia de clase en el proletariado. Siempre ha estado compuesto de grupos con diversos enfoques sobre cuestiones como la raza, el género e incluso la ocupación. El precariado puede describirse como una clase en gestación, como indiqué antes, precisamente porque hay diferentes facciones con diferentes perspectivas o conciencias. Sin embargo, hay signos de que está instalándose una norma creciente en el precariado que es progresista en esencia. Esto se debe en parte a que hay mucha gente que está ingresando en el precariado procedente de la universidad y que están buscando unas nuevas políticas del paraíso, como he descrito en otro lugar. [1]

LV: En su opinión, ¿cuáles son las perspectivas para el empleo en el futuro escenario que plantea la robotización o Cuarta Revolución Industrial de la que se está empezando a hablar?

GS: Si se piensa en la actual revolución industrial en marcha ‒que no creo que sea la cuarta, ya que ha habido muchos periodos previos de cambio tecnológico rápido centrada en la informática y la electrónica, entonces puede pensarse erróneamente que vamos a ser testigos de una oleada de desempleo masivo debido a los robots, que reemplazarán el trabajo humano. Hay mucho trabajo que puede realizarse, y nuevas tecnologías tienden a generar nuevas formas de empleo y trabajo. Sin embargo, como sostengo en el reciente libro The Corruption of Capitalism,[2] sin duda los nuevos avances tecnológicos están agravando las desigualdades económicas y fortaleciendo el capitalismo rentista.

LV: Uno de los resultados de la tecnologización y del trabajo precario es la pérdida de un “relato” profesional. ¿Cuál es la reacción frente a este “desenraizamiento” en el plano laboral? ¿Puede encontrarse aquí el semillero para el ascenso de la extrema derecha?

GS: Típicamente, el precariado carece de una clara identidad o narrativa ocupacional en su vida. Esto se debe a su posición de inseguridad y a que no tiene el control sobre su tiempo. No implica una desvinculación del trabajo per se. La mayoría de las personas que pertenecen al precariado probablemente querrían desarrollar una profesión o un conjunto de habilidades junto a un sentido de la creatividad en el trabajo que realizan. Considero que esta es la razón por la que el ala más progresista del precariado apoya la renta básica. Son los que carecen de estudios quienes han apoyado a los grupos políticos de extrema derecha.

LV: Cuando algunos empezaban ya a hablar de «brotes verdes» y de «vuelta a la normalidad», usted advirtió que estábamos a las puertas de un cambio radical que posiblemente definirá la sociedad y la política en el siglo XXI. Usted menciona el estatus de denizen [morador] y el origen etimológico de precariado en “plegaria” ¿Nos aproximamos al fin de la época de los derechos universales? ¿Estamos en la antesala de una sociedad aún más dicotómica de “señores” y “siervos” que tienen que rogar por sus derechos, de privilegiados y desposeídos, sin apenas gradación intermedia (clase media)?

GS: Desgraciadamente, se ha venido registrando una pérdida sostenida de derechos de ciudadanía y, en general, la gente no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando. El precariado ha estado perdiendo derechos culturales, civiles, sociales, económicos y políticos, como documento en mi libro El precariado, una carta de derechos.[3] Mencionas la palabra “plegaria”. Lo relevante aquí es que la raíz latina original de precariado es “obtener mediante la plegaria”. Lo que esto significa es que no pueden obtener nada como un derecho o como una obligación legal, sino que tienen que depender de pedir, rogar o mostrarse serviles ante los burócratas o las figuras en posición de autoridad.

No hemos alcanzado el fin de la era de los derechos universales. Sin embargo, debemos alzar nuestra voz y demandar la recuperación del universalismo. Esto es crucial en el debate sobre la renta básica. Existe una crisis de dominación de clase por la plutocracia que ha corrompido nuestra democracia y por una élite de multimillonarios que sirven los intereses de esa plutocracia. El precariado está dominado y explotado por mecanismos más allá de unos salarios raquíticos y volátiles. No considero que el concepto de clase media no sea útil. Asistimos a una fragmentación de clase en la que los plutócratas y la élite obtienen la mayor parte de sus elevados ingresos a través de diversas formas de renta mientras que el creciente precariado experimenta una reducción real de su salario y la pérdida de derechos sociales como la baja médica remunerada y la perspectiva de una pensión decente.

LV: Somos testigos de una corrupción sistémica (corrupción económica y política, de “puertas giratorias”), y muy especialmente en España. ¿Cómo se relacionan estos elementos?

GS: La corrupción de la política es una de las consecuencias más preocupantes y deprimentes de la era de la globalización y refleja el poder y el sesgo ideológico de la plutocracia. Si todo es mercantilizado, entonces los políticos pueden ser comprados por el capital. La política se ha convertido en una ocupación que sirve como trampolín. El peor rasgo es lo que he llamado el “Goldmansachismo”, que engloba a numerosos individuos que pasan de ser ejecutivos en Goldman Sachs a puestos de responsabilidad política y, de nuevo, de la política a Goldman Sachs. Los nuevos movimientos progresistas deberían plantear reivindicaciones para evitar esta práctica.

LV: Como usted ha indicado, la explotación del precariado se produce ya no solo en el trabajo asalariado, sino también fuera de él, por ejemplo a través del endeudamiento adquirido, que a su vez condena a conservar un empleo en las condiciones que sea. En su opinión, ¿cuáles han sido los principales mecanismos que actualmente intervienen en este círculo vicioso que atrapa a las personas en la precariedad? ¿Qué respuestas posibles y en qué ámbitos habrán de desarrollarse las alternativas que rompan con estos riesgos?

GS: El endeudamiento personal es un gran medio por el que se explota al precariado. Siempre ha existido el endeudamiento, pero por primera vez en la historia la deuda es sistémica y es manejada por el capital financiero. Se trata de un mecanismo tanto de control como de explotación. Si estás crónicamente endeudado puedes perder fácilmente la capacidad de pensar y actuar con coraje o de mirar más allá de mañana, metafóricamente hablando. La inseguridad producida por el hecho de estar muy endeudado tiende a reducir la estabilidad mental y la resiliencia.

Otro mecanismo de control es el estado y la naturaleza de la actual política social. La evaluación de medios económicos y las pruebas de comportamiento de cara a comprobar si corresponden subsidios constituye una fuerte erosión de libertades. Debemos luchar para revertir esas tendencias demandando un giro en la condicionalidad en las políticas sociales.

LV: En los últimos años, se debaten nuevas propuestas, y otras que no lo son tanto, como son la Renta Básica Universal o el Trabajo Garantizado, que podrían contribuir a mejorar las condiciones del empleo y las condiciones de vida de las personas. ¿Podría darnos su opinión sobre estas u otras alternativas que ayudarían a revertir el ascenso de la precariedad laboral?

