¿Crisis demográfica o crisis de cuidados?

El número 160 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambiio global publica en su sección A FONDO un artículo de  Ferrán Muntañé Isart, titulado  "¿Crisis demográfica o crisis de cuidados?."

Los países ricos con valores más igualitarios y estados del bienestar con sistemas de cuidados más desarrollados suavizan el trade.off entre maternidad y proyecto vital/carrera profesional, lo que deriva en numerosos beneficios en términos de autonomía, protección
ante la pobreza infantil, igualdad de género, empleo de calidad y calidad de los cuidados. También tienen tasas de fecundidad más cercanas a la tasa de reemplazo generacional. De ahí que sea pertinente preguntarse si estamos ante una crisis demográfica o una crisis de cuidados.

A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a un intenso debate sobre el futuro de la familia a raíz de las rápidas y profundas transformaciones a las que se ha visto sometida. Existe un amplio consenso alrededor de la idea de que sus características básicas o “tradicionales” se han erosionado en los países ricos del Norte global desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es especialmente evidente en los incrementos de las tasas de divorcio y las caídas sin precedentes de los matrimonios y, sobre todo, de las tasas de fecundidad. Sin embargo, este proceso ha estado acompañado por una creciente diversidad en los modelos de organización familiar, con un incremento del número de hogares unipersonales, de la cohabitación y otras formas alternativas de estructuración familiar. El resultado de todo ello, para lo que aquí nos ocupa, es un desequilibrio demográfico marcado por la caída de las tasas de fecundidad, al estar muy por debajo de la tasa de reemplazo generacional,1 algo insólito cuando se analiza la realidad demográfica desde una perspectiva histórica. Las poblaciones de los países ricos envejecen a un ritmo nunca visto, y emergen voces de alarma que cuestionan la viabilidad de nuestros sistemas de protección social o que lo utilizan para justificar su desmembramiento, apuntando, por ejemplo, a la insostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

Entre los países ricos, estos fenómenos se han dado con especial intensidad entre los del sur de Europa, denominados “familiaristas”, caracterizados por tener Estados del bienestar poco desarrollados2 y sistemas de cuidados fuertemente apoyados en las redes familiares.3 Por ejemplo, en España la tasa de fecundidad ha sufrido una rápida y aguda caída, hasta situarse, en pocos años, a la cola de la UE (Figura 1).

Figura 1. Evolución de las tasas de fecundidad de los países de la UE-15, 1970-2020.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

Todos estos procesos han estimulado un largo e intenso debate para tratar de explicar sus causas y, con suerte, tratar de revertir o mitigar algunos de sus efectos, tal y como veremos a continuación.

 

Teorías sobre la “erosión” familiar y la crisis demográfica

Hasta recientemente, en las ciencias sociales han destacado dos tesis principales para explicar este proceso de “erosión” familiar. De forma muy sintética, el economista neoliberal y premio Nobel Gary Becker4 señaló que el cambio en los roles de las mujeres, sobre todo por su incorporación masiva al mercado laboral en el marco de una organización familiar basada en la especialización conyugal, conllevaba una devaluación de la utilidad del emparejamiento en términos de eficiencia y bienestar, lo que, en última instancia, derivaría en una erosión de la familia en su sentido tradicional. Sus análisis, en definitiva, apuntan a la materialización de las aspiraciones de igualdad de género en el plano laboral, con el consecuente declive de la división sexual del trabajo (“productivo” reservado a los hombres y “reproductivo” reservado a las mujeres), como causa del debilitamiento de la familia y de la caída de las tasas de fecundidad.5 Por otro lado, la tesis de la segunda transición demográfica (SDT, por sus siglas en inglés) apunta a la difusión de valores “posmodernos” o “postmaterialistas” (utilizando los términos de Inglehart6,7) como desincentivos para los emparejamientos y el compromiso con el otro. Según esta teoría, basada en la pirámide de necesidades de Maslow, los valores posmodernos se convierten en el motor de la transformación familiar al “elevar” las aspiraciones de los individuos que, una vez cubiertas sus necesidades básicas, desarrollan proyectos vitales influidos por valores como el individualismo, la autorrealización, la emancipación y el empoderamiento.8, 9 De esta forma, se vincula el progreso material con la difusión de valores conflictivos con los que han sustentado el modelo familiar tradicional (por ejemplo, con el compromiso conyugal o la crianza).10

Sin embargo, algunas aproximaciones inspiradas por el marxismo feminista apuntan que esta crisis familiar y demográfica, más que un destino inevitable, es el resultado de los desequilibrios derivados del modelo de organización social basado en la familia tradicional en un contexto de expansión –con notables limitaciones– de los valores igualitarios en clave de género. Según estas, la familia es considerada uno de los pilares de la organización capitalista al ser la institución que, mediante la reproducción física de los/as trabajadores/as y la provisión del trabajo doméstico y de cuidados, hace posible la producción de la plusvalía.11,12 Es decir, la división sexual del trabajo en el marco de las sociedades capitalistas (mucho mayor que en sistemas de organización social anteriores) sería una condición necesaria para la explotación o la “esclavitud asalariada”.13 En este contexto, el acceso al mercado de trabajo remunerado, sin ser el destino final de la emancipación de las mujeres, es el primer paso para su autonomía en una economía ampliamente basada en el empleo asalariado.14 De ahí que, en tanto que la división sexual del trabajo –una de las características fundamentales del modelo familiar tradicional– ha mantenido a las mujeres apartadas del trabajo asalariado, estas hayan tendido a posponer o renunciar a la familia.

 

La crisis demográfica es reversible

Afortunadamente, en los últimos años, estudios comparados a nivel europeo han mostrado que la división sexual del trabajo no es inseparable de la familia, y que, en aquellos contextos en los que se han impulsado nuevos “contratos de género más igualitarios”, se produce un “resurgir” familiar (more family, en palabras del sociólogo danés Esping-Andersen), con más matrimonios, emparejamientos más estables y mayores tasas de fecundidad.15 Es decir, cuando se adoptan medidas que, desde un punto de vista estructural, favorecen la igualdad de género, se suaviza el trade-off entre maternidad y realización del proyecto vital y/o profesional, lo que, al mismo tiempo favorece la independencia económica de las mujeres, una mayor protección ante la pobreza infantil, el acceso a empleos de mayor calidad, entre otros. Llegados a este punto, es fundamental constatar que, según datos del European Fertility Surveys, el número de hijos/as deseados en buena parte de los países de la UE se ha mantenido bastante estable durante más de medio siglo, por encima de los dos hijos/as.

La tesis que estas investigaciones parecen confirmar es que el motor de la transformación en la dinámica familiar es la revolución de los roles femeninos. Si bien, como hemos observado, en un primer momento la inestabilidad conyugal se incrementa y las tasas de fecundidad se reducen, este no es un destino inexorable, sino más bien una señal de que la sociedad en su conjunto no está dando respuesta a las necesidades derivadas de los nuevos roles adoptados por las mujeres en sus aspiraciones de una mayor igualdad. Lo que hemos podido observar empíricamente es que, cuando, como resultado de esta respuesta, avanzamos hacia un nuevo equilibrio familiar, es decir, cuando las condiciones materiales y normativas se ajustan al nuevo modelo basado en una mucho menor división sexual del trabajo y una mayor autonomía de la mujer, la familia puede resurgir (la disposición al emparejamiento y al matrimonio se incrementan, las relaciones son más estables y las tasas de fecundidad tienden a reflejar mejor los deseos de las personas). Esencialmente, este nuevo equilibrio requiere poner en práctica cambios de gran importancia: la adaptación del mercado de trabajo, el desarrollo del Estado del bienestar con servicios de cuidados suficientes, asequibles y de calidad y una mayor corresponsabilidad masculina en el trabajo doméstico y de cuidados.16 Desde esta perspectiva, el objetivo sería alcanzar un régimen de políticas de género de “personas sustentadoras/cuidadoras en igualdad”, en contraposición a los regímenes tradicionales de “hombre sustentador y esposa dependiente” (ver Figura 2).17 Pese a que ningún país “desarrollado” se ajusta perfectamente a ninguno de los dos regímenes, encontrándose todos en el heterogéneo repertorio de “regímenes mixtos”, el ejemplo que suele utilizarse como más próximo al ideal de igualdad de género, es el de los países nórdicos, encabezados por Suecia. En ese país, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente después con la consolidación de los gobiernos socialdemócratas y la influencia de la socióloga Alva Myrdal y el economista Gunnar Myrdal18,19, 20 fueron pioneros en el desarrollo de estas políticas y, pese a sus limitaciones, tienen las tasas de ocupación femenina más altas de la UE, así como unas tasas de fecundidad muy próximas a la de reemplazo generacional.

 

Figura 2. Regímenes de políticas de género

Fuente: elaboración propia a partir de Diane Sainsbury, 1999, op. cit.; y María Pazos, 2018, op. cit.

 

No obstante, cuando el mercado de trabajo asalariado y el Estado del bienestar no ofrecen las condiciones adecuadas para suavizar (o, idealmente, erradicar) el trade-off entre maternidad y realización del proyecto vital de las mujeres, se favorece la desintegración de la familia y la externalización masiva y precaria del trabajo reproductivo.[1]El caso de España (aunque también el de Italia) es especialmente ilustrativo a este respecto. En España, por ejemplo, entre 550.000[2]y 700.00023 trabajadoras (el 88% son mujeres) del servicio del hogar –contratadas directamente por las familias– cubren las necesidades que las propias familias y los sistemas de protección social no están siendo capaces de atender adecuadamente.24 Esto representa entre el 3,3% y el 4,2% del conjunto de la población activa española (frente al 0,9% del conjunto de la UE), y el 28% de todas estas trabajadoras en la UE. Y, aun así, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2015, «entre las personas ocupadas que vivían con una pareja con trabajo remunerado e hijos/as, las mujeres dedicaban 37,5 horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres 20,8». Todo ello con enormes desigualdades por clase social. Por poner un ejemplo ilustrativo, el 20% de los hogares más ricos con personas dependientes recibe ayuda a domicilio 2,5 veces más que el 20% de hogares más pobres.25

Por todo ello, y a la luz de las investigaciones que han demostrado que la crisis demográfica (o, más bien, de cuidados) es reversible, es imprescindible crear las condiciones sociales necesarias para que las personas puedan desarrollar su proyecto vital de forma libre, igualitaria y erradicando todo rastro de precariedad laboral y social en un sector esencial para la vida de los individuos.

 

La respuesta es siempre “más derechos”

Más allá de los efectos macro de la actual crisis demográfica, tales como el incremento en la tasa de dependencia o el decrecimiento demográfico (obviando el saldo migratorio), este proceso conlleva la frustración de muchísimas personas que, como hemos visto, querrían tener hijos/as, pero se ven obligadas a posponer sus deseos o a renunciar a ellos. Esta brecha entre el número de hijos/as deseado y la tasa de fecundidad ha sido denominada “brecha de bienestar,”26 y es, por cierto, un elemento que prácticamente no se tiene en cuenta en los debates sobre esta cuestión.

Con todas sus limitaciones y el retroceso en materia de derechos y bienestar debido a las sucesivas oleadas de políticas neoliberales durante las últimas décadas, los países nórdicos han demostrado que alcanzar sociedades mucho más igualitarias que las actuales no es una utopía irrealizable, sino una alternativa posible y necesaria.27 De ahí que, la fórmula para países familiaristas como España consiste en la eliminación de las políticas públicas que están perpetuando la división sexual del trabajo y la desigualdad de género, y el despliegue de aquellas que establecen las condiciones normativas y materiales para que la igualdad sea posible. Entre las medidas principales, destacan: la universalización de los servicios de atención y educación de la primera infancia (0-3 años) en términos de suficiencia, gratuidad y calidad, con un empleo enteramente público que revierta las privatizaciones; la universalización de los servicios de atención a la dependencia en los mismos términos; y el fomento de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados mediante la eliminación de las actuales limitaciones en los permisos de paternidad y maternidad,28 la eliminación de los permisos que no están remunerados al 100% y con reserva del puesto de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales (en cinco días, y no en cuatro) y el impulso de campañas de sensibilización y promoción del ejercicio de derechos de conciliación por parte de los trabajadores hombres. Estas y otras medidas conforman lo que ha sido denominado el “cuarto pilar del Estado del bienestar”, al complementar los otros tres pilares actuales (sanidad, educación y sistema de pensiones). Algunas investigaciones recientes han demostrado que su implementación en España es perfectamente viable en un horizonte de tiempo relativamente corto (5-10 años[29, 30 y que puede tener efectos muy positivos en términos de autonomía e igualdad de género, protección ante la pobreza infantil y, sobre todo, en términos de calidad en los cuidados. Adicionalmente, se estima que el desarrollo de estos servicios podría crear alrededor de 500.000 puestos de trabajo directos a tiempo completo y de calidad; además, difícilmente deslocalizables (arraigados al territorio) y de escaso impacto ambiental, lo que contribuiría a la transición hacia un modelo productivo más racional, ecológicamente menos destructivo y más centrado en las necesidades básicas de las personas.31 Esta es la agenda que hay que defender, especialmente en momentos de ruptura como los actuales en los que la creciente inseguridad y precarización de las condiciones de trabajo y de vida alimentan el auge de movimientos reaccionarios y/o neofascistas que demandan la reversión de los avances del feminismo y el blindaje de los privilegios patriarcales.32

 

Reconocer y articular la interdependencia

Por último, cabe destacar que, contrariamente a lo que todavía muchas personas creen, los cuidados no son una cuestión meramente individual. Esta idea deriva de la negativa a reconocer nuestras vulnerabilidades compartidas y nuestra interdependencia como seres humanos.33 Como en todos los momentos clave de la historia de la humanidad, la cooperación es un valor fundamental. Dicho sea de forma sintética: sin cuidados, en un sentido amplio, nada funciona. Todos hemos necesitado cuidados durante las primeras etapas de nuestra vida y con gran probabilidad los volveremos a necesitar, por ejemplo, durante la vejez o por encontrarnos en una situación de enfermedad o dependencia. El trabajo de cuidar es extremadamente intensivo en tiempo, y no todo el mundo lo tiene o lo quiere dedicar al cuidado. Tampoco todo el mundo puede contratar servicios de cuidado de la calidad o con la intensidad necesaria (de hecho, solo puede hacerlo una minoría). Esto genera lógicas extremadamente perversas, que deberían avergonzar a cualquier país que se considere a sí mismo “desarrollado”. Durante demasiado tiempo y de forma negligente hemos banalizado algo tan básico como la falta de cuidados. Hemos priorizado el desarrollo de “ciudades inteligentes” (smart cities), en lugar del desarrollo de ciudades justas y verdaderamente sostenibles; hemos visto a los hombres más ricos de la historia de la humanidad viajar por placer al espacio con cohetes milmillonarios, mientras tenemos a millones de personas ancianas y/o dependientes desatendidas en sus casas o hacinadas en residencias precarizadas (la gran mayoría privadas) que han sido un foco de enfermedad y muerte durante la pandemia;34, 35 y hemos socializado las pérdidas de los bancos que construyeron el castillo de naipes financiero que desencadenó la Gran Recesión de 2008, mientras hemos dejado a las familias y al mercado la provisión de algo tan básico para la vida como son los cuidados, con los perniciosos efectos que ello supone tanto para las personas cuidadas como para las que cuidan. La rueda que destroza las vidas de las personas y de los ecosistemas para quienes tratan por todos los medios de perpetuar el crecimiento y la acumulación de capital y privilegios es la misma.

Si bien es cierto que la pandemia ha provocado un cierto giro en la percepción social de los cuidados, y sin desmerecer los avances impulsados por algunos gobiernos, este ha sido más retórico que real. Por ejemplo, en España se acaban de mejorar las condiciones de empleo de las cuidadoras al servicio del hogar familiar mediante la aprobación del Real Decreto-ley 16/2022,36 algo imprescindible y largamente reivindicado para combatir la precariedad laboral en el sector. Sin embargo, de no acompañar medidas como esta con el desarrollo de un sistema público de cuidados de calidad, existe el riesgo de consolidación de un modelo de prestación de servicios domésticos y de cuidados atomizado y mercantilizado que seguirá generando enormes desigualdades sociales y de salud.

Hoy seguimos sin reconocer el carácter imprescindible del trabajo reproductivo, lo que nos mantiene en una larga transición o limbo normativo en el que, por no dar una respuesta adecuada a las aspiraciones de emancipación e igualdad impulsadas por los movimientos feministas, hemos convertido a la familia en un espacio de opresión y dominio insoportable. La reproducción basada en el sacrificio vital de las mujeres es algo insostenible y los datos demográficos así lo demuestran. Así, la que ha sido denominada “crisis demográfica” es más bien una crisis de cuidados. Resistirse a comprender y aceptar esta realidad no es solamente algo inmoral, sino también, a la vista de los resultados, el resultado de políticas ineficientes e inequitativas. Es por ello por lo que es imprescindible ponerlos de una vez por todas en el centro y dedicar nuestra capacidad individual y comunitaria a crear las condiciones políticas, sociales, materiales, culturales e incluso emocionales y afectivas que permitan prosperar a todas las personas y emprender una transición rápida y profunda hacia un modelo productivo (y reproductivo) verdaderamente justo y sostenible.

 

Ferran Muntané Isart es politólogo e investigador del JHU-UPF Public Policy Center, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. UPF Barcelona School of Management, Barcelona.

NOTAS:

1 La tasa de reemplazo generacional es el número de hijos/as por mujer necesarios/as para mantener demográficamente una población sin tener en cuenta el saldo migratorio.

2 Vicenç Navarro, El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, Anagrama, Barcelona, 2006.

3 María Pazos, Contra el patriarcado: economía feminista para una sociedad justa y sostenible, Katakrak, Pamplona, 2018.

4 Gary Becker, A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, 1981.

5 Véase también: Charles F. Westoff, «Perspective on nuptiality and fertility», Population and Development Review, 12(supplement), 1986, pp. 155-170; Steven L. Nock, «A comparison of marriage and cohabiting relationships», Journal of Family Issues, 16(1), 1995, pp. 53-76; y Steven L. Nock, «The marriages of equally dependent spouses», Journal of Family Issues, 22(6), 2001, pp. 755-775.

6 Ronald Inglehart, The silent Revolution, Princeton University Press, Princeton, 1977

7 Ronald Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton University Press, Princeton, 1990.

8 Dirk J. Van de Kaa, «Postmodern fertility preferences. From changing value orientation to new behavior», Population and Development Review, 27(supplement), 2001, 290-331.

9 Ron Lesthaeghe, «The unfolding story of the second demographic transition», Population and development Review, 36(2), 2010, 211-251.

10 Puede encontrarse abundante literatura que constata la correlación existente entre el enriquecimiento de los países y la caída de las tasas de fecundidad. Por ejemplo, ver: Timothy Guinnane, The historical fertility. Transition, Yale University Economics Dept. Working Papers, 2010, 84; y Larry Jones y Michèlle Tertilt, «An economic history of fertility in the United States: 1826-1960», en Peter Rupert, Frontiers of Family Economics, Emerald Publishing, Bingley, 2008.

11 Angela Davis, Women, Race and Class. Chapter 3: The Approaching Obsolescence of Housework: A Working-Class Perspective, The Women's Press Ltd, Londres, 1981.

12 Silvia Federicci, Caliban and the Witch. Women, The Body and Primitive Accumulation, Autonomedia, Nueva York, 2004. [N. de la e.] Hay traducción española: Calibán y la bruja. Mujeres cuerpo y acumulación originaria, Traficantes de Sueños, Madrid, 2010.

13 Mariarosa Dalla Costa, «Capitalism and reproduction», artículo presentado en el seminario Women's Unpaid Labour and the World System, organizado por la Japan Foundation, el 8 de abril de 1994, en Tokio, como parte del «European Women's Study Tour for Environmental Issues».

14 Mariarosa Dalla Costa y Selma James, The power of women and the subversion of the community, Falling Wall Press, Bristol, 1972.

15 Gosta Esping-Andersen, Families in the 21st century, SNS Förlag, Stockholm, 2016.

16] María Pazos, 2018, op. cit.

17 Diane Sainsbury, Gender and Welfare State Regimes, Oxford University Press, Oxford/Nueva York, 1999.

18 Alva Myrdal y Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Albert Boniers Förlag, Estocolmo, 1934.

19 Alva Myrdal, Nation and Family, Harper and Brothers, Nueva York, 1941.

[20 Alva Myrdal, Jämlikhet, Prisma, Estocolmo, 1969.

21 Joan Benach (coord.), Precariedad laboral y salud mental: conocimientos y evidencias (Informe PRESME), Comisión de Personas Expertas sobre el Impacto de la Precariedad Laboral en la Salud Mental, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2023 (en prensa).

22 Oxfam Intermón, Esenciales y sin derechos. O cómo implementar el Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar, Oxfam Intermón, Madrid, 2021.

23 Philip Alsthon, Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (A/HRC/444/40/Add.2), Naciones Unidas, 2020.

24 El 56% de estas trabajadoras son migrantes, de las cuales una de cada cuatro está en situación irregular. Además, 40.000 son internas, el 92% de las cuales son migrantes, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019.

25 Oxfam Intermón, 2021, op. cit.

26 Gosta Esping-Andersen, 2016, op. cit.

27] María Pazos, 2018, op. cit.

28 Concretamente, algunos elementos del RD 6/2019 impiden a los progenitores turnarse para cubrir a tiempo completo los primeros 8-10 meses de vida, como la obligación de que las primeras seis semanas se tomen simultáneamente y, sobre todo, la necesidad de acuerdo entre el/la trabajador/a y la empresa para tomarse todo el permiso a tiempo completo en las fechas elegidas.

29 Cristina Castellanos, Ana Carolina Perondi, «Diagnóstico sobre el primer ciclo de educación infantil en España (0 a 3 años). Propuesta de implantación de un sistema de educación infantil de calidad y cobertura universal. Estudio de viabilidad económica de la reforma propuesta y de sus impactos socio-económicos», Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 2018, 3, pp. 1-140.

30 Rosa Martínez, Susana Roldán, Mercedes Sastre, «La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales», Papeles de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, 2018, 5, pp. 1-175.

31 Vicenç Navarro et al., El cuarto pilar del estado del bienestar. Una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género, Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, 2020.

32 Más allá de los múltiples ejemplos cotidianos que pueden citarse, es especialmente relevante el trabajo del canadiense Jordan Peterson, un psicólogo canadiense y profesor de la Universidad de Toronto, autor de algunos best-sellers y famoso por sus polémicas opiniones tradicionalistas y misóginas que le han convertido en uno de los referentes intelectuales del conservadurismo anglosajón.

33 The Care Collective, El manifest de les cures. La política de la interdependencia, Tigre de Paper, Manresa, 2022.

34 Public Services International, La crisis del cuidado de larga duración: las consecuencias de la prestación, PSI, 2022.

35 Joan Benach, «Las muertes en residencias y la mercantilización de los cuidados», El País, 27 de abril de 2020.

36 Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.


El gasto militar destruye bienestar

La sección A FONDO del número 157 de Papeles de relaciones ecosociaels y cambio global, dedicado al Militarismo publica un artículo de Pere Ortega titulado "El gasto militar destruye bienestar" que aborda cómo el ciclo económico militar, o ciclo armamentista, que se nutre de los presupuestos de Defensa de los Estados y nutre el gasto militar, las fuerzas armadas, la I+D militar y las empresas militares, está condicionado por las políticas de seguridad y defensa del Estado.

Los economistas han preferido, en general, utilizar el término economía de la defensa para referirse al entramado económico militar, aunque, para ser más precisos, también podría calificarse como economía de guerra.

No cabe llamarse a engaño, todo ese entramado no tiene otro cometido que prepararse para hacer la guerra, ya sea defensiva con el fin de evitarla mediante la disuasión, argumento este utilizado por los Estados para justificar su fuerza militar; u ofensiva para llevar a cabo intervenciones militares en otros países. Aunque cierto es que la denominación de economía de guerra se utiliza solamente cuando los Estados ponen toda la producción económica de la nación al servicio de la guerra, como así ha ocurrido en todas las grandes guerras. Pero aquí se utilizará la denominación Ciclo económico militar o Ciclo armamentista,1 pues resulta más apropiado para describir todo el conglomerado económico que rodea toda la economía militar.

Esta denominación resulta más acertada porque el concepto de ciclo describe con mayor acierto el itinerario por dónde discurre la economía militar desde su nacimiento hasta su finalización. Este ciclo se inicia siempre de las manos del Estado con la aprobación de los créditos destinados al Ministerio de Defensa para el mantenimiento de las fuerzas armadas. Créditos que se reparten entre los salarios del personal militar, el mantenimiento de servicios, instalaciones e infraestructuras, la investigación y desarrollo (I+D) de nuevas armas y equipos, y los destinados a pagos a las industrias militares que producen y suministran las armas al propio Ministerio de Defensa; mientras que otra parte de su producción irá a la exportación bajo el control del Estado que regula el comercio de armas.

Así, cuando se habla de economía militar con referencia al gasto militar, las fuerzas armadas, la I+D militar, las empresas militares, se debe prestar atención al origen de los recursos que alimentan todo ese ciclo, que no es otro que el presupuesto de defensa de los Estados, incluidas las exportaciones de armas, pues también en su inmensa mayoría son adquiridas por Estados y tan solo una ínfima parte pueden ser adquiridas en el mercado ilegal o por la población. Un Estado que financia todo el ciclo económico militar y que se retroalimenta, pues surge bajo el paraguas del Estado y acaba su periplo en manos del Estado.

Un ciclo en el que también deben tenerse en cuenta todos aquellos aspectos que condicionan ese gasto militar, desde las políticas de seguridad y defensa del Estado, que son las que determinan la estrategia de defensa nacional, las directivas de defensa y el modelo de fuerzas armadas. Doctrinas de seguridad donde se plasman cuáles son los riesgos, los posibles peligros y de dónde proceden las amenazas. Estas doctrinas, llegado el caso, se disponen en leyes, decretos y disposiciones en el ordenamiento jurídico para regular la exportación de armas y su uso. Doctrinas que también determinan el modelo de fuerzas armadas y la clase de armamentos que se deben adquirir, así como el tipo de infraestructuras e instalaciones militares que serán necesarias para adecuar la defensa del territorio y las intervenciones en el exterior. El ciclo económico contempla todo el mantenimiento y servicios necesarios a través de empresas privadas para que las fuerzas armadas sean operativas, y que incluye la formación de los militares en academias y universidades donde se les enseña estrategias y técnicas militares para su uso en conflictos armados. En el ciclo armamentista intervienen también las entidades bancarias financiando a las industrias militares en sus operaciones y venta de armas. Estas entidades comercializan fondos de inversión donde están presentes las grandes empresas de armamentos de las que además pueden ser accionistas.

 

Las fuerzas armadas como medio de control económico

La mejor manera de comprender la existencia de las fuerzas armadas y el gasto que éstas originan proviene de observar cómo actúan las grandes potencias económicas en sus relaciones político-económicas con otros Estados. En la mayoría de las ocasiones vemos cómo las potencias utilizan sus fuerzas armadas para defender sus intereses particulares. Es decir, en aras de la seguridad nacional defienden los intereses de las grandes corporaciones de su propio país. A tal efecto, solo cabe observar cómo actúan EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido o Australia en la geopolítica mundial y se puede observar cómo cuando las presiones políticas no son suficientes para conseguir sus objetivos políticos/económicos utilizan la fuerza mediante intervenciones militares para así doblegar las resistencias de los países que no se avienen a sus exigencias.

Se señala a las grandes potencias porque son estas las que condicionan el incesante aumento del gasto militar mundial debido a las presiones que ejercen sobre los países que forman parte de sus alianzas, como es el caso de EEUU sobre sus aliados dentro de la organización militar transnacional OTAN. Lo mismo ocurre con China y Rusia que aunque no tengan un organismo militar similar a la OTAN sí tienen acuerdos bilaterales entre ellos y con otros países en la Organización de Cooperación de Shanghái, o de la ASEAN, otro organismo político-económico del sudeste asiático auspiciado por EEUU, con los que pretenden hacer frente a las presiones político-militares de EEUU.

Este aspecto es algo que se constata cuando se observa cómo año tras año aumentan los recursos de las capacidades militares de la mayoría de las grandes potencias y de sus países aliados. Así, de los últimos datos de que disponemos –año 2020– el gasto militar mundial según el SIPRI2 aumentó un 2,6% respecto a 2019, alcanzando la enorme cifra de casi dos billones de dólares (1,981). Algo que contrasta con el descenso del PIB mundial para ese mismo año de un 4,4% debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19. De ese enorme gasto militar, EEUU consume el 39%, 778.000 millones, y si se le suman los gastos militares de todos sus países socios en la OTAN, la cifra se dispara hasta alcanzar los 1,03 billones de dólares, que representa el 52% del total del gasto militar mundial. Los dos rivales estratégicos de EEUU, China y Rusia, se encuentran a una considerable distancia en gastos militares. China destina 252.000 millones de dólares y Rusia, 61.700 millones. Menciono estos datos para demostrar quién es más responsable en la escalada militarista, aunque esto, desde luego no disculpa a sus competidores que siguen el mismo camino de aumentar sus capacidades militares en una carrera de armamentos que solo vaticina conflictos y un mayor deterioro medioambiental del planeta.

