El rapto de Europa es el título del número 171 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global , que explora la actual situación de Europa, o, mejor dicho, de la Unión Europea, evoca los principios fundadores y analiza los problemas que aquejan al experimento institucional de integración de naciones soberanas más original que se ha realizado hasta ahora.

Dentro de su sección A FONDO se incluye un texto de  Andreu Domingo, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona, titulado: «Cambio demográfico, políticas migratorias y discurso de la involución en la UE».¹

El artículo analiza los cambios demográficos ocurridos en Europa en las últimas décadas y se detiene a examinar las políticas migratorias de la UE, que contrastan con el envejecimiento de la población en el continente. El autor revisa los mitos antimigratorios en boga difundidos por la ultraderecha y su rápida aceptación en lo que el autor denomina «lepenización» de la ciudadanía.

Desde el último cuarto de siglo pasado, los distintos países que conforman la Unión Europea, con diferentes ritmos, intensidades y calendarios, están experimentando un cambio demográfico que, en el siglo XXI, ha culminado en la transformación de prácticamente la totalidad de ellos en «Sistemas complejos de reproducción demográfica». Se entienden como tal aquellos sistemas donde el saldo migratorio (la inmigración menos la emigración) ha desplazado al crecimiento vegetativo (los nacimientos menos las defunciones) como el principal componente del crecimiento de la población. El descenso continuado de la fecundidad –que de promedio en la UE se situaba en 1,45 hijos por mujer en 2022–, juntamente con el aumento de la longevidad –alcanzando de media los 77,1 años para los hombres y 83 para las mujeres–, han acelerado el envejecimiento de la estructura por edad de la población, cifrando en un 21,3% los ciudadanos mayores de 64 años, convirtiéndose en los hitos demográficos que explican ese desplazamiento en favor de las migraciones.

Esa mutación en la reproducción demográfica, con un papel estelar de las migraciones, que ha repercutido también en la reproducción social y con ella en la estratificación social de los diferentes países comunitarios, se ha acompañado de un debate recurrente en torno a las necesidades del mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones, de los servicios sociales, o los intercambios intergeneracionales. Debate que se ha polarizado, entre los defensores de las migraciones como respuesta a la demanda creciente del mercado laboral debido a la escasez relativa de jóvenes a la entrada de este, y aquellos que se muestran refractarios en nombre de la soberanía e identidad nacional, la seguridad o la cohesión social. Si la primera postura parece ser la oficial en la UE, esgrimiendo como argumentos principales «las migraciones de reemplazo» –como aquellas que se producirían para paliar la bajada de la natalidad–, y las bondades de la diversidad, la segunda, es decir, la problematización de las migraciones, se ha convertido en el mínimo común denominador defendido por los partidos nacional-populistas de la derecha, de extrema derecha y fascistas en sus múltiples denominaciones (neo, post o tardíos), con la teoría de la conspiración de «el gran reemplazo», como punta de lanza, según la cual existe un complot de las élites globales y la izquierda para sustituir la población trabajadora autóctona, blanca y cristiana, por inmigrantes, racializados y mayoritariamente musulmanes. Por lo menos este es el marco interpretativo comúnmente aceptado, coincidente con los partidarios de la globalización económica impulsada por el neoliberalismo a partir del último cuarto del siglo XX, y entre sus detractores, aquellos alineados en el discurso de la involución, como aquel que promueve el retorno a una sociedad marcada por el orden y una jerarquía clara de género, raza y clase social.

La diversidad demográfica regional y las políticas migratorias

Desde que a mediados de los años ochenta del siglo XX se enunciara la teoría de la segunda transición demográfica² para dar cuenta de los cambios demográficos acaecidos en la mayoría de los países europeos a partir del final del baby boom, la previsión de una convergencia rápida ligada a la modernización de la sociedad ha ido perdiendo fuelle frente al mantenimiento de la patente heterogeneidad regional dentro de la misma Unión Europea. Dicha teoría, se basaba en la observación empírica de las principales tendencias que marcaban el cambio demográfico en los países del norte y centro de Europa. Especialmente el descenso de la fecundidad y el alargamiento de la esperanza de vida, cuya acción conjunta producirá el envejecimiento de la población, pero también, la desinstitucionalización de la familia con las modificaciones en la unión y disolución de la pareja –disminución de la nupcialidad, aumento de los divorcios y extensión de la cohabitación–, así como la reactivación de las corrientes migratorias. Como explicación se echaba mano de diferentes teorías,³ desde las mutaciones en las mentalidades, con la llegada de las generaciones con valores posmaterialistas⁴ –destacando entre ellos, los movimientos emancipatorios e individualistas, que estarían detrás de la integración masiva de la mujer en el mercado laboral o las nuevas formas familiares–, hasta las diferencias institucionales –como los distintos modelos de Estado de Bienestar–,⁵ pasando por la economía y el aumento de los costos de la crianza en la decisión de tener hijos⁶ –también para dar cuenta de la evolución de la fecundidad y la reducción del tamaño de las familias y el retraso en la edad a la maternidad–, o los avances científicos y tecnológicos –que en materia de sanidad contribuirían el aumento de la longevidad, y que aplicado a los transportes y comunicaciones facilitarían los movimientos migratorios y la creación de comunidades transnacionales–.

Casi cuarenta años después de su enunciación, aunque todos los países comunitarios tengan en común el descenso de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de sus poblaciones resultante, las diferencias entre ellos siguen siendo notables. También lo son las políticas migratorias, pese al paraguas institucional común que representa la pertenencia a la UE, aunque no se pueda establecer un nexo causal entre unas y otras. Así, podemos distinguir cuatro grandes regiones, que corresponden grosso modo con la evolución socioeconómica, política y demográfica de estas. En primer lugar, los países escandinavos, pioneros de los cambios demográficos que se han relacionado con el desarrollo del Estado del bienestar en su momento, con niveles de población inmigrada por encima del 13,3% de la media comunitaria en 2023, en el caso de Suecia y Dinamarca, del 20,4 y del 13,6%, respectivamente, y un poco menores para Finlandia, con un 8,3%, y una presencia elevada de refugiados y asilados, que condicionará el origen de los migrantes.

En segundo lugar, los países del noroeste y centro de Europa, con una prolongada experiencia de migraciones en los años sesenta –al principio de otros países europeos meridionales, más tarde de países extracomunitarios, en algunos casos procedentes de sus respectivas excolonias, como Gran Bretaña, Francia, Bélgica u Holanda–, y políticas que en su momento promocionaron la inmigración conocida como de «los trabajadores invitados» con el programa de Gastarbeiter alemán como máximo exponente, hasta por lo menos la crisis de mediados de los setenta y la aplicación de medidas neoliberales, con porcentajes de migración que oscilan entre el 21,6% austriaco o el 19, 5% alemán entre los máximos y el 13,1% francés como mínimo.

En tercer lugar, los países del sur, entre los que destaca España, caracterizados por una evolución tardía, pero más acelerada tanto en el descenso de la fecundidad –que los situará en mínimos mundiales con un un 0,8 en Malta, 1,15 en España, o un 1,2 en Italia–, las consecuentes transformaciones familiares, el alargamiento de la esperanza de vida, en la que también se baten récords con los 86 años para las mujeres en el caso español, y la conversión de países emigratorios a países inmigratorios, alcanzando porcentajes del 17,1% en España o del 16% en Portugal. Ambos casos cuentan con una marcada ascendencia de los migrantes de las excolonias, pero también de los descendientes de la antigua emigración del siglo XX. Ambos países han desarrollado un conjunto de políticas más flexibles, a menudo improvisadas y reactivas, con un singular protagonismo de las ONG.

Por último, encontramos los países del Este, marcados por la catastrófica transición del régimen comunista al capitalista, que explica una demografía con peores resultados en la mortalidad, con niveles mínimos de esperanza de vida como el de Bulgaria, con solo 78 años para las mujeres, o el de Estonia con 69 años para los hombres, aún muchos de ellos emigrantes dirigidos a mayoritariamente a otros países de la Unión, y porcentajes mínimos de inmigración extranjera como el 2,5% polaco o el 6,7% húngaro, que contrastan a la vez que esclarecen la limitación de la migración internacional con baja fecundidad, del 1,28 hijos por mujer en el caso polaco y del 1,5 en el húngaro pese a sus políticas pronatalistas. Todos ellos con políticas etnicistas y refractarias a la inmigración.

La teoría de la segunda transición subestimó el peso de la estructura económica en los ajustes demográficos, inicialmente el de la crisis de los setenta en la reducción de la fecundidad. Otros factores fueron las consecuencias de la hegemonía del neoliberalismo y el deterioro del Estado de bienestar en las biografías productiva y reproductiva de hombres y mujeres, así como el efecto del hundimiento del bloque comunista y el desmantelamiento de las ayudas sociales en los países del Este de Europa, más allá del cambio de mentalidades.

Ese mosaico de situaciones demográficas y políticas migratorias diferenciadas debe entenderse en el marco de la propia evolución de las políticas migratorias europeas bajo dos premisas. Primero, su visión instrumental ligada al mercado laboral, y segunda, claramente decantadas desde principios de siglo XXI por la securitización de las mismas. Así, el pecado original de la política migratoria comunitaria fue la supeditación a la construcción de un mercado laboral unificado ideal, imaginando que los trabajos de baja cualificación serían ocupados por migrantes intracomunitarios, perpetuando el desarrollo desigual de las diferentes regiones europeas, con la tradicional migración del sur al norte de Europa (más tarde del este al oeste), lo que limitaría las migraciones extracomunitarias a los migrantes altamente cualificados, o a los movimientos de migraciones circulares y estacionales para los de baja cualificación. Es decir, casi exactamente lo contrario a lo que estaba sucediendo: crecimiento de la migración extracomunitaria especialmente destinada a trabajos de baja cualificación y decrecimiento de la movilidad intracomunitaria, salvo excepciones, para reducidos grupos de alta cualificación, o migrantes de antiguos países del Este.

El pecado original de la política migratoria comunitaria fue la supeditación a la construcción de un mercado laboral unificado ideal, lo contrario a lo que estaba sucediendo

En paralelo, y casi desde los acuerdos de Tampere en 1999, las migraciones aparecen concebidas también como un riesgo global –visión alentada por la escalada del terrorismo desde 2001–, la aplicación de las políticas migratorias se dejó en manos de los ministerios del Interior de cada uno de los países miembros, con una tendencia creciente a forjarlas bajo las necesidades de la seguridad europea.⁷ Desde muy temprano, pues, esas políticas, que tenían como máxima la reducción de los gastos sociales, se han caracterizado por la tensión entre la integración supranacional y la soberanía nacional, con un progreso dispar de las políticas de integración, dependientes de la administración nacional y local. Y, por último, por la externalización de parte del control fronterizo a países terceros –siendo paradigmático el caso español con Marruecos ya en 2004–, que se aceleró a partir de la crisis de los refugiados de 2015, con acuerdos firmados con Turquía, pero también con Libia. Ese despliegue se ha realizado no sin contradicciones con la legislación de la propia UE sobre derechos de los migrantes, la lucha antirracista y el respeto a las minorías.

El discurso de la involución y la demografía

La instrumentalización de la demografía en el discurso reaccionario no es una novedad.⁸ Desde la propia culminación de la transición demográfica, en algunos de los países europeos se manifiestan elementos característicos. En Francia, ya en la segunda mitad del siglo XIX, la caída de la fecundidad convirtió el natalismo en un elemento fundamental del nacionalismo francés, preocupado por el número de habitantes, que eran vistos como fuente de riqueza del Estado y sostén de la expansión colonial. También conviene tomar en consideración la difusión del movimiento eugenista a principios del siglo XX, cuyo principal objetivo era la calidad, supuestamente amenazada por la contaminación de clase y raza, que justificaría las políticas de selección étnica de migrantes como en el caso de los Estados Unidos, que incluiría la esterilización a individuos de ciertos grupos sociales, o las leyes raciales limitando los matrimonios mixtos, que culminaría con el Holocausto en la Alemania nazi. El «suicidio demográfico» es la primera metáfora nacida entonces, dirigida tanto a combatir el descenso de la fecundidad –y con ella, el movimiento malthusiano–, como las relaciones interraciales y de clase. También por aquel entonces, en los círculos cercanos al KKK, empezó a fraguarse la teoría de la conspiración sobre la sustitución étnica de la población blanca por la negra, que ha evolucionado en el siglo XXI en la llamada teoría del gran reemplazo, convertida en la biblia de todos los movimientos antiinmigratorios actuales. Tras la Segunda Guerra Mundial, con el descrédito del eugenismo como disciplina científica, al final del baby boom se hizo patente el descenso continuado de la fecundidad en los países europeos. Fue entonces cuando estas metáforas volvieron a dinamizarse, añadiendo a principios de los años noventa la del «invierno demográfico», para presentar ese declive en un contexto de envejecimiento de la población, identificando el envejecimiento biológico individual con el de las poblaciones. Todo ello abrió más las puertas a las narrativas decadentistas. Estas metáforas, compartidas y reelaboradas, articulan a todos los movimientos de extrema derecha, siendo uno de los lugares comunes del terrorismo supremacista. En el caso de España, difundidas por el PP y convertidas en piedra angular de VOX –con ideólogos que se hacen pasar por demógrafos–.

Metáforas como suicidio demográfico, invierno demográfico o el gran reemplazo, compartidas y reelaboradas, articulan actualmente a todos los movimientos de extrema derecha

El éxito en su difusión se debe a varios factores. Primero, apelando a cierto “sentido común demográfico”, basado en la noción de equilibrio, hace mucho tiempo desacreditado en Demografía, según la cual, las migraciones son el resultado de desequilibrios en la fecundidad o en la estructura por edades de sociedades que estas tenderían a equilibrar. De ahí las expresiones mediáticas de «la presión demográfica o migratoria» o «la falla demográfica», como justificación de los movimientos migratorios. Así se obtiene una respuesta simple a los cambios sistémicos en materia de población de difícil comprensión. En segundo lugar, su éxito proviene del desplazamiento al ámbito demográfico de la causalidad económica, y de lo estructural a lo individual, a partir de «los valores», como el único elemento que explicaría los comportamientos demográficos. Esa visión, que entronca con el principio neoliberal, según el cual son las decisiones racionales de los individuos en lo micro lo que conforma la estructura macro, es sobre la que se cimenta la visión ultrareaccionaria, según la cual todos los males demográficos provienen de las izquierdas, el movimiento feminista, y las elites europeas que promueven el hedonismo, alejadas de los valores patrimonializados por la derecha. Son estas metáforas en las que se cimientan conceptos como el de «reemigración», más allá del eufemismo que significa para denominar la expulsión de inmigrantes y de sus descendientes, correspondiendo a la proyección fantasmática de la minorización de la población autóctona por el crecimiento demográfico diferencial de la inmigrada, que ha servido para legitimar el uso de la violencia por la mayoría autóctona sobre la población inmigrada minoritaria. No solo de su deportación forzosa. Por supuesto en España, VOX se ha hecho eco de ese lema.

La lepenización de la población, los partidos y las instituciones comunitarias

El término, acuñado en 1997 como «lepenización de los espíritus» por el ministro de Justicia francés, el socialista Robert Badinter, en el contexto del debate sobre la ley Debré de inmigración en Francia (a propósito de la mudanza del voto de la clase obrera tradicionalmente de izquierdas, por el voto al partido Frente Nacional entonces liderado por Jean Marie Le Penn), lo extendemos aquí de forma que ya no únicamente se refiere a los antiguos votantes de la izquierda, sino a cualquier ámbito político. Sobre todo a votantes para los que anteriormente la inmigración no constituía un decantador del voto, los partidos que antes no solo no se definían como detractores de la inmigración, sino que incluso podían haber sido sus principales defensores, y a las instituciones, definidas hasta el momento por su neutralidad o proactividad, entre ellas las de la propia Unión Europea.

El término «lepenización» alude a la adopción por parte de la población, partidos e instituciones de los postulados antiinmigratorios de la extrema derecha 

Por lo general, ese viraje refiriéndose a la población, se ha atribuido al desasosiego provocado por el crecimiento de la desigualdad económica y a la incapacidad para asimilar la velocidad con la que se están dando los cambios demográficos, económicos y sociales, cuando no se ha achacado al «olvido» de los sectores populares perjudicados por la globalización económica. Mientras que hablando de partidos, se ha enjuiciado como un oportunismo táctico promovido por la creciente competencia electoral con los grupos de extrema derecha en ascenso. De manera que endurecer el discurso, poner orden en nombre de la seguridad, y con él las prácticas que definen la política migratoria en su conjunto –tanto en el control de los flujos como en el asentamiento de la población inmigrada–, ha sido la señal de esa lepenización que no se detiene ni mucho menos en la derecha tradicional. La obstrucción del PP al reparto de los menores no acompañados en las diversas comunidades autónomas y, en general, de las políticas en materia migratoria emprendidas por el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, así como las cesiones al discurso de VOX, son un buen ejemplo en España. Pero no se limita a ser una mera táctica, sino que se asocia a las visiones más conservadoras sobre la sociedad, compartidas no sin contradicciones, con los axiomas neoliberales.

La adopción progresiva de esa visión que restringe las políticas migratorias a causa de la seguridad por parte de los que antaño la defendieran en nombre de la competitividad, la demanda de un mercado laboral ideal o de los derechos humanos ha tenido como contrapartida la aceptación de partidos y asociaciones antiinmigración de la necesidad de las migraciones, a partir de las tesis de las migraciones de reemplazo. Así, se ha dado una modulación en el terreno de la selección étnica de los migrantes según las propias tradiciones coloniales de cada uno de los países, convertida en relativismo cultural. De este modo, el razonamiento principal de todos estos grupos es que no se rechaza la migración, solo a aquellos colectivos e individuos que «no quieren integrarse», sea por la supuesta distancia cultural que los separa de los países y culturas de recepción, sea por su actitud personal o anomia social –delincuencia–. Sirva de ejemplo VOX en España y su discurso pannacionalista sobre la Hispanidad, compartido por el PP, que favorece la migración de origen latinoamericano, y su oposición a la africana, mayoritariamente de práctica musulmana, vinculándose con los prejuicios casticistas del nacionalcatolicismo español.

En ese proceso de lepenización es en el que hay que situar la aceptación de la externalización de los centros de detención a países terceros como sucede en Gran Bretaña, Dinamarca o Italia, con escasas garantías de los derechos de los migrantes y en general la restricción generalizada de los derechos de asilo y refugio, así como la flexibilización de las deportaciones.

Conclusiones: migraciones en la resaca de la globalización

 La Unión Europea, contaba en 2024 con 449,2 millones de habitantes. Su crecimiento en población durante el siglo XXI, pese al incremento del peso de la migración como respuesta adaptativa del sistema demográfico a la globalización económica y a la reciente ola de refugiados a raíz de la invasión de Ucrania, ha sido extrademográfico. Esto es, se ha debido esencialmente a la integración de nuevos socios europeos. El desarrollo de sus políticas migratorias se ha llevado a cabo en el difícil equilibrio de la construcción de una entidad supranacional y la conservación de las soberanías nacionales. Los principales instrumentos comunitarios en materia de migraciones – entre los que se cuenta la creación en 2000 el Sistema Europeo de Datos (EURODAC) que entró en funcionamiento en 2003, la agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas (FRONTEX) en 2004, y el Sistema Europeo Común de Asilo (CEAS) en 2012– se han ido definiendo progresivamente de forma cada vez más restrictiva, al tiempo que en la pugna por la soberanía, los partidos euroescépticos hacían de las restricciones en materia de migración la piedra de toque de la soberanía nacional. Desde la gran recesión de 2008, reforzado por la crisis de los refugiados de 2015 que hicieran tambalear los acuerdos de Schengen sobre libre circulación, esa pugna en torno a la soberanía centrada en la migración se ha disparado. El ascenso de los partidos de extrema derecha en cada uno de los países de la UE, y la consecuente presencia de estos en el Parlamento Europeo, explican esa dinámica de lepenización instalada en la UE.

