Israel: modelo de Estado coercitivo. Y por qué boicotearlo es clave para la emancipación en todas partes
Israel: modelo de Estado coercitivo. Y por qué boicotearlo es clave para la emancipación en todas partes
Alys Samson Estapé[1]
Estado del Poder 2021
La industria de armas y seguridad de Israel forma parte intrínseca de su régimen de apartheid y exporta la política y la metodología de la ocupación a todo el mundo.
En medio del horror de la escalada de violencia de Israel en mayo de 2021, desde el bombardeo de Gaza hasta el linchamiento de multitudes de colonos israelíes a palestinas, otra arma menos convencional del arsenal israelí también ha despertado el interés de los medios internacionales: la llamada "skunk-water” (agua putrefacta).
El “skunk-water” es una mezcla de productos químicos que huele a aguas residuales y a cadáveres en descomposición que causa náuseas intensas, arcadas violentas y vómitos. Fue desarrollada por la empresa israelí Odortec para el "control de multitudes" en Cisjordania. Más recientemente, también ha sido utilizada contra las familias palestinas que se resisten a la expulsión de sus hogares en Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este.
La historia del “skunk-water” revela la forma en que la industria de armas y seguridad de Israel se ha convertido en una parte intrínseca del régimen de apartheid. "Los fabricantes de armas israelíes ni siquiera tienen que invertir en la comercialización de sus armas", escribe Yara Hawari en Al Jazeera, "los canales de noticias que transmiten imágenes de los ataques brutales del ejército israelí hacen el trabajo por ellos". Esta táctica ha demostrado ser útil y, desde la introducción del “agua putrefacta”, varios departamentos de policía de EEUU ya lo han comprado o han mostrado su interés.
Si bien los ataques de Israel contra el pueblo palestino están motivados por el racismo extremo y la mentalidad colonial de asentamientos que se encuentran en las raíces del estado israelí, también está claro que esta opresión estructural es altamente rentable para el régimen del apartheid. El Estado de Israel y sus empresas militares muestran cómo el capitalismo salvaje y el colonialismo de asentamientos se entrelazan. A través de sus exportaciones de armas, Israel está dando forma a las dimensiones coercitivas de los estados en todas partes, llevando la política y la metodología de la ocupación a sus aliados en el extranjero. Los estados que compran productos militares y de seguridad de Israel son, por tanto, cómplices de la limpieza étnica del pueblo palestino e importan conscientemente su brutal política de coacción y represión.
Lucrándose de la opresión
Israel es uno de los países más militarizados y securitizados del mundo; destina el 5,6 por ciento de su PIB al ejército. Israel es también el octavo mayor exportador de armas del mundo, representando el 3 por ciento del total global en los últimos cinco años.
Israel se ha convertido en un elemento central de la industria internacional de armas y seguridad nacional al exportar equipos, tecnologías y tácticas militares de última generación a otros países. Israel exporta a unos 130 países en todo el mundo, pero como explica la activista antimilitarista israelí Sahar Vardi, es imposible encontrar una lista completa de esos países porque Israel no publica información oficial sobre sus exportaciones de armas, aparte de sus informes al Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas.
Algunos de los clientes de Israel incluyen dictaduras del pasado y del presente, y países que violan los derechos humanos; incluida la Sudáfrica del apartheid, la junta militar en Argentina, el ejército serbio durante el genocidio de Bosnia y Ruanda en los años previos al genocidio de 1994. Más recientemente, Israel ha vendido armas a Sudán del Sur y a la junta militar de Myanmar. Países como Marruecos, México, Arabia Saudita y otros han comenzado a utilizar software de espionaje israelí contra periodistas y opositores políticos.
Además de armas, Israel también exporta tecnologías de control y vigilancia a regímenes represivos y democracias "liberales" por igual. A nivel internacional, Israel se destaca como líder en la vigilancia y el control cotidianos y en sus metodologías de control de población y contrainsurgencia de alta tecnología. Como argumentan Maren Mantovani y Henrique Sánchez: «En un mundo globalizado, cualquier análisis de la militarización y las ideologías, metodologías y tecnologías represivas debe tener en cuenta la dinámica de importación y exportación de estos conceptos y herramientas a través de las fronteras. Uno de los exportadores de ideología y tecnología de represión más destacados del mundo es, sin duda, Israel».
La ocupación israelí de Palestina y el régimen de apartheid que mantiene sirven como campo de pruebas para el desarrollo de armas, sistemas de seguridad, medios de control de la población y tácticas. Sin él, Israel no podría competir en los mercados internacionales de armas y seguridad. Le da crédito a su condición de gran potencia militar.
La ocupación permite a Israel probar nuevos equipos militares y de seguridad sobre la población palestina antes de exportarlos. La empresa militar y de seguridad más grande de Israel, Elbit Systems, que se promociona a sí misma como proveedora del ejército israelí, vio aumentar sus ganancias un 6,1 por ciento solo en julio de 2014, en el pico del anterior asalto de Israel a Gaza. Elbit Systems vende sistemas de seguridad y armas a EEUU, Brasil, India, Filipinas y Azerbaiyán, entre muchos otros. La empresa comercializa sus productos como "probados en combate" y afirma tener "capacidades excepcionales" basadas en la "experiencia operativa obtenida a través de decenas de miles de salidas operativas por parte del ejército israelí". En otras palabras, se jactan de la forma en que sus tecnologías han sido probadas sobre la población palestina, para mejorar el grado y la velocidad de las matanzas y mutilaciones.
Tras los bombardeos de 2014, el director ejecutivo del fabricante de armas israelí Meprolight fue franco al explicar cómo se lucran de la guerra: «Después de cada campaña del tipo que está teniendo lugar ahora en Gaza, vemos un aumento en el número de clientes del exterior –y añadió– Por supuesto, estamos comercializando en el extranjero de manera agresiva, pero las operaciones del ejército israelí definitivamente afectan la actividad de marketing».
EEUU ha jugado un papel fundamental en el surgimiento de la industria de armas y seguridad de Israel. Desde el presidente Lyndon Johnson en 1967, todos los presidentes de EEUU han reiterado el compromiso estadounidense de mantener la "ventaja militar cualitativa" de Israel. Este es un concepto central israelí definido por Ben Gurion que afirma que Israel solo puede garantizar su existencia si puede defenderse militarmente. EEUU ha tratado de asegurar la supervivencia de su aliado clave en Oriente Medio armándolo y permitiéndole crear su propia industria militar.
Con el apoyo de EEUU, el sector militar y de seguridad de Israel se ha disparado. En 2017, el Ministerio de Defensa de Israel emitió 29.655 licencias de exportación a 1.546 empresas privadas y comerciantes independientes. En 2020, los acuerdos de exportación de defensa de Israel sumaron 8.300 millones de dólares, la segunda cifra más alta de la historia, lo que representa alrededor del 15 por ciento de sus exportaciones totales. El mismo año, Israel asignó 2.508 dólares per cápita, o el 12 por ciento del gasto total del gobierno, a la defensa.
Las empresas aprovechan el conocimiento militar cultivado en un contexto de ocupación prolongada, que luego se convierte en un producto y se vende al resto del mundo. El ejército israelí incluso alienta a los trabajadores y empleadores de alta tecnología a utilizar los conocimientos adquiridos durante el servicio militar para construir sus propias empresas. La estrecha colaboración entre las empresas de seguridad y el Estado es crucial para las industrias de seguridad y vigilancia de Israel y crea una cultura de puertas giratorias: un puesto de alto nivel en el ejército abrirá las puertas a un puesto en una empresa de seguridad nacional.
El mercado cibertecnológico
El ejército israelí también se ha convertido en un actor clave en el mercado mundial de la tecnología cibernética, gran parte de la cual se centra en la vigilancia y el control de la población.
Una investigación de The Guardian, El País y Citizen Lab, el instituto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, concluyó en 2020 que políticos catalanes independentistas habían sido espiados a través de Pegasus, un programa creado por NSO Group Technologies, una empresa de tecnología israelí. Dos años antes, Citizen Lab había advertido que Pegasus se usaba en más de 45 países, incluidos Bahrein, Kazajstán, México, Marruecos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, todos países conocidos por su persecución de activistas de derechos humanos. Citizen Lab también reveló el papel de NSO Group en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
El Grupo NSO afirma vender sus productos a gobiernos para luchar contra el «crimen y el terror» pero tal y como señala el Observatorio Euromediterráneo para la Prevención del Extremismo Violento, esto significa poco dada la falta de consenso sobre qué es el terrorismo y la forma en que el término se usa políticamente para condenar la disidencia y debilitar el respeto por los derechos humanos. El uso de narrativas de seguridad es típico de los gobiernos que buscan justificar sus acciones o refutar acusaciones sobre su cuestionable respeto hacia los derechos humanos. Israel no es el único país que usa este discurso para perseguir a un pueblo, en este caso, el palestino.
Si bien la pandemia de la COVID-19 ha sido una crisis sanitaria y no de seguridad, esto no ha impedido que Israel busque vender sus tecnologías de seguridad para el control y la vigilancia de poblaciones. En agosto de 2020, se otorgó al ejército israelí un papel destacado en la lucha del país contra el coronavirus. El Grupo NSO anunció sus servicios para monitorear la crisis de salud COVID-19 y controlar los movimientos de población en todo el mundo. Ahora Israel está comercializando sus tecnologías para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia.
Una licitación de la Dirección de Cooperación de Defensa Internacional del Ministerio de Defensa de Israel argumentó que los estados necesitarían controlar y reprimir a las poblaciones debido a la devastación económica como resultado de la COVID-19. Ofrecía a los potenciales compradores su tecnología de recopilación de datos biométricos, sistemas de seguimiento de personas y vehículos, reconocimiento facial, monitoreo de matrículas, vigilancia celular y cibernética, así como software de bloqueo e interceptación de información que ha perfeccionado durante la pandemia. Los únicos países excluidos de la oferta fueron Irán, Líbano y Siria.
Con amigos como estos…
Mientras los estados estén comprando y vendiendo equipos y tecnología militar de y a Israel, no solo están aprobando implícitamente el estado colonialista de asentamientos de Israel y financiando su industria militar, sino que también están reproduciendo activamente sus medidas represivas.
Tras una reciente campaña de la sociedad civil, la Unión Europea puso fin a su contrato con los drones israelíes producidos por Elbit Systems para controlar a personas migrantes que buscan refugio, pero la presión continúa para que la UE rescinda otros dos contratos de Frontex con Elbit Systems. Durante la presidencia de Obama en 2014, Elbit Systems consiguió un contrato de 145 millones de dólares para instalar un "muro virtual" de torres de vigilancia permanentes en la zona fronteriza de Estados Unidos en el sur de Arizona, incluso en tierras indígenas de la Nación Tohono O’odham. A pesar de que Biden está retirando fondos para el muro físico construido por la administración de Trump, no hay señales de que Biden cancele el llamado muro "inteligente" que Elbit Systems está ayudando a construir.
Asistimos a una colusión similar, y en algunos casos incluso más fuerte, entre Israel y muchos regímenes de extrema derecha: Narendra Modi de India, Jair Bolsonaro de Brasil, Viktor Orbán de Hungría e Ivan Duque de Colombia han apoyado las políticas de Israel. Estos líderes de extrema derecha no solo están impresionados por la eficiencia del aparato militar y de seguridad de Israel para reprimir la oposición y la resistencia, sino que también están ideológicamente alineados y están a favor de construir relaciones militares sólidas con Israel.
India es actualmente el mayor importador de armas israelíes y recibe casi el 50 por ciento de las exportaciones de tecnología y equipos de defensa de Israel. El gobierno de Modi también enmendó recientemente la ley de ciudadanía de la India, agilizándola para los no-musulmanes de los países vecinos, pareciéndose mucho a la "ley de retorno" de Israel. La derogación del estatus especial de Cachemira allana el camino para la construcción de asentamientos al estilo israelí en el valle. En 2019, el cónsul general indio en la ciudad de Nueva York, Sandeep Chakravorty, incluso destacó los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada como un ejemplo de lo que India espera lograr en Cachemira.
Existen fuertes afinidades ideológicas entre el sionismo y el nacionalismo hindú (Hindutva). Vinayak Damodar Savarkar, un activista por la independencia de la India y padre ideológico de Hindutva, se inspiró en la Alemania nazi y en el movimiento sionista para abogar para que India se convirtiera en un estado etnocrático hindú que tratara a los musulmanes como a la población negra en los Estados Unidos de su época.
Los estrechos vínculos económicos van de la mano del intercambio de conocimientos militares, incluido el entrenamiento militar con Israel, técnicas de control de masas, estrategias de control de la disidencia, intimidación de defensores de derechos humanos, estrategias de mecanismos judiciales y extrajudiciales de tortura y desaparición.
Colombia, por ejemplo, ha recibido apoyo del Mossad, la agencia nacional de inteligencia de Israel durante décadas, y las relaciones entre mercenarios israelíes y grupos paramilitares de extrema derecha han sido probadas incluso en tribunales. Existe un grupo de trabajo bilateral de diálogo político-militar entre el gobierno de Colombia y el de Israel, que según el Ministerio de Defensa de Colombia “no solo es para intercambiar conocimientos y tecnología, sino también información de inteligencia y doctrinas”.
Además, instructores del ejército israelí han formado en técnicas de combate y contraterrorismo a soldados de la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia, y muchas empresas israelíes operan en Colombia, incluidas Elbit Systems, IAI y NSO Group. Elbit ha participado en importantes talleres en seminarios del ejército colombiano. En una llamada reciente entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Duque, el primero elogió al régimen asesino de Colombia: "Iván, tu liderazgo en la lucha contra el terrorismo es un ejemplo para el resto de América Latina".
Brasil está avanzando para "israelizar" sus políticas y adoptar más de sus prácticas. Por ejemplo, esto se refleja cuando el exministro de Defensa de Israel señala que "no hay gente inocente en Gaza", y el gobierno brasileño trata a todas las personas negras en las favelas que son asesinadas durante redadas policiales como "narcotraficantes".
Gizele Martins, activista y comunicadora comunitaria de una de las favelas más grandes de Río de Janeiro dice: “El objetivo central que persiguen Israel y otros gobiernos aliados como el de Brasil es el control de la población empobrecida para ganar tierras, colonizar sus vidas, dominar la tierra y la cultura. Veo que este proyecto avanza rápidamente aquí en Río de Janeiro. Para lograr este plan, las élites del mundo trabajan juntas, e Israel y sus armas y prácticas son muy útiles para estos gobiernos.”
En los EEUU, la campaña “Deadly Exchange” ha destacado la larga colaboración entre los EEUU e Israel en el entrenamiento policial a través de programas de intercambio entre la policía, la patrulla fronteriza y el FBI de EEUU con soldados, policías, agentes fronterizos y otro personal de seguridad de Israel. En estos programas se comparten las "peores prácticas" discriminatorias y represivas, que incluyen la discriminación por perfil racial, el espionaje y vigilancia masivos, la deportación y la detención, y los ataques a defensoras de los derechos humanos. Estos intercambios son organizados por una variedad de actores gubernamentales y no gubernamentales, incluido el Instituto neoconservador Judío de Seguridad Nacional de América (JINSA), la Liga Antidifamación e incluso Birthright.
La necesidad de boicotear a Israel
El complejo industrial militar israelí está extendiendo la muerte y la represión por todo el mundo. El régimen israelí de apartheid, colonialismo de asentamientos y ocupación pone de manifiesto las conexiones entre las luchas internacionales feministas, antirracistas, anticoloniales, queer, anticapitalistas y antifascistas, por un lado, y las conexiones globales entre los oponentes de los valores progresistas y los derechos humanos por el otro. Aquellos que quieren negar a las mujeres el control sobre sus propios cuerpos son los mismos que apoyan la limpieza étnica en Palestina y se oponen al BDS; los que no permiten que las personas que buscan refugio se queden en Europa son los mismos que niegan la existencia del cambio climático.
Los crímenes que comete Israel contra el pueblo palestino no se quedan en los territorios ocupados. Se transforman en conocimiento que luego se vende para que las empresas israelíes e internacionales puedan beneficiarse de ellos. Como dijo la congresista estadounidense Cori Bush, “La lucha por las vidas de las personas negras y la lucha por la liberación de Palestina están interconectadas. Nos oponemos a que nuestro dinero se destine a financiar la vigilancia militarizada, la ocupación y los sistemas de opresión violentos y traumatizantes.”
Mientras que Israel se beneficie de la represión, la violencia contra el pueblo palestino continuará. Un alto al fuego en Gaza no ha terminado con la represión del apartheid israelí y la brutalidad colonial hacia todas las personas palestinas. Aunque la violencia de Israel solo aparece ocasionalmente en los medios internacionales, el pueblo palestino se enfrenta a la brutalidad de Israel a diario.
Esta violencia de Israel es parte de la Nakba continua, la limpieza étnica del pueblo palestino por parte de Israel que dura ya 73 años. Es parte de un proyecto racista y colonial destinado a expulsar, reprimir y someter al pueblo palestino. También constituye apartheid, una descripción que las palestinas han defendido durante mucho tiempo, que ahora cuenta con el apoyo de organizaciones israelíes e internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch.
Entender la lucha palestina como una lucha fundamentalmente antirracista y anticolonial, ha unido a movimientos de todo el mundo por Palestina de forma interseccional. En las últimas semanas, hemos visto una gran muestra de solidaridad generando un sentimiento compartido de que algo ha cambiado. Muchas personas que antes no se atrevían a hablar sobre los derechos de las palestinas ahora se han pronunciado contra el apartheid israelí. A pesar de las décadas donde Israel ha intentado dividir y conquistar al pueblo palestino, el éxito de la huelga general del 18 de mayo es una prueba de la actual unidad entre las palestinas, ya sean ciudadanas de Israel o vivan sitiadas en Gaza.
Pero mientras el pueblo de Gaza intenta reconstruir sus vidas después de una devastación incalculable y en el contexto de un brutal bloqueo, podemos estar seguras de que Israel una vez más comercializará su industria militar y de seguridad, que, como dijo Yara Hawari, ha sido mostrada en todas las pantallas de TV en todo el mundo recientemente.
Un claro ejemplo son los medios de comunicación que muestran entusiasmo hacia la "Cúpula de Hierro" de Israel. Ya en 2017, el Reino Unido compró un sistema de defensa israelí conocido como “Sky Sabre”, basado en tecnología desarrollada para la Cúpula de Hierro, para ayudar a defender las Islas Malvinas frente la costa de Argentina. No pasará mucho tiempo antes de que representantes gubernamentales lleguen a Israel para comprar las últimas armas y tecnología israelíes “probadas en combate” para sus propias guerras contra países vecinos o contra su propia gente.
Desde 2005, el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) liderado por el pueblo palestino, no violento y antirracista, pide a la comunidad internacional que actúe hasta que Israel respete los derechos de las palestinas. Cada vez más grupos como sindicatos, artistas y organizaciones estudiantiles se pronuncian sobre los derechos del pueblo palestino. Fondos de pensiones y empresas han decidido desinvertir del apartheid israelí.
La sociedad civil puede y debe ejercer presión para poner fin a la impunidad de Israel. Al igual que con el apartheid en Sudáfrica, no será hasta que Israel esté aislado política, económica y culturalmente que se verá obligado a poner fin a su régimen de apartheid. Dado que Israel es un eje en la exportación de la represión de la disidencia en otros lugares, el BDS como herramienta interseccional y anticolonial puede contribuir a terminar con los lazos con los opresores en todas partes. Por eso es necesario un boicot urgente a Israel, por el bien del pueblo palestino y por todas nosotras.
Créditos fotográficos
Foto 1: RJA1988 at Pixabay
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
[1] Este artículo es una versión reducida del artículo publicado en el informe de TNI State of Power 2021, y apareció en ROAR Magazine, 7 de junio de 2021.
Devenir negro: Poder coercitivo, Estado y racismo en tiempos de crisis
Devenir negro: Poder coercitivo, Estado y racismo en tiempos de crisis
Entrevista a Olúfémi Táíwò y Achille Mbembe
Nick Buxton y Shaun Matsheza
Estado del Poder 2021
El movimiento Black Lives Matter no solo puso en evidencia la brutalidad de la policía estadounidense, sino que ha impulsado una oleada sobre el racismo sistémico y el poder estatal coercitivo en todas partes. Para la décima edición del Estado del poder de TNI nos complació, por tanto, reunir a dos brillantes pensadores sobre el capitalismo racial actual. Achille Mbembe es un innovador filósofo con numerosos libros que desde mediados de la década de los ochenta han expuesto cómo la colonialidad conforma la democracia, la identidad y la modernidad. Olufemi Taiwo es un reciente pensador y prolífico escritor cuyo trabajo teórico se inspira ampliamente en la tradición radical negra y el pensamiento anticolonial. También ha escrito extensamente sobre justicia climática. En esta fascinante conversación de amplio alcance, nos ayudan a comprender el poder estatal coercitivo actual, rastreando sus raíces en el colonialismo y examinando la forma en que ha dado forma a nuestras instituciones de seguridad contemporáneas.
Olúfémi Táíwò
Photo by Jared Rodríguez |
Achille Mbembe
Credit: ©DW/Stefan Möhl |
Nick: ¿Por qué vivimos en una era de creciente control autoritario de los Estados? Hace algunos decenios, parecíamos alejarnos del mundo del autoritarismo tras la caída del Muro de Berlín. Había una sensación de apertura en el mundo. Y, sin embargo, hoy pareciera que vamos en otra dirección. ¿Cómo explican lo que está sucediendo?
Achille: Es una cuestión muy compleja. Un modo de abordarla es que siempre ha existido antagonismo entre capitalismo y democracia. Tras la Segunda Guerra Mundial, ambos sistemas llegaron como a un acuerdo. Había una especie de paz tácita. A medida que se puso fin a los regímenes coloniales, nuevos Estados se integraron al orden mundial, aunque este seguía siendo profundamente jerárquico. Sin embargo, desde finales del siglo XX, con la globalización y las transformaciones constantes del neoliberalismo, la democracia y, en cierta medida, el propio Estado se vaciaron de contenido.
A través de una serie de mecanismos, como la deuda, los Estados se endeudaron con empresas y con el poder corporativo. Lo que queda del Estado es un aparato coercitivo al servicio de un sistema económico, cuya función principal es mercantilizar toda forma de vida.
El aumento de la tecnología ha dado lugar a la aceleración de prácticas depredadoras. La explicación de un giro autoritario, incluso de las supuestas democracias liberales, radica en la intersección de estas crisis múltiples: la concepción depredadora de la vida, la tecnologización y el saqueo del planeta.
Olufemi: Mi explicación es bastante similar. Supongo que lo único que agregaría es el contexto más amplio de alrededor de cinco siglos de colonialismo, donde las colonias estaban bajo un régimen autoritario muy explícito, orientado por sistemas de apartheid racial.
La esperanza de que nos encaminábamos hacia un período de libertad y democracia liberal fue un reflejo de una época excepcional, basada en líneas de batalla geopolíticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se lo mostró de un modo absurdo, como el enfrentamiento entre la democracia liberal defensora de la libertad y los regímenes comunistas contrarios a ella, sin tener en cuenta que muchos Estados se encontraban bajo el control colonial, autocrático, imperialista y de jerarquía racial de las llamadas democracias liberales.
Además, al finalizar la Guerra Fría geopolítica, no resulta sorprendente que después de 1989 no sobrevino un período de libertad y democracia liberal, sino de represión estatal y privada sin trabas.
Nick: En ese contexto, ¿cómo podemos entender mejor el poder coercitivo y la violencia del Estado que están en juego hoy en día?
Achille: Me parece que hay diferentes formas de violencia estatal infligida en categorías específicas de personas –población negra, minorías, mujeres, las personas más vulnerables– por la policía, las cárceles, los militares, los guardias de fronteras en todas partes. Llamémosle violencia maquinal. Es una violencia directa, inmediata, visible y a menudo homicida, como vimos en el caso de George Floyd y Breonna Taylor. La lista es interminable: muchísimas personas son asesinadas, desplazadas o expulsadas.
Pero también hay otra violencia “lenta” que es más distante, gradual y menos perceptible. Aquí me baso en la obra de Rob Nixon, que describe una destrucción tardía y dispersa a través del tiempo. Así es como percibo el racismo.
De modo que tenemos estas dos formas de violencia: la visible e inmediata y la lenta y tardía, que juntas forman un aparato de agotamiento que ataca no solo el cuerpo, sino también los nervios. Este aparato es cada vez más tecnológico, cada vez más algorítmico. El racismo algorítmico será la forma de racismo que experimentaremos en el futuro, que irradiará y se volverá viral como un poder cambiante.
El racismo contemporáneo se basa en la interconexión entre lo radioactivo y lo viral. El desafío es cómo combatirlo.
©minivan La violencia de los policías contra un manifestante. La manifestación prevista para el 10 de noviembre de 2006 por el Partido Democrático de Maldivas. Se planeó que la manifestación fuera una protesta pacífica para expresar su frustración por la lentitud de las reformas constitucionales necesarias para unas elecciones multipartidistas justas. Esto se enfrentó a una brutal represión de la libertad de reunión, viaje y expresión y la detención de más de un centenar de activistas del MDP, funcionarios y deportistas en el período previo a la manifestación. La manifestación finalmente fue cancelada por el MDP para evitar la violencia y la fuerte represión del gobierno.
Nick: Entonces, ¿podrían definir los agentes de esta brutalidad y qué funciones cumplen?
Olufemi: Debemos entender para qué fueron diseñadas las instituciones como la policía. Creo que la respuesta a la pregunta es muy clara: surgieron de instituciones como las patrullas de esclavos y los grupos paramilitares con el fin de disciplinar la fuerza de trabajo y vigilar y disciplinar a inmigrantes y esclavos. Es decir que su finalidad es en gran medida distribuir la inseguridad. No existen para hacer que la sociedad en conjunto sea más segura, sino que existen para que determinadas personas, determinados elementos y determinados grupos dentro de la sociedad estén seguros, lo cual es muy diferente.
Y en cuanto a otras instituciones como el ejército, creo que son instituciones diferentes que desempeñan la misma función. Hay algunas diferencias respecto a cómo se organizan geográficamente, pero estas instituciones sirven fundamentalmente el mismo fin y no resulta sorprendente que también compartan tácticas, recursos e información.
Hay muchos ejemplos notables de cómo estas instituciones distribuyen la inseguridad, pero como nigeriano-estadounidense y ante el aumento de las manifestaciones #EndSARS [contra la brutalidad policial], poner la mirada en Nigeria tiene sentido. Afrobarometer realizó una encuesta recientemente según la cual más de tres cuartas partes de las personas nigerianas consultadas admitieron haber pagado sobornos a la policía. Muchas de ellas habían pagado los sobornos para obtener asistencia policial, de modo que está claro que se trata de una institución que ejerce extorsión, en lugar de brindar seguridad. Está muy lejos de ser una institución para “servir y proteger”, como decimos aquí en Estados Unidos.
Por lo tanto, pensamos que este aspecto del poder coercitivo del Estado consiste en distribuir seguridad mediante la distribución de inseguridad, ya no es algo contradictorio ver el aumento del control policial militarizado, el encarcelamiento y el colonialismo, al mismo tiempo que disminuye el Estado de bienestar, porque ambos se mueven en la misma dirección para hacer que algunas personas estén más seguras mientras que se perpetúa la inseguridad de otras.
Achille: Observamos un aumento del racismo armado en muchas sociedades del mundo entero. Por supuesto que el racismo armado no es un fenómeno nuevo. La función de la policía, del ejército, de todos los brazos coercitivos del Estado debe entenderse dentro de la arquitectura racista de la que surgió.
Pero ahora estamos observando que la separación entre la policía y el ejército se está volviendo más turbia. La policía nunca ha estado tan militarizada y actuado como un ejército contra su propia población. En el sistema político tradicional, el ejército se enfrenta a enemigos extranjeros y la policía se encarga del orden interno. Sin embargo, estas divisiones están desapareciendo, al igual que las divisiones entre la policía y la milicia.
Estamos ante una reorganización universal del poder y de la violencia discriminatoria en todo el mundo. Esto hace que muchas personas mueran en forma prematura y otras no. También se le puede llamar seguridad o inseguridad, como mencionó Olufemi. Nos recuerda una vez más que surgió del colonialismo, que fue el laboratorio en el que se desarrolló y experimentó con este orden moderno.
En cuanto a hacia dónde se dirige, creo que los agentes de la brutalidad se han vuelto más descentralizados que nunca y más abstractos. Aún operan a través de aparatos tradicionales del Estado, como la policía, el sistema judicial, el sistema carcelario. Sin embargo, a todo ello subyace el creciente papel de la programación a medida que la coerción se vuelve más tecnológica.
En el modo en que redistribuye la brutalidad, la programación es abstracta porque codifica a las personas. No es solo convertir a las personas en números, sino convertirlas en un código, en datos que pueden almacenarse, distribuirse y con los que el capital financiero, entre otros, puede especular. De modo que hay una desmaterialización del propio Estado, a medida que cede algunas de sus funciones a estas tecnologías, que parecen neutrales, pero no lo son. Es decir que, a pesar de que aún hay policías que detienen a un hombre negro en Minnesota y lo matan apoyándole la rodilla en el cuello, la destrucción de quienes son considerados superfluos también se está externalizando a máquinas nuevas.
Shaun: ¿Cómo ocurre esto en el Sur global, en términos de la historia colonial y de los líderes y las estructuras poscoloniales que siguen reprimiendo a su población?
Olufemi: En la historia más extensa del colonialismo, siempre ha sido difícil para los imperios proyectar poder fuera de su terreno geográfico y social, de modo que siempre han intentado reclutar personas en posiciones de mediano rango y dividir al pueblo al empoderar a una sección de la población. El comercio transatlántico de esclavos no hubiera ocurrido sin el conocimiento de Europa de las redes comerciales y relaciones sociales.
Hoy en día, aspectos importantes de las estructuras sociales mundiales relacionados con la producción económica y la distribución de la riqueza se deciden a nivel multinacional, a través de instituciones de Bretton Woods y en formas como el índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business Index). Su objetivo es liberalizar las economías de estos países para facilitar la gobernanza transnacional del capital en la forma de la corporación. De modo que Microsoft, Motorola, Alphabet, los fabricantes de acero y las grandes empresas del agronegocio, que están lejos de una perspectiva materialista, gobiernan el mundo. Hasta que no aceptemos este hecho, no creo que logremos entender el papel del Estado.
Achille: Creo que Olufemi lo explicó muy bien. Aunque ha habido olas de descolonizacíon, es importante recordar que incluso a finales del siglo XX, lugares como Sudáfrica (y gran parte de África del Sur) estaban gobernados por una forma de colonialismo feroz, colonialismo de colonos, basado en la idea de que ciertas razas son superiores a otras.
De modo que si bien la descolonización ha ocurrido, ello no significa que el colonialismo haya terminado. Algunas partes del mundo siguen estando bajo ocupación colonial, lugares como Cachemira, Palestina y otros. Pero lo que es más importante, la colonialidad ha permanecido. Este es un régimen en que algunas personas son consideradas desechables y, sin embargo, indispensables. Ese es el modo en que funcionaba el régimen racial. Necesitamos su fuerza, su trabajo, pero también podemos deshacernos de ustedes del modo que queramos. Es esta dialéctica de la desechabilidad y la indispensabilidad que se está acelerando hoy en día y está dando lugar a una política de abandono, una política de descuido.
Shaun: Entonces, ¿cómo escapamos de la colonialidad en el Sur y el Norte global?
Olufemi: Debemos elaborar una verdadera política estructural. La solución no es tan simple como poner en el poder a alguien que se parezca a ti. El problema con la política de la identidad es que se centra en quién es malo y quién es bueno, quién es el opresor y quién el oprimido, quién es la víctima y quién es el victimario. Pero cualquier historia coherente del colonialismo muestra la contribución y la complicidad de los comerciantes, los esclavistas y los burócratas africanos. Debemos entender los motivos estructurales de la dominación y el racismo, y forjar una forma de política menos depredadora.
Por lo que si observamos, por ejemplo, la inseguridad de la vivienda o el encarcelamiento en Estados Unidos o a nivel internacional, vemos que existen fuertes divisiones raciales. Sin embargo, los motivos son complicados y las soluciones también lo serán. Debemos estructurar nuestro mundo político para defender nuestra seguridad mutua, en lugar de defender las ganancias o las pretensiones de control de algunas personas, o el deseo de perpetuar una política colonial, como explicó Achille.
Nick: ¿De qué modo los movimientos sociales deberían relacionarse con el Estado en esta lucha? El Estado es considerado un baluarte importante para proteger a sus ciudadanos del capital frente al poder corporativo y las fuerzas del mercado. Sin embargo, hemos dicho que los movimientos sociales también sufren la violencia del Estado.
Olufemi: Es cierto que existe una tensión, pero vale la pena señalar que los movimientos por la justicia no deberían oponerse al poder coercitivo en sí. Los revolucionarios cubanos, el Frente de Liberación de Mozambique, los combatientes de Cabo Verde, Angola y Zimbabwe todos utilizaron el poder coercitivo para deshacerse del colonialismo. A veces la conversación sobre el poder coercitivo en la forma del Estado o de cualquier otra estructura se moraliza en exceso. El poder en general es una herramienta, y cómo la evaluamos moralmente depende de cómo se la utiliza y con qué fin.
No obstante, creo que deberíamos centrarnos en hallar formas de explotar el Estado y, más concretamente, de aprovechar las diferencias entre los intereses del Estado y el capital. El Estado y el capital han sido demasiado “amigos” en las últimas décadas, y la incapacidad de los movimientos sociales de enfrentar a uno con el otro ha provocado el consenso neoliberal. Eso ha llevado a la política del abandono y a la disminución de las responsabilidades del Estado sin ninguna ganancia compensatoria para la mayoría de las personas del planeta.
Por eso creo que las demandas por el control público del Estado y por asignar al Estado la responsabilidad de las funciones que han adoptado instituciones corporativas coloniales es una buena opción táctica.
Nick: ¿Cuáles consideran que son algunas de las dinámicas cambiantes con respecto al poder coercitivo del Estado de cara al futuro?
Achille: En un libro que publiqué hace unos años, me referí a algo denominado el “devenir negro del mundo”. En el lado occidente del Atlántico, bajo el régimen de esclavitud en las plantaciones, las personas consideradas negras eran gobernadas por el “Code Noir”, el código negro. Este era un mecanismo jurídico que permitía a quienes gobernaban tratar a las denominadas personas negras de un modo que nadie más era tratado.
Hoy en día podemos ver que el neoliberalismo está en crisis y, por consiguiente, debe depender cada vez más en un Estado no liberal para apuntalar sus objetivos. Esto significa que cada vez más personas serán gobernadas por el código negro. Más personas serán gobernadas como si fueran personas negras, con todo lo que ello implica: violencia arbitraria, denegación de derechos, exposición a todo tipo de riesgos, muerte prematura.
Esta universalización del código negro ocurrirá mientras el mundo está en llamas, el planeta está en llamas porque alcanzó su límite. De modo que debido a la crisis ecológica, el mundo se está volviendo cada vez más inhóspito. Si reflexionamos en la habitabilidad del planeta, tenemos que pensar seriamente en cómo crear convergencias entre la lucha contra el racismo y las luchas ecológicas para regenerar el planeta. Ambos son inseparables.
La tercera dinámica será el cambio tecnológico, que se ha convertido en nuestro biotopo, el medio o entorno que cada vez más define quiénes somos y nuestro futuro. Ello implicará nuevas luchas para reapropiarnos de la tecnología para la emancipación humana, así como la emancipación en general. Necesitamos una emancipación que incluya a los seres humanos y no humanos, porque el destino de los humanos está, ahora más que nunca, vinculado con el destino de otras especies. La época en que vivimos requiere un proyecto de múltiples especies.
Olufemi: No podría estar más de acuerdo con lo que dijo Achille. Si pudiera, lo gritaría para que me escuchen en todo el mundo.
Creo que el análisis del código negro y el modo en que ha llevado a un mundo racialmente estratificado son clave. Algo que las personas quizá reconozcan, pero que no parece formar parte de su panorama más sistémico, es que ser una persona negra hoy en día no significa necesariamente haber sido esclavizado en el sentido de la esclavitud tradicional. También hubo poblaciones de personas liberadas, personas mestizas que experimentaron diferentes restricciones y tenían derechos políticos. Sin embargo, ser una persona negra significaba que podía sucederte a ti y que era muy probable que te sucediera si te encontrabas en el lugar equivocado del mundo, en el siglo equivocado.
La intención no es minimizar la historia de la dominación racial, sino aclarar la naturaleza del sistema. De modo similar, si observamos el otro extremo de la jerarquía racial, ser blanco no significaba tener el poder, significaba que había un mínimo, un nivel de explotación laboral por debajo del cual no podías caer, que no serías tratado como propiedad de otro.
Creo que reconfigurar estos términos categóricos en términos probabilísticos ayuda a entender la definición de racismo de Ruth Wilson Gilmore como diferencias de grupos y vulnerabilidad a la muerte prematura, así como también el argumento de Achille sobre el modo en que el mundo en una era de crisis climática y ecológica se está volviendo más “negro”.
Muchos de los derechos y privilegios de algunas personas que son tratadas como parte de ser blanco, de hecho, dependen de la estructura social específica en la que viven, de su riqueza y el poder de distribuirla en formas discriminatorias. Entonces, debido a que Estados Unidos tiene la riqueza, pudo crear una clase media con privilegios económicos por encima de la clase inferior racializada. Los derechos y la libertad dependen de la nación de una población, de su posición geopolítica, que depende de su producción económica. Esto, a su vez, depende del cielo, la lluvia, el aire y el agua, las plantas y los animales, aspectos que ya no tendremos el lujo de dar por sentados en este siglo.
Por lo tanto, los derechos y las protecciones que las personas consideran parte de su posición en la jerarquía social de hecho dependen de las formas específicas en que el mundo ha evolucionado y está cambiando.
La mayoría de quienes tenemos la capacidad y los recursos hemos tenido el privilegio durante mucho tiempo de salir a la calle sin mascarilla y, sin embargo, ahora no podemos hacer las cosas que pensamos que formaban parte de nuestra posición social. Se nos deniega ese privilegio por motivos relacionados con acontecimientos del mundo natural y las respuestas de nuestro sistema social. Esa será cada vez más la historia de la política en este siglo.
Tenemos que darnos cuenta de que nuestro destino está vinculado al destino de toda la especie humana, y no la especie falsa basada en la raza, y que también está vinculado a nuestra dependencia de la ecología, los animales, las plantas, el aire y el agua. Hasta que no nos demos cuenta de que nuestros destinos están interconectados, estaremos en problemas.
Se han adoptado medidas tranquilizadoras en ese sentido. Por dar dos ejemplos: en Estados Unidos, donde vivo, hay tendencias alentadoras en los movimientos de los trabajadores. Hay un resurgimiento de la “negociación colectiva por el bien común”, una práctica de los trabajadores organizados para realizar demandas contractuales en asociación con o en busca de beneficios para una comunidad más amplia. Además, el año pasado en Minneapolis, miles de miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) –muchos de ellos inmigrantes de países como Somalia, Nepal, México y Ecuador– llevaron a cabo lo que se ha denominado la “primera marcha por el clima” en la historia de Estados Unidos para exigir negociaciones explícitamente con respecto a salarios, discriminación por motivos de género y cambios en las condiciones laborales para disminuir las emisiones de carbono de su trabajo.
En Sudáfrica, hay iniciativas para construir ecologías sociales y políticas más amplias centradas en las personas: desde comedores comunitarios y ollas populares en la Universidad del Estado Libre, hasta la lucha más amplia por la soberanía alimentaria en todo el país. Estas iniciativas son importantes, junto con los intentos a nivel nacional de la Carta de Justicia Climática para combatir el control empresarial del agua. Se trata de un conjunto de luchas realmente instructivas de las que vale la pena extraer lecciones. Y si aprendemos de ellas, podremos elaborar nuestras propias versiones locales.
Versión editada de la transcripción de la entrevista a Olúfémi Táíwò y Achille Mbembe realizada por Nick Buxton y Shaun Matsheza del TNI.
Achille Mbembe es filósofo, politólogo, intelectual y catedrático del Instituto Wits para la Investigación Social y Económica en Johannesburgo, Sudáfrica. Sus obras principales incluyen On the Postcolony (2001), La crítica de la razón negra (2016), Necropolítica (2019), Out of the Dark Night: Essays on Decolonization (2020) y Brutalisme (2020).
Olúfémi Táíwò es profesor adjunto de Filosofía de la Universidad de Georgetown. Escribe periódicamente sobre justicia climática, racismo y colonialismo.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
Créditos Fotográficos:
Foto 1: Nombre del archivo: LOJ074SE0003-TaiwoMbembe-1 Crédito: Jon Lowenstein/Noor / IG: @jonlowenstein / Twitter: @jonlowenstein
Pie de foto: USA, Missouri, Ferguson, 2014, El fin de semana anterior al veredicto del Gran Jurado, los residentes del vecindario de Canfield y los manifestantes marcharon hacia el monumento donde Michael Brown fue asesinado. Allí mantuvieron un momento de silencio y rezaron para que se hiciera justicia para Mike Brown. El lunes por la noche se hizo evidente que no habría justicia ya que el Gran Jurado decidió no acusar al oficial Darren Wilson de ningún cargo. Los manifestantes explotaron después del veredicto y quemaron 21 edificios y causaron mucho más daño a la ciudad.
Foto 2: Nombre del archivo: 00005533-TaiwoMbembe-2 Crédito: ©minivan
Pie de foto: La violencia de los policías contra un manifestante. La manifestación prevista para el 10 de noviembre de 2006 por el Partido Democrático de Maldivas. Se planeó que la manifestación fuera una protesta pacífica para expresar su frustración por la lentitud de las reformas constitucionales necesarias para unas elecciones multipartidistas justas. Esto se enfrentó a una brutal represión de la libertad de reunión, viaje y expresión y la detención de más de un centenar de activistas del MDP, funcionarios y deportistas en el período previo a la manifestación. La manifestación finalmente fue cancelada por el MDP para evitar la violencia y la fuerte represión del gobierno.
El complejo del 11 de septiembre: la economía política de la lucha contra el terrorismo
El complejo del 11 de septiembre: la economía política de la lucha contra el terrorismo
Azfar Shafi
Estado del Poder 2021
La "lucha contra el terrorismo" es un conjunto de políticas, una ideología, un proyecto político y, cada vez más, una industria. Comprender y confrontar la economía política subyacente en la lucha contra el terrorismo será fundamental en cualquier estrategia para abordar las cuestiones de violencia estatal y policial y de la industria de la seguridad.
Cuando Hilal al-Jedda huyó a Gran Bretaña en 1992, en busca de asilo del gobierno de Saddam Hussein en Irak, no había detectado las placas tectónicas de la política mundial moviéndose bajo sus pies, ni imaginó que algún día se vería atrapado en sus convulsiones.
Durante las décadas siguientes, Irak se convertiría en el escenario en el que se desarrollaría una nueva era posterior a la Guerra Fría. Iniciada por la primera guerra del Golfo, que terminó un año antes de la llegada de al-Jedda a Gran Bretaña, alcanzó su apogeo devastador con la invasión de Irak en 2003.
Amparados por estas brutalidades gemelas hubo una serie de realineamientos políticos y de seguridad –globales, regionales y nacionales– que llegarían violentamente a moldear las vidas de al-Jedda y de otros como él.
El mundo de la posguerra fría todavía se centró, como antes, en la explotación del Sur global. Décadas después de la independencia formal, los estados del Sur vieron su frágil soberanía destrozada por las políticas económicas y militares impuestas por el Norte. Las políticas de ajuste estructural (PAE) impuestas por el FMI incorporaron un orden neoliberal global para enriquecer al Norte, mientras que la creación de organismos regionales como la Unión Europea (UE) consagró su dominio político y económico. El bando victorioso de la Guerra Fría necesitaba mecanismos tanto para mantener una jerarquía global de estados como para contener las consecuencias humanas dentro del Sur.
Los marcos de “seguridad nacional” y de “lucha contra el terrorismo”[1] ayudaron en esta tarea. Facilitaron la construcción de aparatos de seguridad internacional para consolidar el poder estatal, principalmente en el Norte, así como la creación de sistemas policiales transnacionales para monitorear y gestionar sus respectivas poblaciones.
En Gran Bretaña, como en otras partes de Europa, este proceso tomó la forma de una guerra contra los derechos de los solicitantes de asilo y los migrantes que eventualmente conduciría a una guerra interna contra el “terrorismo islamista” bajo la “Guerra Global contra el Terrorismo” (GWOT) iniciada el 11 de septiembre de 2001. La figura del solicitante de asilo del “Tercer Mundo” se desdibujó casi a la perfección con la del “terrorista”, y los poderes policiales para monitorear y controlar ambos se superpusieron en gran medida.
