La revista PAPELES cumple 40 años, por ello este número culmina estas cuatro décadas de análisis sobre las tendencias de fondo que atraviesan nuestro tiempo.

Los textos recogidos componen un collage con el que hemos tratado,  si no de hacer un balance completo, al menos sí ofrecer una reflexión ilustrativa de los cambios vividos en estos cuarenta años.

Si bien algunas dinámicas –la demográfica o la superación de los límites naturales– se podían vislumbrar allá por 1985, otros procesos han resultado más sorpresivos, tanto en los ámbitos de la economía y la geopolítica como en los de la tecnología y las dinámicas culturales.

Resulta imposible encapsular la realidad y sus múltiples manifestaciones en unas pocas páginas. Lo que sí está claro es que a medida que avanza la crisis ecosocial, se cierra una ventana de oportunidad con todo un abanico de caminos posibles. Nuestras opciones se reducen, y actualmente se decantan en determinadas direcciones, con ciertos factores estructurantes realimentándose entre sí. A pesar de movernos en un contexto tan complejo, el futuro –hoy como siempre– no está escrito y, más que nunca, es tiempo de reflexión y acción.

En la Intoducción, «Un mundo cambiante y convulso», Santiago Álvarez Cantalapiedra esboza las principales transformaciones que han marcado estas cuatro décadas.

En A Fondo, Ángel Martínez González-Tablas traza las líneas maestras que han tenido lugar en el ámbito económico, mientras que Jaime Pastor dirige su mirada al ámbito de la geopolítica y las relaciones internacionales. Itziar Ruiz-Giménez y Rebeca Giménez abordan la emergencia de los ecofeminismos, que aportan herramientas de análisis y praxis para transitar la realidad. Antonio Ortega centra su análisis en el plano de la ecología y, en concreto de las agroecologías políticas. Montserrat Galcerán aborda el debate sobre clase y diversidad, y su evolución en las últimas décadas. Juan Carlos Velasco explora una de las cuestiones actuales que concentra más atención y distorsión: las migraciones, contrastando percepciones y hechos. Ricardo Castaño dirige su mirada a la ciencia y la tecnología. Carlos Gómez Gil sopesa la accidentada vida de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su permanente dilación. Por su parte, Jordi Armadans reflexiona sobre cómo construir paz en un mundo fragmentado.

En Actualidad, Monica Di Donato conversa con el experto en cuestiones energéticas Jesús Ramos sobre el «Gran apagón» en la península ibérica del 28 de abril pasado, y Nick Buxton entrevista a la activista sindical Rafeef Ziadah sobre el genocidio en Palestina y su trasfondo del colonialismo de asentamiento de Israel, bendecido por EEUU.

La sección Miradas desde la literatura, específica para este número especial, recoge dos análisis. Victor Hugo Pérez Gallo analiza, a través de las obras Fortuna y Maniac, la evolución deshumanizadora del capitalismo contemporáneo, mientras que Manuel Casal Lodeiro reflexiona críticamente sobre el libro El ministerio del futuro, de Kim Stanley Robinson, y valora su utilidad de cara a hallar respuestas ante la crisis del clima.

El número se cierra con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el Sumario de la revista y dos artículos en abierto: la Introducción de Santiago Álvarez Cantalpiedra y el artículo de la sección A Fondo firmado por Ángel Martínez González-Tablas.

Sumario

INTRODUCCIÓN

Un mundo cambiante y convulso. Cuarenta años de transformaciones de la mano de Papeles, Santiago Álvarez Cantalapiedra

A FONDO

Balance general en el plano económico de los últimos cuarenta años, Ángel Martínez González-Tablas

Del viejo orden neoliberal al caos sistémico, Jaime Pastor

Ecofeminismos ante el (des)orden global: herramientas para pensar y habitar un presente en disputa, Itziar Ruiz-Giménez Arrieta y Rebeca Giménez González

Construir pazes ambientales desde las agroecologías políticas, realidades, retos y reexistencias, Antonio Ortega

Clase y diversidad en las sociedades capitalistas contemporáneas, Montserrat Galcerán Huguet

La creciente y paradójica centralidad de las migraciones en la esfera pública, Juan Carlos Velasco

Ciencia, tecnología y sociedad. Un poquito de historia, un poquito de geografía y un poquito de ética, Ricardo Castaño Tamara

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en tiempos de policrisis: del negacionismo a la Agenda 2050, Carlos Gómez Gil

Construir paz en un mundo fragmentado, Jordi Armadans

ACTUALIDAD

Entrevista a Jesús Ramos sobre el «Gran Apagón» y sus implicaciones, Monica Di Donato

Entrevista a Rafeef Ziadah sobre el genocidio en Palestina, Nick Buxton

MIRADAS DESDE LA LITERATURA

Fortuna y Maniac: dos rutas literarias hacia el capitalism posmoderno y la deshumanización progresiva, Víctor Hugo Pérez Gallo

El Ministerio del Futuro no es la novela que necesitamos (contra el cambio climático), Manuel Casal Lodeiro

LECTURAS

Huertopías. Ecourbanismo, cooperación social y agricultura, José Luis Fernández Casadevante, Kois                              

Monica Di Donato

Utopías cotidianas. Lo que dos mil años de experimentos pueden enseñarnos sobre vivir bien, Kristen R. Ghodsee

José Luis Fernández Casadevante, Kois

Capitalismo caníbal. Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta, y hasta pone en peligro su propia existencia, Nancy Fraser

José Bellver

Breviario de ecología libertaria, Carlos Taibo

Lucía Andrinal y Estefanía Sánchez

Notas de lectura

RESÚMENES

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La entrevista realizada por Nuria del Viso, del equipo de FUHEM Ecosocial, aborda algunos de los principales retos que enfrenta su departamento y hace balance de su labor desde 2018.  

«La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos»

A continuación ofrecemos el texto íntegro e la entrevista.

Nuria del Viso (NV): Como es bien sabido, estamos viviendo una grave crisis ecológica. ¿Cómo afecta a los derechos humanos y qué grupos son los más perjudicados?

David Boyd (DB): La crisis climática y medioambiental planetaria es una crisis de derechos humanos. Esto está claramente establecido desde hace muchos años. El cambio climático, la contaminación tóxica, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y la propagación de enfermedades zoonóticas tienen efectos devastadores sobre los derechos humanos a la vida, la salud, a la alimentación, al agua, a un nivel de vida adecuado y, por supuesto, al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Estos terribles efectos afectan de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y marginación, como los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños, las personas mayores, los migrantes, los refugiados y las personas que viven en la pobreza. He sido testigo de estos impactos en misiones a países. Por ejemplo, en Fiyi visité Vunidogaloa, una de las primeras comunidades del mundo que tuvo que ser reubicada debido a la crisis climática. La subida del nivel del mar, las mareas de tempestad y la contaminación por agua salada de su agua potable y sus tierras de cultivo no les dejaron otra opción. Se reubicaron varios kilómetros tierra adentro, cortando sus estrechos lazos con el océano. En Portugal conocí a supervivientes de mortíferos incendios forestales que sufren estrés postraumático. En Chile me encontré con personas que luchan para hacer frente a una gran sequía que ha privado a comunidades enteras del acceso al agua. En Botsuana conocí a personas indígenas para quienes el calor se está volviendo insoportable, y está provocando escasez de agua, inseguridad alimentaria y conflictos entre seres humanos y fauna salvaje. Vimos una larga cola de mujeres y niñas esperando para llenar contenedores de agua en uno de los dos únicos grifos de una comunidad de 1.300 habitantes.

NV: Muchas de las violaciones de derechos humanos en relación con la destrucción de la naturaleza se están produciendo por la intensificación de las actividades extractivas, algunas estrechamente relacionadas con la transición verde, casi todas con el modo de vida de las sociedades más ricas, que están generando miles de conflictos socioecológicos en todo el mundo. ¿Qué vías considera más prometedoras para abordar y resolver estos conflictos y hacer valer los derechos humanos? ¿Qué herramientas se están desarrollando, en particular desde el ámbito de los derechos humanos?

 DB: Creo que los enfoques basados en los derechos humanos son la forma más prometedora de abordar estos conflictos y, en particular, el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Este derecho fue reconocido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2021 (resolución 48/13) y por la Asamblea General de la ONU en 2022 (resolución 76/300). Un enfoque basado en los derechos humanos garantiza que las personas más directamente afectadas tengan acceso a la información, la oportunidad de participar significativamente en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con recursos efectivos si sus derechos se ven amenazados o vulnerados. El derecho a un medio ambiente sano abarca los elementos anteriores, así como aire limpio, agua salubre y suficiente, alimentos sanos y producidos de forma sostenible, entornos no tóxicos, ecosistemas y biodiversidad sanos y un clima seguro. El derecho a un medio ambiente sano se ha utilizado con éxito para exigir la limpieza de la contaminación industrial, impedir la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón, bloquear el uso de pesticidas que matan a las abejas, impedir proyectos mineros destructivos y mucho más. Este derecho es un catalizador de los cambios necesarios para lograr un futuro justo y sostenible, porque convierte las decisiones correctas en obligaciones para los Estados, en lugar de opciones.

NV: Uno de los impactos más extremos es la expulsión de grupos y comunidades enteras que tienen que abandonar su hábitat y se convierten en desplazados forzosos. ¿Qué resoluciones y herramientas específicas está desarrollando y aplicando el Comité de Derechos Humanos?