 

Coste de oportunidad

Se han utilizado estos datos porque el gasto militar desde la economía crítica representa una pérdida de oportunidad para el desarrollo económico-social, pues si esos mismos recursos públicos en lugar de ser destinados a una economía ineficiente se dirigieran a la economía del ámbito civil, la real, la productiva, o a ámbitos sociales como la educación o la sanidad contribuirían mejor al desarrollo de la comunidad donde se llevan a cabo. Los argumentos de quienes han estudiado este desajuste,3 aducen, que el gasto militar genera endeudamiento del Estado, a lo que añaden, que si esos recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra que consumen los ejércitos y la producción de armamentos se destinaran a sectores civiles generarían mayor empleo, así como manufacturas y servicios más competitivos. Esto es debido a que las armas deben ser consideradas productos ineficientes porque no son bienes de consumo, ni tienen valor de cambio pues no entran en los circuitos de intercambio, es decir, en el mercado, convirtiéndose tan solo en bienes de uso para los Estados que son sus principales consumidores, pero sin valor social para la población.

Un arma, como cualquier otro producto, en el proceso de producción necesita de inversiones en I+D y de capital, de otros productos manufacturados y de mano de obra asalariada. Entonces, la producción del arma beneficia tanto al trabajo como al capital (obrero y patrón), y entre ellos se producirá una conexión de intereses; el trabajador necesita el salario, el patrono desea extraer plusvalía del trabajo. Esto explica, cuando aparecen crisis, cómo los trabajadores de las industrias militares salen en defensa de sus puestos de trabajo sin tener en cuenta cuestiones humanitarias o de clase, ya que las armas que fabrican pueden ser utilizadas en guerras donde los obreros se enfrentarán entre sí rompiendo el principio de solidaridad internacional del que se supone deberían ser defensores, y donde, además, causarán un enorme sufrimiento a las poblaciones que padezcan las guerras.

Esta descripción económica, desde un punto de vista keynesiano, como cualquier otra forma de trabajo, mejora la economía, pues el trabajo comporta salario y este favorece el consumo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, no aportan ingresos al Estado a través de los impuestos, pues este no los paga. Este periplo económico que para los keynesianos es beneficioso para la economía, no lo es para la economía crítica (Melman, Leontief…), incluidos los partidarios del decrecimiento, que niegan a las armas su carácter benéfico debido a que al ser adquiridas por el Estado no tienen valor social al no circular por el mercado como la gran mayoría de los productos, pues, como ya se ha indicado, la ciudadanía no puede adquirir un avión de combate o un buque de guerra que solo adquieren los Estados, y tan solo una pequeña parte de las armas, las ligeras, pueden ser adquiridas por la población, con enormes restricciones en la mayoría de los países del mundo.

Empero, aquí no se defiende el crecimiento económico per se, sino que debe entenderse que hay otros ámbitos de la economía donde los recursos destinados al armamentismo y al mantenimiento de los ejércitos pueden ser más beneficiosos para la sociedad sin necesidad de agravar la crisis ecológica que vive hoy el planeta.

Esta consideración es pertinente si se tiene en cuenta el gran impacto medioambiental de las emisiones de CO2e que producen las fuerzas armadas y la producción militar. Así, desde el punto de vista de la huella ecológica, las emisiones gases de efecto invernadero (GEI) de los ejércitos son una de las causas más importantes del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de la reducción de los recursos fósiles no renovables que alimentan la crisis ecológica, y que anuncian, si no se pone remedio, el colapso de la biosfera. Como ejemplos: la primera potencia militar mundial, EEUU, con sus casi dos millones de militares, su presencia militar en las más de 700 bases que tiene repartidas por todo el mundo y su participación directa en conflictos armados, entre 2010 y 2017 tuvo una media anual de emisiones de 527 millones de toneladas de CO2e, muy superior a la de países pequeños y algunos medianos.4 Aunque a distancia de EEUU, la huella de carbono del sector industrial/militar y de las fuerzas armadas de los 27 países miembros de la Unión Europea en el año 2019 fueron estimadas de 24,8 millones de tCO2e,5 que equivalen a aproximadamente a las emisiones anuales de 14 millones de coches.6

La dimensión económica del militarismo

Una aclaración conceptual. El militarismo es una ideología que se da mayormente en el interior de las fuerzas armadas, aunque también en algunos ámbitos de la sociedad civil. Tiene como objetivo imponer la resolución de los conflictos mediante el uso de la fuerza militar y desestimar otros medios no cruentos. Su cometido principal es presionar al poder civil para que aumente las capacidades militares de los ejércitos, que siempre se traducen en aumentar la adquisición de armamentos, mejorar las infraestructuras y el adiestramiento de los militares. En el caso de España, ese militarismo tiene un añadido: la pervivencia en el interior de la estructura militar de la ideología antidemocrática de la dictadura franquista, que impregnó toda la estructura militar durante los cuarenta años de dictadura donde los militares gozaron de múltiples privilegios que aún persisten, y que a menudo reaparece en declaraciones públicas de algunos de sus miembros.

Tal militarismo se puede constatar en el Estado español en el presupuesto del Ministerio de Defensa, con la adquisición de los grandes Programas Especiales de Armamentos (PEA). Los PEA tienen su aspecto más controvertido en lo referente a la necesidad de algunas de esas armas que no se justifican de acuerdo con las inseguridades que señala la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).

Los PEA se iniciaron en 1996, año en el que el gasto militar del Estado español fue de 12.551,7 millones de euros corrientes y que en 2022 será de 22.796 millones.7, 8 Estas cifras muestran un colosal incremento que en buena parte se debe a los enormes costes de los PEA mencionados. Igualmente, otro coste importante fue la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas a partir del año 2001, hecho que también abrió el paso a una mayor militarización, pues un ejército profesional es más corporativo e impulsará más enérgicamente que los valores castrenses se impongan con mayor fuerza en la sociedad.

Pero volviendo a los PEA, desde su inició en 1996 hasta diciembre de 2021 alcanzan 33 grandes programas con el colosal coste de 51.664 millones de euros. Unos programas que están destinados a dotar al ejército de potentes armas de última generación para enfrentarse a desafíos en lejanos escenarios, como así indica la Directiva de Defensa del Ministerio de Defensa de acuerdo con los compromisos que el Estado español contrae con organizaciones internacionales como la OTAN, la UE o compromisos bilaterales con otros países.9 Los PEA no obedecen a las necesidades de la seguridad de la población, pues de acuerdo con lo que indica la ESN, España no tiene amenazas que los justifiquen y, entonces, solo satisfacen los intereses del complejo industrial militar español, que no son otros que los de los accionistas y ejecutivos de las industrias militares; los altos mandos militares, algunos de los cuales acaban entrando como ejecutivos en las empresas militares, o políticos ligados al Ministerio de Defensa que también se integran en las empresas militares.10

De acuerdo con esas premisas, algunos de esos programas no deberían haberse llevado a cabo y otros deberían haberse reducido en número de manera considerable. Por ejemplo, los blindados de combate Leopardo, Pizarro, Centauro o los actuales Dragón tienen poca operatividad, pues no existe la percepción de que España se vea amenazada por una invasión exterior. Los blindados Leopardo, debido a su peso, no pueden ser transportados en otra de las estrellas de los programas PEA, los aviones A400M, adquiridos para transportar material y tropa a largas distancias, porque solo admiten un peso de 44 toneladas. Algo similar ocurre con otras armas, como los helicópteros Tigre y NH-90, el Obús de 155 mm, el avión de combate EF-2000 y el submarino S-80. Armas para ser desplazadas a largas distancias y que no aportan nada a la seguridad de la población española, pues su seguridad está relacionada con otras amenazas de ámbito social: falta de empleo, de vivienda y diversas coberturas sociales.

Pero la militarización del presupuesto no solo se produce por los PEA; otro elemento a considerar son las propias fuerzas armadas, y no por el elevado número de militares que tiene el Estado español, 120.000, pues un ejército de reducido número lo podría ser igualmente. La militarización del ejército proviene de la Directiva de Defensa Nacional donde se enumeran cuáles son las amenazas a las que se debe hacer frente, a saber: preservar el medio ambiente frente al cambio climático, prevenir pandemias, desastres naturales, crisis humanitarias, ataques cibernéticos, migraciones masivas, crimen organizado, vulnerabilidad energética, inseguridad económica, terrorismo, proliferación de armas nucleares y hacer frente a posibles conflictos armados. A excepción del último, los conflictos armados, ante el resto de amenazas las fuerzas armadas nada pueden hacer para evitarlas. Aunque haya quien piense que sí frente al terrorismo, pero ya se ha demostrado que las fuerzas armadas nada pudieron hacer ante los ataques perpetrados en diversos lugares del mundo, ni en el 11S en 2001 ni tampoco en Atocha, Madrid, en 2011 ni en Barcelona en agosto de 2017.

Entonces, el papel que juega el ejército en España, donde la posibilidad de una guerra entre Estados colindantes ha desaparecido y donde el ejército, desde el punto de vista de la seguridad, tiene una escasa o nula función, fuera de llevar a cabo acciones de emergencia frente a catástrofes naturales (tormentas, incendios, pandemias) –que no son su función, pues deberían estar a cargo de servicios civiles y no de un cuerpo militar–, el principal papel que desarrollan es dar apoyo fuera de las fronteras españolas a los compromisos adquiridos con la OTAN, la UE o la ONU, donde a lo sumo se despliegan no más de 3.000 militares y normalmente siempre equipados con un armamento de escaso potencial en supuestas misiones de paz. Entonces, ¿por qué no abordar en España una profunda revisión del ejército que rebaje su número y sus capacidades armamentísticas para ponerlas en sintonía con la realidad no solo geopolítica sino también con las necesidades de las poblaciones del entorno mediterráneo y europeo? Ello liberaría enormes recursos de capital que podrían destinarse a una economía más productiva y a necesidades más perentorias para las personas. Solo hay una respuesta: por la existencia del militarismo, tanto en el interior de la cúpula de los grandes partidos españoles, como en el interior de las fuerzas armadas. Las razones: los políticos, por una inercia que proviene de un pasado en el qué no se concibe un Estado-nación sin ejército; el de la cúpula militar, para mantener sus privilegios corporativos. Estos intereses combinados contaminan a la sociedad para que se mantenga un ejército sobredimensionado en número y capacidades militares, cuando la auténtica seguridad que precisa la población española está relacionada con aquellos otros aspectos que son vitales para la vida de las personas: el empleo, la vivienda, la salud, preservar el medio ambiente y las coberturas sociales.

 

¿Gasto militar o desarrollo humano?

Reinvertir el gasto militar en desarrollo humano es una antigua aspiración expresada en el segundo Informe de Desarrollo Humano (PNUD) de 1992, donde se señalaba que tras finalizar la Guerra Fría se estaba produciendo un descenso del gasto militar mundial y que si una parte, un 3% del total anual, se destinara a ayuda al desarrollo –entonces representaban 50.000 millones de dólares anuales– a la vuelta de diez años, se podrían eliminar las enormes desigualdades existentes en el mundo, y, en especial, acabar con la pobreza que entonces afectaba a unos 1.000 millones de personas. Esta propuesta recibió el nombre de dividendos de paz. Es decir, que la voluntad expresada en el PNUD de 1992, hoy, con el gasto militar mundial actual y aplicando una igual disminución de un 3% anual y destinándola a desarrollo humano de los países empobrecidos se podrían liberar 60.000 millones de dólares para destinarlos a eliminar las desigualdades más perentorias de los países empobrecidos. En especial, se podría acabar con el hambre, que en 2021 afecta a unos 811 millones de personas, y desarrollar la educación y una sanidad suficientes para que sus economías mejoraran.

Otra cuestión. La crisis financiera iniciada en 2008 permitió la disminución de los gastos en defensa en la mayoría de los países del mundo occidental. Por ejemplo, EEUU disminuyó en dólares corrientes su presupuesto en defensa de 752.288 millones en 2011 a 633.830 en 2015. Y España también lo redujo, pasando de 19.418 millones en euros corrientes en 2008, a 16.861 millones en 2016.11 Si eso fue posible debido a la crisis financiera, ahora con la crisis económica producida por la pandemia de la COVID-19 y con el desafío de hacer realidad los acuerdos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) para 2030, aprobados por toda la comunidad internacional, que para alcanzarlos tan solo se debería persistir en el camino de disminuir el gasto militar, en especial el de las grandes potencias y el de sus países aliados para convertir los dividendos por la paz en una realidad. Unos dividendos de paz que se conseguirían mediante la reducción en adquirir armamentos y del número de efectivos militares. Desde luego no se trata de dejar sin empleo a los militares obligados a dejar el ejército o a los trabajadores de las industrias militares; existen múltiples ejemplos de conversión del sector militar industrial al sector civil, como también de reintegrar en el cuerpo estatal de funcionarios a los militares. Esto, además, contribuiría a reducir carreras de armamentos entre países e impedir posibles nuevos conflictos armados. Entonces saldríamos ganando en medio ambiente, habría mayor empleo y más recursos para desarrollo humano. Esa posibilidad existe, y, como siempre, tan solo es cuestión de voluntad política por parte de los gobiernos.

Pere Ortega es miembro y co-fundador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

1 Tal como la denominaba el economista Arcadi Oliveres que es quién apadrinó esta denominación. Arcadi Oliveres y Pere Ortega, El ciclo armamentista español, Icaria, Barcelona, 2000.

2  Trends in World Military Expenditure 2020, International Peace Research Institute.

3 Heidi W. Garret-Pettier, Job Opportunity Cost of War, Papers, Watson Institute, Brown University, 2017; Wassily Leontief y Faye Duchin, Military Spending: Facts and Figures, Worldwide Implications and Future Outlook, Oxford University Press, Nueva York, 1983; Wassily Leontief,  Disarmament, Foreign Aid and Economic Growth, Peace Economics, Peace Science and Public Policy, vol.5 (3), 2005; Seymour Melman, El capitalismo del Pentágono, Siglo XXI, Madrid, 1976.

4 Neta C. Crawford, Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War, Papers, Watson Institute, Brown University, 2019.

5 Stuart Parkinson y Linsey Cottrell, Under the Radar. The Carbon Footprint of Europe’s Military Sectors, European United Left/SGR/ the Conflict and Environment Observatory, 2021.

6  Pere Brunet, Chloé Meulewaeter y Pere Ortega, Crisis climática, fuerzas armadas y paz medioambiental, Informe 49, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Barcelona, 2021.

7 El gasto militar aquí señalado incluye el presupuesto del Ministerio de Defensa más todos aquellos otros créditos presupuestarios repartidos por otros ministerios que son de carácter militar. Para mayor información, consultar Pere Ortega, Economía de guerra, Icaria, Barcelona, 2018.

8 Pere Ortega, Xavier Bohigas y Quique Sánchez, El gasto militar real del Estado español para 2022, Informe 50, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 2021.

9 No se menciona a las Naciones Unidas porque, en general, las intervenciones de los cascos azules no requieren de ese tipo de armamentos, pues sus misiones están más encaminadas a la mediación e interposición sin necesidad de armas ofensivas.

10 Los casos más escandalosos son los de los exministros Eduardo Serra en la empresa de capital israelí Everis, afincada en España, y Pedro Morenés, después de haber estado en muchas otras industrias militares ahora lo está en Amper. Para más información, véase Pere Ortega, El lobby de la industria militar espoañola, Icaria, Barcelona, 2015.

11 Base de datos de Centre Delàs.


¡Moveos, moveos, malditos! Migraciones en el siglo XXI en España

La sección A FONDO del número 160 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye el texto de Andreu Domingo titulado: "¡Moveos, moveos, malditos! Migraciones en el siglo XXI en España".

La intelección de las migraciones durante el siglo XXI y su previsión, parte de dos hipótesis: la globalización económica, y la contradicción entre reproducción demográfica y social, y capitalismo. Patente en la producción de redundancia, la contradicción entre producción y reproducción, el crecimiento de la desigualdad y, por último, el calentamiento global. El caso de España es un buen ejemplo.

Dos preguntas y dos hipótesis para empezar. ¿Qué es lo que explica la creciente importancia de las migraciones en el siglo XXI? ¿Cuál puede ser su evolución futura? Para responder a esta doble cuestión, hay que tener en cuenta que las migraciones dependen de la situación económica, política y demográfica, constituyendo, a la vez, uno de los fenómenos demográficos de más difícil previsión, en parte por su asociación con los ciclos económicos. La principal tesis de la que parto no pretende ser nada original.

La migración internacional, su aceleración, diversificación y crecimiento en el siglo XXI son ante todo producto del proceso de globalización.

Su futuro pues, está fundamentalmente ligado al desarrollo o colapso de ese proceso y al posible impacto de la llamada cuarta revolución industrial.1 La segunda hipótesis, no tan evidente, es que esa relación está marcada por la creciente contradicción entre el sistema de reproducción demográfico y social, y el orden capitalista, definiendo contradicción, como el desarrollo de tendencias antagónicas que conducen hacia una crisis.2

En esta gran contradicción enunciada, podemos encontrar subsumidas otras cuatro contradicciones:

1)  La primera y principal es que la creación constante de redundancia forme parte de la estrategia reproductiva del sistema capitalista, y que esta parece que se agudizará con la cuarta revolución industrial.

2) La segunda es la dependencia del trabajo productivo, respecto al trabajo reproductivo, sin que esta se reconozca, de modo que o se mantiene al margen del mercado, o cuando se externaliza en el mismo, lo hace de forma generizada y sistemáticamente devaluada.

3) La tercera es que, a despecho del discurso sobre la “diversidad”, la segmentación del mercado laboral se fundamenta sobre la división sexual del trabajo, la racialización y el crecimiento de la desigualdad entre clases sociales.

4) Por último, pero actuando como marco general, señalamos la contradicción que representa un sistema basado en el crecimiento continuo (también demográfico) y la conservación del medio ambiente, manifestada por el calentamiento global que ha precipitado el cambio climático.

Es a partir de esa doble premisa inicial –globalización y contradicción entre reproducción demográfica y social y capitalismo–, desde donde desgranaré los principales desafíos demográficos y sociales del futuro relacionados con las migraciones internacionales. El caso español, constituye un ejemplo paradigmático de ese proceso, teniendo en cuenta su fulgurante paso de país de emigración secular a país de inmigración a finales del siglo XX y la particular intensidad de los flujos migratorios internacionales recibidos durante el siglo XXI. Estamos hablando de nada menos que dos booms migratorios. El primero de 2000 a 2007, truncado por la crisis económica y el segundo de 2014 a 2019, frustrado por la pandemia, que registraron respectivamente 4,9 millones y 3,6 millones de altas desde el extranjero. A lo que hay que añadir episodios de emigración notable durante la Gran recesión que afectó tanto a la población inmigrada durante el primer boom inmigratorio como a la población nativa, en especial a los jóvenes con mayor nivel de estudios, con 2,2 millones de salidas entre 2008 y 2013.

 

La pista de baile: globalización y movimientos migratorios durante el siglo XXI

 La globalización, ha sido definida como la aceleración de la mundialización económica, caracterizada por la transnacionalización del proceso de producción, de las finanzas y de los circuitos de acumulación de capital, con la emergencia de una clase capitalista transnacion.3 En este proceso la  movilización de la mano de obra a escala planetaria ha sido una de sus principales componentes y, como consecuencia, la creación de nuevos “sistemas migratorios”. Entre 2000 y 2020, las personas viviendo en un país que no era el de nacimiento en todo el mundo pasaron de los 152,98 millones a los 280,65 millones (de un 2,5% a un 3,6% de la población mundial, respectivamente), según las estimaciones de Naciones Unidas. Su traducción aproximada en flujos representarían unos 358,2 millones de movimientos en el mismo período. Hay que considerar estas cifras como mínimas, teniendo en cuenta la pobreza de los datos de efectivos iniciales a partir de los cuales se estiman los flujos.

Sea como sea, esas corrientes migratorias que tienden a organizarse como sistemas que incluyen flujos humanos propiamente dichos, de capital y de mercancías, entre diferentes territorios, no solo han crecido en magnitud, se han acelerado y diversificado, sino que se han hecho más complejos. Así que cada vez resulta más difícil clasificarlos por separado si nos referimos a sus causas, mucho menos si atendemos a la percepción de sus protagonistas –trabajo, estudios, ocio, o desplazamientos forzados, dando lugar estos últimos a migraciones por razones políticas, por conflictos bélicos o por razones climáticas o ambientales–. Lo mismo podemos decir de su impacto territorial, siendo cada vez más los países que pueden ser al mismo tiempo receptores y emisores de flujos migratorios a diferentes escalas territoriales, con movimientos de tipo estacional, circular o permanente de difícil previsión y que escapan a la voluntad de los propios migrantes.

Las corrientes migratorias no solo han crecido en magnitud y se han acelerado y diversificado, sino que se han hecho más complejas

El actual escenario de la globalización, que en sí mismo constituye una nueva fase del orden capitalista, ha incrementado la producción de redundancia, entendida ya no como la mano de obra excedente o ejército de reserva, como en la primera industrialización, sino como la masa de trabajadores que no tienen cómo acceder o son expulsados del mercado laboral, que difícilmente podrán reintegrarse al mismo y que, si lo hacen ocasionalmente, será en condiciones de absoluta precariedad y desregularización. En los países del Norte global, como España, esa creación explosiva de redundancia tuvo uno de sus detonantes en la deslocalización, y se acrecentó con el aumento de la desigualdad puesta de manifiesto a partir de la Gran recesión de 2008, el deterioro de las clases medias, acompañado por el descenso de la movilidad social para las generaciones más recientes y el empobrecimiento de las capas populares. La sindemia provocada por la COVID-19 y la crisis energética acrecentada por la invasión de Ucrania no han hecho más que empeorar esta situación, donde la inflación castiga especialmente a los más vulnerables. En el Sur global, el empobrecimiento y los ciclos de expulsiones del mercado laboral, a partir de la aplicación de las políticas de ajuste estructural, que ya se venía dando desde los años ochenta del siglo XX, alimentaron esos flujos necesarios para la globalización, que se apercibieron como yacimientos de mano de obra barata e inagotable. Ciclos de expulsión que afectaron tanto a las clases medias como a las clases populares, provocando desplazamientos forzados en el interior de los países, promovidos tanto por los conflictos políticos como por los bélicos, por la implosión de estados incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es en el Sur global además donde las consecuencias tanto de la sindemia ocasionada por la pandemia, como de la inflación y carestía de alimentos provocada por la invasión rusa de Crimea se han magnificado ocasionando hambrunas en los eslabones más míseros. La primera contradicción, pues, la encontramos en que al mismo tiempo que parte de la población trabajadora del centro era expulsada del mercado de trabajo –especialmente en el sector industrial, ampliándose más tarde a otros sectores–, se incrementaba la demanda cubierta por trabajadores del Sur global para un mercado progresivamente dualizado y desregularizado. De hecho, puede considerarse que los migrantes se convirtieron en los conejillos de indias de la desregularización . Esa demanda de fuerza de trabajo se da tanto para cubrir la ocupación en el segmento primario altamente cualificado como, sobre todo, en el secundario, caracterizado por la oferta de baja cualificación. Entre estos últimos, aparte del sector servicios, debemos subrayar aquellos generados por el trabajo reproductivo, y por lo tanto fuertemente feminizado, constituyendo lo que se ha llamado “cadena global de cuidados”.4

Puede considerarse que los migrantes se convirtieron en los conejillos de indias de la desregulación

También en esta transformación el caso español ha sido ejemplar, y por ello la inmigración recibida durante los primeros años del nuevo milenio la situó solo por detrás de los Estados Unidos en la recepción de flujos migratorios. Aunque se ha señalado como principal factor del crecimiento de la inmigración en España la escasez relativa de jóvenes en la entrada al mercado de trabajo producida por la baja fecundidad precedente –las llamadas “migraciones de reemplazo”–, las razones son más complejas. Además de esa escasez relativa, deberemos considerar ante todo el crecimiento económico del país tras el ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, y la expansión del sector servicios con el turismo a la cabeza, que eclipsaba la desarticulación y deslocalización de actividades industriales tal y como hemos adelantado. Pero también deberemos entender la contribución a esa demanda de trabajo reproductivo que supuso la coincidencia de la mejora de los niveles de instrucción de las generaciones más jóvenes, mucho más entre las mujeres –y consecuentemente el aumento de las aspiraciones laborales de los miembros de las mismas–, en un contexto de debilidad del Estado de bienestar, donde la conciliación entre vida familiar y vida laboral, fue asumida sustancialmente gracias a la participación de las generaciones mayores, lo que se ha llamado “Revolución reproductiva”.5 El alargamiento de la esperanza de vida y la mejora de la salud, que en España alcanzó también máximos mundiales con 85,06 años para las mujeres y 79,59 para los hombres en 2020, actuó como un arma de doble filo: si por un lado facilitaba la citada revolución reproductiva, por el otro a largo plazo incrementaba el número de dependientes. Cuando ese apaño intergeneracional ya no fue posible –entre otros factores por la progresiva pérdida de autonomía de esas mismas generaciones mayores–, la externalización de ese trabajo reproductivo en el mercado –trabajo doméstico, cuidado de niños y ancianos–, actuó como como aspiradora de la migración, predominantemente femenina, activando la mencionada cadena global de cuidados. En el caso español, esa demanda se satisfizo sobre todo con inmigración de procedencia latinoamericana, con más de un tercio de toda la inmigración del siglo XXI, protagonistas tanto del primer como del segundo boom migratorio. Es durante ese tiempo que el mercado laboral español se desregulariza y profundiza en su segmentación. La situación periférica de España respecto a otros países del Norte global y concretamente en la Unión Europea, especializándose en sectores de baja productividad, pero uso intensivo de mano de obra barata, explica también ese crecimiento singular y diferencial de los flujos.

 

 Bajo los focos: mercado y estado

 La contradicción entre la creación de redundancia entre los trabajadores nativos y la simultánea necesidad de migrantes se ha querido presentar de dos maneras complementarias: primero, como una prueba de la erosión del Estado, por parte de las instituciones supraestatales que promoverían la globalización; por otra, como un efecto de la “presión migratoria”, fórmula utilizada para sintetizar los factores demográficos que supuestamente aumentan los candidatos a la migración, léase, el diferencial entre fecundidad del Norte y del Sur, o entre las estructuras por edad de la población, envejecida en el Norte y joven en el Sur. Las dos lecturas son tan complementarias como espurias. Primero, la globalización ha sido posible gracias a la acción reguladora y desreguladora del Estado en defensa del capital. Segundo, aunque los diferenciales demográficos puedan traducirse como potencial humano, no son la causa de las migraciones, más de lo que puede ser la demanda económica generada desde el Norte global, la incapacidad del sistema productivo de los países del Sur de sostener un mercado de trabajo que absorba su población joven, o la privación relativa entre la población del Sur global –el efecto de atracción ejercida por los muy superiores niveles y estilos de vida de sus vecinos septentrionales–. Pensemos solo en dos ejemplos, Ucrania es uno de los países más envejecidos de Europa y es emigratorio, de hecho la emigración incide en ese perfil de la pirámide de población. La propia España, con su muy baja fecundidad, en lo peor de la Gran recesión, no solo vio cómo esa escasez relativa de jóvenes en el mercado pasaba a ser irrelevante sino que los jóvenes pertenecientes a las cohortes menos numerosas se encontraron expulsadas del mismo. Eso por no señalar que durante el primer boom la mayoría de inmigrados se acumulaban en las generaciones llenas de los baby boomers, y no en las posteriores relativamente vacías en cuanto al número de efectivos, como sucederá más tarde con los millenials.

