La sección ACTUALIDAD del número 167  de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global publica un artículo de Francisco Heras Hernández sobre la adaptación al cambio climático desde una perspectiva social.

Numerosos análisis, hechos a distintas escalas y sobre sectores diversos, concluyen que los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme: hay espacios geográficos, comunidades humanas o perfiles personales especialmente afectados o vulnerables.

La distribución desigual de los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático se debe a la conjunción de varios factores, destacando:

• Una exposición desigual a los ”peligros” climáticos: el calor extremo, las inundaciones, las sequías, etc., afectan más a unos lugares que a otros y quienes están asociados a estos lugares se encuentran más expuestos.
• Unas capacidades desiguales para prevenirlos, soportarlos o para recuperarse tras los impactos: las capacidades personales y sociales frente a los riesgos son diversas; no solo porque las realidades materiales sean variadas sino también porque tenemos distintas percepciones y formas de abordar los riesgos («culturas del riesgo»).

Por otra parte, las propias iniciativas de adaptación¹ pueden redistribuir los riesgos, creando nuevas desigualdades. No en vano, el IPCC advierte que las respuestas de adaptación desarrolladas en el corto plazo condicionan las desigualdades futuras, los niveles de pobreza, los modos de sustento y el bienestar global.²

¿Quiénes resultan ser los más afectados por ese desigual reparto de impactos y riesgos? Las evidencias indican que, en términos generales, los más afectados son los más pobres y marginalizados. Este efecto ocurre por una conjunción de circunstancias: por un lado, estos grupos ocupan con frecuencia espacios con menor calidad ambiental y más expuestos a peligros como calor excesivo o inundaciones y poseen habitualmente una menor capacidad adaptativa.³ Pero también es menos probable que se beneficien de las acciones de adaptación de carácter colectivo, debido a desigualdades estructurales y a capacidades económicas y políticas limitadas.

Los impactos de las altas temperaturas sobre la salud como ejemplo

 Para entender mejor la interacción de los factores sociales en el reparto de los impactos y los riesgos vamos a considerar un riesgo climático concreto: los impactos sobre la salud humana provocados por los episodios de altas temperaturas. La figura adjunta expresa esos impactos como el resultado de la interacción entre un peligro (en este caso, los episodios de temperaturas extremas, cuya frecuencia, intensidad y duración se incrementan como consecuencia del cambio climático), el nivel de exposición al peligro (que depende de factores la ubicación de las viviendas, los lugares de trabajo y estudios) y la vulnerabilidad, en la que intervienen factores relacionados con la sensibilidad individual (por ejemplo, las personas mayores o las mujeres embarazadas son más sensibles al calor) y la capacidad adaptativa. Por ejemplo, tener conciencia del riesgo y conocimiento de las medidas de autoprotección estimula los comportamientos orientados a reducir el riesgo; pero también es importante disponer de recursos personales (como una cierta capacidad adquisitiva) o sociales (como redes y servicios públicos).

  Factores de vulnerabilidad social en el análisis de los impactos en la salud de las altas temperaturas.⁴

Este esquema conceptual para el análisis de los riesgos procede del campo de la reducción de riesgos de desastres y ha sido adoptado de forma general por la comunidad técnica y profesional que trabaja en el campo de la adaptación al cambio climático, ya que permite tomar en consideración una serie de factores clave implicados en la configuración del riesgo y actuar de forma coherente sobre ellos.

Si analizamos con algo más de detalle el componente de vulnerabilidad social, es fácil deducir la importancia del estatus socioeconómico (relacionado por ejemplo, con la calidad de las viviendas y la posibilidad de regular su temperatura de forma adecuada), pero también de factores relacionados con la educación y la sensibilización ciudadana: tener conciencia del riesgo y un cierto conocimiento sobre qué hacer para evitarlo reduce las probabilidades de sufrir afecciones serias debido al exceso de calor.

Pero el esquema destaca también la importancia de contar con un conjunto de instrumentos públicos ad hoc, como sistemas de predicción y aviso ante las olas de calor o planes locales que contemplen un conjunto de respuestas coherentes frente a las altas temperaturas en el ámbito municipal.

Además, el esquema permite deducir la relación de la vulnerabilidad social frente al riesgo con una serie de políticas públicas de más amplio espectro: por ejemplo, políticas sanitarias como la prevención del tabaquismo, promoción de dietas saludables, etc. influyen en nuestra sensibilidad personal frente al calor y condicionan la importancia de grupos de riesgo clave.

Hay que destacar que la exposición a los peligros climáticos también se ve afectada por variables sociales. A modo de ejemplo, las personas cuyos trabajos se ejercen al aire libre (agricultura, jardinería, limpieza, construcción, …) se enfrentan a mayores riesgos en el ámbito de la salud debido a su mayor exposición a altas temperaturas durante las olas de calor.⁵

Este ejemplo, que no hemos pretendido desarrollar de forma exhaustiva, revela que sin reconocer las diferencias en las vulnerabilidades sociales y los factores que las modelan, la adaptación no podrá ser justa ni eficaz.

La resiliencia justa

 El reconocimiento de la importancia de los componentes sociales en la definición de los impactos y los riesgos que se derivan del cambio climático y muy especialmente de las desigualdades en la vulnerabilidad y la exposición al riesgo, explica la irrupción de la resiliencia justa como un concepto emergente. Se trata de integrar una serie de aspectos clave en las políticas de adaptación al cambio climático:⁶

1. aspectos distributivos de los impactos y riesgos: cómo afectan los impactos y los riesgos derivados del cambio climático a los diferentes grupos sociales
2. aspectos distributivos en las respuestas de adaptación: cómo se reparten los beneficios y las cargas derivadas de la adaptación entre los distintos grupos sociales
3. aspectos procedimentales en las respuestas de adaptación: cómo toman parte los afectados en procesos justos y transparentes orientados a la definición de las políticas

La «adaptación justa» (o «resiliencia justa») reconoce estas dimensiones en las que operan las desigualdades asociadas a los riesgos climáticos y a las respuestas ante ellos. Pero, además, nos plantea la necesidad de definir, promover y aplicar políticas y medidas de adaptación al cambio climático que tengan presentes esas diferencias y contribuyan a eliminarlas. El paso de la teoría a la práctica plantea retos en varios aspectos clave de la construcción y aplicación de las políticas de adaptación:

A. Los análisis de impactos y riesgos. La falta de análisis de impactos riesgos con perspectiva social sigue siendo un obstáculo de primer orden para abordar adecuadamente la primera de las cuestiones.

Los análisis de los riesgos que se derivan del cambio climático en España y en Europa se focalizaron inicialmente en reconocer las cadenas de impactos y estimar su dimensión global, prestando menos atención a la manera en que estos se distribuían socialmente o a los factores personales que influyen en la vulnerabilidad. Algunas excepciones a esta tendencia las encontramos precisamente en el campo de los impactos del cambio climático en la salud humana, en el que se han consolidado líneas de investigación de gran interés sobre los factores sociodemográficos que condicionan la vulnerabilidad.⁷

En todo caso, en el ámbito europeo y en el español se empiezan a producir avances en este campo, que merecen ser destacados:

• La primera evaluación de los riesgos climáticos en Europa, que identifica y analiza 36 riesgos climáticos clave en el ámbito de la Unión Europea, incorpora la perspectiva de la resiliencia justa, dedicando un capítulo específico a esta cuestión.⁸
• En el caso español, la Guía para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático, publicada en 2023 en el marco del Plan Nacional de Adaptación para orientar los análisis de riesgos, incluye un capítulo de «Cuestiones transversales» que aborda la incorporación a los análisis de temáticas como la vulnerabilidad social, la percepción social del riesgo o la perspectiva de género.⁹

Sin embargo, son las evaluaciones de impactos y riesgos realizadas en la escala local las que poseen más capacidad para integrar la perspectiva social en los análisis, ya que pueden considerar factores clave del contexto socioambiental local que condicionan el reparto de impactos y riesgos.

A modo de ejemplo, El Plan Clima 2018-2030 del Ayuntamiento de Barcelona¹⁰ adopta una perspectiva social en el análisis de riesgos para concluir que

los retos más importantes que impondrá el cambio climático desde la perspectiva de la justicia climática serán: el incremento de la población vulnerable a la pobreza energética, los problemas de salud vinculados a las olas de calor y el posible encarecimiento de la alimentación (pág.25).

Una aproximación de gran interés en los análisis de escala local es trabajar con los propios colectivos vulnerables para entender mejor las fortalezas y las debilidades de sus estrategias frente a los riesgos identificados. Un buen ejemplo de las posibilidades que ofrece esta línea de trabajo lo tenemos en un reciente estudio realizado en Madrid en el que exploraron las estrategias colectivas y las iniciativas de las personas mayores afectadas por pobreza energética frente al exceso de calor estival. A través de seminarios y paseos guiados, se desarrollaron mapeos participativos en los que se reflejaron las estrategias personales y colectivas o las iniciativas de las personas en situación de vulnerabilidad.¹¹ Este tipo de iniciativas sirve para detectar puntos débiles de las respuestas adaptativas de los grupos vulnerables; pero también es útil para construir conocimiento «de abajo hacia arriba» que permita mejorar las políticas locales de adaptación.

B. El reparto de las cargas y los beneficios de la adaptación. La acción adaptativa puede exacerbar inequidades existentes, ya sea por atender de forma prioritaria a las personas y grupos con mayor capacidad de influencia (que no son necesariamente los más vulnerables) o bien porque la adaptación genera nuevos riesgos o los traslada a otros lugares o comunidades que los acumulan de manera desproporcionada.

Los análisis sobre los efectos distributivos de las políticas de adaptación al cambio climático son todavía muy escasos, lo que hace difícil entender la magnitud del problema. Sin embargo, la puesta en marcha de medidas de adaptación que ponen el énfasis en aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad constituye, sin duda, una buena forma de aportar beneficios a quienes más lo requieren. Volviendo al ejemplo de los riesgos derivados del calor, encontramos ejemplos en este sentido en los planes de lucha contra la pobreza energética o las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas hechas con criterios adaptativos, que van a poner al alcance de los hogares con menores ingresos una regulación más efectiva de las temperaturas. Otro ejemplo sería la puesta en marcha de sistemas de avisos de ola de calor a través del sistema de teleasistencia, que llegan a un grupo humano especialmente sensible: el de las personas mayores que viven solas.

