Rafeef Ziadah colabora con el sindicato Trabajadores en Palestina y es activista sindical, profesora y poeta. Trabaja como profesora de Política y políticas públicas en el Departamento de Desarrollo Internacional del King’s College de Londres. En esta entrevista explora cómo la inquebrantable alianza entre Occidente e Israel no es meramente una cuestión de cabildeo o influencia; es una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales compartidos. Comprender este mapa geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas sólidas y elaborar una estrategia efectiva que confronte los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonial respaldado por el Estado de Israel en Palestina.¹

Nick Buxton (NB): ¿Qué revela el genocidio en Palestina sobre la situación actual de la geopolítica: quién tiene el poder y cómo se ejerce?

Rafeef Ziadah (RZ): El genocidio en Gaza pone al descubierto la cruda realidad de la geopolítica moderna, poniendo de relieve los mecanismos del poder en un mundo moldeado por las ambiciones imperiales y la explotación estratégica de los recursos. En el centro de esta crisis se encuentra la alineación de las estructuras de poder occidentales con el colonialismo de asentamiento y el autoritarismo en Oriente Medio, con el fin de mantener el dominio económico y el control geopolítico.

El apoyo inquebrantable de Estados Unidos y las principales potencias europeas a Israel está profundamente entrelazado con sus intereses imperiales duraderos en la región. Como colonia de asentamiento, Israel sirve de punto de apoyo occidental en Oriente Medio. ²Este proyecto colonial no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una arquitectura de control más amplia, que actúa en connivencia con las monarquías petroleras del Golfo, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para mantener un sistema regional y mundial que privilegia el poder económico y militar occidental.

Acuerdos como los de normalización entre Israel y varios países del Golfo reflejan una consolidación de fuerzas diseñadas para marginar por completo la liberación palestina y garantizar el statu quo del régimen autoritario y la extracción de recursos a expensas de los pueblos de la región. Aunque el genocidio ha puesto en tela de juicio este proyecto, es poco probable que se abandone y es casi seguro que resurgirá con un nuevo nombre.

También debemos comprender claramente la trayectoria histórica más amplia que está en juego, especialmente el papel de los Acuerdos de Oslo y las promesas vacías de una solución de dos Estados. Los Acuerdos de Oslo pretendían transformar la lucha por la liberación palestina en un proyecto restringido de construcción de un Estado confinado a Cisjordania y Gaza, borrando deliberadamente la realidad colonial más amplia de Israel como Estado colonizador.

NB: ¿Qué dice esto sobre el imperialismo estadounidense y su trayectoria?

RZ: Su apoyo inquebrantable a Israel revela mucho sobre la naturaleza y la trayectoria del imperialismo estadounidense. En esencia, esta relación no se basa en una alineación ideológica o en lazos culturales, sino en la importancia estratégica de Israel como colonia de asentamiento para asegurar y proyectar el poder de Estados Unidos.

El proyecto colonial de Israel lo ha convertido en un socio único y firme en la región, cuya supervivencia está indisolublemente ligada al apoyo continuo de Occidente. A diferencia de otros aliados en Oriente Medio, cuyas alianzas con Estados Unidos son a menudo transaccionales o condicionales, la dependencia de Israel del respaldo estadounidense garantiza que actúe como una extensión coherente de los intereses estadounidenses.

Una de las formas más significativas en que Israel facilita los objetivos imperiales de Estados Unidos es ayudando a asegurar el control de los corredores comerciales y los recursos energéticos críticos de Oriente Medio. No se trata tanto de garantizar el flujo de petróleo hacia Estados Unidos o Europa, que han diversificado sus fuentes de energía, como de controlar el acceso a estos recursos como arma geopolítica. A medida que China emerge como un rival potencial de Estados Unidos, la capacidad de este último para influir en la disponibilidad y el precio del petróleo de Oriente Medio se convierte en una herramienta clave para restringir el crecimiento económico y las opciones estratégicas de China y para evitar otros posibles aspirantes a su supremacía mundial.

La estrategia de Estados Unidos también ha consistido en fomentar un proceso de normalización entre los Estados del Golfo e Israel, lo que refleja un esfuerzo calculado por reafirmar su primacía en una región en la que su influencia ha experimentado un relativo declive en los últimos años. Estos acuerdos patrocinados por Estados Unidos buscan reforzar el papel de Israel como pilar central del poder estadounidense en la región y vincular más estrechamente a los Estados del Golfo a la influencia estadounidense. En esencia, la normalización no es solo una cuestión de diplomacia, sino una medida estratégica para gestionar el cambiante equilibrio de poder en la región.

Sin embargo, esta estrategia tiene un coste significativo, sobre todo porque las acciones cada vez más genocidas de Israel provocan inestabilidad regional y erosionan aún más la posición de Estados Unidos en la opinión pública internacional. Se corre el riesgo de socavar el sistema más amplio de alianzas en el que se basa Estados Unidos. Mientras que los Estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos, han normalizado sus relaciones con Israel, las poblaciones de la región siguen profundamente opuestas a las acciones israelíes, lo que crea una tensión que podría desestabilizar varios regímenes y, por extensión, la estrategia regional de Estados Unidos.

NB: ¿Por qué es importante que los movimientos sociales comprendan este panorama geopolítico?

RZ: El genocidio en Gaza ha desencadenado una ola de solidaridad mundial sin precedentes. Millones de personas han tomado las calles, han acampado en campus universitarios y activistas bloqueando puertos y fábricas de armas. Esta oleada de protestas desafía no solo las acciones de Israel, sino también los sistemas globales que las hacen posibles. Sin embargo, aunque esto ha dado visibilidad a la causa palestina, la forma en que se suele enmarcar Palestina puede ocultar la verdadera naturaleza de la lucha. Con demasiada frecuencia, los debates se limitan a las violaciones inmediatas de los derechos humanos por parte de Israel —asesinatos, detenciones y robo de tierras— sin abordar los sistemas de poder subyacentes que hacen posibles estas violaciones. Enmarcar la cuestión únicamente desde la perspectiva de los derechos humanos despolitiza la lucha palestina, reduciéndola a violaciones aisladas en lugar de una campaña sistemática de colonialismo de asentamientos respaldada por el imperialismo occidental.

En esencia, este genocidio ha sido patrocinado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), en particular por algunos Estados miembros de la UE, que han dado luz verde a Israel en todo momento para que continúe con sus ataques y sus políticas de hambre, al tiempo que lo protegen diplomáticamente y arman a su ejército. Los debates sobre la política israelí suelen centrarse exclusivamente en las acciones de los primeros ministros, en particular de Benjamin Netanyahu, como si ellos solos determinaran la trayectoria del Estado. Si bien estas figuras son importantes, debemos ampliar nuestra perspectiva para comprender la dinámica más profunda y a largo plazo que sustenta las políticas de Israel. Para ello es necesario analizar las fuerzas estructurales e históricas que impulsan su proyecto colonial y su papel más amplio en el mantenimiento de la hegemonía occidental.

A este problema se suma la narrativa persistente que atribuye el apoyo occidental a Israel únicamente a la influencia de un «lobby proisraelí». Se trata de una visión peligrosamente simplista que malinterpreta la relación geopolítica más profunda. La alianza inquebrantable entre Occidente e Israel no es solo una cuestión de presión o influencia, sino una asociación estratégica arraigada en objetivos imperiales comunes.

Comprender el panorama geopolítico más amplio es esencial para construir alianzas eficaces y elaborar una estrategia que vaya más allá de la solidaridad reactiva. Nos permite identificar y confrontar los sistemas y actores que sostienen el proyecto colonialista de Israel, evitando caer en la trampa de considerar a los regímenes autoritarios de la región como aliados en la lucha por la liberación palestina. Estos regímenes tienen sus propios intereses, a menudo arraigados en la preservación del poder o la obtención de beneficios económicos y militares, y alinearse con ellos sin crítica puede socavar los objetivos más amplios de justicia y liberación.

Además, este análisis nos permite identificar a las empresas e industrias que se benefician y sostienen la violencia colonial de Israel. Los fabricantes de armas, las empresas de tecnología de la información y las empresas multinacionales (EMN) desempeñan un papel fundamental en la viabilidad del proyecto colonialista de Israel, y sacar a la luz su complicidad es clave para desarticular las redes de beneficios que sustentan la opresión. Identificar a estos actores y sus conexiones nos permite diseñar mejores estrategias y dirigir intervenciones que golpeen los cimientos económicos de la dominación colonialista.

Por último, una comprensión más profunda del panorama general prepara a los movimientos para el largo plazo. Nos garantiza que nos mantengamos centrados y estratégicos, especialmente cuando nos enfrentamos a iniciativas como los debates sobre la creación de un Estado o los acuerdos diplomáticos que no cambian la situación sobre el terreno. Al mantener la claridad sobre las realidades de la ocupación y el despojo, podemos resistirnos a dejarnos llevar por avances superficiales o gestos simbólicos. En cambio, seguimos denunciando la violencia colonialista en curso y trabajando por un futuro verdaderamente anticolonial.

NB: ¿Por qué, salvo algunas voces discretas como las de Bélgica, Irlanda, Italia y España, la Unión Europea ha sido tan cómplice del genocidio de Gaza y tan reacia a impulsar una posición independiente de Estados Unidos?

RZ: La complicidad de la Unión Europea en el genocidio de Palestina³ no refleja tanto una subordinación a Estados Unidos como una convergencia de intereses. Aunque la UE suele proyectar una imagen de adhesión a un marco diferente —alegando que da prioridad al derecho internacional, los derechos humanos y el multilateralismo—, en última instancia se beneficia y se alinea con el proyecto imperial más amplio que sustenta el dominio occidental en Oriente Medio. Las políticas y las relaciones de la UE con Israel, incluidos los acuerdos de libre comercio (ALC), los contratos militares y las asociaciones estratégicas, demuestran que sus intereses están profundamente entrelazados con el mantenimiento del statu quo.

La UE desempeña un papel estratégico al presentarse como menos agresiva que los Estados Unidos. Incluso dentro de este marco, no ha tomado medidas significativas para presionar a Israel, como suspender los privilegios comerciales o la cooperación militar, lo que revela su falta de compromiso con una verdadera rendición de cuentas.

Los acuerdos de libre comercio entre la UE e Israel, como el Acuerdo de Asociación UE-Israel, facilitan la cooperación económica y proporcionan a Israel un acceso fundamental a los mercados europeos. Estos acuerdos persisten a pesar de las claras violaciones de Israel. Los contratos y las asociaciones militares consolidan aún más esta relación, ya que algunos Estados miembros de la UE participan en la venta de armas y el intercambio de tecnología que apoyan directamente al complejo militar-industrial israelí. Estas actividades ponen de relieve el interés material de la UE en los sistemas que sostienen la agresión israelí.

Tabla 1. Exportaciones de armas de los estados miembro de la UE a Israel (2018-2022) con licencias de exportación concedidas, en millones de euros

Fuente: Informe del TNI, Partners in Crime – EU complicity in Israel’s genocide in Gaza, (2024)

Dentro de Europa, existe una división entre países como Alemania y el Reino Unido, que prestan un apoyo abierto a Israel, y otros como Bélgica, Irlanda y España, que abogan por una postura más crítica, a menudo enmarcada en la solución de dos Estados. Sin embargo, incluso este último grupo opera dentro de estrechos límites, centrándose en críticas más suaves y evitando acciones que puedan poner en tela de juicio los lazos de la UE con Israel.

La alineación de la UE con Estados Unidos e Israel también sirve a sus propios intereses estratégicos en Oriente Medio. Al apoyar a Israel, la UE contribuye a mantener un orden regional que garantiza las rutas comerciales, estabiliza el suministro energético y reprime los movimientos antiimperialistas. Al igual que Estados Unidos, la UE tiene interés en contener a las potencias rivales, especialmente en el contexto de la competencia global con Rusia y China. El papel de Israel como garante regional complementa estos objetivos, lo que lo convierte en un valioso aliado para los Estados europeos.

En esencia, el enfoque de la UE hacia Palestina no es una alternativa a la política estadounidense, sino más bien complementaria. Su doble papel de alineamiento y diferenciación permite a la UE mantener los beneficios económicos y estratégicos de la relación, al tiempo que proyecta una imagen de neutralidad o moderación.

NB: ¿Qué ha hecho China en respuesta al genocidio? ¿Qué dice esto sobre su papel como actor político global?

RZ: La respuesta de China al genocidio en Gaza ha sido notablemente moderada, caracterizada por llamamientos al alto el fuego y a la ayuda humanitaria, pero carente de medidas contundentes. Aunque ha expresado su apoyo a la autodeterminación de Palestina en las Naciones Unidas, no ha asumido un papel de liderazgo en la oposición directa a Israel ni ha prestado un apoyo material sustancial a la causa palestina. Este enfoque moderado refleja la política exterior general de China, que da prioridad a la no intervención y al mantenimiento de las relaciones con una amplia gama de actores, incluido Israel, por razones económicas y estratégicas.

Las acciones de China revelan que da prioridad a los intereses económicos sobre la alineación ideológica con los movimientos antiimperialistas. Aunque se posiciona como una alternativa a la hegemonía estadounidense, su enfoque a menudo refleja el cálculo pragmático de las potencias tradicionales. Su creciente interdependencia con las monarquías del Golfo y los corredores comerciales más amplios entre Asia Oriental y Oriente Medio sugieren un enfoque centrado en la integración económica más que en un desafío directo a la influencia estadounidense en la región. Esto hace que China parezca evasiva en momentos de crisis aguda.

NB: La gente ha celebrado que Sudáfrica haya llevado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia como una señal del auge del Sur Global en oposición al imperialismo y el sionismo. ¿Cuál es su apreciación?

RZ: La decisión de Sudáfrica de llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene un profundo impacto, sobre todo teniendo en cuenta su propia historia de apartheid y su solidaridad con la lucha palestina. Que Israel sea acusado oficialmente de genocidio a nivel internacional es un paso importante, que pone de relieve la gravedad de sus acciones y refuerza el discurso contra su proyecto colonialista.

Sin embargo, hay que reconocer las limitaciones y contradicciones del derecho internacional. Los procedimientos legales como los de la CIJ son largos, a menudo duran años, y el listón para demostrar delitos como el genocidio es muy alto. Incluso cuando las sentencias favorecen la justicia, su cumplimiento depende de la voluntad política de los Estados e instituciones poderosos. Estados como Estados Unidos y sus aliados, que protegen a Israel diplomática y militarmente, pueden socavar o ignorar por completo las sentencias de la CIJ, convirtiendo el derecho en una herramienta de justicia selectiva en lugar de responsabilidad universal.

Esta medida también debe entenderse en el contexto más amplio de la dinámica política interna de Sudáfrica. Si bien el Congreso Nacional Africano (ANC) se ha posicionado históricamente como defensor del antiimperialismo y la solidaridad con Palestina, su trayectoria actual está plagada de contradicciones. El ANC se enfrenta a retos internos, como los fallos en la gobernanza y la promoción de políticas económicas neoliberales, así como a una creciente desconexión con los movimientos de base.

Al mismo tiempo, debemos permanecer atentos a las voces de los vibrantes movimientos sociales de Sudáfrica, que llevan mucho tiempo exigiendo que el país rompa sus lazos con Israel. Estos movimientos han liderado la demanda de medidas concretas, como el fin de las relaciones diplomáticas y la aplicación de boicots, desinversiones y sanciones (BDS). Si bien el caso de la CIJ tiene un gran poder simbólico, es la presión popular la que garantiza que estos gestos simbólicos se traduzcan en cambios significativos.

NB: ¿Dónde encaja el poder corporativo en todo esto? ¿Qué empresas y de dónde provienen las que apoyan el genocidio?

Lamentablemente, numerosas empresas de una amplia gama de sectores se benefician y sostienen las acciones de Israel, desde los productores de bienes de consumo hasta las empresas de TI que proporcionan infraestructura de vigilancia. Si bien las empresas de armas y energía desempeñan un papel especialmente crítico en la facilitación del genocidio y han sido, con razón, objeto de atención por parte de los sindicatos y organizadores palestinos, lo más eficaz es que los individuos y los grupos cuestionen la complicidad dentro de sus propios sectores. Este enfoque amplio garantiza que el movimiento se dirija a todo el ámbito de la participación empresarial, reforzando la campaña en favor de la rendición de cuentas y la justicia.

El 16 de octubre de 2023, los sindicatos y asociaciones profesionales palestinos lanzaron un poderoso llamamiento a los sindicatos internacionales,⁴ instándoles a «dejar de armar a Israel». Este llamamiento puso de relieve la enorme magnitud del apoyo militar y diplomático prestado a Israel, en particular por los Estados Unidos y la Unión Europea. Las cifras son abrumadoras. En virtud del actual acuerdo con Estados Unidos, vigente entre 2019 y 2028, se proporcionan anualmente 3 800 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En respuesta a la última agresión de Israel contra Gaza, Estados Unidos aprobó 14 500 millones de dólares adicionales en ayuda militar como parte de un paquete de seguridad nacional de 106 000 millones de dólares.

Los Estados miembros de la Unión Europea también desempeñan un papel importante. Alemania, por ejemplo, ha concedido 218 licencias de exportación de armas a Israel en 2023, el 85 % de ellas después del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, los fabricantes de armas han obtenido enormes beneficios. El valor bursátil de las cinco principales empresas armamentísticas estadounidenses −Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon− se ha disparado en 24 700 millones de dólares desde que comenzó el ataque. Estas cifras ponen de relieve la complicidad directa de la industria armamentística en el genocidio y destacan el potencial de los sindicatos y las campañas populares para interrumpir estas cadenas de suministro y detener el comercio de armas.

NB: El genocidio ha despertado a una nueva generación a los horrores de la violencia colonialista, con la ayuda del imperialismo estadounidense. ¿Cómo podemos mantener este movimiento? ¿Cuáles son las vías más estratégicas para la resistencia y la solidaridad?

RZ: La solidaridad internacional con Palestina ha alcanzado un nivel extraordinario de apoyo en los últimos meses, con protestas masivas en ciudades de todo el mundo, lo que demuestra un creciente reconocimiento global de la urgencia de la lucha palestina por la justicia, la liberación y el retorno. Sin embargo, aunque estas manifestaciones han sido poderosas, el reto ahora es canalizar esta indignación y solidaridad generalizadas hacia una acción organizada y sostenida que pueda generar un cambio real y duradero para Palestina. Para ello, debemos ir más allá de la oleada de manifestaciones masivas (que son importantes en sí mismas) y centrarnos en construir una infraestructura para una organización estratégica a largo plazo. Una forma de profundizar este movimiento es centrarse en la solidaridad laboral, en particular mediante la organización en los lugares de trabajo para garantizar que todos los espacios pongan fin a toda forma de complicidad con Israel.

En recientes llamamientos de los sindicatos palestinos, se ha instado a los trabajadores a que dejen de armar a Israel negándose a manipular mercancías y equipo militar destinados al régimen israelí. Esta demanda representa un punto de inflexión clave en el movimiento de solidaridad, en el que la lucha por la liberación palestina se vincula directamente al poder de los trabajadores para desbaratar los sistemas de opresión. Los sindicatos internacionales ya han comenzado a tomar medidas, desde los trabajadores portuarios de Barcelona e Italia que bloquean los envíos hasta el cierre de fábricas de armas en Canadá y el Reino Unido.⁵ Estas acciones demuestran que, cuando los trabajadores se posicionan, pueden desafiar de manera significativa a las industrias que alimentan el proyecto colonialista de Israel.

Este enfoque liderado por los trabajadores también conlleva el potencial de revitalizar los propios sindicatos, alejándolos de acciones meramente simbólicas. Por ejemplo, aunque las mociones aprobadas en los sindicatos en apoyo a Palestina son importantes, rara vez van acompañadas de demandas concretas. Para construir realmente poder, estas mociones deben evolucionar hacia la organización de las bases, la educación y la divulgación, que puedan llevar a los trabajadores a bloquear envíos, interrumpir líneas de producción o participar en boicots más amplios contra las empresas cómplices del genocidio israelí. Es necesario pasar de los gestos simbólicos a la adopción de medidas concretas para detener los sistemas que apoyan la violencia de Israel.

El fortalecimiento del poder de los trabajadores requiere un enfoque profundo y estratégico, centrado en la educación y la solidaridad a largo plazo. Los sindicatos palestinos han destacado la importancia de involucrar a los trabajadores de base en la educación política, ayudándoles a comprender la conexión entre su trabajo y los sistemas de opresión que perpetúan la violencia en Gaza. Muchos sindicalistas son nuevos en la lucha palestina y no todos los activistas conocen bien la historia del colonialismo israelí. Por lo tanto, es fundamental crear espacios de educación y solidaridad que se centren en el aquí y ahora, pero también en cómo construir movimientos sostenibles, liderados por los trabajadores, que puedan seguir luchando por la justicia más allá del momento inmediato.

