¿El fin de la corporación?
Es hora de hacer obsoleta la corporación maximizadora de ganancias y controlada por los accionistas
Marjorie Kelly
Imagina que a tu ciudad la atraviesan trenes gigantes que viajan a una velocidad increíble porque los propietarios de los trenes pagan a sus conductores en función de la velocidad. La ciudad establece límites de velocidad, instala luces intermitentes, envía a la policía para mantener a los peatones fuera de las vías. Inevitablemente, los trenes siguen atropellando personas y automóviles, causando lesiones y muertes. ¿Cómo responde el ayuntamiento? Reparando cruces y vallas.
Así es como la sociedad intenta ahora regular el comportamiento de las corporaciones. Aprobamos regulaciones para las grandes corporaciones manteniendo intacto su objetivo de maximización de beneficios. Cuando las corporaciones evaden las regulaciones muy intrincadas (recuerda que los megabancos casi hacen colapsar toda la economía mundial en 2008), nuestra respuesta es reparar las barreras regulatorias.
Es hora de hacer obsoleta la corporación maximizadora de ganancias y controlada por accionistas. En el momento peligroso que enfrentamos, con las crisis de la emergencia climática y la desigualdad desbocadas, ha llegado el momento de que las corporaciones dejen de actuar como si su principal deber fuera servir a los accionistas financieros.
Incluso los presidentes de las mayores empresas de los Estados Unidos aceptaron este hecho, al menos retóricamente, en una declaración de la Mesa Redonda de Negocios en agosto de 2019. El grupo indicó que era consciente de la necesidad de cambiar su propósito corporativo para servir a un conjunto más amplio interesados. Del mismo modo, durante la reunión de la élite financiera en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en enero de 2019, un tema clave fue la pérdida de fe en el actual statu quo de la economía. Axios lo llamó "un ajuste de cuentas para el capitalismo”.
Lo que debe cambiar es la propiedad y el diseño estructural de la corporación
Sin embargo, en estas conversaciones falta la verdad más amenazante, que lo que debe cambiar es la propiedad. Mientras las fuerzas estructurales de la propiedad corporativa actual permanezcan como hasta ahora, donde solo los accionistas votan al consejo ejecutivo y son predominantemente ricos, donde las empresas definen el éxito como un aumento en el precio de las acciones y remunera a los ejecutivos generosamente por lograrlo, no hay suficiente retórica o regulación externa que pueda alejar a las empresas de su objetivo actual: crear más riqueza para los ricos, a la mayor velocidad posible.
Lo que debe cambiar es el diseño estructural y la propiedad de la propia corporación. Necesitamos prever y crear un concepto completamente nuevo de la compañía, una empresa justa, diseñada de adentro hacia afuera con un nuevo mandato: servir al bienestar general y al bien público. La empresa justa es el único tipo que, en última instancia, debería permitirse que exista. Se acerca el momento en que la sociedad debe terminar con la corporación tal como la conocemos.
Esta tarea puede parecer hoy inimaginable. Tan solo las diez principales corporaciones de los Estados Unidos, entre ellas Apple, Exxon Mobil, General Motors y Walmart, tienen ingresos de más de 2,18 billones de dólares y dan empleo a 3,6 millones de personas. En comparación, los ingresos totales del Gobierno de Estados Unidos en 2015 fueron de sólo 3,1 billones de dólares y el empleo total (con exclusión de los militares) de 2,7 millones de personas.
En otras palabras, la suma de 10 corporaciones constituye dos tercios del tamaño del gobierno más poderoso del mundo. A nivel mundial, en 2011 el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich descubrió que sólo 1.318 corporaciones de gran tamaño controlan el 80% de los ingresos comerciales.
El mismo estudio de Zúrich mostró que 147 corporaciones controlan el 40% de la riqueza total de la red. Fuente: Vitali et al. (2011)
Estas corporaciones son, a su vez, propiedad de unos pocos: el 10% más rico de Estados Unidos posee el 84% de las acciones de empresas que cotizan en la bolsa. La propiedad concentrada de activos en la élite mantiene a las corporaciones en su órbita actual, bloqueando el sistema más amplio en las prácticas extractivas que conducen a una mayor desigualdad y destrucción ecológica.
Luces apagadas, luces encendidas
Por el contrario, las formas democráticas y justas de propiedad de la empresa tienen, por su naturaleza, más probabilidades de proporcionar amplios beneficios públicos. Por ejemplo, la reciente debacle con Pacific Gas & Electric en California (PG&E), la compañía propiedad de inversionistas cuyo equipamiento mal gestionado y obsoleto provocó incendios forestales de 2017 y 2018, incluido el catastrófico incendio de Camp Fire que mató a 85 personas y destruyó la localidad de Paradise.
En la temporada de incendios de 2019, PG&E respondió mediante el corte de la energía durante semanas en las áreas propensas a incendios, dejando a millones literalmente en la oscuridad.
Imagen satelital del incendio. Fuente: NASA (Joshua Stevens) [Dominio público]
Sin embargo, las luces permanecieron encendidas en las regiones atendidas por el Distrito Municipal de Servicios Públicos de Sacramento, de propiedad comunitaria, conocido popularmente como SMUD. Es ampliamente reconocido que esta compañía –mayoritariamente de propiedad pública, cuya misión es servir a sus clientes y no obtener el máximo beneficio de ellos– ofrece un servicio más barato y fiable que su homóloga privada. De hecho, en los últimos años, varias jurisdicciones vecinas atendidas por PG&E han intentado unirse a SMUD (pero PG&E lo ha impedido con frecuencia).
Algunos observadores dicen que es injusto comparar a SMUD y PG&E porque esta última da servicio a áreas más propensas a incendios. Sin embargo, SMUD también provee a algunas regiones propensas a incendios, donde ha invertido en torres de transmisión diseñadas para soportar vientos fuertes, y estas áreas no han experimentado problemas. Además, según el periódico digital Sacramento Bee, muchas empresas de servicios públicos más pequeñas y de propiedad cooperativa que prestan servicios en áreas con alto riesgo de incendio mantuvieron un servicio fiable incluso cuando las zonas de PG&E se quedaron a oscuras.
La diferencia es el diseño de propiedad. La propiedad y el control financieros está detrás de las prácticas negligentes de PG&E. PG&E pasó una década sin inspeccionar el tendido eléctrico de cerca de 100 años que atraviesa un área muy boscosa. Este tendido se rompió y provocó el incendio de Camp Fire.
La diferencia es el diseño de propiedad. PG&E se centró en maximizar el precio de las acciones y SMUD tiene la misión principal de servir a sus clientes
¿Por qué una empresa tan grande, con ingresos de 17.000 millones de dólares en 2018, descuidaría el mantenimiento básico del tendido eléctrico? Porque estaba enfocada en otra cosa. Perseguía su objetivo principal: maximizar el precio de las acciones. En lugar de invertir para mantener a las comunidades seguras, PG&E sirvió a los accionistas gastando miles de millones para recomprar sus propias acciones durante una década a fin de inflar artificialmente su precio. El precio de la acción finalmente se desplomó, cayendo en picado entre 2017 y 2019 de 70 dólares a menos de 10 dólares por acción. Al parecer, esos miles de millones que PG&E gastó se desvanecieron.
La conexión entre la titularidad de la propiedad y el comportamiento de la empresa a menudo es desconocida por el público, pero no por los activistas y políticos progresistas del norte de California. La ciudad de San Francisco, el gobernador de California Gavin Newsom y una coalición de funcionarios de ciudades y condados han estado luchando para tomar el control de PG&E, ya que la empresa está en quiebra.
El gobernador ha amenazado con una adquisición pública, mientras que 110 funcionarios de ciudades y condados propusieron conjuntamente convertir a la empresa en una cooperativa de propiedad de los usuarios. En representación de ese grupo, el alcalde de San José, Sam Liccardo, señaló que el marco del grupo haría de "PG&E una empresa viable de propiedad del cliente que será transparente, responsable y equitativa”.
Su objetivo, en resumen, es crear una empresa justa.
Un nuevo paradigma
Para que nuestra civilización pueda vivir de manera segura dentro de los límites planetarios, con una economía que nos permita florecer, se necesitarán procesos de toma de decisiones económicas más democráticos. En el epicentro de este cambio hay nuevos tipos de propiedad empresarial.
La propiedad es la condición original del sistema en una economía. Toda economía se define por su forma dominante de propiedad: en la era agraria, la propiedad de la tierra era de la monarquía y la aristocracia terrateniente; en la era industrial, la propiedad de ferrocarriles y fábricas era de los capitalistas sin escrúpulos; en el comunismo, era propiedad del Estado; y en la economía financiarizada de hoy, la élite financiera posee la propiedad de los activos.
Si vamos a pasar con éxito de un panorama económico propenso al desastre a uno potencialmente de bienestar para todos y todas, entre los cambios necesarios esenciales estará crear un nuevo paradigma empresarial dominante. Si no cambia la propiedad de las corporaciones –quién las posee y con qué fines– será imposible lograr otras formas de cambio y poco probable que tengan éxito.
Una empresa justa se puede definir de forma sencilla: una empresa donde el bien público es primordial, donde la propiedad ha evolucionado para convertirse en una propiedad amplia y donde las empresas han evolucionado más allá de la norma primitiva de máxima ganancia financiera para unos pocos hacia la incorporación de una nueva norma de servicio para la mayoría.
El diseño de propiedad de la compañía dominante en la actualidad, la empresa controlada por los inversores y maximizadora de ganancias, representa un monocultivo de diseño. Su forma emblemática es la empresa que cotiza en la bolsa. Si bien hay menos de estas firmas icónicas (el número de compañías estadounidenses que cotizan en las bolsas de valores se redujo a la mitad entre 1996 y 2012), el principio de maximización de ganancias tiende a permanecer igual, con grandes empresas privadas como Koch Industries y Cargill o con empresas de capital privado. Ya sean públicas o privadas, las empresas controladas por el capital dominan la economía capitalista.
Bolsa de Tokio. Las empresas que cotizan en bolsa dominan la economía mundial. Fuente: Dick Thomas Johnson/Flickr/ (CC BY 2.0)
El control por parte del capital es lo que aleja a las empresas de la misión vital para la que existen, como sucedió en el desastre de PG&E. El propósito de las economías es satisfacer las necesidades humanas. Cuando las empresas existen únicamente para generar ganancias para el capital, la sociedad está en peligro. Como observó John Maynard Keynes: “Los especuladores pueden no hacer daño como burbujas en un flujo constante de empresas. Pero la situación es seria cuando la empresa se convierte en una burbuja en un remolino de especulación”. Toda la sociedad puede convertirse, en términos de Keynes, en "un subproducto de las actividades de un casino". Aquí es donde nos encontramos hoy, en una economía del 1%, por el 1%, para el 1%.
Una economía de, por y para las personas requiere un nuevo arquetipo de empresa. A diferencia del monocultivo de la empresa controlada por el capital, se puede vislumbrar un nuevo modelo en una rica diversidad de diseños que incluyen cooperativas, empresas propiedad de los empleados, bancos comunitarios, cooperativas de crédito, empresas sociales, bancos estatales, empresas públicas y comunidades, entre otros. En ellos, la propiedad y el control no están en manos de la economía de casino, sino de las personas, con un interés natural en comunidades y ecosistemas saludables.
Dichas empresas son precursoras de un modelo arquetípico emergente, que puede convertirse en nuestra guía hasta que llegue el día en que podamos enfrentar el desafío mayor de rediseñar las grandes corporaciones. Los diversos modelos actuales muestran que la arquitectura de propiedad define el propósito del negocio y determina en gran medida si las empresas operan teniendo en cuenta el bien común.
Como escribí en Owning Our Future, hay un lenguaje sencillo que describe diferentes elementos del diseño de propiedad, con cinco elementos centrales: propósito, membresía, gobernanza interna, capital y redes. Externamente, por encima y alrededor de ello está la relación de la empresa con el gobierno. Internamente, el diseño empresarial potencia el liderazgo ético o el liderazgo de extracción con la intención de acumular una riqueza individual incalculable.
5 elementos del diseño de la propiedad
- Propósito
- Propiedad
- Gobernanza interna
- Capital
- Redes
La propiedad de capital representa una propiedad en ausencia y un comercio especulativo rápido, orientado a la máxima extracción de riqueza. Las redes de este arquetipo son los mercados de valores y el comercio financiero mundial, desconectados de los impactos a los trabajadores, las comunidades y la biosfera. La postura hacia el gobierno es el intento de dominación a través del cabildeo y escapar de la regulación lo más posible.
La generación emergente de empresas está diseñada para crear las condiciones para que florezca la vida. Presentan la propiedad en manos de empleados, comunidades y líderes cívicos conectados a la economía real de trabajos, hogares y familias. Dichas empresas están dirigidas por una misión social y ecológica, incorporada en la gobernanza interna donde se tienen en cuenta las voces de las partes interesadas.
Estas empresas aún requieren capital, pero como su socio, no como su amo. Las redes éticas respaldan a estas empresas, como las redes mundiales de cooperativas y los inversores de impacto. La mayoría de estas empresas generan ganancias, pero no las maximizan. Buscan equilibrar el beneficio con la misión. En relación con el gobierno, no infringen el derecho de las personas físicas a gobernarse a sí mismas, ni infringen otros derechos humanos universales.
Variantes de un arquetipo emergente
El aspecto de este arquetipo en el mundo real se puede ver en los modelos globales existentes. Vemos un nuevo propósito de las empresas, por ejemplo, en la empresa B, donde las compañías adoptan un compromiso jurídico con el bien público. Existen 2.655 corporaciones B en 60 países, certificadas por el laboratorio B sin fines de lucro. Hay 5.400 entidades similares sin ánimo de lucro que adoptan un propósito público a través de estatutos constitutivos en 34 estados de los Estados Unidos, incluidas empresas como Kickstarter, Patagonia y King Arthur Flour.
Si bien el modelo de empresa B tiene sus defectos –se enfoca en el propósito, pero no en la propiedad o la gobernanza, y también carece de mecanismos de sanción sólidos–, representa un paso importante en el reconocimiento cultural de que es posible administrar empresas exitosas con el beneficio público como principal objetivo.
Algunos critican que las empresas del tipo de Corporación B sean totalmente privadas, en lugar de públicas, pero esta es en general la forma en que surgen los cambios sociales poderosos, como con los estándares orgánicos y los estándares de construcción ecológica LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), que comenzaron como una innovación del sector privado antes de lograr la aceptación institucional.
Las empresas sociales también incorporan un claro propósito público, por ejemplo las creadas para contratar a los desempleados de larga duración. Tech Dump en Minneapolis, por ejemplo, entrena a ex reclusos en el reciclaje de productos electrónicos. Las empresas sociales, a menudo de propiedad de organizaciones sin fines de lucro, utilizan métodos empresariales para abordar problemas sociales. Social Enterprise Alliance tiene más de 900 miembros en 42 estados de los Estados Unidos. El emprendimiento social se enseña en escuelas de negocios como Oxford, Harvard y Yale.
Tech Dump recicla dispositivos electrónicos y da trabajo a ex reclusos. Fuente: Techdump
La economía social, un concepto relacionado pero más amplio, que incluye a las cooperativas, tiene gran aceptación en Canadá, particularmente en Quebec, una provincia con más de 7.000 empresas cooperativas con ingresos anuales de más de 40.000 millones de dólares.
El poder de la gobernanza interna, combinado con una propiedad de base amplia, funciona en John Lewis Partnership (JLP), que, a pesar de las recientes dificultades financieras relacionadas con las condiciones económicas en el sector minorista, sigue siendo la cadena de grandes almacenes más grande del Reino Unido, con ventas de más de 11.700 millones de libras y una plantilla de 81.500 personas.
Esta empresa es propiedad exclusiva de sus empleados o, como los llama JLP, socios. El propósito declarado de la empresa es servir a la felicidad de sus cooperativistas, quienes ejercen su voz a través de una estructura de gobernanza democrática de consejos, comités y foros elegidos.
Cabe destacar el contraste con las empresas controladas por el capital, donde sólo los accionistas –propietarios del capital– son considerados miembros. Los empleados de las empresas tradicionales no son miembros. Están marginados y desposeídos, no tienen derecho a reclamar los beneficios que contribuyen a crear y carecen de voz en el gobierno, ganando poder sólo a través de la afiliación sindical. Pero en una empresa propiedad de los empleados como JLP, la plantilla no está conceptualmente fuera de la empresa. Ellos son la firma.
La propiedad de empresas por parte de los empleados está avanzando en los Estados Unidos, el Reino Unido y otros lugares. Si creciera sustancialmente, los trabajadores comenzarían a ocupar los círculos dominantes de la economía.
El grupo de firmas alternativas más antiguo y extenso es el sector cooperativo –negocios propiedad de las personas a las que sirven– que incluye cooperativas de crédito propiedad de los depositantes; cooperativas agrícolas como Sunkist, Ocean Spray y Land O ’Lakes; y cooperativas de consumidores como REI.
A nivel mundial, las cooperativas tienen más de 1.000 millones de miembros e ingresos combinados de 3 billones de dólares. La organización cooperativa de trabajadores más grande es la Corporación Mondragón en España, una federación de trabajadores propietarios que incluye 98 cooperativas de propiedad de los trabajadores, 80.000 trabajadores y 12.000 millones de euros de ingresos. Vende productos en todo el mundo y tiene su propio banco, universidad, incubadoras de empresas y agencia de bienestar social.
En la cooperativa Organic Valley, propiedad de los agricultores, una empresa de Wisconsin con ingresos de 1.000 millones de dólares, los propietarios-miembros son sus 1.650 proveedores, los agricultores que producen la leche, el queso y los huevos orgánicos que distribuye la empresa. Organic Valley combina la propiedad en manos de la gente con un propósito vivo: salvar las granjas familiares. Debido a que esta empresa vende solo productos orgánicos, la restauración y protección del ecosistema también está garantizada. A medida que la compañía ayuda a los nuevos miembros agricultores a través del riguroso proceso para convertirse en productores orgánicos, el crecimiento de la empresa se traduce en una mayor restauración de las cuencas y los suelos.
El modelo fundamental de propiedad pública ha comenzado a resurgir a escala mundial como una estrategia viable después de la crisis financiera de 2008. Comenzando en América Latina, se ha producido un movimiento mundial para reclamar la propiedad comunitaria de los sistemas de agua después del desastroso fracaso de muchas empresas de agua propiedad de corporaciones. Este movimiento ha reclamado la propiedad pública del agua en al menos 235 casos en 37 países, beneficiando a 100 millones de personas.
Nuestro futuro como especie depende de nuestra capacidad para restaurar nuestra relación con el agua, la tierra y otros recursos generativos de la naturaleza. La arquitectura de la propiedad es clave.
Igualmente vital para nuestro futuro es quién posee el sistema bancario, un tipo de servicio que proporciona un bien público, por lo tanto, apropiado generalmente para que sea de la titularidad pública.
Los bancos públicos desempeñan un papel importante en China, Alemania, la India y varios países de América Latina. La Unión Europea (UE) tiene más de 200 bancos públicos y semipúblicos, con más de 80 agencias de financiación, que engloban el 20% de todos los activos bancarios. Las 413 cajas de ahorro municipales de propiedad pública de Alemania, Sparkassen, poseen más de 1,1 billones de euros en activos. Como señaló The Economist, estos bancos atravesaron la crisis financiera mundial "apenas sin un rasguño”.
Véanse también: The Power of Public Finance for the Future We Want (en español) y Public Finance for the Future We Want (Resumen ejecutivo en español).
Estos bancos se mantuvieron al servicio del público, libres de las demandas de los especuladores que llevaron a otros bancos a un mal comportamiento que casi hundió la economía mundial.
Se suman a una fuerza más grande de lo que casi nadie conoce. Nuestra sociedad se encuentra en un punto de ruptura, pero también en un momento de profunda innovación y rediseño. Estos modelos de propiedad alternativa tienen mucho que enseñarnos sobre lo que vendrá después: cómo se pueden aplicar sus lecciones de diseño al gran desafío de la corporación moderna.
De la regulación al diseño institucional
En un momento en que el planeta está al borde del abismo, millones de personas viven en la ansiedad económica y la extrema derecha está creciendo en todas partes, es evidente que las viejas formas de regular el capitalismo ya no son suficientes. Las herramientas del pasado son un punto de partida, pero son inadecuadas para enfrentar los problemas de las corporaciones actuales.
Por ejemplo, las leyes antimonopolio, son una herramienta que potencialmente puede abordar el problema crítico del tamaño de las empresas (aunque en las últimas décadas, las estrategias antimonopolio han sido sorteadas por la captura y el cabildeo corporativo), pero incluso en el mejor de los casos, el antimonopolio no aborda el tema clave del propósito de la corporación.
El bien común debe formar parte del ADN de las instituciones y las prácticas económicas
¿Se puede y se debe permitir que las empresas busquen la maximización de los beneficios para los accionistas como su propósito principal? Este es un aspecto amenazante para su actividad que no se resuelve al fraccionarlas o evitar las fusiones y adquisiciones.
Otros enfoques como la regulación del salario mínimo y la imposición de un máximo de horas de trabajo tampoco abordan su propósito central, lo que deja a las corporaciones vía libre para encontrar formas de evitar esas reglas: externalizar empleos, por ejemplo, o convertir puestos de trabajo de tiempo completo en contratos de obras y servicios.
Muchos de los enfoques utilizados hoy en la regulación, incluidos los salarios mínimos, los sindicatos, la regulación de valores a la antigua usanza y las redes de seguridad social, se remontan a la década de 1930. Por supuesto, todavía los necesitamos y deben fortalecerse. Pero en el turbocapitalismo contemporáneo, globalizado y financiero, desplegar sólo estas herramientas es como poner una señal de límite de velocidad frente a un tren que acelera.
El bien común debe formar parte del ADN de las instituciones y sus prácticas económicas. Si podemos lograr tal transformación, significará que el bienestar económico de la comunidad y los trabajadores ya no dependerá de los caprichos legislativos o presidenciales en un momento determinado, sino que estará respaldado por un cambio duradero en la arquitectura subyacente del poder económico: el diseño de la propiedad y el control.
La ciencia de sistemas nos dice que los sistemas sociales humanos no están estructurados simplemente por reglas y reglamentaciones, sino que se autoorganizan en torno a valores, en torno a lo que nos interesa instintivamente. El valor central del sistema actual se puede sintetizar en el problema del sesgo de capital: una inclinación hacia las finanzas y los acaparadores de riqueza imbuidos de forma invisible en todo el sistema: en los valores, la cultura y las instituciones.
El problema central es la maximización de beneficios a través de la extracción financiera
Los intereses de capital a menudo son promovidos mediante las medidas políticas, como ocurre con los impuestos más bajos sobre las ganancias de capital que sobre los ingresos laborales, o rescates para grandes bancos, pero no para los deudores hipotecarios comunes y corrientes. Sin embargo, el sesgo de capital reside más profundamente en las arquitecturas y normas económicas básicas, en las instituciones y la propiedad del capital. El problema central es la maximización de beneficios a través de la extracción financiera. Esto es lo que la sociedad ha intentado sortear durante mucho tiempo a través de soluciones técnicas regulatorias.
Cambiar este sesgo central significa abordar la pregunta que está en el núcleo de la economía política: la cuestión de la propiedad y el control del capital productivo. Necesitamos pasar a un nuevo tipo de sistema económico eficiente, sostenible desde el punto de vista político y ecológico: una economía política moral y democrática, diseñada para el bienestar de todas las personas.
Un aspecto central de esta evolución es poner fin a la corporación maximizadora de ganancias y controlada por los inversores.
Un fracaso de la imaginación
La economía contemporánea centrada en el capital está comenzando a resultar insostenible incluso a sí misma. Es un sistema programado para su propia implosión.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre la acumulación de "nubes que amenazan tormenta" de la próxima crisis financiera; el inversionista multimillonario Paul Tudor Jones ha destacado una "burbuja de deuda mundial"; y el administrador de fondos Jim Rogers ha pronosticado un colapso financiero que será el más grande que ha visto en sus 76 años.
La comunidad financiera está hablando de la "burbuja de todo", el aumento insostenible en el valor de las acciones, los bienes raíces y otros activos, y The New York Times pregunta, "¿cómo podría ser el pinchazo?". Después del último colapso, el Wall Street Journal declaró: "el Wall Street que hemos conocido durante décadas ha dejado de existir". ¿Podrá resultar cierto la próxima vez?
Diez años después, lo que es diferente es que los jóvenes se están movilizando de una forma que no se veía desde la década de 1960, y las ideas políticas radicales están sobre la mesa como nunca antes. Es posible que nos estemos acercando a puntos de inflexión en los que se vislumbra un cambio histórico importante.
Es un buen momento para tener en cuenta las dos herramientas clave que poseen los progresistas: legitimidad e imaginación. Una vez que un sistema pierde legitimidad, no importa cuán fuerte parezca, finalmente caerá. Piensa en el apartheid en Sudáfrica. Piensa en Harvey Weinstein y otros hombres poderosos frente al movimiento #MeToo. Piensa en las monarquías que dominaron el mundo durante milenios, antes de la democracia.
El sistema capitalista ya ha perdido una gran legitimidad. Este proceso puede profundizarse, a medida que ayudamos a otros a ver cómo y por qué el sistema está fallando a la gran mayoría. Un paso clave es ayudar a las personas a comprender una verdad expresada por el historiador cultural Edward Said, que la herramienta fundamental del imperio es convertir a los nativos en extraños en su propia tierra. Y añadió: "lo que se pierde es recuperable al principio sólo a través de la imaginación”.
Lo que a menudo mantiene en pie un sistema político-económico agonizante es el fracaso de este tipo de imaginación. Pero los principales pensadores y activistas de hoy están perforando la aparente invencibilidad con propuestas y enfoques audaces.
Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido todavía tiene el control del Royal Bank of Scotland (RBS), que los contribuyentes rescataron en 2008 por un monto de 45.000 millones de libras. La New Economics Foundation (nef) en el Reino Unido ha propuesto que RBS sea de propiedad pública, dividiéndola en una red de 130 bancos locales.
En los Estados Unidos, mi colega de The Democracy Collaborative, Thomas Hanna, ha propuesto de manera similar que en la próxima crisis financiera, los responsables de elaborar políticas consideren convertir a los bancos que quiebran en propiedad pública permanente. Esta es una forma de desfinanciarizar nuestra economía, dividir grandes concentraciones de capital y proporcionar los fondos necesarios para prioridades como la energía verde. Si tales ideas parecen extravagantes en la actualidad, pueden volverse eminentemente prácticas en una crisis.
El Nuevo Pacto Verde, que exige una movilización de 10 años para satisfacer el 100% de las necesidades de energía a través de fuentes de energía limpias, renovables y de cero emisiones, es otra vía para impulsar los modelos empresariales de la próxima generación.
El proyecto Sunset Park Solar en la ciudad de Nueva York es el tipo de iniciativa que un Nuevo Pacto Verde podría financiar en los Estados Unidos. Uprose, una organización de latinx, se asoció con el organismo estatal de la ciudad de Nueva York Economic Development Corporation y otros socios para instalar energía solar de propiedad comunitaria en la Terminal del Ejército de Brooklyn. Proporcionará a 200 residentes de bajos ingresos electricidad menos costosa y más resiliente frente a las caídas en la red en el contexto del cambio climático.
La organización comunitaria latinx UPROSE impulsó un proyecto solar comunitario para responder a la crisis climática y crear empleos verdes. Fuente: Groundswell
Proyectos de energía de gestión comunitaria como este podrían ser reforzados por una nueva agencia federal propuesta por mis colegas Gar Alperovitz y Johanna Bozuwa. Han esbozado una propuesta para la creación de una Administración Comunitaria de Propiedad de Energía (COPA), similar a la Administración de Electrificación Rural del Presidente Franklin Roosevelt que llevó la energía eléctrica al 90% de las áreas rurales anteriormente desabastecidas. Una nueva COPA a nivel nacional podría desplegar financiamiento y creación de capacidades para construir servicios públicos de energía administrados por la comunidad.
Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, está ganando impulso el compromiso con un sistema de energía renovable justo y controlado por la comunidad. En los últimos años, ha habido un aumento de las campañas de adquisición de servicios públicos, incluida la campaña Switched On London y la campaña #NationalizeGrid contra National Grid, una compañía británica con fines de lucro que opera tanto en Nueva Inglaterra como en el Reino Unido.
El Partido Laborista británico llevó esta visión más allá con su propuesta de adquisición total de los servicios de energía Big Six. Aunque los laboristas perdieron estrepitosamente las elecciones de 2019, en gran parte debido a Brexit, el problema no fue la impopularidad de otras políticas económicas clave como la propiedad pública. Por ejemplo, en una encuesta de 2017, el grupo de investigación liberal del Reino Unido, Legatum Institute, encontró que el 83% apoyaba la propiedad pública del agua y el 77% apoyaba la propiedad pública del gas y la electricidad.
Otro sector donde se necesitan empresas de próxima generación es el cuidado de la salud, particularmente el sector farmacéutico, donde los precios vertiginosos, la escasez recurrente, los problemas de seguridad posteriores a la comercialización y el aumento de la financiarización son resultados naturales de las empresas diseñadas para maximizar las ganancias.
Mi colega Dana Brown ha propuesto desarrollar un sector farmacéutico público para los Estados Unidos, como un enfoque sistémico que reemplace la necesidad de reformas poco sistemáticas que luego podrían ser rescindidas. Dicho diseño incluiría un instituto nacional de investigación y desarrollo público (I + D) que desarrolle medicamentos esenciales; fabricantes públicos estatales y locales; y distribuidores mayoristas públicos regionales. Las ganancias se devolverían a los balances públicos, y podrían invertirse en determinantes sociales de la salud, como el desarrollo económico local.
La idea de una "opción pública" en la industria farmacéutica ha sido respaldada por los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Y en el Reino Unido, la propuesta del Partido Laborista "Medicamentos para la Mayoría" exigía la anulación de las patentes cuando fuera necesario para la salud pública y para la fabricación de medicamentos de propiedad pública a gran escala. (Es cierto que esta no es una política que tendrá éxito en el gobierno de Boris Johnson).
Además de las estrategias sectoriales, se pueden promover empresas de próxima generación modelo por modelo, como con la propiedad de los empleados, la que está más madura para aplicar en escala. En Italia, por ejemplo, los trabajadores cuyos lugares de trabajo están siendo cerrados tienen el derecho prioritario de unirse a sus compañeros de trabajo y adquirir la empresa, de conformidad con la Ley Marcora. El Partido Laborista ha propuesto un derecho similar en el Reino Unido, y Bernie Sanders hizo lo propio en los Estados Unidos. A medida que la generación del baby boom alcance la edad de jubilación, 2,34 millones de firmas propiedad de empresarios de esa generación entrarán al mercado estadounidense en los próximos 10 años, un evento que se llama el "tsunami de plata". Si se pueden vender más de estas empresas a los trabajadores, se podría modificar la curva de la historia, ayudando a crear una gran revolución democrática de la propiedad.
También se necesitarán nuevos tipos de modelos que aún no existen, particularmente en el sector de la tecnología. Existe un movimiento a favor de las cooperativas de plataformas propiedad de los trabajadores, como alternativas a las empresas de alta tecnología propiedad de multimillonarios. Un ex ejecutivo de Microsoft sugirió un modelo de "capital de usuario final", en el que los usuarios obtienen capital en empresas como Facebook, ya que los datos de los usuarios agregan valor. Una start-up llamada Driver’s Seat ayuda a los conductores de viajes en automóvil a agregar y capturar el valor de sus datos, en lugar de que lo extraigan empresas como Uber.