DB: Para que quede claro, hay una distinción importante entre el Comité de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. El Comité es un grupo de 18 expertos independientes que resuelven denuncias, examinan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados y publican Observaciones Generales para proporcionar orientación autorizada sobre dicho Pacto. El Consejo está compuesto por 47 Estados miembros y es el principal órgano de derechos humanos de la ONU.

En mi trabajo, los desplazamientos forzosos se producen en dos circunstancias principales: el desarrollo de grandes proyectos industriales, como presas hidroeléctricas, y el establecimiento de parques nacionales u otras zonas protegidas. En mi opinión, el desplazamiento forzoso viola los derechos humanos y debe condenarse. Los Estados tienen la obligación legal de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, que son las principales víctimas de los desplazamientos forzosos. Sin consentimiento, no deben permitirse ni las actividades industriales ni los parques.

NV: El agua es un tema en el que se aprecia bien el cruce entre las cuestiones medioambientales y los derechos humanos. ¿Cómo caracterizaría esta crisis mundial del agua y cuáles son los problemas más acuciantes?

DB: El mundo se enfrenta a una crisis del agua cada vez más grave. Más de 2 000 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma segura (accesible en las instalaciones, disponible cuando se necesita y libre de contaminación). Más de 4 000 millones de personas −la mitad de la población mundia− carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, lo que significa que sus excrementos no se tratan, amenazando la salud humana y de los ecosistemas. Aproximadamente el 80% de las aguas residuales se vierten al medio ambiente sin tratar, contaminando las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y los océanos. Las aguas residuales incluyen los efluentes de la industria, la agricultura, los hogares y las instituciones, así como la escorrentía urbana. Las enfermedades transmitidas por el agua causan casi dos millones de muertes evitables al año en todo el mundo, y la mayor carga recae sobre los niños menores de cinco años. Para más detalles, véase mi informe sobre el agua A/HRC/46/28.

NV: Una cuestión candente es la degradación de los ecosistemas y su estrecha relación con las zoonosis y las pandemias. En el seminario que usted convocó en 2022, se mencionó un enfoque basado en los derechos humanos como una forma más eficaz y equitativa de prevenir las pandemias. ¿Podría explicar en qué consiste este enfoque?

DB: En lugar de tratar a la Tierra −este hogar único, sustento de la vida e irremplazable− con cuidado, respeto y reverencia, los seres humanos están infligiendo daños catastróficos a los ecosistemas y la biodiversidad, socavando las extraordinarias contribuciones de la naturaleza al bienestar y la prosperidad humanas. Las pruebas son inquietantes: las poblaciones de fauna y flora silvestres (incluidos anfibios, aves, peces y mamíferos) han caído en picado una media del 60% desde 1970; el ritmo de extinción es cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años y se está acelerando, con un millón de especies en peligro; casi tres cuartas partes de la superficie terrestre de la Tierra han sufrido alteraciones significativas; y dos tercios de la vida marina están experimentando impactos adversos, además de la acidificación, la desoxigenación y la pérdida de hielo marino.

El rápido declive de la salud de los ecosistemas y de la diversidad biológica está causado por los cambios en el uso de la tierra y del mar (por ejemplo, la conversión de bosques a la agricultura), la explotación directa de las especies (por ejemplo, la pesca, la caza, la caza furtiva, el comercio ilegal de especies silvestres), el cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. Las causas profundas incluyen los modelos de producción y consumo, el crecimiento demográfico, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los valores sociales. En los últimos cincuenta años, la población humana se ha duplicado, la economía mundial se ha cuadruplicado y el comercio mundial se ha multiplicado por diez, lo que ha disparado la demanda de energía y materiales. Las personas ricas son desproporcionadamente responsables del consumo excesivo y de la presión sobre la naturaleza.

En 2022, los Estados acordaron el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, comprometiéndose a emplear enfoques basados en los derechos para abordar el angustioso declive de la diversidad de la vida en la Tierra. Entre los compromisos específicos que deben cumplirse para 2030 figuran la protección del 30% de todas las tierras y aguas, la restauración del 30% de las tierras degradadas y la supresión de 500 000 millones de dólares anuales en subvenciones que perjudican a la naturaleza. El Marco reconoce específicamente la importancia del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.

La transformación de la sociedad para lograr una buena calidad de vida para todos en armonía con la naturaleza requiere aumentar la conservación de la biodiversidad, la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados, una rápida transición a la energía limpia, el cambio a una economía circular, la disminución del consumo de energía y materiales por parte de las personas ricas y la reforma de las cadenas de suministro para reducir el impacto ambiental.

Necesitamos enfoques basados en los derechos para todos los aspectos de la conservación, protección, restauración, uso y beneficio de los ecosistemas sanos y la biodiversidad. La aplicación de un enfoque basado en los derechos aclara las obligaciones de los Estados y las empresas; cataliza acciones ambiciosas; pone de relieve la difícil situación de los más pobres y vulnerables; y capacita a las personas para que participen en el diseño y la aplicación de soluciones. Las acciones necesarias incluyen:

(a) supervisar e informar sobre el estado de la biodiversidad y las amenazas que pesan sobre ella;

(b) adoptar y aplicar planes nacionales de biodiversidad;

(c) integrar la biodiversidad en otros ámbitos políticos (por ejemplo, sanidad y finanzas);

(d) la creación de áreas protegidas y el establecimiento de otras medidas eficaces de conservación;

(e) el establecimiento de normas que garanticen el uso sostenible de la biodiversidad;

(f) promulgar leyes para proteger las especies amenazadas;

(g) restaurar los ecosistemas degradados;

(h) prevenir la propagación de especies invasoras; y

(i) proporcionar incentivos para la conservación y el uso sostenible.

NV: En ese seminario también se mencionó el proyecto de elaboración de un instrumento internacional para la prevención de pandemias. ¿Cuál es su situación?

DB: Se están llevando a cabo negociaciones en la Asamblea Mundial de la Salud, con la intención de finalizar un nuevo tratado a finales de 2024.

NV: Hablábamos antes de los colectivos afectados y uno de ellos es el de los defensores y defensoras de la tierra. ¿Cómo valora su situación actual?

 DB: Los defensores y defensoras de la tierra son héroes para sus comunidades y para el medio ambiente. Lamentablemente, siguen siendo acosados, amenazados, atacados, demandados, criminalizados e incluso asesinados por alzar su voz para defender la tierra, el agua, la naturaleza y los derechos humanos. Se trata de una situación trágica, y los Estados tienen la obligación de proteger a estas personas, investigar los delitos cometidos contra ellas y castigar a los autores. Todos deberíamos honrar y celebrar la labor de los y las defensoras de los derechos humanos medioambientales.

NV: Si he entendido bien, su trabajo como Relator Especial tiene que navegar entre las obligaciones de los Estados de proteger el medio ambiente y los derechos humanos, y la rapacidad de algunas poderosas empresas, que casi siempre cuentan con el respaldo de los mismos Estados. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra? ¿De qué instrumentos disponen para garantizar los derechos humanos y el medio ambiente? ¿Sería necesario algún otro instrumento?

DB: Muchas grandes empresas abusan del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible contaminando el aire, el agua y el suelo, provocando y agravando la crisis climática, devastando la biodiversidad y los ecosistemas, produciendo y comercializando alimentos insalubres e insostenibles y liberando sustancias tóxicas que envenenan a los seres humanos, la fauna y los ecosistemas. Transformar el papel de las empresas es uno de los principales retos para avanzar hacia un futuro justo y sostenible.

Los paradigmas económicos y empresariales actuales se basan en la explotación de las personas y la naturaleza. Entre los defectos de estos paradigmas están el pensamiento a corto plazo, la creencia en un crecimiento ilimitado, un enfoque estrecho en la maximización de los beneficios para los accionistas y la externalización de los costes sociales, sanitarios y medioambientales a la sociedad. Por ejemplo, las empresas de combustibles fósiles obtienen beneficios de cientos de miles de millones de dólares mientras sus productos matan a millones de personas y agravan la emergencia climática. Las empresas transnacionales de la alimentación disfrutan de beneficios récord mientras los precios de los alimentos, el hambre y la malnutrición se disparan.

Para abordar los efectos sustanciales de las empresas sobre los derechos humanos han surgido varios marcos normativos, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y otros. A pesar de estos marcos, son pocas las empresas que aplican las medidas necesarias para respetar los derechos humanos, en gran medida porque estos marcos no son jurídicamente vinculantes.

Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, a lo largo de sus cadenas de valor. Esta responsabilidad está por encima del cumplimiento de las leyes y normativas nacionales.

Sin embargo, muchas grandes empresas son delincuentes medioambientales. La aplicación de la ley se produce en contadas ocasiones. Incluso cuando son investigadas, procesadas y condenadas, las penas son insuficientes. Las mayores multas y sanciones medioambientales de la historia, 35 000 millones de dólares contra Volkswagen por su escándalo del diésel sucio y 65 000 millones contra BP por su mortífero vertido de petróleo en Deepwater Horizon, no tuvieron un impacto significativo a largo plazo en el precio de las acciones.

Por desgracia, los Estados son cómplices de la crisis planetaria. Fomentan, permiten y subvencionan actividades empresariales destructivas. Los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de los daños reales y potenciales que puedan causar las empresas dentro de su territorio, jurisdicción o control.

Los Estados deben establecer leyes, reglamentos, normas y políticas sólidas en materia de clima, medio ambiente y derechos humanos, incluida una legislación exhaustiva sobre derechos humanos y diligencia debida medioambiental. La supervisión y el cumplimiento efectivos son esenciales, y requieren instituciones con la autoridad, el personal y los recursos necesarios para prevenir, investigar, castigar y reparar los impactos climáticos y medioambientales sobre los derechos humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos, las cortes y los tribunales tienen un papel supervisor vital.