Para al-Jedda, este nuevo clima político lo vería privado dos veces de su ciudadanía británica por decreto ministerial. Esto fue posible gracias a una serie de leyes aprobadas por el Gobierno británico en nombre de la protección de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, leyes que han provocado una violencia espectacular, desde redadas al amanecer hasta la revocaciones de ciudadanía, y muchas violaciones silenciosas de la dignidad de la población.
Las recientes decisiones de retirar fondos y / o abolir la policía militarizada han supuesto un avance muy bienvenido pero, con pocas excepciones, todavía tiene que abordar la cuestión de la policía "antiterrorista". Esto es así a pesar de que el crecimiento de la policía y la vigilancia modernas "antiterroristas" es un medio clave a través del cual los poderes estatales coercitivos se han transformado, de hecho, en la forma a través de la cual lo que queda del Estado de bienestar se ha reconstruido en un Estado de seguridad.
Por esta razón, los organizadores que contrarrestaron las políticas de seguridad experimentaron un silencioso malestar por las noticias ampliamente bien recibidas del Ayuntamiento de Minneapolis tras los levantamientos de Black Lives Matter (BLM) de 2020. El Ayuntamiento aprobó una resolución para reemplazar la fuerza policial de la ciudad, pero su propuesta de «sistema de seguridad pública liderado por la comunidad» tenía ecos inquietantes de los programas de vigilancia “contra-extremismo” que han proliferado en todo el mundo, y que, lejos de representar un retroceso de la lógica de la policía, señalan su expansión cualitativa.
Parte de la dificultad para abordar las políticas antiterroristas es que la resistencia a menudo se ha mantenido en el ámbito legal, presentándolas como violaciones discretas de derechos o protocolos que deben combatirse a través de los tribunales, además de que esta oposición se basa frecuentemente en que las políticas son racistas y / o islamofóbicas.
Ninguno de estos enfoques carece de mérito, pero tampoco es suficiente. Conectar la lucha contra el terrorismo con la cuestión de la policía es en general un paso vital para hacer avanzar las luchas contra la violencia policial y estatal. Nos obliga a ampliar nuestra comprensión de la policía, en un espacio donde los límites entre la sociedad y la seguridad se vuelven confusos. También nos obliga a enfrentarnos a los límites de las estrategias de violencia contra el Estado que se arraigan en marcos de legalismo o moralismo que no abordan ni la política ni la economía política subyacente en el contraterrorismo.
La "lucha contra el terrorismo" es un conjunto de políticas, una ideología, un proyecto político y, cada vez más, una industria. Ha sido generado por la dinámica entre estados dentro del sistema global; a través de las maquinaciones de diferentes partidos políticos en los gobiernos y sus respectivas agendas; y a través de una red en expansión de operadores y bloques de poder que buscan encontrar un nicho dentro de la industria de la seguridad.
Este ensayo rastrea el desarrollo del Estado de seguridad moderno en Gran Bretaña, mapea la economía política del contraterrorismo y busca ofrecer posibilidades para organizar estrategias contra el contraterrorismo y las políticas de seguridad.
El complejo antiterrorista
Hilal al-Jedda se regularizó como ciudadano británico en 2000, pero solo siete años después fue privado de su ciudadanía, algo que fue posible gracias a una enmienda a la Ley de Inmigración, Asilo y Nacionalidad (2006), que se introdujo como parte de la ley del gobierno de represión antiterrorista tras los atentados de Londres en julio de 2005. La ministra del Interior, Jacqui Smith, emitió la orden de privación mientras al-Jedda estaba internado por las fuerzas de ocupación británicas y estadounidenses durante una visita de regreso a Irak. Estuvo detenido en Irak durante más de tres años, pero nunca fue acusado ni denunció abusos físicos durante su internamiento.
La eliminación de su ciudadanía fue anulada temporalmente por la Corte Suprema, pero eso no impidió que el gobierno británico le privara de su ciudadanía por segunda vez en 2013. Esto fue posteriormente legitimado por una enmienda a la Ley de Inmigración (2014), que consagró la capacidad del gobierno de convertir a los ciudadanos británicos en apátridas a través de una privación con la que teóricamente son elegibles para reclamar la ciudadanía en otro lugar.
Para recuperar su ciudadanía entre las dos órdenes de privación, al-Jedda, desde su nuevo hogar en Turquía, tuvo que luchar con la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración (SIAC), tribunal extraordinario que permite pruebas secretas y mecanismos legales opacos, introducido en 1997 con el propósito de tratar casos de 'seguridad nacional'.
El caso de Al-Jedda ilustra solo algunas de las políticas introducidas en nombre del “contraterrorismo”, el “contra-extremismo” y el marco general de la “seguridad nacional”, que ahora encontramos a docenas en los libros. Políticas que han servido para fortalecer los órganos de violencia estatal. Estos han ampliado los poderes disponibles para la vigilancia policial y control de la inmigración, asumiendo poderes contra la disrupción que permiten un mayor control coercitivo de grupos e individuos.
Hoy en día, incluso ver cierto contenido en línea o poseer ciertos documentos puede ser procesado como “terrorismo”, como lo ilustra el caso de la mujer musulmana galesa Umm Ahmed, encarcelada por tener revistas en su teléfono, a pesar de que el juez declaró que no significaban ninguna amenaza ni intención de cometer actos de violencia. Aquellos lo suficientemente desafortunados como para ser condenados por delitos de terrorismo pueden quedar sujetos a largas penas de prisión, además de otros delitos en virtud de leyes no terroristas. Una vez dentro, pueden ser apartados en alas de segregación extremistas para su máximo control y, una vez liberados, pueden ser sometidos a una vigilancia exhaustiva y restricciones de movimiento, así como a redadas policiales potencialmente ilimitadas en sus hogares[2].
El ámbito de la lucha contra el terrorismo se extiende más allá del ámbito penal. Los pasajeros en los puertos pueden ser sometidos a controles del "Nivel 7" sin sospecha previa (controles de detención y registro amparados en poderes reforzados), a menudo de manera arbitraria, a veces estimulados por la vigilancia de la extensa arquitectura de recopilación de inteligencia del Reino Unido. Tales prácticas pueden poner en marcha una serie cada vez mayor de intervenciones antiterroristas que conduzcan al acoso policial recurrente, la incautación de pasaportes y otras medidas.
Los poderes de privación de ciudadanía utilizados contra al-Jedda, por ejemplo, no requieren que se pruebe la culpabilidad de ningún delito para poder ejercerlos.
El antiterrorismo Británico hoy
La columna vertebral legislativa del vasto complejo antiterrorista de Gran Bretaña es la Ley contra el terrorismo (2000), que consolidó los poderes en virtud de la Ley de prevención del terrorismo (1974) y sus sucesoras.
En 2020, el presupuesto para la policía antiterrorista solo en Gran Bretaña fue de 906 millones de libras de un presupuesto nacional general de funciones policiales de 15.200 millones de libras, mientras que la Revisión de gastos de 2021 del gobierno anunció una financiación multimillonaria de un Centro Nacional de Operaciones contra el Terrorismo[3]. La Estrategia contra el terrorismo de 2018 se comprometió a invertir 1.400 millones de libras en las agencias de seguridad e inteligencia, además de 2.000 millones destinados a las capacidades antiterroristas de las Fuerzas Especiales como parte de un aumento del 30% en términos reales del gasto en contraterrorismo, junto con 500 millones de libras esterlinas para "proteger a los ciudadanos del Reino Unido de amenazas terroristas".
Evidentemente, sin restricciones por preocupaciones sobre la escasez de recursos, el complejo antiterrorista ha crecido a niveles históricamente sin precedentes en su alcance y capacidades: de hecho, en 2021, las leyes antiterroristas británicas pueden incluso perseguir "delitos terroristas" cometidos en el espacio.
Figura 1: Poderes disponibles para fines de lucha contra el terrorismo y seguridad nacional en Gran Bretaña (excluidos los otorgados a través de tratados internacionales)[4]
La enorme inversión en la lucha contra el terrorismo no encaja con su miserable resultado en términos de los objetivos declarados: atrapar a los terroristas. Según las estadísticas gubernamentales hasta diciembre de 2020, el 87,4% de los 4.869 arrestos en la categoría amplia de “actividad relacionada con el terrorismo” procesados en virtud de la legislación sobre terrorismo no fueron finalmente condenados por ningún delito relacionado con el terrorismo. Desde 2015, entre el 89% y el 95% de las personas informadas por el público o la policía cada año en el marco del programa de vigilancia "Prevent" han sido "falsos positivos".
Peor aún, varios actos de violencia real se han perpetrado ante las narices de las agencias policiales y de seguridad por parte de personas que estas agencias conocían, algo que indica un fracaso de la política desde cualquier punto de vista. Como ejemplos podemos citar el atacante del Manchester Arena Salman Abedi, el atacante de Westminster Khalid Masood y el intento de bombardero de Parsons Green por parte de Ahmed Hassan.
Sin embargo, argumentar en contra de la política antiterrorista simplemente sobre la base de la eficacia, o sobre la falta de ella, es un ejercicio políticamente estéril. Puede servir para naturalizar lo que es una categoría intrínsecamente política –el "delito terrorista”– así como para difuminar cuánto de la lucha contra el terrorismo opera fuera del "espacio criminal". Además, el marco de seguridad opera efectivamente con una lógica infalsificable: que las políticas de "seguridad" son la única garantía real de seguridad, y que los ataques o sus fallos en garantizar la seguridad pública sirven para resaltar la necesidad de más políticas de seguridad, que pueden así expandirse infinitamente.
El estribillo repetido por sucesivos ministros de gobierno, con una frecuencia casi rítmica, de la necesidad de más leyes antiterroristas para llenar otra laguna imprevista y extender aún más el alcance de las agencias estatales, ilustra la resiliencia de esta lógica.
Por ello, en lugar de participar en el mismo terreno discursivo que el Estado, o argumentar sobre la base de una mala o mala aplicación de las políticas, es más valioso para los opositores analizar la política y la economía política que impulsa las políticas de seguridad.
El proyecto político de lucha contra el terrorismo
En pocas palabras, el proyecto de la lucha contra el terrorismo británico moderno ha sido securitizar y dar soluciones policiales tanto a las contradicciones provocadas por la orientación en política de interior de los sucesivos gobiernos como a las ambiciones imperialistas.
Lo hace organizando un complejo de aparatos policiales, de vigilancia e ideológicos que permiten reformular un conjunto de políticas como “extremas” o “terroristas”, que sectores de la población se conviertan en “amenazas”, y que ambos sean considerados “amenazas”. sometido a una gama cada vez mayor de poderes disciplinarios, coercitivos y punitivos.
A través de este proceso, las muchas fracturas y contradicciones reales generadas por la política británica se desacoplan del Estado y se proyectan en ideas, individuos y grupos. De esta manera, el crecimiento del contraterrorismo es inseparable de los regímenes contemporáneos del capitalismo y de la globalización que ayuda a gobernar.
Década de 1990: surge el consenso de seguridad posterior a la Guerra Fría
Durante la década de 1990, el liderazgo del G7 y de la recién formada UE a partir de la anterior Comunidad Económica Europea (CEE) estableció un consenso político sobre las principales “amenazas a la seguridad interna” que existían en un mundo postsoviético. Una de estas amenazas importantes eran los refugiados y disidentes que huían de los estados del Sur Global que habían sido devastados por años de "modernización" neoliberal, y de las violentas dislocaciones sociales y políticas que estos procesos produjeron.
Gran Bretaña, un actor clave en ambos grupos, utilizó este marco de seguridad para reorganizar sus acuerdos policiales en dos frentes. En primer lugar, proporcionó el contexto en el que podría fortalecer sus fronteras contra los solicitantes de asilo, que provienen principalmente de países de África y Asia. Ello representó un asalto cada vez más descarado a los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, que llegó a definir la política británica desde la década de 1990 hasta el presente. Hilal al-Jedda recibió su ciudadanía británica en 2000, poco antes de que el gobierno laborista subiera el listón a los nuevos solicitantes de asilo de Irak, predominantemente kurdos iraquíes que buscaban asilo pidiéndolo al mismo gobierno que hizo que Gran Bretaña se uniese a la coalición estadounidense como parte de la guerra global contra el terrorismo.
En segundo lugar, el estado británico desplegó medidas policiales antiterroristas contra los disidentes extranjeros en el país para demostrar lealtad política a sus aliados en el extranjero: porras de policía en alto en una mano y ramas de olivo en la otra. Las comunidades de migrantes argelinas, egipcias, kurdas y tamiles en particular fueron objeto de esta represión, que luego se vio reforzada por una serie de leyes antiterroristas[5].
En toda Europa, estos reajustes políticos hacia la securitización se expresaron a través de una relación cada vez más enredada entre el control de la migración y la lucha contra el "terrorismo", que se tragaría al continente en una agitación racial y que sentó las bases para la securitización masiva actual.
El 11 de septiembre y la guerra global contra el terrorismo
A partir de 2001, la guerra global contra el terrorismo marcó el comienzo de la tolerancia global de la permisividad hacia el ejercicio de la violencia estatal, dirigida con mayor frecuencia, aunque de ninguna manera exclusivamente, a las poblaciones musulmanas, así como un marco internacional de securitización en el que estaban implicados países de todo el mundo. Gran Bretaña y muchos otros países expandieron masivamente su capacidad de vigilancia, seguimiento y expulsión durante este tiempo.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el destino inicial de al-Jedda después de huir de Irak, se convirtió en un nodo clave en el complejo global de tortura y detención de Estados Unidos en el período previo y durante la guerra contra el terrorismo. Hoy en día es todavía la sede de proyectos como el Fórum Global Anti-Terrorista del Hedayah Center para contrarrestar el extremismo violento, encabezando los intentos para definir a sus rivales, los Hermanos Musulmanes, como "terroristas" a nivel internacional y para prohibirlos.
La siguiente parada de Al-Jedda, Pakistán, serviría como plataforma de lanzamiento para la primera salva de la guerra global contra el terrorismo: el asalto a Afganistán. También fue fundamental para facilitar las estrategias imperialistas más amplias de los Estados Unidos en Asia en los años siguientes, sacrificando fácilmente la soberanía de los países para servir a los intereses de los Estados Unidos.
Gran Bretaña, la antigua casa de Al-Jedda, jugó un papel principal en la destrucción de su tierra natal en 2003, antes de someter al propio al-Jedda a sus nuevos y amplios poderes intentando aislar al país de las reacciones violentas. Fue mientras estaba siendo internado por las fuerzas de ocupación británicas y estadounidenses en Irak cuando al-Jedda fue despojado de su ciudadanía por primera vez.
De esta manera, al-Jedda fue sometido a ambos frentes de la participación de Gran Bretaña en la guerra global contra el terrorismo: internacional y nacional. Dondequiera que viajara, permanecería bajo el paraguas de seguridad emitido por la guerra contra el terrorismo, y potencialmente a su merced.
Finales de la década de 2000: políticas de austeridad y autoritarismo
La década que siguió a la crisis financiera mundial de 2007/08 estuvo marcada por una aceleración de las tendencias ultranacionalistas en toda Europa y más allá, a menudo unidas por políticas de islamofobia virulenta, xenofobia y monoculturalismo de línea dura.
Ese nexo persistente entre musulmanes, solicitantes de asilo, migrantes y una supuesta amenaza existencial para la nación que animó la política antiterrorista en la década de 1990, se fusionó en un programa político más estricto.
El propio Reino Unido adoptó este nuevo realineamiento político con su cambio de liderazgo en 2010, tras lo cual una serie de gobiernos liderados por los conservadores aprovecharon la oportunidad para impulsar aún más el complejo antiterrorista hasta nuevas alturas. Estos gobiernos posteriores a 2010 unieron el trabajo de la "lucha contra el terrorismo" con marcos nacionalistas más estrictos de "valores británicos" y "liberalismo muscular", en contraste con la supuesta indulgencia del "multiculturalismo" estatal.
Fue durante el primero de estos gobiernos que la ministra del Interior Theresa May (más tarde Primera Ministra) impulsó su emblemática Ley de Inmigración (2014) con la creación de un “entorno hostil” para los migrantes, los solicitantes de asilo y, por extensión, los extranjeros que viven en el Reino Unido. Fue una enmienda apresuradamente adjunta a esta ley la que legitimó los nuevos poderes de privación de ciudadanía que se usaron contra al-Jedda. De hecho, su caso fue invocado repetidamente durante los debates parlamentarios sobre la enmienda.
De 2016 hasta hoy
En los años transcurridos desde 2016, el consenso político se ha desmoronado aún más, con tendencias de extrema derecha que van llegando al poder estatal en todo el mundo, con una inestabilidad constante dondequiera que se libró la guerra global contra el terrorismo, y con una polarización geopolítica más amplia.
En este contexto, el contraterrorismo británico ha llegado a su conclusión lógica, extendiéndose demasiado y colapsando ideológicamente sobre sí mismo. El Estado británico está justificando cada vez más su política antiterrorista pensando en una extrema derecha que él mismo ha ayudado a crear, de tal manera que todo tipo de política está siendo denunciada ritualmente como “extremista”, desde la organización ambiental de acción directa de Extinction Rebellion y las Manifestaciones de BLM[6] a la proliferación de conspiraciones de la derecha durante la COVID-19.
En una indicación reveladora de las prioridades políticas, en noviembre de 2020, una Europa aún recuperándose de la pandemia de la COVID-19 publicó un enfoque conjunto paneuropeo para combatir el terrorismo, a instancias de Francia y Austria. El enfoque incluía el compromiso de fortalecer los poderes de deportación para hacer frente a los "extremistas" y la restricción de la financiación pública para los grupos que se consideraba que habían violado "el orden democrático y los valores de los Estados miembros de la UE", con una referencia apenas velada a las organizaciones musulmanas.
Los poderes antiterroristas no han tenido éxito ni en abordar los actos de violencia política[7] ni en su objetivo secundario de contener el descontento social interno, aunque eso no impide que esos poderes se utilicen como una herramienta contundente para contener y vigilar la situación.
La seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo no son solo un medio de acumular poder estatal, sino que cada vez más son el idioma en el que habla el Estado: con la lucha contra el terrorismo incorporada en la provisión social y los programas políticos, desde las fuentes de financiación para la sociedad civil hasta las estrategias contra la violencia doméstica. Los programas bajo el epígrafe de "Contrarrestar el extremismo violento", por ejemplo y la estrategia de "Prevención" (el programa “Prevent” en inglés) de Gran Bretaña, han reclutado a vastas franjas del público en el trabajo de "lucha contra el terrorismo" al exigir que identifiquen a los "extremistas". Es a través de esto que las políticas de seguridad nacional se han filtrado en la política interna: lo que comenzaron como estrategias aparentemente para vigilar los "márgenes" de la sociedad británica, han envenenado el corazón de la vida política.
De esta manera, la seguridad nacional se ha convertido cada vez más en el medio a través del cual se gestiona, filtra y controla la política: actuando como un amortiguador contra la política democrática desde abajo y sirviendo como justificación para una gama creciente de poderes desde arriba. Junto a esto, ha permitido la consolidación de oscuros “securócratas” en el mismo centro del poder estatal, con una variedad de think tanks, grupos de presión y agencias agrupados alrededor de los pasillos de los poderosos.
Economía política de la securitización
Durante la última década, las políticas antiterroristas se han trasladado cada vez más al ámbito de la industria privada y la colaboración público-privada, y el trabajo antiterrorista se subcontrata a terceros junto con una gran variedad de agencias estatales. Son ellos quienes, a través de una combinación de cabildeo privado y defensa pública, intentan mover sus propias agendas y asegurar sus propios intereses materiales a través de la floreciente industria antiterrorista, generando a su vez un impulso auto reforzado hacia una mayor securitización, vigilancia y ganancias.
Figura 2: La economía política de la securitización
La lucha contra el terrorismo en Gran Bretaña está impulsada por la relación que se refuerza mutuamente entre los órganos y procesos de política de securitización y legislación, la política, los especuladores y los profesionales
La política y la legislación incluyen la arquitectura y el marco de políticas en el que se practica y produce la lucha contra el terrorismo. Los profesionales se encuentran en los diversos departamentos que administran y supervisan la implementación de políticas, incluidas la policía y las agencias de inteligencia. La política implica el conjunto de fuerzas en evolución que dan forma a la política nacional y transnacional, mientras que los especuladores incluyen a los diversos operadores que proporcionan –venden– bienes y servicios y con fines de lucha contra el terrorismo.
Estos están mediados por una serie de “nodos", como los medios de comunicación, las comunicaciones y las relaciones públicas (PR), las organizaciones de presión y los grupos de expertos, y diversas fuentes de financiación; todas las cuales son fundamentales para amplificar y reproducir la securitización de forma discursiva, ideológica e institucional.
Una variedad de otros actores, desde grupos de investigación académica, órganos asesores de políticas hasta grupos de presión de extrema derecha, están integrados en esta red de relaciones, generando su propia presión sobre los órganos de securitización o siendo presionados por ellos a su vez.
Algunas de estas relaciones incluyen formas más "tradicionales" de políticas de lobby y patrocinio, tal como las practican los think tanks y las organizaciones de cabildeo. Otras, como la huella en expansión de las empresas de tecnología y redes sociales, reflejan motivos más claramente impulsados por las ganancias.
El giro hacia la colaboración público-privada con fines de lucha contra el terrorismo desde 2010, especialmente en el contexto de la lucha contra el "terrorismo" y el "extremismo" en internet, ha facilitado la penetración de empresas tecnológicas y nuevas empresas en el campo de la seguridad. Los principales actores en “contra-extremismo" incluyen el Instituto para el Diálogo Estratégico Empresarial, que tiene asociaciones con gobiernos en no menos de diez países, incluido Reino Unido, y ha colaborado estrechamente con las principales empresas de redes sociales como Facebook, Twitter y Google.
Figura 3: La economía política de los Think tanks y Lobbies
La sociedad Henry Jackson (HJS) es un ejemplo de la camarilla de think tanks pro- securitización. Establecida en 2005, su consejo político ha contado con luminarias como las secretarias de Interior británicas del pasado y el presente, Amber Rudd y Priti Patel, junto con varios ex secretarios de Estado de Trabajo, incluidos Margaret Beckett y Ben Bradshaw. Sufrió un vuelco ideológico hacia la derecha hacia fines de la década del 2000, logrando consolidar diversas tendencias de neoconservadurismo, militarismo, islamofobia virulenta y sionismo agresivo, convertirlas en políticas y propuestas para los nuevos gobiernos conservadores de la década.
Muchas personas han pasado regularmente por la HJS como parte de la puerta giratoria entre varias organizaciones a favor de la seguridad y el trabajo de defensa política, mientras que sus miembros de alto nivel han sido colocados en puestos de alto rango durante la última década. El ex director de HJS, William Shawcross, trabajó como jefe de la Comisión de Cooperación entre 2012 y 2018, tiempo durante el cual supervisó una ofensiva sin precedentes contra las organizaciones de defensa musulmana y pro Palestina[8] e hizo intervenciones a favor de restringir los poderes en el sector no lucrativo. Recientemente, ha sido designado para supervisar una revisión gubernamental "independiente" del programa Prevent.
Además, el jefe de la Unidad de Análisis del Extremismo, uno de los departamentos antiterroristas del Estado, reveló que el análisis proporcionado por la HJS y su proyecto paralelo, de Derechos del Estudiante, dio forma a los análisis que la unidad proporcionó a los practicantes de la lucha contra el terrorismo con el fin de informar de su propio trabajo. Además, grupos como la HJS forman parte de la vía interna habitual de cobertura de los medios, siendo una fuente habitual como “expertos” en cuestiones de seguridad nacional.
Es a través de estas dinámicas y relaciones que se materializan los fundamentos ideológicos del complejo antiterrorista, es decir, la islamofobia y la xenofobia. Se lavan a través de los medios de comunicación y el aparato estatal, se hace que parezcan como de "sentido común", se consolidan a través de los marcos legales que los gobiernan y se refuerzan a través de instituciones estatutarias, presididas por exalumnos de la HJS.
La sociedad civil
La "sociedad civil" ocupa un papel exagerado en el imaginario de la política "progresista". Con la transformación del Estado bajo el neoliberalismo, la sociedad civil se ha mantenido regularmente como el motor del cambio social en lugar del Estado.
Ahora bien, si bien algunas organizaciones y grupos de defensa ciertamente han desempeñado un papel importante en la limitación de los excesos del complejo antiterrorista británico durante los últimos veinte años, otras han ayudado a promover políticas estatales antiterroristas securitizadas y represivas.
Figura 4: La Economía Política de la Sociedad Civil
Esto no debería sorprender, ya que lejos de estar aislada de los caprichos del poder privado o empresarial o de la política "formal", la sociedad civil puede fácilmente ser un conducto para ellos.
Incluso entre quienes participan activamente en la lucha contra el terrorismo, existen varios grados de complicidad entre las organizaciones de la sociedad civil (OSC), definidas aquí como las organizaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones comunitarias y grupos y redes de base por una parte, y las organizaciones de lucha contra el terrorismo por otra. Estas complicidades van desde la dependencia hasta el patrocinio y el apoyo activo a la política antiterrorista.
Estas complicidades están configuradas tanto por la disposición política de las organizaciones particulares, como por el modo cambiante de compromiso entre el gobierno y la sociedad civil desde 2000. Este cambio ha sido particularmente notable en el caso de las organizaciones dirigidas por musulmanes, pero gradualmente ha llegado a definir la mayoría de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil.
Los gobiernos laboristas de la década de 2000 siguieron una estrategia doble de cortejar a las llamadas organizaciones musulmanas "moderadas" y aislar a las "extremistas". Esto les permitió cooptar y contener el compromiso político de las comunidades musulmanas, y canalizarlo hacia formas "seguras" de compromiso cívico y espiritual mientras atemperaban las espinosas cuestiones relativas a la política exterior británica. El gobierno de la coalición liderada por los conservadores de 2010 adoptó una línea más dura en los términos de compromiso con las organizaciones musulmanas, denunciando abiertamente a los ex colaboradores, que serían excluidos de futuras consultas, uniéndoles al destino de sus homólogos "extremistas". Al hacerlo, los subordinó a un proyecto político más estrictamente definido y fue incluso menos tolerante con las diferencias ideológicas que su predecesor.
Los cambios de política a partir de 2010 coincidieron con el inicio de la austeridad y la intensificación de la reestructuración neoliberal bajo el gobierno de coalición. También supuso movimientos hacia una mayor gestión estatal del “tercer sector” de la sociedad civil, con “leyes de amordazamiento” que restringen las campañas de captación de fondos de las organizaciones sin ánimo de lucro cerca de los períodos electorales, y con una creciente politización del sistema regulador del Estado hacia las organizaciones sin ánimo de lucro, incluso explícitamente que se trataba de “contrarrestar el extremismo”.
Estos tres procesos actuaron en conjunto, con una negación de financiación con la excusa de la austeridad que generó una nueva dinámica de dependencia entre las OSC y el gobierno (dinámica que posibilitaba el abuso político), junto con un impulso para disciplinar ideológicamente a las organizaciones, expandiendo también los poderes de sanción para mantenerlas en veda.
En 2015, el nuevo gobierno conservador elaboró su primera estrategia contra el extremismo seguida de una estrategia de comunidades integradas, que puso mayor énfasis en el papel de la sociedad civil en el trabajo de "contrarrestar el extremismo". Es a través de ellos que el gobierno ha iniciado la construcción activa de una "sociedad civil" en sintonía con sus objetivos.
Como resultado, incluso las OSC que tienen poco en común con la agenda de la "lucha contra el terrorismo" se han visto obligadas a recibir financiación de la lucha contra el terrorismo para continuar con su trabajo. Las OSC que mantienen una línea crítica sobre la "lucha contra el terrorismo" son con frecuencia el objetivo de difamaciones y ataques llenos de insinuaciones de ser "extremistas".
El impacto acumulativo es que la sociedad civil está siendo absorbida progresivamente por las maquinaciones del Estado de seguridad y es menos capaz de actuar como defensa contra el abuso y la extralimitación del Estado.
Estrategias de contra-securitización
Las políticas antiterroristas no pueden disociarse del tema de la vigilancia policial porque son un indicador de su eventual trayectoria: en Gran Bretaña, la lucha antiterrorista forma parte del largo arco histórico de violencia estatal que se entrelaza con el control migratorio y la vigilancia policial.
Abordar el complejo antiterrorista significa necesariamente enfrentarse a bloques de poder consolidados, a grupos de interés adinerados, a un Estado capaz y dispuesto a ejercer todo tipo de instrumentos coercitivos en su defensa, y no menos importante, a la propia política antiterrorista.
Replantear la lucha contra el "contraterrorismo" como parte integrante de la lucha más amplia contra la violencia estatal requiere una reconsideración de las estrategias, incluido el repertorio táctico y el programa político de las campañas contra la securitización.
El arsenal táctico
El arsenal táctico de la organización de la lucha contra la securitización a menudo ha dependido de las demandas legislativas, que se basan en una combinación de campañas de promoción intensivas en los medios, la defensa de los derechos legales y la agitación dirigida a una mayor transparencia / supervisión a través de revisiones e investigaciones.
En ocasiones, estas han dado lugar a intervenciones importantes, ciertamente suficientes para provocar la ira del Gobierno conservador de Johnson, que ahora busca restringir los derechos legales. Pero la lección de los últimos veinte años de lucha contra el terrorismo subraya la relativa impotencia de todo ello como estrategia general frente a un Estado de seguridad en expansión.
La organización basada en los derechos busca el recurso de las instituciones del Estado para juzgar la violencia que, en última instancia, es producida por el Estado. A pesar de los cruciales triunfos de las campañas individuales, los derechos legales no pueden ser, en última instancia, el principal medio para trascender la matriz de dominación que caracteriza la relación entre el Estado de seguridad y su población.
Además, estas campañas a menudo requieren la elección de casos políticamente sencillos de "buenos ciudadanos" como sujetos de promoción para suscitar la simpatía del público. Al hacerlo, a menudo reflejan inadvertidamente la estrategia estatal de diferenciar entre sujetos "dignos" e "indignos", que bajo los poderes de seguridad nacional se vuelven vulnerables a todo tipo de exclusión y coacción, como Hilal al-Jedda.
Recuperar la solidaridad en una era de seguridad nacional, particularmente con aquellos supuestamente se encuentran más allá del apoyo, es un componente vital y difícil de cualquier campaña contra la securitización que busque construir una base política que pueda promover la soberanía popular.
Trazar un mapa de la economía política de la lucha contra el terrorismo puede ayudar a desmitificar las relaciones, las instituciones y los circuitos a través de los cuales se produce la política de lucha contra el terrorismo. También puede ayudarnos a alejarnos de las nociones debilitadoras y sobredeterministas de la política antiterrorista que nos llegan como impulsadas por leyes imparables de la naturaleza, y arroja luz sobre hacia dónde se pueden dirigir los esfuerzos organizativos efectivos.
Sacar lecciones de la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel es útil para ilustrar cómo generar presión popular a través de campañas que interrumpen las redes de poder, los actores privados y la influencia que dan forma a estos problemas.
Las empresas privadas que buscan beneficiarse de la securitización deberían estar sujetas a una presión pública masiva; las OSC que compran el trabajo de "lucha contra el extremismo" deberían enfrentarse enérgicamente a ser compradas: el objetivo debe ser el de enfrentarse y repeler la invasión de la lucha contra el terrorismo en todos los ámbitos de la vida social.
Programa político
Quizás la mayor limitación de la sociedad civil tradicional, la organización legalista y basada en las ONG es que, al verse obligada a protegerse contra un aluvión de ataques, solo puede ofrecer una defensa interminable del presente, y es incapaz de articular una visión política para el futuro.
Al desarrollar luchas contra el Estado de seguridad, nuestros programas políticos no solo deben oponerse de manera reactiva a las leyes individuales, sino también promover una visión para una sociedad posterior a la seguridad, similar al enfoque adoptado por las campañas abolicionistas.
Es un síntoma de profunda decadencia política que las políticas de "contraterrorismo" y "seguridad nacional" hayan llegado gradualmente a llenar el espacio en la política británica que dejaron vacantes los programas democráticos y de bienestar social, por parciales e inadecuados que fueran. Los problemas sociales se están abordando como temas de seguridad, y la proyección de la fuerza política ha prevalecido sobre cualquier apariencia de soberanía popular. El reclutamiento de grandes sectores del público en el trabajo de "Lucha contra el terrorismo", por ejemplo a través del programa de vigilancia Prevent, también ha "socializado" la seguridad nacional.
La atmósfera de sospecha mutua que esto genera sirve como proyecto cultural de esta inestabilidad, reemplazando el sentido de colectivismo de generaciones anteriores y yendo incluso más allá del culto al individualismo fomentado por el neoliberalismo. Se trata de la antítesis de la solidaridad que se necesita para construir un proyecto político emancipador, y debe ser superada en el transcurso de la lucha.
Ha habido intentos recientes de desarrollar una agenda de amplio alcance que vaya más allá de la simple oposición a las políticas antiterroristas, incluidos los informes « Leaving the War on Terror A Progressive Alternative to Counter-Terrorism Policy »” de Ruth Blakeley, Ben Hayes, Nisha Kapoor y sus colegas, y «Beyond PREVENT: A Real Alternative To Securitised Policies», de CAGE. Es muy necesario y se agradecen más esfuerzos para desarrollar y ampliar dichos programas.
Solo haciéndolo así podremos resolver la masa solidificada de contradicciones políticas que el complejo antiterrorista busca silenciar y criminalizar: el problema real de la desafección generalizada, la privación de derechos; la ruinosa naturaleza del capitalismo y la devastación provocada por el imperialismo.
Desafiar el Estado de seguridad debe ser un ejercicio performativo de creación de mundos y un remedio para la angustia que caracteriza al mundo que habitamos.
Azfar Shafi es investigador sobre la lucha contra el terrorismo y seguridad, que trabaja para CAGE, organización de defensa con sede en el Reino Unido. Twitter: @UK_CAGE
Traducción: Pere Brunet - Centre Delàs d’Estudis per la Pau)
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
Créditos Fotograficos
Foto 1: Nombre del archivo: 00001782-Shafi-1 Créditos: © Yuri Kozyrev / NOOR / IG: @noorimages / Twitter: @noorimages
Pie de foto: TIKRIT, Irak, 24 de septiembre de 2003: Los soldados estadounidenses del 1er Batallón (22º regimiento de infantería, compañía C) de la Cuarta División del Ejército de los Estados Unidos vendan los ojos a hombres sospechosos de ser traficantes de armas y explosivos en Tikrit.
Foto 2: Nombre del archivo: HAT2020003C-2206-Shafi-2 Créditos: ©Tanya Habjouqa / NOOR / IG: @habjouqa / Twitter: @thabjouqa
Pie de foto: Imagen de “Khadra” Obtención: Francia, Seine-Saint-Denis, Rosny, 20 de enero de 2020: “Khadra” en una sesión de fotos. Trabaja como funcionaria pública, lo que implica que se le prohíbe hablar en público a costa de arriesgar su trabajo. Ella compartió su testimonio (también se proporciona testimonio en audio), expresando su frustración y temores por vivir, trabajar y criar a sus hijos en Francia. Nació en Francia, pero tiene estrechos vínculos culturales con sus raíces tunecinas. Estas fotos (ella diseñó el atuendo para el retrato) significan el velo de sus derechos y el temor a no poder hablar públicamente. Siente que cuando se quita el hiyab en el trabajo todos los días se está quitando un pedazo de sí misma; sus compañeros de trabajo se burlan de ella cuando entra con un gorro de invierno, aprovechando la oportunidad para decir “quítatelo”. Es algo hostil, pero ella dice que las experiencias humillantes trascienden el lugar de trabajo. Recuerda haber sido ignorada en un restaurante en Italia ... durante una hora se sentaron en familia ... hasta que un camarero trajo bebidas de cortesía y se disculpó por la mala educación del otro camarero, diciendo "no todos somos así". Solloza en silencio al recordarlo. Dice que espera que sus hijas se sientan libres, creativas y lo suficientemente seguras como para convertirse en emprendedoras exitosas, pudiendo definir sus vidas en sus propios términos.
NOTAS:
[1] El autor cree que la constelación de términos que rodean la lucha contra el terrorismo, incluidos "terrorismo", "extremismo", "radicalización" y "seguridad nacional", están politizados, a menudo profundamente racializados y solo sirven para legitimar el ejercicio del poder estatal. En este capítulo se utilizan de manera crítica, de ahí las comillas.
[2] Véase: Ley contra el terrorismo de 2008, parte 4, sección 56A para entradas y registros de hogares potencialmente ilimitados para personas con requisitos de notificación posterior a la custodia. También: Swinford, S. (2017). “Dangerous extremists locked up in Britain’s first ‘Jihadi jail’ to stop them radicalising other inmates”. The Telegraph,
[3] Política contra el terrorismo, 2020. El CTP recibe fondos para el histórico nuevo Centro de Operaciones contra el Terrorismo. [en línea].
[4] Poderes extraídos de: Ley contra el terrorismo, la delincuencia y la seguridad (2001), la Ley de nacionalidad británica (1981), la Ley contra el terrorismo y la seguridad (2015), la Ley contra el terrorismo (2008), la Ley contra el terrorismo y la seguridad fronteriza (2019), (Órdenes de producción en el extranjero) Ley (2019), Ley de inmigración (1971), Ley de inmigración (2014), Ley de inmigración, asilo y nacionalidad (2006), Ley de poderes de investigación (2016), Ley de justicia y seguridad (2013), Protección de libertades Ley (2012), Ley de regulación de poderes de investigación (2000), Ley de delitos graves (2007), Ley de la Comisión especial de apelaciones de inmigración (1997), Ley de terrorismo (2000), Ley de terrorismo (2006), Ley de congelación de activos por terrorismo, etc. ( 2010), Ley de delincuentes terroristas (restricción de liberación anticipada) (2020), Ley de medidas de prevención e investigación del terrorismo (2011), Estrategia contra el extremismo (2015), “Contest” (2018) y Prerrogativa Real.
[5] Webber, F. y Fekete, L. (1996) ‘Europe: From refugee to terrorist’, Race & Class, 38(2), pp. 77–82; CARF, 1993. The making of terrorists and dissidents: Europe’s new war on the Third World. Campaña contra el Racismo y el Fascismo [en línea] (14), pp.4-6. CARF, 2001. Terrorism Act – embracing tyranny. Campaña contra el Racismo y el Fascismo, [en línea] (62), pp.8-10.
[6] Skopeliti, C. 2021. Se le pide a Peer que investigue las actividades de la extrema derecha e izquierda. The Guardian [en línea]. Grierson, J. y Dodd, V., 2020. La lista de la policía terrorista que incluía a Extinction Rebellion se compartió con todo el gobierno. The Guardian, [en línea]; Boris Johnson: Protestas contra el racismo "secuestradas por extremistas". 2020. Sky News [en línea]
[7] La política de lucha contra el terrorismo legisla en términos generales una amplia gama de "delitos de terrorismo" que están muy lejos de la noción común de terrorismo como violencia masiva. La intervención policial para prevenir tales "delitos terroristas" se utiliza luego para legitimar esas mismas políticas. Para obtener más información, véase el informe “20 años de TACT” de CAGE: “Justicia bajo amenaza”. Más información disponible en: https://www.cage.ngo/tact-20-report
[8] Ramesh, R., 2014. Una cuarta parte de las investigaciones de la Comisión de la Caridad están dirigidas a grupos musulmanes. The Guardian, [en línea]; Eleftheriou-Smith, L., 2014. Organizaciones benéficas investigadas por radicalización y vínculos extremistas. The Independent, [en línea]; La Comisión de los Derechos Humanos Islámicos (IHRC), 2019. La IHRC acusa a la Comisión de la Caridad de Islamofobia. [en línea] IHRC.
Estado machista: coerción, patriarcado y resistencia
Estado machista: coerción, patriarcado y resistencia
Diana Quiroz
Estado del Poder 2021
Cuando los propios agentes de policía son responsables de tantos casos de violencia de género y cuando tantos casos nunca son atendidos por el sistema judicial, ¿qué dice eso sobre la institución de la policía, el Estado y su aparato coercitivo?
Escribo este ensayo en la semana del aterrante femicidio en Argentina de Úrsula Bahillo. En esta misma semana, al otro extremo del Atlántico (en Países Bajos, específicamente), vi a mi agresor asomarse por la ventana de mi cuarto de estar siete años después de la noche que trató de violarme.
A lo mío volveré en un momento; primero quiero puntualizar lo que le pasó a Úrsula. Úrsula Bahillo, una joven de dieciocho años era rutinariamente violentada por su pareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía siete años mayor. Desde la perspectiva que responsabiliza a las feminidades de su propia seguridad, Úrsula hizo todo lo que estuvo en sus manos para evitar ser asesinada a puñaladas por su pareja: acudió a la justicia, denunció, pidió ayuda, e insistió varias veces (dieciocho, para ser exacta). A cambio de esto, recibió una respuesta ineficaz por parte del poder judicial. A pesar de que Matías Ezequiel tenía una orden de abstención, la justicia nunca garantizó que esa restricción se cumpliera.
Aun cuando todos y cada uno de los femicidios en Latinoamérica nos duelen a mí y a cientos de miles de mujeres, cada tanto hay uno que cala todavía más hondo. Y es que el dolor es más grande cuando quien está designado para respetar y hacer respetar los derechos inherentes a tu humanidad es justamente quien viola estos derechos y lo hace con total impunidad. De ahí que frases como “no me cuidan, me violan”, o “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas” se hayan vuelto consignas de cabecera en las cada vez más multitudinarias manifestaciones transfeministas en la región.
Pero no hace falta poner como ejemplo uno de los incontables femicidios perpetrados por la policía para ilustrar el papel que esta juega reproduciendo la violencia sistémica que sufrimos las feminidades (así como otras identidades sexo-genéricas no normativas) en todo el globo. Si bien, este ensayo hace un recorrido a través de la violencia de género como uno de los ejes de la función policial en Latinoamérica, la mirada está puesta en el sistema de justicia patriarcal y sus mecanismos de omisión como actos de coerción. Pongo como ejemplo mi experiencia tratando de acceder a la justicia en Europa para ofrecer una lectura desde mi perspectiva, que es la de una mujer cisgénero, migrante, racializada y del Sur global.
Los crímenes del fiscalizador de los crímenes
El de Úrsula Bahillo no es un caso aislado. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), los casos registrados de víctimas mujeres en manos del aparato represivo estatal se relacionan con situaciones de violencia machista y patriarcal, y van en aumento. En este contexto, desde 1992, 389 de los 671 casos de violencia a manos de efectivos de las fuerzas judiciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires resultaron en femicidios.
Aunque no hay datos oficiales que puedan ilustrar el problema de la violencia de género a manos de la justicia a escala regional, las cifras disponibles en algunos países y/o urbes latinoamericanas son alarmantes. En México, 8 de cada 10 mujeres detenidas son víctimas de tortura por parte de las autoridades. En tales circunstancias, el Centro Prodh destaca que la tortura sexual es generalizada y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que toleran y hasta promueven su comisión. En Chile, solamente en el contexto del estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos registró que de las 2,832 víctimas de violencia estatal consignadas por el Ministerio Público, 390 denunciaron haber sido violentadas sexualmente.
Estos datos no incluyen los casos de violencia sexual y de género por parte de la policía que ocurren fuera del “ejercicio del deber” (lo pongo entre comillas porque, a mi entender, la violencia no es parte del deber de la policía), como en el caso de Úrsula Bahillo. En Colombia, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo reportó que, en 2018, 72 de las 3,225 denuncias por violencia sexual atendidas fueron perpetradas por familiares de la víctima pertenecientes a la policía o el ejército nacional.
De igual manera los datos sobre los transfemicidios o los travesticidos perpetrados por la policía son escasos, a pesar de que estos y otros casos de intimidación, desconocimiento de la identidad, detenciones arbitrarias, extorsiones y violencia física y sexual han sido ampliamente documentados por activistas del colectivo trans. El transfemicidio y el travesticidio, aunados a otras violencias tales como la falta de acceso a la salud, la educación y el trabajo, explican la esperanza promedio de vida de las personas trans en Latinoamérica, que es de entre 35 y 41 años, según la REDLACTRANS.
La violencia como experiencia femenina universal
Con este trasfondo es fácil imaginarse el alivio que fue migrar a un lugar donde, además de tener la posibilidad de acceder a oportunidades que difícilmente se habrían presentado en mi país de origen, también tenía el prospecto de una vida libre de violencia. (Sí, desde la perspectiva de la cosmovisión eurocéntrica en la que crecí, se asume Europa tiene resueltos problemas tan arcaicos como la violencia sexual y de género). Así es como me jactaba de poder ir sola de noche en bicicleta, de vuelta a casa del bar, más preocupada por llegar a tiempo al baño que de ser violada, golpeada, matada y tirada en algún canal, como les sucede a decenas de mujeres en América Latina todos los días.
