Trascender el objetivo ideológico del crecimiento económico sin fin en un mundo en el que ya se han rebasado la mayoría de sus límites ecológicos resulta una meta sensata para construir un futuro deseable.

El poscrecimiento encapsula este propósito, con estrategias que apelan tanto al Sur como al Norte global. El concepto de poscrecimiento, que incluye al de decrecimiento –utilizado especialmente en el Norte global–, abarca tanto las críticas al actual sistema económico como alternativas a él, y se proyecta con propuestas concretas en una variedad de ámbitos de la vida socioeconómica: alimentación, movilidad, vivienda, turismo o ciudades. Y, por descontado, despliega otra mirada en las relaciones entre el Norte y el Sur global.

El número 172 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global reflexiona sobre el concepto de poscrecimiento a través  de una conversación con una de sus principales referentes, Julia Steinberger, y examina distintos ángulos de este pujante paradigma.

El número se abre con la Introducción de Santiago Álvarez Cantalapiedra, titulada «Acerca de los debates sobre el poscrecimiento».

En A Fondo, Monica Di Donato y Pedro L. Lomas conversan con Julia Steinberger, referente del poscrecimiento, que reflexiona sobre este enfoque. Ulrich Brand y Markus Wissen, que acuñaron la noción de «modo de vida imperial», relacionan en su artículo este concepto con el poscrecimiento y la dialéctrica entre Norte y Sur global. Giuseppe Feola considera los sistemas alimentarios desde la perspectiva del poscrecimiento. Jordi Mir aborda el derecho a la vivienda desde esta misma perspectiva. Juan Marcos Castro y Enrique Navarro consideran la turistificación y sus alternativas en un horizonte poscrecentista. Imogen Hamilton-Jones reflexiona sobre las políticas poscrecentistas necesarias en el ámbito urbano en una entrevista de José Bellver y Nuria del Viso.

Actualidad recoge un artículo de José Aristizábal, «La flotilla, el monstruo genocida y el amor» que, en el marco del apresamiento de la flotilla que se dirigía a Gaza, como muestra de otras tantas resistencias alrededor del mundo, plantea que los vínculos afectivos del amor social son condición necesaria para una verdadera emancipación.

En la sección de Experiencias, Alberto Fraguas realiza una reflexión introductoria de la «Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento», celebrada en 2025, que se recoge en su totalidad.

En Ensayo, Víctor M. Toledo considera en su artículo el papel de «Alfred Schmidt (1931-2012) y los orígenes del metabolismo social». Por su parte, Jesús Ojeda aborda «La imagen de Gandhi a través de un colectivo “nativo” de mujeres occidentales», antes de cerrar el número con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el Sumario de la revista y el acceso libre y gratuito al texto de la Introducción y a la entrevista a Julia Steinberger.

INTRODUCCIÓN

Acerca de los debates sobre el poscrecimiento, Santiago Álvarez Cantalapiedra

A FONDO

Entrevista a Julia Steinberger sobre poscrecimiento, Monica Di Donato y Pedro L. Lomas

Poscrecimiento, modo de vida imperial y la dialéctica entre el Norte y el Sur global, Ulrich Brand y Markus Wissen

Sistemas alimentarios en el poscrecimiento: crítica, visiones, vías, Giuseppe Feola

Crisis del turismo imperial y transición ecosocial. De la explotación a la cohabitación en los destinos turísticos, Juan Marcos Castro Bonaño y Enrique Navarro Jurado

Poscrecimiento y derecho a la vivienda , Jordi Mir

Entrevista a Imogen Hamilton-Jones sobre ciudades poscrecentistas, José Bellver y Nuria del Viso

ACTUALIDAD

La flotilla, el monstruo genocida y el amor, José Aristizábal García

EXPERIENCIAS

Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo, modelo ecosocial, Alberto Fraguas

ENSAYO

Alfred Schmidt (1931-2012) y los orígenes del metabolismo social, Víctor M. Toledo

La imagen de Gandhi a través de un colectivo «nativo» de mujeres occidentales, Jesús Ojeda Guerrero

LECTURAS

Umbrales de dignidad. Los derechos socioeconómicos en tiempos de crisis ecosocial, de Ana García Juanatey y Karlos Castilla Juárez (coords.)

Yago Martínez Álvarez

Palabras contra el fin del mundo, de Silvia Rivera Cusicanqui,

Márgara Millán Moncayo y Raquel Gutiérrez Aguilar.

Diego Castro Vilaboa y Huáscar Salazar Lohman (eds.)

Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak

Nuria del Viso Pabón

Contra la cancelación. Y otros sueños de justicia transformativa, de Adrienne Maree Brown

Jordi Mir García

RESÚMENES 

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Como ocurriera con la princesa fenicia secuestrada por Zeus, de cuyo nombre proviene el del continente, los sueños europeos han sido capturados con malas artes por quien manda e impone las reglas del juego, aunque quepa sospechar en este caso si no habrá sido la propia princesa la que se subió a lomos del toro a sabiendas.

El rapto de Europa es el título del número 171 de la revista Papeles de relaciones internacionales y cambio global que explora la situación actual de la Unión Europea, evocando sus principios fundadores y analizando los principales problemas que ha encontrado después de más de setenta años, el experimento de integración institucional de naciones soberanas más original que se ha realizado hasta ahora.

Abre el número la Introducción de Santiago Álvarez Cantalapiedra, La captura de Europa aborda

A fondo reúne seis ensayos que abordan las principales cuestiones que tiene hoy planteadas la UE. José Antonio Nieto Solís realiza una retrospectiva de la andadura del Unión y lanza una breve mirada al futuro. Joám Evans Pim examina la dependencia de las materias primas minerales de la UE hasta el punto de securitizar su acceso. Tica Font y Pere Ortega revisan el plan de rearme europeo. Andreu Domingo explora el cambio demográfico en Europa, las políticas migratorias y los discursos de involución en la UE. Mónica López sigue indagando en las política de inmigración, pero ahora desde el punto de vista del asilo y el refugio y como ha evolucionado desde la firma del Tratado de Maastrich en 1993. Angelina Giannopoulou cierra la sección con un análisis sobre los aspectos políticos del proceso de integración, su involución institucional que contrasta con los movimientos de solidaridad internacionalistas de la izquierda y de los movimientos de resistencia a escala europea.

Actualidad recoge un análisis de Jordi Mir sobre la larga historia en la reivindicación del derecho a la vivienda. Por su parte, Rodrigo Rogelis explora los derechos de la naturaleza y las nuevas gobernanzas a través del caso de personalidad jurídica del río Atrato, en Colombia, y su consejo de guardianes.

La sección Experiencias nos trae una entrevista de Ana García Juanatey a Pia Hollenstein, fundadora y miembro de KlimaSeniorinnen que protagonizó el sonado caso de condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Estado suizo por la desprotección de colectivos vulnerables, como las mujeres mayores, ante el cambio climático.

Ensayo se abre con un texto de Jonatan Palmblad sobre instrumentalidad y personalidad ecológica. Marc Chopplet reflexiona, por su parte, sobre las humanidades y las ciencias sociales ante la inteligencia artificial, y se pregunta sobre su posible extinción.

El número se cierra, como es habitual, con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el Sumario de la revista con el acceso al texto de la introducción y al artículo firmado por Angelina Giannopoulou.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

La captura de Europa,  Santiago Álvarez Cantalapiedra

A FONDO

La UE en retrospectiva: ¿vendrán tiempos mejores?,  José Antonio Nieto Solís

La securitización de las materias primas minerales en la UE: porqué Europa no es inmune a la maldición de los recursos, Joám Evans Pim

El rearme militar de Europa, Tica Font y Pere Ortega

Cambio demográfico, políticas migratorias y discurso de la involución en la UE, Andreu Domingo

Política de inmigración y de asilo europea: ¿igualitaria y solidaria?, Mónica López

Desarmados de visión, armados hasta los dientes, o una Europa democrática, verde y social, Angelina Giannopoulou

ACTUALIDAD

Derecho a la vivienda: una la larga disputa, Jordi Mir

Guardianes del río Atrato: derechos de la naturaleza y la construcción de nuevas gobernanzas, Rodrigo Rogelis

EXPERIENCIAS

Entrevista a Pia Hollenstein, fundadora y miembro de KlimaSeniorinnen, Ana García Juanatey

ENSAYO

Instrumentalidad y personalidad ecológica: ¿Con qué finalidad?, Jonatan Palmblad

Inteligencia artificial y humanidades y ciencias sociales, ¿en vías de extinción?, Marc Chopplet

LECTURAS

Dialéctica de la ecología. socialismo y naturaleza, de John Bellamy Foster

Pedro L. Lomas

Ecotopías. Imaginar el futuro para cambiar el presente, VV.AA.

Manuel Casal Lodeiro

Climas de cambio. Las nuevas sociedades del calentamiento global, de José Antonio Cortés Vázquez

Nuria del Viso

Notas de lectura

RESÚMENES

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Presentamos el I Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España, un nuevo enfoque que debería guiar el diseño de políticas que persigan una vida buena. 

El Área Ecosocial de FUHEM presenta el I Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España.

En sus páginas, en primer lugar, se caracteriza el modo de vida de la sociedad española a través de un triple análisis que se centra en los gastos (alimentación, movilidad y vivienda), los recursos (energéticos y materiales), y los trabajos (remunerados y no remunerados). A continuación, se apuntan las tendencias que genera ese modo de vida, agrupadas en tres grandes epígrafes: insostenibilidad ambiental, desequilibrio territorial y amenazas sobre la cohesión social. Por último, se plantea una pregunta: ¿qué significa hoy una vida buena en el contexto de la crisis ecosocial provocada por nuestro modo de vida?