Las medidas de adaptación que ponen el énfasis en las personas más vulnerables constituyen una buena forma de aportar beneficios a quienes más lo requieren

La primera conclusión que puede extraerse de estos ejemplos es clara: una primera fórmula para evitar una acción adaptativa injusta es tener presente los factores sociales que condicionan la vulnerabilidad, y actuar en consecuencia.

Respecto a la segunda dimensión apuntada −el desplazamiento indeseable de los riesgos a terceras partes como resultado de las políticas y medidas de adaptación– su abordaje pasa por ampliar el análisis de los efectos en el reparto de los riesgos en las dimensiones geográfica, social y temporal. He aquí algunos ejemplos de consecuencias indeseables que podrían ser ignoradas si no se realiza un análisis suficientemente amplio:

• La creación de un espigón para retener la arena de una playa, tratando de contrarrestar el incremento en la capacidad erosiva del mar asociado al cambio climático puede interrumpir los flujos de arena que se dan a lo largo de la costa perjudicando a otras poblaciones costeras que recibían esa arena.
• La “limpieza“ de tramos de ríos para evitar inundaciones puede incrementar los riesgos en las poblaciones situadas aguas abajo al incrementar la velocidad con la que circulan las aguas y su carga de sedimentos, lo que amplía su poder destructor en una crecida.

Todos estos ejemplos, en los que el riesgo es desplazado a otros, forman parte de lo que se ha venido a denominar de forma genérica «maladaptación».¹²

Prevenir estos efectos contraproducentes de la adaptación pasa por plantearse preguntas como estas:¹³

• ¿La respuesta de adaptación planteada produce efectos ambientales negativos in situ o en otros lugares? (áreas vecinas o áreas interconectadas ecológica o socioeconómicamente)
• ¿Se deteriora el papel protector de los ecosistemas frente a los peligros presentes y futuros como consecuencia de la solución adoptada?
• ¿La iniciativa toma en consideración las percepciones y las expectativas de las comunidades a la hora de enfocar la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad?
• ¿La iniciativa limita de forma sustancial futuras opciones de adaptación, pudiendo conducir a «callejones sin salida»?
• ¿La iniciativa requiere fuertes inversiones económicas o energéticas que podrían quedar obsoletas con rapidez debido al cambio climático.

C. La participación en la definición de las políticas y medidas. Los riesgos climáticos nos afectan a todos. Sin embargo, no todos los actores sociales poseen la misma motivación o capacidades para participar en los procesos de toma de decisiones.

¿Cómo integrar, en concreto, los intereses de los más vulnerables en las políticas de adaptación al cambio climático? Como hemos visto, los análisis de riesgos son esenciales para reconocer mejor los factores personales y sociales que condicionan las vulnerabilidades. Pero, por otra parte, resulta esencial que la voz de los afectados esté presente en los procesos de toma de decisiones. Y esto supone un reto por varios motivos: la inercia de los mecanismos participativos ha ido configurando un conjunto de actores influyentes limitado dejando fuera a sectores desproporcionadamente afectados y escasamente influyentes. Un buen ejemplo lo tenemos en la infancia y la juventud. Dado que los impactos que se derivan del cambio climático tienden a agravarse con el paso del tiempo, seguramente las nuevas generaciones serán las más afectadas. Sin embargo, estas son a su vez las que cuentan con menores capacidades de influencia. Como advertía recientemente Joan Subirats,¹⁴«Los más afectados por las decisiones de hoy no ven reconocido su derecho a participar en ellas».

En el cambio climático, debemos asumir hoy costes que se derivarán en beneficios mañana, o dilatar la acción y trasladar los impactos hacia el futuro

En todo lo que toca al cambio climático, debemos asumir hoy costes que se derivarán en beneficios mañana, o dilatar la acción y trasladar los impactos hacia el futuro. Es evidente que la tentación de los sectores que conforman el statu quo para optar por lo segundo es enorme. En este sentido, Subirats alerta: «cada día que pasa, el debate sobre la desigual distribución de poder entre jóvenes y adultos va a irse recrudeciendo».

Es innegable que la definición de políticas y medidas adecuadas frente al cambio climático reviste una complejidad notable. Pero esa complejidad no puede justificar la toma de decisiones elitista o tecnocrática. Contamos con numerosos ejemplos prácticos sobre cómo, los sectores afectados o interesados son capaces de implicarse de forma inteligente y responsable en la definición de políticas y medidas de mitigación y adaptación. Un gran ejemplo, en este sentido, son las asambleas ciudadanas por el clima que se están desarrollando en numerosos países europeos.

También contamos con ejemplos inspiradores en el ámbito laboral, donde las reclamaciones sindicales han permitido introducir en los convenios colectivos medidas preventivas como interrupciones del trabajo o cambios en la jornada laboral en caso de temperaturas extremas.¹⁵

D. El seguimiento y la evaluación.El seguimiento y la evaluación resultan esenciales para cerrar el ciclo de las políticas de adaptación. Sin una recogida de datos sobre los resultados obtenidos es difícil reconocer los éxitos y los fracasos, obtener aprendizajes a partir de la experiencia o construir nuevos planes y programas.

Ciertamente, reconocer los efectos (positivos o negativos) logrados por las políticas y medidas de adaptación constituye un reto difícil, ya que el incremento o la reducción de los impactos o los niveles de riesgo no solo dependen de las políticas y medidas puestas en pie. Confluyen otros factores como la evolución de los peligros, la influencia de factores que no son estrictamente climáticos o incluso las medidas espontáneas de autoprotección aplicadas por las personas y las instituciones. A modo de ejemplo, es altamente probable que la mortalidad por calor se incremente en años en los que se dan olas de calor inusualmente intensas, largas o frecuentes. Pero también pueden afectar factores como el incremento de los niveles de pobreza o la compra de aparatos de climatización por parte de las familias.

Pero, aunque no siempre sea fácil reconocer el efecto de las políticas de adaptación sobre los impactos o los riesgos, es evidente que para atisbar los efectos sociales derivados del cambio climático y de las políticas de adaptación es necesario poner el foco específicamente sobre la cuestión.

El Centro Temático Europeo sobre Adaptación al Cambio Climático ha propuesto recientemente métodos e indicadores para evaluar la justicia en las políticas de adaptación al cambio climático, aportando herramientas para medir los progresos en materia de resiliencia justa en Europa.¹⁶ Sin embargo, todavía muy pocos países de la UE cuentan con sistemas de indicadores o análisis bien desarrollados sobre esta cuestión.

Adaptación justa, personas y territorios

 Los estudios realizados en Europa, en sectores diversos permiten constatar que hay grupos sociales concretos que son identificados repetidamente en las evaluaciones de riesgos como particularmente vulnerables, además de ser propensos a tener una menor influencia en los procesos de toma de decisiones: estos grupos incluyen a los niños y jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidades, los hogares en situación de pobreza o con bajos ingresos, personas con un estado de salud precario, las personas con una red social limitada, inmigrantes,¹⁷< minorías étnicas y grupos indígenas.

El cambio climático socava también de forma más intensa los medios de vida de grupos concretos (por ejemplo, las explotaciones familiares de los agricultores de secano) o a las personas que trabajan al aire libre, como temporeros, jardineros o empleados de limpieza.

Y sus impactos sociales son especialmente graves cuando afectan al precio o la disponibilidad de recursos alimentarios básicos. A modo de ejemplo, el cultivo del arroz, segundo cereal más producido del mundo, está amenazado por el cambio climático debido a sus requerimientos de agua y a la localización de amplias zonas cultivadas en llanuras costeras, amenazadas por el ascenso del nivel del mar.

Los países mediterráneos se verán desproporcionadamente afectados por el cambio climático, lo que puede ampliar la brecha de las desigualdades entre países de la Unión

Hay que tener en cuenta que las personas tienen habitualmente varias identidades que se superponen y pertenecen a diversos grupos sociales, lo que puede aumentar o disminuir su vulnerabilidad. Por ello, los análisis interseccionales son importantes para identificar a grupos especialmente vulnerables frente a un riesgo.

Algo similar sucede con los territorios. Existen espacios geográficos en los que concurren situaciones diversas que los hacen especialmente vulnerables. El informe europeo de riesgos climáticos elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente concluye que los países mediterráneos de la UE se verán desproporcionadamente afectados por el cambio climático, lo que puede ampliar la brecha de las desigualdades entre países de la Unión. La Comisión Europea, en una comunicación reciente¹⁸ reconoce que los impactos desiguales del cambio climático entre diferentes Estados miembros y regiones puede suponer una amenaza a la cohesión europea.

Reflexiones finales

El cambio climático nos afecta a todos, pero la gravedad de los impactos que soportamos es diversa y, frecuentemente, acentúa desigualdades ya existentes. Este hecho se constata cuando se comparan los efectos del cambio climático en los países del Norte frente a los del Sur global. Pero también cuando se analiza la vulnerabilidad y el riesgo de diferentes comunidades y grupos humanos en el interior de cada país.¹⁹

Frente a esta realidad, «adaptación justa» o «resiliencia justa» son conceptos cada vez más citados y aceptados en los documentos que tratan sobre adaptación al cambio climático. Sin embargo, todavía persisten el reto de incorporar esa perspectiva de forma consistente en las políticas sobre adaptación al cambio climático.

Entre algunos sectores comprometidos en la lucha contra el cambio climático la adaptación ha sido vista en ocasiones como una rendición ante el fenómeno, frente a las políticas de mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero) que atacan “la raíz” del problema.

Sin embargo, ambas estrategias son imprescindibles para evitar los peores impactos del cambio climático. Sin unas políticas de mitigación ambiciosas los peligros derivados del cambio climático seguirán aumentando, limitando nuestras opciones de respuesta.  Sin una mitigación ambiciosa, muchas opciones de adaptación acabarán siendo inviables, reduciendo nuestras opciones frente al cambio climático de manera irremediable.