La humanidad necesita reducir su huella ecológica colectiva y, sin embargo, miles de millones de personas del Sur global necesitan ampliar su huella energética y material para alcanzar un nivel de vida confortable y disfrutar plenamente de sus derechos humanos. La sociedad debe enfrentarse a esta paradoja. Los Estados ricos deben liderar la reducción de sus huellas y financiar el crecimiento verde en el Sur global.

NV: Concretamente, el mecanismo de solución de diferencias que permite a los inversores demandar a los Estados suscitó un informe por su parte que menciona las consecuencias catastróficas de este mecanismo, especialmente en el contexto de la emergencia climática. ¿Qué medidas podrían adoptar los Estados para evitar futuras demandas? ¿Se ha avanzado algo en este sentido?

DB: Ante una crisis planetaria climática, medioambiental y de derechos humanos, es sencillamente una locura contar con un mecanismo que permita a los inversores extranjeros anteponer los beneficios y los intereses privados a los derechos humanos, la salud humana, el medio ambiente y la capacidad de los Estados para hacer frente a la crisis. Los Estados pueden y deben (debido a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos) resolver este problema. Pueden hacerlo retirando el consentimiento al arbitraje (un acto unilateral) y renegociando los acuerdos comerciales y de inversión que no incluyan mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados. Resulta alentador que diez Estados europeos ya se hayan retirado o hayan indicado sus planes de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía (entre ellos, España). También es alentador que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y EEUU hayan eliminado intencionadamente el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados, tal y como se les aplicaba a ellos.

NV: Por último, ¿qué logros de su oficina destacaría en materia de medio ambiente y derechos humanos?

DB: Lo más destacado de mis seis años como Relator Especial ha sido lo siguiente:

1. El reconocimiento histórico del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2021), la Asamblea General de la ONU (2022) y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (2023), que marca un punto de inflexión vital en la evolución de los derechos humanos.
2. Las numerosas acciones que se están llevando a cabo para que el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible sea una realidad para más personas. Este derecho se está incorporando a la gobernanza medioambiental multilateral. Se incorporó en los documentos finales de la COP27 y la COP28, en el Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming Montreal y en la Declaración de Bonn por un Planeta Libre de Daños Causados por las Sustancias Químicas y los Residuos. El Comité de los Derechos del Niño reconoció por primera vez el derecho de los niños a un medio ambiente sano, situándolo en el centro de la Observación General 26. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer han integrado el derecho a un medio ambiente sano en sus trabajos. Más Estados han reconocido el derecho a un medio ambiente saludable en la legislación, entre ellos Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Granada y Santa Lucía, lo que eleva el total a 161 Estados miembros. Desde la resolución del Consejo de Derechos Humanos de 2021, el derecho ha sido reconocido en leyes subnacionales como la Constitución del Estado de Nueva York y la Ley de Cambio Climático (Futuro Neto Cero) de Nueva Gales del Sur, en Australia. La legislación de Nueva Gales del Sur establece claramente que «Las medidas para hacer frente al cambio climático deben ser coherentes con el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible». Está en proceso de añadirse a la legislación sobre derechos humanos del Territorio de la Capital Australiana. Las resoluciones de la ONU que reconocen el derecho, a pesar de su estatus de ley blanda, también han influido en una serie de decisiones judiciales relacionadas con la protección de especies en peligro de extinción, la necesidad de una acción climática ambiciosa basada en los derechos, la importancia de prevenir/rehabilitar las zonas de sacrificio, y los peligros tanto para el medio ambiente como para los derechos humanos que plantea la minería a cielo abierto. Otra línea realmente fascinante de decisiones judiciales relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano ha sido el resultado de los desafíos empresariales e industriales a las medidas estatales que refuerzan las leyes climáticas y medioambientales. Algunos ejemplos son la regulación de las bolsas de plástico (Kenia, México y Uganda), una ley de protección de los ecosistemas glaciares (Argentina) y las restricciones a la importación de vehículos de motor más antiguos y contaminantes (Perú). En cada uno de estos cinco casos, el gobierno argumentó que sus acciones estaban justificadas por su obligación de proteger el derecho a un medio ambiente sano, y en cada caso, el tribunal estuvo de acuerdo.

3. Las personas extraordinarias que he conocido a lo largo de este viaje, de todas las naciones, de todas las profesiones y condiciones sociales, todos dedicados a hacer del mundo un lugar más limpio, más verde, más sano y más feliz para las generaciones presentes y futuras. Hay tantas personas increíbles e inspiradoras y ha sido un honor conocerlas, trabajar con ellas y aprender de ellas.

Espero que estas respuestas sean útiles.

NV: Sin duda. Muchas gracias.

Acceso al texto completo en formato pdf: Entrevista con David R. Boyd, Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente

En efecto, el medio rural español y, especialmente, algunas áreas montañosas más aisladas, continúan en una lenta decadencia que, en el caso de multitud de núcleos periféricos, ha culminado con su abandono total. En ese sentido, despoblación, periferia y conflicto son conceptos que describen bien la situación de estos territorios que sufren, en muchos casos, la ausencia de un plan político claro y a largo plazo que contemple otras formas de desarrollo para ellos. De ahí que, los proyectos industriales que se aportan como solución –macrogranjas, parques eólicos, huertos solares, etc., con altos costes ecológicos y sociales- no pueden plantearse como la única respuesta a las necesidades de estos territorios y, por esa razón, han encontrado una fuerte resistencia entre los pocos habitantes que quedan.

Sin duda, el medio rural plantea así un reto político, social y económico de mucha envergadura para los tiempos que vivimos y, desde FUHEM Ecosocial, pensamos que existen alternativas y claves para repensar y contar su futuro que han de ser analizadas y exploradas mediante diversos y diferentes escenarios. Y es en ese sentido que publicamos un nuevo Dosier Ecosocial  que lleva por título El arte de vivir en la España vaciada: colonialismo energético, crisis climática y transición ecosocial  y cuya autoría es de Luis Del Romero, geógrafo y profesor de la Universidad de Valencia.

Y para hablar de ello e impulsar, entre todas y todos, un espacio de reflexión y profundización sobre estas problemáticas, te invitamos a participar al evento de presentación del nuevo ejemplar de la colección de Dosieres Ecosociales, que contará con la presencia del autor, Luis Del Romero, y con los comentarios y reflexiones al texto de Eva Sempere y Adrián Almazán.

A continuación, se abrirá un debate con todas las personas que puedan acompañarnos.

APUNTA:

CUÁNDO: 26 de abril de 2023

HORA: 18:00 h.

DÓNDE: Ateneo la Maliciosa

Calle de las Peñuelas, 12

28005 Madrid

 «La militarización del cambio climático va más de afianzar el poder militar que de detener la desestabilización del clima»

La militarización como ideología alcanza sutil o abiertamente buena parte de las grandes cuestiones políticas que se nos plantean, así como recónditos rincones de la vida social. Una de las cuestiones sociopolíticas recientes que se ha visto más tratada en términos de seguridad y más militarizada es la del cambio climático, cuestión que cruza la realidad contemporánea y cuyas respuestas se van tiñendo crecientemente de verde camuflaje. Nick Buxton, asesor de comunicaciones y redactor y coordinador de las comunidades de aprendizaje digital del Transnational Institute (TNI)

Nuria del Viso (NdV): Después de The Secure and the Dispossesed, que publicaste en 2016 junto a Ben Hayes (traducido por FUHEM y otras organizaciones bajo el título Cambio climático S.A. en 2017), poco antes de la COP26 has publicado el informe Aproximación a la seguridad climática. Los peligros de la militarización de la crisis del clima (TNI/FUHEM, 2021)¹ ¿Qué pretendes con esta publicación? ¿Qué cambios has observado en esta problemática desde la publicación del libro hace cinco años?

Nick Buxton (NB): En los últimos cinco años, las tendencias que identificamos en el libro en cuanto a promover soluciones militares y de seguridad para la crisis climática tristemente se han afianzado. En 2021, la OTAN hizo de los preparativos militares para el cambio climático una de sus prioridades clave,² el presidente Biden está integrando las perspectivas militares sobre el cambio climático en todas las áreas del Gobierno, y la UE está en camino de una militarización a gran escala, especialmente a raíz de la guerra de Ucrania. A primera vista, el hecho de que los militares se tomen en serio el cambio climático suena como algo positivo, pero cuando se analizan sus estrategias en profundidad queda claro que se trata principalmente de reforzar el poder militar en lugar de detener la desestabilización del clima.

El gasto en el ejército y otras fuerzas coercitivas por parte de los países más ricos ha aumentado drásticamente en la última década, incluso cuando los países más ricos no están cumpliendo con su promesa de financiación para el clima a los países en desarrollo que ayudaría a los países a hacer frente al cambio climático. Un informe reciente del TNI, Muro Climático Global,³ mostraba que los países más ricos gastan más del doble en fronteras y aplicación de la ley de inmigración que en proporcionar financiación para el clima. En algunos casos es peor: Estados Unidos gasta 11 veces más.

Este desvío de recursos hacia la securitización de la crisis climática no contribuye a abordar sus causas profundas ni a evitar que empeoren. Más bien, acaba convirtiendo a sus víctimas en «amenazas» a las que hay que hacer frente militarmente. Es una forma irracional y profundamente inhumana de responder a la crisis climática.