GS: He defendido durante muchos años que una renta básica como derecho ciudadano es una respuesta esencial ante el crecimiento del precariado. Considero que la noción de Trabajo Garantizado es errónea y peligrosa. ¿Qué clase de trabajo sería “garantizado”? ¿Qué ocurriría si alguien rechaza un trabajo que algún burócrata dice que es “garantizado”? Es un camino hacia programas con contraprestaciones de trabajo por un subsidio y hacia una mayor explotación. En cambio, como he insistido en mi nuevo libro Basic Income: An how can make it happen,[4] una renta básica daría a las personas la sensación de controlar sus vidas y las permitiría en mayor medida realizar trabajos que no son empleo, como cuidar de sus ancianos padres o de sus hijos, o realizar trabajo para la comunidad. Es una propuesta emancipadora, y eso es lo que busca el ala progresista del precariado.

LV: Algunas aproximaciones reivindican una redefinición conceptual de la categoría de trabajo. ¿Está de acuerdo con la necesidad de revisar qué es el trabajo? ¿Qué dimensiones, relaciones y actividades son fundamentales a la hora de analizar el trabajo en su conjunto?

GS: Durante años he defendido que resulta de vital importancia distinguir entre trabajo y empleo. El empleo es lo que se realiza a cambio de un salario, para unos jefes o para el Estado. Constituye una forma de alienación. Resulta necesario tener un empleo en tanto que vivimos en una sociedad de mercado, pero no debemos mirar de forma romántica el empleo, ni, por descontado, pensar que nos puede proporcionar “felicidad”. Tenemos que hacerlo, pero la mayoría de la gente se ve obligada a mantener empleos que preferirían no tener. En contraste, el trabajo en un sentido amplio incorpora un valor de uso. Muchas formas de trabajo que no se caracterizan como empleo o se miden como empleo en las estadísticas de empleo disfuncionales que utilizan los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen mucho más valor para nosotros y para las comunidades que muchas de las formas de actividad laboral.

Necesitamos un cambio radical respecto a lo que entendemos por trabajo y en las estadísticas elaboradas y publicadas por los gobiernos, que son vergonzosas.

Acceso al texto completo del artículo en formato pdf: Entrevista a Guy Standing.

NOTAS:

[1] Con la idea de políticas del paraíso, Guy Standing se refiere a la reinvención de la trinidad progresista de igualdad, libertad y fraternidad. La política del paraíso se basaría, según el autor, en el respeto de los principios de la seguridad económica y de todas las formas de trabajo y ocio, en lugar del duro trabajo de la sociedad industrial. Standing aborda extensamente este concepto en el libro El precariado, una carta de derechos, Capitán Swing, Madrid, 2014.

[2] Guy Standing, The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay, Biteback Publishing, Londres, 2016.

[3] Guy Standing, op. cit., 2014.

[4] Guy Standing, Basic Income: An how can make it happen, Penguin Books, Londres, 2017.

Traducción: Nuria del Viso

El día 29 de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el acceso a un ingreso mínimo vital (IMV) desde el sistema de la Seguridad Social.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

Han pasado tres meses ya desde su aprobación y las trabas burocráticas, la escasez de personal, así como las dificultades en el plano digital de muchas familias para poder solicitarlo, obstaculizan el avance en la resolución de los expedientes, por lo que miles de personas siguen esperando la llegada de este subsidio.

El número 150 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado  Trabajo y la Vida Buena en la Encrucijada incluye en su sección ACTUALIDAD, un artículo de Guillermo Fernández Maíllo que hace un repaso a los antecedentes más recientes del IMV, los elementos de avance que posee y algunos de sus déficits y ambigüedades más preocupantes. Señala también algunos de los aspectos sobre los que habrá que estar atentos en relación a su desarrollo futuro y el impacto que genera en la implantación de una Renta Básica Universal.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital

Guillermo Fernández Maíllo

Papeles de Relacioness Ecosociales, núm. 150, verano 2020, pp. 83-92.

De dónde venimos

Han tenido que pasar casi treinta años, desde el inicio del desarrollo de las Rentas Mínimas de Inserción en las Comunidades Autónomas (CC.AA), como se las denominó en su origen, para que un gobierno central se decida a implantar una prestación estatal que busque como objetivo principal

«garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos».[1]

La prestación que hasta ahora capitalizaba este objetivo, las actuales rentas mínimas autonómicas, han sido consideradas habitualmente como la última malla de seguridad para la ciudadanía con menos oportunidades. Una malla con grandes carencias, que salvo los casos de País Vasco, Navarra y, en menor medida, Asturias, no conseguían alcanzar la reducción de la pobreza en sus territorios de forma suficiente. Y ha sido un virus el que ha catapultado esta iniciativa.

El conjunto de prestaciones de protección social que ha ido creciendo progresivamente en España en las últimas décadas lo ha hecho de forma desordenada  y respondiendo a necesidades concretas de grupos o necesidades específicas que iban haciéndose hueco en la agenda política. Esto ha provocado problemas ya muy conocidos tanto por los científicos sociales como por las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (TSAS). Superposición de poblaciones objetivo, déficits de cobertura, insuficiencia de las cantidades a percibir, articulaciones administrativas complejas, problemas de accesibilidad, condicionalidades punitivas y un largo etcétera. Es cierto que este desarrollo ha acabado construyendo un “sistema” con cierta tendencia a trazar un itinerario donde las rentas mínimas se habrían ido colocando en esa posición de “última red”. Una red creada, potenciada, asumida y gestionada al 100% por las CC.AA, lo que ha provocado una disparidad histórica en quién, cuánto y cuántos eran ayudados con esas necesidades de supervivencia.

Las diversas mejoras que se han producido en esta última red se han generado por procesos de ósmosis entre las CCAA, que han sido claramente insuficientes para consolidar una prestación homologable en el conjunto del territorio.

Durante el largo proceso de “prosperidad” económica desde la crisis de mediados de los años noventa hasta finales de la primera década del siglo XXI apenas apareció este tema en la agenda política y ciudadana. Quedaba su discusión circunscrita al ámbito reducido de los Servicios Sociales Públicos, de las organizaciones que trabajaban en el ámbito de la pobreza y la exclusión social y de algunos especialistas de la academia. Sin embargo, la crisis de 2008 comenzó a ponerlo tanto en la agenda ciudadana como en la de investigación social. Se comenzó a reclamar cada vez más insistentemente, que fruto de las consecuencias de la precariedad que se estaban viviendo, el Gobierno central tomara la iniciativa en relación a esta cuestión. A la necesidad de implementar un ingreso digno para los hogares que estaban sufriendo la crisis, se unió la discusión sobre si esta renta debía ser de carácter universal e incondicionada (RBU). Una idea sobre la que ya se venía teorizando y trabajando desde hace décadas, pero que apenas había salido de los ámbitos especializados.

Las prestaciones de protección social han ido creciendo progresivamente en España en las últimas décadas de forma desordenada.