La adaptación supone aceptar algunas malas noticias: hay impactos y riesgos que se derivan del cambio climático que ya son una realidad incontestable ante los que debemos reaccionar rápidamente. Y, además, las actuales concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero garantizan que esas afecciones van a seguir siendo muy serias en las próximas décadas.

Hablamos, por tanto, de dos conjuntos de estrategias complementarias y estrechamente relacionadas. Ambas son imprescindibles y ambas deben contemplar enfoques para evitar que tanto los impactos como los esfuerzos de respuesta se repartan de forma injusta.

Francisco Heras Hernández es doctor en educación ambiental.

NOTAS:

1 La adaptación al cambio climático abarca el conjunto de estrategias y acciones orientadas a limitar los riesgos que se derivan del cambio climático. Mientras que la mitigación se orienta a abordar las causas, la adaptación se focaliza en las consecuencias.

2 IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK y Nueva York, EEUU, 2022.

3 La capacidad adaptativa ha sido definida por el IPCC como la capacidad de los sistemas, las instituciones, los humanos y otros organismos para adaptarse ante posibles daños, aprovechar las oportunidades o responder a las consecuencias del cambio.

4 Basado en: European Environment Agency, Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, EEA Report 22/2018, European Environment Agency, Copenhage 2018.

5 ISTAS, Exposición laboral a estrés térmico por calor y sus efectos en la salud. ¿Qué hay que saber? Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019.

6 Margaretha Breil, Marianne Zandersen y Anders Branth Pedersen, Leaving No One Behind» in Climate Resilience Policy and Practice in Europe, European Topic Centre on Climate Change impacts, Vulnerability and Adaptation (ETC/CCA), Technical Paper, 2021/2, https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/metadata/publications/2018leaving-no-one-behind2019-in-climate-resilience-policy-and-practice-in-europe-overview-of-knowledge-and-practice-for-just-resilience 

7 Miguel Ángel Navas y otros, «La adaptación al calor y las desigualdades sociales en salud en función del género, la edad y el territorio: Revisión de estudios en España (1983-2018)», Revista Salud ambiental, 23(1):49-55, 2023, disponible en: https://ojs.diffundit.com/index.php/rsa/article/view/1240.

8 European Environment Agency, European Climate Risk Assessment, EEA Report 01/2024, European Environment Agency, Copenhage, , 2024, disponible en: https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

9 Beñat Abajo Alda y otros, Guía para la evaluación de riesgos asociados al cambio climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Madrid, 2023, disponible en: https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/images/es/guia_evaluacion_riesgos_cambio_climatico_2023_tcm30-570075.pdf.

10 Ayuntamiento de Barcelona, Plan Clima 2018-2030, disponible en: https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/sites/default/files/documents/plan_clima_juny_ok.pdf

11 Daniel Torrego Gómez y otros, «Mapping summer energy poverty: The lived experience of older adults in Madrid»,  Energy Research & Social Science 110 (2024) 103449, disponible en: https://rua.ua.es/dspace/handle/10045/140408.

12 Jon Barnett y Saffron O’Neill, «Maladaptation», Global Environmental Change 2010, 20:211–213, disponible en: https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2449050.

13 Cuestiones extraídas de OECC, Prevención de la maladaptación al cambio climático, Documentos de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

14 Joan Subirats, «Los más afectados por el cambio climático no tienen derecho a decidir sobre su futuro», El Diario.es, 26 de marzo de 2024.

15 Begoña María-Tomé, La adaptación y la protección de la salud ante el cambio climático Catálogo de experiencias y buenas prácticas en administraciones públicas y empresas, Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO), 2019, disponible en: https://istas.net/sites/default/files/2019-07/Catalogo%20SALUDAPT%20DEF.pdf

16 Frida Lager y otros, Just Resilience for Europe: Towards measuring justice in climate change adaptation, ETC-CA Technical Paper 1/23, 2023, disponible en: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-ca/products/just-resilience-for-europe-towards-measuring-justice-in-climate-change-adaptation.

17 Los inmigrantes sin derecho a la ciudadanía o a ser titulares de una vivienda, así como quienes no conocen bien el idioma o tienen niveles de alfabetización bajos, son particularmente vulnerables.

18 Comisión Europea, Gestión de los riesgos climáticos: proteger a las personas y la prosperidad, COM (2024) 91 final.

19 Lucas Chancel, Philipp Bothe y Tancrède Voituriez, Climate Inequality Report 2023, World Inequality Lab Study 2023/1, disponible en: https://wid.world/www-site/uploads/2023/01/CBV2023-ClimateInequalityReport-1.pdf

Acceso al artículo completo en formato pdf: La adaptación al cambio climático desde una perspectiva social: el enfoque de la adaptación justa.

Mateo Aguado Caso, Nuria del Viso Pavón, Miguel Ángel Navas Martín, Sergio Tirado Herrero, Claudia Narocki, Álvaro Ramón Sánchez, Cristina Contreras Jiménez, Rodrigo Blanca Quesada

El cambio climático antropogénico es hoy una realidad incontestable. Una realidad que, si no lo es ya, se convertirá en los próximos años en el mayor desafío reconocido que haya tenido jamás la humanidad. El derretimiento de los glaciares, la subida del nivel del mar y el aumento de eventos meteorológicos extremos como los ciclones, las inundaciones, las sequías o las olas de calor son fenómenos cada vez más intensos y recurrentes que arrojan cada año miles de pérdidas humanas en todo el mundo y constituyen ya la principal causa mundial de desplazamientos forzados dentro de los países.

Según datos del International Displacement Monitoring Centre (IDMC), de los 38 millones de desplazamientos internos sucedidos en todo el mundo en 2021, más de la mitad (el 58,7%) se debieron a “desastres naturales” relacionados con el clima (11,5 millones por tormentas, 10,1 millones por inundaciones, casi medio millón por incendios, y un cuarto de millón por sequías).1

Este último verano de 2022 ha vuelto a romper todos los registros existentes, alzándose como el verano más caliente de toda la historia en Europa.2 Aunque las cifras están aún bajo estudio, el Instituto de Salud Carlos III estima que, solo en España, se ha producido entre finales de abril y comienzos de septiembre de 2022 un exceso de mortalidad de al menos 4.700 personas atribuibles directamente a las elevadas temperaturas (una cifra que triplica la media del último lustro).3 Y lo peor de todo es que el final del verano no parece haber frenado esta tendencia. Al momento de escribir estas líneas —finales de octubre de 2022— se están registrando anomalías térmicas excepcionales en gran parte de Europa, con temperaturas hasta 15 grados por encima de lo habitual para estas fechas.4

Frente a una realidad como esta, el presente dosier trata de arrojar luz sobre cómo los eventos meteorológicos extremos, que son una de las expresiones más preocupantes del cambio climático, están atravesados por múltiples desigualdades —económicas, geográficas, ambientales, de género, de etnia, de edad— que hacen que sus causas y efectos sean muy diferentes según los territorios, los colectivos y los sujetos que contemplemos. Atendiendo a las desigualdades ambientales, estas se expresan fundamentalmente a través de tres grandes ejes: un acceso muy desigual a los bienes naturales (como por ejemplo la energía), unos impactos sociales repartidos muy asimétricamente entre la población afectada (como las olas de calor o las sequías), y una responsabilidad respecto a la generación del problema que responde, nuevamente, a enormes disparidades (como sería el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero).

Todas estas desigualdades constituyen en suma un nuevo tipo de desigualdad, la desigualdad climática, cuya importancia y trascendencia está por fin comenzando a reconocerse y visibilizarse.

En aras de contribuir a este necesario reconocimiento y visibilización, este dosier propone un conjunto de artículos que abordan diferentes expresiones de las desigualdades climáticas ligadas a los eventos meteorológicos extremos. Así, el dosier se inicia con el artículo «Las injusticias ocultas del cambio climático», en donde sus autores, Mateo Aguado y Nuria del Viso —quienes también suscriben esta Introducción— analizan a modo de marco general del dosier las enormes y muy diversas desigualdades e injusticias que esconde el fenómeno del cambio climático antropogénico, tanto en lo referente a las responsabilidades de sus causas, como en lo relativo a sus principales afecciones, expresadas fundamentalmente a través de unos eventos meteorológicos
extremos cada vez más frecuentes y virulentos.

En su artículo «Desentrañando los efectos del calor en la salud humana en contextos desigualitarios», Miguel Ángel Navas Martín hace un repaso minucioso sobre los efectos desiguales que sobre la salud humana tienen en nuestro país las elevadas temperaturas asociadas a las olas de calor. Relacionado con esto, Sergio Tirado Herrero nos ofrece en su artículo «Vulnerabilidad energética y olas de calor en hogares urbanos» un exhaustivo análisis de las crecientes desigualdades energéticas que están comenzando a aflorar con fuerza en nuestras ciudades ante las recurrentes olas de calor y que afectan especialmente a los sectores más vulnerables y a los hogares en situación de pobreza energética.

A través de su artículo «Desigualdades en el ámbito laboral y episodios de altas temperaturas», Claudia Narocki repasa la desigualdad ligada a la ocupación laboral, que coloca a determinados colectivos de trabajadores en situaciones de mayor vulnerabilidad ante los eventos meteorológicos extremos y, más concretamente, ante las altas temperaturas. Por su parte, Álvaro Ramón Sánchez revisa, en su artículo «Periferia y crisis climática: la articulación de un discurso ecologista desde América Latina», las injusticias ecológicas y las desigualdades territoriales centro-periferia que acompañan al calentamiento global, así como sus principales expresiones políticas en América Latina. Por último, a través del artículo titulado «Hacer barrio ante la emergencia climática», de Cristina Contreras y Rodrigo Blanca, este dosier se cierra con una propuesta de autonomía comunitaria que, más allá de las imprescindibles políticas públicas, evidencia la capacidad de las comunidades locales de emprender acciones de autoprotección ante los eventos meteorológicos extremos.