En el lado positivo, en estos cinco años ha ido creciendo la conciencia de los peligros de militarizar la crisis climática. En las conversaciones de la ONU sobre el clima celebradas en Glasgow, la COP26, una importante coalición de organizaciones pacifistas y ecologistas se unió para oponerse a la militarización y exigir la reducción de las emisiones militares. El movimiento mundial para exigir justicia como principal respuesta al cambio climático sigue creciendo en número e impacto.

NdV: El enmarque del cambio climático desde la seguridad militar enfatiza la supuesta inestabilidad que traerá el cambio climático en forma de conflictos y violencia, a pesar de que ese supuesto no se ha demostrado en las investigaciones académicas, y desde círculos militares y gubernamentales se alimenta una narrativa del miedo.

¿Cómo benefician estas narrativas los intereses de los Estados y los ejércitos respecto al cambio climático y el control de las poblaciones?

¿Es este un ejemplo de cómo se introduce el militarismo en nuestros imaginarios?

NB: Creo que la creencia de que el cambio climático conducirá necesariamente a conflictos se ha vuelto hegemónica. Es una narrativa claramente promovida por los planificadores militares y la industria armamentística que, por la naturaleza de su poder político y económico, la han hecho parecer de «sentido común».  La estrategia de la OTAN en 2021, por ejemplo, dice que el cambio climático «exacerbará la fragilidad de los Estados, alimentará los conflictos y provocará desplazamientos, migraciones y movilidad humana, creando condiciones que pueden ser explotadas por actores estatales y no estatales que amenacen o desafíen a la Alianza». Sin embargo, como señalas, cuando se busca qué pruebas hay sobre este punto se encuentra que hay muy pocas. El reciente informe del Grupo de trabajo II del IPCC,⁴ por ejemplo, que representa el mejor consenso actual de la comunidad científica, dice que «en comparación con otros factores socioeconómicos, la influencia del clima en los conflictos se considera relativamente débil (confianza alta)». Esto no quiere decir que el clima no sea un factor, sino que lo que en última instancia importa son las estructuras de la sociedad y el gobierno y cómo responden a los impactos climáticos. Además, el IPCC continúa diciendo que los verdaderos motores de los conflictos son «los patrones de desarrollo socioeconómico que se entrecruzan, el uso insostenible de los océanos y de la tierra, la inequidad, la marginación, los patrones históricos y actuales de desigualdad, como el colonialismo, y la gobernanza (confianza alta)». Por supuesto, estos patrones son inherentes a nuestra injusta economía global actual, en la cual los poderosos tienen poco interés en hacer cambios fundamentales que afecten a sus intereses, por lo que quizás no sea una sorpresa que los gobiernos de los países más ricos prefieran centrar su atención en escenificar respuestas en lugar de abordar las causas subyacentes de la crisis climática.

NdV: La noción de escasez, que se vincula a los efectos de la desestabilización del clima, se presenta también como un hecho dado. Es cierto que existen límites biofísicos, pero el concepto de escasez tiene también mucho de construcción social y se relaciona estrechamente con las carencias de distribución (o la concentración de riqueza). Mientras se insiste en la escasez, en paralelo crece la privatización y la securitización del acceso a bienes naturales básicos, como el agua, los alimentos y la energía, y se despliega una geopolítica de los recursos naturales.

¿En qué medida se pueden establecer nexos entre la insistencia en la escasez y la privatización de bienes naturales básicos?

¿Cómo interactúa el cambio climático y la sed de acaparamiento de recursos?

NB: Los conceptos de escasez y seguridad están estrechamente relacionados. Todas las narrativas de seguridad se basan en las ideas de escasez, incluidas las ideas sobre el conflicto que he mencionado antes. La narrativa es que el cambio climático provocará escasez, lo que a su vez provocará un conflicto que requiere una respuesta de seguridad. Apoya y consolida el papel de la industria militar y de seguridad.

El enfoque en la escasez también tiende a fortalecer una propuesta de ganar-perder, en la que tenemos que competir y luchar por los mismos recursos escasos, en lugar de pensar en cómo garantizar el derecho de todos a las necesidades humanas básicas. Refuerza la posición de las empresas, que argumentan que la solución es aumentar la producción y los beneficios; en el caso de los alimentos, por ejemplo, intensificando la agricultura industrial e invirtiendo en soluciones tecnológicas como la «agricultura climáticamente inteligente». Una vez más, los supuestos eluden cuestiones estructurales más importantes, como quién se enfrenta a la escasez y quién no, qué sistemas exacerban esa escasez y qué alternativas podrían encontrarse. Sabemos, por ejemplo, que en el mundo hay comida de sobra para todos, pero la mala distribución hace que haya obesidad en algunos países y hambruna en otros, o a veces ambos fenómenos en el mismo país. También sabemos que hasta un tercio de los alimentos se desperdicia debido a las prácticas de la agricultura industrializada, los supermercados y las cadenas de suministro globalizadas.

En esta coyuntura, no deberíamos buscar soluciones en una agricultura industrial corporativizada que ha provocado la crisis climática (se calcula que los sistemas alimentarios industriales representan entre el 21% y el 37% de las emisiones) y ha alimentado la enorme desigualdad en el acceso a la tierra y a los alimentos. En su lugar, deberíamos construir soluciones basadas en la reforma agraria, la soberanía alimentaria y la colaboración internacional.

NdV: Pese a las palabras de preocupación de los líderes mundiales, lo cierto es que los hechos muestran una realidad muy diferente de inacción climática o, peor, de acciones que agravan el cambio climático. Como señalas en el informe, se insiste en una receta estándar de más producción, más inversión privada, nuevas soluciones tecnológicas… ante un problema nuevo –el cambio climático– que en gran parte desconocemos cómo va a desplegarse, su velocidad, interacciones, bucles de realimentación…

¿Qué es lo que está fallando para actuar en la magnitud que demanda la situación? ¿Intereses corporativos demasiado poderosos? ¿Gobiernos temerosos de no ser reelegidos si toman medidas “impopulares”?

NB: Se trata de un enorme desafío para las fuerzas progresistas, ya que nos enfrentamos a dos ideas hegemónicas e interrelacionadas: en primer lugar, que el mercado es el mejor sistema para asignar los recursos y, en segundo lugar, que la seguridad es la mejor respuesta a las desigualdades causadas por la consiguiente asignación injusta de recursos. Sin embargo, los llamamientos al cambio sistémico son cada vez más fuertes, tanto por parte de la comunidad científica como de algunos líderes políticos y empresariales. En la COP26, el movimiento por el clima apoyó más sólidamente que antes tanto la justicia como el cambio sistémico, liderado por personas como Greta Thunberg y Vanessa Nakate, cuyas huelgas escolares llaman ahora a «desarraigar el sistema» que crea el cambio climático. Sin embargo, la conciencia y la preocupación pública aún no son suficientes para desafiar el poder económico y político tan arraigado de las corporaciones y los militares. Existe la teoría de un punto de inflexión que sugiere que una vez que las propuestas son apoyadas por alrededor del 25% de la población, pueden provocar cambios generalizados.⁵ Curiosamente, señalan que las campañas que pueden estar cerca de este punto suelen sentir que han fracasado cuando en realidad están en la cúspide de un cambio importante que no pueden predecir, algo que creo que es definitivamente posible hoy en día. Pero también creo que es necesario que los movimientos sociales se centren más en la construcción de mecanismos de poder popular duraderos, ya sea renovando los movimientos sociales tradicionales como los sindicatos, en nuevas alianzas como en las ciudades progresistas, o en nuevos movimientos con objetivos claros y estructuras duraderas para que puedan mantener e impulsar el cambio político.

NdV: Existe un debate en marcha en torno al concepto de seguridad. Mientras unos abogan por ampliar el concepto para que incluya una noción de seguridad humana, otros defienden salir del paradigma de la seguridad e invitan a manejar nuevos conceptos, como el de justicia climática (frente a seguridad climática)

¿Dónde te sitúas en este debate?

NB: Tengo pensamientos mixtos y contradictorios al respecto. Por un lado, respeto y admiro a quienes impulsan la seguridad humana u otros conceptos como la seguridad ecológica,⁶ basados en un conjunto de valores muy diferentes a las doctrinas militares y los marcos de seguridad nacional. Me solidarizo con su argumento de que las fuerzas progresistas no deberían ceder la palabra «seguridad» a los militares y deberían más bien preguntarse qué es lo que realmente proporciona seguridad: ¿la sanidad o las armas, por ejemplo?

Sin embargo, también creo que, dado el poder estructural del aparato militar y de seguridad nacional, dominarán tanto el debate como, sobre todo, el desarrollo de políticas y manipularán más fácilmente el término en su beneficio que aquellos que sugieren diferentes tipos de seguridad. Lo que veo es que el aparato de seguridad nacional utiliza la amplitud y la vaguedad del término «seguridad» en su beneficio para conseguir la aceptación pública de su trabajo de seguridad climática y para evitar el escrutinio de sus propuestas. Después de todo, ¿Quién puede oponerse a la seguridad? Así que, en general, me sitúo en el lado de la oposición al término, ya que se ha cooptado demasiado. Estoy más a favor de que los movimientos sociales utilicen otros términos, como «seguridad» en el sentido de safety o «justicia», siempre centrados en cómo las políticas impactan en los más afectados por el cambio climático.