Sin embargo, la opción del Gobierno socialista y posteriormente la del popular, fue canalizar las ayudas a través del marco de las prestaciones por desempleo, siguiendo la lógica de la activación que liga cualquier mecanismo de participación en el producto social a estar incorporado en el mercado de trabajo. Un mercado que llevaba años de precarización y de expulsión de grandes colectivos fuera del marco del empleo de calidad. La crisis 2008-2016 fue una nueva oportunidad de articular el último entramado de seguridad.

La discusión sobre la RBU adquirió altos grados de temperatura entre defensores y detractores, entre utópicos y pragmáticos, convirtiéndose en un debate complejo de entender por el conjunto de la ciudadanía. Mucha gente no acababa (ni acaba) de entender la diferencia entre renta mínima, renta garantizada, renta básica universal y los diversos matices que rodean la cuestión. Esto ha generado que la misma haya llegado al conjunto de la sociedad de una forma distorsionada, a pesar del esfuerzo de muchos por poner claridad y razón.

Fue durante la segunda legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, debido a las presiones que estaba recibiendo no solo a nivel interno de las organizaciones sociales sino desde la Unión Europea, cuando se acomete el último intento de revisar a fondo el sistema de garantía de rentas para poder reorganizarlo. No existe una versión pública de lo sucedido en ese proceso que se desarrolló entre octubre de 2016 y diciembre de 2017. Queda como testigo del trabajo el informe que realizó el equipo de investigación encargado a tal efecto.[2]

Mi impresión sobre aquel proceso en el cual participé, es doble. Por un lado, el Gobierno (o los representantes del mismo en el proceso) le costaba asumir que la realidad que subyacía como necesidad de aquella reforma no cuadraba con la imagen de un país en recuperación. No se compartían las cifras de pobreza, exclusión y desigualdad que lo fundamentaban. Por otro, las conclusiones eran demoledoras para el propio sistema y necesitaban de un esfuerzo ciclópeo el querer acometerlas, sobre todo porque reconocían que el empleo, tanto por cantidad como por calidad, ya había dejado de tener la fuerza suficiente para la inclusión de amplias capas de la población. Invertir en reforzar el sistema de prestaciones era difícilmente asumible en un contexto de contención del gasto público.

Después de diez años desde el comienzo de la “gran Recesión” no habíamos sido capaces de acometer a nivel estatal una reforma necesaria de los mecanismos prestacionales de lucha contra la pobreza.

Y en esta situación llegó un virus…

Dónde estamos

El día 29 de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el acceso a un ingreso mínimo vital (IMV) desde el sistema de la Seguridad Social. Para los miles de personas que lo necesitaban antes de la crisis de la COVID-19 y para las que no tenían ingresos en los que apoyarse llega muy tarde. Sin embargo, que en tres meses que han pasado desde el estallido de la pandemia se haya legislado al respecto, y dentro de los ritmos de gestión de cualquier administración pública, hay que valorarlo muy positivamente.  El RDIM despeja las dudas de enfoque que se han venido discutiendo a lo largo de los últimos años y supone un hito en la protección social en España al introducir una prestación de carácter flexible y dirigida a la lucha contra la desigualdad y la pobreza  en el sistema de la Seguridad Social.

Enunciemos en primer lugar algunos de los avances de la norma frente al anterior sistema. El RDIM reconoce la doble naturaleza de la pobreza y la exclusión, tanto desde el punto de vista personal y del hogar (trampa de la pobreza) como de déficits estructurales de la sociedad (seguro colectivo). Se reconoce como derecho subjetivo, dando un paso importante frente a la tradición, en épocas de crisis, de limitar el derecho por la vía de la asignación de un presupuesto limitado con objetivo de contener el déficit en primera instancia. Esta práctica fue muy utilizada durante la anterior crisis por algunas CCAA. Su entrada en la cartera de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social amplía su marco de protección.

Se vincula a la situación de necesidad y no a un plazo predeterminado independientemente a la misma. Con ello se convertirá en un mecanismo de estabilización automática como las prestaciones de desempleo en épocas de crisis.

Se articula con otras necesidades básicas como la vivienda, exonerando la vivienda habitual del cómputo patrimonial para la obtención del ingreso y contemplando posibilidades de mejora en tanto en cuanto el alquiler supere el 10% del ingreso mínimo anual correspondiente a su categoría. Esta articulación es un avance relevante, aunque tiene que entenderse que los costes de la vivienda exceden con mucho lo que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede resolver en las necesidades de vivienda de la población perceptora de la prestación.

Finalmente, y esto es algo importante cuando hablamos del ámbito de la exclusión social, dota de la posibilidad de contemplar circunstancias individuales y del hogar diferentes a las descritas a la hora de valorar su concesión y las circunstancias de cambio. En este aspecto las CCAA y los Ayuntamientos podrán tener un papel relevante en este aspecto, transformando el sentido arbitrario histórico de las rentas mínimas, por una prestación de derecho “comprensiva” de los matices de la realidad de los hogares. En este caso no es lo mismo si es antes “el huevo o la gallina”. No es lo mismo tener una prestación de derecho que la pueden percibir justificadamente hogares que no cumplen determinados requisitos, que una valoración subjetiva que te da acceso a una prestación de derecho.

Sin embargo, hay aspectos que, desde mi punto de vista, o bien quedan ambiguamente definidos o bien quedan a expensas de futuros desarrollos normativos de carácter reglamentario que no está clara su dirección.

El fundamental tiene que ver con la articulación con los mecanismos del empleo. De forma tácita se reconoce la obligación de participar en el marco del empleo como mecanismo principal de inclusión. Esta participación se circunscribe inicialmente a estar inscrito como demandante de los servicios de empleo. Cómo y de qué manera se vaya a desarrollar esta vinculación será determinante dadas las dificultades de los Servicios de empleo de estar preparados para trabajar con perfiles de personas en programas o itinerarios que no están diseñados a tal efecto. Una de las causas fundamentales de la pobreza severa en España tiene que ver con la enfermedad y la no existencia de prestaciones adecuadas ante esta circunstancia. Es deseable que lo que el IMV puede ayudar a paliar, no lo menoscabe la presión hacia una empleabilidad imposible.

Un objetivo muy razonable del RDIM es impulsar las oportunidades para la inclusión social.

¿Cómo se piensa articular el IMV con esas oportunidades?

¿Será bajo los tradicionales mecanismos de control social de los Servicios Sociales o esto supondrá un replanteamiento de los mismos intentando construir el derecho a la inclusión independientemente al derecho a la supervivencia?

La existencia de una prestación en la Seguridad Social es una herramienta que puede ser utilizada como palanca para la inclusión, pero la percepción del IMV no puede condicionarse a la participación en itinerarios de inclusión. El éxito de un itinerario (que por cierto es un concepto explicativo que no es real en la intervención social) se debe a la voluntad de los que lo recorren, voluntad que no debe ser condicionada, dado que su efectividad bajará en ese caso.