La Ley de Capitalismo Responsable de Elizabeth Warren ha propuesto un enfoque completo para crear un nuevo modelo de empresa responsable, que requeriría que las empresas estadounidenses con ingresos de más de 1.000 millones de dólares obtengan nuevos estatutos federales (en la actualidad, las empresas están autorizadas a nivel estatal), con deberes fiduciarios más amplios, creando un nuevo mandato para servir no sólo a los accionistas sino también a los empleados y la comunidad. La legislación también propone reservar a los empleados el 40% de los puestos en la junta directiva.
En estos enfoques variados podemos ver cómo se podría promover un nuevo paradigma de la empresa justa modelo por modelo, sector por sector, crisis por crisis. Al ayudar a que las empresas se vendan a los empleados, en lugar de ser absorbidas por los competidores, podemos comenzar a detener la cinta transportadora que contribuye al aumento del tamaño de las empresas. Del mismo modo, si las empresas se fraccionan por las políticas antimonopolio, las nuevas empresas podrían tener el mandato de convertirse en propiedad de los trabajadores.
Podemos actuar de manera oportunista, como con PG&E o rescates bancarios, aprovechando las quiebras y las crisis para alentar a las empresas a la propiedad pública o comunitaria permanente. Los sectores donde el argumento moral para la propiedad pública es fuerte, como la atención médica o el agua, pueden ser objeto de movilización. Los bancos pueden ser reconceptualizados poderosamente como servicios públicos, como en el movimiento ya creciente en Estados Unidos y el Reino Unido por más bancos municipales, estatales y cooperativos.
Finalmente, llegará el día en que todas las grandes corporaciones deban estar sujetas a rediseño. Podemos sentar las bases para ese día a través de enfoques que promuevan la aceptación cultural, como la amplificación de las voces de los líderes empresariales progresistas en empresas exitosas que tengan una propiedad de base amplia y liderada por la misión, haciendo que el negocio sea un nuevo tipo de moral y justicia firma.
Seguir adelante
En todo esto, los movimientos sociales y ambientales tienen un importante papel que desempeñar. También son vitales los teóricos y los estudiosos del derecho, necesarios para avanzar en las teorías académicas de la empresa justa. La observación que hizo Franklin Roosevelt sugiere el tipo de marcos jurídicos necesarios: que la empresa privada "se ha convertido en una especie de gobierno privado, un poder en sí mismo".
Las grandes corporaciones en ningún sentido son privadas, como un hogar o una familia, ni son gobiernos democráticos, como ciudades, estados y naciones. Son una tercera entidad, una entidad con poder que nunca se ha democratizado y aún funciona con la cosmovisión arcaica y aristocrática donde los derechos de la riqueza prevalecen sobre otros derechos humanos.
La palabra "corporación" no aparece en ninguna parte de la Constitución de los Estados Unidos. Las corporaciones no surgieron en la forma actual hasta la era industrial. Lo que preocupaba a los padres fundadores era proteger a las personas contra los abusos del rey.
Como observó el profesor de derecho de la Universidad de Hofstra, Daniel Greenwood, esa mentalidad condujo a una gran división en la ley entre lo público y lo privado: limitaciones al gobierno por un lado, protección de las libertades individuales por el otro. Cuando las corporaciones surgieron más tarde, se colocaron en el lado privado de esta división, haciéndose pasar por personas privadas, poseyendo libertades que requieren protección del gobierno que excede su alcance adecuado.
Cuando reconocemos que las gigantescas corporaciones son gobiernos privados está claro que las personas y nuestros órganos electos necesitan protección contra el alcance de estas entidades antidemocráticas, que deben reorganizarse adecuadamente por el interés público.
Reconceptualizar la empresa, rediseñarla, desplazar a la corporación tal como la conocemos es una tarea tan enorme como la eliminación de las emisiones de carbono, pero ambas son igualmente necesarias. La diferencia es que si bien el desafío climático es conceptualmente mucho más avanzado y ampliamente aceptado como esencial, la tarea de rediseñar la corporación apenas se reconoce y sigue siendo muy poco teorizada.
Si tal tarea parece imposible, podríamos recordar que la transformación fundamental es históricamente tan común como la hierba. Sólo hay un escenario futuro que es completamente imposible: la continuación del status quo.
La tarea comienza simplemente por ver: reconocer que el diseño de propiedad es importante, que se encuentra en la raíz de la actual crisis. Todavía no poseemos una claridad común de que los problemas de profundización no son accidentales o el resultado de una política, sino que son los resultados predecibles de la organización básica de la economía extractiva.
Lo que es peor, los progresistas no compartimos una visión económica alternativa positiva de lo que podría reemplazar al capitalismo, si no que nuestras mentes se obsesionan con la distopía. De hecho, es cierto que los apagones de California son sólo un indicio de lo que está por llegar si, durante la devastación que se avecina, las corporaciones gigantescas siguen teniendo el control con el único objetivo de generar ganancias a corto plazo. Es hora de comenzar juntos a imaginar el diseño de la empresa de la próxima generación.
SOBRE LA AUTORA
Marjorie Kelly es investigadora superior y vicepresidenta ejecutiva de The Democracy Collaborative (TDC) y destacada teórica en "diseño empresarial de próxima generación". En el Instituto Tellus, Kelly cofundó la Corporación 20/20 para imaginar y defender diseños empresariales que integran objetivos sociales, ambientales y financieros. Kelly es coautora de The Making of a Democratic Economy (Berrett-Koehler Publishers), Owning Our Future: The Emerging Ownership Revolution (2012) y The Divine Right of Capital, que fue nombrado uno de los 10 mejores libros de negocios de Library Journal en 2001.
Traducción: Nuria del Viso, Área Ecosocial de FUHEM
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/the-end-of-the-corporation/
Ilustrando la corporación
Ilustrando La Corporación
Anastasya Eliseeva
Como artista, es poco lo que se compara con ver el producto terminado reunirse y llegar al público, especialmente cuando el contenido de los artículos y la intención de la publicación están tan cerca de mi propia visión del mundo y de lo que me gustaría de mi trabajo. retratar.
Soy un artista, ilustradora, animadora y creativa que trabajó en varios campos antes de establecerse en la industria de los medios. Me esfuerzo por utilizar la creatividad como una forma de activismo y por promover mi deseo de cambio social. Tuve la suerte de unirme a New Frame hace casi un año, que es una publicación de medios de justicia social con sede en Johannesburgo, Sudáfrica.
Mi trabajo diario es variado, ya sea reimaginar historias de lucha, representar escenas y personas en las noticias actuales, crear conceptos para resaltar los problemas actuales e inspirar esperanza. Es un trabajo increíble debido a cuánto aprendo, a las personas con las que interactuo y a crear arte con un propósito.
Es a través de mi trabajo que me presentaron a State of Power y TNI. Fue a la vez emocionante y desalentador como un desafío. El material me pareció fascinante, pero traducirlo a conceptos sin clichés o imágenes poco profundas fue un desafío. Pero me gustó la dinámica de conceptos muy diferentes que tienen que fluir entre sí y seguir un tema visual. Traté de lograr un equilibrio entre mi estilo artístico desordenado habitual y una forma más ordenada y gráfica de mostrar conceptos. Espero que los mensajes de cada artículo se hayan transmitido.
Mi ilustración más difícil tendría que ser el encantador psicópata: tratar de combinar las dos palabras y los lados de la corporación en una imagen que esencialmente represente la cara en el epicentro de nuestro tiempo. Creo que carecía de la dimensión "encantadora" y tuve que modificar la imagen varias veces.
Mi ilustración favorita es definitivamente 'The End of Corporation'. En la mayor parte de mi trabajo trato de ocultar un elemento de esperanza, incluso si es un pequeño símbolo personal. Crear la imagen de un mundo mejor me hace darme cuenta de cuánto necesito también la esperanza de un cambio positivo en el mundo.
El diseñador web que lo armó hizo la magia final. Me siento muy honrada de tener mi nombre en el Estado del poder de este año.
Tocar un punto sensible
La campaña popular en las Naciones Unidas que cuestiona el poder de las corporaciones
Brid Brennan y Gonzalo Berrón
Desde el año 2015 está teniendo lugar una negociación en el Palacio de las Naciones de las Naciones Unidas en Ginebra, que puede hacer tambalear los cimientos del capitalismo corporativo. Este evento anual es el resultado de la Resolución 29/6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) de junio de 2014, que estableció la formación de un grupo de trabajo intergubernamental cuya misión es desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante para la regulación de las empresas transnacionales. Se trata de una iniciativa histórica, que demostró que, a diferencia de lo que muchos creen, es posible cuestionar y enfrentarse al poder empresarial.
Como era previsible, la negociación se ha topado con obstáculos a cada paso, poniendo de manifiesto los intereses frecuentemente contradictorios (pero ocasionalmente comunes) de sus tres actores principales: Estados, empresas y comunidades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.
En esta trayectoria convergen tres caminos diferentes:
El de los Estados, que se ven ante el reto de asumir una nueva responsabilidad histórica mediante la implementación de un Tratado vinculante que aborde y reconozca las deficiencias de la legislación vigente en materia de derechos humanos, la estructura y la impunidad del poder empresarial y el acceso a la justicia. El de las empresas transnacionales, que continúan su defensa del statu quo, legitimando sus violaciones de los derechos humanos y la primacía del lucro privado por encima de los derechos de las personas. Y, por último, el de las comunidades afectadas y los movimientos sociales, que mantienen su tenaz resistencia mediante la jurisprudencia comunitaria y la presión sobre los gobiernos.
Abordar la impunidad sistémica de las empresas
Desde que las empresas transnacionales se convirtieron en actores clave en el tablero mundial, comunidades afectadas, trabajadores y trabajadoras, y movimientos sociales han expresado su oposición al modelo económico de las corporaciones.
A principios del nuevo siglo ya se habían organizado numerosas protestas a nivel mundial contra los crímenes cometidos por las empresas transnacionales. Estos incluían casos tan emblemáticos como la fuga de gas tóxico de la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, India (1984); la ruptura de un oleoducto de Shell en Bodo, Nigeria (2008–2009); el vertido de crudo de Chevron/Texaco en Ecuador (1964–1992); el bloqueo por parte de empresas transnacionales europeas en los sectores de los hidrocarburos, agropecuario e industrial a la reducción de las emisiones de CO2; y la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon de British Petroleum (BP) en el Golfo de México en abril del 2010.
La resistencia constante de las comunidades afectadas ha sido sin duda una importante herramienta de lucha contra las empresas transnacionales y sus violaciones de los derechos humanos, pero las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre empresas transnacionales europeas en América Latina (2004–2010), convocadas por la Alianza Social Continental (ASC) y Enlazando Alternativas, marcaron el inicio de un nuevo proceso. Su objetivo era reunir a los diferentes movimientos y desarrollar un análisis común en torno a las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales.
A lo largo de tres sesiones, la puesta en común de las experiencias derivadas de 46 casos concretos permitió identificar el carácter sistémico de las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas.
Los veredictos señalaron la existencia de una “arquitectura de impunidad” generada por los diferentes acuerdos comerciales y de inversión, y las instituciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que legitimaron y priorizaron la protección y los privilegios de las empresas transnacionales por encima de los derechos humanos de comunidades y trabajadores.
Esto incluye, en particular, el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) mediante el cual las empresas transnacionales pueden demandar unilateralmente a Estados por acciones que afectan sus beneficios. La sentencia del TPP celebrado en Madrid en mayo de 2010 concluyó que los derechos humanos de las personas en América Latina y Europa chocaban con un muro impenetrable de impunidad y denegación de justicia con respecto a las actividades de las empresas transnacionales. También señaló que el poder de las corporaciones a nivel mundial se había afianzado, privilegiando el lucro privado por encima de los derechos de las personas y la protección del planeta.
Casos del sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) iniciados anualmente desde la década de 1990. Fuente: UNCTAD (2019).
La Sentencia del TPP fue un punto de inflexión que inició un viraje hacia un marco normativo internacional vinculante para las operaciones de las empresas transnacionales. En el fallo se reclamó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que elaborara un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales y se propuso que las comunidades afectadas y los movimientos sociales desarrollaran un marco jurídicamente vinculante en el contexto del derecho internacional, considerado como "uno de los primeros pasos hacia la creación de un orden mundial diferente".
El año 2012 marcó el inicio de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad (Campaña Global), que es el resultado de una exhaustivo proceso de consulta y debate en torno a maneras de articular estrategias para abordar la impunidad corporativa. También fue el año en el que se comenzó a elaborar un Tratado Internacional de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales.
La campaña tenía dos pilares principales: un pilar judicial, que preparaba propuestas detalladas para un marco regulador internacional vinculante para las empresas trasnacionales; y un pilar de alternativas, que promovía una economía más centrada en las personas, la defensa de la democracia y la soberanía de los pueblos.
1970s
Intentos para hacer frente al poder de las empresas transnacionales en las Naciones Unidas (1970–2013)
Primeras discusiones en torno a obligar a las empresas transnacionales a rendir cuentas, a medida que se convierten en actores internacionales cada vez más poderosos. Llamamientos de los países del Sur Global para un nuevo orden económico internacional (NOEI).
1972
El presidente chileno Salvador Allende denuncia a las empresas transnacionales en la Asamblea General de la ONU
“Las grandes empresas transnacionales interfieren en las decisiones fundamentales -políticas, económicas y militares- de los Estados”, a pesar de que sus actividades “no responden ni están fiscalizadas por ningún Parlamento ni por ninguna institución representativa del interés colectivo”.
1973
Allende es asesinado en un golpe militar
1974
La ONU crea una Comisión sobre Empresas Transnacionales
La ONU crea el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales (CNUET).
1980
Globalización y dominio de los enfoques basados en el 'libre mercado'
Oposición continuada al CNUET, especialmente por parte del gobierno de los Estados Unidos y el grupo de presión empresarial formado por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE). Se abandona la propuesta de crear un código de conducta para las empresas transnacionales.
1993/1994
Se desmantela el CNUET
El CNUET es desmantelado, aunque algunos elementos de su labor son asumidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
2000
El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, lanza el Pacto Mundial
El Pacto Mundial es una asociación voluntaria entre las Naciones Unidas y las empresas transnacionales que legitima un régimen regulador no vinculante de responsabilidad social empresarial con respecto a los derechos humanos para las empresas transnacionales.
2003
Reintroducción del concepto de regulación vinculante para las empresas transnacionales
El intento de la Subcomisión de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de reintroducir la cuestión de la regulación vinculante de las empresas transnacionales despierta una fuerte oposición por parte de la CCI y la OIE.
2005
Annan nombra al profesor Ruggie para desarrollar los Principios Rectores de la ONU
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ignorando el trabajo de la Subcomisión, adopta la Resolución 2005/69, en la que solicita al Secretario General de la ONU (Kofi Annan) que designe un Representante Especial para abordar el impacto de las empresas transnacionales en los derechos humanos. Annan nombra al profesor John Ruggie, quien elabora los Principios Rectores de las Naciones Unidas, un marco de referencia voluntario sin obligaciones jurídicas.
2011
Adopción de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
El Consejo de Derechos Humanos adopta los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, junto con mandatos para su implementación. También se establece un nuevo grupo de trabajo de expertos en Empresas y Derechos Humanos, y un Foro sobre Empresas y Derechos Humanos.
Superar el enfoque voluntario
En 2012, tras décadas de esfuerzo, las movilizaciones para la regulación de las empresas transnacionales habían fracasado a nivel internacional. El primer y principal desafío era superar el consenso internacional existente en torno al enfoque voluntario en lo respectivo a las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas. Este enfoque había sido incorporado en los principios rectores desarrollados por el profesor John Ruggie y promovido como el mecanismo para la protección de los derechos humanos frente a las violaciones y el abuso empresarial. Los principios rectores habían sido adoptados formalmente por las Naciones Unidas en 2011 y asumidos como el máximo umbral de protección posible frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas transnacionales.
Las comunidades que se estaban enfrentando a la impunidad devastadora de las empresas transnacionales insistían en señalar que la autorregulación no era suficiente.
Sin embargo, la larga trayectoria de las actividades de las empresas transnacionales sobre el terreno y la denegación sistemática de justicia para las personas afectadas daban pocas razones para esperar un resultado diferente. Las comunidades que se estaban enfrentando a la impunidad devastadora de las empresas transnacionales insistían en señalar que la autorregulación no era suficiente. Exigían una regulación vinculante, ya que consideraban que solo esto permitiría abordar el evidente vacío legal en las normas internacionales de derechos humanos en relación con las empresas transnacionales.
Mientras Ruggie y, especialmente, los gobiernos del Norte continuaban insistiendo en que los principios rectores eran la única opción posible, algunos gobiernos del Sur reclamaban una regulación vinculante.
Esta demanda, que se mantuvo viva gracias a la resistencia de las comunidades afectadas y los movimientos sociales, resurgió en septiembre de 2013 cuando Ecuador y Sudáfrica (con el apoyo de al menos 85 gobiernos) presentaron una Declaración conjunta (disponible solo en inglés) en el 24° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que señalaron su intención de reabrir la agenda de un marco regulatorio jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales.
Los principios rectores de las Naciones Unidas no han logrado detener la impunidad de las empresas
Desde el año 2011 las comunidades afectadas y los movimientos sociales han señalado reiteradamente que los códigos de conducta voluntarios son totalmente inútiles para abordar las violaciones de los derechos humanos y las agresiones a los ecosistemas cometidos por empresas.
El análisis de las 101 empresas más grandes del mundo en los sectores más ampliamente reconocidos como una amenaza para los derechos humanos confirma un incumplimiento generalizado de la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas:
- El 40% de las empresas transnacionales no pudo certificar la aplicación de medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos.
- Prácticamente ninguna pudo demostrar que cumplía con el compromiso de pagar salarios dignos en sus propias operaciones o en sus cadenas de suministro.
- En el 70% de los casos estudiados en los sectores textil y agropecuario, las empresas transnacionales no habían adoptado medidas para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres en sus propias actividades o en las de sus proveedores.
- Menos del 10% de las empresas tenían alguna política interna de protección de los defensores de los derechos humanos.
- El 50% de las empresas de los sectores textil y agropecuario no cumplieron con su compromiso de prevenir el trabajo infantil en las cadenas de suministro.
Fuente: Corporate Human Rights Benchmark, 2018 Key Findings - Apparel, Agricultural Products and Extractives Companies
Junio de 2014: convergencia de fuerzas en la ONU
La iniciativa de Ecuador y Sudáfrica fue inmediatamente respaldada por las organizaciones de la Campaña Global, que expresaron su apoyo contundente. La Alianza para el Tratado, creada de la unión entre miembros de la Campaña Global y varias otras redes y organizaciones de derechos humanos en Ginebra, se puso en marcha poco después.
El resultado fue la histórica votación en apoyo a la Resolución 26/9 , que estableció un Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (GTI) “sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales...”.
Miembros de la campaña para desmantelar el poder corporativo realizan una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Ginebra
La resolución fue aprobada por una pequeña mayoría en el Consejo de Derechos Humanos y respaldada por los gobiernos del Sur Global. Contó con la oposición de todos y cada uno de los Estado miembro de la Unión Europea presentes en el Consejo, así como de los Estados en los que se encuentran las principales empresas transnacionales, como el Japón, la República de Corea del Sur y los Estados Unidos. La votación puso en evidencia el conflicto geopolítico que ha condicionado todos y cada uno de los pasos del proceso por la firma del Tratado vinculante.
Feministas por un tratado vinculante
En 2015 el apoyo de la sociedad civil al Tratado aumentó aún más tras la creación de Feministas por un Tratado vinculante, una red de mujeres que promueve la perspectiva de género en la lucha por el Tratado vinculante.
Su trabajo se ha articulado en torno a tres propuestas clave:
1) evaluaciones de impacto de género obligatorias de las actividades de las empresas;
2) mecanismos de justicia y reparación que tengan en cuenta las cuestiones de género; y
3) garantizar el respeto, la protección y un entorno propicio para las defensoras de los derechos humanos.
Desde su inicio en 2014, el proceso del Consejo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto los conflictos de intereses y las contradicciones entre sus tres protagonistas principales: los Estados, las empresas transnacionales y la sociedad civil.
Por su parte, las empresas transnacionales se aliaron principalmente con los gobiernos de países que son sede de las mayores empresas transnacionales, mientras que los movimientos sociales se aliaron con gobiernos del Sur Global que los apoyan e instaron a los gobiernos del Norte Global a que participen en el proceso de manera activa y constructiva. Las empresas transnacionales hacen valer sus intereses e influencia a través de sus asociaciones, pero también como organizaciones de la “sociedad civil” reconocidas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en el Consejo de Derechos Humanos, donde están representadas por la CPI y la OIE (que, a su vez, está representada en la Organización Internacional del Trabajo, de formación tripartita).
Ambas organizaciones defienden sus posiciones en los paneles, conferencias y reuniones del GTI, hacen uso de la palabra durante las sesiones y presentan posiciones por escrito durante el proceso formal. Han afirmado reiteradamente que el tratado tendrá un impacto negativo en la inversión en los países en desarrollo, en consonancia con la posición de los abogados y académicos porque defienden a las empresas en el CDH.
Persiste el debate en torno a la calificación de la CPI y la OIE como organizaciones de la sociedad civil reconocidas por el ECOSOC, especialmente teniendo en cuenta su conflicto de intereses con una agenda centrada en los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas. Cabe señalar que, en comparación, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco excluye a las empresas tabacaleras de los órganos que lo implementan, después de que numerosas campañas expusieran la financiación por parte de empresas interesadas de estudios supuestamente independientes.
Además de su intervención directa, las empresas transnacionales utilizan el Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos para presentarse como modelos de “buenas prácticas” en materia de derechos humanos en el CDH en Ginebra. El objetivo de este evento es hacer gala de la efectividad de la autorregulación voluntaria y dar así a entender que las obligaciones vinculantes de los tratados son una carga innecesaria, aunque las prácticas de sus miembros demuestran lo contrario.
La compañía minera brasileña Vale, por ejemplo, asistió a varios foros anuales, a pesar de su flagrante incumplimiento de las normas de seguridad que resultaron en el colapso de dos represas que vertieron millones de toneladas de lodo y desechos tóxicos de las minas de Mariana (noviembre de 2015) y Brumadinho (enero de 2019) en el estado de Minas Gerais. Se estima que cientos de personas murieron como consecuencia de la devastación, y la consiguiente contaminación de tierras y ríos es considerada uno de los peores desastres ambientales del Brasil.
Comunidades en Mariana exigen justicia y reparaciones. Foto: Yuri Barichivich / Greenpeace
La influencia y el éxito del lobby empresarial se hace evidente en la forma en que los Estados Unidos, los Estados miembros de la UE y otros Estados del Norte Global se hacen eco de su discurso (con el respaldo de Estados de otras regiones, particularmente los actuales gobiernos de derechas de Chile, Colombia y Guatemala). Comparten un mismo discurso, enfoque y estrategia, todos orientados a, en la medida de lo posible, bloquear o vaciar de contenido el Tratado Vinculante.
A pesar de que siguen sin conocerse todas las repercusiones de la apropiación empresarial del proceso en las Naciones Unidas, muchas voces han expresado preocupación sobre el efecto que esto tiene en los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Un ejemplo de esto es el acuerdo entre Microsoft y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2015, que algunos consideran un caso clásico de donación empresarial opaca. Teniendo en cuenta que esto ocurrió en el primer año del proceso del GTI (un momento muy sensible en las relaciones entre las empresas transnacionales y las comunidades afectadas), la falta de divulgación de información completa sobre su propósito generó cuestionamientos.
Las tácticas obstructivas del nexo entre empresas transnacionales y Estados van de lo retórico a lo procedimental y lo político.
El enfoque retórico de la campaña contra el tratado queda especialmente en evidencia en el contexto de la introducción del Pacto Mundial y los principios rectores de las Naciones Unidas. La adopción de estos principios en 2011 se ha utilizado como justificación para rechazar otros enfoques hasta su adecuada implementación, argumentando que son más “legítimos” al haber sido adoptados por consenso, mientras que un tratado vinculante requiere un proceso de votación. También se afirma que los principios rectores son más legítimos que un proceso liderado por Estados con un historial deficiente en materia de respeto de derechos humanos.
Una batalla discursiva fundamental gira en torno al alcance de un posible tratado. La UE ha presionado desde el principio para que se incluya el concepto de “todas las empresas”. A primera vista, esto parece razonable: muchos Estados y organizaciones de la sociedad civil creen que las disposiciones del tratado también deberían aplicarse a las pequeñas y medianas empresas (PYME). No obstante, cabe tener en cuenta que las PYME ya están reguladas por las legislaciones nacionales correspondientes, mientras que en el ámbito del derecho internacional existe un importante vacío legal que legitima y protege la impunidad de las empresas transnacionales. Estas empresas continúan operando con impunidad, gracias a la fuerte protección legal de sus “derechos y privilegios” que le otorgan los acuerdos comerciales y de inversión, su movilidad, su gran poder económico y su creciente influencia política.
La principal asimetría entre el poder y la estructura de las empresas transnacionales y las PYME requiere un enfoque diferente. Esta preocupación ha sido planteada por los Estados del Sur que no cuentan con empresas transnacionales emblemáticas con sede nacional y cuyas economías están basadas principalmente en PYME que, a diferencia de las empresas transnacionales “móviles”, no pueden escapar de la rendición de cuentas. Por este motivo, muchos interpretan la posición de la Unión Europea como una estrategia para hacer fracasar el proceso.
A nivel de procedimental, el mayor problema ha sido el nombramiento del presidente del GTI y el funcionamiento del propio organismo como un proceso dirigido por Estados. La UE, en particular, también ha defendido firmemente que la dirección del GTI debe ser ocupada por un "experto", de manera similar al proceso que resultó en los principios rectores. La delegación de la UE también ha intentado otras maniobras de distracción, tales como retrasar las sesiones mediante la amenaza de no asumir el plan de trabajo o de quejarse de la ausencia de una consulta adecuada en el proceso de redacción de los textos.
A nivel político, se ha ejercido presión explícita en los países en desarrollo. Se han notificado, informalmente, reuniones y llamadas a embajadas que incluían amenazas de recortes en inversiones o en la ayuda para el desarrollo. En esa misma línea, en 2015 los Estados miembros de la UE amenazaron con bloquear la aprobación del presupuesto para el GTI en el 5º Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargado de aprobar el presupuesto de la ONU cada diciembre. La rápida movilización y respuesta de los países del G77 y la movilización y presión de las organizaciones de la sociedad civil ayudaron a que se mantuviera esta asignación presupuestaria esencial en el año 2016.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que representa a la UE en el Consejo de Derechos Humanos, ha afirmado en reiteradas ocasiones una postura común de la Unión Europea, haciendo caso omiso de varias resoluciones del Parlamento Europeo mucho más favorables al tratado vinculante.
Por ejemplo, en una Resolución del 2018 el Parlamento Europeo declara acoger “con satisfacción, en este contexto, el trabajo iniciado en el seno de las Naciones Unidas a través del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para crear un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos y considera que se trata de un paso adelante necesario en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Algunos eurodiputados, junto con legisladores del Sur Global, crearon la Red Interparlamentaria Mundial, que cuenta con más de 300 miembros. Sus representantes han participado en todas las sesiones del GTI y coorganizado actividades paralelas.
Miembros del Parlamento Europeo Helmut Scholz (GUE), Heidi Hautala (Los Verdes) y Lola Sánchez (GUE) en la sede de la ONU durante la cuarta ronda de negociaciones. Fuente: CIDSE
Frente a los obstáculos de las empresas y sus Estados aliados, los movimientos sociales y algunos gobiernos del Sur se han movilizado activamente para mantener el impulso de la iniciativa. Durante las cuatro sesiones, las organizaciones de la sociedad civil presentaron docenas de propuestas y opiniones por escrito e hicieron muchas intervenciones en la sala que vinculaban situaciones específicas con la necesidad de un tratado vinculante y proponían cambios concretos a los textos oficiales.
También han promovido en forma sistemática la participación de representantes de todas las misiones del gobierno en el Consejo de Derechos Humanos y al presidente del GTI en reuniones y actos paralelos. Recientemente, un grupo de países interesados y organizaciones de la Campaña Global iniciaron un ciclo informal de diálogos sobre políticas, para conocer las posiciones y estrategias comunes a fin de lograr un Tratado significativo.
El proceso ha tenido el impulso permanente de las comunidades que resisten sobre el terreno: ya sea contra la extracción y la contaminación de petróleo y gas, el acaparamiento de tierras y océanos, el derrumbe de megarepresas, la contaminación del agua y la tierra, los incendios forestales o las secuelas de la industria textil y farmacéutica.
Cada una de estas experiencias puso de relieve la urgente necesidad de contar con un instrumento internacional para proteger los derechos de las víctimas directas y las comunidades afectadas. Mientras tanto, la denegación de justicia en casos de larga duración como los de Union Carbide o Chevron, y también otros más recientes como los de Rana Plaza, Lonmin y Vale, demuestran que el sistema actual no está funcionando.
Cobrar impulso en cada sesión
Toda esta movilización ha permitido que el proceso continúe a pesar de los innumerables intentos de hacerlo fracasar. La campaña no solo se ha mantenido firme en sus posiciones, sino que ha ido cobrando impulso: entre 90 y 100 Estados participaron en las sesiones de 2018 y 2019.
En la tercera sesión (2017) comenzaron a discutirse los elementos iniciales del Tratado. La cuarta sesión (2018) giró en torno a un borrador cero, y un primer borrador revisado se discutió a fondo durante la quinta sesión (14 a 18 de octubre de 2019). El programa de trabajo abarcó los 22 artículos y estuvo marcado por una dinámica constructiva. Se recogieron muchas contribuciones importantes de más de 30 Estados, además de parlamentarios, expertos, comunidades afectadas y la sociedad civil.
Los 22 artículos del primer borrador revisado incluyen un conjunto básico de disposiciones marco, algunas de las cuales tienen potencial para facilitar el acceso a la justicia. El texto propone mecanismos más eficaces para la asistencia jurídica recíproca entre Estados y la cooperación internacional, así como una propuesta que podría abrir nuevas posibilidades de “obligaciones extraterritoriales”, es decir, obligaciones de los Estados con respecto a los delitos cometidos por sus empresas transnacionales en la jurisdicción de otro Estado. También se hace referencia a la "responsabilidad jurídica" de las empresas, aunque la propuesta no es clara sobre si esto se refiere al ámbito administrativo o civil.
En lo relativo a la prevención, el texto se basa principalmente en la idea de "diligencia debida", tan en boga desde la adopción de los principios rectores. Francia ha aprobado recientemente una ley de "deber de vigilancia", aunque su impacto está aún por verse. En octubre de 2019 se inició un importante caso que servirá para ponerla a prueba: la denuncia contra la antigua compañía petrolera francesa Total por violar los derechos de las comunidades en sus operaciones en Uganda.
Del mismo modo, las disposiciones del primer borrador revisado sobre los derechos de las víctimas pueden servir de base para una mayor elaboración, especialmente si se consigue incluir una definición más amplia de la categoría “comunidades o personas afectadas”, como ha propuesto desde el principio el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) de Brasil.
Ya no se debate la necesidad de un Tratado.
Se ha propuesto la organización de una conferencia de Estados Parte y del órgano creado en virtud del Tratado para realizar un seguimiento de la adopción, aplicación y la mejora del Tratado. Este es un procedimiento estándar de las Naciones Unidas y a menudo resulta útil, pero hasta ahora solo se ha utilizado para denunciar Estados y no para hacer que las empresas transnacionales cumplan las disposiciones del Tratado. Sin embargo, la conclusión del quinto período de sesiones es que ya no se pone en cuestión la necesidad de un tratado e instrumento jurídicamente vinculante que aborde la evidente impunidad de las empresas transnacionales y abra decisivamente la puerta a la justicia para las comunidades afectadas.