No cabe duda de que mitigar los problemas ligados al cambio climático requerirá intensificar nuestros esfuerzos por mejorar su comprensión durante los próximos años; pero no solo desde el punto de vista técnico y científico, sino también desde el prisma social, económico y cultural que lo impulsa y sostiene. En este sentido, y como veremos a lo largo de este dosier, entender las conexiones y bucles de retroalimentación que existen entre el cambio climático, los eventos meteorológicos extremos y las desigualdades se torna algo esencial de cuyo abordaje y determinación dependerá, en gran medida, tanto el futuro próximo de la biosfera como el porvenir de todas nuestras sociedades.

NOTAS

1 Internal Desplacement Monitoring Centre, GRID Report 2022, IDMC, 2022, disponible en: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2022-09/IDMC_GRID_Report_2022_ES_LowRes.pdf
2 Copernicus Climate Change Service (C3S), «Copernicus: Summer 2022 Europe’s hottest on record », 8 de septiembre de 2022, disponible en: https://climate.copernicus.eu/copernicus-summer-2022-europes-hottest-record

3 Raúl Rejón, «El cambio climático golpea ya la salud de los europeos: crecen las muertes por calor y las infecciones tropicales», elDiario.es, 26 de octubre de 2022, disponible en: https://www.eldiario. es/sociedad/europa-sufre-impacto-cambio-climatico-salud-crecen-muertes-calor-infecciones-tropicales_1_9652690.html
4 José Luis Gallego, «El cuñadismo climático atraviesa sus momentos más difíciles», El Confidencial, 30 de octubre de 2022, disponible en: https://www.elconfidencial.com/medioambiente/2022-10-30/cunadismo-climatico-momentos-mas-dificiles_3514316/

Si quieres leer el texto completo del Dosier Ecosocial, aquí tienes el acceso en formato pdf: Desigualdades climáticas: impactos y responsabilidades de los eventos metereológicos extremos

Si quieres consultar nuestros anteriores Dosieres Ecosociales.

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

El día 29 de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el acceso a un ingreso mínimo vital (IMV) desde el sistema de la Seguridad Social.

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.

Han pasado tres meses ya desde su aprobación y las trabas burocráticas, la escasez de personal, así como las dificultades en el plano digital de muchas familias para poder solicitarlo, obstaculizan el avance en la resolución de los expedientes, por lo que miles de personas siguen esperando la llegada de este subsidio.

El número 150 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado  Trabajo y la Vida Buena en la Encrucijada incluye en su sección ACTUALIDAD, un artículo de Guillermo Fernández Maíllo que hace un repaso a los antecedentes más recientes del IMV, los elementos de avance que posee y algunos de sus déficits y ambigüedades más preocupantes. Señala también algunos de los aspectos sobre los que habrá que estar atentos en relación a su desarrollo futuro y el impacto que genera en la implantación de una Renta Básica Universal.

Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital

Guillermo Fernández Maíllo

Papeles de Relacioness Ecosociales, núm. 150, verano 2020, pp. 83-92.

De dónde venimos

Han tenido que pasar casi treinta años, desde el inicio del desarrollo de las Rentas Mínimas de Inserción en las Comunidades Autónomas (CC.AA), como se las denominó en su origen, para que un gobierno central se decida a implantar una prestación estatal que busque como objetivo principal

«garantizar, a través de la satisfacción de unas condiciones materiales mínimas, la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los ámbitos laboral, educativo, o social de los individuos».[1]

La prestación que hasta ahora capitalizaba este objetivo, las actuales rentas mínimas autonómicas, han sido consideradas habitualmente como la última malla de seguridad para la ciudadanía con menos oportunidades. Una malla con grandes carencias, que salvo los casos de País Vasco, Navarra y, en menor medida, Asturias, no conseguían alcanzar la reducción de la pobreza en sus territorios de forma suficiente. Y ha sido un virus el que ha catapultado esta iniciativa.

El conjunto de prestaciones de protección social que ha ido creciendo progresivamente en España en las últimas décadas lo ha hecho de forma desordenada  y respondiendo a necesidades concretas de grupos o necesidades específicas que iban haciéndose hueco en la agenda política. Esto ha provocado problemas ya muy conocidos tanto por los científicos sociales como por las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social (TSAS). Superposición de poblaciones objetivo, déficits de cobertura, insuficiencia de las cantidades a percibir, articulaciones administrativas complejas, problemas de accesibilidad, condicionalidades punitivas y un largo etcétera. Es cierto que este desarrollo ha acabado construyendo un “sistema” con cierta tendencia a trazar un itinerario donde las rentas mínimas se habrían ido colocando en esa posición de “última red”. Una red creada, potenciada, asumida y gestionada al 100% por las CC.AA, lo que ha provocado una disparidad histórica en quién, cuánto y cuántos eran ayudados con esas necesidades de supervivencia.

Las diversas mejoras que se han producido en esta última red se han generado por procesos de ósmosis entre las CCAA, que han sido claramente insuficientes para consolidar una prestación homologable en el conjunto del territorio.

Durante el largo proceso de “prosperidad” económica desde la crisis de mediados de los años noventa hasta finales de la primera década del siglo XXI apenas apareció este tema en la agenda política y ciudadana. Quedaba su discusión circunscrita al ámbito reducido de los Servicios Sociales Públicos, de las organizaciones que trabajaban en el ámbito de la pobreza y la exclusión social y de algunos especialistas de la academia. Sin embargo, la crisis de 2008 comenzó a ponerlo tanto en la agenda ciudadana como en la de investigación social. Se comenzó a reclamar cada vez más insistentemente, que fruto de las consecuencias de la precariedad que se estaban viviendo, el Gobierno central tomara la iniciativa en relación a esta cuestión. A la necesidad de implementar un ingreso digno para los hogares que estaban sufriendo la crisis, se unió la discusión sobre si esta renta debía ser de carácter universal e incondicionada (RBU). Una idea sobre la que ya se venía teorizando y trabajando desde hace décadas, pero que apenas había salido de los ámbitos especializados.

Las prestaciones de protección social han ido creciendo progresivamente en España en las últimas décadas de forma desordenada.

Sin embargo, la opción del Gobierno socialista y posteriormente la del popular, fue canalizar las ayudas a través del marco de las prestaciones por desempleo, siguiendo la lógica de la activación que liga cualquier mecanismo de participación en el producto social a estar incorporado en el mercado de trabajo. Un mercado que llevaba años de precarización y de expulsión de grandes colectivos fuera del marco del empleo de calidad. La crisis 2008-2016 fue una nueva oportunidad de articular el último entramado de seguridad.

La discusión sobre la RBU adquirió altos grados de temperatura entre defensores y detractores, entre utópicos y pragmáticos, convirtiéndose en un debate complejo de entender por el conjunto de la ciudadanía. Mucha gente no acababa (ni acaba) de entender la diferencia entre renta mínima, renta garantizada, renta básica universal y los diversos matices que rodean la cuestión. Esto ha generado que la misma haya llegado al conjunto de la sociedad de una forma distorsionada, a pesar del esfuerzo de muchos por poner claridad y razón.

Fue durante la segunda legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy, debido a las presiones que estaba recibiendo no solo a nivel interno de las organizaciones sociales sino desde la Unión Europea, cuando se acomete el último intento de revisar a fondo el sistema de garantía de rentas para poder reorganizarlo. No existe una versión pública de lo sucedido en ese proceso que se desarrolló entre octubre de 2016 y diciembre de 2017. Queda como testigo del trabajo el informe que realizó el equipo de investigación encargado a tal efecto.[2]

Mi impresión sobre aquel proceso en el cual participé, es doble. Por un lado, el Gobierno (o los representantes del mismo en el proceso) le costaba asumir que la realidad que subyacía como necesidad de aquella reforma no cuadraba con la imagen de un país en recuperación. No se compartían las cifras de pobreza, exclusión y desigualdad que lo fundamentaban. Por otro, las conclusiones eran demoledoras para el propio sistema y necesitaban de un esfuerzo ciclópeo el querer acometerlas, sobre todo porque reconocían que el empleo, tanto por cantidad como por calidad, ya había dejado de tener la fuerza suficiente para la inclusión de amplias capas de la población. Invertir en reforzar el sistema de prestaciones era difícilmente asumible en un contexto de contención del gasto público.

Después de diez años desde el comienzo de la “gran Recesión” no habíamos sido capaces de acometer a nivel estatal una reforma necesaria de los mecanismos prestacionales de lucha contra la pobreza.

Y en esta situación llegó un virus…

Dónde estamos

El día 29 de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el acceso a un ingreso mínimo vital (IMV) desde el sistema de la Seguridad Social. Para los miles de personas que lo necesitaban antes de la crisis de la COVID-19 y para las que no tenían ingresos en los que apoyarse llega muy tarde. Sin embargo, que en tres meses que han pasado desde el estallido de la pandemia se haya legislado al respecto, y dentro de los ritmos de gestión de cualquier administración pública, hay que valorarlo muy positivamente.  El RDIM despeja las dudas de enfoque que se han venido discutiendo a lo largo de los últimos años y supone un hito en la protección social en España al introducir una prestación de carácter flexible y dirigida a la lucha contra la desigualdad y la pobreza  en el sistema de la Seguridad Social.

Enunciemos en primer lugar algunos de los avances de la norma frente al anterior sistema. El RDIM reconoce la doble naturaleza de la pobreza y la exclusión, tanto desde el punto de vista personal y del hogar (trampa de la pobreza) como de déficits estructurales de la sociedad (seguro colectivo). Se reconoce como derecho subjetivo, dando un paso importante frente a la tradición, en épocas de crisis, de limitar el derecho por la vía de la asignación de un presupuesto limitado con objetivo de contener el déficit en primera instancia. Esta práctica fue muy utilizada durante la anterior crisis por algunas CCAA. Su entrada en la cartera de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social amplía su marco de protección.

Se vincula a la situación de necesidad y no a un plazo predeterminado independientemente a la misma. Con ello se convertirá en un mecanismo de estabilización automática como las prestaciones de desempleo en épocas de crisis.

