El arte de vivir sin gobierno

El arte de vivir sin gobierno: Conflicto, negocio y despoblación del medio rural

Luis del Romero Renau

Publicado en el ESPECIAL del número 147 de Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, otoño 2019.

El artículo ahonda en las lógicas que han propiciado el despoblamiento y abandono de territorios rurales del interior de la península ibérica. Esta catástrofe a cámara lenta apunta a la ausencia de un plan político con medidas claras y a largo plazo de desarrollo rural. Los proyectos industriales que se aportan como solución –macrogranjas, minería–, con altos costes ecológicos y sociales, no responden a las necesidades de estos territorios y han encontrado una fuerte resistencia entre los pocos habitantes que quedan.

De Zomia a la montaña española

El arte de vivir sin gobierno es el título de un ensayo del antropólogo estadounidense J.C. Scott1 en el que explica el curioso caso de los múltiples pueblos y comunidades rurales que habitan áreas montañosas del sureste asiático, desde la península de Siam hasta el sur de China y norte de Bangladesh.

Este conjunto de pueblos es enormemente heterogéneo desde el punto de vista cultural y lingüístico, pero a lo largo de la historia, relata este antropólogo, han conseguido escapar al control de los Estados-nación modernos y de los gran- des centros de poder ubicados en los fértiles valles de ríos como el Amarillo, el Mekong o el Ganges. Zomia es el nombre con el que se conoce a esta vasta región montañosa, término acuñado por el historiador holandés Willem van Schendel en 1997. Zomia nunca fue un Estado independiente, sino un conjunto de pueblos con estrechos vínculos, sobre todo comerciales, con los grandes imperios y Estados nacionales de los valles y áreas bajas, pero que permaneció casi hasta nuestros días fuera de su área de influencia. El aislamiento geográfico de Zomia y la distancia respecto a grandes ciudades como Pekín, Bangkok o Delhi aseguró durante siglos la independencia de estas tierras, pero no sin conflicto con estos grandes centros de poder.2 Un ejemplo paradigmático es el del pueblo Rohingya, comunidad de mayoría musulmana originaria del oeste de Myanmar pero históricamente independiente de su centro de poder principal, Rangún.

Esta situación comenzó a cambiar drásticamente a partir de la creación de los primeros Estados-nación modernos después de la descolonización del sureste asiático, pero sobre todo con el descubrimiento en numerosas áreas montañosas de importantes yacimientos de minerales. A partir de este momento comenzó un acelerado y violento proceso de incorporación a la modernidad del estatismo socialista o al sistema capitalista, de vastos territorios de montaña a nuevos Estados como Laos, China, Tailandia o Bangladesh.

En el momento en el que se vieron las expectativas de negocio, en algunos casos incluso antes de la independencia, comenzó un importante proceso de colonización interna aún hoy inacabado. Este proceso de colonización y acaparamiento de tierras y recursos por parte de nuevos Estados postcoloniales ha sido en las últimas décadas una fuente inagotable de conflictos territoriales entre estos y comunidades rurales e indígenas de Zomia. Zomia sigue existiendo y son numerosos los pueblos que viven en áreas aisladas y alejadas de Estados con una institucionalidad débil, con una relación en conflicto por su propia supervivencia, frente a las políticas de colonización económica, política y cultural de estos Estados. Obviamente, pese a la enorme reserva demográfica existente en estas áreas periféricas, la despoblación es ya un problema territorial palpable en muchas áreas de montaña asiáticas. Volviendo al caso del pueblo rohingya, según cálculos de Amnistía Internacional3 en 2017 más de 740.000 personas de estas comunidades fueron expulsadas a la vecina Bangladesh, dejando amplias zonas de montaña de Myanmar despobladas.