Pese a los esfuerzos para combatir el discurso de la involución respecto a la demografía en la UE, por ejemplo, con la creación en 2019 de la vicepresidencia Democracia y Demografía en la Comisión Europea, al sostener una visión economicista −supeditada al mercado de trabajo ideal y el motor del máximo beneficio privado−, y securitaria −evaluándose como riesgo−, las políticas migratorias de la UE están condenadas al fracaso. Sino en los fines, coinciden en parte en el análisis de las causas de la migración, aplicando el «sentido común demográfico» anteriormente aludido, como si se tratara de una cuestión de física hidraúlica.

En el contexto de la resaca de la globalización que parece haber iniciado con la administración Trump y la redefinición de los bloques geoestratégicos, el discurso antiinmigratorio se ha puesto en el centro, a pesar de contradecir a todas luces las necesidades del mercado de trabajo, marcado por la segmentación y una demanda sostenida para trabajos de baja cualificación debida tanto al modelo productivo como a la externalización del trabajo reproductivo al mercado. Esas políticas restrictivas tendrán como primer resultado una reestructuración de los sistemas migratorios, entre los que, a corto plazo y en el caso español deberíamos contar con un aumento de los flujos dirigidos a España que anteriormente se dirigían a los Estados Unidos –tanto los de trabajadores mayoritariamente centroamericanos de baja cualificación, como a los de alta cualificación de todo el continente latinoamericano–. Junto a ese primer resultado, esa contradicción entre el mercado demandante de migraciones y las políticas restrictivas se quiere resolver, primero, reduciendo los derechos de refugio y asilo –en el mismo momento que se prevé un ascenso de la movilidad mundial debido al cambio climático y al proceso de reajuste geoestratégico–, y, segundo, a costa de los derechos de la población inmigrada, reduciéndolos en la medida que se restringen las migraciones. Dicho de otro modo, dejándolos más expuestos a situaciones de explotación económica. Conviene recordar que los derechos de los inmigrantes han constituido durante este siglo el laboratorio de las políticas de desregulación y precarización de la clase trabajadora en un contexto de crecimiento de la desigualdad.

Andreu Domingo Valls es subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona.

Descarga el texto completo del artículo de forma libre y gratuita en formato pdf: Cambio demográfico, políticas migratorias y discurso de la involución en la UE

NOTAS:

1 Este texto forma parte del proyecto I+D Migraciones y estrategias de reproducción demográfica y social en España: género, origen y clase (MIGRA-GOC) subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación PID2023-148711OB-I00

2 Dirk J. van de Kaa, «Europe’s Second Demographic Transition», Population bulletin, 1987, vol. 42, 1, marzo de 1987, 1-29.

3 Ron Lesthaeghe, The Second Demographic Transition in Western Countries, an interpretation. Bruselas, Princeton University Library, 1991; y Dirk J. van de Kaa, (1994) «Europe’s Second Demographic Transition Revisited, Theories and expectations», en G. C. N. Beets, y otros, Population and Family in the Low Countries, 1993. Late fertility and other Current Issues, NIDI, La Haya, 1994, pp. 81-126.

4 Ronald Inglehart, The Silent Revolution, Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princenton University Press, Princenton,1977.

5 Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Pincenton, 1990.

6 Gary Becker, Tratado sobre la familia, Alianza Editorial, Madrid, 1981.

7 Gemma Pinyol-Jiménez y Andreu Domingo, «Demografía y Gobernanza migratoria en el siglo XXI en la Unión Europea: ¿un envite para la democracia?», Cuaderno de estrategia 232, Panorama demográfico global: impacto de las migraciones y tendencias demográficas en el siglo XXI, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa de España, Madrid, 2025, pp. 117-163.

https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/p/a/panorama-demografico-ce-232.pdf 

8 Andreu Domingo, «Las metáforas sobre la población: suicidio demográfico, invierno demográfico y gran remplazo», en Andreu Domingo (ed.) La coartada demográfica. Y el discurso de la involución en España, Icaria, Barcelona, 2023, pp. 59-94.

Todo lo concerniente al complejo y multidimensional fenómeno migratorio ocupa un lugar destacado en la agenda pública de la mayoría de los países más prósperos. Se conceptualiza como problema y se ha erigido como una de las principales cuestiones de división y polarización social. 

El número 170 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global publica en su sección A FONDO un artículo titulado «La creciente y paradójica centralidad de las migraciones en la esfera pública» de Juan Carlos Velasco, profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC.

Los medios de comunicación y las redes sociales se hacen eco continuamente de noticias relacionadas con el controvertido asunto del multidimensional fenómeno migratorio, que, como recientemente ha señalado un reputado migrantólogo, ha devenido en «el tema que más nos divide».¹ Materia, pues, de un debate, en el que parece que no hay otra opción que posicionarse siguiendo una paralizante lógica dicotómica: o a favor o en contra.

En este contexto tan poco propicio para la reflexión, las migraciones han dejado de ser percibidas como un hecho estructural, consustancial al devenir de la especie humana a lo largo de su historia, para convertirse en objeto de control y disputa, así como de fogosos enfrentamientos políticos e, incluso, en el eje vertebrador de polarización afectiva e ideológica. Como consecuencia de todo ello, en numerosos países desarrollados, el relativo consenso sobre los beneficios económicos, sociales y culturales de las migraciones se pone en entredicho. Poco parece importar que aportación de la comunidad inmigrante en su conjunto sea, de hecho, netamente positiva para los países receptores.

La migración en sí no es un problema: ni es algo que haya que solucionar, ni tampoco es la solución de ningún problema, es simple y llanamente un fenómeno inseparablemente ligado a procesos más amplios de cambio social que tienen un alcance global, y que deberíamos empeñarnos en comprender.² Otra cosa diferente es que sea percibido como un problema o como una carga, pues es cierto que la presencia de migrantes en los espacios públicos genera de hecho alarma, cuando no resentimiento, en distintos sectores populares, reacciones que son explotadas con notable éxito por fuerzas extremistas. Atendiendo a los resultados electorales tan solo del último quinquenio, ningún país europeo resulta inmune a una retórica populista que, sin que le avale dato alguno, rechaza la inmigración por principio. Se han generado así dinámicas alrededor de la inmigración que en poco o nada favorecen su cabal comprensión y, menos aún, la elaboración e implementación de adecuadas políticas públicas para su gestión.

Pese a lo dicho, los gobiernos han asumido −unos en mayor grado que otros− la necesidad de ofrecer una respuesta en términos legales e institucionales a unos procesos de tal entidad que en algunos casos −no tantos− pueden llegar a alterar significativamente la estructura demográfica, socioeconómica y cultural de todo un país. Si bien las políticas migratorias efectivamente desplegadas difieren de un país a otro, suelen articularse siguiendo dos variables básicas: el número de inmigrantes que cada Estado está dispuesto a admitir, por un lado, y el estatus legal y la gama de derechos que reconoce a las personas extranjeras, por otro.³ Con fortuna bastante dispar, ciertamente, y movidos por la peculiar perspectiva que ofrece el llamado nacionalismo metodológico, los gobiernos tratan no solo de controlar la entrada sino también la permanencia de inmigrantes y refugiados, como si tales procesos dependieran de la voluntad soberana y omnímoda de cada Estado nacional.⁴

La migración en sí no es un problema: ni es algo que haya que solucionar, ni tampoco es la solución de ningún problema

Con independencia de la envergadura que hayan podido alcanzar, la actual relevancia del tema migratorio se ve acentuada por la circunstancia nada casual de que la llamada era de las migraciones coincide temporalmente con la era de la globalización.⁵ Aunque resulta bastante plausible concebirlas como parte integrante del fenómeno de la globalización, la supresión de barreras y la liberalización de flujos, que son consustanciales a los procesos globalizadores, no se han extendido en realidad a las migraciones internacionales. Esta flagrante contradicción de una globalización crecientemente fronterizada⁶ y que tienen su reflejo en las condiciones de irregularidad, discriminación y vulnerabilidad que en nuestros días padecen con harta frecuencia las personas migrantes.

Hechos

Hoy en día todos los países participan de los procesos migratorios de un modo o de otro, bien sea como países emisores, receptores o de tránsito. Un 3,6% de la población mundial vive en un país del que formalmente no son ciudadanos, sumando un total de 281 millones de personas.⁷ Dicho de otro modo, tan solo una de cada 30 personas no vive en el país de donde es nacional. Para aportar otro dato que sirva de referencia comparativa: el volumen total de inmigrantes internacionales conformaría una población algo superior a la de Indonesia, el cuarto país del mundo con mayor número de habitantes.

Pese a la intensidad de los procesos de globalización experimentados en el período transcurrido desde el final de la Guerra Fría hasta el momento actual, las migraciones internacionales se mantienen en unas magnitudes relativamente moderadas. En todo caso, las cifras actuales no se encuentran en un máximo histórico ni suponen ningún récord en términos relativos.⁸ Vivir en el país donde uno ha nacido sigue siendo la regla general. Las migraciones de finales del siglo XIX y principios del XX fueron, en proporción a la población de la época, casi el doble que las actuales: el 6% de los habitantes del planeta. Estas cifras relativamente exiguas dan pie a caracterizar nuestro mundo como un planeta inmóvil o, más bien, al género humano como protagonista de una inmovilidad involuntaria, pues detrás de esas cifras es difícil ocultar el hecho de que no es suficiente con tener voluntad de emigrar, sino que hace falta tener mucha capacidad para emprender este tipo de empresa vital, además de encontrar condiciones idóneas.

La relevancia de los actuales procesos migratorios va, no obstante, mucho más allá de lo que reflejan las mencionadas cifras: en ellos se condensan gran parte de los desafíos y desgarros de un mundo interconectado e interdependiente. Tales procesos, probablemente más que cualquier otro fenómeno, son capaces de revelarnos la constitución profunda de nuestras sociedades. Se trata de un ámbito de lo real que permite testar los límites normativos del orden institucional, de sus contradicciones y tensiones internas, un terreno donde contrastar también el grado de compromiso real de los Estados con los derechos humanos y la justicia social.⁹

Imagen 1. Cifras clave sobre la migración en el mundo

Fuente: OIM, 2024, p. 4.

Habida cuenta de los múltiples factores de empuje y atracción que, en un mundo globalizado, definen el contexto cotidiano de cientos de millones de personas, tendría que prevalecer la movilidad sobre la inmovilidad. En un mundo interconectado e interdependiente las migraciones tendrían que alcanzar, en principio, un volumen bastante mayor. La movilidad opera, sin embargo, de manera relativamente selectiva y los flujos migratorios −incluyendo los protagonizados por los refugiados que huyen de zonas de conflicto− se concentran no solo hacia los países económicamente más prósperos y seguros sino también, y con igual o mayor intensidad, hacia países limítrofes no necesariamente desarrollados que les dan acogida. Se observa también una notable aceleración de los movimientos migratorios: desde el inicio del tercer milenio, el número de migrantes internacionales se han incrementado en más de un 50%, unos 108 millones en términos absolutos: pasando desde los 173 millones en 2000, los 191 millones en 2005, los 220 millones en 2010, los 248 millones en 2015, hasta los ya mencionados 281 millones en 2020. En promedio, en estas dos últimas décadas, la población de migrantes internacionales aumentó un 2,4% anual.¹⁰

En la era de las migraciones, se da la flagrante contradicción de una globalización crecientemente fronterizada

De todas formas, lo novedoso de los últimos procesos migratorios no son los números alcanzados, sino el fuerte cambio de dirección experimentado por los flujos internacionales de población. Si durante la primera globalización (1865-1914), Europa era el continente de procedencia de la mayoría de los emigrantes de todo el mundo y se desplazaban fundamentalmente hacia las colonias y excolonias ultramarinas, ahora se ha convertido en la primera región de destino, seguida de América del Norte, la parte norte del continente africano y la parte occidental de Asia.¹¹ Lo insólito, pues, no es tanto el volumen como el grado de mundialización del sistema migratorio, al menos en un doble sentido: aumento de la diversidad de las regiones receptoras e incremento de las áreas de origen. Como consecuencia, los inmigrantes presentan una variedad demográfica, social, cultural y económica cada vez mayor y prácticamente inédita en el pasado.¹²

Si nos atenemos a estos datos, no es difícil percibir una paradoja en la distancia que media entre la enorme relevancia concedida a la inmigración en el debate social y político y el volumen real de personas inmigrantes existentes en el mundo. La paradoja se acrecienta si se tiene en cuenta que, frente al número de inmigrantes internacionales, que parece ser que es el único objeto de preocupación, alrededor de 800 millones de personas, un 10% de la población mundial, migra dentro de las fronteras de su propio Estado. En este sentido, se ha de mencionar el caso de China, el país que experimenta una mayor migración interna: unos 150 millones de personas, un proceso que no tiene visos de haber concluido.¹³ La movilidad humana tiene muchas más facetas que aquellas que se derivan del cruce de fronteras. La inmensa mayoría de desplazamientos de población son movimientos internos en el mismo país y este rasgo no suele tomarse en consideración, de modo que los debates sobre la inmigración se centran en la migración transfronteriza.

Imagen 2. Migrantes internacionales a mediados de 2020 por regiones

Fuente: División de Población, Dept. Asuntos Económicos y Sociales, ONU, 2020

La distribución de la migración no es territorialmente homogénea. La población migrante no se reparte de manera uniforme a lo largo del planeta y, en ciertas regiones, ciudades e incluso barrios la densidad de población extranjera puede resultar significativamente mayor que las de sus vecinos. No obstante, y teniendo en cuenta simplemente los datos, no acaba de explicarse la centralidad que el hecho migratorio ha adquirido en las agendas políticas de gran parte de las sociedades receptoras.

Imagen 3. Población nacida en otro país (en %)

Fuente: El Orden Mundial/Pew Research Center, 2017

Dejando aparte aquellos tradicionales países receptores de inmigración, en los que este fenómeno constituye la base de su propia génesis histórica, tales como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, en donde el 20% de la población ha nacido en el extranjero, en numerosos países occidentales, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia la cifra alcanza entre el 10 y el 15% de la población. El caso de los países europeos es sintomático del drástico cambio de tendencia experimentado por los flujos migratorios globales: si a finales del siglo XIX y comienzos del siguiente era la principal fuente de colonos y emigrantes del mundo, desde finales del siglo no solo ha perdido protagonismo como centro emisor, sino que se ha convertido en uno de los principales lugares de destino para migrantes. De hecho, en numerosos países europeos la población inmigrante está porcentualmente en máximos históricos. Este cambio de centro emisor a centro receptor todavía no ha sido cabalmente procesado −esto es, valorado en lo que supone de aportación en términos demográficos, económicos y socioculturales− ni por los gobiernos ni por la opinión pública de muchos de esos países. Como se verá a continuación, la visión de las migraciones está marcada, en no poca medida, por datos erróneos y relatos catastróficos.

Percepciones

Incluso teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento a corto y medio plazo, se puede afirmar que no se están produciendo mutaciones radicales en los procesos migratorios, sino únicamente cambios graduales, por ejemplo, en relación con su escala global y en la multiplicación y diversificación de las rutas de desplazamiento y los perfiles de los migrantes. En cambio, se observan cambios considerables en la forma en que se percibe y se representa la migración, así como un aumento significativo de su instrumentalización política. Se ha ido extendiendo una percepción social manifiestamente distorsionada.

La visión de las migraciones está marcada, en no poca medida, por datos erróneos y relatos catastróficos

Los estudios de opinión pública llevan tiempo señalando que, en la calle, las actitudes hacia la inmigración varían mucho en función de dos elementos: 1) las representaciones sobre el número de inmigrantes que llegan (flujos) y se establecen (stocks) en el país de referencia; y 2) el grado de amenaza económica, cultural y de competencia por los recursos escasos (como los servicios públicos) que se percibe en relación con los inmigrantes en el país y que se conceptualiza frecuentemente como «invasión» (o eufemismos equivalentes). Como señala la politóloga francesa Béatrice Hibou,¹⁴ cuando se analiza el fenómeno migratorio en los países más ricos a nivel mundial y, en particular, en los europeos, tres enigmáticas paradojas nos chocan por su persistente presencia en la opinión pública y, especialmente, en la arena política:

• La centralidad que el tema migratorio ha alcanzado en la esfera pública sin que exista, en la mayoría de los casos, una presencia tan masiva de población inmigrante. Las cifras de inmigrantes son significativamente menores a las que la gente da cuando se le pregunta por el tema. En prácticamente todos los países, los ciudadanos sobreestiman la proporción de migrantes.¹⁵
• Una inexplicable falta de penetración de los discursos sobre los beneficios de la migración pese a las evidencias acumuladas. Ello acontece pese al hecho de que la gran mayoría de las investigaciones empíricas concuerdan en señalar que, para los países receptores, las personas migrantes son, en términos socioeconómicos, más una bendición que una carga.¹⁶
• El predominio de la lógica represiva en la definición e implementación de las políticas públicas sobre migración, pese a su demostrada ineficacia. Ni la construcción de muros, ni el internamiento de migrantes irregulares en centros de detención convertido en auténticos pozos del olvido, ni las devoluciones en frontera ni las deportaciones masivas frenan el incremento del número de migrantes.¹⁷ Es más, pese a la proliferación de estas medidas represivas, cada vez son más las personas que desean instalarse en los países del Norte global y que no son interceptadas.

Es bien sabido que las percepciones apuntadas y las respuestas más o menos sesgadas sobre el tema migratorio influyen cada vez más en los resultados electorales. Una tendencia que se ve no solo excitada por un ruidoso acompañamiento mediático, sino también intensificada por la explotación política que se hace de las emociones.[18] Las democracias actuales son cada vez más emocracias y no hay emoción más contagiosa que el miedo y este factor desestabilizante ya ha sido inoculado en la esfera pública. El tema migratorio funciona como una suerte de «paraguas discursivo» bajo el que se articulan diversos miedos, ya sea de índole económica, identitaria o securitaria. Sin necesidad de aportar datos, y a menudo con los datos en contra, los partidos nacionalpopulistas han logrado asociar imaginariamente la entrada y la permanencia de personas migrantes con graves problemas como el desempleo, la precariedad laboral, la inseguridad en las calles o la pérdida de servicios públicos. Pese a que la realidad no suela avalar su discurso, han conseguido definir las coordenadas del debate público, de tal modo que medidas políticas impensables hace apenas una década, como pueden ser la externalización de las fronteras o los centros de detención en terceros países, hoy forman parte ya del mainstream. El discurso antimigratorio fraguado en cocinas nacionalpopulistas tiene una enorme capacidad de propagación y acaba afectando incluso a fuerzas políticas situadas en el lado opuesto del espectro ideológico. Sin calcar la literalidad de su beligerancia xenófoba, formaciones centristas y también de izquierda hacen suyo ese discurso y les compra el marco de la inmigración como problema de seguridad y la necesidad de una respuesta centrada en el control de las fronteras y, en última instancia, en la expulsión.

Medidas políticas impensables hace una década como la externalización de las fronteras o los centros de detención en terceros países hoy forman parte del mainstream

En efecto, en lo referente a las migraciones, en los últimos años se ha ido consolidando un marco discursivo con un sesgo muy marcado: «La premisa de las políticas migratorias actuales es que allí donde hay personas moviéndose entre países hay “un problema de seguridad».¹⁹ El discurso hegemónico insiste en presentar a las personas inmigrantes como invasores que desbordan las fronteras, amenazan la seguridad de la sociedad anfitriona, socavan homogeneidad de la nación y, por ende, su identidad colectiva, además de erosionar su bienestar tan afanosamente alcanzado. En visto de ello se ha despertado entre mucho una suerte emoción que podríamos denominar pánico migratorio: «un temor extendido entre un gran número de personas que tienen la sensación de que un mal amenaza el bienestar de la sociedad», un mal que conduciría al «desmoronamiento y desaparición del modo de vida que conocemos».²⁰

De la consideración del inmigrante como objeto potencialmente hostil del que mejor es protegerse, al igual que del terrorismo y del crimen organizado, procede la justificación preventiva de cualquier medida de autoprotección sin reparar en su moralidad. Lo llamativo de esta forma de proceder es que todo esto acontece no en países autoritarios sino en países constitucionalmente comprometidos con los derechos humanos. Cada vez más, las políticas numerosos Estados democráticos están condicionadas por los discursos xenófobos hacia los migrantes y por la consiguiente proliferación de partidos y gobiernos de extrema derecha o en coalición con ella. El endurecimiento de las políticas hacia los migrantes está generando además una jerarquía de categorías sociales que socava un principio básico de las democracias −la igualdad de todos en derechos y obligaciones−, con lo que la cohesión social y la convivencia se ven seriamente amenazadas.

