“¿Estado o generador?”. Una pregunta que me acompaña desde hace treinta y un años como ciudadano libanés con (cero) derechos y (muchas) obligaciones. Espero con impaciencia la luz de la calle, porque es la señal más segura de que la energía de la empresa  pública  de electricidad ha vuelto. Ahora una lamparita le ha arrebatado la gloria, señal de que la electricidad del generador está encendida. Estoy tan apegado a esa lamparita como  a la pequeña esperanza de que mañana habrá más electricidad pública  que el día anterior.

Las reflexiones  de Sami1 acerca de su lucha silenciosa con las fuentes híbridas de electricidad que afligen su vida cotidiana expresan  las dificultades que experimentan a diario muchas personas  en el Líbano.

Desde los años de la guerra  civil (1975-1991), los habitantes del país  han  tenido que  cogestionar el suministro de  electricidad en sus hogares  y empresas debido  a los cortes  de energía  diarios  y al suministro poco fiable de la empresa estatal Électricité  du Liban (EDL). Dado  que  casi el 90 % de la población libanesa  reside  en zonas urbanas y a falta de un  sistema  público eficaz, la gente  se las arregla como puede  (individual y colectivamente) y, en sus edificios o bloques  de apartamentos, procura lidiar con los cortes de energía.

Esta cogestión  de los servicios públicos  básicos pesa mucho sobre la mayoría de la población y está en gran medida individualizada. Ha llevado a más personas  a depender de las redes informales.

Mientras que  algunos  edificios  tienen un  generador en  copropiedad  gestionado por  sus residentes, muchos hogares  contratan a empresas privadas  que operan grandes  generadores diésel en los vecindarios. Estos servicios, de los que  dependen Sami  y la mayoría de los habitantes del país también están  estrechamente vinculados a redes políticas  en una  intrincada red de clientelismo: el resultado es una  sociedad  abastecida por  una  energía  cara, contaminante y poco fiable.

El Líbano  sufre una  crisis financiera sin precedentes desde 2019 y, junto con la erosión  casi total  de los servicios básicos, incluida la electricidad (Human Rights Watch, 12 de diciembre de 2022), la vida cotidiana se parece a una carrera  de obstáculos: una lucha constante para adaptarse a los desafíos cambiantes y cada vez más arduos.  En 2021, el país se sumió  en la oscuridad cuando el Gobierno no pudo financiar las importaciones de combustible necesarias  para  mantener las luces encendidas.

La crisis energética se agravó  hasta  el punto en que los hogares solo recibían una  hora  −si acaso− de electricidad suministrada por EDL. La dependencia de los generadores se agudizó,  lo que aumentó la dependencia de los combustibles e incrementó los costos para los hogares.  Pero  la reciente crisis de electricidad no es un  acontecimiento aislado:  el país siempre ha experimentado lo que  podría denominarse una crisis prolongada de dotación de infraestructuras, que  afecta  principalmente al  suministro eléctrico  (Abi  Ghanem, 2018).

La experiencia de Sami y muchos más se convirtió en un aspecto normal de la vida en el país, donde  una infraestructura heterogénea de electricidad procedente de EDL, generadores privados y una gran cantidad de tecnologías eléctricas alimentan los hogares  y facilitan la vida cotidiana.

Esta situación es producto de  la corrupción estatal.  Desde  los años noventa, el país ha estado  dirigido  por un régimen político-financiero que fomenta la búsqueda de rentas  (Al-Masri, Abla y Hassan, 2020) y sigue apropiándose de las instituciones estatales  para conseguir beneficios financieros y políticos  (Leenders, 2012).

El sector  eléctrico,  en  particular, además  de ser disfuncional e ineficaz, ha alimentado durante décadas las redes clientelistas (Laughlin, Wood y Ray, 2022) y es un lastre para el presupuesto estatal, lo que contribuye considerablemente a la creciente deuda  nacional y al consiguiente colapso financiero (Ahmad et al., 2022). En las altas esferas del poder,  la falta de una  respuesta adecuada para planificar la recuperación de la crisis más reciente y la ausencia  de cambios en el sistema político  o en el reparto del poder  −que desde el final de la guerra  civil se ha fijado según criterios  sectarios− han erosionado el sentimiento de unidad y pertenencia de la ciudadanía.

Sin embargo, la situación crítica  de muchos hogares  nos  obliga a profundizar en  la compleja red  de servicios básicos formales e informales de los que  depende la ciudadanía y estudiar cómo  se organizan colectivamente a nivel  de los edificios. Sabemos  que los edificios o bloques  de apartamentos son gestionados principalmente por comités encargados del mantenimiento de las zonas comunes y los servicios compartidos.

En el Líbano,  debido  a la prolongada escasez de energía,  estos comités  también gestionan la prestación de  servicios, como  es el caso de los generadores diésel compartidos. ¿Pueden estos comités, locales y presumiblemente representativos, sostener  una  transición energética que sea justa y sostenible? A la luz de todo  esto, nuestra investigación procuró analizar estos micromecanismos a nivel  comunitario y consideró los edificios como  unidad de análisis  y sus comités  como  una  forma  de organismo colectivo  comunitario que podría  aportar alternativas al fallido modelo de gobernanza energética dirigido  por el Estado.

Entre  mayo  y septiembre de 2023 realizamos una  investigación etnográfica colaborativa en  Beirut  y los barrios  periféricos.  Once investigadores aportaron  perspectivas y puntos de vista de la vida cotidiana de los edificios en los que viven.

Estos edificios estaban situados  en distintas partes  de la ciudad y abarcaban una  diversidad de grupos  de ingresos.  Nos  reunimos periódicamente, leímos  las notas  de campo  de los demás  y comentamos  los resultados. Sobre  todo,  intercambiamos las muchas formas  en  que  la lucha  constante contra los cortes  de electricidad y la búsqueda de soluciones energéticas determinaron nuestras vidas. Desde la perspectiva de la “justicia energética transformadora” (Sovacool  et  al., 2023), que  hace  hincapié en  la interseccionalidad y las continuidades que  existen  entre  la injusticia energética y otras formas  de injusticia, exploramos hasta  qué  punto la organización colectiva  en  los edificios  puede  apoyar  la democratización del acceso a la energía  y el empoderamiento de las comunidades como participantes, y no como  consumidores, en los sistemas energéticos esenciales para la vida cotidiana.

Visto así, estos esfuerzos no se consideran formas  románticas de organizaciones económicas solidarias,  sino modelos políticamente realistas  que  revelan  cómo  la gente  intenta que  los servicios sean más accesibles, inclusivos y democráticos, a través de comités de edificios o colectivos de residentes.

Concluimos que, a pesar de sus mejores  intenciones y de los enormes esfuerzos realizados  por estos comités, la gestión de los servicios de electricidad en los edificios distaba  mucho de ser un  proceso de democratización. La preocupación de los comités en cuanto a la cogestión  de la energía  resultaba onerosa y compleja, lo que provocaba la falta de empoderamiento y la aparición de prácticas excluyentes que  repercutían negativamente en  el bienestar de los residentes.

Concentrarse en el nivel de los edificios era clave, ya que se calcula que Beirut  cuenta con unas dieciocho mil estructuras residenciales de gran altura, la mayoría con más de seis plantas  (Krayem  et al., 2021).

Por ley, los comités  gestionan edificios residenciales que suelen constar  de apartamentos de propiedad privada  y zonas comunes (entrada, azotea, escaleras y otros espacios). Como  tal, el comité representa los intereses  de los propietarios de los apartamentos y tiene  el mandato de gestionar todo  lo relacionado con el cuidado y el mantenimiento de las zonas comunes y el funcionamiento del edificio, así como de resolver los conflictos ocasionales entre  los residentes.

Aunque no  todos  los edificios tienen comités  registrados legalmente, en el caso del suministro de electricidad los residentes recurrían  a los comités  para buscar soluciones colectivas adecuadas.

Abrirse paso en la oscuridad

La crisis financiera provocó  un  colapso  económico en  el Líbano, donde  la inflación  trepó  al 145 % y el aumento del costo de los combustibles  fósiles importados hizo que el precio  de la electricidad, el gas y el diésel subiera  casi un 600 %. Esto provocó la crisis eléctrica con  una  reducción aun  mayor  del  suministro estatal,  así como  la sextuplicación del costo de los generadores diésel.

La respuesta a la intensa escasez de electricidad tuvo elevados costos sociales, económicos y ambientales, lo que  exacerbó  la des- igualdad de ingresos y la pobreza energética. Un 90 % de los hogares acordaron pagar por servicios básicos.

Entre  los más pobres,  el 20 % carecía de acceso a un  generador y los hogares  de bajos  ingresos  pagaban un  porcentaje sustancialmente mayor  de sus ingresos  por  el suministro privado de electricidad (Human Rights Watch, 9 de marzo  de 2023). A la vez, expertos ambientales estimaron que se registró  un aumento considerable de las emisiones, lo que magnificó los riesgos para la salud (Karam, 12 de septiembre de 2022). Además,  como  sucede  en otras  partes  del mundo, estos impactos están condicionados por  el género,  ya que las penurias por  la escasez del suministro recaen  en  mayor  grado sobre las mujeres (Ahmad, 3 de marzo  de 2021).

El costo macroeconómico implicó  la profundización de la dependencia del Líbano de las importaciones de diésel, que benefician principalmente a un  cártel  de importadores de petróleo para  alimentar a los generadores privados (Szakola, 14 de enero  de 2022), lo que afianza aún más las redes de poder  e influencia de los políticos.

En el otro  extremo de la crisis se encuentran las estrategias  que aplican  las personas  para  satisfacer  sus necesidades  energéticas diarias. Las soluciones individuales o colectivas ya son habituales en edificios y hogares. Las denominamos microarreglos, de iniciativa privada y pequeña escala, constituyen una  combinación de fuentes  de energía (generadores de edificios, generadores de vecindarios que venden electricidad, paneles  solares, inversores con baterías  de litio o ácido). Estos también constituyen también constituye la mayor  parte  de la electricidad generada y, de hecho, la estrategia nacional extraoficial para el suministro de energía  en este país asolado por la crisis.

Como  cada vez más gente recurre a los microarreglos, el país experimentó una proliferación de sistemas de energía solar a pequeña escala, que  algunos  celebraron como  la “revolución de la energía solar” (Raydan, 30 de septiembre de 2022). Según ellos, esta “revolución” incluso  permitiría que el Líbano  cumpla con el compromiso asumido en 2018 de alcanzar  una  combinación de 30 % de energías renovables para 2030 (Rasmi, 2 de marzo  de 2023). Sin embargo, la fiebre  solar  del  país ha  sido principalmente individual y privada, lo que resalta  las diferencias de clase en el acceso a la energía  solar de calidad,  ante  los altos costos de los paneles,  baterías  y equipos inversores necesarios. Además, hay una “crisis de residuos tóxicos en ciernes” (Choucair-Vizoso y El Murr, 11 de octubre de 2022) derivada de las baterías  y paneles  gastados, sin que existan  planes  para  su gestión.

La falta de un programa eficaz de préstamos subvencionados impulsó un  modelo con  fines de lucro  del mercado de la energía solar,  un  aspecto  negativo   de  la  transición energética que  ya  se señaló (Steinfort y Angel, 2023). Esto, junto con la complejidad del suministro energético en el Líbano, plantea la cuestión de la justicia energética. Sin “acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos” (United Nations Environment Programme [UNEP], 2017), con repercusiones ambientales e intergeneracionales graves para el bienestar de los residentes (Majzoub, Root y Simet, 9 de marzo de 2023), resulta  evidente que el suministro energético en el Líbano  y la posible transición a las energías renovables no son justos.

Analistas  de la justicia  energética lo definen  como  un “sistema energético mundial  que  distribuye equitativamente tanto los beneficios como  los costos de los servicios energéticos, y que  cuenta con  un  proceso  de toma  de decisiones  representativo e imparcial en  materia de energía”  (Sovacool  et al., 2017). Principalmente, su visión afirma  el derecho a una  energía  asequible y sostenible, cuyo suministro sea transparente y esté sujeto a rendición de cuentas.

Un  año  antes  del peor  momento de la crisis, una  asamblea de ciudadanos libaneses  celebrada en  2020  produjo un  “imaginario de interdependencia que busca crear redes integradas comunales como  solución  colectiva  a pequeña escala en un  momento en que las soluciones a escala nacional no se perciben como posibles” (Shehabi y Al-Masri, 2022).