Queda abierto, por otro lado, que se vinculen las obligaciones de la prestación con futuros acuerdos para la inclusión con las CCAA en el desarrollo de sus propias competencias. Si no existe una cierta homogeneidad en la aplicación en este sentido se puede abrir un nuevo frente de desigualdad que precisamente este Real Decreto trata de superar con la prestación. En las diversas reuniones explicativas que se han desarrollado post-decreto, se ha insistido en pedir aclaraciones sobre este aspecto, asegurándose que no se va a condicionar recibir la prestación del IMV a aceptar un trabajo o a participar en un itinerario de inserción. En la línea de la idea de un doble derecho. Este será un punto especialmente complejo. En este momento el ministro Escribá ha anunciado que se ha propuesto pasar “de oficio” a los actuales perceptores de las rentas mínimas autonómicas al nuevo IMV.

¿Será obligatorio también la participación en itinerarios discrecionales como lo es en muchas CCAA?

Por último, un elemento que debería de abordarse en el desarrollo reglamentario del RDIM es el de algunos colectivos específicos que se han quedado fuera. Solo cito uno específico como ejemplo, el de las personas que salen con 18 años de nuestro sistema de protección de menores y que por edad no tendrían derecho a percibirlo. Es absurdo haber estado protegiendo a niños y jóvenes, invirtiendo en ellos durante años y luego dejarlos a la intemperie. Su incorporación en el desarrollo reglamentario tendría todo el sentido.

Mención aparte es el no contemplar la inmigración irregular. Podría entenderse la necesidad de establecer un límite en esta materia, sin embargo, los diseñados dejan fuera situaciones no de personas recién llegadas sino vinculadas a la irregularidad sobrevenida y otras circunstancias difíciles de comprender. Se argumenta que quizá este pudiera ser el campo de las políticas de asistencia social de las CCAA, porque es cierto que ciertas particularidades pueden ser enfrentadas mejor desde la cercanía de una administración territorial. Sin embargo, esta cuestión es demasiado amplia y compleja como para querer evadirla.

Hacia dónde vamos

Uno de los temas más espinosos, una vez comience a implementarse esta prestación, es a qué se van a destinar los actuales fondos de gasto de las rentas mínimas. Existe el riesgo de que el efecto sustitución entre ambas prestaciones genere incentivos no deseados, ya que ante la garantía desde el Estado de una cantidad mínima homogénea a nivel del conjunto del país, puede haber CCAA que decidan directamente ahorrarse la prestación o trasvasar sus fondos a partidas alejadas del gasto social.

Una de las ideas que subyace detrás de la nueva ley es la de que se produzca una articulación adecuada con las realidades sociales de las diferentes CCAA. En este sentido, los niveles de vida de cada una de ellas es diferente, y las realidades de desigualdad también.[3] Parecería razonable que una primera forma de utilizar esos fondos sea para equilibrar los déficits que la inversión estatal pudiera suponer respecto a los umbrales autonómicos de pobreza y exclusión social o para incrementar la lucha contra la pobreza en aquellas CCAA con menor nivel de vida, pero con mayores índices de pobreza y exclusión social. De esta manera podrían mejorarse los resultados en términos de reducción de la pobreza monetaria. Una segunda manera es construyendo un sistema de complementos a esa renta mínima estatal que vaya dirigido a realidades específicas de los hogares que tengan ciertas características de vulnerabilidad y no contempladas en el RDIM, como las personas que no puedan justificar alguno de los requisitos de empadronamiento o tiempo de emancipación, etc.

Las cifras del IMV apenas llegan para superar los niveles de pobreza severa en un hogar, por lo que hay un amplio elenco de necesidades que no llega a cubrir.

Una tercera vía es la de construir prestaciones complementarias vinculadas a necesidades concretas, como podría ser para el acceso o el mantenimiento de la vivienda, necesidades de salud (acceso a tratamientos como el dentista o acceso a medicación) o necesidades urgentes frente a gastos inesperados. No olvidemos que las cifras del IMV apenas llegan para superar los niveles de pobreza severa en un hogar, por lo que hay un amplio elenco de necesidades que no llega a cubrir.  Por último, otra vía es vincular ese gasto al desarrollo del concepto del doble derecho. Derecho a la supervivencia, a través de una prestación dirigida a reducir la pobreza monetaria (a través del IMV), y derecho a la inclusión, a través de programas de apoyo para mejorar la participación en el producto social a través de los Servicios Sociales Públicos.

Esta última alternativa, solo la vería eficaz en aquellas CCAA con un volumen elevado de gasto en la actual prestación, ya que suelen correlacionar con sistemas de seguridad social más desarrollados y con menos problemas estructurales. CCAA con déficits en, por ejemplo, ratio de trabajadores sociales por habitante y que actualmente dedican pocos fondos a la renta mínima corren el riesgo de que los mismos se vean absorbidos por ese tipo de necesidad, pero que al ser cantidades mínimas no tengan un impacto real en esos déficits y acaben perjudicando al sector de la población que las pudiera percibir.

Un segundo aspecto, quizá el más relevante históricamente en relación a las rentas mínimas autonómicas, es la capacidad de cobertura entre la población que la necesite.

¿Llegará a quién lo necesita? Esto depende de dos aspectos, los requisitos y la accesibilidad.

En relación a la primera los requisitos parecen razonables en el contexto en el que nos encontramos, aunque está por demostrar si la capacidad de gestión y la solicitud telemática no reflejará la brecha digital de la población más pobre. Simplemente tener que hacer la declaración de la renta (aunque sea a posteriori) ya será un hándicap a superar.

En relación al segundo, el RDIMV establece la necesidad de llegar a acuerdos con el máximo posible de agentes que puedan colaborar en este sentido. La existencia multicanal de solicitudes puede ser beneficiosa si finalmente se estructura. Habrá que esperar al desarrollo de los acuerdos correspondientes y de los medios que se pongan a disposición de este desarrollo.

En cualquier caso, habrá que dar tiempo para comprobar en la práctica las personas que quedan fuera del IMV, tomar las medidas correctoras correspondientes y valorar las mejoras de la propia prestación . Se ha insistido durante la presentación del RDIMV en la importancia de la evaluación tanto ex-ante como ex-post. Bienvenidas sean, son muy necesarias y nos ayudarán a tomar mejores decisiones. “Ojalá” todas las políticas públicas sean tan bien evaluadas como las dirigidas a las personas más pobres.

Un tercer aspecto notable de futuro será hasta qué punto, una vez puesto en funcionamiento y habiendo alcanzado un cierto desarrollo, el IMV interferirá o potenciará el debate sobre continuar dando pasos para que esta prestación se convierta verdaderamente en una Renta Garantizada no condicionada, o relance el debate más amplio de la Renta Básica Universal (RBU). Hay elementos positivos en la actual ley que la acercan a una renta garantizada como el reconocimiento del derecho subjetivo, y quizá los elementos de condicionamiento que se han establecido en el IMV reflejan la ambigüedad de la actual discusión.