La historia del internacionalismo obrero ofrece un marco valioso en este sentido. Al igual que los trabajadores de todo el mundo desempeñaron un papel decisivo en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica o en el apoyo a los movimientos de liberación en Chile y Etiopía, el movimiento sindical mundial tiene la oportunidad de construir un legado similar de solidaridad con Palestina. Los trabajadores siempre han estado al frente de la lucha contra el imperialismo, y está claro que pueden desempeñar un papel transformador en esta lucha. La historia de las luchas exitosas lideradas por los trabajadores nos enseña que construir una solidaridad duradera lleva tiempo, pero también tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el equilibrio de poder, no solo para poner fin a la ocupación militar de Israel, sino también a los sistemas de opresión más amplios que la sostienen.

Nick Buxton es coordinador del área de conocimiento de TNI y un consultor de comunicaciones, investigador y editor de publicaciones. Entre numerosos artículos e informes, es editor −junto con Ben Hayes− del libro Cambio climático, S.A. (FUHEM, 2017).

Traducción: Nuria del Viso, investigadora del equipo de FUHEM Ecosocial.

Acceso al artículo en formato pdf: Entrevista a Rafeef Ziadah sobre el genocidio en Palestina.

NOTAS

[1] Esta entrevista es una versión resumida de la incluida en el informe Estado del poder 2025, que publican en español TNI, CLACSO Y FUHEM y que aparecerá a finales de 2025.

 [2] Adam Hanieh, Framing Palestine. Israel, the Gulf states and the American power in the Middle East, TNI, 13 junio de 2024. https://www.tni.org/en/article/framing-palestine

[3] Niamh Ni Bhriain y Mark Akkerman, Partners in Crime – EU complicity in Israel’s genocide in Gaza, TNI, 4 junio de 2024. https://www.tni.org/en/publication/partners-in-crime-EU-complicity-Israel-genocide-Gaza

[4] Workers in Palestine, An urgent call from Palestinian trade unions: end all complicity, stop arming Israel, Workers in Palestine, 16 octubre de 2023. https://www.workersinpalestine.org/the-calls-languages/english

[5] Rafeef Ziadah y Katy Fox-Hodess, «Unionists Around the World Block Weapons Bound for Israel», Labornotes, 13 diciembre de 2023. https://labornotes.org/2023/12/unionists-around-world-block-weapons-bound-israel

Es fundamental considerar las experiencias de los grupos vulnerables sobre el clima al mismo nivel que los conocimientos técnicos

El número 169 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global recoge en su sección ACTUALIDAD una entrevista realizada por Nuria del Viso a la Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático, Elisa Morgera.

Elisa Morgera es catedrática de Derecho Ambiental Global en la Universidad de Strathclyde, Glasgow (Reino Unido) y profesora adjunta de Derecho Ambiental Internacional y de la Unión Europea en la Universidad de Finlandia Oriental. Anteriormente, trabajó con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Italia y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Barbados; y siguió colaborando con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como consultora y experta independiente. Ha asesorado a gobiernos y a la sociedad civil en África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe y el Pacífico Sur. De 2019 a 2024, Elisa Morgera dirigió One Ocean Hub, una colaboración de investigación global Norte/Sur sobre los derechos humanos y el océano.

Morgera es licenciada en Derecho por la Universidad de Trieste (Italia), tiene un máster en Derecho Medioambiental por el University College de Londres y un máster de investigación y un doctorado en Derecho Internacional por el Instituto Universitario Europeo (Italia). Ha publicado extensamente sobre los derechos humanos y el medio ambiente, el derecho humano a la ciencia, así como los derechos humanos de los pescadores artesanales, los pueblos indígenas y los niños, en el nexo clima-biodiversidad y clima-océano. También ha publicado sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

Desde abril de 2024 es la nueva Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático. En esta entrevista, conversamos sobre las prioridades ambientales que impone el cambio climático con relación a los derechos humanos y de los objetivos de su mandato.

Nuria del Viso (NV): El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad, con una multiplicidad de impactos cada vez más virulentos y visibles en todo el planeta. De las cuestiones que entrelazan el cambio climático y los derechos humanos, ¿cuál le parece más preocupante?

Elisa Morgera (EM): Todos los impactos son extremadamente preocupantes, ya que están profundamente entrelazados y se están agravando. Lo que quizá sea más grave, tanto para las personas que llevan más de una década soportando los efectos del cambio climático en algunas regiones como para las que han tenido el privilegio de experimentar solo efectos limitados del cambio climático hasta ahora, son los efectos sobre la salud humana, especialmente para las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores. Por ejemplo, el aumento de la salinidad de las fuentes de agua dulce en las zonas costeras debido a la subida del nivel del mar se ha relacionado con un aumento de la hipertensión en las mujeres embarazadas, con un incremento de los abortos espontáneos. Las repercusiones sobre nuestra salud mental también son amplias y aún se subestiman.¹

NV: Su predecesor, el Sr. Ian Fry, completó la revisión de varias de las prioridades de su mandato, quedando pendientes las siguientes: la responsabilidad corporativa en el contexto de los derechos humanos y el cambio climático; la protección de los derechos humanos a través de una transición justa para los trabajadores de las industrias que contribuyen al cambio climático; y la exploración de los impactos sobre los derechos humanos de las nuevas tecnologías asociadas a la mitigación del cambio climático. ¿Cuáles son las prioridades y los retos de su mandato en estos tres ámbitos?

EM: Me propongo abordar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático como una cuestión transversal en todos mis informes temáticos. He decidido abordar la transición justa −no solo para los trabajadores, sino para todas las comunidades afectadas− sector por sector y a través de una perspectiva global y transformadora. Este año me estoy centrando en la energía, con dos informes sobre la economía basada en los combustibles fósiles y sobre las energías renovables y los minerales críticos. En un futuro próximo, también me gustaría dedicar un informe temático completo a las tecnologías climáticas. Para ver todas mis prioridades (y las principales conclusiones de las consultas que realicé el año pasado de las que extraje estas prioridades) pueden consultar el documento que  se publicó en diciembre pasado.²

NV: Sobre el derecho a una información precisa y asequible sobre el cambio climático, en general, y teniendo en cuenta el problema de la ausencia de datos históricos en algunas regiones, ¿en qué medida proporcionan los Estados a la ciudadanía información correcta y suficiente sobre los riesgos climáticos, incluidas las personas desplazadas forzosamente de su territorio por condiciones climáticas adversas? ¿Cómo podría aplicarse el derecho humano a la ciencia −como usted ha sugerido− para mejorar esta información y vincular todas las fuentes?

EM: Creo que es un reto para todos los Estados, incluso para los que cuentan con más recursos y buenos datos históricos, colmar las lagunas y conectar las fuentes de información entre los distintos sectores y niveles de gobierno, así como entre la sociedad civil, la comunidad investigadora y las organizaciones internacionales. Se necesita información sobre las fuentes y los efectos del cambio climático, en particular sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los patrones meteorológicos y de catástrofes naturales, así como sobre las repercusiones en la salud humana, la movilidad, el trabajo, los derechos sociales, económicos y culturales, y el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Y esa información integrada debe abarcar los impactos interrelacionados en los contextos terrestre, marino y de agua dulce.

NV: Uno de los grandes problemas pendientes en la mitigación del cambio climático es que las emisiones militares no se tienen suficientemente en cuenta, lo que sesga significativamente los cálculos. ¿Qué podría hacerse al respecto a nivel nacional y supranacional?

EM: Como he comentado brevemente en mi informe sobre el acceso a la información, durante los conflictos armados solo se dispone de datos indirectos y de teledetección. Es más difícil hacer un seguimiento de todos los impactos climáticos debido a la complejidad de las cadenas de suministro y al secreto de la información en el contexto de las operaciones militares. Los conjuntos de datos globales son, por tanto, deficientes. A ello se suma el hecho de que la presentación de informes a escala internacional sobre las emisiones militares sigue siendo voluntaria.

NV: La velocidad a la que avanza la crisis climática no parece corresponderse con la acción de los gobiernos, y ya existen numerosas situaciones de vulnerabilidad social ante fenómenos meteorológicos extremos en el Norte y el Sur global, lo que introduce un componente de desigualdad que perjudica los derechos humanos. Desde su visión, ¿cuáles son los colectivos más amenazados y/o afectados? ¿Cómo avanzar en una acción más acorde con las nuevas necesidades de protección que impone el cambio climático, tanto desde el ámbito multilateral como desde los Estados y la sociedad civil?

EM: Cada vez hay más pruebas de impactos negativos graves y desproporcionados sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas, los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los campesinos y los pescadores artesanales, así como las personas de ascendencia africana, las personas con albinismo, las personas en situación de pobreza y las comunidades de primera línea de los pequeños Estados insulares en desarrollo, los desplazados internos y los migrantes, y otras personas vulnerables al cambio climático.

Por lo tanto, es fundamental, para la eficacia de toda acción climática, considerar las experiencias vividas y los conocimientos distintivos de los titulares de derechos humanos en situación de vulnerabilidad al mismo nivel que los conocimientos técnicos sobre el clima. Y para ello, es necesario comprometerse respetuosa y genuinamente con los titulares de derechos humanos más afectados por el cambio climático, reconociéndolos como agentes de cambio.

NV: Junto a la omnipresencia de la crisis climática, preocupa el auge de voces negacionistas, reaccionarias o, simplemente, indiferentes al fenómeno, así como las campañas de desinformación orquestadas por partes interesadas. ¿Cómo podemos responder a este desafío? ¿Qué ocurre cuando estas actitudes o campañas proceden directamente de un gobierno?

EM: Como también han subrayado otros Relatores Especiales, las industrias de los combustibles fósiles, química, minera, nuclear, del plástico y de los residuos están promoviendo soluciones climáticas falsas o engañosas y difundiendo desinformación sobre las tecnologías climáticas, al tiempo que restan importancia a sus efectos adversos sobre los derechos humanos y el clima.

Los Estados deben proteger al público contra las campañas de desinformación y la información engañosa debida a los intereses creados del sector empresarial, y garantizar que el público pueda beneficiarse de expertos técnicos independientes para la realización de los derechos de acceso a la información y participación.

Además, los Estados deben financiar y apoyar la investigación participativa y las prácticas de recopilación de información por parte de organizaciones locales de base y redes de comunidades de primera línea. Los Estados también deben proteger a los activistas climáticos, científicos y periodistas como defensores de los derechos humanos ambientales, ya que contribuyen en gran medida a garantizar que se proporcione al público información precisa y oportuna sobre el cambio climático, y sobre la inacción climática o la acción ineficaz.

NV: Usted ha trabajado extensamente sobre los aspectos jurídicos de los océanos y las costas. ¿Hasta qué punto existe un vínculo entre la salud de los océanos y los derechos humanos? ¿Podrían las leyes del mar ser un modelo de colaboración en la crisis climática?

EM: El océano ha absorbido más del 90% del exceso de calor causado por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1955. El océano también actúa como sumidero de alrededor de ¼ de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Así pues, desempeña un papel crucial en la regulación del clima mundial, además de producir la mitad del oxígeno que respiramos y contribuir al ciclo global del agua. Los derechos humanos de todos dependen de un océano sano.³

Aún queda mucho por hacer en la protección de los derechos humanos en el contexto de las decisiones sobre el océano (véase también el último informe del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano).⁴ De forma crucial, la Opinión Consultiva de 2024 del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático proporciona ciertamente aclaraciones pioneras para garantizar una acción climática más eficaz, como las obligaciones estrictas de proteger el medio marino de los impactos del cambio climático y la acidificación de los océanos, y conservar y restaurar la biodiversidad marina con fines de mitigación y adaptación al cambio climático.⁵

NV: Para terminar, ¿qué logro le haría sentirse especialmente satisfecha al final de su mandato?

EM: El logro más importante de mi mandato es hacer más visibles y relacionables las historias y experiencias de individuos y grupos que ya han estado soportando el peso del cambio climático: poblaciones de pequeños estados insulares en desarrollo, niños y mujeres, pueblos indígenas, agricultores familiares, pastores y pescadores a pequeña escala. Y sobre esa base, mostrar, científica y jurídicamente, dónde tenemos que cambiar de dirección en nuestros esfuerzos por garantizar un clima seguro para la humanidad: si podemos proteger a los que se encuentran en situaciones más vulnerables, entonces todos estaremos efectivamente protegidos contra el cambio climático.

NV: Muchas gracias por sus respuestas y por su tiempo.

Nuria del Viso Pabón es editora de la revista Papeles y miembro del Área Ecosocial de FUHEM.

NOTAS:

1 Véase: Elisa Morgera: Policy Brief: Climate Change, Mental Health and Human Rights, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales, 16 de diciembre de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/policy-brief-climate-change-mental-health-1-en.pdf

2 Elisa Morgera, Summary of the consultations on the priorities for the future thematic reports of the UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales,  12 de diciembre de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/climatechange/activities/consultations-2024-executive-summary-for-page.pdf

3 Nathan J. Bennett, Elisa Morgera y David Boyd, «The human right to a clean, healthy and sustainable ocean», npj Ocean Sustain 3, 19 (2024), https://doi.org/10.1038/s44183-024-00057-7

4 Astrid Puentes Riaño, A/HRC/58/59: The ocean and human rights – Report of the Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales, 31 de diciembre de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5859-ocean-and-human-rights-report-special-rapporteur-human-right

5 «Law of the sea tribunal’s judgment on marine environment and climate change underscores obligations, say UN experts», Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Procedimientos Especiales, 23 de mayo de 2024, disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/05/law-sea-tribunals-judgment-marine-environment-and-climate-change-underscores

Acceso a la entrevista completa en formato pdf: Entrevista a la RE de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático, Elisa Morgera.

La entrevista realizada por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, aborda algunos de los principales retos que enfrenta su departamento y hace balance de su labor desde 2018.  

«La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos»

A continuación ofrecemos el texto íntegro e la entrevista.

Nuria del Viso (NV): Como es bien sabido, estamos viviendo una grave crisis ecológica. ¿Cómo afecta a los derechos humanos y qué grupos son los más perjudicados?

David Boyd (DB): La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos. Esto está claramente establecido desde hace muchos años. El cambio climático, la contaminación tóxica, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la propagación de enfermedades zoonóticas tienen efectos devastadores sobre los derechos humanos a la vida, la salud, a la alimentación, al agua, a un nivel de vida adecuado y, por supuesto, al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Estos terribles efectos afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y marginación, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, las personas mayores, los migrantes, los refugiados y las personas que viven en la pobreza. He sido testigo de estos impactos en misiones a países. Por ejemplo, en Fiyi visité Vunidogaloa, una de las primeras comunidades del mundo que tuvo que ser reubicada debido a la crisis climática. La subida del nivel del mar, las mareas de tempestad y la contaminación por agua salada de su agua potable y sus tierras de cultivo no les dejaron otra opción. Se reubicaron varios kilómetros tierra adentro, cortando sus estrechos lazos con el océano. En Portugal conocí a supervivientes de mortíferos incendios forestales que sufren estrés postraumático. En Chile me encontré con personas que luchan para hacer frente a una gran sequía que ha privado a comunidades enteras del acceso al agua. En Botsuana conocí a personas indígenas para quienes el calor se está volviendo insoportable, y está provocando escasez de agua, inseguridad alimentaria y conflictos entre seres humanos y fauna salvaje. Vimos una larga cola de mujeres y niñas esperando para llenar contenedores de agua en uno de los dos únicos grifos de una comunidad de 1.300 habitantes.

NV: Muchas de las violaciones de derechos humanos en relación con la destrucción de la naturaleza se están produciendo por la intensificación de las actividades extractivas, algunas estrechamente relacionadas con la transición verde, casi todas con el modo de vida de las sociedades más ricas, que están generando miles de conflictos socioecológicos en todo el mundo. ¿Qué vías considera más prometedoras para abordar y resolver estos conflictos y hacer valer los derechos humanos? ¿Qué herramientas se están desarrollando, en particular desde el ámbito de los derechos humanos?

 DB: Creo que los enfoques basados en los derechos humanos son la forma más prometedora de abordar estos conflictos y, en particular, el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Este derecho fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 (resolución 48/13) y por la Asamblea General de la ONU en 2022 (resolución 76/300). Un enfoque basado en los derechos humanos garantiza que las personas más directamente afectadas tengan acceso a la información, la oportunidad de participar significativamente en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con recursos efectivos si sus derechos se ven amenazados o vulnerados. El derecho a un medio ambiente sano abarca los elementos anteriores, así como aire limpio, agua salubre y suficiente, alimentos sanos y producidos de forma sostenible, entornos no tóxicos, ecosistemas y biodiversidad sanos y un clima seguro. El derecho a un medio ambiente sano se ha utilizado con éxito para exigir la limpieza de la contaminación industrial, impedir la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón, bloquear el uso de pesticidas que matan a las abejas, impedir proyectos mineros destructivos y mucho más. Este derecho es un catalizador de los cambios necesarios para lograr un futuro justo y sostenible, porque convierte las decisiones correctas en obligaciones para los Estados, en lugar de opciones.

NV: Uno de los impactos más extremos es la expulsión de grupos y comunidades enteras que tienen que abandonar su hábitat y se convierten en desplazados forzosos. ¿Qué resoluciones y herramientas específicas está desarrollando y aplicando el Comité de Derechos Humanos?

DB: Para que quede claro, hay una distinción importante entre el Comité de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. El Comité es un grupo de 18 expertos independientes que resuelven denuncias, examinan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados y publican Observaciones Generales para proporcionar orientación autorizada sobre dicho Pacto. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros y es el principal órgano de derechos humanos de la ONU.

En mi trabajo, los desplazamientos forzosos se producen en dos circunstancias principales: el desarrollo de grandes proyectos industriales, como presas hidroeléctricas, y el establecimiento de parques nacionales u otras zonas protegidas. En mi opinión, el desplazamiento forzoso viola los derechos humanos y debe condenarse. Los Estados tienen la obligación legal de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que son las principales víctimas de los desplazamientos forzosos. Sin consentimiento, no deben permitirse ni las actividades industriales ni los parques.

NV: El agua es un tema en el que se aprecia bien el cruce entre las cuestiones medioambientales y los derechos humanos. ¿Cómo caracterizaría esta crisis mundial del agua y cuáles son los problemas más acuciantes?

DB: El mundo se enfrenta a una crisis del agua cada vez más grave. Más de 2 000 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura (accesible en las instalaciones, disponible cuando se necesita y libre de contaminación). Más de 4 000 millones de personas −la mitad de la población mundia− carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, lo que significa que sus excrementos no se tratan, amenazando la salud humana y de los ecosistemas. Aproximadamente el 80% de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin tratar, contaminando las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y los océanos. Las aguas residuales incluyen los efluentes de la industria, la agricultura, los hogares y las instituciones, así como la escorrentía urbana. Las enfermedades transmitidas por el agua causan casi dos millones de muertes evitables al año en todo el mundo, y la mayor carga recae sobre los niños menores de cinco años. Para más detalles, véase mi informe sobre el agua A/HRC/46/28.

NV: Una cuestión candente es la degradación de los ecosistemas y su estrecha relación con las zoonosis y las pandemias. En el seminario que usted convocó en 2022, se mencionó un enfoque basado en los derechos humanos como una forma más eficaz y equitativa de prevenir las pandemias. ¿Podría explicar en qué consiste este enfoque?

DB: En lugar de tratar a la Tierra −este hogar único, sustento de la vida e irremplazable− con cuidado, respeto y reverencia, los seres humanos están infligiendo daños catastróficos a los ecosistemas y la biodiversidad, socavando las extraordinarias contribuciones de la naturaleza al bienestar y la prosperidad humanas. Las pruebas son inquietantes: las poblaciones de fauna y flora silvestres (incluidos anfibios, aves, peces y mamíferos) han caído en picado una media del 60% desde 1970; el ritmo de extinción es cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años y se está acelerando, con un millón de especies en peligro; casi tres cuartas partes de la superficie terrestre de la Tierra han sufrido alteraciones significativas; y dos tercios de la vida marina están experimentando impactos adversos, además de la acidificación, la desoxigenación y la pérdida de hielo marino.

El rápido declive de la salud de los ecosistemas y de la diversidad biológica está causado por los cambios en el uso de la tierra y del mar (por ejemplo, la conversión de bosques a la agricultura), la explotación directa de las especies (por ejemplo, la pesca, la caza, la caza furtiva, el comercio ilegal de especies silvestres), el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Las causas profundas incluyen los modelos de producción y consumo, el crecimiento demográfico, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los valores sociales. En los últimos cincuenta años, la población humana se ha duplicado, la economía mundial se ha cuadruplicado y el comercio mundial se ha multiplicado por diez, lo que ha disparado la demanda de energía y materiales. Las personas ricas son desproporcionadamente responsables del consumo excesivo y de la presión sobre la naturaleza.