Este deseo de una solución  liderada localmente e independiente del Estado  central se deriva  de la desconfianza en la capacidad  de este o de sus socios privados  para  resolver  el problema energético que  ya lleva decenios,  así como  de la desconfianza en las opciones renovables y de una  perspectiva distópica  que  preveía,  con  razón, un  mayor  deterioro del suministro energético. Destacamos la des- confianza popular en el Estado y sus instituciones como  prueba no solo de lo arraigados e históricos  que son los problemas de la electricidad en el Líbano,  sino también de cómo  la población es capaz de reconocer la corrupción en  el sector,  pero  se siente  impotente frente  a ella.

Vivir en la crisis de electricidad

La crisis eléctrica  hizo  que  los hogares  dependieran casi exclusivamente de la electricidad que suministran los generadores diésel. Los generadores son propiedad del edificio y dan servicio a los residentes que  pagan  por  su funcionamiento y mantenimiento, mientras que un  servicio privado de generador diésel vecinal  es otra  opción que pueden contratar los apartamentos individualmente (a cambio de una cuota mensual) por una baja cantidad de amperios.

Sami escribe  cómo  su “sueño  siempre  ha sido la electricidad de EDL”, ya que  solo con ella puede  consumir más del volumen racionado  de apenas  cinco o diez amperios que  le permite el generador. La crisis destruyó  ese sueño  y generó  una  afinidad  por el generador diésel al que Sami está abonado, cuyo propietario “está con nosotros, y nada está en contra  de nosotros  excepto nuestro Estado y su luminosa compañía eléctrica  EDL”, según  Sami. El sentir  de Sami refleja una relación  ambivalente con el Estado y sus instituciones, cuyos fracasos conforman notablemente el imaginario político  del país. Esa ambivalencia se extiende también a los propietarios de los generadores diésel, que se destacan por su codicia y su falta de rendición de cuentas.

La crisis eléctrica  se afianzó  como  una  realidad duradera, que dicta los ritmos  diarios  de la vida doméstica. “Empezamos a planificar nuestras vidas en torno a estos cortes:  a qué  hora  nos levantamos,  a qué  hora  volvemos  a casa, el horario de las duchas  y las comidas”, escribió Yasmin.

Las tareas cotidianas se organizan en torno al horario del generador y la vida se convirtió en una  lucha constante, como “un remolino infinito”, según Sami: las pilas de ropa sucia, las noches de verano en vela sin aire acondicionado, los amperios insuficientes para  los aparatos de alto  voltaje  como  los calentadores de agua.  Ahora  su vida  cotidiana también está  racionada: “Las luces  se apagan  a las once de la noche,  a la medianoche o incluso  a la una  de la madrugada… Es hora  de irse a la cama, y todo  el mundo se va a dormir a la misma  hora”.

Los mecanismos para  lidiar  con  la situación y adaptarse a ella alternaron entre  las soluciones individuales y la exploración de posibilidades  colectivas, que a menudo implican experimentar con nuevas  tecnologías. Como  el sistema  libanés  está orientado al mercado, las soluciones nuevas  −los microarreglos− están  al alcance  de quienes  disponen de los medios económicos.

En cambio, los residentes que dependen únicamente del generador privado vecinal muchas veces se sentían atrapados en una  relación de dependencia, ya que cambiar de un proveedor a otro es caro, en caso de ser posible.

Algunos  se mostraban hostiles  hacia  estos proveedores, pues se quejaban del creciente costo de vida que provocó  la crisis financiera, pero  a la vez necesitaban la energía  debido  a los cortes de luz. Como escribió Sami, los proveedores privados manipulan la vida de la gente  sin freno  ni supervisión. Así, adquirieron aún  más poder, ya que para muchos el costo de las demás opciones  los convertía en la única opción.

Imagen 1. Paneles solares en balcones de Beirut

Fuente: Ebla Research Collective

La crisis la sufren  más quienes  tienen necesidades  sanitarias o asistenciales,  como  las personas  de edad  avanzada o con discapacidad que  dependen de un  ascensor  para  llegar  a su vivienda,  pero  que ahora  tienen que  programar sus salidas según  el horario del generador.  La opción de subir por las escaleras también es difícil para personas  de todas las edades, como señala Yasmin:

Nunca me había  percatado de lo que  eran  doce tramos  de escaleras hasta que tuve que subirlos  casi todas las noches… Al subir las escaleras, una y otra vez, empecé a sentir como si estuviera  fuera del tiempo, como si la escalera se extendiera infinitamente y me retuviera en un bucle sin fin.

Esa sensación  de lo interminable −el remolino, el bucle infinito− refleja la exacerbación. El cansancio lo invade  todo  y pone  en el centro los cuerpos de quienes  experimentan la crisis. Resaltamos estas sensaciones  para apuntar las consecuencias intangibles que tiene  la crisis en las personas, dado lo liada que está la vida cotidiana con la electricidad. Las experiencias corporales, la ambivalencia respecto a los actores  estatales  y no  estatales,  y la existencia  rutinaria aparentemente opresiva pueden tener repercusiones sociales y políticas importantes.

La respuesta ante la crisis no solo agravó las desigualdades socioeconómicas existentes,  sino que −debido  a cómo  fue concebida− reforzó  estos desequilibrios de poder.  Por  ejemplo, el proceso  de racionamiento de la energía  de los generadores diésel propiedad de los edificios (para gestionar los costos y el desgaste mecánico) reveló necesidades  y prioridades contrapuestas, y experiencias diferenciadas por género,  tamaño y composición de la familia,  así como  por posición  económica y social.

Mientras que las personas  encargadas del hogar  preferían el suministro durante el día, quienes  trabajaban fuera  de casa querían seguir su horario laboral, y los hogares  acomodados querían tener más suministro sin importar el costo. Fue preciso llevar a cabo negociaciones  y adaptaciones, que  a menudo les restaban prioridad a las necesidades  de los más débiles  o incluso  las ignoraban. En la toma  de decisiones  estuvieron ausentes  las voces de las mujeres, a veces de forma  deliberada, debido  a cuestiones como  el cuidado de los hijos y otras demandas de su tiempo.

Esta dinámica demuestra que, incluso  cuando las decisiones  son locales, se explotan las diferencias de poder.  La intersección de la desigualdad con los enfoques comunitarios o colectivos para la resolución de problemas perjudicó en este caso a los grupos más débiles, lo que pone de relieve cómo la justicia sigue siendo  una  inquietud, incluso en las respuestas locales.

En  cambio,  los  edificios  con  medios  económicos y residentes bien vinculados pudieron asegurarse el diésel con más facilidad  y protegerse de lo peor de las crisis. El edificio de altos ingresos descrito por Yasmin se convirtió en “una  fortaleza que a la vez protege  y distingue a sus residentes de lo que hay fuera”.

Sin embargo, las ventajas que disfrutan los hogares con mayores ingresos incluyen costos que recaen sobre los menos  afortunados. En este ejemplo, el ruido  del  generador que  funcionaba las veinticuatro horas del día resultó perjudicial para  la salud mental y el bienestar de los habitantes más pobres de  los edificios cercanos. Los vínculos personales con partidos políticos y élites influyentes se aprovecharon para conseguir diésel más barato, mientras que en otro edificio, los contactos del líder del comité con un partido político afianzaron su predominio sobre los vecinos.

Vemos claramente cómo las consecuencias de la crisis recaen con mayor dureza  en los edificios de ingresos más bajos. Los edificios con ingresos más altos, a pesar de la crisis, siguieron invirtiendo en el mantenimiento del edificio y en la conservación general  de las zonas comunes, mientras que los de hogares de ingresos medios o bajos empezaron a padecer el deterioro de forma  visible. El privilegio y el prestigio en los edificios de Beirut  ya no  son la entrada vistosa, el portón eléctrico o la fachada reluciente, sino el zumbido casi constante de un generador diésel que brinda extensas horas de comodidad y ambientes frescos a sus residentes.

Los edificios en plena crisis de electricidad

En un edificio, tres de las zonas comunes que requieren colaboración para aplicar soluciones energéticas son:

1) los servicios compartidos del edificio que necesitan electricidad (ascensor, bomba de agua, luces de la escalera, etc.;

2) el generador diésel propiedad del edificio,

3) el uso de zonas comunes para instalar las soluciones energéticas, como designar un espacio para el generador o utilizar la azotea para instalar paneles solares.

Había un elemento temporal en esta crisis, señaló Fadia, que observó cómo al principio los vecinos estaban dispuestos a soportar horarios reducidos y sacrificar la comodidad y el confort para que las facturas compartidas fueran asequibles para todos, y cómo, sin embargo, a medida que la crisis avanzaba y los meses se convertían en años, esa solidaridad dio paso a una convivencia impaciente.

Los sentimientos cambiaron y aparecieron comentarios, del estilo de “quienes no hayan pagado su parte de la factura del generador este mes no deberían protestar”. Se celebraron largas asambleas y discusiones,  a menudo antagónicas, que empujaron a la gente  a adoptar soluciones individuales, como  los sistemas  de baterías de litio para sus hogares. Esto mitigó los problemas de quienes podían permitirse esas soluciones, pero redujo el interés por encontrar soluciones consensuadas. Las soluciones individuales se convirtieron en una  panacea para que la gente se ocupara de sus propias  necesidades y mitigara “el dolor  de cabeza”.

La gestión de los servicios compartidos también plantea problemas. El ascensor requiere algún tipo de cooperación para garantizar su mantenimiento periódico y el pago de la factura de electricidad, ya sea cubierta por el generador del edificio  o correspondiente a una suscripción aparte de un servicio de generadores vecinal. Cuando los residentes no podían pagar o invertir en baterías de litio para hacerlo  funcionar las veinticuatro horas,  algunos comités optaron por limitar su uso solo a quienes  podían permitírselo.

Mediante un  sistema  a control remoto, solo  podían llamar al ascensor quienes habían pagado. Como la electricidad de la red pública solo está disponible unas horas al día, el ascensor pasó a ser para el uso privado de los residentes más pudientes y dejó de ser un servicio básico. En ese sentido, este servicio cotidiano del edificio se convirtió en una expresión de la evolución de la crisis, al generar prácticas excluyentes y distanciamiento entre los vecinos.

Imágenes 2 y 3. Llaveros con control  remoto  de los ascensores para uso exclusivo de los residentes que hayan pagado por el servicio.

Fuente: Ebla Research Collective

 

El uso de las zonas comunes, como la azotea del edificio, demostró que, en definitiva, no eran tan comunes. Como sucede con los bienes comunes de la ciudad en general, estos espacios de los edificios suelen verse invadidos, ya sea por la aparición de necesidades de instalaciones y servicios nuevos (por  ejemplo, tanques de agua en la azotea o zonas ajardinadas compartidas) o por un vecino que se las arregla para apoderarse de ellos y limitar el acceso de los demás, como cuando las azoteas se convierten en terrazas ampliadas para un residente del último piso.

Ante  esta situación y el auge de la energía solar en Beirut y sus barrios periféricos, se plantea la cuestión de si los hogares tienen en verdad acceso a la azotea del edificio. En los edificios que investigamos, solo tres tenían paneles solares instalados, pero estos pertenecían a los pocos apartamentos que instalaron paneles sin consultar ni acordarlo con sus vecinos, como  hecho  consumado. Aunque en algunos suburbios de la ciudad han  empezado a surgir servicios de electricidad alimentados por  energía solar (Abdel-Riad, 2022), en nuestra muestra no observamos ningún esfuerzo colectivo por  invertir en ella. En un  edificio se discutió  el tema  y el comité  supuso que era  ilegal, mientras que otros decidieron que el espacio de la azotea no alcanzaba para alojar los paneles necesarios.

Estos ejemplos revelan que, aunque en algunos edificios hubo comités  que se reunían, acordaban, planificaban e invertían en soluciones para paliar los efectos de la crisis de forma justa y accesible, estas opciones  no  siempre eran  estratégicas,  eficaces ni  inclusivas. Aunque los edificios con mayores  ingresos  podían resolver  problemas al adquirir colectivamente generadores más grandes, eso no significa que el aspecto económico fuera el único factor en juego.

La intensidad de la crisis eléctrica, sumada a las crecientes cargas financieras de las familias, hace que la cooperación sea mucho más difícil, ya que menos  personas  pueden dedicar  el tiempo y los recursos  financieros que exigen estas iniciativas.  Otra  causa del fracaso es la duración de la crisis (ya en su cuarto año), que hizo que la gente perdiera la paciencia y optara por soluciones individuales. Así, la cooperación ha sufrido  altibajos:  a veces ha surgido  en espacios compartidos y otras  ha desaparecido por  el estrés y la tensión de vivir en una crisis.

No obstante, los comités de edificio siguen siendo importantes para las ciudades del país. La investigación demuestra que son fundamentales para proteger de la decadencia el entorno construido, ya que los edificios descuidados a veces son los “escombros intencionales” que impulsan las políticas neoliberales que fomentan la demolición, la reconstrucción y la especulación en los mercados inmobiliarios (Kanafani, 2017).

