Las evidencias resultan preocupantes:

Exposición a disruptores endocrinos: el 36% de las muestras de alimentos analizadas contiene al menos un pesticida, detectándose 106 sustancias diferentes —59 de ellas con capacidad de alterar el sistema hormonal—, y el 22% presenta dos o más residuos simultáneamente. El “efecto cóctel” derivado de esta exposición múltiple, sumado a la presencia generalizada de plásticos y sus aditivos en la cadena alimentaria, configura un escenario de riesgo sanitario cuyas consecuencias —problemas de fertilidad, alteraciones metabólicas, trastornos neuroconductuales, ciertos tipos de cáncer— están siendo ya documentadas por la literatura científica.

Costes sanitarios y sociales: las enfermedades asociadas a la mala alimentación —obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres— generan una creciente presión sobre el sistema sanitario, reducen la calidad de vida de las personas afectadas y provocan pérdidas de productividad con importantes costes económicos y sociales. Las proyecciones indican que, de mantenerse las tendencias actuales, en 2030 hasta el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres presentarán sobrepeso u obesidad, con el consiguiente impacto sobre el bienestar y la sostenibilidad del sistema de salud. Estos datos ponen en evidencia la necesidad de impulsar cambios profundos en las dietas —tanto en cantidades como en tipos de ingesta—, dado que las enfermedades asociadas a la alimentación continúan en aumento.

Vulnerabilidad diferencial: los grupos de población más vulnerables —mujeres embarazadas, niños, adolescentes— son también los más expuestos a los efectos adversos de los contaminantes alimentarios. La exposición durante etapas críticas del desarrollo puede provocar efectos irreversibles y duraderos que condicionarán la salud de estas personas a lo largo de toda su vida, configurando una forma de desigualdad intergeneracional particularmente injusta.