En 2022, los Estados acordaron el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, comprometiéndose a emplear enfoques basados en los derechos para abordar el angustioso declive de la diversidad de la vida en la Tierra. Entre los compromisos específicos que deben cumplirse para 2030 figuran la protección del 30% de todas las tierras y aguas, la restauración del 30% de las tierras degradadas y la supresión de 500 000 millones de dólares anuales en subvenciones que perjudican a la naturaleza. El Marco reconoce específicamente la importancia del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

La transformación de la sociedad para lograr una buena calidad de vida para todos en armonía con la naturaleza requiere aumentar la conservación de la biodiversidad, la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados, una rápida transición a la energía limpia, el cambio a una economía circular, la disminución del consumo de energía y materiales por parte de las personas ricas y la reforma de las cadenas de suministro para reducir el impacto ambiental.

Necesitamos enfoques basados en los derechos para todos los aspectos de la conservación, protección, restauración, uso y beneficio de los ecosistemas sanos y la biodiversidad. La aplicación de un enfoque basado en los derechos aclara las obligaciones de los Estados y las empresas; cataliza acciones ambiciosas; pone de relieve la difícil situación de los más pobres y vulnerables; y capacita a las personas para que participen en el diseño y la aplicación de soluciones. Las acciones necesarias incluyen:

(a) supervisar e informar sobre el estado de la biodiversidad y las amenazas que pesan sobre ella;

(b) adoptar y aplicar planes nacionales de biodiversidad;

(c) integrar la biodiversidad en otros ámbitos políticos (por ejemplo, sanidad y finanzas);

(d) la creación de áreas protegidas y el establecimiento de otras medidas eficaces de conservación;

(e) el establecimiento de normas que garanticen el uso sostenible de la biodiversidad;

(f) promulgar leyes para proteger las especies amenazadas;

(g) restaurar los ecosistemas degradados;

(h) prevenir la propagación de especies invasoras; y

(i) proporcionar incentivos para la conservación y el uso sostenible.

NV: En ese seminario también se mencionó el proyecto de elaboración de un instrumento internacional para la prevención de pandemias. ¿Cuál es su situación?

DB: Se están llevando a cabo negociaciones en la Asamblea Mundial de la Salud, con la intención de finalizar un nuevo tratado a finales de 2024.

NV: Hablábamos antes de los colectivos afectados y uno de ellos es el de los defensores y defensoras de la tierra. ¿Cómo valora su situación actual?

 DB: Los defensores y defensoras de la tierra son héroes para sus comunidades y para el medio ambiente. Lamentablemente, siguen siendo acosados, amenazados, atacados, demandados, criminalizados e incluso asesinados por alzar su voz para defender la tierra, el agua, la naturaleza y los derechos humanos. Se trata de una situación trágica, y los Estados tienen la obligación de proteger a estas personas, investigar los delitos cometidos contra ellas y castigar a los autores. Todos deberíamos honrar y celebrar la labor de los y las defensoras de los derechos humanos medioambientales.

NV: Si he entendido bien, su trabajo como Relator Especial tiene que navegar entre las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente y los derechos humanos, y la rapacidad de algunas poderosas empresas, que casi siempre cuentan con el respaldo de los mismos Estados. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra? ¿De qué instrumentos disponen para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Sería necesario algún otro instrumento?

DB: Muchas grandes empresas abusan del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible contaminando el aire, el agua y el suelo, provocando y agravando la crisis climática, devastando la biodiversidad y los ecosistemas, produciendo y comercializando alimentos insalubres e insostenibles y liberando sustancias tóxicas que envenenan a los seres humanos, la fauna y los ecosistemas. Transformar el papel de las empresas es uno de los principales retos para avanzar hacia un futuro justo y sostenible.

Los paradigmas económicos y empresariales actuales se basan en la explotación de las personas y la naturaleza. Entre los defectos de estos paradigmas están el pensamiento a corto plazo, la creencia en un crecimiento ilimitado, un enfoque estrecho en la maximización de los beneficios para los accionistas y la externalización de los costes sociales, sanitarios y medioambientales a la sociedad. Por ejemplo, las empresas de combustibles fósiles obtienen beneficios de cientos de miles de millones de dólares mientras sus productos matan a millones de personas y agravan la emergencia climática. Las empresas transnacionales de la alimentación disfrutan de beneficios récord mientras los precios de los alimentos, el hambre y la malnutrición se disparan.

Para abordar los efectos sustanciales de las empresas sobre los derechos humanos han surgido varios marcos normativos, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y otros. A pesar de estos marcos, son pocas las empresas que aplican las medidas necesarias para respetar los derechos humanos, en gran medida porque estos marcos no son jurídicamente vinculantes.

Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a lo largo de sus cadenas de valor. Esta responsabilidad está por encima del cumplimiento de las leyes y normativas nacionales.

Sin embargo, muchas grandes empresas son delincuentes medioambientales. La aplicación de la ley se produce en contadas ocasiones. Incluso cuando son investigadas, procesadas y condenadas, las penas son insuficientes. Las mayores multas y sanciones medioambientales de la historia, 35 000 millones de dólares contra Volkswagen por su escándalo del diésel sucio y 65 000 millones contra BP por su mortífero vertido de petróleo en Deepwater Horizon, no tuvieron un impacto significativo a largo plazo en el precio de las acciones.

Por desgracia, los Estados son cómplices de la crisis planetaria. Fomentan, permiten y subvencionan actividades empresariales destructivas. Los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de los daños reales y potenciales que puedan causar las empresas dentro de su territorio, jurisdicción o control.

Los Estados deben establecer leyes, reglamentos, normas y políticas sólidas en materia de clima, medio ambiente y derechos humanos, incluida una legislación exhaustiva sobre derechos humanos y diligencia debida medioambiental. La supervisión y el cumplimiento efectivos son esenciales, y requieren instituciones con la autoridad, el personal y los recursos necesarios para prevenir, investigar, castigar y reparar los impactos climáticos y medioambientales sobre los derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos, las cortes y los tribunales tienen un papel supervisor vital.

La humanidad necesita reducir su huella ecológica colectiva y, sin embargo, miles de millones de personas del Sur global necesitan ampliar su huella energética y material para alcanzar un nivel de vida confortable y disfrutar plenamente de sus derechos humanos. La sociedad debe enfrentarse a esta paradoja. Los Estados ricos deben liderar la reducción de sus huellas y financiar el crecimiento verde en el Sur global.

NV: Concretamente, el mecanismo de solución de diferencias que permite a los inversores demandar a los Estados suscitó un informe por su parte que menciona las consecuencias catastróficas de este mecanismo, especialmente en el contexto de la emergencia climática. ¿Qué medidas podrían adoptar los Estados para evitar futuras demandas? ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

DB: Ante una crisis planetaria climática, medioambiental y de derechos humanos, es sencillamente una locura contar con un mecanismo que permita a los inversores extranjeros anteponer los beneficios y los intereses privados a los derechos humanos, la salud humana, el medio ambiente y la capacidad de los Estados para hacer frente a la crisis. Los Estados pueden y deben (debido a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos) resolver este problema. Pueden hacerlo retirando el consentimiento al arbitraje (un acto unilateral) y renegociando los acuerdos comerciales y de inversión que no incluyan mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados. Resulta alentador que diez Estados europeos ya se hayan retirado o hayan indicado sus planes de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía (entre ellos, España). También es alentador que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y EEUU hayan eliminado intencionadamente el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, tal y como se les aplicaba a ellos.

NV: Por último, ¿qué logros de su oficina destacaría en materia de medio ambiente y derechos humanos?

DB: Lo más destacado de mis seis años como Relator Especial ha sido lo siguiente:

1. El reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021), la Asamblea General de la ONU (2022) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2023), que marca un punto de inflexión vital en la evolución de los derechos humanos.
2. Las numerosas acciones que se están llevando a cabo para que el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible sea una realidad para más personas. Este derecho se está incorporando a la gobernanza medioambiental multilateral. Se incorporó en los documentos finales de la COP27 y la COP28, en el Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming Montreal y en la Declaración de Bonn por un Planeta Libre de Daños Causados por las Sustancias Químicas y los Residuos. El Comité de los Derechos del Niño reconoció por primera vez el derecho de los niños a un medio ambiente sano, situándolo en el centro de la Observación General 26. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han integrado el derecho a un medio ambiente sano en sus trabajos. Más Estados han reconocido el derecho a un medio ambiente saludable en la legislación, entre ellos Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Granada y Santa Lucía, lo que eleva el total a 161 Estados miembros. Desde la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2021, el derecho ha sido reconocido en leyes subnacionales como la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley de Cambio Climático (Futuro Neto Cero) de Nueva Gales del Sur, en Australia. La legislación de Nueva Gales del Sur establece claramente que «Las medidas para hacer frente al cambio climático deben ser coherentes con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible». Está en proceso de añadirse a la legislación sobre derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana. Las resoluciones de la ONU que reconocen el derecho, a pesar de su estatus de ley blanda, también han influido en una serie de decisiones judiciales relacionadas con la protección de especies en peligro de extinción, la necesidad de una acción climática ambiciosa basada en los derechos, la importancia de prevenir/rehabilitar las zonas de sacrificio, y los peligros tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos que plantea la minería a cielo abierto. Otra línea realmente fascinante de decisiones judiciales relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano ha sido el resultado de los desafíos empresariales e industriales a las medidas estatales que refuerzan las leyes climáticas y medioambientales. Algunos ejemplos son la regulación de las bolsas de plástico (Kenia, México y Uganda), una ley de protección de los ecosistemas glaciares (Argentina) y las restricciones a la importación de vehículos de motor más antiguos y contaminantes (Perú). En cada uno de estos cinco casos, el gobierno argumentó que sus acciones estaban justificadas por su obligación de proteger el derecho a un medio ambiente sano, y en cada caso, el tribunal estuvo de acuerdo.

3. Las personas extraordinarias que he conocido a lo largo de este viaje, de todas las naciones, de todas las profesiones y condiciones sociales, todos dedicados a hacer del mundo un lugar más limpio, más verde, más sano y más feliz para las generaciones presentes y futuras. Hay tantas personas increíbles e inspiradoras y ha sido un honor conocerlas, trabajar con ellas y aprender de ellas.

Espero que estas respuestas sean útiles.

NV: Sin duda. Muchas gracias.

Acceso al texto completo en formato pdf: Entrevista con David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente

Ningún tiempo en la historia ha sido fácil, pero el momento actual parece reunir desafíos insuperables. 

El ascenso de la geopolítica y de la fuerza como moneda de cambio en las relaciones internacionales están perfilando un mundo más conflictivo y tensionado, con peligro, incluso, de un −aparentemente olvidado− enfrentamiento nuclear. Como corolario, el internacionalismo y las organizaciones supranacionales van quedando arrinconadas, y los presupuestos de defensa se disparan.

La democracia liberal vive horas bajas, con una profunda crisis de representación: mientras aumenta la desconfianza de la ciudadanía en la clase política, en distintos países las instituciones han sido capturadas por un populismo autoritario bajo la forma de una democracia vaciada de contenido. El segundo mandato de Donald Trump en EEUU sería epítome de esta situación.

En este complejo escenario, las tradicionales alianzas se están reconfigurando con rapidez. La brecha surgida entre Europa y EEUU ejemplifica esta situación.

Resulta muy preocupante que las políticas en marcha solo permiten augurar una agudización de la crisis ecosocial, con consecuencias nefastas e impredecibles. Sin duda, condiciones para un brave new world.

El número 169 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global se abre con una reflexión de Santiago Álvarez Cantalapiedra en la Introducción sobre el alcance y significado sobre los actuales retos sobre la paz y la democracia.

La seccón A Fondo reúne sendos análisis sobre geopolítica de Rafael Poch-de-Feliu y Augusto Zamora, dos artículos sobre los retos a la paz, el militarismo y el peligro nuclear de Pere Ortega y Carlos Umaña; Ruth Ferrero-Turrón reflexiona sobre las amenazas a la democracia y la emergencia de un autoritarismo competitivo; José Luis Gordillo recuerda la relevancia de la crisis ecosocial en este contexto y la necesidad de un ecopacifismo; Nuria del Viso conversa con Elisa Morgera, Relatora Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático; y Carlos Berzosa calibra las tendencias imperialista en la economía.

La sección Actualidad trae con una entrevista de Pedro Lomas y Nuria del Viso al activista y político congoleño Roland Mimi Ngoy sobre la situación en República Democrática del Congo.

Ensayo incluye un artículo de Jesús Ojeda sobre Roman Roland y Gandhi

Experiencias recoge una crónica de Nuria del Viso y Susana Fernández sobre la visita al colegio Lourdes-FUHEM de una delegación de activistas contra las armas nucleares.

Referentes está dedicado esta vez a Francisco Fernández Buey y su maestro, Manuel Sacristán, presentado con un texto de Salvador López Arnal.

El número se cierra con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el sumario de la revista y el acceso a texto completo de la Introducción del número a cargo del director de la revista, Santiago Alvarez Cantalapiedra y el artículo de Rafael Poch-de-Feliu. sobre el conflicto de Ucrania.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

Orden imperial y amenazas a la paz y la democracia, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

El conflicto de Ucrania y las incertidumbres de Trump, Rafael Poch-de-Feliu.

Multipolaridad y cambio sistémico: el mundo del siglo XXI, Augusto Zamora R.

Las tendencias actuales de las fuerzas imperialistas, Carlos Berzosa.

Democracias en crisis en un mundo en cambio, Ruth Ferrero-Turrión.

El problema ecológico más grave, José Luis Gordillo.

Donald Trump, geopolítica, militarismo y neofascismo, Pere Ortega.

El desarme nuclear: un imperativo apremiante en tiempos efervescentes, Carlos Umaña.

Entrevista a la RE de la ONU sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto del Cambio Climático, Elisa Morgera, Nuria del Viso.

ACTUALIDAD

Entrevista a Roland Mimi Ngoy sobre la situación actual en la República Democrática del Congo, Pedro L. Lomas y Nuria del Viso.

ENSAYO

El conocimiento de Mahatma Gandhi en Occidente. A cien años de la biografía Gandhi de Romain Rolland, 1924-2024, Jesús Ojeda Guerrero.

EXPERIENCIAS

El Nobel de la Paz, asociaciones activistas contra las armas nucleares y un colegio. Crónica de una jornada singular, Nuria del Viso y Susana Fernández Herrero

REFERENTES

Presentación del texto de Francisco Fernández Buey sobre Manuel Sacristán, Salvador López Arnal.

Un maestro que visitaba talleres de imprenta, Francisco Fernández Buey.

LECTURAS

Anatomía de la frontera, Juan Carlos Velasco.

Francisco Fernández-Jardón

El mito de la ciudadanía, Irene Ortiz

Clàudia Sánchez Vidal

La estigmatización de los pobres. Eugenismo y darwinismo social, Michel Husson

Santiago Álvarez Cantalapiedra

Notas de lectura

Negociar la paz en tiempos de guerra, Vicenç Fisas

Malestamos, Javier Padilla y Marta Carmona

RESÚMENES

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«En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos»

Nuria del Viso entrevista a Bonnie Campbell en la sección A Fondo del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global titulado «Geopolítica, el territorio y los conflictos».

Bonnie Campbell (MA., DPhil, Universidad de Sussex) es . Es profesora emérita de economía política en el Departamento de Ciencias Políticas de la Université du Québec à Montréal (UQAM), donde ha dirigido el Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société (CIRDIS). Fue miembro del Grupo Asesor nombrado por el Gobierno federal canadiense para las Mesas Redondas Nacionales sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el Sector Extractivo Canadiense en Países en Desarrollo (2006-2007), así como del Grupo de Estudio Internacional de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas sobre la revisión de los regímenes mineros en África de 2007 a 2011. Campbell acaba de completar la dirección de un proyecto de cinco años (2018-2023) titulado «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas», y realizado en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso.

En esta entrevista ahonda en los efectos de las compañías mineras, generalmente del Norte global, sobre los estados y las comunidades del Sur.

Las actividades extractivas generan toda una gama de impactos entre los que destacan los daños al medioambiente y las violaciones de los derechos humanos, así como cambios indeseados sobre la capacidad regulatoria y de control de los estados donde tienen lugar tales actividades a manos de poderosas transnacionales.

Nuria del Viso (NV):  Usted ha estudiado ampliamente la industria extractiva (IE) y la gobernanza, especialmente en África. Este sector se ha ganado una dudosa reputación por su capacidad para moldear la gobernanza en los tiempos de la reestructuración neoliberal hasta hoy, habiendo conseguido alinear las reformas con los intereses del sector. ¿Cuáles son las dinámicas en juego?

Bonnie Campbell (BC): Evidentemente, las dinámicas específicas en juego varían enormemente según el tiempo y el lugar y dependen de un amplísimo abanico de factores relacionados con la especificidad cultural, social, política y económica. Si se adopta una perspectiva más amplia, existen dinámicas importantes relacionadas con cuestiones como la evolución de los papeles y las funciones de los distintos agentes presentes, ya sean públicos o privados, las transformaciones derivadas de la introducción de reformas neoliberales y las relaciones asimétricas de poder que se configuran a raíz de estas transformaciones; los consiguientes problemas de legitimidad y «licencia social» para operar a los que se enfrentan las empresas extractivas y los marcos normativos en evolución y cada vez más complejos en los que operan estos agentes. Estrechamente relacionado con lo anterior está el actual proceso de renovación de las estrategias desplegadas por las empresas para ganar legitimidad para sus operaciones, que van desde las estrategias más tradicionales de responsabilidad social corporativa (RSC) de «prestación de servicios», hasta medidas cada vez más sofisticadas como las «compensaciones de biodiversidad» para sugerir que existe una compensación por la pérdida de biodiversidad sin cuestionar la naturaleza del propio modelo de las industrias extractivas mismas.¹

Una dimensión adicional es la tecnificación creciente de los enfoques adoptados para analizar, gestionar y legitimar las actividades, tendencia que contribuye a oscurecer ciertas dimensiones clave relativas a las relaciones de influencia y poder. Sin embargo, estas son esenciales si se quiere comprender los procesos que tienen lugar, sus repercusiones, los problemas que plantean y las posibles vías para encontrar soluciones más adecuadas a las dificultades creadas y estrategias alternativas al desarrollo de los recursos naturales.

NV: ¿En qué medida el protagonismo de las empresas extractivas afecta a la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas? ¿Cuáles son las repercusiones de esta situación tanto en términos políticos como sociales?

BC: Para comprender los orígenes de las actuales situaciones de asimetrías de poder en el sector extractivo, resulta útil una brevísima perspectiva histórica. Como se recordará, en las décadas de 1980 y 1990, bajo los auspicios de las instituciones financieras internacionales (IFI), una abrumadora mayoría de gobiernos de países ricos en recursos de todo el Sur global introdujeron regímenes mineros liberalizados, aparentemente para impulsar el desarrollo de sus países ricos en minerales pero endeudados. Las IFI recomendaron la introducción de sucesivas generaciones de medidas de liberalización de gran alcance destinadas específicamente a atraer inversiones extranjeras directas en un sector minero a gran escala cada vez más privatizado. Esto se produjo junto con reformas que exigían una fuerte retirada del Estado del sector minero. Con el tiempo, las IFI animaron a los países a alinear su legislación minera con los códigos mineros más liberalizados. Esto condujo a un proceso acumulativo de liberalización que pretendía crear un entorno lo más atractivo posible para la inversión privada.² En otras palabras, las medidas promovidas por las IFI crearon dinámicas regionales y continentales a través de las cuales se animaba a los países a competir entre sí para crear el régimen minero más liberalizado.

Un aspecto de la retirada programada de los estados de la gestión del sector extractivo fue la transferencia de lo que antes se consideraban funciones estatales frente a los operadores mineros privados en asuntos clave como regulación, prestación de servicios como carreteras, salud y seguridad. Ante la reducción de los fondos públicos, los estados estaban a veces más que dispuestos a acomodarse a esta tendencia y se embarcaron en lo que se ha descrito como un proceso de «ausencia selectiva». La dificultad radicaba en que este proceso creaba ambigüedad en cuanto a quién correspondía la responsabilidad y creaba lagunas en la gobernanza. En ausencia de la capacidad de los estados para hacer cumplir su propia normativa, por ejemplo, en materia de impactos ambientales, o disponer de los medios financieros y técnicos necesarios para supervisar los impactos y, en caso necesario, introducir medidas correctoras. Las situaciones resultantes plantearon problemas de legitimidad para las empresas y crearon las condiciones en las que cada vez era más probable que se produjeran conflictos. Se puede observar cómo las tendencias relativas a la disminución de la capacidad de los estados para regular el sector y controlar las actividades de las empresas puede ser un factor que contribuye a la violencia que caracteriza las de las actividades extractivas en determinadas regiones.

NV: La narrativa de la «gobernanza nacional débil» ha sido ampliamente utilizada por las empresas para justificar su forma de actuar. ¿Cuál es tu valoración sobre esta manera de proceder?