Habida  cuenta de que  antes  de la crisis los comités  de edificios eran  eficaces (en su mayoría) en el mantenimiento y la gestión  de los servicios de los generadores o en la búsqueda de soluciones para problemas relativamente menores, como el suministro irregular del agua, cabe preguntarse si esta crisis −por su complejidad y sus numerosas repercusiones− es demasiado para que un comité  pueda gestionarla por su cuenta.

Esto subraya  nuestro llamamiento a una  visión crítica de los esfuerzos dedicados a soluciones localizadas, especialmente los que no tienen suficientemente en cuenta las fuerzas estructurales que pueden delimitar severamente las respuestas de la población. Nos preocupa hasta qué punto pueden ser eficaces las soluciones localizadas cuando el fracaso del Estado es tan patente y hasta qué punto es probable que tengan éxito a largo plazo.

Una crisis en curso

La dinámica de los comités de edificio puede  captar la forma en que las personas adaptan sus rutinas cotidianas a las restricciones del suministro eléctrico, que negocian con sus vecinos para asegurarse  de que el suministro se ajuste a sus necesidades. Los comités pueden ser espacios de búsqueda de microsoluciones colectivas.  También encontramos estrategias  de resistencia  y de mejora vital que desafían la injusticia de la realidad energética, ya que los residentes intentan lograr  la solidaridad, la colaboración y la acción colectiva, aunque solo sea temporalmente.

Relatamos experiencias sobre el terreno de cómo la crisis energética llega a las puertas de la gente exigiéndoles encontrar soluciones técnicas  colectivas  con  los aspectos  distributivos y procedimentales de la justicia implícitos en su toma de decisiones,  pero  también mientras sucumben a las injusticias  energéticas globales, estatales  y sistémicas.

Demostramos que, incluso  con buenas intenciones, las responsabilidades añadidas en relación con el suministro de electricidad resultaron demasiado complejas para los comités  de edificio individuales y aumentaron la carga que les imponía el Estado fallido. Desde la perspectiva de la justicia energética, esta situación dista mucho de las expectativas de democratización del acceso a la energía  y de empoderamiento de las comunidades que podríamos imaginar a partir del discurso político  y activista.

Veamos el ejemplo de Um-Rami, una  abuela  de setenta y ocho años  que  lleva dos décadas  encargándose del comité  y la contabilidad  de su edificio. Lo anota  todo en dos cuadernitos en los que se registran cronológicamente los gastos del edificio y los ingresos procedentes de las contribuciones de los residentes durante los últimos diez años. También tiene una cajita metálica con el dinero en efectivo, las facturas y los recibos restantes.

Al final de cada año, calcula los totales  y los pasa a la página  siguiente. Um-Rami  se queja  de seguir siendo la responsable de esta tarea, de lo cansada que está y de que comete errores en los cálculos. Maya recuerda que, a lo largo de los años, ha  intentado ayudarla manteniendo un  archivo  Excel que tiene dos hojas por  año, una para los gastos y otra para los ingresos, con el fin de elaborar un informe anual para las y los residentes. Ella también está cansada, le cuesta hallar el tiempo disponible entre  su trabajo, las tareas domésticas y la crianza  de sus hijos.

Descargar el peso de la solución a la escasez de energía  −un problema nacional que ya lleva décadas, además de una crisis climática mundial− sobre los hombros de residentes urbanos como Um-Rami no  es un  proceso  de democratización ni  de empoderamiento. De hecho,  incluso  entre  los miembros más jóvenes  o más capacitados técnicamente de los comités, la gestión de un sistema de este tipo es agotadora. Estos comités luchan por mantener los servicios que son necesarios  para  la vida cotidiana de sus residentes, mientras que se enfrentan a una crisis política  dinámica, la devaluación de la moneda y la escasez de combustible.

Ante la magnitud de la crisis energética y la corrupción en el Líbano,  la reacción  empoderante no son las medidas  provisorias que los habitantes de Beirut  se vieron  obligados  a adoptar, ni el despliegue de soluciones técnicas  a pequeña escala, caras y cuestionables desde el punto de vista ambiental, ni pensar  que la respuesta radica en la energía comunitaria. La crisis energética es política y exige una respuesta política.

Para  aclarar, académicos y activistas de la justicia  energética reclaman sistemas energéticos descentralizados y dirigidos  por las comunidades (Bell, Daggett y Labuski, 2020) y la devolución del “micrófono a las comunidades marginadas cuyas voces fueron silenciadas  sistemáticamente durante demasiado tiempo” (Sovacool, 2023). Pero  sin una  acción política  paralela que desmantele los sistemas políticos de búsqueda de rentas del sur global  y los regímenes neocoloniales que los sostienen y que se benefician de sistemas energéticos injustos  y extractivistas, los reclamos  de descentralización y energía  comunitaria corren el riesgo de reforzar la injusticia.

Se espera que las comunidades, como hemos visto en el Líbano y otros lugares del sur global (Seif Eddin, 24 de noviembre de 2023), soporten la carga de satisfacer  sus necesidades  energéticas con  los escombros de unos  sistemas  energéticos fallidos, pero  sin el poder ni los recursos para hacerlo  (Hamouchene y Sandwell, 2023).

Así, podría decirse que es mejor dedicar los esfuerzos  comunitarios  no  a desplegar  soluciones tecnológicas para  la crisis energética, sino a ayudar  a organizarse colectivamente contra las políticas que la provocaron. Aunque las élites corruptas del Estado lograron sofocar la oposición mediante una  política  populista, clientelista y sectaria, la movilización contribuyó a impulsar el debate  sobre  los servicios y las infraestructuras.

Por  ejemplo, movilizaciones pasadas, como  la campaña #YouStink  (Ekdawi, 23 de febrero  de 2021), a pesar de su éxito limitado, apuntaban con acierto  a la corrupción política  que provocó  la crisis de los residuos, en lugar de concentrarse en soluciones técnicas para la gestión de residuos  sólidos.

Además, para los hogares individuales, el comité de edificios como unidad sigue siendo de gran relevancia, sin duda  como punto de partida para  definir  y expresar  las necesidades  y prioridades a nivel  comunitario. Estos comités operan dentro de un ecosistema urbano que engloba edificios vecinos en circunstancias similares proveedores de servicios informales, como  propietarios de generadores y electricistas  de la zona, y, allí donde  están activas, las autoridades municipales locales.

Vimos algunos ejemplos de esta cooperación, como el de un comité  de edificios que intentó adquirir un generador junto con otro vecino  o que a veces negoció  en conjunto tarifas de abono con los proveedores privados  del vecindario, mientras que otro comité  analizó el incendio de un generador cercano  para mejorar las medidas de seguridad en su propio edificio.

La función de las empresas de generadores, que suelen ser demonizadas  como  si fueran mafias porque tienen el monopolio de los servicios del vecindario y fijan los precios, podría gestionarse de otra manera (Abi Ghanem, 2021). Ponemos en cuestión esta denominación banal, dados los sentimientos encontrados de las personas  que se desprenden de nuestro estudio. Creemos que hay margen para su participación más allá de la prestación de servicios transaccionales.

Las empresas prestan servicios a una escala relativamente grande que el Estado no está proporcionando y que las personas  se esfuerzan por gestionar a nivel de cada edificio. Lo ideal no es, ni mucho menos,  seguir dependiendo de los servicios de los generadores en cada vecindario, ante  la falta  de rendición de cuentas  y las consecuencias para la salud ambiental. A pesar de ser entidades privadas, también −al igual que la tienda de comestibles del barrio−  integran sus comunidades y están inmersas en su red de relaciones y sistemas de clientelismo.

Se debería brindar apoyo  para  que  los colectivos  de residentes puedan presionar para  que  mejoren las condiciones del  servicio, sin olvidar la reducción del ruido y las emisiones. Un tercer socio necesario que podría apoyar a los residentes son las autoridades municipales de la zona.  En el edificio  en el que  el municipio asumió  un  papel  activo  en la regulación de las empresas privadas  de generadores, los residentes se beneficiaron de una  gestión  menos estresante de sus necesidades  energéticas cotidianas.

Los comités de edificios siguen siendo espacios cruciales para  la organización colectiva en el complicado contexto urbano de Beirut. Sin embargo, a fin de lograr la justicia energética, el capital social y las habilidades de organizadores en cada edificio, como lo es Um-Rami, se invertirían mejor  en fortalecer los puentes entre  los residentes vecinos, movilizarse por un cambio  político  efectivo y presionar a los proveedores de servicios y a las autoridades locales para  que ofrezcan  soluciones energéticas más justas.

Años de corrupción y poder  incontrolado de la élite gobernante del país hacen que cualquier esfuerzo de apoyo a la transición a una energía  más ecológica o para  abordar la pobreza energética resulte especialmente difícil. La crisis energética del Líbano  no es un  problema técnico que se pueda  paliar simplemente mediante proyectos energéticos locales dirigidos  por la comunidad.

Estas ideas nos convencen cada vez más de que se trata de una crisis política −provocada por años de descarado aprovechamiento del poder por parte de políticos corruptos con capacidad de influir  en la infraestructura energética− y de que una solución política es imperiosa.

 

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1. Para proteger su confidencialidad, hemos utilizado seudónimos para los investigadores y participantes.

La energía  suele analizarse en términos de sistemas o tecnología: monopolios de energía  privados, redes estatales, el uso de energías renovables en lugar  de combustibles fósiles. Sin embargo, se suele pasar por  alto  la fuente  de energía  más importante: la que  brinda energía  a las comunidades para visualizar  y llevar a cabo nuevos sistemas que no solo proporcionan energía  a los hogares,  sino que además  construyen comunidades saludables. Esta energía  comunitaria  ya está siendo  desarrollada por numerosas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas comunitarias, que suelen  combinar conocimientos y tecnologías ancestrales y modernos, han  colocado una  vez más al sol, el viento  y el agua  al servicio  de las personas. Al hacerlo, cuestionan el discurso  dominante sobre  la transición energética.

En nuestra labor  como  activistas e investigadoras, hemos  comenzado a documentar estas experiencias en  una  Exhibición Virtual  de Experiencias  Comunitarias de Transición Energética Justa.

Estos ejemplos  no solo abarcan la producción de energía  eléctrica, sino que también intentan construir o consolidar la producción alimentaria o la gestión  del  agua  controladas por  las comunidades, sobre la base de relaciones recíprocas  con la naturaleza y las personas, en  lugar  de relaciones extractivistas. Estas son  esencialmente propuestas para  una  transición energética justa. La exhibición, que comenzó en 2020, ha logrado reunir más de cien experiencias comunitarias que ilustran los esfuerzos de varios pueblos  y comunidades para  enfrentar el modelo energético que ha privatizado la energía, la ha concentrado en manos de unas pocas empresas trasnacionales y ha distanciado a la población de la toma  de decisiones  en asuntos fundamentales sobre la misma.

En el contexto actual, el debate sobre la transición energética ha cobrado relevancia debido  a las crisis climática, alimentaria, económica, de biodiversidad, de democracia y de agua, consideradas por algunas  personas  como  crisis civilizatoria. Estas crisis son en gran medida resultado de un sistema económico que ha maximizado sus ganancias  y su crecimiento dependiendo de la quema de combustibles fósiles. Los resultados de este enfoque han dejado en claro sus devastadoras consecuencias sobre  los territorios. Sin embargo, las propuestas de transición energética a menudo se centran en enfoques corporativos, que  profundizan las desigualdades y dinámicas coloniales entre  el norte y el sur global, donde  este último provee de materias primas  al primero, a expensas de devastar sus territorios y vulnerar los derechos de los pueblos  y comunidades. La promoción de energías renovables a través de grandes megaproyectos y la explotación de minerales requeridos para la transición y la producción de hidrógeno se encuentran en el epicentro de los debates  actuales  y mantienen la división internacional del trabajo.

Ante  este escenario,  surge la necesidad de explorar alternativas dentro de las transiciones socioecológicas, que van  más  allá  del ámbito energético y buscan  replantear nuestras relaciones con  la naturaleza. Aquí  es donde  entran en  juego  las experiencias mencionadas,  que  han  acuñado el término de “energías  comunitarias”.

Estas emergen como  propuestas esenciales y radicales, y desafían  el modelo extractivista al proponer una perspectiva más inclusiva, justa y sustentable. Estas iniciativas  representan un  replanteamiento fundamental de nuestra relación con la energía,  y abordan no solo la electricidad, sino también aspectos cotidianos: la energía de nuestro cuerpo  y músculos, el sol, el viento y el agua. Ampliar el espectro de cómo  entendemos la energía nos lleva a considerarla de manera integral, como un derecho y un bien común.