I Informe Ecosocial sobre la Calidad de Vida en España concluye que una sociedad no puede prosperar cuando no lo hace la mayoría de sus miembros, cuando se atenta contra la cohesión social o se genera un ambiente adverso.

Este trabajo, que ofrece un nuevo enfoque para detectar algunos de los asuntos cruciales que deberían centrar la atención al diseñar políticas que persigan una vida buena, se ha presentado hoy a los medios de comunicación y será el eje de actos inminentes como el próximo encuentro en el marco de los Debates para un Pensamiento Inclusivo o el de Despertadores climáticos. Calidad de vida en la transición ecológica.

Acceso al resumen ejecutivo del Informe y el Informe completo para su descarga.

Modo de vida

¿Cuáles son las características principales del modo de vida en España?

El modo de vida de la civilización industrial actual viene definido a partir de tres grandes ámbitos: la alimentación, la movilidad y la vivienda. Absorben la mayor parte del gasto de las familias y son responsables del mayor número de impactos sobre la salud, la vida social y la destrucción de los ecosistemas.

Alimentación:

• Constante proceso de estandarización en todos sus eslabones: producción, comercialización y consumo.
• Las diversas crisis y el aumento de precios de los alimentos supone un incremento del presupuesto familiar que obliga a reducir otras categorías del gasto de los hogares.
• Los hogares más pobres solo pueden permitirse una dieta poco variada y de menor calidad.

Movilidad

• Modelo marcado por el protagonismo del automóvil privado que exige un esfuerzo considerable en el presupuesto familiar.
• Este modelo condiciona la organización del territorio y la integralidad ecológica de la naturaleza e impacta negativamente sobre la vida y la salud de las personas.

Vivienda

• Predomina la propiedad frente al alquiler y el derecho de uso.
• El alquiler experimenta un aumento significativo asociado a la precariedad de jóvenes y trabajadores que no pueden acceder a una vivienda en propiedad.
• El alquiler social en España es apenas testimonial.

¿Qué recursos energéticos y materiales requiere ese modo de vida?

Requerimientos energéticos:

• Gran dependencia energética de los recursos fósiles y del exterior.
• El aprovechamiento de los recursos renovables domésticos ha experimentado un importante incremento en los últimos años (llegando a alcanzar el 50% en la generación de electricidad), bajo el impulso de grandes parques eólicos y fotovoltaicos.

Requerimientos materiales:

• Saldo netamente importador: la extracción indirecta asociada a las importaciones multiplica por entre 3 y 7 los requerimientos directos de materiales.
• El grueso de la extracción doméstica y el uso de materiales está marcado por el sector inmobiliario y su evolución bajo el impulso de ciclos especulativos.
• No se cierran los ciclos productivos: sólo el 10% de los materiales que entran a la economía vuelve a la misma.

¿Cuánto y qué tipo de trabajos requiere este modo de vida?

Requerimientos de trabajo mercantil:

• El trabajo remunerado en España presenta dos rasgos principales: carácter muy estacional y estrecha ligazón con la coyuntura económica (con consecuencias en términos de precarización laboral: muchas modalidades de contratación atípica y horas trabajadas no pagadas).
• La duración media de la vida laboral se ha incrementado por el aumento de participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el aumento de la edad media de jubilación.

Requerimientos de trabajo no mercantil

• El trabajo no remunerado descansa principalmente en las mujeres y representa, para muchas de ellas, el desempeño de una “doble jornada”.
• El fenómeno de la doble jornada se amplió durante la crisis y se agudizó con las necesidades derivadas de la pandemia.

Tendencias

Las tendencias que atraviesan el modo de vida y el modelo socioeconómico asociado al mismo se organizan en tres grandes bloques: desequilibrios territoriales, insostenibilidad ecológica y amenazas a la cohesión social por la persistencia de la pobreza, la precariedad y la desigualdad.

Desequilibrio y polarización territorial

• El dinamismo económico y la población española están cada vez más concentrados en el territorio, especialmente en la costa y alrededor de grandes áreas urbanas, abocando a las zonas rurales (sobre todo del interior) a un futuro incierto.
• Se observa una tendencia a la desvertebración territorial: zonas rurales que expulsan población y quedan especializadas en la extracción de recursos y el vertido de residuos contrastan con grandes zonas urbanas que atraen población y recursos, centradas en la acumulación y el consumo.

Insostenibilidad

La insostenibilidad ambiental del modo de vida en España se manifiesta de múltiples formas:

• Aumento de los procesos erosivos e incremento de la superficie del país en riesgo de desertificación.
• Sobreexplotación de los ecosistemas y contaminación del aire, agua y suelo.
• Los efectos del cambio climático están provocando un aumento de eventos climáticos extremos, elevación del nivel del mar y alteración de muchos ecosistemas.

Pobreza, precariedad y desigualdad

• Una de cada cuatro personas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
• En torno al 15% de la población ocupada de España, pese a tener trabajo, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social debido a la precarización laboral.
• La multidimensionalidad y transversalidad de la desigualdad se muestran con especial claridad en España, agudizándose en las últimas décadas.

Evaluar el modo de vida desde la calidad de vida

El Informe se cierra con una evaluación a partir de la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan el modo de vida y las tendencias analizadas a la vida de las personas? Desde el punto de vista del sujeto, una vida sana y autónoma es una vida buena (de calidad). Si la calidad en la vida de una persona es entendida como aquella capaz de garantizar bienes necesarios, relaciones significativas y tiempo para la autonomía personal en un entorno social y natural seguro, ¿el modo de vida vigente en España y las tendencias que lo atraviesan contribuyen o no a una vida buena?

• Nuestro modo de producción y consumo ha puesto la vida bajo la tiranía de la eficiencia y el rendimiento.
• Ese modo de vida provoca un deterioro social y ecológico que, además de erosionar las bases sociales y naturales sobre las que descansa, ocasiona graves consecuencias sobre la salud física, emocional y mental de las personas.
• Entre los síntomas del menoscabo de la vida saludable de las personas se encuentran el cansancio y el padecimiento de numerosos malestares.
• Eso explica, en parte, que España sea el país del mundo donde más ansiolíticos e hipnóticos se consumen por habitante.
• La autonomía, al igual que la salud, también se ve afectada por el modo de vida. La forma y ritmos de vida predominantes aíslan y fragilizan a las personas.
• Entre los síntomas de este menoscabo de la capacidad autónoma de las personas por debilitamiento de los vínculos sociales se encuentra el aumento de la soledad y el aislamiento social y las tendencias reseñadas de pobreza, precariedad y desigualdad.
• Los rasgos predominantes en los principales componentes del actual modo de vida -alimentación, movilidad, vivienda y urbanismo-, así como las tendencias analizadas, poco contribuyen a la calidad de vida:
  • El modelo alimentario tiene importantes repercusiones sobre el ambiente y presenta fallas en relación con la salud de las personas por el deterioro de la dieta consecuencia de la creación de un entorno obesogénico, que afecta especialmente a los sectores sociales más humildes.
  • El modelo inmobiliario español, al dificultar el acceso a la vivienda y tener altos impactos ambientales, menoscaba el bienestar social y acentúa el deterioro ecológico.
  • El modelo de movilidad protagonizado por el vehículo privado y la carretera es altamente ineficiente por los altos costes ambientales, sociales y su alta siniestralidad.
  • La tendencia al desequilibrio territorial condiciona las oportunidades de las personas y el acceso efectivo a los servicios públicos, profundizando las desigualdades.
  • La insostenibilidad afecta a nuestra salud y nos hace más vulnerables. Nuestras vidas se vuelven más inseguras ante la amenaza de eventos climáticos extremos, la expansión de enfermedades infecciosas o el incremento de crisis alimentarias.
  • La pobreza y la exclusión social vulneran derechos fundamentales y provocan que las personas se encuentren antes graves carencias y en situación de indefensión.
  • La precarización laboral provoca problemas de salud mental y mata por las altas tasas de siniestrabilidad que lleva asociadas. Impide que las personas desarrollen un proyecto vital y hace que sus vidas se muevan en la inseguridad.
  • Las desigualdades atentan contra la igualdad de oportunidades, corroen la cohesión social y son una fuente importante de malestar; agudizan los problemas sociosanitarios y deterioran la salud de la sociedad, al tiempo que profundizan en la insostenibilidad al impulsar pautas de consumo ostentosas y dinámicas de emulación que asientan el imaginario consumista.

Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial ofrecemos una Selección de artículos publicados en el número 148 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que bajo el título Ciclón Inmobiliario, analiza la situación actual de la vivienda en España.

Según palabras de Santiago Álvarez Cantalapiedra, en la INTRODUCIÓN del número, la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Para ello, es necesario un cambio de modelo inmobiliario y acertar con las políticas públicas que promuevan el acceso a la vivienda.

INTRODUCCIÓN

La vivienda entre el derecho y la especulación

Santiago Álvarez Cantalapiedra

El acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental. Está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 25 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de la adecuada provisión de bienes y servicios que garanticen su salud y bienestar. Entre esos bienes y servicios esenciales se encuentra la vivienda, ya que la satisfacción de las necesidades humanas asociadas a ese bien primario resulta crucial en relación con una vida buena y el avance del bienestar en una sociedad. De ahí que la mayoría de las constituciones, además de enunciar el reconocimiento de este derecho, hablen también de la obligación de los poderes públicos de promover su adecuada materialización.

ESPECIAL. VIVIENDA: ENTRE LA ESPECULACIÓN Y LA INNOVACIÓN  SOCIAL

La vivienda: problema y propuestas

Vicente Pérez Quintana

El problema de la vivienda en España no es una cuestión de que no haya casas suficientes o capacidad para generarlas, sino que amplios segmentos de la población no pueden acceder a ellas, o lo hacen en malas condiciones o a costa de grandes sacrificios. En todos los parámetros que se examinen sobre la vivienda aparece un descuadre entre oferta y demanda, propio de un sistema de relaciones económicas que antepone el valor de cambio al valor de uso y que desliga la producción del consumo. Todo ello provoca graves consecuencias de largo alcance social. El autor formula una serie de pautas y propuestas para paliar esta situación.