Especialmente después de los atentados del 11-S de 2001, y en Europa de forma aún más acentuada tras la llamada «crisis de los refugiados» de 2015, las migraciones internacionales son percibidas por la opinión pública de muchos países occidentales −y esto es un hecho que hay que tener en cuenta− como una «crisis migratoria» de magnitud inmanejable. La opinión pública apenas tiene en cuenta que, a escala mundial, los flujos Sur-Sur, tanto de refugiados como de migrantes económicos, son mayores que los flujos Sur-Norte.²¹ Al amparo de los temores y las inquietudes generados por los flujos migratorios actuales, muchos discursos políticos utilizan el comprensible deseo de proteger a la población para promover un estado de prevención general frente a la inmigración −especialmente frente a la inmigración irregular, que no deja de multiplicarse por la falta de canales legales y seguros− y endurecer las políticas migratorias.

Construir un nuevo discurso, la tarea pendiente

A escala mundial, el discurso político dominante sobre la inmigración en la última década ha sido el discurso de las restricciones y del control, basado en supuestos umbrales de tolerancia o, a veces, como ya se ha señalado, en la amenaza de invasión (con la consiguiente adopción de un lenguaje bélico de miedo y hostilidad, como si se tratara literalmente de defender el país por tierra, mar y aire contra un enemigo externo que quiere asaltar el territorio y dominarlo). Invertir este discurso y sus efectos para dar paso a un nuevo enfoque que permita, de manera real, una gestión mucho más flexible y liberal de los flujos migratorios requerirá recursos para amortiguar los efectos indeseables y una enorme inversión en pedagogía, comunicación y difusión para reorientar las percepciones negativas. Cambiar ese discurso es, sin duda, uno de los mayores desafíos con el que las sociedades democráticas receptoras de inmigración se confrontan en nuestros días. No se trata solo de una cuestión de datos, ni todo se enmarca como un problema demográfico, sino también de valores y categorías.

Si se ha logrado construir un clima social dominado por una representación negativa de la inmigración, pocas tareas en las ciencias humanas y sociales son más urgentes −aunque no sea una tarea fácil hacedera y pueda resultar insuficiente− que poner los datos sobre la mesa e intentar arrojar claridad sobre una realidad multifacética, nublada por percepciones subjetivas e historias intersubjetivas de dudosa base, pero dotadas de un indudable poder persuasivo. Estos atajos cognitivos deben desmantelarse para que puedan abrirse camino nuevos discursos más inclusivos. Por lo tanto, en primer lugar, se requieren, entre otras medidas, acciones de pedagogía política que también tengan en cuenta los riesgos asociados al fenómeno migratorio en un contexto de hiperpolarización y noticias falsas. El papel de los medios de comunicación y las redes sociales digitales debe ser objeto no solo de un análisis cuidadoso, sino también de crítica. En segundo lugar, integrar la migración en los planes de estudios en los diferentes niveles educativos y en la formación de los empleados de la administración pública.

En gran parte de las sociedades demoliberales se ha pasado de emplear el lenguaje universalista y hospitalario del ius migrandi a enmarcar el fenómeno migratorio como una cuestión de seguridad nacional, desatendiendo las necesidades de quienes migran y sus derechos y bienestar. La reivindicación del derecho a migrar queda subordinada a las exigencias instrumentales de los países de destino. Las sociedades democráticas deben enfrentarse al desafío de elaborar nuevas conceptualizaciones para abordar la situación de las personas migrantes y desarrollar categorías teóricas y jurídicas capaces de proteger y garantizar el «derecho a tener derechos» de todo ser humano (del que hablaba la refugiada Hannah Arendt), con independencia de su nacionalidad y/o lugar de nacimiento.

Juan Carlos Velasco es Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC. Actualmente es el Investigador Principal del proyecto «Desigualdades, privilegios y justicia global – PRIVILEGIA» (PID2022-136448OB-I00), en cuyo marco se ha elaborado este artículo. Su último libro se titula Anatomía de la frontera (Tecnos, Madrid, 2025).

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NOTAS:

1 Hein De Haas, Los mitos de la inmigración. 22 falsos mantras sobre el tema que más nos divide, Península, Barcelona, 2024.

2 Douglas S. Massey, Comprender las migraciones internacionales, Bellaterra, Barcelona, 2017.

3Joaquín Arango, «Números y derechos: los cuatro mundos de la inmigración», Revista de Occidente, nº 504, 2023, pp. 18-34.

4 Alex Sager, «Methodological Nationalism, Migration and Political Theory», Political Studies, nº 64, 1, 2016, pp. 42–59.

5 Stephen Castles y Mark J. Miller, The Age of Migration, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2009.

6 Juan Carlos Velasco, Anatomía de la frontera, Tecnos, Madrid, 2025, pp. 141-144.

7 Marie McAuliffe y Linda Adhiambo Oucho (eds.), Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2024. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ginebra, 2024.

8 Hein De Haas, 2024, op.cit., pp. 35-55.

9 Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras, FCE, México, 2016, pp. 29-97.

10 UN DESA. 2020, International Migrant Stock 2020, ONU, Nueva York, 2020.

11 Massimo Livi Bacci, Breve historia de las migraciones, Alianza, Madrid, 2012.

12 Stephen Castles y Mark J. Miller, 2009, op. cit.

13 Carmen Norambuena Carrasco y Byron Duhalde Valenzuela, «Hukou, registro de hogares en China: desafíos de la migración interna (1958-2018)», Si Somos Americanos, nº 21, 1, 2021, pp. 152-179.

14 Béatrice Hibou, «Migración y conflictos de soberanía», Bajo Palabra, nº 36, 2024, pp. 25–27.

15 IPSOS, The Perils of Perception 2024. https://www.ipsos.com/en/perils/perils-perception-2024

16 Hein De Haas, 2024, , op.cit.

17 Guillermo Carazo Diez-Aja, «Seguridad, deslocalización y gobierno de la movilidad humana en los dispositivos fronterizos contemporáneos», Bajo Palabra, nº 36, 2024, pp. 249-266.

18 Juan Carlos Velasco, Anatomía de la frontera, op. cit., pp. 81-106.

19 Ana-Paula Penchaszadeh y Senda Sferco, «Reflexiones filosófico-políticas en torno a la criminalización de las prácticas de solidaridad hacia migrantes y refugiados en la actualidad. El caso de Carola Rackete», Historia y Sociedad, nº 39, 2019, pp. 213-240.

20 Zygmunt Bauman, Extraños llamando a la puerta, Paidós, Barcelona, 2016, p. 9.

21 UN-DESA, United Nation Department of Economic and Social Affairs, International Migration Report 2017, Naciones Unidad, Nueva York, 2017.

Asistimos a una profunda reconfiguración del orden internacional expresado en la multiplicación de conflictos alrededor del mundo, el rearme, el auge de la geopolítica –con el relanzamiento del imperialismo y las zonas de influencia–, la diplomacia coercitiva y el alejamiento del multilateralismo y del derecho internacional.

En paralelo, se reorganiza el poder económico y político, que bascula hacia Asia, y, especialmente, a China, en detrimento de Estados Unidos y de Occidente, que se resisten a los cambios. Mientras, van surgiendo organizaciones de cooperación al margen del dominio occidental. El orden que empieza a emerger, más descaradamente violento, no es ajeno a la forma en que se maneja la crisis ecosocial. Este número de PAPELES indaga en este nuevo orden mundial. Casi una veintena de expertas y expertos de distintos ámbitos analizan los rasgos de eso que emerge, ofreciendo valiosas claves para comprender el nuevo escenario.

La sección A fondo de este número resulta singular en varios sentidos. Primero, porque aborda una cuestión de máxima actualidad, el orden internacional que está surgiendo de las ruinas del régimen posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, porque esta vez no se compone de artículos de varios especialistas, sino de una batería de preguntas sobre distintos aspectos de este orden mundial emergente que formulamos a dieciséis expertas y expertos en los distintos ámbitos.

Esta conversación coral con numerosas claves para navegar este presente incierto se estructura en siete bloques:

Bloque 1. Imperialismo y uso de la fuerza: abandono del multilateralismo y desprecio del derecho internacional;

Bloque 2. América Latina y la Doctrina Donroe;

Bloque 3. Europa ante el nuevo orden de Trump;

Bloque 4. Oriente Medio y el nuevo orden;

Bloque 5. China, India, Rusia y otros actores frente al nuevo orden;

Bloque 6. Un orden internacional cada vez más violento;

Bloque 7. Nuevo orden y crisis ecosocial.

Los participantes en esta conversación son: Manuel Monereo, Jose Antonio Estévez Araujo, Renán Vega, Tahina Ojeda Medina, Ruth Ferrero Turrión, Ignacio Álvarez-Ossorio, Isaías Barreñada, Augusto Zamora, Carlos Berzosa, Inés Arco, José Luis Gordillo, Rafael Poch- de-Feliú, Pere Ortega, Tica Font, Jorge Riechmann y Ulrich Brand.

El número recoge también otras secciones habituales como: Actualidad, Experiencias, Ensayo y Lecturas.

A continuación, ofrecemos el texto completo correspondiente a la Introducción del número, escrito por Santiago Álvarez Cantalapiedra bajo el título: Autoritarimo Nacionalnativista y orden mundial.

Autoritarismo Nacionalnativista y Orden Mundial

Una mirada rápida a Occidente permite comprobar que vivimos una oleada reaccionaria. En América Latina, a Milei en Argentina, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador o Asfura en Honduras se les ha sumado recientemente Kast en Chile. Bolsorano, esta vez a través de la persona de su hijo Flavio, ya supera en algunas encuestas a Lula ante las presidenciales del próximo octubre. En Europa la situación no es mucho mejor a pesar de la derrota electoral de Orbán en Hungría y de que Meloni perdiera el referéndum sobre la reforma judicial. Mirando a Oriente, en Asia, Narendra Modi sigue adelante con su proyecto nacionalista y la autocracia está presente en Rusia y China, pues en estos países gobiernan regímenes a los que difícilmente se puede calificar de democráticos y respetuosos con los derechos humanos. Sin embargo, el que mejor refleja el tiempo presente es el Gobierno Trump, por la caza de inmigrantes y su carta blanca a los oligarcas tecnológicos y petroleros de los EEUU y, en las relaciones internacionales, por su desprecio hacía el multilateralismo y el derecho internacional, así como por su ardor guerrero en Oriente Próximo.

Un nuevo (des)orden

Esta deriva es el reflejo de un nuevo orden que se va asentando tras fraguarse durante más de tres lustros. La crisis del anterior, el orden neoliberal, tuvo como detonante la Gran Recesión de 2008 y su clausura definitiva con la pandemia del año 2020.¹ El periodo neoliberal fue tiempo de hiperglobalización paradójica, pues terminó por debilitar a los países occidentales que la impulsaron, y ha supuesto más de cuatro décadas perdidas para afrontar la urgente quiebra civilizatoria que representa la crisis ecosocial. Así pues, se sale de la crisis del orden neoliberal no en mejores condiciones, sino a través de un contramovimiento reactivo que supone una salida en clave autoritaria.

El nuevo orden que despunta no depara nada bueno. Cabe denominarlo por sus rasgos como autoritario nacionalnativista.² Surgido de las contradicciones y fracturas del consenso neoliberal, es autoritario porque ni siquiera respeta la retórica democrática interpretada por el orden anterior a partir de la idea de la conveniencia de contrapesos a la acción de los gobiernos (división de poderes, autonomía de los bancos centrales y existencia de autoridades administrativas independientes con funciones atribuidas de supervisión externa) y concede un enorme poder a la nueva plutocracia tecnofinanciera (gente como Peter Thiel sería el máximo exponente). Es nacionalnativista porque frente a la multiculturalidad y el cosmopolitismo de las sociedades abiertas de la hiperglobalización neoliberal surge ahora la reacción etnonacionalista y la discriminación de determinados grupos y sectores sociales según el origen geográfico, étnico o religioso, además de por la orientación sexual.

El “trilema” de Rodrik

Hace unos años el economista estadounidense de origen turco Dani Rodrik planteó un famoso trilema.³ Señalaba que existían tres objetivos que cualquier país desearía tener simultáneamente, pero que, al ser estructuralmente incompatibles, solo se podían alcanzar dos al mismo tiempo. Según Rodrik, resulta imposible lograr y mantener simultáneamente las ventajas de la hiperglobalización (apertura e integración económicas profundas), la democracia (como espacio de toma de decisiones políticas reales y participación efectiva) y el Estado-nación (como ámbito de soberanía). Así pues, ante los tres vértices del trilema (hiperglobalización, democracia y soberanía nacional), argumentaba que la combinación de dos vértices excluiría necesariamente al tercero. En consecuencia, la combinación de hiperglobalización manteniendo la soberanía nacional impide una democracia real; la combinación de globalización más democracia hará imposible la soberanía nacional al exigir una especie de federalismo global o gobernanza supranacional y, finalmente, si un país quiere que sus ciudadanos decidan democráticamente sus políticas conservando la capacidad soberana de aplicarlas, tendrá que limitar la integración económica.

Puede que los vientos que soplan nos hayan situado en un lugar próximo a la primera de las combinaciones. La profunda inserción en la economía global sin una gobernanza política a la altura de sus exigencias (al no querer nadie ceder su parcela de soberanía nacional) ha hecho que las decisiones económicas más relevantes acaben siendo dictadas desde instancias internacionales ajenas a la voluntad de la ciudadanía de cada nación. Esto significa, por ejemplo, que si los llamados mercados financieros internacionales exigen recortes del gasto público, los gobiernos los aplicarían, aunque su electorado vote lo contrario. Se suele poner el ejemplo de Grecia durante la crisis de la deuda soberana tras la Gran Recesión. El gobierno griego era formalmente soberano y celebró un referéndum en el año 2015 rechazando las medidas de austeridad impuestas desde la troika (la Comisión Europea, el FMI y el BCE). El resultado fue ignorado en la práctica: había soberanía formal e integración en la zona euro, pero la democracia resultó ser una gran ilusión.

En la actualidad la competencia creciente de nuevos actores en el escenario mundial, sin renuncia de los resortes clásicos en los que se ha manifestado el ejercicio de la soberanía de los estados, estaría vaciando de contenido la democracia en las sociedades. Ciertamente el trilema no fue formulado para explicar el autoritarismo, pero puede ayudarnos como herramienta diagnóstica de la situación actual de vulnerabilidad democrática que lo hace posible.

Es ya un lugar común el reconocimiento de que la hiperglobalización generó una amplia variedad de perdedores: trabajadores industriales en los países ricos golpeados por la deslocalización, economías dependientes del Sur global que no pudieron proteger sus industrias nacientes, comunidades despojadas de sus medios de vida e identidad cultural, etc. Estos perdedores se han sentido huérfanos de salidas a su situación porque el sistema político operaba dentro de las restricciones que imponía la globalización y, en su lugar, han recibido como respuesta un discurso meritocrático que, al basarse en la idea de que el éxito depende exclusivamente del esfuerzo y el talento individual, ha hecho del resentimiento derivado de la humillación recibida el combustible que alimenta a muchos de los movimientos reaccionarios.⁴ De esta manera el etnonacionalismo autoritario se convierte en una trampa mortal por no solucionar nada y generar nuevos problemas, como el deterioro de la convivencia democrática al insuflar miedo y repulsa a la inmigración (tema central de todos los discursos de la derecha autoritaria) o la desviación de la atención de las amenazas reales de la concentración del poder en pocas manos, de las disrupciones tecnológicas o de las graves consecuencias del deterioro ecológico.

Los cambios en el orden mundial

Tras el proceso globalizador, los planos interno y externo han quedado entrelazados. El orden social y el orden internacional se relacionan de forma bidireccional. El orden social impuesto en los EEUU está configurando el nuevo orden internacional y este, a su vez, está influyendo en las configuraciones internas en cada uno de los países. Pero además, para comprender bien el tránsito hacia este nuevo orden mundial que se desarrolla sobre la reafirmación de los intereses nacionales y en la confrontación entre potencias que encarnan diferentes tipos de capitalismo con intereses globales en pugna,⁵ no hay que perder de vista en ningún momento tres acontecimientos clave:

1) la multipolaridad en un mundo de geografía económica cambiante,

2) la relevancia que adquiere el poder tecnológico asociado al mundo digital

3) el cambio climático, el pico del petróleo, el riesgo de desabastecimiento de otros recursos críticos o la erosión de la integridad de la biosfera. Son factores que se entremezclan entre sí.

En primer lugar, el declive de los Estados Unidos (y del conjunto de Occidente) y el ascenso de China (y otros países, como la India) muestra bien a las claras cómo el viejo centro del capitalismo pierde peso relativo y relevancia en el conjunto mundial. En segundo lugar, debido a la competencia de los países emergentes, se manifiestan pugnas en todos los ámbitos, destacando la carrera por alcanzar nuevos hitos en la digitalización y la economía de los datos que permitan ventajas sobre el competidor en los avances de los modelos lingüísticos de la inteligencia artificial. En tercer lugar, a todo lo anterior se suman los efectos que tanto el cambio climático como la transición energética tienen en el tensionamiento de la geopolítica actual. El calentamiento global abre posibilidades de explotación minera en zonas antes inaccesibles, agudizando el apetito insaciable de un sistema ecocida y devorador de recursos, así como de apertura de nuevas rutas marítimas que ofrecen ventajas competitivas o que son cruciales para garantizar los suministros. A su vez, la transición energética tensiona más aún la geopolítica al aumentar la dependencia de los minerales que hacen posible la incorporación de las renovables al mix energético. Esto sitúa a las tierras raras y a las materias primas críticas en el foco de atención, donde China, que controla el procesamiento del litio, el cobalto y las tierras raras, disfruta ya de una posición dominante en las cadenas de extracción y comercialización.  Sin olvidar que, como buena parte de la estrategia de transición hacia las renovables depende de la inyección de grandes flujos de energías fósiles y descansa en tecnologías poco maduras, las rivalidades que vemos surgir en torno a estos materiales se mezclan con la tradicional geopolítica belicosa asociada a la energía fósil (como se ha visto en la intervención de Venezuela y vemos ahora con el ataque a Irán).

El trasfondo de todo

Todo ello nos conduce al nudo gordiano que ni sabemos ni nos atrevemos a desatar: el modo de vida imperial característico de la civilización industrial capitalista.⁶ El choque con los límites naturales que la extensión e intensificación del capitalismo global ha provocado pone de manifiesto las contradicciones con las que opera. Su dinámica no solo depende de la forma en que se apropia de los recursos mediante el extractivismo, ni tampoco únicamente de las ventajas que adquiere de la división social e internacional del trabajo con la que explota la fuerza laboral en cualquier rincón del planeta, también juega un papel fundamental su capacidad para transferir costes y riesgos sociales y ambientales a terceros.

La transferencia social (a otros grupos sociales), espacial (a otros territorios) y temporal (a las generaciones futuras) de estos costes y riesgos con que tradicionalmente el capitalismo maneja sus contradicciones se encuentra con límites en la actualidad. La extralimitación ecológica (overshoot ) y la creciente competencia internacional por el espacio ambiental disponible nos introducen en un orden mundial más autoritario y violento. La “prioridad nacional” con la que se defiende la discriminación según el origen geográfico asume que la tarta no llega para todos y que hay que descartar a muchos comensales de la fiesta. La idea nativista de la prioridad nacional (cuya otra cara es el descarte, como denunciara el Papa Francisco) solo se puede llevar a la práctica en el interior de los países sacrificando la idea republicana de ciudadanía mediante formas cada vez más autoritarias. Su traducción en el plano mundial es la construcción de un orden internacional regido por la lógica imperial y sus zonas de influencia.

Santiago Álvarez Cantalapiedra,  director del Área Ecosocial de FUHEM y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.,

NOTAS

1. Por orden social cabe entender una determinada configuración de poder definida por juegos de dominación y compromiso entre clases sociales y fracciones de clase, tanto en el plano interno de los estados como en las relaciones —económicas, políticas y militares— que establecen entre ellos. Los órdenes sociales emergen tras reestructuraciones profundas en el capitalismo. Desde finales del siglo XIX, momento en el que apareció el capitalismo organizado con rasgos contemporáneos, se han sucedido cuatro órdenes sociales (me he referido a ellos en mi libro La gran encrucijada. Crisis ecosocial y cambio de paradigma, Ediciones HOAC, Madrid, 2019).