Despoblación, periferia y conflicto también son conceptos que nos pueden servir para analizar la situación de otros territorios que aparentemente nada tienen que ver con Zomia: el medio rural español. En los últimos años el problema de la despoblación del medio rural ha acaparado cientos de portadas de periódicos, ha sido analizado desde múltiples ángulos académicos y mediáticos y hoy en día está en el debate político, afortunadamente. En efecto, el medio rural español, especialmente las áreas montañosas más aisladas como las sierras turolenses orientales, las tierras altas de Soria o los montes de León continúan una lenta decadencia que en el caso de multitud de núcleos ha culminado con su abandono total. Se podría reconstruir la historia de esta despoblación a la luz del papel jugado por el Estado-nación español en los dos últimos siglos y trazar así ciertos paralelismos con el caso de Zomia. Muy resumidamente –ya que no es éste el objetivo de este artículo– se podría afirmar que las políticas de Estado sectoriales y de colonización interna han contribuido significativamente a la desarticulación de miles de comunidades rurales y de modelos territoriales de des- arrollo precapitalistas, muchos de ellos vigentes hasta hace pocas décadas, con una serie de estrategias no muy distintas a las ejecutadas por los grandes Estados asiáticos que poco a poco han ido incorporando a sus respectivos Estados a los territorios de Zomia. Sirva de ejemplo de este conjunto de políticas las políticas hidráulicas de construcción de grandes embalses, las políticas forestales de repoblación, las políticas fiscales que han presionado enormemente a pequeñas explotaciones, políticas agrícolas, ganaderas, de regadío fomentadoras de la agroindustria muy poco compatible con el medio ambiente y las sociedades rurales de montaña que vivían del minifundio, la trashumancia y los bienes comunales.4

Los desiertos demográficos  crecientes en la periferia de grandes ciudades son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros

Este proceso histórico de colonización para la obtención de recursos naturales para la ciudad y de desarticulación de comunidades rurales precapitalistas no ha terminado del todo. En este artículo se van a mostrar algunos casos de conflicto que ilustran cómo estas relaciones de depredación permanecen hoy en día más vigentes que nunca. Los casos de conflicto en la periferia rural que se muestran a continuación, están extraídos de distintos medios de comunicación y de distintos territorios.

Se trata de tres conflictos surgidos por un gran proyecto industrial con notables impactos sociales y ambientales en un territorio rural, de los cientos que hay hoy en día activos en la España rural. No se trata de los conflictos urbanos que estamos acostumbrados a oír hablar en los medios de comunicación, sino más bien de conflictos puntuales por usos del suelo en áreas periféricas, pero que precisamente detrás del detonante del conflicto –un cambio de uso del suelo– existe una compleja red de intereses y de actores en conflicto que conviene entender, si de verdad existe voluntad política para afrontar el problema de la despoblación.

Conflictos territoriales en la periferia política y económica

Macrogranjas en la España vaciada

El sector ganadero ha sido tradicionalmente uno de los pilares fundamentales de las econo mías de montaña. Sin embargo, este sector continúa un proceso intenso de industrialización consistente en la estabulación del ganado, la incorporación de piensos ultraprocesados o directamente transgénicos, razas muy productivas descartando las autóctonas, y la multiplicación de las cabezas de ganado en una misma instalación por aquello de las economías de escala.

En 2017 comenzó un importante conflicto territorial en el municipio soriano de Noviercas, cercano al parque natural del Moncayo, aunque apenas se le prestó atención a escala nacional. Una empresa navarra propuso en esta área despoblada –el municipio apenas supera los 150 habitantes– construir una macrogranja para 23.530 vacas de leche.5 La empresa utilizó justamente el discurso de la despoblación y del revulsivo económico que supondría esta gigantesca instalación por la creación de empleo.

¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos  se diría que no

Sin embargo, el conflicto se desató por la frontal oposición de vecinos y de organizaciones ecologistas. Desde el punto de vista económico se denunció que ese tipo de instalaciones arruinaría a las pequeñas explotaciones bovinas de leche que sobreviven en Soria, además de que también podría afectar a las pequeñas explotaciones aragonesas. Por otro lado, sería difícilmente compatible con otras actividades ya existentes como el turismo rural. Sin embargo, los argumentos más repetidos por los opositores al proyecto fueron de tipo ambiental: básicamente el enorme consumo de agua que requerirían más de 20.000 vacas en un territorio semiárido, el maltrato animal que supone el hacinamiento de tal cantidad de animales en unas instalaciones industriales, pero sobre todo el desafío de la gestión de residuos de esta actividad.