Por primera vez, tanto los Estados como los demás actores tienen que posicionarse, estudiar y explicar los fundamentos de sus propuestas sobre la base del contenido e intentar responder algunas preguntas difíciles.
¿Cómo definimos las obligaciones de los Estados y de las empresas transnacionales? ¿Qué mecanismos e instrumentos son necesarios para hacer cumplir el Tratado? ¿Cómo definimos a las empresas transnacionales y las repercusiones para “las otras empresas”? ¿Qué papel debe desempeñar el Estado en la aplicación del Tratado? ¿Cuáles son los derechos de las víctimas y las comunidades afectadas para obtener justicia?
El primero de ocho videos en los que se explican las ocho demandas principales de la campaña Desmantelar el Poder Corporativo.
El talón de Aquiles del borrador del Tratado
Los artículos más controvertidos hasta la fecha aparecen en las primeras tres secciones del borrador revisado. El primero se refiere a la definición de las empresas transnacionales, sus cadenas de suministro y las “relaciones contractuales” conexas, el segundo a la extensión del alcance del tratado a “todas las empresas” y el tercero a la reiteración del enfoque centrado en el Estado para responder a las violaciones de los derechos humanos. Estos son los puntos que, en 2019, las comunidades afectadas y los movimientos sociales consideraron el talón de Aquiles de este primer borrador.
El enfoque centrado en el Estado niega implícitamente que las empresas transnacionales tengan obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos a nivel internacional. Esta ha sido precisamente una de las exigencias centrales de la Campaña Global, ya que es una condición necesaria para que una comunidad o persona afectada pueda recurrir a la jurisdicción internacional en el caso que sus derechos sean violados por una empresa transnacional. En esa situación, un Tribunal Internacional especializado podría, por ejemplo, dictar una sentencia contra Chevron en el caso del pueblo indígena ecuatoriano (Unión de afectados por Texaco) por la contaminación de su región provocada por las operaciones de la compañía petrolera.
Las empresas transnacionales y algunos Estados todavía se oponen firmemente a esta propuesta. A pesar de que muchos lo consideran una evolución necesaria en el ámbito de los derechos humanos en un mundo globalizado, otros entienden que amenaza la doctrina consolidada al respecto, que establece que es el Estado la única entidad con obligaciones en el actual marco internacional de derechos humanos. Por esta misma razón muchos argumentan que solo los Estados, garantes derechos, pueden “violar” los derechos humanos.
Es posible que el régimen internacional de derechos humanos aún no esté listo para los profundos cambios que exige un Tratado vinculante sobre empresas transnacionales significativo. Por ello, consideran otras alternativas como, por ejemplo, fortalecer las obligaciones extraterritoriales o la cooperación interjurisdiccional. Aunque estas son medidas importantes, que cambiarían el statu quo, no responden a las demandas presentadas por las comunidades afectadas.
El texto actual no incluye otros elementos sustantivos planteados por la Campaña Global y presentados oficialmente: entre ellos la incuestionable primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión; la centralidad de los derechos de las comunidades afectadas, incluidos mecanismos consultivos claros, evaluaciones de riesgos e impactos, así como para la investigación de situaciones que podrían implicar violaciones antes de que sucedan; una perspectiva de género más fuerte; y la ampliación de la responsabilidad penal de la empresa a lo largo de sus cadenas de valor y suministro y sus filiales, incluidos los responsables de la toma de decisiones tanto en el ámbito de la gestión como de la política empresarial general.
Navegar los desafíos futuros
En los casi 50 años de lucha para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y las normativas medioambientales por parte de las empresas transnacionales, esta es la primera vez que las comunidades afectadas y la sociedad civil de los seis continentes han sido incorporados de manera activa y significativa en el proceso.
Esta participación ha sido constante y ha ido en aumento desde el año 2013, cuando se lanzó la primera declaración conjunta de la Campaña Global. Este significa un importante avance con respecto a procesos anteriores en el ámbito de las normativas vinculantes sobre empresas transnacionales.
Ni siquiera el proceso y los debates en el Consejo de Derechos Humanos que culminaron en la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos alcanzaron el nivel de impacto y participación que el GTI ha generado en los últimos cinco años. Aún son muy pocos los Estados comprometidos con el proceso, y todavía existen importantes poderes trabajando para bloquearlo.
Pero, tras cinco años, las negociaciones han resistido todos los embates y cada vez más Estados, parlamentarios, expertos, académicos y, por supuesto, líderes y activistas de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y la sociedad civil, participan en el proceso. Recientemente hasta el profesor Ruggie lo reconoció en una conferencia organizada por el gobierno finlandés, en la que criticó a la UE por no adoptar una posición de apoyo al tratado vinculante, al que definió como “inevitable y deseable”.
El proceso para la elaboración de un Tratado vinculante sobre las empresas transnacionales ya ha conseguido romper el mito de que las empresas transnacionales son “intocables”
Contra todo pronóstico, el proceso para la aplicación de un Tratado vinculante sobre las empresas transnacionales ha tomado impulso y modificado el imaginario colectivo, rompiendo el mito de que las empresas transnacionales son “intocables”; y está ayudando a desmantelar el poder corporativo en la actual fase del capitalismo.
Esto es ya una victoria importante en sí misma, que permite superar el paradigma de la autorregulación y el umbral de los principios rectores de las Naciones Unidas propuestos por Ruggie. Nos acerca a la exigencia central de las comunidades afectadas: desmantelar el poder corporativo.
Al margen del resultado final, el trabajo conjunto de los Estados y las comunidades afectadas ha permitido explicitar una cuestión central, cuya respuesta definirá las próximas décadas para la humanidad y el planeta. Nos encontramos en el albor de una nueva época en la que va a ser necesario un cambio radical que nos permita abordar las contradicciones cada vez más intensas en lo económico, lo político y en lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza.
El Tratado vinculante es una iniciativa crucial en lo que respecta a esta transformación y una parte integral de esas luchas actuales. La cuestión consiste en si finalmente generará la convergencia de fuerzas y voluntad política para lograrla.
SOBRE LOS AUTORES
Brid Brennan coordina el proyecto Poder Corporativo en el Transnational Institute. Tiene amplia experiencia trabajando con movimientos sociales y comunidades afectadas del Sur Global en sus luchas contra el poder económico y político de las empresas transnacionales. Colabora con la Plataforma Migrante-Transnacional de Europa, que aborda los desplazamientos forzados masivos causados por las actividades empresariales, la guerra y el cambio climático, y defiende los derechos humanos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
Gonzalo Berrón, miembro asociado del TNI, ha desempeñado un destacado papel en la coordinación de movimientos latinoamericanos que luchan contra los acuerdos de “libre comercio”. También ha sido una voz integral en los debates entre la sociedad civil y los Gobiernos progresistas sobre la construcción de una estructura financiera y comercial alternativa y justa en América Latina.
Traducción: Marta Cazorla, FUHEM Ecosocial
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/touching-a-nerve/
La empresa financiarizada
Cómo las finanzas alimentan y transforman la corporación de hoy en día
Myriam Vander Stichele
Cada vez más empresas se han convertido en emblemas de delitos y violaciones empresariales: Bayer por los agroquímicos tóxicos, Exxon por el obstruccionismo en cuestiones climáticas, Uber por las condiciones de trabajo de sus conductores. Por otra parte, hay una gran variedad de empresas que rara vez reciben atención pública y mucho menos se convierten en blanco de la ira colectiva, a pesar de que sin ellas las empresas conocidas por sus prácticas abusivas no podrían funcionar de la manera en que lo hacen. Estas empresas incluyen los bufetes de abogados que propugnan su impunidad, las empresas de marketing que promueven productos malsanos, las empresas de tecnología que ayudan a captar clientes de manera encubierta, las empresas de lobby que corrompen los espacios democráticos y manipulan la opinión pública, los auditores y los asesores fiscales especializados en la evasión de impuestos.
Estos servidores corporativos no se responsabilizan de las prácticas abusivas de sus clientes en el ámbito social y ambiental ni reciben sanciones por hacerlo, creando así una cadena de impunidad.
Pero, ¿qué haría Bayer sin la ayuda de Bank of America/Merrill Lynch y Credit Suisse para financiar su adquisición de Monsanto? ¿Cómo podría Uber torcer las leyes nacionales sin el apoyo de consultorías jurídicas como Covington & Burling? Al igual que las empresas a las que prestan servicios, muchas de ellas también son ahora conglomerados transnacionales globalizados que extraen enormes beneficios.
El presente ensayo se centrará en un sector que ha hecho más que ningún otro para impulsar el comportamiento abusivo de las empresas y su impunidad: el sector financiero. Sus diversos actores no sólo han prestado servicios, sino que también han facilitado que las empresas ignoren la responsabilidad social y ambiental y han reestructurado la empresa, lo que ha dado lugar a la financiarización de toda la economía.
Los préstamos que permiten el comportamiento abusivo
El préstamo es el servicio más básico que el sector financiero proporciona a las empresas en general o para actividades empresariales concretas. Los bancos que conceden préstamos a grandes empresas tienden a especializarse en determinados sectores para optimizar sus servicios y evaluaciones de riesgos y así ofrecer tipos de interés atractivos a sus clientes.
Un sistema de crédito renovable permite a las empresas obtener préstamos durante un período de tiempo sin necesidad de realizar nuevas evaluaciones bancarias. Las grandes empresas pueden obtener cientos o miles de millones de dólares mediante un préstamo sindicado por un consorcio ad hoc de grandes bancos (un consorcio), y cada uno de ellos presta una parte del préstamo después de que uno o más "organizadores principales" hayan hecho una evaluación de la empresa o el proyecto.
En el caso del oleoducto de Dakota Access, Citibank dirigió un consorcio de 17 bancos internacionales para proporcionar un préstamo sindicado de 2.500 millones de dólares. Este es uno de los muchos ejemplos de cómo las evaluaciones de riesgo de los bancos no tienen debidamente en cuenta el clima, el medio ambiente y los derechos humanos.
El grupo de investigación y campaña BankTrack ha investigado y expuesto a los bancos que otorgan préstamos a grandes empresas o proyectos contaminantes y con alto contenido de carbono. Por ejemplo, desde el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015, los préstamos de los bancos mundiales a la industria de los combustibles fósiles han aumentado cada año, inyectando 1,9 billones de dólares de dinero nuevo en el desarrollo de combustibles fósiles, incluso para la extracción de la energía más sucia.
De manera similar, tras años de campaña para detener los préstamos perjudiciales a las empresas de aceite de palma iniciados hace diez años, Amigos de la Tierra (AT) en los Países Bajos presionó a los bancos holandeses para que desarrollaran una política de préstamos sobre el aceite de palma, pero no logró detener los préstamos. Los bancos incluso han vendido los préstamos de riesgo reempaquetándolos y transfiriéndolos a los inversores, para permitir continuar el préstamo con un riesgo bajo para el banco, pero más elevado para el sistema financiero ("titulización", una causa de la crisis financiera de 2008).
Los bancos han respondido mediante la elaboración de políticas y directrices, pero sin hacer ningún cambio significativo en la práctica
Los bancos comenzaron a globalizarse para poder prestar servicios a sus clientes empresariales que se expandieron en el extranjero. Ahora asesoran sobre cómo encontrar socios comerciales en terceros países o cómo exportar o importar. Proporcionan crédito comercial a los importadores y garantías de pago a los exportadores correspondientes, sin lo cual el comercio internacional se detendría, como quedó claro cuando los bancos dejaron de financiar el comercio al estallar la crisis financiera en 2008.
Los bancos desarrollan una compleja combinación de instrumentos financieros para ayudar a financiar grandes acuerdos comerciales, entre otras cosas, utilizando los productos comercializados como garantía.
No sólo sirven a las empresas, sino que además aumentan su poder
Los grandes bancos no sólo sirven a sus clientes corporativos, sino que también buscan oportunidades para que una empresa se fusione y adquiera otra, ya que cuanto más grande sea la empresa, más préstamos y servicios financieros requerirá. No es ningún secreto que los bancos favorecen los préstamos a supermercados en lugar de a pequeños comercios porque las oportunidades de negocio son mucho mayores.
Por lo tanto, los bancos de inversión son actores cruciales en la creación de grandes corporaciones y en la concentración de empresas en la mayoría de los sectores de la economía. Elaboran planes de fusión y adquisiciones financieras (F&A) que implican préstamos y acciones, beneficios para la alta dirección y recortes de costos y, lo que es más importante, enormes comisiones para el banco de inversiones.
El recorte de gastos previsto suele dar lugar a despidos de personal en actividades que se superponen y a propuestas sobre cómo utilizar, o abusar, de un mayor poder adquisitivo para hacer bajar los precios de los proveedores, generando una espiral descendente de ingresos a lo largo de la cadena de suministro. Sin embargo, los banqueros de inversión siguen cobrando elevadas bonificaciones y están orgullosos de sus acuerdos de fusiones y adquisiciones, incluso cuando éstos finalmente fracasan.
| Grandes negocios para una industria farmacéutica cada vez más grande
Aunque muchas personas en todo el mundo no pueden acceder a medicamentos costosos o a un seguro médico, las grandes empresas farmacéuticas no tienen problemas de financiación, incluso para operaciones costosas de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, Celgene obtuvo 74.000 millones de dólares de los EE.UU. para adquirir Bristol-Myers Squibb. Los cinco bancos de inversión que prestaron asesoramiento (incluidos Morgan Stanley, JP Morgan Chase y Citigroup) recibieron 304 millones de dólares de los EE.UU. en tasas. Los bancos que proporcionaron un préstamo de 33.500 millones de dólares de los EE.UU. recibieron 547 millones de dólares de los EE.UU. en concepto de pago de intereses. Estos costos se reembolsarán mediante el aumento del precio de los medicamentos, independientemente del impacto en la salud de las personas. El aumento de los precios de los medicamentos va en contra del compromiso mundial del Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 3, meta 8, de lograr "el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos". Sin embargo, los bancos que socavan esta meta nunca son responsabilizados. |
La financiación de grandes fusiones y adquisiciones conduce a un círculo vicioso de grandes bancos y grandes corporaciones. La protesta pública contra los bancos "demasiado grandes para quebrar" que necesitaban ser rescatados con el dinero de los contribuyentes no ha resultado en la división de los bancos, ya que se abandonó una propuesta de ley de la Unión Europea. Esto no fue sólo el resultado de la presión de los bancos. Las grandes multinacionales también presionaron en contra de la reestructuración de los principales bancos, argumentando que los necesitaban para financiar sus complejos acuerdos.
Menos gigantes corporativos significan más beneficios para los inversores ricos, quienes a su vez exigen cada vez más beneficios.
Cuanto menos gigantes corporativas existan, tanto más ganancias habrá para los inversores ricos que a su vez demandan ganancias aún mayores. La concentración empresarial en un contexto de leyes de competencia debilitadas –gracias al cabildeo– conduce a un menor poder de negociación para los trabajadores y proveedores, y a precios más altos para los consumidores.
Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que "con un mayor poder del mercado, el porcentaje de ingresos de las empresas destinado a los trabajadores disminuye, mientras que el porcentaje destinado a los beneficios aumenta".
Crear la bonanza de los accionistas y reconfigurar la inversión corporativa
Más allá de los préstamos, quizás el papel financiero más importante que desempeñan los bancos es la creación de estructuras de financiamiento paralelas.
Los bancos de inversión prestan diversos servicios gracias a los cuales las grandes empresas pueden financiarse mediante la emisión de acciones o bonos corporativos, lo que se denomina suscripción.
En primer lugar, asesoran a la corporación sobre la forma de hacerla más rentable y atractiva para los accionistas y los titulares de bonos, por ejemplo, aconsejando estrategias de evasión de impuestos canalizadas a través de las filiales u oficinas subsidiarias extraterritoriales del banco.
Posteriormente, los bancos analizan las perspectivas y los riesgos para la rentabilidad de las empresas o, en el caso de las empresas de nuevas tecnologías, el grado de interés que podrían tener los inversores en comprar y comerciar sus acciones, aunque no haya beneficios durante años, como ocurrió en el caso de Amazon y Uber. Consiguen que las agencias de calificación crediticia (véase a continuación) den calificaciones de inversión.
Los bancos cotejan su análisis en un informe y no tienen la obligación legal de evaluar los impactos sociales o ambientales de la empresa, a menos que éstos puedan amenazar su rentabilidad.
Por ejemplo, en el informe sobre Uber se mencionaban los riesgos de que sus conductores independientes pudieran tener derecho a recibir una remuneración como empleados, pero no se mencionaba la forma en que podría aumentar la contaminación en las ciudades mediante la sustitución del transporte público.
En segundo lugar, los bancos aseguran la cotización de las acciones y bonos en una bolsa de valores o fuera de ella.
En tercer lugar, una vez que los bancos han valorado las nuevas acciones, las compran y se arriesgan a no venderlas mientras organizan " exposiciones itinerantes " para promover las acciones entre los inversores. Esta suscripción de riesgos suele ser compartida por varios grandes bancos.
En la emisión y suscripción inicial de acciones de Uber, por ejemplo, participaron 29 bancos, 11 de los cuales también participaron en la anterior emisión de acciones de Lyft, el competidor de Uber. Algunos de los principales bancos fueron Morgan Stanley y Goldman Sachs, otros incluyeron Barclays Capital, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Corporations y Deutsche Bank Securities.
La emisión de acciones permite a las empresas diversificar la financiación a partir de préstamos o bonos que deben ser reembolsados. Los bancos aseguradores reciben enormes comisiones por la emisión de nuevas acciones y no tienen que destinar costosas reservas de capital para préstamos. Los aseguradores de la emisión de acciones de Uber recibieron honorarios de 106,2 millones de dólares.
Los activistas están empezando a poner de relieve a los bancos que participan en la emisión de acciones. La noticia en 2019 de que la compañía petrolera de Arabia Saudita, Saudi Aramco, estaba avanzando en la oferta de acciones llevó a una coalición de grupos ecologistas a advertir a los inversores de los peligros de facilitar capital a la mayor empresa emisora de CO2 del mundo, así como de apoyar a un régimen con un historial atroz en materia de derechos humanos. Como los inversores occidentales se mostraron poco entusiastas, los bancos de inversión decidieron centrarse en la venta de las acciones a los inversores de la región del Golfo, que a su vez son productores de petróleo, en lugar de retirarse por completo de la emisión. Saudi Aramco pudo cobrar un récord de 29.400 millones de dólares a mediados de enero de 2020, afirmando que se diversificará para evitar el petróleo.
Los bancos de inversión sirven a los inversores accionistas analizando la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa. Estos analistas financieros son muy útiles para ejercer una presión alta y constante sobre los gerentes de las empresas para aumentar la rentabilidad, entre otras cosas comparándolas con empresas del mismo sector. Los bancos de inversión también facilitan el comercio de acciones en el mercado bursátil, pero puede haber un conflicto de intereses si participan en la suscripción de esas acciones. Ayudan a evitar la caída de los precios de las acciones en caso de grandes ventas, dividiendo las ventas de grandes trozos de acciones en sus plataformas comerciales no públicas, conocidas como "dark pools".
Se estima que el comercio en los dark pools representó aproximadamente el 40% de todas las transacciones bursátiles de los Estados Unidos a principios de 2017, en comparación con un 16% estimado en 2010. Las acciones de alto valor ofrecen a las empresas un acceso continuo a la financiación y a las oportunidades de llevar a cabo operaciones de fusiones y adquisiciones, reforzadas por la práctica cada vez más frecuente de las empresas de recomprar sus acciones.
De hecho, la remuneración de los altos directivos con opciones sobre acciones es un incentivo más para dar prioridad al alto valor de las acciones y a la recompra de acciones frente a la inversión innovadora o el empleo. La incesante presión por obtener altos rendimientos para los accionistas –los inversores institucionales, los extremadamente ricos y los altos directivos– ha sido una gran parte de la creciente brecha salarial.
Fuente: Oxfam Internacional (2019) Los pecados mortales del G7: Cómo el G7 está alimentando la crisis de la desigualdad
En los Estados Unidos, los accionistas recibieron casi 7 billones de dólares en forma de pago de dividendos y recompra de acciones, mientras que los ingresos de los trabajadores apenas aumentaron, lo que alimentó la desigualdad y también disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores.
Esta prevalencia del interés de los accionistas tuvo un impacto significativo en la estrategia empresarial. A principios de los años 80, el 50% de los beneficios se reinvirtieron en la empresa, pero en 2018 se habían reducido al 7%.
Concentración de poder en el sector financiero
El crecimiento de la posesión de acciones y bonos corporativos emitidos por corporaciones cada vez más grandes se ha visto facilitado por la concentración financiera en manos de la industria de fondos de inversión de billones de dólares.
Han surgido nuevos gigantes financieros, dominados por BlackRock (la mayor empresa mundial de gestión de inversiones con 7 billones de dólares de los EE.UU. en activos gestionados), Pimco (especializada en la gestión de inversiones en bonos con 1,9 billones de dólares de los EE.UU. gestionados), Vanguard (el segundo mayor gestor de fondos de inversión mundiales con 5,6 billones de dólares de los EE.UU. en activos gestionados) y Amundi (un importante gestor de activos europeo con 1,56 billones de euros en activos gestionados). Actualmente poseen acciones y/o bonos en casi todas las empresas del mundo.
Un estudio de las empresas estadounidenses mostró que los tres principales gestores de fondos de inversión, BlackRock, Vanguard y State Street, son el mayor accionista individual en casi el 90% de las 500 empresas más importantes del mundo que figuran en el índice S&P, entre ellas Apple, Coca-Cola, ExxonMobil, General Electric y Microsoft.
Imagen: Red de la propiedad de las Tres Grandes en las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa. Fuente: Fichtner, Heemskerk y García-Bernardo (2017)
Dado que la mayoría de los demás inversores distribuyen los riesgos al poseer menos del 1% de las acciones de una empresa, los tres administradores dominantes de los fondos de inversión –cada uno de ellos con hasta un 3% a un 8% y juntos hasta un 17,6% de las acciones de estas empresas– tienen ahora el poder de voto más influyente en las asambleas anuales de las empresas o en su compromiso directo con la alta gerencia. Desde hace mucho tiempo su influencia no se ha traducido en una presión para que la práctica empresarial adopte objetivos distintos de la maximización de los beneficios.
La consolidación del poder por parte de los principales fondos de inversión socava la competencia entre las empresas del mismo sector, porque los fondos son accionistas dominantes de conglomerados competidores, lo que les incita a apoyar estrategias empresariales similares. Además, los fondos siguen cada vez más un índice, valorado según el precio de la bolsa de valores basado en la compra y venta de acciones y la rentabilidad, con poca evaluación del comportamiento de las empresas sobre el terreno.
La enorme expansión del sector de los fondos de inversión en el último decenio, su interconexión con las empresas y las cantidades cada vez mayores de malos préstamos corporativos podrían desembocar fácilmente en una nueva crisis financiera más amplia.
El enorme crecimiento de la industria de los fondos de inversión, que está exigiendo más bonos corporativos para crear fondos, está detrás de una nueva burbuja de bonos corporativos que es probable que estalle, habiendo alcanzado los 10,17 billones de dólares en 2018.
Hay demasiado dinero de inversores (institucionales) con el que se procura obtener altos rendimientos y las empresas están dispuestas a sacar provecho, incluso las que tienen poca o ninguna rentabilidad ("bonos basura"). Cuanto más arriesgado es el negocio, más altos son los tipos de interés que atraen a los inversores. Una vez que la economía se desacelera y estas llamadas "corporaciones zombies" empiezan a incumplir sus préstamos o bonos, los inversores pueden vender masivamente. La interconexión y el efecto dominó, incluidos los crecientes préstamos incobrables, podrían terminar fácilmente en una nueva y más amplia crisis financiera.
Al margen de la sociedad y el medio ambiente
La industria de la inversión concentrada ha creado una distancia aún mayor entre el financiador final, es decir, el inversor que está poniendo dinero en los fondos de inversión, y el impacto de las operaciones corporativas en la sociedad y el medio ambiente.
Los gestores de fondos de inversión compran acciones y/o bonos de cientos de empresas para formar parte de un "fondo" y siguen este proceso para crear cientos de esos fondos, que luego se ofrecen a los inversores.
Según los administradores de fondos, el número total de empresas incluidas en un fondo hace demasiado costoso examinar el impacto sobre el terreno de cada una de las empresas en las que se invierte. Los fondos sólo publicitan a algunas empresas incluidas en un fondo, lo que dificulta que los financiadores finales las examinen a todas.
Más aún, los grandes administradores de fondos de inversión subcontratan sus derechos de voto a corporaciones subsidiarias, como ISS y Glass Lewis, que dan prioridad al voto en apoyo de estrategias de gestión y de obtención de beneficios que se traducen en el máximo rendimiento para los accionistas y en contra de las resoluciones para un comportamiento más responsable. Como resultado, han permitido a las corporaciones ignorar los intereses de los trabajadores y las comunidades y las preocupaciones sobre el cambio climático.
Puede que el director general de BlackRock haya escrito una carta abierta en 2018 diciendo a las empresas que tenían que hacer "una contribución positiva a la sociedad", pero no fue hasta enero de 2020 que escribió una carta, ampliamente difundida, a los directores generales en la que anuncia iniciativas sobre todo para (permitir) un examen más exhaustivo de los riesgos climáticos y de sostenibilidad de las empresas en las que BlackRock decide invertir. Sin embargo, a puerta cerrada, BlackRock ha discutido y presionado contra las leyes de la UE que proporcionan definiciones claras de las inversiones verdes y obligan a la divulgación de los riesgos sociales y ambientales o los impactos de sus fondos.
Un banco holandés, ING, que vende estos fondos de inversión a clientes individuales, incluso anuncia que pueden dormir mientras el banco administra su dinero. La información se centra sólo en la cantidad de ganancias que sus fondos de inversión están generando. Sin embargo, los estudios muestran que en el caso de los bancos holandeses, los fondos de inversión que ofrecían a sus clientes financiaban compañías abusivas de aceite de palma.
Fuente: Sitio web del ING, https://www.ing.nl/particulier/beleggen/beginnen-met-beleggen/index.html - Traducción del título de la página web": Empezar con la inversión - Consejos para un buen comienzo)
Recientemente, los defensores del medio ambiente han empezado a denunciar la responsabilidad de los fondos de inversión en la financiación de prácticas destructivas. Amigos de la Tierra Estados Unidos, por ejemplo, ha atacado a BlackRock, por invertir miles de millones de dólares en empresas que contribuyen al cambio climático, la destrucción del medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos, como las empresas de petróleo y gas, las empresas mineras y las empresas de aceite de palma
 Fuente: SOMO/¿Cuáles son las amenazas que acechan en el sector financiero? • La toma de decisiones y el costo de la financiación de las empresas depende fundamentalmente de las agencias de calificación crediticia, que evalúan la rentabilidad de las empresas. La empresa que analizan les paga, lo que supone un conflicto de intereses. Además, actualmente no están legalmente obligadas a evaluar los impactos sociales y ambientales. • Las bolsas de valores admiten el comercio de acciones de una empresa y ellas mismas son empresas con fines de lucro. • Los crecientes fondos de pensiones privatizados han sido parte del empuje hacia un valor elevado para los accionistas, ya que invierten en acciones de empresas y esperan un rendimiento de hasta el 7%, sin responsabilizarse por las consecuencias. • Las compañías de seguros no sólo protegen a las empresas contra los daños y los robos, sino que también ofrecen un seguro a los presidentes de las empresas contra cualquier irregularidad y posibles costos legales. Con el fin de mantener reducido el precio de las primas de seguros, las compañías de seguros invierten billones de dólares en instrumentos financieros a largo plazo. • Tal vez los actores más depredadores del sector financiero sean los fondos de inversión de alto riesgo y los fondos de capital de riesgo (PE), que a menudo tienen su sede en jurisdicciones y paraísos fiscales sometidos a un régimen secreto y apenas están sujetos a la reglamentación de la UE o de los Estados Unidos. • Los fondos de inversión de alto riesgo son gestionados por administradores de activos privados que ganan altas comisiones por proporcionar altos rendimientos a corto plazo en inversiones muy especulativas con dinero procedente de inversores muy ricos, incluidos los fondos de pensiones privados. |
La financiarización de todo
La financiarización de la energía y los alimentos
La industria financiera también ha alentado a las empresas a adoptar instrumentos financieros cada vez más complejos como forma de salvaguardar su rentabilidad, lo que ha repercutido en la economía y la sociedad en general. Así, por ejemplo, a fin de ayudar a las grandes empresas a evitar los riesgos de pérdidas financieras o variaciones de precios ("cobertura"), los bancos de inversión desarrollaron los derivados (también conocidos como swaps, futuros/contratos a plazo, opciones), que son contratos que determinan los precios basados en apuestas de precios en el futuro. Los contratos de derivados todavía se negocian en su mayor parte en bolsas de valores (extrabursátil), lejos de la mirada del público, y su valor se ha duplicado desde la crisis financiera, con hasta 640 billones de dólares de montos hipotéticos pendientes de pago. Estos pueden ir peligrosamente mal como lo demostraron las crisis financieras y, por consiguiente, se los ha llamado "armas financieras de destrucción masiva".
El derivado más comercializado está relacionado con los tipos de interés, que se vende como un seguro contra el aumento de los tipos de interés. Se ha acusado a los bancos de no explicar que estos "swaps" también pueden llevar a las empresas, a los municipios e incluso a los agricultores a verse obligados a pagar a los bancos cuando el tipo de interés no sube sino que baja, lo que sucedió de forma drástica tras la crisis financiera. En los Países Bajos, los bancos incluso impusieron estos swaps a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se endeudaron: sin swap, no hay préstamo, a pesar de que las PYME sabían poco sobre los riesgos potenciales y terminaron pagando un precio muy alto. En otras palabras, los servicios bancarios pueden terminar sirviendo al banco más que a sus clientes corporativos, que tienen la obligación de pagar.
En el caso de los derivados de materias primas, su comercio en las bolsas de productos y fuera de ellas determina de manera significativa los precios de productos básicos fundamentales como el petróleo, el gas, los minerales, el trigo y también de productos como el café y el cacao. Estos mercados cuentan con muchos actores financieros, que establecen la infraestructura para el comercio, diseñan los contratos de derivados, proporcionan análisis y facilitan el funcionamiento de las operaciones de inversión de alto riesgo y especulación.
En teoría, los derivados de materias primas garantizan un precio y una fecha de entrega determinados para la venta por parte de los productores y la compra por parte de los procesadores de productos energéticos o alimentarios. Sin embargo, la oferta y la demanda de los contratos en las bolsas de materias primas determinan el precio en parte sobre la base de las apuestas sobre la producción futura y en parte sobre el papel de los especuladores, que no guarda relación con los costos de producción. Los que comercian con derivados tampoco tienen la obligación o la responsabilidad de tener en cuenta la forma en que se producen o consumen esos productos básicos. Por lo tanto, no es de extrañar que el aumento de las emisiones de carbono no haya detenido el comercio de derivados de energía de combustibles fósiles ni garantizado una remuneración adecuada a los agricultores. En julio de 2019, 16 ONG escribieron a la Bolsa de Metales de Londres para denunciar su funesta política de "aprovisionamiento responsable".