BC: De hecho, las situaciones de gobernanza débil han sido creadas por la serie de reformas neoliberales introducidas en el sector y que se ven reforzadas por la asunción de funciones y responsabilidades del Estado por parte de las empresas que el propio Estado en ocasiones no puede permitirse asumir. Como he indicado, estas situaciones tienen alta probabilidad de generar conflictos, calificados por las empresas como «riesgos para la seguridad», lo que lleva a una tendencia creciente a la militarización del sector. Como ha señala la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (UNECA) en un informe:³

Desde una perspectiva política, las iniciativas de responsabilidad social corporativa (RSC) no deben considerarse un sustituto de la responsabilidad de los gobiernos hacia sus ciudadanos a la hora de proporcionar infraestructuras básicas y otros bienes públicos. De hecho, las iniciativas de RSC deberían complementar los esfuerzos del gobierno a través de las instituciones administrativas locales y las autoridades locales. El marco que un gobierno elija para que un gobierno elija para afianzar la RSC debe ser claro en cuanto a las responsabilidades de las empresas mineras y qué responsabilidades deben corresponderse con las de las empresas mineras y comunicarse a éstas. (p 89)

La solución a los riesgos de seguridad a los que se enfrentan las empresas no pasa por más estrategias de RSC, sino porque las empresas respeten las leyes del país en el que operan, sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente y la legislación nacional, paguen los impuestos, derechos y cánones a los que están sujetas y, de manera más general, que se reconozca ampliamente la legitimidad de los Estados para prestar servicios a sus poblaciones, condición para que se les exija rendir cuentas en relación a una redistribución más justa de los ingresos a sus poblaciones. La narrativa de la «gobernanza débil» sirve no solo para una justificación miope para que las empresas asuman funciones que antes asumían los estados, sino que, paradójicamente, debido a la fragilización de las estructuras estatales, su reducción y la falta de capacidad para hacer cumplir los marcos normativos crea condiciones que pueden socavar la legitimidad de las actividades de las propias empresas.

NV: ¿Existen características distintivas del modelo de gobernanza del sector de las IE en África respecto a las de América Latina o Asia? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

BC: Se trata de una pregunta difícil por las razones sugeridas en respuesta a la primera. En un nivel se pueden señalar factores que sugieren patrones de similitud debido al hecho de que ha habido olas similares de reformas de liberalización introducidas por las IFI en diferentes regiones del mundo. Sin embargo, cuando se analizan las trayectorias específicas de determinados países, no solo se encuentran similitudes, sino también diferencias, como hemos visto en un estudio que analizaba las experiencias de Mongolia y Guinea.⁴

Debido a los diferentes contextos, el modelo de gobernanza del sector de las IE presenta características específicas, al igual que lo hacen las formas de resistencia y las estrategias en respuesta a la contestación. Además, nuestro entendimiento de las formas y grados de resistencia depende obviamente de la información producida y disponible. A este respecto, parece haber más información sistematizada sobre las resistencias y su represión en América central y del sur.⁵

Esto no implica, sin embargo, que en África no existan múltiples formas y lugares de resistencia. De hecho, la aparición de resistencias es frecuente, pero la información sobre dichas impugnaciones es muy escasa, dispar y de difícil acceso. En África, las causas de los conflictos que surgen en las explotaciones mineras tienen que ver sobre todo con:

1) el reparto de los ingresos mineros, el acceso al empleo, la falta de contribución al desarrollo social y económico;

2) la pérdida de medios de subsistencia o el desplazamiento físico de poblaciones o pueblos y el riesgo de que se produzcan tales desplazamientos;

3) peligros para la salud causados, por ejemplo, por vertidos de cianuro, o el temor a que se produzcan tales vertidos debido a la insuficiente capacidad e independencia de las autoridades locales para controlar esas situaciones y la calidad del agua.

Hay ejemplos de resistencia en torno a las amenazas ecológicas, como ilustra la resistencia a la empresa canadiense de petróleo y gas Reconnaissance Energy Africa Ltd. (ReconAfrica) en Namibia y Botsuana. Esta empresa poseía licencias de prospección petrolífera que abarcaban zonas donde habitan los san y otros pueblos indígenas, así como fuentes críticas de agua dulce y fauna en peligro de extinción. Actualmente se está investigando la integridad y exactitud de esta situación.

En lo que respecta al acceso a la información, cuando se mediatiza y está disponible internacionalmente, suele ser porque la resistencia afecta a las operaciones, los equipos o el personal de una empresa extranjera.⁶

La información sobre la represión de las manifestaciones de las comunidades locales, aunque conocida en los países afectados, se filtra muy raramente al extranjero, a menos que también participen organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Debido a la persistencia de relaciones a menudo muy asimétricas entre las autoridades locales, favorables a la implantación de actividades mineras, y las comunidades locales, que sufren las consecuencias, estas no suelen tener otro recurso que organizar manifestaciones para hacer oír sus reivindicaciones. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en varias ocasiones en Senegal, especialmente en Niokolo Mako, en mayo de 2021.

Fuente: Protestas contra los impactos de las actividades extractivas de compañías extranjeras en Niokolo Mako, Senegal. Le Quotidien.⁷

NV: ¿Qué papel desempeñan la contestación y la movilización de la sociedad contra el poder de las empresas transnacionales extractivas y las élites en las IE? ¿Es posible identificar la emergencia de nuevos espacios políticos de cambio? ¿En qué condiciones?

BC: Este fue el objeto del número especial que editamos en 2019 David Szablowski y yo misma.⁸ La cuestión de la resistencia y la movilización de la sociedad es muy amplia, y como se resume en la introducción de este número especial:

El sector extractivo representa un escenario importante para estudiar las dinámicas de la resistencia y los cambios en la gobernanza. En redes que abarcan países y regiones de todo el mundo, la gobernanza extractiva representa una lucha entre grados de cambio y continuidad en la que una gran diversidad de actores −incluidas empresas extractivas, activistas, estados anfitriones y de origen, movimientos indígenas, prestamistas, empresas consultoras, grupos de derechos humanos, etc.− compiten por dar forma al sector y a la distribución transnacional de sus costes y beneficios. Estas luchas suelen tener lugar a través de coaliciones y redes multiescalares que compiten entre sí y emplean diversas estrategias reguladoras, como la promoción de la cultura de la auditoría, la realización de campañas en favor de la transparencia, la readaptación de las normas de derechos humanos al sector privado y el desarrollo de espacios para la consulta indígena. Comprender el complejo papel que desempeña la reforma en la gobernanza extractiva puede aportar una visión más profunda de los procesos económicos, sociales, políticos y medioambientales en los que está implicada a nivel nacional, internacional y transnacional.

Para analizar estas cuestiones se ha propuesto una amplia gama de enfoques. Por ejemplo, el enfoque político de los asentamientos se basa en las perspectivas institucionalistas al integrar más profundamente el poder y la política en el análisis. Aparte de la gran variedad de situaciones, dependiendo del enfoque adoptado, las conclusiones a las que se llega sobre si han surgido nuevos espacios políticos para el cambio y la evaluación de su importancia pueden diferir.

Los estudios sobre iniciativas multipartitas incluidos en el número especial mencionado anteriormente sugieren que, en ocasiones, puede haber ganancias, como ilustra la experiencia de la participación de las ONG en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés) en Colombia y Perú.⁹ Sin embargo, este tipo de avances incrementales pueden no ser estables a largo plazo. En el caso de este estudio, los éxitos conseguidos por las ONG a través de la ITIE condujeron a un periodo de reacción en el que el gobierno y la industria argumentaron que era necesario reducir la normativa para fomentar la inversión. Conclusiones similares se desprenden del estudio sobre cuestiones parecidas en Mongolia y Guinea, que detalla los procesos de reforma/reacción/contrarreforma, lo que sugiere que las empresas extractivas también pueden poseer formas significativas de poder estructural o de poder de retención en las iniciativas multipartitas.¹⁰ En consecuencia, la influencia ideológica y material acumulada en las negociaciones de las MSI puede no ser suficiente para convencer al sector en su conjunto de que apoye cambios ambiciosos en la gobernanza.

Lo que ponen de relieve estos estudios y los demás basados en un estrecho conocimiento empírico de los procesos en marcha es el carácter indeterminado de la aparición de nuevos espacios políticos para el cambio y, por tanto, la importancia crítica de prestar especial atención a los enfoques metodológicos adoptados, así como una sólida comprensión de las condiciones específicas que en cada situación concreta pueden configurar la ampliación o, alternativamente, el estrechamiento del espacio político.

NV: ¿Y cuál es el papel de las instituciones locales y de la legalidad consuetudinaria en el entramado de empresas extractivas, estados y otros actores nacionales e internacionales? ¿Cuáles son los resultados de esta situación, esto es, gobernanza privada en las zonas de extracción con empresas controlan y configuran la gobernanza?

BC: Este tema subraya, por un lado, la importancia crítica de los enfoques de investigación de abajo a arriba (bottom-up) y, por otro, el hecho de que los procesos en marcha pueden arrojar resultados que apunten en direcciones opuestas.

Un estudio del número especial de la revista antes citada¹¹ analiza el modo en que las comunidades organizan su resistencia a las explotaciones mineras exigiendo el derecho al consentimiento y al desarrollo autodeterminado. La indagación sobre el modo en que se hacen valer estos derechos, el lenguaje que se utiliza y las reivindicaciones que se formulan, revela carencias de la reforma de la gobernanza minera posterior al apartheid que a menudo no se captan en los análisis amplios y de arriba abajo (top-down) de estos procesos. El planteamiento del autor pone de manifiesto el carácter espacial y territorializado de la gobernanza minera en la Sudáfrica posterior al apartheid. Su contribución distingue dos ámbitos de lucha interrelacionados para llamar la atención sobre distintos aspectos de la resistencia comunitaria a los regímenes mineros impuestos:

1) reafirmaciones estratégicas de subjetividad, costumbre y jurisdicción;

2) prácticas de desarrollo autodeterminado.

En este trabajo, Huizenga analiza la defensa de las comunidades locales y sus luchas por la propiedad, el territorio y la autoridad para ahondar en el complejo campo de poder que constituye la reforma y la innovación de la gobernanza minera. La legislación estatal, sostiene, está siendo cuestionada por los agentes locales y el activismo jurídico transnacional. Aunque reconoce que cada escala de la política tiene sus propios efectos políticos, al centrarse en la naturaleza entrelazada de las formas territoriales, regionales, nacionales y transnacionales del derecho, la política y el gobierno, muestra que múltiples estructuras e instituciones interactúan a través de la política transnacional. Huizenga ilustra que, si la gobernanza minera es cada vez más transnacional, también lo es la resistencia y la organización de las comunidades. Las comunidades demandantes como Xolobeni invocan el «derecho consuetudinario vivo» para fundamentar sus reivindicaciones de derechos sobre la tierra en una concepción del derecho «tal y como se practica en la vida cotidiana de los pueblos que acceden y gestionan la tierra y los recursos colectivamente y que introducen cambios en sus leyes consuetudinarias en respuesta a las cambiantes condiciones sociales y económicas». El autor sostiene que el concepto de «derecho consuetudinario vivo» es un posicionamiento estratégico que incorpora nociones del derecho internacional de los derechos indígenas junto con el derecho consuetudinario de forma que permite a las comunidades constituirse como actores políticos al tiempo que eluden la autoridad antidemocrática de los jefes tradicionales.

Este estudio sugiere que, aunque la distribución racial y la economía política de la minería en Sudáfrica se han resistido increíblemente al cambio y los pueblos rurales siguen soportando la violencia de la extracción de minerales, se están produciendo ciertos cambios importantes. El autor sostiene que la lucha política y social, articulada en parte mediante luchas en los tribunales, ha tenido efectos materiales en la medida en que se ha detenido la minería y ha abierto un espacio para la declaración de reivindicaciones alternativas a la comunidad, la propiedad, el territorio y el consentimiento. El autor añade que la batalla judicial de Xolobeni debe leerse en el contexto más amplio de las luchas comunitarias contra la minería que tienen lugar en todo el país y concluye que es en estos esfuerzos de contestación donde se ilustran más claramente las prioridades de la reforma de la gobernanza minera en un Estado en transición.

En su contribución al mismo número,¹² David Szablowski también examina cómo el derecho consuetudinario y el indígena están siendo impugnados en las luchas por la gobernanza extractiva. Más concretamente, analiza cómo las empresas extractivas han desarrollado un conjunto de prácticas de gobernanza para dar forma a la legalidad local en las zonas que rodean los emplazamientos de las operaciones extractivas. Las empresas tratan de hacerlo para producir territorios que faciliten la extracción de recursos de acuerdo con las necesidades y preferencias de las empresas transnacionales. Las comunidades, sus sistemas de gobernanza y su capacidad de acción colectiva pueden poner en peligro este proyecto. Las comunidades rurales de las regiones ricas en recursos suelen gobernar aspectos sustanciales de la vida cotidiana a través de instituciones jurídicas locales y consuetudinarias. Estas instituciones funcionan de forma semiautónoma con respecto a la gobernanza estatal, que puede reconocerlas, ignorarlas u oponerse a ellas. Los estados suelen conceder autoridad legal a las empresas extractivas asignándoles derechos formales que prevalecen sobre los sistemas de gobernanza locales; sin embargo, las autoridades estatales suelen dejar en manos de las empresas extractivas la tarea de relacionarse con los actores locales para hacer efectivos sus derechos. En consecuencia, las empresas extractivas deben tratar con actores cuyos puntos de referencia proceden en parte de la legalidad local, indígena y consuetudinaria.

Leídos conjuntamente, estos dos últimos artículos sugieren dos vías alternativas para las comunidades y la legalidad local frente a la extracción. El primero muestra cómo las comunidades sudafricanas y sus aliados han podido influir en los tribunales nacionales para que se reconozca la autoridad territorial basada en la gestión colectiva de los espacios jurídicos locales. El segundo estudio, en cambio, se centra en los contraprocesos que pretenden cortar este tipo de conexiones y cerrar estas oportunidades. Este segundo estudio muestra cómo los instrumentos y estrategias de relaciones comunitarias de las empresas extractivas pueden tener como objetivo impedir el acceso a espacios jurídicos extra locales que podrían ayudar a proporcionar las herramientas y el apalancamiento para el desarrollo autodirigido y la autoridad local sobre la justicia.

NV: Mientras que la mayoría de los investigadores se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza en el sector de las IE, en su artículo publicado en la revista The Extractive Industries and Society (2019), Hatcher y usted identifican que la lucha verdaderamente importante en los conflictos mineros se dirime en torno al poder estructural, y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» poder estructural y distinguen entre «modos de gobernanza» y «poder estructural» referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? Cómo se ejerce el poder (material referido al sector minero. ¿Puede explicarlo con más detalle? ¿Cómo se ejerce el poder (mecanismos materiales e ideológicos) en las zonas extractivas?

BC: De hecho, sostenemos que si uno está interesado en comprender las condiciones que contribuyen a la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia, es útil conceptualizar recurriendo a dos nociones: relaciones estructurales de poder y modos de gobernanza.¹³ En nuestro trabajo, utilizamos el término «relaciones estructurales de poder» para referirnos a la capacidad de crear reglas, normas y modos de funcionamiento esenciales para las distintas dimensiones de un sistema concreto, ya sea nacional o internacional. En cuanto al concepto de modos de gobernanza en el sector minero, lo utilizamos para referirnos a la suma de las formas de regulación de cada una de las dimensiones relacionadas (económica, social, política y medioambiental) que determinan, en cualquier período o lugar dado, las condiciones de explotación de los recursos mineros. Estas formas son multiescalares e incluyen formas de regulación tanto nacionales como transnacionales. El concepto pretende ayudar a los analistas a centrarse en las relaciones sociales específicas que están en la base de los acuerdos institucionales, así como en el papel de los actores implicados en los procesos de toma de decisiones que emanan de estos acuerdos. También subraya la necesidad de tener en cuenta cómo interactúan las formas de regulación con los mecanismos institucionales, las relaciones de poder y la influencia. Las relaciones estructurales de poder y los modos de gobernanza también ayudan a poner de relieve la existencia de cambios en la práctica y, como consecuencia, la posible formación de nuevos espacios políticos. En otras palabras, los cambios que se producen en circunstancias específicas han conllevado nuevos acuerdos políticos que implican a las élites políticas y a otros grupos que, en consecuencia, sugieren la posibilidad de cambios en los modos de gobernanza y, con estos cambios, el inicio de una transformación en las relaciones de poder entre los agentes implicados.

La decisión de tratar cada uno de estos conceptos separadamente nos ha permitido rastrear una dinámica más profunda en las luchas que están teniendo lugar en la resistencia a la gobernanza extractiva. En general, las personas analistas y estudiosas se centran en las luchas sobre los modos de gobernanza, es decir, los marcos normativos y los acuerdos institucionales que rigen la minería. Sin embargo, como se argumenta más arriba, la verdadera lucha que está teniendo lugar en estos conflictos es en torno al poder estructural: la capacidad de configurar las normas a largo plazo.

En cuanto a cómo se ejerce el poder −los mecanismos materiales e ideológicos− en las zonas extractivas, podemos ilustrar esta cuestión refiriéndonos a la influencia de los agentes transnacionales que intervienen en los procesos de decisión de los actores nacionales para contribuir a conformar los resultados de los procesos en el país. Esta fue una dimensión central del programa de investigación que acabamos de concluir sobre «Acceso a la sanidad pública, ingresos de la minería y políticas públicas» en dos países de África Occidental, Malí y Burkina Faso, que poseen una considerable riqueza mineral. Aunque la influencia de las empresas puede adoptar numerosas formas, a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de cómo se ejerce el poder.

• La configuración de espacios de toma de decisiones y agendas. En ocasiones, estos espacios pueden verse erosionados por influencias y presiones externas. Las influencias y presiones externas pueden ser indirectas (encuestas del sector como las del Fraser Institute, el Investment Attractiveness Index y el EY Top 10 Business Risks Facing Mining and Metals), o directas (a través de la participación en negociaciones reales de nuevos códigos mineros en las que la Cámara de Minas, las empresas, las IFI y las embajadas pueden desempeñar un papel mucho más destacado que la sociedad civil o las organizaciones de mineros artesanales). El resultado de esta influencia empresarial es la perpetuación de marcos regulatorios fiscales muy atractivos que privan a los estados de importantes fuentes de ingresos. Entre las medidas concretas se incluyen las exenciones fiscales discrecionales y no esenciales; el incumplimiento de cláusulas que reducen el periodo de estabilidad establecido en el código minero más reciente; la negociación por parte de las empresas de regímenes fiscales específicos definidos por acuerdos bilaterales para empresas mineras concretas, en lugar de someterse al régimen fiscal que regula todas las actividades mineras.
• La influencia de actores privados externos está presente no solo en la formulación de nuevos marcos regulatorios, sino también a la hora de asegurar que sus actividades queden exentas de ciertos aspectos en la implementación de los marcos.
• En ocasiones, se da prioridad a los contratos mineros sobre los marcos reguladores nacionales.
• Pueden surgir problemas de trazabilidad inadecuada, problemas de acceso a la información y, más en general, problemas de transparencia en la gestión de los ingresos mineros a escala nacional.

Nuestra investigación buscaba documentar dichas presiones y la capacidad de influencia, pero también proponer medidas para contrarrestarlas. A un nivel más analítico, nuestro enfoque intenta comprender la posibilidad de cambio en la distribución de la autoridad y la influencia y, por tanto, de la aparición de los cambios en la distribución de las relaciones estructurales de poder, centrándose en la reproducción de los modos de gobernanza. Esto nos lleva a conclusiones que difieren en ocasiones de las de los estudiosos que identifican y se centran en un núcleo inmutable de acuerdos institucionales extractivistas y, en consecuencia, subrayan la permanencia de las instituciones de gobernanza.

NV: La IE tiene un largo historial de violencia, represión y criminalización, que se está convirtiendo en una tendencia mundial. ¿Cómo valora la relación entre la IE y los derechos humanos? ¿Está tendencia crece y se afianza a medida que crece el extractivismo? ¿O podemos identificar señales o formas que contrarrestan esta tendencia?