Análisis comparado de modelos inmobiliarios en Europa

Maite Arrondo Segovia y Raquel Rodríguez Alonso

Garantizar el acceso a la vivienda al conjunto de la población sigue siendo a día de hoy un reto de difícil solución en España, hasta el punto, que parece haberse convertido en una de las características del fenómeno urbano. A través del análisis de algunos aspectos de las políticas de vivienda en países del entorno europeo y en el propio ámbito comunitario, el artículo pretende poner de manifiesto la necesidad de buscar un nuevo modelo para nuestro país que reoriente la situación.

El derecho a la vivienda frente a la financierización y el turismo masivo: experiencias internacionales

Irene Escorihuela Blasco

El derecho a la vivienda está fuertemente amenazado por la entrada de los centros urbanos de las ciudades en procesos globales de extracción de rentas. La financiarización y el turismo masivo convierten la vivienda en activos financieros altamente lucrativos, aumentando así su precio y expulsando al vecindario que no puede asumir su coste. Desde los poderes públicos se está empezando a poner coto a estos nuevos fenómenos, ya sea a través de impuestos como de regulaciones. Sin embargo, los actores internacionales que protagonizan estos procesos se mueven en mercados opacos y altamente desregulados, donde empezar a intervenir por parte de las administraciones no resulta sencillo. Grabar las rápidas transacciones de viviendas o limitar las ofertas de plataformas digitales pueden ser primeros pasos hacia un mayor control de estos mercados que puedan caminar hacia su futura regulación o limitación según se considere.

Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. Por una acción municipalista

Agustín Hernández Aja, Iván Rodríguez Suárez, Lucas Álvarez del Valle

Desde 2015, coincidiendo con la llegada de los nuevos ayuntamientos, se produjeron una serie de acontecimientos que supusieron cambios importantes para sus políticas de vivienda: los desahucios hipotecarios que dejaban todos los días familias en la calle, el crecimiento de la pobreza urbana con un incremento de la demanda de alojamientos públicos o el incremento del precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, junto a las restricciones económicas que suponían la aplicación de una “regla de gasto” que cercenaba la autonomía municipal de forma desmesurada. En ese marco, hasta final de 2018, se produjo un debate sobre la responsabilidad de los ayuntamientos en la resolución del Derecho a la vivienda que aquí hemos intentado sintetizar en 10 líneas de acción prioritarias.

La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitres?

Javier Gil García

Durante los últimos años los precios de los alquileres se han disparado y las continuas subidas se han convertido en un problema social de primer orden. Es frecuente que escuchemos que las subidas se deben a una cuestión de oferta y que la solución pasa por construir más viviendas. En este artículo se plantea una hipótesis alternativa. Tras el crack financiero de 2008, los acuerdos bancarios internacionales exigían que los bancos se deshicieran de sus activos tóxicos para garantizar su solvencia (y la del conjunto del sistema). Pero en España sucedía todo lo contrario: miles de familias eran desahuciadas y las carteras de los bancos se llenaban de viviendas en proceso de desvalorización.
En este contexto el Gobierno interviene el mercado inmobiliario para forzar la entrada masiva de los fondos buitre en España, que serán los encargados de comprar las viviendas de los bancos. Por lo tanto, estamos ante la reestructuración del sistema financiero español, y su primer efecto ha sido que los precios de los alquileres se han disparado.

PERISCOPIO

La vivienda en Barcelona, algunas experiencias y pensando en el futuro

Núria Pedrals Pugés

Como en muchas otras grandes ciudades en la actualidad, los habitantes de Barcelona han visto peligrar crecientemente el acceso a la vivienda en los últimos años. Este artículo analiza la variedad de iniciativas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona con el objetivo de cumplir el derecho a la vivienda tratando de incrementar el parque de vivienda asequible para la ciudadanía.

ENTREVISTA

Entrevista a José Manuel Naredo sobre el modelo inmobiliario español

José Bellver Soroa

Hablar de la problemática de la vivienda en España implica necesariamente hablar del modelo inmobiliario español, algo sobre lo que, en su extensa trayectoria, ha trabajado incansablemente José Manuel Naredo. A través de una gran variedad de publicaciones, entre las que cabe destacar algunos de sus libros más recientes como El modelo inmobiliario español: y su culminación en el caso valenciano (Icaria, 2011), en coautoría con Antonio Montiel, el libro colectivo coordinado junto a Federico Aguilera titulado Economía, poder y megaproyectos (Fundación Cesar Manrique, 2011), o su último libro en torno a la Taxonomía del lucro (Siglo XXI, 2019), José Manuel Naredo es una de las personas que mejor ha analizado y descrito el despilfarro tanto económico como ecológico que el modelo inmobiliario español lleva aparejado, subrayando además sus nefastas consecuencias sociales, de la mano de un marco económico-político que lo promueve para beneficiarse de él.

El singular desarrollo del sector inmobiliario español, acostumbrado desde el franquismo a los “pelotazos inmobiliarios”, ha tratado la vivienda durante décadas como un valor refugio para inversionistas, convirtiendo este derecho fundamental en un recurso para la especulación en manos de agentes privados. A los tradicionales, se unen ahora los “nuevos inversores” compuestos por corporaciones transnacionales. Las políticas públicas en la creación de un parque de vivienda a la medida de las necesidades han resultado tímidas y claramente insuficientes.

El resultado de este enfoque ha causado impactos distorsionadores en el acceso a la vivienda, un bien básico fuera del alcance –no solo en compra, sino incluso en alquiler– de una parte importante de la población, y no porque falte vivienda; de hecho, el actual parque inmobiliario está sobredimensionado.

Toca ahora afrontar el agotamiento del modelo inmobiliario-financiero actual y la necesidad de reconvertirlo tanto en su desinversión como hacia horizontes políticos, territoriales y urbanos más saludables desde un punto de vista ecológico y social. Ello exige medidas urgentes y planes a largo plazo, lo que implica no tanto nueva construcción como una gestión-rehabilitación-reutilización renovada del parque existente, además de abordar el problema del alquiler de pisos turísticos.

El ciclón inmobiliario y sus perversos efectos sobre la vivienda ha auspiciado, sin embargo, la búsqueda de alternativas de carácter social, con un abanico de proyectos en marcha.

Estas temáticas son analizadas tanto en los artículos del ESPECIAL como en la ENTREVISTA a José Manuel Naredo, que diseccionan las dinámicas del mercado inmobiliario y formulan propuestas para subsanar sus desviaciones.

En PERISCOPIO se recogen tres experiencias que presentan vías alternativas y sociales.

El número se completa con reflexiones sobre distintas temáticas en las secciones ENSAYO, ENTREVISTA, PANORAMA y LIBROS.

A continuación, ofrecemos el sumario y el acceso al texto completo tanto de la INTRODUCCIÓN, como del artículo destacado del número, que en este caso, es la ENTREVISTA a José Manuel Naredo.

SUMARIO:

INTRODUCCIÓN

La vivienda entre el derecho y la especulación, Santiago Álvarez Cantalapiedra

ENSAYO

¿Somos demasiados? Reflexiones sobre la cuestión demográfica, Jorge Riechmann.

ESPECIAL. VIVIENDA: ENTRE LA ESPECULACIÓN Y LA INNOVACIÓN  SOCIAL

La vivienda: problema y propuestas, Vicente Pérez Quintana.

Análisis comparado de modelos inmobiliarios en Europa, Maite Arrondo Segovia y Raquel Rodríguez Alonso.

El derecho a la vivienda frente a la financiarización y el turismo masivo: experiencias internacionales, Irene Escorihuela Blasco.

Derecho a la vivienda, derecho a la ciudad. Por una acción municipalista, Agustín Hernández Aja, Iván Rodríguez Suárez, Lucas Álvarez del Valle.

La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitres?, Javier Gil García.

PANORAMA

La pobreza de los Nobel de Economía, Marta Fana y Luca Giangregorio.

PERISCOPIO

Entrepatios, la realidad hecha sueño, Nacho García Pedraza y Berta Iglesias Varela

La vivienda en Barcelona, algunas experiencias y pensando en el futuro, Núria Pedrals Pugés.

Trabensol, centro social de convivencia para mayores, Manolo Collado.

ENTREVISTA

Entrevista a José Manuel Naredo sobre el modelo inmobiliario español, José Bellver Soroa.

Entrevista a Joaquim Sempere sobre Las cenizas de Prometeo, Salvador López Arnal.

LIBROS

Shut down the business school: what’s wrong with management education, de Martin Parker.

Carlos Jesús Fernández Rodríguez.

Igualdad. Cómo las sociedades más igualitarias mejoran el bienestar colectivo, de Richard Wilkinson y Kate Pickett.

Miguel Ángel Casaú Guirao.

Hablemos claro sobre el comercio mundial, de Dani Rodrik.

Álvaro Briñas.

Mamá desobediente. Una mirada feminista a la maternidad, de Esther Vivas.

Christel Keller Garganté.

La democracia inencontrable. Una arqueología de la democracia, de Fernando Oliván.

Arturo Luque González.