2. Lo explico con más detalle en el artículo «Nuevo orden social e internacional: claves para una interpretación crítica» publicado en el nº 41 de la revista Gaceta sindical. Reflexión y debate de CCOO, número que se presentará al público el 28 de mayo en el Ateneo de Madrid.

3. Dani Rodrik, La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2012.

4. Ha sido Michael Sandel quien ha resaltado las consecuencias que tiene sobre la cohesión social y el bien común el sistema meritocrático dominante en Occidente, pues conduce a dos emociones corrosivas: la arrogancia de los ganadores y la humillación de los perdedores (véase La tiranía del mérito, Debate, Barcelona, 2020)

5. Branko Milanović (Capitalismo, nada más, Taurus, Barcelona, 2020) contrapone dos tipos de capitalismo en disputa, el capitalismo meritocrático liberal y el capitalismo político, liderados respectivamente por EEUU y China. Sin embargo, por cómo se configuran en la práctica podría ser más conveniente llamar, al primero, capitalismo corporativo transnacional y, al segundo, capitalismo de Estado.

6. Ulrich Brand y Markus Wissen, Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Editorial Tinta Limón, Buenos Aires/ Madrid, 2021. Ulrich Brand, Crisis del modo de vida imperial y transiciones ecosociales, Colección de Economía Inclusiva 006, FUHEM/ Catarata, Madrid, 2023.

Rafeef Ziadah colabora con el sindicato Trabajadores en Palestina y es activista sindical, profesora y poeta. Trabaja como profesora de Política y políticas públicas en el Departamento de Desarrollo Internacional del King’s College de Londres. En esta entrevista explora cómo la inquebrantable alianza entre Occidente e Israel no es meramente una cuestión de cabildeo o influencia; es una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales compartidos. Comprender este mapa geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas sólidas y elaborar una estrategia efectiva que confronte los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonial respaldado por el Estado de Israel en Palestina.¹

Nick Buxton (NB): ¿Qué revela el genocidio en Palestina sobre la situación actual de la geopolítica: quién tiene el poder y cómo se ejerce?

Rafeef Ziadah (RZ): El genocidio en Gaza pone al descubierto la cruda realidad de la geopolítica moderna, poniendo de relieve los mecanismos del poder en un mundo moldeado por las ambiciones imperiales y la explotación estratégica de los recursos. En el centro de esta crisis se encuentra la alineación de las estructuras de poder occidentales con el colonialismo de asentamiento y el autoritarismo en Oriente Medio, con el fin de mantener el dominio económico y el control geopolítico.

El apoyo inquebrantable de Estados Unidos y las principales potencias europeas a Israel está profundamente entrelazado con sus intereses imperiales duraderos en la región. Como colonia de asentamiento, Israel sirve de punto de apoyo occidental en Oriente Medio. ²Este proyecto colonial no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una arquitectura de control más amplia, que actúa en connivencia con las monarquías petroleras del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para mantener un sistema regional y mundial que privilegia el poder económico y militar occidental.

Acuerdos como los de normalización entre Israel y varios países del Golfo reflejan una consolidación de fuerzas diseñadas para marginar por completo la liberación palestina y garantizar el statu quo del régimen autoritario y la extracción de recursos a expensas de los pueblos de la región. Aunque el genocidio ha puesto en tela de juicio este proyecto, es poco probable que se abandone y es casi seguro que resurgirá con un nuevo nombre.

También debemos comprender claramente la trayectoria histórica más amplia que está en juego, especialmente el papel de los Acuerdos de Oslo y las promesas vacías de una solución de dos Estados. Los Acuerdos de Oslo pretendían transformar la lucha por la liberación palestina en un proyecto restringido de construcción de un Estado confinado a Cisjordania y Gaza, borrando deliberadamente la realidad colonial más amplia de Israel como Estado colonizador.

NB: ¿Qué dice esto sobre el imperialismo estadounidense y su trayectoria?

RZ: Su apoyo inquebrantable a Israel revela mucho sobre la naturaleza y la trayectoria del imperialismo estadounidense. En esencia, esta relación no se basa en una alineación ideológica o en lazos culturales, sino en la importancia estratégica de Israel como colonia de asentamiento para asegurar y proyectar el poder de Estados Unidos.

El proyecto colonial de Israel lo ha convertido en un socio único y firme en la región, cuya supervivencia está indisolublemente ligada al apoyo continuo de Occidente. A diferencia de otros aliados en Oriente Medio, cuyas alianzas con Estados Unidos son a menudo transaccionales o condicionales, la dependencia de Israel del respaldo estadounidense garantiza que actúe como una extensión coherente de los intereses estadounidenses.

Una de las formas más significativas en que Israel facilita los objetivos imperiales de Estados Unidos es ayudando a asegurar el control de los corredores comerciales y los recursos energéticos críticos de Oriente Medio. No se trata tanto de garantizar el flujo de petróleo hacia Estados Unidos o Europa, que han diversificado sus fuentes de energía, como de controlar el acceso a estos recursos como arma geopolítica. A medida que China emerge como un rival potencial de Estados Unidos, la capacidad de este último para influir en la disponibilidad y el precio del petróleo de Oriente Medio se convierte en una herramienta clave para restringir el crecimiento económico y las opciones estratégicas de China y para evitar otros posibles aspirantes a su supremacía mundial.

La estrategia de Estados Unidos también ha consistido en fomentar un proceso de normalización entre los Estados del Golfo e Israel, lo que refleja un esfuerzo calculado por reafirmar su primacía en una región en la que su influencia ha experimentado un relativo declive en los últimos años. Estos acuerdos patrocinados por Estados Unidos buscan reforzar el papel de Israel como pilar central del poder estadounidense en la región y vincular más estrechamente a los Estados del Golfo a la influencia estadounidense. En esencia, la normalización no es solo una cuestión de diplomacia, sino una medida estratégica para gestionar el cambiante equilibrio de poder en la región.

Sin embargo, esta estrategia tiene un coste significativo, sobre todo porque las acciones cada vez más genocidas de Israel provocan inestabilidad regional y erosionan aún más la posición de Estados Unidos en la opinión pública internacional. Se corre el riesgo de socavar el sistema más amplio de alianzas en el que se basa Estados Unidos. Mientras que los Estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos, han normalizado sus relaciones con Israel, las poblaciones de la región siguen profundamente opuestas a las acciones israelíes, lo que crea una tensión que podría desestabilizar varios regímenes y, por extensión, la estrategia regional de Estados Unidos.

NB: ¿Por qué es importante que los movimientos sociales comprendan este panorama geopolítico?

RZ: El genocidio en Gaza ha desencadenado una ola de solidaridad mundial sin precedentes. Millones de personas han tomado las calles, han acampado en campus universitarios y activistas bloqueando puertos y fábricas de armas. Esta oleada de protestas desafía no solo las acciones de Israel, sino también los sistemas globales que las hacen posibles. Sin embargo, aunque esto ha dado visibilidad a la causa palestina, la forma en que se suele enmarcar Palestina puede ocultar la verdadera naturaleza de la lucha. Con demasiada frecuencia, los debates se limitan a las violaciones inmediatas de los derechos humanos por parte de Israel —asesinatos, detenciones y robo de tierras— sin abordar los sistemas de poder subyacentes que hacen posibles estas violaciones. Enmarcar la cuestión únicamente desde la perspectiva de los derechos humanos despolitiza la lucha palestina, reduciéndola a violaciones aisladas en lugar de una campaña sistemática de colonialismo de asentamientos respaldada por el imperialismo occidental.

En esencia, este genocidio ha sido patrocinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en particular por algunos Estados miembros de la UE, que han dado luz verde a Israel en todo momento para que continúe con sus ataques y sus políticas de hambre, al tiempo que lo protegen diplomáticamente y arman a su ejército. Los debates sobre la política israelí suelen centrarse exclusivamente en las acciones de los primeros ministros, en particular de Benjamin Netanyahu, como si ellos solos determinaran la trayectoria del Estado. Si bien estas figuras son importantes, debemos ampliar nuestra perspectiva para comprender la dinámica más profunda y a largo plazo que sustenta las políticas de Israel. Para ello es necesario analizar las fuerzas estructurales e históricas que impulsan su proyecto colonial y su papel más amplio en el mantenimiento de la hegemonía occidental.

A este problema se suma la narrativa persistente que atribuye el apoyo occidental a Israel únicamente a la influencia de un «lobby proisraelí». Se trata de una visión peligrosamente simplista que malinterpreta la relación geopolítica más profunda. La alianza inquebrantable entre Occidente e Israel no es solo una cuestión de presión o influencia, sino una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales comunes.

Comprender el panorama geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas eficaces y elaborar una estrategia que vaya más allá de la solidaridad reactiva. Nos permite identificar y confrontar los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonialista de Israel, evitando caer en la trampa de considerar a los regímenes autoritarios de la región como aliados en la lucha por la liberación palestina. Estos regímenes tienen sus propios intereses, a menudo arraigados en la preservación del poder o la obtención de beneficios económicos y militares, y alinearse con ellos sin crítica puede socavar los objetivos más amplios de justicia y liberación.

Además, este análisis nos permite identificar a las empresas e industrias que se benefician y sostienen la violencia colonial de Israel. Los fabricantes de armas, las empresas de tecnología de la información y las empresas multinacionales (EMN) desempeñan un papel fundamental en la viabilidad del proyecto colonialista de Israel, y sacar a la luz su complicidad es clave para desarticular las redes de beneficios que sustentan la opresión. Identificar a estos actores y sus conexiones nos permite diseñar mejores estrategias y dirigir intervenciones que golpeen los cimientos económicos de la dominación colonialista.

Por último, una comprensión más profunda del panorama general prepara a los movimientos para el largo plazo. Nos garantiza que nos mantengamos centrados y estratégicos, especialmente cuando nos enfrentamos a iniciativas como los debates sobre la creación de un Estado o los acuerdos diplomáticos que no cambian la situación sobre el terreno. Al mantener la claridad sobre las realidades de la ocupación y el despojo, podemos resistirnos a dejarnos llevar por avances superficiales o gestos simbólicos. En cambio, seguimos denunciando la violencia colonialista en curso y trabajando por un futuro verdaderamente anticolonial.

NB: ¿Por qué, salvo algunas voces discretas como las de Bélgica, Irlanda, Italia y España, la Unión Europea ha sido tan cómplice del genocidio de Gaza y tan reacia a impulsar una posición independiente de Estados Unidos?

RZ: La complicidad de la Unión Europea en el genocidio de Palestina³ no refleja tanto una subordinación a Estados Unidos como una convergencia de intereses. Aunque la UE suele proyectar una imagen de adhesión a un marco diferente —alegando que da prioridad al derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo—, en última instancia se beneficia y se alinea con el proyecto imperial más amplio que sustenta el dominio occidental en Oriente Medio. Las políticas y las relaciones de la UE con Israel, incluidos los acuerdos de libre comercio (ALC), los contratos militares y las asociaciones estratégicas, demuestran que sus intereses están profundamente entrelazados con el mantenimiento del statu quo.

La UE desempeña un papel estratégico al presentarse como menos agresiva que los Estados Unidos. Incluso dentro de este marco, no ha tomado medidas significativas para presionar a Israel, como suspender los privilegios comerciales o la cooperación militar, lo que revela su falta de compromiso con una verdadera rendición de cuentas.

Los acuerdos de libre comercio entre la UE e Israel, como el Acuerdo de Asociación UE-Israel, facilitan la cooperación económica y proporcionan a Israel un acceso fundamental a los mercados europeos. Estos acuerdos persisten a pesar de las claras violaciones de Israel. Los contratos y las asociaciones militares consolidan aún más esta relación, ya que algunos Estados miembros de la UE participan en la venta de armas y el intercambio de tecnología que apoyan directamente al complejo militar-industrial israelí. Estas actividades ponen de relieve el interés material de la UE en los sistemas que sostienen la agresión israelí.

Tabla 1. Exportaciones de armas de los estados miembro de la UE a Israel (2018-2022) con licencias de exportación concedidas, en millones de euros

Fuente: Informe del TNI, Partners in Crime – EU complicity in Israel’s genocide in Gaza, (2024)

Dentro de Europa, existe una división entre países como Alemania y el Reino Unido, que prestan un apoyo abierto a Israel, y otros como Bélgica, Irlanda y España, que abogan por una postura más crítica, a menudo enmarcada en la solución de dos Estados. Sin embargo, incluso este último grupo opera dentro de estrechos límites, centrándose en críticas más suaves y evitando acciones que puedan poner en tela de juicio los lazos de la UE con Israel.

La alineación de la UE con Estados Unidos e Israel también sirve a sus propios intereses estratégicos en Oriente Medio. Al apoyar a Israel, la UE contribuye a mantener un orden regional que garantiza las rutas comerciales, estabiliza el suministro energético y reprime los movimientos antiimperialistas. Al igual que Estados Unidos, la UE tiene interés en contener a las potencias rivales, especialmente en el contexto de la competencia global con Rusia y China. El papel de Israel como garante regional complementa estos objetivos, lo que lo convierte en un valioso aliado para los Estados europeos.

En esencia, el enfoque de la UE hacia Palestina no es una alternativa a la política estadounidense, sino más bien complementaria. Su doble papel de alineamiento y diferenciación permite a la UE mantener los beneficios económicos y estratégicos de la relación, al tiempo que proyecta una imagen de neutralidad o moderación.

NB: ¿Qué ha hecho China en respuesta al genocidio? ¿Qué dice esto sobre su papel como actor político global?

RZ: La respuesta de China al genocidio en Gaza ha sido notablemente moderada, caracterizada por llamamientos al alto el fuego y a la ayuda humanitaria, pero carente de medidas contundentes. Aunque ha expresado su apoyo a la autodeterminación de Palestina en las Naciones Unidas, no ha asumido un papel de liderazgo en la oposición directa a Israel ni ha prestado un apoyo material sustancial a la causa palestina. Este enfoque moderado refleja la política exterior general de China, que da prioridad a la no intervención y al mantenimiento de las relaciones con una amplia gama de actores, incluido Israel, por razones económicas y estratégicas.

Las acciones de China revelan que da prioridad a los intereses económicos sobre la alineación ideológica con los movimientos antiimperialistas. Aunque se posiciona como una alternativa a la hegemonía estadounidense, su enfoque a menudo refleja el cálculo pragmático de las potencias tradicionales. Su creciente interdependencia con las monarquías del Golfo y los corredores comerciales más amplios entre Asia Oriental y Oriente Medio sugieren un enfoque centrado en la integración económica más que en un desafío directo a la influencia estadounidense en la región. Esto hace que China parezca evasiva en momentos de crisis aguda.

NB: La gente ha celebrado que Sudáfrica haya llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia como una señal del auge del Sur Global en oposición al imperialismo y el sionismo. ¿Cuál es su apreciación?

RZ: La decisión de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene un profundo impacto, sobre todo teniendo en cuenta su propia historia de apartheid y su solidaridad con la lucha palestina. Que Israel sea acusado oficialmente de genocidio a nivel internacional es un paso importante, que pone de relieve la gravedad de sus acciones y refuerza el discurso contra su proyecto colonialista.

Sin embargo, hay que reconocer las limitaciones y contradicciones del derecho internacional. Los procedimientos legales como los de la CIJ son largos, a menudo duran años, y el listón para demostrar delitos como el genocidio es muy alto. Incluso cuando las sentencias favorecen la justicia, su cumplimiento depende de la voluntad política de los Estados e instituciones poderosos. Estados como Estados Unidos y sus aliados, que protegen a Israel diplomática y militarmente, pueden socavar o ignorar por completo las sentencias de la CIJ, convirtiendo el derecho en una herramienta de justicia selectiva en lugar de responsabilidad universal.

Esta medida también debe entenderse en el contexto más amplio de la dinámica política interna de Sudáfrica. Si bien el Congreso Nacional Africano (ANC) se ha posicionado históricamente como defensor del antiimperialismo y la solidaridad con Palestina, su trayectoria actual está plagada de contradicciones. El ANC se enfrenta a retos internos, como los fallos en la gobernanza y la promoción de políticas económicas neoliberales, así como a una creciente desconexión con los movimientos de base.

Al mismo tiempo, debemos permanecer atentos a las voces de los vibrantes movimientos sociales de Sudáfrica, que llevan mucho tiempo exigiendo que el país rompa sus lazos con Israel. Estos movimientos han liderado la demanda de medidas concretas, como el fin de las relaciones diplomáticas y la aplicación de boicots, desinversiones y sanciones (BDS). Si bien el caso de la CIJ tiene un gran poder simbólico, es la presión popular la que garantiza que estos gestos simbólicos se traduzcan en cambios significativos.

NB: ¿Dónde encaja el poder corporativo en todo esto? ¿Qué empresas y de dónde provienen las que apoyan el genocidio?

Lamentablemente, numerosas empresas de una amplia gama de sectores se benefician y sostienen las acciones de Israel, desde los productores de bienes de consumo hasta las empresas de TI que proporcionan infraestructura de vigilancia. Si bien las empresas de armas y energía desempeñan un papel especialmente crítico en la facilitación del genocidio y han sido, con razón, objeto de atención por parte de los sindicatos y organizadores palestinos, lo más eficaz es que los individuos y los grupos cuestionen la complicidad dentro de sus propios sectores. Este enfoque amplio garantiza que el movimiento se dirija a todo el ámbito de la participación empresarial, reforzando la campaña en favor de la rendición de cuentas y la justicia.

El 16 de octubre de 2023, los sindicatos y asociaciones profesionales palestinos lanzaron un poderoso llamamiento a los sindicatos internacionales,⁴ instándoles a «dejar de armar a Israel». Este llamamiento puso de relieve la enorme magnitud del apoyo militar y diplomático prestado a Israel, en particular por los Estados Unidos y la Unión Europea. Las cifras son abrumadoras. En virtud del actual acuerdo con Estados Unidos, vigente entre 2019 y 2028, se proporcionan anualmente 3 800 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En respuesta a la última agresión de Israel contra Gaza, Estados Unidos aprobó 14 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar como parte de un paquete de seguridad nacional de 106 000 millones de dólares.

Los Estados miembros de la Unión Europea también desempeñan un papel importante. Alemania, por ejemplo, ha concedido 218 licencias de exportación de armas a Israel en 2023, el 85 % de ellas después del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, los fabricantes de armas han obtenido enormes beneficios. El valor bursátil de las cinco principales empresas armamentísticas estadounidenses −Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon− se ha disparado en 24 700 millones de dólares desde que comenzó el ataque. Estas cifras ponen de relieve la complicidad directa de la industria armamentística en el genocidio y destacan el potencial de los sindicatos y las campañas populares para interrumpir estas cadenas de suministro y detener el comercio de armas.

NB: El genocidio ha despertado a una nueva generación a los horrores de la violencia colonialista, con la ayuda del imperialismo estadounidense. ¿Cómo podemos mantener este movimiento? ¿Cuáles son las vías más estratégicas para la resistencia y la solidaridad?

RZ: La solidaridad internacional con Palestina ha alcanzado un nivel extraordinario de apoyo en los últimos meses, con protestas masivas en ciudades de todo el mundo, lo que demuestra un creciente reconocimiento global de la urgencia de la lucha palestina por la justicia, la liberación y el retorno. Sin embargo, aunque estas manifestaciones han sido poderosas, el reto ahora es canalizar esta indignación y solidaridad generalizadas hacia una acción organizada y sostenida que pueda generar un cambio real y duradero para Palestina. Para ello, debemos ir más allá de la oleada de manifestaciones masivas (que son importantes en sí mismas) y centrarnos en construir una infraestructura para una organización estratégica a largo plazo. Una forma de profundizar este movimiento es centrarse en la solidaridad laboral, en particular mediante la organización en los lugares de trabajo para garantizar que todos los espacios pongan fin a toda forma de complicidad con Israel.