Una campaña posterior a 2008 en la UE puso en tela de juicio la especulación con los precios de las materias primas, después de que los enormes aumentos de los precios provocaran disturbios por hambre entre 2006 y 2008. La campaña obtuvo victorias legislativas parciales en 2014, pero a finales de 2019, la legislación de la UE corría riesgo de ser revocada. Las grandes empresas productoras y comercializadoras de petróleo y gas, como Shell, se han involucrado cada vez más en el comercio especulativo. La cuestión es si esto les permite manipular los precios de los combustibles fósiles para que las energías renovables sean menos atractivas desde el punto de vista financiero.
Financiarización de las empresas
La presión por una alta rentabilidad no sólo ha ignorado las cuestiones ambientales y sociales, sino que también ha cambiado considerablemente la naturaleza misma de los modelos de negocio. Ha hecho que las empresas inviertan sus beneficios, o incluso el dinero de la emisión de acciones y bonos o de préstamos, en los mercados financieros y en paraísos fiscales, en lugar de hacerlo en su futuro a largo plazo, por ejemplo, en la investigación de innovaciones para una transición justa, o en el pago de impuestos y el aumento de los salarios del personal con menor remuneración, lo que podría ayudar a limitar la creciente desigualdad.
Las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, han invertido aproximadamente un billón de dólares en el exterior, la mitad en bonos corporativos, mientras que han obtenido préstamos por cerca de 110.000 millones de dólares a tipos de interés más bajos.
Algunas empresas incluso han pasado a prestar sus propios servicios financieros y de inversión. Supermercados como Tesco y Carrefour, por ejemplo, ofrecen servicios bancarios y de seguros, comerciantes de productos básicos como Cargill ofrecen servicios de crédito y derivados a agricultores, y las filiales financieras de los fabricantes de automóviles ofrecen servicios de crédito, seguros y servicios de arrendamiento financiero.
Evidentemente, esos servicios financieros facilitan la compra de los nuevos productos o servicios, a veces con costos inesperados para los consumidores. Algunas empresas obtienen cada vez más beneficios de las actividades financieras.
Los gigantes de la tecnología también han iniciado servicios financieros e invertido en tecnofinanzas. Amazon ha invertido, entre otros, en Greenlight Financial, que permite a los niños tener tarjetas de débito, mientras los padres controlan sus gastos a través de una aplicación en línea.
La última iniciativa de financiarización empresarial es la propuesta de Facebook de emitir una moneda digital, la Libra, gestionada por un órgano empresarial independiente mediante la utilización de tecnología de cadena de bloques. El objetivo de estas empresas de tecnología de la información puede que no sean los servicios financieros como tales, sino los datos que pueden obtener sobre las compras y transacciones de sus clientes.
El escenario fatídico
Las empresas que pueden obtener financiación fácilmente –empresas que dependen y se apoyan en préstamos, cuyas acciones en las bolsas se han desvalorizado, que poseen calificaciones crediticias favorables y están protegidas por compañías de seguros y de derivados– tienen pocos incentivos para emprender una transición rápida y poner fin a las prácticas sociales y ambientales abusivas, incluso si las campañas sociales las denuncian. Más bien, el aumento de la tenencia de acciones y bonos intensifica la presión sobre las empresas para que obtengan ingresos a corto plazo de la explotación de sus cadenas de valor.
La presión fundamental puede observarse en el caso de Unilever, cuyo director general, Paul Polman, puso en marcha algunas iniciativas de producción más sostenible e incluso suprimió los informes financieros trimestrales a corto plazo. Sin embargo, una vez que Kraft Heinz hizo una oferta pública de adquisición hostil, Unilever volvió rápidamente a priorizar el valor para los accionistas, incluso obteniendo préstamos para recomprar acciones y emprendiendo un nuevo programa de reducción de costos.
Los peligros de la falta de responsabilidad de la industria financiera en la evaluación de los impactos sociales y ambientales y su presión sobre el cortoplacismo empresarial, están ahora claramente expuestos por la crisis climática.
Los peligros de la falta de responsabilidad de la industria financiera en la evaluación de los impactos sociales y ambientales, y su presión sobre el cortoplacismo empresarial, están ahora claramente expuestos por la crisis climática.
Desde 2015, un grupo de banqueros centrales de la Red para un Sistema Financiero más Ecológico ("Network of Greening the Financial System") ha advertido que la fijación incorrecta de los precios del carbono y el cambio climático podrían dar lugar a una inestabilidad o crisis financiera. El desastre climático causará, por ejemplo, sequías que reducirán la producción agrícola y tormentas que destruirán los bienes inmuebles comerciales y las viviendas; al mismo tiempo, la necesidad de una rápida reducción del uso de combustibles fósiles y de las reglamentaciones conexas afectará a la producción de muchos sectores.
Esto dará lugar al impago de préstamos, a la caída de los precios de las acciones y los bonos, a la retirada masiva de los fondos de inversión con participaciones en industrias basadas en combustibles fósiles y a la extrema volatilidad de los precios de los derivados con precios erróneos. Esto afectará a todo el mundo, incluso a los pequeños ahorradores o fondos de pensiones.
Algunos supervisores incluyen este tipo de escenario desastroso en las "pruebas de resistencia del carbono". Sin embargo, el grupo de presión de la industria financiera ha frenado los cambios necesarios e incluso se ha opuesto a las leyes de la UE, para informar si están evaluando o no los impactos negativos sobre el clima, el medio ambiente y la sociedad de las empresas en las que están invirtiendo.
La industria prefiere adherirse a iniciativas voluntarias como los Principios de Banca Responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) o el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) pero, como ha señalado BankTrack, los bancos que firmaron los Principios del Ecuador de 2003 siguen negándose a divulgar los proyectos perjudiciales que están financiando, argumentando que es para proteger la confidencialidad de sus clientes.
Lentamente, algunos inversores accionistas perciben la futura devaluación de los activos de combustibles fósiles y presionan a las empresas para que tomen medidas contra el cambio climático, y las nuevas leyes de la UE les incentiven a hacerlo.
Nuevas alternativas para la movilización
La industria financiera ha utilizado con éxito estructuras complejas y grupos de presión bien dotados de recursos para no tener que rendir cuentas de su impacto en las personas y el planeta. Las reformas realizadas tras la crisis financiera no han detenido a la industria financiera de prestar servicios a las empresas con prácticas abusivas y de financiar aún más la economía y la sociedad.
Las organizaciones de la sociedad civil han tenido cierto éxito en las campañas contra los servicios de la industria financiera a esas empresas y sus proyectos abusivos.
Sin embargo, la constante y amplia gama de instrumentos de financiación de la industria ha permitido a las empresas hacer caso omiso de las movilizaciones y socavar innumerables iniciativas sociales. Esto da cuenta de la necesidad de impulsar medidas de sanción legalmente vinculantes, además de la prohibición de muchos de los agentes e instrumentos financieros en la cadena de valor de financiación y de los accionistas.
La indignación pública contra la creciente desigualdad y el cambio climático podría impulsar a los legisladores y a los reguladores a tomar medidas más audaces o a elegir políticos más radicales que puedan aplicar sistemas de financiación alternativos.
Una prioridad fundamental que se debe reformar es abordar los problemas estructurales como los bancos demasiado grandes para quebrar y la rápida, pero poco regulada expansión de la industria de la inversión. ¿Por qué debería permitirse que sean tan grandes y obtengan beneficios colectivos de cientos de miles de millones sin ninguna obligación de financiar una transición justa? Las regulaciones insuficientes de la política de competencia, así como los acuerdos neoliberales de comercio e inversión, permiten a estos gigantes financieros expandirse y ayudan a las empresas a crecer aún más y estar más concentradas, sin que asuman ninguna responsabilidad social y ambiental.
Es necesario revisar en profundidad el sector financiero para que sirva a la sociedad a través de bancos más pequeños y servicios financieros que sean democráticamente responsables.
Hay al menos seis reformas urgentes:
- Cambiar las leyes para que el sector bancario se reduzca y diversifique, los fondos de inversión se regulen y reduzcan estrictamente y se supriman los fondos de inversión de alto riesgo.
- Crear una agencia de calificación pública o exigir a las agencias de calificación privadas que investiguen las prácticas abusivas y los impactos perjudiciales en la sostenibilidad ambiental y social de las corporaciones que califican.
- Imponer sanciones a los bancos de inversión que emitan acciones o bonos corporativos de empresas abusivas y destructivas.
- Regular las bolsas de valores para exigir que en los folletos o informes se divulguen los impactos sociales y ambientales de las empresas que cotizan en bolsa, y que se prohíba la cotización de las empresas con un historial de malas prácticas.
- Impedir que los precios insostenibles de la energía y de los alimentos sean fijados mediante el comercio de derivados y la especulación y, basarlos, en cambio, en costos de producción sostenibles.
- Prohibir las actividades "socialmente inútiles" como el comercio de alta frecuencia y el comercio basado en algoritmos, el préstamo/recompra de acciones con fines especulativos, la desvalorización de activos de las empresas por parte de los fondos de capital privado y los préstamos a los fondos de inversión de alto riesgo que practiquen operaciones especulativas con instrumentos financieros extractivos.
La experiencia ha demostrado que la consecución de leyes vinculantes significativas depende de una lucha prolongada e importante en los pasillos del poder contra un grupo de presión financiero enormemente poderoso. Incluso después de lograr una victoria legislativa, las movilizaciones y la sensibilización deben impedir que los grupos de presión financieros manipulen las normas técnicas del regulador y, por tanto, deformen de facto las leyes.
Atacar el bastión financiero será un paso clave para detener a las corporaciones que llevan a cabo operaciones abusivas y destructivas.
Es importante que en las campañas se exija que los supervisores y los reguladores tengan un mandato legal y recursos para hacer cumplir reglamentos financieros estrictos, apoyar alternativas y rendir cuentas al público.
No se producirá un cambio en la reglamentación a menos que se frenen los esfuerzos del sector financiero por debilitar o impedir la legislación y las regulaciones. La campaña #ChangeFinance consiguió que 576 candidatos al Parlamento Europeo se comprometieran a distanciarse de los grupos de presión del sector financiero. Ha habido acciones de seguimiento, pero es necesario hacer más hincapié en difundir los efectos negativos de que la industria financiera se salga con la suya. Esto debería dar más espacio a las voces de los ciudadanos y poner de relieve muchas de las alternativas o propuestas existentes.
Las reformas reglamentarias que se proponen incluyen el desarrollo de un sector financiero diverso para financiar una transición justa. Las cooperativas responsables, los bancos éticos y los bancos públicos gobernados democráticamente deberían convertirse en alternativas atractivas tanto para los ciudadanos como para las empresas.
La industria financiera se ha convertido más en un amo que en un sirviente, extrayendo valor de las corporaciones a cualquier precio. Atacar el bastión financiero será un paso clave para detener a las corporaciones que llevan a cabo operaciones abusivas y destructivas, y debería contribuir a desenmarañar la cadena de industrias de servicios irresponsables para acelerar la transición hacia sociedades sostenibles y equitativas.
Acerca de la autora
Myriam Vander Stichele es asociada del TNI. Ha investigado y publicado informes sobre el sector financiero privado para el Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales (SOMO) desde la perspectiva de la sostenibilidad y el interés público, empezando por la investigación de la crisis financiera asiática. Se centró en el proceso de reglamentación de la Unión Europea y en el ámbito internacional desde la crisis financiera de 2008. Apoya a ONG y redes mundiales para determinar los efectos peligrosos y negativos del comportamiento y la presión que ejercen las empresas financieras, y aboga por alternativas de financiación sostenibles. También ha (co)publicado informes sobre el impacto en el Sur de la inclusión de los servicios (financieros) en los acuerdos de comercio e inversión y anteriormente coordinó la labor de ONG sobre el comercio y las cadenas de valor de los alimentos.
Traducción: Cuca Hernández, Attac España
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/the-financialised-firm/
La arquitectura corporativa de impunidad
Lex Mercatoria, autoritarismo de mercado y resistencia popular
Adoración Guamán
El 24 de abril de 2013 se desplomó en Daca (Bangladesh) un edificio de ocho plantas, llamado Rana Plaza, provocando 1.129 fallecidos, la mayoría, obreras textiles de grandes marcas internacionales de moda[1]. El edificio estaba construido para albergar un centro comercial y no las cinco fábricas de ropa que radicaban en él, por lo que el uso inadecuado provocó el deterioro rápido de la infraestructura. Los desperfectos y el peligro de derrumbe antes de la catástrofe eran evidentes pero, a pesar de las protestas de las y los trabajadores, los directivos de las fábricas se negaron a interrumpir el trabajo con la connivencia de los responsables políticos municipales.
Como en otros muchos casos, el principal cliente de la empresa local es una o varias empresas radicadas en un país del Norte que desarrollan una actividad transnacional y que en lo sucesivo denominaremos ETN (Empresas transnacionales), en cuyas cadenas de suministro se inserta la empresa local. En concreto, las empresas radicadas en el edificio producían para firmas tan conocidas como Benetton, El Corte Inglés, Loblaw, Primark, y Walmart. Estas empresas matrices habían anunciado su compromiso de vigilar que sus proveedores respetaran determinados estándares relativos a la seguridad y salud de sus trabajadores. Pese a este compromiso, y a las auditorías que se habían llevado a cabo, el derrumbe ocurrió y ninguna de las personas físicas o jurídicas que se benefician de las ganancias derivadas de la reducción de los estándares laborales y de seguridad, en otras palabras las ETN anteriormente mencionadas y sus directivos, ha sido condenada por los hechos.
El ejemplo del Rana Plaza es uno de tantos casos que nos permite constatar dos realidades que enmarcan la relación entre las ETN y los derechos humanos: las empresas transnacionales violan los derechos humanos a través de las actividades realizadas a lo largo de sus cadenas globales de producción; y la gran mayoría de violaciones de este tipo se han saldado o bien con la impunidad de la empresa transnacional implicada y la indefensión de las víctimas o bien con una reparación económica en mediación privada, evitando la actuación de los tribunales y las condenas a los culpables.
Se trata de una realidad reflejada en la doctrina y textos del sistema de Naciones Unidas, que ha puesto de manifiesto la persistencia de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas, la impunidad de las mismas por estas violaciones y la situación de indefensión de las víctimas. En este sentido, son especialmente relevantes las afirmaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe de 2016, donde señaló que:
Las consecuencias de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos dan lugar a la apertura de causas en muchas jurisdicciones, pero las demandas privadas suelen finalizar sin que se llegue a juicio y, en los casos en que se obtiene una reparación, a menudo esta no satisface la norma internacional en materia de reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.[2]
Entre los problemas a los que se enfrentan las víctimas, el informe señalaba los siguientes: regímenes jurídicos fragmentarios, mal diseñados o incompletos; la falta de innovación en el ámbito jurídico; el desconocimiento del alcance y el funcionamiento de los regímenes; las complejidades estructurales en el seno de las empresas; los problemas a la hora de acceder a una financiación adecuada para reclamaciones de derecho privado; y la falta de medidas de cumplimiento. Según se indicaba en el documento, todos estos problemas han contribuido a crear un sistema de recursos de derecho interno “desigual, imprevisible, a menudo ineficaz y frágil”. En una línea similar, en su informe sobre las formas contemporáneas de esclavitud de 2015[3], la Relatora Especial expresó con preocupación la realidad de las cadenas globales de suministro como fuentes de la esclavitud contemporánea.
En este escenario, los ejemplos de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas que han quedado impunes son múltiples. Para ilustrar esta realidad, es útil remitirse al informe encargado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado “Corporate liability for gross human rights abuses. Towards a fairer and more effective system of domestic law remedies”, realizado por Jennifer Zerk[4]. En su interior se detallan hasta 22 casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por empresas[5]. Ninguno de los casos que ya han sido cerrados, la gran mayoría, ha finalizado con una sentencia condenatoria a una empresa por la comisión de violaciones a derechos humanos. Un elevado porcentaje se acabó solucionando por negociación extrajudicial entre las víctimas y las empresas.
El ejemplo del Rana Plaza es de nuevo la clara imagen de la preferencia de las empresas transnacionales por alcanzar un acuerdo extrajudicial de compensación económica. En concreto cabe recordad que en octubre de 2013 se estableció la Comisión de Coordinación del Rana Plaza, presidida por la OIT y compuesta por representantes del gobierno, sindicatos, empresas del textil implicadas y ONG. El objetivo de esta Comisión era desarrollar y vigilar el cumplimiento del Understanding for a Practical Arrangement on Payments to the Victims of the Rana Plaza Accident and their Families and Dependents for their Losses. En este acuerdo, las partes firmantes se comprometieron a cooperar para determinar las pérdidas que debían ser cubiertas, asegurar la debida asistencia a las víctimas y familiares para que pudieran presentar adecuadamente las quejas para ser atendidas, ofrecer la asistencia técnica necesaria durante todo el proceso, etc.
En enero de 2014, la OIT creó el Fondo fiduciario de donantes del Rana Plaza a fin de apoyar los esfuerzos de la Comisión para financiar el sistema. En junio de 2015 la OIT anunció que se habían recaudado los 30 millones de dólares estimados para pagar las compensaciones a las más de 2.800 millones de víctimas que habían presentado quejas. La lista de donantes y las cantidades, de aquellos que la han hecho pública, está en la página web de la Comisión de Coordinación. Como señalábamos anteriormente, no hubo ninguna reparación más allá de la compensación económica. Los culpables del caso permanecen impunes.
Nos encontramos por tanto ante un “ángulo muerto del derecho”[6] que tanto en el plan nacional como sobre todo en el plano internacional no sólo falla a las víctimas y permite la impunidad de las transnacionales sino que acaba incluso fomentando la utilización de las violaciones de derechos humanos como estrategia ya inherente al comportamiento de determinados grandes actores económicos transnacionales.
Las razones de esta situación, de la impunidad que reviste las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las empresas transnacionales (ETN), derivan tanto de la realidad y estrategias de estos actores económicos como de su relación, cada vez más estrecha o, en palabras de Santos “promiscua” con el Estado[7]. Pero esta impunidad es solo una arista más de los diversos ejes que componen la relación compleja y problemática entre las ETN, los derechos humanos y la democracia. Así, y como se detallará en las siguientes páginas, en el momento actual es importante acercarnos al fenómeno de las ETN no solo desde el prisma del análisis de las implicaciones de sus estrategias de producción sobre los derechos humanos sino también, y muy particularmente, es urgente analizar el papel de las ETN en el impulso de la Lex Mercatoria, en el fenómeno de la captura del Estado y en la fragua y sostén del “autoritarismo de mercado”. A este análisis se dirigen las siguientes páginas.
Empresas transnacionales, estructura, estrategias y dumping en derechos humanos
Señalaba Santos que en esta fase de “capitalismo desorganizado” se caracteriza por el derrumbe de muchas de las formas de organización de épocas anteriores. El principio del mercado alcanza una intensidad sin precedentes que coloniza los principios del Estado y la comunidad[8]. El papel del Estado y sus funciones se reorganiza como consecuencia de la intensa relación (o captura) entre el poder político y el económico, el autoritarismo de mercado ejercido por las Instituciones Financieras Internacionales, el poder exorbitante de las empresas transnacionales o la creciente concentración de la riqueza.
Recuerda nuestro autor que todas estas circunstancias acaban diluyendo la soberanía y los poderes del Estado, en particular su capacidad para respetar, promover y proteger los derechos humanos. Esta progresiva incapacitación estatal se produce por dos motivos fundamentales, que explicamos en los siguientes párrafos: en primer lugar, porque la propia estructura transnacional de las ETN les permite eludir y/o evadir el poder sancionatorio del Estado, fundamentado en la territorialidad del aparato judicial e incapaz de someter a la justicia a las empresas matrices por actos cometidos a lo largo de sus enormes cadenas de producción; y en segundo lugar porque la propia capacidad de las ETN de mover la producción buscando los más bajos estándares de protección de los derechos humanos (lato sensu) sitúa a los estados, especialmente a los más débiles, en una permanente carrera a la baja para competir en la atracción de la inversión extranjera. Si a estos fenómenos les sumas la captura corporativa, a la que también nos referimos posteriormente, la predicción de la disolución de la capacidad del Estado para respetar, promover y proteger los derechos humanos está servida.
Para entender el fenómeno antedicho es necesario acudir al estudio de las ETN. La definición de ETN dista mucho de ser pacífica. Desde finales de los sesenta, tanto desde la esfera política como desde la academia se empezó a prestar una especial atención al fenómeno de rápido crecimiento de la producción transnacional. Los “nuevos” actores, muchos de los cuales existían desde mucho tiempo atrás, fueron bautizados bajo el término de “empresas multinacionales”. Posteriormente, ya entrada la década de los setenta se empezó a popularizar el término “empresas transnacionales”. Esta segunda acepción se entendió como más adecuada dado que la primera (multinacional) indica la presencia de una fusión de capitales derivados de varios países cuando la realidad de los actores económicos referidos es, habitualmente, la de una entidad con capital controlado por nacionales de un solo estado que realiza actividad en varios países[9].
Para entender la realidad de estas ETN es fundamental analizar su comportamiento y la estructura. Convertidas en la actualidad en redes descentralizadas y deslocalizadas, las ETN son capaces de situar las distintas fases de la producción ya no en distintas plantas o centros de trabajo sino en diferentes países, con escasos vínculos con el territorio y la vida o el mercado local y cuya instauración responde a los incentivos ofrecidos por territorios y comunidades locales que compiten, como hemos dicho, entre sí[10].
Estamos por tanto ante entidades económicas grandes, flexibles, móviles y que subcontratan y externalizan de manera intensiva a lo largo de sus cadenas, y aprovechan de esta manera las condiciones laborales disímiles para utilizar la técnica del dumping (social, ambiental y de derechos humanos en general) como una estrategia más, acaso la más eficiente, para rebajar los costes sociales o ambientales y aumentar la tasa de ganancia. . En este modelo, la producción se estructura a lo largo de extensas cadenas de suministro[11] en las que los costes, riesgos, obligaciones y responsabilidades se desplazan hacia abajo, mientras que los beneficios principales se concentran en manos de las matrices.
Dicho en otros términos, en una mayoría de casos la producción se contrata con un gran número de pequeñas y medianas empresas que en muchas ocasiones se sitúan en Zonas Francas de Inversión o Exportación; mientras, las matrices o las compañías de la marca dirigen las actividades “no productivas” como las relacionadas con la investigación, innovación, comercialización y logística, con el consiguiente impacto en la división internacional del trabajo[12]. Estas estrategias de desterritorialización y descentralización, que tiene una clara orientación Norte-Sur, pero que se empieza a extender en horizontal, se reflejan claramente si atendemos por ejemplo al Índice de Transnacionalización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)[13].
Debemos recordar además que, respecto de las economías en desarrollo, existe una clara relación entre el grado de participación en estas estructuras de producción descentralizada y desterritorializada y la mayor presencia de Inversión Extranjera Directa (IED).
Así, las economías en desarrollo, aplicando diversas estrategias en su mayoría vinculadas a la reducción de estándares protectores de derechos, atraen un volumen cada vez mayor de los flujos de inversión internacional, aumentando enormemente su presencia en las cadenas globales de producción.
Más allá del dibujo de esta realidad es importante atener a los objetivos que los actores económicos persiguen con esta desterritorialización. Se trata de una estrategia que conlleva y persigue la evasión y la elusión de los marcos normativos y vías jurisdiccionales establecidos en materia laboral, ambiental, fiscal, etc., que, como es evidente, se encuentran todavía construidos de manera fundamental en el ámbito nacional. Así, con esta estrategia, la empresa consigue ampliar sus beneficios por varias vías. Por un lado se emancipa del ius nacional, es decir, inaplica los derechos que rigen en el lugar de domicilio de su matriz a la vez que evita las obligaciones que puedan derivarse de los marcos normativos autónomos (los convenios colectivos). Por otro lado, esta reconfiguración de la producción permite que la empresa independice sus decisiones, especialmente las relativas a los derechos laborales, del control de los sindicatos y disminuir el poder de los mismos[14]. Así, las empresas no sólo buscan la reducción de costes sociales directos sino la reducción del poder sindical para evitar huelgas u otras actuaciones que puedan perturbar la producción a lo largo de la cadena[15].
En tercer lugar, las matrices se inmunizan, extendiendo el velo corporativo, y eluden las responsabilidades en que puedan incurrir las entidades que se colocan a lo largo de los eslabones de sus cadenas respecto de los derechos humanos y el ambiente.
Todas estas prácticas se encuadran en el concepto amplio y en cierta manera difuso de dumping, que habitualmente se apellida como social[16] o fiscal, pero que también puede ser ambiental o de derechos humanos. Se trata de una estrategia empresarial que persigue ubicar su producción, mediante estrategias diversas de descentralización y desterritorialización, en los lugares con estructuras de protección de los derechos humanos más reducidos, ya sean marcos normativos o jurisdiccionales, presencia sindical, convenios colectivos, etc., como vía para aumentar los beneficios de la entidad matriz.
Estas estrategias de dumping llevan aparejada una serie de dinámicas que se combinan y reflejan lo que al principio de estas páginas denominábamos como una “relación promiscua entre Estado y actores económicos” también conocida como “captura corporativa”. El concepto de captura del Estado o captura corporativa ha sido definido por Oxfam como el “ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) –en favor de sus intereses y prioridades y en detrimento del interés general– sobre el ciclo de políticas públicas y los organismos del Estado (u otros de alcance regional o internacional), con efectos potenciales en la desigualdad (económica, política o social) y en el correcto desempeño de la democracia”[17].
Los estudios de Oxfam citan como ejemplo de captura los privilegios fiscales a las empresas hondureñas entre 1990-2016 o la situación de República Dominicana, país de la región donde se han reconocido más incentivos a empresas (101). Como señala el mismo informe, estos incentivos fiscales orientados a atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) “campan en América Latina y el Caribe y minan la capacidad recaudatoria y redistributiva del impuesto sobre la renta a las empresas”.
Otro ejemplo claro de captura puede encontrarse en el gobierno de Ecuador. Con la llegada al poder de Lenin Moreno se instauró un gabinete, con numerosas variaciones pero estabilizado ya en 2018, donde se incluyeron representantes de las Cámaras de Comercio y de grandes empresas exportadoras en carteras como economía y finanzas, comercio exterior y trabajo. Algunas de las normas aprobadas desde ese momento por los ministros mencionados evidencian la clara defensa de los intereses grandes grupos a quienes estaban vinculados. Podemos citar como ejemplo las siguientes reformas: el 21 de marzo de 2018, el Gobierno dispuso la eliminación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como "Ley de Plusvalía", que había estado en vigor desde el 30 de diciembre de 2016 y estaba orientada a evitar la especulación del suelo, pero sobre todo a disputar la desigualdad de la riqueza. La ley creó un impuesto de 75 % al valor especulativo del suelo. Ese tributo se aplicaba únicamente a la ganancia extraordinaria que generaran las segundas ventas de inmuebles y terrenos, cuando estas superaran los 24 salarios básicos unificados (SBU). Su retirada fue una de las primeras exigencias de los grandes grupos económicos. Poco tiempo después, desde el ministerio de economía se presentó la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción De Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”[18], esta medida legislativa que significó una pérdida de ingresos para el Estado ecuatoriano, de un estimado 1,2% del PIB de 2019, es decir, 1 mil 310 millones de dólares por remisiones de deudas tributarias y exoneraciones del impuesto a la renta; a ello debe agregarse el monto perdido por la reducción de deudas de las obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que aumentaría dicho porcentaje[19].
En materia laboral, el proceso de precarización laboral empezó desde el mismo momento se coloca a Raúl Ledesma (empresario bananero) a la cabeza del Ministerio de Trabajo, entre las primeras normas aprobadas se encuentra una reforma para reducir la capacidad de la inspección de trabajo y un conjunto de reformas (la primera en el sector del banano) para generalizar de la contratación temporal y la flexibilización de la jornada. De manera paralela a la adopción de estas políticas, los datos demuestran que, en Ecuador, entre diciembre 2017 y hasta la actualidad, la pobreza por ingreso nacional ha aumentado de 21% a 25%. Por su parte, el coeficiente de Gini ha variado entre junio de 2017 y junio de 2019 de 0.462 a 0.478, lo que implica el aumento de la desigualdad.
La posibilidad de elegir con total libertad del ordenamiento jurídico donde ubicar la producción puede conllevar una serie de dinámicas competencia normativa entre los Estados (regulatory competition)[20] para atraer la inversión extranjera, utilizando las normas que regulan lo social o lo ambiental, como elemento de competitividad. Estas normas, como veremos en el apartado siguiente, se concretan en legislación interna, como los ejemplos señalados, o en normas internacionales de comercio e inversión. Así, competitividad entre estados para atraer inversión extranajera acaba provocando una carrera a la baja (race to the bottom[21]), es decir, una paulatina y generalizada reducción de los estándares de derechos y protección de los mismos. Por añadidura, y maximizado por la adopción de los Tratados de Comercio de Nueva Generación (como el Acuerdo entre la UE y Canadá, CETA o entre la UE y el MERCOSUR), se está evidenciando otro fenómeno, como es la limitación directa o indirecta de la capacidad de regular en materia de trabajo y de seguridad social del Estado y sus administraciones públicas (regulatory chill)[22].
El producto de la suma de la estructura empresarial y sus estrategias de desterritorialización más la captura corporativa se conjuga o incluso impulsa la construcción de la llamada Lex Mercatoria. Así, el conjunto de normas y regulaciones nacionales e internacionales que resultan de las dinámicas anteriores se encuadra en el ya conocido concepto de “Lex Mercatoria”.
Empresas transnacionales y Lex Mercatoria: la captura corporativa como base de la estrategia neoliberal actual
Acogiendo la definición más extendida, primero en el ámbito de los movimientos sociales y posteriormente trasladado a la ciencia crítica, es posible definir la Lex Mercatoria como un nuevo orden económico y jurídico global que se compone de un amplio conjunto de normas de derecho internacional, pero también de una amplia red de normas nacionales, orientadas fundamentalmente a la promoción del comercio y a la protección de los intereses de los inversores extranjeros[23]. Es importante recordar que el análisis del desarrollo y el impacto actual de la Lex Mercatoria debe abordarse de una perspectiva histórica. Los anclajes históricos son claros, es posible ubicar el despegue de la actual construcción de esta red normativa global el denominado “Consenso de Washington”, implementado en la región de América Latina ya desde los años ochenta -aunque sus orígenes datan de los años setenta en el marco de las dictaduras cívico-militares del Cono Sur. Con el consenso se implementaron los lineamientos del Fondo Monetario Internacional en la región latioamericana[24], extendiéndose luego de manera clara en la Unión Europea a través de lo que ya puede denominarse como el “Consenso de Bruselas”, implementado al calor de la llamada “crisis del euro”.
Este nuevo “derecho global” tiene varios ejes, por un lado, integra las normas que acabamos de mencionar, es decir, las disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y sus normas estatales de desarrollo, incluyendo incluso las normas de conflicto que aseguran el reconocimiento de los derechos de los grandes actores económicos, de aquellos capaces de utilizarlas, en casi cualquier lugar del mundo.
En palabras de Pistor, esta una red normativa global que permite al capital transnacional una elección permanente de las normas nacionales que les benefician[25]. En este sentido, la Lex Mercatoria favorece e impulsa las estrategias de desterritorialización antes comentadas, facilitando la movilidad empresarial global en busca de los estándares de derechos más reducidos.
Por otro lado, y de manera complementaria la Lex Mecatoria integra los acuerdos de comercio e inversión.