A lo largo de este ensayo, exploramos algunos aspectos en torno a las energías comunitarias en América  Latina  y el Caribe, centrándonos  especialmente en Colombia, con el propósito de analizar su potencial para  enfrentar los desafíos contemporáneos y proponer soluciones efectivas. De esta forma,  durante el texto  examinamos ejemplos concretos de algunas  de estas iniciativas  y destacamos su capacidad  para integrar diversas fuentes  de energía, promover la soberanía alimentaria y fortalecer a las comunidades locales. También reflexionamos sobre  el papel  crucial  de las mujeres en la construcción y el mantenimiento de estas propuestas, así como  los obstáculos y retos que enfrentan en su camino hacia un  mundo más justo y sostenible.

Energías comunitarias: ¿en dónde  surge el concepto y en qué consisten?

La gestación de alternativas energéticas desde una perspectiva comunitaria se inscribe  en  una  historia que  abarca  varias  décadas. Desde finales del siglo XX, diversas comunidades se han visto confrontadas por proyectos extractivos y de infraestructura, como  las megarrepresas, que continuamente amenazan con destruir sus formas  de vida y territorios. Por  ejemplo, en  Santander, la construcción del proyecto hidroeléctrico Sogamoso, de la canadiense Isagen, erigido sobre el río del mismo  nombre, resultó en la destrucción de formas  de vida ribereña. El muro impidió la migración de los peces reofílicos, como el bocachico,  que constituían la base de la economía  local. Además, los caudales del río ahora  dependen del pulso energético, y las comunidades sufren  con frecuencia inundaciones que destruyen sus cultivos y ponen en riesgo su vida. Las mujeres fueron unas de las más  perjudicadas, al perder las actividades  de venta  del pescado  y las actividades  de turismo local, mientras que las jóvenes  experimentaron el abuso  y la violencia,  incluyendo la violencia  sexual, durante la fase de construcción del proyecto.

Lo que  sucedió en el Sogamoso no es un caso aislado, en otros ríos también se vieron  afectadas  comunidades y territorios que  siguen sin ser reconocidas como desplazadas  del desarrollo y, en muchos casos, no han recibido ninguna reparación. La crítica al modelo energético, especialmente en lo referente a las megahidroeléctricas, impulsó a Censat  Agua Viva y a varios procesos de resistencia  a las represas  en Colombia no  solo a enfrentar el poder  de las grandes empresas energéticas, sino  también a reflexionar sobre  la relación con la energía  y a crear soluciones para  alcanzar  la autosuficiencia y autonomía energética. De esta manera, gradualmente, un grupo de organizaciones se unió para  impulsar un  proceso  organizativo1  y formativo que  fortaleciera las capacidades  en  torno a temas energéticos.

El propósito era abordar el debate  energético, construir alternativas y enfrentar la crisis climática y socioambiental. Las propuestas que emergieron buscaban establecer nuevas  relaciones con  la naturaleza, la energía  y las tecnologías asociadas a esta. Las ideas generadas en este proceso  tienen raíces que se extienden más allá del actual  modelo capitalista y están  conectadas con  prácticas ancestrales y saberes  tradicionales presentes en diversos  territorios. Este proceso se consolidó con la creación  de la Escuela de Técnicas y Técnicos en Energías Comunitarias, los debates  allí planteados fue- ron dando forma  al concepto de “energías  comunitarias”.

Este concepto abarca un conjunto de saberes, prácticas y procesos de cambio  relacionados con la producción y el consumo de energía y alimentos. Las energías  comunitarias promueven una  transformación en las relaciones de poder  inherente al sistema  energético, replanteando las relaciones con la naturaleza y todas las formas  de vida, centrándose en el autoabastecimiento y la autonomía local y generando nuevas  prácticas  y usos de la energía  que  evitan  el derroche y el despilfarro. Además, promueven la descentralización de la generación de energía,  abordan problemas como  la escasez y la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad y fertilidad del suelo. También contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y son esenciales  para  garantizar el acceso universal a la energía.

Cada una de estas propuestas surge de una realidad local, responde a necesidades específicas y enfatiza que las transiciones socioecológicas son factibles y ya están en marcha. Estas transiciones se construyen a través de diversos procesos sociales que promueven la autonomía y una vida digna, al tiempo que defienden los cuerpos  y territorios.2

La Exhibición Virtual de Experiencias Comunitarias de Transición Energética Justa

Algunas de las propuestas que conceptualizamos como energías comunitarias pueden ser consultadas en  la Exhibición Virtual de Experiencias  Comunitarias de Transición Energética Justa. Esta iniciativa ha sido coorganizada con varias organizaciones año tras año desde el 2020. La finalidad de esta exhibición es destacar y visibilizar las iniciativas y prácticas  relacionadas con energías  alternativas desarrolladas por organizaciones sociales, tanto rurales  como urbanas, en América  Latina y el Caribe. Los ejemplos  que presentamos en el texto hacen  parte  de dicha exhibición virtual.

Recuadro 1

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Objetivos de la exhibición

1. Visibilizar experiencias que han logrado resistir y enfrentar desafíos energéticos a nivel local, y alentar la autonomía en materia energética.

2. Fomentar la colaboración y la articulación social entre comunidades de distintas regiones mediante el intercambio de conocimientos y experiencias.

3. Contribuir con soluciones prácticas, concretas y reales para la creación de opciones justas de transición energética a nivel local, e incentivar así a las comunidades a adoptar alternativas en sus respectivos territorios.

4. Enriquecer el debate sobre la transición energética desde la perspectiva de la justicia

5. Proporcionar contenido que pueda ser utilizado por individuos que trabajan en diversos ámbitos, como investigadores, tomadores de decisiones y miembros de la comunidad, para sus esfuerzos de promoción, formación o comunicación.

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Recuadro 2

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A corte de finales de 2023 la exhibición cuenta con:

−119 experiencias reconocidas como alternativas de autonomía energética

−21.083 familias involucradas

−122.226 personas beneficiadas

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A finales de 2023, la exhibición había  reconocido 119 experiencias alternativas a la autonomía energética, de las que  se beneficiaban 21.083  familias  y 122.226  personas.  La exhibición reconoce una amplia  diversidad de experiencias. Por un lado, se incluyen iniciativas que trabajan en torno a la autogestión energética comunitaria empleando tecnologías como biodigestores, bicimáquinas, ruedas Pelton, paneles  solares, entre  otras.  Asimismo,  se destacan experiencias que relacionan la energía, la justicia hídrica y la soberanía alimentaria (que incluyen asuntos como  los mercados campesinos, la agroecología, los viveros y huertas familiares  y comunitarias, entre  otras manifestaciones). Además, la exhibición abarca experiencias relacionadas con la reutilización de residuos  orgánicos  e inorgánicos, para la producción de energía y alimento, pero también otros usos, como la elaboración de artesanías. De igual forma, algunas propuestas incluyen los ecobarrios, la autogestión de la salud a través de la transformación de plantas  medicinales en productos para el cuidado, la recuperación y preservación de semillas y platos tradicionales, así como  la recolección de aguas  lluvia,  entre  otras prácticas.

Retos y desafíos  de las energías  comunitarias

En el trabajo conjunto con las experiencias de energías  comunitarias, tanto en la Escuela de Técnicas y Técnicos como en la Exhibición Virtual, hemos  identificado ciertos  desafíos  compartidos. Uno  de los principales retos  que enfrentan estas experiencias radica en la minimización de su potencial. Con frecuencia, se argumenta que no es posible sustentar toda la matriz energética de un país con energías comunitarias, lo que nos lleva a considerar varios problemas en este contexto.

En primer lugar, la transición energética no puede  limitarse a un debate sobre el cambio de la matriz energética basado en diferentes tecnologías. Como  mencionamos anteriormente, existe una  discusión prioritaria que debe abordarse, relacionada con preguntas que consideramos fundamentales: ¿cómo concebimos la energía?, ¿para qué propósitos?, ¿para  quiénes se produce energía?  Si cambiamos el enfoque de esta discusión, tal vez podremos comprender otros aspectos cruciales, como  la necesidad de una  transformación cultural en la cual la energía  deje de ser considerada como  una  mercancía y pase a ser vista como  derecho y un  bien  común, que sostiene  los entramados de la vida, sus cuidados  y lo que varios pueblos  y comunidades  plantean como el “buen vivir”, el “Sumak Kawsay” o el “vivir sabroso”. Esto debe ser abordado de manera contextual en cada uno de los territorios y comunidades.

Por  ejemplo, en el departamento de Quiché,  en Guatemala, la experiencia “Luz comunitaria de la zona  reina  en defensa  del territorio”  es una  propuesta de turbinas comunitarias mediante las cuales varias comunidades mayas promueven la autonomía energética. Estas turbinas comunitarias surgieron en comunidades desplazadas durante el conflicto  armado en los años 1980. La primera iniciativa enfrentó numerosas dificultades, ya que  iba en contra del modelo hidroeléctrico empresarial que despoja a las comunidades de sus te- rritorios y bienes naturales. Sin embargo, la idea de luz comunitaria se propagó a otras  comunidades y logró  articular a más de sesenta de ellas, que  adoptaron esta iniciativa con  el apoyo  del  Colectivo Ecologista  Madreselva. Las turbinas generan beneficios  significativos para  la comunidad, con cuotas  accesibles gestionadas por autoridades  locales. Además  de esto, se implementaron  programas de protección de bosques comunitarios y prácticas agroecológicas  para la siembra. Jóvenes capacitados se encargan del mantenimiento de la infraestructura, mientras que  el colectivo  continúa asesorando proyectos,  promoviendo la autonomía y la vida digna frente  a modelos extractivos.

Esto nos conduce a un tema central, que es la cuestión de la escala. Este modelo extractivista y la misma  geopolítica nos han llevado a la necesidad de creer que si algo no abarca  la totalidad, carece de utilidad, y aquí  yace una  gran  trampa significativa  que obstaculiza la capacidad  de abordar problemas de manera contextual, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio y sus necesidades. Sin embargo, las energías comunitarias desafían esta perspectiva, ya que  surgen  desde lo local sin necesariamente confinarse o aislarse en un  solo lugar,  sino  que  se expresan  de diversas  formas  en diferentes  territorios, articulando sus esfuerzos y capacidades  con otras experiencias. En tal sentido, es importante destacar  que lo comunitario no implica  necesariamente aislamiento.

Otro ejemplo concreto ha sido el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía.  Gran parte de los conflictos en áreas rurales  y urbanas están relacionados con la gestión  de residuos orgánicos. En muchas ciudades, los vertederos o botaderos están saturados y algunos incluso han colapsado y causado graves afectaciones a las poblaciones circundantes. La propuesta de utilizar los residuos para  la producción de energía  y fertilizantes es, sin duda,  una  respuesta  no solo a este problema, sino también a la deforestación, que es la principal causa de emisión de gases de efecto invernadero en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a Colombia. La iniciativa de la Red Colombiana de Energía de la Biomasa  (Redbiocol), que también forma parte de la Red Biolac, consiste en emplear estos residuos mediante biodigestores, reducir así la presión  sobre los bosques y las selvas, generar su propia energía, disminuir los costos asociados al suministro de energía  y a los fertilizantes, y desafiar el sistema  energético y agroalimentario que condena a las familias a una gran dependencia de insumos y costos energéticos elevados. La generación de gas a través de los residuos ha permitido potenciar las economías locales, añadiendo mayor  valor a sus productos y fomentando la autonomía energética. Esta, que suele ser considerada una  tecnología exclusiva para espacios rurales,  ha sido también implementada en ámbitos urbanos como  universidades, instituciones públicas  e incluso conjuntos residenciales.

En este contexto, enfatizar en la construcción de autonomías comunitarias no implica concebirlas como entidades cerradas  que excluyen  cualquier diálogo  con otras  experiencias o incluso con lo público y el Estado, siempre y cuando este sea receptivo a las demandas y necesidades  de las energías comunitarias y respete  sus autonomías  y estructuras organizativas propias.  En este punto, es crucial que la institucionalidad reconozca la naturaleza de las energías  comunitarias y las integre en la construcción de las políticas  públicas relacionadas con  el sistema  alimentario, energético e hídrico.  En última instancia, esto debería ocurrir en un marco  de ordenamiento territorial participativo donde se reconozcan y se incorporen las propuestas que ya vienen  trabajando en los territorios en este sentido. Esto implica garantizar verdaderamente el derecho a la participación  según  las necesidades  y características de cada una de las realidades locales.