En recientes llamamientos de los sindicatos palestinos, se ha instado a los trabajadores a que dejen de armar a Israel negándose a manipular mercancías y equipo militar destinados al régimen israelí. Esta demanda representa un punto de inflexión clave en el movimiento de solidaridad, en el que la lucha por la liberación palestina se vincula directamente al poder de los trabajadores para desbaratar los sistemas de opresión. Los sindicatos internacionales ya han comenzado a tomar medidas, desde los trabajadores portuarios de Barcelona e Italia que bloquean los envíos hasta el cierre de fábricas de armas en Canadá y el Reino Unido.⁵ Estas acciones demuestran que, cuando los trabajadores se posicionan, pueden desafiar de manera significativa a las industrias que alimentan el proyecto colonialista de Israel.

Este enfoque liderado por los trabajadores también conlleva el potencial de revitalizar los propios sindicatos, alejándolos de acciones meramente simbólicas. Por ejemplo, aunque las mociones aprobadas en los sindicatos en apoyo a Palestina son importantes, rara vez van acompañadas de demandas concretas. Para construir realmente poder, estas mociones deben evolucionar hacia la organización de las bases, la educación y la divulgación, que puedan llevar a los trabajadores a bloquear envíos, interrumpir líneas de producción o participar en boicots más amplios contra las empresas cómplices del genocidio israelí. Es necesario pasar de los gestos simbólicos a la adopción de medidas concretas para detener los sistemas que apoyan la violencia de Israel.

El fortalecimiento del poder de los trabajadores requiere un enfoque profundo y estratégico, centrado en la educación y la solidaridad a largo plazo. Los sindicatos palestinos han destacado la importancia de involucrar a los trabajadores de base en la educación política, ayudándoles a comprender la conexión entre su trabajo y los sistemas de opresión que perpetúan la violencia en Gaza. Muchos sindicalistas son nuevos en la lucha palestina y no todos los activistas conocen bien la historia del colonialismo israelí. Por lo tanto, es fundamental crear espacios de educación y solidaridad que se centren en el aquí y ahora, pero también en cómo construir movimientos sostenibles, liderados por los trabajadores, que puedan seguir luchando por la justicia más allá del momento inmediato.

La historia del internacionalismo obrero ofrece un marco valioso en este sentido. Al igual que los trabajadores de todo el mundo desempeñaron un papel decisivo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica o en el apoyo a los movimientos de liberación en Chile y Etiopía, el movimiento sindical mundial tiene la oportunidad de construir un legado similar de solidaridad con Palestina. Los trabajadores siempre han estado al frente de la lucha contra el imperialismo, y está claro que pueden desempeñar un papel transformador en esta lucha. La historia de las luchas exitosas lideradas por los trabajadores nos enseña que construir una solidaridad duradera lleva tiempo, pero también tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder, no solo para poner fin a la ocupación militar de Israel, sino también a los sistemas de opresión más amplios que la sostienen.

Nick Buxton es coordinador del área de conocimiento de TNI y un consultor de comunicaciones, investigador y editor de publicaciones. Entre numerosos artículos e informes, es editor −junto con Ben Hayes− del libro Cambio climático, S.A. (FUHEM, 2017).

Traducción: Nuria del Viso, investigadora del equipo de FUHEM Ecosocial.

Acceso al artículo en formato pdf: Entrevista a Rafeef Ziadah sobre el genocidio en Palestina.

NOTAS

[1] Esta entrevista es una versión resumida de la incluida en el informe Estado del poder 2025, que publican en español TNI, CLACSO Y FUHEM y que aparecerá a finales de 2025.

 [2] Adam Hanieh, Framing Palestine. Israel, the Gulf states and the American power in the Middle East, TNI, 13 junio de 2024. https://www.tni.org/en/article/framing-palestine

[3] Niamh Ni Bhriain y Mark Akkerman, Partners in Crime – EU complicity in Israel’s genocide in Gaza, TNI, 4 junio de 2024. https://www.tni.org/en/publication/partners-in-crime-EU-complicity-Israel-genocide-Gaza

[4] Workers in Palestine, An urgent call from Palestinian trade unions: end all complicity, stop arming Israel, Workers in Palestine, 16 octubre de 2023. https://www.workersinpalestine.org/the-calls-languages/english

[5] Rafeef Ziadah y Katy Fox-Hodess, «Unionists Around the World Block Weapons Bound for Israel», Labornotes, 13 diciembre de 2023. https://labornotes.org/2023/12/unionists-around-world-block-weapons-bound-israel

Giuseppe Feola

Las sociedades y economías occidentales han impulsado históricamente la denominada Gran Aceleración, socavando diversas funciones ecológicas de las que dependen tanto la vida humana como la no humana.³ Se están traspasando los denominados «límites planetarios» biofísicos en los que la civilización humana ha existido de forma segura.⁴

Las perturbaciones climáticas y ecológicas son causadas por sociedades y economías orientadas hacia el crecimiento compuesto perpetuo de su rendimiento material y energético (es decir, la energía y los materiales que fluyen a través de los sistemas socioeconómicos). Las investigaciones han demostrado que, en la actualidad, ningún país logra alcanzar un equilibrio entre mantenerse dentro de los límites planetarios y satisfacer las necesidades sociales básicas, como la seguridad, la educación o la voz política. Por lo general, los países ricos satisfacen muchas necesidades sociales, pero sobrepasan los límites ecológicos, mientras que otros países se mantienen en gran medida dentro de tales límites, pero no logran proporcionar a sus ciudadanos unas bases sociales sólidas.⁵ Esto se debe a que la economía capitalista predominante tiene problemas estructurales, en particular el hecho de que las ganancias de algunos dependen de las pérdidas de muchos otros.⁶

Por lo tanto, la amenaza que representan las perturbaciones ecológicas y las injusticias requiere una transformación de la economía, la sociedad y los sistemas alimentarios: no un ajuste de los incentivos o una «solución rápida» de las tecnologías, sino una transformación que se aleje de una economía capitalista extractivista responsable de «[…] daños e injusticias monumentales a través de su incesante necesidad de expansión, acumulación y extracción».⁷

Debemos luchar por una economía —y unos sistemas alimentarios dentro de ella— que contribuya positivamente al florecimiento humano y no humano, incluyendo la provisión de medios de vida dignos y trabajo significativo, así como un bajo consumo de materiales y energía.⁸ Esto implica una transformación social y económica fundamental, ya que «[…] se reconoce ampliamente que necesitamos cambiar algunos marcos culturales muy importantes —la importancia del crecimiento económico, el dominio del capitalismo de los combustibles fósiles, la esperanza de la modernidad como progreso sin fin— para hacer frente adecuadamente al desafío del cambio climático».⁹

Estas son, pues, las preguntas en las que me gustaría centrar este ensayo: ¿qué sistemas alimentarios podrían contribuir a formas de sociedad y economía que prioricen el bienestar de todos y mantengan la base ecológica de la vida? ¿Cómo serían los sistemas alimentarios que ya no necesitaran crecer para sobrevivir? ¿Y cómo podríamos llegar a ellos? Partiendo de lecturas sociotécnicas o socioecológicas de la insostenibilidad de los sistemas agrícolas, abordaré estas cuestiones desde una perspectiva de decrecimiento, un movimiento, una crítica y una visión que recientemente ha entrado en el debate sobre la sostenibilidad y la transformación de los sistemas agrícolas.

Crítica

Los sistemas alimentarios industriales de las sociedades capitalistas modernas se caracterizan, entre otras cosas, por altos niveles de insumos externos; un enfoque extractivo del medio ambiente natural; la dependencia de los mercados; una creciente financiarización; la necesidad imperiosa de crecer y la acumulación de capital.

La insostenibilidad y la injusticia inherentes a los sistemas alimentarios industriales de las sociedades capitalistas modernas tienen sus raíces no solo en falacias sociotécnicas o de gestión, sino también, y lo que es más importante, en las estructuras político-económicas y los modelos culturales del desarrollo capitalista extractivista y explotador.

Para profundizar en algunas de estas causas fundamentales, me basaré en una crítica multidimensional del decrecimiento de las economías y sociedades adictas al crecimiento (Tabla 1). El decrecimiento deconstruye la creencia hegemónica de que el crecimiento económico perpetuo y compuesto es intrínsecamente bueno. Por el contrario, el decrecimiento aboga por una forma de sociedad y economía que priorice el bienestar de todos y mantenga la base ecológica de la vida.¹⁰

Tabla 1. Críticas al crecimiento (adaptado de Schmelzer et al., 2022)¹¹

La crítica ecológica destaca el impacto perjudicial del crecimiento económico excesivo en la vida humana. La agricultura y los sistemas alimentarios contribuyen sustancialmente a la transgresión de los límites planetarios.¹² Investigaciones relevantes han identificado múltiples efectos ambientales negativos de estas actividades, como la «[…] destrucción de la biodiversidad y los sistemas de servicios ambientales […]; problemas de bienestar animal; [y] niveles excesivos de residuos y huellas de carbono».¹³ Los sistemas alimentarios industriales también tienen repercusiones sociales y sanitarias negativas. Entre ellas se incluyen la epidemia de obesidad y las afecciones de salud asociadas a ella; la mala calidad de los alimentos (en términos de sabor y nutrición humana) y el acceso limitado a los alimentos (como indica la creciente difusión de los bancos de alimentos); la expulsión de los pequeños agricultores y campesinos de la tierra y los mercados; y la pérdida de prácticas y cultivos tradicionales, a menudo muy diversos.¹⁴

Una crítica socioeconómica del decrecimiento ofrece una valiosa perspectiva para considerar la alienación de los consumidores. La cultura de perseguir restaurantes nuevos y de moda y productos alimenticios de edición limitada −que permite y, en algunos casos, está diseñada para que el consumidor nunca encuentre satisfacción− socava nuestra sensación de bienestar. Esta perspectiva también puede ayudar a poner de relieve la explotación que caracteriza a la producción alimentaria: los sistemas legales e ilegales que permiten la extracción de naturaleza y mano de obra baratas, incluidos los trabajadores agrícolas indocumentados que sostienen los sistemas alimentarios, a quienes con demasiada frecuencia ignoramos deliberadamente.¹⁵ Además, el problema cada vez más grave del endeudamiento afecta a los agricultores y los obliga a adoptar prácticas que maximizan el crecimiento en el sistema alimentario capitalista.¹⁶

La insostenibilidad y la injusticia de los sistemas alimentarios están profundamente arraigadas en los modelos culturales de desarrollo capitalista extractivista y explotador

El capitalismo se caracteriza por una lógica cultural e institucional que prioriza las ganancias individuales sobre los beneficios colectivos; la privatización sobre el intercambio; la eficiencia sobre la suficiencia; la externalización sobre la responsabilidad; etc. (Tabla 2). En los sistemas alimentarios orientados a la acumulación y el crecimiento, las ganancias en eficiencia no se ahorran simplemente, sino que es probable que las empresas las gasten en aumentar la producción y los consumidores en aumentar el consumo: este es el conocido «efecto rebote».¹⁷ Del mismo modo, los impulsos hacia alimentos más sostenibles o saludables pueden verse contrarrestados por la aparición de nuevos tipos de comida basura y prácticas alimentarias insostenibles y/o poco saludables.¹⁸

Tabla 2. Lógicas dominantes en los sistemas capitalista y poscapitalista

 Fuente: Elaboración propia.

La crítica del industrialismo desde el decrecimiento puede ayudarnos a abordar cuestiones de gobernanza antidemocrática en el sistema alimentario, tal y como se refleja en la concentración corporativa a lo largo de la cadena de suministro. La insostenibilidad del sistema alimentario y las injusticias que en él se producen no son meramente consecuencia de tecnologías deficientes o de una aplicación ineficaz de los modelos de negocio, los mecanismos de mercado o las intervenciones técnicas. Como argumentó Jennifer Clapp, «[…] las empresas concentradas pueden configurar los mercados, las agendas tecnológicas y de innovación, y los marcos políticos y de gobernanza».¹⁹

La economía política determina, entre otras cosas, quién toma las decisiones, con qué propósito y en interés de quién. Determina qué conocimientos y valores se tienen en cuenta en esas decisiones, cómo se distribuyen los beneficios y cómo se reparten los costes, si es que se reparten. En otras palabras, la concentración y el poder de las empresas socavan los objetivos clave de los sistemas alimentarios sostenibles y socialmente beneficiosos, como los medios de vida equitativos, la sostenibilidad y la participación amplia en la gobernanza del sistema alimentario.²⁰

La crítica del decrecimiento también revela el trabajo reproductivo no remunerado e infravalorado que es necesario para sostener un sistema alimentario industrial capitalista. El modelo de una granja familiar convencional suele representar a una pareja heterosexual y su familia nuclear, adhiriéndose a los roles masculinos y femeninos tradicionales dentro de la familia, el hogar y la granja. Dicho modelo «[…] vincula la masculinidad con el liderazgo en la producción de alimentos, las operaciones comerciales y el uso de maquinaria, mientras que asigna la feminidad a roles subordinados en el campo y las ventas, el trabajo manual y la responsabilidad sobre el trabajo reproductivo no remunerado, como las tareas domésticas, la cocina y el cuidado de los niños».²¹ A su vez, esto afecta a la infrarrepresentación, la discriminación y la exclusión de las personas que se identifican como mujeres y las personas queer. Esta discriminación se extiende a las dificultades para obtener créditos, préstamos, oportunidades de trabajo y vender productos en los mercados locales, todo ello debido al incumplimiento de los roles de género e identidad convencionales en la agricultura.

Igualmente, la crítica al decrecimiento pone de relieve las problemáticas relaciones Norte-Sur y su papel en las economías orientadas al crecimiento. Por ejemplo, las afirmaciones sobre la productividad y la eficiencia de la producción agrícola europea suelen omitir que dicha productividad, en cierta medida, se consigue a costa de mano de obra, tierra y recursos baratos en otras partes del mundo.

Las investigaciones muestran que la búsqueda de una producción alimentaria sostenible suele ser llevada a cabo por poderosos actores económicos, a menudo con sede en el Norte, que externalizan las actividades locales a países del Sur con una legislación laboral y medioambiental deficiente (o mal aplicada); a su vez, desplazan los costes sociales y ecológicos utilizando mano de obra barata y combustibles fósiles en esos países.²² Además, los actores mencionados también trasladan los costes sociales y ecológicos mediante la adopción de tecnologías supuestamente «inteligentes» en el Norte, lo que aumenta la demanda de la extracción perjudicial de recursos escasos (por ejemplo, minerales de tierras raras) necesarios para alimentar estas tecnologías en otros lugares.

Visión

Es difícil imaginar sistemas alimentarios poscrecimiento, ya que en general es difícil imaginar algo que aún no existe, pero no estamos del todo a ciegas.

Un modelo de simulación desarrollado por Leon Bodirsky, David Chen y sus colegas, por ejemplo, mostró:

[…] que una transformación estructural y cualitativa del sistema alimentario puede lograr una economía del sistema alimentario en estado estacionario que sea neutra en emisiones netas de GEI²³ para 2100, al tiempo que mejora los resultados nutricionales. Esta transformación sostenible reduce el consumo de materiales mediante una convergencia hacia un sistema alimentario basado en las necesidades, es posible gracias a una distribución más equitativa de los ingresos e incluye una asignación eficiente de los recursos.²⁴

En cuanto a las intervenciones que conducen a dicha transformación del sistema alimentario, este estudio demostró que tal transformación implicaría la reducción de la industria ganadera, la disminución del consumo de productos animales, la expansión de la horticultura y la adopción de prácticas y materiales de gestión poco contaminantes.

Meino Smit²⁵ fue más allá: argumentó que la agricultura neerlandesa es insostenible (en términos de equilibrio energético) y estimó que situar la agricultura neerlandesa dentro de los límites «energéticos» sostenibles implicaría sistemas alimentarios que, entre otras cosas:

1. Producirían principalmente, si no exclusivamente, para la población nacional.
2. Implicaran muy poca exportación e importación de los recursos necesarios para la producción y los alimentos resultantes, con una producción y un consumo destinados a fines locales/regionales.
3. Aumentaran la captura de carbono en las tierras agrícolas mediante la utilización de más materia orgánica y menos labranza en los procesos agrícolas.
4. Tomaran la fuerza manual como punto de partida para proporcionar energía; por lo tanto, emplearan cuatro veces más mano de obra que en la actualidad.
5. Utilizar la menor cantidad posible de combustibles fósiles y aparatos electrónicos.
6. Reutilizar todas las materias primas y toda la materia orgánica, lo que significa que todos los residuos de materia orgánica deben recogerse por separado para su uso como fertilizante.

Juan Infante Amate y Manuel González de Molina llegaron a conclusiones similares en su investigación sobre la agricultura española.²⁶

Los sistemas alimentarios poscrecimiento también pueden imaginarse examinando las prácticas experimentadas con redes alimentaria alternativas. El sistema alimentario alberga una multitud de granjas agroecológicas, colectivos alimentarios, programas de agricultura apoyados por la comunidad, mercados de agricultores e iniciativas de intercambio de alimentos, junto con muchos otros tipos de iniciativas campesinas, de base, comunitarias y cooperativas, y empresas sociales en las que participan millones de personas en todo el mundo, que ya están desarrollando sistemas alimentarios alternativos y cívicos.²⁷

Las investigaciones demuestran que estas iniciativas pueden promover prácticas agrícolas agroecológicas productivas, crear puestos de trabajo significativos −esto es, que tienen sentido para los trabajadores−, producir alimentos saludables, desmercantilizar los alimentos y los recursos y construir comunidades. Esto se debe a que están arraigadas en el lugar: ecológica, social y culturalmente, y a que a menudo se gestionan de manera horizontal y profundamente democrática, dando prioridad al bienestar social y medioambiental y a la soberanía alimentaria por encima de la obtención de ganancias.²⁸

A pesar de los numerosos contratiempos y concesiones, muchas de estas iniciativas funcionan según una lógica contradictoria con los sistemas alimentarios capitalistas industriales dominantes (tabla 2, columna derecha). Puede que no sean grandes, ni capaces o dispuestas a «ampliarse», pero estas alternativas cuestionan sin duda muchas de las lógicas profundamente arraigadas y dadas por sentadas del capitalismo industrial que están en la base de sus sistemas alimentarios insostenibles e injustos. La existencia de alternativas que funcionan aquí y ahora para un sistema alimentario fundamentalmente diferente puede considerarse una brújula que indica una dirección, si no un punto de llegada específico, para la transformación de los sistemas alimentarios.

Caminos

La complejidad de los sistemas alimentarios desafía cualquier solución «milagrosa».²⁹ Por lo tanto, prefiero pensar en la transformación como un proceso que surge de los intentos de producir cambios a través de diversos tipos de intervenciones, llevadas a cabo por diferentes agentes en diferentes espacios. El reto, entonces, es cómo buscar la resonancia entre estos agentes, intervenciones y espacios. En esta sección, propongo tres vías para abordar este reto.

Vía 1: Enfoque de política evolutiva

El cambio transformador puede conceptualizarse como el doble movimiento de declive y eliminación gradual de los sistemas insostenibles, y la aparición y consolidación de los sostenibles (Figura 1). El enfoque de política evolutiva (i) aprovecha la variación de las prácticas agroalimentarias, (ii) apoya la conservación y transmisión de alternativas, y (iii) guía deliberadamente su selección, incluida la eliminación gradual de las prácticas agroalimentarias insostenibles e injustas.

Figura 1. La curva X que representa la interacción de los patrones de consolidación y eliminación³⁰

Fuente: Hebinck et al., 2022.³⁰

Cuando se aplica a la transformación, el enfoque puede ayudar a navegar a través de este doble movimiento. Aprovechar la variación en el sistema alimentario implica crear espacios y recursos para la experimentación y acelerar las alternativas al sistema alimentario capitalista industrial. Apoyar la retención y la transmisión de esas alternativas implica fomentar su consolidación, pero también facilitar el aprendizaje, la replicación y la difusión de alternativas en diferentes geografías. La selección implica eliminar deliberadamente las prácticas agrícolas, de procesamiento, distribución y consumo insostenibles e injustas. La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios de justicia distributiva, de reconocimiento, procesal y restaurativa.³¹ A pesar del riesgo de captura por parte de intereses creados,³² si se aplica mediante políticas y otras estrategias de cambio social en todos los contextos, y siempre que la brújula del poscrecimiento sea firme, este enfoque evolutivo tiene cierto potencial para informar la coherencia de las políticas y lograr resonancia.