Una segunda discordancia aparece cuando a esa demanda constante y creciente promovida por el mercado le corresponde una acción política del Estado restrictiva, tanto en su recepción como acomodación. A veces se ha explicado esa flagrante contradicción como el precio que se paga ante la presión de la opinión pública de los autóctonos en contra de las migraciones, o como pretexto para impedir el supuesto “efecto llamada”. Es decir, aunque se necesiten migrantes, las condiciones para las migraciones se dificultan como forma de evitar o de aplacar el descontento de nacionales y de limitar a la vez los flujos potenciales. Sin embargo, la negativa a diseñar políticas que faciliten las migraciones en los Estados del Norte global –salvo para los inmigrantes altamente cualificados–, lo que refleja es la dependencia conceptual de la política migratoria subordinada a la construcción de un mercado laboral ideal minimizando al máximo los gastos. Política que para empezar exacerba el desequilibrio en la distribución de costos y beneficios de la inmigración entre el sector público y el privado a favor de este último, pero que insidiosamente, esconde la reversión de los costes y los riesgos de la inmigración en los propios inmigrantes, a veces poniendo en peligro sus propias vidas, primero, y en la población que comparte trabajo y lugar de residencia segundo, ahorrándose la inversión en acomodación. Tras la Gran Recesión, la masa de trabajadores nativos expulsados del mercado de trabajo o precarizados y el círculo aún superior de los que temen por su seguridad laboral, han constituido el caladero de los movimientos nacionalpopulistas de derechas dispuestos a explotar esas contradicciones, aprovechándose del resentimiento de la población que ha perdido con la globalización, y presentando a los inmigrantes como chivo expiatorio. Este esquema funciona tanto para el trumpismo en los Estados Unidos, como para el auge de Fratelli d’Italia o de VOX en España.

La crisis de los refugiados de 2015, puso en evidencia esa fragilidad, acabando por beneficiar al régimen dictatorial de Tayyip Erdogan en Turquía y a las facciones libias en connivencia con las mafias que controlan el tráfico de migrantes en el Mediterráneo central. Poniendo en entredicho la fortaleza de la Unión Europea, a costa de los derechos de miles de refugiados, principalmente de origen sirio. La deportación de demandantes de asilo a Uganda o Etiopía, por parte de Gran Bretaña y Dinamarca, ha de considerarse un paso más en esa lógica. Por desgracia, España también destaca en esa faceta, siendo, por un lado, uno de los países pioneros de la externalización –respecto a Marruecos en 2004, extendida más tarde a Mauritania y Senegal–, y hasta cierto punto modelo de la política comunitaria, y, por el otro, manteniéndose como uno de los estados más restrictivos en la concesión de permisos de asilo y refugio desde principios del siglo XXI.

Como corolario de la política migratoria fallida figura la externalización el control de las fronteras y la limitación de la recepción y derechos de los refugiados

La externalización de fronteras nos hace dependientes de autocracias, pero, sobre todo, carcome la propia democracia, no solo por incumplir los acuerdos mínimos sobre refugio, sino por hacer aceptable esa degradación política a su ciudadanía, haciéndola cómplice de la colonialidad de esa política. Esa degradación ha sido defendida bajo la falsa evidencia de la “ética del bote salvavidas”. Recordemos, esa fábula argumentada en los años sesenta por Garrett Hardin6 que sostenía que pese a las buenas intenciones solidarías las poblaciones de los países ricos no podían hacerse cargo de las emergencias de los países pobres, ya que lo que estaba en juego era la propia subsistencia. Traducido a la política de la Unión Europa, la aplicación de esa máxima cínica es la que explica nuestra impasibilidad ante los naufragios de las pateras. Se trataría de enfrentarse a la cruda disyuntiva de elegir entre su vida y nuestro bienestar. Es lo que en alguna ocasión he calificado de tanatopolítica, de respuesta negativa a la pregunta biopolítica de ¿a quién salvar y a quién dejar morir? 7 Los, como mínimo, 37 muertos en junio de 2022, por la acción de la gendarmería marroquí en la frontera melillense y la bochornosa felicitación posterior por parte del presidente del Estado español, son el último episodio de esa política. Siendo habitual que los medios de comunicación y la clase política ponga el foco en “la presión migratoria” y “el aumento de la irregularidad”, sin aplicarse a las raíces del empoderamiento de regímenes antidemocráticos en poner en sus manos el grifo de las migraciones, provocando avalanchas cuando les ha convenido. En el caso de Marruecos, fuera en las relaciones bilaterales como la renegociación de la pesca o la entrada de productos agrícolas o el reconocimiento del frente Polisario y la posterior dejación de la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui por parte del Gobierno español, o por razones internas. Ese parece ser el mal menor del mantenimiento de nuestro bienestar.

 

Seguir bailando en la incertidumbre

 Si algo hemos aprendido después de la crisis provocada por la Gran recesión y de la siguiente originada por la pandemia, es que las promesas hechas en el punto álgido de las mismas se las lleva el viento de la recuperación con tanta facilidad como las esperanzas que suscitaron en su momento. Relatos como la refundación del sistema capitalista durante la primera, el empujón a la descarbonización y la transición energética, y la conveniencia de aplicar un sistema de renta mínima universal en la segunda han sido fácilmente olvidados con la vuelta a la “Vieja normalidad”. Una vez se ha desvanecido el fantasma del estallido social inminente. El aumento abusivo en el precio de los servicios como el gas y con este de la electricidad, la Guerra de Ucrania y la estanflación han hecho el resto. Esa reincidencia en los errores conocidos no tiene excusas.

La recuperación económica tras la crisis de 2008-2013, se saldó en España con lo que era un segundo boom migratorio que apuntaba a superar al primero, solo truncado por la pandemia cuya afectación ha sido, en lo numérico, coyuntural. Si en el mes de abril de 2020, tras la declaración del Estado de alarma y el cierre de fronteras de marzo, la inmigración internacional llegó a mínimos, ya en el mes de mayo –y la oportuna apertura de fronteras con vistas al negocio turístico–, los flujos empezaron a recuperarse. No todo es igual, en el segundo boom de 2014 a 2019, aunque también protagonizado por latinoamericanos, los factores de expulsión parecían pesar más que los de la posible atracción generada por el mercado laboral español. Expulsiones masivas de población por razones políticas –véase el crecimiento de los flujos de venezolanos–, económicas –consecuencias de las políticas neoliberales en Argentina y Colombia–, o de inseguridad por estados casi fallidos –razón de los nuevos flujos centroamericanos, con hondureños a la cabeza, agravados por el cierre de fronteras de los Estados Unidos, destino tradicional de esos flujos–, constituyen un patrón en España. Una evidencia sangrante de las limitaciones que nos encontramos en materia de migraciones ha sido la recepción de los refugiados ucranianos, por partida doble. Primero por ver como los prejuicios los favorecieron respecto a los refugiados sirios –promoviendo la simpatía incluso de los países como Polonia y Hungría, caracterizados por sus políticas antiinmigratorias–. Segundo, al constatar la completa ineficacia de las políticas estatales que abandonaron a migrantes y familias acogedoras a su suerte. Justificando cínicamente más tarde que el retorno de los refugiados se daba por propia voluntad y porque la situación en el campo de batalla había mejorado (sic!). Solo el storytelling entonado por el neoliberalismo puede explicar que nos mantengamos siguiendo el compás de este perreo como autómatas, bajo la carpa de la resiliencia.

Tampoco la situación de la población inmigrada ya establecida en los diferentes países, entre ellos España, parece mejorar. Con la movilidad social ascendente paralizada para ellos y sus descendientes, pero también para la población autóctona, los recelos y las dificultades para la plena integración económica, política y cultural son cada vez mayores . Si en lo económico, la brecha entre la población africana inmigrada en España y el resto de la población española e inmigrada es muy preocupante,8 la dificultad a la integración política, empezando por el derecho al voto, resulta tan atronadora como obviada.9 Por último, la falta de integración cultural sigue siendo negada bajo la acusación de “separatismo cultural” (donde supuestamente son los recién llegados y sus descendientes los que no quieren integrarse).

El crecimiento de la población africana en los próximos 30 años, pasando de los 1.300 millones de habitantes en 2020 a los 2.500 millones y los efectos sobre las poblaciones de las catástrofes que el cambio climático producirá en ese mismo periodo, combinados, son los dos argumentos para reforzar la previsión de un incremento excepcional de los flujos migratorios desde el Sur global al Norte global. Ese horizonte inquietante adquiere tintes siniestros si añadimos los problemas de seguridad y el aumento de movimientos antidemocráticos que aprovechan la coyuntura. En paralelo, la gran promesa de la cuarta revolución industrial y la panacea del desarrollo de la inteligencia artificial, junto con el internet de las cosas, no parece que pueda absorber la mano de obra redundante creada durante la tercera revolución industrial, antes al contrario, tendería a incrementarla al tiempo que ahonda en la segmentación del mercado. Tanto por la reducción de la ocupación en los sectores nacidos de la innovación y su destrucción en los desfasados, como por el ritmo acelerado de obsolescencia que crea la misma revolución tecnológica. La reordenación geopolítica a escala global y el crecimiento de las tensiones por la hegemonía del sistema, añaden incertidumbre sobre el volumen, características y direcciones que puedan presentar unos flujos migratorios que cada vez más parecen una respuesta de resiliencia a los cambios que se avecinan durante este período crucial para la humanidad. El sueño escapista del transhumanismo, de la expansión espacial o de la huida al Metaverso no parecen ser la solución.

Como el público de la película de Sidney Pollak, de 1969, They Shoot Horses, Don't They?, estrenada en España con el título de ¡Danzad, danzad, malditos!, en el agobiante contexto de la depresión económica de los años treinta del siglo XX, cien años más tarde la desgracia de los danzantes (migrantes) se nos ofrece como espectáculo morboso donde olvidar nuestra propia fatalidad.

 

Andreu Domingo Valls es subdirector e investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.

NOTAS

1 Andreu Domingo y Nachatter Singh-Garha, «La gran mobilització: globalització i migracions», Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm. 68 (3), 2022, pp. 467-480.

2 David Harvey, Decisiete contradicciones y el fin del capitalismo, IEN, Traficantes de sueños, Madrid, 2014.

3 William Robinson, El capitalismo global y la crisis de la humanidad, Siglo XXI, México, 2021.

4 Arlie R. Hochschild,  «Global Care Chains and Emotional Surplus Value», en Will Hutton y Anthony Giddens, (eds) On The Edge: Living with Global Capitalism, Jonathan Cape, Londres, 2000, 49-63.

5 Julio Pérez,  La madurez de masas, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Madrid, 2013.

6 Garrett Hardin,  «Living on a Lifeboat. A reprint from BioScience, October 1974», The Social Contract, otoño de 2001, pp. 36-47.

7 Andreu Domingo, «La crisis del Open Arms. Migraciones, Estado y deriva tanatopolítica», en Isidro Dubert, y Antía Pérez Caramés (coords.), Invasión migratoria y envejecimiento demográfico, La Catarata, Madrid, 2021, pp. 47-73.

8 Andreu Domingo, Jordi Bayona y Silvia Gastón-Guiu, «Integración segmentada de la población africana en España: precariedad laboral y segregación residencial», La inserción social y laboral de inmigrantes y refugiados en España. Mediterráneo Económico, núm. 36, 2022, pp. 199-219.

9 Antonio Izquierdo, «La exclusión de vidas ajenas: la integración social de los inmigrantes extranjeros en España (2018-2021)», La inserción social y laboral de inmigrantes y refugiados en España. Mediterráneo Económico, núm. 36, 2022, pp. 125-140.


Nueva demografía, viejas ideologías

Nueva demografía, viejas ideologías, (o El cambio demográfico y la respuesta política), Julio Pérez Díaz, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 160, invierno 2022-2023, pp. 13-24.

Son bien conocidas las grandes transformaciones económicas, políticas o sociales que conducen hasta el mundo contemporáneo. Pero al cambio demográfico, el de mayor envergadura y trascendencia, acontecido en apenas el último siglo, el de mayores consecuencias para todos los aspectos de la vida de las personas y sus relaciones con los demás, todavía no se le reconoce su papel crucial.

No se le presta atención apenas en los manuales de historia, de economía, de las ideas políticas o de la sociología, como si no se supiese bien dónde situarlo, qué interrelación tiene con tales materias, en qué manera las condiciona, influye o determina.

A falta de explicaciones y directrices científicas o académicas, las reacciones ante el cambio demográfico son básicamente de orden político, religioso o mediático. No debería constituir un problema si no fuese porque usan marcos interpretativos e ideologías obsoletas, anclados en ideas sobre las poblaciones muy anteriores a su gran transformación. El resultado es la proliferación de alarmas apocalípticas ante tendencias poblacionales cuyas causas no se comprenden y cuyas consecuencias se vienen anticipando erróneamente desde hace más de un siglo, malbaratando esfuerzos y recursos para intentar frenarlas o revertirlas, cosa que nunca se ha conseguido. Esta obsesión demográfica se implantó en un amplio abanico de ideologías y tendencias políticas en las primeras décadas del siglo XX, especialmente durante la intensificación del nacionalismo europeo, imperialista, racista, militarista y moralista (desde el fascismo alemán hasta el comunismo stalinista), pero se vio frenada por la destrucción causada por dos guerras mundiales y un imprevisto baby boom al empezar la segunda mitad del siglo. La potencia vencedora y hegemónica desde entonces, Estados Unidos, pasó a interesarse más por el "exceso de crecimiento" del Tercer Mundo que por su propio cambio demográfico.

Sin embargo, desde los años ochenta el alarmismo ha vuelto a ganar fuerza, esta vez de la mano del renacido espectro político ultraconservador, casi siempre con fuerte influencia religiosa, que está devolviendo a la demografía el rol de gran amenaza y justificación para oponerse a muy diversos cambios sociales, políticos y legales que parecían logros consolidados de los estados democráticos.

 

El gran cambio: en qué consiste

La población mundial creció siempre muy lentamente, incluso con retrocesos (la "peste negra" redujo en un tercio la población europea), hasta finales del siglo XIX. El siglo terminó con unos 1.200 millones de personas, pero durante el siguiente una ruptura histórica elevó la población humana hasta más de 6.000 millones. Y el determinante no fue una mayor fecundidad, que siempre había estado en torno a cinco o seis hijos por mujer y difícilmente hubiese podido incrementarse más con los recursos disponibles. Por el contrario, a la vez que la población crecía, la fecundidad se desplomaba hasta los niveles nunca vistos, que en muchos países del mundo ya no alcanza los dos hijos. El auténtico desencadenante fue el descenso de la mortalidad.

Jamás ninguna población humana de cierta envergadura había conseguido una esperanza de vida superior a los treinta y cinco años (muchos países no alcanzaban los treinta a finales del siglo XIX), pero acabado el siglo XX el indicador superaba los ochenta años en lugares como España, y en el conjunto de la humanidad se acercó a los setenta. Lógicamente, como ya era previsible al comenzar esta ruptura histórica, también la pirámide de edades ha experimentado otro cambio dramático, reduciendo la proporción de menores (que siempre había estado en torno al tercio de la población y cuyo peso ha disminuido a menos de la mitad) y aumentando la proporción de mayores como nunca se había visto, desde un ancestral 4-5%, hasta más del 20% actual.

En definitiva, la demografía humana ha experimentado un vuelco enorme, arrastrando con ella infinidad de otras características tradicionales de los seres humanos, desde su conyugalidad hasta su sexualidad, desde la composición de los hogares hasta el tamaño y extensión de las redes familiares. Resulta crucial comprender la envergadura y los mecanismos de un cambio tan brusco y planetario, y lo que apunto aquí no es más que un esbozo que permitirá después señalar la gran paradoja de los alarmismos y catastrofismos demográficos.

Si ha de resumirse lo conseguido por la humanidad en poco más de un siglo puede decirse que ha sido revolucionar su manera de reproducirse. El cambio puede expresarse en términos de eficiencia reproductiva, si se entiende como tal la relación medible entre el volumen de población que se alcanza y la cantidad de nacimientos requeridos. Recuérdese que el análisis demográfico tiene como núcleo temático y teórico precisamente eso, la descripción del volumen poblacional, sus características y evolución, y el análisis de los diferentes factores que lo condicionan en forma de entradas y salidas de sus componentes (nacimientos, defunciones, entradas y salidas migratorias). Tales factores explican la reproducción demográfica, dado que ninguno de los integrantes de cualquier población es eterno. Demasiado a menudo se identifica la reproducción exclusivamente con la fecundidad, olvidando que es la mortalidad el auténtico condicionante primigenio de la reproducción, y que de poco sirve que en una población las personas tengan muchos hijos si ninguno sobrevive hasta tener edades reproductivas.

Venimos de un larguísimo pasado sin demasiados progresos en esa eficiencia, que era muy escasa porque la poca duración de las vidas hacía necesaria una gran cantidad de nacimientos simplemente para evitar la extinción y mantener volúmenes poblacionales parcos e inestables. La clave para mejorar esa eficiencia no ha sido aumentar la fecundidad, sino dotar a los hijos de más años de vida. Este concepto, el año-vida-persona (discúlpese este nuevo tecnicismo de demógrafo), es la auténtica unidad del análisis demográfico, y su manejo es el que permite cosas como construir tablas de mortalidad o proyecciones de población. El trabajo para conseguir que los hijos vivieran era titánico, habida cuenta de las frecuentes crisis de mortalidad que han plagado nuestra historia (hambres, epidemias y guerras) pero, sobre todo, de la elevadísima mortalidad infantil. Por motivos que tienen que ver con las malas condiciones en torno al parto (letal también para muchas madres), pero también con la mala calidad del agua y los alimentos, la escasa protección frente al frío o al calor, la incomprensión de las causas de las enfermedades infecciosas y la deficiente y poco extendida atención médico-sanitaria, lo normal en el ser humano ha sido siempre perder uno de cada cinco hijos antes de que cumpla el primer año de vida (el siglo XX empezó en España todavía con una mortalidad infantil en torno al 200‰). A ello debe sumarse que en los siguientes años de vida la elevada mortalidad, aunque menor a la inicial, seguía acumulándose, de manera que la probabilidad de cumplir los quince años siempre fue inferior al 50%.

Añádase que, con una perdida de la mitad de los efectivos iniciales de cualquier generación antes de esa edad, los escasos sobrevivientes que alcanzaban edades fecundas todavía tenían que cumplir los difíciles requisitos sociales y económicos para formar pareja y para mantener y cuidar una familia (la soltería definitiva era muy alta en nuestro pasado, especialmente para las mujeres). Se entiende así que, quienes superaban todos los obstáculos, tuviesen que aplicarse a tener hijos con gran intensidad, escasos medios y probabilidades de éxito harto precarias. Y ello solo para mantener una población parca e inestable.

El determinante del fuerte aumento de población no fue una mayor fecundidad, sino el descenso de la mortalidad

El lento espaciamiento de las grandes crisis de mortalidad y la progresiva mejora de la mortalidad infantil desencadenaron un proceso acumulativo que empezó a mejorar la eficiencia reproductiva. Eran solo el primer paso. Que un recién nacido sobreviva en las primeras horas o semanas para morir a los diez años aumenta en una persona el volumen de la población durante esos años adicionales, pero la mejora reproductiva global es escasa y lenta.

Sin embargo existe un umbral de supervivencia que lo cambia todo y produce la revolución que estamos viviendo. A medida que la mayor parte de los nacidos iba aumentando en años vividos se alcanzó dicho punto crítico, que no es otro que  las edades a las que, a su vez, podían tener sus propios hijos. Esta supervivencia mayoritaria hasta las edades fecundas desencadenó un aumento radical, explosivo, de la eficiencia, similar al aumento de productividad generado por otras revoluciones productivas como la industrial o la informática. De repente, cada nuevo nacido aportaba a la población total un número indeterminado de años-vida muy superior a su propia duración, desencadenando un crecimiento demográfico sin precedentes.

La revolución reproductiva no es, conviene insistir, resultado de una fecundidad mayor. De hecho, la reducción de la fecundidad ha sido uno de los comportamientos que la han propiciado. Los años de vida con que cada generación va dotando a su descendencia no se consiguen simplemente con el parto (reproducir no es parir) ni se van aumentando sin que haya costes. El ser humano nace completamente desvalido, y aumentar su vida posterior al nacimiento requiere aumentar los recursos que se le dedican, recursos que incluyen el tiempo dedicado a su cuidado, la mejor alimentación, la renuncia a la explotación laboral precoz, la atención en la enfermedad y los medicamentos y conocimientos adecuados, su higiene personal y la de su entorno, las condiciones de la vivienda y un largo etcétera que engloba, en resumen, todos los factores que rodena los primeros años de vida. Disminuir el tamaño de la descendencia ha sido uno de los factores que ha posibilitado incrementar todos esos recursos para los hijos que se tienen. Hemos cambiado los muchos nacimientos que viven pocos años por menos nacimientos que viven mucho más. Una de las consecuencias es que, por primera vez en la historia humana, todos los que nacen tienen por delante vidas completas, incluyendo la vejez. En otro lugar lo he calificado como «la democratización de la supervivencia».

Un último añadido sobre la esencia de este cambio: también afecta a la pirámide de población. Vidas completas conseguidas con menos nacimientos no solo hacen crecer la población hasta tamaños si precedentes, también aumentan la cúspide de la pirámide y reducen su base. Este cambio es otro de los grandes argumentos del alarmismo poblacional, el llamado envejecimiento demográfico.

 

Qué respuestas se le han dado

Desde que se empezó a percibir el cambio las respuestas políticas han sido paranoicas, porque en el nacionalismo de Estado y en las religiones mayoritarias la elevada fecundidad se había consolidado como una necesidad ineludible para un mayor engrandecimiento y competitividad. Desde finales del siglo XIX, especialmente en el continente europeo donde se encontraban las mayores potencias económicas y coloniales, la generalización de los sistemas estadísticos nacionales y la implantación de las modernas técnicas de análisis demográfico permitieron detectar cómo la fecundidad tradicional empezaba a disminuir. Y sonaron las alarmas, se usó el cambio demográfico para predecir “La Decadencia de Occidente” y se habló de degeneración social y nacional.

Prueba de que el alarmismo era impermeable, como hoy, a la explicación científica de lo que estaba cambiando es que, ya hacia los años veinte, demógrafos de diferentes lugares detectaron una pauta histórica repetida en los países de fecundidad descendente: en todos ellos primero había disminuido la mortalidad, de manera que existía un lapso de años hasta que la natalidad "respondía" a la baja, apuntando a una futura recuperación del equilibrio, que ahora sería de ambos indicadores en niveles bajos. Mientras tanto esos países, incluso con natalidad ya en descenso, veían crecer rápidamente su población, cosa que ocurría con toda la Europa a caballo de los siglos XIX y XX. Esta regularidad encontrada por los científicos acabó llamándose "transición demográfica", pero no tuvo ningún efecto calmante para las histerias confesionales y nacionalistas, cuya mirada no quería ir más allá del descenso de la fecundidad y de sus terribles consecuencias.

Por primera vez en la historia, todos los que nacen tienen por delante vidas completas. Es lo que he llamado "la democratización de la supervivencia"

Lo cierto es que ante un cambio de la envergadura detectada, que con el tiempo se fue extendiendo a todo el planeta, solo cabían dos tipos de respuestas estatales, las llamadas "políticas demográficas", aquellas que tienen por objetivo detener y revertir la evolución previsible de la fecundidad, y las "políticas sociales", cuyo objetivo es la aceptación del cambio y la adaptación a él. Las que se adoptaron fueron abrumadoramente las demográficas. Eran décadas en que los gobernantes de los países más avanzados creían todavía que la población podía ser modelada, aumentada, mejorada. La población era un recurso más del Estado para hacerlo más fuerte en los conflictos internacionales y en la resistencia contra los movimientos sociales internos que estaban creciendo en la oposición, especialmente los obreros, amenazando con tomar el poder.

Así pues, las primeras décadas del siglo XX son de generalizado esfuerzo natalista, como un complemento del imperialismo y de la competencia con las demás grandes potencias internacionales. Este natalismo era sinónimo de patriotismo; se apoyaba a menudo en las ideas tradicionales sobre el papel de la mujer y de la familia, y contaba con aval religioso muchas veces. Pero no solo los regímenes autoritarios conservadores y confesionales se volvieron natalistas, porque en realidad el natalismo acabó incrustado en la propia concepción del Estado nación. Democracias liberales como la francesa, o dictaduras del pueblo como la soviética durante el estalinismo se volvieron intensamente natalistas. Las medallas a la madre heroica y a las familias numerosas se volvieron una pauta generalizada, igual que se combatía la anticoncepción y el aborto, y se generalizaba una "protección a la familia" que permeaba toda la legislación con la que se construyeron los sistemas de salud y protección social en todo el mundo tras la crisis de 1929. No era al ciudadano al que se protegía, ni eran sus necesidades y aspiraciones el objetivo político de los estados. El bien mayor a proteger era la patria tal como la concebían las élites gobernantes. Las poblaciones eran la herramienta, no el beneficiario de las políticas de población.

Cabe preguntarse si esta avalancha abrumadora de medidas políticas encaminadas a detener y revertir el descenso de la fecundidad logró sus objetivos. Y la respuesta es que no. Pese a la gran diversidad de modelos natalistas, desde los más autoritarios y represores (la Rumanía de Ceaucescu es un ejemplo extremo) hasta los más liberales o socialdemócratas, como el francés o el nórdico, todos fracasaron estrepitosamente y la fecundidad siguió descendiendo.

Si la atención política dejó de reflejar el pánico demográfico de las primeras décadas fue porque las relaciones internacionales se vieron completamente modificadas tras las dos guerras mundiales, y las potencias europeas perdieron su lugar hegemónico frente al único ganador de la contienda, EEUU. Tras 1945 resultaba ya una quimera en Europa mantener los imperios coloniales y el natalismo anterior (con la única excepción de Francia, que intentó mantener un papel internacional de tercera gran potencia, con programa nuclear propio, participación en la carrera espacial, mantenimiento de las colonias y el mayor gasto del mundo en fomento de la natalidad, Indochina o Argelia, revelaron su inutilidad, de la misma manera que la natalidad siguió descendiendo.

Así que durante unos años, los posteriores al fin de la guerra, la atención se centró en la reconstrucción económica nacional y en los intereses de quienes seguían jugando con peso relevante en el tablero internacional, la URSS y EEUU, pronto enfrentados en la llamada Guerra Fría. Coincidieron estos años con una fuerte competencia por el rápido desarrollo económico (fueron los años del desarrollismo) y este se vio acompañado en muchos países –especialmente los anglosajones– por una imprevista recuperación de la natalidad, iniciada con el fin de la guerra y la vuelta de las tropas a sus países, pero continuada por las buenas perspectivas laborales para los jóvenes. Y si la relajación del alarmismo demográfico no hubiese tenido causa suficiente con el baby boom y con las fuertes migraciones laborales allí donde se requerían para la reconstrucción nacional, a todo ello se sumó que EEUU asumió una política demográfica muy diferente a las tradicionales de las potencias europeas.

La potencia hegemónica había conservado intacto y aumentado su aparato productivo durante la guerra, y su capital se había elevado hasta sustituir a Londres como centro financiero mundial. Tras la guerra, favoreció el desmantelamiento de los antiguos poderes coloniales para abrir nuevos países a sus inversiones y poder exportar su modelo económico a todo el mundo. Y en todo ello se estaba encontrando con dos problemas inesperados y ligados: la expansión del comunismo y el crecimiento demográfico acelerado de los países más pobres, especialmente los asiáticos. Los propios analistas del Pentágono habían llegado a la conclusión de que las revoluciones comunistas en China, Corea o Vietnam se producían en cadena (la “teoría del dominó”) y estaban relacionadas con un aumento poblacional tan rápido que no permitía la acumulación de capital necesaria para realizar las grandes inversiones requeridas para industrializarse. Así que, en vez de esperar a que el descenso de la mortalidad fuese seguido, pasado cierto tiempo, por el de la natalidad, EEUU llegó a la conclusión de que había que provocar, mediante políticas adecuadas, el descenso de la fecundidad en el Tercer Mundo.

Súbitamente el neomaltusianismo, hasta entonces un movimiento de reformistas sociales mayoritariamente femenino, minoritario, ilegal y clandestino, perseguido por enfrentarse a los intereses natalistas de los Estados, se reveló una herramienta útil. Empezó a recibir respaldo financiero y político, a la vez que se promovían cumbres mundiales de población para acordar un programa de acción internacional que frenase la bomba demográfica. Y esta ofensiva internacional tuvo resultados muy visibles ya en los años setenta, cuando enormes países asiáticos como China o India abrazaron programas de control de la natalidad, y los organismos internacionales asumieron la doctrina del control, como lo hizo el Banco Mundial al condicionar las ayudas económicas al desarrollo a que los países que las solicitaban pusieran en marcha programas nacionales de planificación familiar. El natalismo parecía derrotado y abandonado.

