Desde la perspectiva de la calidad de vida, este proceso implica:

Precarización económica: la renta agraria por ocupado ha experimentado un estancamiento crónico que contrasta con el incremento del gasto medio familiar, situando a las familias agricultoras en una posición de desventaja comparativa. La estrategia de supervivencia basada en la intensificación, la especialización productiva y la reducción de costes laborales ha generado un modelo de “agricultura sin agricultores” donde el trabajo familiar es sustituido progresivamente por mano de obra asalariada —frecuentemente inmigrante y en condiciones precarias—, erosionando la calidad del empleo y la dignidad del trabajo agrario.

Pérdida de autonomía y control: el tránsito desde un modelo basado en la explotación familiar hacia otro dominado por grandes empresas y corporaciones implica una transformación cualitativa en la relación con el territorio y la actividad productiva. El conocimiento local, las prácticas tradicionales y el vínculo intergeneracional con la tierra —elementos constitutivos de una vida digna y de la sostenibilidad en el medio rural— son desplazados por lógicas empresariales que priorizan la maximización del beneficio sobre el cuidado de los agroecosistemas y las comunidades, perdiendo así el control sobre la configuración del territorio y su adecuación a las potencialidades de este.

Despoblación y desarticulación social: el abandono de tierras, la concentración en pocas manos o la desaparición de explotaciones no solo tienen consecuencias ambientales, sino que contribuyen al deterioro del tejido social rural. La pérdida de población activa agraria implica la desaparición de servicios, el debilitamiento de las redes comunitarias y la ruptura de formas de vida que durante siglos han configurado la identidad cultural y el paisaje español.