Estos acuerdos implican la reducción aranceles, la liberalización paulatina de servicios, la apertura de mercados a nuevos productos (por ejemplo, los agrotoxicos) y el reconocimiento de privilegios extraordinarios a los inversores extranjeros para demandar a los Estados[26]. Además, es importante destacar que los llamados acuerdos mega-regionales, o Tratados de Libre Comercio (TLC) de “nueva generación”, como el Tratado Trans-Pacífico (TPP), el hasta el momento fallido Tratado Transatlántico (TTIP), el tratado entre Canadá y la Unión Europea (CETA) y todos los negociados recientemente por la Unión Europea han integrado un mecanismo específico: la cooperación reguladora. Así, en estos tratados no solo se incorporan disposiciones de liberalización del comercio y las inversiones, sino que se avanza en los temas detrás de las fronteras, es decir, en el contenido de la legislación interna que ahora se ve condicionada por dos factores: el “efecto congelación” que provocan los mecanismos de arbitraje inversor-estado y el paulatino esfuerzo por ir armonizando, a la baja, los estándares normativos entre los distintos países que son parte de los tratados comerciales. Estas características específicas de los acuerdos de “nueva generación” permiten, en conexión con las políticas impulsadas por las IFIs a las que se hacía referencia en el apartado anterior, un importante refuerzo de la Lex Mercatoria.
Este segundo pilar de la Lex Mercatoria se refuerza día a día. Así, a pesar de la retórica anti-aperturista con la que Donal Trump llegó a la presidencia de EEUU, es útil señalar que este segundo mecanismo de la Lex Mercatoria ha sido relanzado con fuerza en estos últimos años por un actor que se ha convertido en protagonista en la materia, dándole el relevo a la política comercial estadounidense: la Unión Europea. Según los datos publicados por la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, desde el año 2015, la UE ha concluido e implementado acuerdos comerciales con: Ecuador, Canadá, Japón, el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC), los AAE provisionales con Ghana y Côte d'Ivoire y el Área de Libre Comercio Profunda y Completa (DCFTA) con Ucrania. Siguen pendientes las ratificaciones de los acuerdos con Singapur y Vietnam y la completa entrada en vigor del CETA. Si se agrega a todo lo anterior el acuerdo entre la UE y Mercosur, que fue objeto de un acuerdo político en junio de 2019, el comercio de bienes de la UE con el resto del mundo estaría cubierto en un 41% por los acuerdos comerciales.
La complementariedad entre los dos pilares de la Lex Mecatoria no es una novedad, de hecho, podemos rastrearlo en la evolución histórica de la misma en la región latinoamericana, que siempre ha fungido como banco de pruebas de la estrategia neoliberal. No puede olvidarse que estos acuerdos, comenzaron a proliferar en la región latinoamericana a partir de los años noventa, (de los 498 acuerdos bilaterales de inversión que hoy se encuentran en vigor en los países de América Latina y el Caribe, 312 fueron firmados en la década de los noventa). Podríamos afirmar que, ante la posibilidad de un cambio de gobierno que pretenda implantar políticas económicas de otro orden, en sentido contrario por ejemplo a los incentivos empresariales para atraer la inversión extranjera directa, los tratados de comercio e inversión actuaron como un “cerrojo”, blindando a futuro el momento de privatización y protección a las empresas gestado durante la implantación del Consenso.
En este sentido es útil recordar que a lo largo del llamado “ciclo posneoliberal” (fundamentalmente la primera década la primera parte de la segunda del nuevo milenio) los países latinoamericanos que implementaron políticas restrictivas de la Lex Mercatoria, como la denuncia de los TBI o las reversiones de privatizaciones de empresas energéticas, han recibido un total 267 demandas por parte de inversores extranjeros, representando el 28% de las conocidas a nivel mundial hasta la actualidad. Argentina, Venezuela y México son el primer, tercer y sexto país más demandado en el globo mediante el mecanismo ISDS[27]. De entre estas demandas, un buen número se conectan con asuntos relativos a derechos humanos y de la naturaleza, como el derecho al agua[28] o el paradigmático caso Chevron[29].
Impactos de las demandas de arbitraje contra los Estados de América Latina y Caribe, y costes del mecanismo ISDS
El ISDS es un mecanismo que incluido en muchos acuerdos comerciales y de inversión para solucionar controversias a través de tribunales de arbitraje ad hoc, en lugar de tribunales públicos. Solo las corporaciones puedan demandar a los Estados, y no a la inversa, por el perjuicio percibido de nuevas leyes o regulaciones sobre sus ganancias. Pueden solicitar compensación en un tribunal de arbitraje vinculante por valor de millones de euros.
Estos fenómenos de desposesión social y democrática, fenómenos que ya ha sido calificado como “autoritarismo de mercado”, son parte inherente la arquitectura de la impunidad, con cuyo análisis se comenzó este capítulo. Así, es necesario recordar que el conjunto de normas señaladas no solo abre las vías para que las ETN subordinen los ordenamientos jurídicos, manejen la legalidad y sometan a los poderes estatales[30] sino que también permite que las ETN violen derechos humanos y devasten territorios de manera impune. Los ejemplos de violaciones de derechos humanos y de la naturaleza por ETN que se han saldado con la impunidad de los culpables son centenares, pero sin duda la memoria de los casos Bophal, Chevron, Rana Plaza y Mariana, algunos ya señalados en la introducción, dan una imagen certera de la situación[31].
Lex Mercatoria, autoritarismo de mercado y protesta popular: hacia una reconfiguración global del campo popular
Si tuviéramos que localizar un término que contenga el rasgo más definitorio de los tiempos que corren, el concepto de autoritarismo de mercado que señalábamos en el apartado anterior sería el candidato más apropiado.
Este nuevo tipo de autoritarismo, implacable y difícil de aprehender, viene dictado por un soberano supraestatal difuso, capaz de imponer su voluntad mediante mecanismos jurídico/políticos creados a su medida (Lex Mercatoria) y se ha convertido en un problema que afecta de manera dramática a las sociedades globales contemporáneas, a su orientación democrática y a los derechos humanos.
La importancia de la Lex Mercatoria aumenta de manera paralela a las resistencias populares cuya imposición despierta en diversas partes del mundo. Podríamos decir que la desposesión social y ecológica que exigen los mecanismos señalados en el apartado anterior ya no puede ser implementada por las vías democráticas, ya no resiste el filtro de la voluntad popular directa (elecciones) o mediada (los parlamentos). Así, como acertadamente nos señala Nancy Fraser, las resistencias populares crecientes están evidenciando no solo la incompatibilidad actual entre neoliberalismo y democracia sino la percepción popular de esta misma incompatibilidad[32]. En este sentido, es imprescindible recordar que, por un lado, las propuestas de las IFIs (en particular los ajustes del FMI) no están sujetas a la aprobación popular, ni reciben en muchos casos la validación de un órgano legislativo y terminan quedando a discrecionalidad del ejecutivo que enjuaga el coste político amparándose en una supuesta incapacidad de resistirse a las imposiciones de ajuste económico. Mientras, por otro lado, la aplicación de las medidas está generando un rechazo social rabioso, incontenible por los cauces de gestión democrática del conflicto social. Así, y he aquí terrible realidad, en la actualidad parece evidente que las premisas neoliberales solo son aplicables por la vía del autoritarismo y la contención violenta de la voluntad popular. En ese sentido, la efectivización del “autoritarismo de mercado” solo puede lograrse con el alto precio de ahogar la democracia y acallar con el uso del aparato estatal de la fuerza la voz de los pueblos.
Un rápido repaso nos indica también que esta expresión de rabia y resistencia popular frente a las medidas de aplicación de la Lex Mercatoria no es nueva. Recordemos el “Occupy Wall Street” y el 15M español (2011), la “primavera árabe” (2012-2013), las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia (2018) y las recientes resistencias populares en Argentina (2017), Ecuador o Chile (2019).
Estas últimas movilizaciones en la región latinoamericana son el ejemplo perfecto del fenómeno que señalamos. El Fondo Monetario Internacional regresó a la región tras un cambio de ciclo político con la llegada de gobiernos como los de Macri, Temer/Bolsonaro o Moreno. Los análisis evidencian como, pese a los errores reconocidos por el FMI en casos como Grecia[33], el FMI regresó a América Latina imponiendo líneas políticas similares, sin importar el contexto o la repetición de ideas económicas fracasadas[34].
Tomando como ejemplo el caso de Ecuador, es posible afirmar la conexión directa entre las exigencias del FMI, el acuerdo entre esta institución y el Gobierno de Lenín Moreno y la protesta popular. Merece la pena abordar un rápido relato de los hechos: el martes 2 de octubre el presidente Moreno anunció una serie de medidas de ajuste económico, social y de flexibilización laboral con impacto sobre a la amplia mayoría población ecuatoriana. La eliminación del subsidio a los combustibles, vigente en el país desde hace 40 años, fue la medida de mayor impacto social del conjunto de medidas anunciadas el 1 de octubre, además se anunciaron otra serie de medidas orientadas a rebajar la carga tributaria a los grupos económicos, liberalizar el comercio (retirar o reducir de aranceles), reducir el impuesto de salida de divisas sobre las materias primas y una serie de privatizaciones de importantes empresas públicas.
La contestación no se hizo hecho esperar, desde el día siguiente las calles de las ciudades del país se han llenado de manifestantes que clamaban contra las medidas. Primero los transportistas, luego los estudiantes y junto con ellos movimiento feminista, la izquierda política, múltiples organizaciones sociales llenaron las calles. Pronto se sumó a la movilización el movimiento indígena, pasando a protagonizar 12 días de protesta, que fueron contestados con la represión, organizada por el gobierno mediante la policía y el ejército, que se recrudeció día a día. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 3 y el 13 de octubre se registraron un total de 1.340 personas heridas, sin contar funcionarios de la fuerza pública, 11 fallecidos y 1192 detenidos.
El balance de la movilización es complejo pero no es posible negar que el haber forzado al gobierno a sentarse a dialogar con el movimiento indígena y a recular en una medida que consideraban “fundamental” para el país, es una victoria del campo popular que, en lo simbólico y en lo material, evidencia una reconfiguración de fuerzas y una identificación clara del enemigo común (el FMI y las medidas neoliberales) que puede marcar el futuro del país, incluso de la región.
Así, es posible afirmar que en Ecuador se ha corroborado lo que ya se ha ido plasmando en otros escenarios, como Brasil: el neoliberalismo actual no solo es incompatible con el bienestar de las mayorías sociales, también con la propia democracia. Los gobiernos plegados al fondomonetarismo requieren el uso de la fuerza para imponer las medidas económicas y sociales (la Lex Mercatoria) exigidas por el autoritarismo de mercado, ya sea por medio de medidas de lawfare contra adversarios políticos ya sea a través de la directa represión de las manifestaciones de protesta con la mano dura policial y militar. El futuro es incierto pero en el camino se retoman victorias sociales (la lucha contra el ALCA se ha convertido en referente fundamental para la organización actual de resistencias en América Latina) y se extiende el convencimiento de que nos encontramos en una profunda y epocal disyuntiva: “democracia o mercados”.
SOBRE LA AUTORA
Adoración Guamán es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia y profesora visitante de la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericana (FLACSO) Ecuador. Escribe sobre la Lex Mercatoria, empresas transnacionales y derechos humanos. Es coordinadora del consejo científico de Attac España y del grupo de investigación de CLACSO “Lex Mercatoria, derechos humanos y democracia”. Trabaja con la Campaña Global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelamiento del Poder Corporativo y Stop Impunidad en el proceso para un Tratado vinculante de Naciones Unidas.
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/architecture-of-impunity/
NOTAS
[1] Sobre este caso se remite a la abundante información disponible en: https://cleanclothes.org/ua/2013/rana-plaza y el resto de informes de la Campaña; también la OIT ha evacuado multitud de informes, fundamentalmente en el marco de la Campaña “Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector”, financiada por Canadá, Holanda y Reino Unido y lanzada en Octubre de 2013. Desde el punto de vista académico se remite a Reinecke, J., Donaghey, J., “After Rana Plaza: Building coalitional power for labour rights between unions and (consumption-based) social movement organisations”, Organization, 22, Nº. 5, 2015
[2] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, titulado “Mejorar la rendición de cuentas y el acceso a las reparaciones para las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales”, A/HRC/32/19, de 16 de mayo de 2016.
[3] Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, A/HRC/30/35, de 8 de julio de 2015.
[4] https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/DomesticLawRemedies/StudyDomesticeLawRemedies.pdf
[5] A modo de ejemplo, podemos citar los siguientes:
- Blackwater/Irak: la empresa fue acusada, utilizando la Alien Tort Statute de actuar negligentemente y no aplicar la debida diligencia en la selección y entrenamiento de su personal, que cometió asesinatos y crímenes de guerra en Irak en 2007, los casos se solucionaron finalmente con acuerdos extrajudiciales.
- Nishimatsu Construction / Japón: la empresa fue acusada ante un tribunal de Hirosima por cinco ciudadanos chinos que alegaron haber sido trasladados y esclavizados durante la II Guerra Mundial por la empresa. El caso fue desestimado y se llegó a un arreglo extrajudicial.
- Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp/Japan/South Kore: en el año 2013 un tribunal de Corea del Sur condenó a la empresa japonesa por la comisión de violaciones a los derechos humanos y al pago de compensaciones económicas a cuatro ciudadanos surcoreanos que demostraron haber sido sometidos durante años a trabajo forzoso.
[6] Tomamos la expresión de Salés Pallarés, L., Marullo, M.C., “El «ángulo muerto» del Derecho Internacional: las empresas transnacionales y sus cadenas de suministro”, en Persona y Derecho, Vol. 78, 2018/1, p. 261-291
[7] Santos, B. (2014) Derechos Humanos, democracia y desarrollo, Bogotá: Centro de Derecho, Justicia y Sociedad, pp. 22-65 (capítulo 1 “Derechos humanos, espejismos y desafíos y capítulo 2 “Las tensiones de los derechos humanos)
[8] Ibidem.
[9] O’Brien, R., Williams, M., Global political economy, evolution and dynamics, Palgrave, 2007.
[10] Barañano, M., “Contexto, concepto y dilemas de la responsabilidad social de las empresas transnacionales europeas: Una aproximación sociológica”, Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 27, núm. 1. Baylos, A., “Códigos de conducta y acuerdos-marco de empresas globales: apuntes sobre su exigibilidad jurídica”, Lan Harremanak/12 (2005-I). Cairola, E., “Volver a los fundamentos: sindicación, negociación colectiva y promoción de un marco de trabajo decente en las cadenas de suministro globales”, Boletín Internacional de Investigación Sindical, Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2015.
[11] La definición de cadenas de suministro ha sido abordada por la OIT de la siguiente manera: “toda organización transfronteriza de las actividades necesarias para producir bienes o servicios y llevarlos hasta los consumidores, sirviéndose de distintos insumos en las diversas fases de desarrollo, producción y entrega o prestación de dichos bienes y servicio. En la cadena de suministro se incluyen por tanto los contratistas, subcontratistas o proveedores con quien la empresa matriz o las empresas que controla haya establecido una relación comercial. Esta definición incluye las operaciones de inversión extranjera directa (IED) efectuadas por las empresas multinacionales, tanto en filiales que les pertenecen en su totalidad como en empresas mixtas en las que la multinacional tiene la responsabilidad directa de la relación de trabajo”. OIT. El trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, 2016 Informe IV.
[12] Cairola, E., “Volver a los fundamentos: sindicación, negociación colectiva y promoción de un marco de trabajo decente en las cadenas de suministro globales”, op.cit.
[13] Los datos que aporta este índice indican que las 100 primeras empresas multinacionales del mundo tienen, en promedio, más de 500 filiales en más de 50 países. Su estructura de propiedad posee 7 niveles jerárquicos (es decir, los eslabones de propiedad con las filiales pueden cruzar hasta 6 fronteras), unas 20 sociedades de cartera que presentan filiales en múltiples jurisdicciones, y casi 70 entidades en centros de inversión extraterritoriales. UNCTAD, Informe sobre las inversiones en el mundo 2016. Nacionalidad de los inversores: retos para la formulación de políticas. 2016.
[14] Baylos, A., “Códigos de conducta y acuerdos-marco de empresas globales: apuntes sobre su exigibilidad jurídica”, Lan Harremanak/12 (2005-I)
[15] Anner, M., “La resistencia de los trabajadores en las cadenas de suministro globales. Huelgas salvajes, campañas transnacionales y acuerdos internacionales”, Boletín Internacional de Investigación Sindical, Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 2015.
[16] Sobre las diferentes aproximaciones teóricas al concepto de dumping social vid. Bernaciak, M., “Social dumping: political catchphrase or threat to labour standards?”, Working Paper 2012.06, European trade union institute.
[17] Cañete, R., Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos, Oxfam internacional, 2018.
[18] Publicada en Registro Oficial del 21 de agosto de 2018.
[19] Ver la propia estimación realizado por el FMI en: https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/1ECUEA2019004.pdf
[20] Sobre este fenómeno en el ámbito de la UE vid. por el texto ya clásico: Barnard, C., Deakin, S., “Market access and regulatory competition”, Jean Monnet Working Paper 9/01, http://www.jeanmonnetprogram.org/pa-pers/01/012701.rtf.
[21] Hepple, B., “New Approaches to International Labour Regulation”, ILJ, núm. 26, 1997, pág. 353.
[22] Sobre esta cuestión se remite a lo trabajado en: Guamán, A., TTIP: el asalto de las multinacionales contra la democracia, Akal, 2015; Guamán, A., Jimenez, P., Los acuerdos comerciales como estrategia de dominación del capital. Las amenazas del CETA y del TTIP, editorial Pol·len, 2016; y Guamán, A., Conesa, J., El CETA al descubierto: las consecuencias del Tratado entre la UE y Canadá sobre los derechos sociales, Bomarzo, Albacete, 2016.
[23] En el ámbito de los estudios en lengua castellana vid. Hernández Zubizarreta, J., Ramiro, P., Contra la Lex Mercatoria, Icaria, Barcelona, 2015 y Hernández Zubizarreta, J., Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos. Historia de una asimetría normativa. Ed Egoa, Vitoria, 2009. Oxford
[24] Puello-Socarrás, J.F., “Neoliberalismo, antineoliberalismo, nuevo neoliberalismo. Episodios y trayectorias económico-políticas suramericanas (1973-2015)”, en Rojas, L., Neoliberalismo en América Latina. Crisis, tendencias y alternativas, Buenos Aires, CLACSO, Fundación Rosa Luxemburgo, BASE, 2015; Nemiña, P., Larralde, J. (2018) “Etapas históricas de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina (1944-2015)” Am. Lat. Hist. Econ., ene.-abr., 2018, pp. 275-313.
[25] Pistor, K. The Code of Capital. How the Law Creates Wealth and Inequality, Princeton University Press, Oxford.
[26] Con carácter reciente vid. Olivet, C., Mühler, B., Ghiotto, L., ISDS en números, Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra estados de América latina y el caribe, 3ra Edición Abril 2019, TNI. Amsterdam; para un repaso genérico de los efectos de los TLC y TBI se remite a la bibliografía citada en la nota 22 y los autores que se repasan en la misma.
[27] Olivet, C., Mühler, B., Ghiotto, L., ISDS en números, Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra estados de América latina y el caribe, 3ra Edición Abril 2019, TNI. Amsterdam
[28] Echaide, J. “Sobre el derecho humano al agua y la Fragmentación del derecho Internacional: el régimen internacional De protección de inversiones vis-a-vis las Obligaciones erga omnes en materia de Derechos humanos Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año VIII, Número 12, 2014; Echaide, J. “Tratados de Inversiones y Derechos Humanos: los casos de Argentina en el CIADI y el derecho humano al agua”, Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia) N° 31: 81-114, julio – diciembre.
[29] Guamán, A., “Derechos humanos y empresas transnacionales: las debilidades del tercer pilar derivadas de las normas de promoción de inversiones. El caso Chevron como paradigma de la necesidad del Binding Treaty”, Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, Nº. 39, 2019.
[30] Ceceña, A.E., Territorialidad del poder. Inclusiones. Diciembre. Santiago de Chile: Cuadernos de Sofía, 2018.
[31] Para un resumen de todos estos casos se remite a la bibliografía citada en: Guamán, A., González, G., Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, Albacete, Bomarzo, 2018.
[32] Fraser, N., “The end of progressive neoliberalism”, en Dissent, January, 2017. En un sentido similar, vid. Pastor, J., “La deriva oligárquica del constitucionalismo occidental y su viejo topo”, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 122, pp. 27-36; Ramírez, F., “La pendiente neoliberal: ¿Neo-fascismo, post-fascismo, autoritarismo libertario?”, en Guamán, A. et alt. Neofascismo la bestia neoliberal, Madrid, Akal, 2019.
[33] Es útil recordar el análisis del FMI respeto sus propios errores en Grecia: “However, there were also notable failures. Market confidence was not restored, the banking system lost 30 percent of its deposits, and the economy encountered a muchdeeper- than-expected recession with exceptionally high unemployment. Public debt remained too high and eventually had to be restructured, with collateral damage for bank balance sheets that were also weakened by the recession. Competitiveness improved somewhat on the back of falling wages, but structural reforms stalled and productivity gains proved elusive. Given the danger of contagion, the report judges the program to have been a necessity, even though the Fund had misgivings about debt sustainability. There was, however, a tension between the need to support Greece and the concern that debt was not sustainable with high probability (a condition for exceptional access). In response, the exceptional access criterion was amended to lower the bar for debt sustainability in systemic cases. (…) There are also political economy lessons to be learned. Greece’s recent experience demonstrates the importance of spreading the burden of adjustment across different strata of society in order to build support for a program. The obstacles encountered in implementing reforms also illustrate the critical importance of ownership of a program, a lesson that is common to the findings of many previous EPEs”. June 2013, IMF Country Report No. 13/156
[34] En este sentido vid. Ugarteche, O., Arquitectura financiera internacional, Akal, Madrid, 2018; Nemiña, P., Larralde, J. “Etapas históricas de la relación entre el Fondo Monetario Internacional y América Latina (1944-2015)” Am. Lat. Hist. Econ., ene.-abr., 2018, pp. 275-313; Lehndorff, S., El triunfo de las ideas fracasadas: modelos de capitalismo europeo en la crisis, Madrid, La Catarata, 2015
Más allá de “China S.A.”
Claves para entender las empresas chinas
Lee Jones
En noviembre de 2011, entre los escombros de Trípoli al final de la guerra civil de Libia, un periodista de Occidente encontró documentos que mostraban que tres empresas públicas chinas se habían puesto de acuerdo en enviar armas de forma ilícita al régimen aguerrido de Gadafi. Esto violaba un embargo de armas de las Naciones Unidas, supuestamente apoyado por el gobierno chino, que también había autorizado la intervención de la OTAN para evitar un temido genocidio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó que el gobierno no estaba al tanto del acuerdo y que las armas nunca fueron entregadas. Pero los rebeldes libios insistieron en que “estas armas llegaron y fueron utilizadas contra nuestro pueblo”, arruinando los esfuerzos de Beijing por cultivar lazos más estrechos con los rebeldes para salvaguardar contratos petroleros y de construcción.
Los esfuerzos de China para persuadir al mundo de que es una “gran potencia responsable”, dispuesta a respetar las normas internacionales, sufrieron otro revés.
Historias parecidas, ahora comunes, plantean la cuestión de cómo entender las empresas chinas, muchas de las cuales se han convertido en actores mundiales importantes. Una interpretación es que, como China está estrechamente controlada por un régimen autoritario, estas empresas deben ser dirigidas por sus amos políticos. Se crean en forma deliberada para acaparar recursos, extender la influencia china y robar tecnología extranjera.
Esta visión alimenta la preocupación acerca de la participación de empresas nucleares chinas en el desarrollo de centrales eléctricas, la participación de Huawei en la construcción de redes 5G y el papel de las empresas chinas de infraestructura en la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (IFR) de Beijing, que a menudo se considera una “gran estrategia” geopolítica, diseñada para atrapar a los países en vías de desarrollo en una “trampa de endeudamiento”.
La otra interpretación tal vez más inquietante, y de hecho mucho más cercana a la verdad, es que las empresas chinas que operan en el extranjero suelen estar muy mal controladas. Aunque en teoría las autoridades chinas podrían dirigir las empresas públicas con fines políticos, en la práctica adoptan un enfoque regulador a distancia, lo que permite a esas empresas perseguir sus propios lucros y no el “interés nacional” de China. Muchos organismos gubernamentales suelen tener poca o ninguna idea de lo que hacen las empresas, incluso las grandes empresas públicas, hasta que se producen escándalos. Por lo tanto, es totalmente creíble que el Ministerio de Asuntos Exteriores realmente no supiera que empresas de armas chinas estaban haciendo negocios con Gadafi. A menudo se ven inmersos en crisis diplomáticas provocadas por malas prácticas empresariales, y se ven obligados a limpiar el desastre.
En lugar de imaginar una China corporativa monolítica, que utiliza el poder de las empresas para lograr la dominación geopolítica, debemos desentrañar el Estado-partido chino para entender la complejidad de los actores e intereses en juego y, en última instancia, mejorar la conducta de las empresas chinas a nivel mundial.
Las empresas chinas de hoy en día
Muchas empresas chinas son actores mundiales poderosos, en particular dentro de sectores estratégicos como las industrias extractivas, las telecomunicaciones, la energía hidroeléctrica y el desarrollo de infraestructura, y cada vez más, los servicios financieros y las industrias de alta tecnología.
En 2000, cuando Beijing lanzó su política oficial de “salida”, la inversión extranjera directa (IED) saliente de China fue de sólo USD 2.300 millones. En 2018/19, fue de USD 129.800 millones, llevando el total de existencias de USD 27.8000 millones a USD 1,94 billones[i]. Hoy en día, de la lista Fortune 500 de las empresas más grandes del mundo, 119 son chinas, justo detrás de las 121 de los Estados Unidos[ii]. Aunque la mayoría de estas empresas crecieron debido a que son carteles altamente protegidos en el mayor mercado interno del mundo, muchas han superado este amparo desde hace mucho tiempo, adquiriendo una presencia mundial importante.
Cuadro 1: Empresas chinas en la lista Fortune 500
| N° de empresas chinas por rango | Sectores principales y ejemplos ilustrativos con posición | |
| 1–10 | 3 | Petroquímicos (Sinopec #2); energía (State Grid #5) |
| 11–30 | 3 | Construcción (China State Construction Engineering #21); servicios financieros(ICBC #26) |
| 31–50 | 4 | Servicios financieros (China Construction Bank #31); fabricación (SAIC Motor #39) |
| 51–100 | 13 | Servicios financieros (China Life Insurance #51); construcción (China Railway Engineering #55); telecomunicaciones (Huawei #61); petroquímicos (China National Offshore Oil #63); fabricación (Dongfeng Motor #82) |
| 101–250 | 40 | Telecomunicaciones (China Post #101); energía (China Southern Power Grid #111); industrias extractivas (China Minmetals #112); servicios financieros (People’s Insurance Co. #121); fabricación (Lenovo #212); comercio (COFCO #134); ventas al por menor (JD.com #139; Alibaba #182); aeroespacio y defensa (Norinco #140); petroquímicos (ChemChina #144); acero (China Baowu Steel #149); tecnología (Tencent #237); construcción naval (China Shipbuilding Industry #243) |
| 251–500 | 56 | Minería (Jiangxi Copper #358); fabricación de capital y bienes de consumo (Jardine Matheson #280; CRRC #359; Haier Smart Home #448; Xiaomi #468); petroquímicos (Shaanxi Yanchang Petroleum #263); transporte de carga (COSCO #279); aeroespacio y defensa (China Aerospace Science & Industry #322); ventas al por menor (Suning.com #333); ventas al por mayor (XMXYG #338); energía (State Power Investment #362); servicios financieros (AIA #388); construcción (Anhui Conch #441). |
Más allá de estas grandes compañías que acaparan los titulares, las empresas chinas son sorprendentemente diversas. Algunas son empresas familiares muy pequeñas; otras son conglomerados públicos que contratan cientos de miles de empleados y tienen filiales que cotizan en bolsas de valores extranjeras.
La ley de empresas china establece estructuras empresarias parecidas a las de occidente. Las decisiones se toman finalmente en las reuniones anuales de accionistas, que nombran a la junta directiva y a una junta de supervisión más pequeña. Los directores nombran a los gerentes de la empresa, aunque normalmente el presidente está involucrado en la gestión cotidiana. Las juntas de supervisión, un tercio de cuyos miembros deben ser empleados de la empresa, son relativamente débiles, y el poder está en gran medida en manos de los directores. La diferencia principal con la gobernanza empresarial occidental es la presencia de delegaciones del Partido Comunista de China (PCC) en todas las empresas públicas y en la mayoría de las empresas privadas.
Las empresas chinas se clasifican principalmente como privadas o públicas, aunque en la práctica hay menos diferencias de lo que se suele pensar. Las empresas más grandes de China, incluidas las que desempeñan actividades a nivel internacional, son principalmente de propiedad estatal; 82 de las 119 empresas chinas que figuran en la lista Fortune 500 son públicas. La mayor empresa privada, Huawei, ocupa el puesto 61 a nivel mundial, detrás de 15 empresas públicas. Sin embargo, si se mide por el número o la producción, la mayoría de las empresas chinas son privadas. Las empresas privadas generaron alrededor de dos tercios del producto interno bruto (PIB) de China, el 80% del crecimiento económico en 2000[iii] y el 44% de la IED en 2018 (véase el gráfico 1).
Gráfico 1: Proporción de la inversión china en el exterior por tipo de empresa[iv]
Dicho esto, distinguir entre empresas públicas y privadas suele ser difícil. Muchas empresas, en particular las más pequeñas, son puramente privadas, recaudan capital y seleccionan inversiones como cualquier otra empresa capitalista, y representaron alrededor del 25% de la inversión extranjera directa en 2016. Además, muchas sociedades de responsabilidad limitada, que representan el 43,2% de la IED, cuentan con una mezcla de accionistas privados y públicos, y a veces las empresas de propiedad estatal cuentan con una participación mayoritaria[v]. Se estima que las empresas públicas son propietarias de una cuarta parte de las empresas privadas, inclusive las filiales que cotizan en mercados de valores extranjeros. Asimismo, muchas empresas públicas tienen accionistas privados[vi].
Tampoco es probable que cualquier empresa privada se hubiera convertido en un gigante como Huawei, Alibaba o Xiaomi sin el patrocinio del Estado-partido. Por ejemplo, Huawei afirma que es propiedad de los empleados en un 99%; pero la propiedad está formalmente conferida a un comité sindical, y todas las organizaciones laborales están en última instancia bajo el control del PCC. Además, la participación de los empleados está estrictamente regulada, y Huawei ha operado durante mucho tiempo en un sector que, hasta hace poco, estaba formalmente cerrado a las empresas privadas. Esta violación flagrante de la ley da a entender fuertemente la aprobación del Estado-partido.
Documentos judiciales también muestran que Huawei emitió certificados de acciones a empresas públicas de telecomunicaciones en Shenzhen, y el economista político Yasheng Huang afirma que “es de conocimiento general que Huawei cuenta con el respaldo del ejército chino. Es inconcebible que un empresario privado políticamente ingenuo haya llegado tan lejos como ha llegado esta empresa”[vii].
Además, todas las empresas tienen en última instancia la obligación constitucional de cooperar con el Estado, y bajo la presidencia de Xi Jinping, el PCC ha tratado de fortalecer la presencia estatal en las empresas privadas, aunque en la práctica los funcionarios de las delegaciones suelen ser gerentes de empresas. Por ejemplo, el presidente de Huawei es miembro del partido y su director general es el secretario de la delegación del PCC en la empresa.