 

El gran retorno natalista

La derrota era solo un espejismo. En los años setenta, agotado el baby boom, el descenso de la fecundidad volvió a sus cauces anteriores, esta vez extendido a casi todo el mundo. Esta vez muchos países, como los del Sur o el Este de Europa, descendían muy por debajo de los dos hijos por mujer, y se empezó a hablar de niveles lowest-low. Era la oportunidad de los conservadores nacionalistas de todo cuño para resucitar las propuestas natalistas. Simultáneamente, el gran avalador mundial del neomaltusianismo, EEUU, lo abandonaba súbitamente y volvía a posturas tradicionales sobre la familia y la natalidad, durante el segundo mandato de Ronald Reagan, alcanzado mediante el apoyo de los sectores antiabortistas del país. Este giro, escenificado con el discurso del delegado estadounidense en la Conferencia Internacional de Población de México en 1984, era posible también porque la amenaza comunista se disolvía con la desmembración final de la URSS. Cuando en 1992 se celebró la siguiente conferencia de población en El Cairo, el neomaltusianismo ya no contaba con el apoyo de las grandes inyecciones de dinero norteamericano, y replegaba toda su estrategia para centrarse en la salud reproductiva, y no en el control demográfico mundial. Tan abandonado quedó este propósito que no han vuelto a repetirse estas conferencias internacionales de población.

En los ochenta el natalismo inició un rápido retorno y en el siglo XXI se está convirtiendo en el nuevo estandarte de la extrema derecha

De la mano de los nuevos conservadurismos como el de Reagan o el de Thatcher, en los años ochenta se salió de la crisis económica y financiera que había desencadenado el alza de los precios del petróleo. La filosofía económica keynesiana, propia de la época desarrollista, se abandonó para sustituirla por las recetas neoliberales, privatizadoras y contrarias al exceso de intervención estatal y de gasto público en los asuntos internacionales, económicos y privados. Con este giro, al que se añadía el apoyo político y financiero de las derechas económicas y religiosas, el natalismo inició un rápido retorno en todo el mundo. Tanto es así que durante el siglo XXI se está convirtiendo en el nuevo estandarte de los partidos políticos de extrema derecha, junto a la recuperación del ultranacionalismo, al combate contra el feminismo (y las organizaciones de no heterosexuales), al apoyo a la familia tradicional y a la xenofobia.

En este retorno, el natalismo ha tenido la inestimable ayuda de quienes recuperan rancias alarmas sobre la destrucción de la familia tradicional, el desastre al que nos aboca el envejecimiento demográfico, el papel causal de la baja natalidad en el progresivo abandono rural y la pérdida de las esencias nacionales y religiosas que está causando la invasión inmigratoria. Se trata de falacias propagadas con eficacia y muchos medios, en las que la demografía vuelve a ser un arma ideológica a condición de ignorar a los propios demógrafos. El gran cambio poblacional queda caricaturizado como un destructivo descenso de la fecundidad, aislado del comportamiento de la mortalidad, con el que nunca se relaciona. El envejecimiento demográfico es identificado como una amenaza que debe revertirse, con la única base de que los viejos son una plaga dañina, improductiva y parásita, sin atender a los cambios que la revolución demográfica ha provocado en las características de todas las edades. El abandono rural se atribuye a la baja natalidad, cuando lo cierto es que resulta de la progresiva urbanización mundial y del abandono de los jóvenes. Se llega incluso a recuperar antiguas paranoias ultraderechistas, como la de una conspiración para contaminar y sustituir la raza blanca y cristiana, el “Gran Reemplazo”. Pero probablemente el terreno de combate más disputado es la llamada “ideología de género”, a la que se atribuyen todos los males que conducen a la baja natalidad, cuando lo cierto es que el feminismo organizado prácticamente no existía ni tenía influencias políticas relevantes cuando el descenso de la fecundidad ya era una realidad.

La intoxicación moralista afirma que el individualismo, el egoísmo y la inmoralidad modernas, especialmente en las mujeres, son los que ha provocado la supuestamente desastrosa situación actual de la natalidad. Pero lo cierto es que ha sido el esfuerzo y la generosidad extremos de una generación tras otra para mejorar la vida de los hijos (esfuerzo especialmente intenso por parte de las mujeres, nuestras madres y abuelas), lo que nos ha traído la revolución reproductiva. De hecho, ese es el esfuerzo que realmente ha hecho posible la liberación femenina, permitiendo a las mujeres centrarse en una vida académica y laboral similar a la masculina, y tener una vida independiente no supeditada a la autoridad del varón, la familia o el Estado. Las liberadoras fueron sus madres y padres, teniendo menos hijos que cuidaron y dotaron más y mejor que les habían tratado a ellos las generaciones anteriores. «Tú estudia para no ser como yo», decían muchas madres a sus hijas en los años sesenta y setenta, avalando el consejo con su propia autoexplotación doméstica, fregando escaleras o haciendo de criadas para pagar los estudios de sus hijas e hijos. Cada nueva generación ha visto así su vida mejorada y, a su vez, ha impulsado a su propia descendencia un poco más allá, y ese es el mecanismo básico que explica el cambio demográfico. Qué gran paradoja que ese logro tan único y extraordinario se vea ahora empañado y ensuciado en la opinión pública por los agoreros del desastre demográfico.

Julio Pérez Díaz es demógrafo y sociólogo, e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.


Papeles 164: ¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?

Papeles 164: ¿Quién teme a la Inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en nuestras vidas de forma silenciosa pero masiva.

Esta tecnología plantea cuestiones ecológicas, sociales, económicas, políticas y éticas cruciales para una sociedad. Si la intensificación de la IA solo ha sido posible por la financiarización económica y el hiperdesarrollo de las corporaciones digitales, el uso intensivo de recursos convierte a la, en apariencia, evanescente IA en un sector con una intensa huella ecológica.

Por su parte, la IA generativa, ya sea de texto −como ChatGPT− o de imágenes y videos, fascina y preocupa a partes iguales, trayendo al centro del debate social y político preguntas acerca la verdad y la desinformación, la confianza y el control, y la multiplicación de los sesgos raciales y de género ya contenidos en los datos utilizados en el entrenamiento de las máquinas. Los impactos de la IA en diferentes sectores, como el educativo o el militar, suponen cambios cualitativos que solo una regulación efectiva podrá ordenar.

Ya está aquí el nuevo número de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, que  trata de responder a algunas cuestiones en relación con los riesgos, ventajas y repercusiones. de la IA.

En la Introducción, Santiago Álvarez Cantalapiedra indaga en las diversas implicaciones de la IA, planteando las principales cuestiones del número. En A fondo, Ramón López de Mántaras y Pere Brunet trazan de forma clara los principales rasgos de esta tecnología, sus posibilidades y sus puntos ciegos, que Brunet aterrizará en cómo regularla en otro artículo en este mismo número. Miguel Palomo reflexiona sobre los efectos de la IA la verdad, la desinformación y la información endogámica, mientras que Lucía Ortiz de Zárate explora las implicaciones éticas y ecológicas de esta tecnología. Cristóbal Reyes acerca el foco a las cuestiones económicas aparejadas a la IA. Tica Font se centra en la dimensión militar de la IA, mientras que Marc Chopplet lleva su reflexión a las tecnologías digitales en la smart city.

La sección de Actualidad viene marcada por un artículo sobre cambio climático y salud, de la mano de Julio Díaz y Cristina Linares, y por una investigación sobre el análisis nutricional de la población española firmado por Isabel Cerrillo, Pablo Saralegui-Diez, Rubén Morilla, Manuel González De Molina y Gloria Guzmán.

Ensayo se abre con una reflexión muy necesaria sobre las alternativas a la guerra, que firma Pere Ortega, y por un análisis de Gabriel Rosas a favor de la economía ecológica.

El número se cierra, como es habitual, con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el sumario de la revista y los enlaces al texto completo de la Introducción del número de Santiago Álvarez Cantalapiedra y el artículo de Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo sobre la ética de la IA.

Sumario

INTRODUCCIÓN

Luces, sombras y riesgos de la inteligencia artificial, Santiago Álvarez Cantalapiedra

A FONDO

¿Qué es la inteligencia artificial?, Ramón López de Mántaras y Pere Brunet

Verdad y endogamia en las inteligencias artificiales generativas. Por qué una IA nunca creará un Nietzsche, Miguel Palomo

Una ética para la inteligencia artificial: libertad, feminismo y ecologismo, Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo

Consideraciones sobre el impacto económico de la inteligencia artificial: ¿hacia una mayor polarización productiva?, Cristóbal Reyes Núñez

Regulación de la inteligencia artificial ,   Pere Brunet

Inteligencia artificial y armas autónomas: una combinación letal, Tica Font

“Smart city”, tecnologías digitales y ecúmene urbano, Marc Chopplet

ACTUALIDAD

Principales amenazas en salud asociadas al cambio climático y aspectos clave para la adaptación, Julio Díaz y Cristina Linares

Análisis nutricional de la población española: un nuevo enfoque basado en datos públicos de consume, Isabel Cerrillo, Pablo Saralegui-Diez, Rubén Morilla, Manuel González de Molina y Gloria I. Guzmán

ENSAYO

Hay alternativas a la Guerra, Pere Ortega

El abandono progresivo de las cuestiones ambientales en el pensamiento económico: hacia la reivindicación de la economía ecológica, Gabriel Alberto Rosas Sánchez

LECTURAS

Decrecimiento: del qué al cómo, Luis González Reyes y Adrián Almazán

MONICA DI DONATO

El papel del Estado en la economía. Análisis y perspectivas para el siglo XXI, Luis Buendía García (ed.)

JAIME NIETO

Más allá del colonialismo verde. Justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales, Miriam Lang, Breno Bringel y Mary Ann Manahan (eds.)

PEDRO L. LOMAS

Notas de lectura      

La fuerza de la paz, Pere Ortega

FUHEM Ecosocial

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Una ética para la inteligencia artificial: libertad, feminismo y ecologismo

El número 164  de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedica si sección A FONDO a la Inteligencia Artificial. Dentro de este especial se encuentra el artículo de Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo titulado Una ética para la inteligencia artificial: libertad, feminismo y ecologismo

Según la autora la creciente adopción de sistemas Inteligencia Artificial (IA) en distintos ámbitos de nuestra vida nos obliga a reflexionar desde una perspectiva ética y política en torno a estas tecnologías. Este artículo aborda tres problemas éticos (libertad, igualdad y crisis ecosocial) relacionados con la IA que buscan ir más allá de los planteamientos éticos más frecuentes y cuestionar no solo la eticidad de las implicaciones de estas tecnologías, sino también los presupuestos morales y políticos que en ella subyacen.

Las tecnologías de inteligencia artificial (IA) han emergido con fuerza durante los últimos años llegando a convertirse en el foco de acaloradas discusiones no solo en el ámbito tecnológico, sino también político, académico, filosófico y la esfera pública en su conjunto. Las promesas de mejora y progreso que se atribuyen a la IA se entremezclan con las preocupaciones que generan los posibles riesgos que estas tecnologías pueden producir tanto a escala individual como en el conjunto de la ciudadanía y los sistemas democráticos.1

Aunque estos debates son útiles y sin duda necesarios, casi todos ellos asumen 1) que la adopción de la IA es inevitable y 2) que estas tecnologías son neutrales y sus efectos nocivos o beneficiosos dependen del uso que se haga de ellas. En este artículo abordamos brevemente tres grupos de problemas éticos –privacidad, autonomía humana y libertad; sesgos, discriminación e igualdad; y crisis ecosocial– que surgen en torno a la IA y que, de distinto modo, ponen de relieve como estas tecnologías, lejos de ser neutrales, son inherentemente políticas y, por tanto, su adopción responde a un compromiso con ciertos proyectos ideológicos.2 Desde esta perspectiva la IA no es un conjunto de tecnologías neutrales, sino una industria que se vale de la extracción y explotación no solo de los recursos naturales, sino también de nuestros datos y nuestros cuerpos.

 

Algunos problemas éticos de la IA

Privacidad, autonomía humana y libertad. Una de las componentes esenciales que necesita cualquier sistema de IA para poder funcionar son los datos. Los datos son la información, la experiencia si usamos una metáfora humana, de la que se nutren los algoritmos (los sistemas de reglas) que permiten que la IA funcione. Grosso modo, podríamos decir que los algoritmos aprenden de los datos a extraer las relaciones y los resultados más probables. Identifica patrones que se encuentran presentes en los datos y así puede hacer estimaciones precisas. Por este y otros motivos la recopilación de datos es una práctica que tiene lugar diariamente de forma masiva y que nos afecta a todos.

En este contexto, muchos planteamientos éticos vinculados a la recopilación explotación y uso de los datos se plantean en relación con los problemas que estas prácticas pueden suponer, primero, para la privacidad. Los datos que se recopilan a través de nuestros relojes inteligentes, el consumo de películas y plataformas en streaming, etc, pueden contener y eventualmente revelar información extremadamente privada sobre nuestras vida como nuestra orientación sexual,3 nuestras prácticas sexuales, nuestra vida sentimental, familiar, y muchas otras cuestiones que con casi toda seguridad no compartiríamos con una persona de poca confianza y, aún menos con un extraño.4

Pero los problemas relacionados con los datos también pueden producir problemas en relación con la autonomía humana y la libertad individual. En relación con la autonomía humana el problema se encuentra relacionado con la pérdida de la capacidad para pensar y tomar decisiones por nosotros mismos en una sociedad donde el uso de algoritmos de IA es cada vez mayor. Pensemos que cuando Netflix o cualquier plataforma de streaming nos hace una recomendación sobre qué película o serie podríamos ver, casi automáticamente desaparece un abanico entero de posibles contenidos que podríamos haber elegido si hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos hecho la selección. El problema aquí no es tanto que la recomendación en base a nuestras elecciones previas, sino nuestra predisposición a mantenernos dentro de las películas seleccionadas por el algoritmo.

En el caso de las plataformas de streaming esto puede ser algo anecdótico, pero ¿qué sucedería si este tipo de sistemas se usaran para recomendarnos que nuevos productos disponibles en el supermercado nos gustarán más en base a nuestras preferencias alimenticias? ¿Y si las recomendaciones fueran sobre qué carrera estudiar, qué universidad elegir, dónde veranear o con quién tenemos más posibilidades de construir una relación sentimental duradera? Nuestra tendencia no solo a considerar, sino en muchos casos a adoptar las recomendaciones de la tecnología puede resultar muy problemática si el número de ámbitos en los que estas actúan aumenta. Aunque seamos nosotros los que creemos tener la última palabra, lo cierto es que este tipo de recomendaciones acotan nuestro rango de actuación y en muchos casos eliminan siquiera la posibilidad de plantearnos otras preferencias, caminos y/o alternativas que rompan con ese sendero que los algoritmos marcan a partir de nuestros gustos previos.

Además de la pérdida de autonomía humana, la recopilación y uso masivo de datos también puede afectar a la libertad individual. En la tradición liberal que predomina en los países occidentales la libertad se entiende como la ausencia de interferencia para actuar de la forma que nosotros consideramos más adecuada siempre y cuando esta se mantenga dentro de los límites que permiten la convivencia dentro de una comunidad política.5,6 Para ejemplificar como la IA afecta a esta idea de libertad normalmente se recurre al uso que hace China de estas tecnologías. El sistema de crédito social chino funciona a través de la recopilación de ingentes cantidades de datos sobre sus ciudadanos para sancionarlos o premiarlos en función de cómo de “cívica” haya sido su conducta. Así, por ejemplo, a los ciudadanos que hayan acumulado una serie de faltas, como ausencias a citas médicas o cruzar la calle con un semáforo en rojo, puede llegar a prohibirles realizar vuelos internacionales.7 En este sentido, resulta evidente como ciertas formas de uso de nuestros datos puede entrar en conflicto con la libertad individual de las personas.

El sistema de crédito social chino funciona a través de la recopilación de ingentes cantidades de datos sobre sus ciudadanos para sancionarlos o premiarlos

Aunque en Europa este tipo de sistemas estarán prohibidos según la regulación de IA,8 cabría preguntarse hasta qué punto, por ejemplo, el uso de sistemas de IA para determinar a qué personas se les otorga un crédito bancario y a quiénes se les deniega, controlar las fronteras, otorgar visados, etc., constituyen o no actos contrarios a la libertad. Si atendemos a otras formas de entender la libertad que se salgan del marco del liberalismo como, por ejemplo, la que se maneja dentro del marco del republicanismo donde la libertad no se entiende con relación al individuo, sino a la comunidad en su conjunto,9 entonces encontramos que es posible que los sistemas de IA preserven la libertad individual, es decir, no interfieran en nuestra vida, y, sin embargo, no nos permitan ser ciudadanos libres.10

El concepto de libertad como no dominación que opera en el seno del republicanismo muestra cómo, a ojos del liberalismo, un esclavo podría ser considerado libre si tuviera un amo muy bueno que le permitiese hacer lo que quisiera. El hecho de que el esclavo elija sus actos no le hace menos esclavo, pues siempre se encuentra bajo el control de su amo. En este sentido, el republicanismo y sus versiones contemporáneas ofrecen unas nuevas lentes con las que problematizar la IA y ser más críticos con estas tecnologías .

Estas reflexiones apuntan a que aún en aquellas circunstancias en las que la IA no llegase a interferir directamente en nuestra vida, el hecho de que estas tecnologías se materialicen en todos los ámbitos de nuestra vida convierte a las empresas que recopilan nuestros datos en dueños de nuestras vidas.

El republicanismo y sus versiones contemporáneas ofrecen unas nuevas lentes con las que problematizar la IA y ser más críticos con estas tecnologías

En el capitalismo de la vigilancia en el que son otros los que disponen de nuestros datos y los que eligen cómo y cuándo usarlos, nosotros, la ciudadanía, dejamos de ser libres11.

Sesgos, discriminación e igualdad. En relación con los datos no solo importa cuántos datos se recopilen. También hay problemas éticos que surgen en función del tipo de datos que se usen para nutrir los sistemas IA. Como mencionábamos en el apartado anterior la IA aprende de los datos con los que se le entrena, principalmente, buscando patrones de repetición que le permitan identificar las relaciones más probables en función de la frecuencia. El entrenamiento y uso de datos de mala calidad y poco representativos en el caso de la IA puede producir problemas de discriminación y, por tanto, resultados que generan situaciones incompatibles con la justicia entendida en términos de igualdad.12

Los problemas de discriminación en la IA pueden tomar distinta forma y se pueden deber a cuestiones de raza, etnia, género, clase social, religión, lenguaje, etc.13 Estos problemas se producen cuando los datos de los que se nutren los sistemas de IA no son representativos y, al contrario, tiende a sobrerrepresentar a unos colectivos frente a otros. En la medida que la IA, como sucede de manera generalizada en el ámbito científico-tecnológico, es marcadamente androcéntrica los datos suelen representar con mayor frecuencia a los hombres blancos antes que a cualquier otro grupo de personas. Así, desde que estas tecnologías han empezado a operar entre nosotros se han ido descubriendo este tipo de sesgos que generan discriminación.

Para ilustrar esta problemática podemos usar el ejemplo del sistema IA que hace unos años puso en marcha Amazon para optimizar su proceso de selección de personal y elegir a los mejores candidatos para un puesto.[14 Sin embargo, al poco tiempo de tener en funcionamiento este sistema, la compañía se dio cuenta de que a los currículums de mujeres se les asignaba, de manera sistemática, una puntuación más baja que a la de los hombres. Tras analizar qué estaba sucediendo descubrieron que en los datos con los que se había entrenado al algoritmo, que procedían de los procesos de selección de personal de la empresa durante los 10 años anteriores, había una desproporcionada presencia de hombres. Esto provocó que el algoritmo encontrase un patrón de repetición claro: si en el pasado más hombres se habían presentado para ocupar un puesto y habían sido seleccionados, entonces debe ser que ellos son más aptos para ese cargo. De este modo que cuando esta IA se puso en funcionamiento empezó a tomar la variable “hombre” como algo positivo, tal y como podría haber sido el tener más años de experiencia en un puesto similar o una formación especializada en el área de contratación.

Como hemos señalado antes, los sesgos también pueden producirse por cuestiones de raza. El proyecto Gender Shades15 analizó tres sistemas de reconocimiento facial y demostró como los rostros de personas negras eran identificados con menos precisión que los de personas blancas de manera sistemática. Uno de los sistemas, desarrollado por Microsoft, identificaba correctamente el 100% de las caras de hombres blancos, en el caso de los hombres negros el porcentaje de aciertos era del 94%. Las cifras de IBM eran incluso peores, frente al 99,7% de hombres blancos correctamente identificados el de hombres negros era del 88%. Si al color de la piel le sumamos la variable del género, entonces la diferencia es aún mayor. Frente al 100% de hombres blanco bien identificados por el sistema de Microsoft, este solo acertaba con el 79,2% de las mujeres negras. En el caso de IBM la diferencia era del 99,7% para los hombres blancos al 65,3% para las mujeres negras.

Un sistema de IA de Amazon asignaba a los curriculums de mujeres, de manera sistemática, una puntuación más baja que a los hombres

Estos y otros ejemplos muestran como la IA está sesgada en distintos sentidos, produce situaciones discriminatorias y evidencia de falta de neutralidad. Estos problemas no son fallos o errores puntuales que se den en la tecnología, sino que son el resultado de una forma de pensar, entender y hacer ciencia y tecnología desde presupuestos marcadamente androcéntricos y blancos. La IA, como el resto de las tecnologías, ha sido (y continúa siendo) imaginada, diseñada y usada no solo en el marco de un sistema patriarcal, sino también capitalista en el que la norma, el dato estándar, es el del hombre blanco occidental. Esta realidad que permea las estructuras de la IA , y todas las disciplinas científico-técnicas, son el verdadero motivo de las sistemáticas discriminaciones y situaciones de desigualdad producidas por la tecnología y evidencia que estas son indisociables de proyectos ideológicos, así como ciertos contextos políticos y sociales. Si buscamos construir sociedades justas en la que todos los ciudadanos y ciudadanas sean libres e iguales, entonces debería ser una prioridad no solo acabar con los sesgos, sino cuestionar el proyecto actual de IA. La tarea por delante no es sencilla, la igualdad en la IA no solo depende del uso de bases de datos que representen en igualdad de condiciones a los colectivos que se verán afectados por sus decisiones y/o recomendaciones, también implica revisar los propios fundamentos tecnológicos, científicos, políticos, económicos y sociales que han permitido que la IA surja con tanta fuerza y amenace con convertirse en un ser omnipresente en nuestra sociedad.

Crisis ecosocial. Desde finales del s. XX las tecnologías digitales han sido presentadas como radicalmente contrarias a las tecnologías industriales de la primera y la segunda revolución industrial y, por tanto, como limpias, respetuosas con el medioambiente, casi independientes de infraestructura y normalmente asociadas a trabajos de gran valor social que necesitan de alta cualificación. Así lo reflejan los distintos discursos sobre tecnologías como la IA que se encuentran plagados de metáforas ecológicas como “la nube”, “redes neuronales”, “montañas de datos”, “granjas de datos”, etc., que nos hacen relacionar estas tecnologías con el respeto a la naturaleza y un futuro verde.16 Metáforas que tratan de ocultar una realidad muy distinta: que la IA, lejos de ser un ente casi etéreo similar a una nube, es tan material y contaminante como una mina .

De la mina proceden los materiales que se necesitan para fabricar las tecnologías de IA. Materiales como el cobre, el níquel, el litio, las tierras raras, etc., se han convertido en elementos esenciales cuya extracción genera un impacto ecológico tremendo y su apropiación, conflictos geopolíticos serios. Y es que, por un lado, buena parte de estos materiales críticos, también conocidos como CRM,17 se encuentran en suelo chino y ruso, así como en otros países como Brasil, India, Chile, Bolivia, etc. Solo una pequeña parte de ellos se encuentra en territorio europeo. Por otro lado, las prácticas de extracción asociadas a la minería producen erosión, pérdida de biodiversidad, devastación de la vegetación cercana, contaminación de las aguas, deforestación, etc. Además, la minería, el refinamiento de materiales, la manufactura fuera de Europa, etc., suele estar vinculada a unas condiciones laborales pésimas para los trabajadores implicados.18

Los sesgos que permean las estructuras de la IA evidencian que estos sistemas son indisociables de proyectos ideológicos y de ciertos contextos políticos y sociales

Una vez se dispone de los materiales adecuados y estos son manufacturados su transporte a Europa también produce un impacto ecológico importante. En 2017, el transporte a través de barcos mercantes, utilizados, entre otros fines, para transportar los productos y las tecnologías de IA, fue responsable del 3,1% de las emisiones globales de CO2, lo que supera, por ejemplo, las emisiones producidas por un país como Alemania.19 Asimismo, los cables submarinos a través de los cuales se transmite gran parte de la información que necesita la IA para funcionar producen un impacto medioambiental muy alto y son una realidad normalmente opacada al hablar de IA.

La minería, el refinamiento, la manufacturación y el transporte ponen de relieve que lejos de ser realidades no contaminantes, la IA es un grupo de tecnologías que necesita de una amplísima infraestructura (mucho mayor que la de las tecnologías industriales) para funcionar. Una infraestructura que se extiende también dentro de las fronteras europeas. Los centros de datos donde se almacena la información –nuestros datos– que usa la IA también son realidades materiales que permanecen con frecuencia ocultas y que, sin embargo, consumen una gran cantidad de energía. En el año 2018, los centros de datos europeos consumieron el 2,7% de la energía eléctrica producida en la UE y las predicciones más optimistas, en el caso de que las ganancias en eficiencia energética crezcan al mismo ritmo que el consumo, estiman que este alcance el 3,21% en 2030. En el caso de que eficiencia y consumo no vayan de la mano este último podría alcanzar el 6%.20

Y es que, ya en 2011, si la computación en la nube fuera considerado un país, esta sería el sexto país del mundo que más energía eléctrica demanda.21 Entre 2012 y 2014 la industria de las tecnologías de la comunicación y la información (TIC) consumió tanta energía eléctrica como el tercer país más contaminante del mundo, solo detrás de EEUU y China.22 También el entrenamiento de algoritmos como ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje consume grandes cantidades de energía que suelen ser pasadas por alto . Se estima que entrenar a ChatGPT-3 ha «generado 500 toneladas de CO2, el equivalente a ir y volver a la Luna en coche».23 Además, «el uso que se habría hecho de electricidad en enero de 2023 en OpenAI, la empresa responsable de ChatGPT, podría equivaler al uso anual de unas 175.000 familias danesas»,24 aunque se apunta que estas familias no son las que más consumen en Europa.

El entrenamiento de algoritmos como ChatGPT y otros grandes modelos de lenguaje consume grandes cantidades de energía, algo que se suele pasar por alto

Finalmente, el reciclaje de los desechos electrónicos que se derivan del uso masivo de tecnología, entre ellas las de IA, no es todavía una práctica totalmente extendida en la UE. Gran parte de estos desechos se trasladan a países como Ghana o Pakistán donde son acumulados produciendo un deterioro del entorno y las especies que lo habitan a través de la acidificación de las aguas, la expulsión de gases tóxicos, la pérdida de biodiversidad, etc. Esta realidad pone de relieve una forma de funcionamiento de la IA muy distinta a la narrativa de los datos y los algoritmos que solemos escuchar. Al contrario, plantea serias dudas sobre si los discursos políticos, económicos y académicos qué presentan a la IA como una aliada fundamental para luchar contra el cambio climático están o no en lo cierto y si esta no sirve más bien para hacer greenwashing y seguir justificando y legitimando el consumo ilimitado en Occidente sin importar el impacto socioecológico que ello implique.

 

Conclusiones

Los problemas éticos que hemos expuesto en este texto son solo algunos de los que surgen en torno al diseño, adopción y uso de estas tecnologías.25 La elección de estos y no otros se debe a que apuntan a problemas de fondo asociados el proyecto de IA en su conjunto, no a una simple enumeración de debates éticos que parten de la asunción de que dicho proyecto es bueno y/o deseable en sí mismo. El impacto socioecológico de la IA, junto a sus implicaciones para la libertad, las mujeres y otros colectivos vulnerables, pone de relieve que estas tecnologías son mucho más que sistemas enfocados a tomar decisiones iguales o mejores que las humanas, sino que más bien constituyen una idea, una forma de entender y ejercer el poder, una infraestructura y una industria extractivista de nuestros de recursos naturales, nuestros datos y nuestros cuerpos. En este sentido, la reflexión ética y política sobre la IA nunca debería limitarse a asumir los marcos tecnooptimistas que se nos imponen dentro del capitalismo y, más bien, debería a apuntar hacia como construir futuros ecológicos y socialmente justos en los que la tecnología no sea la única solución a nuestros problemas y la vía preferencial hacia el progreso.

 

Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo es investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e investigadora asociada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

NOTAS

1 Mariarosaria Taddeo y Luciano Floridi, «How AI can be a force for good», Science361(6404), 2018, pp. 751-752.

2 Langdon Winner, El reactor y la ballena, Gedisa, 2013.

3 Ryan Singel, «Netflix Spilled Your Brokeback Mountain Secret, Lawsuit Claims», Wired, 17 de diciembre de 2009, disponible en:

4 Carissa Veliz, Privacidad es poder, Debate, 2021.

5 John Stuart Mill, Sobre la libertad, Alianza, 2013.

6 Isaiah Berlin, Sobre la libertad, Alianza, 2017.

7 Charlotte Jee, «China’s social credit system stopped millions of people from buying travel tickets», MIT Technology Review, 4 de marzo de 2019.