Se articula con otras necesidades básicas como la vivienda, exonerando la vivienda habitual del cómputo patrimonial para la obtención del ingreso y contemplando posibilidades de mejora en tanto en cuanto el alquiler supere el 10% del ingreso mínimo anual correspondiente a su categoría. Esta articulación es un avance relevante, aunque tiene que entenderse que los costes de la vivienda exceden con mucho lo que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede resolver en las necesidades de vivienda de la población perceptora de la prestación.

Finalmente, y esto es algo importante cuando hablamos del ámbito de la exclusión social, dota de la posibilidad de contemplar circunstancias individuales y del hogar diferentes a las descritas a la hora de valorar su concesión y las circunstancias de cambio. En este aspecto las CCAA y los Ayuntamientos podrán tener un papel relevante en este aspecto, transformando el sentido arbitrario histórico de las rentas mínimas, por una prestación de derecho “comprensiva” de los matices de la realidad de los hogares. En este caso no es lo mismo si es antes “el huevo o la gallina”. No es lo mismo tener una prestación de derecho que la pueden percibir justificadamente hogares que no cumplen determinados requisitos, que una valoración subjetiva que te da acceso a una prestación de derecho.

Sin embargo, hay aspectos que, desde mi punto de vista, o bien quedan ambiguamente definidos o bien quedan a expensas de futuros desarrollos normativos de carácter reglamentario que no está clara su dirección.

El fundamental tiene que ver con la articulación con los mecanismos del empleo. De forma tácita se reconoce la obligación de participar en el marco del empleo como mecanismo principal de inclusión. Esta participación se circunscribe inicialmente a estar inscrito como demandante de los servicios de empleo. Cómo y de qué manera se vaya a desarrollar esta vinculación será determinante dadas las dificultades de los Servicios de empleo de estar preparados para trabajar con perfiles de personas en programas o itinerarios que no están diseñados a tal efecto. Una de las causas fundamentales de la pobreza severa en España tiene que ver con la enfermedad y la no existencia de prestaciones adecuadas ante esta circunstancia. Es deseable que lo que el IMV puede ayudar a paliar, no lo menoscabe la presión hacia una empleabilidad imposible.

Un objetivo muy razonable del RDIM es impulsar las oportunidades para la inclusión social.

¿Cómo se piensa articular el IMV con esas oportunidades?

¿Será bajo los tradicionales mecanismos de control social de los Servicios Sociales o esto supondrá un replanteamiento de los mismos intentando construir el derecho a la inclusión independientemente al derecho a la supervivencia?

La existencia de una prestación en la Seguridad Social es una herramienta que puede ser utilizada como palanca para la inclusión, pero la percepción del IMV no puede condicionarse a la participación en itinerarios de inclusión. El éxito de un itinerario (que por cierto es un concepto explicativo que no es real en la intervención social) se debe a la voluntad de los que lo recorren, voluntad que no debe ser condicionada, dado que su efectividad bajará en ese caso.

Queda abierto, por otro lado, que se vinculen las obligaciones de la prestación con futuros acuerdos para la inclusión con las CCAA en el desarrollo de sus propias competencias. Si no existe una cierta homogeneidad en la aplicación en este sentido se puede abrir un nuevo frente de desigualdad que precisamente este Real Decreto trata de superar con la prestación. En las diversas reuniones explicativas que se han desarrollado post-decreto, se ha insistido en pedir aclaraciones sobre este aspecto, asegurándose que no se va a condicionar recibir la prestación del IMV a aceptar un trabajo o a participar en un itinerario de inserción. En la línea de la idea de un doble derecho. Este será un punto especialmente complejo. En este momento el ministro Escribá ha anunciado que se ha propuesto pasar “de oficio” a los actuales perceptores de las rentas mínimas autonómicas al nuevo IMV.

¿Será obligatorio también la participación en itinerarios discrecionales como lo es en muchas CCAA?

Por último, un elemento que debería de abordarse en el desarrollo reglamentario del RDIM es el de algunos colectivos específicos que se han quedado fuera. Solo cito uno específico como ejemplo, el de las personas que salen con 18 años de nuestro sistema de protección de menores y que por edad no tendrían derecho a percibirlo. Es absurdo haber estado protegiendo a niños y jóvenes, invirtiendo en ellos durante años y luego dejarlos a la intemperie. Su incorporación en el desarrollo reglamentario tendría todo el sentido.

Mención aparte es el no contemplar la inmigración irregular. Podría entenderse la necesidad de establecer un límite en esta materia, sin embargo, los diseñados dejan fuera situaciones no de personas recién llegadas sino vinculadas a la irregularidad sobrevenida y otras circunstancias difíciles de comprender. Se argumenta que quizá este pudiera ser el campo de las políticas de asistencia social de las CCAA, porque es cierto que ciertas particularidades pueden ser enfrentadas mejor desde la cercanía de una administración territorial. Sin embargo, esta cuestión es demasiado amplia y compleja como para querer evadirla.

Hacia dónde vamos

Uno de los temas más espinosos, una vez comience a implementarse esta prestación, es a qué se van a destinar los actuales fondos de gasto de las rentas mínimas. Existe el riesgo de que el efecto sustitución entre ambas prestaciones genere incentivos no deseados, ya que ante la garantía desde el Estado de una cantidad mínima homogénea a nivel del conjunto del país, puede haber CCAA que decidan directamente ahorrarse la prestación o trasvasar sus fondos a partidas alejadas del gasto social.

Una de las ideas que subyace detrás de la nueva ley es la de que se produzca una articulación adecuada con las realidades sociales de las diferentes CCAA. En este sentido, los niveles de vida de cada una de ellas es diferente, y las realidades de desigualdad también.[3] Parecería razonable que una primera forma de utilizar esos fondos sea para equilibrar los déficits que la inversión estatal pudiera suponer respecto a los umbrales autonómicos de pobreza y exclusión social o para incrementar la lucha contra la pobreza en aquellas CCAA con menor nivel de vida, pero con mayores índices de pobreza y exclusión social. De esta manera podrían mejorarse los resultados en términos de reducción de la pobreza monetaria. Una segunda manera es construyendo un sistema de complementos a esa renta mínima estatal que vaya dirigido a realidades específicas de los hogares que tengan ciertas características de vulnerabilidad y no contempladas en el RDIM, como las personas que no puedan justificar alguno de los requisitos de empadronamiento o tiempo de emancipación, etc.

Las cifras del IMV apenas llegan para superar los niveles de pobreza severa en un hogar, por lo que hay un amplio elenco de necesidades que no llega a cubrir.

Una tercera vía es la de construir prestaciones complementarias vinculadas a necesidades concretas, como podría ser para el acceso o el mantenimiento de la vivienda, necesidades de salud (acceso a tratamientos como el dentista o acceso a medicación) o necesidades urgentes frente a gastos inesperados. No olvidemos que las cifras del IMV apenas llegan para superar los niveles de pobreza severa en un hogar, por lo que hay un amplio elenco de necesidades que no llega a cubrir.  Por último, otra vía es vincular ese gasto al desarrollo del concepto del doble derecho. Derecho a la supervivencia, a través de una prestación dirigida a reducir la pobreza monetaria (a través del IMV), y derecho a la inclusión, a través de programas de apoyo para mejorar la participación en el producto social a través de los Servicios Sociales Públicos.

Esta última alternativa, solo la vería eficaz en aquellas CCAA con un volumen elevado de gasto en la actual prestación, ya que suelen correlacionar con sistemas de seguridad social más desarrollados y con menos problemas estructurales. CCAA con déficits en, por ejemplo, ratio de trabajadores sociales por habitante y que actualmente dedican pocos fondos a la renta mínima corren el riesgo de que los mismos se vean absorbidos por ese tipo de necesidad, pero que al ser cantidades mínimas no tengan un impacto real en esos déficits y acaben perjudicando al sector de la población que las pudiera percibir.

Un segundo aspecto, quizá el más relevante históricamente en relación a las rentas mínimas autonómicas, es la capacidad de cobertura entre la población que la necesite.

¿Llegará a quién lo necesita? Esto depende de dos aspectos, los requisitos y la accesibilidad.

En relación a la primera los requisitos parecen razonables en el contexto en el que nos encontramos, aunque está por demostrar si la capacidad de gestión y la solicitud telemática no reflejará la brecha digital de la población más pobre. Simplemente tener que hacer la declaración de la renta (aunque sea a posteriori) ya será un hándicap a superar.

En relación al segundo, el RDIMV establece la necesidad de llegar a acuerdos con el máximo posible de agentes que puedan colaborar en este sentido. La existencia multicanal de solicitudes puede ser beneficiosa si finalmente se estructura. Habrá que esperar al desarrollo de los acuerdos correspondientes y de los medios que se pongan a disposición de este desarrollo.

En cualquier caso, habrá que dar tiempo para comprobar en la práctica las personas que quedan fuera del IMV, tomar las medidas correctoras correspondientes y valorar las mejoras de la propia prestación . Se ha insistido durante la presentación del RDIMV en la importancia de la evaluación tanto ex-ante como ex-post. Bienvenidas sean, son muy necesarias y nos ayudarán a tomar mejores decisiones. “Ojalá” todas las políticas públicas sean tan bien evaluadas como las dirigidas a las personas más pobres.

Un tercer aspecto notable de futuro será hasta qué punto, una vez puesto en funcionamiento y habiendo alcanzado un cierto desarrollo, el IMV interferirá o potenciará el debate sobre continuar dando pasos para que esta prestación se convierta verdaderamente en una Renta Garantizada no condicionada, o relance el debate más amplio de la Renta Básica Universal (RBU). Hay elementos positivos en la actual ley que la acercan a una renta garantizada como el reconocimiento del derecho subjetivo, y quizá los elementos de condicionamiento que se han establecido en el IMV reflejan la ambigüedad de la actual discusión.

Es posible que esta implantación sea un primer paso como ya anunció el Ministro Escrivá,[4] y que la misma ley enuncia, que en el futuro tenga que ser contemplado dentro de una reordenación más amplia de nuestro “sistema” de garantía de rentas. Pero la línea que se ha establecido se acerca mucho más a políticas focalizadas que a una dirección más universalista. Además de esta dificultad, no hay seguridad de que esto sea así en un contexto de inestabilidad política y de enormes tensiones presupuestarias. De hecho, podría esperarse un proceso de reducción conjunta a la baja una vez que se incorpore en el debate la reforma de los mecanismos de prestaciones al desempleo y de las pensiones. La solución a solapamientos e ineficiencias del sistema, medidas imprescindibles de acometer, pueden llevar a una cierta desinversión que debe ser suficientemente justificada en el caso que se produzca.