Asimismo,  en esta relación con lo público, es necesario  que  el Estado fomente investigaciones sobre las energías  comunitarias y demuestre una  voluntad de destinar incentivos, financiamiento y acompañamiento a este tipo de propuestas. También es crucial  respaldar los ejercicios pedagógicos que  muchas experiencias vienen desarrollando en los territorios, así como  promover una  discusión más amplia  en la sociedad  sobre  el tema.  Estos esfuerzos  pedagógicos deben incluir el fortalecimiento de las experiencias y de los técnicos  y técnicas  locales  para consolidar la autonomía comunitaria en la implementación y mantenimiento de las tecnologías. Además, es fundamental que la integración de estas experiencias comunitarias a la red eléctrica principal ofrezca beneficios, como la posibilidad de comercializar el excedente de energía  generado por la comunidad, tanto a la red misma  como a sus vecinos, sin que ello implique tener que registrarse como  empresa de servicios públicos. También es importante promover y respaldar el desarrollo de microrredes comunitarias que  puede  ampliar la escala de alcance  de estas propuestas y su distribución.

En relación con la cuestión de la escala, también es importante destacar  la experiencia de Adjuntas Pueblo Solar, dirigida  por la organización Casa Pueblo, quienes  ante  la devastación provocada por el huracán María en Puerto Rico, que dejó a la población sin energía  eléctrica durante varios meses, optaron por lo que llamaron la “insurrección energética” al implementar un proceso de solarización del municipio de Adjuntas, un poblado de dieciocho mil habitantes  en una  región  montañosa de Puerto Rico. Esta experiencia, que  inició  resistiendo a un  proyecto minero, fue derivando en un proceso que incorporó el debate  energético como un asunto central para lograr la autonomía y democracia energética. Adjuntas Pueblo Solar  ha  logrado  la instalación de cientos  de módulos fotovoltaicos y ha empezado a construir sus propias  microrredes para generar su propia energía  de manera autónoma, local y descentralizada. En su enfoque, han  priorizado la prestación de servicios básicos y han atendido a los hogares más vulnerables, incluyendo aquellos con necesidades médicas que requieren asistencia de tecnologías de manera  constante. A través  de esta  iniciativa, han  logrado  establecer condiciones para  independizarse de la red  eléctrica,  que en Puerto Rico está bajo el control de un  monopolio corporativo que, en momentos de adversidad, no responde y, en cambio,  profundiza las desigualdades. Esta experiencia ejemplifica las posibilidades de las energías  comunitarias en  escalas amplias  y coloca en  el centro la autonomía y la solidaridad.

Otro  desafío común que enfrentan las energías  comunitarias se relaciona con la instalación y el mantenimiento de tecnologías y equipos, lo cual responde a las barreras que impone la tecnociencia y el limitado acceso a estos conocimientos. La tecnología desempeña  un  papel  fundamental en la industria energética y los grandes poderes  energéticos han sabido aprovecharla estratégicamente para consolidar su posición  dominante y generar dependencia. A través de inversiones masivas en infraestructura y desarrollo tecnológico, estas corporaciones han  logrado  controlar la generación, distribución y acceso a la energía en gran parte del mundo. Su enfoque se ha centrado en  tecnologías convencionales, como  centrales eléctricas de combustibles fósiles y redes  de distribución centralizadas, que requieren una  inversión considerable y que,  una  vez establecidas, crean una  barrera significativa para la entrada de competidores más pequeños, comunitarios y sostenibles. Además, han promovido sistemas de medición y gestión de datos que se promueven con el discurso  de mejorar la eficiencia energética, pero también han  sido utilizados para mantener el control y limitar la elección  de fuentes de energía  más limpias  y descentralizadas por parte de los (pro)consumidores. Esta estrategia ha llevado  a una  dependencia continua de fuentes  de energía  altamente contaminantes y costosas, lo que perpetúa la influencia de estos grandes poderes energéticos en detrimento de alternativas más sostenibles y descentralizadas.

Los pueblos y las comunidades siempre han tenido a la tecnología como  una  barrera para llevar a cabo sus propuestas. Ante esta problemática, surge  la Escuela de Técnicas  y Técnicos  en Energías Comunitarias como  un  espacio donde diversas organizaciones comunitarias de base  pueden intercambiar experiencias y llevar a cabo procesos de formación destinados a mejorar la promoción y la sostenibilidad de tecnologías en comunidades que defienden sus territorios y contribuyen a mejorar los procesos productivos y la calidad de vida. En este entorno, se han desarrollado conocimientos e intercambios en  torno a procesos como la deshidratación solar, las estufas eficientes,  la energía  fotovoltaica y los biodigestores, así como otras formas de relacionarse con la energía, las tecnologías y lo comunitario. Así recuerda Juan Pablo Soler la construcción de la escuela:

Desde 2013 hacia adelante, empezamos a generar  un  proceso  metodológico  de formación, que hemos ido replanteando con el tiempo de acuerdo  a cómo el aprender haciendo nos va diciendo que hay que cambiar las cosas, es decir una  metodología que está en constante renovación, que inició como un intercambio de experiencias y que hoy ya está perfilada como un  espacio, escuela  de formación […] Hacer escuela a partir  de la práctica, y empezamos a incorporar unos principios, unos principios que partían por ejemplo  del “Aprender Haciendo”,  no  esperamos que  alguien  de afuera  venga  y nos instale  la tecnología en el territorio porque vamos a generar  una dependencia, entonces empezamos a plantear sistemas educativos  de transferencia de conocimientos donde  rompemos la dependencia y quien  monta o quien  opera  los sistemas son los mismos  pobladores locales (Soler, 2023).3

Otros desafíos que enfrentan las energías comunitarias incluyen el acceso y costo de algunos  materiales, la centralización de la generación  energética, la falta de difusión de conocimientos, la ausencia de voluntad política  y apoyo  gubernamental, la carencia  de políticas que fomenten y fortalezcan la autonomía y la descentralización energética, la privatización de servicios y bienes  comunes como  el agua  o la energía,  los impactos de la crisis climática, la violencia política  y criminalización del trabajo de las organizaciones sociales, la falta de un enfoque de transformación radical  en algunas perspectivas sobre la transición energética y los debates  en torno al poscrecimiento.

Como  podemos ver, varios de los desafíos que enfrentan las energías  comunitarias tienen su raíz  en  las diversas  concepciones sobre la energía:  para  quién,  de qué maneras se produce y con qué propósito. No obstante, las energías  comunitarias han  logrado  superar  algunos  de estos retos  y desafíos. En la mayoría de los casos, los obstáculos se superan mediante el trabajo colectivo, las mingas, la “mano compartida”, el convite  y otras prácticas  comunitarias que suelen  existir en estas comunidades y que ayudan a superar los obstáculos  económicos. También se han utilizado fondos rotatorios comunitarios para el préstamo de recursos destinados al desarrollo de proyectos individuales, como ocurre  con las comunidades indígenas del Tolima apoyadas por el Grupo Semillas. De igual forma, en algunas ocasiones, también han  contado con recursos económicos de la cooperación internacional, los cuales suelen ser limitados pero contribuyen a la implementación de experiencias. Finalmente, ha habido apoyo a proyectos  comunitarios por parte de administraciones locales, como en el caso de Lebrija, en Santander, donde  el alcalde, motivado por la experiencia de la Escuela de Técnicos y Técnicas, decidió  financiar la construcción de cientos  de estufas. Los técnicos y técnicas comunitarias participaron en la construcción de algunas de estas estufas.

Estas experiencias demuestran  la  viabilidad de  la  autogestión y la autonomía energética para las comunidades, la creación de propuestas concretas para  alejarse  de las energías  basadas  en combustibles  fósiles, innovaciones tecnológicas  y  metodológicas  en medio  de sus procesos, la diversificación de las fuentes de energía, la participación activa de las mujeres en la construcción y sostenimiento de este tipo de experiencias, la creación  y transmisión intergeneracional de conocimientos, la mejora de la calidad  de vida y la reivindicación de sus formas  propias de concebir y vivir en el mundo. En resumen, estas propuestas acumulan conocimientos y prácticas  que crean  y proyectan otros mundos posibles, más justos y sustentables desde la autonomía y la dignidad. Esto implica una comprensión amplia de la energía y la relación con ella, y el promover cambios culturales que conllevan a hacer un uso más consciente de la energía y de nuestros bienes comunes, lo que conduce a una comprensión integral y una  experiencia vivida de las transiciones socioecológicas.

En cuanto a la integralidad, varias propuestas relacionadas con las energías  comunitarias adoptan enfoques multidimensionales al combinar diversas fuentes de energía, procesos organizativos/comunitarios y saberes propios  y contextuales. En este caso, nos gustaría resaltar  la experiencia de “Las canastas de tecnologías y prácticas: una propuesta para la soberanía energética y alimentaria de Lo Bueno del  Monte”, liderada por la Fundación UTA y la Finca  Tosoly “Lo bueno del Monte”, la cual se ha desarrollado en Santander, Colombia. Esta iniciativa trabaja en  la revitalización de las prácticas tradicionales del cultivo  de arroz  y trigo, para  fortalecer la soberanía  alimentaria desde  una  perspectiva agroecológica. Para  lograrlo, desarrollaron las Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles, donde exploraron y propusieron el concepto de “canastas  comunitarias de tecnologías y prácticas”.  Estas canastas  implican la creación  de propuestas integrales adaptadas a la realidad y proyectos de vida de cada comunidad, que incluyen equipos  y conocimientos relevantes para la producción agrícola  (por  ejemplo, producción de biofertilizantes, recolección de aguas lluvias, huertas familiares, entre  otras) y la autogestión energética (por ejemplo, biodigestores, deshidratadores solares, bicimáquinas, entre  otras),  el intercambio de saberes  y el trabajo colectivo en comunidades rurales.

La integralidad de las propuestas de las energías comunitarias reconoce y abarca diversos flujos energéticos, desde el sol, los alimentos, la energía  humana hasta los distintos procesos de producción. Estas propuestas están diseñadas  para responder a las necesidades  de las comunidades en varias dimensiones. Además  de conceptualizar las relaciones como un intercambio constante y mutuo entre  los diferentes elementos de la naturaleza, en contraposición a reducirlas a simples transacciones en el mercado. En el caso de la propuesta de UTA y la Finca Tosoly “Lo bueno del Monte”, han  logrado articular la diversidad de procesos  en la construcción de la soberanía energética y alimentaria de varias familias rurales,  lo cual ha permitido fortalecer sus propuestas productivas. En esta misma vía, existen numerosas  experiencias que integran una  variedad  de conocimientos, prácticas y herramientas tecnológicas diseñadas  para abordar las necesidades y prioridades de los contextos en los que surgen.

Las mujeres desafían  el modelo energético centralizado y patriarcal

Por otro  lado, en lo que respecta al papel de las mujeres en la construcción y sostenimiento de estas iniciativas,  es crucial su contribución a proyectos que tienen como objetivo central la construcción de una vida digna, la permanencia en los territorios  y la promoción  del  buen  vivir para sus familias  y comunidades. A menudo, sin autonombrarse como  feministas, las mujeres trabajan en favor de prácticas antipatriarcales, anticapitalistas y antiextractivistas, y promueven una  visión  alternativa del mundo. Esto implica  enfocarse en la ecodependencia y la interdependencia, así como  en la lucha  contra la mercantilización del agua, la tierra y la energía, y la defensa de la autonomía territorial. A su vez, es importante destacar  que el discurso  en torno a la energía  y la transición suele ser masculinizado y vinculado a intereses  corporativos, lo que excluye otras voces y perspectivas sobre el tema. Sin embargo, consideramos que al centrarse en propuestas que exploran otras formas de relacionarse con la energía,  se abre el espacio para voces diversas, que van desde  lo comunitario, lo territorial, las mujeres, las y los jóvenes, niñas y niños, entre  otros.

Algunas de estas propuestas han contribuido a facilitar las tareas diarias de las mujeres relacionadas con las labores del cuidado y la reproducción de la vida.4  Por  ejemplo, la experiencia del “Vivero de las Mujeres  de Roble, energía  solar para  sembrar plantas  medicinales y transiciones justas” en el Valle del Cauca, liderada por un grupo  de mujeres afrodescendientes, es un  ejemplo notable. Estas mujeres instalaron unos aljibes y un sistema de recolección pluvial, lo que les ha evitado realizar largos desplazamientos para  obtener agua, como hacían anteriormente. Además,  el vivero ahora cuenta con paneles solares que les permiten aprovechar la energía  solar para diversas actividades  dentro del mismo. Esto les ha brindado la posibilidad de escuchar radio mientras trabajan y de prolongar su jornada en el vivero después de la caída del sol, lo que les permite compartir más tiempo con sus compañeras. Además, el vivero se ha convertido en una fuente  de ingresos al transformar las plantas medicinales en productos para la autogestión de la salud, lo que no solo contribuye a su autonomía económica, sino que  también fortalece su papel en la comunidad y recupera sus saberes ancestrales.