NdV: La COVID-19 está mostrando el tipo de respuestas nacionalistas y corporativas de los países ricos –junto a un discurso tecnoptismista y belicista frente al virus– desde el inicio de la pandemia, p.ej. al inicio con el acaparamiento de respiradores y actualmente con las vacunas. Este escenario hace augurar lo que podría ser la respuesta tipo a medida que se despliegue el cambio climático.

¿Qué podemos hacer para revertir estas tendencias y encaminarnos hacia respuestas más solidarias y con conciencia, primero, de especie y después ecocéntrica?

NB: La COVID-19 demostró, por un lado, lo esenciales que son las respuestas públicas basadas en la seguridad y la solidaridad comunitarias para hacer frente a una crisis como una pandemia. Sin embargo, por otro lado, abrió la puerta a respuestas nacionalistas, a la especulación empresarial y a una normalización de las medidas de seguridad de emergencia que tendrá repercusiones en los próximos años. Un total de 170 países declararon el estado de emergencia a raíz de la pandemia,⁷ lo que ha facilitado nuevas oleadas de represión policial y un aumento de la vigilancia, sin rendición de cuentas, incluso de los cuerpos y la salud de las personas. No es de extrañar que esto haya afectado sobre todo a las personas marginadas –vendedores ambulantes, refugiados, minorías raciales–, así como a los manifestantes.

Al igual que la COVID-19, el cambio climático es un fenómeno global que no respeta fronteras. No hay soluciones nacionalistas para estas crisis, como estamos descubriendo con el aumento de nuevas variantes en los países con menos población vacunada. Las soluciones justas y duraderas requieren colaboración, priorización del interés público y solidaridad global. La única manera de conseguirlo es mostrar cómo estas políticas benefician a todos, modelar las prácticas de solidaridad en las comunidades en las que vivimos, y empujar a las ciudades, regiones o estados a adoptarlas para construir la justicia climática y sanitaria desde abajo.

NdV: La invasión de Ucrania y las sanciones sobre el gas ruso están mostrando la vulnerabilidad energética de Europa, al tiempo que observamos un rearme de las potencias centrales.

¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias a medio y largo plazo de esta guerra para el binomio energía-clima?

NB: Me temo que va a tener un impacto tan importante a largo plazo como el que tuvo el 11-S. La guerra sugiere que estamos entrando en un nuevo mundo de conflictos interimperialistas cuyos impactos rebotarán globalmente. En cuanto a la energía, ojalá que conduzca a un impulso hacia las energías renovables, pero me temo que en su lugar impulsará una nueva ola de perforación de gas y petróleo para crear la llamada autosuficiencia. Sin embargo, lo que más me preocupa es que vaya a impulsar una nueva oleada de gasto militar, exactamente en el momento en que necesitamos invertir en la construcción de una nueva economía verde, y que nos lleve a una época de belicosidad cuando necesitamos encontrar enfoques de colaboración para responder al cambio climático. Pero, en última instancia, el significado de este momento vendrá determinado por el equilibrio de fuerzas políticas. Si nos movilizamos para demostrar que las economías de los combustibles fósiles han creado las condiciones para el conflicto y que necesitamos forjar una nueva economía de paz centrada en el medio ambiente, entonces podríamos convertir un momento terrible en algo esperanzador.

Nuria del Viso Pabón forma parte del consejo de redacción de esta revista y es miembro del Área Ecosocial de FUHEM.

Acceso al pdf de la entrevista: Entrevista a Nick Buxton.

NOTAS

¹ Nick Buxton, Aproximación a la seguridad climática. Los peligros de la militarización de la crisis del clima, TNI/FUHEM, 2021. Disponible en: https://www.fuhem.es/wp-content/uploads/2021/11/Aproximacion-a-la-seguridad-climatica-TNI-FUHEM-web.pdf

² «NATO Climate Change and Security Action Plan», página web de la OTAN, 14 de junio de 2021. Disponible en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185174.htm?selectedLocale=en

³ Todd Miller, Nick Buxton y Mark Akkerman, Muro contra el clima, TNI, 25 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.tni.org/es/publicacion/muro-contra-el-clima

⁴ Grupo de trabajo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, 28 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

⁵ Damon Centola, Joshua Becker, Devon Brackbill y Andrea Baronchelli, «Experimental evidence for tipping points in social convention», Science, 360 (6393), 8 de junio de 2018, pp. 1116-1119. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29880688/

⁶ Matt McDonald, «Discourses of climate security», Political Geography, vol. 33, marzo de 2013, pp. 42-51. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0962629813000188

⁷ Eda Seyhan, Rym Khadhraoui y Sacha Biton, Covid State Watch, web de Human Rights Defender Hub, s/f. Disponible en: https://www.hrdhub.org/covid-state-watch

«Una seguridad para todos y todas ante el cambio climático debe surgir desde abajo y dirigirse a cambiar el sistema»

Nick Buxton es experto en comunicación y editor de publicaciones para Transnational Institute (TNI), donde coordina anualmente el informe Estado del poder.^[1] Como activista, trabaja cuestiones de cambio climático, militarismo y justicia económica. Anteriormente trabajó durante cuatro años en Bolivia para la Fundación Solón como periodista y editor web. Es coautor y coeditor de Cambio climático S.A., editado por FUHEM Ecosocial en 2017 y entre sus anteriores publicaciones figura «Politics of debt», que apareció en el libro Dignity and Defiance: Bolivia’s challenge to globalisation (University of California Press/Merlin Press UK, January 2009).

 Nuria del Viso y Carlos Saavedra (NV-CS): ¿Cuál fue el objetivo de Ben Hayes y tuyo al impulsar y editar el libro Cambio climático S.A.?

Nick Buxton (NB): Nuestro objetivo principal fue examinar las implicaciones que tiene tratar el cambio climático como una cuestión de seguridad, como se está haciendo. La idea surgió al observar que dos de los principales poderes del mundo, los ejércitos y las transnacionales, estaban desplegando esta perspectiva y paradigma de la seguridad con el fin de prepararse para hacer frente a los impactos de cambio climático desde un enfoque excluyente, y quisimos entender sus objetivos y las consecuencias que podrían generar.

NV-CS: ¿Qué están haciendo quienes controlan el poder para atajar las consecuencias del cambio climático?

NB: Los decisores políticos no son de los que niegan la ciencia; saben que el cambio climático va a tener impactos muy graves. Mi amigo Ben Hayes —coautor del libro—, que está muy involucrado en las políticas y entidades de seguridad, me comentó que ellos ya están diseñando sus planes. Descubrimos que hay dos grupos ‒militares y corporaciones‒ que están planificando a largo plazo para afrontar los impactos del calentamiento global, y decidimos analizarlo en profundidad. Reunimos a un colectivo de personas expertas en diferentes áreas como alimentación, agua, energía o migraciones para examinar estos planes y las alternativas que podemos plantear.

NV-CS: ¿En qué consisten esos planes?

NB: En 2003 el Pentágono comenzó a vincular cambio climático y seguridad nacional, y poco a poco integró esta visión en las políticas y estrategias del poder militar en EEUU. La Unión Europea desarrolló su propia estrategia de seguridad, que recogió en un informe^[2] en 2008, que seguía la línea iniciada por EEUU; definía el cambio climático como un multiplicador de amenazas y presentaba la desestabilización del clima como un factor que agravaría todas las amenazas de seguridad, incluyendo el terrorismo, los conflictos por recursos y las migraciones, entre otras cuestiones.

Si examinamos los planes de los ejércitos o de las transnacionales vemos que no incluyen nada sobre cómo ayudar a los más vulnerables ante los cambios del clima. Es más, el enfoque consiste en cómo protegerse de los vulnerables, porque son los que menos tienen quienes se convierten en una amenaza, lo que es triplemente inmoral y no lo podemos aceptar.

NV-CS: ¿Y esta tendencia ha calado también en el ámbito de las cumbres internacionales?

NB: El mundo falló a la hora de responder a la crisis climática como la ciencia exige, algo que quedó claro en 2009 en la Cumbre en Copenhague y aún continúa ahora con el Acuerdo de París. Todo quedó claro poco antes de la Cumbre de Copenhague de Naciones Unidas de 2009. Había muchas expectativas de que esta cumbre pudiera realizar propuestas para abordar el cambio climático. Yo estaba trabajando con el equipo de comunicación del Gobierno de Bolivia y podía ver que detrás del escenario los más poderosos no querían hacer nada y estaban evitando cualquier compromiso. Podían firmar algo que no tenía ningún valor, pero no deseaban alcanzar compromisos reales. Mientras, las políticas de seguridad se fueron perfilando para definir el problema climático en clave securitaria.^[3]

NV-CS: ¿Qué implicaciones tiene para la ciudadanía la aplicación de este enfoque securitario y el hecho de que el fenómeno se conciba como un “multiplicador de amenazas”?

NB: La palabra seguridad es muy peligrosa. Al escucharla de un decisor político es necesario preguntarse: ¿la seguridad de quién?, ¿contra quién? y ¿a qué coste?. Se asegura lo que hay, es decir, lo que tenemos ahora, que es un sistema muy injusto donde el poder económico, pero también político, está concentrado en muy pocas manos. De modo que asegurar lo que tenemos es asegurar un mundo con graves injusticias que además están en la raíz de la crisis climática. Porque es obvio que el cambio climático va a tener consecuencias, ya lo estamos viendo en forma de tormentas cada vez más fuertes, en sequías e inundaciones más severas por todo el mundo, en la desaparición de islas, etcétera, y sabemos que estas situaciones van a empeorar si seguimos aplicando medidas insuficientes para atajar las causas sistémicas del cambio climático.