Hasta que un día en 2014 llegando tarde de noche a mi casa, al abrir la puerta de mi apartamento, me percaté que había un hombre orinando en mi jardín. Lo increpé y con la voz de ebrio me preguntó que quién era y sin esperar a mi respuesta se me lanzó encima. Me habría violado si no fuera porque el amigo con quien había ido a visitar a mi vecino lo apartó de mi antes de que pudiera penetrarme. Justo por esas semanas estaba bajo una presión extraordinaria. Mi padre estaba muriendo a más de 9.000 km de distancia y tenía que terminar mis estudios y buscar una salida laboral en el contexto de un sistema migratorio que ya hacía tiempo me había dejado claro que toleraba el paso de personas como yo por el país, pero que instalarme aquí no iba a ser nada fácil. Teniendo ya ese reguero de energía emocional y vaticinando una revictimización por parte de la policía (pues no era la víctima perfecta de violación y además no quería quedar como la inmigrante “problemática” y poner en riesgo las posibilidades de extender mi permiso de residencia) decidí no denunciar a mi agresor.
Me costó mucho superar lo que pasó. Me molestaba tanto el suceso como el hecho de haber decidido no ir a poner una denuncia pues, según el hombre que me salvó, no era la primera vez que mi agresor se abalanzaba borracho sobre una mujer. El poner una denuncia no era solamente una cuestión de hacerme justicia, sino también una obligación de no permitir que esto le volviera a pasar a otra mujer. En aquel entonces no me preguntaba si alguna de las mujeres que habían sido atacadas por mi agresor antes que yo había ido a la policía, seña de que ni siquiera se me cruzaba por la mente que lo que me pasó a mi también le pasaba al menos a la mitad de la población feminizada. Nunca se me había ocurrido que en la Fortaleza Europea las feminidades tampoco estamos a salvo.
Al cabo de unos meses volví a llevar mi vida con “normalidad”. Pero después de aquel incidente, aunque seguí jactándome de la seguridad en la que vivía, comencé a virar la bicicleta a un lado del camino cuando escuchaba un auto aproximarse con velocidad por detrás. Volví a vivir con el miedo con el que crecí. El miedo de ser arrollada a propósito y de quedar a la merced de un potencial violador, el miedo de que me maten en cualquier momento por hecho de encarnar una feminidad.
Lo que no se nombra sí existe
Contándoles a mis afectos aquí en Países Bajos de la agresión sexual que sufrí descubrí que un sorprendente número de ellos habían sobrevivido alguna forma de violencia sexual en sus vidas. La mayoría de los relatos eran de mujeres, aunque hubo un hombre también (quien había sido abusado por un familiar durante la niñez). Así como a mí, estas experiencias les habían dejado marcas importantes, pero ninguna de las personas que compartieron sus desafortunadas vivencias conmigo habían acudido a la policía para buscar justicia. Solo una de ellas me dijo por qué no lo había hecho: porque sabía que nadie le creería.
Estos relatos se correspondían con los datos con los que me fui encontrando al buscar ayuda después de ver a mi agresor siete años después de la noche que trato de violarme. Resulta que mi agresor es amigo de uno de los hogares que forman parte del grupo de convivencia al que recientemente me uní. El motivo por el cual lo vi asomarse por la ventana de mi cuarto de estar es porque justo estaba de visita en la casa de sus amigos. El reencuentro, involuntario, fue muy desestabilizante y el prospecto de poder encontrármelo de nuevo en cualquier momento en mi hogar me llevó finalmente a querer acudir a la policía (a buscar una orden de abstención, específicamente).
Exactamente buscaba contactos que pudieran darme asesoría acerca del plazo de prescripción del delito (es más, ni siquiera estaba segura si la agresión sexual estaba tipificada como delito en Países Bajos), y por coincidencia di con los números que podrían explicar los resultados del sondeo que se fue haciendo al hablar con mis afectos. Según una encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 33% de las mujeres han experimentado violencia física o sexual. En Países Bajos, esta cifra llega al 45%. La encuesta también encontró que tan solo el 14% de las víctimas a escala europea y 15% de las víctimas neerlandesas presentan denuncias ante la policía. La encuesta, por cierto, es de 2014 y la primera encuesta representativa a nivel regional.
Al poco tiempo de contactarle, el servicio neerlandés de Ayuda a Víctimas (Slachtofferhulp) me asignó a una voluntaria para que me acompañara en el proceso de la denuncia. Ya en el minuto uno de la llamada telefónica me aconsejo que no fuera a la policía. Específicamente me dijo que la policía está muy ocupada y que era probable que la denuncia no desembocara en una orden de alejamiento y posiblemente ni siquiera en una investigación. Después de todo era “mi palabra contra la de él” (le recordé a la voluntaria que había testigos, y aunque no los hubiera, ¿que acaso no tenía derecho a que me creyeran?). En lugar de ir a la policía, me aconsejó entrar en un proceso de mediación, un servicio totalmente gratuito en el que podía sentarme en la misma mesa con mi agresor para explicarle cómo su noche desenfrenada con los chicos hacía siete años me estaba ocasionando una crisis de salud mental sin precedentes.
La invisibilización de la violencia de género como moneda corriente de la justicia patriarcal
Hasta hace poco no había logrado entender por qué, a pesar de la prevalencia que tiene, la violencia sexual y de género en Europa occidental[1] no es parte del debate social de la región de la forma que lo es en América Latina o África Subsahariana, como Liberia o Sierra Leona, por ejemplo. O sea, sí que se habla del tema en Europa occidental, pero sobre todo como un fenómeno del subdesarrollo, inherente a la falta del Estado de derecho y a las culturas machistas a tribuidas a América Latina o incluso al sur de Europa.
Una encuesta del Eurobarómetro de 2017 sobre igualdad de género ilustra la prevalencia de los estereotipos de género entre las mujeres, que subsisten con la creencia de que la igualdad de género se ha logrado en la política y, en menor medida, en el trabajo y en el liderazgo. Hoy en día, aparte de las organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia o cuando algún caso de violencia de género logra causar revuelo mediático, al común de la gente no la moviliza este tipo de violencia de la manera en que lo hace en Latinoamérica.
Una posible explicación a esta situación está en el número tan alto de estos episodios en Latinoamérica que desencadenan muertes brutales. Y es que leer o escuchar a diario sobre crímenes de odio o sobre mujeres y niñas, y personas trans y travestis que son encontradas muertas, envueltas en cobijas o bolsas de plástico, descuartizadas y tiradas en terrenos baldíos o arroyos, en maletas o botes de basura, con o sin ropa, con signos de tortura o con restos de semen, da, por lo menos, mucho de qué hablar.
Pero también es posible que como causa y resultado de la poca visibilidad que se le da a un problema tan prevalente sea el carácter estrictamente personal que se le suele dar a la violencia de género, y en particular a la violencia contra las mujeres. En línea con esta aserción, el Instituto neerlandés para la igualdad de género y la historia de la mujer reportó sobre una encuesta en línea de 2010 a nivel nacional en la cual se documentaron los motivos por los cuales las víctimas de violencia física y sexual en Países Bajos no reportan a la policía. La razón más frecuente fue que las mujeres consideraban estos episodios de violencia como un asunto privado y querían resolver la situación ellas mismas; o que no consideraron que el incidente fuera lo suficientemente grave; que querían mantenerlo en secreto; que no creían que nadie les pudiera ayudar; o que sentían vergüenza y que tenían miedo del perpetrador. Una encuesta del Eurobarómetro de 2016 sobre violencia doméstica arrojó resultados similares. Además, la encuesta encontró que las mujeres europeas no hablan de sus experiencias de violencia de género porque carecen de pruebas, o la situación no es clara, o porque no quieren causar problemas.
Aunque esos tabús se van perdiendo lentamente en el país desde el que escribo y más mujeres reportan, las condenas por violencia sexual siguen siendo muy raras. Esto tiene que ver con la complejidad del proceso de denuncia y su ineficacia. En el contexto neerlandés, la presentación de denuncias es un proceso de dos pasos: primero hay que notificar a la policía el suceso (esto no es una declaración oficial). Después de proporcionar dicha información, la víctima puede decidir denunciar oficialmente el caso o no. Del 37% de los casos notificados oficialmente, el 58% son desestimados (mayormente por falta de pruebas). Si bien la presunción de inocencia es un principio fundamental de justicia, en un contexto de violencia de género generalizada donde la violación a menudo ocurre en secreto, deben establecerse mecanismos que puedan conducir a la condena en los casos de violación, incluso cuando hay poca evidencia. Sin embargo, hay pocos indicios de que se estén tomando medidas en esta dirección, a pesar del reciente reconocimiento por los Países Bajos de todas las formas de sexo involuntario como violación. Esta situación desalienta a las víctimas de presentar una denuncia (y a los violadores a seguir violando en impunidad).
Aunado a la responsabilidad personal que se le da a la prevención y resolución de las violencias de género está la invisibilización que desde el Estado mismo se le da a este tipo de violencia. En Países Bajos, por ejemplo, no solo la policía tarda años en atender denuncias por violación sino que también coacciona a las mujeres que hacen denuncias a hablar lo menos posible del tema con la excusa que hacerlo puede entorpecer la causa. Esto no solo obstaculiza que las víctimas puedan recibir atención adecuada o siquiera la ayuda de su círculo cercano sino también evita que se instale la problemática en el debate público. Del mismo modo, muchos países de la Unión Europea (incluyendo los Países Bajos) aún no proporcionan datos desagregados por género al reportar las tasas anuales de homicidio. A causa de esto, los femicidios en la UE son probablemente mucho más altos de lo que se reporta (en 2016 solamente, las cifras oficiales contaban a 788 mujeres en la región como víctimas de femicidio). En otras palabras, las mujeres al no hablar y al ignorar la magnitud de las violencias que sufrimos gradualmente pasamos a desconocer nuestra condición de opresión. Esta ignorancia nos despoja de nuestra agencia y nos desarticula a la hora de exigir una respuesta al Estado.
La omisión como coerción, el femicidio como política estatal
Volviendo al caso de la violencia de género en Latinoamérica, otro de los motores de la creciente articulación las mujeres y otras identidades no cis-normativas en el continente es la discusión que sostenemos en torno los problemas que nos aquejan que nos hemos visto en la necesidad de abordar por nuestra condición de subalternidad. Trazando paralelismos con otras comunidades oprimidas, los debates más intensos alrededor de la disolución del complejo policial-militar en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, se dan dentro de las comunidades de afrodescendientes. Y es notable que esta clase de discusiones difícilmente se dan en un lugar de privilegios: el número de hombres que se replantean su masculinidad es aún ínfimo, así como el número de personas blancas que discuten la violencia racial como un #whitepeoplesproblem. Al respecto, puede ser que las mujeres en Europa occidental, en términos de la población general y no de la sociedad civil organizada, no estemos en un debate constante de nuestra subalternidad por la ilusión que nos causa el vivir en más privilegio comparadas con el nivel de vida de otros países, pero aun así, ganando menos y trabajando más que los hombres,[2] y ni hablar que somos víctimas de la violencia de genero casi con la misma frecuencia que nuestras homólogas en el resto del mundo.
En Latinoamérica y en Europa (como demostró recientemente el caso de Sarah Everard asesinada en Londres. Sí, el lector se dará cuenta que me tomó semanas escribir estas líneas por las víctimas de femicidio que voy añadiendo al relato), siempre está el terror que la desaparición de una mujer o feminidad desemboque en el peor escenario: el femicidio. Estamos acostumbrados a ver en la manera en que los medios de comunicación reportan sobre femicidios: se habla de las alertas previas, cuando las hubo, de los casos de denuncia que no fueron debidamente atendidos, pero rara vez se habla del carácter estructural del problema y del sistema de justicia que lo aborda de manera deficiente. Y ni qué hablar que los transfemicidios no consiguen el mismo ruido mediático que los asesinatos de las mujeres cis.
Aquí es cuando la manera en la que se usa el término (trans)femicidio puede ser un parteaguas entre la mera cuantificación de cuerpos victimizados (que es necesaria, pero no el fin último de la justicia ante la violencia de género) y el poner al Estado como el principal responsable de terminar con la violencia que lleva a la eliminación de las mujeres.
Noa Pothoven, otra víctima del femicidio de Estado
Un caso a raíz de la violencia sexual de género que más causo revuelo en Países Bajos en los últimos tiempos es el de Noa Pothoven, una adolescente que murió en 2019 de inanición autoinducida. Noa había sido agredida sexualmente a los 11 años durante una fiesta infantil y de nuevo un año después en otra fiesta. A los 14 fue violada por dos hombres. El trastorno de estrés postraumático que sufría a raíz de esos eventos nunca fue tratado debidamente y Noa fue hundiéndose en una depresión que acabó con su vida a los 17 años. En la prensa internacional su muerte causó conmoción porque se reportó erróneamente que había muerto por eutanasia. En Países Bajos, el foco de su caso fue, en orden de peso mediático, su deseo de morir, sus problemas de salud mental y su anorexia, y la ineptitud de los servicios de atención a jóvenes que trataron su caso. Mientras que las causas subyacentes de su trastorno eran siempre mencionadas (osea, que había sobrevivido a múltiples episodios de violencia sexual en su niñez), hubo poco reparo en el hecho que el miedo y la vergüenza le impidieron por mucho tiempo hablar con nadie del asunto o que por órdenes de la justicia fue internada en varias instituciones psiquiátricas (mientras que ninguno de sus perpetradores parecía haber llegado a ninguna instancia de la justicia).
En este contexto cabe mencionar el caso presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 2000 relacionado con los homicidios de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez (México), donde desde hace más de veinte años las mujeres desaparecen casi de forma sistemática y donde la respuesta del poder judicial invariablemente culpabiliza a la mujer de su propia desaparición y resulta en inacción. Como conclusión de su investigación, la CIDH habló por primera vez del feminicidio no solamente como el asesinato de mujeres, sino como la inacción del Estado y un mensaje permanente que dice que donde reina la impunidad, la falta de consecuencias para los agresores se convierte en un “permiso” para seguir violentando a las mujeres.
Desde esta perspectiva, el sistema judicial también tiene un rol en la prevención de la violencia porque el sistema penal es por definición un sistema ex post, es decir, un sistema que actúa cuando los delitos ya han ocurrido (en el caso de los (trans)femicidios, cuando la feminidad ha sido despojada de su derecho de vivir). Sin embargo, la querella judicial también puede ser un mecanismo ex ante, o un mecanismo de prevención en tanto desencadene una sanción, pues ahí el sistema judicial da un mensaje de cero tolerancia. Pero cuando el sistema de justicia no ofrece sino impunidad, inacción, expedientes cerrados sin investigar, o trabajadores sociales que directamente te dicen que no molestes a la policía porque está muy ocupada, no solamente se les expulsa a las victimas o sobrevivientes del sistema de justicia, sino que se da un mensaje de que el sistema judicial avala esas violencias.
El camino recorrido…
En ese respecto podemos mirar atrás y reconocer lo que hemos logrado avanzar a nivel global en menos de una década: desde #niunamás o #niunamenos y su devenir en el movimiento transfeminista contemporáneo como uno de los actores políticos más importantes en América Latina, hasta el #metoo en el resto mundo y los cambios que la valentía de tantas mujeres e identidades no normativas que se han expuesto para hablar de la violencia a la que estuvieron sometidas en ámbitos tan diversos como la medicina, el espectáculo, los medios, la academia, y la política. Es innegable que eso ha contribuido a un cambio en la idiosincrasia de la sociedad, lo cual ha repercutido en el sistema de justicia: hombres antes intocables, como Harvey Weinstein, terminaron pagando por sus abusos, o en países como Francia han endurecido las penas para adultos que mantienen relaciones sexuales con menores.
Y aunque los fallos a favor del poder opresor (por ejemplo, la policía que mata a quemarropa en todo el mundo, el político absuelto de lavado de dinero o tráfico de influencias, por nombrar un par de una larga lista de ejemplos) podrían indicar lo contrario, el debate global que hay en tono a la falta de legitimidad que tiene el sistema judicial es también un avance. Y cómo no va a haber una crisis de legitimidad, si de los tres poderes de las democracias, el poder judicial es el único que no requiere una renovación periódica. La falta de perspectiva de género del sistema de justicia en todo el globo forma parte de esta crisis de legitimidad.
Como respuesta a esta crisis de legitimidad y desde la perspectiva de su papel como servidores públicos, el sistema de justicia y las instituciones que lo integran (la policía, los tribunales, los fiscales, etc.) tienen la obligación de responder a las demandas sociales. En lugar de eso, la actitud a nivel mundial es reactiva y represiva, como se ve una y otra vez en Latinoamérica cuando los movimientos transfeministas salen a repudiar los femicidios (o recientemente en el Reino Unido también, en el caso de las protestas por el femicidio de Sarah Everard), o las protestas de #blacklivesmatter, o las protestas contra el golpe de estado perpetrado por la junta militar en Birmania. Por cierto, no puedo negar que al escribir este ensayo siento algo de miedo sobre las consecuencias que podría traerle a mi estado migratorio, o al menos a la violencia a la que podría estar expuesta por tener estas opiniones. Sé que por mi condición de migrante se espera de mí no tener opiniones que pudieran ser consideradas como transgresoras. Lo que se espera de les migrantes es que nos integremos de la forma más normativa posible a la sociedad, y esta expectativa muchas veces se impone con violencia, como lo muestra la criminalización de las mujeres musulmanas migrantes que llevan el jihab.
Algunas personas podrían decir que mis temores son exagerados, pero el reciente escándalo de las prestaciones por hijos en los Países Bajos, en el que las autoridades fiscales holandesas acusaron erróneamente de fraude a miles de familias con doble nacionalidad y se vieron sumidas en la miseria demuestra que los peores temores de los grupos marginados (especialmente aquellos con antecedentes de inmigración) están bien fundamentados.
La violencia de género sirve a este sistema de precariedad y control. La criminalización de la pobreza, evidenciada en el escándalo de las prestaciones por hijos al cargo, no solo agrava el empobrecimiento, sino también la precariedad de la vida de las mujeres, que soportan la peor parte del trabajo de cuidados no remunerado. Mientras tanto, la violencia de género no solo es tolerada e invisibilizada por el Estado coercitivo, sino que también sirve como medida disciplinaria para mantener a las mujeres bajo control y lejos de la igualdad. Y la desigualdad de género, a su vez, sirve al Estado coercitivo al convertir a las mujeres en la piedra angular del trabajo precario, necesario para la acumulación de capital y el control. En otras palabras, la violencia de género es funcional al Estado coercitivo, donde su omnipresencia es crucial para la deshumanización de las identidades femeninas como productoras y reproductoras de una clase trabajadora subordinada.
… Y el que nos queda por recorrer
Con este trasfondo como contexto y el pre-requisito de, finalmente, una abolición de la policía y el ejército, abogo por una renovación del sistema de justicia enraizado en el feminismo. Deberían existir estructuras fiscales dentro de los ministerios públicos con la misión exclusiva de investigar delitos de género que estos se expresan como violencia doméstica o sexual y de los cuales el femicidio es la expresión mas grave. Los hechos muestran que en todo el mundo las leyes discriminatorias afectan de manera desproporcionada las identidades de género no normativas. De forma similar, en Países Bajos las fiscalías aún carecen de conocimientos sobre diversas formas de violencia de género, como demostró un Informe Sombra sobre la implementación del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir violencia contra la mujer y violencia doméstica en 2018. En este contexto, esta estructura fiscal también podría tener la misión de abordar problemas de otra envergadura (por ejemplo, crímenes perpetrados por o contra sectores más relegados de la sociedad), desde una perspectiva de género e interseccional.
Desde esta perspectiva es clave abordar a desigualdad como raíz de la violencia. Cuando hablamos de las violencias en general y la abolición del complejo carcelario-militar en particular, podemos, por ejemplo, descuidar la dimensión laboral de la policía y el ejército. En América Latina y en otros lugares, la policía es una fuente de empleo para los sectores empobrecidos, al igual que el ejército ha servido históricamente como un medio de movilidad económica para los hombres racializados. En cambio, la policía es el principal empleador de los Países Bajos y el sector se caracteriza por una baja rotación. Por lo tanto, la lucha por la rendición de cuentas y la reparación del abuso de poder generalizado también deberá abordar de manera pragmática cómo construir una economía de paz que incluya el trabajo decente para todos.
Asimismo, cuando hablamos de violencia de género parece que las alarmas solo suenan cuando la violencia llega a un extremo (como feminicidios, transfemicidios o delitos de odio), pero no nos enfocamos en las estructuras que conducen a esta violencia. La paridad de género y origen étnico en las instituciones estatales podría ser parte del cambio estructural que se hace necesario, aunque no garantiza una perspectiva de género, clase o etnia, ya que la violencia de género y sexual que sobrevivimos todos los días no solo es sistémica sino también respaldada por el Estado.
Parafraseando a Paulo Freire, parece que en diferentes grados empezamos a darnos cuenta de nuestra condición de oprimidos. Es el momento para tomar conciencia de que “nadie se libera solo. La gente se libera en comunidad mutua con otros”. Apelando a los llamados de los abolicionistas que ven no solo la necesidad sino también el potencial del mundo para transformarse a sí mismo, es hora de formar lazos de solidaridad, comunidades de cuidado, pero sobre todo comunidades de entendimiento, a acercarnos al otro y a encontrar nuestra propia humanidad en las diferencias. Eso nos lo debemos a nosotros mismos y los que estuvieron antes que nosotros aquí, pero, sobre todo, a los que vienen.
Diana Quiroz es investigadora y activista que actualmente trabaja para Profundo, una empresa sin fines de lucro con sede en Ámsterdam, centrada en cadenas de suministro y derechos humanos. Ha ejercido el activismo durante muchos años en los movimientos feministas y por la soberanía alimentaria, trabajando para ILEIA y la organización feminista alemana medica mundial.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI).
Créditos fotográficos
Foto 1: Bolivia, La Paz, 14 de enero de 2020, Vivi * (no es su nombre real) es fotografiada en las calles donde fue golpeada por su esposo durante años. Sobrevivió por poco muchos años en los que su marido la golpeó, provocando dos abortos espontáneos tardíos y muchas hospitalizaciones.
Durante cuatro horas me contó cómo conoció a su marido y por qué ignoró las señales de que era peligroso, sobre su matrimonio y su tortura. Ambos eran agentes de policía. Me contó cómo el coronel la obligó a ir con él y cómo otros policías intentaron ayudarla. Cómo estuvo a punto de perder a su primer hijo cuando él la golpeó, la mató de hambre y la alejó de sus amigos y familiares. Dibujó diagramas de dónde corrió en su casa para escapar y dónde la atrapó. Ella describió su primer aborto espontáneo debido a una golpiza, cómo lo informó en secreto. Luego me mostró una foto del segundo aborto espontáneo. Mantuvo al feto de 7 meses con ella durante 8 días cuando finalmente fue encarcelado, pero solo durante 6 meses. Ella dijo que perdió la cabeza. Y luego cambió de opinión, ganó fuerza y ha estado luchando por la justicia desde entonces.
A la medianoche, terminó de contarme su historia. Y ella se disculpó. "Lamento haber tardado tanto. He sido muy detallada”, dijo. “Estoy compartiendo estas cosas porque las otras mujeres no pueden. Están muertas."
Afuera estaba diluviando, así que fuimos al café más cercano, subimos unas escaleras de madera oscura y nos sentamos en una mesa larga. Las paredes amarillas hacían que cada mujer pareciera pálida, el púrpura en los círculos profundos debajo de sus ojos más pronunciado.
Cada mujer tenía una historia, armada con fotos de sus hijas o hermanas en forma de póster. Las fotos eran hermosas como modelos. Estas mujeres muertas llamaban la atención. Seguro. Con cabello perfecto. Dos de ellas estaban estudiando para ser ingenieras.
Los asesinatos fueron espantosos. La mayoría fue por apuñalamiento múltiple. Muchos implicaron tortura y violación. Uno incluyó el asesinato de un hijo de dos años. Causado, dijeron las madres, por ataques de celos o la culminación de meses de abuso. En un caso, de trató de una cita con un desconocido seguida de violación y asesinato.
Pero las madres y hermanas sobrevivientes de las víctimas de feminicidio en La Paz, Bolivia, sufren un trauma secundario, uno casi tan intenso. Es el sistema.
Foto 1: Nombre de archivo: BRA2020003C9122-0033-Quiroz-1 / Crédito: © Andrea Bruce / NOOR IG Handels: @andreabruce Twitter Handels: @abruce_noor
Pie de foto: Bolivia, La Paz, 14 de enero de 2020, Vivi * (no es su nombre real) es fotografiada en las calles donde fue golpeada por su esposo durante años. Sobrevivió por poco muchos años en los que su marido la golpeó, provocando dos abortos espontáneos tardíos y muchas hospitalizaciones.
Durante cuatro horas me contó cómo conoció a su marido y por qué ignoró las señales de que era peligroso, sobre su matrimonio y su tortura. Ambos eran agentes de policía. Me contó cómo el coronel la obligó a ir con él y cómo otros policías intentaron ayudarla. Cómo estuvo a punto de perder a su primer hijo cuando él la golpeó, la mató de hambre y la alejó de sus amigos y familiares. Dibujó diagramas de dónde corrió en su casa para escapar y dónde la atrapó. Ella describió su primer aborto espontáneo debido a una paliza, cómo lo informó en secreto. Luego me mostró una foto del segundo aborto espontáneo. Mantuvo al feto de 7 meses con ella durante 8 días cuando finalmente fue encarcelado, pero solo durante 6 meses. Ella dijo que perdió la cabeza. Y luego cambió de opinión, ganó fuerza y ha estado luchando por la justicia desde entonces.
A la medianoche, terminó de contarme su historia. Y ella se disculpó. "Lamento haber tardado tanto. He sido muy detallada”, dijo. “Estoy compartiendo estas cosas porque las otras mujeres no pueden. Están muertas."
Afuera estaba diluviando, así que fuimos al café más cercano, subimos unas escaleras de madera oscura y nos sentamos en una mesa larga. Las paredes amarillas hacían que cada mujer pareciera pálida, el púrpura en los círculos profundos debajo de sus ojos más pronunciado.
Cada mujer tenía una historia, armada con fotos de sus hijas o hermanas en forma de póster. Las fotos eran hermosas como modelos. Estas mujeres muertas llamaban la atención. Seguro. Con cabello perfecto. Dos de ellas estaban estudiando para ser ingenieras.
Los asesinatos fueron espantosos. La mayoría fue por apuñalamiento múltiple. Muchos implicaron tortura y violación. Uno incluyó el asesinato de un hijo de dos años. Causado, dijeron las madres, por ataques de celos o la culminación de meses de abuso. En un caso, de trató de una cita con un desconocido seguida de violación y asesinato.
Pero las madres y hermanas sobrevivientes de las víctimas de feminicidio en La Paz, Bolivia, sufren un trauma secundario, uno casi tan intenso. Es el sistema.
Foto 2: Nombre del archivo: BRA2020003C9122-0042-Quiroz-2 / Crédito: © Andrea Bruce / NOOR IG Handels: @andreabruce Twitter Handels: @abruce_noor
Pie de foto: Bolivia, La Paz, 14 de enero de 2020, las familias de las víctimas de feminicidio se manifiestan frente a las oficinas de los edificios gubernamentales en La Paz.
NOTAS:
[1] Cuando hablo de Europa occidental me refiero a los países que comprenden a la región con el mismo nombre de acuerdo el geoesquema de las Naciones Unidas.
[2] El puntaje del índice de igualdad de género no incluye la violencia dentro del cálculo, lo que sugiere fuertemente que la desigualdad de género es más profunda de lo que se estima.
Neoextractivismo y violencia estatal: Defendiendo a los defensores en América Latina
Neoextractivismo y violencia estatal: Defendiendo a los defensores en América Latina
Aldo Orellana López
Estado del Poder 2021
El auge de las materias primas a principios de la década de 2000 extendió las fronteras del extractivismo y se ha basado en la violencia estatal, convirtiendo a América Latina en uno de los lugares más peligrosos y mortíferos para los pueblos indígenas y los defensores comunitarios que están en primera línea. Este ensayo, centrado en Perú y Colombia, explora la dinámica de la violencia estatal y las estrategias para una resistencia eficaz.
“En La Guajira estamos resistiendo para no entregar ni un metro más de tierra”, nos explicó Samuel Arregocés, miembro del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Tabaco en Colombia. “Este carbón es carbón de sangre, carbón de lágrimas, carbón de necesidad”, “Por eso nosotros estamos resistiendo contra el modelo extractivo[i], impuesto por esta nación”, afirma. Su experiencia de vida nos muestra la realidad del extractivismo en América Latina y la violencia que la acompaña.
En agosto de 2001, 400 familias de la comunidad de Tabaco fueron desalojadas por la fuerza para dar paso a la explotación de carbón de la mina a cielo abierto más grande de América Latina, El Cerrejón, actualmente de propiedad de las gigantes Anglo American, BH y Glencore. Previo al desalojo, la comunidad fue víctima del corte de servicios básicos, se quemaron sus viviendas, destruyeron el cementerio y les prohibieron el libre tránsito. Las casas que quedaban en pie tras incendiarlas fueron destruidas con excavadoras amparadas por la policía de Colombia.
La minería de carbón en La Guajira ha desplazado más de 25 comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes y ha secado y desviado más de 20 ríos importes. Las organizaciones también sufren constantes amenazas por la defensa de su territorio. “Las personas que hemos estado liderando estos procesos hemos sido objeto de hostigamiento. Incluso hemos sido perseguidos por desconocidos”, afirma Samuel.
América Latina es considerada como el lugar “más peligroso para ser defensor del territorio”. Datos de Global Witness indican que el año 2019, 148 de los 212 asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente en el mundo tuvieron lugar en América Latina. Estos asesinatos y otro tipo de amenazas y hostigamiento se produjeron en contextos de conflictos mineros, de extracción petrolera y del agro negocio, principalmente.
Lo que sucede con El Cerrejón y las comunidades de La Guajira es un ejemplo de lo que Eduardo Gudynas ha calificado como “Extrahecciones”[ii], para referirse a la “apropiación de los recursos naturales” de una forma violenta, mediante la transgresión de los derechos humanos y de la naturaleza. “Existen muchos ejemplos donde la extracción acarreó esas violaciones, tales como la afectación de la salud humana por contaminación, el desplazamiento forzado de comunidades o el asesinato de líderes comunitarios”, dice Gudynas.
A principios del siglo XXI, los altos precios de las materias primas en el mercado internacional incentivaron el aumento de las actividades extractivas para la exportación. Este llamado “super ciclo” generó mayor presión sobre los territorios y comunidades. Se incrementaron las resistencias protagonizadas por movimientos indígenas y campesinos fundamentalmente, pero también de organizaciones de la sociedad civil provenientes de las ciudades. Los niveles de conflictividad aumentaron en toda la región, así como la represión por parte de las fuerzas del Estado, la criminalización de la protesta y el asesinato de líderes ambientales y sociales. Maristella Svampa ha denominado a este periodo como la era del “neoextractivismo[iii]”.
La era del neoextractivismo
El “neoextractivismo” es un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales y que implica la expansión de las “fronteras del extractivismo” hacia nuevos territorios. Este periodo está caracteriza por lo que Svampa ha denominado como el “consenso de las commodities[iv]”, un “nuevo orden económico y político” sostenido por el boom de los precios de las materias primas y el incremento de la demanda global de recursos.
La evolución de los precios de las materias primas fue constante durante los primeros años del nuevo milenio. El petróleo alcanzara los 140 dólares por barril el año 2008, cuando la crisis financiera hizo que cayera por debajo de los 40 dólares. A partir del 2009 el precio volvió a recuperarse hasta superar la barrera de los 100 dólares. Desde el 2014 el precio cayó muy por debajo de los 100 dólares, hasta su estrepitosa caída en la pandemia del COVID-19. En el caso de los minerales, según UNECLAC, entre 2002 y 2008 se cuadruplicó el valor del volumen de exportaciones de productos mineros. Desde entonces, los precios han caído, pero el consumo y exportación de minerales ha continuado en aumento en términos de volumen. Por volumen, durante el superciclo la región pasó de exportar 289 millones de toneladas de minerales en 2002 a 443 millones tn en 2008 y 600 millones tn en 2017.
Este fenómeno fue bien recibido por todos los países de América Latina, que vieron en la extracción y exportación de recursos naturales, una nueva “oportunidad” para el desarrollo. Parte del beneficio fue destinado al aumento del gasto público para reducir la pobreza. Aunque hay diferencias entre los países, a nivel general, las políticas redistributivas y sociales permitieron que entre el 2002 y 2011 América Latina redujera la pobreza del 44% a un 31,4%, y la extrema pobreza paso de 19,4% al 12,3%.
En esta nueva etapa extractiva, China jugó un rol importante. Su ascendencia como potencia la convirtió en un importante comprador de diversos tipos de materias primas como minerales, hidrocarburos, productos del agronegocio, etc. China tiene relaciones comerciales con prácticamente todos los países de la región, desde gobiernos conservadores de corte neoliberal, hasta gobiernos progresistas de la llamada “marea rosa”. Más del 80% de las exportaciones de América Latina a China son materias primas o con poco valor agregado, mientras que la región importa todo tipo de productos manufacturados.
Las inversiones chinas también han aumentado en la región. Entre 2010 a 2015, las inversiones directas provenientes de China superaron los 64.000 millones de dólares, en su mayor parte destinado a actividades extractivas como grandes represas, infraestructuras, etc. Además, China se ha convertido en una fuente importante de préstamos para los países de la región, recursos destinados principalmente a impulsar proyectos extractivos. En 2015, el flujo de préstamos de China a América Latina alcanzó los 35.000 millones de dólares.
El alza de los precios internacionales y la expansión de la economía China remodelaron los presupuestos de los gobiernos de la región. En torno a 2010 comenzaron a impulsarse más proyectos de megaminería, explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, expansión del agro negocio y construcción de grandes represas. Además, se impulsó la construcción de infraestructuras asociadas al extractivismo, como carreteras para el transporte de las exportaciones. La caída de los precios de las materias primas en 2013 y 2014 exacerbaron la intensificación y expansión de la extracción de recursos para compensar la reducción de los ingresos de las exportaciones. Como resultado crecieron los conflictos socioambientales y la represión violenta de comunidades en zonas de extracción.
Estos conflictos crecen cada año. Según datos del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCMAL), en 2010 se registraron 120 conflictos mineros que afectaban a 150 comunidades en la región. En febrero de 2014 el número de conflictos subió a 198, con 297 comunidades afectadas y 207 proyectos involucrados. En enero de 2017 se registraron 217 conflictos que involucraban 227 proyectos y 331 comunidades. En 2018 OCMAL registró 259 conflictos. Hasta ese año, los países con mayor cantidad de conflictos son México (45), Chile (43), Perú (39), Argentina (29) y Brasil (26).
Rodrigo Lauracio, de la Red Muqui de Perú[v], señala que los conflictos son ineludibles porque las actividades extractivas requieren territorios para operar. Las comunidades afectadas resisten porque ven un “riesgo de despojo de su territorio” y “un riesgo para su supervivencia”. Los conflictos a menudo conducen a la paralización de las actividades, lo que lleva a la represión y la violencia contra las comunidades.
Los asesinatos de líderes ambientales durante esta época también fueron alarmantes. Global Witness afirma que entre 2002 y 2013 se registraron 908 asesinatos en todo el mundo, de ellos, 760 –el 83%– casos sucedieron en América Latina. El 2016, más de la mitad de los 200 asesinatos a activistas sucedieron en esta región. El último informe de esta organización señala que 148 de los 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente a nivel global, sucedieron en América Latina.
“El extractivismo es una característica estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esta acumulación es necesario que existan zonas coloniales de sacrificio”, explica el sociólogo argentino Horacio Machado. Este periodo de “reprimarización de la economía” en la región, exacerbó la “dinámica de desposesión y despojo de tierras, recursos y territorios”, que son considerados “áreas de sacrificio” para el progreso. Este proceso responde a un patrón que se viene reproduciendo desde la época de la colonia, en el que la región juega el rol de proveedor de materias primas al mundo. En la actualidad, cada país, de acuerdo a su especialidad, extrae y exporta una gran diversidad de materias primas. Y así como ocurría en la colonia, esta extracción se produce de manera violenta y destruyendo los territorios. Las operadoras de este extractivismo capitalista son principalmente las empresas transnacionales que operan en alianza con el Estado, cuyo cometido es garantizar la seguridad y generar un marco de condiciones económicas favorables a la apertura de la inversión extranjera en esta clase de actividades.
Seguridad pública y el papel del Estado en la globalización
En la era del neoextractivismo, uno de los roles principales del Estado, como agente que detenta el monopolio del uso de la fuerza pública, es la de garantizar la seguridad del capital transnacional invertido en operaciones extractivas.
Para Oscar Campanini[vi], del Centro Boliviano de Documentación e Información (CEDIB), “el Estado es fundamental para llevar a cabo el extractivismo”. Primero, porque necesita viabilizar las operaciones a través de la normativa y las leyes. También es protagonista a través de empresas estatales. Pero principalmente, es el Estado quien resuelve la contradicción en los conflictos a través de la violencia ejercida por los aparatos estatales, como la policía y las fuerzas armadas.
En las últimas décadas, varios gobiernos de la región han creado y fortalecido nuevas unidades policiales destinadas a controlar manifestaciones e intervenir en conflictos socioambientales. Una de estas fuerzas es el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Colombia, una unidad de la policía creada en 1999 y encargada del “control de disturbios, multitudes, bloqueos, acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona urbana o rural del territorio nacional”.
Esta unidad se ha hecho famosa por la brutalidad con la que opera, especialmente en contra de comunidades indígenas y campesinas que resisten al desalojo de sus tierras para dar paso a la explotación minera, petrolera y la construcción de mega-represas. Sus intervenciones se producen repetidamente en el marco de conflictos socioambientales. El 25% de los conflictos registrados en Colombia entre 2001 y 2011 estuvieron relacionados con el petróleo, el oro y el carbón.
El ESMAD desalojó a la comunidad de Tabaco de Samuel Arregocés el año 2001. Muchas otras comunidades que resiste proyectos extractivos también han sufrido los ataques del ESMAD. Se trata de un “cuerpo policial que está marcado por 20 años de violaciones graves a los derechos humanos”, dice el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). “34 personas han perdido la vida a manos del ESMAD en el marco de protestas sociales… ha incurrido de manera sistemática en torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes de sus víctimas”. “A esta sistemática violación de derechos humanos se suma la sistemática impunidad que les encubre. No existe una sola sentencia condenatoria por los homicidios y torturas cometidas”.
Un informe de la ONG Temblores, afirma que el ESMAD contaba con 1.352 efectivos el año 2006, cifra que se incrementó a 3.328 el año 2018. Su presupuesto ronda los 13 millones de pesos colombianos, unos 3,5 millones de dólares. CAJAR afirma que el Estado colombiano destinó entre 2001 y 2018, la suma de 84.700 millones de pesos para su funcionamiento, es decir, unos 23 millones de dólares al cambio actual.
Este caso ilustra la forma en que la fuerza pública “opera de oficio” en situaciones de conflicto y es funcional al extractivismo. No obstante, el blindaje de las operaciones extractivas y de las empresas transnacionales va más allá. En Perú, por ejemplo, la organización Earth Rights International (ERI) ha puesto de manifiesto cómo la ley “faculta a la Policía Nacional pactar acuerdos con empresas privadas con el fin que efectivos policiales presten sus servicios como agentes de seguridad privada en las instalaciones y áreas de influencia de los proyectos extractivos, a cambio de una contraprestación económica”. Según esta organización, se firmaron al menos 138 convenios entre los años 1995 y 2018. De ellos, 109 fueron suscritos antes del 2017 y 29 se encontraban vigentes en 2019. De facto, el Estado se está convirtiendo en una fuerza de policía privada para el capital transnacional.
Katherine Paucar[vii], de ERI, afirma que “el Estado ha ido generando de forma paulatina mecanismos que le han permitido garantizar que los recursos sigan siendo explotados en los territorios de los pueblos indígenas. Esto conduce a la violación de sus derechos ”.
Transnacionales gigantes como Anglo American, BHP, Glencore, Southern o Newmont son propietarias de las empresas operadoras que firmaron convenios con la policía en los últimos años. Las empresas brindan apoyo logístico a la policía, servicios básicos, equipos de comunicación, alimentación, vehículos, internet, material de escritorio y otros bienes. Según ERI, entre el año 2010 y 2018, la Policía recibió 45.500 millones de soles (más de 12.200 millones de dólares) por el pago de sus servicios de seguridad.
La mayoría de las intervenciones policiales se producen en contextos de conflicto, algo muy frecuente en Perú. Según la Defensoría del Pueblo del Perú, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se registraron 197 conflictos, de los cuales 129, el 65%, era conflictos socioambientales.
ERI concluye que en Perú “la función policial se ha privatizado”, y los acuerdos se utilizan “como estrategia del Estado para garantizar el normal desarrollo de las actividades extractivas, en el marco de su política extractivista”.
Esta doctrina de seguridad responde a una doctrina económica y a una agenda para abrir la región a las inversiones y flexibilizar las normas ambientales aprobadas en la década de los 90 y reforzadas en la era del consenso de las commodities. Se trata de una tendencia regional, en donde países como Perú y Colombia constituyen casos emblemáticos.
Hace dos décadas se implementó en Colombia la llamada política de “seguridad democrática” y “confianza inversionista” que consiste en la apertura económica y el fortalecimiento de la seguridad de la inversión extranjera. Bajo esta lógica, se crearon en el país los denominados “batallones mineros, energéticos y viales”, conformada por las fuerzas armadas de Colombia y cuya tarea era proteger las actividades extractivas, las infraestructuras y las vías de comunicación principales de cualquier ataque. Para ello se militarizaron y fueron patrulladas áreas enteras. En 2012, el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que la protección de las infraestructuras minera, energética y vial del país, “no es solo un deber sino una prioridad, porque a través de esa infraestructuras se mueve la riqueza de los colombianos, generando empleo, oportunidades y desarrollo”.
Estos batallones funcionan al amparo del gobierno, pero las compañías extrativas también pueden contratar sus propios servicios de seguridad. El año 2014 salió a la luz la existencia de convenios de seguridad entre las empresas extractivas y los batallones minero energéticos. El Gobierno colombiano justificó esta práctica por la existencia del conflicto armado interno. Investigaciones de la organización colombiana Tierra Digna señalan que hasta 2015 existían al menos 21 Batallones Especiales Energéticos y Viales en Colombia. También reveló que entre 2001 y 2013 se firmaron 103 convenios, por los cuales las empresas pagaron 45.000 millones de pesos colombianos (unos 12 millones de dólares) al Estado por los servicios de los batallones. Firmas como Glencore, Anglo American, BHP, AngloGold Ashanti y Drummond, entre otras, pagaron por estos servicios.
El objetivo final es “robustecer las fuerzas armadas en todo el territorio nacional y expandir el sector minero-energético para convertirlo en el principal sector económico”. Se trata de “una política de seguridad para el extractivismo”, afirma la organización colombiana Tierra Digna.
Una consecuencia de estas políticas de seguridad es la creciente impunidad. En el caso de Perú, según Rodrigo Lauracio, existe una “Ley de Protección Policial” que “sobreprotege” a los policías cuando utilizan sus armas en situaciones de conflicto. "Los agentes de policía no pueden ser juzgados en igualdad de condiciones, como otros ciudadanos", dice. Esta ley favorece el uso desproporcionado de la fuerza, lo que conduce a una mayor violencia e impunidad. Este es un patrón que se repite en otros países.
Un orden económico en favor del capital transnacional
Sin duda, todo este andamiaje jurídico económico es posible a través de la captura corporativa del Estado, un mecanismo por el cual las empresas transnacionales ejercen influencia para implementar leyes que les beneficien en diferentes ámbitos, desde la flexibilización de las normas ambientales a las leyes de seguridad. “Legislación por desposesión”, como lo denomina el profesor Miller Dussán, de Asociación de Afectados por la Mega-represa del Quimbo (ASOQUIMBO) en Colombia. Sin embargo, es importante señalar que este marco legal que prioriza el extractivismo no solo se limita a atender los intereses corporativos privados, sino que también atiende a las empresas estatales.