Vía 2: Sinergias en las estrategias políticas

Una segunda forma de pensar en la búsqueda de resonancia se basa en las sinergias entre las estrategias políticas. El pensamiento convencional sobre la transformación del decrecimiento se ha cristalizado en tres estrategias interrelacionadas y que se refuerzan mutuamente.³³

En primer lugar, la prefiguración puede observarse en una miríada de alternativas concretas ya existentes, como los bienes comunes, las cooperativas alimentarias, el intercambio de alimentos, la agricultura apoyada por la comunidad y otras similares, que se centran en la tierra o los alimentos. Estas prefiguraciones cambian el sistema alimentario a nivel local y socializan a las personas con valores alternativos, al tiempo que construyen comunidad y demuestran que crear alternativas es difícil, pero posible.

En segundo lugar, la movilización contrahegemónica implica resistir las lógicas y prácticas de la economía capitalista de crecimiento, así como la explotación, el daño y el perjuicio que esta genera. Pensemos en las protestas contra los acuerdos de libre comercio, los OMG o aquellas destinadas a salvaguardar el acceso a la tierra o la soberanía alimentaria. Esta estrategia también implica crear nuevos sentidos comunes e instituciones de poder paralelas para transformar el sistema capitalista junto con estructuras sociales más amplias.

En tercer lugar, las reformas no reformistas «[…] tienen por objeto socavar el orden político, económico y social imperante, construir uno esencialmente diferente y crear un poder democrático hacia horizontes emancipadores. Buscan redistribuir el poder y reconstituir quién gobierna y cómo» (Akbar, 2023, p. 2507).³⁴ Por ejemplo, si las reformas agrarias implicaran la expropiación y la redistribución de la tierra, cambios estructurales en los regímenes de subvenciones y medidas que contrarresten la concentración de la tierra, podrían cambiar las relaciones de poder y crear oportunidades para un cambio ulterior.³⁵

Diferentes actores —como los movimientos alimentarios y agroecológicos, los agricultores, los colectivos comunitarios, los investigadores, los responsables políticos y los emprendedores sociales— pueden adoptar principalmente una estrategia. Sin embargo, es útil concebir estrategias desde una perspectiva más sistémica. Leonie Guerrero-Lara (2024),³⁶ por ejemplo, demostró que la red alemana de agricultura apoyada por la comunidad (CSA), que se centra principalmente en la creación de alternativas, también participa en movilizaciones contrahegemónicas y en la promoción de CSA y otras causas a diversos niveles administrativos. Por lo tanto, es fundamental apreciar el papel de estas conexiones en el fomento de la resonancia a la que me refería anteriormente.

Vía 3: Coaliciones de movimientos sociales

Por último, una tercera forma de pensar en la búsqueda de resonancia se basa en las coaliciones de movimientos sociales. Existe un potencial sin explotar para las alianzas entre los movimientos alimentarios, medioambientales y de decrecimiento. En muchos sentidos, la agroecología —tal y como se promueve a través del movimiento La Vía Campesina y otras alternativas— podría servir de modelo para los sistemas agrícolas poscrecentistas.³⁷ Sin embargo, la alianza estratégica entre estos movimientos de base está lejos de estar establecida.

En un estudio dirigido por Julia Spanier y Leonie Guerrero-Lara,³⁸ por ejemplo, examinamos el potencial de una coalición entre los movimientos de decrecimiento y CSA en Alemania. Allí, descubrimos que la actual ausencia de una coalición puede explicarse por dos factores, además de la falta de conocimiento sobre el decrecimiento por parte de la red CSA.

En primer lugar, las diferencias ideológicas y estratégicas se expresan en diagnósticos contrastantes del problema: el CSA se centra en la cuestión concreta de la pérdida de la agricultura a pequeña escala, mientras que el decrecimiento propone una crítica más amplia —y, a ojos de muchos miembros del CSA, más abstracta— de las estructuras socioeconómicas. Además, el CSA no es explícitamente anticapitalista, mientras que el decrecimiento sí lo es. El CSA opera mediante el fortalecimiento de alternativas, la resistencia y la promoción de causas, mientras que el decrecimiento se centra principalmente en discursos e imaginarios.

En segundo lugar, la falta de una coalición entre el decrecimiento y la CSA en Alemania puede estar relacionada con la falta de factores propicios para la creación de coaliciones, debido a las formas contrastantes de organización interna (la CSA está muy organizada, mientras que el movimiento de decrecimiento es más fluido), la escasez de recursos (para ambos movimientos) y la limitada movilización de los vínculos sociales existentes entre los movimientos.

Al mismo tiempo, identificamos varias oportunidades para una futura coalición. Las críticas a las presiones del crecimiento en el sistema alimentario encuentran eco en ambos movimientos. Los repertorios de acción de los dos movimientos pueden ser complementarios: el movimiento CSA se centra en gran medida en el cambio social impulsado por la práctica, mientras que el decrecimiento persigue principalmente el cambio impulsado por el discurso. Por último, las personas que participan en ambos movimientos, o en otras redes o movimientos estrechamente relacionados con el decrecimiento y el CSA, podrían actuar como «constructores de puentes».

La creación de coaliciones puede ser una tercera vía muy necesaria y prometedora para buscar resonancia entre las intervenciones transformadoras en el sistema alimentario.

Conclusiones

En este ensayo, partí de lecturas sociotécnicas y socioecológicas de la insostenibilidad de los sistemas agrícolas. Propuse una crítica y una visión del decrecimiento que se alinea con una escuela de pensamiento que está ganando terreno en los debates sobre la sostenibilidad y que también ha entrado recientemente en el debate sobre la sostenibilidad y la transformación de los sistemas agrícolas.³⁹

Para concluir, la insostenibilidad y la injusticia de los sistemas alimentarios industriales en las sociedades capitalistas modernas tienen sus raíces no solo en falacias sociotécnicas o de gestión, sino también, y lo que es más importante, en las estructuras político económicas y los modelos culturales del desarrollo capitalista extractivista y explotador. Partiendo de una crítica a nuestro sistema socioeconómico dominante, que persigue el crecimiento a toda costa, provocando la explotación humana y la destrucción del medio ambiente, esbocé visiones y vías para los sistemas alimentarios poscrecimiento. Como tal, este ensayo ofrece algunos elementos de reflexión para imaginar y poner en práctica sistemas alimentarios —y, en términos más generales, formas de sociedad y economía— que garanticen la justicia medioambiental y una buena vida para todos dentro de los límites planetarios.

NOTAS

1 Investigación financiada por el European Research Council (Starting Grant 802441) y Netherlands Organization for Scientific Research (Vidi Grant 016.Vidi.185.173).

2. Esta es una versión resumida y traducida del artículo titulado «Sistemas alimentarios poscrecimiento: crítica, visiones, vías», publicado en la revista Degrowth Journal en enero de 2025,  https://www.degrowthjournal.org/publications/2025-01-27-postgrowth-food-systems-critique-visions-pathways/

3 Will Steffen et al., «The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration», The Anthropocene Review, 2(1), 2015, 81–98. https://doi.org/10.1177/2053019614564785

4. Katherine Richardson et al., «Earth beyond six of nine planetary boundaries», Science Advances, 9(37), 2023, eadh2458. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458

5. Andrew Fanning et al., «The social shortfall and ecological overshoot of nations», Nature Sustainability, 5(1), (2022), 26–36. https://doi.org/10.1038/s41893-021-00799-z

6. Jason Hickel, The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and Its Solutions, William Heinemann, Londres, 2017.

7. Eva Lövbrand et al., The Anthropocene and the geo-political imagination: Re-writing Earth as political space, Earth System Governance, 4, 2020, 100051, p. 4. https://doi.org/10.1016/j.esg.2020.100051

8. Daniel O’Neill et al., «A good life for all within planetary boundaries», Nature Sustainability, 1(2), 2018, 88–95. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0021-4

9. Lesley Head, «Foreword», en Giuseppe Feola, H. Geoghegan y A. Arnall, (eds.), Climate and Culture: Multidisciplinary Perspectives on a Warming World (pp. ix – xv) p. ix, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

10. Giorgos Kallis et al., The Case for Degrowth, Polity Press, 2020; Matthias Schmelzer, A. Vetter y A. Vansintjan, The future is degrowth: A guide to a world beyond capitalism, Verso Books, 2022.

11. Schmelzer et al., 2022, op. cit.

12. Bruce Campbell et al., «Agriculture production as a major driver of the Earth system exceeding planetary boundaries», Ecology and Society, 22(4), 2017, art8. https://doi.org/10.5751/ES-09595-220408

13. Owain Jones et al., «On the alternativeness of alternative food networks: sustainability and the co-production of social and ecological wealth», en Duncan Fuller, Andrew E. G. Jonas y Roger Lee (eds.), Interrogating Alterity: Alternative Economic and Political Spaces (pp. 95=109). Ashgate Publishing, Ltd., 2010, p. 96.

14. Ibid.; Campbell et al., 2017, op. cit.

15. Por ejemplo, Mimmo Perrotta, «Behind the Cheap Tomato: Migrant Workers in Southern Italy», Global Dialogue, 4(4) 2014. http://isa-global-dialogue.net/behind-the-cheap-tomato-migrant-workers-in-southern-italy/

16. Julien-François Gerber, «The Role of Rural Indebtedness in the Evolution of Capitalism», Journal of Peasant Studies, 41(5), 2014, 729–747. https://doi.org/10.1080/03066150.2014.921618

17. Por ejemplo, Margaret Hegwood et al., «Rebound effects could offset more than half of avoided food loss and waste», Nature Food, 4(7), 2023, 585–595. https://doi.org/10.1038/s43016-023-00792-z

18. Por ejemplo, Cass R. Sunstein, «Nudges that fail», Behavioural Public Policy, 1(1), 2017, 4–25. https://doi.org/10.1017/bpp.2016.3

19. Jennifer Clapp, J., «The problem with growing corporate concentration and power in the global food system», Nature Food, 2(6), 2021, 404–408, p. 404. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00297-7

20. Ibid.

21. Krithika Raj y Giuseppe Feola, Fostering diverse genders and sexualities in agriculture: A guide for community-supported agriculture, 2024, p. 1. https://unmaking.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/446/2024/03/Fostering_diverse_genders_and_sexualities_in_agriculture.pdf^]

22. Meino Smit, De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950 – 2015 – 2040. [Doctoral Dissertation, Wageningen University & Research], 2018. https://www.wur.nl/en/publication-details.htm?publicationId=9ca5f911-b3d7-4fe7-9bf4-589ac8cfb7d4

23. Gases de efecto invernadero.

24. Leon Bodirsky et al., «Integrating degrowth and efficiency perspectives enables an emission-neutral food system by 2100», Nature Food, 3,  2022, 341-348, p. 341. https://doi.org/10.1038/s43016-022-00500-3

25. Smit, 2018, op.cit.

26. Juan Infante Amate y Manuel González de Molina, «”Sustainable de-growth” in agriculture and food: An agro-ecological perspective on Spain’s agri-food system (year 2000)», Journal of Cleaner Production, 38, 2013, 27–35. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.03.018

27. David Goodman et al., Alternative food networks: knowledge, practice, and politics, Routledge, 2012; Henk Renting et al., «Building food democracy: Exploring civic food networks and newly emerging forms of food citizenship», The International Journal of Sociology of Agriculture and Food, 19(3), 2012, 289-307. https://doi.org/10.48416/ijsaf.v19i3.206

28. Por ejemplo, Sari Forssell y Lena Lankoski, «The sustainability promise of alternative food networks: An examination through “alternative” characteristics», Agriculture and Human Values, 32(1), 2015, 63–75. https://doi.org/10.1007/s10460-014-9516-4

29. Cees Leeuwis et al., «How food systems change (or not): Governance implications for system transformation processes», Food Security, 13(4), 2021, 761–780. https://doi.org/10.1007/s12571-021-01178-4

30. Paul Hebinck et al., «An actionable understanding of societal transitions: The X-curve framework», Sustainability Science, 17(3), 2022, 1009–1021. https://doi.org/10.1007/s11625-021-01084-w

31. Annika Lonkila et al., «Just destabilisation? Considering justice in the phase-out of peat», Environmental Innovation and Societal Transitions, 52, 2024. 100867. https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100867

32. Laura van Oers et al., «The politics of deliberate destabilisation for sustainability transitions», Environmental Innovation and Societal Transitions, 40, 2021, 159–171. https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.06.003

33. Kallis et al., 2020, op. cit.

34. Amna A. Akbar, «Non-reformist reforms and struggles over life, death, and democracy», Yale Law Journal, 132(8), 2023, 2497-2577.

35. Leonie Guerrero Lara, Nurturing networks: A Social Movement lens on Community-Supported Agriculture, Universidad de Utrecht, 2024. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/433779

36. Ibid.

37. Por ejemplo, Nelson, A., & Edwards, F. (Eds.), Food for degrowth: Perspectives and practices, Routledge, 2020.

38. Julia Spanier, Leonie Guerrero Lara y Giuseppe Feola, «A one-sided love affair? On the potential for a coalition between degrowth and community-supported agriculture in Germany», Agriculture and Human Values, 41(1), 2024, 25–45. https://doi.org/10.1007/s10460-023-10462-2

39. Nelson y Edwards, 2020, op.cit.; Leonie Guerrero Lara et al., «Degrowth and agri-food systems: A research agenda for the critical social sciences», Sustainability Science, 18, 2023, 1579–1594. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01276-y; Guerrero Lara et al., «Degrowth and agri-food systems: A research agenda for the critical social sciences», Sustainability Science, 18, 2023, 1579–1594. https://doi.org/10.1007/s11625-022-01276-y

Acciones similares tuvieron lugar en otros países europeos dando continuidad a la Conferencia Beyond Growth 2023 realizada en el Parlamento Europeo por iniciativa de veinte eurodiputados de cinco grupos políticos y el apoyo de su presidenta Roberta Metsola.²

Santiago Álvarez Cantalapiedra en la Introducción del número 172 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado al Poscrecimiento afirma que cabe entender el poscrecimiento como la expresión de un movimiento social que ofrece un nuevo marco interpretativo en el que confluyen numerosas corrientes de pensamiento crítico y  estrategias políticas. Este doble carácter teórico/ práctico del movimiento poscrecentista obliga a considerar tanto sus aspectos analíticos como políticos.

¿Un marco interpretativo adecuado?

El poscrecimiento aboga por abandonar la obsesión por el crecimiento y por empezar a enfocarse en otros aspectos. Por eso cuestiona la convención de que el crecimiento deba ser considerado el principal objetivo de la política económica. No hacer ese cuestionamiento supone ignorar que la actual crisis ecológica global refleja principalmente un problema de escala o de tamaño de la actividad económica en relación con los sistemas naturales. Las sociedades reclaman más de lo que los ecosistemas son capaces de soportar para conservar su estructura y funcionamiento por lo que, de continuar por las sendas de la insostenibilidad, la reproducción social quedaría comprometida en la medida en que las bases naturales son socavadas por la dinámica expansiva de la economía.

Así pues, la salud del planeta no es el precio que hay que pagar por alcanzar el bienestar social sino la condición imprescindible para que pueda preservarse en el tiempo. Es más, resulta hoy evidente que el crecimiento se ha convertido en el principal problema para ambas cosas al generar unos costes sociales y ambientales mayores que las ventajas que pudiera procurar.

Y no solo eso, sino que también se ha convertido en un problema para la democracia al omitirse que el funcionamiento ordinario del capitalismo en las sociedades no solo se basa en un flujo metabólico creciente (un mayor uso de energía útil y materiales) sino también en la transferencia continuada de gran parte de los costes sociales, ecológicos y políticos a “otras partes” (zonas territoriales, grupos sociales o generaciones futuras) que ven reducidas así sus oportunidades vitales.³ Esa «lógica de transferencia», que se añade a la de la expropiación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, impide la universalización para todas las personas del reconocimiento y realización de los derechos básicos que conforman el núcleo de cualquier democracia.

¿Crecimiento o capitalismo?

Ahora bien, de lo anterior cabría preguntarse si el problema reside en el crecimiento o en el funcionamiento del capitalismo, cuando no en ambas cosas. Podría parecer lo mismo, aunque en realidad sean cuestiones diferentes. El capitalismo tiene como propósito principal la acumulación incesante de capital, pero el aumento del capital, que es un valor abstracto expresado en términos monetarios, no siempre implica producir más, ni siquiera incluso producir algo (como vemos en el capital financiero). Por otro lado, el capitalismo da lugar a recesiones profundas y a crisis que contraen la economía, sin que esas circunstancias nos saquen de él (el trabajo asalariado, la propiedad privada de los medios de producción y la organización mediante mercados bajo la lógica del beneficio privado siguen persistiendo) ni dejen de operar los mecanismos de transferencia (tanto en el espacio como en el tiempo). Es más, en esos momentos suele ser habitual que se intensifiquen tanto la explotación de la fuerza de trabajo como la destrucción de la naturaleza, así como la externalización de todo tipo de costes, como preparación de las condiciones para el relanzamiento de una nueva fase de acumulación.

Así pues, la idea de que abandonando el crecimiento conseguiremos librarnos de las amenazas que se ciernen sobre el bienestar, la naturaleza o la democracia puede no ser suficiente si no ponemos el foco, además, en la estructura y el funcionamiento del capitalismo.

El valor de las cosas

Pero hay algo más. Esta vez tiene que ver con el hecho de lo que realmente se refleja tras eso que usualmente se entiende por crecimiento. Hace ya unas cuantas décadas, el polifacético filósofo francés Jacques Attali publicó, junto con Marc Guillaume, un libro titulado Antieconomía para referirse a las actividades económicas que, aunque muy lucrativas, son destructivas desde el punto de vista del bienestar colectivo y el progreso social. Herman Daly y otros economistas ecológicos han utilizado, a su vez, la expresión «crecimiento antieconómico» para referirse a aquellos aumentos del valor económico que se computan como parte de la producción pero que tienen un coste en recursos naturales y bienestar que vale más que los objetos fabricados.⁴

Ambos casos revelan la incapacidad que mostramos habitualmente para valorar y medir la actividad económica. La muestra más evidente es el empleo que se hace del PIB como indicador del crecimiento económico.⁵ A qué concedemos valor en la vida y cómo lo medimos es algo que trasciende los debates sobre el crecimiento o los indicadores con los que se aspira a medirlo. Tiene que ver más bien con nuestras concepciones de la economía y con nuestras opciones morales. Alejarnos de la idea de la economía como sistema de aprovisionamiento que integra diferentes esferas (muchas de ellas no mercantiles) implicadas en la satisfacción de las necesidades de una población para, en su lugar, poner la atención en una noción de sistema económico que solo sirve para encubrir prácticas de extracción y adquisición que, amparadas por el poder, a lo sumo generan un juego de suma cero, cuando no una suma negativa (si se consideraran además de los costes de extracción también los de reposición),⁶ ha hecho que estemos preguntándonos acerca de la conveniencia o inconveniencia de alentar o desalentar un crecimiento económico realmente inexistente.

No, el problema no parecería estar en el crecimiento económico (en cierta manera una entelequia), sino en el lucro, la explotación humana, el despojo de pueblos y territorios y la destrucción de la naturaleza anclados tanto en una determinada concepción de la economía como en unas prácticas económicas que solo operan como sistema de aprovisionamiento para satisfacer las necesidades de la gente por defecto.