NV-CS: La desestabilización del clima se plantea como el principal conflicto socioecológico de nuestro tiempo y presenta elevadas dosis de injusticia ambiental. ¿Quiénes son los ganadores y los perdedores de este proceso? ¿Quién gana y quien pierde con el cambio climático?

NB: Primero, quisiera dar unos datos: 90 corporaciones han causado el 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en el calentamiento global, pero hay unos que tienen más responsabilidad que otros. Si no se han producido cambios importantes es porque esos sectores figuran entre los más poderos del mundo y son los que controlan la política. Actualmente, en Estados Unidos los que defienden el uso de combustibles fósiles han entrado en el gabinete de gobierno.

El Pentágono es la organización que más petróleo utiliza en todo el mundo. Estados Unidos gasta en armamento lo mismo que los siguientes 10 países juntos, y lo gasta principalmente en sus bases militares.

En el fondo, el cambio climático no es una cuestión de medioambiente, sino una cuestión de nuestro sistema socioeconómico, que se enfrenta a una crisis; es un sistema que ha creado una inmensa desigualdad, alienación y aislamiento de muchas personas por la destrucción de los lazos sociales y comunitarios, lo cual profundiza la crisis ambiental. En este sentido, los perdedores son los que están excluidos o desposeídos, y con los impactos de cambio climático serán más vulnerables todavía.

Un caso patente son aquellos que se desplazan debido al cambio climático. El cambio de los patrones de lluvia, las tormentas y otros fenómenos extremos vinculados al cambio climático están forzando a la gente a abandonar sus hábitats.  Los planes de preparación de los ejércitos para hacer frente a los impactos del cambio climático se centran mucho en el peligro de las migraciones. La implicación de las estrategias militares es que tenemos que defendernos de estos migrantes. Todo ello da mucho impulso a los políticos que ahora hablan de la necesidad de invertir en muros, tecnologías de control y expulsión de inmigrantes.

Si queremos realmente una seguridad para todos y todas tenemos que cambiar el sistema y pensar en soluciones que surjan desde abajo, y no desde arriba, que es donde están los principales responsables de la generación de la crisis climática.

NV-CS: ¿Y cuál es el papel de las corporaciones transnacionales? ¿En qué momento llegaron a adquirir tanto poder?

NB: Las empresas transnacionales han asumido cada vez más poder en las últimas décadas en que ha triunfado la ideología neoliberal. Han adquirido poder económico ‒ahora empresas como Shell son más grandes que la mayoría de las economías de los países‒; poder jurídico, a través de los tratados de libre comercio, que sitúa su derecho a las ganancias por encima de los derechos humanos; poder político, por su injerencia en las políticas del Estado; y tienen gran capacidad de influencia en la educación y en la sociedad. Han creado un “sentido común” que nos hace creer que lo que beneficia a las empresas beneficia a toda la ciudadanía. Disponen de un poder desproporcionado sobre el futuro, exactamente en el momento en que la humanidad enfrenta la crisis más grave en su historia como es la crisis climática.

Las transnacionales tratan el tema del cambio climático mayoritariamente como un riesgo –un riesgo de su reputación si se percibe que no lo abordan, un riesgo a sus operaciones (por ejemplo las inundaciones que pueden cerrar sus fábricas o canales de comercialización), y un riesgo a sus ganancias en el futuro (por ejemplo, a través de legislación que restrinja sus actividades). También como manera de diversificar sus posibles beneficios. Hay muchos fondos de inversión que están invirtiendo más en recursos hídricos sabiendo que si hay más escasez en el futuro, entonces habrá también más ganancias.

NV-CS: Agricultura, agua, energía… son bienes básicos para la vida cuyo acceso podría considerarse parte del bien común. ¿Cómo está afectando a estos bienes el proceso de mercantilización que se está produciendo en torno al cambio climático? ¿Algún ejemplo?

NB: En la área de agricultura, vemos que la agroindustria –que han crecido increíblemente en poder hasta el punto en que ahora cuatro empresas controlan la mayoría de las semillas– afirman que solamente ellos pueden garantizar la alimentación del mundo en el futuro. Están entrando en países empobrecidos como Etiopia o Myanmar, desalojando a campesinos y expandiendo plantaciones de lo que llaman “Agricultura Climáticamente Inteligente” (Climate Smart Agriculture) con la ayuda de la cooperación internacional. Sin embargo, no todo lo que cae bajo esa etiqueta es necesariamente malo –es importante investigar cómo podemos mejorar nuestra adaptación al cambio climático–, pero controlada por las grandes empresas como está, cuyo objetivo principal es vender alimentos y maximizar sus ganancias, no proveer alimentos a los que no tienen, resulta preocupante. Ya hay suficiente comida en el mundo; el problema es el control de las agroindustrias que distribuyen la comida, que determinan la producción según las exigencias de sus accionistas, y no de los malnutridos. El cambio climático va a empeorar la vulnerabilidad de los más pobres; por ello, necesitamos urgentemente un nuevo modelo alimentario que no esté en manos de un puñado de transnacionales.

NV- CS: ¿Cambia de alguna manera el enfoque centrado en la seguridad ahora que el Gobierno de EEUU está en manos de un negacionista del cambio climático como Donald Trump y su círculo próximo?

NB: Donald Trump es el resultado de esta tendencia dirigida a evitar cambios que son necesarios para nuestro sistema económico si queremos frenar el cambio climático, y lo hacen manejando la retórica de la seguridad. Han manipulado una política del miedo para pintar la situación como una emergencia de seguridad que tenemos que controlar. Echan la culpa de estos procesos a las víctimas (inmigrantes, musulmanes, comunidades afroamericanas), en lugar de culpar a los que han causado la crisis económica y social en los EEUU. Se puede observar fácilmente que detrás del espectáculo Trump hay dos poderes muy claros en su gobierno: los ejércitos y las transnacionales. El Gabinete de Trump es el gobierno con más ejecutivos de transnacionales y más generales de la historia. Están haciendo todo lo que pueden por aumentar los ingresos del complejo industrial-militar, bajar los impuestos a las transnacionales y eliminar muchas regulaciones que protegen el interés público. Y mientras ellos abandonan del Acuerdo de París y socavan cualquier intento de reducir las emisiones, siguen planificando y preparándose para hacer frente a los impactos de cambio climático desde un enfoque excluyente, siguen invirtiendo en protección de las bases militares (contra el aumento del nivel del mar) y preparando sus operaciones en tiempos de cambio climático. Continúan poniendo en primer lugar las prácticas de imponer seguridad, en lugar de dar prioridad a tratar las causas de cambio climático.

NV-CS: Adaptación, mitigación, resiliencia… son conceptos de moda que se han asentado en el debate sobre el cambio climático y sus impactos. ¿En qué medida el enfoque de las elites sobre la crisis climática puede contaminar (o está contaminando) el discurso crítico?

NB: La misma pregunta es relevante cuando hablamos de seguridad climática: ¿de quién? La adaptación, ¿de quién?, la mitigación, ¿para quién?, resiliencia, ¿de quién? El problema con todos estos términos es que suenan muy positivos. ¿Quién puede estar en contra de la seguridad o de la adaptación? Pero cuando enfrentamos una crisis sistémica, la seguridad o la adaptación o la resiliencia protegen en muchos casos a quienes ya tienen protección y, de hecho, muchas veces se produce a costa de la inseguridad y la desposesión de los vulnerables.

NV-CS: Frente a un panorama ciertamente grave, el libro se aleja de reforzar visiones distópicas como inevitables y recoge experiencias esperanzadoras. ¿Cómo podemos desde la ciudadanía y la sociedad civil organizada actuar para evitar que se sigan aplicando los planes de los poderosos, preocupados solo por ellos mismos? ¿Qué experiencias inspiradoras se están desarrollando?

NB: Tenemos que buscar alternativas fuera de este paradigma de seguridad. Si queremos sociedad resilientes y fuertes podemos tomar como ejemplo a muchas comunidades que están llevando a cabo una multiplicidad de proyectos.

En los capítulos del libro que examinaron los temas de alimentación, agua y energía, vemos que a pesar de la crisis, hay movimientos muy fuertes y comunidades por todo el mundo avanzando alternativas para manejar estos recursos en tiempos de cambio climático a través de metodologías participativas, democráticas y que respetan los limites ecológicos. Estas soluciones, en muchos casos, no solamente son más resilientes al cambio climático, sino que también limitan el impacto del cambio climático. En agricultura sabemos que los sistemas agroecológicos, practicados por muchas comunidades en todo el mundo e impulsados por movimientos como La Vía Campesina, son más resilientes a las tormentas o las sequías que los monocultivos de la agricultura industrial. Por ejemplo, en Honduras, después del huracán Mitch los campesinos que empleaban métodos agroecológicos se recuperaron mucho antes de los efectos que las plantaciones de monocultivos. También sabemos que estas prácticas producen menos emisiones de gases de efecto invernadero y en algunos casos también absorben dióxido de carbono de la atmósfera. Y sabemos que una sociedad más igualitaria, más sana y más ecológica es mucho más fuerte. De modo que necesitamos fortalecer esas relaciones dentro de las comunidades para afrontar los tiempos difíciles que nos está planteando ya el cambio climático.

NV- CS: Se hacen muchas proyecciones de los efectos y posible evolución del cambio climático, pero la raíz de los problemas que podrían acentuarse con la desestabilización climática lo tenemos ya aquí ante nuestros ojos: profundas desigualdades, exclusión, racismo, precariedad, grave crisis climática y ambiental… De seguir profundizándose estos procesos, ¿cuál sería el escenario dentro de 50 años?