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José Bellver Soroa

Hablar de la problemática de la vivienda en España implica necesariamente hablar del modelo inmobiliario  español, algo sobre lo que, en su extensa trayectoria, ha trabajado incansablemente José Manuel Naredo. A través de una gran variedad de publicaciones, entre las que cabe destacar algunos de sus libros más recientes como El modelo  inmobiliario español: y su culminación en el caso valenciano (Icaria, 2011), en coautoría con Antonio Montiel; el libro colectivo coordinado junto a Federico Aguilera titulado Economía, poder y megaproyectos  (Fundación Cesar Manrique, 2011), o su último libro en torno a la Taxonomía del lucro (Siglo XXI, 2019), José Manuel  Naredo  es una de las personas que mejor ha analizado y descrito el despilfarro tanto económico como ecológico que el modelo inmobiliario español lleva aparejado, subrayando  además sus nefastas consecuencias sociales, de la mano de un marco económico-político  que lo promueve para beneficiarse de él.

José Bellver (JB): ¿Podrías recordar los principales rasgos de este modelo basado en lo que más de una vez has denominado “la cultura del pelotazo”?

José Manuel Naredo (JMN): Recordemos sumariamente cómo se gestó el actual modelo inmobiliario. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, el alquiler fue el régimen de tenencia de la vivienda mayoritario en nuestro país. El Censo de Edificios y Viviendas de 1950 muestra que más de la mitad del stock de viviendas se habitaba entonces en régimen de alquiler y este porcentaje alcanzaba cerca del 90 % en las grandes ciudades (Madrid 94%, Barcelona 95%, Sevilla 90%, Bilbao 88 %…). Pero esta situación se invirtió mediante políticas en favor de la vivienda en propiedad diseñadas durante el franquismo y proseguidas, con un continuismo digno de mejor causa, durante la democracia, hasta conseguir que culminara la propiedad como el régimen de tenencia mayoritario que ha caracterizado el país en los últimos tiempos. Fue el primer ministro franquista de la vivienda, José Luís de Arrese, nombrado en 1957, quien afirmó la voluntad de “hacer un país de propietarios, no de proletarios”, respaldando este empeño por supuestas exigencias de orden público, al estimar que “el hombre, cuando no tiene hogar, se apodera de la calle y, empujado por su mal humor, se hace subversivo, agrio, violento…”. Y para promover la vivienda en propiedad trató de “despertar” el afán de lucro de los constructores “tocando arrebato las campanas de la iniciativa privada para conseguir su colaboración” (Discurso de Arrese en las Cortes, presentando su Plan de Urgencia Social).

Las principales líneas de trabajo en las que se articularon las medidas que permitieron invertir la situación, dando lugar al actual modelo inmobiliario, son las siguientes.

• Por una parte, se decretó la congelación de los alquileres que, unida a la fuerte inflación de precios y a las sucesivas devaluaciones de la peseta registradas durante el franquismo, hizo cada vez menos atractivo el alquiler para los propietarios de los inmuebles, sentenciado al abandono, la ruina y la demolición  a  buena  parte  del stock inmobiliario, para rentabilizarlo después construyendo mayores volúmenes y vendiendo las viviendas resultantes.
• A la vez, se implantó un sistema de financiación hipotecaria operativo, que facilitó la compra a crédito de las viviendas, y una ley de propiedad horizontal, que permitió segregar en pisos la propiedad de los inmuebles y gestionarla por comunidades de propietarios.
• Por otra parte, se estableció un marco institucional que aseguró el desplazamiento del lucro del sistema inmobiliario desde el cobro de alquileres, hacia la realización de plusvalías mediante la reclasificación de terrenos. La importancia que cobró ese maná que caía del cielo en forma de plusvalías sobre los propietarios de terrenos por el mero hecho de hacerlos edificables, le hizo cobrar nombre propio en nuestro país, calificando popularmente de “pelotazo inmobiliario” esta forma de enriquecimiento jugoso y rápido, que dependía de tener las informaciones y contactos adecuados para asegurar la reclasificación de determinados terrenos. Denominación que no encuentra una expresión similar en las lenguas de los países situados al norte de los Pirineos, lo que resalta la peculiaridad del modelo inmobiliario español.

Podríamos poner múltiples ejemplos de “pelotazos inmobiliarios” realizados durante el franquismo que historian la evolución de nuestras ciudades. En Madrid barrios enteros invadieron con edificaciones las “cuñas” y “cinturones verdes” previstos en el Plan de Ordenación Urbana de la postguerra, facilitando buenos “pelotazos urbanísticos” a los promotores bien relacionados con el régimen franquista. Pero lo curioso es que esas operaciones urbanísticas que se hacían fuera del planeamiento y que eran calificadas de “escándalos” durante el franquismo, siguieron proliferando alegremente durante la democracia, con la diferencia de que ahora se presentan como exponentes de buen hacer político y empresarial. Así, al igual que en otras ciudades, el skyline de Madrid vino marcado por operaciones urbanísticas realizadas fuera del planeamiento que van desde la Torre de Valencia o la Torre Picasso, hasta las Torres KIO y las Torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, que quedarán eclipsadas por las de la Operación Chamartín, si alguna vez llega a realizarse. Y es que hay dos tesis doctorales en la ETS de Arquitectura de Madrid que demuestran que el tejido de la urbe no lo hizo el planeamiento, sino que se configuró a golpe de “operaciones inmobiliarias” ajenas al mismo, en buena parte agrupadas en torno a los grandes ejes del viario.  Se obtuvieron así enormes plusvalías cuya importancia estimé en algunos de mis trabajos, confirmando que, como dijo un ministro, España es un país en el que “es fácil hacerse rico”, claro, siempre y cuando se disponga de la información y los contactos adecuados.

Se fue así configurando un modelo inmobiliario –analizado en mi libro El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano (Icaria, 2011)– en el que la construcción ha sido la colaboradora necesaria del “pelotazo inmobiliario”. Un modelo que prioriza la vivienda como inversión, no como bien de uso. Un modelo que, en vez de atender a la demografía y a las necesidades de vivienda, se mueve a golpe de burbujas especulativas que generan patologías de crecimiento en la reclasificación de suelos y construcción de viviendas que rebasan con mucho unas necesidades que, para colmo, quedan en buena medida insatisfechas al rebasar los precios la capacidad de pago y endeudamiento de muchos necesitados y al haberse ido liquidando el stock de vivienda social generado durante el franquismo.

Un modelo que prioriza la vivienda como inversión, no como bien de uso. Un modelo que, en vez de atender a la demografía y a las necesidades de vivienda, se mueve a golpe de burbujas especulativas que generan patologías de crecimiento en la reclasificación de suelos y construcción de viviendas que rebasan con mucho las necesidades.

Este modelo se superpone por encima de las legislaciones autonómicas del suelo y la vivienda, aunque se observen algunas diferencias de comportamiento que hacen que, aunque en todas partes cuezan habas, en unas la cuezan mucho más que en otras. Diferencias que van, por ejemplo, desde la Comunidad Valenciana, que vivió a tope la pasada burbuja inmobiliaria, hasta el País Vasco, que lo hizo con mayor moderación, al contar con un urbanismo más regulado y con más vivienda social y en alquiler.

JB: ¿Puedes explicar cómo se entrelaza esto con la política en nuestro país, y particularmente con los fenómenos de corrupción que brotan con frecuencia?

JMN: La relación de este modelo inmobiliario con la corrupción es clara: como los políticos locales y regionales tienen la llave de las reclasificaciones de terrenos –que en este modelo son la clave del negocio inmobiliario– y los promotores buscan tratos de favor, se genera un caldo de cultivo muy propicio para que la corrupción prospere, al incentivar el reparto entre ambos del maná de las plusvalías.

A ello contribuyó el hecho de  que  el  clientelismo  político  franquista mudara en el actual clientelismo de los partidos políticos, así como la existencia de un marco  institucional  que  lo  fomenta.  Por ejemplo, el hecho de que sean los partidos políticos mayoritarios los que nombran las instancias reguladoras de la judicatura, de las  actividades  comerciales,  financieras, etc.,  contribuye  a  ello.  Como  también  la insuficiencia presupuestaria de los ayuntamientos, que los empuja a buscarse la vida nutriéndose  de  las  plusvalías  fruto  de  la reclasificación de terrenos y de otras figuras recaudatorias  asociadas  a  la  expansión urbano-constructiva, favoreciendo la connivencia entre políticos y promotores.

Aunque  estas  relaciones desembocan con frecuencia en ilegalidades y delitos, la legislación acomodaticia que se ha venido generando hace que puedan mantenerse dentro de la legalidad. Por ejemplo, al disponer Lanzarote de un Plan Insular de Ordenación del Territorio que regulaba el quehacer de los ayuntamientos, el caciquismo clientelar isleño optó por la ilegalidad: la indisciplina urbanística de ayuntamientos y promotores, que siguieron concediendo licencias y construyendo al margen de las limitaciones establecidas en el Plan Insular, sumó los dos millones de metros cuadrados de licencias municipales concedidas irregularmente, que han sido declaradas ilegales por los tribunales con sentencias firmes, es decir, sin posibilidad de apelación. Sin embargo, las ilegalidades vividas en Lanzarote, podrían ser legales en la Comunidad de Valencia, cuya ley del suelo otorga con nombre propio al “agente urbanizador” competencias de intervención sobre el territorio que estaban condicionadas en Lanzarote.

De todas maneras, aun disponiendo de una legislación acomodaticia, los delitos asociados al urbanismo valenciano se han extendido también como un reguero de pólvora, culminando con el proceso y la condena del exalcalde de Benidorm y expresidente de la Comunidad, Eduardo Zaplana, en el llamado Caso Eriales (Véase F. Arabi, Ciudadano Zaplana. La construcción de un régimen corrupto, Foca, Madrid, 2019) o también en los otros muchos casos judicializados que se asocian a la modalidad del “pelotazo urbanístico” en la Taxonomía del lucro (Siglo XXI, 2019). Creo que la sensación de impunidad que ha venido sintiendo la cúspide del caciquismo clientelar político y empresarial imperante en nuestro país, es la que ha impulsado a transgredir alegremente la frontera de la ilegalidad en el rosario de casos de corrupción que han aflorado en los tribunales y en la prensa.