BC: Esta pregunta es clave y plantea varias dimensiones. La criminalización de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en el sector extractivo va claramente en aumento.¹⁴ En el centro de esta tendencia se encuentran temas de transparencia, información, rendición de cuentas y sobre todo ello, relaciones de poder asimétricas. Con el fin de ganar legitimidad y “licencia social” para operar, las compañías extractivas se han embarcado durante años en una amplia gama en constante evolución de medidas voluntarias de RSC. Como es cada vez más reconocido, esas medidas son totalmente inadecuadas ya que no cuestionan el modelo extractivo que está en el origen de los problemas de legitimidad que encaran las compañías. Debido a las presiones de las comunidades afectadas y de las organizaciones de la sociedad civil en los países afectados, o de los países de origen de las empresas y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil, se han producido algunos avances para incorporar medidas legislativas que garanticen la rendición de cuentas. Por ejemplo, varios países de Europa (Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega) están adoptando leyes para hacer obligatoria la diligencia debida en materia de derechos humanos, y la Unión Europea está desarrollando una legislación similar. Dado que la mayoría de estas leyes exigen que las empresas actúen con cautela para prevenir daños ambientales, generalmente se las conoce como leyes obligatorias de derechos humanos y debida diligencia ambiental. Sin embargo, en otros lugares, por ejemplo en Canadá, a pesar de varias décadas de esfuerzos, se ha progresado poco para lograr el reconocimiento por parte del Gobierno de su responsabilidad de obligar a las empresas a que rindan cuentas por supuestas violaciones de los derechos humanos y el incumplimiento de las obligaciones relativas al medio ambiente a pesar del hecho de que estas empresas se benefician de marcos fiscales y regulatorios muy favorables y, en ocasiones, de importantes cantidades de financiación pública. La razón de este impasse es claramente el puro poder político que tiene el sector sobre el aparato de toma de decisiones del país. Entre otros ejemplos de esta observación está la capacidad de las dos grandes asociaciones mineras canadienses de movilizar a los grupos de presión para influir en los votos de los parlamentarios. Por poner solo un ejemplo, cuando se intentó fortalecer los poderes de la propuesta Defensora del Pueblo de Canadá para la Conducta Empresarial Responsable (CORE), según la Oficina del Comisionado de Lobby de Canadá, durante el período crítico de toma de decisiones (enero de 2018 a abril de 2019), las dos asociaciones mineras de Canadá se comunicaron 530 veces con quienes debían tomar las decisiones y funcionarios políticos de alto rango para influirlos sobre este tema. En consecuencia, a pesar de las múltiples formas de apoyo público que ofrece a las empresas del sector extractivo, Canadá todavía no cuenta con mecanismos para responsabilizar a las empresas registradas en Canadá por las implicaciones para los derechos humanos y las consecuencias ambientales de sus actividades en el extranjero.

Por ello, y en vista de la frecuente ausencia de posibilidad de obtener reparación de las instituciones en su propio país, aunque es un proceso largo y muy costoso, una vía emergente es buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa implicada. Este proceso, conocido como litigio transnacional, tiene el potencial de transformar las implicaciones de las políticas de RSC, introduciendo una responsabilidad real en lo que en el pasado ha sido esencialmente un ejercicio retórico. En el caso de Canadá, por ejemplo, los litigios transnacionales han introducido una interpretación distinta del deber de diligencia de la empresa matriz en la jurisprudencia, creando un contexto propicio para los demandantes.¹⁵ En un caso llevado ante los tribunales canadienses, Choc v. Hudbay, personal de seguridad presuntamente disparó contra aldeanos maya-q’eqchi’ mientras protestaban contra el proyecto minero Hudbay en Guatemala. Un maestro de escuela y activista maya-q’eqchi’ fueron asesinados y muchas mujeres maya-q’eqchi’ fueron violadas. La moción de la empresa para desestimar las reclamaciones se basó en que una empresa matriz no tiene el deber de diligencia hacia aquellos perjudicados por las acciones de su filial. Sin embargo, el tribunal canadiense −el Tribunal Superior de Justicia de Ontario− determinó que la empresa Hudbay Minerals había establecido una relación de proximidad entre ambas partes al comprometerse públicamente con la RSC en Guatemala y adoptar los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, por lo que desestimó la moción de la empresa. La petición inicial se presentó en Canadá en 2010 y el caso aún está en curso.

A falta de otras vías para buscar reparación, el litigio civil transnacional es una opción destacada. Sin embargo, presenta serios problemas, por ejemplo, en relación con su accesibilidad para las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su impacto en la jurisdicción de los países anfitriones y el tiempo y costo de dicho proceso para buscar reparación en los tribunales del país de origen de la empresa.¹⁶ Donde aún no existe, lo que se necesita urgentemente es la introducción de obligaciones legisladas en los países de origen que establezcan que las empresas podrían enfrentar responsabilidad si contribuyen de alguna manera a violaciones de derechos humanos en el extranjero. La legislación inspirada en este modelo impondría amplias obligaciones de debida diligencia a las empresas constituidas en Canadá o que realicen negocios en Canadá. Es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen de la empresa. Iría de la mano de los numerosos esfuerzos de las comunidades afectadas para buscar reparación de violaciones de derechos humanos o poner fin a proyectos que son destructivos para el medio ambiente. Cabe subrayar que las iniciativas en este sentido son numerosas y en ocasiones exitosas, como en el caso de los ciudadanos ecuatorianos que votaron a favor de detener el desarrollo de todos los nuevos pozos petroleros en el parque nacional Yasuní, en el Amazonas, una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta.¹⁷ En el mismo país, en agosto de 2023, habitantes de Quito fueron convocados a participar en un referéndum sobre la prohibición de la minería a cualquier escala en los bosques del Chocó. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 68% de los electores expresó su apoyo a la prohibición, mientras que solo el 31% estuvo a favor de permitir la minería. La prohibición de la minería se aplicará a las 124.000 hectáreas de la Comunidad Andina del Choco, compuesta por las localidades rurales de Calacali, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.¹⁸ Estos resultados merecen especial atención porque revelan el deseo de los ciudadanos, cuando en realidad son consultados, de un modelo de desarrollo diferente, basado en alternativas de vida más sostenibles.

Nuria del Viso es editora de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global y miembro de FUHEM Ecosocial.

NOTAS:

1 Más información en Lynda Hubert Ta y Bonnie Campbell, «Environmental protection in Madagascar: Biodiversity offsetting in the mining sector as a corporate social responsibility strategy» (2023), The Extractive Industries and Society. 15, disponible en: https://doi.org/10.1016/j.exis.2023.101305

2 Véase Banco Mundial, Strategy for African Mining, Documento Técnico del Banco Mundial núm. 181, Africa Technical Department Series, Unidad de Minería, División de Industria y Energía, Banco Mundial, Washington, DC, 1992.

3 Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, Minerals and Africa’s Development, The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes», UNECA, 2011.

4 Bonnie Campbell y Pascale Hatcher, «Neoliberal reform, contestation and relations of power in mining: Observations from Guinea and Mongolia», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, pp. 642-653, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301989

5 Véase, por ejemplo, The «Canada Brand» Violence and Canadian Mining Companies in Latin America, Osgoode Legal Studies Research Paper núm. 17/2017, disponible en: https://papers.ssrn.com/s ol3/papers.cfm?abstract_id=2886584 ; y también Isabel Orellana et al., «Une cartographie de conflits socio-écologiques associés à l’extractivisme dans une perspective critique d’éducation relative à l’environnement», Éducation relative à l’environnement, Open Editions Journal, vol. 17-2, 2022, disponible en: https://journals.openedition.org/ere/9315

6 Véase, por ejemplo, «Mines: Des installations et des gros engins de la société True Gold incendiés par les populations», Le Faso.net, 15 de enero de 2015, disponible en: https://lefaso.net/spip.php?article62789

7 Disponible en: https://lequotidien.sn/marche-pacifique-a-niokolo-mako-les-populations-exigent-de-pmc-a-respecter-sa-rse/

8 David Szablowski y Bonnie Campbell (eds.), «Contesting Extractive Governance: Power, Discourse, Violence, and Legality», The Extractive Industries and Society, vol. 6, núm. 3, julio de 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X19301479

9 Elisa Aron, Anthony Bebbington y Juan Luis Dammert, «NGOs as innovators in extractive industry governance. Insights from the EITI process in Colombia and Peru», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, pp. 665-674, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301771

10 Ibidem.

11 Daniel Huizenga, «Governing territory in conditions of legal pluralism: Living law and free, prior, and informed consent (FPIC) in Xolobeni, South Africa», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18301102

12 David Szablowski, «Legal enclosure’ and resource extraction: Territorial transformation through the enclosure of local and indigenous law», The Extractive Industries and Society, vol.6, núm. 3, 2019, disponible en:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214790X18302806

13 Campbell y Hatcher, 2019, op. cit.

14 Véase Moira Birss, Criminalizing Environmental Activism, Informe de NACLA sobre las Américas, vol. 49, núm. 3, 2017, pp. 315-322, disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10714839.2017.1373958

15 Véase el artículo de próxima aparición:  E.R. Grégoire et al., «Ecosystemic Approaches to Extractive Business and Human Rights Issues», Revue québécoise de droit international, en prensa.

16 Ibidem.

^[17] Véase Dan Collyns, «Ecuadorians vote to halt oil drilling in biodiverse Amazonian national park», The Guardian, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/aug/21/ecuador-votes-to-halt-oil-drilling-in-amazonian-biodiversity-hotspot

^[18] «Ecuadorians vote against mining in Choco Andino», Telesur, 21 de agosto de 2023, disponible en: https://www.telesurenglish.net/news/Ecuadorians-Vote-Against-Mining-in-Choco-Andino-20230821-0015.html

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Se considera esta cuestión partiendo de los planteamientos más relevantes para el caso de estudio. Se repasan las ideas de John Rawls para, a continuación, analizar las críticas a Rawls enunciadas por Thomas Pogge, Michael Walzer, Nancy Fraser e Iris Marion Young, para finalizar con algunas propuestas en los comentarios finales.

La cuestión de las migraciones internacionales emerge como una de las principales encrucijadas contemporáneas donde se entrelazan cuestiones de justicia, derechos, desigualdades y experiencias de sufrimiento humano.

Las actuales migraciones son reflejo de una determinada organización del mundo, fracturado –grosso modo– entre Norte y Sur global. En el capitalismo tardío, la organización de las migraciones desde el Norte global sirve a las necesidades económicas de trabajadores abundantes y baratos, tanto en la actividad fabril deslocalizada como en los países del Norte en empleos de menor estatus y salarios nimios. Es, precisamente, el desequilibrio entre el mundo rico y el pobre lo que mueve a muchas personas a desplazarse en busca de un futuro mejor.

El mundo contemporáneo vive la paradoja de una globalización de mercancías, capitales y personas pudientes, pero de fronteras infranqueables para el resto de seres humanos, situación que profundiza la brecha Norte-Sur, resultando en lo que Velasco (2020: 2) denomina con el oxímoron de “globalización fronterizada”.¹

En las últimas dos décadas se ha configurado un nuevo orden migratorio internacional en el que las restricciones a la movilidad constituyen la regla y la libertad de circulación de las personas la excepción.² Actualmente se da la coincidencia de, al menos, tres factores sobre esta cuestión:

1) Una profundización de las desigualdades y de la brecha Norte-Sur;

2) Un progresivo endurecimiento de las políticas migratorias en los países del Norte global, que conlleva un control más estricto de las fronteras a través de sofisticadas tecnologías. En paralelo, se produce la externalización de la gestión fronteriza a terceros países, alejando los espacios fronterizos de los países ricos;

3) La conceptualización de la migración como problema, cuyo foco es un tipo muy concreto, la denominada migración irregular, que justifica, a pesar de que constituye una porción exigua de los flujos migratorios, elevadas inversiones en la fortificación de las fronteras.

Estas tres dinámicas confluyen en la producción de una categoría de migrantes “ilegales” a la que se criminaliza, persigue y aplica toda clase de instrumentos punitivos. Quienes logran traspasar las fronteras del mundo rico no corren mejor suerte. Se ven amenazados por el internamiento indefinido y la expulsión y, en el eventual caso de lograr establecerse, se les niegan los derechos de ciudadanía. Como contrapunto, conviene recordar que la migración es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 13.2)³

Así, la posibilidad de viajar o no, de atravesar fronteras internacionales se ha convertido actualmente en un nuevo mecanismo de estratificación social y de segregación selectiva⁴ Estas dinámicas convierten los espacios fronterizos globales en limbos legales donde las leyes quedan en suspenso; un espacio de alegalidad donde que se producen graves violaciones de los derechos humanos. Todo ello plantea claros problemas de injusticia y abusos. ¿Cómo responden los filósofos políticos a estas cuestiones?

John Rawls: de la justicia nacional a la esfera global

Las ideas sobre la justicia han estado largo tiempo marcadas por la teoría de John Rawls desde la publicación de A Theory of Justice en 1971. Esta obra sentó las bases de un marco liberal igualitario todavía vigente. La justicia pertenece a la estructura básica de instituciones porque influye en la perspectiva de vida de las personas en la sociedad⁵ Las instituciones sitúan a los diferentes miembros (o incluso a los no-miembros) de una sociedad en diferentes posiciones que determinan sus opciones y oportunidades para desarrollar sus capacidades y alcanzar bienestar. En el modelo de Rawls, el Estado nación marca los límites de aplicación de la justicia, siendo la nacionalidad el elemento que condiciona los derechos y oportunidades de los sujetos. Así, se aplica un rasgo heredado o circunstancial, producto de una “lotería natural” como es nacer en un determinado país como salvoconducto para la movilidad planetaria.⁶ Caracteriza a una sociedad injusta el que determinados grupos de personas tengan menos oportunidades que otras, especialmente por rasgos no elegidos. En estas circunstancias, «el sentido de justicia se resiente».⁷ ¿Se aceptaría el actual régimen fronterizo en una hipotética situación de “velo de la ignorancia”, como teorizó Rawls? Parece que no, a la vista de las atrocidades y abusos de los derechos humanos que ocurren cada día en múltiples espacios de frontera a lo largo del planeta.

A medida que avanzaba el proceso globalizador en los años noventa, la tesis de la justicia limitada a las demarcaciones nacionales perdió base. En 1993, Rawls publicó Law of Peoples, o Derecho de gentes, la extensión al ámbito de las relaciones internacionales de su teoría de justicia como equidad, y donde sitúa los derechos humanos como elemento clave que establece los límites morales al pluralismo entre los pueblos.⁸ Si el liberalismo igualitario defiende que hacer justicia entraña «implementar algún tipo de reparación compensatoria a favor de quienes son víctimas de una mala suerte bruta que no han provocado ni elegido», en la senda del “igualitarismo de la suerte” marcada por Dworkin, esta idea solo se aplica en el interior de los estados. En Derecho de gentes Rawls cambia inexplicablemente el criterio primordial de la justicia: ya no es la redistribución de recursos, sino la estabilidad del sistema de estados. La atención a la injusticia en el mundo no constituye un deber de asistencia internacional, sino que queda a merced de la ayuda humanitaria. Así, la teoría de Rawls se queda corta para abordar los problemas globales, al tiempo que genera nuevos problemas de justicia en el interior de los estados, ya que al considerar sujetos de la redistribución –y, eventualmente de derechos políticos– estrictamente a los ciudadanos de cada unidad política implícitamente supone que los extranjeros que se hallen en ese territorio no son destinatarios natos de tales derechos.

Por su parte, Joseph Carens, también desde el liberalismo igualitario, parte del carácter moral arbitrario de las fronteras y concluye que el liberalismo igualitario conduce a la defensa de un mundo con fronteras territoriales abiertas en el que cada persona debe poder elegir su lugar de residencia.⁹ Carens señala que el estatus de ciudadanía en las democracias liberales occidentales es el equivalente moderno del privilegio feudal, un elemento heredado que multiplica nuestras oportunidades en la vida.¹⁰ De ser así, los principios de justicia deberían neutralizar esos factores. Siguiendo a Loewe, «un modo de hacerlo sería mediante el reconocimiento de obligaciones de justicia distributiva global (que Rawls expresamente rechaza. Otro modo, mediante el reconocimiento de un derecho a la movilidad sin fronteras».¹¹

El modelo rawlsiano de justicia global fue contestado desde visiones más progresistas que criticaron que no hay razones para que los efectos de las asimetrías socioeconómicas globales sean tratados de manera diametralmente distinta en el plano nacional y global. Muy pronto se planteó un debate entre nacionalistas liberales, internacionalistas y cosmopolitas en torno a si tenemos obligaciones de justicia más allá del Estado nación. Cosmopolitas e internacionalistas coinciden en señalar que la posición liberal falla a la hora de asegurar una distribución equitativa de derechos y recursos en el plano global. Frente a la posición nacionalista de los liberales, la corriente cosmopolita afirma que el objeto de la justicia son las relaciones entre todos los seres humanos, y la unidad básica de distribución es el plano global. Por su parte, los internacionalistas plantean una estructura con dos niveles, nacional e internacional, que entraña distintos grados de obligaciones.

Las influyentes tesis de Rawls despertaron, no obstante, críticas desde diferentes visiones. Se destacan a continuación cuatro autores cuyos argumentos iluminan otros tantos elementos cruciales para pensar las migraciones internacionales desde la perspectiva de la justicia que están ausentes en la teoría rawlsiana. Estos autores son Thomas Pogge, que introduce en el campo de la justicia el elemento de la pobreza y los derechos humanos; Michael Walzer, quien explora la convivencia como base de la pertenencia y de la ciudadanía; Nancy Fraser, que examina la cuestión del sujeto de la justicia en la era de la globalización; y, finalmente, Iris Marion Young, con una singular reflexión sobre la injusticia estructural que resulta iluminadora aplicada a las migraciones internacionales.

Thomas Pogge: la pobreza en el marco de la justicia y los derechos humanos

Una de las críticas más contundentes al enfoque rawlsiano a escala global fue la de Thomas Pogge, cuya teoría trata la pobreza y los derechos humanos, lo que el autor denomina “cosmopolitismo moral en el lenguaje de los derechos humanos”.¹² Para Pogge, la organización de la economía internacional produce externalidades que influyen en el desarrollo econoómico de las naciones. Aunque los factores internos de los países desempeñan un papel, la pobreza de algunas naciones solo se puede explicar si se atiende las consecuencias de otros factores con un carácter global en las políticas nacionales, tales como las reglas del comercio internacional. Así, Pogge entiende que los efectos de un sistema internacional que favorece a unos más que a otros se derivan obligaciones de justicia distributiva global. Este autor sitúa los derechos humanos como el mínimo básico debido a todos los seres humanos. El ideal de justicia se vincula así a los derechos humanos. En el caso de las migraciones internacionales, situar los derechos humanos como medida del mínimo exigible a todas las instituciones evitaría numerosos abusos y posibilitaría mejorar la situación y los derechos de los migrantes, tanto en tránsito como aquellos asentados en el interior de un estado.¹³

Aunque Pogge considera inadecuada la apertura de fronteras para eliminar la pobreza, pues solo lograría resolver la situación de unos pocos, sostiene que en el mundo contemporáneo se dan estructuras lo bastante sólidas como para garantizar la aplicación de principios jurídicos en las relaciones entre individuos de comunidades políticas distintas, y señala que «A los ciudadanos más privilegiados e influyentes de los países más poderosos […] les corresponde una responsabilidad compartida por el papel que desempeñan sus gobiernos […] en ese orden global».¹⁴ Este autor defiende que los países ricos deben modificar las condiciones de entrada de migrantes y, sobre todo, las aplicadas a su permanencia para aquellos en situaciones de necesidad extrema.¹⁵

Pogge aboga por un cosmopolitismo institucional en el que se da la distribución vertical de la soberanía ciudadana entre diferentes escalas de unidades políticas en las que ninguna domina al resto, con un doble movimiento de centralización y descentralización. Sin duda, la aplicación a las migraciones redundaría en un reequilibrio del poder, ya que unidades subnacionales podrían democráticamente acordar otras normas para la entrada y establecimiento de extranjeros, algo que desafortunadamente no es posible en la actualidad, como muestra la experiencia del Ayuntamiento de Riace (Italia)¹⁶ y el encausamiento y condena de su alcalde. Igualmente, la propuesta de Pogge permitiría el avance de una gobernanza global y la configuración de instituciones supranacionales con capacidades para instituir normativas de movilidad humana.

Michael Walzer: la convivencia como base de la pertenencia

En un importante texto,¹⁷ Walzer repasaba cuestiones relevantes a las migraciones internacionales cuando analizaba los entresijos de la pertenencia a una comunidad política y el tratamiento hacia los extranjeros que viven en ella. Walzer, desde su perspectiva comunitarista, señala que lo que se distribuye en la comunidad política es la pertenencia, que da acceso a toda otra gama de opciones materiales e inmateriales. Se trata de un bien primario que, en el actual modelo migratorio se niega o se restringe con frecuencia a ciertos extranjeros.

El autor desgrana cuál era el régimen de los extranjeros, los metecos, en la antigua Atenas: vivían en la ciudad, pero no podían acceder a la ciudadanía, y, por tanto, tampoco a los derechos que granjeaba. Walzer establece un paralelismo entre los metecos y los trabajadores huéspedes contemporáneos en las modernas economías centrales y en los países del Golfo, quienes carecen indefinidamente de todo derecho político.¹⁸

Este autor apunta otra cuestión importante: que un grupo social –los ciudadanos–, por mayoritario que sea, determine las oportunidades de los otros se traduce en opresión, y crea sociedades duales, o escindidas, con dos categorías de sujetos: los ciudadanos de pleno derecho y los extranjeros, sin derechos. Ello convierte la ciudadanía en un inesperado mecanismo de exclusión que rompe el principio de igualdad. Esta situación resulta inaceptable en una democracia donde impera el Estado de derecho. Walzer sostiene que la justicia distributiva comienza por dar acceso a la pertenencia, y aboga por revertir el actual estado de injusticia y ofrecer a los migrantes las oportunidades que brinda la ciudadanía. En este contexto, resulta crucial redefinir la institución de ciudadanía en clave inclusiva, o, dicho sinéticamente, es necesario desnacionalizar la institución de ciudadanía.¹⁹

Nancy Fraser: ¿Quién es el sujeto de la justicia en la globalización?