Si tuviéramos en cuenta todos esos aspectos, al crecimiento le pasaría lo mismo que al rey de la fábula del Traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen: que está desnudo. Si tuviéramos en cuenta todos esos aspectos, esa virtud concedida alegremente al capitalismo como el sistema mejor capacitado para hacer crecer la riqueza, quedaría inmediatamente arrumbada, pues tan enorme como su productividad es su destructividad. Imprime una dinámica estructural intrínsecamente destructiva para la vida humana y no humana, para la sociedad y la naturaleza. Y no solo eso, sino que además al asentarse en las mismas relaciones de poder que le permite hacerse con todo lo que despoja, muestra una habilidad inestimable para eludir el pago de sus deudas. No solo es un modo de apropiación de la naturaleza y de expropiación de los recursos ajenos, sino que busca permanentemente evitar asumir los costes de la reproducción social y los costes de la restitución ecológica que su funcionamiento ocasiona. Traslada esas tareas al ámbito doméstico (apropiándose del trabajo de cuidados de las mujeres) o a la esfera del Estado (que contribuye a la reproducción social a través de la sanidad o a la restauración de los ecosistemas o hábitats dañados) y, si se ve obligado a asumirlas, buscará la forma más barata de hacerlo recurriendo a aquellos mecanismos de intercambio económico y ecológicamente desigual que mejor le permitan exprimir todos los eslabones de la cadena de valor. Si en algún momento se viera obligado a asumir la totalidad de los costes de la reproducción social y del restablecimiento ecológico, ese momento significaría lisa y llanamente el cese del lucro monetario y, por ende, el comienzo del fin del propio capitalismo.

Por eso nos hallamos ante la enorme dificultad de valorar adecuadamente lo que verdaderamente importa. No solo es que, como los necios, confundamos valor y precio, es que además concedemos valor a lo que no lo tiene y dejamos de prestar atención a lo que lo merece.

¿Un marco para la acción política?

Si bien el poscrecentismo podría ayudar a establecer otras prioridades y formas de valoración de las cosas, realzando la importancia tanto de disponer de más tiempo autónomo como de disfrutar de relaciones interpersonales más satisfactorias en unos entornos sociales y naturales más saludables que ameriten el buen vivir, esas mismas metas han sido recurrentemente señaladas ya desde hace tiempo por otras propuestas y movimientos sociales −muchos de ellos presentes en el llamado Sur Global− empeñados en reconocernos de otra forma en la naturaleza de la que formamos parte, en conseguir reducciones significativas de las jornadas laborales  así como repartos más equitativos de todos los trabajos o en apreciar el importante papel que tienen las bases comunitarias para nuestra existencia social. Puede ser que bajo el lema de ir «más allá del crecimiento» todas estas tradiciones y colectivos se reconozcan como partícipes de un mismo «movimiento de movimientos», tal y como en su día lo consiguió el movimiento alterglobalizador surgido de los foros sociales mundiales, pero también es posible que la simple sombra del sustantivo que aparece tras el prefijo condicione demasiado como para sentirse a gusto bajo ese árbol. En ese caso, conviene, como señala Ernest García,⁷ no dejarse enredar en cuestiones terminológicas y centrarse en lo esencial. Y en el plano político, lo importante es conseguir tender puentes y articulaciones entre todos aquellos colectivos y movimientos que tienen otra mirada y otra forma de valorar lo que somos y de lo que formamos parte.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

NOTAS

1. Se puede leer la Declaración de la Conferencia, «Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial» en la sección Experiencias de este mismo número (pp. 85-96). De esa declaración surge el compromiso de celebrar el Foro Social Más Allá del Crecimiento en las fechas del 13 y 14 de febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid: https://beyondgrowth.es/

2 https://www.beyond-growth-2023.eu/

3 Se ha señalado reiteradamente en esta misma revista: nuestro modo de vida es posible gracias a la existencia de unas colonias puestas a su servicio. En palabras de las ecofeministas María Mies y Vandana Shiva: «Las mujeres, la naturaleza y los pueblos y países explotados son las colonias del Hombre Blanco. Sin esa colonización, o sea, sin su subordinación en aras de la apropiación predatoria (explotación), no existiría la famosa civilización occidental ni su paradigma de progreso» Ecofeminismo (teoría, crítica y perspectivas), Icaria, Barcelona, 2015, p. 103.

4 Herman E. Daly, «Economics In A Full World», Scientific American (September 2005), 293, pp. 100-107. Doi:10.1038/scientificamerican0905-100

5 Pero también los intentos de corregir los indicadores macroeconómicos para atender las críticas ecológicas, feministas y sociales han puesto de manifiesto en gran medida esa misma incapacidad. Véase la entrada «Poscrecimiento» a cargo de Jordi Roca Jusmet en el libro, coordinado por Óscar Carpintero, Economía inclusiva. Conceptos básicos y algunos debates, FUHEM/ Catarata/ Universidad de Alcalá, Madrid, 2025, pp. 243-245.

6 Resulta imprescindible reivindicar una y otra vez la obra de José Manuel Naredo y, en especial, los libros con los que ha ido desmontando la ideología económica dominante: La economía en evolución. Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico (Siglo XXI de España1987; 4ª edición actualizada 2015); Raíces económicas del deterioro ecológico y social: más allá de los dogmas (Siglo XXI de España, 2015) y Taxonomía del lucro (Siglo XXI de España, 2019).

7 Ernest García, «Reflexiones más allá del crecimiento (IV): ¿Decrecimiento o más allá del crecimiento?», 15/15\15 revista para una nueva civilización, 22 de septiembre de 2025. Disponible en: https://www.15-15-15.org/webzine/es/

Julia Steinberger es profesora de Desafíos sociales del cambio climático en la Universidad de Lausana (Suiza), donde es docente e investigadora en economía ecológica. Su investigación está encaminada a examinar las conexiones entre el uso de los recursos y el desempeño de la sociedad. En esta entrevista, preguntamos a la profesora Steinberger acerca del concepto de poscrecimiento y sus principales características.

 Monica Di Donato (MDD) y Pedro Lomas (PL): En primer lugar, muchas gracias por contestar estas preguntas para PAPELES. Queremos comenzar con una pregunta general para contextualizar el poscrecimiento en el marco de los debates sobre crecimiento. Nos gustaría que nos aclarase el significado de poscrecimiento, y si este puede ser entendido como una forma de anticapitalismo o simplemente como otra forma de afrontar distintas prioridades bajo el mismo marco. A su vez, también nos gustaría que hablase, en el marco del debate general sobre crecimiento, cuáles son las principales diferencias, si es que existen, entre el poscrecimiento y otros marcos como el decrecimiento, el estado estacionario, el posdesarrollo, etc.

Julia Steinberger (JS): El poscrecimiento ha emergido como un término complementario y que, en cierto modo, incluye al de decrecimiento. Mientras que decrecimiento se aplica de modo más claro al Norte global y a sus clases más enriquecidas, a las métricas cuantitativas de usos de los recursos y de impacto ambiental, así como al futuro inmediato, el poscrecimiento describe distintas estrategias que también se aplican al Sur global, a diversos estratos sociales, es cualitativo a la vez que cuantitativo, y se proyecta sobre un futuro deseable donde el crecimiento ya no es un objetivo ideológico central en el ámbito económico. Tal y como escribíamos en un artículo reciente en la revista The Lancet,¹el poscrecimiento incluye tanto alternativas como críticas a nuestro actual sistema económico, al igual que hacen otros paradigmas, como la economía del bienestar, la de la rosquilla o el estado estacionario y el decrecimiento. El decrecimiento es quizás la más explícitamente anticapitalista de todas esas aproximaciones, pero todas ellas comparten críticas y desafíos fundamentales al capitalismo, especialmente en su actual forma ultraliberal facilitadora del fascismo.

MDD y PL: En este sentido, para entender realmente este concepto de poscrecimiento, ¿cuáles serían las principales características que debemos tener en cuenta a la hora de presentar un modelo determinado como perteneciente al poscrecimiento?

JS: Yo diría que hay algunas características centrales con las que todo el mundo estaría de acuerdo a la hora de denominar algo poscrecentista. Una es alejarse del PIB o de una escala de crecimiento/contracción de la actividad económica como indicador de algo. En este sentido, el poscrecimiento también se aleja del PIB y del fetichismo del crecimiento para enfocarse en otros aspectos, seguramente más importantes para la transformación.

Las prioridades del poscrecimiento se concentran alrededor de la idea de bienestar humano universal. Estas prioridades implican, por tanto, una reorientación, una reestructuración fundamental, de las actividades económicas y de los sistemas de abastecimiento, incluyendo la producción, el consumo, la inversión y el comercio, que los aleje de la extracción, la explotación, el intercambio desigual y la acumulación de beneficio, hacia la satisfacción equitativa de las necesidades humanas al mínimo nivel de uso de recursos e impacto ambiental posible. Esta reorientación de la economía implica, a su vez, un compromiso político, preguntándonos: ¿quién toma las decisiones dentro de la economía? El poscrecimiento implica cambiar las estructuras de propiedad, tomando de los más ricos, y dando control democrático a las comunidades más afectadas, ya sean trabajadores u hogares. Este aspecto de democracia económica, el control democrático sobre todos los aspectos de la económica para evitar la acumulación de poder y riqueza es fundamental en el poscrecimiento.

MDD y PL: Como todo concepto complejo, podríamos decir que el poscrecimiento está en desarrollo, es decir, que todavía queda espacio para controversias y debates. En su opinión, ¿cuáles son los debates más relevantes que hay ahora mismo dentro del marco del poscrecimiento?

JS: Efectivamente, yo esperaría que el poscrecimiento evitase los escollos de los proyectos izquierdistas anteriores, que a menudo apuntaban a un «socialismo científico» teóricamente perfecto o alguna otra visión utópica última, y ​​se comprometa a ser un trabajo en constante desarrollo. Este compromiso con el proceso en lugar de con el resultado debería ser de sentido común en estos tiempos de incertidumbre y policrisis; también es vital para un proyecto democrático, arraigado en la vida cotidiana de las personas, sus experiencias, su dinámica de ensayo y error y sus ideas novedosas.

En cuanto a los debates actuales, hay muchos. Algunos de los más interesantes desde mi perspectiva incluyen estrategias de desvinculación decolonial para poner fin al intercambio desigual y a la explotación Norte-Sur. ¿Qué significa esto en términos de instituciones políticas y económicas nacionales, regionales e internacionales? ¿Qué significa en términos de inversiones y reorganización del trabajo? Otro debate tiene que ver con la planificación democrática: ¿Qué propuestas existen, qué ejemplos históricos podemos estudiar y cómo podemos tomarnos el aspecto «democrático» de la planificación democrática más en serio? Otro debate vital tiene que ver con el papel de los políticos y la organización: ¿cómo creamos, o más bien formamos parte de, movimientos políticos de masas capaces de derrocar el capitalismo ecocida y genocida? Ahora mismo está teniendo lugar una vibrante discusión entre los defensores del poscrecimiento y la organización socialista de masas y aquellos otros que prefieren una organización en grupos más pequeños. Finalmente, un aspecto en el que estoy muy interesada es el de cómo integrar en el poscrecimiento los nuevos descubrimientos de la antropología sobre la historia humana paleolítica de las sociedades igualitarias, y el surgimiento de las desiguales «civilizaciones Goliath» durante el Holoceno, tal y como describe Luke Kemp en su reciente libro Goliath’s Curse.² Pienso que tanto el poscrecimiento como otros proyectos izquierdistas interesados en futuros igualitarios tienen mucho que aprender y que reflexionar sobre estas nuevas evidencias científicas sobre la naturaleza humana, la inteligencia política y la constante vigilancia necesaria para mantener y proteger las sociedades igualitarias.

MDD y PL: En el contexto de las dinámicas globales actuales de desarrollo y crecimiento no todos los países juegan el mismo papel, y hay cierto acuerdo en que podemos identificar un Norte y un Sur global. De acuerdo con esto, ¿hay diferencias entre ambos a la hora de aproximarse al concepto de poscrecimiento? ¿Usan los investigadores y movimientos del Sur global otros conceptos diferentes para expresar la misma idea?

JS: De hecho, tanto la economía ecológica como el decrecimiento han tenido siempre multitud de contribuciones teóricas y prácticas por parte de investigadores/as y activistas del Sur global, y el poscrecimiento no podía ser diferente. Sin embargo, y por responder más concretamente a la pregunta, dentro del proyecto REAL³ nos acercamos al poscrecimiento desde una perspectiva sistémica global. Así que no pueden existir conceptos y agendas separadas para el Norte y el Sur globales, sino más bien un programa político igualitario y emancipatorio unificador que permita la convergencia en el ámbito del bienestar humano, y que también incluya la reparación por los crímenes históricos.

MDD y PL: El poscrecimiento aspira a no ser un simple artefacto teórico académico y tener impacto en la vida real de los ciudadanos desde la implementación política ¿Cuáles serían las dimensiones que deben tener en cuenta las instituciones para un programa político de poscrecimiento?

JS: Los programas políticos del poscrecimiento tendrán que ser participativos, y ser construidos y probados desde la base, de abajo hacia arriba. Hay dos aspectos principales de un programa político de poscrecimiento. En primer lugar, el hecho de que la investigación y el compromiso tienen que estar con estrategias políticas y movimientos implicados en una ruptura con el balance de poder actual. En segundo lugar, la integración de las consideraciones políticas en transformaciones económicas propuestas (y probadas): democracia económica, compromiso diario de los trabajadores, hogares y miembros de la comunidad en las decisiones cruciales sobre lo que se produce, se consume, cómo se produce (lugar y consideraciones ecológicas), así como en la puesta en marcha de inversiones e infraestructuras, lo cual requiere poner las políticas al centro de los cambios económicos. Las decisiones económicas son siempre decisiones políticas: «la mano invisible del mercado» de Adam Smith no es sino el puño de hierro del poder oligárquico, la toma de decisiones sobre la explotación y la extracción en nuestro lugar. En mi opinión, las instituciones poscrecentistas más importantes serán aquellas que impliquen la integración del poder económico en la vida diaria y cívica cotidiana. Esta es también una lección de la antropología: las sociedades igualitarias requieren una vigilancia constante, y la puesta en práctica activa del «contrapoder» o «el dominio inverso». No se trata de una acción puntual, sino de un proceso político continuo, que requiere un compromiso popular constante.

MDD y PL: Finalmente, el poscrecimiento trata de convertirse en un marco eminentemente práctico alimentado por experiencias locales que ya se están desarrollando en todo el mundo. Entre todas ellas, en su opinión, ¿qué iniciativas subrayaría como prácticas inspiradoras en poscrecimiento para nuestros lectores?

JS: Hay multitud de iniciativas de poscrecimiento en desarrollo ahora mismo, y están siendo investigadas en formas muy detalladas, como en mi proyecto REAL, por parte de colegas que investigan el «decrecimiento realmente existente» en contextos tanto urbanos como rurales, como el caso del grupo liderado por Giorgos Kallis en Barcelona, o los esfuerzos para catalogar las campañas de justicia ambiental en todo el mundo en EJOLT.⁴ Creo que algunas de las prácticas más importantes de poscrecimiento son aquellas que implican la unión en movimientos políticos por el cambio, como el caso de luchas obreras y de sindicatos, campañas para tasar a los ricos, antifascismo, economía pre o redistributiva (incluyendo autosuficiencia, vivienda asequible y movilidad pública, etc.), o las campañas para desmantelar el capital fósil, como el tratado de no proliferación de combustibles fósiles. La participación en este tipo de trabajo llevado a cabo por movimientos es clave para un cambio transformador. Tal y como se ha concluido en un seminario reciente sobre activismo climático, las campañas ecológicas tienen que conectar con las preocupaciones materiales del 99%. En mi opinión, el trabajo más inspirador en el ámbito del poscrecimiento está teniendo lugar en estos espacios.

Monica Di Donato es doctora en economía e investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

Pedro L. Lomas es doctor en ecología e investigador del Área Ecosocial de FUHEM.

NOTAS

1. Giorgos Kallis, Jason Hickel, Daniel W. O’Neill et al., «Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries», The Lancet, núm. 9 (1), 2025, pp. E62-E78.

2. Se refiere al libro, todavía no traducido al castellano, Luke Kemp, Goliath’s Curse: The history and future of societal collapse, Penguin/Viking, Londres, UK, 2025.

3. REAL es un proyecto de investigación financiado por el ERC (European Research Council) de la Unión Europea sobre poscrecimiento, que implica al Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad de Lausana (Suiza). Más información en: https://www.realpostgrowth.eu/

4. EJOLT son las siglas en inglés del proyecto europeo Organizaciones de justicia ambiental, responsabilidades y tradiciones, llevado a cabo entre 2011 y 2015, en el marco del cual se elaboró un Atlas de Justicia Ambiental. Más información en: http://www.ejolt.org/

Descarga la entrevista en formato pdf: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/entrevista-a-julia-steinberger-sobre-poscrecimiento/

La sección ACTUALIDAD del número 167  de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global publica un artículo de Francisco Heras Hernández sobre la adaptación al cambio climático desde una perspectiva social.

Numerosos análisis, hechos a distintas escalas y sobre sectores diversos, concluyen que los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme: hay espacios geográficos, comunidades humanas o perfiles personales especialmente afectados o vulnerables.

La distribución desigual de los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático se debe a la conjunción de varios factores, destacando:

• Una exposición desigual a los ”peligros” climáticos: el calor extremo, las inundaciones, las sequías, etc., afectan más a unos lugares que a otros y quienes están asociados a estos lugares se encuentran más expuestos.
• Unas capacidades desiguales para prevenirlos, soportarlos o para recuperarse tras los impactos: las capacidades personales y sociales frente a los riesgos son diversas; no solo porque las realidades materiales sean variadas sino también porque tenemos distintas percepciones y formas de abordar los riesgos («culturas del riesgo»).

Por otra parte, las propias iniciativas de adaptación¹ pueden redistribuir los riesgos, creando nuevas desigualdades. No en vano, el IPCC advierte que las respuestas de adaptación desarrolladas en el corto plazo condicionan las desigualdades futuras, los niveles de pobreza, los modos de sustento y el bienestar global.²

¿Quiénes resultan ser los más afectados por ese desigual reparto de impactos y riesgos? Las evidencias indican que, en términos generales, los más afectados son los más pobres y marginalizados. Este efecto ocurre por una conjunción de circunstancias: por un lado, estos grupos ocupan con frecuencia espacios con menor calidad ambiental y más expuestos a peligros como calor excesivo o inundaciones y poseen habitualmente una menor capacidad adaptativa.³ Pero también es menos probable que se beneficien de las acciones de adaptación de carácter colectivo, debido a desigualdades estructurales y a capacidades económicas y políticas limitadas.

Los impactos de las altas temperaturas sobre la salud como ejemplo

 Para entender mejor la interacción de los factores sociales en el reparto de los impactos y los riesgos vamos a considerar un riesgo climático concreto: los impactos sobre la salud humana provocados por los episodios de altas temperaturas. La figura adjunta expresa esos impactos como el resultado de la interacción entre un peligro (en este caso, los episodios de temperaturas extremas, cuya frecuencia, intensidad y duración se incrementan como consecuencia del cambio climático), el nivel de exposición al peligro (que depende de factores la ubicación de las viviendas, los lugares de trabajo y estudios) y la vulnerabilidad, en la que intervienen factores relacionados con la sensibilidad individual (por ejemplo, las personas mayores o las mujeres embarazadas son más sensibles al calor) y la capacidad adaptativa. Por ejemplo, tener conciencia del riesgo y conocimiento de las medidas de autoprotección estimula los comportamientos orientados a reducir el riesgo; pero también es importante disponer de recursos personales (como una cierta capacidad adquisitiva) o sociales (como redes y servicios públicos).

  Factores de vulnerabilidad social en el análisis de los impactos en la salud de las altas temperaturas.⁴

Este esquema conceptual para el análisis de los riesgos procede del campo de la reducción de riesgos de desastres y ha sido adoptado de forma general por la comunidad técnica y profesional que trabaja en el campo de la adaptación al cambio climático, ya que permite tomar en consideración una serie de factores clave implicados en la configuración del riesgo y actuar de forma coherente sobre ellos.

Si analizamos con algo más de detalle el componente de vulnerabilidad social, es fácil deducir la importancia del estatus socioeconómico (relacionado por ejemplo, con la calidad de las viviendas y la posibilidad de regular su temperatura de forma adecuada), pero también de factores relacionados con la educación y la sensibilización ciudadana: tener conciencia del riesgo y un cierto conocimiento sobre qué hacer para evitarlo reduce las probabilidades de sufrir afecciones serias debido al exceso de calor.

Pero el esquema destaca también la importancia de contar con un conjunto de instrumentos públicos ad hoc, como sistemas de predicción y aviso ante las olas de calor o planes locales que contemplen un conjunto de respuestas coherentes frente a las altas temperaturas en el ámbito municipal.