Otro  ejemplo en esta línea  son las estufas eficientes,  que no requieren el mismo consumo de leña y contribuyen así a la reducción de la deforestación. Además, promueven los huertos leñeros para producir la madera necesaria para su funcionamiento. Esta práctica evita que las mujeres, niñas  y niños tengan que ir a buscar grandes cantidades de leña, al tiempo que mejora la salud de las mujeres y reduce los problemas respiratorios causados  por las estufas de leña tradicionales. La experiencia “Estufas  eficientes  de leña  y huertos leñeros  para  la conservación comunitaria de los bosques  y el buen vivir” es ejemplo de ello.

Reflexiones finales

La urgencia de transformar el sistema  energético en el contexto de las transiciones socioecológicas  supone una  transformación socio- cultural profunda del modelo de producción, gestión,  propiedad y de consumo. A su vez implica  la reconfiguración del modelo energético hegemónico, que está caracterizado por la alta concentración de grandes  empresas privadas  que controlan la generación y la distribución eléctrica  (Grupo de  Acción  por  la  Energía  Ciudadana, 2023). En cambio,  debemos avanzar hacia un modelo que otorgue un papel central a las iniciativas  locales, democratice la producción y generación de energía,  y promueva estas propuestas desde un enfoque intersectorial, impulsado por organizaciones, comunidades, cooperativas y otras formas organizativas comunitarias.

En concreto, es necesario  que la institucionalidad brinde incentivos fiscales y financiamiento para  el fortalecimiento, desarrollo y la implementación de este tipo  de experiencias. Ello debe estar conectado con un marco  regulatorio claro y favorable  que reconozca y promueva este tipo de iniciativas.  De igual forma,  es necesario que el acceso a la red eléctrica  pública facilite la integración de la energía generada a nivel comunitario y se establezcan mecanismos equitativos para la retribución por el excedente de energía inyectado a la red, así como  la posibilidad de una  comercialización entre  vecinas y vecinos.  También, es necesaria la participación y la vinculación de estas experiencias en la toma  de decisiones alrededor del sistema energético es central, así como la defensa del territorio y una visión integral del mismo  en donde no necesariamente se fraccione lo alimentario, lo energético y lo hídrico, sino que se establezcan miradas, rutas y políticas más integrales. Hay otros aspectos en los que es necesario profundizar, como el fomento y desarrollo nacional de ciertas tecnologías y materiales que mantienen la dependencia y encarecen los insumos.

Estos cuestionamientos nos  conducen a la necesidad de visibilizar y fortalecer las energías comunitarias, para que  puedan establecerse cada vez más como una red  y un  sistema  alternativo que promueva el cuidado y la reproducción de la vida a través de la soberanía energética, alimentaria e hídrica  de los territorios. Las energías comunitarias requieren garantías para sus propuestas. También necesitan ser visibilizadas,  reconocidas y respetadas, resaltando su carácter  comunitario y autónomo como  aspecto central. Además, exigen un relacionamiento equitativo con el sistema energético nacional  e internacional, que transforme las relaciones de poder que han impuesto las grandes empresas energéticas. Esto implica  que se las reconozca como actores fundamentales en lugar de tratar de cooptarlas y obligarlas a adoptar estructuras formales  como empresas y otras  figuras. También son  necesarios incentivos financieros, programas de formación y fortalecimiento para  las y los promotores locales, el fomento de la industria nacional para  reducir la dependencia tecnológica externa y la implementación de programas locales de asistencia técnica, entre  otras medidas.

La transición energética justa avanzará a medida que asumamos el control de la energía, las maneras de producirla y en qué se decide utilizarla.

¡Fortalecer las energías comunitarias es poner la reproducción de la vida en el centro!

NOTAS

1  Organizativamente, este proceso dio lugar inicialmente a la red nacional de pueblos afectados por hidroeléctricas, que posteriormente se transformó en el Movimiento Nacional de Afectados por Represas, Ríos Vivos.

2 Para obtener una  caracterización más  detallada, recomendamos consultar Censat Agua Viva et al. (2023).

3    Ver Censat  Agua Viva – Amigos de la Tierra  Colombia [@censataguaviva-amigosde- lat2863] (14 de noviembre de 2023).

4    Labores en las cuales han sido históricamente socializadas en el marco  de la división sexual del trabajo.

 

Bibliografía

Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia [@censata- guaviva-amigosdelat2863] (14 de noviembre de 2023). Video  1 – Aprender haciendo: Escuela de técnicos  y técnicas  comunitarias en  energías  alternativas [Video].  YouTube.  https://www.youtube. com/watch?v=pKspzspwf8c

Censat  Agua Viva et al. (2023). Promoción y fortalecimiento de las Energías Comunitarias en Colombia. Propuestas para Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Ruta de la Transición Energética Justa. Planes Departamentales y Municipales de Desarrollo. Bogotá. https://censat.org/wp-content/uploads/2023/03/Promocion-y-fortalecimiento-de-las-Energias-Comunitarias-en-Colombia.pdf 

Grupo de  Acción  por  la  Energía Ciudadana, Chile  (2023) Impulsar transiciones energéticas justas desde la ciudadanía.  Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6). https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias 

Salazar, Fernando (2023). Coplas campesinas nacidas en el seno de la Escuela técnicas y técnicos comunitarios en energías alternativas. Comunidades Energéticas, Energías Comunitarias. Revista Energía y Equidad, (6), 64. https://co.boell.org/es/2023/08/15/ comunidades-energeticas-energias-comunitarias

Soler-Villamizar, Juan  Pablo  (4 de abril  de 2023). Habilitadores Energéticos. Revista Raya. https://revistaraya.com/juan-pablo-soler/287-habilitadores-energeticos.html

En 2022, Sri Lanka  se enfrentó a una  crisis económica sin precedentes, con falta de reservas de divisas y protestas en todo  el país agravadas por la falta de electricidad, petróleo y gas. Las personas que hacían cola durante días para llenar sus garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) para cocinar se convirtieron en la imagen de la crisis energética, que también provocó cortes de electricidad frecuentes  que devastaron el sector de los servicios, que representa el 60 % de la economía.

El Gobierno de Sri Lanka estaba desesperado por hacer frente  a la crisis energética y buscó ayuda  exterior, lo que le enredó en las trayectorias emergentes de la geopolítica energética en el sur global, principalmente en relación con China  e India.

Cuando Sri Lanka aún se tambaleaba por la crisis, India accedió a apoyar al sector energético mediante préstamos para petróleo y gas, lo que ayudó a resolver el problema inmediato y dio un  respiro al Gobierno. A cambio, el conglomerado indio Adani Group se aseguró un contrato no solicitado para proyectos  de energía eólica y solar en Mannar y Pooneryn, con  inversiones estimadas de quinientos millones de dólares. En junio de 2022, al declarar ante la Comisión Parlamentaria de Empresas  Públicas,  el presidente de la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) afirmó que el presidente de Sri Lanka le había dicho que el primer ministro indio,  Narendra Modi,  había insistido en que se adjudicara al Grupo Adani  un proyecto de energía eólica en Mannar sin pasar  por ningún procedimiento de licitación (Farzan, 11 de junio  de 2022).

Además, se concedió a la Indian Oil Corporation (IOC) una  participación del 49 % en el desarrollo conjunto del parque de tanques petrolíferos de Trincomalee, que India persigue desde los años setenta. Gracias a la crisis económica, India consiguió lo que había aspirado a obtener durante más de medio siglo. India también quería construir líneas de transmisión eléctrica transfronterizas para exportar electricidad a Sri Lanka. Este proyecto se inició en los años noventa, pero Sri Lanka lo había retrasado, debido a que era consciente de que comprometería su seguridad energética. La crisis, sin embargo, dio un nuevo impulso a los planes. Asimismo, China aprovechó la crisis para perseguir sus intereses en el sector energético de Sri Lanka, especialmente adquiriendo una refinería de petróleo de 4500 millones de dólares en Port Hambantota, que se está desarrollando como centro  energético junto con una instalación de gas natural licuado (GNL).

La crisis económica de Sri Lanka demuestra el papel fundamental que desempeña la energía  en cualquier economía y por qué  la soberanía y la sostenibilidad energéticas son esenciales  para  la resiliencia. También muestra cómo las economías neoliberales débiles son vulnerables al papel de los actores externos, principalmente cuando dependen de la ayuda  exterior para  la financiación, la tecnología y el desarrollo de políticas.

Sri Lanka está abocada  y debe someterse a una  transición hacia fuentes de energía más respetuosas del medio ambiente. Lamentablemente, como demuestran los ejemplos anteriores, la  transición de Sri Lanka se está produciendo en medio de la competencia geopolítica −principalmente China, India, Japón y Estados Unidos−, que intenta poner en marcha diversos  proyectos energéticos y de infraestructuras para hacerse con el control territorial del país, de gran importancia estratégica. Los propios intereses nacionales de estas potencias geopolíticas regionales pueden obstaculizar los esfuerzos de Sri Lanka por pasarse a las energías renovables.

La historia de la implicación de China e India en el sistema energético de Sri Lanka

Durante dos décadas, la política energética de Sri Lanka ha estado fuertemente marcada por China e India, que ahora son líderes regionales en infraestructuras, tecnologías y financiación energéticas. La estratégica situación geográfica de Sri Lanka la ha  hecho  especialmente vulnerable a los intereses geopolíticos y a la competencia.

Como país de renta media-baja del Asia meridional, Sri Lanka ha intentado aumentar su suministro energético para hacer frente a la creciente demanda de energía, la inestabilidad de la producción hidroeléctrica provocada por el cambio climático y la falta de financiación pública, y las reticencias del sector privado que dificultan la puesta en marcha de nuevos proyectos. La combinación energética del país ha cambiado a lo largo de los años y los combustibles fósiles han ido desplazando gradualmente a la hidroelectricidad como principal fuente  de energía  (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. Combinación  de generación  eléctrica de Sri Lanka 1969-2022

Compilado por los autores a partir  de múltiples  informes. Tomado principalmente de los informes anuales del Banco Central de Sri Lanka y los informes anuales del Banco Central Europeo.

Esta situación obligó al país a buscar la participación exterior en el sector energético desde finales de los años noventa. Como  ya se ha dicho, tres potencias regionales han llegado a ser especialmente influyentes en la política energética de Sri Lanka:  la vecina India, la potencia emergente de China y su antiguo socio en el desarrollo, Japón, cada una  de las cuales entró en el sistema energético del país con intereses  y competencias específicos.

India es actualmente el segundo importador mundial y el tercer refinador de petróleo crudo, el segundo productor de carbón y el cuarto de energía eólica y solar (Ministry  of New and  Renewable Energy,  9 de septiembre de 2022; Gateway House Indian Council on Global Relations, 3 de agosto de 2023). China  es el mayor productor mundial de carbón y el mayor  consumidor e importador de enegía (China Power, 9 de  noviembre de  2023; International Energy Agency, 2000). También es un  importante productor de tecnología energética y otras materias primas asociadas, por lo que tiene un impacto mundial en los mercados y el comercio energéticos (Cosins-Smith, 7 de septiembre de 2023; Reuters, 28 de noviembre de 2023).

La industria china de tecnologías verdes reconoce cada vez más el potencial de crecimiento de Asia meridional y se ha convertido en un actor energético de primer orden en la región a través de inversiones en proyectos  y como exportador de energía.

Japón ha apoyado al sector energético de Sri Lanka desde principios de la década de 1970 a través de su cooperación con el desarrollo y de la asistencia técnica para mejorar el sistema  energético modernizando las redes. En 1995 ofreció construir una  central eléctrica de carbón, pero no llegó a materializarse. En  2006, China también ofreció construir una central de carbón, que entró en funcionamiento en 2011. Ese mismo  año, se ofreció a India un proyecto de central eléctrica de carbón a través de un acuerdo entre Sri Lanka y la India. El proyecto se enfrentó a la oposición de grupos  ecologistas y, finalmente, el movimiento social “Trincomalee Verde” consiguió detener la central de carbón mediante un  fallo del Tribunal Supremo en 2016 (véase el recuadro 1).

Recuadro 1. Oposición a las centrales térmicas de carbón

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En diciembre de 2006, el Gobierno de Sri Lanka y la empresa india National Thermal Power Corporation (NTPC) firmaron un memorando de entendimiento para construir una central eléctrica de carbón de quinientos megavatios (MW) en Sampoor, en la provincia Oriental. En aquel momento, la zona estaba controlada por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE).