Es posible que esta implantación sea un primer paso como ya anunció el Ministro Escrivá,[4] y que la misma ley enuncia, que en el futuro tenga que ser contemplado dentro de una reordenación más amplia de nuestro “sistema” de garantía de rentas. Pero la línea que se ha establecido se acerca mucho más a políticas focalizadas que a una dirección más universalista. Además de esta dificultad, no hay seguridad de que esto sea así en un contexto de inestabilidad política y de enormes tensiones presupuestarias. De hecho, podría esperarse un proceso de reducción conjunta a la baja una vez que se incorpore en el debate la reforma de los mecanismos de prestaciones al desempleo y de las pensiones. La solución a solapamientos e ineficiencias del sistema, medidas imprescindibles de acometer, pueden llevar a una cierta desinversión que debe ser suficientemente justificada en el caso que se produzca.

Con unos presupuestos del Estado en situación de aumento creciente en su déficit, no parece muy posible avanzar en la discusión/implantación de la RBU. Como apunta Noguera,[5] en este tipo de contextos nos enfrentamos a un trilema de difícil solución simultánea: que la renta sea lo suficientemente alta para hacer desaparecer la pobreza, que sea disponible de forma inmediata y que sea incondicional, universal e individual . En cualquier caso, la actual ley es un paso que había que recorrer.

Un cuarto aspecto es cómo va a evolucionar el apoyo a medidas protectoras de este tipo en la ciudadanía y la interpretación que hagan las mismas nuestros decisores públicos. El barómetro de mayo de 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas da un apoyo del 83,4 % de que el Gobierno conceda un IMV a aquellas personas y sectores más necesitados. Existe un alto apoyo a una prestación condicionada. Sin embargo, el apoyo a una prestación universal y no condicionada no supera el 50% en la mayoría de las CCAA según los estudios territoriales realizados por la Fundación FOESSA. Incluso como refieren Barragué y Martínez[6] es posible que las personas que apoyan una Renta Básica Universal ante una pregunta de prestación condicionada a los niveles de renta y pensando solo en los que lo necesiten, también expresen opiniones contradictorias.

Por último, tendremos que observar atentamente cuáles son los efectos reales de una prestación de estas características sobre la economía sumergida. Parece clara la intencionalidad, en las próximas reformas del sistema asistencial de prestaciones públicas, de reducir, de forma indirecta, los efectos perniciosos de la misma. No sabemos qué efectos tendrá la colusión en este caso, pero no perdamos de vista que las dinámicas de la pobreza y la exclusión social van mucho más allá de los mecanismos legislativos. El trade-off que conlleva entrará en juego en relación a este último objetivo, y el resultado es una incógnita.

El Ingreso Mínimo Vital era necesario, pero solo es un paso más en el largo camino que queda por recorrer en la garantía del derecho a la supervivencia material.

Guillermo Fernández Maíllo es sociólogo. Miembro de la Fundación FOESSA y del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

[1] Exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.

[2] Luis Ayala, José María Arranz, Carlos García y Lucía Martínez, El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015,

[3] Estas disparidades pueden ser consultadas en  Guillermo Fernández (coord..) Informes territoriales sobre exclusión y desarrollo social, 2019.

[4] Consulta 9 de junio 2020, https://www.eldiario.es/economia/Jose-Luis-Escriva-ingreso-hogares_0_1018398538.html

[5]  José Antonio Noguera La renta básica universal, un estado de la cuestión, 2019.

[6] Borja Barragué y César Martínez, «La renta básica en la agenda de Podemos: ¿cuestión de viabilidad política o de viabilidad financiera?», ICADE, Revista de la Facultad de Derecho núm. 99: Economía de la salud, 2016, pp. 159-183.

Acceso al texto completo en formato pdf: Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital.

En el trasfondo de la actualidad de estos debates se encuentran varios hechos. El principal, la crisis profunda de la relación salarial. Aunque el trabajo nunca desaparecerá, es muy probable que buena parte del empleo asalariado que hoy conocemos se esfume en las próximas décadas debido a los efectos de la actual revolución tecnológica. Y aunque esta previsión no se cumpla, los niveles de desempleo y precarización que padecemos aconsejan encontrar otras formas de garantizar la existencia humana que vayan más allá del mercado y los ingresos salariales.

FUHEM Ecosocial (FE): si os parece, podemos empezar caracterizando brevemente cada propuesta. David, ¿en qué consiste la renta básica?

David Casassas (DC): La renta básica es una asignación monetaria pagada por los poderes públicos con arreglo a los siguientes principios:

1) universalidad, pues la recibe todo el mundo;

2) incondicionalidad, dado que se percibe al margen de cual- quier circunstancia que te acompañe –otras fuentes de ingresos, constitución del hogar, etc.–;

3) individualidad: la reciben las personas, no los hogares u otras unidades de convivencia;

4) suficiencia: la cantidad a percibir ha de cubrir las necesidades básicas de la vida y, por tanto, su importe podrá ser, por lo menos, el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) o a las cantidades mínimas que evitan la pobreza;

5) complementariedad: no pretende sustituir la función protectora del Estado de bienestar, sino reforzarla como parte del enjambre de intervenciones públicas contra la vulnerabilidad social –si es posible, tratando de dotar a dicho enjambre de un carácter algo más incondicional del que tiene ahora–.

FUHEM Ecosocial (FE): ¿Y el empleo garantizado? Eduardo, ¿cómo defines la propuesta?

Eduardo Garzón (EG): El empleo garantizado tiene su origen en el mundo anglosajón a partir de la iniciativa del job guarantee, cuyo precursor fue Hyman Minsky sosteniendo que la figura del empleador debía recaer, en última instancia, en el Estado. Un Estado que en lo relativo a la creación de empleo tendría un papel similar al de un banco central en el terreno monetario, el cual inyecta liquidez al sector bancario cuando este lo requiere. De esa manera, cuando hay una necesidad de puestos de trabajo en la sociedad capitalista y existe un considerable nivel de desempleo, el Estado corregirá la brecha entre la demanda y la oferta de empleo. Esta idea originaria de Minsky fue desarrollada por otros economistas, especialmente dentro de la perspectiva postkeynesiana, como Pavlina Tcherneva, Randall Wray o Warren Mosler, y es una propuesta que se hace bajo una lógica socialdemócrata o de economía mixta fordista desde la que el Estado funciona como un parche ante los problemas que ocasiona la propia dinámica capitalista.

El job guarantee o empleo garantizado puede  ser  descrito  como  la  política  que garantiza a todo ciudadano o ciudadana su derecho a disponer de un puesto de trabajo en condiciones dignas y con carácter indefinido solo por el hecho de haber nacido y ostentar la condición de ciudadano o ciudadana. Es un derecho de ciudadanía que habrá que garantizar y del que se hace responsable el Estado como representante de la sociedad. Así, el empleo garantizado adquiere rango de derecho constitucional y, en caso de no garantizarse, cualquier persona podría recurrir a los tribunales ante la vulneración del mismo. A partir de lo anterior, se entiende que el pleno empleo constituye un objetivo a perseguir a través de la vía del sector público, pero sin que sea este el espacio en el que los burócratas de turno o cualquier entidad lucrativa diseñen los puestos de trabajo que se ofertarán.

