Lucía Vicent

Desde el surgimiento de las sociedades han existido distintas técnicas de control y vigilancia de unos grupos hacia otros, donde la clase social ha estado más o menos presente en la configuración de los mismos. Más novedosas, sin embargo, son las formas concretas que hoy adquieren, y el nivel de concentración y omnipresencia de la vigilancia en manos de unos pocos.

Cada vez más institucionalizada, la vigilancia se confirma como un monopolio exclusivo de un sector de la sociedad, el de la clase capitalista, los dueños de los medios de producción. Al desarrollo tecnológico se le ha hecho concurrir con las inercias y los propósitos de la dinámica capitalista, a través de nuevas prácticas de acceso a la información o el desarrollo de nuevos sistemas de vigilancia, todos ellos necesarios para garantizar la reproducción del capital y la perpetuación del sistema.

Los ojos que vigilan se multiplican, su alcance es mayor y detectarlos se complica cada vez más. En distintos ámbitos en los que desempeñamos nuestra vida cotidiana (escuela, casa, hospitales, etc.) se registran nuestros movimientos, acciones e informaciones diversas que nos sitúan en un lugar de riesgo ante cualquier paso en falso que se dirija hacia la homogeneización social pretendida.

En respuesta, han proliferado toda una serie de organizaciones, movimientos y colectivos que, por un lado, nos alertan de los avances que se producen en las formas de control y vigilancia, y por otro, denuncian los riesgos a los que nos exponemos. Asimismo, en los casos en los que es posible, también realizan importantes esfuerzos de visibilización de estas prácticas y desarrollan herramientas concretas que pueden contribuir a sortearlas.

Espionaje, conflictos armados y control institucional

En el pasado, las telecomunicaciones y la informática han permitido controlar a la población civil y detectar comportamientos de “anomalía” –dicho de otra forma, contrarios a los objetivos de aquellos que los controlan– con instrumentos y sistemas, hoy obsoletos, que se han modernizado hasta convertirse en sofisticados mecanismos que han ampliado el potencial de vigilancia y actuación sobre las sociedades. La primera vez que la población escuchó el término de vigilancia electrónica fue cuando se desveló la existencia de Echelon, la primera red de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), surgida tras la II Guerra Mundial. A partir de ese momento, no dejaron de aparecer descendientes con características bastante similares: Enforcement Police (ENFOPOL), el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL) o el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO) configuran otros ejemplos de espionaje y acceso de información privada a través de la intercepción de todo tipo de comunicaciones internacionales.

Desde su fundación en 1991, la organización sin ánimo de lucro conocida como Statewatch monitorea a los Estados y las libertades civiles que brinda cada uno en los países de la Unión Europea. A través de documentos periodísticos y artículos de investigación, sus integrantes abordan temáticas como la justicia, libertad de información, protección de datos, la rendición de cuentas, transparencia pública en las áreas comunitarias o los Derechos Humanos. Abogados, académicos, periodistas, investigadores y activistas de más de 14 países forman parte de esta red y concentran sus esfuerzos en la elaboración y difusión de los materiales que realizan.

El proyecto Remote Control se enmarca dentro Network for Social Change, una red que proporciona financiación a iniciativas orientadas hacia el cambio social, en concreto, aquellas relacionadas con cuestiones de paz, justicia o medio ambiente. Este proyecto surge en el año 2013 con el propósito de analizar la evolución actual de la tecnología militar y de cómo el replanteamiento de sus actuaciones pueda tener consecuencias muy graves para la sociedad, hasta el punto de señalarse como una de las principales amenaza para el futuro. Además de la una fuerte apuesta por la creación de conocimiento en esta temática, Remote Control es un instrumento para el intercambio de información y materiales realizados en este campo.

Asimismo, el Oxford Research Group (ORG) da eco a los materiales que genera Remote Control y complementa algunas líneas temáticas que se enmarcan dentro del control social y la seguridad a nivel mundial. Este think tank independiente lleva más de 30 años promulgando enfoques orientados hacia la sostenibilidad mundial como la alternativa a la confrontación violenta y a los conflictos globales. El desarrollo de la "seguridad sostenible" a largo plazo para todos significa comprender las causas profundas de los conflictos, y promover el diálogo y no la confrontación como el medio para un mundo verdaderamente seguro. Combinan conocimiento en profundidad y experiencia en el análisis, el diálogo y la propuesta sobre cuestiones de seguridad.

En 1999, como resultado del trabajo previo desarrollado por la Campaña Contra el Comercio de Armas (C3A), surge el Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau, con la misión de fomentar una cultura de paz y construir una sociedad sin armas. Funciona como un centro de investigación y documentación sobre temas relacionados con los efectos perversos de las armas y el militarismo, el desarme y la paz. Combina el trabajo de estudio y publicación y colabora con otras agrupaciones como Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), European Network Against Arms Trade (ENAAT), la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) y la Universidad Internacional por la Paz de Sant Cugat.