Sin embargo, esto no implica un control crudamente monolítico de los negocios por parte del Estado-partido, incluso para las empresas de propiedad estatal. Más bien, el poder corporativo y el del Estado-partido se han entrelazado. Gracias a la privatización, los burócratas se han convertido en empresarios, mientras que los empresarios han sido incorporados al Estado-partido. En 2018, una quinta parte de los puestos de la legislatura nacional y del comité consultivo de China se asignaron a empresarios, de los cuales 153 fueron designados “súper ricos”, disfrutando de una riqueza combinada de USD 650.000 millones. [viii] Los activos de la familia del Presidente Xi, según se informa, ascienden a mil millones de dólares[ix], mientras que los del ex primer ministro Wen Jiabao superan los USD 2.700 millones[x].
Esto se refleja, a menor escala, dentro de los gobiernos subnacionales, que disfrutan de una autonomía importante para interpretar las políticas de Beijing. Los sinólogos lo caracterizan como el reino de los “capitalistas rojos”, los “burócratas empresarios” o los “cuadros capitalistas”. Implica no solo el control del partido sobre los negocios, sino la intromisión de las lógicas capitalistas dentro del propio Estado-partido, lo que da lugar a una competencia feroz, una corrupción desenfrenada e incluso a unos “estados locales mafiosos” con jefes provinciales depredadores[xi].
Este cambio hacia el lucro se refleja en la gestión de las empresas de propiedad estatal. Beijing ha privatizado la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de propiedad estatal, y ha fusionado el resto, y ahora sólo posee 97 mega-conglomerados, principalmente en sectores “estratégicos”. La gran mayoría de ellos, unos 110.000, son propiedad de administraciones subnacionales; su participación en las inversiones de las empresas de propiedad estatal en el exterior aumentó del 13% en 2006 a casi el 90% en 2016[xii].
Cabe destacar que las empresas de propiedad estatal se han “corporativizado”, convirtiéndose en entidades con fines de lucro bajo supervisión lejana. La propiedad está ahora en manos de las Comisiones de Supervisión y Administración de Activos Públicos a varios niveles cuya misión principal es, como la de cualquier accionista privado, maximizar el valor de su inversión. Estas Comisiones nombran a los presidentes y directores de las empresas públicas y, aunque suelen ser funcionarios de carrera del PCC, su remuneración y el ascenso de su carrera se evalúan en función de los objetivos económicos. Las Comisiones no tienen experiencia ni capacidad para tomar decisiones comerciales detalladas, las cuales se dejan en manos de funcionarios de la empresa cuyo incentivo principal es ganar dinero. Las Comisiones suelen intervenir sólo cuando la conducta de una empresa pública amenaza con perjudicar el valor de los activos del Estado.
Por lo tanto, aunque es técnicamente cierto que ningún jefe de una empresa pública podría rechazar una orden directa del Presidente Xi, en la práctica, estas empresas no funcionan así, ya que son principalmente empresas con fines de lucro. Lejos de simplemente seguir las órdenes del gobierno, las empresas públicas suelen obtener un apoyo considerable del Estado para llevar a cabo sus propios objetivos empresariales, a menudo ignorando las leyes y los reglamentos chinos.
Algunos presidentes de empresas públicas, en particular en el sector petrolero, todavía conservan un rango burocrático equivalente al de viceministro, lo que les permite desobedecer todas las instrucciones excepto las de los dirigentes de mayor jerarquía, y les da acceso inmediato a los responsables de la formulación de políticas. Todas las empresas públicas y las empresas privadas favorecidas tienen acceso privilegiado al crédito, y a menudo pueden obtener excepciones a las políticas, permisos y licencias, alegando que sus planes empresariales son esenciales para implementar la última iniciativa del PCC. Esto puede dar la impresión de que las empresas de propiedad estatal están aplicando servilmente los edictos del gobierno, cuando en realidad están explotando los lemas de los altos dirigentes para perseguir sus propios intereses.
La IFR de Xi es un ejemplo de ello, ya que no es tanto una gran estrategia que viene desde arriba sino más bien una lista de deseos con los proyectos existentes de las provincias y las empresas que han explotado este lema mal definido de “una franja, una ruta” para poner en marcha proyectos estancados y obtener nuevas fuentes de financiamiento[xiii]. En efecto, lejos de estar dirigido por los estrategas de Beijing, el financiamiento chino para el desarrollo ha sido impulsado durante mucho tiempo por los grupos de presión de las empresas públicas con el fin de obtener proyectos de ayuda condicionada lucrativos, desarrollados junto a los supuestos beneficiarios. Por el contrario, cuando los proyectos no responden a los intereses corporativos de las empresas públicas, ellas pueden resistirse a las órdenes oficiales, incluso de los más altos líderes del Estado-partido. Por ejemplo, como parte de la IFR, el Gobierno chino ha comprometido repetidamente a sus empresas nucleares a construir centrales eléctricas en Europa Oriental, pero las exigencias de altas tasas de rendimiento por parte de estas empresas han bloqueado un progreso importante[xiv].
La capacidad de las empresas de propiedad estatal de aprovechar el Estado para impulsar su expansión empresarial es lo más evidente en lo que respecta a su acceso privilegiado a la financiación, en particular de los bancos de políticas (Banco de Desarrollo de China y Banco de Exportación e Importación), pero también de los bancos comerciales, los vehículos ilícitos de financiación de los gobiernos locales y las instituciones bancarias clandestinas.
Dado que las empresas públicas están respaldadas por el Estado, los prestamistas suelen suponer que estas empresas, tarde o temprano, pagarán los préstamos. Esto, unido a un mandato permanente para mantener el crecimiento económico y a las poderosas redes político-empresariales, genera un riesgo moral enorme. A pesar de que sólo generan una cuarta parte del PIB de China, las empresas públicas poseen el 60% de la deuda empresarial: debían USD 12,5 billones en 2014, mientras la deuda empresarial china, que representaba un 163% del PIB, superaba la de los Estados Unidos[xv].
Este capital a menudo se gasta de manera ineficiente. La ambición de las empresas públicas y sus patrocinadores políticos, junto con el acceso fácil al capital, ha fomentado la inversión irracional, generando un excedente de capacidad a nivel nacional enorme: más del 30% en muchas industrias pesadas, e inversiones deficitarias en el extranjero. En 2006, el Ministerio de Comercio de China informó de que sólo la mitad de las inversiones extranjeras de China eran rentables[xvi]. A pesar de los esfuerzos por mejorar la debida diligencia, en 2014 los activos de China en el extranjero, que ahora ascienden a USD 6,4 billones, seguían arrojando una pérdida neta[xvii].
¿Dónde invierten las empresas chinas y por qué?
Estas cifras sugieren que, lejos de ser herramientas de una estrategia imperialista astuta, muchas empresas chinas son en realidad bastante malas en la inversión extranjera. Los rendimientos deficientes pueden reflejar en parte un enfoque a más largo plazo que el adoptado por las empresas occidentales. Pero las causas más profundas residen en la inexperiencia de las empresas chinas, la saturación de los mercados seguros y rentables y, como veremos más adelante, las regulaciones insuficientes.
Las empresas chinas son nuevas en los mercados internacionales, e incluso las más experimentadas han operado fuera de China sólo desde el decenio de 1990. Además, como las mejores oportunidades ya han sido aprovechadas por empresas de Estados capitalistas más avanzados, las empresas chinas a menudo se han visto desplazadas a territorios más arriesgados. Esto, más que una estrategia geopolítica, explica por qué las empresas petroleras chinas, por ejemplo, frecuentan los llamados “estados proscritos” como Irán, Myanmar y Sudán; Beijing se ve obligado a asociarse con ellos para facilitar la expansión exterior de las empresas públicas.
Los destinos de la IED china también subrayan que el objetivo principal de las empresas chinas es el lucro, en lugar de tener una dirección política. En contraste con la creencia generalizada de que las empresas chinas se enfocan principalmente en Asia y África como parte de un “acaparamiento de recursos” a nivel mundial, en realidad la IED se concentra en las economías avanzadas, donde los riesgos son menores y las ganancias están más aseguradas, y se está diversificando cada vez más lejos de los sectores de la energía y de la minería (véanse los gráficos 2 y 3).
Además, después de cinco años de existencia de la IFR, sólo el 13% de la IED china se destina a los 56 Estados oficialmente designados “países IFR”[xviii]. Las empresas chinas son reacias a invertir donde no prevén obtener ganancias, incluso cuando el principal líder de China les insta a hacerlo.
Gráfico 2: Destinos de la Inversión Extranjera Directa china[xix]
Gráfico 3: Inversión Extranjera Directa china por sector[xx]
Este patrón general se refleja en el crecimiento de las fusiones y adquisiciones chinas. Cada vez más, las empresas chinas se están convirtiendo en accionistas importantes de empresas extranjeras, lo que a menudo acelera las ganancias o el acceso a los mercados y la tecnología, en comparación con partir de cero. A veces las empresas extranjeras se convierten en filiales de propiedad exclusiva de empresas chinas, pero a menudo el capital chino se combina con la inversión extranjera, lo que produce una propiedad mixta.
En el caso de las fusiones y adquisiciones chinas en el extranjero en 2018, el 61% del financiamiento procedía del extranjero[xxi]. Además, a pesar de las afirmaciones frecuentes de que la inversión china en el extranjero tiene que ver con la captación de recursos en el Sur global, las fusiones y adquisiciones en los sectores de la energía y la minería se redujeron por dos tercios de 2005 a 2013, a un quinto en 2016 (véase el figura 4), mientras que en los tres primeros trimestres de 2018, el valor de las fusiones y adquisiciones en Europa (USD 60.800 millones) y en Norteamérica (USD 8.400 millones) superó enormemente el total combinado de América Latina, África, Asia y Oceanía (USD 37.700 millones)[xxii]. Las empresas chinas se dirigen cada vez más a las empresas de alta tecnología para adquirir tecnologías extranjeras y pasar a una actividad de mayor valor agregado.
Gráfico 4: Valor agregado de las fusiones y adquisiciones chinas (Miles de millones de dólares)[xxiii]
La inestabilidad del sistema regulatorio chino
El control del PCC sobre las empresas también se ve comprometido por la fragmentación en el sistema de gobierno de China. En contraste con la creencia generalizada de que China es un régimen totalitario estrictamente controlado, los sinólogos han documentado durante mucho tiempo el surgimiento del "autoritarismo fragmentado". Las interminables reformas han dispersado el poder y la autoridad de forma horizontal, a través de múltiples ministerios, comisiones, agencias y oficinas del partido; y de forma vertical hacia los gobiernos subnacionales. Este régimen de gobierno complejo concede en la práctica una amplia libertad a las empresas con fines de lucro. Aunque más recientemente se han endurecido las regulaciones en respuesta a los frecuentes escándalos en el extranjero que han dado lugar a crisis interestatales, la gobernanza sigue siendo débil, en particular debido a la enorme huella mundial de China.
En el cuadro 2 se enumeran los principales organismos encargados de regular a las empresas chinas que operan en el extranjero. En particular, las instituciones de políticas exteriores, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Comisión de Asuntos Exteriores del PCC no tienen poder sobre las empresas. La autoridad está dispersa de forma amplia y profunda, con poca coordinación práctica. Por ejemplo, el sector energético chino está supervisado por 11 organismos de nivel ministerial que, junto con las poderosas empresas públicas, se han resistido repetidamente a la creación de un súper regulador capaz de imponer el orden.
Cuadro 2: Organismos que regulan los emprendimientos chinos en el extranjero
| Organismo | Función |
| Comisión Nacional de Reforma del Desarrollo (CNRD) | Elabora planes económicos generales y orientaciones en materia de políticas. Debe aprobar las inversiones a gran escala (por encima de USD 100 millones / encima de USD 300 millones en el sector de recursos) y todos los proyectos relacionados a la infraestructura. |
| Ministerio de Comercio (MC) | Responsable principal de la regulación de empresas chinas en el exterior. Debe aprobar inversiones de empresas no financieras hacia el extranjero y vigilar las actividades después de las inversiones. |
| Gobiernos sub-nacionales | Supervisar empresas públicas locales. Puede interpretar las orientaciones nacionales en beneficio de las condiciones locales o elaborar sus propios reglamentos de conformidad con la ley nacional. Las oficinas sub-nacionales de la CNRD y el MC deben aprobar inversiones a menor escala. |
| Banco Popular de China | Debe aprobar las inversiones de empresas financieras hacia el extranjero, en conjunto con la CNRD. |
| SAFE | Vigila actividades posteriores a la inversión en conjunto con el MC cuando hay participación de las reservas de cambio en el financiamiento del proyecto. |
| SASAC | Supervisa las empresas de propiedad estatal central, incluso las prácticas de inversiones hacia el extranjero. Las contrapartes sub-nacionales supervisan las empresas de propiedad estatal local. |
| Ministerios funcionales | Buscan regular las actividades en su ámbito particular. Por ejemplo, la Administración Estatal de Bosques emite reglamentos para las empresas madereras que operan en el extranjero. |
| Las políticas de los bancos estatales y privados, y de los fondos de riqueza soberana | Regulan proyectos financiados con deuda (ver Cuadro 3). |
| Comisión Central del CCP para la Inspección de Disciplina | Investiga las infracciones de la disciplina partidaria, por ejemplo, las acusaciones de corrupción. |
| Asociaciones sectoriales | Emiten directrices voluntarias en sectores específicos. |
Además, las regulaciones chinas suelen ser extremadamente imprecisas y exhortativas, presentadas como “sugerencias”, “directrices” y “opiniones” en lugar de leyes detalladas. También conviven con las directivas generales para promover el crecimiento rápido y la expansión internacional, y con las iniciativas políticas como el aumento de la seguridad energética, la construcción de la “franja y la ruta” y el fortalecimiento de la posición mundial de China.
Entonces, las empresas deciden cómo equilibrar esas prioridades contradictorias. En la práctica suelen seguir su propia agenda empresarial, apelando a aquellos edictos del Estado-partido que mejor apoyen sus intereses, lo que proporciona una cobertura política si las cosas van mal. Las infracciones graves o las fuertes reacciones negativas extranjeras siempre acarrean un riesgo de castigo. Sin embargo, debido a que los marcos regulatorios son tan confusos y a que los jefes de las empresas públicas son juzgados principalmente sobre la base de criterios económicos, a menudo escapan los castigos severos, incluso después de escándalos grandes.
Por ejemplo, en 2011, las relaciones entre China y Myanmar estaban en una crisis a causa de la suspensión por parte de Myanmar de la represa hidroeléctrica de Myitsone, que era parte de un proyecto de USD 20.000 millones de la empresa pública China Power International para financiar ocho represas. A pesar de muchas fallas por parte de Myanmar, la empresa china también había violado muchas reglas chinas y birmanas, aportando a una reacción popular negativa y, posiblemente, a la reanudación del conflicto armado en el estado de Kachin en Myanmar[xxiv]. Sin embargo, sólo dos altos directivos fueron dejados de lado después de las inspecciones de la Comisión Central del CCP para la Inspección de Disciplina. Los procedimientos judiciales muestran que incluso los administradores de las empresas de públicas que son extremadamente corruptos rara vez son sancionados ni siquiera por violaciones a nivel nacional, mientras que los funcionarios de menor rango suelen ser utilizados como chivos expiatorios[xxv]. De hecho, los jefes de la empresa pública solo fueron responsabilizados personalmente de violaciones legales y reglamentarias después del escándalo de Myitsone.
A pesar de los esfuerzos por reforzar la disciplina bajo el liderazgo de Xi, el incumplimiento sigue siendo moneda común. Los datos del Consejo de Estado muestran que, a pesar de los requisitos legales, en 2017 la mitad de las empresas chinas en los países que participan en la IFR estaban descuidando las evaluaciones de impacto social, una tercera parte no realizaba evaluaciones de impacto ambiental y el desconocimiento de las regulaciones locales era generalizado[xxvi]. El envío en 2019 de unidades de la Comisión Central de Inspección a algunos proyectos en el extranjero también indica la existencia de problemas graves.
Las dificultades para mejorar el comportamiento de las empresas reflejan el predominio de los intereses de los “cuadros capitalistas” y las debilidades conexas de muchos aparatos reguladores. Dejando de lado las recientes incursiones de la Comisión Central de Inspección, sólo el Ministerio de Comercio tiene personal establecido de forma permanente en las oficinas económicas de las embajadas chinas. Su función principal es apoyar la expansión de las empresas chinas en el extranjero, y suelen triunfar en las luchas con el personal local del Ministerio de Asuntos Exteriores. Otros ministerios, reguladores y financiadores no tienen presencia sobre el terreno, lo que les obliga a basarse en las declaraciones de las propias empresas o en las denuncias de gobiernos extranjeros o de la sociedad civil. Esto crea un margen amplio para las inversiones erradas y las infracciones.
La descentralización del control y la supervisión de las empresas agrava estos problemas. Por ejemplo, en 2013 se produjo una crisis diplomática entre China y Ghana, desencadenada por las acciones de pequeñas empresas mineras respaldadas por funcionarios del condado de Shanglin, en la provincia de Guangxi. Para hacer frente al agotamiento de las reservas locales de oro, Shanglin apoyó a más de 33.000 mineros de oro para que se trasladaran a Ghana, donde participaron en prácticas ilegales y devastadoras desde el punto de vista ambiental y social, lo que suscitó una oposición local considerable. Ante las protestas en Ghana, los funcionarios de Guangxi intentaron proteger a los mineros, lo que provocó que la crisis se convirtiera en una disputa interestatal grave[xxvii].
Ese retroceso, que comenzó en los países africanos a mediados del decenio de 2000, impulsó a los organismos reguladores chinos a emitir directrices cada vez más estrictas (véase el cuadro 3), pero estas siguen siendo imprecisas, difíciles de controlar, muy inferiores a las mejores prácticas internacionales (véase el cuadro 4) y siguen dependiendo en exceso de las regulaciones del Estado anfitrión. Esto sigue siendo un enorme desafío en muchas economías en desarrollo, en particular en muchos países ricos en recursos donde China desarrolla los proyectos más arriesgados.
Cuadro 3: El fortalecimiento de las regulaciones chinas
| Año | Medida |
| 2006 | El Banco de Desarrollo de China se convierte en el primer banco chino que accede al Pacto Global de las Naciones Unidas, un marco voluntario de responsabilidad social empresarial.
El Consejo Estatal publica los Nueve principios para las inversiones hacia el extranjero, que exige que las empresas cumplan con las leyes locales, presenten ofertas para contratos de forma transparente, protejan los derechos laborales y el medio ambiente, e implementen la responsabilidad social empresarial. |
| 2007 | La Comisión Regulatoria del Banco Popular Chino publica la Política y directrices sobre el crédito verde, que exige que se presenten estudios de impacto social y ambiental con las solicitudes de crédito, e instruye a los bancos a supervisar el cumplimiento de sus clientes. Se hace énfasis en el cumplimiento con las normas del país anfitrión, y no con las normas internacionales.
El Banco de Exportación e Importación actualiza sus Directrices para los estudios de impacto social y ambiental de 2004 y publica su Política ambiental, que requiere dichos estudios y evaluaciones periódicas durante la implementación del proyecto. |
| 2008 | El Banco de Exportación e Importación actualiza sus Directrices para los estudios de impacto social y ambiental exigiendo la inclusión de asuntos laborales, la adquisición de tierra, y la protección de migrantes, además de informes frecuentes de los receptores de créditos. El banco puede inspeccionar los proyectos. |
| 2009 | El Ministerio de Comercio y el de Bosques publican su Guía para empresas chinas sobre las operaciones y la exploración sustentable de bosques en el extranjero. |
| 2010 | La Administración Estatal de Bosques publica la Guía para empresas chinas sobre el manejo y utilización sustentable de bosques en el extranjero.
El Ministerio de Comercio y el de Protección Ambiental con el Instituto Global Ambiental publican las Políticas de protección ambiental para las inversiones chinas en el extranjero. Los bancos de políticas elaboran directrices complementarias. El Banco de Desarrollo Chino publica el Marco de evaluaciones de impacto social y ambiental para proyectos con préstamos a pequeñas empresas, refiriéndose a la política del Banco Mundial sobre los estudios de evaluación de impacto y las reglas chinas relacionadas con ella. |
| 2012 | El Banco Popular Chino publica una actualización de las Directrices sobre el crédito verde, requiriendo que los bancos aseguren que los receptores de crédito observen las normas internacionales además de las leyes del país anfitrión cuando invierten en el extranjero. |
| 2013 | El Ministerio de Comercio y el de Protección Ambiental publican las Directrices para la protección ambiental en la inversión y la cooperación hacia el extranjero.
El Ministerio de Comercio publica las Regulaciones de comportamiento en la competencia en el extranjero en el área de la inversión y la cooperación internacional. |
| 2017 | La Comisión Nacional de Reforma del Desarrollo publica las Medidas para la administración de la inversión de las empresas hacia el extranjero.
El Ministerio de Finanzas publica las Medidas para el manejo financiero de las inversiones de las empresas de propiedad estatal hacia el extranjero. |
Cuadro 4: Comparación entre las condiciones de préstamo chinas y las internacionales[xxviii]
| Requisito | Prestamistas multilaterales | Prestamistas / reguladores chinos | ||||
| Banco Mundial | CFI | BID | Min. De Comercio | Banco de Desarrollo | Banco de Exp/Imp | |
| Estudios de impacto ambiental Ex-Ante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisión del estudio de impacto ambiental dentro de la revisión del proyecto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Normas ambientales y sociales específicas a cada sector | ✓ | ✓ | ||||
| Cumplimiento con las normas ambientales del país anfitrión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Cumplimiento con las normas ambientales internacionales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Consultas públicas con comunidades afectadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Mecanismo de quejas | ✓ | ✓ | ||||
| Vigilancia y revisión independiente | ✓ | ✓ | ||||
| Establecimiento de pactos vinculados al cumplimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Estudios de Impacto Ambiental Ex-Post | ✓ | ✓ | ||||
También se ha instado a las empresas públicas a que gestionen mejor los riesgos de las inversiones y respeten las sensibilidades locales. En ese sentido, muchas de ellas están elaborando programas de responsabilidad social empresarial.
Nuevamente, hay una enorme diversidad: algunas empresas, en particular las que tienen más experiencia, han elaborado políticas internas y programas de responsabilidad social detallados; otras apenas han comenzado y hay una amplia variación incluso dentro de los sectores[xxix]. Además, como reflejo de su inexperiencia, incluso en la negociación con la sociedad civil nacional, la mayoría de las empresas chinas siguen considerando que la responsabilidad social empresarial implica una beneficencia compensatoria, en lugar de enfoques participativos para la elaboración de proyectos. En Myanmar, por ejemplo, el director de una organización no gubernamental (ONG) describe la responsabilidad social empresarial de China como “beneficencia o sobornos” para alentar a los jefes o monjes locales a que “hagan callar a los aldeanos”[xxx].
El hecho de que las empresas inexpertas y mal reguladas se vean obligadas a entrar en mercados arriesgados constituye un caldo de cultivo tóxico, en especial si los gobiernos nacionales carecen de la voluntad o la capacidad para regular adecuadamente a los inversores extranjeros. No sorprende, entonces, que las empresas chinas estén frecuentemente implicadas en prácticas irresponsables desde el punto de vista social y ambiental, como el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado, a menudo en colaboración con las fuerzas locales de seguridad encargadas de facilitar sus proyectos.
Implicaciones para los activistas, los gobiernos extranjeros y los donantes
Hay buenas razones para desconfiar de las inversiones chinas, pero no las que anuncian a bombo y platillo los responsables políticos o los medios de comunicación occidentales, que tienden a presentar a las empresas chinas como bajo el control estratégico de Beijing, como tentáculos de un “poder emergente” cada vez más poderoso. En realidad, las empresas chinas, incluso las que están bajo el control directo del Estado, gozan de una autonomía considerable, están escasamente controladas y reguladas, y están motivadas principalmente por imperativos económicos y empresariales más que políticos. A menudo se comportan de manera que socavan los objetivos oficiales de la política exterior china, como lo muestran los ejemplos de Ghana, Libia y Myanmar.
Los problemas verdaderamente urgentes de las inversiones chinas son los comunes a todos los emprendimientos capitalistas: su interés es extraer ganancias, en lugar de interesarse por las necesidades humanas o el medio ambiente, mientras que los marcos regulatorios, ya sea en China o en los Estados anfitriones, están sesgados hacia la protección de los intereses de las empresas y son demasiado débiles para contrarrestar sus efectos destructivos.
Es posible que Beijing hable de una “cooperación en la que todos ganan” y de una “cooperación en beneficio mutuo”, en un intento de distinguir a China de las potencias occidentales. Pero las empresas chinas no son mejores que las occidentales y, de hecho, su comportamiento suele ser considerablemente peor.
China no es una potencia imperial, que persigue deliberadamente una “diplomacia de la trampa del endeudamiento”. Sin embargo, está gobernada por una clase de cuadros capitalistas díscolos y depredadores, cuyos intereses pueden estar alineados con las élites gobernantes de otros países, pero con frecuencia están en desacuerdo con los de los trabajadores chinos y los afectados por las inversiones de las empresas chinas en el extranjero.
Al tratar de abordar este desafío, los activistas, los gobiernos y los donantes deben evitar recurrir a los ataques a China, que eximen de responsabilidad de los colaboradores locales y a los actores empresariales no chinos. La explotación de la “sinofobia” puede generar apoyo a las campañas contra las empresas chinas que se comportan en forma indebida en los países de acogida, pero a menudo despierta sentimientos racistas y desvía las críticas, descuidando la rendición de cuentas de las autoridades y distrayendo la atención de las prácticas parecidas de empresas no chinas[xxxi].
La regulación del Estado anfitrión es crucial. A pesar de las mejoras, la regulación china sigue siendo relativamente floja y se basa en el respeto de las normas del Estado anfitrión, mientras que el financiamiento chino para el desarrollo está impulsado en gran medida por los receptores. Por consiguiente, los gobiernos que reciben inversiones y proyectos de China deben negociar y regular estrictamente a las empresas chinas. No pueden confiar en que Beijing lo haga por ellos. Sin embargo, esos gobiernos a menudo se enfrentan a presiones contradictorias, sobre todo por parte de intereses poderosos que se benefician de acuerdos lucrativos con China.
Por lo tanto, los activistas deben presionar a esos gobiernos para que resistan y no permitan que las críticas se desvíen mediante ataques nacionalistas contra China. Los organismos donantes también podrían mejorar la capacidad de los gobiernos anfitriones para evaluar la viabilidad de los proyectos propuestos, negociar contratos y elaborar y hacer cumplir regulaciones adecuadas para todos los inversores extranjeros y no sólo para las empresas chinas, que no son las únicas en cometer irregularidades.
Los ataques nacionalistas contra China también descuidan su diversidad interna, ignorando los intentos de algunos dirigentes políticos, reguladores y líderes empresariales de mejorar el comportamiento de las empresas y cerrar posibles vías de influencia.
Muchos organismos se encargan de garantizar que las empresas chinas se comporten bien, mientras que la creciente regulación indica un reconocimiento cada vez mayor de esos problemas y la determinación de abordarlos, aunque sólo sea para salvaguardar el “poder blando” de China.
El manual de Inclusive Development International, Safeguarding People and the Environment in Chinese Investments (Salvaguardar a la gente y el medio ambiente en las inversiones chinas), ofrece un amplio panorama de los reguladores y las regulaciones que los activistas pueden utilizar para tratar de mejorar la conducta de las empresas chinas[xxxii].
No es nada fácil lograr la participación de los reguladores y las empresas chinas. Las élites chinas tienden a compartir una visión del mundo en la que los “sacrificios” son necesarios para el “desarrollo”, que se presenta como la panacea para todos los males sociales y políticos, mientras que la oposición local se atribuye a menudo a los Estados Unidos o a las ONG occidentales entrometidas[xxxiii].
Sin embargo, hay algunas historias de éxito. La ONG International Rivers, por ejemplo, informa de la participación positiva de algunas empresas hidroeléctricas en respuesta a un proyecto de evaluación comparativa que puso de manifiesto la brecha entre las políticas nacionales y las de las empresas y el comportamiento sobre el terreno[xxxiv]. La ONG china Global Environmental Institute también logró convencer a los reguladores forestales de que hicieran más estrictas las regulaciones, tras exponer a los funcionarios incrédulos a los efectos devastadores de las empresas chinas madereras en Myanmar[xxxv]. Además, el enfoque de “seguimiento del dinero” de Inclusive Development International ayuda a los activistas a ampliar sus actividades de campaña dirigiéndose a los financiadores y a los consumidores de las empresas, muchos de los cuales están fuera de China, pero pueden ejercer influencia en las empresas chinas, que están cada vez más interconectadas a nivel internacional.
Agradecimientos
La investigación realizada para este artículo fue financiada por el fondo del Consejo Australiano de Investigación DP1701102647. Muchas gracias a Shahar Hameiri y especialmente a Shaun Breslin por sus aportaciones útiles, y a Yuping Zhou y Jan Mairhoefer por su asistencia en la investigación.
Dr Lee Jones es profesor de política internacional en la Universidad Queen Mary de Londres. Su investigación se centra en la seguridad, el desarrollo y la gobernanza en Asia y el Pacífico. Sus publicaciones académicas se pueden encontrar en: www.leejones.tk/publications.html.
Traducido de la versión original en inglés: Beyond “China, Inc.”: Understanding Chinese Companies. Publicada en State of Power 2020: The Corporation, TNI, 2020.
Traducción: Transnational Institute
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/understanding-chinese-companies-beyond-china-inc/
NOTAS
[i] UNCTAD (2001) Informe sobre las inversiones en el mundo 2001: Fomentar las vinculaciones. Nueva York: Naciones Unidas, pp. 298, 309 (en la versión en inglés); UNCTAD (2019) Informe sobre las inversiones en el mundo 2019: Zonas Económicas Especiales. Nueva York: Naciones Unidas, págs. 213 y 217 (en la versión en inglés).
[ii] Fortune (2019) ‘Global 500’. Fortune. https://fortune.com/global500/2019
[iii] Fan, G. (2000) ‘论体制转轨的动态过程 [On Dynamic Process of Institutional Transition]’, Jingji Yanjiu [Economic Review] enero: 11–21.
[iv] Scissors, D. (2019) Chinese Investment: State-Owned Enterprises Stop Globalizing, for the Moment. Washington, DC: American Enterprise Institute: 9. http://www.aei.org/wp-content/uploads/2019/01/China-Tracker-January-2019.pdf. Esta base de datos solo cuenta inversiones por encima de USD 100 millones, omitiendo acuerdos más pequeños involucrando a empresas más pequeñas, y de esa manera probablemente que subestiman el aporte del sector privado.
[v] National Development and Reform Commission (NDRC) (2017) 中国对外投资报 [China Foreign Investment Report]. Beijing: NDRC. http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201711/W020171130400470019984.pdf
[vi] Goodman, D. S. G. (2014) Class in Contemporary China. Cambridge: Polity, pág. 75.
[vii] Huang, Y. (2008) Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the State. Cambridge: Cambridge University Press, párrafos. 10 a 12.
[viii] Wee, S.-L. (2018) ‘China’s parliament is a growing billionaires’ club’, New York Times, 1 de marzo. https://www.nytimes.com/2018/03/01/business/china-parliament-billionaires.html.
[ix] Bloomberg (2012) ‘Xi Jinping millionaire relations reveal fortunes of elite’, Bloomberg, 29 de junio. https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-06-29/xi-jinping-millionaire-relations-reveal-fortunes-of-elite
[x] Barboza, D. (2012) ‘Family of Wen Jiabao holds a hidden fortune in China’. New York Times, 25 de octubre. https://www.nytimes.com/2012/10/26/business/global/family-of-wen-jiabao-holds-a-hidden-fortune-in-china.html
[xi] Pei, M. (2016) China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[xii] NDRC, 中国对外投资报 [China Foreign Investment Report]: 7.