FUHEM Ecosocial: ¿Por qué un proyecto político emancipador debería prestar atención a la renta básica? ¿Qué posibilidades emancipadoras ofrece?

DC: A tal respecto, cabe destacar que el trasfondo histórico del capitalismo desvela, tal y como señala Harvey, un modelo de acumulación por desposesión. Al igual que hicieron Marx o Smith, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de la clase trabajadora en el sistema capitalista, autores más recientes como Polanyi o Federici incorporaron lecturas que complementaron las anteriores, incidiendo en que al estructuración social capitalista se basa en procesos de apropiación privada y privativa, excluyente, de recursos externos que eran comunes, lo que conduce a las grandes mayorías sociales a una situación de subalternidad. De ahí que Marx afirme que el trabajo asalariado es «esclavitud salarial», un análisis que descansa en los argumentos previos de Aristóteles (s. IV a.C.), quien decía que era «esclavitud a tiempo parcial», Locke (s. XVII) o Adam Smith (s. XVIII). Y se habla de esclavitud a tiempo parcial porque quienes forman parte del trabajo asalariado, por haber sido desposeídos, acuden a la firma del contrato en una situación de asimetría que los obliga a delegar en aquella persona que los contrata la capacidad de determinar qué es lo que deben hacer, cómo, con quién o a qué ritmo. La esclavitud o falta de libertad reside en la forma que tienen los trabajadores de ganarse la vida: al depender socioeconómicamente de los llamados “empleadores”, durante unas horas al día son esclavos de éstos, pues han de aceptar unas condiciones de trabajo que determina aquel que se ha apropiado de los recursos externos, esto es, de los medios de producción.

Si la pretensión es hacer frente a relaciones sociales desiguales que surgen de estas dinámicas de acumulación por desposesión, que tienen que ver con la llamada «acumulación originaria»   (explicada por Marx en el capítulo 24 de El Capital) y que hoy adquieren nuevas caras, debemos bus- car nuevas formas de reconstruir y apropiarnos de todo aquello que se nos ha arrebatado. Las relaciones sociales libres, sanas, exigen que haya una puerta de “salida” para que aquellos que participan en esa relación no se vean obligados a aceptar unos términos impuestos desde fuera y res- pecto a los cuales no es posible alzar la voz. Cuando no hay puerta de salida, puede que la voz de los desposeídos y desposeí- das se escuche mínimamente e, incluso, puede que algo cambie, pero ello siempre dependerá de la buena disposición, de la benevolencia de quienes controlan los medios de producción, quienes no acostumbran a preocuparse por una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. En un entorno hostil como este, pues, si no disponemos de una puerta de salida de la relación salarial, hemos de aceptar lo que hay. La renta básica ofrece esa opción de salida.

Si ponemos el foco en el mercado, es preciso apuntar que, a pesar de que en sociedades complejas los mercados son necesarios, también lo es la conservación de la capacidad, tanto individual como colectiva, de decidir cuándo y para qué que- remos hacer uso de los mercados y cuándo aspiramos a desmercantilizar recursos y actividades, empezando por la propia mano de obra. Para ello, se requiere que esa posibilidad de salir del mercado de trabajo esté disponible para quien quiera abandonar un empleo no escogido, lo que no impide que haya personas que quieran mantenerse en el mundo del empleo. En definitiva, la renta básica nos permite contar con una alternativa que rompa la falta de libertad efectiva de salir del mercado, empezando por el de trabajo.

Por supuesto, el riesgo de una distopía atomizadora neoliberal, bien presente en la actualidad, no desaparece. Habrá que ver cómo gestionamos esos mayores grados de libertad que confiere la renta básica –aun- que hay que decir de inmediato que el de la gestión de una mayor libertad ¡es un “problema” que estaría muy bien tener!–. En cualquier caso, está claro que aplicar la renta básica no significa que todos nos volvamos de golpe feministas, socialistas o ecologistas: sigue siendo necesario generar conciencia de clase trabajadora, feminista o ecologista si queremos generar escenarios de cambio verdaderamente emancipatorios. Por tanto, puede decirse que la renta básica forma parte de un paquete de medidas orientado a la rearticulación social, en el mundo contemporáneo, de todo un conjunto de recursos público-comunes capaz de mejorar el poder de negociación necesario para avanzar en la codeterminación, por parte de todos y todas, de todo tipo de relaciones sociales: en el mundo del trabajo, asalariado o no, en la esfera doméstica, etc.

FUHEM Ecosocial: ¿Y cuál sería el vínculo fundamental entre la propuesta del empleo garantizado y la emancipación?

EG: Cuando se habla de esta propuesta vinculándola con el objetivo de lograr el pleno empleo, no hay que olvidar que, además de crear puestos de trabajo para resolver el desempleo, se trata también de garantizar empleos en buenas condiciones y lograr unas relaciones laborales de carácter indefinido para todo el mundo. Estos logros, por extensión, asegurarán la existencia material del conjunto de la población. Al mismo tiempo, su aplicación permitiría emancipar a las personas de esa relación entre capitalistas y asalariados al impedir que la lógica de la rentabilidad capitalista opere en ese marco laboral.

La propuesta del empleo garantizado favorecería que, ante la falta de ingresos que padece una parte considerable de la sociedad, se procediera a remunerar trabajos que hoy se realizan sin que medie ningún tipo de retribución, evitando así su invisibilidad y la falta de equidad que impone el actual sistema de reparto sexual de los trabajos. Al tiempo que se incluyen los trabajos de reproducción, formarán parte de la propuesta otras muchas actividades que permitan responder a las necesidades colectivas que existen en distintos planos de la vida (actividades culturales, sociales, ecológicas, cuidados, atención psicológica, rehabilitación de edificios, reparaciones, conservación de bienes, reciclaje, reutilización, adecuación de espacios urbanos o infraestructuras, etc.), y que a día de hoy no se están realizando o no se están cubriendo en las condiciones adecuadas.

De este modo, se trasladan todos aquellos trabajos domésticos, de cuidados, voluntarios al ámbito público, convirtiéndolos en un compromiso colectivo del que se debe corresponsabilizar toda la comunidad, la cual ofrecerá a aquellas personas que lo necesiten  –y  que  estén  capacitadas  en esas tareas– un empleo remunerado en los ámbitos o las actividades señaladas. En este espacio público, los trabajos pasan a ser empleos regulados y dejar de ser iniciativas individuales.

A través de este tipo de políticas, a la vez que se cubren necesidades sociales se satisfacen las exigencias de empleo de la población, garantizando así que esa población disponga de unos ingresos suficientes a través de un puesto de trabajo que realiza actividades socialmente útiles que permiten alcanzar un nivel de vida adecuado a la vez que consolidan un espacio alejado de la dinámica capitalista donde es posible fortalecer el Estado del bienestar mediante el desarrollo y la ampliación de los servicios públicos.