Con unos presupuestos del Estado en situación de aumento creciente en su déficit, no parece muy posible avanzar en la discusión/implantación de la RBU. Como apunta Noguera,[5] en este tipo de contextos nos enfrentamos a un trilema de difícil solución simultánea: que la renta sea lo suficientemente alta para hacer desaparecer la pobreza, que sea disponible de forma inmediata y que sea incondicional, universal e individual . En cualquier caso, la actual ley es un paso que había que recorrer.

Un cuarto aspecto es cómo va a evolucionar el apoyo a medidas protectoras de este tipo en la ciudadanía y la interpretación que hagan las mismas nuestros decisores públicos. El barómetro de mayo de 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas da un apoyo del 83,4 % de que el Gobierno conceda un IMV a aquellas personas y sectores más necesitados. Existe un alto apoyo a una prestación condicionada. Sin embargo, el apoyo a una prestación universal y no condicionada no supera el 50% en la mayoría de las CCAA según los estudios territoriales realizados por la Fundación FOESSA. Incluso como refieren Barragué y Martínez[6] es posible que las personas que apoyan una Renta Básica Universal ante una pregunta de prestación condicionada a los niveles de renta y pensando solo en los que lo necesiten, también expresen opiniones contradictorias.

Por último, tendremos que observar atentamente cuáles son los efectos reales de una prestación de estas características sobre la economía sumergida. Parece clara la intencionalidad, en las próximas reformas del sistema asistencial de prestaciones públicas, de reducir, de forma indirecta, los efectos perniciosos de la misma. No sabemos qué efectos tendrá la colusión en este caso, pero no perdamos de vista que las dinámicas de la pobreza y la exclusión social van mucho más allá de los mecanismos legislativos. El trade-off que conlleva entrará en juego en relación a este último objetivo, y el resultado es una incógnita.

El Ingreso Mínimo Vital era necesario, pero solo es un paso más en el largo camino que queda por recorrer en la garantía del derecho a la supervivencia material.

Guillermo Fernández Maíllo es sociólogo. Miembro de la Fundación FOESSA y del Equipo de Estudios de Cáritas Española.

[1] Exposición de motivos del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.

[2] Luis Ayala, José María Arranz, Carlos García y Lucía Martínez, El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015,

[3] Estas disparidades pueden ser consultadas en  Guillermo Fernández (coord..) Informes territoriales sobre exclusión y desarrollo social, 2019.

[4] Consulta 9 de junio 2020, https://www.eldiario.es/economia/Jose-Luis-Escriva-ingreso-hogares_0_1018398538.html

[5]  José Antonio Noguera La renta básica universal, un estado de la cuestión, 2019.

[6] Borja Barragué y César Martínez, «La renta básica en la agenda de Podemos: ¿cuestión de viabilidad política o de viabilidad financiera?», ICADE, Revista de la Facultad de Derecho núm. 99: Economía de la salud, 2016, pp. 159-183.

Acceso al texto completo en formato pdf: Ya está aquí el Ingreso Mínimo Vital.

Paloma Moré

Este artículo forma parte del ESPECIAL Cuerpos frágiles y capitalismo publicado en el número 137 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Presenta los resultados de una investigación sobre cuidados a personas mayores en España y Francia. Más que resaltar los aspectos comparativos, el texto se centra en analizar el papel del cuerpo como elemento central del trabajo de cuidado en las residencias de personas mayores.

Esta dimensión corporal del cuidado se pone en relación con la organización del trabajo en estos centros y, concretamente, con la presión de tiempos. El objetivo es poner de manifiesto cómo la intensificación del trabajo en los centros residenciales tiene nefastas consecuencias tanto sobre los propios residentes como sobre las auxiliares que cuidan de ellos. Así, se pone de manifiesto una contradicción entre la noción de “cuidar”, y lo que esta implica, y el trabajo “real” llevado a cabo en las residencias.

El trabajo de cuidado es indispensable para mantener la vida humana, principalmente en las etapas de mayor vulnerabilidad y dependencia, como son la infancia y la vejez. En sociedades que están en pleno proceso de envejecimiento, como es el caso de España, donde las proyecciones¹ estiman que las personas de 65 y más años supondrán el 38,7% de la población en 2064 ascendiendo a casi 16 millones de personas, los cuidados de larga duración para personas mayores se están convirtiendo en una preocupación creciente. En este contexto, las residencias se ofrecen como una solución integral para los cuidados de personas que ya no pueden permanecer en su domicilio y suponen un sector con una creciente demanda de fuerza de trabajo.

Por tanto, en la actualidad, la preocupación por los cuidados es creciente, pero no siempre ha sido así. A pesar de tratarse de un trabajo universal, su importancia no se ha tenido en cuenta mientras han sido prestados por las mujeres en el entorno familiar. En este sentido, el valor de los cuidados y su reconocimiento como trabajo no se ha producido hasta que, debido a una serie de factores sociales, las mujeres, de manera masiva, han ido orientando en mayor medida su tiempo de trabajo hacia el mercado laboral y menos hacia la familia, dando lugar a lo que se ha denominado la «crisis de la reproducción social». Así, de manera paradójica, los cuidados se han hecho «visibles» como problemática política, social y académica cuando han entrado en «crisis», es decir, cuando han dejado de ser prestados silenciosa y gratuitamente, como obligaciones familiares del género femenino, para transformarse progresivamente en servicios mercantilizados. En este contexto, desde los años noventa, las migraciones internacionales de mujeres han comenzado a abastecer de mano de obra destinada a atender la creciente demanda de trabajo de cuidados en las zonas ricas del Norte Global,² algo que también ha sucedido en España.³ De esta manera, quienes a menudo desempeñan el trabajo de cuidado en los servicios mercantilizados, como son las residencias de personas mayores, siguen siendo mujeres, pero de origen inmigrante.

Los cuidados se han hecho «visibles» como problemática política, social y académica cuando han entrado en «crisis».

Este artículo recoge parte de los resultados de una investigación comparativa sobre los empleos de cuidados a personas mayores en España y Francia.⁴ La metodología utilizada combina varias técnicas de investigación con un enfoque cualitativo: entrevistas a trabajadoras, entrevistas a informantes clave y observación participante. Concretamente, aquí se analiza el estudio sobre el trabajo en residencias, para el que se realizaron 35 entrevistas en profundidad: doce entrevistas en profundidad con trabajadoras en Madrid y quince en París, además de siete entrevistas con informantes clave, entre los que se incluyen dos directoras de residencias (una en Madrid y otra en París), un trabajador social contratado en una residencia (Madrid), un director de centro de día (Madrid) y tres responsables técnicos de servicios sociales (dos en Madrid y uno en París).

Estas entrevistas se han complementado con un proceso de observación participante bastante intenso en el que se “siguió” a las trabajadoras durante sus jornadas laborales con el fin de poder “ver de cerca” la realidad de su trabajo y poder contrastarla con sus relatos biográficos. Esta técnica se llevó a cabo en dos residencias. Por un lado, en una residencia municipal de la periferia madrileña, de tamaño mediano (70 plazas) gestionada por una empresa privada. Por otro lado, en una residencia de gran tamaño (150 plazas) situada en la periferia parisina y que, pese a pertenecer a una entidad sin ánimo de lucro, estaba gestionada por una empresa privada. En ambos casos, la observación consistió en diez días de seguimiento del trabajo de las auxiliares, entre seis y ocho horas por día, en los turnos de la mañana y de la tarde.

Anclajes teóricos

Los cuidados, estén remunerados o no, deben ser considerados trabajo y, como cualquier otro trabajo, se definen por una organización social, unas relaciones sociales concretas y unos modelos «ideales» de realización que cobran sentido en contextos específicos. La división sexual del trabajo, entendida como el reparto jerarquizado del trabajo entre los sexos,⁵ ha motivado que, al estar adscritos al género femenino, los cuidados se hayan considerado actividades reproductivas y no un «verdadero» trabajo. A partir de los años ochenta, gracias a los estudios con perspectiva feminista, esta idea ha ido superándose.

Si bien en las primeras definiciones del cuidado se ponía el énfasis en que era un trabajo «de amor»,⁶ posteriores estudios han avanzado mucho en desvincular los cuidados de una supuesta inclinación femenina y han puesto el énfasis en la idea, inspirada en el Buen Vivir, de que los cuidados sostienen la vida^.7 Esta noción de asociar los cuidados a una pretensión de mantener la vida para que «podamos vivirla de la mejor manera posible», no escapa a la percepción práctica de las propias trabajadoras. A menudo señalaban que en su trabajo era difícil priorizar las tareas (alimentación, aseo, refuerzo emocional, etc.) porque el cuidado consistía en un “todo” difícil de desagregar. Así lo resumía Emma, una de las empleadas entrevistadas en esta investigación, cuando se le preguntaba por la tarea o actividad más importante en su trabajo: «Todo es importante, es la vida la que es importante, en su globalidad».

Tal y como señala Emma, en el cuidado no se pueden jerarquizar las tareas y «todo es importante»⁸ porque lo esencial es mantener la vida y el entorno en su conjunto. En esta misma línea, Fischer y Tronto señalan que:

«Cuidar es una actividad genérica que comprende todo aquello que hacemos para mantener, perpetuar y reparar nuestro “mundo”, para que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo comprende nuestros cuerpos, a nosotros mismos y nuestro entorno: todos los elementos que se articulan en una red compleja de sostenimiento de la vida»..⁹

Esta definición sitúa a los cuidados en el centro de las relaciones sociales –no solo familiares, domésticas o interindividuales– sino en todo tipo de relaciones entre seres humanos, y de estos con su entorno, y, además, permite visibilizar que las relaciones de cuidado son diversas, transversales y multidireccionales. Por tanto, los cuidados se articulan en “distintos niveles”, desde los intercambios cara a cara, donde las emociones y los cuerpos son fundamentales, hasta las relaciones sociales en el ámbito institucional y político. Esta concepción permite pensar que las personas que trabajan como cuidadoras no solo son “proveedoras” de cuidados, sino que también son  “receptoras” de cuidados en un complejo entramado de relaciones sociales en el que viven las consecuencias de las políticas migratorias, las políticas públicas en torno a los cuidados, las políticas de empresa sobre la organización del trabajo, las decisiones de sus empleadores, etc. En este sentido, las cuidadoras y sus cuerpos, pueden estar más o menos cuidados por la organización concreta del trabajo, como se verá más adelante.

