Diálogos entre el movimiento feminista y las políticas municipales de Madrid en tres actos, tres frentes y un final abierto

Alicia Rius

Doctora en Políticas y Sociología y miembro del Instituto Mujeres y Cooperación


Los tres actos

La politóloga feminista Nancy Fraser[1] resume, en su compilación de artículos Fortunas del Feminismo el devenir del movimiento feminista occidental, desde los años setenta a la actualidad, como un “drama en tres actos”. El primero de ellos, la irrupción del feminismo radical en el panorama social y político de los años setenta, centraba sus demandas en una redistribución de la riqueza hacia las mujeres, las cuales habían sido desposeídas de su fuerza de trabajo a través de la gratuidad del trabajo doméstico. Esto, en opinión de muchas autoras de la época, como Christine Delphy,[2] suponía reconocer que las mujeres constituyen una clase social aparte, con explotaciones específicas que no caben dentro de las categorías marxistas. En este momento las demandas feministas consiguen articularse a nivel internacional en campañas que exigen “salarios para las amas de casa” lo cual, a pesar de las polémicas desatadas[3] acerca de si esto confinaría o no a las mujeres en las casas, da cuenta de la importancia fundamental que tenían entonces las reivindicaciones salariales para acabar con la dependencia y vulnerabilidad económica de las mujeres.

El segundo de los actos acontece a partir de mediados de los ochenta y principios de los noventa. Por entonces, las reivindicaciones feministas en los estados occidentales están orientadas a lo que se denominan “políticas de reconocimiento”, que tratan fundamentalmente de visibilizar la diversidad de identidades que hay dentro de la categoría mujer (reconocimiento de las otras variables de exclusión, además del género y la clase, sobre las que se construyen discriminaciones, tales como la opción sexual, la raza, la diversidad funcional, la procedencia). Pierde fuerza por entonces la redistribución de la riqueza, en favor de la visibilidad y el reconocimiento de las diferencias como valor. Estas políticas han sido muy efectivas a la hora de romper las dicotomías hombre/mujer o público/privado que sirven de base al patriarcado. Asimismo, han favorecido alianzas de colectivos feministas con otros cuyas demandas eran confluyentes, generando sujetos políticos más allá del género y la clase social.

Ahora nos encontramos en el tercero de los actos. Junto con el estallido de la crisis financiera, ambiental, social, democrática y de valores, ha irrumpido de nuevo con fuerza un movimiento feminista que exige su lugar indiscutible en el escenario social, político y público. La crisis, al tiempo que ha reducido las rentas de las mujeres y ha ampliado su trabajo (remunerado y no), ha puesto de manifiesto un movimiento feminista consolidado que exige “el pan y las rosas” y una ciudadanía con una conciencia cada vez más clara sobre los orígenes de la discriminación de las mujeres y sus efectos.

El análisis de Fraser, con marcadas diferencias en España, sobre todo en los años sesenta y setenta, respecto a otros países europeos, tiene su correlato aquí en los dos últimos actos. El momento actual exige, según la autora, una respuesta a la pregunta sobre cómo debe responder el movimiento feminista a las demandas planteadas en el contexto de crisis sistémica (tercer acto), y concluye con la siguiente afirmación[4]: «Luchando simultáneamente en tres frentes –llamémoslos redistribución, reconocimiento y representación– el feminismo del tercer acto debe unirse a otras fuerzas anticapitalistas, aunque siga sacando a la luz la continua incapacidad de estas para absorber los hallazgos de décadas de activismo feminista».

Los tres escenarios en Madrid, una ciudad frente al cambio

Como feministas y profesionales en políticas de igualdad estamos en un escenario inédito en los últimos veinte años pues tenemos frente a nosotras la posibilidad de participar en el diseño de políticas públicas que den respuesta a las necesidades que detectamos y de incorporar la transversalidad de género en todas las áreas del gobierno local.

A continuación, utilizaré los tres ejes propuestos por Fraser: redistribución, reconocimiento y representación (o las tres dimensiones a las que hacen referencia: económica, social y política), para repasar algunos de los temas que se plantean en el diálogo feminista en Madrid y con las instituciones, partiendo de la base de que los límites entre los tres ejes son difusos.