En 2008, tras el resurgimiento de la guerra civil, los LTTE fueron eliminados de la zona, que posteriormente fue demarcada como zona de alta seguridad. No se permitió regresar a las personas desalojadas de sus tierras, que se sintieron aún más angustiadas por el anuncio de que se iba a construir allí una central eléctrica de carbón. Un movimiento social local, “Green Trincomalee”, movilizó apoyo en todo el país, alegando preocupaciones medioambientales y sociales. A pesar de las protestas, India siguió construyendo la central hasta que, finalmente, un fallo del Tribunal Supremo paralizó las obras.

Estos compromisos externos en el sector energético de Sri Lanka, que promueven fuentes de energía no renovables, han contribuido a crear un entorno nacional favorable al bloqueo del carbón, incluida la corrupción. La planta de carbón financiada por China es un ejemplo paradigmático, donde las licitaciones de carbón se han visto continuamente envueltas en acusaciones de corrupción.

Múltiples informes han descubierto que se han malversado ingentes cantidades de dinero (Sunday Times, 17 de enero de 2016, 24 de julio de 2016, 18 de septiembre de 2022; Daily Mirror, 24 de agosto de 2016; Wijedasa, 3 de junio de 2018). Las inversiones en infraestructuras fósiles facilitan el programa de la Junta de Electricidad de Ceilán para seguir dependiendo de los combustibles fósiles, lo que puede retrasar la adopción de tecnologías con bajas emisiones de carbono y el despliegue de energías renovables económicamente viables (Theiventhran, 2024). Otro ejemplo reciente de inversiones que refuerzan la dependencia del carbono es la adquisición por parte de China de los derechos para construir una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota. Aunque se afirma que está orientada a la exportación, se prevé que se utilizará para importaciones que profundizarán la dependencia energética de Sri Lanka del petróleo.

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El camino de Sri Lanka hacia las energías  renovables y sus retos geopolíticos

Sri Lanka se comprometió a reducir las emisiones de carbono en el marco del Acuerdo  de París, lo que significa que se enfrenta al reto de realizar la transición hacia las energías renovables. Esta transición hacia un sistema energético más limpio conllevará cambios  fundamentales y sistémicos que afectarán la gobernanza, la política, el comercio y la innovación. Sin embargo, Sri Lanka  sigue dependiendo, y cada vez más, de formas de energía no renovables basadas en el carbono y tanto la dinámica de poder nacional como la geopolítica energética de India,  China  y Japón  plantean el riesgo de un  aumento de la dependencia del carbono y de la vulnerabilidad energética.

Los planes de Sri Lanka para pasar a la energía  limpia son política y socialmente complejos. Desde mediados de los años noventa, la demanda energética del país ha ido en aumento. Al maximizar sus fuentes hidroeléctricas, se ha creado una  demanda de nuevas fuentes  de energía  y el Gobierno ha solicitado  ayuda  externa para desarrollar nuevas fuentes  de energía  mediante tecnología, recursos y financiación, lo que ha convertido a las energías renovables en un nuevo  campo  de batalla  para las potencias regionales.

En 2021, por ejemplo, una empresa china ganó la licitación para construir una  instalación híbrida de energías renovables en las dos islas del norte de Sri Lanka, muy próximas a India. A India  no  le gustó que una  empresa china ganara  la licitación, ya que consideraba que permitir que una empresa china construyera una instalación renovable cerca de su territorio suponía una  amenaza para la seguridad nacional. Tras un año de batalla,  India consiguió que se anulara la licitación y, finalmente, ofreció un préstamo para construir las instalaciones de energías renovables. Este resultado ilustra que el poder de decisión de Sri Lanka  en el sector energético, incluida la necesaria  transición a las energías renovables, está profundamente enredado en la geopolítica.

Un responsable de la elaboración de políticas que participó en el proceso lo describió  de la siguiente manera:

En los últimos diez años hemos  perdido la independencia energética y ahora  no tenemos soberanía energética. El liderazgo político indeciso y la fluidez de la formulación de políticas basadas en intereses han  puesto  nuestro futuro energético en manos  de actores externos. Aunque, como  nación,  queremos pasar a las energías  renovables, no podemos elegir quién  las impulsa. La geopolítica  desplegada  en torno a los proyectos  renovables en las islas del norte  indica el poder de la geopolítica, los peligros que presenta y el precedente que sienta  para el futuro.1

Si el Estado de Sri Lanka queda al margen, esto es aún más cierto en el caso de las comunidades más afectadas por los proyectos  energéticos. En 2022, la empresa india  NTPC, en una empresa conjunta con la CEB, acordó  construir una  central solar de 1300 MW en una zona anteriormente destinada a la central de carbón. Para la población local, desplazada por la guerra, esto significaba que un agente externo les arrebataría sus tierras para  impulsar la transición hacia la energía verde, pero sin consultarle ni indemnizarla.

Un activista local dijo:

Las personas  desalojadas  de sus tierras  siguen  refugiadas.  Siguen sufriendo. Hay que permitirles regresar a su pueblo y a sus tierras. Después de tantas protestas, los gobiernos de India  y Sri Lanka  siguen sin entender los problemas socioeconómicos y medioambientales. La gente  siempre  está al final de la protesta en la toma  de decisiones  y nuestras  voces siempre  son desoídas.2

Lo que indican estos y otros ejemplos  es que la transición a la energía verde se está convirtiendo en un nuevo  escenario  para la geopolítica, junto a la competencia entre las distintas potencias regionales por las formas tradicionales de energía  basadas en el carbono.

La crisis económica de 2022 aumenta la dependencia exterior

La crisis económica de 2022 ha agravado esta competición geopolítica y ha abierto nuevas  vías y oportunidades de participación en el sector energético de Sri Lanka. Un responsable político  resumió la dificultad de Sri Lanka afirmando simplemente que “cuando hay hambre no hay pan duro”.

En agosto de 2023 se firmaron seis acuerdos  energéticos bilaterales durante la visita presidencial de Sri Lanka a India. Los acuerdos abarcaban una  serie de iniciativas,  como  la propuesta de establecer un oleoducto que conectara ambos  países, esfuerzos para mejorar la conectividad bilateral de la red eléctrica, incluido un cable submarino, y esfuerzos  de colaboración en  el campo  de las energías renovables.

Se afirmó  que Sri Lanka obtendría ventajas  de los eficientes métodos de abastecimiento y procesamiento de petróleo de India, que pueden pagarse en rupias, y mitigaría así la crisis de su balanza de pagos. Al mismo tiempo, el acuerdo aumenta la dependencia de Sri Lanka de India, ya que ahora el país compra productos petrolíferos acabados en lugar de crudo. Hasta la fecha, Sri Lanka compraba crudo y lo refinaba localmente, lo que le reportaba enormes beneficios económicos. El nuevo  acuerdo significa que Sri Lanka tendrá que cerrar su refinería, comprar subproductos como el queroseno y adquirir diésel y petróleo refinados a un costo mucho mayor. El acuerdo para  conectar las redes eléctricas de ambos países mediante un cable submarino también aumenta potencialmente la dependencia, ya que permite a India vender electricidad a Sri Lanka y exportar la energía producida por los proyectos indios  de energías renovables en Sri Lanka.

En mayo  de 2023, Sri Lanka se vio obligada a abrir su mercado minorista de combustible, hasta entonces dominado por la empresa estatal Ceylon  Petroleum Cooperation (CPC) y la Indian Oil Cooperation (IOC), también estatal. Esto abrió la puerta a China, ya que Sri Lanka  aprobó un  contrato con  la empresa china Sinopec  para obtener una  licencia de veinte  años para explotar ciento cincuenta estaciones de servicio e invertir en cincuenta nuevas. La licencia le permite importar combustible sin depender de los bancos  nacionales de Sri Lanka ni de India.  En colaboración con Shell, la australiana United Petroleum y la estadounidense R.M. Parks también han recibido la aprobación del Gobierno para instalar estaciones de servicio en Sri Lanka. Estos acuerdos, realizados en el contexto de la crisis económica, aumentan la dependencia exterior de Sri Lanka y, en general, prolongan su bloqueo de carbono.

Estados Unidos y otros países entran en la lucha

Aunque Estados Unidos es un país relativamente ajeno al sector energético de Sri Lanka en comparación con India, China y Japón, en 2021 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentó un  programa energético para  Sri Lanka, que es a la vez una estrategia y un mecanismo de financiación. Pretende “transformar su sector energético en un  sistema basado en el mercado, seguro, fiable y sostenible, movilizando inversiones para desplegar tecnologías avanzadas, aumentar la flexibilidad  y mejorar la competitividad” (United States Agency for International Development [USAID], 2021). Se trata, pues, de hacer de la energía un bien de mercado.

Ese mismo año, la empresa energética estadounidense New Fortress Energy (NFE) firmó un acuerdo con el Gobierno de Sri Lanka para construir una terminal de gas natural licuado frente a las costas de Colombo. También permitió a NFE comprar la participación del 40 % del tesoro de Sri Lanka en una central eléctrica de 310 MW, que contribuye de forma significativa a la red eléctrica nacional. Este acuerdo se firmó sin el conocimiento de los principales actores políticos, incluido el Parlamento. Hubo una  protesta local masiva por el acuerdo, pero fue en vano.

En palabras  de un activista sindical que se unió  a la protesta contra los acuerdos:

La audacia  de firmar  un acuerdo  sobre un asunto  de importancia nacional a medianoche sin siquiera informar al parlamento pone de relieve la naturaleza de la geopolítica  y el poder de los actores geopolíticos en los asuntos locales. El Gobierno cedió a la petición de Estados Unidos mientras hablaba de patriotismo a nivel local. El sector energético de Sri Lanka está siendo diseccionado por influyentes actores externos, donde se ha convertido en agua turbia.

Tras la crisis económica, Sri Lanka también ha explorado la energía nuclear. A principios de 2023, India, Estados Unidos  y algunos  países europeos habían ofrecido  construir centrales nucleares en Sri Lanka. En junio  de 2023, el país llegó a un  acuerdo con la gigante nuclear rusa Rosatom para construir una planta nuclear que podría funcionar con  dos reactores  y generar 300 MW. Aunque Rusia  es un recién  llegado al panorama energético de Sri Lanka, actualmente está construyendo la primera central nuclear de Bangladesh:  la central nuclear de Rooppur, en la que India también participa, es el primer proyecto nuclear indo-ruso fuera  de la India.  Se desconoce el papel de India en la central nuclear propuesta para Sri Lanka.

En medio  de la lucha geopolítica, Japón −un socio de larga data en el sector  energético de Sri Lanka  a través  de proyectos  desarrollados con asistencia  financiera y técnica  bilateral, como  la Agencia de Cooperación Internacional de Japón  (JICA)− ha sido dejado  de lado. No obstante, el país mantiene su asociación de veinte años con Sri Lanka en materia de política  energética, pero  se ha unido cada vez más a India en la cooperación trilateral en este ámbito.

Aunque se ha producido una  expansión de las energías  renovables, no ha sido a expensas del continuo desarrollo de los combustibles fósiles y de la inversión en ellos. En enero  de 2021, el Gobierno de Sri Lanka aprobó dos centrales eléctricas de carbón y dos plantas de gas natural licuado, cada una con una capacidad de 300 MW, para un  total  de 1200 MW. En septiembre de 2021, el presidente de Sri Lanka declaró que el país daría prioridad a la obtención del 70 % de su electricidad a partir de fuentes  renovables para  2030, aunque la versión  actual del Plan de Expansión de la Generación a Largo Plazo de Sri Lanka (LTGEP), que abarca  el periodo 2020-2039, prevé la adición  de un 55 % más de capacidad  de carbón y petróleo.

La crisis energética de Sri Lanka, desencadenada por la crisis económica, ha renovado las ambiciones del lobby del carbón, que lo ha promocionado como una opción barata y ha fomentado su importación.  Los agentes externos siguen  interesados en nuevas centrales de carbón, a las que  presentan como  “ecológicas” y de “carbón limpio”.

Sri Lanka también ha explorado proyectos de gas natural licuado (GNL). En 2017, Sri Lanka e India  firmaron un  memorando de entendimiento en  el que  una  empresa india  debía  construir una planta de GNL de 500 MW. El memorando se refería a una empresa conjunta en la que participarían entidades de Sri Lanka, India  y Japón  −pero el proyecto nunca despegó y Sri Lanka lo aplazó a pesar de la presión  india. En agosto de 2022, el Gobierno adjudicó un contrato de GNL al consorcio  chino-pakistaní Engro tras un competitivo proceso  de licitación internacional. En agosto de 2023, el Sri Lankan Sunday Times informó (Reuters, 18 de mayo de 2016; Colombo Telegraph, 13 de septiembre de 2016) que el Gobierno había  revocado el proyecto Engro y tenía  previsto ofrecérselo  a una  empresa india, Petronet LNG Ltd. El GNL es un espacio geopolítico altamente competitivo con muchos actores implicados, conscientes del potencial gasístico sin explotar de la cuenca  de Mannar, en la costa occidental de Sri Lanka. En enero de 2023, el ministro de Electricidad y Energía solicitó  a empresas de Japón, India  y NFE que elaboraran una propuesta conjunta para  suministrar, construir y explotar una terminal de GNL.