NB: Creo que cada vez hay más conciencia que de seguir adelante sin cambios profundos nos llevará a un mundo en cual no queramos vivir, protegidos o no. Y de verdad no creo que llegaremos a esta situación porque existe cada vez un convencimiento mayor de que la única solución real al cambio climático y a las crisis económicas y sociales es un cambio en el sistema neoliberal, que no puede sobrevivir porque no ofrece soluciones a estas crisis. En este momento, que parece muy oscuro, estamos viviendo la turbulencia de un sistema que, en palabras de Gramsci, está a punto de morir y donde el nuevo mundo todavía no ha nacido. Pero poco a poco están apareciendo las soluciones y los movimientos, y formando el mundo que queremos. No vamos a llegar a una utopía, los procesos de cambio son siempre complejos y contradictorios, con victorias y retrocesos, pero hay buenas razones para la esperanza y, sobre todo, para luchar.

^[1] La versión en castellano del Estado del poder es editada y publicada conjuntamente por TNI y FUHEM Ecosocial. La edición de 2018 está dedicada al Contrapoder.

^[2] Alto Representante de Política Exterior de la UE, El cambio climático y la seguridad internacional, Comisión de Relaciones Exteriores de la UE, S113/08, 14 de marzo de 2008.

^[3] El concepto de securitización alude al tratamiento de un problema que es básicamente político a través de herramientas militares y de seguridad.

Nuria del Viso es miembro de FUHEM Ecosocial.

Carlos Saavedra pertenece al departamento de Comunicación de FUHEM.

Acceso a la entrevista en formato pdf: Entrevista a Nick Buxton

Construida sobre la base energética de los recursos fósiles, la intensificación y expansión del industrialismo a lo largo de los dos últimos siglos ha mostrado la existencia de límites en la disponibilidad de los recursos (debido al agotamiento de unos stocks que se extraen de la corteza terrestre a un ritmo que no se corresponde con los largos periodos geológicos que los forman) y la presencia, aún más apremiante, de límites en la capacidad de asimilación de los residuos.

La contaminación del aire, de las aguas y de la tierra con todo tipo de residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) no solo ha hecho del planeta un inmenso vertedero, sino que además ha conseguido alterar el clima en la troposfera y modificar la estructura de la atmósfera.

Ambas circunstancias ofrecen suficientes evidencias para concluir que el modelo energético imperante resulta inviable si queremos preservar las condiciones naturales que facilitan una vida civilizada en el planeta. La contradicción derivada de un modo civilizatorio que no civiliza nos exige renunciar a un modelo de acumulación basado en requerimientos crecientes de materiales y energía y a perfilar horizontes con nuevos fines (sociales, económicos y políticos) y medios que hagan un uso menos intensivo de los recursos.

Este debería ser el insoslayable punto de arranque de cualquier discusión sobre el sistema energético. De ser así, no podrá obviarse que la rápida transición hacia una nueva base energética requiere algo más que una aceleración del desarrollo tecnológico y la sustitución de unas fuentes energéticas insostenibles por otras renovables. La cuestión tiene mayor enjundia, y la interiorización de la existencia de los límites naturales (cuando se cumple el quincuagésimo aniversario de la publicación del informe al Club de Roma de los esposos Meadows) debería situar, como ejes centrales en una estrategia de transición, dos cuestiones: la primera, que la senda por la que transitaremos será descendente en términos energéticos dada la existencia de límites (materiales, territoriales, de eficiencia tecnológica, etc.); y la segunda, que el camino hacia la descarbonización de la economía para sortear las peores consecuencias del cambio climático va a estar condicionado por lo anterior.

Otros planos del debate

Aunque nuestras sociedades fueran más conscientes de lo que muestran en relación con la existencia de los límites naturales, el problema de la transición energética no se resuelve sin la introducción de otros planos en el debate. El primero tiene que ver con el propósito de descarbonizar electrificando todos los procesos que hasta ahora se encuentran alimentados con recursos fósiles y que en adelante obtendrían los suministros de un sistema eléctrico basado en flujos renovables. Esta vía de «descarbonizar electrificando» sin cambios profundos en el modo de vida hegemónico, además de los consabidos límites ya aludidos, no está exenta de su propia problemática, particularmente derivada de la singularidad que presenta la electricidad como producto. Otro plano ineludible que añade complejidad a la transición es la presencia en el sector energético de instituciones, actores y relaciones de poder que, de no tomarse en consideración, marcarán las posibilidades de que aquella pueda llegar a ser justa además de sostenible.

En resumen, que la crisis energética difícilmente se abordará con seriedad si no nos pone frente al espejo de la situación de extralimitación en la que nos encontramos y no se encaran las dificultades específicas que presenta un sistema energético que, además de gobernado por estructuras oligopólicas que condicionan el funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios, rezuma fuertes tensiones geopolíticas.

La electrificación del sistema energético

Si la transición energética es la clave de bóveda de la transición ecosocial, la eléctrica se presenta a su vez como la condición necesaria de la primera. Sin embargo, la electrificación del sistema energético es un desafío realmente complicado. Para empezar, hay que recordar el estadio en que estamos, donde la electricidad apenas representa el 20% del consumo energético final sin ser, ni mucho menos, toda de origen renovable. A esa dificultad de partida se suman otras consideraciones en absoluto menores.

En primer lugar, aunque la electricidad se encuentra presente en la naturaleza, los seres humanos no somos capaces de aprovechar directamente ese potencial, por lo que precisamos de tecnologías e infraestructuras -que han de ser fabricadas e instaladas a partir del empleo de un ingente caudal de recursos materiales y energéticos- para ser capaces de transformar los flujos renovables en energía eléctrica y, como señalan en su artículo Carpintero y Nieto,1 esta circunstancia nos sitúa ante la denominada trampa de la energía, es decir, ante el hecho de que el despliegue de esas infraestructuras de captación de las fuentes renovables pueda significar, si no propiciamos cambios radicales en el resto de usos en que se emplean esos recursos requeridos, un agravamiento de los problemas relacionados con los límites de disponibilidad de recursos y desbordamiento de sumideros a los ya hemos hecho referencia.

En segundo lugar, no todas las actividades se pueden electrificar con las tecnologías actualmente disponibles (basta con pensar en el transporte nacional e internacional de mercancías o en la industria química), y cuando empiecen a estar a nuestra disposición las alternativas, la matriz de renovables no parece que pueda garantizar la afluencia energética con la que cubrir los desmesurados niveles de consumo a los que nos hemos acostumbrado en la era de la energía fósil.

La transformación hacia un modelo 100% renovable sin considerar, de nuevo, cambios profundos en las estructuras y dinámicas sociales, es una ilusión que queda -en los plazos de urgencia en los que nos movemos- sencillamente fuera de nuestro alcance.

Finalmente, la electrificación del sistema energético se encuentra con problemas asociados a las peculiaridades de la electricidad, en concreto, las dificultades para su almacenamiento a gran escala y para conjugar la oferta con la demanda derivada de la intermitencia en la generación a partir de fuentes renovables como el sol y el viento. A pesar de las esperanzas depositadas en el hidrógeno como vector energético que facilite una alternativa viable de almacenamiento cuando la generación eléctrica de origen renovable exceda a la demanda, los avances en los esfuerzos encaminados en esta dirección no han proporcionado hasta el momento más que avances muy modestos sin lograr siquiera las condiciones económicas y ecológicas que pudieran hacerlo viable en un corto plazo.2  Tampoco los resultados obtenidos de la conversión mecánica en las centrales hidráulicas por bombeo o en acumuladores de conversión química o electromagnética parece que sean suficientemente significativos como para pensar que el problema está resuelto.

Por otro lado, la conjugación permanente de la oferta con la demanda requiere dotar al sistema eléctrico de los atributos de estabilidad y flexibilidad, algo difícil de lograr dado el carácter discontinuo de las fuentes renovables. Obviamente se trata de un asunto estrechamente relacionado con las posibilidades de almacenamiento a gran escala, aunque no únicamente. Requiere también resolver de forma adecuada la integración de las diferentes secuencias que conforman el sistema eléctrico, desde la generación hasta la utilización final de la electricidad pasando por el transporte a través de redes de alta tensión y la distribución comercial. Para ello se confía en una digitalización a gran escala que haga posible lo que se denomina “energía conectada”. Así pues, la electrificación del sistema energético queda íntimamente ligada a la intensificación de la digitalización de la sociedad, con todas las potencialidades, pero también con todos los problemas y riesgos que comporta. No es el momento (y tampoco hay espacio) para desarrollar este aspecto, pero sí convendría observar cómo se viene construyendo un discurso tecnologicista en el que se habla alegremente de “prosumidores” (actores que desempeñan simultáneamente el papel de productores y consumidores), de redes concebidas como plataformas digitales de servicios, de descentralización gobernada por organizaciones vecinales y comunitarias, etc., sin alusión alguna a cómo se organiza y funciona realmente el sector: con estructuras oligopólicas y una invariable connivencia de los diferentes gobiernos con las grandes empresas para su mayor beneficio y menor atención a los intereses generales de la población.

Las estructuras e instituciones de poder

La integración de las fuentes renovables en un sistema descentralizado y digitalizado basado en redes dinámicas bidireccionales en las que millones de usuarios pudieran gestionar su consumo eléctrico y verter los excedentes a la red es un proyecto que tropieza con las estructuras e instituciones de poder tanto nacionales como internacionales.