Uno: Redistribución

Uno de los efectos más nefastos y notables de la alianza entre capitalismo y patriarcado es la feminización de la pobreza, traducido en la resistencia al reconocimiento e importancia de los trabajos realizados principalmente por las mujeres y a la retribución digna de estos.

Como la economía feminista se ha encargado insistentemente de señalar, para responder adecuadamente a la redistribución de los recursos es necesario un cambio de paradigma económico que ponga en el centro el cuidado de la vida y desplace a la acumulación capitalista. Utiliza como ejemplo los trabajos de cuidados por ser aquellos donde las categorías de lo que se considera trabajo en el mercado formal estallan. ¿Por qué? Pues debido a que, aun siendo trabajos con una ingente carga horaria, física, de esfuerzo emocional, atención, exigencia y responsabilidad, son trabajos que ni se cuantifican, ni se remuneran dignamente (cuando son pagados), ni se visibiliza su importancia, ni se reparten de manera equitativa y justa en la sociedad, ni comportan estatus.

Frente a esto, la economía feminista propugna una redistribución de recursos (uno de los cuales es económico, pero no se agota ahí), que implica una repuesta a tres niveles.

Por una parte, exige una respuesta ciudadana, como resultado de una negociación capaz de superar la división del trabajo por sexos y que tenga por objeto repartir, de manera justa y equilibrada los trabajos de cuidados, sin que estos recaigan, ni exclusiva ni principalmente, en manos de las mujeres. Para que este nuevo contrato social pueda asegurarse en modo de negociación, debemos reparar en la diferencia de posiciones que ocupan mujeres y hombres en ella. Pensemos, por ejemplo, en una mujer dependiente económicamente de su pareja, que pretende negociar con ella el reparto de tareas de cuidados: ¿lo puede hacer en igualdad?, ¿la situación de dependencia económica le impide ser suficientemente explícita en el reparto?, ¿qué ocurre si además hay una situación de violencia machista en esta pareja?, ¿y si ella es inmigrante indocumentada? El acceso a recursos de atención especializados puede favorecer un cambio de posición social de las mujeres. Los centros que la proporcionan han surgido a demanda de las organizaciones de mujeres. A principios de los años ochenta abrieron los primeros centros de planificación familiar en Madrid (dos para todo el municipio), vinculados a movimientos vecinales. Desde entonces, la demanda a las instituciones para que se dote de recursos específicos de igualdad a la población ha sido constante. En Madrid, actualmente, se cuenta con diversos dispositivos de atención a la violencia. Además, siete de los 21 distritos cuentan con un Espacio de igualdad, en los que se asesora y ofrece formación en esta materia a la población en su conjunto.

El segundo nivel de respuesta exige un replanteamiento por parte de las empresas, las cuales deben diseñar formas de trabajo que permitan integrar las dos esferas necesarias en la vida: cuidados y generación de ingresos. Desde la economía feminista se ha propugnado un cambio de modelo de empresa, cuyos ideales se encarnan en el marco de la economía social y solidaria (ESS). Gracias a la interlocución de las entidades más representativas de la ESS con el Ayuntamiento, la ciudad de Madrid está elaborando un Plan de desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el municipio. Paralelamente, trata de favorecer la contratación pública con empresas socialmente responsables. ¿Cómo? A través de incluir en los concursos públicos municipales las llamadas cláusulas sociales, que favorecen la contratación de empresas con criterios éticos y sostenibles, para el desarrollo de los servicios que presta. La economía social de Madrid cuenta con diversas plataformas de representación, como la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (en adelante REAS), el Mercado social o la Red de economía feminista, que han participado en el diseño del Plan en esta materia.