Este entramado político, económico y jurídico puede situarse en lo que William Robinson ha denominado como la “etapa transnacional del capitalismo global”, caracterizada por el surgimiento del “capital verdaderamente transnacional” y por la integración de los países al “sistema globalizado de producción y finanzas” y a los “circuitos globales de acumulación”. En esta etapa, el nuevo “estado transnacional” genera las condiciones para la acumulación globalizada, promueve marcos legales regulatorios que lo facilitan, financian los sistemas que necesita el capital transnacional, y se convierte en un instrumento de coacción y control.
En la era del capital transnacional, existe un poder supranacional que ejerce un poder “de facto” sobre la soberanía de los estados. Se trata de una estructura global regulatoria basada en una amplia de red de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. En la práctica, esta red gobierna y regula el comercio y la economía global a través de la “Lex Mercatoria”, que conforma un nuevo orden económico y jurídico global en favor del capital transnacional. Este orden económico también “sobreprotege” a las empresas cuando las resistencias populares o las políticas públicas que benefician a la población afectan sus intereses. No es casualidad que la mayoría de los casos de resolución de disputas entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés), demandas de las transnacionales contra los estados, sean en sectores extractivos, principalmente el minero.
La profundización de esta etapa del capitalismo mundial trajo consigo una nueva ronda de expansión extensiva e intensiva del capital transnacional, que busca penetrar en espacios y territorios que antes estaban fuera de la zona de acumulación. Esta nueva “ola de despojos” se ha traducido en mayor actividad extractiva, lo que produce resistencias desde los territorios y una mayor conflictividad, represión y violencia por parte del estado transnacional. Es a lo que Robinson llama como “acumulación militarizada” o “acumulación por represión”.
Perú y Colombia, casos emblemáticos de violencia e impunidad
La violencia hacia las comunidades involucradas en conflictos en contextos extractivos procede principalmente del Estado mediante el uso de la fuerza pública. Sin embargo, no es la única ni la peor. La presencia de actividades extractivas siembra una gran cantidad de intereses oscuros que pueden activar redes y grupos criminales en los lugares donde se sitúan. Se crea entonces un ambiente muy tenso y hostil hacia los defensores de la tierra. La impunidad imperante por los crímenes que se cometen empeora la situación. Cuando tiene lugar un crimen es difícil encontrar a los autores materiales e intelectuales.
Global Witness informó que en el año 2019, 64 de los 148 asesinatos de líderes ambientales sucedidos en América Latina, sucedieron en Colombia. “Es el número más alto jamás registrado en el país”. Además, la organización señala que el asesinato de los defensores del territorio ocurre en un “clima de persecución y amenazas” que “buscan infundir temor”.
“Defender los Derechos Humanos es muy difícil… y más en La Guajira, con el tema de la actividad extractiva del carbón”, nos dijo Jakeline Romero, indígena Wayúu integrante de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu, un colectivo que también resiste a la expansión de la minería del carbón. “En nuestra organización hemos tenido que vivir muchas situaciones de violencia, pasando por las amenazas, estigmatización y señalamiento”.
Front Line Defenders dice que “el 44% de los ataques ocurridos entre 2015 y 2019 (en Colombia) se perpetraron contra personas defensoras que expresaron su preocupación por las operaciones de cinco empresas… El Cerrejón es una de ellas”. Esta empresa, además, tiene un convenio se seguridad con los batallones minero-energéticos.
En el caso de Perú, también se ha incrementado la represión en zonas en donde existe resistencia principalmente a actividades mineras. La situación es particularmente grave en el sur andino, una de las regiones con más concesiones mineras del país y donde se encuentra el llamado “corredor minero”, zona por donde se transporta el mineral para su exportación. La mayoría de las empresas extractivas que tienen convenios de seguridad con la policía, explotan proyectos en zonas de alta conflictividad, incluyendo “corredor minero”. En esta zona, en la provincia de Espinar, se encuentra la mina de cobre, oro y plata Antapaccay, de propiedad de la transnacional minera Suiza Glencore y que se encuentra constantemente militarizada producto de los “estados de emergencia”, una figura normativa que suspende los derechos de las comunidades y las protestas pese a los impactos ecológicos de las minas sobre el agua, el suelo y el aire. Se han encontrado elevadas cantidades de metales pesados en las muestras de sangre de docenas de adultos y niños en estas comunidades.
En 2012, una declaratoria de huelga general y bloqueo de caminos derivó en la intervención policial que dejó 3 personas muertas, decenas de heridos y varias detenciones arbitrarias. Después de este conflicto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH), denunció la existencia de un convenio de seguridad entre la policía y la empresa minera y que durante la huelga la policía utilizó las instalaciones de la empresa como “base de operaciones” y centro de detención en donde se produjeron torturas a activistas de derechos humanos.
Los últimos conflictos graves en Espinar se produjeron entre julio y agosto de 2020. La población nuevamente exigió que se atendieran sus demandas en cuanto a salud y medio ambiente, además del pago de 1.000 soles (unos 265 dólares) para lidiar con la crisis económica asociada a la pandemia. Los recursos debían provenir del llamado “convenio marco” entre la empresa y el municipio por el que se estipula que el 3% de las ganancias de la actividad minera se destinen a proyectos de desarrollo de la provincia. Ante la negativa de la empresa, que es la que administra los recursos del convenio, la población salió a protestar y fue reprimida por la policía. La CNDDHH reportó 3 heridos por impacto de bala, 6 heridos con perdigones y varios heridos por golpes y contusiones. La CNDDHH acusó a la Policía de haber sometido a actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes a las personas que protestaban. “A las personas las han torturado, las han amenazado de muerte, les han rociado combustible en el cuerpo, y han amenazado con quemarlos. También hay testimonios de que algunas mujeres han sufrido tocamientos indebidos”, señaló Mar Pérez, abogada de la CNDDHH.
Los “estados de emergencia y de excepción” son un patrón de abuso normativo que se repite en la región. Esta situación es utilizada por el Estado para militarizar territorios y suspender los derechos constitucionales, infundiendo miedo en la población y permitiendo el desarrollo de actividades extractivas con mayor facilidad. “Estos mecanismos han configurado un método eficiente de desmovilización de las poblaciones que protestan”, afirma el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Estas situaciones de conflictos y represión en contextos extractivos también derivan en procesos de “criminalización de la protesta social”, mediante la detención y enjuiciamiento de líderes sociales bajo tipos penales forzados y ambiguos, como terrorismo, sabotaje, asociación ilícita y extorsión.
Después de las protestas de 2012 en Espinar, el estado enjuicio a 3 líderes sociales por cargos de instigación y otros tipos penales. El juicio duró más de 8 años, y en el proceso los afectados tuvieron que enfrentar el gasto de recursos económicos y de tiempo, pero además los impactos psicológicos, familiares y sociales. Rodrigo Lauracio, de Red Muqui, señala que en algunos casos estos procesos son impulsados por empresas y en otros directamente por el Estado. “Busca prevenir futuras protestas sociales e intimidar a las organizaciones que cuestionan los proyectos extractivos”, dice.
Conceptos como “seguridad nacional, orden público y protección de activos críticos del Estado”, entre otros, se han utilizado para justificar la subordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto la policía como el ejército, a los intereses de las empresas extractivas”, explica CEDIB.
Existen otras formas de abuso más sutiles que se reproducen en contextos extractivos, como el descrédito de organizaciones y líderes sociales. Las organizaciones y personas que lideran la resistencia con frecuencia han sido calificadas de “enemigos del Estado, enemigos del desarrollo y terroristas” a aquellas personas y organizaciones que lideran procesos de resistencia territorial. Este tipo de calificativos no solo estigmatizan, sino que propician la creación de una atmósfera tensa de violencia que puede derivar en consecuencias fatales para los afectados, principalmente en países en cuyo pasado han existido conflictos armados internos, como Perú y Colombia.
Este tipo de ataques y discursos provienen generalmente de representantes del Estado, pero también se encuentra instalada en las fuerzas represivas, cuya formación está basada en la lógica del “enemigo interno” que debe ser destruido. Esta lógica no respeta la protesta social como un derecho ni como un ejercicio ciudadano legítimo y democrático.
Rodrigo Lauracio señala que este discurso también lo repiten los grupos sociales dominantes y los medios de comunicación, quienes apuntan que las personas que rechazan las actividades extractivas no quieren el desarrollo del país. Esto llevó a “mucha gente a asumir una posición extractivista y dejar de cuestionar los impactos y violaciones de derechos humanos”. “Se naturalizan la violencia, los estados de emergencia, el extractivismo”, concluye.
Por si fuera poco, el ejercicio de la violencia por parte del Estado y estas formas de abuso, están cargadas de racismo. Durante los conflictos en Espinar del año 2020, la abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú, Mar Pérez, señaló que “el uso de la fuerza policial ha sido reconocido a nivel internacional como marcadamente racista”, puesto que “el 70% de las víctimas del uso de la fuerza policial en manifestaciones son indígenas”, algo que ha generado críticas incluso en el Comité para la erradicación de la discriminación racial de la ONU.
Extractivismo y violencia desde la izquierda
Los ejemplos de Colombia y Perú sobre el uso de las fuerzas coercitivas del Estado, la criminalización de la protesta y otros abusos son patrones y tendencias que encajan en un patrón más amplio en América Latina de lo que Svampa denomina “ilusión desarrollista”.
Ecuador y Bolivia, por ejemplo, bajo líderes y gobiernos autodenominados de izquierda, realizaron avances muy importantes en la incorporación de derechos humanos y los derechos de la madre Tierra en sus normas constitucionales. Sin embargo, son dos países también han incorporado en sus estrategias de desarrollo una serie de proyectos relacionadas al extractivismo. Las consecuencias no han sido muy diferentes al resto de los otros países.
“Estamos viendo un extractivismo tradicional neoliberal y un nuevo tipo de neoextractivismo progresista, donde el Estado juega un papel más activo en la captura del excedente y la distribución, que es legítimo, pero que produce los mismos impactos en el medio ambiente y los derechos”, explica Gudynas.
Uno de los casos que más llamó la atención en el caso de Bolivia es el conflicto del TIPNIS. En agosto de 2011, un millar de indígenas del oriente boliviano iniciaran una marcha de 400 kilómetros desde el oriental departamento del Beni hasta la sede de gobierno en La Paz. El objetivo era exigir la paralización de la construcción “sin consulta” de la autopista que debía atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), hogar de varios pueblos indígenas amazónicos. Las comunidades buscaban evitar la potencial incursión de actividades extractivas en esta reserva natural.
El gobierno había desprestigiado la marcha de muchas formas, ligándola a las ONG y otros grupos políticos. Finalmente el gobierno reprimió violentamente la marcha a 80 kilómetros de La Paz, ignorando inicialmente las críticas a nivel nacional e internacional que le hicieron desistir provisionalmente del proyecto.
En Ecuador, un conflicto en la Amazonía entre una empresa minera China y la comunidad Shuar atrajo la atención internacional. En la provincia Morona Santiago, comunidades de la Cordillera del Cóndor, rechazaron el proyecto minero de cobre a cielo abierto San Carlos-Panantza, de la empresa china Ecuacorriente. En agosto de 2016, cientos de efectivos policiales desalojaron violentamente a la comunidad Shuar Nankints de las tierras que la empresa china reclamaba como suyas. Como consecuencia, diversas organizaciones indígenas del Ecuador culparon al gobierno de promover la megaminería sin celebrar la consulta previa, libre e informada. Este fue el principio de otros eventos violentos que terminaron con la militarización de la zona.
Tanto en el caso del TIPNIS como el de la Cordillera del Cóndor, los gobiernos desprestigiaron públicamente a las comunidades e intentaron disolver las ONG acusadas de apoyar las movilizaciones con oscuros intereses.
Como en Colombia y Perú, las llamadas “zonas de sacrificio” se encuentran mayoritariamente en territorios indígenas a quienes a menudo no se consulta y contra quienes posteriormente se ejerce violencia.
Reformas, apoyo a las luchas y alternativas
La extracción violenta de materias primas es un patrón que se viene reproduciendo en América Latina desde la época de la colonia hasta hoy en día. Mientras que China ha jugado un rol fundamental en el periodo del neoextractivismo en la región, una gran parte de los recursos todavía se exportan a Europa y Estados Unidos.
Esta “carrera global por los recursos que quedan” ha generado grandes movimientos de resistencia que están siendo aplacadas cada vez con más violencia, pero que también se fortalecen e incluso crecen.
Un paso crucial para enfrentar el extractivismo es exigir a los estados que proporcionen la información necesaria tanto de las operaciones extractivas como de los sistemas de seguridad diseñados para su protección. Estas protestas y demandas de información pueden ser elevadas a los sistemas internacionales de derechos humanos del cual nuestros países forman parte. Además, existen instrumentos internacionales e importantes instrumentos y antecedentes en la defensa de los derechos humanos, territoriales y ambientales a los que se puede recurrir. En 2011, por ejemplo, la Asamblea de la ONU se pronunció en contra de la utilización indebida de leyes sobre seguridad y lucha contra el terrorismo para atacar defensores de derechos humanos. En 2013 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó que las leyes nacionales deben facilitar la labor de las y los defensores en lugar de criminalizarlos y estigmatizarlos. En 2019 el Consejo reconoció la contribución de los defensores del medio ambiente y destacó la importancia de su aporte para enfrentar los efectos del cambio climático y conservar los ecosistemas. Además, exhortó a los estados garantizar la “participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus derechos y territorios, superar la impunidad en los casos de violaciones de derechos de los defensores y defensoras ambientales, y expedir normas e implementar políticas de protección”, como la consulta previa.
Otra importante herramienta que acaba de nacer es el Acuerdo de Escazú “sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental en América Latina y el Caribe”. El acuerdo está firmado por 24 países y ratificado por 12, y podría mejorar el acceso de las comunidades a la información sobre las actividades extractivas que las afectan. Sin embargo, será un desafío lograr una aplicación efectiva de este acuerdo, dado que ya existen otros acuerdos, como el Convenio 169 de la OIT, que son frecuentemente ignorados.
Una estrategia paralela es reclamar la reforma o abolición de los aparatos represivos del Estado. En Colombia, muchas organizaciones proponen la disolución del ESMAD. Incluso la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado los abusos del ESMAD y solicitado su reforma. También se ha cuestionado con fuerza la existencia y el rol de los Batallones minero energéticos. En Perú, las organizaciones trabajan para demostrar la “inconstitucionalidad” de los convenios entre la policía y las empresas extractivas. También existen propuestas para reformar los códigos penales e incluso la Constitución, para que se deje de utilizar tipos penales de manera forzada para enjuiciar a líderes sociales.
El papel de estos servicios de seguridad se ha puesto de relieve aún más con los recientes conflictos en Perú (noviembre de 2020) y Colombia (abril / mayo de 2021). En Colombia, Temblores había reportado 1.708 casos de abusos policiales hasta el 5 de mayo de 2021 mientras continuaban las protestas anti-Duque ante la generalizada violencia estatal. En estos casos, las organizaciones de derechos humanos han pedido reformas una vez más, desde la eliminación de las leyes que protegen a la policía en Perú hasta la disolución de la ESMAD en Colombia.
Una propuesta de carácter estructural que toma fuerza es la de atacar el sistema que genera el círculo vicioso del extractivismo y la violencia que la acompaña. El modelo de desarrollo “extractivista” ha sido ampliamente criticado en las últimas décadas y una diversidad de organizaciones trabajan en la generación de alternativas. La exacerbación de la violencia asociada al extractivismo hace evidente la crisis sistémica en la que se encuentra el modelo capitalista transnacional y los límites ecológicos que tiene la Tierra. En ese sentido, es una buena oportunidad para pensar en la construcción de un nuevo sistema civilizatorio.
Estas propuestas van desde abogar por transiciones energéticas justas, cambiando la matriz productiva, hasta rescatar y articular las experiencias de las comunidades que viven a partir de sus conocimientos ancestrales sobre la tierra. Otras propuestas para frenar las actividades extractivas impulsadas por las comunidades han surgido de las consultas y asambleas populares que se han desarrollado con éxito en Colombia, Ecuador, Argentina y otros países.
Mientras tanto, es importante apoyar las resistencias en primera línea, crear redes de auténtica solidaridad para denunciar constantemente lo que sucede en los territorios y el rol que juegan las empresas transnacionales. En ese sentido, es importante desmontar el blindaje internacional que protegen a las empresas, como el sistema Arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS por sus siglas en inglés) contemplado en los acuerdos comerciales y de inversión.
Las empresas transnacionales siempre juegan a “el ganador se lo lleva todo”. No se hacen responsables por los conflictos que generan, ya que pueden rehuir la justicia nacional con facilidad, chantajear a los gobiernos, o simplemente son tan poderosas que no se les puede poner un dedo encima. Es por eso que es muy importante exigir mayor escrutinio internacional de sus actividades para que rindan cuentas por sus actos. En ese sentido, debemos seguir apoyando la construcción de un instrumento internacional legalmente vinculante para empresas transnacionales en materia de Derechos Humanos que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos y a reparar a las comunidades afectadas. El Tratado Vinculante que se negocia en la ONU será una herramienta fundamental para que las comunidades que resisten y denuncian los impactos de las empresas transnacionales tengan una forma de protección y una vía internacional efectiva para acceder a la justicia ante los impactos en sus territoritos y ecosistemas.
Aldo Orellana López es activista y periodista boliviano enfocado en temas ambientales, extractivismo y empresas multinacionales en América Latina. Trabaja en Terra Justa, una organización de investigación y campañas con sede en Bolivia.
Twitter: @AOrellanaLopez @TerraJusta
Créditos fotográficos
Foto 1: Nombre de archivohivo: LIS2014010C-0009-Orellana-1. Crédito: © Sebastian Liste / NOOR /
Pie de foto: PERÚ - NOVIEMBRE 2014: Mujer india observando la llegada de un gran carguero al puerto de Matarani. El crecimiento de esta localidad ha sido constante con la construcción de la carretera Interoceánica. En 2012, su puerto movilizó tres millones de toneladas y se espera que aumente ya que la empresa Tisur, que posee la concesión de este puerto desde 1999, prevé invertir 140 millones de dólares para construir un sistema de recepción, almacenamiento y envío de minerales. Estas ampliaciones atenderán futuros proyectos mineros en los Andes centrales (Apurimac) y del sur.
La Carretera Interoceánica es una carretera transcontinental internacional en Perú y Brasil para conectar los dos países. Ahora terminada, ha construido una carretera conectada desde los puertos peruanos de San Juan de Marcona a los puertos y ciudades brasileños a lo largo de la ZPE (Zona Especial de Exportación) de la Ciudad de Rio Branco. La carretera sirve para facilitar el acceso de Brasil a la costa del Pacífico (y los mercados de Asia) y de la misma manera el traslado de productos asiáticos a la costa del Atlántico (mercados de Estados Unidos, Europa y Brasil). Esta nueva vía también permite la introducción de productos peruanos al mercado brasileño. La participación de Perú consistió en la construcción de 2603 km de carretera divididos en 3 tramos.
La Carretera Interoceánica es la primera vía que cruza Sudamérica de Este a Oeste; desde el Océano Atlántico en Brasil hasta el Océano Pacífico en Perú, proporcionando a Brasil una forma más rápida de transportar sus vastos recursos naturales al mercado asiático.
Durante la década de 1970, Brasil también intentó cruzar el continente con la carretera TransAmazónica. El proyecto fracasó y las familias migrantes que estaban construyendo la carretera se quedaron atrapadas en medio de la nada.
La construcción de ambas carreteras tiene un impacto severo en el frágil ambiente de la selva tropical, como deforestación, caza y pesca ilegal, cultivos masivos para monocultivos y pastizales, minería ilegal, contaminación, erosión del suelo y pérdida de biodiversidad. También está afectando a las poblaciones locales, introduciendo el tráfico de drogas y armas en la región, esclavizando el subempleo y la violencia, y también dañando la vida de las comunidades indígenas ancestrales.
Foto 2. Nombre de archivo: LIS2014010C-0011-Orellana-2 Crédito: © Sebastian Liste / NOOR / IG: @sebastianliste / Twitter: @SebastianListe
Pie de foto: PERÚ - NOVIEMBRE 2014: Militares esperando a ser recogidos en la carretera Interoceánica entre Matarani y Arequipa. Esta zona de dunas desérticas es utilizada para prácticas de tiro y explosivos por soldados de la guarnición de Arequipa.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
Notas:
[i] Eduardo Gudynas define el “Extractivismo” como “un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, de los cuales el 50% o más es destinado a la exportación, como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo. Incluye tanto las fases de explotación, como las previas de exploración, descubrimiento, etc., y también las fases posteriores, como cierre y abandono de los sitios de apropiación.” https://www.researchgate.net/publication/281748932_Extracciones_Extractivismo_y_Extrahecciones_Un_marco_conceptual_sobre_la_apropiacion_de_recursos_naturales
[ii] Según Eduardo Gudynas: “Para identificar esas particulares situaciones se propone un nuevo término: “extraher”, y su derivado “extrahección”. Esta palabra tiene su origen en el vocablo latino “extrahere”, donde “ex” que significa fuera, y “trahere” alude a quitar y arrastrar hacía sí. Por lo tanto, extraher es aquí presentado para referirse al acto de tomar o quitar con violencia o donde se “arrancan” los recursos naturales, sea de las comunidades como de la naturaleza” https://www.researchgate.net/publication/281748932_Extracciones_Extractivismo_y_Extrahecciones_Un_marco_conceptual_sobre_la_apropiacion_de_recursos_naturales
[iii] En su obra, Maristella Svampa dice “El neoextractivismo desarrollista contempla actividades consideradas tradicionalmente como tales (minería y explotación de hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario, como los agronegocios o la producción de biocombustibles. Incluye también aquellos proyectos de infraestructura”
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
[iv] En su obra Maristella Svampa describe a los commodities como: “«productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente», o como «productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento». Ambas definiciones incluyen desde materias primas a granel hasta productos semielaborados o industriales. Para el caso de América Latina, la demanda de commodities está concentrada en productos alimentarios, como el maíz, la soja y el trigo, así como en hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros)” https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
[v] Entrevista con el autor. Marzo de 2021.
[vi] Entrevista con el autor. Marzo de 2021.
[vii] Entrevista con el autor. Marzo de 2021.
Desmantelar el búmeran imperial: un balance del poder policial globalizado
Desmantelar el búmeran imperial: un balance del poder policial globalizado
Joshua M. Makalintal
Estado del Poder 2021
Los asesinatos ordenados por el presidente Duterte y el uso desenfrenado de la violencia policial no pueden entenderse sin comprender las formas en que el imperialismo estadounidense moldeó a Filipinas, que a su vez moldeó la policía estadounidense y, en última instancia, global. El bumerán del imperio no puede ser demolido solo dentro de los Estados Unidos o Filipinas, sino que exige una firme respuesta transnacional para reinventar y transformar los poderes coercitivos del Estado.
A primeras horas de la mañana del 30 de diciembre de 2020, unidades conjuntas policiales y militares se embarcaron en dos operaciones simultáneas en las regiones montañosas de la isla Panay en Visayas occidental, Filipinas. Su misión era sofocar la propagación de armas de fuego que supuestamente proliferaban en las provincias de la región mediante la detención de 28 supuestos miembros del Partido Comunista de Filipinas (CPP). Lo que la policía describió como una "actividad policial habitual" terminó en los brutales asesinatos de nueve líderes de comunidades indígenas. Según los informes, los miembros del consejo de la tribu Tumandok estaban dormidos cuando fueron abatidos a tiros frente a sus familias, pero la policía afirmó que se defendieron y se resistieron al arresto. Días después, los habitantes del pueblo donde se produjeron los asesinatos huyeron de sus hogares por temor a más incidentes de violencia estatal.
La brutalidad que llevó a las ejecuciones extrajudiciales y al éxodo del pueblo de Tumandok es solo uno de los últimos de una serie de incidentes policiales y militares de alto perfil que alimentan el debate sobre el papel de la contrainsurgencia y el control policial en la conciencia pública filipina. Aproximadamente dos semanas antes de este incidente, las fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron a cinco trabajadores agrícolas en un pequeño pueblo de la provincia vecina de Rizal, en Manila, en lo que se describió como una operación antiterrorista contra presuntos miembros del brazo armado del CPP, el Nuevo Ejército Popular (NPA). Sin citar pruebas, el secretario de Interior del país insistió en que eran parte de "escuadrones de la muerte" acusados de asesinar a altos funcionarios del gobierno.
La violencia patrocinada por el Estado en Filipinas ha tenido lugar durante décadas, y la represión contra presuntos subversivos se ha intensificado bajo la presidencia de Rodrigo Duterte. Su promesa de librar una "guerra" contra las drogas ha resultado en miles de cadáveres en las calles de todo el país, en su mayoría de personas pobres. En sus cinco años de mandato, Duterte ha extendido esta "guerra" movilizando el aparato coercitivo del gobierno para reprimir la disidencia, desde periodistas críticos hasta defensores del medio ambiente y la oposición parlamentaria. En esta "guerra", los que están en primera línea son los agentes del Estado coercitivo: la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Filipinas.
Vestigios coloniales del estado coercitivo
La naturaleza cruel de la policía y el ejército, desenmascarada en violentas cruzadas anticomunistas y ejecuciones extrajudiciales de grupos marginados, se remonta a la historia colonial de Filipinas. La actual policía nacional del país fue precedida por la Policía de Filipinas, una policía militar colonial de la era estadounidense con poderes de policía civil. En su reputado trabajo sobre la historia y las secuelas de la policía imperial estadounidense en Filipinas, Alfred McCoy narra cómo el establecimiento de la Policía se construyó parcialmente sobre el regimiento filipino de la Guardia Civil española, que también era de naturaleza militar y cuya labor era tomar medidas enérgicas contra la actividad revolucionaria de la población civil nativa en la última década del dominio colonial español.[1]
La victoria de Estados Unidos en la guerra contra Filipinas condujo a la creación de lo que McCoy describe como "las unidades de policía y de inteligencia más modernas que se encuentran bajo la bandera de Estados Unidos", que aplastó el primer movimiento anticolonial de Asia. Destaca cómo la construcción de esta vigilancia imperial pacificó la revolución filipina al aniquilar a los ejércitos rebeldes y realizar operaciones encubiertas para corromper y desacreditar a los líderes revolucionarios filipinos, aplastando el movimiento desde adentro.
De hecho, como lo documenta McCoy, las prácticas imperiales en la antigua colonia iban a resultar "un laboratorio ideal para la innovación". Incluso después de la independencia, el Estado filipino heredó este aparato coercitivo, en el que la policía trabajaba junto con las fuerzas armadas del país y mantenía la represión continua contra los movimientos indígenas en el sur del país y las guerrillas comunistas en las provincias de las tierras altas.
Esta inmensa dependencia del poder policial caracterizó los métodos del Estado filipino para manejar la disidencia y conducir el gobierno a lo largo del siglo XX. Las repercusiones en los colonizados fueron evidentes, pero también dejaron una marca duradera en el colonizador, ya que su ingeniería institucional llevó la política colonial estadounidense a su límite, que luego rebotaría al corazón del imperio y eventualmente construiría el primer Estado de la vigilancia moderno del mundo.
Represión recíproca en el imperio
La experiencia imperialista estadounidense fue "mutuamente transformadora" según McCoy; incluso hizo a la metrópoli "más consciente de sí misma, más calculadora en la aplicación del poder". Los experimentos estadounidenses con la imposición de una influencia hegemónica en Filipinas importaron después la represión policial al propio Estados Unidos, un proceso al que Connor Woodman se refiere como el "efecto búmeran imperial", que condujo a la consolidación del poder estatal coercitivo moderno. Describe este fenómeno como un mecanismo imperial que utiliza a "las colonias como laboratorios de métodos de contrainsurgencia, control social y represión, métodos que luego pueden ser trasladados a la metrópoli imperial y desplegados contra los marginados, subyugados y subalternos dentro del país”.
El concepto del efecto búmeran del imperio se remonta a los escritos de varios pensadores políticos, como Aimé Césaire, Michel Foucault y Hannah Arendt. Si bien Césaire mencionó que el proyecto imperial resultaría en un efecto búmeran sobre el colonizador, también caracterizó especialmente la dominación estadounidense como "la única dominación de la que uno nunca se recupera...sin cicatrices".[2] Esta cicatriz va en ambos sentidos para los Estados Unidos y lo que alguna vez fue su mayor colonia oficial.
De hecho, los proyectos imperiales han dejado un legado duradero en las colonias, particularmente en las Filipinas, donde los remanentes del imperio estadounidense llevaron a la institucionalización y legitimación de los aspectos coercitivos del régimen liberal poscolonial en el país, tal como buscaban los líderes filipinos posteriores a la independencia para imitar el lenguaje imperial y perpetuar su propia versión de dominación. Pero, como indicó Césaire, también fue en gran medida una experiencia mutua. Fue lo que McCoy describe como un "proceso recíproco, moldeando la formación del Estado tanto en Manila como en Washington, al tiempo que arrastra a ambas naciones a un mundo poscolonial mutuamente implicado”.
Amenazas rojas y veranos rojos
A medida que los imperialistas estadounidenses lograron controlar los experimentos en el otro lado del mundo, la histeria irracional se apoderó de las élites nacionales amenazadas por un movimiento obrero estadounidense en ebullición. En respuesta, buscaron el apoyo del Estado coercitivo repatriando métodos desarrollados originalmente en Filipinas hacia sus propios ciudadanos.
Alex Vitale documenta que la primera agencia de policía estatal de Estados Unidos, la Policía Estatal de Pensilvania, se inspiró en la Policía de Filipinas, y se estableció con el objetivo de ponerse del lado de los intereses del capital. Vitale observa cómo la fuerza policial recientemente institucionalizada reprimió brutalmente a los trabajadores migrantes y sindicalistas que luchaban por una jornada laboral de ocho horas en la huelga de los mineros del carbón de Westmoreland que comenzó en 1910.[3]
Además de ser un instrumento para sostener la desigualdad social y económica, la vigilancia durante este período de la historia de los Estados Unidos también se utilizó para mantener políticas racistas de segregación y criminalización de la población afroestadounidense. Las fuerzas policiales que se encargaron de imponer brutalmente las leyes Jim Crow tuvieron sus orígenes en el sistema de patrulla de esclavos, muy extendido en los estados del sur de Estados Unidos antes de la abolición formal de la esclavitud, lo cual pone de relieve que ya existían prácticas racializadas en la aplicación de la ley.
Las atrocidades de la era Jim Crow incluyeron linchamientos, asesinatos de vigilantes anti-racistas y violencia de supremacistas blancos. Estos culminaron durante el "verano rojo" de 1919 cuando la intensificación de los disturbios raciales y laborales se extendió simultáneamente por los Estados Unidos, provocando decenas de disturbios raciales y cientos de víctimas. El historiador afroestadounidense Raimundo Logan consideró esto como el "Nadir" de las relaciones raciales de Estados Unidos, que marcó una de las épocas más racistas en la historia del país junto con el período anterior a la guerra.[4]
Reconocer la gravedad de esta era histórica implica reconocer el papel del imperio estadounidense. La forma en que Estados Unidos respondió a los disturbios internos también está especialmente relacionada con la forma en que implementó su política exterior, al experimentar con la policía explotadora y represiva. La doble subyugación contra los disidentes y las minorías en los Estados Unidos y contra los rebeldes filipinos en la colonia se sumaría para consolidar los procesos de racialización inherentes a la práctica estatal coercitiva. Woodman subraya la noción de que este proceso de construcción de la raza está "incrustado en las estructuras e historias coloniales". Esta construcción no solo está entrelazada con métodos de represión importados; también es moldeada por ellos.
Además, el Estado coercitivo y sus prácticas represivas de control policial y racialización también estuvieron marcados por la participación de civiles. Lo que McCoy denomina "nexo de seguridad entre el Estado y la población civil" se ejemplifica cuando la policía local se une a los supremacistas blancos para aplastar los disturbios raciales en los centros urbanos de Estados Unidos, mientras que las fuerzas policiales estatales se ponen del lado de los capitalistas para reprimir a los trabajadores organizados. Había una paranoia entre la élite estadounidense que veía la lucha de los negros estadounidenses por la igualdad racial como una rebelión de inspiración bolchevique. La respuesta inmediata fue la contrainsurgencia y el control coercitivo; y el Gobierno de Estados Unidos tenía un modelo en Filipinas que serviría de base para la instalación de un Estado de seguridad nacional violento.
La globalización de las cruzadas contrainsurgentes de Estados Unidos
El búmeran seguiría rebotando a lo largo del siglo XX, consolidando la hegemonía ideológica estadounidense marcada por la política interior racista y la política exterior imperialista. Incluso después de la independencia, la élite estadounidense colaboró con sus contrapartes en Filipinas para mantener una alianza en el desarrollo de estrategias de contrainsurgencia represivas contra los movimientos guerrilleros, métodos que se aplicarían más allá de Filipinas en el sudeste asiático, desde África y Oriente Medio hasta América Latina y el Caribe.
Estos métodos son lo que Stuart Schrader llama “ayuda a la seguridad", que fue un componente inherente de la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Schrader señala que se ofrecieron estos servicios de seguridad a los gobiernos en el extranjero para someter tanto la actividad criminal como la comunista. Bajo el Gobierno de Kennedy se estableció un programa llamado Oficina de Seguridad Pública (OPS), que formaba parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La "ayuda" administrada tenía el objetivo de "profesionalizar" la vigilancia policial en todo el mundo mediante la capacitación para contrarrestar la insurgencia, la recopilación de información de inteligencia y el fortalecimiento de la aplicación de la ley.
La OPS no duró mucho, dado que los movimientos sociales de esa época expusieron sus elementos represivos y el hecho de que USAID estaba ayudando a gobiernos autoritarios, desde las Filipinas de Marcos hasta la Nicaragua de Somoza. A través de manifestaciones masivas y seguimiento legislativo, el programa se vio obligado a cerrar 13 años después de su creación. Como escribe Schrader, esto no puso fin a la práctica, sino que simplemente la privatizó. Surgió una coalición de seguridad público-privada a través de contratistas comerciales que ofrecían una capacitación similar, incluso por parte de los propios ex instructores de OPS. El hecho de que formara parte de una iniciativa civil permitió a esta práctica eludir ciertas restricciones legales, lo que continúa hasta la actualidad, convirtiéndola en una empresa exitosa y rentable.
No obstante, el Gobierno de Reagan reavivó la participación del Estado en la formación de policías extranjeros intensificando la "guerra" estadounidense contra las drogas en el país y en el extranjero, especialmente en los países latinoamericanos. En esta ocasión, involucró a varios organismos del gobierno federal, en particular al Departamento de Defensa, al que, según Schrader, se le otorgaron nuevas competencias en la lucha contra el narcotráfico al capacitar a los militares para dar formación a policías extranjeros. Esta militarización de la actividad policial en el extranjero fue denominada eufemísticamente por los expertos policiales "profesionalización", y se convertiría en un proceso perpetuo y en constante expansión sin un final a la vista.[5]
Su objetivo es asumir la tarea de desarrollar formas innovadoras de vigilancia en el extranjero con el fin de "domesticar a los extranjeros mediante la modularidad de la práctica". Esta domesticación implicó definir al Estado coercitivo como el principal protector de una sociedad frágil propensa a los insurgentes, desde los movimientos independentistas hasta los activistas de derechos civiles y los sindicatos de trabajadores. Como señala Atiya Husain, "la contrainsurgencia de las luchas anticoloniales, antirracistas y anticapitalistas, ya sea que realmente dañen o asesinen a la gente" sería la base fundamental de nuestra comprensión moderna del concepto de terrorismo.
El desarrollo de la vigilancia policial en los Estados Unidos está marcado por sus elementos transnacionales que sustentan el autodenominado papel del país como "policía del mundo". Las conquistas territoriales condujeron a experimentos de represión y control en las colonias que luego llevaron a la expansión de un aparato estatal de seguridad en los Estados Unidos. Esto fue reempaquetado y ofrecido al mundo como "ayuda" al entrenar a los soldados del mundo como policías y, de hecho, entrenar a los policías como soldados. De hecho, esta práctica ha sido como un búmeran que seguía girando, lo que llevó a Schrader a llamarla una "máquina de movimiento perpetuo del imperio estadounidense”.
Vale la pena señalar, sin embargo, que esta máquina de movimiento sin fin incorpora un cierto aspecto multidireccional del efecto búmeran. Concretamente, afirma que la policía racializada preexistente en los Estados Unidos coexistía con sus experimentos coloniales en el exterior, y que estas circunstancias regenerarían la aplicación violenta de la ley a nivel nacional y promoverían las prácticas avanzadas de contrainsurgencia en el extranjero, exportando esas prácticas como capacitación e importando de nuevo las experiencias.
Es esta noción reconceptualizada del efecto búmeran al que se refiere Jeanne Morefield expone la compleja red de interconexiones del imperialismo y el racismo, y explica los entrelazamientos que sustentan las actuales manifestaciones de guerra eterna de Estados Unidos. La expansión de las operaciones de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional y el uso sin precedentes de ataques con aviones no tripulados, introducidos por la Administración Obama, amplificaron “la ‘retroalimentación’ entre la proyección de poder en el exterior y en el interior”.
Domesticar el búmeran en el archipiélago carcelario
La máquina de movimiento perpetuo del imperio estadounidense dejó una marca indeleble en Filipinas. Como señala McCoy, la experiencia poscolonial filipina incluyó una mayor subyugación por la experimentación posimperial de Estados Unidos: "colaborar en el desarrollo de nuevas doctrinas militares para enfrentar una sucesión de desafíos a la hegemonía global de Estados Unidos". El régimen de vigilancia establecido en la Filipinas colonial experimentaría una intensificación de la ocupación estadounidense y la guerra en Vietnam y culminaría en la actual guerra contra el terrorismo estadounidense en Afganistán, Oriente Medio y más allá.
Filipinas siempre ha desempeñado un papel fundamental en estas guerras. En Mindanao en particular, el atroz legado de la presencia militar estadounidense continúa hasta nuestros días. En lo que fue uno de los conflictos más sangrientos de la guerra filipino-estadounidense, en la masacre de Bud Dajo las fuerzas de contrainsurgencia estadounidenses asesinaron a cientos de residentes locales, dejando a la isla prácticamente vacía. Se podría argumentar que este conflicto contra el pueblo Moro en el sur fue el principal frente de la primera guerra eterna de Estados Unidos. Poco después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y el Pentágono, el Gobierno de Bush etiquetaría a la región como el “segundo frente” de su guerra contra el terrorismo al desplegar cientos de soldados estadounidenses en Zamboanga que entrenarían a las tropas filipinas para combatir a los grupos separatistas islamistas.
El efecto búmeran imperial generaría una versión doméstica moderna en Filipinas, cuyo ejemplo más pertinente es la actual "guerra" contra las drogas encabezada por el Gobierno de Duterte. Como candidato presidencial, Duterte, quien entonces era alcalde de la ciudad de Davao, prometió aplicar su modelo de control del crimen urbano en todo el país. Y cumplió su promesa. Con su bendición, tan pronto como asumió el cargo, la policía y las patrullas de autodefensa civil se involucraron en una ola de asesinatos que se asemejó a los notorios "escuadrones de la muerte" de Davao.
Aunque pueda dar la impresión de que la “guerra” actual contra las drogas tiene sus raíces en la ciudad más grande de Mindanao, Anna Warburg y Steffen Jensen destacan que la represión policial actual de los presuntos delincuentes en la capital urbana se inspira en las operaciones de contrainsurgencia, realizadas con frecuencia en Mindanao, contra el CPP-NPA y los nacionalistas moros. Esta actuación de la policía en una de las áreas más pobres de Manila sugiere que el búmeran de la contrainsurgencia policial represiva empleada en las provincias del sur ha vuelto a la floreciente metrópolis.
Interior de la casa de Ricardo Medina, de 70 años, un empleado que vive y trabaja en el cementerio de Pasay. Medina se enteró de que su hijo de 24 años, Ericardo, había sido asesinado en una ejecución extrajudicial después de verlo en la televisión con la cabeza envuelta en cinta de embalaje y un cartel atado al pecho que decía "camello" el 16 de noviembre de 2016. © Lynzy Billing
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la policía filipina siempre ha sido una institución feroz que funciona como músculo del Estado coercitivo. Para Sheila Coronel, la policía filipina siempre ha sido "una máquina de matar dispuesta, deseosa y capaz" que se especializa en la violencia, ya que "es el único tipo de actuación que conocen".[6] También subraya que en un país con un sistema de justicia fracturado, la lucha contra el delito también ha creado oportunidades para obtener beneficios económicos dudosos y, por lo tanto, la línea que separa al delincuente del policía a menudo se diluye, generalmente para buscar ganancias en lugar de impartir justicia. La "guerra" contra las drogas de Duterte empoderó aún más a las instituciones policiales para desmantelar por completo esta línea, a menudo con la ayuda de matones a sueldo, escuadrones de la muerte y policías justicieros.
La externalización de la participación en medios extrajudiciales para abordar la "guerra" de las drogas ofrece una descripción moderna del "nexo entre el Estado y la seguridad civil" mencionado por McCoy, que ahora incluye el reclutamiento de ciudadanos comunes para participar activamente en estas actividades extralegales. Un buen ejemplo de ello son los incidentes bien documentados de residentes y funcionarios locales que elaboraron listas de víctimas relacionadas con las drogas y las enviaron a la policía nacional como prueba.
Aquí es donde la coerción y el consentimiento se cruzan y, como señalan Warburg y Jensen, este nexo –la “asociación civil-militar”– es “donde los civiles son atraídos (y forzados) a participar en la guerra del lado del Estado”. Al mismo tiempo, se instala un clima de desconfianza, aunque de maneras paradójicas. Si bien las encuestas recientes sugieren que la presidencia de Duterte goza de una aprobación masiva constante, deben analizarse junto con las encuestas en que los filipinos expresan que es peligroso ser crítico de las políticas del actual gobierno.
Como resultado, los espacios para la disidencia disminuyen aún más, y el Estado carcelario se beneficia de esta atmósfera de miedo mientras intensifica la securitización de la protesta y la resistencia, recurriendo a medios represivos extraordinarios para exhibir la fuerza contra los progresistas, ya sea mediante el cruelmente llamado “hostigamiento de comunistas” o asesinándolos sin piedad. El 7 de marzo de 2021, solo dos días después de que Duterte reafirmara su directiva de ejecutar a los rebeldes comunistas, las fuerzas gubernamentales organizaron redadas coordinadas en las regiones vecinas a Manila contra grupos activistas. Lo lograron con una eficiencia despiadada que dejó nueve personas muertas en lo que se denominó como otro "domingo sangriento" que marcó una de las ofensivas policiales y militares más amplias y mortíferas contra los activistas bajo el régimen actual. Este tipo de incidentes expone abiertamente la ineptitud de las fuerzas de seguridad del Estado en su incapacidad para distinguir a los organizadores de movimientos de base de los insurgentes armados.
Quebrar el búmeran de Manila a Minnesota
Desde el despliegue de agentes federales por parte de la Administración Trump para someter violentamente a manifestantes de Black Lives Matter (BLM) en varias ciudades de Estados Unidos, hasta la cruzada en curso de Duterte para etiquetar a todos los activistas como terroristas y silenciarlos o asesinarlos, la violencia patrocinada por el Estado desde las calles del centro de Portland hasta las tierras altas de Panay encarna la intensificación de la represión contra las voces disidentes en ambos países.
Al mismo tiempo, estos hechos se han enfrentado con un fuerte desafío. La última década ha sido testigo de la proliferación de movimientos y protestas políticas masivas en todo el mundo sin precedentes en el siglo XXI. Un informe de principios de 2020 del Center for Strategic and International Studies señala que en el período entre 2009 y 2019 la frecuencia de las revueltas masivas aumentó anualmente en un promedio del 11,5%.
El informe no preveía las protestas del resto de 2020, que conduciría a una mayor radicalización de la conciencia pública sobre el tema de la policía y el Estado coercitivo. De hecho, el año pasado se produjo un renacimiento radical de los sentimientos antiimperialistas y antirracistas entre la población estadounidense a raíz de los asesinatos policiales de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery. Hemos visto cómo estos movimientos por las vidas de los negros contraatacaron, haciendo llamamientos para retirar los fondos a la policía de Minneapolis y otros lugares.
Pero estos llamamientos no son suficientes, sino que deben estar respaldados por el reconocimiento de los nexos entre las experiencias nacionales y extranjeras, una estrategia que implica admitir que la policía estadounidense nunca se ha limitado a la esfera nacional, ya que no se puede ignorar su alcance mundial. Como sostiene Schrader, este es el vínculo fundamental entre una política exterior agresiva sin control y una aplicación de la ley agresiva internamente sin control. De ahí el desmantelamiento del efecto búmeran (la máquina de movimiento perpetuo) a través de iniciativas de desfinanciamiento debe ser proactivo, que incluye frenar el papel de "policía del mundo”.