8 Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, «La regulación europea de la IA», ABC, 21 de marzo de 2023.

9 Quentin Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge University Press, 2012.

10 Filip Biały, «Freedom, silent power and the role of an historian in the digital age–Interview with Quentin Skinner», History of European Ideas, 48(7), 2022, pp. 871-878.

11 Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, 2020.

12 Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo, «Sesgos de género en la inteligencia artificial», Revista de Occidente, 502, 2023.

13 Naroa Martinez y Helena Matute, «Discriminación racial en la Inteligencia Artificial», The Conversation, 10 de agosto de 2020.

14 Jeffrey Dastin, «Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women», Reuters, 10 de octubre de 2018.

15 Toda la información sobre el proyecto está disponible en: https://gendershades.org/index.html

16 Allison Carruth, «The digital cloud and the micropolitics of energy», Public Culture26(2), 2014, pp. 339-364.

17 De sus siglas en inglés Critical Raw Materials.

18 Kate Crawford, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, Yale University Press, 2021.

19 Zoe Schlanger. «If Shipping Were a Country, It Would Be the Sixth-Biggest Greenhouse Gas Emitter», Quartz, 17 de abril de 2018.

20 Francesca Montevecchi, Therese Stickle, Ralph Hintemann, Simon Hinterholzer, Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market, Comisión Europea, 2020.

21 Tom Dowdall, David Pomerantz y Yifei Wang, Clicking Green. How companies are creating the green internet, Greenpeace, 2014.

22 Adrián Almazán, «¿Verde y digital?», Viento Sur: por una izquierda alternativa, 173, 2020, pp.61-73.

23 Manuel Pascual, «El sucio secreto de la Inteligencia Artificial», El País, 23 de marzo de 2023.

24 Ibidem

25 Mark Coeckelbergh, Ética de la inteligencia artificial, Catedra, 2021.

 

Acceso al artículo a texto completo en formato pdf:  Una ética para la inteligencia artificial: libertad, feminismo y ecologismo


Luces, sombras y riesgos de la Inteligencia artificial

La introducción del número 164 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global aborda cómo la inteligencia artificial (IA) está en nuestras vidas de forma silenciosa y apenas visible.

Se encuentra en las plataformas desde las que adquirimos productos o contratamos servicios, en las redes sociales, en los buscadores y traductores de uso cotidiano, en los asistentes virtuales que prestan ayuda en los hogares, en los robots que actúan como sirvientes domésticos, en algunos termostatos que regulan la temperatura de la vivienda, en los electrodomésticos programables a distancia, en las pulseras que miden los signos vitales, en el smartphone del que no nos despegamos ni en las horas de descanso.

Nos acompaña de forma imperceptible a pesar de determinar profundamente nuestro modo de vida y la reproducción de las dinámicas sociales y relaciones de poder.

La proliferación de espacios digitalizados hace que vivamos con naturalidad en ámbitos crecientemente artificializados. Esa dificultad de percibir el medio en el que nos desenvolvemos es un poderoso obstáculo que impide pararnos a pensar en las implicaciones ecológicas, sociales, económicas y políticas que la digitalización conlleva y, más aún, las específicas que se desprenden de complejas tecnologías que −como el big data y la IA− impulsan su desarrollo.

 

Un misterio encerrado en un arcano

Otra dificultad para evaluar las consecuencias de la IA viene de la mano de su complejidad y opacidad. No resulta evidente identificarla y, mucho menos, definirla y conocer cómo funciona.  Aunque se viene desarrollando desde mediados del siglo pasado, la mayor parte de la población empieza a ser consciente de su presencia y uso masivo con la noticia del lanzamiento del ChatGPT, cuando se situó el asunto en el centro de la conversación social. Desde entonces, raro es el día en que no aparezca alguna noticia, crónica o artículo sobre el tema, pero en lo fundamental sigue siendo un arcano indescifrable para la ciudadanía.

Una definición básica de IA hace referencia a sistemas y programas que pretenden imitar las capacidades cognitivas propias de los humanos a partir de la suposición de que todas esas funciones (como el aprendizaje, el cálculo, la racionalidad instrumental, la percepción, la memorización e incluso la investigación científica y la creatividad artística) pueden describirse con tal precisión que resultaría posible programar un ordenador para que las replicara.

El desarrollo de la matemática de la comunicación y de la economía de los datos ha permitido que la información se convierta en una unidad cuantificable que no dependa de su contenido para ser trasmitida. La informática que ofrece dispositivos de entrada y salida (inputs/ outputs), unidades de procesamiento (mecanismo de control) y memorias (unidades de almacenamiento de las unidades de control), unida al desarrollo de los algoritmos y las teorías de redes, han hecho posible que, reunidos los conocimientos y los avances de esos campos, surgiera la inteligencia artificial. Los avances en la neurociencia han ofrecido espejos en los que inspirarse. La IA basada en modelos neuronales consiste en superponer capas de neuronas artificiales: «Cada neurona recibe muchos inputs (aportaciones) de la capa inferior y emite un único output (producto resultante) a la capa superior, como hacen las muchas dendritas y el único axón de las neuronas naturales. Capa a capa, la información se va haciendo más abstracta, como ocurre en nuestro córtex (corteza cerebral) visual».1 Lograr el reconocimiento de imágenes, la interpretación del lenguaje hablado o la generación de textos coherentes requiere ingentes cantidades de datos y gran potencia de computación que solo se ha alcanzado en tiempos recientes. Estas circunstancias son las que han permitido la aparición de la IA generativa, cuya función principal es generar contenidos en forma de texto, imagen, audio o video indistinguibles de los generados por un ser humano.

 

Resultados espectaculares acompañados de preocupantes sombras

Pero estos logros espectaculares vienen acompañados de nuevas opacidades que cubren con un misterio aún mayor el que provoca en el entendimiento de la ciudadanía de a pie la complejidad propia del funcionamiento de la IA. En efecto, los modelos de lenguaje extenso (large languaje models, LLM) que posibilita la IA generativa requieren un laborioso entrenamiento que emplea, como hemos dicho, una gran cantidad de datos cuyo manejo no está claro que cumpla un criterio mínimo de transparencia capaz de garantizar los derechos de los autores o el consentimiento en la entrega de la información de los usuarios digitales con los que se alimenta al sistema.

Otra cuestión tiene que ver con la fiabilidad de los contenidos generados. El sistema se entrena con información y a sus respuestas se les exige coherencia y credibilidad, pero poco más. Por eso hay que tener presente, como sostiene el profesor de ética de la Universitat Ramon Llull, Xavier Casanovas, «que la IA ni sabe por qué sabe lo que sabe ni entiende lo que dice o responde. Su respuesta busca simular el lenguaje humano y (…) puede dar lugar a un giro epistémico definitivo en nuestra escala de valores, en el cual la verdad deja de tener importancia y lo que cuenta es la verosimilitud, es decir, la apariencia de verdad».2 Situación que se agrava si, además de pretender utilizar la IA para avanzar en el conocimiento, aspiramos también a obtener recomendaciones y a automatizar decisiones. Lo señala el profesor de ciencias políticas Joan Subirats: «Estamos entrando en escenarios en los que los sistemas computacionales más avanzados son capaces de decirnos qué tenemos que hacer, qué alternativa de acción es la “correcta”, o dicho de otra manera, cuál es su “verdad”»,3 para subrayar a continuación la necesidad de (re)politizar el debate tecnológico, pues ante los procesos de cambio acelerado que vivimos como consecuencia del rápido despliegue de las nuevas tecnologías de la información no podemos dejar de incorporar de manera sistemática la incertidumbre y la complejidad al debate social y a la toma de decisiones colectivas. Asumir ambas cosas en el proceso colectivo de toma de decisiones exige considerar la pluralidad de subjetividades, la combinación de diferentes “inteligencias”, la contraposición de distintos intereses, perspectivas e ideas y la confrontación de valores, es decir, deliberar políticamente, para así poder encontrar soluciones comúnmente aceptadas más allá de la respuesta “correcta” propuesta por una máquina que no hace sino reproducir los criterios y sesgos con los que ha sido construida.

 

Sesgos y desigualdades automáticas

Nos encontramos ante una de las cuestiones centrales de la proliferación de la IA: la implantación de sistemas automáticos que deciden a quién se vigila, qué familias son merecedoras de los recursos públicos, a quién se preselecciona para un empleo, qué clientes deben obtener la cobertura de un seguro, a quién se le debe conceder un préstamo o investigar por fraude.4 La IA contribuye a preservar y profundizar viejas formas de segregación social al mismo tiempo que crea otras maneras de discriminación de la mano de los sesgos digitales. Si el «sesgo de la automatización» consagra la discriminación al dar por válido y usar una recomendación obtenida de un sistema automatizado, el «sesgo algorítmico» ya viene incorporado en el propio mecanismo en la medida en que los datos que se utilizan para entrenar ese sistema reflejan y perpetúan injusticias ya existentes.

La reproducción de injusticias y desigualdades a través de las tecnologías nos muestran que estas no tienen nunca un carácter neutro ni una evolución autónoma al encontrase incrustadas en una realidad social. Aunque el automatismo y los resultados inesperados que ofrece la IA puedan inducirnos a pensar en la emergencia de una realidad paralela plenamente autónoma de nuestra voluntad, lo cierto es que el desarrollo de esta tecnología está completamente integrado en las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad. En este sentido, la IA no hay que verla únicamente como el producto de un proceso tecnocientífico, sino también como el resultado de la red de interconexiones de intereses, relaciones de poder, valores, normas, prácticas, costumbres y sesgos preexistentes durante el proceso de diseño, desarrollo y adopción del artefacto, de manera que su funcionamiento suele generar resultados discriminatorios por motivos de género, origen étnico o clase social. A su vez, la propia tecnología que forma parte de ese entramado de relaciones contribuye a su redefinición e influye, cuando no determina, los comportamientos en una sociedad.

 

El papel de la economía y de las finanzas

Se ha señalado que los programas de IA inspirados en la estructura del cerebro humano solo pudieron avanzar de forma significativa cuando dispusieron de enormes cantidades de datos y suficientes capacidades de computación para procesar esa información. Gracias a la popularización de las redes sociales y otras plataformas, los usuarios y clientes generamos diariamente los datos que el análisis automatizado de la IA convierte en una ventaja competitiva para las empresas. De esa apropiación de datos surgen nuevos modelos de negocio sobre los que asientan su poder las grandes tecnológicas como Meta, Amazon o Alphabet. Un modelo que tiene como objetivo captar permanentemente nuestra atención para mantenernos eternamente enganchados a los dispositivos digitales que permiten poder cumplir adecuadamente con nuestro papel de suministradores de información. Este imperativo extractivo eleva las operaciones de suministro a la categoría de función definitoria del llamado «capitalismo de la vigilancia».5

Pero para entender el poder de las grandes empresas tecnológicas es preciso examinar también cómo se han financiado. Pocas empresas del sector han crecido sin el impulso inicial de los fondos de capital riesgo. A fin de cuentas, el poder digital es parte de la economía financiarizada.6 Aunque venía desarrollándose desde la segunda mitad del siglo pasado, el auge y despliegue de la IA solo ha podido darse ahora, cuando las finanzas ocupan un papel central en el funcionamiento de la economía.

 

Implicaciones en todos los ámbitos

El aprendizaje automático es la parte de la IA que mayor influencia va a tener en nuestras vidas, ya que al reconocer patrones de datos permite anticipar, manipular y monetizar el comportamiento de los usuarios, pudiéndose además aplicar prácticamente a cualquier ámbito. La educación, el mundo del trabajo, la política o el funcionamiento de las democracias se están viendo afectadas por su presencia. En el ámbito educativo, se resaltan las ventajas y los riesgos que puede proporcionar tanto a los docentes como al alumnado.7 En el campo científico se promete que su aplicación ayudará a acelerar la investigación de forma exponencial. En el mundo laboral se nos dice que transformará el sentido del trabajo y se remarca el impacto que podrá tener sobre el empleo y las condiciones de su desempeño.8

Tal vez sea en el ámbito de la política donde se observa con mayor preocupación los efectos de la presencia masiva de la IA en la vida social. Podemos recordar la intención de influir en los electores, a partir de millones de perfiles de Facebook, de la empresa Cambrigde Analytica en el referéndum sobre el Brexit y en las elecciones estadounidenses de 2016 que auparon al gobierno a Donald Trump. Sin embargo, es probable que lo peor esté aún por llegar.

La combinación de la IA generativa con unas redes sociales cada vez más absorbentes u otras realidades virtuales como el Metaverso auguran un escenario en el que podrán hacer acto de presencia −como ya ocurre, pero a una escala más grande y con un grado de penetración incomparablemente mayor− contenidos tóxicos y sensacionalistas que inunden y enrarezcan con confusión y mendacidad la atmósfera del debate político, profundizando la polarización y la desinformación. Lo hemos ido señalando: si la IA suprime la verdad y la transparencia, es desarrollada al servicio y bajo el control de grandes corporaciones oligopólicas y actúa reproduciendo y simplificando sesgos de género, étnicos o de clase, puede llegar un momento en el que la aspiración a una idea de democracia real e inclusiva se convierta simplemente en una quimera.

 

El impacto ecológico de la IA

Por otro lado, no cabe obviar su materialidad. La IA emplea grandes cantidades de recursos y energía con amplias consecuencias ecológicas. Es importante considerar toda la cadena de suministro y producción de la IA. Empieza, como todas las dinámicas extractivistas, en las minas de las que obtenemos los recursos. La materialidad de la IA (como la de toda la economía digitalizada) está asociada a 17 elementos metálicos conocidos como «tierras raras», cuya disponibilidad es un factor limitante con relevantes implicaciones geopolíticas, como se ha señalado en otras ocasiones en esta misma revista. Antes de llegar a la fase de consumo está la fase de entrenamiento de los algoritmos, que conlleva una huella de carbono considerable. Continúa con la energía que exige su funcionamiento y los consumos propios de agua, energía y materiales (particularmente litio y cobre) de todas las infraestructuras que la hacen posible, como los centros de datos o las grandes instalaciones que albergan los servidores informáticos y los cientos de miles de kilómetros de cableado.9

 

Regular: ¿será suficiente?

Una investigación del Centro de Resiliencia de Estocolmo ha identificado catorce posibles “trampas evolutivas” que podrían convertirse en callejones sin salida para la humanidad.10 Somos increíblemente creativos como especie, capaces de innovar y adaptarnos a diversas circunstancias y de cooperar a escalas sorprendentemente grandes. Pero estas capacidades resultan tener consecuencias no intencionadas. El estudio muestra cómo la humanidad podría quedar atrapada en esas trampas evolutivas que se producen a partir de innovaciones inicialmente exitosas.11 La IA y la robótica quedan identificadas entre esas trampas potenciales. Sea o no así, la amenaza real que se vislumbra en estos momentos tiene que ver con el tipo de mentalidad de quienes viven y gobiernan en ese particular ecosistema de Silicon Valley. Para muestra un botón. Han elaborado un indicador −con nombre P(doom)− de la probabilidad de que la IA acabe con la civilización y la especie humana. Dado que no es una medida científica sino únicamente una forma de volcar la percepción que tiene esa gente del riesgo de la actividad que llevan entre manos, lo que verdaderamente muestra es la calentura vanidosa que padecen como narcisistas deseosos de imaginarse capaces de provocar el fin del mundo.12 De ser así, que la Unión Europea sea la primera región del mundo en regular los usos de la IA no dice gran cosa mientras no se adopte un enfoque que aborde desde la interseccionalidad las discriminaciones sexistas, racistas y de clase que comportan el desarrollo de esta tecnología, la materialidad de los procesos desde la «cuna hasta la tumba» y la complejidad de las tramas económicas e institucionales que distribuye desigualmente oportunidades y riesgos, beneficios y perjuicios, entre uno y otros. Como acierta a señalar Sara Degli-Esposti, «romper estas prácticas requiere un cambio social profundo que no puede materializarse simplemente en un código de buenas prácticas».13

Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

NOTAS

1 Javier Sampedro, «Inteligencia artificial: el miedo no es un argumento», El País, 5 de enero de 2024.

2 Xavier Casanovas, «De la inteligencia Artificial a la inmortalidad del alma», Papeles núm. 269 (Suplemento del Cuaderno CJ núm. 234), septiembre del 2023.

3 Joan Subirats, «¿Qué hay de nuevo en la incertidumbre actual?», La maleta de Portbou, núm. 49, 2021, p. 16.

4 Virginia Eubanks en su libro La automatización de la desigualdad (Capitán Swing, Madrid, 2021) analiza innumerables casos en los EEUU donde los sistemas de elegibilidad automatizados, los modelos de predicción de riesgos o los algoritmos de clasificación están sirviendo, sobre todo, para supervisar y castigar a los más pobres.

5 Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, Paidós, Barcelona, 2020.

6 Nils Peter, «Control económico: el papel de la financiación en las grandes empresas tecnológicas», Estado del poder 2023, TNI/ FUHEM/ CLACSO, 2023.

7 Nacho Meneses, «Estas son las tendencias y los riesgos que marcarán el desarrollo de la IA en la educación», El País, 5 de enero de 2024.

8 Daniel Susskind, «Trabajo y sentido en la era de la inteligencia artificial», Nueva Sociedad, núm. 307, septiembre-octubre de 2023.

9 Sobre los efectos en el mundo rural de nuestro país, véase: Ana Valdivia, «El coste medioambiental de construir minas y centros de datos para la IA en la España rural», The Conversation, 16 de julio de 2023. Una estimación reciente de la huella eléctrica e hídrica de los servicios de datos digitales en Europa en: Javier Farfán y Alena Lorhmann, «Gone with the clouds: Estimating the electricity and water footprint of digital data services in Europe», Energy Conversion and Management, Vol. 290, 15 de agosto de 2023,

10 Peter Søgaard Jørgensen et al., «Evolution of the polycrisis: Anthropocene traps that challenge global sustainability», Philosophical Transactions of Royal Society of London B, 379, The Royal Society Publishing, 2023. https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0261

11 La simplificación de los cultivos o la generalización de los antibióticos son algunos ejemplos de esas trampas evolutivas. La implantación de modelos agrícolas simplificados que permiten pocos cultivos altamente productivos (como el trigo, el arroz, el maíz o la soja) ha significado que las calorías producidas se hayan disparado durante el último siglo, pero con la contrapartida de depender de un sistema alimentario altamente vulnerable a cambios ambientales (como los fenómenos meteorológicos extremos o las nuevas enfermedades) o a riesgos en las cadenas de suministro. Otro ejemplo es la resistencia a los antibióticos, que mata anualmente a más de 1,2 millones de personas (más que el sida o la malaria).

12 Jesús Díaz, «Una nueva estimación del peligro de la inteligencia artificial para el futuro de la humanidad», El Confidencial, 13 de diciembre de 2023. Disponible en:

13 Sara Degli-Esposti, Lá ética de la inteligencia artificial, CSIC/Catarata, Madrid, 2023, p. 44.


Mecanismos de resolución pacífica de conflictos ambientales

Mecanismos de resolución pacífica de conflictos ambientales

La desestabilización del clima trae aparejado una multiplicación de los eventos climáticos extremos, como inundaciones, sequías, olas de calor y super incendios que se están cobrando miles de vidas anualmente en todo el mundo.

Junto a estos impactos directos, existen otros efectos menos visibles en la medida que el cambio climático y los eventos extremos pueden incidir de forma indirecta como un factor que agudiza tensiones geopolíticas y conflictos de distinto tipo e intensidad, desde tensiones sociales por un creciente precio de los alimentos a conflictos por acceder a recursos menguantes (agua) o los impactos generados por una salud mental en deterioro por olas de calor.

Bajo el título Mecanismos de resolución pacífica de conflictos ambientales ante los impactos de eventos meteorológicos extremos, presentamos una nueva entrega de la Colección Dosieres Ecosociales.

El presente dosier se centra en algunos de los espacios donde se entrecruzan las tensiones contemporáneas y los fenómenos climáticos extremos para tratar de identificar formas no violentas de afrontar las tensiones desde las comunidades. Igualmente busca explorar los mecanismos de resolución pacífica de conflictos partiendo del conocimiento acumulado por la investigación para la paz y su aplicación a la crisis ecosocial y la desestabilización del clima.

Mecanismos de resolución pacifica de conflictos ambientales

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Los cuatro textos que componen este dosier abordan distintos ángulos del problema. Carlos Martín Beristáin explora los conflictos socioecológicos derivados del extractivismo, principalmente en América Latina, y la aplicación de herramientas de la investigación para la paz y los derechos humanos para abordarlos. Cristina García Fernández indaga en las investigaciones sobre el terreno en relación a los nexos entre el cambio climático y los riesgos de seguridad, un debate todavía en curso por falta de evidencia científica concluyente. Beatriz Arnal Calvo analiza críticamente la paz ambiental y climática −con el importante papel que desempeña el acceso y control a ciertos recursos naturales en las negociaciones de paz en el contexto de los conflictos armados− desde una perspectiva feminista. Por último, Karla Vargas y Cristóbal Melo examinan los mecanismos alternativos de solución de conflictos ambientales en Chile y, en concreto, las posibilidades que presenta la conciliación entre las partes.

Con este dosier pretendemos seguir avanzando en algunas de las cuestiones ecosociales que nos preocupan como son el cambio climático, los conflictos socioecológicos y la resolución pacífica de los conflictos, así como las estrategias comunitarias para enfrentarlos.

AUTORES/AS:

Carlos Martín Beristain es médico y doctor en Psicología y un veterano investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina y otras regiones del mundo. Fue coordinador del Informe Guatemala: nunca más y asesor de las Comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Ecuador.

Cristina García Fernández es economista y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Beatriz Arnal Calvo es candidata doctoral en la Universidad de Brighton (Reino Unido), miembro del grupo de AIPAZ de Paz Ambiental y de WILPF-España, e investigadora del Seminario de Investigación para la Paz, de Zaragoza.

Karla Vargas Arancibia es abogada de la Universidad de Chile, diplomada en Derecho de Aguas, Medio Ambiente y Cambio Climático de la misma universidad, y miembro del Equipo Empoderamiento y Participación Pública de la ONG Fiscalía del medio Ambiente – FIMA.

Cristóbal Melo González es egresado de Derecho en la Universidad de Chile, Equipo Empoderamiento y Participación Pública de la  ONG Fiscalía del medio Ambiente – FIMA.

 

Puedes consultar nuestros anteriores Dosieres Ecosociales.

 

Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de FUHEM y no refleja necesariamente la opinión del MITERD.

Dosieres Ecosociales Relacionados


Algunas lecciones aprendidas de la primera cuantificación del desperdicio alimentario en Euskadi

La sección Actualidad del número 162 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global publica un artículo de Héctor Barca que aborda Algunas lecciones aprendidas de la primera cuantificación del desperdicio alimentario en Euskadi.1

El artículo recoge la experiencia pionera promovida por el Gobierno Vasco, y realizada de forma colaborativa por entidades punteras en esta temática en la región, bajo la coordinación de ELIKA Fundazioa, para medir el desperdicio alimentario en Euskadi. El texto hace balance de las lecciones aprendidas, los retos y las dificultades encontradas en España, e incluso a nivel europeo.

 Para conocer la magnitud del problema al que nos enfrentamos, podemos acudir a uno de los principales estudios de la FAO sobre el desperdicio alimentario a nivel global que concluye que uno de cada tres kilos de alimentos que producimos en el planeta, en lugar de llegar a nuestros estómagos, acaba desperdiciado en otros usos y, finalmente, en la basura.2

El daño de desperdiciar comida tiene un primer componente de tipo social, ya que mientras que se está tirando semejante cantidad de comida, existe un número creciente de personas con problemas de inseguridad alimentaria. Dentro de esta inseguridad alimentaria, su vertiente más grave es el número de personas subalimentadas, es decir, que pasan hambre, en el planeta. Los organismos internacionales expertos en esta materia estiman que el número de personas que pasaron hambre en 2021 está en torno a los 767,9 millones de personas, el 9,8% de la población mundial.3 Cifras que aún no contemplan el impacto generado por la actual guerra en Ucrania y sus consecuencias en otros territorios.

Pero el impacto negativo de tirar comida no queda únicamente ceñido a este aspecto, sino que también existe un componente ambiental, ya que junto al cultivo/crianza, manufactura, transporte y venta de alimentos, existe una gran cantidad de recursos que se han invertido para producir estos alimentos, que también se están enviando a la basura . La FAO ha realizado unas primeras aproximaciones sobre el impacto ambiental del desperdicio alimentario mundial, en función de su huella de carbono, en torno a 3,3 Gigatoneladas de CO2 al año, la huella hídrica (250 kilómetros cúbicos de agua anuales) o la cantidad de territorio que se ocupa para cultivar alimentos que nunca llegan a las personas, 1,4 billones de hectáreas (una superficie que supondría que este desperdicio alimentario mundial sería el segundo país más grande del planeta).4

Ante la magnitud de esta problemática, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha marcado la meta de reducir este desperdicio global para el año 2030:

Meta 12.3: de aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores  y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.5

Además de alimentos, existe gran cantidad de recursos invertidos en su producción que terminan desaprovechados: agua, energía y territorio

Esta meta ha sido firmada por todos los países que conforman Naciones Unidas. La Comisión Europea ha incluido este objetivo en diversa normativa europea para que esta meta de la Agenda 2030 vaya más allá de los buenos propósitos. Destaca la nueva Directiva de Residuos aprobada en 2018.6 Esta Directiva a su vez ha sido traspuesta en la legislación nacional, a través de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada en 2022, donde también se incluye este objetivo de reducción del desperdicio alimentario para el año 2030.7

En este punto, una pregunta fundamental que debemos de hacernos es cuáles son las cifras actuales del desperdicio alimentario, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, para que nos sirvan de referencia y poder establecer los niveles de reducción y las cantidades a las que debemos de llegar. Sin embargo, la respuesta no es la que nos gustaría escuchar, ya que si analizamos la calidad de los datos sobre el desperdicio alimentario, según el último estudio de realizado para todos los estados miembros de la UE o de las revisiones bibliográficas más relevantes a nivel mundial hasta la fecha nos indica que actualmente no tenemos datos fiables, más allá de nociones de la magnitud del problema que nos permitan tener esa línea base necesaria para poder abordar estos objetivos de reducción del desperdicio alimentario.8,,9

Por tanto, nos podemos preguntar de qué sirve marcar un objetivo de reducción del desperdicio alimentario para el año 2030 si ni siquiera sabemos cuánto tiramos hoy día en toda la cadena agroalimentaria. Esto mismo se preguntaron desde el Tribunal de Cuentas Europeo.10

Afortunadamente, se están dando pasos relevantes en los últimos años para conocer a fondo este complejo problema. La Comisión Europea ha publicado una Decisión Delegada que obliga a los Estados miembros a cuantificar anualmente este desperdicio, en toda la cadena, y mediante unos criterios metodológicos comunes, para favorecer que los territorios puedan medir el mismo problema y los resultados puedan compararse entre sí.11 De esta manera, cada Estado miembro podrá compartir una pieza del puzle, para obtener una visión completa del problema en la Unión Europea.

Este es el gran reto: no se trata de medir el desperdicio alimentario de una entidad o empresa concreta, sino todo un territorio. Este desafío es el que se ha emprendido de manera pionera en Euskadi, un trabajo impulsado por el Gobierno Vasco, y realizado de forma colaborativa por entidades punteras en esta temática en la región, bajo la coordinación de  ELIKA Fundazioa.12

 

El reto de medir el desperdicio alimentario en el territorio vasco

Para poder diagnosticar la problemática del desperdicio alimentario en la cadena agroalimentaria, en primer lugar, las entidades que conformaron el grupo de trabajo realizaron mediciones del desperdicio en las etapas donde desarrollaban principalmente su labor de investigación y asesoramiento, completando entre todas el análisis de la cadena agroalimentaria.13 Posteriormente, estos trabajos de medición de cada una de las etapas se pusieron en común para realizar un informe global de toda la cadena.14

Así, en este escrito, más que profundizar en cada una de las cifras calculadas por todos estos trabajos, se quiere hacer una reflexión sobre las lecciones aprendidas, los retos y las dificultades encontradas en esta experiencia pionera en España, e incluso a nivel europeo.