A nivel político en escalas superiores, comenzando con la propia comunidad autónoma y siguiendo con el Ministerio de Agricultura que debieran velar en primer lugar por los intereses y el bienestar de la población potencialmente afectada por esta macrogranja, las administraciones se decantaron por apoyar el proyecto por el revulsivo económico que supondría, mientras que los grandes partidos políticos a nivel nacional se posicionan a favor del modelo de macrogranjas si respetan la legalidad vigente. En la actualidad el conflicto se halla paralizado, ya que la Confederación Hidrográfica del Duero denegó en agosto de 2019 la concesión de aguas subterráneas solicitada. No obstante, se trata de un escollo administrativo que podría superarse presentando alguna enmienda al proyecto, sobre todo si desde posiciones políticas se sigue apoyando públicamente este modelo de ganadería que para gran parte de sindicatos agroganaderos de Castilla y León supondría un gran problema para las pequeñas explotaciones y podría ser contraproducente para Noviercas desde todos los puntos de vista.

Eólicas para los pobres

Uno de los roles que ha asumido desde hace décadas el medio rural es el de acoger usos y actividades necesarias, pero no deseadas en la ciudad, generando numerosos conflictos categorizados como “NIMBY”. En Catalunya existe una evidente polarización entre la localización de la mayor parte de su población –en el Área Metropolitana de Barcelona se concentra el 70% de la población catalana– y la de instalaciones no deseadas como vertederos, centrales de producción de energía o prisiones en comarcas rurales con población de escasos recursos. El caso de la Terra Alta y del sur de Tarragona es muy revelador.

La Terra Alta es una comarca rural de doce municipios que limita con La Matarranya en Teruel, la segunda más pobre de Catalunya,6 y una de las más despobladas con apenas 11.000 habitantes que suponen el 0,16% de la población catalana, pero el 2,31% de su superficie. Esta comarca, al igual que las vecinas de Baix Ebre y Ribera d’Ebre, llevan décadas acogiendo instalaciones para la generación de energía con graves impactos ambientales: grandes embalses, centrales de ciclo combinado, o la central nuclear de Vandellòs. A mediados de los años noventa comenzó un conflicto territorial en esta comarca con problemas de despoblación: en este caso por varios proyectos de instalación de parques eólicos.

Surgió a partir de un ambicioso plan de construcción en varias localidades de las comarcas del Ebro, de parques eólicos promovidos por la Generalitat de Catalunya, y en muchos casos con el apoyo de ayuntamientos por los beneficios económicos que recibirían las arcas municipales por las concesiones. Se trata de una energía limpia y que además genera riqueza y empleo, se defendió. Sin embargo, desde esa época han existido varios movimientos vecinales y plataformas, que se han opuesto a la instalación de este tipo de parques. Una de las principales razones de protesta han sido los importantes impactos paisajísticos y de contaminación acústica que generan. Algunos de ellos se han situado muy cerca de paisajes de la Batalla del Ebro y de otros enclaves de interés natural y cultural. Otra de las razones es que este tipo de actividades afecta a actividades de interés para esta zona rural deprimida, como el turismo o la llegada de nuevos habitantes que buscan nuevos proyectos de vida en áreas con atractivos paisajísticos. Además, a todo ello hay que añadir el problema que suponen las líneas de alta tensión que han de recorrer cientos de kilómetros desde estos parques hasta las grandes ciudades catalanas que son las principales consumidoras de esta energía. Se podría entender este conflicto como un caso más de extractivismo en el mundo rural.

Llama la atención que en otras zonas rurales o urbanas ricas de Catalunya como Girona o el Vallès en Barcelona, no existe este tipo de actividad, pese a que está mucho más cerca de las actividades industriales o usos urbanos consumidores de esa energía.

La nueva fiebre minera en Galicia

Una de las actividades que sin duda ha suscitado más conflictos territoriales en España y en todo el mundo es la extracción minera. Por un lado, se defiende que sin actividad minera no se puede proveer de los recursos básicos para todo tipo de bienes de consumo, genera- ción de energía e infraestructuras: cobre, hierro, carbón, litio, plomo etc. Por otro lado, se denuncia el enorme y a veces irreversible impacto ambiental que esta actividad supone, sobre todo en el caso de las grandes explotaciones a cielo abierto, en especial la contaminación de acuíferos, cursos fluviales y la destrucción de bosques, suelos y patrimonio.

El modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado e interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio.

Una de las comunidades autónomas con más conflictos por la minería es Galicia. Ante la alta demanda mundial de ciertos minerales, se han planteado diversos proyectos de reapertura o ampliación de todo tipo de minas. Un ejemplo es el de la mina a cielo abierto en los municipios coruñeses de Touro y de O Pino para la explotación de cobre y plata. Se trata de un macroproyecto minero ubicado en los terrenos de una antigua mina de cobre que estuvo activa hasta 1986, y muy cerca del río Ulla, principal afluente de la ría de Arousa. Previamente a este conflicto, ya hubo numerosas protestas por el estado de degradación ambiental de la antigua mina, que años después de su cierre continuaba generando problemas de contaminación en las aguas de diversos ríos y arroyos. No obstante, con la presentación de un nuevo proyecto por parte de la multinacional Atalaya Mining, para extraer hasta dos toneladas de plata al año y hasta 30.000 toneladas de cobre, y la promesa de inversiones millonarias en la zona, comenzó un nuevo conflicto que aún perdura.

Numerosas entidades ecologistas, junto con vecinos de O Pino y Touro, varios organismos científicos, e incluso mariscadores y pescadores de la ría de Arousa se unieron para oponerse a este gran proyecto, que de nuevo podría generar un gran impacto sobre un medio rural con multitud de parroquias y una población envejecida y decreciente. Por su parte, la Xunta de Galicia ha ido variando de postura a lo largo del tiempo, aunque se ha mostrado en más de una ocasión abiertamente a favor de esta actividad, de nuevo pese a la amenaza que supone para la población local y el medio ambiente.

De nuevo, al igual que en los casos anteriores, tenemos un proyecto promovido por una empresa privada que encuentra una importante resistencia desde la ciudadanía, mientras que las administraciones sectoriales competentes, desde los ministerios a los gobiernos autonómicos adoptan posturas que se mueven entre la neutralidad, el apoyo a dichos proyectos, y en algún caso una tibia oposición. Se trata de grandes proyectos con potenciales impactos ambientales severos, y que afectarían especialmente al área rural en el que se asientan, pero esto no parece ser suficiente para reconsiderarlos. En la actualidad el proyecto de la mina de Touro y O Pino se encuentra en proceso de evaluación ambiental. En el último año ha habido un aumento importante en las voces de protesta que podrían influir en la cancelación de este proyecto. Un factor clave para explicar las importantes movilizaciones ciudadanas que se han organizado en contra de esta mina, es que sus afecciones ambientales, básicamente ruido y polvo, podrían afectar a la ciudad de Santiago y al propio camino de Santiago. Quizás, de haberse ubicado el proyecto en un área rural más remota, las voces en contra habrían sido menos numerosas y mediáticas, aunque las afecciones fuesen iguales o mayores.

¿La despoblación como negocio?

Los tres casos de conflicto territorial sucintamente analizados tienen muchos puntos en común. Se trata de territorios de la periferia rural en Galicia, Catalunya y Castilla y León respectivamente. El conflicto surge cuando un agente externo al territorio –en los tres casos una empresa privada– propone la construcción de una actividad de dudoso beneficio para la población localy con severos impacto ambientales y sociales. Ante esto, movimientos ecologistas y gran parte de la ciudadanía de ese territorio rural se manifiesta en contra, sin encontrar en las administraciones públicas sectoriales ningún apoyo ante estas protestas por proyectos que pueden ser detonantes, por ejemplo, de nuevos éxodos rurales. A esto hay que añadir que cuando una empresa propone instalar una macrogranja, un parque eólico o una mina en un determinado lugar, previamente siempre ha de haber una ley o plan sectorial aprobado por un parlamento autonómico o Congreso de los Diputados que lo autorice. Es el Ministerio de Industria quien por ejemplo autoriza a realizar prospecciones mine- ras sin tener en cuenta el posible impacto a nivel local, por una ley de minas franquista que ningún gobierno ha cambiado desde su aprobación en 1973.