La división sexual del trabajo ha motivado que, al estar adscritos al género femenino, los cuidados se hayan considerado activivdades reproductivas y no un «verdadero» trabajo.

Sin embargo, en lo que respecta al desempeño de su actividad, las residencias de personas mayores se caracterizan porque los cuerpos son un elemento central, pues gran parte del trabajo se realiza sobre cuerpos ajenos siendo, además, la exposición del propio cuerpo particularmente destacable.¹⁰ Por «trabajo sobre el cuerpo» (body work) se entiende el trabajo que se centra directamente en los cuerpos de los demás: manipular, evaluar, diagnosticar, y supervisar los cuerpos, que se convierten así en objeto directo del trabajo, implicando un contacto muy intenso, íntimo y, a menudo, sucio con el cuerpo, con su desnudez y sus secreciones.¹¹ El trabajo sobre el cuerpo no está exento de relaciones sociales de género, clase social y etnicidad; así, las ocupaciones que desempeñan un trabajo sobre el cuerpo más “sucio” suelen implicar un menor reconocimiento y estar desempeñadas por personas en categorías sociales más desfavorecidas,¹² como es el caso de las mujeres de clase trabajadora, y a menudo de origen inmigrante, que trabajan como auxiliares en las residencias de personas mayores.

Además, en las residencias el tiempo es un factor determinante para entender cómo se realiza el trabajo de cuidado. Así, mientras en entornos domésticos el cuidado se organiza en torno a las tareas y no implica una distinción clara entre la “vida” y el “trabajo”, en las residencias el tiempo está organizado de manera industrial, casi taylorista, y todo está medido a través de un horario estricto y supervisado a base de reloj. Sin duda esta forma de organizar el trabajo de cuidado es más eficaz en cuanto al ahorro de tiempo y costes, pero también resulta más difícilmente «comprensible» desde el punto de vista humano.¹³ De esta manera, la cuestión de establecer rutinas, estándares, horarios y tiempos de trabajo resulta una condición necesaria pero sumamente problemática para mantener una organización del trabajo que cumpla con unos estándares de eficacia racional.

La intensificación del trabajo y sus repercusiones

En la residencias, el proceso de trabajo para organizar la rutina diaria de los residentes implica una concatenación de tareas secuenciales, bien definidas, y marcadas según un horario preciso que rige la marcha del centro y armoniza los distintos equipos: levantar a todas las personas antes de las nueve, desayuno hasta las diez, etc. Este proceso de trabajo se caracteriza por su rigidez frente a las características generales del trabajo de cuidado, que difícilmente puede ser medido¹⁴ y, de manera particular, frente a las características específicas de la población destinataria, que tiene en la mayoría de los casos algún grado de dependencia. De esta forma, la enorme cantidad de retrasos que pueden producirse, ligados a la actividad humana, simplemente, no están previstos. Así, cualquier incidente o  accidente, como puede ser una persona que se desorienta, que no colabora para levantarse, etc., es un obstáculo que entorpece la cadencia del «bien organizado» proceso de trabajo.

En cuanto a la organización de los horarios de trabajo, para prestar cuidados durante las veinticuatro horas del día, las residencias se organizan siempre a través de tres turnos de trabajo de ocho horas: mañana, tarde y noche. Por las mañanas, las auxiliares comienzan por las habitaciones, solas o en parejas, para ir despertando, levantando, quitando los pañales sucios de la noche, llevando al baño, aseando las partes íntimas, duchando, poniendo nuevas protecciones y vistiendo a cada residente, haciendo un intenso trabajo sobre el cuerpo. Una vez la persona está limpia, cambiada, vestida y perfumada, se la acompaña hasta el salón, en silla de ruedas o caminando, donde se le da el desayuno, si no lo puede hacer por ella misma, y se regresa a la habitación donde debe hacerse la cama, cambiando las sábanas si es necesario, y limpiar y retirar todos los desechos relacionados con los excrementos de la persona. Estas tareas materiales se complementan con otras ligadas a la dimensión psicológica de la persona mayor. Así, las auxiliares deben procurar dejar un margen de autonomía para no atrofiar las capacidades que las personas todavía tienen, deben intentar darles ánimos, conversación, estimularlas, motivarlas… Para reforzar la autoestima de las personas y para que, en la medida de lo posible, sientan que la residencia “es su hogar”. Pues, como las auxiliares suelen repetir, lo que ellas hacen es “un trabajo humano”. Sin embargo, este contacto personalizado que otorga “humanidad” lleva su tiempo, ralentiza el ritmo de trabajo, les hace implicarse, detenerse, prestar atención, y ellas “no tienen un minuto que perder”.

En las residencias, el tiempo es un factor determinante para entender cómo se realiza el trabajo de cuidado

Esta secuencia de trabajo con la que las auxiliares empiezan la mañana es agotadora, especialmente teniendo en cuenta que debe repetirse cada día al menos ocho o diez veces consecutivas y con sus todos los imprevistos que, por supuesto, van surgiendo.¹⁵ Las estimaciones sobre el tiempo recomendado para hacer este proceso de manera satisfactoria rondan los cuarenta y cinco minutos. Sin embargo, la observación participante puso de manifiesto que la carga de trabajo obligaba a las auxiliares a reducir drásticamente los tiempos dedicados a estas tareas. Así, en la residencia estudiada en París este proceso se limitaba a veinte minutos por persona, mientras que en la residencia de Madrid se llegaba a reducir incluso hasta doce minutos. Evidentemente, esto implica una desmesurada intensificación del trabajo y la eliminación de las tareas menos visibles, como todo el trabajo sobre las emociones, al ser consideradas “accesorias” a las tareas más evidentes. A continuación, se ofrece un extracto del cuaderno de campo de una jornada de observación en la residencia de Madrid para ilustrar cómo las trabajadoras lograban mantener esa disciplina horaria a través de la intensificación del trabajo sobre los cuerpos ajenos y de un enorme coste físico, emocional y moral para sus propios cuerpos:

Extractos de los Cuadernos de Campo: Madrid, 17 de enero de 2014

 Desde las siete y media hasta las nueve de la mañana, que es la hora del desayuno, dos auxiliares, Mercedes y Marisa, tienen que despertar, levantar, duchar y vestir a dieciséis residentes totalmente asistidas, con movilidad muy reducida y un deterioro cognitivo severo que limita la interacción y la comunicación con las auxiliares. Cuando terminan con una, mientras avanzan a otra habitación, la dejan en su silla de ruedas en el pasillo, esperando a que alguien la baje al comedor, porque ellas no pueden “perder tiempo” en esa tarea.

 Una de estas residentes es Doña Antonia –me dicen– es una de las más difíciles de levantar: con la cabeza completamente perdida, tarareando sin parar canciones que aún perduran en su memoria, esta anciana senil no facilita en absoluto el trabajo: peso pesado, con brazos y piernas rígidas que ofrecen resistencia, moverlas supone un gran esfuerzo, y levantarla de la cama a pulso es arriesgado. Con ayuda de la grúa, y entre dos auxiliares, la levantan y la sientan en una silla geriátrica para poder ducharla, pero la señora no puede detener su incontinencia y pone todo el suelo de la habitación perdido. Entonces, mientras Mercedes la lleva al baño y comienza a ducharla, Marisa se va corriendo a la habitación siguiente para ir adelantando trabajo. Me van diciendo todo el rato: «fíjate el ritmo que llevamos, y aun así nunca llegamos a tener a todos listos para las nueve, que es la hora del desayuno». «No paramos en toda la mañana y a las doce tenemos que volver a cambiarlos». «A este ritmo no sé hasta dónde llegaremos». «Sobre todo ahora, después del ERE –expediente de regulación de empleo–, tenemos dos auxiliares menos, en media jornada». Efectivamente, con un trabajo así, cada persona cuenta y, a causa de la remodelación de plantilla tras el ERE, ahora hay dos compañeras que están a tiempo parcial. «Les intentamos hablar para que nos ayuden, pero no podemos hacer más». ¿Estimular, “dejar hacer”, dar conversación? No hay tiempo para eso.

 Mercedes suda hasta chorrear la camisa. Su compañera, Marisa, que es mucho más joven, también suda y corre con las mejillas enrojecidas por el esfuerzo. Las posturas en las que se ponen implican que la espalda esté constantemente tensa, tienen que estar medio agachadas, con el cuerpo doblado a cuarenta y cinco grados, tanto para ducharlos como para levantarlos, vestirlos… Solo de verlo duelen los riñones.

 Doña Antonia, recién duchada, de nuevo no puede evitar su incontinencia y los excrementos empiezan a chorrear por el agujero de la silla hasta el suelo. A toda prisa la limpian como pueden con una toalla, pues no hay tiempo para volver a lavarla o sentarla en el váter hasta que termine. Le ponen un pañal, la visten a la carrera y con ayuda de una grúa la trasladan a la silla de ruedas. Los restos de excrementos se quedan esparcidos por el suelo, se los llevan arrastrando con la silla de ruedas y los recogen como pueden con papel higiénico. ¿Pararse a limpiarlo? ¡Imposible! «Te vas a hartar del olor» –me dicen– y es verdad que es muy desagradable. Seguimos avanzando y Mercedes exclama: «¡ay, qué sudores!» –mientras se seca la frente con el brazo–. «¡Habrá quién no se crea que tenemos que estar dos horas así! ¡A este ritmo y sin parar! Esto es así a diario, no es que nos lo estemos inventando».