En primer lugar, ha sido fundamental establecer un primer capítulo que se sumerja en las definiciones y conceptos empleados. De hecho, cuando se habla de desperdicio alimentario ¿es lo mismo que despilfarro? ¿y que las llamadas rdidas alimentarias? La Decisión Delegada únicamente habla de residuos alimentarios ¿es lo mismo que el desperdicio, las pérdidas, el despilfarro, ninguno o todos a la vez? Esta cuestión es clave: existen innumerables definiciones y conceptos al respecto y es necesario delimitar con claridad qué realidad se está analizando.

Los ODS se proponen reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita mundial a escala del consumidor antes de 2030

Para el estudio del País Vasco, la referencia básica es la Decisión Delegada de la Comisión Europea, ya mencionada.15 No obstante, esta definición no encaja perfectamente con la propuesta por Naciones Unidas para elaboración de los indicadores que miden el progreso realizado por cada territorio en el ODS 12.3. Por tanto, ha sido necesario determinar claramente qué conceptos y definiciones se han utilizado para este estudio y su relación tanto con los términos propuestos por la Comisión Europea (Decisión Delegada) como por Naciones Unidas (ODS 12.3). La Figura 1 recoge de manera esquemática la relación de conceptos entre estas tres instituciones.

 

Figura 1. Esquema conceptual de las definiciones usadas en el estudio y su relación con la Decisión Delegada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Elika Fundazioa et al., 2022.16

 

Como puede observarse en la Figura 1, el estudio no solo ha utilizado el concepto de desperdicio alimentario, sino que para las etapas de cosecha y precosecha se ha utilizado un término nuevo: material no cosechado y apto para el consumo. Esto es debido a que se ha querido ajustar al máximo la terminología establecida por la Comisión Europea como food waste, para el caso del desperdicio alimentario, y todos aquellos flujos que quedan fuera de este término se han recogido en nuevos términos, como es este caso, ya que desde el grupo de trabajo del estudio se ha considerado importante que se analice posibles ineficiencias en estas etapas previas.

Ejemplo de ello serían los cultivos no cosechados, pero perfectamente consumibles por las personas, pero que por diversos motivos no se recogen, perdiéndose esta cosecha. Otro ejemplo sería el denominado “material potencialmente aprovechable”, donde si bien no se trata de alimentos propiamente dichos, cuyo destino no es la alimentación humana, pueden ser un material cuyo destino pueda llegar a tener un mejor uso que considerado directamente residuo. En un contexto de economía circular, la identificación y cuantificación de estos materiales para la búsqueda de nuevos usos de mayor valor añadido, es una tarea que se ha considerado crucial. La Figura 2 resume las definiciones utilizadas en el estudio y su relación entre ellas.

 

Figura 2. Esquema conceptual de las definiciones utilizadas en el estudio

 

Fuente: Elika Fundazioa et al., 2022.17

Uno de los aspectos más remarcables del esquema de la Figura 2 son los solapamientos entre los conceptos. Esto se debe a que, si bien existe una mayoría de flujos que se determinan con claridad en cada uno de términos empleados, también se ha visto que existen casuísticas muy singulares que son frontera entre ellas, cuya determinación no ha sido sencilla.

En estos casos, se ha optado por ser lo más transparente posibles, mostrando todos los casos que se han identificado como “fronterizos”, para compartir los criterios con la comunidad científica y técnica, para que se pueda determinar si esos ejemplos concretos y singulares serían desperdicio alimentario o no. En estos casos, para facilitar ese diálogo, se han incluido los argumentos a favor y en contra para considerarlo en algunos de los términos reflejados en la Figura 2 y la decisión final. Ejemplo de ello serían los huevos rotos (por cáscaras débiles, picado de gallina, golpe entre huevos, manipulación mecánica durante la clasificación, etc.) que pierden clara, por tanto, no pueden comercializarse. Estos huevos no cumplen la condiciones higiénico-sanitarias para ser destinados a consumo humano, entonces, ¿se consideraría desperdicio alimentario?

La aportación de toda la información posible para la comunidad científica y técnica no solo se ha producido por un ejercicio de transparencia, sino para fomentar la comparabilidad de resultados entre diferentes estudios, favoreciendo así un mayor entendimiento de este complejo problema. Un ejemplo de ello ha sido la determinación de los sectores a ser cuantificados a lo largo de la cadena agroalimentaria. Es decir, si bien los aspectos relacionados con los términos y definiciones buscan responder a la pregunta ¿qué medir?, esta segunda cuestión se centra en abordar la pregunta ¿dónde medir?

 Se trata de una pregunta compleja, ya que si bien podemos tener claro que habría que medir en todas las etapas principales de la cadena agroalimentaria (producción, manufactura, distribución y consumo), dentro de ellas, ¿qué sectores, incluso qué actividades económicas serían las que deberían de ser cuantificadas? Este aspecto es fundamental para poder comparar resultados entre territorios.  Por ejemplo, si en el estudio del desperdicio alimentario en la distribución de un territorio A, se contempla únicamente al mercado minorista, en el territorio B al mayorista y minorista y un tercero (C) del minorista excluye al especializado (carnicerías, panaderías, etc.), la cifra final de cada estudio no puede ser comparado entre si.

¡Qué sectores, incluso qué actividades económicas serían las que deberían de ser cuantificadas?

Para evitar esto, y en línea con las directrices de la Comisión Europea, se ha utilizado un lenguaje común, por códigos, a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (Códigos CNAE). De hecho, se han presentado los resultados obtenidos en cada una de las etapas, no solo la cifra final, sino desglosado por cada una de las actividades económicas que se incluyen en esa cifra final. Ejemplo de estas actividades económicas concretas puede ser el CNAE 4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas, cuyo resultado de desperdicio alimentario, por empresa y año, en el País Vasco es de 6,2 toneladas. Este desglose pormenorizado de las cifras según etapa tiene un triple propósito:

  • Compartir con la comunidad qué actividades económicas concretas se han identificado como las que deberían ser cuantificadas en cada una de las etapas de la cadena. Establecer entre todas las entidades y administraciones un consenso al respecto facilitaría la comparabilidad de resultados.
  • Al desmenuzar la cifra en sus sumandos, que son actividades económicas específicas, otros estudios pueden “volver a juntar el puzle” utilizando únicamente las piezas (actividades económicas) que conformen el objeto de su estudio y así comparar resultados.
  • Facilitar incluso la comparabilidad con estudios focalizados en actividades económicas concretas (ejemplo: desperdicio alimentario en las carnicerías del territorio X), que ayudarán a su vez a crear sinergias y profundizar en el conocimiento de la problemática de esta actividad concreta.

Otro de los aspectos fundamentales que se derivan de esta experiencia de cuantificación es la necesidad de hacer entender que la medición del desperdicio alimentario registrado en un punto de la cadena no tiene que ser necesariamente sinónimo de culpabilidad de este desperdicio. De hecho, en este estudio se ha insistido en la idea de sistema alimentario en lugar de cadena agroalimentaria.  Esta definición de sistema alimentario no es nueva y se ha tenido muy presente a la hora de abordar este problema en el País Vasco.18 Así, la diferencia con respecto a la idea de cadena es que se trata de un sistema más dinámico y complejo, donde todas las etapas funcionan interconectadas entre sí, generando relaciones complejas que son necesarias conocer para conocer las raíces de problemas del desperdicio alimentario que en último término generan volúmenes en una etapa concreta, pero tal vez su origen, y por tanto su solución, se encuentre en otra etapa. Esto no ocurre con la idea de cadena, donde, por ejemplo, la etapa de la producción únicamente estaría conectada con su etapa más próxima (manufactura).

Hemos insistido en la idea de sistema alimentario en lugar de cadena agroalimentaria por ser más dinámico y complejo, donde todas las etapas funcionan interconectadas

Por tanto, conocer estos sistemas complejos y sus dinámicas es una tarea fundamental para poder abordar con éxito el desperdicio alimentario. Esto hace que el propio funcionamiento de este estudio haya necesitado de mucho diálogo entre todas las partes, visión integral y búsqueda de consenso entre todos y todas, evitando que el estudio general sea una simple suma de “estudios estancos”, según etapas de la cadena e instituciones, sino que sea el resultado de reflexiones conjuntas.

Estas reflexiones conjuntas entre todas las entidades participantes en la experiencia se han querido también trasladar a otros actores y administraciones interesadas en la medición del desperdicio alimentario en un territorio. Por tanto, se ha perseguido que la transparencia y honestidad en los hitos alcanzados esté presente en todo el informe, así como las dificultades encontradas, las soluciones adoptadas e incluso las mejoras que a futuro se podrían dar para solventar esas carencias identificadas.

Ejemplo de ello sería la dificultad de separar el llamado material potencialmente aprovechable (MPA) de los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano (SANDACH), que se han tenido que mostrar en algunos casos de manera conjunta. No obstante, para futuros trabajos en esta línea en el País Vasco, se quieren monitorizar estos flujos por separado, ya que el análisis de posibilidades de mayor valorización y creación de valor añadido son muy diferentes entre estas tipologías.

Dentro de los logros obtenidos, se puede destacar el hecho de haber conseguido calcular el desperdicio alimentario exclusivamente comestible (eliminando las pieles, huesos, espinas, etc.) para las etapas de distribución, HORECA y hogares, que, si bien la reducción del desperdicio alimentario se refiere tanto a las partes comestibles como no comestibles, se considera de máxima prioridad la eliminación de este desperdicio alimentario comestible. Por tanto, será uno de los retos a futuro poder calcular el desperdicio alimentario comestible también para la producción primaria y manufactura. Eso sí, si bien las partes comestibles son de máxima prioridad su reducción, no se quiere con ello infravalorar las posibilidades de aprovechamiento existentes para las partes no comestibles, dentro del marco de la economía circular, y de búsqueda de la máxima eficiencia del sistema agroalimentario vasco.

Otro de los retos futuros será poder desglosar mejor la información del desperdicio alimentario procedente del sector primario, ya que las definiciones actuales de la Comisión Europea (a través de la mencionada Decisión Delegada) y de Naciones Unidas (meta 12.3 de los ODS) descartan las etapas de cosecha y precosecha, diferenciando así estos flujos en dos: uno de ellos sería el ajuste de este concepto de desperdicio alimentario en la producción, de acuerdo a ambas instituciones internacionales, y otro el llamado material no cosechado y apto para el consumo. Este último flujo si bien queda fuera de los objetivos internacionales de reducción del desperdicio alimentario, se ha considerado un material de gran interés, incluso se pone en duda su exclusión como desperdicio alimentario y por tanto, será un flujo adicional que se quiere también cuantificar y buscar fórmulas de reducción.

Aparte de la exposición de los retos futuros, existen reflexiones que se han querido compartir con toda la comunidad acerca de ciertos consensos existentes. Ejemplo de ello son los alimentos cuyo destino inicial era la alimentación humana, pero por diversos motivos acaba en la alimentación animal. En estos casos, tanto la Comisión Europea como Naciones Unidas consideran que no se trata de desperdicio alimentario, porque se trata de un alimento que se vuelve a incorporar a la cadena alimentaria. No obstante, desde este estudio se quiere reflexionar al respecto, ya que, tal vez, este criterio general podría ser más flexible. Lo explicamos con el ejemplo del uso del calostro de la leche, que en lugar de destinarlo a consumo humano se utiliza para amamantar a los terneros recién nacidos en la propia explotación:  se tienen dudas sobre si este criterio es igualmente válido para etapas finales de la cadena, es decir, un alimento destinado para consumo humano que, después de cultivarlo, manufacturarlo, transportarlo y enviado a los lineales de venta para consumo humano, acabe finalmente en alimentación animal no sea considerado como desperdicio alimentario. Tal vez, sería necesario diferenciar, dentro de este concepto general, en qué casos se podría considerar desperdicio alimentario o no.

Por último, habría que remarcar la idea que este tipo de estudios no deben estar orientados exclusivamente a aportar la cantidad de desperdicio alimentario que se genera en un territorio, sino a conocer a fondo este problema para finalmente poder llegar a reducirlo. Esto es fundamental, ya que al iniciar este tipo de estudios Nos vamos a enfrentar a dificultades metodológicas y carencias de información cuya reflexión nos permitirá ir mejorando poco a poco estos análisis. La inacción hasta encontrar la metodología perfecta puede ser un error.

El grupo de trabajo que ha realizado este estudio considera la medición del desperdicio alimentario un proceso de mejora continua, siendo conscientes que podría existir la paradoja de generarse un aumento del desperdicio alimentario en los próximos años en su territorio, en este caso el País Vasco, simplemente porque se ha mejorado la metodología de cuantificación y no por un mayor desperdicio. Como se ha comentado, los datos estarán sujetos a mejora, pero la experiencia y el conocimiento del problema para fomentar acciones para su reducción es el mayor fruto de este trabajo.

Por tanto, será necesario seguir trabajando de manera continuada en afrontar este problema, evitando trabajos o proyectos puntuales que puedan quedarse en los aspectos más superficiales o no actuar en el territorio a la espera de tener el consenso metodológico absoluto a nivel internacional, o experiencias previas que puedan ir allanando el camino. Tal vez ese camino lo tengamos que construir entre todas y todos. Este estudio nació con esta idea, siendo conscientes del margen de mejora que puede llegar a tener, pero es necesario empezar a andar porque la magnitud del problema nos avisa de su necesidad de abordarlo y comprenderlo desde ya. Por eso queremos poner sobre la mesa esta experiencia pionera, para que podamos seguir dando pasos conjuntamente y lograr de manera efectiva y real este ambicioso reto de reducir el desperdicio alimentario hasta la mitad, para el año 2030: nuestros territorios y el planeta lo necesitan.

Héctor Barca Cobalea es investigador especialista en desperdicio alimentario.

NOTAS:

1 Este artículo ha sido escrito bajo la experiencia de los proyectos llevados a cabo por Enraíza Derechos, una organización de la cual formaba parte el autor. A la hora de publicar este artículo Héctor Barco se encuentra formando parte de la Fundació Espigoladors.

2 Jenny Gustavsson, Christel Cederberg, Ulf Sonesson, Robert van Otterdijk y Alexandre Meybeck, Global Food Losses and Food Waste- Extent, Causes and Prevention, FAO, Gothenburg, 2011.

3  UNICEF, FAO, FIDA, PMA y OMS, El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022, Roma, 2023.

4 FAO, Reducing Food Wastage Footprint, Roma, 2013.

5 FAO, «Indicador 12.3.1 - Pérdidas y desperdicio mundiales de alimentos», FAO, 19 de enero de 2023,

6 Unión Europea, «Directive 2018/851 Amending Directive 2008/98/EC on Waste Framework», Official Journal of the European Union, 2018.

7 Jefatura del Estado español, «Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular», Boletín Oficial del Estado, núm. 85, de 09/04/2022, 2022.

8 Åsa Stenmark, Carl Jensen, Tom Quested y Graham Moates, Estimates of European Food Waste Levels, FUSIONS EU, 2016.

9 Li Xue, Gang Liu, Julian Parfitt, Erica Van Herpen, Åsa Stenmarck, et al., «Missing Food, Missing Data? A Critical Review of Global Food Losses and Food Waste Data», Environmental Science and Technology, 2017.

10 Tribunal Europeo de Auditores, Combating Food Waste: An Opportunity for the EU to Improve the Resource-Efficiency of the Food Supply Chain, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016.

11 Comisión Europea, «Commission Delegated Decision (EU) 2019/1597 of 3 May 2019 Supplementing Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as Regards a Common Methodology and Minimum Quality Requirements for the Uniform Measurement of Levels of Food Waste», Official Journal of the European Union, 2019.

12 Este grupo de trabajo lo componen las siguientes entidades: Neiker, HAZI, AZTI Tecnalia, Basque Food Clúster, ELIKA Fundazioa y Enraíza Derechos.

13 Producción primaria: Neiker, HAZI, AZTI Tecnalia, ELIKA Fundazioa Manufactura: AZTI Tecnalia, HAZI, Basque Food Clúster y ELIKA Fundazioa. Venta al por menor y otras formas de distribución (retail): AZTI Tecnalia,. Restaurantes y puestos de comida (HORECA): AZTI Tecnalia, Hogares: Enraíza Derechos.

14 ELIKA Fundazioa, HAZI, Enraíza Derechos., AZTI Tecnalia, Neiker, y Basque Food Clúster , Análisis Del Desperdicio Alimentario en la Cadena Agroalimentaria de Euskadi, Vitoria-Gasteiz, 2022.

15 Comisión Europea, 2019, op. cit.

16 ELIKA Fundazioa et al., 2022, op. cit.

17 Ibidem.

18 David Spurgeon, Hidden Harvest: A Systems Approach to Postharvest Technology, International Development Research Centre, Ottawa, 1976.

Acceso al artículo a texto completo en formato pdf: Algunas lecciones aprendidas de la primera cuantificación del desperdicio alimentario en Euskadi.

 


Dosier Ecosocial: Ciencia, ética y paz

DOSIER ECOSOCIAL

Ciencia, ética y paz

Historia desde el valle de los límites

La colección Dosieres Ecosociales de FUHEM Ecosocial publica su nuevo número: Ciencia. ética y paz: historia desde el Valle de los Límites, de Pere Brunet, investigador del Centro Delàs de Estudios para la Paz.

Este dosier es una aproximación a la cultura de los límites y a los valores que se destilan y emanan de la ciencia, explicados a partir de la vida de personas científicas, sobre todo mujeres.

Desgraciadamente, la ciencia y sus protagonistas son casi imperceptibles, como todo lo que plantean y los valores que defienden. La ciencia incluso genera recelo. No es fácil acercarse a ella sin prejuicios.

Si los científicos son invisibles, a lo largo de la historia las mujeres científicas lo han sido aún más.

La obra intenta conectar la vida de estas personas protagonistas, muchas de ellas hoy olvidadas, con los valores que las guiaron y con algunas pinceladas divulgativas para desvelar aquella misteriosa belleza oculta que las cautivó.

El objetivo es múltiple: hablar de algunos de sus principios éticos, acercarnos a la cultura científica de los límites, desvelar, con su biografía, las dificultades que encontraron para desempeñar su trabajo creativo y divulgar algunos de sus maravillosos descubrimientos, intentando superar el respeto y el miedo que a menudo nos genera la ciencia.

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Ellas vivieron lejos de las riquezas, se descubrieron frágiles. Vivieron con mesura, decidieron cuidar, quisieron ser cuidadas. Y escondidas en el valle de los límites, lo explicaron. Su actitud nos ayuda a entender nuestro lugar en el mundo, desenmascarando los discursos que ignoran las fronteras ecológicas y convergiendo con las del ecofeminismo, los movimientos por el clima y la sociedad civil.

Los retos actuales, como ya explicaron Virginia Woolf, Buckminster Fuller y otras muchas personas, son imposibles de alcanzar sin cambiar y superar el actual sistema militarizado de poder y seguridad, y que éste no se puede desmantelar desde una visión patriarcal.

Otro mundo es posible y necesario, un mundo que deje atrás los grandes mitos que nuestro miedo ancestral ha ido engendrando. Mitos que, ignorando nuestra efímera esencia, nos han llevado al empeño desmedido de poder, a la violencia, a la dominación, a creer que somos mejores que los otros, a la destrucción, las armas y las guerras. Otro mundo y otra cultura que escuchen las voces de las personas de ciencia, que acepten de una vez que formamos parte de la naturaleza, que somos iguales y vulnerables y que debemos convivir, dialogar y cuidarnos en un planeta que debemos respetar. O cambiamos ahora o nos destruiremos.

 

Puedes consultar nuestros anteriores Dosieres Ecosociales.


Disponible el video del acto Modo de vida imperial, con Ulrich Brand.

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Modo de vida imperial

El pasado martes 19 de diciembre Ulrich Brand, Catedrático de Política Internacional y Director de la Red de Investigación sobre América Latina en la Universidad de Viena habló sobre el modo de vida imperial, a través de sus libros:

Modo de vida imperial: vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, publicado por la editorial Tinta Limón.

Crisis del modo de vida imperial y transiciones ecosociales, publicado por FUHEM y La Catarata.

El acto de presentación tuvo lugar en el Ateneo La Maliciosa a las 19 h.

Conversaron con el autor: Yayo Herrero y Sara Bourehiyi Ecologistas en Acción) y Paco del Pozo (La Villana)

Moderaron: Monica Di Donato (FUHEM Ecosocial) y Tom Kucharz (Ecologistas en Acción)

A continuación puedes ver la presentación:

Organizan: 


Guía para la Alfabetización Ecosocial

Desde el Centro de Documentación de FUHEM Ecosocial traemos hoy un recurso que fue presentado en el Seminario Qué significa la paz ambiental en el siglo XXI, organizado por el Grupo de Paz Ambiental de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, y por FUHEM Ecosocial −y apoyado por el Centre Delàs de D’Estudis per la Pau , el Instituto de la Paz y los conflictos de la Universidad de Granada – IPAZ  y la Fundación Cultura de Paz, con la colaboración de Ateneo La Maliciosa, cuyo objetivo era reunir una serie de personas expertas para examinar el concepto de paz ambiental en el siglo XXI.

El recurso se titula: Una guía para la Alfabetización Ecosocial: Paz, decrecimiento y sustentabilidad para un mundo posfosilista y ha sido elaborado por: María del Buey Cañas y Sofía Pérez Baeza.

Este informe surge de la vinculación del Grupo de investigación en Humanidades Ecológicas de la UAM (GHECO), de la Escuela Demospaz del Instituto Democracia, Cultura de Paz y No Violencia y de la Fundación Cultura de Paz, con el apoyo de European Climate Foundation.

El objetivo de esta guía es abordar la alfabetización ecosocial como herramienta de construcción de paz en el marco de la crisis civilizatoria actual. Para ello, se abordará la crisis de manera integral, analizando su carácter capitalista, industrial y fosilista, y planteando la alfabetización ecosocial como una herramienta con gran potencial para comprender la magnitud de nuestra situación a través del diagnóstico y del desarrollo de un conocimiento profundo que pueda servir de punto de partida desde el que plantear alternativas justas para la vida.

En palabras de las autoras, la gravedad y la urgencia de los desafíos actuales nos demandan una profunda revisión de nuestras formas de habitar la biosfera terrestre, y es en este contexto donde la dimensión educativa cobra una importancia crucial. Entendemos la alfabetización como un proceso clave en el desarrollo de las competencias necesarias para habitar el mundo de manera justa, democrática y sustentable para el conjunto de seres que la integramos.

La alfabetización constituye un paso previo desde el que hacer frente a los desafíos que la crisis ecosocial implica haciendo accesibles aquellas nociones que la atraviesan, como son, entre otras, la huella ecológica, los materiales críticos, la dependencia energética o el decrecimiento, y fomentando, además, el desarrollo de una serie de valores, actitudes y creencias que sirvan para promover una verdadera conciencia ecosocial.

Otro de los objetivos de la guía es trascender la noción de educación ambiental, revisitando sus aportaciones y ampliando su alcance para poder abordar la complejidad de la situación desde una aproximación holística. Así, la alfabetización ecosocial persigue promover la empatía y el cuidado hacia el conjunto de la biosfera, trascendiendo el pensamiento antropocéntrico actual.

La alfabetización ecosocial tiene un enfoque ecocentrista y permite desarrollar un conocimiento profundo de nuestras relaciones de inter y ecodependencia, poniendo en valor la importancia del entramado de la vida. En consecuencia, esta guía es una herramienta de trabajo orientada a un público amplio con el objetivo de lograr, a través del desarrollo de una mejor comprensión de nuestro presente, la cooperación necesaria para pensar y diseñar horizontes de transformación compatibles con vidas ecosocialmente sustentables y dignas.

A continuación, ofrecemos el índice de contenidos, tras el cual se puede acceder al texto completo.

Índice de contenidos

Prólogo. La alfabetización ecosocial como herramienta de construcción de paz.

Capítulo 1: La crisis ecosocial y el fin de los imaginarios fósiles.

  • Origen y alcance de la crisis ecosocial. Efectos y proyecciones.
  • Imaginarios fósiles: Historiografía y caracterización.
  • La crisis energética y la crisis de recursos: Escasez natural y escasez artificial de los combustibles fósiles.
  • Extractivismo fósil, luchas de poder y conflictos armados: Agentes sociales implicados y responsabilidades diferenciadas.

Capítulo 2: Transiciones energéticas y construcción de paz positiva.

  • Paz positiva: Vinculación con el bienestar ecosocial.
  • Las transiciones energéticas: Historiografía y caracterización.
  • Comunidades energéticas: formas colectivas y sustentables de captación de energías renovables.

Capítulo 3: Transformación ecosocial: Iniciativas posibles y cambios reales en el territorio nacional.

  • Definición de transformación ecosocial: explorar el porqué, el qué y el para qué del proceso de transformación hacia una vida más sustentable, justa y digna.
  • ¿Cómo actúa la justicia ecosocial? ¿Cómo transforma el territorio? ¿Cómo contribuye a la construcción de paz positiva?
  • ¿Cómo podemos contribuir desde el consumo y la producción energética renovable a la transformación ecosocial?
  • Manos en la masa: receta básica de prácticas ecosocialmente justas.

Bibliografía

Entre la bibliografía recopilada podemos encontrar textos de: Jorge Riechmann, Adrián Almazán, José Manuel Naredo, Óscar Carpintero, Silvia Federici, Yayo Herrero, Iván Illich, Serge Latouche, Carmen Madorrán, Manfred Max-Neef, Marta Tafalla, Antonio Turiel, Javier Vindel, David Wallace-Wells, entre otros.

Si queréis echarle un vistazo más profundo, puedes descargarla a texto completo: Una guía para la Alfabetización Ecosocial: Paz, decrecimiento y sustentabilidad para un mundo posfosilista.

 


Debate sobre el papel del rewilding y la ganadería extensiva en la gestión del territorio

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Debate sobre el papel del rewilding y la ganadería extensiva en la gestión del territorio

RewildingEl martes 7 de noviembre de 2023 realizamos un debate académico que exploró el papel diferenciado en la gestión del territorio del rewilding versus la ganadería extensiva: sus similitudes, diferencias, compatibilidades y controversias y el papel que podrían y deberían jugar en la sostenibilidad de nuestro medio rural.

Contamos con la participación de dos destacados expertos:

Cristian Moyano, doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales e Investigador del CSIC.

Pablo Manzano, doctor en Ecología e Investigador del Basque Centre Climate Change.

El debate estuvo moderado por Carolina Yacaman, UAM. y presentado por Mateo Aguado, FUHEM Ecosocial y  Violeta Hevia, UAM.

 

A continuación podrás ver el debate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Papeles 163: Geopolítica, territorio y conflictos

Papeles 163: Geopolítica, territorio y conflictos

A las formas tradicionales del colonialismo y del imperialismo vinculadas a los combustibles fósiles, actualmente se añaden nuevas expresiones de colonialismo “verde”, orientadas a facilitar la transición energética y la movilidad eléctrica. Pero lejos de traer un cambio de modelo, estas prácticas colonialistas pintadas de verde dan continuidad a las tradicionales formas de acumulación por desposesión, y profundizan las dinámicas de explotación del capitalismo trasnacional, respaldadas por los estados.

El número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global aborda cómo estas dinámicas están ampliando las “zonas de sacrificio” sometidas al extractivismo al tiempo que las grandes corporaciones imponen sus reglas en los territorios de extracción, mermando las capacidades de estados ya de por sí debilitados. Junto a las formas más conocidas de extractivismo surge una amplia gama de actividades comerciales de servicios para la pura actividad extractiva.

La confluencia de estos elementos genera nuevas formas de conflictividad tanto a escala local como global que estallan en multitud de conflictos socioecológicos, y se suman a tensiones geopolíticas y conflictos armados clásicos, algunos de los cuales se están reavivando.

El aumento de las tensiones, fricciones y focos de conflicto abierto hace albergar sombrías perspectivas respecto a la conflictividad en el futuro próximo. Las acciones de la sociedad civil organizada buscan reorientar estas tendencias extraviadas.

La Introducción al número, «Transiciones, conflictos e imperialismo global», firmada por Santiago Álvarez Cantalapiedra, ofrece una introspección sintética de las tendencias en marcha en la geopolítica de la transición verde.

A Fondo explora los contornos del colonialismos verde en América Latina de la mano de Breno Bringel,  Miriam Lang y Mary Ann Manahan. Maristella Svampa y Melisa Argento se centran en la explotación en el “triángulo del litio” en Chile, Bolivia y Argentina. Bonnie Campbell disecciona, en la entrevista de Nuria del Viso, los impactos de la extracción minera de las grandes corporaciones en África sobre las poblaciones y sobre los estados.

Gregor Dobler y Rita Kesselring dirigen su mirada a la importancia adquirida por las empresas internacionales que proporcionan la infraestructura de la extracción de minerales del sur de África, y cómo consiguen captar un porcentaje sustancial del valor.