Esta estrategia de romper el movimiento en espiral del búmeran significa que las demandas internas en Estados Unidos para reducir el poder policial deben incluir también los llamamientos a una política exterior que busque terminar con la globalización de las prácticas estatales coercitivas que se reetiquetan como asistencia o ayuda. Enfrentarse al poder policial globalizado es, por lo tanto, crucial para enfrentar la política exterior de Estados Unidos.
Construir una respuesta contrahegemónica
Los nexos de las políticas imperiales han sostenido relaciones de poder desiguales y han reproducido vejaciones, generando la incertidumbre de las personas con respecto a su capacidad de actuar y resistir.[7] Estos sentimientos son también ambivalentes en el sentido de mantener actitudes conflictivas hacia el Estado coercitivo, acepándolo y oponiéndose a él simultáneamente.
La tarea de los movimientos progresistas es superar las contradicciones asociadas con la articulación de respuestas contrahegemónicas al predominio del Estado coercitivo. Esto requiere reconocer cómo se gana y se mantiene el poder mediante el consentimiento y la coerción. Pensar en el contexto de las relaciones hegemónicas también ayuda a generar un entendimiento de que tales coyunturas pueden romperse y desafiarse; y que se pueden forjar estrategias sobre cómo enfrentar con éxito el Estado coercitivo, para después reinvindicarlo y subsumirlo al control popular a fin de aplicar políticas radicales.
Este esfuerzo también implica "vivir" con la ambivalencia, particularmente en países cuyos Estados poscoloniales siguen siendo "el actor fundamental al que pueden apelar los ciudadanos vulnerables, siendo indispensable el entorno nacional para quienes luchan por los derechos y la justicia".[8] Como argumentan Janet Newman y Nikita Dhawan, "vivir" con esta ambivalencia hacia el Estado coercitivo crea un espacio para "proyectos de reinvención progresistas" que implican "una orientación más positiva para crear nuevos recursos, prácticas y formaciones políticas".
Hacia un futuro abolicionista
Por tanto, los "proyectos progresistas de reimaginación" deben basarse en aspiraciones radicales. Tales relatos prevalecen en las posturas abolicionistas que piden a las personas que "visualicen un futuro ‘imposible’". Concebir tales futuros alternativos genera consecuentemente una conciencia pública que insiste en una reestructuración del Estado carcelario y coercitivo más centrada en las personas, todo ello dirigido a romper las propias condiciones que crean y recrean las formas más brutales de represión. Tal cambio de perspectiva fortalece una imaginación política empoderada por la búsqueda del florecimiento humano.
El poder policial globalizado está históricamente vinculado a la dominación imperial; y en la coyuntura actual, se ha intensificado para facilitar los medios más crueles de control coercitivo que se manifiestan en la contrainsurgencia aplicada en las calles, donde se securitiza la disidencia y se reprime a los marginados. Los llamamientos liberales para una reforma progresiva que no aborde las raíces sistémicas de la recurrente violencia estatal no llegarán lejos y pueden incluso sostener prácticas brutales. Por tanto, y aunque pueda considerarse una posición extrema, la visión abolicionista radical sería en realidad la menos violenta de todas las soluciones. Como argumenta convincentemente Husain, esto se debe “a que aborda la raíz del problema y no propone soluciones parciales que simplemente reproducen el problema”.
El búmeran del imperio no puede ser demolido a escala nacional, sino que exige una firme respuesta transnacional que implique una reinvención. Y una drástica reimaginación requiere prácticas transformadoras que asuman la tarea de confrontar las estructuras racistas y la influencia neoimperial que caracterizan la coyuntura actual.
El momento presente, por lo tanto, representa una oportunidad para que los movimientos sociales reimaginen los poderes coercitivos del Estado y los pongan al servicio de la política emancipadora contrahegemónica, especialmente a medida que aumentan los llamamientos de los movimientos abolicionistas para desfinanciar a la policía y abordar la reforma radical de las instituciones represivas.
Césaire puede tener razón en que no podemos salir ilesos del dominio imperial, pero eso no significa que la recuperación sea imposible. Por el contrario, perseguir un restablecimiento basado en el activismo abolicionista es un camino con gran potencial hacia una sociedad transformadora. Este es el tipo de futuro radical por el que deberíamos luchar. Un mundo sin necesidad de vigilancia es un mundo sin las manifestaciones más viciosas de la práctica imperial que implica liberar a la humanidad de la dominación.
Joshua M. Makalintal es un escritor y activista filipino que actualmente trabaja en la Universidad de Innsbruck. Sus textos han aparecido en Al Jazeera, New Mandala y el Austrian Journal of South-East Asian Studies, entre otras publicaciones. Desde 2017 pertenece al movimiento contra la dictadura #BlockMarcos, así como al Colectivo Alitaptap, una red de académicos y estudiantes activistas filipinos en el extranjero. Twitter: @joshmaks
Traducción: Nuria del Viso - FUHEM Ecosocial
Créditos fotográficos
Foto 1: Nombre de archivo: 09_Billing-Makalintal-1. Crédito: © Lynzy Billing / IG: @lynzybilling / Twitter: @LynzyBilling
Pie de foto: Filipinas, 2017, el ataúd de Enrico F. Bernal, un conductor de triciclo de 35 años en su velorio en Navotas. Enrico fue asesinado el 11 de octubre de 2017 en Navotas, solo un día después de que Duterte emitiera un memorando que retiraba a la Policía Nacional de Filipinas de las operaciones de guerra contra las drogas para permitir que la PDEA tomara el control después de una campaña de 15 meses en la que los oficiales mataron a miles de presuntos narcotraficantes, usuarios y “camellos” en operaciones policiales organizadas. La familia de Enrico rechaza las acusaciones de que estuvo involucrado en drogas y dice que el asesinato fue un caso de “identidad equivocada”, pero la funeraria está segura de que se trataba de un asesinato asesinato extrajudicial y Enrico fue señalado como un presunto consumidor de drogas. Esta imagen se comparte con el consentimiento de la familia de Enrico. “Estos cuerpos serán enterrados en el cementerio público. Para muchos será como volver a casa, donde están sus madres e hijos. Tal vez incluso sean enterrados en el mismo terreno en el que nacieron”, comenta un asistente de la funeraria cuando el cuerpo de Enrico entraba en la incineradora para la cremación.
Foto 2: Nombre del archivo: 15_Billing-Makalintal-2 Crédito: © Lynzy Billing
Pie de foto: Interior de la casa de Ricardo Medina, de 70 años, un empleado que vive y trabaja en el cementerio de Pasay. Medina se enteró de que su hijo de 24 años, Ericardo, había sido asesinado en una ejecución extrajudicial después de verlo en la televisión con la cabeza envuelta en cinta de embalaje y un cartel atado al pecho que decía "camello" el 16 de noviembre de 2016.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
NOTAS:
[1] McCoy, A.W. (2009) Policing America’s Empire: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State. Madison, WI: University of Wisconsin Press, p. 33.
[2] Césaire, A. (2000 [1955]) Discourse on Colonialism. Nueva York: Monthly Review Press, p. 77.
[3] Vitale, A.S. (2018) The End of Policing. Londres y Nueva York: Verso, pp. 40–45.
[4] Logan, Rayford W. (1954) The Negro in American Life and Thought: The Nadir 1877–1901. Nueva York: Dial Press.
[5] Schrader, S. (2019) Badges without Borders: How Global Counterinsurgency Transformed American Policing. Oakland, CA: University of California Press, pp. 266–267.
[6] Coronel, S.S. (2017) ‘Murder as enterprise: Police profiteering in Duterte’s War on Drugs’, en N. Curato (Ed.), A Duterte Reader: Critical Essays on Rodrigo Duterte’s Early Presidency. Ciudad Quezon: Ateneo de Manila University Press, pp. 169; 187.
[7] Webb, A. (2017) ‘Hide the looking glass: Duterte and the legacy of American Imperialism’, en N. Curato (Ed.), A Duterte Reader: Critical Essays on Rodrigo Duterte’s Early Presidency. Ciudad Quezon: Ateneo de Manila University Press, pp. 139–141.
[8] Cooper, D., Dhawan, N. and Newman, J. (Eds.) (2020) Reimagining the State: Theoretical Challenges and Transformative Possibilities. Abingdon y Nueva York: Routledge, pp. 271–273.
Viejos hábitos, nuevos trucos: la política de castas se une a las grandes tecnologías en la India
Viejos hábitos, nuevos trucos: la política de castas se une a las grandes tecnologías en la India
Ameya Bokil, Avaneendra Khare, Nikita Sonavane,
Srujana Bej y Vaishali Janarthanan
Las Big tech están reforzando y acelerando un sistema de discriminación en la India basado en castas, y reforzando el poder y la impunidad de su policía.
Es la tarde del 15 de junio de 2019. El oficial de la comisaría de Kolar Road en Bhopal, la capital del estado central indio de Madhya Pradesh (MP), convoca a sus agentes para anunciar un aumento de los robos de automóviles en su jurisdicción. Afirma que los ladrones son los locales pardhis e instruye a los oficiales para que realicen visitas nocturnas al Pardhi basti (una colonia de chabolas), para recoger y detener a cualquiera que esté fuera después del anochecer. Esto no se cuestiona porque la policía está casi segura de que los pardhis son delincuentes habituales, responsables de todos los casos de allanamiento de morada y robo. Podríamos haber pensado que era difícil de creer que la policía ataca descaradamente a toda una comunidad si no hubiéramos estado en la estación por una razón completamente diferente. Cada pardhi detenido tendría su ''actividad sospechosa'' registrada en los extensos archivos que la policía mantiene en su comunidad.
Recientemente, las empresas de tecnología y los gobiernos están ayudando a digitalizar estos registros policiales y la vigilancia de las personas "sospechosas" que tienen más "probabilidades" de cometer delitos. A través de esta base de datos digital manipulada, la fuerza policial de la India se está empoderando para sostener su criminalización basada en castas de las comunidades marginadas y continuar actuando arbitrariamente con impunidad. La digitalización de los registros policiales ya sesgados, los amplios sistemas de vigilancia, la vigilancia policial predictiva a través de bases de datos interconectadas y la ausencia total de un marco regulatorio han llevado a la creación de un sistema de castas digital paralelo que niega las libertades fundamentales de comunidades marginadas específicas.
Cuando la casta es criminalidad
La Constitución de la India protege formalmente el derecho de los ciudadanos a la igualdad, incluido el derecho al trato igualitario ante la ley y a no ser discriminados por motivos de raza, casta y religión. La adopción de la Constitución fue un momento transformador, ya que la India se convirtió en una república poscolonial democrática y soberana y aspiraba a ir más allá del legado feudal generalizado del sistema de castas.[1] La naturaleza arraigada del sistema de castas, que se aplica a casi todos los aspectos de la vida, ha dificultado extirparlo, lo que ha llevado a que el derecho a la igualdad sea inalcanzable para ciertas comunidades, como habíamos visto en la comisaría. La comunidad pardhi es una comunidad adivasi, es decir, de indígenas.[2] Aunque formalmente fuera de las restricciones del sistema de castas, estas comunidades son vilipendiadas.
Varios cientos de comunidades, incluida la pardhis, fueron tildados de «criminales hereditarios adictos a la comisión sistemática de delitos no sujetos a fianza» en virtud de la Ley de Tribus Criminales (CTA) promulgada por el Gobierno colonial británico en 1871. Su objetivo era hacer que estas comunidades estuvieran sujetas a la vigilancia y el control estatales de innumerables formas. Desde la derogación de la CTA en 1952 y la despenalización oficial de las tribus criminalizadas en virtud de la misma, estas comunidades se conocen como Tribus No notificadas (DNT, por sus siglas en inglés).[3]
La CTA se inspiró en la combinación de la antropología criminal europea racista y el sistema de castas indio, que retrató la criminalidad como una característica hereditaria. Las autoridades coloniales británicas crearon la policía en la década de 1840 con el objetivo explícito de controlar a la población india mediante la fuerza. La policía fracasó en su objetivo, por lo que para dar apariencia de orden, adoptaron la estrategia de vigilancia selectiva de ciertos grupos.[4] Esta selección dependía de un consenso social sobre quién era un criminal, apoyado en el sistema de castas.
Por lo tanto, la estrategia colonial creó categorías de personas que se consideraban los ''objetos adecuados de vigilancia'', principalmente comunidades nómadas y habitantes de los bosques (incluida la pardhis) cuya forma de vida estaba en conflicto con los intereses británicos. Los pardhis han sido tradicionalmente cazadores seminómadas cuya forma de vida estaba en conflicto con las regulaciones coloniales sobre la caza, el control de los bosques con fines comerciales y la recaudación de ingresos de una población sedentaria.
En consecuencia, la vigilancia y la intrusión policial se convirtieron en parte de la existencia diaria de estas comunidades: tener sus nombres registrados en ficheros permanentes, ser internados en ''campos de rehabilitación'' con el fin de socavar su cultura nómada y sufrir severas restricciones de movimiento, así como constantemente tener que presentarse ante las autoridades. La mejor manera de describir este sistema es la explicación de la historiadora Radhika Singha sobre el sistema policial colonial: «era mucho más fácil procesar a un preso bajo la acusación de pertenecer a un grupo criminal mal definido que establecer la responsabilidad individual de un delito específico».[5]
La policía india contemporánea ha continuado con este legado. En primer lugar, la sociedad india sigue estando ordenada por el sistema de castas; en segundo lugar, la idea de los criminales hereditarios sigue ocupando la mente y la estructura de la policía india, compuesta en gran parte por miembros de las castas opresoras; y en tercer lugar, por motivos de conveniencia que son tan válidos ahora como en la época colonial británica.
Por lo tanto, los limitados recursos policiales todavía están dirigidos contra las mismas comunidades. Incluso después de la derogación de la CTA, su legado ha perdurado en las estructuras, prácticas y actitudes policiales. Los estados indios han adoptado disposiciones legales sobre los ''delincuentes habituales'' (DH, o HO por sus siglas en inglés)[6] y mantuvieron los sistemas de vigilancia diseñados bajo el CTA. El delincuente hereditario del pasado se sitúa ahora en la categoría administrativa más aceptable de la DH, que sigue sin estar definida y, por tanto, otorga a la policía amplios poderes discrecionales. Estas disposiciones aparentemente neutrales todavía se utilizan de forma selectiva contra las mismas comunidades que fueron blanco de ataques en la época colonial.
Referencias a "delincuentes habituales" en el Manual de la cárcel de Madhya Pradesh, 1987, Vol 1, Parte 2
Un proyecto centenario de vigilancia policial predictiva
«Angrez chale gaye, policía chodh gaye hamare liye» (Los británicos se han ido, pero han dejado atrás a su policía), dice una mujer pardhi en Bhopal, refiriéndose a la continua discriminación policial que enfrenta su comunidad. Ya sea en forma de detención indiscriminada, tortura bajo custodia o explotación económica, la vida cotidiana de los pardhis se caracteriza por la violencia policial, pero debido a que se encuentran en la base misma de la sociedad de castas india y continúan experimentando dificultades socioeconómicas, su explotación sistémica (al igual que su propia existencia) se vuelve invisible. Los académicos no han podido documentar el ataque policial sistémico de los pardhis y otras comunidades DNT, mientras que los intentos de la sociedad civil de resaltar el tema se han limitado a evidencia anecdótica de brutalidad policial.
Una vez retenido en una comisaría, cada pardhi, ya sean niños, mujeres u hombres, son objeto de agresiones físicas y verbales. «Saben que es fácil sacar una confesión de una pardhi’», dice una mujer. Los padres son golpeados frente a sus hijos para “enviar un mensaje”. Recientemente, dos pardhi menores fueron detenidos de un puesto de té, desnudados y golpeados. La policía engañó a su madre sobre dónde se encontraban y cuando trató de que los dejaran en libertad, la policía también la golpeó y la acusó falsamente.[7]
Además de la violencia, la vigilancia policial ha desposeído a los pardhis de sus medios de vida tradicionales. Hoy en día, dependen de la recogida de residuos, la mendicidad y trabajos ocasionales como descargar escombros y limpiar arbustos. «En toda la ciudad, no hay una sola persona que nos ofrezca empleo en una tienda o nos dé algún trabajo asalariado», afirma un pardhi, citando el estigma de la criminalidad asociado con los DNT. La vigilancia policial constante, el acoso y los arrestos frecuentes obstaculizan su capacidad para conseguir una educación y un empleo estable.
Amenazando con crear un nuevo registro policial o añadirlo a uno existente, la policía exige elevados sobornos (el equivalente a 250-1.500 dólares) de la comunidad pardhis. El soborno aumenta cada vez que están detenidos por la policía o encarcelados. Entre los sobornos, la fianza y la falta de empleo estable, la familia de un pardhi permanece típicamente atrapada en un ciclo de endeudamiento perpetuo.
Las comisarías de policía de la India mantienen registros de las oficinas centrales, también llamadas "recopiladores de historiales", en sus jurisdicciones, con amplios detalles de sus vidas y movimientos diarios. Si bien su identificación puede no basarse explícitamente en la casta, la acción policial colectiva identifica abrumadoramente a los miembros de las comunidades DNT como DH. Estos ficheros registran sus datos demográficos como lugar de residencia y casta, información personal como edad y marcas de identificación en el cuerpo, y “pruebas” de criminalidad: detalles de sus hábitos, su método de cometer delitos, su propiedad, detalles de su asociados, lugares que frecuentan, etc.
Para comunidades como la pardhis, incluso tener una alta movilidad conlleva una amenaza de vigilancia policial y violencia. Rana, un hombre pardhi de mediana edad, fue detenido por la policía de tráfico por no llevar casco de seguridad. Cuando la policía exigió conocer su apellido e identidad de casta, fue detenido e interrogado sobre cómo había obtenido la motocicleta. Cuando sus respuestas se consideraron "insatisfactorias", fue arrestado. El miedo a que la vida cotidiana quede registrada en los ficheros policiales es tan generalizado que Rana, al igual que otros Pardhis identificados como DH, se replantea todas las actividades de su vida, incluso algo tan mundano como ir al puesto de té local con los amigos. Estos registros encadenan la vida, las libertades y la dignidad de la comunidad pardhi.
Podría decirse que el documento más importante de los ficheros de delincuentes habituales es un registro informal que los agentes de policía deben firmar para atestiguar que han seguido o vigilado personalmente a la persona en cuestión al menos una vez cada quince días para investigar si (a pesar de la amplia vigilancia) había logrado burlar a la policía para cometer un robo o hurto. La policía de la comisaría de Govindpura de Bhopal nos mostró esto, lo cual fue sorprendente dado que estos registros están ferozmente custodiados para evitar el escrutinio público.
Las regulaciones de la policía de Madhya Pradesh detallan algunas de las formas en que vigilan a las personas y comunidades sospechosas
Las regulaciones de la policía estatal les permite mantener un registro de los DH en sus jurisdicciones, pero no hay restricciones sobre la información que pueden mantener en sus registros y, por lo tanto, no hay forma de rendición de cuentas. Como resultado, la policía ha desarrollado sus propias prácticas, incluyendo el uso de informantes locales (conocidos como mukhbirs) para mantenerse al tanto de las actividades y movimientos diarios de los DH.
Madhya Pradesh Police Regulations detail some of the ways they surveil suspect individuals and communities
El conocimiento policial se calcifica en algoritmos
Durante más de un siglo, la policía ha mantenido registros físicos de todos los casos y oficinas centrales, pero ahora se están digitalizando a través de Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS), el sistema principal y centralizado para mantener registros digitales. El gobierno central proporciona la infraestructura central para estandarizar los datos digitales: Primeros informes de información (FIR por sus siglas en inglés), diversos documentos relacionados con la investigación y las pruebas, y los informes policiales finales que se presentarán a los tribunales. El CCTNS también permite el etiquetado geográfico de delitos. Sin embargo, para varios gobiernos estatales que están tratando de construir su propia infraestructura por encima de este estándar, el CCTNS se extiende mucho más allá de la digitalización para establecer un mapeo del crimen, análisis y un sistema predictivo.
Una super plataforma y una caja negra opaca, el CCTNS ha sido diseñado para ser el repositorio digital de todos los registros de la policía local. Se espera que haga que la policía sea más eficiente al permitir que las comisarías de policía locales conozcan todos los antecedentes penales de una persona con un clic del ratón: casos en los que la persona ha sido acusada, fotografías faciales, los delitos cometidos, el número de días detenidos y si los tribunales los absolvieron o los condenaron.
El Gobierno central y la industria tecnológica sostienen que sistemas como el CCTNS permitirán una detección "objetiva", "inteligente" y sin errores, basada en algoritmos, de los focos de delincuencia y una actuación policial predictiva. En realidad, dado que estas bases de datos se alimentan del sistema ya centenario de vigilancia preventiva y vigilancia predictiva de la policía basado en las castas, que ya ha determinado quién es un delincuente y qué delitos cometen repetidamente los delincuentes habituales, no hay posibilidad de objetividad o ausencia de sesgo en términos de casta. El CCTNS solo agrega un barniz tecnológico a un modelo policial basado en la discriminación de castas. Si bien el propósito ideológico importa poco para las comisarías de policía locales, sus beneficios materiales incluyen ahorro de tiempo y transmisión digital fluida entre jurisdicciones de los delitos cometidos.
El gobierno y la industria tecnológica sostienen que los sistemas [digitales] permitirán la detección "objetiva", "inteligente", basada en algoritmos, de puntos críticos delictivos y vigilancia policial predictiva. En realidad, dado que estas bases de datos son alimentadas por el sistema centenario de vigilancia preventiva y vigilancia predictiva de la policía basado en la discriminación de castas, no hay posibilidad de objetividad o ausencia de sesgo por casta.
La confianza y las aspiraciones de la vigilancia predictiva son parte del objetivo de la policía india de estar entre las fuerzas más avanzadas y profesionalizadas del mundo. La policía afirma que sus limitaciones son la falta de personal, la escasez de conocimientos tecnológicos y el exceso de trabajo. El objetivo es tener las mismas herramientas tecnológicas en todas las comisarías de policía de la India que en Londres y Nueva York para aumentar la eficiencia y la experiencia tecnológica y evitar la necesidad de contratar más agentes de policía al tiempo que se reducen las cargas de trabajo. A pesar de las preocupaciones planteadas sobre la vigilancia predictiva en el Reino Unido y los Estados Unidos respecto a la discriminación y el perfil racial, la vigilancia masiva, el cacheo y la detención arbitrarias, así como la erosión del derecho fundamental a la privacidad, la policía india ha tratado de mejorar las tecnologías policiales predictivas como la detección de puntos de acceso y la minería de datos.
El CCTNS es el futuro de los registros policiales de la India. Para 2030, se espera que la plataforma se desarrolle adecuadamente para liberar a los agentes de policía de mantener registros en papel. Dado que los gobiernos estatales son libres de modificar el CCTNS a su antojo, varios estados han estado recogiendo datos biométricos (escáner de iris, huellas faciales, etc.) de los delincuentes y hasta de los que delinquen por primera vez. Un oficial de policía de alto rango en Bhopal afirmó que el CCTNS se está utilizando en Madhya Pradesh como registro de todos los delincuentes. El CCTNS integra varios expedientes: fichas de antecedentes y expedientes de goonda, huellas dactilares, huellas de pies, datos sobre los familiares de los acusados, etc. Los datos de los miembros de la familia se obtienen con un "efecto disuasorio", de modo que los presuntos delincuentes no cometan más delitos. (Un goonda es como la policía llama a los individuos que son más propensos a cometer agresiones o a perturbar la paz pública recurriendo a la violencia pública general y a los disturbios. Derivado de un término peyorativo en hindi que se traduce como "alborotador" o "gamberro", la policía vigiló a este tipo de individuos identificados a través de varias leyes Goonda desde 1926).
Las bases de datos permanentes tampoco perdonan a los niños. A un joven de 16 años, pardhi, se le registraron sus datos a la fuerza (incluidas huellas dactilares y fotos) en una acusación por la que finalmente se le impuso una condena condicional. La creación de registros permanentes de niños, sean o no condenados, puede contravenir directamente la Ley de Justicia Juvenil (Cuidado y Protección de los Niños) de 2015, que propugna el principio de un "nuevo comienzo" para un niño. Sin embargo, esto no preocupa a la policía local.
El problema aquí, al igual que en el caso de la vigilancia tradicional, es que la policía opera sin un marco legal claro y utiliza la ambigüedad en su beneficio. El Reglamento de la Policía de Madhya Pradesh permite la creación de bases de datos físicas de DH y establece brevemente la forma de su vigilancia. Este marco legal, que se ha mantenido inalterado durante décadas, no preveía los avances digitales de hoy. En consecuencia, el uso de la tecnología para la vigilancia, con su conjunto asociado de nuevos problemas (permanencia, seguridad y privacidad, por nombrar solo algunos), prácticamente no tiene base legal y, por lo tanto, muy pocas restricciones. En una sentencia histórica en 2017, el poder judicial indio confirmó que los ciudadanos indios tienen un derecho fundamental a la privacidad; sin embargo, el poder judicial aún tiene que extender esto a la cuestión del mantenimiento de registros y bases de datos de las oficinas centrales.
Los únicos límites a la amplia vigilancia policial parecen ser únicamente las limitaciones de infraestructura. Para solucionar estos problemas, el estado de Telangana, por ejemplo, está invirtiendo en un centro de varias plantas para albergar su ambicioso Centro Integrado de Información sobre las Personas (IPIH), una base de datos que contiene perfiles de 360º de cada residente. Otros estados planean hacer lo mismo.
La incapacidad del Estado para autorregular su uso de la tecnología queda ampliamente demostrada por la torpe introducción del Aadhaar, un número de "identificación única" que vincula la información biométrica y varias bases de datos necesarias para acceder a programas de bienestar, crear cuentas bancarias, comprar tarjetas SIM y pagar el impuesto sobre la renta, entre otras cosas, hasta que el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que regulara y limitara su uso obligatorio para determinados servicios públicos.
Sin escapatoria de la policía
Un segundo avance tecnológico con respecto a la policía es el uso de cámaras de circuito cerrado (CCTV), supuestamente para la seguridad nacional y la seguridad de las mujeres. Un escalofriante incidente de violación y asesinato que llegó a los titulares en 2012 generó más llamamientos a favor de leyes penales severas y tecnologías de vigilancia masiva para disuadir los delitos contra las mujeres. La preocupación paternalista por mantener el control sobre los cuerpos de las mujeres con el propósito declarado de garantizar su seguridad ha dado lugar a la vigilancia de los espacios públicos. La policía de la ciudad de Lucknow ha anunciado recientemente que pondrá en marcha una respuesta para las mujeres en apuros basada en sus expresiones faciales observadas a través de la tecnología de reconocimiento facial equipada con IA.
La mayoría de las grandes ciudades indias están salpicadas de circuitos cerrados de televisión policiales (sin la normativa correspondiente) en las calles más transitadas, en los cruces y en las zonas de mercado para sustituir la vigilancia policial presencial. Los establecimientos privados y las instituciones educativas en las ciudades más grandes también han invertido en CCTV en sus instalaciones de acuerdo con las regulaciones estatales que buscan establecer la "seguridad pública". Las siniestras implicaciones de crear y mantener tales redes son obvias. Recientemente, durante el cierre impuesto para controlar la pandemia de la COVID-19, el gobierno de la Unión permitió una campaña mediática llena de odio para vilipendiar a los musulmanes por propagar maliciosamente brotes por toda la India. Como era de esperar, esto culminó con el uso de drones por parte de la policía de Madhya Pradesh y Telangana para vigilar los barrios, principalmente musulmanes.
Si bien la vigilancia policial basada en CCTV hasta ahora ha mantenido en gran medida la distinción entre las imágenes de las cámaras policiales y las cámaras privadas instaladas obligatoriamente, pero accesibles solo después de que se haya cometido un delito, se está desarrollando un extraño tercer híbrido en algunas partes del país. Tomemos, por ejemplo, Bhopal Eye, la joya de la corona del sistema de vigilancia policial de Bhopal. Esta aplicación móvil se comercializa como una iniciativa de vigilancia ciudadana que permite a la policía mantener activamente una base de datos del número, la ubicación y el alcance de todos los CCTV privados instalados en la ciudad. Como parte de la iniciativa Bhopal Eye, la policía local ha estado “alentando” la instalación de CCTV en hogares y establecimientos comerciales, incluso en ausencia de regulaciones obligatorias de seguridad pública.
El modelo económico de Bhopal Eye de alguna manera es paralelo a las aplicaciones móviles como Uber: la inversión financiera de adquirir y mantener las unidades de entrada (CCTV) para la salida deseada (vigilancia) no la realiza la organización que construyó la red, sino se traslada a los ciudadanos vendiéndoles los mitos gemelos del peligro siempre al acecho y el valor disuasorio de la vigilancia constante. Cuando los ciudadanos son así reclutados, pueden descargar la aplicación gratuita e iniciar sesión en las coordenadas de ubicación de sus CCTV. La policía, como creadora de la base de datos, desarrolla esta red y utiliza los datos para realizar un seguimiento de cuántos de los "ojos privados" de la ciudad se pueden aprovechar para fines policiales. Aparte de la falta de regulación, se sabe poco sobre el procedimiento utilizado para gestionar el Bhopal Eye, su uso y su eficacia. El oficial de policía superior al que se le atribuye la construcción y el inicio de Bhopal Eye sin ayuda de nadie se negó a responder nuestras preguntas.
En el futuro, sistemas como Bhopal Eye podrían, mediante el estímulo abierto y el prejuicio tácito, facilitar el alcance de la vigilancia de la policía dentro de los vecindarios mixtos, donde residen familias ricas y de clase trabajadora, así como permitir un mayor control de las personas ''sospechosas'', como los vendedores ambulantes, en localidades adineradas.
El material promocional de la policía compartido en redes sociales como Facebook para fomentar el registro de Bhopal Eye con el lema «Ningún delincuente estará a salvo si las casas instalan cámaras correctamente».
Algunos miembros de las comunidades DNT parecen estar dispuestos a la vigilancia constante de CCTV. Rana, el hombre que admitió tener miedo incluso de ir al puesto de té local debido al acoso de la policía, exclama: «Me gustaría que instalaran cámaras de seguridad en todas partes para que supieran [que no somos nosotros] quienes están cometiendo estos delitos». La historia de CCTV nos ha enseñado que la supuesta red de seguridad que ofrecen no es para todos los ciudadanos. Por ejemplo, las comisarías de policía deben tener cámaras instaladas en sus entradas y dentro de las celdas donde están detenidos los acusados. Se suponía que esto era un control de la violencia bajo custodia, por lo que la policía india es conocida. Sin embargo, ahora tienen cuidado de llevar a los acusados a una habitación sin CCTV antes de agredirlos. La policía influye en los exámenes médicos de los acusados para ocultar las pruebas de su brutalidad.[8] La policía duda en proporcionar video de CCTV a quienes lo soliciten y tampoco se sabe que el poder judicial lo exija estrictamente. La dependencia de las cámaras queda enteramente a discreción de la policía local. Es posible que la policía simplemente no presente pruebas en video cuando no favorezca su caso, mientras que la defensa nunca se enterará de que existe tal prueba.
Por lo tanto, la confianza de Rana en los beneficios potenciales de los CCTV parece fuera de lugar. Un incidente de 2018 relacionado con la criminalización de la matanza de ganado en la ciudad de Khandwa ilustra este punto. La policía había instalado CCTV en una concurrida plaza de la ciudad para controlar la matanza ilegal de ganado. Un musulmán que vivía dentro del alcance de la cámara de vigilancia fue arrestado por el delito. Su familia afirmó en repetidas ocasiones que el caso en su contra había sido inventado y que la grabación de la cámara proporcionaría la prueba necesaria para exonerarlo. Sin embargo, dado que la fiscalía disfruta de una amplia discrecinalidad para presentar pruebas en el juicio, la familia no tenía forma de asegurarse de que las imágenes llegaran al tribunal.
¿Qué ventajas ofrece la Big Tech?
En nuestras entrevistas con la policía encontramos un entusiasmo sin reservas por la tecnología, con oficiales de todos los niveles que consideran el progreso constante de la fuerza hacia métodos cada vez más sofisticados de recolección y cotejo de datos como una medalla de honor. El único problema, según el responsable del CCTNS de una de las comisarías locales, es que las herramientas de que disponen actualmente no funcionan lo suficientemente bien. Tampoco tuvimos que buscar mucho para encontrar las razones de esta cándidoa aceptación, ya que recibimos la misma respuesta en repetidas ocasiones: la tecnología hace que la labor policial sea más eficiente, cómoda, accesible y precisa; básicamente, más fácil. La experiencia sugiere que las justificaciones de la eficiencia no tienen por qué estar escritas en piedra. Ya sea la precipitada desmonetización llevada a cabo en 2016 o el gigantesco proyecto Aadhar introducido en 2009, los regímenes de todo el espectro político han hecho gala de una capacidad similar a la de una hidra para inventar y reinventar estrategias de justificación, lo que lleva a preguntarse qué es exactamente lo que hay debajo de las proclamas y los eslóganes. Por lo tanto, es significativo preguntarse a qué intereses sirven los avances tecnológicos, pero permanecen ocultos a la vista del público.
No es necesario mirar muy lejos. Como dice Usha Ramanathan, una veterana activista de la privacidad y crítica mordaz del proyecto Aadhaar, «"la fuerza motriz del proyecto [Aadhaar] es el interés corporativo». La India es un mercado asombrosamente lucrativo para las empresas privadas que producen tecnologías de vigilancia. En Bhopal, por ejemplo, las cámaras de seguridad por sí solas, que son solo un componente de la infraestructura de vigilancia de la ciudad, cuestan más de Rs. 2.5 Crores (alrededor de 135.000 dólares), una cifra enorme para una ciudad mediana.
De hecho, una visita a la futurista sala de control central de CCTV en la sede de la policía en Bhopal es como estar en una feria comercial, ya que un miembro del personal de apoyo de Honeywell, la corporación detrás del proyecto del Sistema de gestión de video integrado en toda la ciudad, recita la panoplia de marcas que se han unido para crear este panóptico. Honeywell consiguió el lucrativo contrato tras su impresionante actuación en la vigilancia del Kumbh Mela, una peregrinación hindú que se celebra cada 12 años y a la que asisten millones de personas. Un equipo de ocho miembros de Honeywell circula constantemente por el cuartel general de la policía de Bhopal para proporcionar asistencia técnica "indispensable".
La naturaleza de la asociación de Honeywell con la policía de Bhopal ilustra dos formas significativas en las que los intereses corporativos privados proyectan una sombra ominosa sobre el "bien público": las corporaciones no solo mueven los hilos, sino que también preparan invariablemente el escenario. Consideremos el caso de Huawei, que ha estado vendiendo "ciudades seguras" en todo el mundo, de las que la tecnología de reconocimiento facial es un componente integral, modificando su discurso para atraer a diversos clientes potenciales.
De manera similar, la oferta de Honeywell ve la seguridad pública como una función de vigilancia general y constante, por la cual todos son sospechosos a menos que se observe lo contrario, una visión que luego se ofrece voluntariamente para ejecutar y ayuda a la agencia de aplicación de la ley a navegar. El papel de Honeywell se limita actualmente a proporcionar a la policía imágenes de CCTV cuando se comete un delito y solicitan ayuda para descubrir quién es el delincuente o rastrear dónde podría haber huido. Sin embargo, para la policía y Honeywell, este es solo su propósito secundario e instrumental. El propósito inherente de las imágenes de CCTV de Honeywell es que obliga al público a la autodisciplina y la autovigilancia y, por lo tanto, reduce la delincuencia.
Otro ejemplo es la proliferación de tecnologías de IA basadas en el reconocimiento facial que se están comercializando a los departamentos de policía de todo el país como herramientas imprescindibles para la lucha contra el crimen. Según los informes, la policía de la ciudad de Surat cuenta con una unidad de inteligencia de imágenes que se basa en la tecnología NeoFace, propiedad de Nippon Electrical Company, y en el reconocimiento de matrículas de vehículos para rastrear a las personas de interés. Durante una de nuestras entrevistas con un oficial de policía, aludió a la población de la ciudad como "clientes". Este lenguaje revela lo que no se dice abiertamente, que es que el Estado se motiva más por ser cliente de brillantes curiosidades que por actuar como custodio de los derechos civiles de los ciudadanos.
La construcción de un sistema de castas digital
El sueño de la India digital fue vendido a la población india por el Gobierno de Narendra Modi poco después de ser elegido en 2014. Un componente clave de este sueño es construir un modelo de gobernanza electrónica. La necesidad de utilizar la tecnología se ha fomentado a través del mito de que la tecnología es neutral en la prevención del delito y frena el problema del sesgo humano, cuando todo lo que hacen estos sistemas es esencialmente digitalizar la orientación de las comunidades a través de la nebulosa categoría de los DH. Hay poca reflexión sobre lo que implica un sistema de castas tan digitalizado, quién es el responsable de diseñarlo y cómo reproduce y cosifica las jerarquías que son contrarias al sistema de justicia penal.
El objetivo de la eficiencia no intenta desalojar los principios tradicionales de la policía: quién se mantiene bajo vigilancia y por qué permanece constante en el tiempo y el espacio. Los avances tecnológicos simplemente afilan la hoja de la discrecionalidad policial y afianzan aún más sus sesgos operativos. Esto ya se aleja de la supuesta relación entre la tecnología y la aplicación de la ley en los países en los que se espera que las cámaras de la policía corrijan al menos el sesgo implícito.
De hecho, en los Estados Unidos, ha habido discusiones durante mucho tiempo sobre el intento de envolver los sistemas racistas bajo el manto de la objetividad. El historiador Khalil Muhammad demostró cómo una "revolución de datos raciales" en el siglo XIX ordenó la ciencia y la estadística para hacer un caso "desinteresado" de la superioridad blanca.[9] Los resultados del censo de 1890 mostraron que los afroamericanos fueron encarcelados de manera desproporcionada, pero en lugar de interpretar esto como un síntoma de desigualdades sistémicas, se entendió que los datos eran «objetivos, sin sesgo racial e incontrovertibles». De esta manera, las estadísticas de criminalidad se convirtieron en la base sobre la que se construyó el mito de la inferioridad negra.[10]
Del mismo modo, los conjuntos de datos y modelos utilizados en los sistemas tecnológicos más novedosos no son representaciones objetivas de la realidad. El empleo de nuevas tecnologías que reflejan y reproducen las desigualdades existentes –pero que se promueven y perciben como más objetivas o progresistas que los sistemas discriminatorios de una época anterior– a menudo ocultan, aceleran e incluso profundizan la discriminación, a la vez que parece neutral o benévola.
Una serie de nuevas aplicaciones permite a la policía acceder y actualizar la información desde sus teléfonos móviles. Cuanto más se les pregunta sobre la cantidad de bases de datos que la policía “mantiene” y sus marcos regulatorios, más obvio es que ni siquiera la policía ha podido mantenerse al día con la proliferación de tecnologías privadas en sus operaciones. Se desconoce cuántas bases de datos en línea existen, cómo se carga la información en ellas, la naturaleza y amplitud de esta información, y cuál es el objetivo final de ensamblar este gran archipiélago de infraestructuras de bases de datos digitales para la vigilancia policial. Estas múltiples aplicaciones, software y bases de datos pueden (por ahora) existir en silos, incluso si regularmente cruzan información. Sin embargo, todos están tan cerca unos de otros que pueden interconectarse fácilmente para crear expedientes de información personal sobre todos los ciudadanos y permitir una elaboración de perfiles institucionales más generalizada que luego puede utilizarse para justificar un trato diferencial en la escolarización, el empleo, la vivienda, etc., en particular para los pertenecientes a comunidades marginadas que se identifican como DH.
Por eso, cuando la comunidad pardhi dice que la policía tiene todo el historial de cada miembro de su comunidad no es una exageración. Está claro que el objetivo real de la vigilancia y los poderes ilimitados que otorga a la policía es mantener la hegemonía política y un orden social jerárquico muy estricto. Por lo tanto, la vigilancia policial permite el matrimonio de corporaciones con fines de lucro y regímenes autoritarios. El control social que buscan mantener está, a su vez, de acuerdo con el control social de casta ya impuesto por la vigilancia policial.
En defensa de la rendición de cuentas de la policía
Necesitamos ir más allá de resistir la introducción y el uso de tecnologías de vigilancia para cuestionar, si no revisar, el espíritu mismo de la vigilancia policial en la India, porque ya ha perpetuado la peligrosa vigilancia policial predictiva en los cuerpos de los marginados incluso sin estas tecnologías. Desafortunadamente, el Estado indio está aumentando su excesiva dependencia de las instituciones policiales para responder a diversas crisis. Los datos publicados recientemente, por ejemplo, documentan la gran dependencia del Estado de la policía y de la ley de sedición de la era colonial para sofocar la disidencia en cuestiones que van desde la central nuclear de Kudankulam hasta la Ley de Enmienda de la Ciudadanía de 2019. Cada nueva causa abre nuevas vías para criminalizar y vigilar a las comunidades marginadas.
Las nuevas justificaciones para una mayor vigilancia policial seguirán multiplicándose a medida que el Estado busca ganar un control más estricto sobre el orden social. Cada caso de amenaza percibida para la "seguridad interna" de este orden social es terreno fértil para intensificar los mecanismos de vigilancia, como se ha observado recientemente en la respuesta de los gobiernos a las protestas de los ciudadanos. El delincuente habitual es para la ciudad lo que el disidente "antinacional" es al país: un elemento empedernido y antisocial del que la sociedad necesita protección.
Activistas, abogados, estudiantes y una categoría cultivada de naxalitas urbanos están empezando a ser los receptores de esta vigilancia y registros estatales desinhibidos. En febrero de 2021, The Washington Post informó de que el ordenador portátil de la activista de los derechos civiles Rona Wilson había sido pirateado para vigilar y colocar documentos falsos que le implicaban como enemigo del Estado. Si bien se desconoce la identidad del pirata informático, se informa que el pirata informático (un individuo u organización) tenía amplios recursos a su disposición. En 2019, se informó de que la herramienta de espionaje Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, se utilizó para vigilar a periodistas y defensores de los derechos humanos. El Grupo NSO admitió que vende Pegasus exclusivamente a gobiernos y agencias de aplicación de la ley.
La actuación policial basada en la vigilancia para abordar la violencia contra la mujer es la última incorporación a la gama de responsabilidades de la policía. Aunque los movimientos feministas y de mujeres, entre otros, han cuestionado el fracaso del derecho penal para abordar la violencia contra las mujeres, las cuestiones de la criminalidad basada en castas, la vigilancia y la interseccionalidad han permanecido en gran parte ausentes de esta conversación. La construcción de la criminalidad basada en castas hace que las mujeres de comunidades marginadas sean las más vulnerables. Sufren la mayor violencia pero no reciben apoyo del sistema de justicia penal, porque sus mismas estructuras permiten a la policía perpetrar tal violencia en primer lugar.
Los movimientos feministas y de derechos civiles en la India esencialmente no han logrado cuestionar el propio ethos del caracter discriminatorio por casta de la policía en el país. Las mujeres pardhi relatan casos de acoso policial cuando están trabajando en la separación de residuos. Si la policía encuentra algo de valor en su bolsa de recogida de basura, se le acusa de haberla robado y se la lleva a la comisaría. Algunas mujeres dijeron que sus propias joyas y otros artículos fueron confiscados y registrados como evidencia de robo. En dos casos en los que las mujeres pardhi se habían suicidado a causa del acoso policial, el Estado se basó en estos "antecedentes penales" para presentar a estas mujeres como delincuentes y conceder impunidad a la policía, como si ser delincuente justificara ser víctima de la violencia policial. Los casos de violencia contra las mujeres pardhi se hacen invisibles a través de estas narrativas construidas de criminalidad, concediendo a la policía total discrecionalidad e impunidad.
Por lo tanto, tenemos que centrar nuestra resistencia en la causa misma del problema de la persecución policial desproporcionada de las comunidades adivasis marginadas, ya sea mediante la vigilancia tecnológica o por otros medios: la discrecionalidad y la impunidad policial. Como guardianes del sistema de justicia penal, la policía determina quiénes se convierten en sujetos de este sistema. Invertir en fortalecer la rendición de cuentas de la policía es el primer paso para enfrentar la cultura de la discrecionalidad y la impunidad que se ha convertido en sinónimo de ley y orden en la India.
Al subrayar y llamar la atención sobre las formas de desigualdad codificada, no solo debemos cuestionar las dimensiones sociales de la tecnología, sino también trabajar contra la construcción de un sistema de casta digital paralelo que esencialmente intensifica el sistema de casta tradicional. En la actualidad, aquellos cuyos cuerpos son sometidos a violencia por el sistema carcelario se ven obligados a buscar justicia en el mismo sistema. En Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter (BLM) ha puesto de manifiesto los peligros del imaginario carcelario, los sistemas policiales racistas y la necesidad de invertir en formas de justicia no retributivas.