En tercer y último nivel, el Estado y las instituciones públicas son quienes se tienen que encargar de favorecer la corresponsabilidad y la redistribución de recursos, como agentes clave que son. El marco de las políticas de conciliación puestas en marcha hasta ahora se ha mostrado insuficiente, ya que hacen a las mujeres las principales responsables de la misma. La actual Ley de Conciliación en el Estado convierte a las mujeres en titulares del derecho (o deber, depende de cómo se mire) de conciliar diferentes esferas de la vida (productiva y reproductiva) y a los hombres subsidiarios de este derecho. Esto ha sido abordado y señalado por diversas autoras.[5] Para superar este modelo de conciliación dicotómico y pasar a uno de corresponsabilidad, existen propuestas, como la impulsada por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), que suponen un acicate a la hora de repartir estos cuidados de manera equitativa en el seno de la familia. También, en esta implicación por parte del Estado se hace necesaria la respuesta a los cuidados cubierta con recursos públicos, capaces de atender a la diversidad de familias y necesidades que componen la sociedad.

Además, hay otro aspecto que debe ser abordado por el Estado en su obligación de eliminar los obstáculos que impiden la igualdad, y es modificar las condiciones laborales de las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican al empleo de hogar y cuidados. En este sentido, en los últimos años se han constituido en Madrid diversas plataformas feministas de reivindicación de los derechos de las personas empleadas del hogar, como Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Territorio Doméstico y Grupo Turín, además de contar con cooperativas que asesoran a las trabajadoras del sector como Abierto hasta el Amanecer. En la interlocución de éstas con el nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho un esfuerzo por parte de éste por facilitar espacios donde se visibilicen las demandas de las plataformas feministas que reivindican mejoras en el sector. Especialmente destacable ha sido, hasta ahora, el I Congreso de Empleo de Hogar y Cuidados celebrado en Madrid los días 1 y 2 de octubre del pasado año, que en la actualidad se está replicando en muchos distritos gracias a la colaboración de REAS y de diversas cooperativas y entidades feministas.

 Dos: Reconocimiento

Las políticas de reconocimiento a la diversidad van más allá de la visibilidad de las diferencias y la atención a las mismas por parte del Estado. En sentido estricto, estas políticas tendrían que favorecer una comunicación fluida entre las personas, los movimientos sociales y las instituciones de manera que cuando las necesidades cambien puedan ser expresadas desde las bases sociales, traducidas en demandas, y articularlas desde las instituciones. Esta comunicación es, sin duda, uno de los grandes desafíos de las democracias modernas y pone en juego, por una parte, la capacidad de articulación de demandas y negociación por parte de la ciudadanía y, por otra, la capacidad de las instituciones de darle respuesta atendiendo a su singularidad. Al grito de “No nos representan”, el movimiento 15M señalaba esta falta de comunicación y atención entre las necesidades de la ciudadanía y su respuesta por el Estado. La democracia que exigen las movilizaciones sociales de los últimos años no se resume ni puede responderse, por tanto, en la conocida como la “tiranía de las mayorías”, sino en un cambio cultural y organizativo que haga posible la representación y atención por igual tanto de mayorías como de minorías sociales y disidencias.

El desarrollo del movimiento feminista demuestra que lleva en su ADN el establecimiento de alianzas con colectivos y grupos diversos con lo que confluyen intereses y luchas. La complicidad del movimiento feminista con otras luchas sociales se ha producido durante toda su historia, tanto en el movimiento antiesclavista como en la lucha por los derechos civiles y políticos de personas afrodescendientes, movimientos a favor de la descolonización, contra el apartheid, etc. Por citar un ejemplo cercano, cuando estaba próxima a aprobarse la Ley de Dependencia en el Estado español, se produjo en el seno de la casa okupada de mujeres La Eskalera Karakola, en Madrid, una serie de diálogos entre el movimiento feminista y el Foro de vida independiente, integrado éste último por personas con diversidad funcional, que puso en común algunos problemas entre ambos, tales como el tutelaje por parte del Estado de sus cuerpos. Desde ahí se hermanaron algunas de sus reivindicaciones y dio como fruto un interesante texto[6] y diversas movilizaciones en la calle a favor tanto de la mejora de la Ley de Dependencia como de las demandas feministas.

Para que las Instituciones reconocieran y respondieran a los intereses feministas, ha sido necesario en los últimos años la presencia en las calles de miles de personas que los reclamaran. Hace ahora tres años, el Tren de la Libertad mostró la buena salud y la capacidad de convocatoria del movimiento feminista, logrando frenar un proyecto de Ley que pretendía reducir la capacidad de las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo.