La sensación de impunidad que ha venido sintiendo la cúspide del caciquismo clientelar político y empresarial imperante en nuestro país, es la que ha impulsado a transgredir alegremente la frontera de la ilegalidad en el rosario de casos de corrupción que han aflorado en los tribunales y en la prensa.

JB: ¿Y cuáles son los mecanismos que llevan a que hoy sigamos gritando en las calles aquello de “casas sin gente, gente sin casa” o que básicamente por los precios inasumibles de alquiler no haya quien viva en los barrios céntricos de las principales ciudades? De hecho, hay quien habla de una nueva burbuja inmobiliaria, ¿es realmente el caso?

JMN: Ya hemos visto que el sistema inmobiliario que se implantó prioriza la vivienda como inversión, no como bien de uso, con lo que sería pedir peras a olmo, pensar que ese sistema puede colmar por sí mismo las necesidades de vivienda de quienes no pueden comprarlas. Sobre todo cuando los precios de la vivienda han crecido a largo plazo mucho más que los salarios, cuando abundan el paro y los trabajos eventuales y precarios y cuando, para colmo, se fue liquidando sin pena ni gloria el notable stock de vivienda social –pública y privada, no solo para personas necesitadas, sino para funcionarios y militares, para empleados bancarios, industriales… o ferroviarios– que se había construido durante el franquismo, lo que hizo que España sea hoy colista europea en vivienda social.

Se plantea así la paradoja de que, mientras los afanes de lucro especulativo hicieron, que en los años centrales del pasado boom inmobiliario, se construyeran más viviendas que en Francia y Alemania juntas (que tienen tres veces más población y el doble de territorio), hubiera cada vez más necesidades de vivienda insatisfechas (a la vez que abundaban las viviendas secundarias y desocupadas).

Para comprender lo que está pasando, hay que darse cuenta que ha colapsado el modelo inmobiliario vigente, que proponía la compra como la forma idónea de acceder a la vivienda.  Este colapso –que normalmente se silencia– lo atestigua el hecho de que, tras el pinchazo de la burbuja, el crédito a las personas físicas para compra de vivienda, no solo no ha repuntado, sino que sigue cayendo, como constato en el artículo reciente sobre el panorama inmobiliario actual (publicado en el nº 145 de esta misma revista) y como confirman los últimos datos disponibles.

A ello contribuye tanto el empeño de la banca de reducir su exposición al ladrillo, como sobre todo la precariedad y escasa retribución del trabajo de la mayoría de los nuevos demandantes de vivienda –jóvenes e inmigrantes– que les incapacita para afrontar deudas a largo plazo, obligándolos a alquilar.

El aumento de los precios de alquiler en las zonas más demandadas es fruto de esta nueva canalización de la demanda que presiona con inusitada fuerza sobre el estrecho mercado del alquiler, compitiendo además en muchos casos con los alquileres turísticos, ahora publicitados y gestionados más eficazmente por nuevas redes y portales informáticos.

Por otra parte, el potente intervencionismo del Estado en sus operaciones de salvamento y publificación de las entidades financieras en bancarrota y la compra de los descartes inmobiliarios de la banca por la SAREB –la agencia liquidadora estatal mal llamada “banco malo”– ha agravado, en vez de paliar, las penurias asociadas a la falta de viviendas asequibles para buena parte de la población.

En efecto, como apuntaba en el artículo antes citado, «los popularmente llamados “fondos buitre” han venido buscando, con la ayuda de ojeadores autóctonos, buenos solomillos a comprar entre los despojos inmobiliarios que ha dejado la crisis.

Episodios como el de la compra, por fondos privados, de vivienda social a precio de saldo en Madrid, ocurrido bajo la alcaldía de Ana Botella, que afloró de la mano del Tribunal de Cuentas, han venido  proliferando  en  la  sombra.  ¿Qué está pasando con los cientos de miles de viviendas que han ido a parar a entidades públicas, como son hoy las cajas de ahorro salvadas y publificadas o la SAREB o “banco malo”? Fondos como Blackstone, con entidades como Aliseda, S. Testa y Fidere, han venido comprando decenas de miles de viviendas de bancos y cajas. Las estadísticas tributarias visibilizan cerca de dos millones de viviendas propiedad de personas  jurídicas.  Según  mis  cálculos,  las diez primeras entidades propietarias disponen de cerca de 300.000 viviendas […]». No cabe ahora entrar en detalles sobre este panorama oscuro y lamentable, en el que un colectivo de empresas y personas viven e incluso se forran gracias al manejo de los despojos inmobiliarios…y entre los “ojeadores autóctonos” figuran personas bien conocidas y relacionadas que participan del festín, como se detalla en un libro reciente de Manuel Gabarre (Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida de los alquileres, Traficantes de sueños, Madrid, 2019).

Añadiré solo que buena parte de las grandes empresas que participan en este negocio se han reconvertido en SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) para no pagar impuestos, reventando el carácter social que debería de impregnar este tipo de entidades y acentuando notablemente su concentración (las estadísticas tributaias muestran que en 2016 el 10% de las SOCIMIs poseían el 76% del capital).

El aumento de los precios de alquiler en las zonas más demandadas es fruto de esta nueva canalización de la demanda que presiona con inusitada fuerza sobre el estrecho mercado del alquiler, compitiendo además en muchos casos con los alquileres turísticos, ahora publicitados y gestionados más eficazmente por nuevas redes y portales informáticos.

Se plantea así una sangrante paradoja: mientras el artículo 47 de la Constitución española encomienda a los gobiernos «promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una la vivienda digna», nuestros sucesivos gobiernos han venido incumpliendo este mandato, para facilitar el negocio de unos pocos malversando el enorme stock de viviendas en manos de las cajas de ahorro publificadas y la SAREB.

Como decía en mi artículo antes citado, «creo que merecería la pena arrojar algo de luz sobre este panorama oscuro y orientarlo con políticas que alivien los costes económicos y sociales de la reconversión inmobiliaria en curso».

Respecto a la pregunta que me haces sobre si el repunte más moderado que acusan los precios de compra de la vivienda refleja el inicio de una nueva burbuja comparable a la anterior, te diré que no, sobre todo porque falta la financiación necesaria para inflarla. Pues si se entiende por burbuja el aumento especulativo de los precios de un activo alimentado por compras cada vez apalancadas por créditos, porque se piensa que los precios van a subir, y suben porque se compra, desde luego una burbuja especulativa no puede ir muy lejos cuando, como hemos indicado, el volumen de crédito concedido a la compra de vivienda sigue disminuyendo, al igual que a la promoción y construcción de viviendas.

el artículo 47 de la Constitución española encomienda a los gobiernos «promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una la vivienda digna», nuestros sucesivos gobiernos han venido incumpliendo este mandato, para facilitar el negocio de unos pocos malversando el enorme stock de viviendas en manos de las cajas de ahorro publificadas y la SAREB.

Y es que, si la burbuja anterior devoró el ahorro del país, haciendo que la ratio crédito hipotecario/PIB pasara de estar por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno, a situarse por encima de todos ellos, ahora todavía toca desendeudarse. Además, la burbuja anterior alcanzó una intensidad y una  duración  tan  extremas  porque  contó con circunstancias de partida irrepetibles: el relativamente escaso endeudamiento inicial de los hogares, la entrada en el euro, que posibilitó el endeudamiento exterior sin tasa, la caída del tipo de interés, el alargamiento de los plazos…

En mi artículo antes citado se explica quiénes son los “nuevos inversores” que han venido motivando, con escaso recurso al crédito, los repuntes de operaciones y precios de la vivienda en las zonas más valoradas de las grandes aglomeraciones o de la costa. Por una parte, está el perfil compuesto por corporaciones transnacionales deseosas de invertir en ladrillo la abundante liquidez que se generó a nivel internacional para paliar los efectos de la crisis, que hizo que la inversión extranjera en inmuebles cobrara una fuerza inusual en el mercado inmobiliario español, explicando en buena medida el repunte de las operaciones y los precios antes mencionada. Por otra, existe un segundo perfil de “nuevos inversores” inmobiliarios autóctonos compuesto por personas y entidades sobradas de liquidez dispuestas a invertir en inmuebles, como mal menor frente a los riesgos y la baja rentabilidad que ofrecían las otras opciones de inversión (según mis cálculos, el mayor repunte de los alquileres hizo que la inversión en vivienda alcanzara rentabilidades medias que superan el 5%).

La aparición de los “nuevos inversores” ha venido facilitando, así, la desinversión inmobiliaria de los hogares y empresas más necesitadas de liquidez, que está pasando de forma opaca y desregulada por la banca y la SAREB, así como el desplazamiento del modelo inmobiliario hacia el alquiler.

Se trata de un ajuste post burbuja que en cualquier caso tendría que producirse, pero postulaba que ambos procesos deberían de gestionarse con políticas orientadas a minimizar el daño económico y social ocasionado por la crisis del modelo inmobiliario español a la que estamos asistiendo, cosa que como hemos visto no ocurre. En fin, que no hay que confundir el ajuste que se está produciendo con una nueva burbuja comparable a la anterior, por mucho que las operaciones y los precios se animen por la presencia de los “nuevos inversores”.

JB: En tus publicaciones has trabajado mucho también cómo el modelo inmobiliario español es destructivo en términos ecológicos, lo cual entiendo que guarda una fuerte relación con aquello del modelo urbano difuso y también con el tipo de edificación. ¿Cómo se relaciona esto a su vez con cuestiones como la salud de las personas, el cambio climático o la pobreza energética?