Una de las principales demandas de BLM es la de desfinanciar a la policía, que está diseñada para criminalizar a las comunidades negras. Se pueden adoptar lecciones del movimiento para desafiar la opresión basada en castas en la India a través de la vigilancia. Esto comenzaría por construir un discurso de la naturaleza discriminatoria por razón de casta de la policía a través de la defensa, la investigación y la organización comunitaria, junto con una inversión activa en cultivar una imaginación de una justicia transformadora que no está diseñada para cebarse en los cuerpos de las comunidades marginadas, cualquiera que sea su casta, cuya erradicación es otra lucha mucho mayor.
Ameya Bokil, Nikita Sonavane, Avaneendra Khare, Vaishali Janarthanan y Srujana Bej son jóvenes investigadoras y abogadas que trabajan en el reciente colectivo de justicia penal Criminal Justice and Police Accountability Project (CPAProject) [Proyecto de Responsabilidad de la Justicia Penal y la Policía], en Bhopal, India. Ameya Bokil es investigadora de derechos humanos que examina la sobrecriminalización y los poderes policiales. Nikita Sonavane ha trabajado y escrito extensamente sobre temas de violencia sexual, autogobierno indígena y leyes contra la discriminación, Avaneendra Khare es activista actualmente residente en Bhopal, Vaishli Janarthanan es estudiante de último año de Derecho y trabaja en una organización de desarrollo de la capacitación, y Srujana Bej ha llevado a cabo investigaciones de campo sobre el impacto del sistema de autenticación biométrica Aadhaar sobre el acceso a los derechos socioeconómicos. @srujana_bej @CPAProjectIndia
Traducción: Miguel Castro - ODHE – Observatorio Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo
Créditos fotográficos
Foto 1: Nombre de archivo: BRA2016003C-0053-bokil-1/Crédito: © Stanley Greene / NOOR / IG Handels: @stanleygreene Twitter Handels: @noorimages
Pie de foto: India, Andhra Pradesh, 2012, Paramilitares dirigiendo la manifestación de protesta. Los conflictos entre las fuerzas paramilitares y los maoístas se centran en el corredor rojo y van desde el sur-este de la India hasta el noreste y reúnen a siete regiones de la India – Karnataka , Andhra Pradesh , Chattisgarth , Orissa, Jharkhand, Bihar y Bengala Occidental .
Foto 2: Nombre de archivo: BRA2016003C-0053-bokil-2 / Crédito: ©Andrea Bruce / NOOR / IG Handels: @andreabruce / Twitter Handels: @abruce_noor
Pie de foto: India, Bangalore, 09 de agosto de 2016, Un desfile de mujeres camina desde sus dormitorios hasta varias fábricas en Bangalore cada mañana, sorteando las aguas residuales y la construcción. La India está intentando transformarse en una economía manufacturera, y para ello debe encontrar trabajadores. En este caso, las trabajadoras han sido traídas, a expensas del gobierno, desde aldeas remotas, de una población que nunca antes se había incorporado a la economía: las mujeres solteras.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
NOTAS:
[1] El sistema de castas jerárquico en el subcontinente indio determina el valor y el estatus de una persona al nacer. Una pequeña población de brahmanes, los autoproclamados productores e intérpretes del conocimiento, están en la cúspide, mientras que los shudras y los ati-shudras (burdamente, las castas trabajadoras oprimidas y las castas trabajadoras "intocables"/dalit, respectivamente) están sometidos a la esclavitud. Para la historia y las teorías sobre el sistema de castas, véase Phule, J. G. (1875) Slavery (in the Civilised British Government under the Cloak of Brahmanism). Traducido por P. G. Patil (1991) Collected Work of Mahatma Jotirao Phule, Vol. 1. Reimpresión. Bombay: Departamento de Educación, Gobierno de Maharashtra; Ambedkar, BR (1947) «¿Quiénes eran los Shudras?'' Cómo llegaron a ser el cuarto Varna en la sociedad indo-aria», en Dr. Babasaheb Ambedkar (2014) Discursos y escritos, Vol. 7. 2ª ed. Reimpresión. Nueva Delhi: Fundación Dr. Ambedkar.
[2] Los adivasis/tribales son comunidades indígenas indias que se consideraban ajenas al sistema de castas y cuya interacción con él era limitada pero no inexistente. Algunas de estas comunidades están protegidas constitucionalmente como tribus registradas.
[3] Para una descripción de las injusticias históricas contra las comunidades DNT, véase Malkin, Saanish y Tasveer (2021) «Ekjutta Divas: DNT-NT communities show solidarity in the face of state violence», The Wire. https://thewire.in/rights/ekjutta-divas-dnt-nt-communities-bhopal [Consultado el 13 de febrero de 2021]; Radhakrishna, M. (2001) Dishonoured by History: ‘“Criminal Tribes” and British Colonial Policy. Hyderabad: Orient Blackswan; D’Souza, D. (2001) Branded by Law: Looking at India’s Denotified Tribes. Nueva Delhi: Penguin.
[4] Chandavarkar, R. (1998). Imperial Power and Popular Politics: Class, Resistance and the State in India, c. 1850-1950. Cambridge: Cambridge University Press.
[5] Singha, R. (1998) A Despotism of Law: Crime and Justice in Early Colonial India. Nueva Delhi: Oxford University Press.
[6] Desde que los estados aprobaron las Leyes de Delincuentes Habituales después de la derogación de la CTA en 1952, las tribus criminalizadas por esta última continuaron siendo perseguidas bajo el nuevo régimen. Véase (1999) «The de-notified and nomadic tribes of India: appeal for justice and struggle for rights», Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 1(4): 590-604. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698019900510841?journalCode=riij20 [Consultado el 13 de febrero de 2021].
[7] Las acusaciones de mala conducta policial que se enumeran aquí se basan en las entrevistas realizadas a los residentes de pardhi basti en el barrio de Rajiv Nagar de Bhopal el 12 de enero de 2021.
[8] Lokaneeta, J. (2020) The Truth Machines: Policing, Violence, and Scientific Interrogations in India. Ann Arbor: University of Michigan Press.
[9] Ruha, B. (2019) Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code. Cambridge: Polity Press.
[10] Muhammad, K. G. (2010) The Condemnation of Blackness: Race, Crime, and the Making of Modern America. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Abolir la seguridad nacional
Abolir la seguridad nacional
Arun Kundnani
Estado del Poder 2021
Como su sistema legal-penal, la infraestructura de seguridad nacional global de Estados Unidos propaga la violencia en lugar de reducirla de formas que a menudo se organizan a través del racismo. Extender una política de abolicionismo a la seguridad nacional nos permite comprender los impulsores estructurales de la guerra sin fin y la militarización fronteriza y articular nuevas visiones de seguridad basadas en la presencia del bienestar colectivo en lugar de la eliminación de "amenazas".
A pesar de la pandemia de COVID-19 desencadenada en 2020, al menos 15 millones de personas participaron en manifestaciones de Black Lives Matter (BLM) en los Estados Unidos. Estas protestas multirraciales representaron asumir la historia de violencia racial del país. Entre los predominantemente jóvenes que protestaban, existe una conciencia generalizada de que la guerra, las prisiones y las fronteras no promueven el bienestar de la mayoría de las personas en los Estados Unidos, que convertir al país en un “bote salvavidas armado” no es una solución ni para la crisis del clima ni para las pandemias zoonóticas, y que bajo el capitalismo racial, la riqueza nunca "se filtra" a las mayorías. A aquellos que han alcanzado la mayoría de edad después de la crisis financiera global de 2008/9 no les engaña la falsa imagen de un Estados Unidos excepcionalmente virtuoso.
Como ocurre con cualquier movimiento, dentro de BLM existe una amplia gama de motivaciones y orientaciones. De particular interés es el enfoque abolicionista que ha dado forma a gran parte de la reciente lucha de masas liderada por la población negra, influenciada por la política feminista negra y el enfoque queer, y las nociones radicales de cuidado que encarnan estas tradiciones. El abolicionismo es un modo de pensamiento y práctica política que ha surgido tras 20 años de organización contra el complejo industrial-carcelario por parte de grupos como Critical Resistance. La abolición de las cárceles y la desfinanciación de la policía son sus objetivos más destacados, pero la oposición a la violencia fronteriza y el militarismo también constituye un componente importante. El abolicionismo considera a la policía y el encarcelamiento dentro de un conjunto más amplio de estructuras que incluye las fronteras y la violencia militar desplegada en el extranjero.
Hace quince años, una de las principales pensadoras sobre el abolicionismo, Angela Davis, pidió que se ampliara la campaña contra las prisiones para enfrentarse a las redes mundiales de encarcelamiento de la "guerra mundial contra el terrorismo".[1] Hoy, grupos como Dissenters se están organizando contra la totalidad de la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos desde una perspectiva abolicionista negra.
En el centro de la política abolicionista se encuentra un intento de reconceptualizar la noción de seguridad. La lógica que domina el sistema penal legal, argumentan los abolicionistas, implica pensar en el daño como un problema que puede resolverse mediante la violencia punitiva oficialmente sancionada. Esto tiene dos consecuencias.
La primera, significa que el sistema penal legal intensifica, en lugar de reducir, la circulación de la violencia, dando lugar, a su vez, a demandas de más policías y más cárceles, un movimiento perpetuo de criminalización.
La segunda, significa que la atención se desvía del examen de las causas sociales y económicas subyacentes de lo que llamamos "delito". Las prisiones, en cambio, sirven para aislar los problemas sociales que son consecuencia de la "economía política inmanejable" del capitalismo global.[2] Pero al hacerlo, esos problemas se agravan.
La gran expansión del número de cárceles y la militarización de la aplicación de la ley no son respuestas al aumento de la delincuencia, sino una parte integral del neoliberalismo, que implica declarar a un gran número de personas como "excedentes". Las cárceles son formas de ocultar a estas personas y olvidar las cuestiones sociales que plantean; el racismo es esencial para este proceso.
En tales circunstancias, argumentan los abolicionistas, los llamamientos a reformar las prisiones y las fuerzas policiales para humanizarlas son insuficientes. También lo son los llamamientos a diferenciar de forma más eficaz entre los que merecen ser encarcelados y los que no. Tales llamamientos evitan una reflexión sobre las causas profundas de los problemas que las cárceles y la policía pretenden resolver. En cambio, el abolicionismo propone la creación de un "conjunto de instituciones sociales que comenzarían a resolver los problemas sociales que llevan a la gente a la cárcel, contribuyendo así a hacerla obsoleta”.[3]
Este sentido más amplio de seguridad implicaría satisfacer las necesidades de educación, cuidado infantil, vivienda y atención médica, así como despenalizar el consumo de drogas, el trabajo sexual y la migración. Al crear también un sistema de justicia basado en la reparación y la reconciliación, en lugar de la retribución y la venganza, en última instancia, no habría necesidad de cárceles.
Por supuesto, lograr ese objetivo no es una posibilidad inmediata. Por ahora, la pregunta es cómo impulsar reformas al sistema legal penal que avancen en la dirección de la desfinanciación y la disolución. La respuesta dependerá del contexto local y del equilibrio de fuerzas políticas. Además de generar poder a través de la organización de base, las iniciativas electorales también desempeñarán una función. El Proyecto de Justicia Electoral de la coalición Movement for Black Lives, por ejemplo, ha propuesto la Ley Breathe, una legislación que eliminaría los fondos para el encarcelamiento federal y la aplicación de la ley, aboliría el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Control de Drogas (DEA), y financiaría enfoques de seguridad pública no punitivos orientados a la comunidad, despenalizaría retroactivamente el uso de drogas, invertiría en educación, atención médica, vivienda y justicia ambiental, y ampliaría los derechos de los trabajadores.
El abolicionismo plantea tantas preguntas como respuestas. La labor de imaginar alternativas al sistema legal penal está en curso. Lo que llama la atención, sin embargo, son las posibilidades generativas de aplicar un enfoque abolicionista no solo a nivel nacional, en Estados Unidos, sino también a sus organismos de seguridad a escala mundial. En este punto, el abolicionismo se basa en el legado de una política internacionalista negra en los Estados Unidos que se expresó, por ejemplo, a fines de la década de 1960 en la organización del Comité Coordinador Estudiantil No Violento contra la guerra de Vietnam y su trabajo de apoyo a la liberación nacional en Puerto Rico y Palestina.
Al igual que su sistema legal penal, la infraestructura de seguridad nacional mundial de Estados Unidos propaga la violencia en lugar de reducirla, en formas que a menudo se organizan a través del racismo. Y sus acciones militares nos distraen de abordar los problemas sociales y ecológicos que enfrenta el planeta. El abolicionismo implica que enmarcar la discusión de las acciones militares estadounidenses en términos de qué tipos de "intervención" son legítimas y cuáles no es un horizonte limitante que oculta los motores estructurales de una guerra sin fin. Asimismo, discutir quién debería verse limitado por las fronteras y quién no significa evitar reflexionar sobre el papel que desempeñan las fronteras en nuestros sistemas sociales y económicos, y cuáles podrían ser las alternativas.
Un marco abolicionista implica comprender que la verdadera seguridad no resulta de eliminar "amenazas", sino de la presencia del bienestar colectivo. Aboga por la construcción de instituciones que fomenten relaciones sociales y ecológicas necesarias para vivir una vida digna, en lugar de identificar de manera reactiva a los grupos de personas que se consideran amenazantes. Sostiene que la verdadera seguridad no se basa en el dominio sino en la solidaridad, tanto a nivel personal como internacional. Es posible abordar problemas de seguridad como el cambio climático y las enfermedades pandémicas solo desde una perspectiva internacionalista. A largo plazo, es ilusorio lograr la seguridad de un grupo de personas a expensas de otro.[4] En términos de políticas, un enfoque abolicionista implicaría una reducción progresiva del financiamiento y la reducción de la desmesurada infraestructura militar, de inteligencia y fronteriza de Estados Unidos, y la construcción de instituciones alternativas que puedan brindar seguridad colectiva frente a los peligros ambientales y sociales.
La lógica de la seguridad racial de Estados Unidos
Estados Unidos gasta actualmente más de un billón de dólares al año en una fantasía de seguridad nacional. Esta cantidad, distribuida entre agencias militares, de inteligencia y fronterizas, es más del doble de lo que costaría administrar ambas vacunas COVID-19 a toda la población mundial y una red de seguridad mundial para evitar que todas las personas caigan en la pobreza debido al virus. El presupuesto del Departamento de Defensa por sí solo comprende más de la mitad de todos los gastos discrecionales federales cada año. El ejército de Estados Unidos tiene desplegados a dos millones de hombres y mujeres en al menos 800 bases militares en 90 países y territorios de todo el mundo; ha realizado operaciones militares encubiertas en 154 países en 2020; mantiene un arsenal estimado de 3.800 ojivas nucleares y, en los próximos años, planea gastar aproximadamente 100.000 millones de dólares para comprar 600 misiles nucleares más de la corporación de defensa Northrop Grumman.
Más allá de las fuerzas armadas, el sistema de seguridad nacional actual de Estados Unidos incluye agencias que se crearon a principios de la Guerra Fría, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), así como algunas más recientes que surgieron de las guerras contra las drogas y contra el terrorismo, como la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Con marcos globales como la guerra mundial contra el terrorismo y la guerra contra las drogas, que involucran relaciones de intercambio de inteligencia, entrenamiento, exportación de armas y asistencia financiera, Estados Unidos es capaz de atraer a muchos otros Estados a su maquinaria de seguridad, impulsando espirales de conflicto en toda América Latina, Oriente Medio, Asia meridional y sudoriental y África. Cientos de miles han muerto en México como resultado de la guerra militarizada contra las drogas que Estados Unidos ha alentado allí. Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador de armas del mundo, con una tendencia creciente de su participación en las exportaciones de armas a más de un tercio del total mundial en los últimos cinco años.
En la era neoliberal, el sistema de seguridad nacional ha incorporado una red de grupos de estudios y empresas de seguridad privada involucradas en la fabricación de armas, logística militar, provisión de mercenarios y otro personal armado, guerra cibernética, fortificación de fronteras y tecnología de la vigilancia. En paralelo a estas corporaciones está la variedad de inversionistas de Wall Street que se benefician del sistema de seguridad nacional financiado por los contribuyentes.
La escala de esta infraestructura se acepta casi totalmente como el trasfondo que se da por sentado para la formulación de la política exterior de Estados Unidos. Cuestionarlo es colocarse fuera de lo que se considera una opinión legítima en la política de élite estadounidense. Entrelazado con este consenso se encuentra un proceso ideológico que implica identificar repetidamente a los “actores malos", ya se trate de estados nacionales o movimientos insurgentes, y seleccionar métodos para dominarlos para producir una ilusión de seguridad. Los marcos a través de los cuales se conciben estos “actores malos" se basan en la historia racial y colonial de Estados Unidos, que hoy tienen un alcance mundial.
Desde las guerras fronterizas del período colonial hasta la guerra mundial contra el terrorismo, la construcción de amenazas a la seguridad ha involucrado lo que Michael Rogin llama la “fantasía de la violencia salvaje”, el temor de que los grupos racialmente subordinados puedan infligir su barbarie sobre los civilizados. Las rebeliones contra la dominación racial y colonial son las emergencias indispensables en torno a las cuales generalmente se ha organizado la política y la práctica de seguridad de Estados Unidos. Algunas de estas emergencias son reales, otras exageradas y otras totalmente imaginadas. Sus elementos raciales pueden ser patentes o latentes. En cualquier caso, brindan oportunidades para que los héroes míticos de la expansión de Estados Unidos obtengan venganza racial o rescate. Se trata de lo que Franco Fornari describe como "la increíble paradoja de que la función de seguridad más importante no es defendernos de un enemigo externo, sino encontrar un enemigo real”.
En cierto sentido, los Estados Unidos nunca ha dejado de combatir a los “salvajes” en sus fronteras, incluso cuando la frontera se expandió a los campos de batalla internacionales de la guerra fría, la guerra mundial contra el terrorismo y la guerra contra las drogas.[5] En cada caso, el enemigo se caracteriza por un incumplimiento inherente atribuido a las reglas de conflicto "civilizadas". Para los conservadores, el enemigo es necesariamente ajeno a los valores de la civilización occidental; para los liberales, el enemigo no defiende la democracia y los derechos humanos. Pero estas diferencias políticas esconden una solidaridad implícita: con pocas excepciones, conservadores y liberales coinciden en que la seguridad nacional significa el dominio absoluto sobre enemigos menos civilizados.
De esta manera, el sistema de seguridad nacional de Estados Unidos proclama su propia inocencia y virtud mientras, como señaló Martin Luther King, Jr. en 1967, es "el mayor proveedor de violencia en el mundo". Pero el peso de la historia no explica completamente las modalidades de la política y práctica de seguridad nacional de Estados Unidos en la era neoliberal. El neoliberalismo depende divisiones mundiales del trabajo codificadas racialmente que hacen que grandes extensiones de la población humana sean superfluas para la producción capitalista.
Los proyectos de vigilancia policial racista, encarcelamiento masivo, militarización de fronteras y contraterrorismo están dirigidos a gestionar este "excedente" humano bajo el neoliberalismo. Esto, a su vez, proporciona una base material para los recurrentes aumentos de nacionalismo y racismo que florecen entre las ruinas del desmantelamiento de la acción democrática colectiva por parte del neoliberalismo.
Este énfasis en la seguridad bajo el neoliberalismo ha ofrecido una nueva base para la legitimidad del gobierno mismo. Como dijo el ex presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, al diario de Zúrich Tages-Anzeiger en 2007, “gracias a la globalización, las decisiones políticas en los Estados Unidos han sido reemplazadas en gran parte por las fuerzas del mercado global. Dejando a un lado la seguridad nacional, apenas importa quién será el próximo presidente”.[6]
En otras palabras, debido a que la política económica generalmente se subsume en los mercados globales, a los gobiernos neoliberales les resulta difícil lograr aprobación afirmando el aumento del bienestar material de la ciudadanía; en su lugar, es más fácil legitimarse a través de afirmar que protegen a los ciudadanos de una miríada de peligros graves, contenidos en la "seguridad nacional". Las poblaciones marcadas por la raza, que han sido desposeídas por el neoliberalismo, son consideradas nuevas fuentes de peligro, en forma de terroristas, migrantes o criminales. La contienda política neoliberal se convierte en una cuestión de partidos que compiten por la identificación de amenazas y, en respuesta, el despliegue de espectáculos de violencia.
El resultado es una cultura política deformada: la seguridad nacional tiene una presencia dominante en los círculos de formulación de políticas, que principalmente sostiene una fantasía de dominación y evita aceptar sus propias fallas estructurales. Como indica su decisión de aumentar el gasto militar, el Gobierno de Biden no ha roto con este patrón.
Duelo por “América”
Esta situación no es exclusiva de Estados Unidos, sino que es una tendencia allá donde prevalece el neoliberalismo. Sin embargo, el contexto estadounidense se distingue por un apego ideológico a la fantasía de unos años noventa sin fin, cuando, después de la Guerra Fría, el excepcionalismo estadounidense parecía haber hecho posible un orden mundial estable, dominado por Estados Unidos, antes del ascenso de China a la categoría de superpotencia en el siglo XXI. La ilusión de volver a la "primacía" estadounidense de la década de 1990 ha quedado obsoleta hace mucho tiempo como forma viable de proporcionar seguridad nacional. Sin embargo, en el proceso de formulación de políticas de Washington, las alternativas a tal estrategia simplemente no son creíbles. Al no enfrentar la irreversibilidad de su declive geopolítico y los desafíos ambientales y sociales que enfrenta actualmente, Estados Unidos está posponiendo un duelo colectivo por la pérdida de un Estados Unidos imaginado que fue amado pero que ya no existe. Esta incapacidad para lidiar con el prematuro fin del siglo estadounidense encuentra expresión en las invocaciones liberales a una vuelta a un “sistema internacional basado en reglas” –según el código al estilo de la década de 1990 de la globalización– tanto como en el llamamiento de Trump de “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”. Negarse a aceptar el colapso de una fantasía de omnipotencia estadounidense produce una parálisis melancólica frente a peligros reales, incluso cuando la seguridad nacional estadounidense arremete contra la lista actual de objetivos: China, Rusia, Venezuela e Irán.
Como tal, la brecha entre las narrativas oficiales estadounidenses de seguridad nacional y las necesidades de seguridad reales de la gente común se ha vuelto palpable. La propia infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos ha contribuido en gran medida al mayor peligro que enfrenta la población estadounidense en las próximas décadas: el calentamiento del planeta. De hecho, en lugar de reducir sus emisiones de carbono, el Pentágono ha presentado la crisis climática como un nuevo fundamento para su existencia, declarando al ejército estadounidense como una fuente necesaria de orden en un mundo de migración masiva y extremismo suscitados por el clima.
El sistema de seguridad nacional de Estados Unidos no evitó que más de medio millón de personas en el país perdieran la vida a causa de la COVID-19, una de las cifras de muertes per cápita más altas del mundo en el país más rico del mundo. En su lugar, movilizó el sentimiento anti-chino en respuesta a la pandemia para justificar una escalada en el gasto para contrarrestar el ascenso de China. Por lo tanto, incluso las catástrofes de la crisis climática y las pandemias zoonóticas se han incorporado a la lógica racializada de la seguridad nacional. Los ciclos de violencia generados por la guerra contra las drogas y la guerra mundial contra el terrorismo han continuado, a pesar de que esas guerras causaron muchas más pérdidas de vidas civiles de lo que los narcotraficantes o terroristas podrían haber imaginado. El patrón general es que las políticas estadounidenses exacerban las inseguridades que supuestamente están diseñadas para minimizar. Han fracasado por completo en enfrentar los peligros reales que aquejan a la población estadounidense y constituyen un rosario de errores que solo pueden describirse como patológicos.
Grietas en el sistema
Pero hay grietas en la lógica de seguridad dominante que pueden abrirse de par en par. La opinión pública estadounidense es escéptica ante las guerras interminables. Alrededor de dos tercios de los estadounidenses piensan que la guerra de Irak de 2003 fue un error y más de la mitad piensa que Estados Unidos no debería haber desplegado fuerzas militares en Afganistán o Siria. Es tan probable que los veteranos se opongan a estas guerras como cualquier otra persona, independientemente del período de servicio, rango y experiencia de combate. Tanto en las elecciones presidenciales de 2008 como en 2016, el candidato ganador se mantuvo a favor de la retirada militar (a pesar de que los presidentes Obama y Trump aumentaron posteriormente el despliegue de soldados).
No solo hay oposición a la participación de Estados Unidos en guerras específicas, sino que también hay apoyo para eliminar la financiación de los sistemas de seguridad nacional en su conjunto: una mayoría en los Estados Unidos es favorable a recortar el presupuesto de defensa en un 10% y reasignar esos recursos al control de enfermedades y otros servicios públicos. El doble de personas apoyan tal recorte al presupuesto de defensa de las que se oponen a él. A pesar de su popularidad, la legislación introducida para lograr este desfinanciamiento fue fácilmente derrotada en el Congreso.
El corpus de opinión a favor de la desfinanciación militar carece del impulso y la energía que proviene del poder de las organizaciones de base –la única fuerza capaz de superar los intereses creados y las barreras ideológicas que se han interpuesto en el camino para reconciliarse con la violencia estadounidense.
Hace cincuenta años, cuando los movimientos progresistas en los Estados Unidos estaban en la cima de su poder organizativo, a la sombra de la guerra de Vietnam, el Congreso tomó medidas para reducir el poder del sistema de seguridad nacional. El 93º Congreso, de 1973 a 1975, fue, según Greg Grandin, quizás la "legislatura más antiimperial en la historia de Estados Unidos". En este período, el Congreso se otorgó el poder de revisar y revertir las decisiones de la Casa Blanca para participar en guerras; hizo que las agencias de inteligencia fueran más responsables a la hora de rendir cuentas; abolió dos entidades de seguridad nacional, el Comité de Actividades Antiamericanas y la Oficina de Seguridad Pública; y prohibió el apoyo militar estadounidense a grupos y gobiernos autoritarios en Angola, Chile, Indonesia, Corea del Sur y Turquía.
Aprovechar el momento
Hoy, una vez más, los jóvenes están en las calles. Las demandas abolicionistas, como el llamamiento a abolir el ICE, son fundamentales para estos movimientos. Al mismo tiempo, se ha abierto un flanco de izquierdas en el Partido Demócrata, con cierta representación en el Congreso, dando espacio para articular demandas implícitamente abolicionistas. Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, ha pedido que se disuelva el Departamento de Seguridad Nacional.
Para que surja cualquier enfoque alternativo hará falta trabajar en tres grandes áreas. La primera, será necesario intensificar los esfuerzos de los movimientos de base para formular políticas de seguridad nacional que incluyan una perspectiva abolicionista dirigida a la infraestructura global de violencia de los Estados Unidos. Decidir cuál es la mejor manera de organizarse y qué problemas específicos enfrentar será un asunto de iniciativas individuales y grupos de campaña. Para un grupo, el foco podrían ser las políticas de sanciones de Estados Unidos; para otro, la guerra contra las drogas en América Latina; mientras que para otro será el desarme nuclear. A pesar de luchar en diferentes frentes, todas estas diversas campañas estarán orientadas hacia un horizonte de abolicionismo de la seguridad nacional.
En segundo lugar, será necesario un impulso para lograr todo lo que sea posible a través de la incidencia política y medios electorales. Los primeros pasos podrían incluir demandas para reducir el número de bases militares estadounidenses en todo el mundo, cancelar nuevos sistemas de armas y disolver el Comando de África de los Estados Unidos. Una agenda más completa incluiría el desmantelamiento del sistema de la guerra mundial contra el terrorismo y la guerra contra las drogas mediante la legalización absoluta del consumo de drogas, deteniendo el apoyo financiero y logístico de Estados Unidos a la violencia militarizada llevada a cabo por otros gobiernos en nombre de la lucha contra los terroristas o narcotraficantes, derogando la legislación autoritaria antiterrorista y el cierre de la prisión de la Bahía de Guantánamo. Añádase a esto una suspensión de las exportaciones de armas de Estados Unidos y otras formas de asistencia de seguridad y financiación a gobiernos que cometen graves abusos contra los derechos humanos, como Israel y Arabia Saudita.
Desviar recursos del ejército estadounidense no solo reduciría uno de los motores de los conflictos –y reduciría las emisiones de carbono– sino que también liberaría recursos públicos y espacio político para abordar las causas estructurales de los problemas que el ejército estadounidense afirma que solo él puede resolver. Dentro de ese espacio, podría surgir un enfoque de política exterior que estuviera más orientado a mantener la paz y el desarrollo a través de programas de resolución de conflictos, alivio de la deuda y reparaciones que empoderen a las comunidades locales en lugar de condicionar la ayuda financiera a la aceptación de la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico o el control migratorio.
A nivel internacional, esto implicaría que Estados Unidos renovara su compromiso con los sistemas internacionales de seguridad colectiva establecidos después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas. Los propios Estados Unidos redactaron los elementos del derecho internacional que limitan el uso de la fuerza más allá de las fronteras, excepto en defensa propia. Con el estímulo estadounidense, este principio se incorporó a la Carta de las Naciones Unidas, redactada en San Francisco en 1945. Independientemente de las debilidades institucionales de las Naciones Unidas, sus principios fundamentales siguen siendo una base válida y necesaria para un sistema de seguridad colectiva internacional.
A escala local, una reducción del poder militar de Estados Unidos o financiado por este país podría permitir el desarrollo de instituciones alternativas de seguridad pública. Estas podrían basarse en experiencias de seguridad comunitaria desarrolladas en lugares donde el Estado no ha protegido a sus ciudadanos. Raúl Zibechi, por ejemplo, ha escrito sobre cómo en Colombia, a la sombra de la guerra contra las drogas, los pueblos indígenas del Cauca han sabido protegerse a sí mismos y a su tierra de los paramilitares, la guerrilla y las corporaciones multinacionales mediante la formación de unidades de guardia desarmadas. A diferencia de las fuerzas policiales, estas involucran a todos los miembros de la comunidad que se turnan como guardias, son responsables ante las asambleas locales y tienen como objetivo la justicia restaurativa.
En tercer lugar, será necesario que haya una lucha ideológica para asumir plenamente el paso del dominio indiscutible de los Estados Unidos, lo que también significaría un reconocimiento profundo de las diversas formas de injusticia racial (supremacía blanca, colonialismo de colonos y guerra imperial) a través de las cuales se estableció ese dominio. Una forma de avanzar hacia tal ajuste de cuentas es eliminar los símbolos públicos que celebran la violencia racista pasada, como los manifestantes han tratado de hacer en los últimos años. Otro es a través de formas de justicia restaurativa. En 2016, por ejemplo, 4.000 veteranos llegaron a Standing Rock en Dakota del Norte, donde los pueblos indígenas resistían el propuesto oleoducto de Dakota. Los veteranos se reunieron con un grupo de líderes sioux para disculparse por la violencia colonial de sus unidades militares y ofrecieron su solidaridad política en la lucha contra el oleoducto.
A escala nacional, una medida progresista sería la construcción de un monumento histórico a las vidas perdidas por la violencia militar estadounidense, desde Wounded Knee hasta Waziristán.
En dos ocasiones anteriores en la historia de los Estados Unidos ha habido una gran oportunidad para superar el racismo, priorizar el cuidado sobre el asesinato y abrazar la reciprocidad que constituye la humanidad: la primera, en la era de la reconstrucción después de la abolición de la esclavitud, y la segunda, durante el periodo de auge de las libertades civiles para la población negra y los movimientos pacifistas de finales de los sesenta. A medida que una tercera oportunidad de este tipo comienza a convertirse en una posibilidad en los Estados Unidos, con las crisis climáticas y pandémicas que se avecinan, debemos aprovechar el momento esta vez para cumplir la promesa de esas oportunidades anteriores.
Arun Kundnani escribe sobre capitalismo racial e islamofobia, vigilancia y violencia política y movimientos radicales negros. Es autor de The Muslims are Coming! Islamophobia, extremism and the domestic War on Terror (Verso, 2014) y The End of Tolerance: racism in 21st century Britain (Pluto, 2007), que fue seleccionado como el libro New Statesman del año. Twitter: @ArunKundnani
Traducción: Nuria del Viso - FUHEM Ecosocial
Créditos fotográficos
Foto 1: Nombre del archivo: BEN019SE0038-Kundnani Credit: ©Nina Berman/ NOOR /
Pie de foto: USA, Nueva York, 2015, Infantes de Marina de EEUU en Times Square para la Semana de la Flota: exhibición de armas que incluyen rifles y que llegan en un vehículo blindado.
Foto 2: Nombre del archivo: BEN2021001C-0022-Kundnani / Credit: © Nina Berman / NOOR
Pie de foto: USA, Washington DC, 06 January 2021, Un hombre vestido como un águila calva en el mitin "Stop the Steal" del presidente Trump en el Elipse. IG: @nina_berman
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
NOTAS:
[1] Davis, A. Y. (2005) Abolition Democracy: Beyond Empire, Prisons, And Torture. Nueva York: Seven Stories Press, p. 111.
[2] Davis (2005), p. 113.
[3] Davis (2005), p. 92.
[4] Los argumentos abolicionistas se alinean con las nociones de seguridad humana. Ver, por ejemplo, Ammerdown Group (2016) Rethinking Security: A discussion paper. https://rethinkingsecurity.org.uk/portfolio/rethinking-security-paper/
[5] Davis (2005), p. 121.
[6] Citado en Tooze, A. (2018) Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World. Nueva York: Viking, p. 574.
No hay negocio sin enemigos: la guerra y el comercio de armas
Moscú, Rusia, 2012. El jefe de la delegación siria al mercado bienal de armas en Rusia prueba un rifle de asalto Kalashnikov equipado con un nuevo silenciador.
No hay negocio sin enemigos: la guerra y el comercio de armas
Jordi Calvo Rufanges
Estado del Poder 2021
El comercio de armas es una de las empresas corporativas más exitosas del mundo. No solo ha creado un sistema económico que crece de forma independiente, sino que ha normalizado las respuestas de guerra y seguridad a todas las crisis sociales.
La pandemia global de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la ineficiencia de las fuerzas armadas al lidiar con una crisis global. Desvían los recursos destinados a salud impidiendo tener una respuesta apropiada. La pandemia, que es sobre todo una cuestión sanitaria, ha sido gestionada bajo un prisma de securitización. El rol de las fuerzas armadas ha estado presente no solo con la intervención del ejército en tareas sanitarias o logísticas, sino también con su presencia disuasoria en las calles o incluso discursiva. El lenguaje de la guerra ha sido utilizado para describir los esfuerzos para abordar la pandemia, en lugar de recurrir a un discurso humanitario basado en los derechos humanos, la salud pública y la solidaridad.
Esta respuesta militarizada en las crisis sociales no solo existe en relación con los riesgos de salud global como las pandemias, sino también se aplica en muchos otros ámbitos como sucede con las políticas migratorias o el cambio climático. La securitización se ha convertido en el marco bajo el que hacer frente cada vez a más crisis u otras situaciones.
La securitización considera todos los aspectos sociales, humanos o ambientales como amenazas de seguridad con soluciones militares. De este modo, si todo se coloca bajo una perspectiva de securitización, y además los recursos destinados a las catástrofes naturales, las emergencias sanitarias o las crisis ambientales son insuficientes, las respuestas militares serán las más probables.
La securitización, que lleva al uso extensivo de la lógica de seguridad militar, es un mecanismo que activa el miedo. Un miedo que se materializa en amenazas y enemigos. Miedo al cambio climático, miedo a las crisis económicas, miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo al de fuera, al otro, al migrante. Miedo que justifica la preparación militar ante cualquier amenazada a nuestra seguridad, que justifica una guerra contra todo. Miedo que confirma la necesidad de defendernos y promueve la necesidad de armarnos. Miedo como la inmejorable estrategia de marketing para los productos y servicios de las empresas de armas.
Todo esto quizá ocurra porque los gobiernos suelen tener una visión tradicional militar y político de la seguridad, para el cual el punto de referencia es el Estado y en el que las amenazas existenciales son aquellas que afectan los elementos constitutivos del estado y su soberanía,[1] ignorando el enfoque de seguridad humana de Naciones Unidas. La securitización utiliza el miedo como eje vertebrador.
Esto significa que la securitización es causa y efecto de un miedo estructural, razón por la que se dota de mayores recursos a las estructuras de defensa, que legitiman su existencia a través del miedo cultural con discursos en los que se dibuja un mundo lleno de amenazas de las que defenderse. Discursos que legitiman el miedo global, narrativas que convierten en norma la sociedad del miedo, la cultura del miedo, la cultura de defensa en la que lo normal es disparar antes de preguntar y antes armarse para poder disparar.
La fuerza real de las armas se basa en la generación de desconfianza,[2] de miedo y, de hecho, para eso sirven. En una sociedad en la que el miedo está inculcado en las mentes de sus ciudadanos, nadie cuestionará la existencia de un negocio perverso como el armamentista.
El ciclo económico que se da en la producción y venta de armas es perfecto desde un punto de vista economicista. Los productos suministrados provocan carreras armamentísticas y aumentan la demanda, mientras que el miedo y la inseguridad legitiman su necesidad permanente.
Cabe añadir que quienes participan y se benefician de este negocio, los que fabrican, compran, exportan, financian e inventan armas son hoy en día considerados gente respetable, empresarios como cualquier otros, normales, que se dedican a negocios que generan progreso, empleo y seguridad. Al igual que el líder nazi Adolf Eichmann, quien no fue para Arendt un ser monstruoso que disfrutaba aniquilando judíos, sino una persona relativamente normal que, en un momento determinado, hizo suya la ideología nazi y la puso en práctica con dedicación, orgullo y diligencia. Era un burócrata, un trabajador normal, que se dedicaba a hacer algo normal en aquel momento, en el régimen en que vivió[3]: deportar a judíos a los campos de exterminio creados por la Alemania nazi. Lo que parecía normal, obviamente no lo era.
Hoy en día, hay quien participa de manera directa o indirecta en la fabricación, venta y proliferación de armas por todo el mundo. El negocio de las armas es además de habitual, legal, legítimo y a ojos de cualquiera una actividad como cualquier otra. Inventar, fabricar y vender armas es considerado algo normal, del mismo modo que lo es el uso de la fuerza armada para conseguir objetivos políticos e incluso humanitarios. La guerra se muestra como normal e inevitable. Pero puede que lo que parece normal, no lo sea tanto.
La normalidad de la guerra
Si nos fijamos en los datos aportados por algunos de los principales institutos sobre conflictos, vemos que la guerra es algo “normal”. Según Uppsala University, desde hace décadas existen 50 conflictos armados activos que han producido más de 150.000 muertes relacionadas con combates solo en 2019. Conflictos que generan decenas de miles de víctimas propias de la violencia organizada, atribuibles exclusivamente a los enfrentamientos armados inherentes a estos conflictos.[4] Por citar dos de las guerras más mediáticas, en Siria se contabilizan al menos 384.000 muertes relacionadas con la violencia armada y en Yemen 233.000. A las que hay que sumar los miles de personas que mueren en su huida de la guerra y la miseria provocada por los conflictos. A las que cabría añadir al menos los 79,5 millones de víctimas de desplazamientos forzados que contabiliza UNHCR. Por desgracia, en cierto modo es “normal” que haya guerras y que estas provoquen miles de muertes y millones de damnificados cada año.
Los conflictos armados tienen dos características principales: requieren de gran planificación y organización, y necesitan ineludiblemente de su principal herramienta, las armas. Si bien es cierto que la existencia de armas, ejércitos, compañías militares privadas y grupos armados de diversa naturaleza no son causa de las guerras, no podemos dejar de considerar que las guerras no serían posibles sin los más de 27 millones de militares y paramilitares que hay en el mundo, ni sin los miles de mercenarios y guerrilleros que están entrenados y preparados para el combate. Probablemente, tampoco serían posibles sin la connivencia entre fabricantes de armas y responsables políticos cuya relación alcanza su expresión máxima en las conocidas como puertas giratorias en Defensa, en virtud de las que militares de alto rango pasan a formar parte de los consejos de administración y equipos directivos de la industria militar y viceversa.
Son muchos los casos existentes, sirva de ejemplo quizá uno de los más paradigmáticos a nivel mundial, el del que fue ministro de Defensa de España entre los años 2011 y 2016, Pedro Morenés. Poco antes de acceder al cargo de ministro, atesoró grandes responsabilidades en diversas empresas de armas, entre las que destaca MBDA –una de las empresas líderes en la producción de misiles– y, poco antes de abandonar el cargo, dejó como legado la cifra anual más elevada de autorizaciones de exportación de armas en la historia de España, asegurando el negocio de la industria militar para toda una década.
Del mismo modo que los ministerios de defensa mantienen y renuevan estructuras militares y sistemas de armas para defenderse de las amenazas a la seguridad que identifican para su país, también se preparan para ir a la guerra o para enviar a sus militares a otros lugares del mundo. Una preparación para la guerra que puede ser uno de los factores que impulsan la utilización del músculo militar para conseguir objetivos políticos. Esto ha sido demostrado a través de un análisis cuantitativo con datos de panel que muestran la evolución del gasto militar, del comercio de armas y de los conflictos armados en todos los países con datos disponibles. El análisis permite encontrar una clara correlación entre las cifras globales de gasto militar, exportación de armas y número de conflictos armados[5], es decir, el ciclo de producción de las armas se muestra en términos generales consistente con la lógica de que cuanto más gasto militar, más exportación de armas y, por tanto, más guerras.
La economía de la producción armamentista
La guerra necesita de preparación, al menos desde un punto de vista económico. Es aquí donde aparece el complejo militar-industrial y la economía de defensa. La economía de defensa es definida como el conjunto de medidas que generan la transformación de la estructura económica de un país para abordar sus necesidades de seguridad y defensa, es esa parte de la economía que incorpora políticas industriales militares relacionadas con el sector de las empresas productoras de armas.[6]
Por su parte, el término complejo militar-industrial empezó a utilizarse a raíz del discurso de despedida del presidente estadounidense Eisenhower en 1961, cuando se refirió a la enorme influencia del lobby del sector industrial militar en la Casa Blanca. El complejo militar-industrial es por tanto el conjunto de empresas y organizaciones gremiales militares que tratan de influir en las decisiones políticas de un Estado relacionadas con la compra de armamento. Como sus ingresos dependen de los presupuestos militares, una de sus principales acciones está encaminada a aumentar esta partida en los presupuestos públicos anuales. Un complejo industrial que ha evolucionado de la fabricación de armamento convencional a combinar la producción armamentística utilizando la tecnología más avanzada con la contribución de los servicios de seguridad, produciéndose así una transformación del complejo militar-industrial hacia productos y servicios que dan respuesta a las necesidades identificadas por la lógica de la securitización. Esto da pie al surgimiento de un nuevo mercado y sector donde empresas de armas tradicionales comparten espacio con estas nuevas empresas del sector de seguridad. Este nuevo complejo militar-industrial de seguridad es, a su vez, artífice de la expansión de la propia doctrina de securitización, que consigue millonarios presupuestos militares y de seguridad para adquirir sus productos y tecnologías destinadas a aspectos como la ciberseguridad que incorpora el control del Big Data o de la militarización de las fronteras y la gestión securitaria de los movimientos de población.
Resulta lógico, por tanto, que el complejo militar-industrial tenga, entre sus principales intereses, impulsar políticas de aumento del presupuesto militar en orden de asegurar su negocio presente y futuro. Pero hay que tener en cuenta que además de empresarios de armas e intermediarios, militares, políticos, accionistas y empresas que abastecen a los departamentos de defensa, el papel de los sindicatos también es muy importante porque al defender la continuidad de sus trabajos presionan a los gobiernos para incrementar el gasto militar y asignarlo a las industrias militares donde ellos trabajan.
Por si no fuera suficiente, también existe una red de think tanks sobre seguridad, localizados en los principales centros de toma de decisiones políticas. Solo en Bruselas se cuentan por cientos los lobistas de las empresas militares cuya función es, entre otras, influir a políticos y funcionarios en la elaboración de leyes relacionadas con la industria militar. Entre sus objetivos está mostrar que fabricar, vender armas, promocionarlas y publicitarlas es una actividad normal, equiparable a cualquier otro sector económico. Algunos de los ejemplos más relevantes de los numerosos think tanks con gran influencia en seguridad y defensa son[7]: los estadounidenses Brookings Institution, RAND Corporation, Belfer Center for Science and International Affairs, Carnegie Endowment for International Peace, Atlantic Council, Center for a New American Security, Heritage Foundation, Council on Foreign Relations, los británicos International Institute for Strategic Studies y Royal United Services Institute, el francés European Union Institute for Security Studies, el japonés National Institute for Defense Studies, el israelí Institute for National Security Studies, el australiano Australian Strategic Policy Institute o el Institute for International Strategic Studies de China.