En esta misma línea, preocupados por la ética en la tecnología robótica, las relaciones internacionales, la seguridad internacional, el derecho internacional humanitario y por los peligros que los robots militares representan para la paz y la seguridad internacional y la población, trabajan otras muchas organizaciones sensibles a estas cuestiones. Algunos ejemplos los podemos encontrar en: International Commitee for Robot Arms Control (ICRAC), Human Rights Watch, Stop Killer Robots Canada o Women’s International League for Peace and Freedom. Todas ellas se han sumado a la campaña en contra de los desarrollos robóticos usados en conflictos armados conocida como Stop Killers Robot.

Otras organizaciones amplían la denuncia de desarrollos tecnológicos con uso violento entre países. La organización Article 36 hace referencia al artículo del Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra que exige a los Estados a revisar las armas, medios y métodos de guerra con el objetivo de prevenir daños no intencionados. Con sede en Reino Unido, esta organización sin fines de lucro trabaja en la denuncia y la lucha contra el daño involuntario, innecesario e inaceptable causado por las armas tradicionales y nuevas modalidades que se desarrollan como: los Killer robots (o “robot de combate”), municiones de racimo, etc. A través de las actividades de investigación, acciones políticas y otras vías que utilizan tratan de establecer alianzas fuertes que respondan al uso de las armas y eviten daños mayores que los avances que se suceden originarán.

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la vigilancia en internet

El progreso tecnológico no siempre significa una mejora para el interés común de la ciudadanía. Sin salvaguardias democráticas que limiten el control de minorías elitistas sobre la aplicación de la tecnología, que impidan un ejercicio de poder ligado a sus intereses particulares, la potencialidad de los avances se puede convertir en importantes riesgos para la población.

La potencia de la tecnología y la extensión de su uso cotidiano nos alertan de que podemos vivir en sociedades de tintes orwellianos donde el interés colectivo se supedita al de unos pocos sin sentir tal imposición. La infinidad de datos personales capaces de recoger por la potencia de los actuales sistemas informáticos, a día de hoy, permiten identificar perfiles, estimar desviaciones e incluso hacer previsiones del comportamiento humano. A todas estas posibles aplicaciones de la información se las conoce como “Big Data”. Su aplicación se extiende principalmente a través de grandes empresas, con vistas a mejorar sus beneficios, o Estados que, bajo el argumento de la seguridad ciudadana, amplían sus márgenes de control sobre la población y abren nuevas vías para trasladar sus intereses.

Existen organizaciones que defienden y luchan por extender los derechos digitales de todos los usuarios, en especial los de aquellas personas que pueden verse en mayor medida comprometidos (activistas, movimientos sociales, etc.). Un ejemplo lo encontramos en Access que, mediante la combinación de políticas innovadoras, participación de los usuarios, y el apoyo técnico, luchan por las comunicaciones abiertas y seguras para toda la población. Sus integrantes entienden que la tecnología puede ser una poderosa plataforma que facilita una mayor participación, la rendición de cuentas y la transparencia (cuestiones que tratan en las campañas que realizan) pero nunca puede suponer riesgos adicionales para la seguridad de los usuarios.

La Electronic Frontier Foundation (EFF) es una de las agrupaciones principales en la defensa de las libertades civiles en el mundo digital. Fundada en 1990, defiende la privacidad de los usuarios, la libre expresión y la innovación y lo hace a través del análisis de las políticas que se desarrollan en estas competencias y el activismo de base que refuerza y protege los derechos y libertades en el uso tecnológico. Son muchas las campañas que realizan para lograr su propósito, entre las que podemos destacar las de mayor actualidad: Stop TPP Fast Track, que denuncia la posible aplicación de derechos de propiedad intelectual más restrictivos en el marco del Acuerdo Transpacífico que se está negociando, o la iniciativa Oppose NSA Mass Spying!, en contra de que el Gobierno de EEUU, junto con la ayuda de las principales operadoras de telecomunicaciones, ejerza una vigilancia ilegal y masiva a través de las comunicaciones.

Originalmente, Proyecto Tor (o Tor Project) fue desarrollado por la Marina estadounidense con el objetivo de proteger las comunicaciones gubernamentales. Sin embargo, hoy en día, es utilizado de forma habitual por gente normal, periodistas, activistas y muchos otros con fines de privacidad. La red supone una estructura de túneles virtuales que mejora la seguridad de la información que intercambiamos a través de internet, además de permitir desarrollar aplicaciones con herramientas de privacidad incorporadas que impiden el seguimiento de sitios webs. El uso de Tor protege contra una forma habitual de vigilancia en internet conocida como "análisis de tráfico", que puede interceptar quién está hablando a quién en una red pública. Muy utilizado por periodistas en sus comunicaciones con confidentes y disidentes o entre personas que han sido víctimas de agresiones, entre otras muchas personas.