Esta filósofa plantea los límites del enfoque westfaliano-keynesiano de la justicia vinculados al Estado nación para abordar correctamente los problemas que surgen con la globalización, que ponen en cuestión no solo la sustancia de la justicia, sino también el marco de la misma. Fraser enuncia un modelo de justicia democrática postwestfaliana que se sostiene en tres pilares: la redistribución, el reconocimiento y –tras las críticas de Young a su enfoque dual original– la dimensión política, con la “paridad de participación” como principio.²⁰

Esta autora se detiene a examinar las cuestiones de marco, que denomina «la política del enmarque», y que implica, en primer lugar, distinguir entre quiénes son parte de la comunidad, a quienes les corresponden derechos y obligaciones –esto es, quiénes son sujetos de la justicia– y quiénes no lo son.

Nancy Fraser también analiza los distintos niveles de la justicia metapolítica. El tercer nivel alude a las injusticias creadas por los procesos no democráticos con los que se establece el marco, y que adolece de paridad participativa. Fraser lo denomina representación fallida metapolítica, y surge «cuando los Estados y las élites transnacionales monopolizan la actividad de establecimiento del marco, negando voz a quienes pueden resultar perjudicados en el proceso e impidiendo la creación de foros democráticos» en los que se diriman sus reivindicaciones²¹ Es un hecho resaltable que, en particular en el caso de las migraciones internacionales en el ámbito de la UE, las políticas se han aprobado no solo sin participación de los afectados –se han desarrollado a nivel institucional estatal–, sino que además la aplicación de las normas en la UE se ha otorgado a una institución de nueva creación, Frontex (hoy denominada Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), que es una institución opaca y exentas de control democrático. Así, las migraciones internacionales podrían considerarse, en términos de Fraser, como un caso de representación fallida metapolítica.

Iris Marion Young: la injusticia estructural. Aplicación al caso de las migraciones

Young parte de que la conexión social surge antes que las instituciones políticas, y las obligaciones jurídicas son fruto de las relaciones institucionales de cooperación. Concibe la injusticia como una cuestión estructural, con cinco aristas –explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia–, y junto a las cuestiones de distribución añade tres fuentes de limitaciones: procedimientos de toma de decisiones, división del trabajo y cultura. Además, analiza cómo se experimenta la opresión y la dominación, y sus diferentes aristas en relación con la justicia. De acuerdo con Young, «la injusticia estructural existe cuando los procesos sociales sitúan a grandes grupos de personas bajo la amenaza sistemática del abuso o de la privación de los medios necesarios para desarrollar y ejercitar sus capacidades, al tiempo que estos procesos capacitan a otros para abusar o tener un amplio espectro de oportunidades para desarrollar y ejercitar capacidades a su alcance».²² La injusticia social, apunta Young, remite en verdad a una injusticia estructural que se asienta en una serie de procesos que lo permiten, con cuatro componentes:

1) los hechos sociales objetivos, experimentados por los individuos como algo que limita y capacita a la vez;

2) el espacio macro social en el que las posiciones están relacionadas;

3) lo que ya existe, pero solo en las acciones;

4) lo que involucra de forma cotidiana las consecuencias no intencionadas de la combinación de actos de muchas personas.

Si aplicamos este esquema a las migraciones internacionales, no cabe duda de que esta situación representa un caso de injusticia estructural. Veamos cómo. En primer lugar, resulta evidente cómo los sujetos afectados experimentan el modelo migratorio del Norte como restrictivo en derechos, lo que impacta en sus oportunidades y su acceso a bienes y servicios –también al mercado laboral legal–, creando una precariedad que afecta al devenir de sus vidas; pero que impacta paralelamente de una forma biopolítica: en el “secuestro” de su tiempo de vida mientras están recluidos en instituciones donde pasan meses y años sin saber cuándo se resolverá su caso.²³ Así, las estructuras limitan sus vidas de forma directa, aunque también de forma indirecta, como señala Young, de un modo más tangencial y acumulativo.

En segundo lugar, el espacio macro social donde se desarrollan las migraciones viene marcado por aspectos históricos –la experiencia de la colonización del resto del planeta por parte de Europa–, por procesos geopolíticos más recientes: imperialismo, neoimperialismo de los recursos, formación de bloques, etc., que conforman las estructuras y guían el establecimiento de normas, y por procesos simbólicos: la construcción de la oposición “nosotros”-“el otro”. El resultado es la jerarquización de los sujetos por nacionalidad y nivel económico que se establece en base a criterios políticos, de cercanía cultural, pero también por prejuicios raciales/étnicos que determina quiénes acceden al derecho al movimiento y, en concreto, a traspasar las fronteras del mundo rico. Las barreras de entrada al sistema son muy distintas para unos y otros, lo que da cuenta de que los criterios utilizados funcionan para filtrar a quienes se desplazan de acuerdo a los deseos y necesidades laborales de los países receptores. La existencia de un mercado de trabajo irregular es funcional al sistema económico. Así pues, se trata de una “desigualdad persistente” que en la actualidad opera profundizando la categorización o jerarquización de los seres humanos a quienes corresponderán distintos grados de privilegio o marginación/exclusión/depauperación.

En tercer lugar, señala Young que las reglas o recursos que definen las estructuras sociales «existen solo en la medida en que los individuos de la sociedad tienen conocimiento de ellos».²⁴ En el caso de las migraciones, en general, es así, pero la legislación y normativa actual se aplica tras un velo de discrecionalidad y opacidad, por lo que a veces ni los ciudadanos de pleno derecho ni los irregulares afectados conocen las disposiciones; se opera en un ambiente de ocultamiento: vuelos de madrugada de “devolución” de migrantes, instalaciones de internamiento en emplazamientos discretos, etc. que parecen no existir, son una especie de no-lugares, como diría Marc Augé, fuera de la mirada pública y donde los internos son números anónimos despersonalizados; sin embargo, se trata de acciones que construyen ladrillo a ladrillo una realidad. Como recuerda Young,  las estructuras «se producen solo mediante la acción… son recursivas».²⁵

En cuarto lugar, las consecuencias no intencionadas –no calculadas sería mejor, ya que sí hay una intención de criminalizar a ciertas personas y de que existan mercados laborales paralelos y precarios– del actual modelo migratorio producen un daño ingente: vidas que se pierden, pero también vidas que se malogran por la precariedad, graves violaciones de los derechos humanos que llegan a la esclavización (como está ocurriendo en Libia), abusos sexuales sistemáticos a las migrantes, daños psicológicos persistentes por el daño sufrido… En ello intervienen una cadena de agentes, desde los responsables de políticas estatales, partidos políticos que criminalizan a los migrantes, el sistema jurídico y policial que hace cumplir las normas pero a veces “se les va la mano”, medios de comunicación que hacen de altavoz, empresarios que demandan trabajadores baratos, ciudadanías acomodadas que desean delegar las tareas de cuidados, pasando por los gobiernos de países que realizan la gestión externalizada de las migraciones, su utilización política de esta prerrogativa, sus  fuerzas armadas y policiales que hacen el trabajo sucio, los propios gobiernos y estados de origen que no crean condiciones para el bienestar de su ciudadanía, sino juegos de equilibrios políticos, clientelismos y corruptelas… Quienes participan de un modo u otro tienen su parte de responsabilidad en afianzar o no la injusticia estructural que limita las oportunidades de los sujetos “sujetados”. Todos estos elementos se entrecruzan con un resultado nefasto sobre las personas que se desplazan.

Desde su enfoque socioestructural, Young propone un esquema de conexión social como modelo de responsabilidad para interpretar las obligaciones jurídicas. Este modelo se basa en que «todos los agentes que contribuyen con sus acciones a los procesos estructurales que originan injusticias tienen la responsabilidad de trabajar para solucionar estas».²⁶ Para Young, las obligaciones jurídicas exceden lo que es debido por mera humanidad. Lo desmarca del modelo más común de la responsabilidad enfocado a identificar al culpable directo de un daño porque en un sistema complejo como el actual, con injusticias socioestructurales, como argumenta Young, los responsables de una injusticia pueden no presentar relaciones directas con los perjudicados. Es decir, las relaciones entre el agente o agentes de una primera acción en una larga cadena de eventos y los perjudicados finales de ese proceso pueden estar invisibilizadas, pero no por ello deja de existir un nexo.  Por ello, Young sostiene la necesidad de un concepto ampliado de la responsabilidad, y propone el modelo de conexión social que otorga responsabilidad a los individuos respecto a las injusticias estructurales más allá de las fronteras del Estado nación, incluso aunque no haya una cadena causal directa. Este modelo de conexión social es aplicable a las migraciones internacionales, ya que, si bien no participamos en el diseño de las políticas restrictivas, sí tenemos una responsabilidad compartida en la injusticia estructural a través de distintos canales: como votantes, como consumidores, como vecinos, como empleadores de migrantes, como activistas, etc. Sin embargo, aunque coincidiendo con el análisis de Young, cabe alegar que la cadena de responsabilidad puede entrar en terrenos pantanosos difíciles de seguir la pista en los vericuetos de la sociedad global, lo que plantea una pregunta legítima: ¿Hasta dónde alcanza la cadena de responsabilidades?

Young enumera las características de este modelo, que recojo sucintamente:²⁷

1) no pretende aislar, es decir, identificar al responsable principal de una injusticia porque hay distintos sujetos con responsabilidades;

2) evalúa las condiciones originales a las que normalmente se atribuye la culpa, y amplía este enfoque;

3) más proyección (a futuro) que reconsideración (del pasado), así, no busca la reparación por injusticias pasadas, sino más bien evitar que tales injusticias se sigan reproduciendo;

4) responsabilidad compartida entre quienes participan con sus acciones en los procesos que conducen a injusticias estructurales;

5) solo es posible abordarlos mediante la acción colectiva.

El modelo remite estrechamente a la responsabilidad política de organización colectiva para transformar las estructuras. Esta responsabilidad compartida no entrañaría, sin embargo, como aclara Young, una igual responsabilidad. La “responsabilidad compartida pero diferenciada” ha sido precisamente uno de los mantras de la ONU respecto al cambio climático.

En la senda de lo apuntado por Young, pueden señalarse, tal como apunta Velasco, dos deberes básicos de los países prósperos: uno, resarcir a los injustamente perjudicados; y dos, rediseñar el orden jurídico-económico internacional para que no se sigan generando tales daños. Velasco alega que se trata de una responsabilidad no solo moral, sino también legal acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y aboga no solo por marcos conceptuales distintos, sino también nuevas estructuras político-institucionales.²⁸ Este autor propone un modelo de gestión inclusiva de las fronteras basado en una concepción de las mismas como membranas, estables al tiempo que permeables y reguladas –moral y jurídicamente– bajo criterios de justicia y equidad. Esto permitiría mantenerlas habitualmente abiertas. El cambio de perspectiva implica saltar de pensar las migraciones como “problema de seguridad” y como “competencia exclusiva del Estado” a considerarlas en clave de justicia global y de responsabilidad compartida.

Comentarios finales

Los autores recogidos en el texto exponen numerosas propuestas para la transformación del modelo de las migraciones internacionales desde una perspectiva de justicia global. Sintetizo algunas de las ideas que considero más prometedoras para este fin, a saber:

Primero, considerar las migraciones internacionales desde un marco integral que revele su condición de injusticia estructural.

Segundo, situarlas en el marco de los derechos humanos, un imperativo universal cuyo cumplimiento evitaría muchos de los presentes abusos que sufren quienes se desplazan.

Tercero, revisar los derechos de los migrantes tanto en el plano distributivo como de reconocimiento y derechos políticos bajo el principio de “paridad de participación”.

Cuarto, redefinir las normas que otorgan los derechos de ciudadanía para aquellos extranjeros que habitan en una unidad política a fin de que la ciudadanía se ligue a criterios de convivencia.

Quinto, para iniciar transformaciones más profundas, considerar un modelo institucional multiescalar de responsabilidad en las migraciones, así como activar un enfoque de “conexión social”.

Sexto, a escala supranacional, trabajar por desarrollar un orden institucional global capaz de gobernar las migraciones internacionales, aplicando criterios de justicia que se dan por sentados en el interior del Estado nación. Ya existen numerosos documentos que dan contenido y directrices para dicha gobernanza, como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016), el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ambos de 2018), junto a la anterior Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Asamblea ONU, 1990, que entra en vigor en 2003).

Séptimo, operar bajo un esquema de fronteras abiertas y de libre circulación de personas como norma, con el cierre de forma excepcional.

En el desarrollo de estas tareas, resulta urgente la democratización de la esfera internacional.

Nuria del Viso Pabón es miembro del Área Ecosocial de FUHEM y editora de la revista PAPELES.

Disponible el contenido del artículo a texto completo en: Migraciones internacionales y justicia global a la luz de la filosofía política

NOTAS:.

¹ Juan Carlos Velasco, «Hacia una visión cosmopolita de las fronteras. Desigualdades y migraciones desde la perspectiva de la justicia global», Revista Internacional de Sociología, vol. 78 (2), e153, abril-junio 2020, p. 2.

² Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, FCE México, 2016, p. 284.

³ Puntualizar que este ha sido el caso para las migraciones internacionales, aunque el conflicto de Ucrania ha creado una situación de acogida de ciudadanía ucraniana en la Unión Europea bien diferente a los usos habituales empleados en las dos últimas décadas para otros refugiados. Esta situación ha puesto en evidencia los principales argumentos empleados por el Norte global a la hora de justificar sus prácticas restrictivas, como analiza Juan Carlos Velasco en este artículo: https://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2022/03/09/133243 y en este: https://theconversation.com/la-respuesta-europea-a-los-refugiados-ucranianos-una-excepcion-178738

⁴ Bernardo Bolaños, «Migración, derecho consular y justicia global», Isonomía, núm. 30, abril de 2009, p. 3, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n30/n30a1.pdf

⁵ John Rawls, «La estructura básica como objeto», en: John Rawls, Liberalismo político, Barcelona, Crítica, capítulo 1, 2006, pp. 1-32.

⁶ John Rawls, «Los principios de la justicia», en: Rawls, John, Teoría de la justicia, Madrid, Fondo de Cultura Económica, cap. 2, 1995, pp. 62-118.

7 Juan Carlos Velasco, 2016, op. cit., p. 15.

⁸ John Rawls, «El derecho de gentes», Isegoría, 16, 1997, pp. 5-36, p. 5.

⁹ Bernardo  Bolaños, 2009, op. cit.; Velasco, 2016, op. cit., pp. 243-248.

¹⁰ Joseph Carens, «Aliens and citizens. The case of open borders», The Review of Politics, vol. 49, núm. 2, primavera, 1987, pp. 251-273, citado en Daniel Loewe, «Justicia distributiva global e inmigración», REMHU, Revista Interdiscip. Mobil. Hum., vol. 25, núm. 50, agosto de 2017, pp. 25-45, p. 33.

¹¹ Daniel Loewe, 2017, op. cit., p. 33.

¹² Thomas Pogge, «Cosmopolitismo y soberanía», en: La pobreza en el mundo y los derechos humanos, cap. 7, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 215-248, p.217.

¹³ A esta postura se suma Ariadna Estévez, quien señala que se podrían evitar los conflictos que sufren los migrantes bien a través de la ampliación de la ciudadanía, bien a través del reconocimiento y aplicación de los derechos humanos. Ariadna Estévez, Derechos humanos, migración y conflicto: hacia una justicia global descolonizada, Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan), Universidad de México, México, 2014, p. 178.

¹⁴ Thomas Pogge, 2005, op. cit., p. 220.

15 Juan Carlos Velasco, 2020, op. cit,  pp. 9-10.

¹⁶ Para más información, véase: https://www.itanol.com/2019/05/riace-pueblo-italiano-famoso-modelo-de-acogida-de-migrantes/ y https://www.elsaltodiario.com/italia/escandalosa-sentencia-al-ex-calcalde-de-riace-y-su-modelo-de-acogida-solidaria-

¹⁷ Michael Walzer, «La pertenencia», en: Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México, FCE, capítulo 2, 1997 [1983], pp. 44-74.

¹⁸ Ibid., p. 65 y ss.

¹⁹ Juan Carlos Velasco, 2016, op. cit., pp. 277-284.

^[20 Nancy Fraser, «Reenmarcar la justicia en un mundo en globalización», en: Escalas de justicia, cap. 2, Herder, Barcelona, 2008, pp. 31-64, p. 39.

²¹ Nancy Fraser, 2008, op. cit., p. 60.

²² Iris Marion Young, «La estructura como objeto primario de la justicia», en: Responsabilidad por la Justicia, Fundación Paideia Galiza, A Coruña, 2011, pp. 61-88, p. 69.

²³ Ruben Andersson, «Beneficios y depredación en la bioeconomía humana», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 145, primavera 2019, pp. 27-56, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/beneficios-y-depredacion-en-la-bioeconomia-humana/

²⁴ Iris Marion Young, 2011, op. cit., p. 76.

²⁵ Ibid., p. 77.

²⁶ Iris Marion Young, «Responsabilidad y justicia global: un modelo de conexión social», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 2005, pp. 689-708, p. 689.

²⁷ Ibid., p. 702 y ss.

²⁸ Juan Carlos Velasco, «Alternativas a la funesta manía de erigir muros», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 153, primavera 2021, pp. 101-112, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/alternativas-a-la-funesta-mania-de-erigir-muros/

Malestares en forma de ansiedades y frustraciones ante una cultura que promete lo que no es capaz de colmar y que ofrece el exceso como patrón generalizado y que recae sobre el cuerpo social o el medio natural.

En el número 158 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global destacamos que cada vez resulta más patente cómo esta civilización encadena una variada gama de crisis sin llegar a resolver ninguna.

En menos de tres lustros, y con una crisis ecológica global de fondo, hemos vivido una hecatombe financiera con graves repercusiones económicas, la primera pandemia mundial –la COVID-19– y, actualmente, un conflicto armado en Ucrania que está redibujando el panorama geopolítico en clave de guerra fría, y que ha hecho patente para la UE –por ahora– la encrucijada energética en la que se halla.

Múltiples hilos de una trama cada vez más deshilachada que denota graves problemas que demandan atención. En este número de Papeles seguimos estos hilos desde el envés de la trama para tratar de interpretar qué está pasando y cuáles son sus componentes.

En la INTRODUCCIÓN, Santiago Álvarez Cantalapiedra traza una panorámica de los principales elementos responsables del malestar. Elementos examinados en A FONDO de la mano de Víctor M. Toledo, Jordi Mir, José Antonio Corraliza y Albert Recio.

Amador Fernández-Savater conversa con Franco Berardi (Bifo), Pedro Lomas dialoga con José Manuel Naredo, y Nuria del Viso entrevista a Juan Manuel Vera.

En ACTUALIDAD, Josep Baqués sigue la trayectoria de la OTAN en el nuevo contexto geopolítico. La sección ENSAYO recoge una reflexión de Nuria del Viso sobre migraciones internacionales y justicia global desde la perspectiva de la filosofía política, y Ramón del Buey conversa con Daniel W. McShea y Carlos de Castro sobre la aplicación de la visión de los sistemas disipativos de Prigogine a la evolución. Las reseñas de la sección LECTURAS cierran esta revista.

A continuación, ofrecemos el sumario de la revista y el acceso a texto completo a la INTRODUCCIÓN, al artículo de Víctor M. Toledo y a los RESÚMENES de los contenidos del número.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

El malestar de nuestro modo de vida, Santiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

El malestar  civilizatorio, Víctor M. Toledo.

Malestares e ilusiones (Horizonte 2008-2023), Jordi Mir.

Conversación con Franco Berardi  (Bifo): «La única vacuna eficaz contra el pánico de la pandemia y la guerra es pensar juntos», Amador Fernández-Savater.

El malestar en época de crisis concatenadas: algunas claves psicosociales, José Antonio Corraliza.

Inflación en tiempos de distopía, Albert Recio Andreu.

Entrevista  a José Manuel Naredo: el mito de Sísifo y el gatopardismo de los no-conceptos, Pedro L. Lomas.

Entrevista a Juan Manuel Vera: «El igualitarismo ya no encuentra en el eje  izquierda/derecha una formulación adecuada», Nuria del Viso.

ACTUALIDAD

La OTAN en tiempos de mudanzas, Josep Baqués.