El normal funcionamiento del ciclo armamentista
Dentro de la economía de defensa tiene lugar el ciclo armamentista o ciclo económico militar, la ruta económica que sigue la fabricación de armas, desde la decisión de tener presupuestos públicos militares para su adquisición hasta su uso final. Es un ciclo que engloba todos los aspectos relacionados con la estructura militar de un país: políticas de seguridad y de defensa, estrategia de defensa nacional, modelo militar, infraestructura, instalaciones, equipamiento y las dimensiones militares necesarias. El ciclo armamentista empieza con los discursos y argumentos que legitiman la necesidad de poseer armas y ejércitos y, así, justificar los elevados niveles de militarización y armamento. De los posicionamientos políticos que defienden esta postura, el más representativo es probablemente el neoconservador, tal y como muestra el hecho de que la Olin Foundation diera durante medio siglo hasta 370 millones de dólares americanos en subsidios a proyectos de ideología neoconservadora con fondos provenientes principalmente de la industria militar estadounidense.
El ciclo armamentista consta de varias fases en las que se pueden identificar los principales gobiernos, empresas e instituciones financieras que promueven el armamentismo.
El primer estadio del ciclo armamentista es el gasto militar, el presupuesto destinado a sufragar los gastos de los ministerios de Defensa y demás políticas de apoyo a la industria militar, operaciones militares de todo tipo e incluso de cuerpos paramilitares. El gasto militar ha alcanzado en 2019 el nivel más elevado desde el final de la Guerra Fría, 1,9 billones de dólares según cálculos del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), lo que supone el 2,2% del PIB mundial. Los presupuestos militares también sirven para mantener y fomentar el sector económico militar a través de fondos para la I+D, como ocurre con el European Defence Fund que prevé destinar 13.000 millones de euros del presupuesto comunitario de 2021-27 para I+D militar europeo. En tanto en cuanto los prácticamente únicos clientes de las empresas de armas son los gobiernos de los estados, es de vital importancia mantener elevados niveles de gasto público militar para conseguir más y mayores contratos. Los diez gobiernos con mayor gasto militar acumulan el 75% del total mundial y son, por orden de importancia: los Estados Unidos, China, India, Rusia, Arabia Saudí, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón y Corea del Sur.
La industria militar forma parte de la siguiente fase del ciclo armamentista. Las primeras 100 empresas armamentísticas están produciendo armas por valor de alrededor de 400.000 millones de dólares americanos cada año, según la SIPRI Top 100 database. En cuanto a su origen, las principales empresas de armas proceden de países con elevados gastos militares y exportaciones de armas: el 57% son de Estados Unidos, el 9,5% de Rusia, el 22% de Europa Occidental, pero también las hay de Japón, Israel, India y Corea del Sur. En 2019, las 25 empresas más importantes de armamento facturaron 361.000 millones de dólares, entre ellas destacan por volumen las estadounidenses Lockheed Martin Corp, Boeing, Northrup Grumman Corp., Raytheon y General Dynamics; las chinas Norinco y AVIC; las europeas Airbus, BAE Systems, Leonardo, Dassault y Thales; y la rusa Almaz-Antey.
Moscú, Rusia, 2012. El jefe de la delegación siria al mercado bienal de armas en Rusia estrecha la mano al representante de Rosoboronexport, el monopolio estatal ruso de exportación de armas.
Las exportaciones de armas se situarían en la siguiente fase del ciclo. El volumen anual mundial de exportaciones es desconocido y los datos facilitados por los estados son incompletos. Aun así, se puede estimar que solo los estados miembros de la UE y los Estados Unidos exportaron alrededor de 200.000 millones de euros en armas en 2018. Una cantidad que muestra una evolución al alza, a pesar de las leyes de control del comercio de armas de la UE y los Estados Unidos, o del propio Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Todas ellas tienen criterios limitantes a la autorización de licencias a la exportación a países en conflicto armado o donde se vulneren los derechos humanos. A pesar de ello, es habitual la exportación de armas a la mayor parte de países inmersos en conflictos armados, como Arabia Saudí, EAU, Israel, Egipto, Turquía, Irak, Afganistán, entre otros. Solo de la UE, el 22% de las exportaciones de armas tuvieron como destino países en conflicto armado y un 25% países en tensión. Los principales países exportadores de armas para el periodo 2015-2019 y en orden de relevancia son: Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China, Reino Unido, España, Israel, Italia y Corea del Sur. ¿Y por qué se pueden vender armas a países en conflicto cuando existe una legislación que lo prohíbe? La respuesta es muy sencilla. La interpretación de que un país esté en conflicto armado es subjetiva y soberana, cada gobierno decide en base a su información e intereses qué países están en conflicto armado, sin necesidad de seguir ningún criterio objetivo o de referencia internacional –que no existe– ni el que puedan sugerir los informes de departamentos universitarios especializados en paz y conflictos. Lo mismo ocurre con la consideración de que en el país de destino se vulneren los derechos humanos, la decisión es en todos los casos política, convirtiendo el sistema de control de armas y las leyes que lo conforman en un mecanismo que no reduce las ventas de armas a países en conflicto o donde se vulneren los derechos humanos, sino que además las impulsa y les da cobertura legal.
Finalmente, cabe mencionar un aspecto de gran relevancia en el ciclo armamentista: la financiación del sector empresarial militar. Las empresas de armas son financiadas por bancos, aseguradoras y entidades financieras de todo tipo, a través de préstamos, créditos, emisiones de bonos, acciones, y un conjunto de productos bancarios que hacen posible su actividad. Según la Worldwide Armed Banks Database de la base de datos del Ciclo Económico Militar del Centro Delàs de Estudios por la Paz, hay constancia de que 37 de las principales empresas de armas del mundo –con Boeing, Honeywell, Lockheed Martin y General Dynamics como destacadas– han recibido financiación por 903.000 millones de dólares, con la participación de más de 500 bancos de 50 países. Las principales entidades financieras que participan en el negocio de las armas son de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y los diez primeros puestos del ranking de los principales financiadores de la industria mundial son: Vanguard, Black Rock, Capital Group, State Street, T. Rowe Price, Verisight, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citigroup.
Sin enemigos no hay negocio
Antes y durante el ciclo armamentista, es necesario justificar el gasto público militar a la ciudadanía y evitar controversias de origen ético y moral relacionadas con la fabricación y exportación de armamento. Para ello se realizan continuos análisis de seguridad y defensa en estados y organismos multilaterales del ámbito militar y de seguridad, cuyo objetivo principal es identificar qué amenazas a la seguridad existen en cada momento, cuál es la probabilidad de que ocurran y de qué manera se debe responder frente a ellas. Las amenazas a la seguridad son el principal paso necesario, aunque no suficiente, para identificar a los enemigos de los que defenderse a través de las estructuras militares existentes.
Pero la obsesión en la búsqueda de amenazas de los discursos securitizadores propios de la seguridad militarizada lleva, como hemos mencionado anteriormente, a la construcción de una narrativa que dibuja un mundo en el que predomina el miedo y la desconfianza, el escenario idóneo para la militarización.
Los elementos de riesgo y amenazas a la seguridad identificados en las estrategias de defensa de los Estados Unidos, la UE y la OTAN son el terrorismo, el extremismo violento, los conflictos armados, los denominados como estados débiles, la proliferación de armas de destrucción masiva, la ciberseguridad, la seguridad energética, el crimen organizado, la seguridad marítima, el cambio climático, los flujos de migración irregular, la gestión de las fronteras exteriores y las crisis económicas. En un segundo nivel, con un grado menor de consenso entre las doctrinas de seguridad, aparecen identificados como amenazas otros riesgos y vulnerabilidades que no son mencionados por todas las estrategias de seguridad y que a menudo son olvidados por los análisis de defensa, poniendo en cuestión la existencia misma de las estructuras de defensa, ya que son aquellos en los que los ejércitos no pueden tener función alguna. Entre ellos se encuentran algunos de gran actualidad, como los brotes globales de enfermedades infecciosas, las pandemias y epidemias; la pobreza y la desigualdad; las violencias de los derechos humanos; y la globalización, la interdependencia y los cambios en los equilibrios económicos. También existe una visión añadida en los análisis de amenazas y riesgos a la seguridad de carácter político. Es decir, todas las doctrinas occidentales consideran a Rusia y Oriente Próximo como lugares de especial preocupación desde un punto de vista securitario. Además, aparece el Norte de África y el Sahel, así como la República Popular Democrática de Corea, Irán, Turquía y China.
Con todo ello se dibuja un mundo plagado de amenazas de las que defenderse, en el que toda precaución es poca. Pero, ¿son útiles las estructuras militares para hacer frente a estas amenazas? ¿De qué hay que defenderse exactamente? Solo con el caso del terrorismo internacional, que ha justificado buena parte de las intervenciones militares en el exterior de los últimos años con la expansión de guerra global contra el terror, podemos ver que la amenaza de la que con mayor facilidad pudiera justificarse un sistema de defensa, ni siquiera ha conseguido mediante la utilización de las intervenciones militares reducirla o eliminarla, sino más bien al contrario, aumentarla. De hecho, la guerra global contra el terror, iniciada en Afganistán en 2001 para acabar con la amenaza terrorista de Al Qaeda tras el 11-S, continuó en Irak en 2003 y continúa en el Sahel en la actualidad. Dos décadas después, el resultado no puede ser más negativo. En lugar de acabar con el terrorismo, creó un terror de incluso mayor calado protagonizado por el ISIS, especialmente activo en los conflictos más violentos de los últimos años y una de las principales amenazas de carácter militar a la seguridad de nuestros tiempos.
Sobre el resto de amenazas y riesgos, las respuestas militares son marginales, ya que estas provienen de los cuerpos policiales, de la diplomacia, de las políticas sobre medioambiente, de la acción humanitaria y la cooperación internacional para el desarrollo, de los servicios sociales, de medidas de carácter económico, de políticas de salud, de la educación, de la justicia, etc.[8]
El análisis de la seguridad nunca es neutral desde el punto de vista moral o político, no es una dimensión dada, objetiva e incuestionable, sino que es susceptible a múltiples interpretaciones. Sobre todo porque el peso de la elaboración de las doctrinas de seguridad y defensa recae sobre las estructuras militares y de defensa de los estados. Además, si hubiera que identificar quién está verdaderamente interesado en la promoción de respuestas militares a cualquier aspecto que pueda ser considerado un riesgo o amenaza a la seguridad, estos son los empresarios de armas, ya que la viabilidad de su actividad económica depende de ello y el mejor escenario para mantener sus beneficios a largo plazo no es otro que convertir al sector militar en el lugar donde encontrar todas las soluciones a los retos de seguridad de una sociedad. Y esto lo consiguen con su participación directa, con donaciones a candidatos y partidos políticos que en las elecciones estadounidenses de 2020 dedicaron 30 millones de euros a demócratas y republicanos, entre las que destacan: Northrop Grumman, Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics y Raytheon. Incluso, lo logran indirectamente a través de la actividad de los grupos de presión en cuestiones de seguridad y defensa creados y financiados por ellos mismos, de los que son buen ejemplo los grupos de cabildeo europeos AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD) y el European Organization for Security (EOS).
Desaprender la guerra, desarmar la seguridad
El texto fundacional de la UNESCO promulgó que “puesto que las guerras nacen en la mente de las personas, es en la mente de las personas donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Setenta años después de la certeza de que había que eliminar la guerra de la mente de las personas, las respuestas militares siguen promulgándose como la principal respuesta a las amenazas a la seguridad, aunque la realidad demuestra que son contraproducentes.
Los presupuestos militares, la facturación de las empresas militares, las exportaciones de armas y los conflictos armados no dejan de crecer, aunque su contribución a la seguridad esté más que en duda. Hay que desmontar la creencia por la cual normalizamos la guerra, las armas con las que se hacen y el negocio que ello genera.
La militarización de las sociedades y de las relaciones internacionales genera y perpetúa las guerras de hoy y es el caldo de cultivo de las guerras del futuro.
Jordi Calvo Rufanges es vicepresidente del International Peace Bureau, coordinador de la Campaña Global sobre Gasto Militar, profesor de conflictos armados, economía de defensa y relaciones internacionales y coordinador e investigador del Centre Delàs de estudios de paz, Barcelona, España. Es editor de Military Spending and Global Security: Humanitarian and Environmental Perspectives (Routledge, 2021). Twitter: @jordicalvo
Créditos fotográficos:
Foto 1: Nombre: KOY122SE0010-CalvoMil-1 / Autoría: © Yuri Kozyrev / NOOR / IG: @noorimages / Twitter: @noorimages
Pie de foto: Moscú, Rusia, 2012. El jefe de la delegación siria al mercado bienal de armas en Rusia prueba un rifle de asalto Kalashnikov equipado con un nuevo silenciador.
Foto 2: Nombre: KOY122SE0004-CalvoMil-2 / Autoría: © Yuri Kozyrev / NOOR / IG: @noorimages / Twitter: @noorimages
Pie de foto: Moscú, Rusia, 2012. El jefe de la delegación siria al mercado bienal de armas en Rusia estrecha la mano al representante de Rosoboronexport, el monopolio estatal ruso de exportación de armas.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
NOTAS
[1] Buzan, B., Waever, O. and Wilde J. (1998), Security. A new framework of analysis, Lynne Rienner Publishers, London, p. 23.
[2] Booth, Ken and Wheeler, Nicholas J. (2008), The security dilemma. Fear, cooperation and trust in world politics, Palgrave Macmillan, New York.
[3] Zgustova, Monika (2013): El malentendido sobre Hannah Arendt, disponible en https://elpais.com/elpais/2013/07/25/opinion/1374764105_218903.html
[4] Pettersson, Therese & Magnus Öberg (2020) Fatalities by type of violence (excluding Rwanda 1994), Organized violence, 1989-2019. Journal of Peace Research 57(4).
[5] Meulewaeter, Chloe (2021): “Military expenditure, arms transfer and armed conflicts” in Calvo Rufanges, Jordi (ed) (2021): Military Spending and Global Security, Routledge, London
[6] Fonfría, Antonio i Pérez-Forniés, C. (2013) (coord.), Lecciones de economía e industria, Madrid, Civitas Thomson Reuters.
[7] Los 15 primeros think tanks en el ranking: “2019 Top Defense and National Security”, en McGann, James G. (2020): "2019 Global Go To Think Tank Index Report", TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. 17.
[8] De la Corte, L. y Blanco, J.M. (2014), Seguridad nacional, amenazas y respuestas, LID, Madrid, p. 36.
Difuminar el monopolio de la violencia: Empresas militares de Seguridad Privada y el poder coercitivo del Estado
Difuminar el monopolio de la violencia: Empresas militares de Seguridad Privada y el poder coercitivo del Estado
Carlos Díaz, Ekaterina Zepnova, Felip Daza, Giulia Campisi y Nora Miralles.
Equipo de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (ODHE) y Shock Monitor[1]
Estado del Poder 2021
El papel del Estado en la seguridad se ha privatizado progresivamente, desde el ejército hasta el sistema penitenciario. El resultado es un mundo empresarial sombrío en el que se facilita la violencia, se reduce la rendición de cuentas y abundan las violaciones de derechos humanos y la impunidad.
La creciente alarma sobre la situación de seguridad en Cabo Delgado (Mozambique), donde más de medio millón de personas han sido desplazadas por la violencia de los enfrentamientos entre los grupos armados islamistas y las Fuerzas del Estado, ha sido recientemente publicada en los medios de comunicación. El conflicto, que ha dejado también más de 2,500 personas muertas y ha empeorado el riesgo de hambruna, ilustra la naturaleza de la alianza entre estados, empresas militares y de seguridad privada (EMSP) y empresas involucrada en la industria extractiva, desde que Wagner Group y la surafricana Dyke Advisory Group fueron desplegadas en Cabo Delgado para ayudar a combatir a grupos islamistas armados que ponen en jaque los yacimientos de gas de la multinacional francesa Total.
En efecto, la progresiva privatización de las funciones propias del Estado con respecto a la seguridad es parte de un fenómeno global de desregulación, que ha reducido el sistema público hasta dejarlo en los huesos. A medida que los estados externalizan cada vez más funciones, dejándolas a merced de la maximización del beneficio económico en lugar de priorizar el interés público, esto les hace incapaces de ofrecer protección económica y bienestar social, asolados por el mismo neoliberalismo que propugnan. Como apunta el filósofo francés Michael Foessel, “a golpe de legislación penal y de muros que esconden la debilidad de las naciones[2]”.
Esto permite a los débiles estados refugiarse en la retórica y la práctica securitaria como política absoluta y central, apelando al pacto social que sustenta el propio Estado. Por tanto, es irónico que incluso este sector este siendo externalizado a corporaciones privadas. La seguridad se ha convertido en una legitimidad para el Estado y otra fuente de maximización del beneficio. Entender este complejo y aparentemente contradictorio nexo es crítico para comprender el poder coercitivo hoy.
Las EMSP son esencialmente un nuevo tipo de mercenario. Estas difieren del tradicional mercenarios, definida por el Derecho Internacional, por tres razones. Primero, difieren de la figura tradicional del mercenario, definida por el Derecho International, por: i) su naturaleza ya que hablamos de empresas privadas registradas en un Estado que ofrece sus servicios a través de páginas web corporativas y redes de oficinas e instalaciones a nivel internacional; ii) su personal puede ser extranjero, pero también nacional del país de operaciones de las EMSP; iii) su amplio y complejo abanico de servicios que abarca desde: tareas propias del ámbito de seguridad como protección de espacios físicos y patrulla en espacios público-privados; hasta funciones militares incluyendo participación en combate, apoyo operacional, inteligencia, logística, etc); pasando por tareas humanitarias, desminado y gestión rescates.
A pesar de la insistencia de los gobiernos para denominarlas como empresas de seguridad privada, las EMSP también incluyen empresas que se diferencian de estas por sus funciones militares, su alcance internacional y su gran capacidad operacional, incluyendo equipamientos militares como armas pesada, helicópteros de combate y tanquetas blindadas propios de cualquier ejército moderno.
SERVICIOS CLAVE OFRECIDOS POR EMSP Y PRINCIPALES EMPRESAS
- Seguridad y protección: G4S, Garda World
- Inteligencia: Control Risks. Amarante International, Tigerswan, RSB group
- Consultoría y formación policial: Garda World, Academi, Dyncorp
- Apoyo operativo militar: Constellis, KBR, CACI
- Construcción y mantenimiento de infraestructuras militares: Reed Inc., KBR/Halliburton
- Apoyo logístico militar: Agility, CACI
- Seguridad Marítima: Seagull Maritime Security, Hart International, Mast
- Asistencia militar: KBR, CACI
- Limpieza de minas y desminado: Constellis group, Dyncorp
- Tareas quasi-policiales: G4S,
- Ayuda humanitaria: Saracen, Dyncorp, G4S
- Provisión y mantenimiento de sistemas de vigilancia y control remoto: CACI
- Combate y operaciones militares: Wagner group, Academi, Reed Inc., Hart Group
- Prisiones y centros de detención: CoreCivic, GEO group, MVM Inc., G4S
Esta capacidad, junto con su gran versatilidad para desplegarse en cualquier parte del mundo, ha convertido a las EMSP en actores imprescindibles para muchos gobiernos, tanto para misiones internacionales en zonas en conflicto armado apoyando a ejércitos regulares o grupos insurgentes (control y protección de zonas extractivas, anti-terrorismo, etc), como servicios en espacios de seguridad doméstica en complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (control de fronteras, protección de infraestructuras críticas, gestión securitaria de centros penitenciarios, etc).
Aunque los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, han dominado históricamente el mundo de las EMSP, en los últimos años empresas con sede en países como China, Rusia y, en menor medida, Turquía, han pasado a primer plano. Sus actividades parecen acompañar las ambiciones geoestratégicas de estos países y su afán por expandir su influencia económica y política.
La externalización de la política exterior a través de las EMSP
Tradicionalmente, el esfuerzo de los Estados para satisfacer sus intereses geopolíticos estaba basado mayormente en el poder militar, es decir, en la capacidad y tamaño de sus fuerzas armadas y en su potencia tecnológica y armamentística. Hoy, las EMSP se han convertido en un actor clave de la política exterior, siendo un elemento funcional, flexible y polifacético, muy presente en las nuevas tipologías de conflictos armados -asimétricos e híbridos- que rompe con una de las supuestas premisas que caracterizan al Estado moderno, la del “monopolio exclusivo de la violencia”. Los análisis comparativos de la participación de personal de EMSP y soldados de Estados Unidos de América en los conflictos más privatizados de la historia, Afganistán e Irak, muestran como en 2013 por cada soldado de EUA había 3 contratistas de seguridad privada.
Además, los nuevos contextos operacionales en los que ofrecen servicios este tipo de empresas han hecho que estas hayan desarrollado una naturaleza dual. Por un lado, las EMSP son meros “instrumentos” en manos de estados que las contratan para implementar una agenda política concreta. Por otro lado, estás se transforman en actores armados no estatales independientes bajo el paraguas de estados frágiles que las contratan para sustituir, en gran parte, las funciones que deberían realizar las Fuerzas y Cuerpos de seguridad públicas, socavando su legitimidad.
EMPS y extractivismo
Con el fin de la Guerra Fría acabó la escalada militar entre las dos antiguas superpotencias, dejando sin utilidad vastas infraestructuras y equipamientos de defensa, así como numerosos contingentes militares. El fin de varios conflictos nacionales tuvo un resultado similar, como el fin del gobierno de apartheid surafricano que había desarrollado una enorme estructura represiva y de segregación racial basada en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La transformación de la industria militar y de seguridad era inevitable. El excedente militar fue reabsorbido por empresas privadas contribuyendo a la emergencia de las EMSP.
La surafricana Executive Outcomes o la británica Sandline, considerados los primeros ejemplos de las modernas EMSP, saltaron a la fama en la década de 1990 por su rol activo en las guerras de Sierra Leona y Angola, incluyendo su participación en el negocio de los llamados “Diamantes de sangre”. Posteriormente, la implicación de la EMSP Blackwater en la ocupación de Irak y la masacre de civiles en la plaza Nissour de Bagdad, puso de nuevo en el punto de mira a estas empresas, reavivándose el debate sobre el uso de mercenarios en las guerras.
Desde entonces, el uso de EMSP en los conflictos armados no se ha reducido. De hecho, estas se han convertido en una extensión de los aparatos del Estado en los conflictos nacionales e internacionales. Algunos gobiernos han intentado justificar esta política como una estrategia para reducir el gasto militar aduciendo que no es necesario mantener a estos contratistas militares en “tiempos de paz”, como sucede con los ejércitos regulares. En realidad es que el uso de EMSP permite a los gobiernos intervenir en conflictos armados reduciendo el escrutinio público y aprovechando las “zonas grises”[3] que escapan de la regulación internacional, y en donde las nuevas formas de mercenarismo tienen un amplio margen de acción.
Las denominadas “guerras proxy”, como las recientes guerras en Libia y Siria, han sido un terreno fértil para el uso de las EMSP en los conflictos internacionales, donde terceros Estados participan a través de la contratación de estos actores armados no estatales. En febrero de 2015, los medios se hacían eco de la noticia de que cientos de empleados de Wagner Group, una de las mayores EMSP rusas, habían fallecido en un bombardeo aéreo de tropas norteamericanas en la región de Deir Ezzor, en Siria. Este episodio ha sido, de hecho, el encontronazo más letal entre Estados Unidos y Rusia desde el final de la Guerra Fría, aún de forma indirecta. Siguiendo su estrategia habitual, las autoridades rusas desmintieron cualquier tipo de relación con los mercenarios rusos.
La participación encubierta de EMSP, a través de contratos con gobiernos y/o empresas transnacionales (ETN), permite a estos actores asegurar el control de territorios geoestratégicos para la explotación de recursos naturales, reforzando así las lógicas de la economía extractivista en contextos de conflicto armado.
En la altamente fragmentada guerra civil que afecta a Libia desde 2014 hasta la actualidad, predomina el enfrentamiento entre las milicias del ex coronel del ejército libio Khalifa Haftar con el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), reconocido por Naciones Unidas, ambas partes están apoyadas por EMSP. Las fuerzas armadas del gobierno oficial cuentan entre 3.000 y 6.000 mercenarios sirios, al servicio de la Turquía de Erdogan y entrenadas por la EMSP turca Sadat, mientras que Khalifa Haftar cuenta con el apoyo de unos 200 combatientes de la EMSP rusa Wagner Group, financiados por Emiratos Árabes Unidos y equipados con armamento ruso[4]. Esto ha permitido a la EMSP rusa extender su control sobre las instalaciones petroleras, lo que revela el interés de sus clientes por los recursos energéticos en Libia.
Evitando el control público de los gobiernos
Wagner Group es una de las empresas militares y de seguridad privada con más tentáculos en los conflictos y tensiones del continente africano, en muchas ocasiones en cooperación con ETN chinas. El general estadounidense Thomas Waldhauser parafraseaba a un opositor de Kabila, presidente entonces de la República Democrática del Congo, asegurando en referencia a esta presencia de EMSP en África que “Rusia proporciona el músculo, mientras que China pone el dinero”.
Aunque China y Rusia puedan ser similares en términos de gobernanza, sus decisiones sobre la regulación y control de sus empresas de seguridad militar privada han tomado caminos muy distintos. China ha firmado el Documento de Montreaux de 2008, un marco normativo internacional no vinculante que establece responsabilidades para los gobiernos considerando el Derecho Internacional Humanitario (DIH), mientras que Rusia se mantiene reticente a comprometerse en ese sentido. Esto imposibilita al sistema internacional tener control sobre las actuaciones de las EMSP rusas que puedan incurrir en ilegalidades o abusos.
De hecho, uno de los factores que han determinado ese uso preferente de las EMSP por parte de los estados es la gran laxitud legislativa del sector a nivel nacional e internacional. No existe un sistema de rendición de cuentas vinculante, ni transparencia con respecto a los servicios que llevan a cabo, debido a su carácter privado y a la confidencialidad de sus contratos. La opacidad del sector complica la detección de estos grupos por parte de las autoridades del territorio en el que actúan. También trampea su relación con el Estado que las contrata o las apoya, puesto que los lazos que unen a estas empresas con las instituciones de poder de su país de origen –como vemos en el caso ruso– son poco transparentes.
Esa opacidad tiene sus ventajas, por supuesto, pues subcontratar a estas empresas para realizar servicios de carácter sensible, donde pueden darse numerosas bajas, representa un menor coste político para el gobierno del Estado contratante. Los gobiernos saben que la ciudadanía no percibe del mismo modo la muerte de un contratista de una empresa militar y de seguridad, que la de un soldado que puede ser visto como alguien que lucha para defender su país. El Estado contratante de EMSP evita el escrutinio de su parlamento y el escándalo de la opinión pública del país, mientras consigue sus objetivos operacionales.
Es por eso que el mercado militar privado ruso puede considerarse un mercado híbrido, por la implicación, aunque encubierta, del gobierno ruso en las acciones de las EMSP. De hecho, una estrategia habitualmente usada por el Kremlin para desmentir su participación en conflictos externos, es referirse al personal de las EMSP que participa en conflictos como “voluntarios armados de origen ruso”.
El vacío legal existente, que ha llevado a los estados a contratar veladamente a EMSP en la práctica totalidad de los conflictos armados activos, dificulta enormemente la rendición de cuentas por los abusos y vulneraciones de derechos humanos (tortura, secuestro, violaciones, especialmente en su despliegue en Irak y Afganistán) que pueden ser consideradas como violaciones del DIH. El caso más reciente de esta impunidad es el perdón de Trump a los mercenarios que trabajaban para Blackwater (hoy Academi) y que cumplían condena por la masacre de civiles en la plaza de Nissour en Irak.
Policía privada
A medida que los dos grandes escenarios de la privatización de la guerra, Afganistán e Irak, iban retomando sus instituciones políticas y las estructuras nacionales de seguridad tomaban el control de su territorio, las grandes EMSP comenzaron a poner el foco en otros sectores en alza de la seguridad interna de los estados, incluyendo economías avanzadas.
Respondiendo a las “nuevas amenazas” para la estabilidad nacional como el terrorismo, los ciberataques o la migración promovidas por las alertas de los sectores políticos, las EMSP han reforzado sus ofertas de servicios vinculados con la protección de infraestructuras críticas, gestión de flujos migratorios, las instituciones de castigo como las cárceles o los centros de internamiento de migrantes, la ciberseguridad y la inteligencia nacional, y otras tareas quasi-policiales.
De nuevo las EMSP encontraron la connivencia de los gobiernos. Por ejemplo, en un marco de protestas globales generalizadas, empresas como la francesa Groupe DCI ha ofrecido servicios de entrenamiento y asesoramiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Groupe DCI es una de las muchas empresas, cuyos servicios incluyen formación y asesoramiento a los cuerpos antidisturbios de la policía en lugares tan dispares como Estados Unidos o Bahréin, a pesar de la especial sensibilidad que sus actuaciones pueden despertar en la opinión pública.
Las EMSP han sido también un instrumento en operaciones internacionales contra la llamada “War on Drugs” financiadas por Estados Unidos, como el Plan Colombia y la Mérida Initiative de 2006 en México. Estás empresas han realizado y siguen realizando tareas de formación, mantenimiento, apoyo logístico y equipamiento a actores estatales responsables de violaciones de derechos humanos directas e indirectas.
El último bastión de la penetración de estas empresas en la seguridad del Estado son las funciones propias del mantenimiento del orden público. No solo son utilizadas para patrullar urbanizaciones de élite, sino también espacios públicos. Algunos barrios de mayoría judía en Jerusalén, son, por ejemplo, protegidos por EMSP como Modi'in Ezrachi, que ejercen funciones que podrían considerarse como propias de los cuerpos de seguridad públicos. En algunos casos, como el de Ciudad del Cabo, donde el ejercicio de la seguridad pública sigue reflejando en muchos casos las desigualdades propias del apartheid, empresas de seguridad privadas como Professional Protection Alternatives no solo patrullan los barrios blancos acomodados, sino que actúan en espacios públicos como playas, realizando desalojos. Paradójicamente, disputando al Estado el monopolio de la coerción y la fuerza, con la abierta connivencia de este.
Festín punitivista
Una de las tendencias que mejor cristaliza la privatización de la seguridad como un nicho de negocio más del capitalismo salvaje es la privatización de las cárceles, de los centros de detención y de los centros de internamiento de personas migrantes. Este negocio mueve al año miles de millones de dólares y a menudo implica, no solo poner en manos de empresas la gestión del aparato punitivo del Estado, sino abrir la puerta a EMSP que ofrecen también este servicio.
Esta es una de las facetas de su participación en la seguridad pública que suscita una mayor oposición y alarma entre defensoras de derechos humanos y sociedad civil. Hasta el punto de que, en 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios publicó un informe sobre los impactos de la privatización de las cárceles y de los centros de internamiento de migrantes en los derechos humanos. Naciones Unidas estaba preocupada por el aumento generalizado de la población penitenciaria, derivada de políticas cada vez más punitivistas, que contemplan por ejemplo la ampliación de conductas castigadas con prisión o el aumento de las penas privativas de libertad. Y, naturalmente, de la conversión del derecho a migrar en una conducta punible.
El informe de Naciones Unidas señalaba la presencia de EMSP en el negocio de la privación de libertad en países como Austria, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido o Suráfrica. En el caso de Estados Unidos, las 3 EMSP que dominan el mercado –CoreCivic, Geo Group y Management and Training Corporation– tienen una larga trayectoria de denuncias por trato degradante, trabajos forzados, abusos, violencia y agresiones sexuales en prisiones, correccionales, centros de menores y de migrantes[5].
Retratos de inmigrantes latinoamericanos indocumentados presos en la cárcel Tent City del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona.
Sus actuaciones y el beneficio que obtienen del encierro de migrantes han generado una gran campaña de incidencia y protestas civiles liderada por organizaciones como Worth Rises, que ha conseguido victorias notables, como la decisión de la ciudad de Denver (Colorado) en 2019 de no renovar los contratos de 10,6 millones de dólares a Geo Group y CoreCivic. Recientemente, el nuevo presidente estadounidense Joe Biden anunció su compromiso de acabar con los fondos federales a las prisiones privadas.
Estas privatizaciones a manos de empresas de seguridad con dudosos estándares de respeto a los derechos humanos aumentaron en la segunda administración Obama y se intensificaron con las políticas anti-migratorias del expresidente Donald Trump. La pandemia ha recrudecido aún más esta situación, dejando la salud y la seguridad de las personas migrantes a merced de la gestión de EMSP, como MVM Inc. Antes de la emergencia sanitaria, esta empresa transportaba familias migrantes desde la frontera estadounidense a centros de detención e internamiento. Con el advenimiento de la COVID-19, ha estado utilizando hoteles para retener e internar a menores y criaturas antes de expulsarlos del país, como hizo público The New York Times en agosto de 2020.
A pesar de los numerosos escándalos que se suceden en las prisiones y centros de detención de migrantes en los países occidentales, la privatización continúa debido a la relación win-win entre el sector público y privado donde las empresas acceden a lucrosos contratos públicos, mientras que los gobiernos externalizan funciones inherentes de seguridad pública muy sensibles sobre los derechos humanos para evitar una rendición de cuentas efectiva. La protección pasa así, a un segundo plano para priorizar el beneficio y la falta de escrutinio público.
Los casos de abusos y vulneraciones de derechos humanos ponen el foco en la empresa en lugar de en las autoridades públicas responsables de la externalización, mientras que la finalización de contrato con la empresa puede suponer en ocasiones el fin del huracán mediático. En octubre de 2020, la EMSP británica G4S, recientemente adquirida por la firma Allied Universal, con presencia en 90 países, fue adjudicataria de la gestión por 10 años de la megacárcel de Wellingborough, a pesar de haber sido apartada el año anterior de la gestión de dos centros de migrantes al hacerse públicas unas imágenes donde los internos eran atacados y agredidos.
G4S ha estado involucrada en múltiples escándalos y acusada de constantes violaciones de derechos humanos dentro y fuera del Reino Unido. Por tanto, junto con Blackwater, G4S es una de las EMSP frecuentemente más criticadas, encontrando resistencias por parte del movimiento palestino Boicot, Desinversiones, Sanciones (BDS) y la ONG británica War on Want. Se ha enfrentado a múltiples campañas por su implicación en la provisión de servicios en la base estadounidense de Guantánamo, y el escándalo de malos tratos en un centro de detención de migrantes y solicitantes de asilo en islas Manus (Papua Nueva Guinea), con un contrato del Gobierno australiano. Una campaña centrada en su implicación en los territorios ocupados, incluyendo provisión de equipamientos en los checkpoints israelíes, donde los derechos de los palestinos son frecuentemente vulnerados, llevó a una exitosa campaña de boicot que forzó a G4S a retirarse de las prisiones israelíes.
De la inteligencia tradicional a los cibermercenarios
Las formas del poder estatal se han transformado, no solo en consonancia con los conflictos contemporáneos, sino también con la era digital y las llamadas “amenazas híbridas”. Desde el 11-S, Estados Unidos ha invertido cantidades elevadas en tareas de inteligencia en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional, aumentando progresivamente la delegación de estos servicios a EMSP. Tim Shorrock, autor de Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing, afirma que el 70% del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos de 2007 se externalizó a contratistas de seguridad. Un año más tarde, una investigación de The Washington Post averiguó que 1.931 corporaciones privadas estaban colaborando en los ámbitos de seguridad nacional, antiterrorismo e inteligencia desde 10.000 localizaciones del país norteamericano.
La contratación de tecnologías para la vigilancia por parte de las agencias gubernamentales de inteligencia no es un fenómeno nuevo. Lo que es inusual es la contratación de personal especializado para funciones de inteligencia y seguridad nacional. El Observatorio Shock Monitor registra en su base de datos 216 EMSP, de un total de 770, que disponen de servicios de inteligencia para gobiernos, ETN y clientes particulares.
Estos servicios han ido evolucionando con el uso de las nuevas tecnologías y ahora también incluyen las amenazas del ciberespacio. Los contratistas de seguridad privada proveen y mantienen sistemas tecnológicos de software y hardware; recogen datos vinculados con la seguridad nacional a través de la intercepción de llamadas, hackeo de móviles y sistemas informáticos; analizan y sistematizan datos relacionados con la seguridad nacional; producen informes de evaluación de riesgos para altos mandos militares; manejan drones para actividades de reconocimiento durante protestas o en conflictos armados más allá de sus fronteras; y realizan operaciones secretas que requieren actividades ilegales como infiltración en movimientos sociales o interrogatorios de sospechosos.
Algunas EMSP han creado sus propios departamentos de ciberseguridad para dar respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes. Booz Allen Hamilton, una de los principales contratistas de inteligencia norteamericana, ofrece servicios de ciberseguridad que les permiten realizar ataques en el dominio cibernético. La EMSP rusa RSB Group se ha especializado en inteligencia y ciberseguridad desde 2016, y la británica G4S creaba un “Cyber Consulting and Security Operation Centre” ese mismo año. Otras empresas como la francesa Amarante International, la danesa Risk Intelligence, especializada en seguridad marítima, o la británica Control Risks han desarrollado sofisticadas herramientas de Big Data para elaborar informes de seguridad internacional identificando amenazas específicas para sus clientes.
La participación de EMSP y contratistas de seguridad privada en los procesos de análisis de datos les coloca en una posición privilegiada para influir en la percepción de las amenazas a las que se enfrentan sus clientes gubernamentales, influyendo en la definición de políticas públicas o planes de seguridad. Los fines de lucro económico, y el enfoque militar y técnico de seguridad de las EMSP moldean los resultados de sus investigaciones y sus propuestas para neutralizar las amenazas identificadas. En definitiva, este enfoque influye en la percepción de inseguridad de sus clientes e ignorando las dinámicas sociales y políticas de los contextos de análisis, marginalizando las respuestas no-militares, diplomáticas o de mediación.
El ciberespionaje se ha convertido, así, en un servicio clave prestado por las EMSP que ha implicado la contratación masiva de hackers, o lo que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios denomina como cibermercenarios. La externalización de servicios de inteligencia a EMSP refuerza la lógica impunidad, reduciendo los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, y dificultando deliberadamente una supervisión democrática de estas operaciones, como ha indicado el investigador Armin Krishnan. Estos servicios incluyen trabajos muy delicados y controvertidos, ya que las EMSP se utilizan como proxies para eludir el escrutinio público e influir en los asuntos internos de otros países.
La Agencia Militar de Inteligencia rusa (GRU) utilizó los servicios de la Internet Research Agency, también conocida como Troll Factory, del oligarca Yevgeny V. Prigozhin para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 a través del hackeo de datos del Partido Demócrata y la desinformación en las redes sociales para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump.
Las actividades de hackeo de información realizadas por la Troll Factory no son un caso aislado. A menor escala, numerosas EMSP ofrecen servicios de carácter ofensivo como active cyber defense (ACD) o hacking back para recuperar información robada, interrumpir o dañar redes de potenciales infraestructuras enemiga. Asimismo, estos hackers realizan funciones de forma remota, como tareas de reconocimiento con el manejo de drones a miles de kilómetros de distancia, acciones ofensivas en internet o apoyar gobiernos autoritarios en acciones represivas sobre su población. Es decir, los contratistas de seguridad pueden estar en la primera línea de los conflictos contemporáneos sin dejar el salón de su casa. Ambas situaciones suponen un reto para la regulación de las actividades de ciberseguridad de las EMSP en términos de jurisdicción aplicable y participación en guerra cibernética.
A su vez, la cooperación en el ámbito de la inteligencia implica el acceso de los contratistas de seguridad privada a información sensible vinculada con la seguridad nacional y a bases de datos de agencias de orden público con información personal de la ciudadanía. Esta dinámica tiene un impacto evidente sobre los derechos civiles y políticos. Como ejemplo, una investigación periodística de The Intercept reveló las fraudulentas actividades de inteligencia de la EMSP Tiger Swan para recabar datos a través de su infiltración en el movimiento indígena y ecologista Standing Rock contra el proyecto extractivista de la empresa Energy Transfer en North Dakota. Los informes producidos por Tiger Swan fueron utilizados por las agentes de la policía local, el FBI y los Fusion Center del Departamento de Homeland Security (DHS) creados después del 11-S para lucha contra el terrorismo internacional.
Prácticas como esta son también ampliamente utilizadas en países de ingresos bajos y medios, donde la complicidad entres Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, contratistas de seguridad y sicarios ha sido responsable de la muerte de numerosas personas defensoras de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres en Honduras y muchos más en Colombia y Brasil.
Por último, la privatización de la inteligencia ha supuesto que los expertos de agencias gubernamentales trabajen para el mejor postor, ya sea empresas, otros gobiernos o magnates. En 2019, un ex agente de la NSA destapó el proyecto Raven, una unidad de inteligencia desarrollada por los Emiratos Árabes Unidos formada por cibermercenarios, incluyendo ex operativos de unidades de inteligencia norteamericana. Los analistas de Raven, además, contaban con un sistema muy sofisticado –de origen desconocido– para hackear móviles iPhone, conocido como Karma. El proyecto Raven se dedicó durante años al monitoreo de disidentes y críticos con el gobierno de Abu Dhabi, como el periodista británico Rori Donaghy, el activista emirato Ahmed Mansoor o Tawakkol Karman, líder de las protestas de la “Primavera Árabe” en Yemen.
Amenazas a los derechos civiles y políticos
Los movimientos sociales, sindicalistas, activistas, periodistas y líderes indígenas han sido un objetivo frecuente de los gobiernos, ETN y agencias privadas de inteligencia. Ese trabajo puede ser realizado ahora por una EMSP. Son numerosos los casos de ETN que han contratado los servicios de EMSP para espiar activistas: Kroll fue contratada por Texaco Chevron en Ecuador, Academi (antigua Blackwater) se convirtió en el departamento de inteligencia de Monsanto, y Stratfor trabajó para Coca-Cola. Los servicios de inteligencia de las EMSP han sido fundamentales para identificar a líderes sociales y armar campañas de desprestigio contra los mismos, unas prácticas trágicamente extendidas en América Latina por orden de empresas petroleras y mineras, y en complicidad con las autoridades locales.
La simbiosis entre gobiernos, élites económicas y EMSP se ha traducido en escándalos de conflictos de intereses y puertas giratorias de altos mandos de agencias gubernamentales de inteligencia que acaban trabajando para EMSP y viceversa. Pero más preocupante es el alineamiento político e ideológico entre el sector público y privado, determinando una visión del mundo e interpretación de la seguridad internacional a favor de los intereses geoestratégicos de los gobiernos occidentales.
Existe una relación orgánica entre los Estados y las grandes multinacionales registradas en su jurisdicción. Los gobiernos priorizan la seguridad económica a través de promocionar y proteger a sus empresas, incluyendo el sector de las EMSP, lo que se traduce en una relación de fidelidad empresarial aunque las empresas puedan tener contratos con terceros estados. El caso ruso muestra los fuerte lazos que unen a estas empresas con el establishment político y económico del país, y la misma tendencia se puede identificar en los países occidentales.
Hacia finales de 2020, el fiscal iraní Ali Al-Qasi Mehr acusó a la EMSP británica G4S de estar involucrada en el asesinato del general Qassem Soleimani y el comandante Abu Mahdi Al-Muhandis el 3 de junio de 2020. Según Al-Qasi Mehr, G4S aportó información a la Administración de Trump sobre la llegada de los altos mandos militares iraníes al aeropuerto de Bagdad, donde la empresa G4S estaba proveyendo servicios de seguridad desde 2010. G4S rechazó tal acusación, pero claramente tenía la capacidad de utilizar su posición privilegiada para realizar tareas de inteligencia para los gobiernos occidentales.
La connivencia de las élites económicas y políticas como un fenómeno propio del capitalismo también se cristalizó durante la Administración de Trump. El magnate norteamericano Sheldon Adelson, amigo íntimo de Trump, ejerció su influencia para espiar a Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres a través de la empresa española Undercover Global S.L. Esta empresa registró conversaciones de reuniones privadas de Assange con sus abogados para la CIA violando el derecho de intimidad del ciberactivista y formalmente invadiendo el territorio de Ecuador.