FUHEM Ecosocial: David, ¿qué aspectos del empleo garantizado no te convencen en relación con  lo  que  defiende  la  propuesta  de renta básica?

DC: Con la aplicación de la renta básica se lograría, por primera vez en la historia del capitalismo, desmercantilizar la fuerza de trabajo, mientras que, con el esquema del empleo garantizado, en la práctica se nos alentaría a concurrir primero al mercado capitalista y, si no encontráramos un explotar privado, entonces recurriríamos, en última instancia, al Estado empleador. Creo que es necesario ahorrarnos, desde el inicio, esa pérdida de libertad.

Además, tomar las decisiones sobre en qué trabajar –remuneradamente o no– y cómo desde las “dependencias ministeriales” puede que no sea la mejor opción. Han de ser los distritos y las trincheras comunitarias en las que se forjan formas de vida y prácticas distintas los lugares desde donde se determinen los sectores por los que hay apostar y las actividades que hay que promover. Conviene reforzar estos espacios, renta básica mediante, para que sea a partir de ahí, descentralizadamente, desde donde se movilicen los recursos necesarios para articular proyectos sentidos como propios, no desde el Estado. Por supuesto, en ningún caso se renuncia a recurrir al Estado para que contribuya en dichos procesos de definición de caminos alternativos, para exigirle empleo, para canalizar inversión que facilite la puesta en marcha de nuestros proyectos, para que desarrolle sectores de interés colectivo como el ligado a la sostenibilidad medioambiental, etc.; pero no podemos hacer bascular de nuevo el consenso social en torno al contrato de trabajo, al que, sin renta básica, seguimos acudiendo desposeídos y, por ello, sin voz, sin mar- gen de maniobra: ello mantendría las relaciones asimétricas que hoy conocemos. Todo ello, claro, a no ser que pudiéramos democratizar el Estado hasta convertirlo en un bien común, expresión de un medio asambleario que ejecutase las decisiones que la gente toma desde abajo.

A día de hoy, me temo que esto es una utopía, que estamos lejos de poder domesticar al Estado como un medio dirigido por las clases trabajadoras. Además, incluso en el caso de que lo lográramos, siempre necesitaremos podernos autoorganizar desde cualquier rincón de la vida social, sin tener que pasar necesariamente por el permiso y la supervisión de las instancias estatales. Por todo ello, podemos luchar, como hicimos en el 15M, por reivindicar un plan de rescate para la ciudadanía, reclamando sanidad, educación, vivienda, cuidados, deshacer las reformas laborales reprecarizadoras, etc. Porque si tienes todo eso y, además, una renta básica, tienes muchas más oportunidades para evitar la condena a una vida aislada y explotadora en el marco capitalista y para pensar y desplegar en común otras formas de trabajo y de vida.

FUHEM Ecosocial: Y desde la perspectiva del empleo garantizado ¿qué diferencias cabría resaltar con respecto a la propuesta de la renta básica?

EG: Antes de contestar a la pregunta me gustaría precisar un aspecto de la propuesta concreta que hacemos desde IU que tiene que ver con lo que acaba de comentar David. En contraposición al planteamiento anglosajón, que defiende que sea el Estado la institución que decida qué actividades impulsar, la propuesta de empleo garantizado  que  nosotros  defendemos  apuesta por que sean los propios municipios y corporaciones locales, reunidos de la forma más democrática, asamblearia o transparente posible, quienes decidan cuáles son las necesidades sociales, ecológicas, culturales, de género, etc. no cubiertas. A través de la utilización de todo tipo de canales individuales o colectivos, los vecinos y vecinas valorarán las necesidades de su localidad por ser quienes mejor conocen la situación y los trabajos necesarios a incorporar en los lugares en que residen. Las decisiones, por tanto, se toman en un ámbito local que asciende hacia lo estatal, siendo el Estado solo el ente administrativo y fiscal encargado de remunerar los pues- tos de trabajo creados.

Entre las principales diferencias que se pueden establecer con la renta básica, destaca el hecho de que los empleos creados están condicionados y relacionados con la detección de trabajos y actividades que, siendo importantes, no se están realizando. Por eso, más allá de crear puestos de trabajo, la propuesta busca la extensión de medidas que fomenten otro tipo de trabajo remunerado, y para ello se presenta como una iniciativa perfectamente compatible con otras como la reducción del tiempo de trabajo remunerado, las medidas para el reparto de todos los trabajos (remunerados o no) o la aplicación de fórmulas pedagógicas de cambio para modificar las pautas laborales actuales.

Otra distinción entre ambas propuestas es que con el empleo garantizado sí influye en la utilización de los recursos, mientras que esto no ocurre con la renta básica. Estamos de acuerdo con que exista ese condicionamiento. El sistema económico y social no es neutral y en él se transmiten valores de consumismo, de beneficio privado y apropiación que hay que frenar. Si no se hace nada al respecto, como parecería ser el caso de la renta básica, existe el riesgo de potenciar todas esas dinámicas capitalistas. Por ello, en la propuesta del empleo garantizado está implícita la promoción de valores y dinámicas que contrarresten la lógica dominante y nos alejen progresiva- mente de las que operan en el capitalismo.

También cabe resaltar que la renta básica no aborda la cuestión monetaria, lo cual es un riesgo a valorar, mientras que el empleo garantizado integra la consideración de magnitudes importantes en este terreno. Si se garantiza una renta pero no se  interrumpe  la  lógica  capitalista  y,  por ejemplo, los precios de las viviendas siguen creciendo, el resultado sobre esos recursos mina la capacidad de existencia material de las personas que perciben una renta. Ante este problema, quizás, sería interesante plantear una renta básica en especie (garantizar la vivienda, la educación, la sanidad, el acceso a las telecomunicaciones, etc.) para protegernos frente a las variaciones de los precios, la acción de oligopolios y otras alteraciones económicas. La propuesta del empleo garantizado, por su parte, además de garantizar una renta a través del empleo, fortalece esta parte del sector público que ofrece prestaciones en especie e impide que el sistema capitalista pueda aprovecharse de ello al arrinconarse el sector privado y limitar sus opciones de beneficiarse de una mayor precariedad.

FUHEM Ecosocial: Luego un rasgo común de estas dos propuestas es que forman parte de un paquete de medidas mucho más amplio…

DC: Sí, la renta básica debe ser vista como una parte –todo lo relevante que se quiera, pero una parte– de un paquete de medidas mucho más amplio. Dicho «plan de rescate ciudadano», por decirlo en los términos de los movimientos sociales, ha de considerar tres grandes cuestiones. En primer lugar, la cuestión del “suelo”: garantizar de forma universal e incondicional la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. De ahí la renta básica. En segundo lugar, la cuestión del “techo”, esto es, evitar la acumulación de poder económico privado, pues por muy garantizada que esté la satisfacción de nuestras necesidades básicas, difícilmente podremos desenvolvernos como productores libremente asociados si unos pocos logran adueñarse del conjunto del espacio económico  y  social.  Y,  finalmente,  dicho plan debe reinterpretar también algunos de los mecanismos propios de los regímenes de bienestar tradicionales para que funcionen como mecanismos preventivos y no como dispositivos meramente curativos, y, por tanto, para que nos empoderen desde el principio y nos ayuden a crear y consolidar esas posiciones de invulnerabilidad socioeconómica que hemos visto que son necesarias para hacer del mundo algo más nuestro.