La necesidad de cambiar el marco institucional en el que operan los actores implicados en la producción, el comercio y el consumo de la energía emerge como la conditio sine qua non para poder definir democráticamente el rumbo de la transición energética. Se trata de una cuestión crucial de un debate eminentemente político que no puede ser hurtado a la ciudadanía, pero que requiere, para mayor complicación, de un conocimiento riguroso del funcionamiento, las prioridades y los actores decisivos que condicionan la marcha de un sistema energético.3

Por si esto fuera poco, cabe añadir la dimensión internacional en que se desarrolla el sistema energético actual, marcado a su vez por profundas asimetrías y desigualdades. El orden fosilista ha estado acompañado permanentemente de una geopolítica que ha hecho y desecho alianzas internacionales y esferas de influencia, en la mayoría de los casos con consecuencias bélicas para los países que han osado desafiar el orden establecido con el propósito de mejorar su participación en el pastel o garantizar, al menos, su cuota de mercado. Pocos ámbitos han estado tan marcados en la historia reciente por las estrategias de seguridad nacional de las grandes potencias y demasiados han sido los pueblos que les ha tocado sufrir las calamidades que esas estrategias han ocasionado. No es una historia exclusiva del sector energético, aunque tal vez sí uno de los ejemplos más significativos.

Un solo dato puede ser indicativo de la magnitud que va a adquirir esta dimensión geopolítica. En el año 1990, el mundo obtenía el 87% de su energía primaria de fuentes fósiles; en el 2020, representa el 83%, con una reducción de apenas cuatro puntos porcentuales en tres décadas. ¿Cómo será posible moverse desde el 83% al cero en los próximos 30 años, periodo que se contempla para culminar el proceso de descarbonización, sin una recomposición radical de las fuerzas y actores en juego?

Pensar imaginativamente otros fines y medios

Para que no desemboque la tan anhelada transformación de la matriz energética en una tragedia ecosocial sin precedentes o en el apartheid de gran parte de la humanidad, no queda otra que perfilar horizontes nuevos con otros fines y medios. No existe como tal una transición energética en marcha, sino un espacio de disputa que podrá salvarnos de –o encaminarnos sin remedio hacia– los peores escenarios de la crisis ecosocial.

Mientras se disputa y se hacen valer las capacidades políticas y técnicas para resolver los problemas y dificultades concretas en los planos antes mencionados, resulta igualmente necesario y urgente subvertir los objetivos, prioridades y valores que nos han conducido a esta crisis energética que desvela un rango civilizatorio a poco que se escarbe. El capitalismo ha construido un entorno social y cultural que favorece el consumo desenfrenado, creando unos consumidores agitados por el ansia de alcanzar todos sus deseos. Y no lo hace de forma homogénea y continua, sino generando abismales desigualdades y provocando crisis continuas en medio de un despilfarro generalizado. Se antoja imposible construir una sociedad autocontenida y guiada por principios igualitarios en escenarios de escasez sin un cuestionamiento y una radical redefinición de las nociones de bienestar y calidad de vida en las sociedades contemporáneas. La lucha contra la desigualdad y el despilfarro consustanciales a la dinámica capitalista ofrecen cierto margen que, aunque se vaya estrechando, permite aún imaginar sociedades civilizadas con propósitos que no se reduzcan a los de la mera supervivencia.

Santiago Álvarez Cantalapiedra

NOTAS

1.  Óscar Carpintero y Jaime Nieto, «Transición energética y escenarios post-crecimiento», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 156, invierno 2021, FUHEM Ecosocial, Madrid, pp 93-106.

2.  Véase en esta misma revista Antonio Serrano, «hidrógeno verde y transición energética», Papeles de rela- ciones ecosociales y cambio global, núm. 1153, primavera 2021, FUHEM Ecosocial, Madrid, pp. 83-92.

3.  De la complejidad y cuestiones más relevantes del sistema eléctrico español, dominado por un oligopolio formado por un número muy reducido de compañías que poseen casi toda la capacidad instalada y el control de la mayoría de las redes de distribución y comercialización, ejerciendo una influencia decisiva sobre el marco institucional y enormes posibilidades de captura del regulador, da buena cuenta Enrique Palazuelos en un libro imprescindible para quien desee aventurarse, con conocimiento de causa, en la discusión sobre la viabilidad, características y consecuencias de la transición energética: El oligopolio que domina el sistema eléctrico. Consecuencias para la transición energética, Akal, Madrid, 2019.

Acceso al pdf completo y gratuito del artículo: «Los planos del debate de la crisis energética»

En diciembre de 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional del Migrante (A/RES/55/93) que se celebra cada año el 18 de diciembre. El tema para 2021: Aprovechar el potencial de la movilidad humana

La Organización Internacional para las migraciones (OIM) fue creada hace 70 años, con el propósito de trasladar a los europeos desplazados por la segunda Guerra Mundial, y desde entonces ha prestado asistencia a millones de inmigrantes en el mundo, y actualmente sigue encabezando las labores orientadas a promover una gestión humana y ordenada de la migración para beneficio de todos, incluidas las comunidades de origen, tránsito y destino.

Según la OIM existen diversos factores que inciden en los movimientos de población. Dichos movimientos, que pueden ser voluntarios o forzosos, son el resultado de desastres, crisis económicas y situaciones de pobreza extrema o conflicto, cuya magnitud y frecuencia no dejan de aumentar. En 2020, había unos 281 millones migrantes internacionales, lo que corresponde al 3,6% de la población mundial.

Todos estos factores tendrán repercusiones de calado en las características y el alcance de la migración en el futuro, y determinarán las estrategias y políticas que los países deberán implementar para aprovechar el potencial de la migración, sin dejar de lado la protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes.

Desde el Centro de Documentación Virtual de FUHEM Ecosocial ofrecemos una selección de recursos publicados en nuestra revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que abordan el tema de las migraciones desde diferentes perspectivas: los derechos humanos de las personas migrantes, los procesos de militarización y securitización de las fronteras, las políticas europeas, las migraciones ambientales y los desplazamientos forzados.

Repatriaciones de menores sin garantía en Ceuta, Luis Carlos Nieto

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 155, otoño 2021, pp. 80-83.

Análisis crítico de las repatriaciones de menores extranjeros de la ciudad de Ceuta realizadas por el Ministerio del Interior en agosto de 2021, caracterizadas por la vulneración de diversos instrumentos legales nacionales e internacionales sancionados por España.

Alternativas a la funesta manía de erigir muros, Juan Carlos Velasco Arroyo

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 153, primavera 2021, pp. 101-112.

Las migraciones se han convertido no solo en un factor estructural de primer orden en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente, sino en un complejo y permanente reto que requiere res­puestas políticas que las sociedades contemporáneas no siempre están en condiciones de proporcionar.

Refugiados en la Unión Europea: desde el alarmismo de emergencia a la gestión común, Daniele Archibugui, Marco Cellini y Mattia Vitiello

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 149, primavera 2020, pp. 77-96.

Los flujos de refugiados han encendido el debate político europeo. El artículo analiza cómo el número de solicitantes de asilo no justifica hablar de una “crisis de refugiados”, y sostiene que las instituciones y los procedimientos de la Unión Europea son insuficientes para gestionar con éxito el ingreso de refugiados y las solicitudes de asilo. El texto proporciona claves radicales para una política y una gestión de refugiados y solicitantes de asilo centrada en la UE.

Construir la «Europa fortaleza»: militarizar las fronteras, securitizar la migración, Ainhoa Ruiz Benedicto

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 145, primavera 2019, pp. 85-94.

La caída del muro de Berlín en 1989 prometió la entrada en un mundo globalizado que fuese acompañado de una apertura de fronteras. Esta narrativa liberal poco ha tenido que ver con la realidad del escenario que se ha desarrollado en la Unión Europea respecto a las políticas fronterizas.

Las políticas europeas de migración. Un enfoque desde Marruecos, Lucile Daumas

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 145, primavera 2019, pp. 95-105.

Las políticas europeas de cierre de fronteras confinan en sus territorios a los ciudadanos marroquíes y africanos. Marruecos y África se están convirtiendo en ollas exprés, entre dictaduras, conflictos, represión, miseria y falta de perspectivas.

Entrevista a Michael T.Klare, José Bellver y Nuria del Viso

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 143, otoño 2018, pp. 155-161.

La combinación de sequía extrema, escasez de agua, inseguridad alimentaria y desempleo rural agravarán las tensiones étnicas y estimularán las migraciones masivas.

Migraciones Forzadas

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, núm. 132, invierno 2015-2016.

Desplazamientos forzados: causas, responsabilidades y
respuesta, Santiago Álvarez Cantalapiedra, pp. 5-10.

ESPECIAL

Proliferación de fronteras y «derecho de fuga», Sandro Mezzadra, pp.13-26

Refugiados: preguntas y respuestas ante una crisis que no es
coyuntural, Javier de Lucas, pp. 27-20.

La migración ambiental: entre el abandono, el refugio y la protección internacional, Susana Borrás, pp. 31-49.

Distinción, discreción, discriminación: las nuevas y, es de esperar, últimas fronteras para las solicitudes de asilo relacionadas con el género, Alice Edwards, pp. 51-64.

De cómo una revolución fue ahogada en el Mediterráneo, Naomí Ramírez Díaz, pp. 65-76.

Desde Aylan hasta París: recorrido por un drama humanitario sin precedentes , Estrella Galán, pp. 77-86.

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