Un control ciudadano que compromete derechos fundamentales

Las diferencias existentes en el uso de las nuevas tecnologías son muy diferentes entre unos lugares y otros, con mayores libertades y derechos en algunos, y más restrictivos en otros. No nos referimos solo a los que tienen que ver con internet y la protección de datos, las restricciones y formas de control social avanzan en otras muchas direcciones. Un buen punto de partida para saber en qué contexto nos movemos en cada caso es en el que nos sitúa, gracias a la información que nos facilita, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia u OBSERVACOM. Esta iniciativa creada por expertos e investigadores de la comunicación se centra en el monitoreo sistemático del desarrollo de marcos normativos y políticas públicas de comunicación con la finalidad de producir análisis e informaciones que permitan evaluar su impacto en la libertad de expresión, la diversidad y el pluralismo en los sistemas de medios de la región.

La invalidación, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de la directiva que obligaba a los operadores de telecomunicaciones a conservar datos de los usuarios durante dos años. Considerada como una injerencia grave en dos derechos fundamentales: el respeto de la vida privada y la protección de datos personales.

Una palabra, una foto o una imagen pueden poner en riesgo la libertad y la vida de una persona en ciertos lugares del mundo. Ciertos poderes que campan a sus anchas en puntos concretos del globo, pueden impedir –y así lo hacen– que ciertas informaciones en las que, o bien pueden verse envueltos, o bien les beneficia que sigan ocurriendo, salgan a la luz. Reporteros sin Fronteras (RsF) desde 1985 trabaja para que esto no siga ocurriendo. Por la defensa de la libertad de prensa, porque encarcelar a un periodista es eliminar a un testigo esencial y amenazar el derecho de todos a la información, por esos y otros motivos, RsF defiende a todos aquellos colaboradores de los medios de comunicación que puedan verse perseguidos por desarrollar su actividad profesional. Entre otras actividades, es reseñable el barómetro que la agrupación muestra en su web (con el número de casos de periodistas o internautas encarcelados o asesinados), la campaña de apadrinamiento, la clasificación mundial de la libertad de prensa o los informes sobre los “enemigos de internet” .

En la misma línea se mueve Global Voices Advocacy, una red global de bloggers y activistas dedicados a la protección de la libertad de expresión y el libre acceso a la información en línea. Este proyecto se enmarca en Global Voices Online. Entre otras de sus actividades, informan sobre las amenazas de la libertad de expresión, comparten estrategias para defenderse y apoyan los esfuerzos para mejorar las políticas y las prácticas en Internet.

El derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información no son los únicos que se restringen con el avance del control y la vigilancia por parte de las instituciones, sino que existen otros muchos, como ocurre con el de la defensa. Cada vez son más las abogadas y abogados que por ejercer la defensa de los ciudadanos de forma independiente con el propósito de alcanzar la máxima democratización en esta competencia, se sienten amenazados, perseguidos o coaccionados. Desde la Asociación Libre de Abogados (ALA) de Madrid se lucha contra las limitaciones que las autoridades públicas en muchas ocasiones establecen en la defensa de la ciudadanía. Para ello, cuentan con distintos mecanismos: misivas a embajadas, autoridades públicas y Defensorías del Pueblo; comunicaciones y quejas a autoridades y comisiones internacionales; llamamientos on-line a la sociedad civil; convocatoria y participación en actos públicos; concentraciones de protesta, intercambio de información con otras organizaciones jurídicas y de derechos humanos, etc.

Muchas de las reformas que aprueban las instituciones promueven la intensificación de las prácticas de control y vigilancia ciudadana. Así lo denuncian distintos colectivos y agrupaciones como la plataforma No Somos Delito que está integrada a su vez por más de 70 organizaciones unidas contra los pasos legislativos que se suceden que coartan las libertades civiles y derechos de las personas en materia de seguridad y protesta social. Algunos ejemplos de denuncia podemos encontrarlos en: la oposición a la Ley mordaza o a las novedades del nuevo Código Penal así como en el análisis del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

En paralelo a la denuncia de los cambios regulatorios, son muchos los colectivos y grupos sociales que promueven acciones para la defensa de los derechos básicos y ciudadanos. En nuestro país, uno de los máximos referentes son las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, organizadas en Madrid para visibilizar y denunciar los controles policiales y redadas masivas a migrantes que se suceden. En concreto, sus focos de atención son los controles de frontera que se realizan en lugares estratégicos de uso cotidiano en función de la apariencia, las redadas policiales que criminalizan la libertad de movimiento de las personas procedentes de países de la periferia económica, o los requisitos prácticamente imposibles de cumplir que exigen a las personas inmigrantes para otorgarles los permisos de residencia y trabajo.