JMN: El deterioro ecológico asociado al actual modelo inmobiliario viene ocasionado por el metabolismo constructivo-destructivo que lo sirve y por su incidencia territorial. El actual modelo inmobiliario, al rentabilizarse por plusvalías derivadas de la reclasificación de suelos, genera formas de ocupación del territorio y de configuración del medio urbano que resulta ecológicamente muy degradantes.

Desde hace tiempo vengo señalando que las reglas del juego económico habitual, guiado por la brújula del lucro, promueven modelos territoriales, urbanos y constructivos específicos, salvo que existan barreras mentales e institucionales que lo impidan. Cuando estas barreras se diluyen dejando que los afanes especulativos ordenen y construyan a su antojo la ciudad y el territorio, se observan dos fenómenos solidarios.

En primer lugar, tienden a desatarse patologías de crecimiento que fuerzan la expansión de los procesos de urbanización y  sus  servidumbres  territoriales  a  ritmos muy superiores a los del crecimiento de la población y de su renta disponible. Como la construcción de inmuebles e infraestructuras es la colaboradora necesaria del “pelotazo inmobiliario”, se han generado patologías de crecimiento que multiplican la reclasificación de suelos y la construcción muy por encima del crecimiento de la población y de las necesidades de primera vivienda, dejando para colmo, como hemos visto, necesidades insatisfechas. Así, el llamado tsunami inmobiliario ocasionado durante la pasada burbuja especulativa dejó de ser una simple metáfora para cobrar fuertes visos de realidad. En los años centrales del boom llegaron a caer sobre el territorio hispano más de una tonelada de cemento por hectárea de superficie geográfica, a la que habría que añadir la arena, la grava… y los materiales de construcción. La materialidad de la construcción ha sido enorme, doblando la de países como Francia que tienen más población y territorio. Y como es sabido esa materialidad conlleva fuertes exigencias en agua, energía y materiales e incidencias contaminantes globales y locales que no cabe precisar aquí.

En segundo lugar estos procesos se ajustan implícitamente a los siguientes modelos de orden territorial, urbano y constructivo:

1º) se impone un modelo territorial que polariza el espacio en núcleos atractores de población, capitales y recursos, y áreas de abastecimiento y vertido, con sus redes y servidumbres;

2º) se impone el modelo urbano de la conurbación difusa (urban sprawl) que separa y expande por el territorio las distintas piezas de la ciudad, requiriendo potentes infraestructuras de transporte para conectarlas y asegurar su funcionamiento;

3º) se impone un único modelo constructivo: el que acostumbro a denominar estilo universal, que separa las partes del edificio, empezando por la estructura, convertida en un esqueleto de vigas y pilares, para abordar después la cubierta, el cerramiento… y la climatización, haciendo abstracción de la historia y de las condiciones y los materiales del entorno.

El actual modelo inmobiliario, al rentabilizarse por plusvalías derivadas de la reclasificación de suelos, genera formas de ocupación del territorio y de configuración del medio urbano que resulta ecológicamente muy degradantes.

La expansión urbana apoyada en estos modelos requiere consumos de territorio y de recursos muy superiores a los que demandaba la arquitectura vernácula y la ciudad clásica o histórica, que inducen a considerar a la especie humana como una especie de patología terrestre. Desde hace tiempo he venido apreciando una fuerte analogía entre la patológica incidencia de la especie humana en el territorio y la que tienen los procesos cancerígenos en los organismos, cuyas características son las siguientes:

1. Crecimiento rápido e incontrolado.
2. Indiferenciación de las células malignas.
3. Metástasis en diferentes lugares.
4. Invasión y destrucción de los tejidos adyacentes.

Las reglas del juego económico dominantes desatan, en primer lugar, el “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización, movido por afanes de posesión y lucro ilimitados, provocando “burbujas” especulativas que solo el estrangulamiento financiero acaba desinflando. La “indiferenciación de las células malignas” ofrece clara similitud con el predominio de un único modelo constructivo: el que hemos denominado “estilo universal”, que dota a los edificios de un esqueleto de vigas y pilares (de hierro y hormigón) independiente de los muros, por contraposición a la arquitectura vernácula, que construía los edificios como un todo indisoluble adaptado a las condiciones del entorno y utilizando los materiales de éste.

A la vez que la aparición de “metástasis en diferentes lugares” encaja como anillo al dedo con la naturaleza del nuevo modelo de urbanización: el de la “conurbación difusa”, que separa las distintas funciones y piezas de la ciudad, por contraposición a la “ciudad clásica” o “histórica”, más compacta y diversa. Pero aquí ya no son los canales linfáticos del organismo enfermo los que permiten la extensión de las metástasis, sino el viario y las redes que el propio sistema construye a propósito, para posibilitar su difusión hasta lugares antes recónditos.

En lo que concierne a la “invasión y destrucción de los tejidos adyacentes”, las tendencias indicadas no ayudan a mejorar los asentamientos y edificios anteriores, sino que, en ausencia de frenos institucionales que lo impidan, los engullen y destruyen, para levantar sobre sus ruinas los nuevos e indiferenciados modelos urbano-constructivos. Además de la súper destrucción operada sobre el patrimonio inmobiliario preexistente, las expectativas de urbanización contribuyen a desorganizar los sistemas agrarios próximos y las demandas en recursos y residuos que plantea el nuevo modelo de urbanización, extienden la “huella” de deterioro ecológico hacia puntos cada vez más alejados.

Las reglas del juego económico dominantes desatan, en primer lugar, el “crecimiento rápido e incontrolado” de la urbanización, movido por afanes de posesión y lucro ilimitados, provocando “burbujas” especulativas que solo el estrangulamiento financiero acaba desinflando.

El resultado conjunto de estas tendencias es la creciente exigencia en recursos naturales y territorio, que acentúan las servidumbres indirectas que tal modelo comporta, unidas a la evolución simplificadora y esquilmante de los propios sistemas agrario-extractivos. La superdestrucción de los “espacios naturales” y de los propios sistemas agrarios ocasionada por el  actual modelo inmobiliario se produce por tres vías: una, por la querencia a ocupar los suelos ecológica y agronómicamente más valorados, con especial incidencia sobre vegas y regadíos, otra por la ruptura del territorio que ocasionan las crecientes exigencias de viario y una tercera al promover expectativas que inducen al abandono de las actividades agrarias para generar un amplio espacio periurbano degradado que he venido denominando “barbecho urbano” (por ejemplo, entre 1980 y 2005, pudimos comprobar por fotointerpretación que en la Comunidad de Madrid se generaron 40.000 hectáreas de suelo periurbano degradado, como mostrábamos en el Estudio sobre la ocupación del suelo por usos urbano-industriales, aplicado a la Comunidad de Madrid (1956-1980-2005), publicado en 2008 y del que fuimos coordinadores Ricardo García Zaldívar y yo).

Los procesos indicados acaban produciendo un cambio de fase en el modelo territorial que denota la extensión de la dolencia descrita, especialmente perceptible en los territorios insulares y en las zonas más densamente pobladas: se pasa de un mar de ruralidad o naturaleza poco intervenida con algunos islotes urbanos unidos por un viario tenue y poco frecuentado, hacia un mar metropolitano con un potente viario, redes y servidumbres que segregan enclaves de campo o naturaleza cada vez más fragmentados y deteriorados, que tardía- mente se tratan de proteger de la patología en curso. El caso español constituye un buen ejemplo de la expansión de las patologías urbano-territoriales descritas, con especial incidencia sobre los territorios metropolitanos y costeros e insulares, más espoleados por el turismo y la segunda residencia.

JB: ¿Cómo puede modificarse esta dinámica? ¿Cuáles habrían de ser las claves para un planteamiento diferente en términos regulatorios?

JMN: Tener buen conocimiento de nuestros males es condición necesaria para poder curarlos o al menos paliarlos y, por ende, darnos cuenta de que el diagnóstico del presente condiciona la imaginación del futuro y las posibilidades de cambio. Así que lo primero es hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando, en vez de confundir a la gente manejando datos sesgados o expresamente adulterados, como ha venido ocurriendo, primero, para hacer creer que no había burbuja especulativa, luego que habría un aterrizaje suave… y ahora que ya la situación repunta y que podemos volver a las andadas como si nada hubiera pasado, con lo que no hacen faltan cambios, olvidando la cadena de salvamentos, compras y avales practicados con dinero o respaldo público y los ajustes y las reconversiones en curso que se están produciendo.

En primer lugar, un buen diagnóstico de los problemas post-burbuja pasa por tomar conciencia de que se ha desplazado el problema, desde la antigua escasez de suelo urbanizable, infraestructuras y viviendas, hacia el exceso e infrautilización de los mismos, unido a un excesivo endeudamiento y/o falta de liquidez de hogares y empresas y a la agobiante presencia de necesidades insatisfechas.

En segundo lugar, hemos de subrayar que, como ya hemos apuntado, asistimos a un ajuste post-burbuja en el que se acusa la desinversión inmobiliaria de los hogares y empresas más necesitados de liquidez en favor de “nuevos inversores” a través de la banca y la SAREB y que este ajuste va acompañado de un desplazamiento hacia el alquiler. Insistimos en que no es de recibo que, pese a la potente intervención pública, esta reconversión se esté produciendo de forma opaca y discrecional para favorecer el negocio de algunas minorías bien relacionadas. Esta reconversión debería ser transparente y dirigida a paliar los daños sociales y económicos de la crisis, orientándose a diversificar el panorama inmobiliario y financiero, dando entrada a entidades mayoristas de alquiler, condicionada a dar un uso a la vez social y lucrativo al stock infrautilizado en manos de personas y entidades con problemas de liquidez o impago paliando así necesidades insatisfechas. Pero hemos de darnos cuenta que el principal obstáculo para que tal reconversión se produzca es el actual modelo inmobiliario.