[xiii] Jones, L. and Zeng, J. (2019) ‘Understanding China’s ‘Belt and Road Initiative’: Beyond ‘Grand Strategy’ to a state transformation analysis’, Third World Quarterly 40(8): 1415–39.
[xiv] Zhang, B. (2019) ‘State transformation goes nuclear: Chinese national nuclear companies’ expansion into Europe’, Third World Quarterly 40(8): 1466–70.
[xv] McMahon, D. (2018) The Great Wall of Debt: Shadow Banks, Ghost Cities, Massive Loans, and the End of the Chinese Miracle. New York: Houghton Mifflin, chapter 2.
[xvi] Zhang, J. (2010) Transformation of the Chinese Enterprises. Andover, UK: Cengage Learning, pág. 161.
[xvii] Lu, F., Li, X., Li, S., Jiang, Z., Zhang, J., and Yang, Y. (2016) ‘Why China? The economic logic behind China’s One-Belt-One-Road Initiative’, in B. Shao (ed.) Looking for A Road: China Debates Its and the World’s Future. Leiden: Brill, párrafos. 198 y 199.
[xviii] Ministerio de Comercio (MOFCOM) (2019) MOFCOM Department of Outward Investment and Economic Cooperation Comments on China’s Outward Investment and Cooperation in 2018. http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201901/20190102829745.shtml
[xix] American Enterprise Institute (2019) ‘Chinese Investment Dataset – China Global Investment Tracker’, American Enterprise Institute. http://www.aei.org/china-global-investment-tracker
[xx] Ibíd.
[xxi] MOFCOM (2019) MOFCOM Department of Outward Investment and Economic Cooperation Comments on China’s Outward Investment and Cooperation in 2018.
[xxii] Ernst & Young China (2018) ‘How does geopolitical dynamics affect future China overseas investment?’ China Go Abroad 8. https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-overseas-investment-report-issue-8-en-new/$File/ey-china-overseas-investment-report-issue-8-en.pdf
[xxiii] White & Case LLP (2017) China’s Rise in Global M&A: Here to Stay. New York: Rhodium Group. http://rhg.com/wp-content/uploads/2017/03/chinas-rise-in-global-ma-here-to-stay.pdf
[xxiv] Véase Jones, L. and Zou, Y. (2017) ‘Rethinking the role of state-owned enterprises in China’s rise’, New Political Economy 22(6): 743–60.
[xxv] Pei, M. (2016) China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay. Cambridge, MA: Harvard University Press, chapters 3, 5.
[xxvi] Academia China de Comercio Internacional y Cooperación Económica (CAITEC) Centro de Investigación de la SASAC, y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en China (2017) 2017 Report on the Sustainable Development of Chinese Enterprises Overseas: Supporting the Belt and Road Regions to Achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. Beijing: CAITEC, págs. 54, 85 y 97. http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/2017-report-on-the-sustainable-development-of-chinese-enterprise.html
[xxvii] Hess, S. and Aidoo, R. (2016) ‘Charting the impact of subnational actors in China’s foreign relations’, Asian Survey 56(2): 301–24.
[xxviii] Ray, R., Gallagher, K. P., Lopez, A. y Sanborn, C. (2015) China in Latin America: Lessons for South-South Cooperation and Sustainable Development Boston, MA: Boston University. https://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Working-Group-Final-Report.pdf
[xxix] Sobre el sector de represas hidroeléctricas, por ejemplo, véase International Rivers. (2015) ‘Benchmarking the Policies and Practices of International Hydropower Companies Part A’, Berkeley, CA: International Rivers. https://www.internationalrivers.org/resources/9065
[xxx] Entrevista, septiembre de 2018.
[xxxi] Véase de L.T. Oliveira (2017) ‘Chinese land grabs in Brazil? Sinophobia and foreign investments in Brazilian soybean agribusiness’, Globalizations 15(1): 114–133.
[xxxii] Inclusive Development International (2019) Safeguarding People and the Environment in Chinese Investments: A Reference Guide for Advocates. 2nd ed. Asheville, NC: Inclusive Development International. https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2019/05/2019_IDI_China-Safeguards-Guide-FINAL.pdf
[xxxiii] Hameiri, S., Jones, L., and Zou, Y. (2019) ‘The development-insecurity nexus in China’s near-abroad: Rethinking cross-border economic integration in an era of state transformation’, Journal of Contemporary Asia 49(3): 473–99.
[xxxiv] Entrevista con integrantes del equipo de International Rivers, octubre de 2018. Véase International Rivers (2015) ‘Benchmarking the Policies and Practices’.
[xxxv] Entrevista con oficiales del instituto, octubre de 2018.
La corporación inteligente
Datos y economía digital
Anita Gurumurthy y Nandini Chami
Cuatro siglos después de que East India Company estableciera el patrón de extracción de recursos por parte de corporaciones, la mayor parte del mundo se encuentra actualmente bajo el control del poder corporativo desbocado. Pero el poder corporativo está a punto de lograr la "supremacía cuántica”, algo que los movimientos sociales en la era digital deben comprender para adaptar el ritmo de sus luchas. El cambio cuántico proviene del poder de los "datos en red”, los ingredientes que componen la receta de la era digital del capitalismo.
El capitalismo contemporáneo se caracteriza por la acumulación de datos como capital. Big Tech, como se conoce colectivamente a las grandes empresas digitales, utilizan el modelo de negocio de plataforma, que aprovecha la fuerza combinada de la conectividad a Internet (ley de Metcalfe, que el valor de una red proviene del número de sus conexiones) y la información algorítmica (a lo que IBM se refiere como la ley de Watson, la ventaja competitiva derivada del aprendizaje externo de todos los demás a través de la computación cognitiva).
El modelo de plataforma proporciona un marco para las interacciones en el mercado al conectar sus diversos 'nodos' (consumidores, anunciantes, prestadores de servicios, productores, proveedores e incluso objetos) que comprenden el ecosistema de la plataforma, recolectando constantemente sus datos y utilizando algoritmos para optimizar las interacciones entre ellos como medio para maximizar las ganancias.
El modelo de plataforma surgió como una propuesta comercial a principios de la década de 2000, cuando las compañías de Internet que ofrecían servicios de comunicación digital comenzaron a extraer datos de los usuarios de las redes sociales para generar información valiosa para la publicidad dirigida.
La socialización de Internet y el hecho de que haya cada vez más transacciones económicas en línea condujeron a la globalización del modelo de plataforma y su dinámica central de información algorítmica basada en datos en constante expansión sobre las actividades de una base de usuarios en constante crecimiento.
Se estima que para 2025, más del 30% de la actividad económica mundial estará mediada por compañías de plataformas, una indicación de la creciente "plataformización" de la economía real. En todos los sectores económicos, desde la agricultura hasta la fabricación predictiva, el comercio minorista e incluso el trabajo de cuidados remunerado, el modelo de plataforma es ahora un elemento esencial.
Amazon, por ejemplo, no sólo vende productos, sino que ahora es crucial en el comercio minorista, similar a lo que era la electricidad para las fábricas a principios del siglo XX.
El poder corporativo está a punto de lograr la "supremacía cuántica”, algo que los movimientos sociales en la era digital deben comprender para adapta el ritmo de sus luchas
El control de la información algorítmica basada en datos brinda a los propietarios de plataformas un punto de vista único: el poder de dar forma a la naturaleza de las interacciones entre los nodos. Prácticas como la segmentación e hiperfocalización de los consumidores por parte de Amazon a través de la manipulación de precios, la disciplina panóptica de Uber a sus conductores asociados y el algoritmo de clasificación de popularidad de TripAdvisor de las casas, restaurantes y hoteles listados son ejemplos de cómo estas plataformas median las transacciones económicas.
La acumulación de datos que alimenta la optimización algorítmica permite una extracción de datos intensificada, en un ciclo que se retroalimenta y que culmina en el control totalizador de la plataforma de ecosistemas económicos enteros.
Por lo tanto, la ventaja de la información proporcionada por algoritmos puede caracterizarse como una “prima digital”, semejante a la "prima de innovación" que disfrutaban las empresas del primer movimiento en la era predigital. En la búsqueda por adquirir y retener esta "prima digital", las plataformas afirman los derechos de propiedad de facto sobre los datos de sus clientes, exprimiendo constantemente a la competencia y eventualmente logrando la integración vertical y horizontal.
Amazon, por ejemplo, ya no es una librería en línea, y tal vez esa nunca fue su intención. Con un conocimiento profundo de cómo funciona el mercado, Amazon es líder del mercado en logística anticipada ("Realizado por Amazon") y análisis de negocios (AWS). No sólo ha desplazado a las tradicionales estaciones de carga de contenedores en las ciudades portuarias, sino que ha comenzado a parecerse cada vez más a una empresa naviera.
La dinámica de una economía de información algorítmica ha conducido a que grandes sectores de la actividad económica estén controlados por un puñado de monopolios de plataforma.
Los estudios sugieren que en cuestión de un par de décadas, estos monopolios habrán superado a las corporaciones petroleras, automotrices y financieras en la capitalización de mercado. Hoy en día, los modelos de negocio basados en plataformas representan siete de las ocho principales compañías del mundo clasificadas por capitalización de mercado. La corporación de plataforma pan-global, con su ADN de inteligencia basada en datos, ha reemplazado a la corporación industrial transnacional como el Leviatán de nuestros tiempos.
La corporación inteligente en formato de diagrama. Fuente: ITForChange
The 'Intelligent Corporation' in diagrammatic form. Source: ITForChange
Como la forma dominante de organización económica en el orden capitalista mundial, la corporación siempre ha ejercido el poder, no sólo en el mercado sino también en los ámbitos político y sociocultural. El surgimiento de la "corporación inteligente" definida por la economía política de datos capitalista ha producido cambios cualitativos en el ejercicio del poder corporativo, que incluye los siguientes:
(a) De dominar el mercado a convertirse en el mercado
Al igual que su predecesor, la corporación inteligente también apunta a la dominación completa del mercado. En el capitalismo basado en plataformas, los modelos de negocios locales basados en el conocimiento contextual íntimo son completamente desplazados por la intermediación basada en datos de las transacciones sociales y del mercado.
Al eliminar estos reductos dispares de la acumulación de capital, los propietarios de plataformas maximizan sus ganancias. Por ejemplo, el conocimiento contextual de los vecindarios que determinaron la ventaja competitiva y la distribución de los retornos para los taxis tradicionales no tiene sentido cuando Uber, la empresa de transporte con sus algoritmos de rutas inteligentes, entra en escena. El intrincado conocimiento de las condiciones agrarias locales y la intuición sobre los mercados locales ya no importa en la agregación liderada por las plataformas de la agricultura como servicio.
La corporación inteligente también va un paso más allá de "dominar el mercado" a "convertirse en el mercado". Al integrarse en diversos sectores de mercado, estas compañías operan tanto gestionando una plataforma (es decir, administran el mercado y sus reglas) como promoviendo sus propios bienes y servicios. Esto las sitúa en competencia directa con las empresas que usan su infraestructura, creando un conflicto de intereses.
La corporación inteligente va un paso más allá de "dominar el mercado" a "convertirse en el mercado”
Por ejemplo, Amazon utiliza sus datos del mercado para consolidar sus propias marcas, lanzando productos de alta demanda a precios inferiores a los vendidos por sus competidores. También se sabe que utiliza sus datos de servicios web para orientar las decisiones sobre en qué nuevas empresas invertir, cuáles adquirir y cuáles simplemente eliminar.
Del mismo modo, Google ha manipulado los resultados de búsqueda para priorizar sus propios servicios. En la India, se supo que las plataformas de transporte Uber y Ola priorizan los automóviles que poseen o alquilan sobre los de los conductores asociados. Las plataformas de envío de comida han sido acusadas de discriminar injustamente a los restaurantes asociados para priorizar sus propias "cocinas en la nube”.
Como ha observado Lina Khan, especializada en las leyes de competencia de Estados Unidos, además de los riesgos tradicionales de discriminación y retención obligada reconocidos por expertos jurídicos sobre la gobernanza de servicios públicos esenciales, las empresas que dependen de la infraestructura de plataforma también se enfrentan al riesgo de apropiación. Esto se debe a que el propietario de la plataforma puede recolectar información basada en datos sobre sus prácticas comerciales e implementarla en contra de los servicios públicos.
En esta nueva estrategia para adquirir poder en el mercado, la monopolización de mercado a largo plazo lleva ventaja en el corto plazo a la hora de partir de condiciones de igualdad. El ecosistema que una plataforma busca capturar tiene espacio solo para un ganador y dispone de los medios para renunciar a ganancias inmediatas e invertir en la integración empresarial (a través de adquisiciones agresivas) y el desarrollo sistemático de la capa de datos. Otros competidores están destinados a quedarse en el camino.
Este espíritu empresarial está en perfecta sintonía con el mantra de alto riesgo y alto rendimiento de los fondos de riesgo en los que sólo una minoría de las inversiones resulta redituable. La dependencia de los fondos de riesgo y los retrasos en la oferta pública inicial han producido una cosecha de unicornios temerarios: "compañías tecnológicas multimillonarias que comparten los atributos de una enorme valoración y proscriben sin fundamento a los fundadores".
Como Derek Thompson, periodista del The Atlantic, dijo irónicamente: “Si te despiertas en un colchón Casper, haces ejercicio con un Peloton antes del desayuno, Uber te lleva el desayuno a tu escritorio en WeWork, pides el almuerzo a DoorDash, vuelves a casa en Lyft y cenas con Postmates has interactuado con siete empresas que colectivamente perderán casi 14.000 millones de dólares este año”. El espectacular batacazo de WeWork en su oferta pública inicial puede ser una señal de lo que vendrá, pero la carrera para vencer a la competencia simplemente se está intensificando.
(b) De la mano de obra barata a la libertad del trabajo
En la economía capitalista, la contradicción clave se plantea entre capital y trabajo. El capital busca permanentemente liberarse de la mano de obra a través de avances tecnológicos y territorios que la sustituyan para cambiar el modo de producción y reducir costes laborales. En la economía de la información, el capital parece haber estado muy cerca de alcanzar su búsqueda primigenia.
Mediante una vigilancia de 360°, la corporación inteligente crea un ecosistema de optimización automática, manipula cada nodo, expande su red cautiva, acumula capital de datos y afianza su dominio. Es capaz de lograr una huella operativa mundial con pocos activos y una base de empleados minúscula.
Uber, por ejemplo. Los conductores de Uber no se consideran empleados en la mayoría de los lugares donde opera la empresa. Con una vista panorámica de la ciudad y sus carreteras, los clientes y el conductor, Uber se hace cargo del transporte urbano, a menudo sin tener un solo taxi. Traspasa la responsabilidad al conductor, que debe tomar un préstamo a alto interés para adquirir un vehículo y convertirse en el codiciado "socio" de Uber; la corporación extrae del conductor más que únicamente tiempo de trabajo.
La demanda general de mano de obra parece estar disminuyendo en la economía digital. Como destaca The Economist, “en 1990, los tres principales fabricantes de automóviles en Detroit acumularon ingresos por 250.000 millones de dólares, una capitalización de mercado de 36.000 millones y 1,2 millones de empleados. En 2014, las tres principales empresas de Silicon Valley registraron ingresos de 247.000 millones de dólares y una capitalización de mercado de más de 1 billón, pero tan sólo 137,000 empleados”.
En el trabajo por pedido y en el micro-trabajo, el modelo de negocio de la plataforma y sus algoritmos asociados crean una competencia perpetua entre los trabajadores, fragmentándolos y evitando que se organicen colectivamente o se sindicalicen en defensa de sus derechos. En los sectores tradicionales de fabricación y servicios intensivos en mano de obra, el capital digital está logrando una amplia transformación de forma lenta, pero segura.
Los trabajadores de Amazon, en su mayoría de ascendencia de África oriental, protestan en 2018 en Minnesota contra las condiciones de trabajo, como ser rastreados por ordenador y ser obligados a trabajar a cierta velocidad. Fuente: Fibonacci Blue / Flickr / (CC BY 2.0)
Las proyecciones muestran que la automatización basada en la inteligencia artificial (IA) eventualmente desplazará a la mano de obra. Se estima que más del 40% de la fuerza laboral mundial perderá su empleo por la irrupción en la industria de la IA en los próximos 15-25 años.
Puede crearse un número limitado de trabajos bien remunerados para personas con habilidades avanzadas en el desarrollo de tecnologías de datos e inteligencia artificial, pero la mayoría de la fuerza laboral terminará en un trabajo de servicios personalizados y mal remunerado. Para los países del Sur Global, el desafío será especialmente pernicioso. A medida que el aumento de los salarios erosiona la ventaja comparativa de la mano de obra en estas economías, es probable que el cambio a la tecnología de inteligencia artificial desencadene una tendencia de retorno, mediante la cual las fábricas se trasladen a países más ricos que ofrecen un apoyo de infraestructura más sofisticado para el despliegue de sistemas de inteligencia artificial.
Según el Banco Mundial, es probable que más de dos tercios de la fuerza laboral en los países en desarrollo pierdan sus empleos. No está claro cómo estos cambios afectarán a la segmentación de género y las jerarquías en los mercados laborales. Sin embargo, de acuerdo a las tendencias actuales, parecería que las mujeres serán las primeras en perder el empleo en esta transición, con una reversión tanto de las ganancias salariales como del estatus.
(c) De la acumulación por desposesión a un cercamiento espacio-tiempo a escala planetaria
Capturar el tiempo y el espacio previamente no mercantilizados siempre ha sido una estrategia central de la expansión capitalista. En la economía de la información estamos presenciando una nueva fase de la acumulación primitiva: a través del "despojo de datos". La expropiación de datos de los intercambios sociales diarios a través del modelo de negocio de plataforma es comparable a la expropiación de recursos naturales de la producción capitalista en una época anterior.
La extracción generalizada de datos por parte de las empresas de plataforma ha transformado la interacción social sometida a la minería de datos en un factor de producción, un recurso tan valioso como la tierra para la creación de bienes y servicios. La centralización de la riqueza y el poder hoy en día se deriva del despojo de calidad y escala sin precedentes.
La dinámica del despojo de datos se autopropulsa. Actualmente se conoce bien que las plataformas siguen una estrategia agresiva de retención de los usuarios, ofreciendo gratificación instantánea a cambio de datos y haciendo que les resulte costoso abandonar la plataforma.
Las superplataformas chinas WeChat y Meituan-Dianping combinan noticias, entretenimiento, reseñas de restaurantes, entrega de comida y servicios de taxi, junto con aplicaciones transversales como sistemas de pago y billeteras digitales, lo que demuestra una presencia 'adherente' que es casi adictiva.
La expropiación de datos de los intercambios sociales diarios a través del modelo de negocios de plataforma es comparable con la expropiación de recursos naturales de la producción capitalista en una época anterior
La incesante minería de datos no solo transforma las interacciones sociales a través de su mercantilización. Los ecosistemas "inteligentes" de redes de datos van un paso más allá. Crean los algoritmos inteligentes que permite la captura de extremo a extremo de todo el proceso de producción. Los productos lácteos basados en cadena de bloque de Alibaba conectan a los productores en Nueva Zelandia con los consumidores en Beijing, creando una cadena de suministro sin interrupciones. Del mismo modo, ET Agricultural Brain, de Alibaba, consolida el modelo de agricultura industrial en Asia, adquiriendo tierras agrícolas y controlando a distancia sus actividades a través de tecnologías de IA para el seguimiento en tiempo real.
Fuente: Web de Environment Brain
De este modo, el capital puede traspasar las dimensiones del tiempo y el espacio para crear un nuevo marco comercializado al servicio de las cadenas de valor agrícolas con consecuencias potencialmente adversas a largo plazo. Como señala GRAIN, organización que trabaja para apoyar a los pequeños agricultores y la biodiversidad, tal consolidación transfronteriza del modelo “de la granja a la mesa” por parte de las grandes empresas tecnológicas no sólo debilita los medios de subsistencia tradicionales, sino que también podría arrasar las economías agrícolas locales en Asia.
Cuando la participación en la plataforma en los términos marcados por el propietario se convierte de hecho en la única opción para los agentes económicos, el extractivismo de datos se normaliza. Como ocurrió con las prácticas depredadoras del colonialismo, las tácticas de plataforma de la corporación inteligente funcionan como un proyecto neocolonial. La diferencia es que esta vez, en lugar de empresas europeas, están al mando empresas de plataforma estadounidenses y chinas.
Con el pretexto de proporcionar conexión a Internet subsidiada a grupos marginados, Facebook Zero se ha centrado esencialmente en abrir mercados de datos sin explotar en el Sur Global. La World Trade Platform, una iniciativa de Alibaba, es un esfuerzo por extraer información sobre mercados previamente inexplorados en países africanos mediante el desarrollo de capacidades digitales y de datos de pequeñas y medianas empresas. La plataforma Digifarm que está probando en Kenia el operador de telecomunicaciones líder Safaricom (lanzado por Vodafone) es en efecto un intento de incluir datos valiosos sobre las prácticas agrícolas y el comportamiento crediticio de los pequeños agricultores para construir servicios financieros alrededor de su sistema de dinero móvil M-PESA.
Una explotación profundamente insostenible del mundo natural acompaña los rápidos avances de la corporación inteligente. Tomemos el caso de la vasta huella ecológica del sector de entrega de comida en línea. Según un estudio de 2018 publicado en la revista científica Resources, Conservation and Recycling, la entrega de comida rápida puerta a puerta en China generó un aumento de casi ocho veces en los desechos de envases en solo dos años, de 0,2 millones de toneladas (2015) a 1,5 millones de toneladas (2017).
Esto ha coincidido con el crecimiento exponencial del sector en el país, donde el número de clientes que utilizan plataformas de entrega de alimentos pasó de cero en 2009 –cuando apareció la primera aplicación de entrega (Ele.me)– a 406 millones a finales de 2018.
La economía de plataforma es un verdadero consumidor de recursos, cuyas redes se proyecta que consumirán aproximadamente una quinta parte de la electricidad mundial para 2030 sólo para mantener su funcionamiento.
La pérdida de autodeterminación para los individuos y las comunidades en estos nuevos modos de producción basados en datos refleja una asimetría en el poder que antes era imposible. Esta es la ruta a través de la cual la nueva corporación coloniza los cuerpos y la naturaleza, toma el control de la producción y de la reproducción social e intensifica la acumulación a escala mundial.
Del mismo modo que la acumulación de capital imperialista empobreció a las colonias, los territorios de los que se extraen los datos de las compañías de plataforma mundial chinas y estadounidenses se encuentran atados a las franjas de bajo valor del nuevo orden económico.
Como destaca la edición de 2019 del informe sobre Economía Digital de la UNCTAD, en el valor de capitalización de mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo, las de Estados Unidos y China tienen una participación combinada del 90%, en comparación con sólo el 1% en África y América Latina.
Distribución geográfica de las principales plataformas internacionales a nivel mundial en 2018.
Extraído del informe sobre Economía digital de UNCTAD, 2019. Fuente: Holger Schmidt
(d) La "corporación profunda" y la muerte del contrato social
No es ningún secreto que en la era digital, el Estado profundo ha vivido una transformación. Las revelaciones de Edward Snowden y los testimonios de testigos de Xinjiang, dominado por los uigures de China, han expuesto el funcionamiento oscuro del complejo militar-industrial contemporáneo, el nexo nefasto entre las grandes empresas tecnológicas y el Estado. Los activistas por la justicia comercial han señalado constantemente la "mano oculta" de Silicon Valley y las corporaciones chinas que usan a sus gobiernos para luchar por sus propios intereses, reduciendo las decisiones políticas a decretos ejecutivos para consolidar su poder.
La propia democracia deliberativa está en peligro de extinción a medida que los tentáculos de las corporaciones inteligentes se extienden al núcleo de la vida pública
Pero lo que recién ahora ha salido a la luz es el surgimiento de la "corporación profunda", la extensión de los tentáculos de empresas inteligentes tipo Kraken –plataforma de comercio de criptomonedas– en el núcleo de la vida pública. La captura de la vida social por el capitalismo de plataforma ha distorsionado el espacio político gracias a las cajas de resonancia de la esfera pública automatizada.
El contagio de la propaganda engañosa y la guerra informativa en las campañas políticas se ha vuelto imposible de contener en una esfera pública determinada por filtros algorítmicos. En este contexto, la propia democracia deliberativa está en peligro de extinción.
Las asociaciones público-privadas en los sistemas de bienestar digitalizados representan una seria amenaza para el contrato social. En 2012, la Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica se asoció con una empresa que desarrolla soluciones de pagos digitales para gestionar sus servicios sociales. Aprovechando su acceso a los detalles bancarios de los beneficiarios de asistencia social, la compañía comenzó a hacer deducciones no autorizadas de las cuentas de beneficiarios para préstamos y servicios financieros para otros de sus negocios. El Estado se vio severamente limitado a la hora de adoptar sanciones contra la empresa, que amenazó con marcharse con toda la base de datos si se rescindía el contrato.
El sistema de crédito social que está desarrollando China en asociación con ocho empresas tecnológicas lleva la "corporatización" de la gobernanza a un nivel completamente nuevo. El acceso a los beneficios y los derechos garantizados de los ciudadanos ahora se basan en la calificación del comportamiento sobre la base del historial de compras en línea, las transacciones financieras y las conexiones a las redes sociales en las plataformas asociadas.
Con el arquetipo de "buen consumidor" equiparada al ciudadano meritorio, la ciudadanía queda así desvinculada de las reivindicaciones políticas. La "corporación profunda" adquiere la autoridad formal para mediar el contrato social.
Estamos viviendo una fase del capitalismo que está marcada por la concentración extrema del mercado, una desigualdad de la riqueza sin precedentes y la disminución de la participación del trabajo en el ingreso mundial, un contexto que ha llevado incluso al FMI a expresar cautela. No es casualidad que este período de injusticia económica intensificada haya coincidido con la aparición del capitalismo de plataforma y su vehículo en el mundo real, la corporación inteligente.
¿Qué significa vivir con la corporación inteligente?
En primer lugar, como ha demostrado este ensayo, lo nuevo de esta fase del capitalismo que ha generado la economía digital es un cambio cualitativo profundo. La “datificación”[1] y el capital de datos transforman la manera en que tiene lugar la "acumulación por despojo" capitalista. La expansión de los sistemas inteligentes hace posible una colonización y mercantilización de la vida cotidiana a escala planetaria por parte de la nueva corporación en modos que antes eran imposibles. Tanto la naturaleza como los cuerpos están atrapados en un recinto planetario en la medida en que todo y todos pueden convertirse en datos.
En segundo lugar, la información basada en algoritmos se alimenta y fortalece el aparato de financiarización que dirige la economía neoliberal. A través de la confluencia perversa de datos y finanzas, la corporación inteligente universaliza y naturaliza su autoridad, destruyendo el mercado de bienes e ideas.
En tercer lugar, a través del extractivismo de datos, la corporación inteligente devasta la socialidad, llevando el proyecto ideológico del neoliberalismo hasta la expropiación de lo político, lo que representa una desposesión profunda, una "invasión ontológica" de la subjetividad humana.
¿Dónde nos deja todo esto?
Como ha destacado la UNCTAD, el ritmo de concentración del poder corporativo es extremadamente preocupante. Un ejemplo: la relación beneficio / ventas de Amazon aumentó del 10% en 2005 al 23% en 2015, mientras que la de Alibaba aumentó en sólo cuatro años del 10% en 2011 al 32% en 2015.
Los representantes políticos en todo el mundo están luchando por reformar sus leyes heredadas para frenar el avance de la corporación inteligente. Incluso los gobiernos nacionales de las poderosas corporaciones de plataforma estadounidenses y chinas luchan por contener sus excesos.
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) está investigando actualmente a Amazon y Facebook por abuso del dominio del mercado, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando a Google. El estado de California se enfrenta a una gran resistencia de Uber y Lyft a su nueva regulación de los derechos laborales de los trabajadores que realizan servicios para las plataformas, y las dos empresas lideran una iniciativa por valor de 60.000 millones de dólares para liberarse de la responsabilidad de considerar a los trabajadores como empleados.
En noviembre de 2019, la administración estatal para la regulación del mercado en China tuvo que celebrar una reunión con Alibaba y otras plataformas minoristas en línea sobre sus prácticas de amenazas y uso de la fuerza contra otros competidores, en violación de las regulaciones existentes para frenar la conducta anticompetitiva.
En países donde la economía de plataforma nacional es incipiente, la situación es aún peor. A menudo, no existen marcos jurídico-institucionales para gobernar las plataformas corporativas. Por ejemplo, Nigeria no ofrece protección jurídica adecuada a las PYME y los consumidores en su mercado emergente de comercio digital. Del mismo modo, los trabajadores de plataforma en el trabajo doméstico en Filipinas, el turismo en Indonesia y el transporte en Sudáfrica no están cubiertos por las leyes laborales vigentes.
Ver también el ensayo de Adoración Guamán: La arquitectura corporativa de la impunidad: Lex Mercatoria, autoritarismo de mercado y resistencia popular.
Los críticos de la corporación transnacional industrial han demostrado durante mucho tiempo cómo la desterritorialización y la desnacionalización de sus operaciones comerciales crea una crisis de gobernanza empresarial. La naturaleza virtual o en línea y global de la corporación inteligente ha exacerbado este problema. Las lagunas de las leyes de impuestos predigitales basadas en una presencia física en un determinado país han sido explotadas activamente por las compañías de plataforma para evadir la responsabilidad fiscal a través de la transferencia de ganancias a jurisdicciones de bajos impuestos.
Una sexta parte de toda la riqueza privada del mundo está depositada en paraísos fiscales. Fuente: Estado del poder 2019
De manera similar, cuando se enfrentan con la responsabilidad por prácticas injustas en los mercados extranjeros, es muy fácil para las compañías de plataforma transferir la responsabilidad a su empresa matriz fuera de la jurisdicción. Por ejemplo, Uber en Sudáfrica recurrió a la defensa de que sus conductores socios eran empleados de la empresa matriz con sede en los Países Bajos y no de la filial sudafricana, para evadir sus responsabilidades bajo las leyes laborales vigentes.
La falta de regulaciones internacionales vinculantes que rijan los flujos de datos transfronterizos también ha ayudado al extractivismo de datos desenfrenado, similar a la brecha en el establecimiento de normas internacionales sobre las obligaciones de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos.
La enorme influencia política de las corporaciones inteligentes ha alcanzado proporciones mortales para la democracia y la política. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando Amazon buscaba un lugar donde instalar su nueva sede, los gobiernos municipales corrieron a postrarse desesperadamente en el proceso de licitación, mientras depositaban sus esperanzas en que la segunda sede de Amazon reavivara sus moribundas economías locales. Una ciudad incluso ofreció a Jeff Bezos una alcaldía permanente.
La corporación inteligente ha tenido un éxito aún mayor que la corporación industrial a la hora de tejer una red invisible de poder discursivo para distraer a los detractores. Esto se debe en parte al poder persuasivo de la ideología californiana. Los fundadores libertarios de los inicios de la era tecnológica pudieron fundir el compromiso inquebrantable con la libertad individual y la libertad económica como libertad de regulación, depositando una fe ciega en el potencial democrático inherente de Internet.
Los fundadores y directores ejecutivos de Silicon Valley se han proyectado como defensores anárquicos de las libertades individuales, defendiendo valores tecno-libertarios, apoyando el filantro-capitalismo y abogando por un descarado tecno-solucionismo para resolver problemas socioestructurales. También han logrado promover la ficción del "emprendimiento" como un truco new age para políticas públicas inadecuadas.
