Víctor M. Rodríguez Muñoz introduce el número 153 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, con el texto titulado: El debate hurtado sobre la educación concertada.

Hace pocos meses y en el contexto de la tramitación en el Parlamento de la LOMLOE se reavivó, de forma más sonora que en ocasiones anteriores, algo parecido a un debate sobre la educación concertada.

Aludo a que se reavivó porque es un debate que permanece por lo general soterrado y que se activa cuando se tramitan leyes en las que se cuestiona la actual red de centros sostenidos con fondos públicos, cuando se producen algunas noticias de calado sobre el mal uso de esos fondos o, más atenuado, cuando se abren los procesos anuales de escolarización.

Si digo de forma más sonora es porque, en esta ocasión, una parte de la educación concertada –no toda– no ha dudado en poner a sus comunidades educativas en contra de la ley, promoviendo una ruidosa campaña con su simbología bien estudiada y con la complicidad de algunas de las administraciones educativas más conservadoras que incluso han amenazado con blindar muchos de los aspectos del todavía vigente statu quo, heredero de la anterior Ley Orgánica, LOMCE.

Como viene siendo cada día más habitual, estas protestas y este blindaje se han articulado en torno a una peculiar idea de la libertad, en este caso de creación de centros o de elección sin cortapisas por parte de las familias, en una defensa a ultranza de una idea de “demanda social” que jamás había existido antes de la LOMCE.

En el otro lado, podríamos decir que en el de la defensa de la educación de titularidad pública, la beligerancia ha sido esta vez algo menor, debido probablemente a que la Ley, aunque de manera tímida, pretende corregir algunas situaciones ciertamente irregulares y poner un cierto orden en lo que a muchas personas les parece una deriva no deseada del actual régimen de conciertos, que sin mucha alteración está en vigor desde hace más de 35 años. Se ha manifestado sobre todo a través de las redes sociales y de algunos artículos en prensa, pero no ha dado lugar a las intensas movilizaciones que han tenido lugar en otras ocasiones y que esta vez se han producido en el entorno de la educación concertada.

Finalmente, si digo que lo que se ha producido ha sido algo parecido a un debate es porque creo que, aunque la controversia existe, en realidad hace muchos años que no se produce un verdadero diálogo respecto a muchas cuestiones que habría que confrontar sobre la actual red de centros y en particular sobre los sostenidos con fondos públicos a través del régimen de conciertos.

La mera antigüedad de este régimen, pactado y establecido en un momento social, político y educativo muy diferente al actual deberían bastar para considerar que es necesaria una revisión muy profunda.

La existencia de desajustes, cada día más acusados y más obvios, con el perjuicio consiguiente para muchas familias, alumnado y profesorado deberían hacerlo más perentorio y justificarían, además, que esta revisión se llevara a cabo escuchando a todas las partes y teniendo en cuenta todos los argumentos, pero en particular los más fundamentados.

Esta ausencia de profundidad en el debate supone de nuevo, desde nuestro punto de vista, otra oportunidad perdida. En realidad, parece que nadie lo alienta de verdad. Tal vez porque en realidad no interesa demasiado: ni a las administraciones educativas, que pueden seguir manteniendo la ficción de que es posible una educación concertada gratuita con una evidente falta de financiación pública y que también pueden seguir utilizando la educación como campo de batalla de otras contiendas políticas e ideológicas; posiblemente tampoco interesa a los centros, sean muchos o pocos, que son remisos a aplicar con rigor los criterios de escolarización en condiciones de equidad para todo el alumnado; creo que tampoco es demandado por quienes tienen ya interiorizados sus inamovibles argumentos en contra de la enseñanza concertada y que no están dispuestos siquiera a plantear la posibilidad de que garantizar el derecho a la educación, que sin duda compete a los poderes públicos, pueda hacerse a través de un servicio prestado por una entidad de carácter privado, con los límites y condiciones que se determinen.

Los lugares comunes

Con relativa independencia de esta falta de voluntad, se da también la circunstancia de que, cuando se producen manifestaciones en uno otro sentido, se tiende a repetir algunos argumentos que por lo general resultan poco centrados, que no siempre responden a las necesidades reales del sistema educativo y que están muchas veces presididos por apriorismos difíciles de sustentar y que generan aún más confusión.