Así, en tercer lugar, es obligado tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario-financiero agotado y corrupto que no resuelve los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. Y que la reforma del modelo inmobiliario- financiero es tarea urgente que contribuiría al saneamiento económico y político del país homologándolo hacia patrones europeos… pero ello exige un verdadero pacto de Estado a consensuar por el grueso de las fuerzas políticas, pacto que debería suscribir cualquiera que no tenga intereses mezquinos e inconfesables asociados a ese modelo.

Y, como no cabe detallar aquí las políticas e instrumentos, valga decir que habría que tomar conciencia de que las soluciones para favorecer el saneamiento económico y político, la habitabilidad y el uso eficiente del patrimonio inmobiliario contenidas en la reconversión del modelo exigen empujar el marco institucional y cultural hacia las antípodas de los correspondientes al modelo inmobiliario actual: desde la vivienda como inversión hacia la vivienda como bien de uso; desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas; desde la construcción nueva hacia la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio ya construido; desde la vivienda libre y en propiedad, hacia el alquiler y la vivienda social; desde la insuficiencia presupuestaria de los ayuntamientos y la vinculación de sus ingresos a figuras recaudatorias relacionadas con la reclasificación de suelos y el crecimiento urbano, hacia la suficiencia con ingresos apoyados en figuras ajenas a ese crecimiento (véase algunos de los artículos sobre financiación local escritos en esta misma revista (uno propio en el número 129 y otro escrito por Bernardino Sanz y David Bustos en el número 130); desde la corrupción hacia el saneamiento político; desde la opacidad hacia la transparencia; desde el despotismo hacia la implicación y la participación ciudadana…

Tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario-financiero agotado y corrupto que no resuelve los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. Y que la reforma del modelo inmobiliario- financiero es tarea urgente que contribuiría al saneamiento económico y político del país homologándolo hacia patrones europeos… pero ello exige un verdadero pacto de Estado a consensuar por el grueso de las fuerzas políticas, pacto que debería suscribir cualquiera que no tenga intereses mezquinos e inconfesables asociados a ese modelo.

En resumidas cuentas, que ya va siendo hora de que todo el mundo reconozca:

1º. El agotamiento del modelo inmobiliario-financiero actual, que no sirve para paliar la presente crisis y que sigue animando expectativas vanas y prácticas corruptas.

2º. La necesidad de reconvertirlo, no solo hacia horizontes políticos, territoriales y urbanos más saludables para la mayoría, sino que faciliten también la desinversión inmobiliaria y el desapalancamiento  financiero  requeridos  (y  para ello, lección 1ª: reconocer las minusvalías, en vez de ocultarlas, al tener aversión a la baja los índices de tasación y valoración tributaria generalmente utilizados).

3º. Que esta reconversión no exige tanto construcción nueva como gestión-rehabilitación-reutilización del patrimonio inmobiliario sobredimensionado para asegurar su uso eficiente, frente al actual horizonte de abandono y ruina (y para ello, lección 1ª: aclarar estado del stock inmobiliario y de las necesidades, en vez de soslayarlos, para conectarlos recurriendo para ello a políticas territoriales, urbanas y sociales apoyadas con todo el instrumental y los medios disponibles).

4º. Y sin esa reconversión y con el oscurantismo actual (que se mantiene para facilitar y encubrir buenos negocios asociados al manejo discrecional de los despojos inmobiliarios post-burbuja) se prolongará y hará más dura la crisis económica y social.

José Bellver Soroa es miembro del Área Ecosocial de FUHEM.

Puedes descargar el artículo a texto completo en formato pdf: Entrevista a José Manuel Naredo sobre el panorama inmobiliario y habitacional en España

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Entrevista a Mar Nuñez, por Olga Abasolo, 2013.

Entrevista a Daouda Thiam. Con testimonio de Sini Sarry, por Nuria del Viso, 2013.

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal, 2013.

Entrevista a Endika Zulueta, por Equipo FUHEM Ecosocial, 2013.

Entrevista a Sabino Ormazabal, por José Luis Fernández Casadevante, 2013.

Entrevista a Susan George, por Nuria del Viso, 2013.

Entrevista a Jorge Riechmann, por Salvador López Arnal, 2012.

Entrevista a Antonio Turiel, por Santiago Álvarez Cantalapiedra, 2012.

Entrevista a Raúl Zibechi, por José Luis Fernández Casadevante, 2012.

Entrevista a Carlo Petrini, por Monica Di Donato, 2012.

Entrevista a Rafael Feito, por Santiago Álvarez Cantalapiedra, 2012.

Entrevista a Eduardo Gudynas, por Nuria del Viso, 2012.

Entrevista a Mbuyi Kabunda, por Nuria del Viso, 2012.

Entrevista a Rafael Poch-de-Feliu, por Salvador López Arnal, 2012.

Entrevista a Carlos Martín Beristain, por Nuria del Viso, 2012.

Entrevista a Chatherine W. de Wenden, por Antonio Izquierdo, 2012.

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal, 2012.

Entrevista a Saturnino «Jun» Borras, por Nuria del Viso, 2011.

Entrevista a Harald Welzer, por Nuria del Viso, 2011.

Entrevista a Loretta Napoleoni, por Nuria del Viso, 2011.

Entrevista a Bonnie Campbell, por Nuria del Viso, 2011.

Entrevista a Samuel Ruiz, por Cristina Ávila-Zesatti, 2011.

Entrevista a Danielle Nierenberg, por Monica Di Donato, 2011.

Entrevista a Antonio Ruiz de Elvira, por Monica Di Donato, 2011.

Entrevista a Karen Marón, por Santiago Álvarez Cantalapiedra, 2011.

Entrevista a Víctor M. Toledo, por Monica Di Donato, 2010.

Entrevista a Narciso Barrera-Bassols, por Monica Di Donato, 2010.

Entrevista a Juan Carlos Gimeno, por Monica Di Donato, 2010.

Entrevista a Juan Gutiérrez, por Amador Fernández-Savater, 2010.

Entrevista a Pepe Beunza, por José Luis Fernández Casadevante y Alfredo Ramos, 2010.

Entrevista a Emilio Lledó, por Olga Abasolo, 2010.

Entrevista a Juan Andrade, por Salvador López Arnal, 2010.

Entrevista a Miguel Manzanera Salavert, por Salvador López Arnal, 2010.

Entrevista a Eduard Rodríguez Farré, por Salvador López Arnal, 2010.

Entrevista a Silvia L. Gil, por Salvador López Arnal, 2010.

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias, por Salvador López Arnal, 2010.

Entrevista a Pablo de Greiff, por José Luis F. Casadevante y Alfredo Ramos, 2010.

Entrevista a Serge Latouche, por Monica Di Donato, 2009.

Entrevista a Alberto Acosta, por Matthieu Le Quang, 2009.

Entrevista a Gerardo Pisarello, por Salvador López Arnal, 2009.

Entrevista a José Luis Gordillo, por Salvador López Arnal 2009.

Entrevista a Francisco Fernández Buey, por Nuria del Viso, 2009.

Entrevista a Paul Nicholson, por Nuria del Viso, 2009.

Entrevista a Alfredo Embid, por Salvador López Arnal, 2009.

Entrevista a Miquel Porta Serra, por Salvador López Arnal, 2009.

Entrevista a Rafael Feito, por Salvador López Arnal, 2009.

Entrevista a Ignacio Perrotini Hernández, por Salvador López Arnal, 2009.

Entrevista a Joan Martínez Alier, por Monica Di Donato, 2009.

Entrevista a Federico Aguilera Klink, por Salvador López Arnal, 2008.

Entrevista a Sergio Ulgiati, por Monica Di Donato, 2008.

Entrevista a Arcadi Oliveres, por Nuria del Viso, 2008.

Entrevista a Ramón Fernández Durán, por Nuria del Viso, 2008.

Entrevista a Antonio Elizalde, por Nuria del Viso, 2008.

Entrevista a Jorge Riechmann, por Nuria del Viso, 2008.

Entrevista a Rodolfo Stavenhagen, por Nieves Zúñiga, 2008.

Entrevista a Saskia Sassen, por Nieves Zúñiga, 2007.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

El acceso a la vivienda constituye un derecho fundamental. Está reflejado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 25 reconoce el derecho de toda persona a disfrutar de la adecuada provisión de bienes y servicios que garanticen su salud y bienestar.

Entre esos bienes y servicios esenciales se encuentra la vivienda, ya que la satisfacción de las necesidades humanas asociadas a ese bien primario resulta crucial en relación con una vida buena y el avance del bienestar en una sociedad. De ahí que la mayoría de las constituciones, además de enunciar el reconocimiento de este derecho, hablen también de la obligación de los poderes públicos de promover su adecuada materialización.

La Constitución española señala en el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

En consecuencia, cuando tal reconocimiento no venga acompañado de los mecanismos capaces de subvenir dicha necesidad, nos deberíamos preguntar acerca de si la naturaleza del orden social resulta conforme al espíritu y letra constitucional.

En España existe un problema serio de cobertura de las necesidades relacionadas con la vivienda. No se debe a que nuestro parque residencial sea reducido. Cruzando los datos de creación de hogares y aumento de la oferta de vivienda, se puede concluir que no es un problema de escasez. Solo en zonas muy concretas –grandes ciudades y algunos municipios del litoral donde se concentran la mayoría de las oportunidades laborales– el stock existente resulta insuficiente frente a las variables demográficas de población y creación de nuevos hogares. El auténtico problema de la vivienda en España tiene que ver con las dificultades de acceso a la misma y las condiciones en que se encuentran esas viviendas.