En este diálogo entre el movimiento y las instituciones es necesario un paso previo en el seno del propio movimiento feminista: el establecimiento de debates en torno a temas que no están encima (o que faltan) de la mesa política. Por ejemplo, la prohibición o regulación de la denominada maternidad subrogada, o el abordaje de la prostitución. Como demuestra la experiencia, si no tenemos estos debates nosotras, estableciendo consensos, aunque sea de mínimos, alguien los tendrá por nosotras.

Tres: Representación

Las demandas de representación desde la óptica feminista superan con mucho las cuotas de paridad establecidas por la Ley de Igualdad. Para atender a los intereses de equidad articulados socialmente hacen falta dos requisitos mínimos. El primero, la incorporación de mujeres feministas en las instituciones, en todos los niveles de decisión y en todas las áreas. Es lo que en la jerga feminista se denomina femocracia y hace posible, tanto por la formación de estas mujeres como por su experiencia en debates y negociaciones relacionados con intereses de género, la defensa de los mismos sin subsidiarlos a otros. En este sentido, el escenario de diálogo expuesto entre instituciones municipales y movimiento feminista ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la incorporación de compañeras feministas en las instituciones. En segundo lugar, relacionado con el primero, se trataría de establecer una política que incorporara la igualdad de oportunidades en el diseño de toda la ciudad y fuera capaz de romper de una vez y para siempre el aislamiento de las políticas de igualdad como un asunto exclusivamente de mujeres, para mujeres y por mujeres. Los cambios de estrategia para elaborar los planes de ciudad caminan en este sentido. Tanto el Plan de Derechos Humanos como el de Impulso de Consumo Sostenible o el de Economía Social y Solidaria han contado con aportaciones feministas en su elaboración.

Como militante feminista no puedo negar la esperanza de que los cauces hacia una democracia real que se están estableciendo en Madrid den como resultado una mayor y mejor atención a los intereses de género.

La nueva estrategia que la ciudad de Madrid propone para poner en el centro de la misma las vidas de su ciudadanía está en vías de concretarse. Su éxito depende de la capacidad real de interlocución que todos los agentes sociales, instituciones incluidas, tengan y mantengan.

Y un final abierto…

Mientras escribimos estas palabras, ocho mujeres acampan en la Puerta del Sol de Madrid en huelga de hambre desde hace dos semanas en lucha por un país sin violencia machista. Solo en estos dos meses de 2017 han sido asesinadas en nuestro país, según las cifras oficiales, quince mujeres por violencia de género. Su demanda es, precisamente, ser escuchadas y ser contestadas desde las instituciones.

Aunque cueste imaginar un horizonte de vida sin violencia y sin machismo, cualquier forma de hacerlo posible pasa por un feminismo anticapitalista, que se preocupe, a medida que unas se acercan a él, de las que continúan desplazándose a los márgenes. Por ello, volviendo a la reflexión inicial de Fraser, en este tercer acto es necesaria la interlocución de todos los agentes sociales que podamos responder a este desafío, rompiendo así los estrechos márgenes de representación por los que hemos transitado hasta ahora.

 

NOTAS

[1] N. Fraser, Fortunas del Feminismo, Traficantes de Sueños, Madrid, 2015.

[2] Ch. Delphy, Por un feminismo materialista: el enemigo principal y otros textos, La Sal, Barcelona, Cuadernos inacabados 2-3, 1982 [1970].

[3] Sobre esta polémica, es interesante el artículo de Silvia Federici y Nicole Cox, “Conspirando desde la cocina”, 1974. Disponible en http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/10federic.pdf

[4] N. Fraser, Op. cit, p. 22

[5] M. Pazos Morán, Desiguales por ley. Las políticas públicas contra la igualdad de género, Catarata, Madrid, 2013; M. Bustelo y E. Lombardo (eds.), Políticas de Igualdad en España y en Europa, Cátedra, Madrid, 2009.

[6] V.V.A.A., Cojos y Precarias haciendo vidas que importan, Traficantes de sueños, Madrid, 2011.

 

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