Quienes sostienen que, en los últimos años y en particular en algunas comunidades autónomas, cada vez son más los fondos que se destinan a la educación concertada ignoran a menudo y de forma deliberada que el problema no es tanto ese como la evidencia –que también puede ser objeto de discrepancia– de que cada vez son más los alumnos y alumnas que se escolarizan en esa modalidad y que los presupuestos públicos que acompañan esa escolarización son indispensables y más que justificados para proporcionarles una educación de calidad.

Quienes arguyen que la educación concertada, considerada como una entidad monolítica, selecciona a su alumnado dejando fuera a buena parte de quienes presentan necesidades más específicas, suelen omitir el hecho más que evidente de que hay muchos centros concertados que no lo hacen y que cumplen escrupulosamente los criterios y condiciones de la escolarización establecidos y se preocupan por dar una respuesta adecuada a todas las necesidades del alumnado.

Quienes sostienen que la educación concertada no es más que un negocio, sin reconocer el determinante papel que sus centros han jugado a lo largo de muchas décadas, no parecen dispuestos a confrontar esa convicción con los datos y la realidad de muchos centros que cada año abordan de manera agónica su propia supervivencia o, en todo caso, aceptan considerarlos como meras excepciones que confirman su regla.

Quienes piensan, por el contrario, que es la demanda de las familias la que debe configurar, basándose en mecanismos de oferta y demanda, la red de centros sostenidos con fondos públicos, eluden también de manera sistemática la obviedad de que corresponde a los poderes públicos determinar las condiciones y las circunstancias en las que se debe garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, sin exclusiones, sin cortapisas y sin barreras de ningún tipo.

La pervivencia de argumentos repetidos y poco fundamentados se sostiene en buena medida en el hecho de que existen muy pocos estudios serios sobre esta cuestión. Hay algunos trabajos de gran interés y solvencia, pero muchos otros muy parciales, no siempre rigurosos desde el punto de vista metodológico y que no parten de un consenso más o menos generalizado sobre cuáles son los puntos y elementos esenciales sobre los que habría que indagar en profundidad para proporcionar al debate herramientas de contraste que nos permitieran, si no ponernos de acuerdo, al menos entender el punto de vista del otro y no solo confrontar desde posiciones ideológicas antagónicas que, aunque seguramente inevitables, podrían atenuarse o aparcarse de alguna manera.

Algunas ideas para el debate necesario

En el semimonográfico de nuestra revista –la sección A FONDO– queremos contribuir, con algunas aportaciones propias (basadas en la experiencia acumulada en nuestros centros) y otras de profesionales expertos en este ámbito, a ordenar un debate que consideramos ineludible y a aventurar algunas propuestas que hemos tratado de articular con sensatez y sin ninguna pretensión de abarcar todas las posibilidades e ideas.

No tratamos de agotar todos los elementos que pueden ponerse en juego en un debate de este calado, pero sí hemos querido abordar algunas cuestiones que nos preocupan y que pensamos que son motivo de preocupación generalizada: desde el derecho a la educación universal, obligatoria y gratuita a la posibilidad de que la sociedad civil pueda complementar al Estado en la prestación de un servicio educativo que lo garantice; desde las condiciones que pensamos que debe reunir una educación pública para serlo hasta la financiación que nos parece necesaria para garantizarlo. De las necesidades que plantea la actual red de centros a las cautelas necesarias para que no se produzcan desvíos o abusos en cualquier ámbito.

Y, finalmente, hemos querido hacerlo contraponiendo algunos puntos de vista que no son coincidentes, sabiendo que no es el objetivo ni resulta sencillo reflejar en su totalidad las distintas sensibilidades y posicionamientos que suelen ponerse sobre la mesa de forma periódica.

El debate sobre la educación concertada tiene los suficientes matices para que no cometamos el error de considerarlo reducido a dos posturas en permanente enfrentamiento. Sobre todo, si lo que pretendemos es aportar algunos elementos que nos ayuden a transitar por un camino de análisis compartido, de clarificación y de entendimiento mínimo que, como decía al principio, ya va haciendo falta.

 

Víctor Manuel Rodríguez Muñoz es el director del Área Educativa de FUHEM

 

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