En el fondo de estas relaciones y estructuras puede discernirse alineamientos con el programa económico, social y moral del neoliberalismo en su estadio más avanzado, que concibe lo público únicamente como un nicho económico que explotar, sin importar las consecuencias sociales que se deriven de ello. La externalización de la seguridad por los gobiernos y sus agencias no esta simplemente basada en una mera cuestión eficiencia desprovista de ideología. La evidencia muestra que la tendencia a dejar en manos privadas cuestiones tan sensibles, y fundamentalmente tan políticas, como la seguridad, y tan intrínsecas a los fundamentos del Estado liberal capitalista como es el monopolio de la violencia y del poder coercitivo, es un proceso deliberado, y también muy arriesgado. Arriesgado para la integridad física de las personas en los contextos de conflictos y tensiones donde estas empresas operan, pero también con respecto a los derechos civiles y políticos de quienes viven en los Estados que las contratan.
Créditos fotográficos:
Foto 1:i Nombre: LOK121SE0015-ODHE-1 Crédito: © Jon Lowenstein / NOOR / IG Handels: @kadirvanlohuizen Twitter Handels: @mediakadir
Pie de foto: Honduras, Tegucigalpa, 2012, Guardia de seguridad privada observa a un cliente que ingresa al automóvil. Muchas empresas y residentes de la ciudad sienten que no se puede confiar en la policía y contratan empresas de seguridad privadas.
Foto 2: Nombre: 00042927-ODHE-2 / Credit: © Jon Lowenstein / NOOR / IG Handels: @jonlowenstein / Twitter Handels: @jonlowenstein
Pie de foto: Retratos de inmigrantes latinoamericanos indocumentados presos en la cárcel Tent City del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona. Se hizo notable sobretodo por las temperaturas extremas de Phoenix, con sus temperaturas diurnas dentro de las tiendas de campaña de hasta 150 °F (65 °C). Entre 2006 y 2016, Joe Arpaio, que se autodenomina "el sheriff más duro de Estados Unidos", centró cada vez más sus esfuerzos en criminalizar a la comunidad latinoamericana indocumentada del condado de Maricopa. Arpaio fue condenado por desacato penal en 2017, por el que, posteriormente, fue indultado por Donald Trump. La cárcel de Tent City fue finalmente cerrada en 2017.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
NOTAS:
[1] Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo y Shock Monitor son proyectos liderados por Suds y Novact.
[2] Foessel, M. (2011) Estado de vigilancia: crítica de la razón securitaria, (Madrid, Lengua de Trapo)
[3] El concepto de la zona gris intenta definir ciertas dinámicas de conflicto político en la que los estados utilizan acciones “encubiertas” de carácter coercitivo que no son suficientes para escalar a un conflicto militar.
[4] Fabricius, P. (2019) “The proliferation of outside forces in the conflict, with different and obscure agendas, complicates peace efforts”. Institute for Security Studies.
[5] Información extraída de la base de datos de Shock Monitor.
De Xinjiang a Misisipi: capitalismo del terror, trabajo y vigilancia
De Xinjiang a Misisipi: capitalismo del terror, trabajo y vigilancia
Darren Byler
Estado del Poder 2021
El Estado chino dentro de Xinjiang ha forjado una forma de creación de fronteras capitalista basada en la recolección de datos y el trabajo humano no libre que explota las diferencias étnico-raciales para generar nuevas formas de acumulación de capital y de poder estatal coercitivo.
El puesto de control
"¿Dónde está su identificación?", me gritó el contratista de la policía en uigur. Miré hacia arriba con sorpresa. Había estado evitando el contacto visual, tratando de atraer la menor atención posible. En abril de 2018, en las zonas turísticas de Kashgar, donde había puestos de control policial cada 200 metros, los empleados de seguridad solían reconocer a una persona blanca con gafas como extranjera. Pero a lo largo de los años que había vivido y trabajado como antropólogo en el noroeste de China a menudo me habían confundido con un uigur.
“No tengo identificación local. Soy extranjero. Solo tengo pasaporte”, respondí en mandarín. En otro puesto de control, un empleado subcontratado de la policía uigur me había aconsejado que dejara de hablar uigur si no quería levantar sospechas. Entonces, había adoptado la táctica de solo hablar o escribir en chino en los puestos de control.
“¡Ah! Entonces muéstrame tu pasaporte”, dijo, cambiando al mandarín, su tono casi tan plano e impreciso como el mío. Hojeó mi pasaporte, deteniéndose en mi foto. "Eso es una gran barba", comentó. "Ese es el estilo de muchos jóvenes en mi ciudad natal en Estados Unidos", respondí.
Otros empleados para la policía también me habían dado problemas en los puestos de control debido a la barba, que en 2014 las autoridades estatales habían identificado como un posible signo de extremismo religioso en hombres menores de 55 años. Los había visto escanear mi foto de pasaporte y pasarla a través de un sistema de reconocimiento de imágenes en busca de coincidencias con personas en la lista de vigilancia. Las barbas que habitualmente aparecían en la pantalla parecían ser hombres de Afganistán o Pakistán, aunque a veces parecían fotos mías.
No aparentaba estar convencido.
"Espera aquí", dijo.
Me quedé allí durante casi una hora, cada vez más preocupado. No me gustó la idea de que la policía confiscara mi pasaporte y lo retuviera durante tanto tiempo. Mientras esperaba, vi a decenas de jóvenes uigures haciendo fila, esperando para entregar sus identificaciones y teléfonos para su inspección. Miré por encima de su hombro tratando de ver la aplicación que buscaban los empleados de la policía después de que los propietarios de teléfonos inteligentes les dieran su código de acceso. No sé si la aplicación fue creada por las empresas forenses digitales Meiya Pico o FiberHome. Ambas compañías estaban trabajando en la región para convertir a los teléfonos inteligentes en dispositivos para rastrear el movimiento y las comunicaciones de los usuarios.
Finalmente, apareció un hombre han,[1] un oficial de policía "real" que portaba un arma. Me preguntó sobre mis antecedentes, por qué estaba viajando en la región, cómo aprendí chino. Dijo que me habían buscado en el sistema, de modo que sabían todo sobre mí.
Pensé en los cientos de uigures que había entrevistado desde 2011. Algunos ya habían desaparecido en el sistema de campamentos, pero la mayoría de mis amigos uigures y kazajos más cercanos aún no habían sido detenidos. Pensé en las imágenes de puestos de control, sistemas de cámaras, letreros y equipos técnicos que aún no había subido a la nube. Las páginas de notas sobre desapariciones que podrían encontrar escondidas detrás de los cortafuegos de mi ordenador portátil. Cómo me obligarían a darles mis contraseñas de correo electrónico. Me imaginaba encadenado y arrojado a una celda de cemento abarrotada, obligado a firmar una confesión falsa diciendo que trabajaba en secreto para la agencia de inteligencia de Estados Unidos, que la antropología era solo una cubierta y que mi verdadera misión era incitar el terrorismo uigur.
"Quédate aquí", señaló la parte trasera de un taxi cercano. Sacó su teléfono inteligente y me tomó una foto junto a la matrícula. Luego me dijo que mantuviera mi pasaporte abierto y me miró de cerca. "Entra", dijo.
Se volvió hacia el taxista uigur y, cambiando a uigur de fuerte acento, dijo: "Llévelo de regreso a su hotel. No vayas a ningún otro lado. Estamos vigilando este coche”.
Me dejaron ir. A diferencia de tanta gente, yo sabía que no estaba recluido en un campamento ni se me había asignado un trabajo en una fábrica con salarios míseros. Habían recolectado mis datos, pero tenía la protección de mi pasaporte estadounidense para evitar que expropiaran o robaran legalmente mi propiedad y mi trabajo. En general, como de hecho sucede en un sistema de capitalismo global, yo estaba implicado en el sistema de control y "reeducación" que estaba estudiando. La digitalización de la vida social, la guerra global contra el terrorismo y la demanda de productos de bajo costo son una realidad en casi todas partes. Pero como ciudadano protegido, el miedo que sentí fue un atisbo momentáneo del terror que dominaba a los uigures que vi en los puestos de control. Para ellos, no había salida.
Capitalismo del terror
En los últimos años, al analizar los resultados de mi investigación etnográfica de la Región Autónoma Uigur (Xinjiang), he desarrollado un marco conceptual que me ayuda a explicar las fuerzas políticas y económicas que actúan en los puestos de control, campamentos y fábricas del noroeste de China. Llamo al concepto capitalismo del terror, una forma de creación de fronteras capitalista que explota la diferencia étnico-racial para generar formas de acumulación de capital y poder estatal. El término se centra en el papel de los complejos militar-industrial en la construcción de las economías nacionales de Estados Unidos, Israel y otros lugares; y lo pone en relación con el pensamiento sobre el papel de la diferencia racial en la expansión de las industrias tecnológicas corporativas y la profundización de las formas de explotación laboral. En muchos lugares del mundo, la infraestructura de la información (herramientas forenses digitales, puntos de control biométricos y sistemas de reconocimiento de imágenes) está intensificando el poder del Estado y de las corporaciones internacionales.
En mi caso, el término "terror" en este marco conceptual nombra la forma en que los uigures y otros ciudadanos musulmanes nativos de la frontera colonial china en Asia Central han sido considerados un otro irracional y una amenaza intrínseca para la mayoría "civilizada" no musulmana. Como en muchos otros países, la visión generalizada en China de los musulmanes turcomanos como posibles terroristas –una forma socialmente aceptable de hablar de "salvajes" o “bárbaros"– abrió un estado de excepción en el Estado de derecho habitual. Una vez que alguien ha sido calificado de sospechoso de terrorismo, o lo que los teóricos antiterroristas denominan "pre-criminal", ya no goza de las protecciones civiles normales. El componente de "amenaza" también justifica que el Estado ponga en pie de guerra a la nación y a los ciudadanos de la población mayoritaria del país. Este estado de emergencia significa que la industria privada y los ciudadanos pueden ser movilizados como representantes del Estado.
Hasta ahora, lo que he descrito es un tipo particular del complejo de seguridad o militar-industrial contemporáneo. Mi argumento va más allá al plantear qué tipo de capital produce realmente este complejo y cómo encaja en la economía global. La primera forma de capital que se produce más allá de la propiedad intelectual inherente a los sistemas de vigilancia y la infraestructura policial son los datos.
La definición de Xinjiang como una zona de guerra ha creado un contexto para el uso intensivo de datos que permite a algunas de las empresas de tecnología privadas y estatales más grandes de China desarrollar nuevas herramientas de análisis forense digital, reconocimiento de imágenes y rostros, y reconocimiento de lenguaje, algo que a su vez les permite expandirse a otros ámbitos y mercados para desarrollar soluciones empresariales y de seguridad “inteligentes”. Esto no sería posible si no fuera por los programas de recopilación de datos, que proporcionaron a las empresas un conjunto de datos base sin precedentes en su escala y fiabilidad. Desde imágenes de rostros al escaneo de iris, pasando por firmas de voz e historias digitales, las empresas recopilan continuamente datos clasificados en patrones de los 15 millones de musulmanes de la región.
Este sistema refleja y amplía la recopilación de datos realizada por empresas privadas en Europa y América del Norte, desde Google hasta Palantir, pero los uigures, kazajos y otras poblaciones musulmanas en el noroeste de China, fueron privados del consentimiento tácito del consumidor y los derechos legales para proteger a los ciudadanos. En ambos casos, sin embargo, las infraestructuras de información ponen a disposición de la mirada del Estado y de las empresas tecnológicas la intimidad del comportamiento social y los movimientos cotidianos.
La segunda forma de capital está en el trabajo humano no libre que es facilitado por el sistema de “cercamiento digital”. Desde 2018, la autoridad de desarrollo regional de Xinjiang ha descrito el sistema de internamiento y de reeducación como un “motor de la economía”, en la misma escala que los hidrocarburos, el algodón y el tomate que atrajeron a la región a los colonos chinos han en la década de 1990. Los campos de internamiento albergan a cientos de miles de detenidos en un “cañería” del campo a la fábrica. La amenaza de detención junto con el poder de la infraestructura de un complejo sistema de vigilancia mantiene a otros en formas de trabajo “asignado”.
Los documentos estatales sugieren que la “mano de obra excedente” uigur y kazaja se ha convertido en un recurso adicional en la economía de Xinjiang porque los subsidios estatales –desde la renta gratuita para instalaciones fabriles hasta pagos para capacitar a los trabajadores– se combinan con la presión política de los gobiernos locales en el este de China, y la población “cautiva” de trabajadores para incentivar a las empresas privadas a trasladar partes de su producción a Xinjiang. El sistema de información –rastreo de teléfonos inteligentes, puntos de control, escaneos de rostros, etcétera– junto con el temor a la detención arbitraria, una forma de Estado del terror, mantiene a los uigures y kazajos en su lugar, asegurando una fuerza laboral dócil y creando condiciones endémicas de falta de libertad.
En este contexto, el trabajo elegido libremente es imposible para la mayoría de los uigures y kazajos. En su lugar, las autoridades locales asignan grupos de ex detenidos y otros considerados parte de la "fuerza laboral excedente" debido a su falta de empleo formal en fábricas designadas por el Estado. No hay espacio para negociar salarios o protestar contra su retención, lo que parece estar muy extendido en todo el sistema. En muchos casos, las personas son "libres" de elegir trabajar en empleos asignados a cambio de salarios ínfimos lejos de sus familias o son "libres" de ser internadas. Esta falsa libertad, una condición que va más allá de la dependencia del mercado "libre", es a lo que me refiero con "trabajo no libre". Es importante destacar que gran parte de lo que se produce en este sistema se destina directa o indirectamente a la exportación global. Por eso es importante entender que el trabajo no libre uigur es una frontera del capitalismo global.
El capitalismo del terror utiliza la retórica del "terrorismo" para justificar la inversión de capital estatal y privado en industrias intensivas en datos y mano de obra. Como las secuencias de capitalismo racializado en otros lugares, la amenaza etno-racializada de los cuerpos y sociedad uigur y kazaja permite que su tierra y trabajo sean legalmente expropiados o robados, creando una nueva frontera en el capitalismo global. En mi libro Terror Capitalism: Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City (Duke University Press, 2021), analizo la forma en que los proyectos coloniales actúan como fronteras de la expansión capitalista, argumentando que el colonialismo y el capitalismo son coconstitutivos. En mi trabajo actual, examino cómo los sistemas a los que se enfrentan los uigures están vinculados al poder de una infraestructura en lugares de todo el mundo y cómo estos sistemas abren vías para el trabajo de poblaciones desprotegidas a formas intensificadas de explotación.
Figura 1. Infraestructura de la Región Autónoma Iugur (Xinjiang, China) desde la década de 1990
Mapa de Darren Byler. Fuente de datos: National Geographic, Gro Intelligence
Una historia de antagonismo estructural
La Región Autónoma Uigur (Xinjiang) se encuentra en el lejano noroeste de la actual China. Limita con ocho naciones, desde la India hasta Mongolia. El grupo más grande de personas nativas de esta región del tamaño de Alaska son los uigures, una minoría musulmana turcomana de alrededor de 12 millones de personas que comparten una lengua turca mutuamente inteligible con una población de 15.000 uzbekos y, en menor grado, con 1,5 millones de kazajos y 200.000 kirguís que también llaman su hogar a partes de esta región. Al igual que los uzbekos, los uigures han practicado la agricultura de regadío a pequeña escala durante siglos en los oasis desérticos de Asia central.
Cuando se fundó la República Popular China en 1949, la población de habitantes de la región identificados como han era de alrededor del 6%, y los uigures comprendían aproximadamente el 75%. Antes de 1949 no estaba claro si la región se convertiría en una república de Turkestán Oriental dentro de la Unión Soviética o si las fronteras imperiales de la dinastía Qing convertirían las tierras uigures y kazajas en una colonia interna de la República Popular.
En 1949, Stalin y los líderes del Partido Comunista de China acordaron que el país debería "ocupar" la región. Durante un período de varios años, el Estado chino trasladó a varios millones de ex soldados para trabajar como agricultores en colonias militares en las tierras kazajas en la parte norte de la región. En la actualidad, los uigures representan menos del 50% de la población total y los han más del 40%.
No fue hasta la década de 1990, cuando China desarrolló una economía de mercado orientada al capitalismo global, que las áreas de mayoría uigur del sur de Xinjiang –donde los uigures representaban más del 90% de la población– se convirtieron en el objetivo de un proyecto colonial de colonos chinos. Fue durante este período que las reservas de petróleo y gas natural de la región se convirtieron en el foco de las corporaciones estatales o privadas. Desde entonces, Xinjiang se ha convertido en la fuente de alrededor del 20% del petróleo y el gas natural de China. Tenía un porcentaje aún mayor de las reservas de carbón de China y ahora produce alrededor del 20% del algodón y los tomates del mundo.
Este sistema económico produjo lo que el antropólogo Andrew Fischer llama "desarrollo sin poder", refiriéndose a las formas en que los proyectos de desarrollo en el Tíbet privaron de derechos a los tibetanos. El proceso de colocar a los colonos en posiciones de poder tuvo el efecto de capturar las instituciones económicas y políticas uigures, como el sistema bancario y la gobernanza de base.
Con el tiempo, creó un sistema de dominación que expulsó a los maestros uigures del sistema educativo y restringió la práctica religiosa. Al mismo tiempo, el coste de vida comenzó a aumentar, impulsado por el sector de recursos naturales, pero los uigures fueron excluidos en gran medida del trabajo en la nueva economía debido a la discriminación laboral sistémica. Los académicos uigures que trabajan en la academia china han demostrado que a medida que los colonos corporativos comenzaron a hacerse cargo del gobierno local, crearon sistemas altamente explotadores de arrendamiento agrícola y migración forzada uigur. Esto, a su vez, condujo al subempleo entre los uigures.
Estos antagonismos estructurales aumentaron en 2009, cuando se produjeron protestas callejeras uigures a gran escala, violencia policial y disturbios en Urumqi, la región uigur. Las autoridades locales respondieron con campañas militarizadas de "mano dura" en toda la región, lo que provocó la desaparición forzada de varios miles de uigures y comenzó a generar formas más profundas de resentimiento por la brutalidad policial y el control estatal. Al mismo tiempo, las confiscaciones de tierras aumentaron en el sur de Xinjiang a medida que el Estado incentivó el asentamiento en áreas de mayoría uigur, otra fuente importante de tensión.
Estas formas cada vez más intensas de control y robo legalizado fueron la causa principal del aumento de las protestas y la violencia uigur contra los actores estatales. Muchos de estos incidentes fueron descritos por los medios estatales como "terrorismo", pero la mayoría de las personas muertas o heridas en estos incidentes eran manifestantes uigures. Por lo general, iban desarmados o tenían armas improvisadas, mientras que la policía usó armas automáticas para herirlos o matarlos.
Junto al aumento de la violencia policial y las protestas uigures, la llegada en 2011 de los servicios de Internet basados en teléfonos inteligentes comenzó a perfilar la práctica religiosa uigur de nuevas maneras. Muchos uigures usaron WeChat para debatir su lugar en el mundo musulmán. Debido a que las autoridades estatales no tenían la capacidad tecnológica para regular la conversación digital uigur, esta nueva plataforma a través de medios digitales precipitó un florecimiento en la instrucción religiosa uigur. Muchos se volvieron más devotos en su práctica como musulmanes, que mi investigación muestra que fue tanto una forma de protección simbólica contra la creciente presión del asentamiento han en áreas de mayoría uigur, como una forma de escapar del control estatal de movimiento, educación y éxito económico. Varios de los uigures que entrevisté en ese momento dijeron que se volvieron más devotos "porque les dio esperanza”.
A finales de 2013 y principios de 2014 también se produjo un aumento de los ataques violentos realizados por civiles uigures dirigidos contra civiles han. Destacan varios incidentes en ciudades como Beijing, Kunming y Urumchi. Estos ataques coordinados y planificados, en los que se utilizaron cuchillos, vehículos y artefactos explosivos, fueron bastante diferentes de muchos otros ataques terroristas que los medios estatales chinos atribuyen a los uigures y que a menudo eran protestas espontáneas que se volvían violentas y atacaban a representantes estatales en lugar de a civiles. En mayo de 2014, los líderes regionales declararon la "guerra popular contra el terrorismo" en respuesta a estos ataques.
Sin embargo, la guerra popular contra el terrorismo no estuvo dirigida únicamente a los criminales que llevaron a cabo los ataques y quienes los apoyaron, sino que tuvo un objetivo mucho más amplio. Precipitó una criminalización de la práctica religiosa y la afiliación étnica uigur. Inicialmente, solo los líderes religiosos fueron enviados a los campamentos, pero en 2017 el Estado comenzó a examinar a toda la población adulta musulmana.
No se trata simplemente de prevenir el terrorismo. En respuesta al aumento de las prácticas religiosas entre los uigures y las formas globales de islamofobia que se extendieron con el aumento del discurso del terrorismo y el establecimiento del Estado Islámico en Irak y Siria, las autoridades estatales comenzaron a describir prácticas musulmanas normativas, como la asistencia regular a las mezquitas o el ayuno durante Ramadán, como signo de la propagación de la "enfermedad mental" del extremismo religioso. De hecho, la “guerra popular” se convirtió en un programa para evitar que los uigures fueran musulmanes y, hasta cierto punto, uigures.
Los organismos de seguridad estatales subcontrataron a empresas privadas y contratistas policiales para intentar transformar a las poblaciones nativas de la región y construir cientos de campos de internamiento. Los industriales privados y los colonos han, que se habían beneficiado de la economía de los recursos naturales, fueron movilizados mediante un aumento espectacular de las asociaciones público-privadas (APP) para desarrollar una industria de la vigilancia a la vanguardia de los sistemas tecnológicos actuales.
En 2016 y 2017, el Estado invirtió aproximadamente 7.200 millones de dólares específicamente en la industria de seguridad de la información de Xinjiang como parte de un aumento de más del 90% en el gasto en seguridad pública.[2] Durante los mismos años, el Estado otorgó unos 65.000 millones de dólares en contratos privados para construir infraestructuras y 160.000 millones más a entidades gubernamentales en la región, un aumento de casi el 50%. La mayor parte de este aumento en el gasto se centró en la construcción de centros de detención y sistemas relacionados.[3]
Discursos globales de lucha contra el terrorismo
Como ha demostrado el académico David Brophy, el sistema establecido en la región se basaba en la lógica del contraterrorismo que practicaban muchos organismos estatales en todo el mundo, desde Israel hasta Estados Unidos. La principal de estas tendencias fue la teoría de contrainsurgencia o COIN. Esta forma dominante de ciencia militar y policial se basa en tres elementos: vigilar a toda la población, fracturar la red social de aquellos identificados como insurgentes y "ganarse los corazones y las mentes" del resto de la población.
Poco después de que se introdujera la “doctrina Petraeus” de COIN en Afganistán e Irak a fines de la década de 2000, los teóricos policiales y militares de China comenzaron a pensar en cómo podría aplicarse en su país. También comenzaron a considerar cómo los llamados programas de vigilancia policial preventiva en Europa y América del Norte –a menudo denominados Contrarrestar el extremismo violento o CVE– podrían usarse entre las poblaciones musulmanas chinas.
Como han demostrado los académicos de los estudios críticos sobre terrorismo como Arun Kundnani, estos programas se centran en la falacia de que la práctica piadosa del islam conduce necesariamente a una acción violenta. También se pueden utilizar para institucionalizar la islamofobia en las instituciones sociales.
Como muestro en un artículo reciente, en las academias de policía de toda China y en Xinjiang en particular, los teóricos y las autoridades estatales comenzaron a combinar ambos modelos y a aplicarlos a la estrategia antiterrorista china. En ese país, la lucha contra el terrorismo realmente solo se aplica a los musulmanes turcomanos y, principalmente, a los uigures, por lo que, en esencia, este nuevo cuerpo de teoría y aplicación se estaba utilizando para atacar a los uigures. La Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang adoptó estos marcos para normalizar y sistematizar las operaciones de inteligencia y sus exámenes de la población. Incluso el uso de campamentos imita y amplía la forma en que el ejército estadounidense reinventó la categoría del detenido en Irak y los espacios "pre-criminales" creados por los programas de CVE.
Sin embargo, lo que hace único al sistema de campamentos en Xinjiang es la forma en que enfatiza la "reforma del pensamiento" o la transformación de los detenidos, construyendo sobre el legado maoísta de los campos de reeducación. En el caso de Estados Unidos en Irak, “ganarse los corazones y las mentes” de la nación que las fuerzas armadas estadounidenses acababan de destruir y ocupar se trataba menos de instalar una colonia estadounidense y más de instalar un gobierno “franquiciado” de Estados Unidos que protegería los intereses del capital estadounidense. Como tal, se presentó como un "regalo" gratuito y fue instituido por líderes de la población iraquí con el apoyo militar de Estados Unidos. Por el contrario, en el contexto de Xinjiang hay un aspecto punitivo y "transformador" del programa que es impuesto y gestionado por autoridades estatales no musulmanas y sus representantes, los colonos.
En la literatura policial, los teóricos chinos se refieren a este aspecto del programa policial preventivo como sus "características chinas". Entonces, si bien una lógica revolucionaria de masas anterior de la era maoísta desempeña un papel organizativo, también es importante recordar que Xinjiang es una colonia de colonos nacionales de China. La reforma de pensamiento implementada por los colonizadores han sobre los musulmanes colonizados convierte la lucha revolucionaria y de "ganarse los corazones y las mentes" de COIN en un proyecto colonial.
En este sentido, entonces, la relación colonial entre China y Xinjiang y la relación imperial de Estados Unidos hacia Irak avanzan en trayectorias coloniales distintas: en Irak, una tendencia hacia una colonia franquiciada bajo el control de un gobierno instalado con un sistema de vigilancia y puntos de control que fue abandonado antes de que alcanzara su plena capacidad; y en Xinjiang un movimiento hacia una colonia con un gobierno de colonizadores y un sistema más sofisticado de infraestructura de poder.
A pesar de estas diferencias, en ambos contextos el militarismo impulsado por la información y la detención extralegal bajo la apariencia de vigilancia policial preventiva desempeñan un papel importante. Y, como explicaré en la sección final de este ensayo, las lógicas y tecnologías que surgieron de ambos proyectos están creando formas novedosas de poder estatal y trabajo no libre en todo el mundo.
Mantener a las personas en su lugar: infraestructura y poder estatal
El control policial al que me referí al comienzo de este ensayo es el tipo de espacio que ejemplifica cómo el poder estatal y la experimentación corporativa se movilizan a través de sistemas flexibles de cercamiento. Es en los puestos de control digitales donde se clasifica la población. Como yo mismo experimenté, es en estos momentos de encuentro cuando la policía interpela a las personas como sujetos del poder estatal. Sin embargo, a menudo, los sistemas de información realizan ese trabajo para la policía, clasificando a las personas en lo que los antropólogos de la tecnología denominan "guiones de acción" que funcionan de acuerdo con pautas de género y etno-raciales. La mayoría de las personas que pasaron por el control policial entregaron sus teléfonos e identificaciones automáticamente, como lo hacían de forma regular. El sistema informatizado moldeaba el movimiento de las personas incluidas en la lista de vigilancia, deteniendo a cualquiera que pareciese sospechoso. Las comprobaciones telefónicas sirvieron para garantizar que nadie descargara materiales islámicos prohibidos y, en cambio, apoyaron activamente las políticas gubernamentales publicándolas en sus muros de WeChat.
Los efectos panópticos de las arquitecturas de control visibles e invisibles, ya fueran muros y torres de vigilancia o cámaras y puestos de control, mantuvieron en su lugar a aquellos a los que apuntaban y extendieron el poder de aquellos que diseñaron y estaban protegidos por estas tecnologías.
En conjunto, el poder infraestructural de este sistema, como Michael Mann podría referirse a él, comienza a arbitrar las posibilidades de la vida misma, ubicando a los individuos en roles definidos en la fábrica, el dormitorio, la comunidad circundante y la nación. Esta eficiencia se acentúa informando a los habitantes sobre las reglas de acción y conducta adecuadas dentro del espacio y estableciendo así la autodisciplina.
El régimen laboral de reeducación
Lo que he descrito hasta ahora es la forma en que las empresas privadas de tecnología amplían su participación en el mercado y recopilan datos al servicio del poder estatal y de sus propios intereses económicos. Pero, ¿cómo funcionan estos sistemas de control para extender la acumulación de capital en relación con el trabajo?
Desde 2017, propietarios de fábricas de ciudades de todo el este de China se han instalado en Xinjiang para aprovechar los nuevos parques industriales asociados con un sistema de campamentos de reeducación, mano de obra barata y los subsidios que los acompañan. Al reubicar parte de su capacidad productiva al remoto noroeste de China los propietarios de las fábricas se aseguran de que la posición política de sus negocios estará protegida por las autoridades estatales en sus provincias de origen, mientras que al mismo tiempo pueden expandir su producción de manera segura con la asistencia de campamentos y sistemas de seguridad, algo que a menudo se describe como una oportunidad en la que todos ganan.
A finales de 2018, la Comisión de Reforma y Desarrollo de Xinjiang emitió un comunicado en el que anunciaba que los campamentos o "centros de educación y formación profesional" (jiaoyu peixun zhongxin) se habían convertido en "portadores" de estabilidad económica en la región Uigur. La comisión también ordenó a las autoridades locales "establecer un vínculo del mecanismo de desarrollo entre la gestión industrial de las organizaciones económicas colectivas rurales y la industria de los centros de educación y formación", el eufemismo utilizado para los campos de reeducación y las fábricas conexas (énfasis propio).
Mis entrevistas con ex detenidos indican que este "mecanismo de desarrollo" se refiere a la forma en que los administradores de los campos y los propietarios de las fábricas coordinan los traslados de los detenidos con las autoridades locales en las comunidades de origen de los detenidos. A veces, los propios dueños de las fábricas seleccionan a los trabajadores entre las personas detenidas; en otros casos, las autoridades locales seleccionan a los trabajadores y arreglan los términos del contrato de trabajo para el grupo de trabajadores asignados.
Es importante señalar que no todos los trabajadores uigures y kazajos dirigidos hacia estas nuevas fábricas habían sido detenidos en campos. Un aspecto significativo de la “guerra popular contra el terrorismo” fue un proceso más amplio de proletarización de los uigures por mandato estatal en toda la región. Con el fin de cumplir los objetivos de "alivio de la pobreza” determinados a nivel central, que se centraron en colocar a uigures y kazajos en puestos de trabajo en fábricas propiedad de los han y aislar a la población musulmana mediante la dispersión y la separación familiar, los funcionarios locales y sus homólogos del este de China se encargaron de crear puestos de trabajo.
China, 2006, Los trabajadores migrantes comen su almuerzo durante un descanso de su trabajo de construcción.
A los trabajadores que estaban retenidos detrás de los puestos de control de los complejos fabriles se les enseñaría a hablar mandarín y a abrazar la ideología política estatal mientras aprendían a trabajar en una línea de montaje. Sin embargo, aunque algunos de los nuevos trabajadores, llamados "trabajadores excedentarios", eran simplemente agricultores de las aldeas cercanas, muchos de ellos eran familiares de detenidos. Y todos sabían que el rechazo manifiesto de estas asignaciones de trabajo podría resultar en su internamiento en los campos. Según las directrices de seguridad del Estado, rechazar los planes de "alivio de la pobreza" (fupin) debía considerarse un signo de falta de confianza o de extremismo religioso predelictivo.
El mundo entero de estos trabajadores tiene lugar dentro del complejo fabril. Al igual que los trabajadores migrantes en otras partes de China, están alojados en el mismo recinto que la planta de producción. Los académicos de cuestiones laborales Pun Ngai y Chris Smith han descrito esto como un "régimen de trabajo de dormitorio". Su trabajo muestra que este tipo de arreglos permite a los dueños de las fábricas explotar en mayor medida a sus trabajadores, al exigirles que trabajen horas extras o el fin de semana, o mediante la retención de sus salarios para compensar los costos de vivienda, etc.
En su trabajo más reciente, Pun muestra que un sistema de subcontratación aísla aún más a los propietarios de empresas de los trabajadores, lo que hace que la falta de pago por el trabajo sea cada vez más común.[4] Lo mismo ocurre con el régimen laboral de reeducación en el noroeste de China. Sin embargo, a diferencia de los trabajadores migrantes en otras partes del país, los trabajadores uigures y kazajos no pueden salir debido al poder de los sistemas de vigilancia, las barreras materiales y la amenaza de internamiento. En lugar de un sistema de subcontratistas, las fábricas en los parques industriales de “Xinjiang Aid” a menudo son administradas por una combinación de personal policial de bajo nivel y del Ministerio de asuntos civiles que también trabaja en los campamentos, un esquema de gestión que desdibuja aún más la línea entre la empresa privada y los campos de internamiento.
Las autoridades locales también habían establecido sistemas integrales de vigilancia de "condado seguro" en toda la región, que utilizaban puestos de control de identificación reales y sistemas de cámaras para monitorear los movimientos de los ciudadanos registrados en el condado.
Los recintos de la fábrica suelen estar “cerca de las comisarías populares" (bianmin jingwuzhan) o centros de vigilancia donde vigilan y controlan los movimientos de los trabajadores detenidos. Dentro de las fábricas, los sistemas de cámaras y los cuidadores observan a los trabajadores, aplicando la lógica de la fábrica y almacén "inteligentes" que se utilizan en todo el mundo. En algunos casos, la planta de la fábrica se divide en cubículos cerrados con llave desde el exterior, lo que restringe el movimiento de los trabajadores que se consideran peligrosos debido al estigma de su detención anterior.
En el régimen laboral de reeducación, los trabajadores uigures y kazajos no pueden protestar por que les quiten los salarios para pagar a los propietarios de las fábricas por su vivienda, comida y transporte, ni siquiera organizar protestas menores, como retrasos en las líneas de montaje, sin incurrir en la amenaza de detención. Además, la vigilancia en las fábricas significa que se vigilan todos los aspectos de sus vidas. Las autoridades de la fábrica deciden si los trabajadores pueden ir al baño y cuándo, qué alimentos comen, si se les permite llevar o usar teléfonos, qué idioma hablan, cuándo y cuánto tiempo trabajan, cuándo y cuánto tiempo duermen, incluso lo que hacen cuando no están trabajando.
La región de Uigur es productora de más del 80% del algodón chino, y es donde el Estado espera reubicar alrededor del 10% de los empleos de fabricación de prendas de vestir. Esto significa que la demanda de productos cada vez más baratos, como la ropa, involucra a los consumidores de todo el mundo en esta frontera del capitalismo global. En este sentido, el capitalismo del terror –las formas de productividad económica que se abren al adosar a las poblaciones la figura de terrorista– produce una población de trabajadores no libres en la frontera colonial de explotación laboral.
¿Es global el capitalismo del terror?
Si bien el sistema que se está implementando en el noroeste de China es único en términos de escala y grado de crueldad sistémica, los uigures y otros musulmanes turcomanos no son los únicos grupos marginados que están siendo divididos por una infraestructura de vigilancia similar y sistemas de mano de obra no libre.
En muchos países, estas nuevas formas de poder están dirigidas sistemáticamente a controlar a las minorías y las poblaciones de refugiados, muchas de los cuales son musulmanas. En Cisjordania, por ejemplo, los palestinos son el blanco de formas similares de poder israelí a través de puestos de control, vigilancia biométrica y recolección de datos. En mi actual proyecto de investigación en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, examino la forma en que las cámaras con reconocimiento facial diseñadas por la firma china Yitu dan forma a las vidas de los inmigrantes musulmanes indocumentados. Las cámaras que lleva la policía auxiliar en las entradas de las mezquitas y otras áreas de alto tráfico restringen el movimiento de las poblaciones objetivo, como los rohinyás y los uigures que han huido a Malasia como refugiados.
Como ha demostrado la geógrafa Shae Frydenlund en su trabajo, el miedo a la vigilancia a su vez empuja a los refugiados a realizar trabajos eventuales de bajos salarios en la faena de pollos y la construcción en los márgenes de la ciudad.[5] Asimismo, en Europa y América del Norte, herramientas similares de sistemas de información administradas por agencias estatales y empresas de vigilancia han conformado las vidas de cientos de miles de musulmanes como parte de los programas CVE. Desde que se desarrollaron estos sistemas como parte de la guerra global contra el terrorismo, también han comenzado a apuntar a otras minorías racializadas.
Durante gran parte de 2020, he colaborado con la antropóloga Carolina Sánchez Boe para comprender los paralelismos y las diferencias entre estos sistemas, ya sea en Xinjiang, Cisjordania o Estados Unidos. Ella muestra que en los EEUU, los solicitantes de asilo provenientes de África, América Latina, Oriente Medio y el sur de Asia, que ingresan al país a través de la frontera sur, son liberados de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se les coloca monitores GPS en los tobillos en el marco del Programa Intensivo de Supervisión y Comparecencia (ISAP), promovido como una “alternativa a la detención”. Los solicitantes de asilo, al igual que los sospechosos de terrorismo, son incluidos en listas de vigilancia diferenciadas que les impiden viajar. Cada vez más, se les exige que envíen escaneos faciales a través de una aplicación que pueden instalar en sus teléfonos inteligentes, que en muchos casos cuenta con el respaldo de la empresa de tecnología privada Behavioral Interventions Incorporated asociada a Verizon, Sprint y Google Maps.
En Estados Unidos, las infraestructuras de vigilancia que surgieron de los sistemas antiterroristas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 empujan a las poblaciones desprotegidas de refugiados e inmigrantes a un limbo, en los márgenes de las ciudades, donde deben trabajar por salarios muy bajos. Estas infraestructuras producen formas de destierro y violencia estructural; no se las ve, pero, a diferencia de Xinjiang, generalmente no colonizan las organizaciones sociales de los inmigrantes ni comienzan a transformar su sistema de conocimiento o prácticas religiosas de manera intencional o abierta.
En Estados Unidos y Europa, los sistemas tecnológicos de poder parecen centrarse menos en la transformación que en detener la circulación de personas e ideas consideradas perjudiciales o racialmente amenazantes en las cárceles, centros de detención o mediante la aplicación de formas de vigilancia electrónica, reduciendo simultáneamente la posible fricción para las personas protegidas y protegiendo los intereses del capital.[6]
En Xinjiang, el objetivo del sistema de vigilancia es incluir a la población ahora minoritaria con el fin de vigilarla, en lugar de excluirla empujándola fuera de la vista del público. Tanto en Xinjiang como en otros lugares, el trabajo de las poblaciones controladas por la infraestructura de vigilancia se devalúa y se convierte en una fuente de mayor explotación.
El caso de Xinjiang no tiene paralelo debido a su escala de detenciones y el papel del Estado en el “trabajo asignado”, pero el sistema laboral de reeducación en China y el trabajo eventual de indocumentados en Estados Unidos son parte del mismo continuo de falta de libertad. Para los solicitantes de asilo en Estados Unidos, el estigma asociado con los dispositivos de rastreo se suma a la sensación de amenaza que sienten al no saber cómo se están vigilando sus movimientos y cómo se pueden usar los datos.
Una solicitante de asilo guatemalteca le dijo a Carolina Sánchez Boe que temía que el grillete digital permitiera a los agentes de ICE mirar "dónde me encuentro con otras personas, para saber dónde se congregan los inmigrantes indocumentados". Tres semanas después de que ella expresó este temor, ICE llevó a cabo una de las redadas de inmigración más grandes en diez años en una planta de procesado de aves de corral en Misisipi, donde arrestó a 680 trabajadores, y cuando sus hijos regresaron de la escuela encontraron sus casas vacías. La declaración jurada de los arrestos revela que los agentes federales se basaron en datos de vigilancia de monitores GPS sujetos a los tobillos de mujeres latinoamericanas que habían encontrado trabajo en la fábrica.
La concurrencia de vigilancia y explotación racializada en Misisipi y Xinjiang me recuerda un momento anterior del capitalismo global racializado descrito en la reformulación de las palabras de Friedrich Engels por el historiador Jason Moore: "detrás de Manchester está Misisipi". La referencia a Engels era que lo que convirtió a Manchester en el corazón de la fabricación textil mundial en el siglo XIX —en sí mismo, un lugar de tremenda explotación— fue el trabajo no libre de esclavos en Misisipi, que trabajaban en las plantaciones de algodón. Mientras el “capitalismo del terror” contemporáneo está devorando el tejido social de las poblaciones desprotegidas de todo el mundo, Misisipi se encuentra en la primera línea de creación de las fronteras capitalistas globales. Quizás, bajo las condiciones del "capitalismo del terror", podríamos decir que "al lado de Xinjiang está Misisipi”.
Darren Byler es estudiante postdoctoral en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de Colorado, Boulder. Es autor del libro de próxima publicación Terror Capitalism, Uyghur Dispossession and Masculinity in a Chinese City (Duke University Press, diciembre de 2021). Twitter: @dtbyler
Traducción: Nuria del Viso, FUHEM Ecosocial
Créditos fotográficos
Foto 1: Nombre: KOY2019010C04015878-Byler/ Credit: ©Yuri Kozyrev / NOOR / IG Handels: @noorimages Twitter Handels: @noorimages
Pie de foto: Kazajistan, abril 2019. Gulzira Auelhan, una etnia kazaja, regresó al extremo occidental de China, Xinjiang, en 2017 para visitar a su padre enfermo. Sin embargo, fue detenida durante 437 días en el nuevo y amplio sistema de encarcelamiento y adoctrinamiento de China. En el transcurso de los 437 días fue retenida en cinco instalaciones diferentes, incluida una fábrica y una escuela secundaria convertida en un centro de adoctrinamiento político e instrucción técnica, con varios interludios de una forma de arresto domiciliario con familiares. El Gobierno chino afirma que ofrece educación vocacional gratuita y capacitación en habilidades a personas como la señora Auelhan, pero durante más de 14 meses, "esa capacitación duró una semana", señaló, sin incluir el tiempo que pasó trabajando en una fábrica de forma obligada.
Foto 2: Nombre: BRA017SE0011-Byler/ Credit: © Andrea Bruce / NOOR / IG: @andreabruce Twitter: @abruce_noor
Pie de foto: China, 2006, Los trabajadores migrantes comen su almuerzo durante un descanso de su trabajo de construcción.
Este artículo forma parte del informe Estado del poder 2021, editado por Transnational Institute (TNI). En la traducción y edición de la versión en español han colaborado el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs, FUHEM Ecosocial y TNI.
NOTAS:
[1] Principal grupo étnico y cultural en China, Taiwan y Singapur. Constituyen aproximadamente un 20% de la población mundial, por lo que constituye el mayor grupo étnico del mundo. [N. del T.]
[2] Un informe del presupuesto estatal indica que se trata de un aumento en el gasto en seguridad de más del 90%. “Guanyu 2017 nian zizhiqu yusuan zhi hang qingkuang he 2018 nian zizhiqu yusuan cao'an de baogao” [Informe sobre la ejecución del presupuesto de la región autónoma en 2017 y el proyecto de presupuesto de la región autónoma en 2018], Xinjiang Net, 3 de febrero de 2018. https://web.archive.org/web/20181014075113/http://www.xinjiangnet.com.cn/2018/0203/2044552.shtml . Véase también Zhang Dong (2017) “Xinjiang’s tens-of-billion-scale security market, the integration giant tells you how to get your share”, [Ch: Shu bai yi de xinjiang anfang shichang, jicheng jutou gaosu ni ruhe caineng congzhong fen bei geng], Leiphone, 31 de agosto. https://web.archive.org/web/20190406231923/https://www.leiphone.com/news/201708/LcdGuMZ5n7k6sepy.html.
[3] “Banking body prepares list of PPP projects in Xinjiang”, China Daily, 24 February 2017. Ver también Chin, J. y Lin, L. (2021) Surveillance State: Inside China's Quest to Launch a New Era of Social Control. Nueva York: St. Martin’s Press.
[4] Pun Ngai. (2016) Migrant labor in China. Malden, MA: Polity.
[5] Shae Frydenlund (2020). ‘Support from the South: How Refugee Labor Reproduces Cities,’ (Doctoral Diss.), University of Colorado.
[6] Carolina Sánchez Boe (2022). The Undeported: The Making of a Floating Population of Exiles in France and Europe, Rowman & Littlefield Press.
Estado del Poder 2021
Coerción y Militarización
Informe sobre El Estado del Poder publicado por el Transnational Institute – TNI que explora la historia, las estructuras y la dinámica cambiante de las fuerzas armadas, la policía y la seguridad nacional en el mundo actual y describe visiones e ideas emancipadoras para poner fin a la violencia del estado.
Esta edición examina, desde distintas perspectivas, el poder coercitivo del Estado y los procesos de militarización y securitización en el mundo contemporáneo, aportando análisis teóricos en una variedad de ámbitos y estudios de casos en diversos países.
El Estado del Poder 2021 es el décimo de los informes publicados por TNI y el sexto editado en español. Este año ha contado para su traducción con la colaboración de: Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (de Suds y Novact) Centre Delàs D’Estudis Per la Pau, FUHEM Ecosocial y TNI.
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