EG: Por mi parte, me gustaría resaltar que la iniciativa del empleo garantizado no solo se articula con otras medidas encaminadas a fortalecer el Estado de bienestar, sino que también se relaciona con otras muchas cuestiones que conviene apuntar. Una de ellas es su potencialidad para contrarrestar los efectos sobre el desempleo de las situaciones económicas adversas o de crisis. A través del papel del Estado en la creación de puestos de trabajo se compensarían los desajustes del mercado de trabajo, compensando contracíclicamente los efectos recesivos. Y del mismo modo, pero en sentido contrario, ocurriría en periodos de boom económico en que las expectativas y las oportunidades privadas de negocio aumentan y absorben población activa que forma parte de la bolsa de empleo garantizado. En definitiva, el empleo garantizado supone un mecanismo estabilizador del empleo y de la actividad económica, y no solo un instrumento que impide o limita la rebaja salarial y la precarización del trabajo asalariado.

FUHEM Ecoocial: Encontramos en ambas propuestas más elementos comunes de los que cabría, en un principio, esperar. Por ejemplo: las dos iniciativas se amparan en la lógica de los derechos de ciudadanía; ambas contemplan el objetivo de garantizar los aspectos materiales de la existencia social que permitan un desarrollo libre de la persona; buscan las dos desmercantilizar lo más posible la vida social y sustraer al trabajo de la lógica del capital; son propuestas que se conciben articuladas y combinadas con otras medidas dentro de un nuevo régimen de bienestar… ¿sería posible contemplar la renta básica y el empleo garantizado como dos programas complementarios que se articulan entre sí para conseguir otra sociedad o habría que verlos como dos vías alternativas hacia un modelo de sociedad diferente en cada caso?

DC: ¡Claro que hay sinergias y complementariedades! Pero hemos de ser analíticamente cautelosos. Como decía, la renta básica aspira a romper vínculos de dependencia y relaciones de poder que anidan en todos los rincones de la vida social. Haciéndolo, incrementa nuestra libertad a la hora de decidir qué entendemos por “trabajo con sentido”, remunerado o no, qué no nos lo parece en ningún caso, qué proporciones de qué tipos de trabajo queremos para nuestras vidas, en qué espacio, con quiénes, con qué remuneraciones –si es que hay remuneración–, etc. Pero esas decisiones no se toman de la noche a la mañana ni rellenando formularios. Requieren maduración, tiempo para pensar y repensarnos a nosotros mismos y el conjunto de nuestras vidas.  Por  eso  la  renta  básica  juega  un papel crucial, brindándonos unos recursos monetarios que se traducen también en tiempo, capacidad de espera, propensión a explorar caminos alternativos y, quizás, a correr algún tipo de riesgo, pues sabemos que si caemos no nos rompemos la crisma y nos podemos volver a levantar, etc.

Llegados a este punto, es perfectamente posible que algunas personas, quizás muchas, concreten esas decisiones más libres en el acto de recurrir el Estado para solicitar un empleo público en sectores que les parezcan especialmente interesantes o socialmente necesarios, y que lo hagan con la esperanza de que el papel del Estado como empleador sea mucho más digno y dignificante que el que desempeñan muchos empresarios en la actualidad. En este sentido, mucho de lo que Eduardo nos ha contado en este debate sobre la propuesta del empleo garantizado me parece de lo más prometedor. Creo sinceramente que una de las alternativas que deberían estar al alcance de los trabajadores y trabajadoras liberadas por la renta básica –y por el paquete de medidas que le debe ser anexo, que ya hemos explorado– es un posible empleo público del tipo de los que sugiere Eduardo. Pero eso ha de ser una de las alternativas. Si de verdad nos preocupa la emancipación de la población trabajadora, hemos de aspirar a algo que incluye el empleo garantizado como posibilidad, pero que lo transciende: de lo que se trata es de empoderar a la gente para que, individual y/o colectivamente, pueda articular, desplegar y reproducir a lo largo del tiempo esas «asociaciones republicanas de trabajadores libres», Estado mediante o no, de las que Marx nos hablaba cuando sugería horizontes liberadores. La renta básica no es ninguna panacea que vaya a llevarnos a esos escenarios de la noche a la mañana, pero sí me parece que nos otorga un poder de negociación esencial a la hora de codeterminar, todos y todas, qué trabajos, remunerados o no, aspiramos a llevar a cabo, cómo nos corresponsabilizamos con respecto a su reparto, qué usos del tiempo queremos para nuestras vidas –la conexión entre renta básica y reducción de la jornada laboral ha sido muy estudiada–, qué naturaleza jurídica queremos para nuestros centros de trabajo, etc. El papel de la renta básica como garante de esa «reciprocidad en la libertad» tan esencial para las tradiciones republicana y socialista me parece evidente, y creo que hemos de empezar a trabajar desde ahí.

EG: En efecto, los objetivos que pretenden alcanzar ambas propuestas son prácticamente los mismos, y aunque las formas para lograrlo –así como la filosofía que subyace– sean notablemente diferentes, yo me imagino perfectamente la existencia simultánea de ambas políticas. Ahora bien, para lograr una adecuada complementariedad quizás habría que reconfigurar determinados  elementos  importantes  de  al  menos una de las dos propuestas. Esto lo digo porque, por ejemplo, no me imagino un empleo garantizado de unos 1.000 euros mensuales conjuntamente con una renta básica de 650 euros –que son los importes que habitualmente  se  proponen,  respectivamente; en este caso creo que no habría suficientes incentivos para acogerse al empleo garantizado (solo se ganarían 350 euros más a cambio de realizar las jornadas de trabajo correspondientes). Pero se me ocurren muchas combinaciones distintas que permitirían que ambas propuestas encajasen perfectamente.

De entre todas esas combinaciones mi preferida es la siguiente: por un lado, una renta básica en especie (no monetaria, sino en bienes y servicios, al menos mayoritariamente) que garantizase a todo el mundo alojamiento y niveles básicos de agua, alimentos, energía y transporte de forma que se blindase la existencia material de toda la ciudadanía; y por otro lado, un empleo garantizado que permitiese a todo el mundo desarrollar una actividad socialmente útil y al margen de la lógica capitalista a cambio de un ingreso monetario que le proporcionase una vida digna y no solo la supervivencia.

David Casassas es profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona y miembro de la Red Renta Básica y de la Basic Income EarthNetwork.

Eduardo Garzón es economista y miembro de la Fundación Europea de los Ciudadanos y Ciudadanas.

Descargar el artículo en formato pdf: Diálogo entre David Casassas y Eduardo Garzón sobre la renta básica y el empleo garantizado.