Incluso las empresas tecnológicas chinas, con una genealogía diferente de un capitalismo hipernacionalista respaldado por el Estado, han desplegado una versión reducida de esta visión económica neoliberal en sus declaraciones al público mundial. Por ejemplo, en su intervención plenaria en el Foro Público de la Organización Mundial del Comercio de 2018 (OMC), Jack Ma, fundador del grupo Alibaba y de la iniciativa e-World Trade Platform, señaló que aprovechar la oportunidad digital para las pequeñas empresas, mujeres y jóvenes, especialmente en los países en desarrollo, consistía en menos reglas y un comercio digital más libre.
Si bien la incursión del capitalismo en la filantropía del desarrollo no es algo nuevo, el alcance y la capacidad ideológica mundial de las grandes empresas tecnológicas lleva la despolitización del desarrollo a nuevos niveles.
Más recientemente, en un contexto de demandas por malas prácticas contra las grandes empresas tecnológicas por sus propios empleados, pone en peligro el cuasi sagrado estatus de los directores fundadores y los expone al desencanto público al revelarse reiteradas incidencias de minería de datos clandestina y juegos algorítmicos, lo que desluce su brillo inicial.
Alphabet (la empresa matriz de Google) ya no puede usar su lema "Hacer lo correcto" sin ironía. Facebook se ha visto obligado a cambiar su alegato "demasiado grande para caer" por el de "protector y defensor de las libertades de la comunidad mundial". Es posible que Alibaba no pueda proclamar su compromiso con el desarrollo de las PYME en África por mucho más tiempo.
La fachada se ha derrumbado. Y esta ruptura en la hegemonía discursiva de la corporación inteligente en la que nos encontramos actualmente es el momento adecuado para generar un desafío colectivo.
Por tanto, debemos resistir para que la riqueza de datos y de redes pueda ser apropiada y utilizada para crear una sociedad justa y humana. Esto significa tomar a la corporación inteligente por los cuernos y forjar un movimiento que sea capaz de lidiar con los límites ético-políticos de la información digital.
Dada la enorme influencia económica y política de la corporación moderna en la era digital, es una tarea urgente liberar a las personas y al planeta del poder corporativo.
Las luchas contra la extrema injusticia del comercio mundial y el régimen de propiedad intelectual por parte de los movimientos sociales transnacionales han demostrado la conexión necesaria entre la agenda para la justicia del desarrollo y el desmantelamiento del poder empresarial. Construir alianzas entre movimientos se ha convertido en una estrategia vital para detener el saqueo inexorable de las empresas transnacionales.
Algunos ejemplos inspiradores a este respecto son el movimiento de justicia comercial contra la globalización corporativa, la búsqueda del desarrollo sostenible por parte del movimiento ambiental, las luchas feministas para recuperar el cuerpo y la esfera de la reproducción social del capital, y la lucha de los trabajadores contra la intensificación de la explotación del trabajo y el desmantelamiento de la protección social en la globalización neoliberal.
La sociedad civil transnacional ha forjado laboriosamente alianzas y solidaridades a través de estos movimientos para exponer los excesos corporativos, presionando a las Naciones Unidas para que establezcan un tratado internacional vinculante sobre las obligaciones de derechos humanos de las empresas transnacionales ante dificultades casi insuperables.
En la era digital, a medida que el poder corporativo asume proporciones indomables, donde los directores ejecutivos tecnológicos crean y rigen dominios de datos, los marcos actuales de análisis de poder y acción pueden no llegar muy lejos. Se necesita con urgencia una estrategia coordinada y coherente para permitir una distribución más equitativa de las ganancias de los negocios de plataforma.
El Manifiesto de Justicia Digital publicado en noviembre de 2019 por la Just Net Coalition, a través de un proceso de diálogo estratégico y sostenido entre grupos y activistas de derechos digitales, justicia comercial, grupos feministas, ecologistas, sindicatos y activistas de derechos humanos, esboza una posible hoja de ruta. Como subraya el Manifiesto, necesitamos una acción inmediata a lo largo de tres frentes amplios para reclamar el poder digital de la corporación inteligente:
a) recobrar la propiedad de nuestros datos e información personal y colectiva instituyendo un marco de derechos económicos para los recursos basados en datos.
b) gobernar, recuperando infraestructuras críticas de la plataforma de manos privadas y gestionar esas infraestructuras críticas de plataforma como servicios públicos.
c) aplicar un modelo de gobernanza desde lo local a lo mundial para las infraestructuras digitales y de datos que respalde las economías locales y la autodeterminación democrática de las colectividades, evitando el cierre de todo el mercado y los ecosistemas sociales mediante una fuente de datos centralizada.
En otras palabras, la gobernanza de la infraestructura tecnológica debe permitir el florecimiento de economías locales diversas y dejar espacio para que funcionen múltiples modelos de plataforma (cooperativas, empresas sociales, públicas, etc.) desafiando el ímpetu totalizador del capitalismo digital mundial.
La gobernanza de la infraestructura tecnológica debe permitir el florecimiento de economías locales dispares y modelos de plataformas múltiples contra el ímpetu totalizador del capitalismo de plataforma mundial.
La globalización neoliberal y la financiarización han llevado a sociedades profundamente desiguales. La impunidad de las grandes corporaciones ha sido crucial en esta dinámica.
Los movimientos sociales han presentado varias propuestas creativas para contrarrestar esta situación: legislar la renovación de los estatutos cada cinco años anulando el principio de la existencia jurídica perpetua de las corporaciones; gravar el comercio de acciones sobre la base del período de tenencia para contener la especulación financiera excesiva; fijar un límite a los activos personales de los fundadores o directores ejecutivos, entre otros.
La digitalización exige una nueva frontera para la resistencia. El poder de la corporación inteligente debe ser contenido a través de tácticas pequeñas y grandes en los ámbitos político y cultural. Se debe explorar una nueva sabiduría sobre la gobernanza de los datos para un futuro verdaderamente emancipatorio para todas las personas.
SOBRE LAS AUTORAS
Anita Gurumurthy es miembro fundadora y directora ejecutiva de IT for Change. Anita trabaja en temas de economía digital y sociedad, con un enfoque en la economía política del desarrollo. Escribe periódicamente sobre la conexión digital y la justicia social y de género
Nandini Chami es subdirectora de IT for Change. Se dedica a la investigación y la promoción de políticas en las intersecciones de la política digital, la justicia para el desarrollo y la igualdad de género. Sus intereses de investigación son la justicia de datos, las economías de plataforma inclusivas y el comercio digital y de género.
Traducción: Nuria del Viso, FUHEM Ecosocial
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en
https://longreads.tni.org/the-intelligent-corporation-data-and-the-digital-economy/
[1] La datificación se refiere a la tendencia tecnológica que transforma numerosos aspectos de nuestra vida en datos que luego son transferidos como información que se convierte en una nueva forma de valor. Fuente: Wikipedia [N. del T.]
Psicópatas seductores. La corporación moderna
Una entrevista con Joel Bakan – Nick Buxton
En 2004, un potente documental, “La Corporación”, cautivó el imaginario político durante su estreno, en pleno auge de las luchas por la globalización alternativa tras las protestas frente a la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Seattle. Basado en el libro del mismo nombre, y usando una combinación ingeniosa y elegante de vídeos de noticias, música y análisis perceptivo, el documental desafió audazmente al actor más significativo del capitalismo: la corporación.
El documental ganó 26 premios, e incluso comentaristas conservadores como The Economist lo denominaron "un ataque sorprendentemente racional y coherente contra la institución más importante del capitalismo". Para iniciar nuestra colección examinando "La Corporación", el Transnational Institute acudió al autor y guionista, Joel Bakan, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia Británica, para conocer su visión de la corporación en la actualidad.
Joel Bakan habla con el TNI antes de la publicación de su nuevo libro y película “The New Corporation”.
¿Qué es la corporación?
La corporación es un constructo legal, de hecho, es una ficción legal. No es algo creado por Dios o por la naturaleza, sino más bien un conjunto de relaciones legalmente creado e impuesto con el objetivo de recaudar capital para los grandes proyectos del industrialismo. Su función principal es separar a los propietarios de una empresa de la empresa misma. Esta última se transforma alquímicamente en una “persona” que puede asumir derechos y obligaciones legales y, por lo tanto, operar dentro de la economía. Por consiguiente, los propietarios –accionistas– desaparecen como figuras legalmente pertinentes y la “persona” corporativa (y a veces sus gerentes y directores) posee derechos legales y es legalmente responsable cuando las cosas salen mal.
De ello se deduce que el único riesgo para los accionistas es perder dinero si disminuye el valor de sus acciones. No pueden ser demandados por nada de lo que haga la corporación. Además, para hacer aún más atractiva la olla de sus inversiones, la ley impone obligaciones a los gerentes y directores para que solo actúen en beneficio de los intereses de los accionistas, es decir, los intereses financieros.
La corporación es un constructo legal, de hecho, es una ficción legal.
La genialidad de todo esto es que esta construcción muy beneficiosa para los accionistas incentivó a muchas personas, particularmente desde la clase media emergente, a invertir en empresas capitalistas.
Ese era el objetivo principal de la corporación: generar los enormes fondos de capital necesarios para financiar grandes empresas, ferrocarriles, fábricas, etc., que la industrialización hizo posible. Era, en efecto, una institución de financiación colectiva.
¿En qué se ha convertido la corporación?
La función institucional central de la corporación –concentrar miles, incluso millones, del capital de los inversores en una sola empresa– también contribuyó a que las empresas se volvieran muy grandes y poderosas.
Inicialmente hubo limitaciones a su poder, como topes en el crecimiento, restricciones a la participación multisectorial, leyes de defensa de la competencia, pero estas se debilitaron y eliminaron durante el siglo XX.
Ahora las empresas pueden fusionarse, adquirir otras empresas y hacerse cada vez más grandes, acumulando todavía más poder con pocas restricciones. En consecuencia, se convierten en vastas concentraciones de capital que dominan no solo la economía, sino también la sociedad y la política.
Las corporaciones no son democráticas y están legalmente obligadas a servir a los intereses de sus accionistas en todo lo que hagan.
Así que, existen estas enormes y poderosas instituciones, obligadas por sus características institucionales a perseguir su propio interés independientemente de las consecuencias, decididas a eludir o apartar todo lo que les impida alcanzar sus objetivos, como las regulaciones, los impuestos y la provisión pública, que crean riqueza para accionistas anónimos que no rinden cuentas, y no asumen responsabilidad democrática ante las personas (que no sean sus accionistas) afectadas por sus decisiones y acciones.
¿Qué ha cambiado en los 15 años que han pasado desde que escribiste The Corporation?
Algunas cosas obvias. Las grandes empresas tecnológicas no existían (al menos no de la forma dominante en la que existen ahora) en el momento del primer proyecto. El cambio climático era un problema, pero aún no era la crisis existencial e inmediata que sabemos que es hoy. La derecha populista era todavía marginal, la globalización estaba en pleno desarrollo y las corporaciones, tratando de sortear las luchas contra la globalización en todo el mundo y preocupadas por la creciente desconfianza popular y las preocupaciones sobre su poder cada vez más amplio, han modificado estratégicamente su imagen y su juego.
En cuanto a esto último, en el momento de la publicación de mi primer libro y película, las corporaciones comenzaron a realizar compromisos generalizados con la sostenibilidad y la responsabilidad social: usar menos energía, reducir las emisiones, ayudar a los pobres del mundo, salvar ciudades, etc.
Capitalismo creativo, capitalismo inclusivo, capitalismo consciente, capitalismo conectado, capitalismo social, capitalismo verde…fueron las nuevas palabras de moda que comenzaron a utilizarse, dando la sensación de que el capitalismo corporativo se estaba modificando en una versión más consciente social y ambientalmente.
La idea clave, independientemente de la retórica utilizada, era que las corporaciones habían cambiado de manera sustancial, que mientras la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad habían estado previamente al margen de las preocupaciones corporativas (un poco de filantropía por aquí, algunas medidas medioambientales por allá) ahora se afianzaban en el centro del ethos y de los principios operativos de las empresas.
Base: 4.900 empresas N100 (las 100 principales empresas por ingresos en cada uno de los 49 países estudiados) y 250 empresas G250 (las 250 compañías más grandes del mundo por ingresos)
Fuente: Encuesta de KPMG sobre Informes de responsabilidad empresarial de 2017.
Crecimiento del número de informes de responsabilidad empresarial de las 100 y 250 corporaciones más importantes del mundo
Entonces, ¿esto ha producido alguna diferencia?
Sí, pero no necesariamente una positiva. El subtítulo de mi nuevo libro es ¿Por qué las “buenas” corporaciones son malas para la democracia?
Me explico: para empezar, pese a la excelente retórica, la nueva corporación es fundamentalmente la misma que la anterior. El Derecho de sociedades no ha cambiado. La composición institucional de la corporación no ha cambiado.
Lo que ha cambiado es el discurso y algunos comportamientos. El nuevo ethos está basado en la idea de “tener un buen desempeño haciendo el bien”, encontrar sinergia entre ganar dinero y hacer el bien social y medioambiental, en lugar de suponer que son cosas contradictorias.
Así que ahora las corporaciones quieren llamar la atención sobre su objetivo de hacer el bien, pero no tanto sobre el hecho de que solo pueden hacer el bien si eso les ayuda en su desempeño.
El hecho es que, a pesar de todo el discurso triunfante, las corporaciones no sacrificarán, y de hecho no pueden sacrificar, sus propios intereses y los de sus accionistas por hacer el bien. Eso presenta una profunda limitación en términos de qué tipos y cantidad de ese bien es probable que hagan, lo que en la práctica les da permiso de hacer el “mal” cuando no hay razones comerciales para hacer lo contrario.
El problema adicional es que las corporaciones están haciendo uso de su supuesta nueva "bondad" para apoyar la afirmación de que ya no necesitan ser reguladas por el gobierno y que también pueden administrar los servicios públicos mejor que el gobierno.
El problema adicional –y esta es la parte que concierne a la democracia– es que las corporaciones están haciendo uso de su supuesta nueva “bondad” para fundamentar la afirmación de que ya no necesitan ser reguladas por el gobierno, porque ahora pueden autorregularse; y que también pueden administrar los servicios públicos, como el agua, las escuelas, el transporte, las prisiones, etc., mejor que el gobierno.
El clima es un ámbito en el que las corporaciones han sido particularmente astutas. Ya no pueden negar el cambio climático, así que no lo hacen. En cambio, dicen “sí, está sucediendo, lo admitimos, pero ahora nos preocupa, podemos adelantarnos y proporcionar soluciones, no necesitamos regulación gubernamental”.
Ahora bien, los científicos dicen que ya deberíamos haber adoptado energías renovables para evitar escenarios catastróficos y que esto requerirá que el Estado realice cambios significativos.
Por su parte, la industria de los combustibles fósiles dice algo muy diferente, algo coherente con sus planes de sacar beneficio de los combustibles fósiles lo máximo posible. Afirma que tenemos tiempo, que no debemos ni podemos pasarnos a las energías renovables en el corto plazo, que el gas natural y el fracking son buenas alternativas, que está bien que continúen desarrollando megaproyectos para aprovechar las reservas de combustibles fósiles (incluido el carbón, como la mina Adani en Australia), que liderarán la transición hacia las energías renovables.
Que debemos confiar en ellos, no en los gobiernos, para resolver el problema del cambio climático.
Los abogados ambientalistas de ClientEarth presentaron en 2019 una denuncia de alto nivel acusando a BP de engañar a los consumidores en su última campaña publicitaria, indicando que la empresa gasta menos de cuatro libras por cada cien en inversiones con bajas emisiones de carbono y 96 libras en avivar la crisis climática.
Esta nueva estrategia es probablemente aún más peligrosa que la negación total. Al pretender ahora ser los "buenos", confunden y ocultan más sutilmente verdades e intenciones, ejercen su influencia sobre los gobiernos y en las cumbres sobre cambio climático para garantizar que se siga sin imponer mayores obstáculos a sus modelos de negocio basados en los combustibles fósiles.
En mi primer libro, La Corporación, argumentaba que si las corporaciones fueran realmente personas, serían consideradas psicópatas por su comportamiento y rasgos. Ahora, como se han puesto una máscara, se han convertido eficazmente en unos psicópatas seductores.
¿Cómo ha cambiado la naturaleza de la corporación con el auge de las grandes empresas digitales?
Hace diez años, las empresas tecnológicas no se encontraban entre las 20 empresas más importantes del mundo.
Cuando Internet y la inteligencia artificial (IA) se aprovechan de la compulsión corporativa para generar ganancias, pueden suceder cosas malas, y están sucediendo. Es cierto, como dicen los defensores de la tecnología, que la innovación y la disrupción son el resultado. Pero tampoco es necesariamente algo positivo. Por ejemplo, las innovaciones por parte de las grandes empresas tecnológicas están alterando el control de los monopolios.
Para muchas empresas tecnológicas, el monopolio está integrado en sus propios modelos de negocio. Facebook, por ejemplo, tiene que ser el lugar donde todo el mundo busque la conexión social. Amazon debe ser la plataforma de compra y venta minorista. Google, el motor de búsqueda que usa todo el mundo. El valor de estas empresas se basa en ser el único lugar al que todo el mundo acude. Eso les otorga el monopolio de las dos cosas que más se valoran en el espacio de la tecnología: la atención y los datos.
Esto también los incentiva a ir más allá de sus sectores, invadir y dominar otros sectores, como Amazon que ha incursionado en el sector farmacéutico y de la computación en la nube; Facebook, que se ha convertido en un importante centro de noticias y cada vez desempeña un papel más importante en la forma de realizar campañas electorales; Google, que está comenzando a abrirse camino en la planificación urbana (a través de Sidewalk Labs).
A menudo se piensa en el problema en términos de privacidad, pero el problema real es el control: cómo se usan los datos para controlar cómo actuamos, pensamos y nos sentimos.
Las actuales leyes y los reguladores antimonopolio son demasiado débiles (como resultado de la desregulación) y carecen de motivación política para seguir el ritmo, lo que ha permitido que estas empresas se conviertan en gigantes que suprimen la competencia y tienen una influencia excesiva sobre la política y la sociedad, esto es, para perturbar la democracia.
Otro problema es que las corporaciones están recopilando cada vez más datos, triangulándolos y graficando cada uno de nuestros movimientos y emociones, especialmente a medida que todos nuestros artefactos informáticos se conectan a Internet (a través del 'Internet de las cosas') y que el software es más sofisticado a la hora de supervisar y predecir nuestro comportamiento.
A menudo se piensa en el problema en términos de privacidad: que nuestra privacidad está siendo invadida por la recopilación de todos estos datos. Pero el verdadero problema es el control: cómo se usan los datos para controlar el modo en que actuamos, pensamos y nos sentimos en formas que en última instancia son rentables para las corporaciones.
Las posibilidades de que los jefes controlen cada movimiento de los trabajadores ya son evidentes, por ejemplo, en el sistema de Amazon para la micro supervisión del desempeño de los trabajadores en sus almacenes. Del mismo modo, las compañías de seguros están comenzando a hacer un seguimiento de los datos fisiológicos y de la aptitud física de los titulares de seguros de vida a través de los dispositivos portátiles.
¿Y cómo afecta eso a la democracia?
A medida que las corporaciones obtienen un mayor control directo sobre los individuos a través de las nuevas tecnologías, se hace más difícil, si no imposible, que los gobiernos democráticos regulen la relación entre las corporaciones y la ciudadanía.
Cuando una compañía de seguros tiene el control directo de sus clientes –conoce sus hábitos de conducción o si están en forma y ajusta las tarifas o les niega cobertura en función de ello– se vuelve difícil para las instituciones democráticas –reguladores y tribunales– proteger los derechos del consumidor.
Cuando una plataforma como Uber usa la tecnología para eludir eficazmente la relación laboral (un constructo regulador diseñado para proteger a los trabajadores y trabajadoras del mayor poder que tienen sus empresas) se hace difícil proteger a los trabajadores y trabajadoras.
La democracia se ve también afectada por el aumento de la desinformación, el odio y el discurso incendiario, que se magnifican en Internet y en las redes sociales. Eso también está relacionado con los modelos de negocio de las grandes empresas tecnológicas. Una empresa como Facebook prospera al conseguir que cada vez más personas se involucren durante más tiempo. Más es mejor, y las cuestiones sobre la verdad, el interés público o la democracia son simplemente irrelevantes.
En términos más generales, el auge del autoritarismo de derechas, que está surgiendo a través de procesos electorales democráticos, es en gran parte una reacción a 40 años de políticas neoliberales que han destruido empleos y prestaciones sociales, y por lo tanto vidas y comunidades. Esos 40 años de políticas fueron, y continúan siendo, liderados por grandes corporaciones que utilizaron sus recursos para, entre otras cosas, presionar, financiar elecciones, promover y amenazar con promover operaciones en respuesta a la regulación existente y a las propuestas de regulación, reducir y evadir impuestos.
Los líderes del “nuevo” movimiento de corporaciones, las mismas empresas que afirman preocuparse y ser socialmente responsables y sostenibles, han estado a la vanguardia de estas campañas. Ninguno de ellos ha dicho, “los valores sociales y medioambientales son importantes, así que protejámoslos con más regulaciones e impuestos”. Todo lo contrario.
Es una maniobra astuta. Hacen campaña para destruir la capacidad de los gobiernos para lidiar con los problemas sociales y medioambientales, y luego intervienen para decir que pueden hacer el trabajo que el gobierno se ha mostrado, gracias a sus esfuerzos, incapaz de hacer.
Las corporaciones ahora están aprovechando su supuesta nueva imagen pública para hacer retroceder a la democracia, al afirmar, como se mencionó anteriormente, que pueden regularse por sí mismas en lugar de hacerlo a través de medidas legislativas, y que deberían encargarse de las prestaciones sociales en lugar de las autoridades públicas.
Es una maniobra astuta. Hacen campaña para destruir la capacidad de los gobiernos de lidiar con los problemas sociales y medioambientales y luego intervienen para decir que pueden hacer el trabajo que el gobierno se ha mostrado, gracias a sus esfuerzos, incapaz de hacer.
El resultado es menos intervención del gobierno y más participación de las corporaciones en nuestras vidas y sociedades, lo que significa menos democracia en general.
¿Cómo han respondido la sociedad civil y los movimientos sociales al auge de la corporación?
En los últimos 20 años se ha producido un notable aumento de movimientos organizados y efectivos para frenar el poder corporativo y la amenaza que representa para la democracia.
Más de 200 ciudades de todo el mundo han rechazado la privatización del agua mediante la remunicipalización de sistemas previamente privatizados; los pueblos indígenas han ganado batallas contra las industrias extractivas y por el reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y la autodeterminación; el “movimiento de las plazas” arrasó en ciudades de todo el mundo en 2011, incluido el Movimiento Occupy; la política progresista ha obtenido victorias en ciudades como Barcelona y París en Europa, en Nueva York, Jackson, Seattle y Tucson en los Estados Unidos y Vancouver en Canadá, junto a muchas otras.
Gráfico del informe Reclaiming Public Services del Transnational Institute: https://www.tni.org/en/publication/reclaiming-public-services
En los Estados Unidos, tenemos el caso de Bernie Sanders, abiertamente socialista, candidato a la presidencia en 2016 y nuevamente en 2020, además de las miles de campañas electorales progresistas que ha ayudado a inspirar, muchas de ellas exitosas como la de Alexandria OcasioCortez (AOC) y la de otros representantes progresistas.
Y luego están las nuevas energías y la urgencia de un creciente activismo en todo el mundo, los movimientos de masas que exigen la adopción de medidas contra el cambio climático, los proyectos de la industria extractiva, los derechos indígenas, los movimientos contra el racismo.
Todo eso es muy positivo e inspirador.
Sin embargo, debemos tener cuidado con los intentos de las corporaciones de apropiarse de esta ola de resistencia. Están intentando con todas sus fuerzas hacernos creer que son los verdaderos responsables del cambio, que el mejor camino hacia un mundo mejor es comprar sus productos "verdes", apoyar sus iniciativas sociales y medioambientales, seguir sus consejos sobre reciclaje, reducción, etc.
Las empresas y sus presidentes se posicionan sobre diversas cuestiones y cada vez más forman asociaciones con organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Save the Children (SCF) o Conservación Internacional, así como con organizaciones intergubernamentales como las diversas entidades de las Naciones Unidas.
Sin duda, algo bueno puede surgir de todo esto, pero es importante reconocer que las mismas empresas que se alían con las ONG y que adoptan una postura sobre el racismo, la inmigración o la discriminación contra las personas LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer) son también las que presionan para reducir la supervisión del gobierno, limitar los impuestos, expandir los mercados y reducir la provisión social, entre otras medidas.
¿Hay un lugar para la corporación en el futuro?
Creo que hay lugar para un medio de financiación destinado a grandes proyectos que requieren grandes reservas de capital, lo que es, en esencia, la corporación. Pero debe entenderse como una herramienta, como un medio, no como un fin en sí mismo.
La corporación fue creada por el Gobierno con ese propósito, como una herramienta de financiación. Su virtud en incentivar la inversión –su mandato legal de crear riqueza sin restricciones– es también su mayor peligro.
Por eso, debe estar regulada y no debería usarse para distribuir bienes intrínsecamente sociales, y menos para gobernar la sociedad. Está mal equipada para hacer esas cosas, siendo fundamentalmente egoísta y carente de responsabilidad democrática ante nadie más que sus accionistas.
Debido al mandato legal de la corporación de crear riqueza sin restricciones, esta debe ser regulada y no debería usarse para distribuir bienes intrínsecamente sociales, y menos para gobernar la sociedad.
También deberíamos pensar en utilizar otros tipos de organizaciones económicas para crear bienes y servicios, como cooperativas o instituciones públicas con mandatos de interés público.
No hay evidencia que respalde, y sí mucha que contradiga, que la institución ideal sea siempre, o ni siquiera habitualmente o en ocasiones, la gran corporación con ánimo de lucro. Por el contrario, es mejor pensar en las corporaciones como podríamos pensar, por ejemplo, en un cortacésped. Tiene sus usos. Es muy buena cortando el césped. Pero eso no significa que quieras usarlo para cortarte el pelo o aspirar la alfombra de tu salón.
Todo esto podría ser un argumento para alejarse del capitalismo y dirigirse hacia algún otro tipo de sistema, como los imaginados por el socialismo democrático, el movimiento de los comunes o las cosmologías indígenas, donde se priorizan los fines sociales y ecológicos en lugar de la acumulación de capital.
Aunque algo así puede estar en el horizonte, mientras tanto, tenemos que descubrir cómo controlar las peligrosas tendencias de las corporaciones y el capitalismo en la actualidad, y asegurarnos de que no propicien, como pueden hacerlo, el fin del mundo.
¿Y las empresas de beneficios o empresas B? ¿Son un paso en la dirección correcta?
Promoción de empresas de beneficios en https://bcorporation.net/
No. Las empresas B no son una solución y me opongo a ellas, incluso en mi provincia natal en Columbia Británica, donde el gobierno tomó medidas para reconocerlas.
Por lo general, una empresa B no es más que un certificado de una empresa privada (como BLab) que establece que cumple con ciertos estándares sociales y medioambientales.
Esto no es necesario para las empresas que no cotizan en la bolsa, aquellas que ya tienen margen para subordinar los objetivos financieros a los sociales y medioambientales si así lo desean. Y las empresas que sí cotizan en la bolsa, incluso si se convierten en empresas B (que, hasta ahora, ninguna importante lo ha hecho), están todavía jurídicamente obligadas a priorizar el valor para los accionistas. Una certificación privada no cambia la ley.
Así que, lo que la empresa B termina siendo, en los hechos, una privatización de la regulación, un accesorio a la idea de que las corporaciones, a través de mecanismos de mercado y supervisión privada, pueden proteger y promover los intereses públicos. No se trata de reglas promulgadas democráticamente para controlar a las corporaciones, ni de mecanismos respaldados por el Estado para hacer cumplir tales reglas. Es otro engaño que oculta la mano dura del neoliberalismo.
Las empresas de beneficios son otro engaño que oculta la mano dura del neoliberalismo.
Un enfoque diferente es el de reformular la constitución jurídica de la empresa para incluir objetivos sociales y medioambientales, además de los financieros. De nuevo, no estoy a favor de este planteamiento.
Un problema es que nunca se subordinarán los objetivos financieros a los sociales y medioambientales; estos últimos solo se perseguirán siempre que sean compatibles con los primeros.
El segundo problema es que el juicio impreciso acerca de si se cumplen los objetivos sociales y medioambientales –cuáles deberían perseguirse, cómo y en qué medida– queda en manos de gerentes en lugar de reguladores bajo control democrático.
En tercer lugar, se aprovecharía inevitablemente la presencia de este nuevo tipo de empresa, probablemente con éxito, para impulsar una mayor desregulación; el argumento es que la regulación es innecesaria cuando las normas se integran en la propia empresa.
El problema es que la única razón de la existencia de la corporación dentro del capitalismo es incentivar la inversión. Eso siempre implicará priorizar las ganancias del capital de los inversores, en lugar de los valores competitivos determinados en la naturaleza jurídica de la corporación. Los imperativos de las corporaciones dentro del capitalismo siempre serán imperativos capitalistas.
Necesitamos lidiar democráticamente con los peligros de esa dinámica, a través de políticas, leyes y regulaciones, en lugar de modificar el perfil empresarial y delegar las funciones reguladoras a los gerentes y directores corporativos.
¿Cómo lo logramos?
No abogo por la revolución porque creo que las estructuras democráticas existentes, por corruptas que sean, pueden recuperarse y readaptarse, reconciliarse con movimientos de base y con las verdaderas necesidades y las voces de la ciudadanía.
Mientras tanto, tenemos que esforzarnos para desmentir mitos y revelar la verdad: las corporaciones y los mercados no pueden repartir los bienes sociales y medioambientales que necesitamos; debemos recuperar la democracia y las instituciones democráticas.
Necesitamos trabajar con y en nuestras comunidades, escuelas y sindicatos para educarnos e inspirarnos mutuamente. Para trabajar, formar parte de y ayudar a elegir partidos políticos progresistas, unirse y formar movimientos, promover la solidaridad mientras se celebra la diferencia.
Necesitamos vernos como actores políticos, ciudadanos y ciudadanas, obligados a participar y contribuir a crear sociedades buenas y justas. Necesitamos aceptar que la gobernanza democrática es desorganizada e incierta, que se trata tanto del proceso de participación como de las políticas resultantes, y que solo puede florecer en condiciones sociales que fomenten la empatía y la solidaridad entre la ciudadanía.
SOBRE EL AUTOR
Joel Bakan es catedrático de Derecho en la Universidad de Columbia Británica, académico y comentarista de renombre internacional. Bakan, además de haber obtenido la beca Rhoder y de haber trabajado como asistente jurídico del presidente del Tribunal Supremo del Canadá, Brian Dickson, ha obtenido títulos en Derecho de las universidades de Oxford, Dalhouisie y Harvard. Además de su aclamado éxito internacional, La Corporación: la búsqueda patológica de lucro y poder (Volter, 2006), su obra académica incluye Just Words: Constitutional Rights and Social Wrongs (University of Toronto Press, 1997) y Childhood Under Siege: How Big Business Targets Children (Penguin, 2011).
Traducción: Lucía Torres, FUHEM Ecosocial
El presente artículo forma parte del informe Estado del poder 2020, cuya versión en español es editada en formato electrónico por Transnational Institute (TNI), Attac España y FUHEM Ecosocial. La versión íntegra del informe en inglés se puede encontrar en https://longreads.tni.org/charming-psychopaths-the-modern-corporation/