ENSAYO

Migraciones internacionales y justicia global a la luz de la filosofía política, Nuria del Viso.

¿Cómo reaccionar ante un nuevo cambio en cosmología? Una entrevista con Daniel W. McShea y Carlos de Castro, Ramón del Buey.

LECTURAS

Refugiados, migrantes e integración. Una breve antología, de Jürgen Habermas,

Ruth Ferrero-Turrión

El otoño de la civilización. Textos para una revolución inevitable, de Juan Bordera y Antonio Turiel

Ausencias y extravíos, de Yayo Herrero

Monica Di Donato

Utopía no es una isla, de Layla Martínez

Contra la distopía. La cara B de un género de masas, de Francisco Martorell Campos

Nuria del Viso

Cuaderno de notas  

RESÚMENES

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En diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante (A/RES/55/93) que se celebra cada año el 18 de diciembre. El tema para 2021: Aprovechar el potencial de la movilidad humana

La Organización Internacional para las migraciones (OIM) fue creada hace 70 años, con el propósito de trasladar a los europeos desplazados por la segunda Guerra Mundial, y desde entonces ha prestado asistencia a millones de inmigrantes en el mundo, y actualmente sigue encabezando las labores orientadas a promover una gestión humana y ordenada de la migración para beneficio de todos, incluidas las comunidades de origen, tránsito y destino.

Según la OIM existen diversos factores que inciden en los movimientos de población. Dichos movimientos, que pueden ser voluntarios o forzosos, son el resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no dejan de aumentar. En 2020, había unos 281 millones migrantes internacionales, lo que corresponde al 3,6% de la población mundial.

Todos estos factores tendrán repercusiones de calado en las características y el alcance de la migración en el futuro, y determinarán las estrategias y políticas que los países deberán implementar para aprovechar el potencial de la migración, sin dejar de lado la protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes.

Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial ofrecemos una selección de recursos publicados en nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que abordan el tema de las migraciones desde diferentes perspectivas: los derechos humanos de las personas migrantes, los procesos de militarización y securitización de las fronteras, las políticas europeas, las migraciones ambientales y los desplazamientos forzados.

Repatriaciones de menores sin garantía en Ceuta, Luis Carlos Nieto

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 155, otoño 2021, pp. 80-83.

Análisis crítico de las repatriaciones de menores extranjeros de la ciudad de Ceuta realizadas por el Ministerio del Interior en agosto de 2021, caracterizadas por la vulneración de diversos instrumentos legales nacionales e internacionales sancionados por España.

Alternativas a la funesta manía de erigir muros, Juan Carlos Velasco Arroyo

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 153, primavera 2021, pp. 101-112.

Las migraciones se han convertido no solo en un factor estructural de primer orden en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, sino en un complejo y permanente reto que requiere res­puestas políticas que las sociedades contemporáneas no siempre están en condiciones de proporcionar.

Refugiados en la Unión Europea: desde el alarmismo de emergencia a la gestión común, Daniele Archibugui, Marco Cellini y Mattia Vitiello

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 149, primavera 2020, pp. 77-96.

Los flujos de refugiados han encendido el debate político europeo. El artículo analiza cómo el número de solicitantes de asilo no justifica hablar de una “crisis de refugiados”, y sostiene que las instituciones y los procedimientos de la Unión Europea son insuficientes para gestionar con éxito el ingreso de refugiados y las solicitudes de asilo. El texto proporciona claves radicales para una política y una gestión de refugiados y solicitantes de asilo centrada en la UE.

Construir la «Europa fortaleza»: militarizar las fronteras, securitizar la migración, Ainhoa Ruiz Benedicto

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 145, primavera 2019, pp. 85-94.

La caída del muro de Berlín en 1989 prometió la entrada en un mundo globalizado que fuese acompañado de una apertura de fronteras. Esta narrativa liberal poco ha tenido que ver con la realidad del escenario que se ha desarrollado en la Unión Europea respecto a las políticas fronterizas.

Las políticas europeas de migración. Un enfoque desde Marruecos, Lucile Daumas

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 145, primavera 2019, pp. 95-105.

Las políticas europeas de cierre de fronteras confinan en sus territorios a los ciudadanos marroquíes y africanos. Marruecos y África se están convirtiendo en ollas exprés, entre dictaduras, conflictos, represión, miseria y falta de perspectivas.

Entrevista a Michael T.Klare, José Bellver y Nuria del Viso

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 143, otoño 2018, pp. 155-161.

La combinación de sequía extrema, escasez de agua, inseguridad alimentaria y desempleo rural agravarán las tensiones étnicas y estimularán las migraciones masivas.

Migraciones Forzadas

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 132, invierno 2015-2016.

Desplazamientos forzados: causas, responsabilidades y
respuesta, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 5-10.

ESPECIAL

Proliferación de fronteras y «derecho de fuga», Sandro Mezzadra, pp.13-26

Refugiados: preguntas y respuestas ante una crisis que no es
coyuntural, Javier de Lucas, pp. 27-20.

La migración ambiental: entre el abandono, el refugio y la protección internacional, Susana Borrás, pp. 31-49.

Distinción, discreción, discriminación: las nuevas y, es de esperar, últimas fronteras para las solicitudes de asilo relacionadas con el género, Alice Edwards, pp. 51-64.

De cómo una revolución fue ahogada en el Mediterráneo, Naomí Ramírez Díaz, pp. 65-76.

Desde Aylan hasta París: recorrido por un drama humanitario sin precedentes , Estrella Galán, pp. 77-86.

A continuación, ofrecemos el texto completo del artículo, al final del cual se podrá descargar en formato pdf.

Los amigos de la revista Papeles me han invitado a reflexionar a propósito del horizonte de autoritarismo que parece cernirse sobre nosotros. Y me plantean, por ejemplo, qué relación tiene ese auge autoritario con el recrudecimiento de los mensajes y aun los discursos de odio, en particular en las redes sociales (donde cada vez son más los trolls y los haters) y en los medios de comunicación, pero también y de forma creciente en determinados discursos políticos.

En lo que sigue, trataré de ofrecer algunos de los argumentos en los que se basa mi opinión a ese respecto. Puedo resumir así mis tesis: no tengo la menor duda de que el autoritarismo está de vuelta. Tampoco, sobre la complejidad de los factores que lo propician. Y me parece muy claro que en toda Europa y por supuesto en España, los destinatarios de ese movimiento de odio son, como siempre, los más débiles, según ejemplifica la focalización de esa “marea de odio” en grupos que encarnan la diferencia visible. Lo demuestran las agresiones a personas que son identificadas como miembros de LGTBIQ, o a los menores inmigrantes, como hemos vivido en España en diferentes ocasiones este mismo año. En otras palabras, no creo que el incremento actual de los discursos del odio y, en su caso, su especificidad, se deba a la existencia de una particular conspiración entre la extrema derecha y ciertos movimientos fundamentalistas cristianos que, a su vez, daría cuenta del tournant populista/autoritario que vivimos, tal y como proponen los defensores de la teoría de la “internacional del odio”. Esa es una visión, a mi juicio, simplista e insuficiente.

A mi entender, entre las razones que propician este giro autoritario global que nos amenaza, (de los EEUU a Europa, pasando por Brasil, India, Filipinas o Myanmar) parece muy relevante la exacerbación de la conciencia de riesgo e incertidumbre globales, activadas por dos fenómenos de cuya existencia sabíamos, pero nos hemos negado a tomar en serio hasta ahora. El primero, la aceleración de las evidencias del desastre medioambiental, que amenaza a la vida misma en nuestro planeta como consecuencia de lo que acertadamente se denomina Antropoceno. El segundo, la brutal certificación de que el otro gran riesgo para la seguridad humana no es tanto el de un conflicto nuclear, sino las pandemias que, como hemos sufrido en estos dos últimos años, se convierten en sindemias.[1]

Entre las razones que propician el giro autoritario global parece muy relevante la exacerbación de la conciencia de riesgo e incertidumbre globales

En uno y otro caso, la esperanza viene de la ciencia. Pero la ciencia, frente al estereotipo ingenuo que hace de ella la nueva magia, por no decir la nueva religión, está lejos de proporcionarnos respuestas seguras, inequívocas y desde luego, inmediatas (pese al éxito innegable que han supuesto las vacunas frente a la COVID-19), por dos razones. Una, que los avances en ciencia no son ni lineales ni definitivos. Y, sobre todo, porque no garantizan la llegada de sus soluciones a todo el mundo, ni simultáneamente, ni de forma equitativa: eso depende de las decisiones políticas que se adopten y en las que median intereses económicos de primer orden. Lo estamos viendo precisamente a propósito de la distribución de las vacunas.

Ese cóctel de factores ha propiciado a mi juicio, insisto, un incremento de la incertidumbre y del miedo y, con ellos, las consecuencias habituales de la ignorancia y el prejuicio: la experiencia histórica nos dice que ese es el caldo de cultivo para la aparición de un discurso de orden, de seguridad, que suele concretarse en torno a mesías, héroes o caudillos que, a su vez, las más de las veces son marionetas o coartadas populistas de quienes no dejan de incrementar sus beneficios en esos ríos revueltos, en esos tiempos difíciles.[2]

El miedo, la frustración, la incertidumbre, generan con facilidad una suerte de disonancia cognitiva, un rechazo de la razón ilustrada, de la ciencia, y una repulsa al juego de controles y balances propio de la democracia representativa, por contraste con la legitimidad directa y la supuesta eficacia del populismo propio de la democracia emocional. Es el caldo de cultivo de las teorías negacionistas, que recurren a la tesis de una conspiración de las élites –aliadas con los científicos– para privarnos de nuestras libertades.

Como mostró René Girard,[3] ese discurso de orden, característico de sociedades cerradas, necesita identificar enemigos, chivos expiatorios, que activen la dinámica centrípeta de adhesión al poder interno. Y, de nuevo, la experiencia histórica nos muestra a quiénes se apunta para que desempeñen ese papel: los otros, sobre todo los otros más vulnerables y en particular aquellos otros que están entre nosotros, que acaban de llegar y que pretenden quedarse. Por eso, uno de los ejemplos más claros es el discurso del odio azuzado en nuestro país contra los menores inmigrantes. Y no solo por parte de la extrema derecha. Lo peor es que una parte importante de las fuerzas políticas acaban tratando de competir en esa carrera del odio en la que, evidentemente, la campeona es la extrema derecha. Una extrema derecha que juega imprudentemente el papel de agente portador del virus, de la narrativa tóxica que puede acabar contaminando al resto del espectro político.

En resumen, a mi juicio, cambia el contexto y con él, cambian los escenarios, cambian los nombres de los actores y sus ropajes, pero nihil novum sub sole. Estamos ante la enésima versión de un mensaje que estructura toda concepción autoritaria y, desde luego, fundamentalista. Y que, por cierto, no es monopolio del cristianismo. Tampoco hoy: lo comprobamos en las doctrinas salafistas y en el wahabismo, pero también, por ejemplo, en el hinduismo excluyente en India, o en el budismo fundamentalista, que alimenta la represión contra los rohingyas. Hay demasiado eurocentrismo (o, si se prefiere, demasiado prejuicio de que Occidente es el centro de todo) en esa teoría que identifica la internacional del odio con la alianza trumpista “cristoneofascista”.

Dicho lo anterior, no incurriré en la pretensión de ofrecer una teoría sobre el odio en los límites de un artículo como este. Máxime cuando existen muy notables y conocidas contribuciones, desde la filosofía, la psicología o la sociología. Me atendré a recordar y destacar los argumentos de algunas de ellas y, en segundo lugar, a llamar la atención sobre ese ejemplo del actual discurso de odio, el que afecta a los menores inmigrantes.

Los discursos del odio: una constante histórica y doctrinaria

No descubro nada si digo que lo primero que necesitamos es despojarnos de mensajes simplificadores, como los que difunden las teorías conspiratorias, en todas sus versiones. Me parece que esas teorías tienen en común dos rasgos: ante todo, una más o menos explícita visión maniquea y, por tanto, simplista, que sirve a la reafirmación del nosotros de turno (nosotros, la luz; ellos, la oscuridad). Y creo que eso implica un segundo rasgo, una suerte de pereza mental o de incapacidad para un análisis que se atreva a enfrentarse con la verdadera dificultad, esto es, con la complejidad de lo real, que no es solo una teoría, (la concepción ontológica y metodológica defendida, por ejemplo, por Edgar Morin), sino una característica cada vez más presente en nuestras circunstancias, las de la globalidad, la interdependencia, la multidimensionalidad.

Una parte importante de las fuerzas políticas acaban tratando de competir en esa carrera del odio en la que la campeona es la extrema derecha

Pues bien, como ya he adelantado, creo que ese es el tipo de simplificación que puede propiciar la tesis que sostiene la existencia, hoy, de una “internacional del odio”, de alcance global, vinculada a la “internacional cristoneofascista”,[4] una alianza de la extrema derecha con movimientos fundamentalistas cristianos, en EEUU, Brasil, Polonia o Hungría y que estaría en la raíz de este regreso a los autoritarismos.

El primer error de bulto de esa tesis, a mi juicio, es desconocer que, como resulta evidente, el fundamentalismo religioso y el fanatismo no son patrimonio exclusivo de sectas cristianas y de la extrema derecha en Occidente. Sin duda, coexisten en este momento y en diferentes países movimientos sociales e incluso partidos políticos cuyo discurso o, mejor, cuyo principal recurso electoral consiste precisamente en la explotación de esos motores poderosos de la conducta que son el miedo, el odio y el resentimiento, tal y como subrayó Nietzsche y trató de reformular Scheler,[5] recogiendo un leit motiv doctrinal clásico. Recordemos el primus in orbe deos facit timor, de Terencio, argumento que desarrollarán para la ciencia política Maquiavelo y Hobbes y que reiterará en clave teológico-política Carl Schmitt.

Una línea argumental que ha analizado –a mi juicio, con mucho acierto– Axel Honneth en su análisis de la sociedad del desprecio[6] y, de modo más reciente, Carolin Emcke, que es quizá quien ha explicado mejor –a mi juicio– el reverdecimiento hoy de esa constante del odio. En cualquier caso, se trata de un rubrum cuyos presupuestos y propósito son muy distintos a los agudamente sugeridos por Nietzsche. Todo ello, a mi juicio, tiene mucho que ver con la genial lección de Simmel sobre la noción de Fremdheit,[7] que suele ser considerada la base de la sociología de la inmigración, pero que –en realidad– va mucho más allá, pues ofrece un buen soporte antropológico y filosófico sobre la construcción del otro como extraño y la conexión de esa extrañeza, de esa ajenidad, con la de amenaza o peligro. De ahí, el odio hacia ese otro que es manifiestamente diferente al mismo tiempo que está instalado entre nosotros como vecino: como decía Simmel, “un otro que llega hoy y se queda mañana”.

Querría explicarme bien. No estoy tan ciego como para ignorar que se ha producido una efervescencia de movimientos y partidos políticos que explotan el recurso del odio en todo el mundo, vinculados en su inmensa mayoría a la extrema derecha, por supuesto también en democracias que pretenden ser el símbolo del universalismo, de Francia a los EEUU, pasando por Alemania y también nuestro país. Movimientos que han azuzado el repliegue autoritario, la explotación de nuevo del leitmotiv primario del miedo, ante las amenazas e incertidumbres que nos acechan.

Como sostiene Emcke, el odio del que hablamos «no es la expresión de un sentimiento individual, no es espontáneo, es fabricado y requiere cierto marco ideológico, que debe ser y es alimentado… el odio fabrica su propio objeto».[8] Eso no significa necesariamente sostener, como parece proponer la tesis de la “internacional del odio”, que el incremento de los discursos de odio responda una organización transnacional vinculada a los movimientos neoconservadores (reaccionarios, creo que sería el calificativo más adecuado) de extrema derecha, en alianza con concepciones fundamentalistas cristianas. Sin duda, hay puntos de coincidencia entre la ideología reaccionaria neocon de Steve Bannon y algunos otros ideólogos de Trump, y la que manifiestan grupos populistas de extrema derecha en Europa, del Rassemblement National de Le Pen (antiguo Front National) a Alternative für Deutschland (AfD) y Vox, pasando por la Lega Nord o Fratelli di Italia, Fidesz en Hungría, o Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) en Polonia.[9] Y por supuesto, no cabe ignorar que Bannon ha vendido su asesoramiento en Alemania, Italia, Polonia, Hungría y España. Pero se olvidan los escenarios de la hegemonía de discurso de odio en Myanmar, Filipinas, la India o el Afganistán de los talibanes, por poner solo algunos otros ejemplos. Por eso, a mi juicio, para entender el porqué del auge global de este fenómeno, en lugar del simplismo de una poderosa y malvada conspiración (siempre occidental y judeocristiana), podemos y debemos contextualizar con precisión de qué hablamos, para entender mejor por qué sucede aquí y ahora.

En mi opinión, esta efervescencia de los discursos de odio sería más bien una nueva versión de un fenómeno muy viejo, una constante histórica, insisto, que vuelve a florecer hoy, porque lo favorece nuestro contexto, la lógica que domina el actual ejercicio de la política, reducida, como ha explicado muy bien Manuel Cruz, a una papilla emocional de fácil digestión. Se trata de una concepción anunciada por Débord y que, a su vez, no cae del cielo, sino que tiene mucho que ver con las pretensiones de quienes ejercen de actores y protagonistas de la actual fase de capitalismo financiero, de fundamentalismo de un mercado cada vez más virtual, cuyo santo y seña es siempre la des-regulación y su dogma la maximización del beneficio, para lo que no dudan en la conocida receta de socialización de sus pérdidas, cundo llegan las vacas flacas que su ambición depredadora ha causado. Lo vimos sin paliativos en la gran recesión de 2008. Hoy vivimos, como propone Soshana Zuboff, una era de «capitalismo de vigilancia», posibilitado en gran medida por ese escenario neohobbesiano potencialmente implícito en la “sociedad del riesgo”, teorizada sobre todo por Beck,[10] un escenario magnificado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que ha devenido en sindemia.

Ese es el contexto, a mi entender, en el que se produce ese incremento del recurso a los discursos del odio vinculados a la actual etapa de política espectáculo, la de la democracia de las emociones[11] a la que alude la mencionada expresión de Manuel Cruz, dominada por la explotación de los sentimientos y pasiones como seudoargumentos. Todo ello, al amparo del repliegue identitario, en una aparente paradoja que a mi juicio no es tal: los supuestos partidarios del mercado abierto son siempre ferozmente proteccionistas cuando se trata de salvaguardar sus beneficios, frente a las exigencias de relaciones más equitativas que llegan del otro lado –del tercer mundo si podemos seguir utilizando esa expresión–.

Decía que Carolin Emcke ha arrojado luz sobre la especificidad de los actuales discursos de odio, a partir del análisis de lo que ha sucedido en Alemania recientemente: «Algo ha cambiado en Alemania, ahora se odia abierta y descaradamente», sostiene. Y lo mismo se puede decir de otros países de la UE, y de los EEUU. Pero no solo de ellos. Se trata de un discurso de odio que se basa en la seguridad de estar en lo cierto, en la posesión de la verdad, no solo en una opción ideológica. Es imposible desligarlo de la concepción característica del fanatismo, tal y como sostiene Emcke, que cita a este propósito la voz “fanatismo” de la Enciclopedia, redactada por Alexandre Deleyre: «El fanatismo es un celo ciego y apasionado que nace de las opiniones supersticiosas y lleva a cometer actos ridículos, injustos y crueles, no solo sin vergüenza ni remordimiento, sino también con una suerte de goce y de consuelo».[12] Y esa proliferación de los mensajes de odio se cobra un coste muy grave para las democracias: la extensión del miedo, la existencia de ciudadanos de segunda clase que ven afectada negativamente los actos más sencillos de su vida cotidiana, desde pasear por la calle a alquilar un piso.

Como ha explicado también Emcke en su último libro, Journal, a propósito de la experiencia de la pandemia, no es difícil advertir el nihilismo epistémico que está presente en los movimientos supremacistas y que muestra un profundo resentimiento contra el proyecto universalista y emancipador heredado de la Ilustración. Un rechazo que se ha hecho más fuerte, en la medida en que el universalismo, espoleado por la crítica feminista y antietnicista, se ha abierto hoy a una concepción pluralista e inclusiva de las diferencias, que choca con el modelo seudouniversalista criticado por Benhabib, como señalaré enseguida, del que se creen únicos representantes los modelos supremacistas.