El cuadro  1 ofrece una visión general de los enredos geopolíticos en el sector energético de Sri Lanka, especialmente en la última década.

Cuadro 1. Cronología de la participación externa en el sector energético  de Sri Lanka

 

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US$)	Estado
2000	Japón	Sojitz Power Station	$104	Planta de diésel de 172 MW, de propiedad privada.
2006	China	Central de carbón de Norocholai	$1350	La planta, de 900 MW, se construyó gracias a un préstamo del Banco de Exportación e Importación de China.
2006	India	Central eléctrica de carbón de Sampoor	$500	La central, de 500 MW, iba a ser construida y explotada por la National Thermal Power Corporation (India). La sentencia judicial paralizó la construcción por motivos medioambientales tras las protestas (véase el recuadro 1) (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2007	EE. UU., Alemania y otros	Central eléctrica de petróleo de Yugadanavi	$300	La planta de 300 MW recibió el apoyo de agencias de crédito a la exportación de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Polonia, Francia y Austria.
2010	EE. UU.	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka	N/D	USAID financió el estudio de prefactibilidad.
2016	India	Grupo de trabajo conjunto sobre “Cooperación en el sector energético entre India y Sri Lanka”		India puso en marcha un grupo de trabajo conjunto para trabajar en la cooperación energética India-Sri Lanka.
2017	India y Japón	Construcción de una planta de GNL		India, Japón y Sri Lanka firmaron un acuerdo tripartito para incorporar el GNL al mix energético.
2018	China	Planta de GNL en el interior del puerto de Hambantota	$500	China se adjudicó la construcción de la primera planta de GNL dentro del puerto controlado por China (South China Morning Post, 5 de mayo de 2018).
2021	EE. UU.	Planta de GNL de Yugadanavi	N/D	El Gobierno y la empresa estadounidense New Fortress Energy, que adquiere el 40 % de la central petrolífera de Yugadanavi, firman un acuerdo sobre 300 MW de GNL. Tras fuertes protestas públicas, aún no se ha puesto en marcha (EconomyNext, 23 de septiembre de 2021).
2021	China	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	$12	El Gobierno de Sri Lanka anuló la licitación concedida a empresas chinas debido a las protestas de India (Chaudhury, 6 de agosto de 2023) .

 

Año	País	Proyecto	Cantidad (en mill. de US$)	Estado
2022	India	Parque híbrido renovable en las islas de la provincia septentrional	$11	Subvención de la India a condición de que la licitación se adjudique a la empresa india (Chaudhury, 6 de agosto de 2023).
2022	India	Planta solar Sampoor	$115	Indian National Thermal Power Corporation fue autorizada a construir un parque solar de 135 MW en los terrenos anteriormente asignados a la central de carbón (Srinivasan, 12 de marzo de 2022).
2022	India	Desarrollo de los depósitos de petróleo de Trincomalee	N/D	India desarrollará conjuntamente las instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo y tendrá acceso al puerto estratégico de Trincomalee (Wijedasa, 19 de junio de 2022).
2022	India	Proyecto de energía eólica en Mannar y Pooneryn	$750	La empresa india Adani Group se adjudicó la licitación a petición del Gobierno indio (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2022	China y Pakistán	Suministro de GNL y red de gasoductos	N/D	El consorcio chino-pakistaní Engro ganó la licitación para suministrar GNL a Sri Lanka. India protestó enérgicamente y en agosto de 2023 se canceló (Ariyawansha, 6 de agosto de 2023).
2023	India	Suministro de GNL y red de gasoductos		La licitación se adjudicó a Petronet LNG Ltd of India (Farzan, 15 de agosto de 2023).
2023	India y Omán	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	$3850	India y Omán se adjudicaron la licitación en 2019, pero el proyecto se estancó. El Gobierno canceló el proyecto en 2023 (Reuters, 27 de noviembre de 2023).
2023	China	Refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota	$4500	La empresa china Sinopac se adjudica la construcción de una refinería de petróleo en el puerto internacional de Hambantota en régimen de arrendamiento de noventa y nueve años (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	China, EE. UU. y Australia	Arrendamiento de estaciones de servicio		Se ha autorizado a tres petroleras de China, Estados Unidos y Australia a arrendar 150 estaciones de servicio para que cada una de ellas opere en el mercado local. Indian Oil Corporation ya posee y explota 211 estaciones de servicio en Sri Lanka (EconomyNext, 27 de marzo de 2023).
2023	India	Conexión transfronteriza India-Sri Lanka		Sri Lanka e India acuerdan construir una interconexión eléctrica transfronteriza (Samant, 9 de agosto de 2023).

 

En este contexto, es esencial evaluar  el impacto de la participación y la financiación externas  en las ambiciones de transición energética de Sri Lanka, que se ha fijado como  objetivo alcanzar el 70 % de energías renovables en la generación de electricidad de aquí  a 2030. Sin embargo, dadas las condiciones económicas imperantes, Sri Lanka no  podrá  cumplir sus compromisos climáticos. Cuatro razones han  frenado especialmente la transición a las energías  renovables.

En primer lugar, debido a la crisis, los proyectos locales de energías renovables no han despegado. Segundo, la crisis ha acentuado la dependencia de los combustibles fósiles y las nuevas infraestructuras energéticas también se inclinan en  esa dirección. Tercero, los proyectos indios de energías  renovables van acompañados de transmisión transfronteriza, lo que  significa que la energía renovable generada por empresas indias  en Sri Lanka  puede  destinarse principalmente al consumo indio. En cuarto lugar, Sri Lanka ha perdido gradualmente su soberanía energética al privatizar y permitir que las fuerzas del mercado decidan los precios de la energía. Todo ello ha socavado el principio básico de “energía  asequible para todos”.

Conclusiones de la experiencia de Sri Lanka

El proceso de transición energética en Sri Lanka se ha caracterizado por un enfoque relativamente moderado e ineficaz que exige acciones más decisivas. Su transición hacia las energías  renovables se ha visto empantanada por la pandemia y la crisis económica, cuando la atención volvió a centrarse en garantizar la suficiencia energética en lugar  de la transición energética. Las desfavorables condiciones económicas minaron la posibilidad de adopción de energías renovables y facilitaron la continuación de los bloqueos de carbono.

Como  muestra el gráfico 1, la transición de Sri Lanka a las energías renovables ha  sido  lenta, lo que también puede  atribuirse a la debilidad de las instituciones y a la incapacidad de integrar las políticas y los marcos en una política nacional más global, lo que ha permitido depender en exceso de actores externos y del juego de poder geopolítico. La crisis económica ha acentuado el poder  de estos intereses  geoestratégicos y ha permitido a los actores  geopolíticos dictar el futuro energético del país.

La transformación de la economía política  de Sri Lanka  tras la liberalización ha hecho que el Estado deje de controlar el capital privado, lo que ha debilitado las instituciones estatales y ha limitado las finanzas públicas. Como consecuencia, la dinámica de la relación entre  el Estado  y el sector  privado en Sri Lanka  se ha reconfigurado y, de esta manera, ha facilitado  el resurgimiento de la influencia geopolítica en el sector energético del país.

Estos factores han dado lugar a un Estado caracterizado por una transición energética fallida, en la que el proceso de descarbonización se disocia cada vez más de las consideraciones de seguridad energética y obstaculiza, así, el avance hacia la justicia social y limita su alcance. El carbón, por ejemplo, sigue recibiendo apoyo  a pesar de ser el combustible más contaminante. A pesar de la urgente necesidad de avanzar  hacia un mundo poscarbono ante  la crisis climática, en Sri Lanka predominan los intereses  geopolíticos sobre el clima y el medio  ambiente.

La feroz competencia por los proyectos  de infraestructuras energéticas en Sri Lanka demuestra que la geopolítica de la energía  desempeña un papel cada vez más importante en la configuración de la política  energética, las disposiciones y las transiciones en países similares. La influencia de las potencias tradicionales (antiguos donantes, es decir, los países de la OCDE) está disminuyendo y están surgiendo nuevas  potencias para ocupar su lugar. Se había previsto que el desarrollo de fuentes de energía renovables redujera la geopolítica de la energía,  creara  energía  renovable asequible y disponible para los países del sur global y, en última instancia, ayudara a estas naciones a cumplir sus objetivos  climáticos. Sin embargo, en Sri Lanka no ha sido así.

Una crítica frecuente a la cooperación norte-sur es que conduce al neocolonialismo porque no se basa en asociaciones  equitativas. Esto se debe principalmente a que los países del norte global dan prioridad a la extracción de recursos del sur global, en lugar de centrarse en añadir valor socioeconómico a estos países ricos en recursos. La situación de Sri Lanka demuestra que esta dinámica también se aplica a la cooperación sur-sur. La situación actual  se caracteriza por el auge de una  forma  de neocolonialismo chino,  así como por un neocolonialismo impulsado por las aspiraciones indias de hegemonía regional. El enfoque inversor chino, basado en la política de “no  injerencia en los asuntos locales”, se ha vuelto  atractivo para muchos países del sur global, mientras que el enfoque inversor estadounidense siempre se ha conocido como “con condiciones”.

China e India se están posicionando como líderes del sur global capaces de proporcionar conocimientos, financiación y tecnología para  ayudar  a otros  países en sus transiciones energéticas. Esto tiene su base en un trasfondo histórico de intercambio cultural y en los conceptos de unidad sur-sur y poscolonial, así como  en los argumentos de que  China  e India están subsanando las deficiencias infraestructurales de países como Sri Lanka. Sin embargo, a medida que estos dos países asiáticos amplían su influencia económica y política, es importante señalar que también buscan materias primas, mercados y ventajas  geopolíticas fuera de sus propios  territorios.

El caso de Sri Lanka ilustra también que actores externos han construido allí sus propias  infraestructuras energéticas. India  y China han obtenido licencias para construir refinerías de petróleo y varios actores  externos poseen  y explotan ahora  estaciones  de servicio. India ha ganado licitaciones para construir y explotar plantas de energías  renovables, incluidos planes  para  exportar electricidad a India. Se trata de una nueva  forma de hegemonía. No se trata solo de comerciar con materias primas, poseer industrias o controlar mercados, sino también de infraestructuras físicas mucho más permanentes y consecuentes en términos de soberanía nacional.

Una  última conclusión es que  las infraestructuras energéticas tienen un poder y una influencia considerables en la economía política  y nacional, y proporcionan el espacio tanto para  facilitar las ambiciones hegemónicas de los actores  geopolíticos como para ejercer un control considerable y actúan así de contrapeso a los actores  competidores. La reactivación económica de Sri Lanka se ve socavada aún más por las acciones de los actores  externos a corto y largo  plazo.  Cuando las infraestructuras energéticas son de propiedad  local  tienen una  enorme ventaja  financiera a largo  plazo, como  demuestran las centrales hidroeléctricas de Sri Lanka. Las infraestructuras energéticas emergentes, controladas desde el exterior, erosionarán gradualmente la independencia energética y tomarán el control de la arquitectura energética local. La crisis económica ha puesto  en peligro  los deseos de los ciudadanos y no  ha habido consultas públicas  sobre las próximas infraestructuras y políticas energéticas. Es una cuestión de justicia y equidad.

Reflexiones finales

El caso de Sri Lanka va más allá de la concepción convencional de la geopolítica energética, en la que la energía  se considera una  herramienta para el compromiso y el comercio, ya que ha permitido a los actores geopolíticos hacerse con el control territorial geoestratégico y la influencia sobre  toda  la isla. Sri Lanka  está comprometida y necesita hacer la transición hacia una energía más ecológica, pero el país también es un campo  competitivo para  las potencias geopolíticas que presionan para conseguir distintos tipos de proyectos energéticos y/o infraestructuras, y para  hacerse  con  el control territorial en  la Sri Lanka  geoestratégica. Estos actores  geopolíticos no solo presionan a favor  de las energías  no  renovables, sino que  los enfrentamientos entre  titanes  regionales también obstaculizan  la transición energética de Sri Lanka. La crisis económica es una  coyuntura crítica  en  la (geo)política energética que pone de manifiesto la vulnerabilidad de Sri Lanka  y su limitada influencia frente a las grandes  potencias, como demuestran claramente las incursiones  de India desde la crisis económica.

NOTAS.

1    Entrevista  realizada  por Theiventhran en octubre de 2023.

2    Entrevistas  realizadas  por Theiventhran en enero  de 2020.

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