Este extracto muestra que la repercusión de la intensificación del trabajo sobre los cuerpos, las emociones y el sentido moral que las trabajadoras atribuyen a su trabajo es muy negativa. Además, se pone de manifiesto que el trato hacia las personas mayores deja mucho que desear en cuanto al respeto de su integridad como personas. En este sentido, desde una aproximación profesional a los cuidados geriátricos¹⁶ se remite a menudo a la importancia de hablar con las personas mayores, estimularlas, motivarlas, dejarles hacer por ellas mismas y no hacer en su lugar, no infantilizarles ni anular sus posibilidades, respetar su intimidad, no entrar en las habitaciones sin llamar, consultarles a la hora de vestirles, etc., pero, ¿cómo hacerlo cuándo la intensificación del trabajo llega a este punto? Por ejemplo, en la observación se constató que, en lugar de pedir permiso antes de entrar a las habitaciones o de saludar, las auxiliares, presionadas por el ritmo de trabajo, se dirigían sin mayor dilación directamente a levantarlas de la cama o a quitarles la ropa, casi sin dejarles tiempo para despertarse. La organización del trabajo estaba establecida en ambos casos como si fuera una secuencia lógica de tareas que las auxiliares pudieran desempeñar “limpiamente” siguiendo un ritmo de trabajo constante. Sin embargo, las personas residentes, aunque suene obsceno tener que recordarlo, son seres con vida, que se mueven o no quieren moverse, a quien hablar, dar conversación, que hacen preguntas, o se quejan, gritan, lloran y se resisten a moverse, necesitan ir al baño, a veces insistentemente, etc. Y las auxiliares sortean todo esto, como una carrera de obstáculos, dejando claro que cuanto más están obligadas a correr, más desagradable se vuelve el trabajo y más escollos éticos encuentran.

Cuerpo a cuerpo

Una constante en los relatos de las trabajadoras en los dos estudios de caso son los problemas de salud ligados al trabajo. Esto es una consecuencia directa de las características del trabajo antes descritas: por un lado, la realización de esfuerzos físicos como levantamiento de pesos y movimientos repetitivos que implican que continuamente se fuerce la espalda y los brazos; por otro, la intensificación de los ritmos de trabajo, que contribuye a incrementar los niveles de riesgo, porque bajo la presión de tiempos a menudo se descuida la atención a mantener posturas ergonómicas y se fuerzan ciertas partes del cuerpo. Así, la mayoría de las trabajadoras entrevistadas habían tenido algún problema de salud relacionado con la espalda, ya fuera por acumulación de fatiga y malas posturas o debido a algún accidente de trabajo.

En este sentido, en Madrid, de las doce informantes que habían trabajado como auxiliares, siete afirmaron haber sufrido problemas de salud relacionados con el trabajo. La mayoría de ellas relataron el momento preciso (una caída o un mal movimiento) en el que habían sufrido un accidente. En el caso de París, de nueve auxiliares de enfermería, cinco relataron también accidentes o problemas de salud directamente relacionados con el trabajo y, de las seis auxiliares de cafetería, cuatro también relataron problemas de salud ligados al trabajo. En ambos casos, las personas que no habían sufrido ningún problema de salud relacionado con el trabajo habían llegado recientemente al oficio o habían ejercido durante periodos cortos. Por eso su respuesta a menudo dejaba entrever más bien un “no, todavía” que un “no” rotundo. De todas las auxiliares a quienes se realizó entrevistas en profundidad y que llevaban diez o más años en el oficio, solamente dos de ellas declaraban no haber sufrido problemas “todavía” a pesar ser buenas conocedoras, a través de otras compañeras, de la problemática. Además, durante los periodos de observación en ambos terrenos se constató, a través de numerosas charlas informales y de la propia observación de los movimientos y las posturas de las trabajadoras, la constante presencia de estos problemas, como explica Heidy, una auxiliar entrevistada en Madrid:

«Mira, por querer avanzar hacemos movimientos que no son anatómicos: llevamos con esta mano la silla y queremos llevar con la otra mano el oxígeno y así haces fuerza. “¡Déjalo, mira como está tu muñeca, mira como está tu mano!” –les digo yo­–. O se están agachando y yo les digo: “¡dobla las rodillas, dobla las rodillas!”».

En este sentido, la observación participante puso de manifiesto que, casi constantemente, las auxiliares reclamaban una mirada de atención a las posturas que deberían mantener: la inclinación de la espalda cuando se trabaja sobre una persona encamada; los levantamientos de peso cuando se hacen las movilizaciones de la cama a la silla, y viceversa; las cabriolas que debían hacer con las muñecas al empujar las sillas de ruedas para entrar y salir de los baños y las habitaciones; la fuerza que debe hacerse para empujar a una persona de 70 kilos en una silla de ruedas, etc.

La repercusión de la intensificación del trabajo sobre los cuerpos, las emociones y el sentido moral que las trabajadoras atribuyen a su trabajo es muy negativa

Por otra parte, durante la observación realizada en los talleres que una asociación de mujeres migrantes que trabajan en cuidados en Madrid, imparte para formar a cuidadoras domésticas en atención geriátrica, se presenció la manera en que las auxiliares que impartían los talleres hacían hincapié en estos aspectos, mostrando de manera práctica la forma correcta de hacer estos movimientos para no lastimarse.  Sin embargo, tanto formadoras como alumnas coincidían en que, si bien es necesario conocer “la teoría”, en la práctica las posibilidades de aplicarla se limitan: por un lado, por la imposibilidad de utilizar material mecánico y, por otro lado, por la intensificación de los ritmos de trabajo. Así, pese a que en las formaciones se aconseja e informa acerca de la manera en que se deben hacer los movimientos para evitar hacerse daño o tener un accidente, y pese a que se han introducido mejoras técnicas, como camas medicalizadas o las grúas, para aliviar la carga física de trabajo, estas recomendaciones de ergonomía no son suficientes a la hora de impedir los accidentes y las dolencias físicas.

Conclusión

El cuidado de personas mayores supone un trabajo donde la exposición corporal de las personas implicadas se sitúa en el centro de la relación, tanto para quienes tienen la responsabilidad de cuidar como para quienes reciben el cuidado. En este sentido, el cuidado, más que un “cara a cara”, implica un “cuerpo a cuerpo”. Por un lado, las auxiliares manipulan repetidamente los cuerpos ajenos en su sentido más íntimo tratando de mantener la vida en condiciones dignas a quienes no pueden ya realizar por sí mismos las tareas más básicas y necesarias. Por otro lado, la exposición corporal de quienes realizan este trabajo es particularmente intensa.

Una rígida organización del trabajo y su intensificación mediante la presión de tiempos son mecanismos de gestión económica que, al ser aplicados al ámbito de los cuidados, tienen consecuencias nefastas. En este caso, se ha mostrado que los cuerpos de las trabajadoras, maltratados y desgastados por el trabajo, como los de las personas residentes, atendidos deficitariamente y deshumanizados, sufren enormemente como consecuencia de la organización del trabajo. Por supuesto, las consecuencias no son solo físicas, sino que son indisociables de la dimensión emocional  y moral.¹⁷ Así, se ha intentado mostrar cómo, a ritmo de cadena de montaje, las auxiliares manipulan y transforman el “producto” de la mañana a la noche, tratando de mantener la vida de la mejor manera posible, pero sabiendo que el cuidado es el gran ausente en esa relación de trabajo, tanto para ellas como para “sus” residentes.

En definitiva, se pone de manifiesto una gran contradicción entre una noción holista del cuidado que se basa en la responsabilidad de dar una respuesta adecuada ante una necesidad, y el trabajo “real” que las auxiliares pueden desempeñar en entornos donde la organización del trabajo es excesivamente economicista.

Paloma Moré es Doctora en sociología y Licenciada en periodismo.

Acceso al artículo completo en formato pdf: Cuerpos vulnerables: La intensificación del trabajo en las residencias de personas mayores

NOTAS

1 INE, Population Projection for Spain, 2014-2064 [en línea], 28 de octubre de 2014. Acceso el 9 de marzo de 2017.

2 S. Sassen, «Global cities and survival circuits», en B. Ehrenreich y A. R. Hochschild (eds.) Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, Granta Books, London, 2002.

3 V. Rodriguez (ed.), Inmigración y cuidados de mayores en la comunidad de Madrid, BBVA, Madrid, 2012.

4 P. Moré, Los cuidados en las grandes ciudades, Colección Monografías, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid (en prensa).

5 D. Kergoat, «Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe», en H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doaré y D. Senotier (eds.) Dictionnaire critique du féminisme, PUF, Paris, 2000.

6 H. Graham, «Caring: a labour of love», en J. Finch y D. Groves (eds.), A labour of love: women, work and caring, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1983.

7 C. Carrasco, «La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? », Mientras Tanto, Nº 82, Barcelona, 2001.

8 P. Molinier, Le travail du Care, La Dispute, Paris, 2013, p. 224.

9 B. Fischer y J. Tronto, «Toward a feminist theory of care», en Abel, E. y Nelson, M. (dir.), Circles of Care: Work and Identity in Women’s Lives, SUNY Press, Albany, 1990, pp. 36-54.

10 N. Foner, The Caregiving Dilemma: Work in an American Nursing Home, University of California Press, Berkeley, 1994, p. 190.

11 C. Wolkowik, «The Social Relations of body Work», Work, Employment & Society, 16(3), 2002, pp. 497-510.

12 Ibidem, p. 501.

13 E. P. Thompson, «Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism», Past and Present, núm. 38, 1967, pp. 56-97.

14 C. Vega, Culturas del cuidado en transición. Espacios, sujetos e imaginarios en una sociedad de migración, Editorial UOC, Barcelona, 2009, p. 297.

15 N. Foner, op. cit.

16 En este sentido el documental Me llamo Carmen [en línea] realizado por la diócesis de Málaga de la organización Caritas, ilustra estas expectativas que se recaen sobre las personas que trabajan en los centros residenciales. Acceso el 9 de marzo de 2017.

[17] P. Moré, «Cuidados «en cadena»: cuerpos, emociones y ética en las residencias de personas mayores», Papeles del CEIC, 1/2016.