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STOP GLIFOSATO

La iniciativa STOP GLYPHOSATE se puso en marcha con el objetivo de solicitar a la Comisión Europea una propuesta normativa que revise enteramente el capítulo de las autorizaciones en materia de productos fitosanitarios, así como los procedimientos que establecen y autorizan determinados niveles de empleo “seguro” de los mismos. En particular, se trataría de vetar de una vez por todas el glifosato de los campos de la UE. Para llamar la atención de la Comisión, la petición debe reunir al menos un millón de firmas, llegando a cumplir estos mínimos establecidos por la ley en al menos siete estados miembros.

Desde FUHEM Ecosocial queremos añadir sólo algunos elementos, que esperemos ayuden a clarificar el debate y a entender la naturaleza de la problemática. En 2015, la IARC - International Agency for Research on Cancer (y en concreto, el Grupo Expertos sobre Cáncer de la OMS) clasificó el glifosato como sustancia clase 2A (es decir, está demostrado que es cancerígena para los animales, y entonces se considera que probablemente lo sea también para las personas): https://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/glyphosate_IARC2016.php

En 2016 se publicaron dos informes de la agencia ambiental de EEUU (EPA) y la autoridad de seguridad alimentaria de la UE (EFSA) que cuestionaban la contundencia del informe de la IARC. Muchos investigadores y expertos en el tema han expresado sus dudas acerca de la rigurosidad, transparencia y autoría real de estas dos últimas investigaciones, y más de una vez han denunciado sospechas de intromisión y presión por parte de la multinacional Monsanto (propietaria, junto a Bayer, de muchas de las patentes en materia de productos fitosanitarios).

Más allá de todas estas consideraciones y polémicas más o menos técnicas, desde FUHEM Ecosocial consideramos que, frente a una problemática de esta naturaleza, debe primar el principio de precaución, consagrado en el artículo 191 del Tratado de Lisboa de la UE, y que debemos defender de las posibles amenazas que supondrían los tratados TTIP y CETA. Según este principio, hasta que no se llegue a demostrar que una sustancia no es del todo inofensiva para las personas no se debería permitir su consumo, contrariamente a lo que pasa por ejemplo en EEUU, donde rige una lógica completamente opuesta.

Es en ese sentido, y para que siempre prime la seguridad de las personas frente a los intereses económicos y estratégicos de grandes multinacionales, en el que hay que leer nuestro apoyo a la iniciática ciudadana europea “Paremos el Glifosato”, que te invitamos a apoyar con tu firma accediendo al formulario a través de este enlace:

Se puede firmar en: https://stopglyphosate.org/es/

 

  
"El agua no es un negocio"

El Movimiento Europeo del Agua junto con la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU) ha lanzado una campaña de rechazo a la Disposición Adicional vigésimo séptima de la Ley General de Presupuestos para 2017 porque atenta contra la autonomía municipal, limita los derechos
laborales, impide la remunicipalización de los servicios públicos restringiendo drásticamente la
democracia en tanto que los ciudadanos o sus representantes electos no podrán optar por modelos de gestión públicos una vez hayan sido privatizados.

Con esta campaña, la ciudadanía europea dirige este rechazo directamente a Cristóbal Montoro, actual Ministro de Hacienda y Función Pública, Para participar en dicha campaña envía un correo al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, accediendo aquí, donde encontrarás su dirección y el mensaje que puedes enviar. La Campaña forma parte de una serie de acciones que la Red Agua Pública está realizando en los territorios de España con el mismo objetivo.

El Movimiento Europeo de agua resalta su sorpresa ante la inoperancia del Gobierno de España ante los casos de corrupción que han surgido en el entorno del agua (Casos Pokemon y Lezo, fundamentalmente), especialmente cuando en Francia, cuando surgieron casos parecidos ligados a las concesionarias de agua en los años 90 del siglo pasado, obligaron a cambiar el modelo de regulación del sector y a impulsar la remunicipalización en muchas
ciudades como París, Montpellier o Grenoble. Frente a esto en España, lejos de cuestionar el modelo, se pretende blindar los intereses de las multinacionales implicadas en los procesos de corrupción.

En este sentido, los movimientos sociales, reivindican, tal como se recoge el Pacto Social por el Agua, modelos de gestión pública, transparente y democrática en los que los servicios del ciclo urbano del agua se configuran como un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos y el mantenimiento de los ya existentes evitando, en todo caso, la precarización de las condiciones de trabajo y garantizando la seguridad de las personas trabajadoras. Las Administraciones Locales, y la representación legal de la plantilla, junto con las organizaciones
sindicales más representativas, deberán consensuar y acordar las medias oportunas que garanticen los derechos del personal, las condiciones de calidad, seguridad y la estabilidad en los empleos.

Si eres concejal o concejala te informamos de otra línea de actuación que consideramos que puede ser valiosa para conseguir la paralización de la DA 27, es la aprobación de mociones en los ayuntamientos en defensa de los procesos de municipalización.

Durante los próximos días la RAP mantendrá reuniones con los grupos políticos con representación parlamentaria y se está preparando un acto en el Congreso.

Más información en: http://right2water.eu/es/node/553

 

0% IVA

VSF-Justicia Alimentaria Global acaba de lanzar una campaña en el Estado español para reclamar un IVA del 0% a los alimentos sanos a fin de hacerlos accesibles a todxs y así evitar una nueva brecha de desigualdad.

Para esta organización, solo con una nueva política fiscal alimentaria que aplique un IVA del 0% a los alimentos saludables y del 21% a los alimentos insanos podremos asegurar el acceso a una alimentación saludable básica para todas las personas.

Por ello, han lanzado un manifiesto que puede firmarse en su página web, y que se propone:

1. El acceso a una alimentación saludable básica para todas las personas.

Una de cada dos personas no puede acceder a una alimentación saludable y se ve obligada a comer de manera insana porque no puede pagarlo. Esta es la principal causa de enfermedades graves en nuestro país.

2.Un IVA reducido y basado en los impactos en la salud.

La actual legislación fiscal no distingue entre alimentación sana y alimentación insana y no promueve el acceso a productos frescos y sanos. Únicamente se basa en los grupos de alimentos considerados básicos, al margen de si son o no saludables.

3.Una política fiscal alimentaria que promueva los alimentos saludables y penalice los insanos.

¡Firma ahora!