Además, el esquema permite deducir la relación de la vulnerabilidad social frente al riesgo con una serie de políticas públicas de más amplio espectro: por ejemplo, políticas sanitarias como la prevención del tabaquismo, promoción de dietas saludables, etc. influyen en nuestra sensibilidad personal frente al calor y condicionan la importancia de grupos de riesgo clave.

Hay que destacar que la exposición a los peligros climáticos también se ve afectada por variables sociales. A modo de ejemplo, las personas cuyos trabajos se ejercen al aire libre (agricultura, jardinería, limpieza, construcción, …) se enfrentan a mayores riesgos en el ámbito de la salud debido a su mayor exposición a altas temperaturas durante las olas de calor.⁵

Este ejemplo, que no hemos pretendido desarrollar de forma exhaustiva, revela que sin reconocer las diferencias en las vulnerabilidades sociales y los factores que las modelan, la adaptación no podrá ser justa ni eficaz.

La resiliencia justa

 El reconocimiento de la importancia de los componentes sociales en la definición de los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático y muy especialmente de las desigualdades en la vulnerabilidad y la exposición al riesgo, explica la irrupción de la resiliencia justa como un concepto emergente. Se trata de integrar una serie de aspectos clave en las políticas de adaptación al cambio climático:⁶

1. aspectos distributivos de los impactos y riesgos: cómo afectan los impactos y los riesgos derivados del cambio climático a los diferentes grupos sociales
2. aspectos distributivos en las respuestas de adaptación: cómo se reparten los beneficios y las cargas derivadas de la adaptación entre los distintos grupos sociales
3. aspectos procedimentales en las respuestas de adaptación: cómo toman parte los afectados en procesos justos y transparentes orientados a la definición de las políticas

La «adaptación justa» (o «resiliencia justa») reconoce estas dimensiones en las que operan las desigualdades asociadas a los riesgos climáticos y a las respuestas ante ellos. Pero, además, nos plantea la necesidad de definir, promover y aplicar políticas y medidas de adaptación al cambio climático que tengan presentes esas diferencias y contribuyan a eliminarlas. El paso de la teoría a la práctica plantea retos en varios aspectos clave de la construcción y aplicación de las políticas de adaptación:

A. Los análisis de impactos y riesgos. La falta de análisis de impactos riesgos con perspectiva social sigue siendo un obstáculo de primer orden para abordar adecuadamente la primera de las cuestiones.

Los análisis de los riesgos que se derivan del cambio climático en España y en Europa se focalizaron inicialmente en reconocer las cadenas de impactos y estimar su dimensión global, prestando menos atención a la manera en que estos se distribuían socialmente o a los factores personales que influyen en la vulnerabilidad. Algunas excepciones a esta tendencia las encontramos precisamente en el campo de los impactos del cambio climático en la salud humana, en el que se han consolidado líneas de investigación de gran interés sobre los factores sociodemográficos que condicionan la vulnerabilidad.⁷

En todo caso, en el ámbito europeo y en el español se empiezan a producir avances en este campo, que merecen ser destacados:

• La primera evaluación de los riesgos climáticos en Europa, que identifica y analiza 36 riesgos climáticos clave en el ámbito de la Unión Europea, incorpora la perspectiva de la resiliencia justa, dedicando un capítulo específico a esta cuestión.⁸
• En el caso español, la Guía para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático, publicada en 2023 en el marco del Plan Nacional de Adaptación para orientar los análisis de riesgos, incluye un capítulo de «Cuestiones transversales» que aborda la incorporación a los análisis de temáticas como la vulnerabilidad social, la percepción social del riesgo o la perspectiva de género.⁹

Sin embargo, son las evaluaciones de impactos y riesgos realizadas en la escala local las que poseen más capacidad para integrar la perspectiva social en los análisis, ya que pueden considerar factores clave del contexto socioambiental local que condicionan el reparto de impactos y riesgos.

A modo de ejemplo, El Plan Clima 2018-2030 del Ayuntamiento de Barcelona¹⁰ adopta una perspectiva social en el análisis de riesgos para concluir que

los retos más importantes que impondrá el cambio climático desde la perspectiva de la justicia climática serán: el incremento de la población vulnerable a la pobreza energética, los problemas de salud vinculados a las olas de calor y el posible encarecimiento de la alimentación (pág.25).

Una aproximación de gran interés en los análisis de escala local es trabajar con los propios colectivos vulnerables para entender mejor las fortalezas y las debilidades de sus estrategias frente a los riesgos identificados. Un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece esta línea de trabajo lo tenemos en un reciente estudio realizado en Madrid en el que exploraron las estrategias colectivas y las iniciativas de las personas mayores afectadas por pobreza energética frente al exceso de calor estival. A través de seminarios y paseos guiados, se desarrollaron mapeos participativos en los que se reflejaron las estrategias personales y colectivas o las iniciativas de las personas en situación de vulnerabilidad.¹¹ Este tipo de iniciativas sirve para detectar puntos débiles de las respuestas adaptativas de los grupos vulnerables; pero también es útil para construir conocimiento «de abajo hacia arriba» que permita mejorar las políticas locales de adaptación.

B. El reparto de las cargas y los beneficios de la adaptación. La acción adaptativa puede exacerbar inequidades existentes, ya sea por atender de forma prioritaria a las personas y grupos con mayor capacidad de influencia (que no son necesariamente los más vulnerables) o bien porque la adaptación genera nuevos riesgos o los traslada a otros lugares o comunidades que los acumulan de manera desproporcionada.

Los análisis sobre los efectos distributivos de las políticas de adaptación al cambio climático son todavía muy escasos, lo que hace difícil entender la magnitud del problema. Sin embargo, la puesta en marcha de medidas de adaptación que ponen el énfasis en aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad constituye, sin duda, una buena forma de aportar beneficios a quienes más lo requieren. Volviendo al ejemplo de los riesgos derivados del calor, encontramos ejemplos en este sentido en los planes de lucha contra la pobreza energética o las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas hechas con criterios adaptativos, que van a poner al alcance de los hogares con menores ingresos una regulación más efectiva de las temperaturas. Otro ejemplo sería la puesta en marcha de sistemas de avisos de ola de calor a través del sistema de teleasistencia, que llegan a un grupo humano especialmente sensible: el de las personas mayores que viven solas.

Las medidas de adaptación que ponen el énfasis en las personas más vulnerables constituyen una buena forma de aportar beneficios a quienes más lo requieren

La primera conclusión que puede extraerse de estos ejemplos es clara: una primera fórmula para evitar una acción adaptativa injusta es tener presente los factores sociales que condicionan la vulnerabilidad, y actuar en consecuencia.

Respecto a la segunda dimensión apuntada −el desplazamiento indeseable de los riesgos a terceras partes como resultado de las políticas y medidas de adaptación– su abordaje pasa por ampliar el análisis de los efectos en el reparto de los riesgos en las dimensiones geográfica, social y temporal. He aquí algunos ejemplos de consecuencias indeseables que podrían ser ignoradas si no se realiza un análisis suficientemente amplio:

• La creación de un espigón para retener la arena de una playa, tratando de contrarrestar el incremento en la capacidad erosiva del mar asociado al cambio climático puede interrumpir los flujos de arena que se dan a lo largo de la costa perjudicando a otras poblaciones costeras que recibían esa arena.
• La “limpieza“ de tramos de ríos para evitar inundaciones puede incrementar los riesgos en las poblaciones situadas aguas abajo al incrementar la velocidad con la que circulan las aguas y su carga de sedimentos, lo que amplía su poder destructor en una crecida.

Todos estos ejemplos, en los que el riesgo es desplazado a otros, forman parte de lo que se ha venido a denominar de forma genérica «maladaptación».¹²

Prevenir estos efectos contraproducentes de la adaptación pasa por plantearse preguntas como estas:¹³

• ¿La respuesta de adaptación planteada produce efectos ambientales negativos in situ o en otros lugares? (áreas vecinas o áreas interconectadas ecológica o socioeconómicamente)
• ¿Se deteriora el papel protector de los ecosistemas frente a los peligros presentes y futuros como consecuencia de la solución adoptada?
• ¿La iniciativa toma en consideración las percepciones y las expectativas de las comunidades a la hora de enfocar la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad?
• ¿La iniciativa limita de forma sustancial futuras opciones de adaptación, pudiendo conducir a «callejones sin salida»?
• ¿La iniciativa requiere fuertes inversiones económicas o energéticas que podrían quedar obsoletas con rapidez debido al cambio climático.

C. La participación en la definición de las políticas y medidas. Los riesgos climáticos nos afectan a todos. Sin embargo, no todos los actores sociales poseen la misma motivación o capacidades para participar en los procesos de toma de decisiones.

¿Cómo integrar, en concreto, los intereses de los más vulnerables en las políticas de adaptación al cambio climático? Como hemos visto, los análisis de riesgos son esenciales para reconocer mejor los factores personales y sociales que condicionan las vulnerabilidades. Pero, por otra parte, resulta esencial que la voz de los afectados esté presente en los procesos de toma de decisiones. Y esto supone un reto por varios motivos: la inercia de los mecanismos participativos ha ido configurando un conjunto de actores influyentes limitado dejando fuera a sectores desproporcionadamente afectados y escasamente influyentes. Un buen ejemplo lo tenemos en la infancia y la juventud. Dado que los impactos que se derivan del cambio climático tienden a agravarse con el paso del tiempo, seguramente las nuevas generaciones serán las más afectadas. Sin embargo, estas son a su vez las que cuentan con menores capacidades de influencia. Como advertía recientemente Joan Subirats,¹⁴«Los más afectados por las decisiones de hoy no ven reconocido su derecho a participar en ellas».

En el cambio climático, debemos asumir hoy costes que se derivarán en beneficios mañana, o dilatar la acción y trasladar los impactos hacia el futuro

En todo lo que toca al cambio climático, debemos asumir hoy costes que se derivarán en beneficios mañana, o dilatar la acción y trasladar los impactos hacia el futuro. Es evidente que la tentación de los sectores que conforman el statu quo para optar por lo segundo es enorme. En este sentido, Subirats alerta: «cada día que pasa, el debate sobre la desigual distribución de poder entre jóvenes y adultos va a irse recrudeciendo».

Es innegable que la definición de políticas y medidas adecuadas frente al cambio climático reviste una complejidad notable. Pero esa complejidad no puede justificar la toma de decisiones elitista o tecnocrática. Contamos con numerosos ejemplos prácticos sobre cómo, los sectores afectados o interesados son capaces de implicarse de forma inteligente y responsable en la definición de políticas y medidas de mitigación y adaptación. Un gran ejemplo, en este sentido, son las asambleas ciudadanas por el clima que se están desarrollando en numerosos países europeos.

También contamos con ejemplos inspiradores en el ámbito laboral, donde las reclamaciones sindicales han permitido introducir en los convenios colectivos medidas preventivas como interrupciones del trabajo o cambios en la jornada laboral en caso de temperaturas extremas.¹⁵

D. El seguimiento y la evaluación.El seguimiento y la evaluación resultan esenciales para cerrar el ciclo de las políticas de adaptación. Sin una recogida de datos sobre los resultados obtenidos es difícil reconocer los éxitos y los fracasos, obtener aprendizajes a partir de la experiencia o construir nuevos planes y programas.

Ciertamente, reconocer los efectos (positivos o negativos) logrados por las políticas y medidas de adaptación constituye un reto difícil, ya que el incremento o la reducción de los impactos o los niveles de riesgo no solo dependen de las políticas y medidas puestas en pie. Confluyen otros factores como la evolución de los peligros, la influencia de factores que no son estrictamente climáticos o incluso las medidas espontáneas de autoprotección aplicadas por las personas y las instituciones. A modo de ejemplo, es altamente probable que la mortalidad por calor se incremente en años en los que se dan olas de calor inusualmente intensas, largas o frecuentes. Pero también pueden afectar factores como el incremento de los niveles de pobreza o la compra de aparatos de climatización por parte de las familias.

Pero, aunque no siempre sea fácil reconocer el efecto de las políticas de adaptación sobre los impactos o los riesgos, es evidente que para atisbar los efectos sociales derivados del cambio climático y de las políticas de adaptación es necesario poner el foco específicamente sobre la cuestión.

El Centro Temático Europeo sobre Adaptación al Cambio Climático ha propuesto recientemente métodos e indicadores para evaluar la justicia en las políticas de adaptación al cambio climático, aportando herramientas para medir los progresos en materia de resiliencia justa en Europa.¹⁶ Sin embargo, todavía muy pocos países de la UE cuentan con sistemas de indicadores o análisis bien desarrollados sobre esta cuestión.

Adaptación justa, personas y territorios

 Los estudios realizados en Europa, en sectores diversos permiten constatar que hay grupos sociales concretos que son identificados repetidamente en las evaluaciones de riesgos como particularmente vulnerables, además de ser propensos a tener una menor influencia en los procesos de toma de decisiones: estos grupos incluyen a los niños y jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidades, los hogares en situación de pobreza o con bajos ingresos, personas con un estado de salud precario, las personas con una red social limitada, inmigrantes,¹⁷< minorías étnicas y grupos indígenas.

El cambio climático socava también de forma más intensa los medios de vida de grupos concretos (por ejemplo, las explotaciones familiares de los agricultores de secano) o a las personas que trabajan al aire libre, como temporeros, jardineros o empleados de limpieza.

Y sus impactos sociales son especialmente graves cuando afectan al precio o la disponibilidad de recursos alimentarios básicos. A modo de ejemplo, el cultivo del arroz, segundo cereal más producido del mundo, está amenazado por el cambio climático debido a sus requerimientos de agua y a la localización de amplias zonas cultivadas en llanuras costeras, amenazadas por el ascenso del nivel del mar.

Los países mediterráneos se verán desproporcionadamente afectados por el cambio climático, lo que puede ampliar la brecha de las desigualdades entre países de la Unión

Hay que tener en cuenta que las personas tienen habitualmente varias identidades que se superponen y pertenecen a diversos grupos sociales, lo que puede aumentar o disminuir su vulnerabilidad. Por ello, los análisis interseccionales son importantes para identificar a grupos especialmente vulnerables frente a un riesgo.

Algo similar sucede con los territorios. Existen espacios geográficos en los que concurren situaciones diversas que los hacen especialmente vulnerables. El informe europeo de riesgos climáticos elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente concluye que los países mediterráneos de la UE se verán desproporcionadamente afectados por el cambio climático, lo que puede ampliar la brecha de las desigualdades entre países de la Unión. La Comisión Europea, en una comunicación reciente¹⁸ reconoce que los impactos desiguales del cambio climático entre diferentes Estados miembros y regiones puede suponer una amenaza a la cohesión europea.

Reflexiones finales

El cambio climático nos afecta a todos, pero la gravedad de los impactos que soportamos es diversa y, frecuentemente, acentúa desigualdades ya existentes. Este hecho se constata cuando se comparan los efectos del cambio climático en los países del Norte frente a los del Sur global. Pero también cuando se analiza la vulnerabilidad y el riesgo de diferentes comunidades y grupos humanos en el interior de cada país.¹⁹

Frente a esta realidad, «adaptación justa» o «resiliencia justa» son conceptos cada vez más citados y aceptados en los documentos que tratan sobre adaptación al cambio climático. Sin embargo, todavía persisten el reto de incorporar esa perspectiva de forma consistente en las políticas sobre adaptación al cambio climático.

Entre algunos sectores comprometidos en la lucha contra el cambio climático la adaptación ha sido vista en ocasiones como una rendición ante el fenómeno, frente a las políticas de mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero) que atacan “la raíz” del problema.

Sin embargo, ambas estrategias son imprescindibles para evitar los peores impactos del cambio climático. Sin unas políticas de mitigación ambiciosas los peligros derivados del cambio climático seguirán aumentando, limitando nuestras opciones de respuesta.  Sin una mitigación ambiciosa, muchas opciones de adaptación acabarán siendo inviables, reduciendo nuestras opciones frente al cambio climático de manera irremediable.

La adaptación supone aceptar algunas malas noticias: hay impactos y riesgos que se derivan del cambio climático que ya son una realidad incontestable ante los que debemos reaccionar rápidamente. Y, además, las actuales concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero garantizan que esas afecciones van a seguir siendo muy serias en las próximas décadas.

Hablamos, por tanto, de dos conjuntos de estrategias complementarias y estrechamente relacionadas. Ambas son imprescindibles y ambas deben contemplar enfoques para evitar que tanto los impactos como los esfuerzos de respuesta se repartan de forma injusta.

Francisco Heras Hernández es doctor en educación ambiental.

NOTAS:

1 La adaptación al cambio climático abarca el conjunto de estrategias y acciones orientadas a limitar los riesgos que se derivan del cambio climático. Mientras que la mitigación se orienta a abordar las causas, la adaptación se focaliza en las consecuencias.

2 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK y Nueva York, EEUU, 2022.

3 La capacidad adaptativa ha sido definida por el IPCC como la capacidad de los sistemas, las instituciones, los humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias del cambio.

4 Basado en: European Environment Agency, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, EEA Report 22/2018, European Environment Agency, Copenhage 2018.

5 ISTAS, Exposición laboral a estrés térmico por calor y sus efectos en la salud. ¿Qué hay que saber? Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019.

6 Margaretha Breil, Marianne Zandersen y Anders Branth Pedersen, Leaving No One Behind» in Climate Resilience Policy and Practice in Europe, European Topic Centre on Climate Change impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA), Technical Paper, 2021/2, https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/publications/2018leaving-no-one-behind2019-in-climate-resilience-policy-and-practice-in-europe-overview-of-knowledge-and-practice-for-just-resilience 

7 Miguel Ángel Navas y otros, «La adaptación al calor y las desigualdades sociales en salud en función del género, la edad y el territorio: Revisión de estudios en España (1983-2018)», Revista Salud ambiental, 23(1):49-55, 2023, disponible en: https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/1240.

8 European Environment Agency, European Climate Risk Assessment, EEA Report 01/2024, European Environment Agency, Copenhage, , 2024, disponible en: https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

9 Beñat Abajo Alda y otros, Guía para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid, 2023, disponible en: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/images/es/guia_evaluacion_riesgos_cambio_climatico_2023_tcm30-570075.pdf.

10 Ayuntamiento de Barcelona, Plan Clima 2018-2030, disponible en: https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/plan_clima_juny_ok.pdf

11 Daniel Torrego Gómez y otros, «Mapping summer energy poverty: The lived experience of older adults in Madrid»,  Energy Research & Social Science 110 (2024) 103449, disponible en: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/140408.

12 Jon Barnett y Saffron O’Neill, «Maladaptation», Global Environmental Change 2010, 20:211–213, disponible en: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2449050.

13 Cuestiones extraídas de OECC, Prevención de la maladaptación al cambio climático, Documentos de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

14 Joan Subirats, «Los más afectados por el cambio climático no tienen derecho a decidir sobre su futuro», El Diario.es, 26 de marzo de 2024.

15 Begoña María-Tomé, La adaptación y la protección de la salud ante el cambio climático Catálogo de experiencias y buenas prácticas en administraciones públicas y empresas, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO), 2019, disponible en: https://istas.net/sites/default/files/2019-07/Catalogo%20SALUDAPT%20DEF.pdf

16 Frida Lager y otros, Just Resilience for Europe: Towards measuring justice in climate change adaptation, ETC-CA Technical Paper 1/23, 2023, disponible en: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-ca/products/just-resilience-for-europe-towards-measuring-justice-in-climate-change-adaptation.

17 Los inmigrantes sin derecho a la ciudadanía o a ser titulares de una vivienda, así como quienes no conocen bien el idioma o tienen niveles de alfabetización bajos, son particularmente vulnerables.

18 Comisión Europea, Gestión de los riesgos climáticos: proteger a las personas y la prosperidad, COM (2024) 91 final.

19 Lucas Chancel, Philipp Bothe y Tancrède Voituriez, Climate Inequality Report 2023, World Inequality Lab Study 2023/1, disponible en: https://wid.world/www-site/uploads/2023/01/CBV2023-ClimateInequalityReport-1.pdf

Acceso al artículo completo en formato pdf: La adaptación al cambio climático desde una perspectiva social: el enfoque de la adaptación justa.