Título: «Exportaciones españolas de armamento 2002-2011: cuando la venta de armas es una prioridad política»

Autores: Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro

Edita: Centre JM Delàs – Justicia i Pau, Informe nº 15, Barcelona, enero 2013, 51 págs.

 

 

 

 

 

El informe «Exportaciones españolas de armamento 2002-2011» es una valiosa aportación para investigadores de este ámbito y para la ciudadanía en general por varias razones. La primera es que acomete la difícil tarea de recopilar datos que están dispersos en varios registros oficiales: el de aduanas, el de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) y las cifras facilitadas al Registro de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras. En segundo lugar, por examinar datos correspondientes a una década, lo que permite una visión de conjunto y con perspectiva de la situación y la evolución de las exportaciones españolas de armamento. Y en tercer lugar, por el análisis que aporta, en el que se destacan algunas preocupantes tendencias.

Las exportaciones españolas de material de defensa en 2011 alcanzaron los 2.431 millones de euros, un 115% más que en 2010 y un 785% superiores a las de 2002. Así, el Estado español se situó en 2011 como el octavo mayor exportador mundial de armamento, una cifra que cobra más relieve si tenemos en cuenta que se trata de una potencia media con un rápido deterioro de la mayoría de sus indicadores sociopolíticos y económicos (en términos del PIB ocupaba ese mismo año la posición 13, y el puesto 23 por los indicadores de desarrollo humano elaborado por el PNUD); sus exportaciones suponen el 3% del total mundial en este apartado, y aporta el 1,15% de la balanza comercial española.

Las cifras ponen de manifiesto la tendencia ascendente de las exportaciones de material militar desde 2002, con un marcadísimo aumento en 2011 respecto a los años anteriores, batiendo un nuevo record. Estos resultados se ubican en un contexto de decidida política del gobierno para favorecer o “internacionalizar” las exportaciones españolas de material de defensa, tal y como queda recogido en la Directiva de Defensa Nacional, de julio de 2012. Como señala el informe, se pone «al servicio de este objetivo a diversas empresas públicas en la búsqueda de nuevos mercados y en el apoyo a la industria militar española». En este sentido, el gobierno aprobó por decreto ley un nuevo instrumento para apoyar la actividad exportadora de las empresas del sector; se trata de contratos de exportación de armamento suscritos entre el Ministerio de Defensa y el gobierno del país de destino. Así, el Ministerio de Defensa (¿habrá que añadirle las siglas S.A.?) actuará en nombre del comprador y como intermediario en la operación, garantizando el suministro de armas de factura española. En esta nueva figura parecen traslucirse los estrechos lazos que han unido al ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la industria de defensa, a la que ahora proporciona un gran servicio con esta decisión. Conviene resaltar también el especial énfasis del gobierno en este sector, que no ha notado el impacto de la crisis.

Por volumen de exportaciones, los principales destinos fueron los países de la OCDE y de la OTAN. Los autores del informe señalan que «[a] pesar de la crisis económica y financiera, las exportaciones a países industrializados incluidos los que forman parte de la Unión Europea, han aumentado», aunque realizan un apunte: «dado que la mayoría de los países de la UE han anunciado reducciones tanto de sus presupuestos de defensa como en su volumen de sus ejércitos, producto de las políticas de recortes, esta decisión puede mostrar su impacto en ejercicios sucesivos», tendencia que podría compensarse, como apuntan los autores, con el aumento de las exportaciones a países emergentes.

Tratándose de un tipo de material sensible para la seguridad, la Unión Europea reguló en 2008 los criterios para restringir la exportación de armas a través de la «Posición común de la PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares». Esta norma limita la exportación de material militar a países donde tenga lugar la violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, donde haya conflicto armado o se produzcan situaciones de inestabilidad interna o regional, así como aquellos sobre los que pesan sanciones o acuerdos de no proliferación. Sin embargo, el Estado español exportó material militar a países que infringían uno o más de esos criterios, como Arabia Saudí y otros países del Golfo pérsico, Venezuela, México, Colombia, Egipto, Turquía, Israel, India y Pakistán, además de Mali, inmerso en operaciones militares supuestamente contra Al Qaeda en el Magreb Islámico y actualmente intervenido por tropas francesas, y Ghana, donde hay un gran peligro de que el material sea reexportado a países excluidos por la norma.

Además del incumplimiento directo de la Posición común, existen otros posibles caminos que permiten esquivarla. Entre ellos, los autores del informe resaltan su preocupación por el elevado volumen de las ventas de armas cortas y ligeras o armas de caza y tiro para uso “deportivo” en el total del material exportado, en diversos casos dirigido a países con inestabilidad interna o regional.

Todo el análisis contenido en el informe se basa en las cifras disponibles, que en un amplísimo número de casos no coinciden entre sí y resulta muy difícil cruzar los datos para realizar comprobaciones. Existe un gran secretismo en torno a estas partidas, lo que facilita tanto la posible infracción de la norma europea como el uso de subterfugios.

Igualmente resalta el hecho de que las ventas de material policial y antidisturbios –por 747 millones de euros− no figuran como material militar, pero, obviamente, por el cariz represor al que van destinadas, contribuyen a aumentar los niveles de violencia.