Daniel López analiza el extractivismo en el sector agroalimentario en España. Por su parte, Alejandro López examina los rasgos de la geopolítica generada por la guerra de Ucrania y sus impactos globales en las materias primas.

Desde el plano local, Francisca Fernández Droguett aborda la lucha contra la hidropolítica del despojo en Chile y la defensa por la gestión comunitaria de las aguas, mientras que Jokin Alberdi y Maria Oianguren sintetizan los aprendizajes locales para la gestión de los conflictos del extractivismo y el colonialismo verde en Colombia, Mozambique y País Vasco sistematizados a partir del proyecto «Territorios en conflicto».

En Ensayo, Jorge Guardiola, Diego Checa y José Ángel Ruiz analizan la idea de Gandhi de sarvodaya para una buena vida o buen vivir, con el objetivo de explorar sus contradicciones y convergencias con otras visiones.

El número se completa con la sección Lecturas.

A continuación, ofrecemos el Sumario del número y en abierto, a texto completo, la Introducción de Santiago Álvarez Cantalapiedra y el artículo de Breno Bringel: Colonialismo extractivista en Latinoamérica.

INTRODUCCIÓN

Transiciones, conflictos e imperialismo globalSantiago Álvarez Cantalapiedra.

A FONDO

Colonialismo verde: raíces históricas, manifestaciones  actuales y su superación, Breno Bringel, Miriam Lang, Mary Ann Manahan.

El litio: ¿Falsa solución o vía hacia una sociedad postfósil?, Maristella Svampa, Melisa Argento.

Entrevista a Bonnie Campbell: «En el sector extractivo es de vital importancia centrarse en las obligaciones de los gobiernos del país de origen en las afectaciones al medio ambiente y los derechos humanos», Nuria del Viso.

Extractivismo suizo: el papel de Suiza en el sector del cobre en Zambia, Gregor Dobler y Rita Kesselring.

Ucrania, nodo crítico de materias primas en Europa y el mundo, Alejandro López Canorea.

El régimen extractivista y el sistema agroalimentario español, Daniel López García.

«Territorios en conflicto»: aprendizajes para la construcción de alternativas de vida, Jokin Alberdi, Maria Oianguren.

La defensa de las aguas en el Chile neoliberal: de la hidropolítica: del despojo a la gestión comunitaria de las aguas, Francisca Fernández Droguett.

ENSAYO

El concepto de sarvodaya en Gandhi como idea del buen vivir: convergencias y contradicciones con otros paradigmas, Jorge Guardiola, Diego Checa, José Ángel Ruíz Jiménez.

LECTURAS

Pensar en sistemas: un manual de iniciación, Donella Meadows

Francisco Casas Ossa

Naturaleza sagrada. Cómo podemos recuperar nuestro vínculo con el mundo natural, Karen Armstrong

Inés Sanz Manzano, Elena Pardo Cabrera, Maria Celina Martínez Cubillo, Luis Sánchez de Benito

El mundo está en venta. La cara oculta del negocio de las materias primas, Javier Blas y Jack Farchy

Óscar Carpintero

Notas de lectura

Abajo las armas, Manuel Dios (coord.).

Susana Fernández Herrero

Molinos y gigantes, Jaume Franquesa

Nuria del Viso.

RESÚMENES

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Colonialismo verde

Breno Bringel, Miriam Lang y Mary Ann Manahan firman el artículo: «Colonialismo verde: raíces históricas, manifestaciones actuales y su superación» publicado en la sección A FONDO del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, dedicada a Geopolítica, territorio y conflictos.

El artículo repasa cómo el colonialismo y la colonialidad siguen presentes en la actual etapa de capitalismo verde. El colonialismo verde actual se manifiesta hoy, en tiempos de emergencia climática como colonialismo del carbono. Lo que Breno y Svampa denominan el Consenso de la Descarbonización no sustituye al Consenso de los Commodities, sino que ambos se sobreponen con elementos de continuidad y ruptura.

Durante los últimos años la idea de colonialismo verde ha cobrado fuerza para definir la actual etapa del capitalismo verde asociada a la descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas. En la órbita de las Conferencias de las Partes (COP) –y con el respaldo de actores públicos y principalmente privados– ha emergido un amplio repertorio de instrumentos, mecanismos y propuestas que se proponen como objetivo afrontar la crisis climática, tales como la agricultura climáticamente inteligente, los mecanismos de compensación, los mercados de carbono, las soluciones basadas en la naturaleza o la Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD).

Sin embargo, como muestran muchas comunidades en su denuncia cotidiana, así como diversas investigaciones científicas, estas "soluciones-negocios", lejos de resolver el problema, contribuyen a agravarlo. A pesar de la retórica de la descarbonización y sus malabares técnicos para eludir responsabilidades con la idea de "emisiones netas cero", se mantiene el modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y se acelera la destrucción de territorios, de los ecosistemas y de la vida. Tal como planteado con claridad por las compañeras de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática,1 se compran certificados de compensación de biodiversidad para poder seguir destruyendo la biodiversidad (en el mismo lugar o en otro lejano).

Esta descarbonización hegemónica potencia las asimetrías centro/periferia o Norte/Sur y lleva a que muchos estudios recientes hablen de la configuración de un nuevo tipo de colonialismo del carbono,2 colonialismo energético,3 colonialismo climático4 o colonialidad climática;5 es decir, una serie de conceptos contiguos que designan la continuad y perpetuación de relaciones coloniales a través de las políticas climáticas y de transición energética hegemónicas.

Todos estos debates permiten un importante avance en la caracterización y en la denuncia contemporánea del colonialismo verde. Sin embargo, no podemos restringir este fenómeno a la actualidad. Aunque estemos viviendo una importante inflexión histórica, ni la práctica ni la idea de colonialismo verde son un fenómeno reciente.

 

El colonialismo verde como patrón histórico de poder del capitalismo extractivista

La idea de colonialismo verde se ha usado, principalmente en la historia ambiental, para captar un proceso de largo plazo. Como afirma Grove,6 «el tipo de transformación homogeneizadora intensiva en capital de las personas, el comercio, la economía y el medioambiente con el que estamos familiarizados hoy en día puede remontarse al menos a los inicios de la expansión colonial europea, cuando los agentes del nuevo capital europeo y los mercados urbanos trataron de ampliar sus áreas de operación y sus fuentes de materias primas». En esta línea, entendemos que el colonialismo verde está asociado a un patrón histórico de poder colonial y expansión capitalista y que el extractivismo está en el ADN del colonialismo desde 1492. En un brillante libro, Machado Aráoz7 muestra cómo Potosí se convirtió en el punto de partida de una nueva era, geológica y civilizatoria, en la que la minería moderno-colonial sirve de detonante del capitaloceno. Este patrón ha cambiado a lo largo de los siglos. Si bien la lógica extractivista y la violencia colonial contra los cuerpos, territorios y ecosistemas se ha mantenido, se ha complejizado con el surgimiento de nuevas condiciones materiales y mecanismos de justificación.

Con la expansión del colonialismo, se formó un nuevo imaginario geopolítico moderno sobre la naturaleza y el “otro” no occidental para justificar el acaparamiento de tierras y el sometimiento de poblaciones enteras. Paradójicamente, fue la destrucción ecológica causada por el colonialismo la que permitió, a partir de mediados del siglo XVII, la emergencia de una preocupación por la conservación del medioambiente. Desde entonces, las potencias coloniales han complejizado su estrategia imperial: siguen destruyendo la naturaleza y extrayendo todas las riquezas que pueden, pero al mismo tiempo construyen políticas y discursos conservacionistas.

Vimbai Kwashirai ha analizado el colonialismo verde en Zimbabue desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y muestra  tanto las repercusiones socioambientales del colonialismo británico como los distintos tipos de conflictos, relaciones y mediaciones entre funcionarios coloniales, empresas, personal científico y agentes locales en torno a la explotación maderera y la conservación de los bosques.8 Como sostiene Ravi Kumar, la tensión entre la defensa de la conservación y la destrucción de los bosques en África y Asia es un legado del colonialismo británico. En el caso concreto del sur de India, Kumar examina cómo el “colonialismo verde” británico primero destruyó los bosques – a la vez que culpaba a los nativos de hacerlo – y luego creó una política de control de los paisajes forestales, argumentando que era importante mantener y ampliar el control estatal sobre la naturaleza con el fin de controlar el clima y los sistemas de regadío y, así, mejorar el bienestar del país.9

El control tecnológico y la dominación de los paisajes han sido fundamentales para la reproducción continuada del colonialismo verde. La ingeniería hidráulica, por ejemplo, fue uno de los principales motores del imperialismo europeo.10 La construcción de canales, obras de ensanche y presas sirvieron para mantener el poder imperial incluso después del colonialismo formal a través de la necesidad inducida de transferencia de tecnología, después de haber desconocido, devaluado y destruido las tecnologías y formas de manejo existentes en los territorios colonizados. No se trata simplemente de establecer una relación de dependencia material. Worster11 muestra cómo tras la instalación de proyectos de regadío en India y el establecimiento de diversas formas de control del agua, la relación del pueblo indio con el agua nunca volvió a ser la misma. Los sistemas hídricos comunitarios en distintas partes del Sur global quedaron así desmantelados y empezaron a ser controlados por el capitalismo colonial y las autoridades estatales para conseguir sus propios objetivos. En consecuencia, el antropocentrismo implica no solo la obsesión moderna por el control humano sobre la naturaleza, sino también una forma de indiferencia, desprecio e inferioridad hacia el valor de otras formas de organización de la reproducción social.

El control tecnológico y la dominación de los paisajes han sido fundamentales para la reproducción continuada del colonialismo verde.

Por lo tanto, el colonialismo verde se forjó históricamente con el capitalismo y la mercantilización de la naturaleza, combinando expansión material y control subjetivo , lo que se expresa en la «colonialidad de la naturaleza».12 Para el pensamiento hegemónico global y las elites dominantes, esta colonialidad de la naturaleza presenta a América Latina (y a otras regiones del Sur global) como un espacio subalterno que puede ser explotado, destruido y reconfigurado según las necesidades de los regímenes de acumulación dominantes.13 Esto afecta a la realidad biofísica (la flora, la fauna, los habitantes humanos, la biodiversidad de sus ecosistemas) y a la configuración territorial (las dinámicas socioculturales que articulan estos ecosistemas y paisajes), pero también a las mentalidades (colonialidad de la mente y del conocimiento).

 

Colonialismo verde e imperialismo ecológico

Si el colonialismo verde no terminó con el fin de la colonización formal, la diferenciación conceptual propuesta por Quijano14 entre colonialismo y colonialidad es relevante para diferenciar entre momentos y lugares específicos donde tuvo lugar la dominación imperial y la matriz colonial de poder que persistió tras la independencia política de las antiguas colonias. Además, el marco de la colonialidad es importante para entender cómo el imperialismo de algunos países como los Estados Unidos no necesitó de colonias para ejercer su patrón de poder y potenciar el colonialismo verde mediante amenazas militares, la imposición de mercados globales y otros mecanismos de dominio indirecto cultural, legal y político.

En el colonialismo verde habita una “razón imperial”. Por ello, es importante que el debate contemporáneo explore con mayor profundidad la relación entre colonialismo verde e imperialismo ecológico. Una creciente literatura actual, principalmente marxista, ha rescatado el debate sobre el imperialismo ecológico, vivo en el debate académico desde la década de 1980, haciendo hincapié en las contradicciones ecológicas del capitalismo y la fractura metabólica.15 De forma complementaria, otras personas académicas tratan de examinar cómo el imperialismo ecológico está arraigado en las prácticas cotidianas y es respaldado por las instituciones.

¿Cómo se normaliza esto de una forma que oculte el imperialismo que conlleva?

Esto es lo que Brand y Wissen llaman «el modo de vida imperial»,16 que se acerca mucho a lo que Slater había definido como «imperialidad»,17 es decir, el derecho, el privilegio y el sentimiento percibidos de ser imperial o de defender un modo de vida imperial en el que se legitima la invasión geopolítica.

Estos desarrollos recientes son muy bienvenidos, al igual que los que pretenden pensar el decrecimiento desde una forma política anticolonial.18 Son relevantes en términos de relaciones Norte-Sur porque apuntan a la responsabilización de los grandes contaminadores y reconocen la deuda ecológica como una agenda central de las luchas contemporáneas, al mismo tiempo que reivindican la lucha por la descolonización también en el Norte. Sin embargo, debemos tener cuidado con una cuestión delicada: a menudo el discurso antiimperialista sigue siendo ampliamente movilizado contra la naturaleza por sectores que se autodenominan “progresistas”. El desarrollismo fósil sigue muy presente en diversos actores del Sur que dicen defender una transición energética justa y, al mismo tiempo, están totalmente a favor de seguir explotando el petróleo por interés nacional, porque, de lo contrario, lo haría un país extranjero. Igualmente, la idea del “derecho al desarrollo” sigue resonando con fuerza entre muchos actores del Sur global que se definen como antiimperialistas, a pesar de que abundan las evidencias de ecocidio, genocidio y destrucción epistémica causados también en nombre del “desarrollo”.

El colonialismo verde se forjó históricamente con el capitalismo y la mercantilización de la Naturaleza, combinando expansión material y control subjetivo.

En la lucha por la descolonización de África, el revolucionario ghanés Kwame Nkrumah, en alusión a la famosa tesis de Lenin, sostenía que el neocolonialismo sería la última etapa del imperialismo.19 Hoy podemos sugerir que la colonialidad climática es la etapa más reciente del colonialismo verde. Salvar el clima y descarbonizar la economía se han convertido en mantras. La tensión –o complementariedad– histórica entre conservación y destrucción sigue estando muy presente, aunque con mecanismos cada vez más sofisticados de control digital y territorial. En este proceso, los nuevos moldes del colonialismo verde reproducen las relaciones coloniales históricas y la colonialidad del poder, pero buscan una nueva legitimación social en torno a la idea de la descarbonización y de lo ‘verde’. Es así como el colonialismo verde hoy, en tiempos de emergencia climática, se manifiesta, sobre todo, como un colonalismo del carbono .

 

El colonialismo verde en la era del Consenso de la Descarbonización y de las transiciones lucrativas

En los últimos años ha emergido un nuevo consenso que Bringel y Svampa definen como «Consenso de la Descarbonización».20 Se trata de un acuerdo capitalista global que apuesta por el cambio de la matriz energética, pasando de una matriz basada en combustibles fósiles a otra con emisiones de carbono reducidas, basado en energías “renovables”. Su leitmotiv es luchar contra el calentamiento global y la crisis climática promoviendo una transición energética impulsada por la electrificación de la producción, del consumo y la digitalización. Sin embargo, en lugar de proteger el planeta, contribuye a su destrucción, profundizando las desigualdades existentes, exacerbando la explotación de los recursos naturales y perpetuando el modelo de mercantilización de la naturaleza.

Por un lado, se sugiere que todo podría seguir como antes si tan solo sustituyéramos los combustibles fósiles por otros que se dicen renovables, pero que no necesariamente lo son. Por otro, se insiste, una vez más, en la centralidad del crecimiento económico (revestido ahora con otra camada de “verde”) para la organización de nuestras economías y sociedades. Además, este Consenso de la Descarbonización limita el horizonte de la lucha contra el cambio climático a lo que Moreno et al.21 definieron como la “métrica del carbono”, es decir, una forma de representar muy diferentes problemáticas ambientales cuantificando el carbono, que proporciona una especie de moneda de cambio internacional y crea la ilusión de que se está haciendo algo respecto a la degradación ambiental. Estas métricas reducen el deterioro y el creciente colapso de la sumamente compleja red de la vida en la Tierra a una cifra que es fácilmente compatible con el ratio capitalista de contabilidad: toneladas de CO2, como si esta cifra pudiera proporcionar información fiable sobre los múltiples daños causados a nuestro hábitat por el modo de vida hegemónico y sus líneas de interconexión. Esto oculta los problemas subyacentes, mientras permite abogar explícitamente por los “negocios verdes” y se construyen políticas no solo inadecuadas, sino también insostenibles.

La protección de nuestro hábitat se ha convertido, de esta manera, en objeto de transiciones ecológicas lucrativas y pactos especulativos que acaban financiarizando la Naturaleza. Las empresas transnacionales del petróleo y del gas planean simultáneamente ampliar sus operaciones con combustibles fósiles al tiempo que exploran nuevas tecnologías, por ejemplo, en torno al hidrógeno. Las grandes potencias mundiales (Unión Europea, Estados Unidos y China), preocupadas por su seguridad energética, se comprometen a reducir las emisiones de carbono y a reorientar sus economías hacia modos de producción bajos en carbono y descarbonizados, pero a la vez apuntan a nuevas oportunidades de crecimiento económico “verde”. Bajo esta misma lógica, algunos países del Sur global también empiezan a anunciar sus propios planes de “transición ecológica”.

En el marco del Consenso de la Descarbonización, el colonialismo verde contemporáneo se manifiesta en la forma de un extractivismo verde que nos aboca a una destrucción profunda de nuestro hábitat y tejido social. Asimismo, moviliza prácticas e imaginarios ecológicos neocoloniales y apuesta por procesos de investigación y de innovación tecnológicas que prosperan, pero están profundamente inscritas en los paradigmas de rentabilidad, progreso infinito y crecimiento económico, en lugar de orientarse por la necesidad fundamental de sostener y reproducir la vida.

Mientras tanto, en la selva tropical ecuatoriana, la deforestación se ve impulsada por el apetito chino hacia el árbol de madera de balsa que se utiliza en la construcción de turbinas eólicas. En Sudáfrica, las enormes infraestructuras de las centrales de hidrógeno para la exportación de energía “limpia” se convierten en un predicamento para las comunidades que basan su sustento en la pesca a pequeña escala o en la agricultura. En el Magreb, los pastores pierden sus tierras y su agua a causa de los enormes parques solares que se construyen para suministrar “energía verde” a Europa. En el triángulo del litio en Sudamérica, las comunidades luchan por las escasas fuentes de agua que son cada vez más acaparadas por la minería del litio con el fin de equipar los coches eléctricos.

 

El colonialismo verde contemporáneo y las relaciones Norte/Sur

El colonialismo verde actual se despliega en al menos cuatro dimensiones diferentes de las relaciones entre los Nortes y los Sures geopolíticos a medida que se remodelan y actualizan en el contexto del Consenso de la Descarbonización.

  1. En primer lugar, en la reivindicación de materias primas ilimitadas en la nueva carrera mundial por la seguridad energética, que añade una capa “verde” adicional a las presiones extractivistas ya existentes. Dicho en los términos de Bringel y Svampa,22 el Consenso de la Descarbonización no sustituye al Consenso de los Commodities, sino que ambos se sobreponen con elementos de continuidad y ruptura .
  2. En segundo lugar, como ya hemos discutido, el colonialismo verde se manifiesta en la imposición de ciertos formatos de conservación en los territorios del Sur en el contexto de esquemas de compensación de emisiones de carbono, que al mismo tiempo permiten posponer aún más los cambios estructurales urgentes en los procesos de producción contaminantes ubicados en las economías del Norte.
  3. La tercera dimensión es la utilización de lugares del Sur global como vertederos de los residuos tóxicos y electrónicos que arrojan el uso de energías renovables y la digitalización.
  4. Por fin, la cuarta es la proyección de los Sures como nuevos mercados para vender tecnologías renovables a precios elevados dentro de la arquitectura asimétrica del comercio global, perpetuando así el intercambio desigual.

En muchos debates del Norte global se imaginan o se representan las geografías en las que se producirá esa apropiación como si no hubiera personas ni conflicto, como si estuvieran en otro planeta en el que nada debería preocuparnos. Paisajes, cuerpos y poblaciones enteras del Sur global son tratadas como desechables. La idea de “espacio vacío”, típica de la geopolítica imperial, es utilizada a menudo por gobiernos y empresas. En el pasado, esta idea, que complementa la noción ratzelliana de “espacio vital” (Lebensraum), generó el ecocidio y el etnocidio indígena, y más tarde sirvió para promover políticas de “desarrollo” y “colonización” de territorios. Actualmente, se utiliza para justificar el expansionismo territorial para inversiones en energía “verde”. De este modo, grandes extensiones de tierra en zonas rurales escasamente pobladas se consideran “espacios vacíos” que se pretenden volver rentables mediante la construcción de mega instalaciones de molinos de viento o centrales de hidrógeno.

El Consenso de la Descarbonización no sustituye al Consenso de los Commodities, sino que ambos se sobreponen con elementos de continuidad y ruptura.

Se reproducen así los elementos clásicos mutuamente constitutivos del colonialismo/patriarcado/capitalismo/racismo: las geografías destinadas a la acumulación se aprovechan de otras geografías, destinadas a ser saqueadas.23 El colonialismo verde actual sigue expropiando materias y reproduciendo relaciones coloniales, a la vez que confunde y enmaraña las resistencias al autoproclamarse respetuoso con el medioambiente e indispensable para conceder un futuro a la humanidad. En este viaje, aparentemente, las poblaciones racializadas del Sur global aún no tienen asiento y es desconcertante ver hasta qué punto se ha naturalizado el hábito de externalizar los costes sociales y medioambientales de un modo de vida imperial. En los debates sobre transición energética, eficiencia y seguridad, el privilegio es tan asombrosamente evidente en las sociedades del Norte como lo fue durante los primeros años de la pandemia de COVID-19. Esta autoevidencia se fundamenta en la naturalidad de haber crecido en un contexto en el que tu vida y tus derechos son dignos de ser protegidos, y de ser consciente implícitamente de que este no es el caso de la mayoría de la población mundial. De esta manera, la colonialidad del ser, del poder y del saber, asoma por todas partes en diferentes debates del Norte.

 

Más allá del colonialismo verde…

Si reconocemos el colonialismo verde y su faceta actual de extractivismo verde como un enemigo a combatir, necesitamos entender bien sus dinámicas, bien como organizarnos para superarlo. Esta es la apuesta del libro Más allá del colonialismo Verde: Justicia Global y Geopolítica de las Transiciones Ecosociales, editado por nosotras y que reúne a activistas e intelectuales de todos los continentes para examinar las diferentes características e implicaciones del colonialismo verde contemporáneos y proponer alternativas.24 Ofrece un diagnóstico sobre las transiciones corporativas, analiza las interdependencias y los entrelazamientos globales y presenta diferentes caminos hacia las alternativas al desarrollo y una transformación socioecológica con justicia global.

Una de las premisas del libro es que no puede haber transformación ecosocial sin justicia global. Nuestro planeta es un ecosistema ultra complejo del que el ser humano forma parte. La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado claramente dónde acabamos cuando no consideramos desde el principio soluciones sistémicas para todos, sino que priorizamos los intereses nacionales o corporativos. Al mismo tiempo, tenemos que superar las salidas individualistas e hiper localistas para  abrazar la justicia en todas sus dimensiones: social, racial, de género, ecológica, interétnica e interespecies, así como articular enfoques alternativos diversos, desde el ecofeminismo a la economía ecológica, y desde el ecosocialismo a las comprensiones del pluriverso.

Una segunda premisa es que la transformación ecosocial necesita reducir urgentemente el consumo humano de energía y materia en términos absolutos, lo que implica cambios planificados y profundos en nuestros modos de producción y aprovisionamiento. Un decrecimiento planificado, especialmente en el Norte global –acompañado de reformas estructurales hacia una distribución justa de los medios materiales necesarios para reproducir la vida, tanto dentro de los países o regiones como entre ellos– es una dimensión ineludible de esta transformación. La justicia global solo se alcanzará si las voces críticas del Norte y del Sur global reman juntas, a pesar de sus especificidades, en una vía común. El abanico de posibilidades de convergencia es amplio y pasa tanto por espacios de articulación alrededor de la justicia medioambiental y climática, como por el intercambio y aprendizaje desde experiencias ecológicas de base, el decrecimiento, los diálogos con saberes indígenas y ancestrales y una amplia gama de iniciativas territorializadas y populares de transición ecosocial.

Asimismo, si no podemos superar el colonialismo verde sin las voces del Sur global, tampoco podemos homogeneizar el Norte global. Al contrario, debemos complejizar nuestros análisis de diferentes maneras. Por un lado, el colonialismo verde no es simplemente algo que se impone desde arriba o del Norte al Sur. En muchos casos, lo que está en juego es también una especie de “colonialismo verde interno”, que forja las condiciones de posibilidad para el avance del extractivismo verde basado en alianzas y complicidades coloniales entre las élites nacionales del Sur y las mundiales. Por otro lado, necesitamos tender más puentes entre las luchas del Norte y del Sur bajo el paraguas de las alternativas al desarrollo, las alternativas sistémicas y las transiciones radicales y posextractivistas. Si la idea de transición –e incluso de transiciones justas– ha sido cooptada por el capitalismo y diversos actores institucionales que la utilizan de forma limitada y problemática como sinónimo de una transición energética orientada al mercado, es importante clarificar sus significados y horizontes. Las transiciones ecosociales deben entenderse como primeros pasos de un proceso más amplio de transformación de la cultura, de la economía, de la política y de la sociedad y de su relación con la naturaleza. No pueden, además, reducirse a una promesa de futuro, como en el caso de la mayoría de las propuestas hegemónicas. Las transiciones ya están ocurriendo en multitud de experiencias en comunidades y territorios, en zonas rurales y urbanas, así como en resistencias territoriales en todo el mundo contra el capitalismo/colonialismo verde y sus falsas soluciones.

 

Breno Bringel

Profesor Permanente del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (Brasil) e investigador sénior en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (España).

Miriam Lang

Profesora en el área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) y Profesora invitada de la Universidad Autónoma de Barcelona (España).

Mary Ann Manahan

Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de Estudios sobre Desarrollo y Conflictos de la Universidad de Gante (Bélgica).

 

NOTAS:

1 Véase el Glosario de la Justicia Climática, elaborado por la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática: https://latinclima.org/documentos/glosario-de-justicia-climatica

2 Kristen Lyons y Peter Westoby, «Carbon colonialism and the new land grab: plantation forestry in Uganda and its livelihood impacts», Journal of Rural Studies, 36, 2014, pp. 13-21.

3 Josefa Sánchez Contreras y Alberto Matarán Ruiz, Colonialismo energético: Territorios de sacrificio para la transición energética corporativa en España, México, Noruega y el Sáhara Occidental, Barcelona, Icaria, 2023.

4 Gurminder Bhambra y Peter Newell, «More than a metaphor: climate colonialism in perspective», Global Social Challenges Journal, 1-9, 2022.

5 Farhana Sultana, «The unbearable heaviness of climate coloniality», Political Geography, 99, 2022, 102638.

6 Richard Grove, Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism: 1600-1860 Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

7 Horacio Machado Aráoz, Potosí, el origen: Genealogía de la minería contemporánea, Abya Yala, Quito, 2018.

8 Vimbai Kwashirai, Green Colonialism in Zimbabwe: 1890-1980, Cambria Press, Nueva York, 2009.

9 Ravi V. M. Kumar, «Green colonialism and Forest Policies in South India, 1800-1900», Global Environment, 3 (5), 2010, pp. 101-125.

10 Daniel Headrick, The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 1981.

11 Donald Worster, Transformaciones de la Tierra, CLAES, Montevideo, 2008.

12 Fernando Coronil, «Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo», en Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000.

13 Héctor Alimonda, «La colonialidad de la Naturaleza: una aproximación a la ecología política latinoamericana», en Héctor Alimonda, (ed.), La naturaleza colonizada, CLACSO, Buenos Aires, 2011, pp. 21-60.

14 Anibal Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», en Edgardo Lander, La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2000.

15 John Bellamy Foster y Brett Clark, «Ecological imperialism: the curse of capitalism», Socialist Register, 2004, pp. 186-201.

16 Ulrich Brand y Markus Wissen, Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica del capitalismo, Tinta Limón, Buenos Aires, 2021.

17 David Slater, «The imperial present and the geopolitics of power», Geopolitica(s), 1 (2), 2010, pp. 191-205.

18 Jason Hickel, «The anti-colonial politics of degrowth», Political Geography, 88, 2021,102404.

19 Kwame Nkrumah, Neo-colonialism: The last stage of imperialism, Thomas Nelson & Sons, Ltd., Londres, 1965.

20 Breno Bringel y Maristella Svampa, «Del Consenso de los Commodities al Consenso de la Descarbonización», Nueva Sociedad, (306), 2023, pp. 51-70.

21 Camila Moreno, Daniel Speich Chassé y Lili Fuhr, «A métrica do carbono: abstrações globais e epistemicídio ecológico», Heinrich Böll Stiftung, Río de Janeiro, 2016.

22 Bringel y Svampa, 2023, op. cit.

23 Horacio Machado Aráoz, «Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-existencias decoloniales en nuestra América», Bajo el Volcán, 15 (23), 2015, pp. 11-51.