La proliferación en los últimos años de grandes proyectos agroindustriales, energéticos o mineros en numerosas áreas rurales españolas parece responder a un cierto patrón: se desarrollan en territorios generalmente pobres, con escasa población y actividad. Puede que después de todo, el gravísimo problema de la despoblación del mundo rural, con las implicaciones que tiene en cuanto a pérdida de todo tipo de patrimonio de expresiones culturales y lingüísticas, e incluso en el aumento de riesgos naturales como los incendios forestales, también se pueda contemplar como una oportunidad de negocio. Los desiertos demográficos crecientes en la periferia de grandes ciudades como Zaragoza, Madrid, Valencia o Valladolid son también desiertos de resistencia ciudadana y, sobre todo, territorios con cada vez menos posibilidades de monitoreo sobre problemas ambientales presentes y futuros, o el impacto que ciertas actividades pueden generar.

Se podría poner sobre la mesa una idea interesante para el debate sobre el futuro del medio rural a la luz de estos conflictos. ¿Existe realmente una acción de gobierno, entendida esta como una propuesta de desarrollo específica, integral y a largo plazo para el medio rural? A la luz de estos conflictos se diría que no. Más que una acción de gobierno por parte de numerosos gobiernos autonómicos y estatales, pareciera que más bien hay una tarea puramente administrativa en el medio rural: gestión de servicios, subvenciones, fiscalidad, pero sin ningún proyecto territorial a largo plazo. Es lo que hace años el politólogo británico Colin Crouch denominó postdemocracia: la transición hacia un modelo de sociedad y de país que sigue teniendo y utilizando todas las instituciones de la democracia, pero éstas se convierten cada vez más en una cáscara formal.

La energía y el impulso innovador pasan de la arena democrática a los pequeños círculos de una élite económica.7 En Noviercas, Gandesa y O Pino hay ayuntamientos y numerosas políticas en marcha provenientes de diputaciones y consejerías autonómicas, pero más gestión administrativa que política de territorio o estrategia a largo plazo, políticas más asistencialistas que proactivas, más a favor de intereses económicos externos como en Zomia, que respetando los intereses locales. Esto cuando hay políticas públicas en marcha, aunque sea de prestación de servicios. En muchas ocasiones siguen faltando servicios básicos y prima la desinversión pública en nuevas actividades, lo que es un factor más de expulsión de población.

El arte de vivir sin gobierno es la situación que, como en Zomia, caracteriza a más de una comunidad rural de este país. Territorios aislados y más o menos remotos, que se han de enfrentar una y otra vez a un Estado-nación que parece una entidad ajena a la realidad del territorio y a la vez hostil, por el empeño de desarrollar políticas que claramente atentan contra los intereses y el bienestar de dicha comunidad. El arte de vivir sin gobierno caracteriza a poblaciones en las que, además de tener que lidiar con muy escasos recursos para asegurar una calidad de vida, se han de enfrentar a grandes empresas que intentan asentarse en el territorio con proyectos con enormes impactos sociales y ambientales. No existe, por ejemplo, mejor dinamizador del éxodo rural que pretender instalar una macrogranja industrial sin casi mano de obra en un territorio rural como Soria, que sobrevive por el turismo y las pequeñas explotaciones bovinas.

Evidentemente, el modelo de postdemocracia, o de paulatina transición de la política a la administración de la cosa pública, tiene un claro beneficiario: empresas privadas que encuentran, como se ha apuntado anteriormente, en un medio rural despoblado, envejecido, pobre, sin apenas presencia del Estado y con interesantes recursos naturales una gran oportunidad de negocio. Como afirma un alcalde de una localidad zaragozana,«Desde las administraciones se nos roban competencias a los municipios y se les entregan sistemáticamente a las ciudades. Así, los pueblos pierden puestos de trabajo y autonomía. Desde las administraciones se está optando por mantener en los pueblos tan solo algo así como funciones que permitan una muerte digna, pero en ningún caso acciones que permitan una vida plena».8

Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, la política minera se sigue rigiendo por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta el desarrollo minero y bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras

Lo que hay detrás de un conflicto territorial

En Boletín ECOS 9 en 2016 el autor aportó una reflexión sobre las múltiples dimensiones de un conflicto territorial, que casi siempre es analizado o retratado como una disputa por los usos del suelo, o confrontación de tipo NIMBY, y que ha de ser rápidamente solucionado por la vía de la compensación económica a los afectados. De esta manera numerosos medios de comunicación y discursos políticos retratan con frecuencia los conflictos aquí analizados. Sin embargo, la tesis de esta breve reflexión es que un conflicto territorial aparentemente simple y ubicado en la periferia territorial puede estar vinculado a cuestiones mucho más profundas y complejas: cuáles son las causas actuales de la despoblación de esa periferia, qué modelo de toma de decisiones rige en determinadas instancias para permitir proyectos con evidentes impactos territoriales, qué papel real desempeña la población rural en esta toma de decisiones, y como siempre, a quién beneficia realmente, más allá del discurso poco creíble del aumento del empleo, la construcción de aerogeneradores, macrogranjas, minas o presas hidroeléctricas.

Este texto ha comenzado con una referencia a una serie de territorios exóticos conocidos como Zomia, territorios que han sobrevivido sin gobierno ni control total por parte de ningún Estado-nación hasta hace bien poco, una referencia que aparentemente nada tiene que ver con la situación del medio rural ibérico.

Sin embargo, la lógica depredadora de recursos y la consecuente desarticulación de sociedades rurales que ha caracterizado a Estados muy poco democráticos como China también está presente en más de un municipio y en unos cuantos casos de conflicto territorial en España. Un caso interesante es el de la política minera en España. Pese a los cambios habidos a todos los niveles en España en las últimas décadas, esta política se sigue rigiendo inexplicablemente por la Ley de Minas 22/1973, que fomenta sin cortapisas el desarrollo minero y  bajo la que las comunidades locales poco o nada pueden hacer ante la concesión de prospecciones mineras.

De momento, ninguno de los tres proyectos industriales analizados aquí ha conseguido implantarse completamente. Pese a proponer su ubicación en territorios pobres, despoblados y lejanos respecto a las grandes ciudades han encontrado una inusitada resistencia por parte de los pocos que quedan. Muchas décadas de lucha contra políticas forestales, hidráulicas, agrícolas o turísticas también genera un “saber hacer” en el territorio para oponerse eficazmente, aunque el futuro demográfico de muchas áreas rurales no es nada halagüeña. Puede que la verdadera solución a la despoblación venga no tanto de la construcción de más y más infraestructuras, y menos aún de la mano de minas, macrogranjas o megaparques eólicos, o en la mejora en la prestación de ciertos servicios, sino del desarrollo de una política para el medio rural, aunque mientras tanto este tendrá que seguir viviendo sin gobierno.

Luis del Romero Renau es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia y miembro del grupo de investigación Recartografías.

NOTAS:

1 S. James, The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia, Yale University Press, New Haven, 2009.

2 Íbidem.

3 Amnistía Internacional, (2019): Myanmar: Two years since Rohingya exodus, impunity reigns supreme for military, 2019. Consulta: [17-09-2019].

4 L. Del Romero, Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido, Valencia, Tirant, 2018.

5 L. Ferreirim, La macrogranja de Noviercas se paraliza., sitio web de Greenpeace España. Consulta: [17-sept-2019].

6 C. Zografos, y S. Saladié, «La ecología política de conflictos sobre energía eólica. Un estudio de caso en Cataluña», Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 58/1, 2012.

7 C. Crouch, Postdemocracia, Oxford University Press, Oxford, 2003.

8 P. Marín, «Quizás, en los pueblos no nos quede otra que construir una nueva identidad, rearmarnos y ser viables en todos los sentidos», Voces de Ávila, 1 de abril de 2019. Consulta:  [11-oct.-2019].

9 L. del Romero, «Cartografías del conflicto urbano y territorial: el dónde importa», Boletín ECOS, núm. 36, septiembre- noviembre de 2016.