El acceso a la vivienda en España

Las dificultades para acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, marcan las condiciones de vida de una parte significativa de la población, especialmente la más joven. Dado que el sistema de provisión de vivienda está en manos del mercado inmobiliario y de las grandes promotoras privadas, las posibilidades de disfrute de una casa dependen fundamentalmente de la proporción entre los ingresos disponibles y la evolución de los precios. Cuando la evolución de estas variables diverge, el esfuerzo para comprar una vivienda o acceder a ella en régimen de alquiler se altera sustancialmente. Para una persona asalariada los ingresos disponibles se encuentran sometidos a los avatares del mercado de trabajo, mientras que los precios de la vivienda dependen de un sector inmobiliario que funciona como un mercado financiero sometido a los consabidos ciclones especulativos.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Aunque los indicadores relativos al esfuerzo para la compra de una vivienda han mejorado ligeramente tras el estallido de la burbuja financiera-inmobiliaria, la realidad es que esta evolución no ha afectado a toda la población por igual. La devaluación salarial y la precarización en las relaciones laborales han sido la norma entre jóvenes y clases populares; sin embargo, los cuadros ejecutivos y las clases medias altas han salido favorecidas por el despliegue del abanico salarial. Esto ha hecho que el incremento de las dificultades de acceso a la vivienda de las clases populares haya venido de la mano del aumento de las facilidades que logran en este mismo campo las clases más pudientes, lo que ha contribuido a tensionar los precios de la vivienda en las zonas que entran en el radar de estos sectores sociales con alto poder adquisitivo. Entre otras consecuencias, el esfuerzo de las familias con menos ingresos para acceder a una vivienda en alquiler no ha parado de aumentar en los últimos lustros. Tampoco los desahucios (primero por impago de hipotecas, luego por impago de alquiler) y los procesos de gentrificación y expulsión de los sectores populares de los barrios céntricos de las ciudades han cesado en ningún momento. Para las familias más modestas, adquirir una vivienda sigue siendo un sueño imposible de realizar.

 Las condiciones de la vivienda

El otro aspecto importante del problema de la vivienda en nuestro país tiene que ver con las condiciones de habitabilidad y localización. La Constitución y otras cartas de derechos fundamentales hablan de que la vivienda debe ser digna y adecuada. Una vivienda asequible en condiciones dignas es la que permite el desarrollo de una vida sin merma de oportunidades. Una vivienda en malas condiciones en un barrio o en una zona geográfica con pocos servicios reduce las oportunidades de lograr una mejor educación o un empleo, y esta desventaja se transmite entre generaciones favoreciendo la reproducción tanto de la desigualdad como de la pobreza. Combatir las viviendas precarias y dotar de servicios a las zonas urbanas periféricas y rurales degradadas resulta tan relevante como la lucha en favor de facilitar el acceso.

La urbanización acelerada y el modelo de negocio inmobiliario derivado de la “cultura del pelotazo” han dado lugar a que muchas construcciones padezcan problemas estructurales, baja calidad en los materiales empleados y deficiencias en cuanto a su diseño y confortabilidad. Una mala orientación, un insuficiente aislamiento, la existencia de humedades y goteras, la escasez de luz o una ventilación inadecuada, repercuten negativamente en el bien- estar y en la calidad de vida de los residentes. En muchos edificios se han descuidado los servicios y los espacios comunes. Las carencias de luminarias o la ausencia de ascensores y accesos adaptados a personas con movilidad reducida convierten los hogares en prisiones en las que sus miembros quedan atrapados. En el interior de la vivienda, las instalaciones sanitarias básicas (inodoro y bañera o ducha), así como la superficie útil, raramente se encuentran adaptadas a las necesidades de los ocupantes. Muchos hogares no disponen del número de habitaciones suficientes para garantizar la necesaria intimidad.

Una vivienda en malas condiciones en un barrio o en una zona geográfica con pocos servicios reduce las oportunidades de lograr una mejor educación o un empleo

Son problemas en los que se entrecruzan el estado físico de las viviendas con la condición socioeconómica de los residentes. El hacinamiento o el mantenimiento inadecuado de las casas son problemas asociados a la falta de ingresos y a la pobreza. Los grupos más vulnerables y las clases sociales más modestas padecen en mayor grado las malas condiciones de la vivienda y los inconvenientes de la falta de espacio. Además, ante un magro ingreso los gastos en los consumos corrientes de gas, electricidad o agua adquieren un peso desproporcionado en el presupuesto familiar que impide la satisfacción de otras necesidades domésticas. Los consumos energéticos requeridos por los hogares fosilistas de las sociedades modernas dejan fuera de los estándares de confort a buena parte de la población.

Las medidas necesarias

La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Su acceso debería estar garantizado a cualquier persona. Además de procurar el acceso a toda la población, deben estar en condiciones dignas para permitir el desarrollo de un proyecto vital sin merma de oportunidades, lo que implica que las viviendas se encuentren en buen estado, adaptadas a las necesidades de quienes las habitan y que existan servicios sociosanitarios, educativos y opciones laborales allí donde se localizan.

El modelo urbanizador e inmobiliario español no atiende a ninguna de esas exigencias en lo que respecta a las necesidades de las clases populares. Para estos sectores sociales no solo resulta desproporcionado el esfuerzo requerido para acceder en propiedad o alquiler a la vivienda, sino que a pesar del esfuerzo realizado se encuentran luego con que no suelen estar en las condiciones adecuadas que esperan. Situadas habitualmente en barriadas del extrarradio o en municipios satélites de las grandes ciudades, los equipamientos y las dotaciones de servicios suelen ir a la zaga del impulso urbanizador. Normalmente rodeadas, cuando no atravesadas, de autovías, circunvalaciones u otras infraestructuras viarias, nunca les llega el turno en los planes –siempre pensados para los centros urbanos– de creación de zonas de bajas emisiones o en las medidas para combatir el ruido.

La situación que atraviesa la vivienda en nuestro país reclama la combinación de medidas urgentes con planes de intervención a más largo plazo. En lo que se refiere a las primeras, es un logro de los movimientos sociales haber situado en el centro del debate el tema de la regulación de los precios de los alquileres. La ausencia de un parque suficiente de viviendas a precios asequibles es un hándicap que padece sobre todo la población más joven. El control de las subidas abusivas del precio del alquiler que evite trayectorias divergentes con la evolución de los ingresos, la obligación de renovación automática de los contratos de alquiler (salvo incumplimientos manifiestos por parte del arrendatario o porque el arrendador precise recuperar la vivienda por necesidades familiares) y la regulación de la limitación de los usos de la vivienda para que estas no pierdan su función residencial convirtiéndose en apartamentos turísticos de la mano de plataformas de alquiler vacacional del tipo Airbnb, son medidas de choque que pueden aliviar de forma inmediata un mercado extremadamente tensionado en los últimos años. No hay que olvidar que España es el país de la Unión Europea en el que el alquiler representa un porcentaje mayor en el presupuesto de los hogares.

La vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en la tarea de promover una vida buena. Su acceso debería estar garantizado a cualquier persona. Además de procurar el acceso a toda la población, deben estar en condiciones dignas para permitir el desarrollo de un proyecto vital sin merma de oportunidades

Pero no será suficiente si no se incrementa en el medio y largo plazo el parque de vivienda en alquiler a precios asequibles. Para ello se hace necesario un cambio de modelo inmobiliario y acertar con las políticas públicas que promueven el acceso a la vivienda. En relación con esto último, por ejemplo, las políticas de incentivos fiscales impulsadas desde las últimas décadas del siglo pasado hasta el 2013, año en que se eliminó la deducción fiscal por compra de vivienda, no solo beneficiaron principalmente a las clases medias y altas, sino que además restringieron considerablemente el mercado de alquiler. En la actualidad, la debilidad de las políticas públicas de vivienda en España es manifiesta.

Uno de los puntos ciegos más clamorosos es la falta de vivienda social en régimen de alquiler y la baja oferta de vivienda sin ánimo de lucro. El modelo inmobiliario español está infestado de agentes con una cultura empresarial poco menos que dudosa. A las empresas y promotores particulares se han unido en tiempos recientes fondos buitres y un inusitado apogeo de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMIS). Frente a ellas las iniciativas sociales, las cooperativas o las empresas municipales de vivienda desempeñan un papel marginal. Ante este panorama resulta impostergable que los poderes públicos se atrevan a regular los flujos de capital de las compañías gestoras de estos activos, así como los precios del suelo.

Este último es un bien inelástico, dado que no puede ser producido y se encuentra confinado en el territorio. Frente a él, sin embargo, la oferta de crédito es elástica y el capital inversor goza de una movilidad sin precedentes, provocando que el funcionamiento del sector se adecúe más al de los productos financieros que a un mercado de bienes ordinarios.

Un bien normal se regula según la llamada ley de la oferta y la demanda. Si el precio aumenta, entonces los productores aumentan la oferta y los compradores reducen su demanda, de manera que opera un mecanismo que tiende a frenar, primero, e invertir, después, esa alza del precio. No ocurre así con el suelo, que es un regalo de la naturaleza que no puede ser creado. Además, cuando el precio aumenta, lo que acontece –al igual que con cualquier otro activo financiero– no es un descenso de la demanda, sino más bien la llegada de nuevos compradores que ven en esa alza un incremento de la rentabilidad en forma de futuras plusvalías, con lo que se produce una dinámica especulativa de alza adicional de los precios que se alimenta a sí misma. Las finanzas generan así procesos que se dan de bruces con la satisfacción de una necesidad que reconocemos como un derecho.

La construcción de una alternativa a los mecanismos al uso en la provisión de las viviendas constituye así una pieza fundamental en la tarea de procurar bienestar a una sociedad.

El texto pertenece a la INTRODUCCIÓN del número 148 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global: Ciclón Inmobiliario.

Santiago Álvarez Cantalapiedra es director del área Ecosocial de FUHEM y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global,

Acceso al artículo a texto completo en formato pdf: La vivenda: entre el derecho y la especulación