Esa proliferación de los mensajes de odio se cobra un coste muy grave para las democracias: la extensión del miedo y la existencia de ciudadanos de segunda clase

Una vez más nos encontramos ante la constante histórica del recurso a la coartada del repliegue identitario, nutrido con el proyecto habitual de creación de la realidad social, mediante la apelación a una historia propia más o menos fantasmagórica (algo que sabemos desde la obra seminal de Berger y Luckman y el conocido trabajo de Benedict Anderson)[13] que parecería guiada por el propósito de hacer bueno aquel dicterio de Freud sobre el narcisismo de las pequeñas diferencias. Se trata de una respuesta dialéctica, de repliegue, frente a las concepciones universalistas. Y esa respuesta tiene más fuerza, más adhesión popular, cuando se advierte que buena parte de las pretendidas concepciones universalistas no son tales. Quiero decir que la reacción es más sencilla, es más fácil que prenda, cuando se puede mostrar que el supuesto universalismo que nos predican no es el de la concepción universalizante que da lugar al mejor universalismo, el jurídico, concretado en la noción de derechos humanos,[14] sino la cobertura de proyectos imperialistas o coloniales, característicos de lo que Sheila Benhabib denominó «universalismo abstracto» o «universalismos de sustitución». Es esta una versión muy próxima en realidad a una noción esencialista de universalismo, que consagra a su vez una visión de los derechos humanos dependiente de un punto de vista cultural unilateral. Benhabib es también quien –a mi juicio– ha señalado con más cierto que en el fondo se trata de un problema ligado conceptualmente a la preocupación a la que Husserl dedicó su decisivo La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental,[15] en el que estudiaba los problemas que afectan al modelo occidental (europeo) de racionalidad. Como señala a su vez Benhabib, Husserl se muestra atormentado por la convicción de que la cultura occidental sucumbiría si la filosofía (como théoria) no podía generar reflexiones sobre lo universal, sino solamente sobre el ámbito de la Lebenswelt. Para Husserl, la reflexión sobre la crisis de las ciencias europeas permitía defender el racionalismo filosófico como una forma que tiene pretensión de universalidad para todos los seres humanos.

Frente al universalismo ligado a la racionalidad (y a los presupuestos etnoculturales europeos, más incluso que occidentales), Benhabib propuso, como se recordará, un universalismo interactivo, más acorde con el modelo de una democracia que, además de deliberativa, muestra una voluntad y capacidad inclusiva de la pluralidad real: «Entre los legados de la modernidad que necesitan de una reconstrucción –pero no ser desmantelados por completo–, se cuenta el universalismo moral y político, comprometido con los ideales ahora aparentemente “anticuados” y poco creíbles del respeto universal hacia cada persona en virtud de su humanidad, la autonomía moral del individuo, la justicia e igualdad económica y social, la participación democrática y el ejercicio de unas libertades políticas y civiles más extensas que sean compatibles con los principios de justicia y la formación de asociaciones humanas solidarias».[16] Posteriormente, Benhabib se decantó por la noción de iteración democrática, en lugar del modelo habermasiano de democracia deliberativa. Lo han explicado desde perspectivas muy diferentes Barber o  Santos.[17]

Para combatir la proliferación de los discursos de odio, es preciso reaccionar frente a esa concepción fundamentalista que se autoarroga la representación del “verdadero pueblo” y la defensa de los “verdaderos valores”, pero a duras penas consigue ocultar su filiación elitista y autoritaria. Y, a mi juicio, hay que hacerlo como propone Emcke, con una reivindicación del pluralismo inclusivo, de la democracia impura: «el pensamiento autoritario, neonacionalista, racista y antifeminista ha penetrado en el centro de nuestras sociedades. Ya no está en los márgenes, está en el corazón de nuestras democracias. El intento de ridiculizar, estigmatizar, deshumanizar a las mujeres o a los musulmanes, a las personas LGBTIQ+ y a los judíos, el intento de tratar la pluralidad –y no la homogeneidad– como un peligro para la democracia… todo eso se ha vuelto aceptable. Tenemos que oponer resistencia a este discurso antihumanista. Tenemos que alzar la voz, aunque individual o colectivamente no seamos atacados. Tenemos que defender la igualdad en la diferencia».[18]

El ejemplo de la focalización del discurso de odio en los niños migrantes

Sabemos bien (por ejemplo, gracias por ejemplo a las enseñanzas de Simmel, Freud o Fromm) cuál es la dinámica del proceso de construcción social del otro como enemigo. Una dinámica que es una exigencia de la afirmación del “nosotros”. Es decir: el nosotros esencialista no puede existir sin la creación del enemigo. Para conseguir ese propósito de construcción de la radical ajenidad, de la radical extrañeza del otro, es preciso deshumanizarlo, negarle las características que tiene en común con nosotros, focalizar la supuesta incompatibilidad de sus diferencias y su presentación como amenaza. Así sucede, por ejemplo, con los grupos que encarnan la diferencia de opción sexual, como hemos visto en la secuencia más reciente de agresiones en España, con la marcha nazi en Chueca como símbolo. Pero quizá el colmo de ese proceso es el que estamos construyendo a propósito de los menores inmigrantes, en los que destruimos la característica fundamental, emblema de la máxima y universal vulnerabilidad: son niños.

Todos recordamos el episodio ocurrido durante las elecciones autonómicas celebradas en Madrid en mayo de 2021, con motivo de un cartel electoral de Vox que decía: «Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión/mes» Sorprendentemente, tras la denuncia realizada por el PSOE y por la fiscalía de Madrid, que advertían sobre lo que parecía un mensaje de odio que podía constituir un delito de odio, la jueza instructora del juzgado nº 53 archivó la denuncia y, ante el recurso de la fiscalía, la Audiencia Provincial confirmó esa decisión. Lo de menos es la falsedad del dato, de la comparación, que no resiste el menor contraste empírico. Se trataba de poner el acento en el carácter extraño, incompatible, peligroso, de esos menores.

La propaganda de Vox, en la menos mala de las hipótesis, era a mi juicio una manifestación –que podemos considerar simbólica– de la reacción de ignorancia, prejuicio y fanatismo desgraciadamente nada infrecuente ante la presencia de los inmigrantes. Una reacción que responde a esa “dificultad de la extrañeza” a la que ya me he referido, la dificultad de la alteridad, podríamos decir. Pero en el caso del cartel, creo que ni siquiera había tal excusa, sino pura y simplemente manipulación electoralista, a sabiendas de que no se decía la verdad. La Fiscalía había advertido en su denuncia de la imagen física «prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial, al ser este el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y radicalizado».

La denuncia fue archivada por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid porque, según explicó el auto, debía situarse en el contexto de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Madrid. «Los hechos denunciados constituyen el desarrollo, la forma de expresión en campaña electoral de la política de inmigración del partido Vox, así como también la política sobre el delito de usurpación y otras cuestiones», explicó la magistrada Mónica Aguirre. La instructora entendió que el artículo 6 de la Constitución Española estable que «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres». Y añadía: «la política migratoria, al igual que el desalojo de viviendas por quienes las posean sin título alguno, deberá siempre acomodarse a la legislación vigente. Vox, como formación política que concurre a las elecciones, propone un programa que incluye una política determinada en materia de inmigración, y en clave electoral con el eslogan “Protege Madrid”, publica carteles y difunde mensajes, siendo varios de los mensajes relativos a los menores extranjeros acogidos en España, personas desde luego especialmente vulnerables». A juicio de la magistrada, Vox «está ejercitando su derecho a la libertad de expresión al exponer y difundir el programa del partido sobre la política de inmigración, además de otros temas, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Española».

Mención expresa merece una última afirmación del auto de la magistrada de Madrid, que subraya que no le correspondía a la justicia analizar si las cifras que daba el cartel sobre el gasto de los menos en comparación con las pensiones eran veraces: «Esta cuestión carece de trascendencia a los efectos de determinar la posible comisión de las infracciones penales que se denuncian… En resumen, no hay indicios de la comisión de un delito de odio, delito electoral o de infracción penal alguna que justifique la incoación de una causa penal, siendo de aplicación el principio de intervención mínima que rige en el ámbito penal». A su vez, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso que presentó la Fiscalía contra el archivo de la denuncia. El tribunal entendió que se trataba de un «mensaje electoral» que «con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces» viene a representar «un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio». Pero, a juicio del tribunal, existían «serias dudas» de que los hechos base pudieran ser considerados delito, dada «la forma de presentarse y de haberse exteriorizado» en la campaña electoral.

Lo que me parece relevante de este episodio es que se ningunea lo que, a ojos de muchos de nosotros, es una grave violación de los derechos de los menores implicados, sobre los que se dirige este mensaje de odio. La consecuencia es que se relativiza la lógica jurídica y política que debería prevalecer, la que es propia de nuestra legislación, conforme a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el marco internacional de obligada referencia. Esa lógica jurídica, pero también política y democrática, pone el énfasis en un principio fundamental: antes que inmigrantes, antes que extranjeros, esos menores –niños y adolescentes– son eso, niños. Por tanto, tras su llegada,la respuesta a su presencia corresponde a las autoridades de protección de la infancia, más que a los responsables de la política migratoria. Y esa perspectiva queda desdibujada por tales decisiones judiciales, que desdibujan el principal perjuicio causado por este discurso de odio, esto es, que –como ha subrayado el profesor Albert Mora– se incremente el número de ciudadanos que justifica y reclama políticas discriminatorias. Si no nos tomamos en serio proteger los derechos de esos menores (sí, inmigrantes; sí, irregulares), es que no nos tomamos en serio los derechos de los niños. Y si eso es así, ¿qué derechos están a salvo?

Javier de Lucas es senador en la XIV legislatura (Grupo Parlamentario Socialista), presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado (XIV Legislatura) y catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia (España).

NOTAS:

[1] Me refiero a las consecuencias sociales, económicas y políticas derivadas de la pandemia y de su gestión que, como ha señalado con acierto Manuel Cruz, potencian el virus social más poderoso que conocemos, junto a la ignorancia: el virus del miedo. Manuel Cruz, El virus del miedo, La Caja Books, Algemesí (Valencia), 2021.

[2] Es ya un lugar común subrayar la coincidencia que ofrecen las novelas de Dickens (Tiempos difíciles, Oliver Twist y, sobre todo, Casa desolada), con la crítica de Marx y de Engels al capitalismo manchesteriano. Lo proponía hace años el siempre agudo Francisco Jarauta y lo ha recordado recientemente Massimo La Torre en su magnífico ensayo «La maison «d’âpre vent» et le droit comme désespoir», Archivs für Rechts- und SozialPhilosophie, Vol. 104, septiembre 2018, pp. 315-327, en el que explica las razones del juicio pesimista de Dickens sobre cómo el Derecho, la ley, es experimentado por las clases populares como fracaso, si no como causa de desesperación.

[3] René Girard, La violence et le sacré, Grasset, París, 1972, luego desarrollada en De la violence à la divinité, La Violence et le Sacré, Grasset, París, 2007. También, Le bouc émissaire, Grasset, París, 1982. Hay versión en castellano de la obra original, La violencia y lo sagrado, Anagrama, Barcelona, 2006.

[4] Juan José Tamayo, La internacional del odio, Icaria, Barcelona, 2020. Una versión más matizada, la que ofrece Patrícia Campos a propósito de lo que sucede en EEUU, India y sobre todo Brasil, en su A Máquina do Ódio, Companhia das Letras, Sao Paolo, 2020. Véase también la entrevista a Patricia Campos en Foreign Policy, september 2020,

[5] Por todos, Scheler, Max, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (1912). Hay edición en castellano, El resentimiento en la moral, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1938. Como quizá se recordará, el original fue una ampliación de un ensayo anterior, publicado bajo el título de «Uber Ressentiment und moralisches Werturteil», en Zeitschrift für Pathopsychologie (1912). Hay una reedición del original alemán, Das Ressentiment Im Aufbau Der Moralen, en la colección RotteReie de Klosterman, 2004.

[6] Axel Honneth, La sociedad del desprecio, Trotta, 2011, que reúne textos publicados entre 1981 y 2001, donde Honneth desarrolla un proyecto que, desde la “lucha” asociada al reconocimiento, pretende examinar sus negaciones, es decir, aquellas manifestaciones que se expresan en nociones como desintegración, desgarramiento, patología, cosificación o desprecio.

[7] Me refiero a las siete páginas de su “Exkurs über den Fremden”, en el capítulo IX de su Soziologie. Untersuchungen über di Formen de Vergesellschaftung, Duncker&Humbolt, Berlín, 1908 (hay traducción al castellano, Sociología: Estudios Sobre las Formas de Socialización. Fondo De Cultura Económica (México), 2015. De las tesis de Simmel son deudores en buena medida los autores que participan en un libro colectivo muy relevante, a mi juicio, sobre alteridad, integración y exclusión en países receptores de inmigración. Se trata de Schwierige Fremdheit. Über Integration und Ausgrenzung in EinwanderungsLändern, Fischer, 1993, editado por F. Balke, R. Habermas, P. Nanz y P. Sillem, que recoge las aportaciones del Coloquio celebrado en Frankfurt, en 1992, bajo el lema «Fremd ist der Fremde nur in der Fremde». Entre ellas, destacaré las de E. Balibar y G. Kepel.

[8] Carolin Emcke, Contra el odio, Taurus, Madrid, 2017 (Gegen den Hass, Fischer V., 2016). La cita es de la página 17.

[9] Sobre los presupuestos ideológicos y la alianza de la extrema derecha política y religiosa con Trump y el importante papel desempeñado por los medios de comunicación, me parece útil la consulta del libro de Nicole Hemmer, Messengers of the Right. Conservative Media and the Transformation of American Politics, University of Pennsilvanya Press, 2016, y el de Kathleen Belew, Bring the War Home. The White Power Movement and Paramilitary America, Harvard University Press, 2018. Por mi parte, he tratado de explicarlo en otros trabajos: por ejemplo, de Lucas, «Tres entierros de M.L. King. El racismo en EEUU, 50 años después de su asesinato», Contexto, núm. 166, 2018. Luego, más extensamente, en de Lucas, Nosotros que quisimos tanto a Atticus Finch: de las raíces del supremacismo al Black Lives Matter, Tirant Editorial, Valencia, 2020 (capítulos 7 y 8, pp. 150-183).

[10] Es la tesis a la que dedicó buen aparte de su trabajo el sociólogo alemán. Vid por todos su Weltrisikogesellschaft, Suhrkamp, 2007. Hay traducción al castellano, La Sociedad del riesgo mundial. En busca de la seguridad perdida, Paidós, Barcelona, 2008.

[11] Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique á l’âge de la déconfiance, Seuil, París, 2006; más recientemente, Pierre Rosanvallon, Le Siècle du populisme: Histoire, théorie, critique, Seuil, París, 2020.

[12] La cita, en Emcke, 2017, página 179.

[13] Berger y Luckman, La construcción social de la realidad, Amorrortu, Lemona, 1968. También, Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, FCE, México D.F., 1983.

[14] Me refiero sobre todo al universalismo jurídico trasunto del mejor universalismo ético en la línea que inauguran los estoicos, pasando por los teólogos-juristas españoles fundadores del derecho internacional como derecho de gentes y que llega a Kant, pasando por los teólogos juristas del XVI, para desembocar en el esbozo de una comunidad internacional que los inspiradores de la Carta de la ONU, con Eleanor Roosevelt al frente, querían asentar. Un hilo argumental, este del universalismo humanista, que fue corregido severamente por Foucault y más recientemente por el filósofo camerunés Achille Mbembé, que ha propuesto el concepto de necropolítica, como crítica a la estrategia de la lógica colonial que aún pervive. Recientemente, el mismo Mbembé ha expuesto su crítica del falso universalismo en Notes sur l’eurocentrisme tardif, publicado el 17 de marzo de 2021 en AOC. La primera versión fue una conferencia pronunciada en la “Sommet du septiembre”, celebrada en el Musée du Quai de Branly, con ocasión de la Saison Africa 2020.

[15] Edmund Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Crítica, Barcelona,1991 [1936].

[16] Benhabib, S., (2006) Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en la era global, Katz p.14. Cfr. También, Benhabib (2008), “Otro universalismo: Sobre la unidad y diversidad de los derechos humanos” (original: “Another Universalism : On the unity and diversity of Human Rights”), Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, (39), 175–203.

[17] El libro de Benjamin Barber, Jihad vs. McWorld: How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World, Times Book, Nueva York, 1995 se adelantó al debate que propuso Hungtinton en su Clash of Civilisations, un claro alegato a favor del universalismo de sustitución. Por su parte, Boaventura de Sousa Santos ha dedicado no pocos trabajos a la crítica de esa supuesta lógica universalista y sus presupuestos. Véase, por ejemplo, Descolonizar el saber, reinventar el poder, Trilce, Ciudad de México, 2010; Para descolonizar el occidente. Más allá del pensamiento abismal, CIDECI, San Cristóbal de las Casas (México), 2011; Construyendo las Epistemologías del Sur. Antología Esencial, CLACSO, Buenos Aires, 2018.

[18] Véase, por ejemplo, la entrevista de Icíar Gutiérrez a Carolin Emcke en eldiario.es, 25 de septiembre de 2021.

Acceso al artículo en formato pdf: Sobre autoritarismo y discursos de odio.

Jornadas AIPAZ 2020

Los próximos 26 y 27 de noviembre tendrá lugar una nueva edición de las Jornadas anuales organizadas por la Asociación Española de Investigación para la  Paz  – AIPAZ, en las que participa FUHEM Ecosocial.

Debido a la actual situación provocada por la pandemia, los actos se realizarán de forma virtual a través de la plataforma Zoom.

Estas jornadas anuales constituyen un espacio de encuentro, de reflexión y debate sobre diferentes ámbitos de la Cultura de Paz que trabajan los distintos centros de AIPAZ y este año tienen como eje central: La Investigación para la Paz en el Estado Español.

Sus objetivos serán:

Analizar y reflexionar sobre las teorías y marcos conceptuales de la Investigación para la Paz que están trabajando los distintos centros de AIPAZ.

Presentar las iniciativas que están llevando a cabo en los centros e identificar las sinergias e integración entre las teorías y las prácticas.

Realizar propuestas sobre la redefinición de la agenda de paz a nivel local y global en el nuevo contexto internacional.

Las Jornadas AIPAZ de este año cuentan con la colaboración del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, con el fin de propiciar el encuentro entre organizaciones para reflexionar de manera conjunta, encontrar sinergias y posibles vías de colaboración.

Se organizan en torno a siete mesas redondas:

MESA 1: Marcos Conceptuales, Saberes y Valores que se tienen en cuenta en las prácticas de la Investigación para la Paz.

MESA 2: Los Retos de la Investigación para la Paz en el Siglo XXI. Cómo Trabajar la Paz en Sociedades Complejas, Plurales y en Constante Cambio.

MESA 3: Construcción de Paz / Construcción de Seguridad.

MESA 4: Conflictos, Convivencia y Educación para la Paz.

MESA 5: Derechos Humanos y Construcción de Paz.

MESA 6: La Construcción de la Paz y la Convivencia en las Ciudades y Territorios. Promoviendo Sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas.

MESA 7: Trayectoria Histórica del Trabajo del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz (2007-Actualidad).

Las Jornadas contarán con la presencia de destacadas expertas/os de la Investigación para la Paz en España:

Ana Barrero Tíscar, presidenta de AIPAZ.

Monika Hernando Porres, Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

Pamela Urrutia Arestizábal, investigadora de la Escola de Cultura de Pau. UAB.

Manuela Mesa Peinado, directora de CEIPAZ.

Juan Manuel Jiménez Arenas, director del Instituto de la Paz y los Conflictos Universidad de Granada

Irene Comins Mingol, investigadora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (Univ. Jaume I)

Jokin Alberdi Bidaguren, investigador de Gernika Gogoratuz.

María Oianguren Idígoras, directora de Gernika Gogoratuz.

Carmen Magallón Portolés, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP)

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

Pere Ortega Grasa, presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Xavier Masllorens Escubós, presidente del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Iratxe Momoitio Astorkia, directora del Museo de la Paz de Gernika

María Jesús Luna Serreta, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP)

Jordi Palou Loverdós, director de la Fundació Carta de la Pau

Pablo Aguiar Molina, investigador del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Jesús Andrés Sánchez Cazorla, profesor jubilado de la UGR, cofundador y colaborador del Instituto de la Paz y los Conflictos Universidad de Granada – IPAZ-UGR

Susana Fernández Herrero, documentalista de FUHEM Ecosocial.

María Fanlo Torrecilla investigadora del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Silvia Plana, investigadora del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Martín Rodríguez Rojo, Asociación del Voluntariado de la Universidad de Valladolid, AVUVA

Carme Suñé Minguella, vicepresidenta de FundiPau.

Mireia Nogués, coordinadora de Can Jonch – Centre de Cultura per la Pau

Carlos Giménez Romero, director del Instituto de Derechos Humanos Democracia, Cultura de Paz y Noviolencia (DEMOSPAZ-UAM)

Elena Boschiero, investigadora y coordinadora de DEMOSPAZ – UAM

Tica Font Gregori, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Monika Vázquez Bolaños, investigadora de UNESCO Etxea

Anna León Herrero, coordinadora Técnica del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.

Patxi Zubiaur, presidente del Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz.

La Mesa número 2, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre a las 18 h. será la única abierta al público previa Inscripción