24 Una primera versión en español del libro ha sido publicada por CLACSO en octubre de 2023. A principios de 2024, se publicarán las ediciones en inglés por Pluto Press y en portugués por la Editora Elefante.


Crisis del modo de vida imperial

La Colección Economía Inclusiva del área Ecosocial de FUHEM publica el texto de Ulrich Brand, Crisis del modo de vida imperial y transiciones ecosociales.

Las múltiples crisis de naturaleza socioecológica y el agravamiento de los efectos del cambio climático dibujan un escenario preocupante a nivel global, atravesado de crecientes desigualdades sociales y soluciones controvertidas, como las promovidas por el “capitalismo verde” o la “economía verde”.

Más allá del cinismo o la ingenuidad de este tipo de propuestas, ¿cómo habría que entender el alcance de estos problemas y afrontar una transformación socioecológica duradera y sostenible?

El politólogo Ulrich Brand proporciona en este conjunto de ensayos, que sintetizan una parte de sus contribuciones a las posibles salidas a la policrisis que vivimos, una comprensión radical y emancipadora de la transformación socioecológica, basada en la imbricación entre los procesos sociales y naturales, y en una profunda crítica al modo de vida imperial capitalista, a sus formas de producción, consumo y explotación, sometidas al imperativo del crecimiento.

Desde una doble perspectiva, analítica y político-estratégica, Brand ensancha el horizonte de los debates actuales e indaga en las posibilidades transformadoras en distintos ámbitos: el de una economía orientada al bien común y al poscrecimiento; el de una ecología del trabajo en la que los sindicatos puedan ejercer un papel importante en la política medioambiental; el de un renovado ecosocialismo capaz de promover otros modelos de bienestar y prosperidad, que contrarresten las políticas antiecológicas más reaccionarias y refuercen los modos de vida solidarios, tanto en el presente como en el futuro.

El primer capítulo de este libro aborda el debate científico y sociopolítico sobre la transformación socioecológica en un marco más conceptual-teórico y propone desarrollar una comprensión radical y emancipadora de la transformación socioecológica en términos de un cambio integral del sistema.

En el capítulo 2 se deconstruye una promesa central, la de una economía verde. Critica, entre otras cosas, que no se cuestione el imperativo de crecimiento capitalista y sus relaciones de producción subyacentes, y menos aún el modo de vida imperial.

El capítulo 3, basado en un texto escrito al comienzo de la pandemia de coronavirus, intenta obtener alguna claridad sobre aquella constelación históricamente única, especialmente en el contexto de la crisis ecológica y las posibilidades de una política emancipadora. Para ello, plantea una serie de preguntas en particular, entre ellas:

¿Qué se puede hacer para que la vida social, el trabajo, las instituciones y las infraestructuras sociales, la democracia y la relación entre la sociedad y la naturaleza cambien de forma permanente?

¿Cómo puede aprovecharse la sensibilización sociopolítica, que de repente hizo posible lo antes impensable en las crisis sanitarias, para bregar por una sociedad más justa y democrática, aunque esencialmente por una sociedad que también permita a las generaciones futuras vivir una vida plena en nuestro planeta?

¿En qué medida pueden reforzarse, en el proceso, las ideas y prácticas del bien común y su protección político-institucional?

El capítulo 4 presenta como una ecología del trabajo debería convertirse en un componente central de los procesos de transición emancipadores.

En el capítulo 5 el autor junto a Christine Schickert, investigadora en la Universidad de Jena (Alemania), reflexionan, sobre la importancia que el enfoque del poscrecimiento pueda tener para un renovado socialismo ecológico.

El horizonte de una sociedad más allá del imperativo de crecimiento capitalista, según el punto de partida del capítulo 6, debe concretarse en áreas específicas, como la alimentación, la movilidad o la vivienda; en ámbitos de la vida como el trabajo o las actividades de ocio, y a nivel local. Solo entonces, este nuevo horizonte podrá ser experimentado por la gente y, posiblemente, convertirse en atractivo.

En el capítulo 7 retoma este hilo y desarrollo ideas en el contexto de un posible horizonte de transformación global, que podría denominarse realpolitik revolucionaria (Rosa Luxemburgo), reformismo radical (Joachim Hirsch) o doble transformación (Dieter Klein). Se trata de vincular las cuestiones sociales y ecológicas y no, como ocurre tan a menudo, de utilizar intencionadamente unas contra otras.

El último capítulo, sobre qué hacer, presenta algunas alternativas que ya existen o que habría que fomentar y generalizar. En particular, en el futuro se tratará, cada vez más, de que sea la sociedad la que recupere su autonomía, estableciendo los límites y perfilando los contornos del deseado cambio ecosocial.

 

 

SOBRE EL AUTOR

Ulrich Brand es catedrático de Política Internacional en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Viena, Austria. Su libro más conocido es Modo de vida imperial. Vida cotidiana y crisis ecológica (con Markus Wissen, Buenos Aires, Tinta Limón, 2021), que fue traducido del alemán a 12 idiomas.

Fue miembro del Comité Científico de ATTAC Alemania. Entre 2011 y 2013, fue miembro de la Comisión de Diputados y Expertos del Bundestag alemán, Bienestar y Calidad de Vida. Desde sus inicios en 2010 es miembro del Grupo Permanente Alternativas al Desarrollo, que trabaja sobre América Latina. Y desde sus inicios en 2016 es miembro del Grupo Permanente Beyond Develomment, que trabaja sobre asuntos políticos globales.

 

ÍNDICE

NOTA A LA EDICIÓN

INTRODUCCIÓN

Capitalismo verde

Estructura del libro

CAPÍTULO 1. ¿CÓMO SALIR DE LA POLICRISIS? LOS CONTORNOS DE UNA TEORÍA CRÍTICA DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIOECOLÓGICA

Introducción

Requisitos para un concepto amplio de transformación

Teorización de la transformación socioecológica: conceptos teóricos

La ecología política y la regulación de las relaciones sociales con la naturaleza

Debate y perspectivas

CAPÍTULO 2. ECONOMÍA VERDE Y CAPITALISMO VERDE. EL MODO DE VIDA IMPERIAL COMO LÍMITE DE LA MODERNIZACIÓN ECOLÓGICA

Economía verde

¿Y después del desarrollo sostenible?

Evaluación de la estrategia

Obstáculos estructurales a una economía verde

Capitalismo verde

Conclusión

CAPÍTULO 3. LA CRISIS DEL CORONAVIRUS. OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE E INICIATIVAS POLÍTICAS

Análisis críticos para una política orientada al bien común

Promover iniciativas concretas

CAPÍTULO 4. EN LA TRAMPA DEL CRECIMIENTO. LOS SINDICATOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Inquietud política: ¿qué habrá ocurrido en 2030?

Ecología del trabajo

Más allá de la modernización ecológico-capitalista

¿Cómo será posible convertir al campeón de las exportaciones en campeón socioecológico?

El crecimiento: el punto álgido de una economía socioecológica

¿Sindicatos por el futuro?

CAPÍTULO 5. ¿EL ECOSOCIALISMO COMO PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN? REFORMISMO RADICAL, DECRECIMIENTO Y DEMOCRACIA

Explorar nuevas perspectivas emancipadoras

Los debates sobre la transformación socioecológica, ¿en pro de la emancipación o ciegos frente al poder?

Hábitos, costumbres, naturalidades e imaginarios de un mundo poscapitalista

Decrecimiento o poscrecimiento y estrategias ecosocialistas

Perspectivas del futuro: por una comprensión procedimental e internacionalista de las estrategias socialistas

CAPÍTULO 6. LA CIUDAD DEL POSCRECIMIENTO. EL MODO DE VIDA SOLIDARIO COMO PROYECTO

El poscrecimiento como perspectiva tanto del activismo como de la investigación académica  Hacia un modo de producción y de vida solidario

CAPÍTULO 7. MÁS ALLÁ DE LA SOSTENIBILIDAD. LOS CONTORNOS DE UN MODO DE VIDA SOLIDARIO

Cambio de clima y justicia

¿Qué transformación?

Vida solidaria y transformación socioecológica como horizonte de una política progresista

El potencial de la crítica al crecimiento

La perspectiva de una democracia transformadora en pro de un modo de vida solidario

CAPÍTULO 8. ¿QUÉ HACER? ALTERNATIVAS VIVIDAS, REIVINDICACIONES EMANCIPADORAS E INTERVENCIONES POLÍTICAS

El reclamo de reparaciones climáticas

La sociedad del poscrecimiento: poner límites políticamente

BIBLIOGRAFÍA


Transiciones, conflictos e imperialismo global

La Introducción del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, escrita por Santiago Álvarez Cantalapiedra: "Transiciones, conflicto e imperialismo global", ofrece una introspección sintética de las tendencias en marcha en la geopolítica de la transición verde.

Hemos señalado en otras ocasiones, en anteriores números de la revista, que el capitalismo no supera sus contradicciones, sino que las traslada en el espacio y en el tiempo. Hemos hablado también en otros números de esta revista del mundo que está emergiendo de la agudización de esas contradicciones.1 Como han subrayado oportunamente diversos autores, esas transferencias espacio/ temporales suelen adoptar la forma del imperialismo ecológico al depender del saqueo de la periferia y de la traslación a esas zonas de las contradicciones del núcleo.

La apropiación y saqueo de amplios territorios a través de mecanismos neocoloniales se completa con un proceder que no tiene en cuenta las opiniones ni las necesidades de las generaciones venideras, transfiriendo también al futuro las cargas ambientales.2 Las manifestaciones de la crisis energético/climática son la expresión más clara de esas traslaciones, y de sus límites, en la actualidad.

Desde los años ochenta al momento actual el surgimiento y auge del orden neoliberal, la caída del socialismo real y la emergencia de China como gran potencia económica mundial han modificado el mapa geopolítico y económico mundial. Un periodo marcado, a su vez, por la Gran Recesión, la pandemia y la proliferación de nuevas tensiones y guerras. Los cambios que se están experimentando se aceleran, así como el surgimiento de nuevas formas de imperialismo a través de diferentes vías de dominación y dependencia asociadas con la globalización de la producción y las finanzas.

La apropiación y saqueo de amplios territorios a través de mecanismos neocoloniales se completa con un proceder que no tiene en cuenta las opiniones ni las necesidades de las generaciones venideras, transfiriendo también al futuro las cargas ambientales.

Se puede hablar de un imperialismo global como nueva fase que surge de la globalización económica y que cristaliza en mecanismos de acaparamiento para nada ajenos al tipo de acumulación por desposesión que prolonga, ya en el siglo XXI, viejas prácticas de despojo sobre las que se forjó la acumulación originaria.3 Asociadas a ellas se encuentran las nuevas modalidades de colonialismo verde, y bajo su despliegue son las múltiples periferias que van surgiendo las que quedan más expuestas a las pandemias o a los daños derivados del extractivismo y del cambio climático causados por el modo de vida imperial del viejo núcleo capitalista.

Tensiones que surgen del corazón de la transición energética

Asistimos a una realidad cada vez más compleja en la que coexiste la nueva geopolítica asociada a la transición energética con la tradicionalmente convulsa de los combustibles fósiles. Son dinámicas que probablemente permanecerán juntas durante un tiempo sumando nuevas líneas de fractura tanto en el panorama internacional como en el ámbito interno.

Las dinámicas geopolíticas de la energía fósil desde el siglo XIX a la actualidad han sido analizadas por Helen Thompson.4 Hasta el periodo de entreguerras, las viejas metrópolis europeas dependieron fuertemente del petróleo importado del hemisferio occidental, procedente principalmente de los EEUU. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a ser evidentes las limitaciones de aquel país para seguir desempeñando el papel de suministrador occidental, así como las dificultades para siquiera garantizar con los recursos fósiles propios la evolución de su potente demanda interna.

Los países occidentales pasaron a poner la atención en Oriente Medio, la región del mundo con mayores reservas. Este desplazamiento del interés hacia el Medio Oriente ha perpetuado desde entonces la inestabilidad geopolítica en la región.5 Sin embargo, eso no impidió que aumentara también la dependencia energética de Europa occidental, particularmente de Alemania, del petróleo soviético desde los años cincuenta y sesenta y del gas ruso más recientemente. Buena parte de las vulnerabilidades y problemas por la que atraviesa la seguridad energética y la autonomía estratégica de la UE en el presente arrancan de este hecho.

La forma en que los estadounidenses reaccionaron a estas circunstancias recorre la geopolítica desde los años setenta del siglo pasado hasta la primera década del nuevo siglo. A partir de entonces, el auge del gas de esquisto en los EEUU ha permitido que este país inyecte al mercado europeo grandes cantidades de gas licuado entrando en competición con Rusia. Las consecuencias que para la seguridad energética europea han supuesto la invasión y guerra en Ucrania no han hecho sino confirmar esta tendencia. En ese contexto, también China, al ser consciente de que necesita garantizar los suministros fósiles para alimentar su enorme capacidad industrial, diseña sus propias estrategias centradas en Asia, África y América Latina generando nuevas tensiones geopolíticas.

Las nuevas tecnologías necesitan nuevos materiales, y muchos de ellos son considerados críticos ante la posibilidad de que su suministro represente un cuello de botella en la implantación masiva de dichas tecnologías a un coste razonable.

A esta vieja geopolítica centrada en las energías fósiles se suman en la actualidad las tensiones derivadas de la transición energética, particularmente por la forma que está adoptando en los países que conforman el núcleo del capitalismo. La cuestión gira sobre la infraestructura necesaria para captar las fuentes renovables del viento y el sol y solventar el desafío del almacenamiento. Transitar hacia otra base energética y alcanzar la neutralidad climática en el año 2050 precisa una cantidad ingente de toneladas de minerales cada año.

Las nuevas tecnologías necesitan nuevos materiales, y muchos de ellos son considerados críticos ante la posibilidad de que su suministro represente un cuello de botella en la implantación masiva de dichas tecnologías a un coste razonable.[6] Por ese motivo, el acceso a estos recursos críticos es contemplado por los países como una cuestión estratégica, de manera que la transición energética deviene de manera inmediata en una cuestión geopolítica de primer orden. Esto sitúa a las tierras raras y a los minerales críticos en el foco de atención.7 La dispersión geográfica de esos materiales favorece de momento a China, que además ocupa una posición dominante en las cadenas de extracción, producción y comercialización de esos minerales.

Pero no hay que olvidar que, como buena parte de la estrategia de transición hacia las renovables depende aún de la inyección de grandes flujos de energías fósiles y descansa en tecnologías poco maduras o que aún no existen, las rivalidades geopolíticas que vemos surgir en torno a los nuevos materiales se mezclan todavía con la vieja geopolítica de la energía fósil. De ahí que las tiranteces y conflictividades pueden aparecer por uno u otro flanco. Con todo, como los objetivos de descarbonización de las estrategias de transición otorgan menor capacidad de maniobra al gas de esquisto (importante en la gestión de las tensiones más recientes), todo indica que de ahora en adelante la válvula de escape para aliviar las presiones que se van acumulando será sobre todo la expansión de la frontera extractiva mineral.8

Zonas de sacrificio y nuevas conflictividades

La expansión de las fronteras extractivistas se puede observar con claridad en el caso del litio. Aunque todavía concentrada en poco enclaves y países,9 el incremento vertiginoso de la demanda está provocando que se extiendan innumerables proyectos por otros países de América Latina, África, Europa, los EEUU y Canadá.10 Tras la explotación de los grandes salares de fácil y rentable extracción, aunque enormemente exigente en el consumo de agua, se pasa a la explotación del litio de roca dura, con las consecuencias ecológicas propias de la minería a cielo abierto e impactos sobre las comunidades locales que, en no pocos casos, implican expulsiones y desplazamientos de población.

Sobre estos territorios se despliegan estrategias corporativas y acciones estatales que no toman en consideración las necesidades y los intereses locales, de manera que las regalías, los impuestos sobre los beneficios de la actividad minera y los controles laborales y ambientales son mínimos o quedan definidos al margen de las poblaciones afectadas. Las cuestiones referidas a la propiedad, las rentas, la tecnología y los impactos sociales y ambientales quedan subsumidas en una lógica y una arquitectura jurídica que contempla la tenencia de las explotaciones como activos financieros que se pueden comerciar en los mercados globales a través del control que ejercen sobre ellos grandes empresas del sector automotriz, bancos o fondos de inversión. Nada que tenga que ver con un desarrollo endógeno y autocentrado en las necesidades de la población de unos territorios que son sacrificados para posibilitar el tránsito a un modelo renovable en los centros del capitalismo global.

En el caso de la República Democrática del Congo, posiblemente uno de los países más turbulentos del mundo y donde se encuentran las principales reservas de cobalto y coltán, la intensificación de la actividad minera se ha desarrollado paralelamente a la militarización y los conflictos armados.11 A esa inestabilidad política y social se añade el despojo, pues el grueso de los recursos es exportado en bruto, ancladas las actividades en el eslabón más bajo de una cadena de valor gobernada por “la regla del notario”.12

División internacional del trabajo, modo de vida y nuevas rivalidades imperiales

Ante esta división internacional del trabajo que condena al Sur global a la exportación de materias primas baratas que otros rentabilizan gracias a su mayor capacidad tecnológica y poder en los mercados, algunos gobiernos plantean la necesidad de escalar en las cadenas de valor prohibiendo las exportaciones en bruto y diseñando planes para el refinamiento en los países de extracción.13 Sin cambiar las reglas de juego se antoja que las medidas se utilizarán para afianzar alianzas público-privadas (estados con grandes corporaciones trasnacionales) que actualicen las viejas alianzas entre oligarquías locales y globales de las que el imperialismo siempre se ha servido. Pero eso únicamente perpetuará la “maldición de los recursos” que produce desigualdad y destrucción ecológica, agravando los conflictos armados, la corrupción y la desigualdad.

Pero no hay que olvidar que la otra cara de la moneda es el modo de vida imperial que da lugar a los privilegios y ventajas que se disfrutan en el Norte global.14 Sin el cuestionamiento de los objetivos e intereses que guían los procesos de extracción, transformación y comercialización es difícil afrontar en serio la crisis ecosocial. De momento, las amenazas del calentamiento global y el paulatino agotamiento de los recursos fósiles, así como la definición de las estrategias de transición, casi exclusivamente centradas en las dimensiones energética y digital, parecen estar diseñadas más para el establecimiento de una «acumulación por desfosilización»15 que para el propósito de racionalizar y reducir los intercambios metabólicos y preservar la integralidad de la biosfera.

Los organismos internacionales parecen más preocupados por la fragmentación de la economía mundial y la geopolítica de bloques que se pudieran derivar del hecho de que muy pocos proveedores −China, Rusia y Australia− controlen la mayor parte de la llamada “minería verde” sobre la que descansa la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y coches eléctricos que de cuestionar el modo de vida occidental.16 Así las cosas, si se utilizan los mismos métodos que se han empleado históricamente con la geopolítica del petróleo, el futuro inmediato no augura nada bueno. EEUU sigue siendo la principal potencia económica, tecnológica y militar del mundo, pero dispone de pocos yacimientos domésticos de minerales críticos y tierras raras y es un imperio en decadencia en un mundo multipolar. Europa parece haber renunciado a cualquier intento de actuar como un centro de poder autónomo y cierra filas −como se está comprobando con motivo de la guerra de Ucrania y la destrucción de Gaza por el gobierno de Israel− con la OTAN como herramienta principal para hacer valer los intereses de Occidente.

La agudización de las rivalidades interimperialistas y la proliferación de todo tipo de conflictos violentos aparecen como una posibilidad cada vez más cercana mientras los procesos de deterioro ecológico siguen su curso y nos van conduciendo a lugares ignotos de los que apenas sabemos si tendremos posibilidades de retorno.

Santiago Álvarez Cantalapiedra, director de FUHEM Ecosocial y de la revista Papeles de relaciiones ecosociales y cambio global.

Acceso al artículo completo: Transiciones, conflictos e imperialismo global

NOTAS:

[1] Véase, por ejemplo, los número de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicados a un «Mundo de emergencias» (núm. 162), «Militarismo» (núm. 157) o «Geopolítica en el Antropoceno» (núm. 146).

[2] Kohei Saito, El capital en la era del Antropoceno, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2022.

[3] David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.

[4] Helen Thompson, Disorder: Hard Times in the 21ª Century, Oxford University Press, 2022.

[5] Con acontecimientos decisivos como el proceso descolonizador guiado fundamentalmente por los intereses de Gran Bretaña y Francia, la creación del Estado de Israel, la crisis de Suez del año 1956 que confirmó la pérdida de influencia de Gran Bretaña, la revolución en Irán de 1979 que instauró la actual república islámica tras el derrocamiento del último sha de Persia, el apoyo otorgado por los EEUU a Arabia Saudí o las guerras sucesivas en las que los intentos de Occidente de reconfigurar el poder en la zona han involucrado primero a Irak y luego a Siria.

[6] Las materias primas críticas (CRM) −materiales que requieren especial atención por su relevancia económica y el alto riesgo de la interrupción de su suministro− son identificadas por la Comisión Europea e incorporadas a un listado en permanente actualización. La lista de la UE del año 2020 contiene treinta materiales frente a los catorce que contenía en el año 2011 (o los veinte de 2014 y los veintisiete de 2017). La bauxita, el litio, el titanio y el estroncio han sido incorporadas por primera vez al último listado, mientras que el helio −que sigue siendo motivo de preocupación por la concentración del suministro− se ha eliminado por haber disminuido su importancia económica. Se puede consultar el listado completo en la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad» [COM(2020) 474 final, Bruselas, 03/09/2020]:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN

[7] Entre los más relevantes para el avance de la transición energética y digital se encuentran los siguientes: 1) El coltán, que en realidad es el acrónimo popular de las denominadas columbita (óxido de niobio) y tantalita (óxido de tántalo), y que resulta crucial para la microelectrónica; 2) El cobalto y el litio, fundamentales para la producción de baterías; y 3) las llamadas  tierras raras (que no son tierras en el sentido popular, ni raras en el sentido de escasas, y que se las denomina así porque suelen aparecer dispersas en minerales relativamente poco comunes) con aplicaciones en múltiples industrias y resultan especialmente importantes para el rendimiento de muchos motores y generadores eléctricos. Son precisamente las tierras raras las que mayor riesgo de suministro presentan para Occidente debido a que la extracción y la comercialización se encuentran controladas por China.

[8] Una válvula que solo puede actuar de manera temporal, pues la demanda de al menos catorce materias primas críticas se estima que en las próximas décadas será superior a las reservas conocidas. Entre ellas se encuentran materiales tan comunes en la industria como el cobre o el níquel como los principales elementos de la transición energética (como el litio, el galio o el cadmio).

[9] Básicamente situados en Australia, Chile, China y Argentina.

[10] Bruno Fornillo, «Las fronteras latinoamericanas del litio. Espejismos, guerras y desfosilización», Nueva Sociedad núm 306, Buenos Aires, julio-agosto de 2023, pp. 38-50.

[11] Nicolas Berman, Mathieu Couttenier, Dominic Rohner y Mathias Thoenig, «This Mine is Mine! How Minerals Fuel Conflicts in Africa», American Economic Review, vol. 107, núm. 6, junio 2017, pp. 1564-1610; Nik Stoop, Marijke Verpoorten y Peter van der Windt, «Artisanal or industrial conflict minerals? Evidence from Eastern Congo», World Development, vol 122, año 2019, pp. 660–674.

[12] José Manuel Naredo y Antonio Valero se valen de la “regla del notario” para explicar cómo el deterioro ecológico y social no se contabiliza en la noción convencional de desarrollo económico, de manera que no existe una relación entre los verdaderos costes y los precios de los recursos. La fuerte asimetría entre la evolución del coste físico y la valoración monetaria se puede ilustrar en términos energéticos de la siguiente forma: «En la construcción de una casa los mayores consumos energéticos tienen lugar en los materiales de obra que son los que menos cuestan por unidad de energía consumida. Al final de la obra el consumo energético que hace el notario para firmar la escritura es el que más dinero cuesta» (Antonio Valero, https://www.rqueerre.com/blog/la-regla-del-notario-y-el-mundo-que-nos-queda-por-antonio-valero/). La regla del notario se desprende de las asimetrías entre, por un lado, los postulados de la termodinámica y la economía convencional y, por otro, las normas y condicionamientos institucionales en las prácticas económicas que tienden a retribuir más las tareas de dirección, gestión y comercialización frente a las directamente implicadas en la extracción y elaboración. Véase: José Manuel Naredo y Antonio Valero, «La evolución conjunta del coste físico y del valor monetario en el curso del proceso económico: la “regla del notario” y sus consecuencias», capítulo 23 del libro dirigido y editado por estos mismos autores: Desarrollo económico y deterioro ecológico, Fundación Argentaria- Visor Dis., Madrid, 1999.

[13] Lo señala Rodrigo Santodomingo en una crónica publicada en el Blog Planeta Futuro asociado al diario EL PAÍS: «Exportar metales y minerales sí, pero refinados: la batalla de África por rentabilizar las materias primas»

[14] Ulrich Brand, Crisis ecosocial, modo de vida imperial y transiciones, FUHEM/ Catarata (Colección Economía Inclusiva, núm. 6), Madrid, 2023 (en prensa).

[15] Maristella Svampa y Pablo Bertinat (eds.), La transición energética en la Argentina. Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2022.

[16] Véase el capítulo tercero «Fragmentation and Commodity Markets: Vulnerabilities and Risks» del survey del FMI, World Economic Outlook: Navigating Global Divergences, Washington, DC., octubre de 2023, pp. 71-92.


Extractivismo suizo: el papel de Suiza en el sector del cobre en Zambia

El número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global publica en su sección A FONDO un ensayo de Gregor Dobler y Rita Kesselring titulado Extractivismo suizo: el papel de Suiza en el sector del cobre en Zambia,1 que trata sobre la infraestructura económica del extractivismo y su papel en el capitalismo global.

Al analizar el extractivismo −dependencia de los países de la exportación de materias primas que crea dependencia económica y política y redirige los beneficios a otros países−,2 los científicos sociales suelen centrarse en los lugares de extracción: en las minas, los campos petrolíferos o las plantaciones.

En los estudios africanos, el tema ha suscitado un renovado interés desde que el crecimiento económico de China cambió el panorama de la extracción mundial y generó una nueva ola de inversiones en materias primas a gran escala.3

Los estudiosos han mostrado el papel desempeñado por las empresas multinacionales y sus directivos4 y han analizado las relaciones entre los grandes inversores, las comunidades anfitrionas y los gobiernos de los países ricos en recursos.5

Los problemas medioambientales han encontrado tanta cobertura como los programas de reasentamiento, las medidas de responsabilidad social corporativa o las relaciones laborales.6 Estos estudios han mostrado el enorme impacto de la extracción de materias primas en las personas que viven alrededor de las minas y los campos petrolíferos, y han vinculado este impacto a las relaciones de poder en la economía global.

Sin embargo, la economía política del extractivismo no puede entenderse concentrándose únicamente en las minas y los pozos. Entre su extracción y su uso en la producción industrial global, las materias primas tienen que ser financiadas, aseguradas, trasladadas, almacenadas, limpiadas, pesadas, mezcladas, compradas, vendidas, certificadas, rastreadas, por mencionar solo algunas actividades posteriores. Los proveedores de servicios, como las empresas comerciales, las compañías de transporte y envío, las instituciones financieras y los proveedores de certificación y software son agentes tan importantes de la extracción de materias primas como las empresas mineras. Estos segmentos de las redes mundiales de producción ocupan un lugar menos destacado en la literatura. El consiguiente desequilibrio distorsiona nuestra imagen de las formas en que los países exportadores de materias primas están integrados en la economía mundial.

Utilizando como ejemplo las relaciones entre Zambia y Suiza, en este artículo mostramos lo activas que son las empresas internacionales a la hora de proporcionar la infraestructura de la extracción de minerales del sur de África, y cómo consiguen captar un porcentaje sustancial del valor creado por ella. Sostenemos que, para comprender las consecuencias de la extracción de minerales para los países receptores y, en última instancia, aumentar los beneficios locales mediante la regulación y una fiscalidad eficaz, debemos prestar mucha más atención a estas actividades menos espectaculares, pero no por ello menos rentables.

No somos los primeros en argumentar en este sentido. Los estudiosos de las cadenas de valor mundiales se interesan desde hace tiempo por las distintas formas en que se añade valor a los bienes a lo largo de su recorrido,7 mientras que los teóricos de las redes de producción mundiales destacan el papel funcional de intermediarios como los agentes financieros, logísticos y normativos.8 Más recientemente, un nuevo enfoque sobre la servicificación de las cadenas de valor mundiales ha puesto de manifiesto que las empresas manufactureras de las economías avanzadas suelen generar un alto porcentaje de sus ingresos mediante la prestación de servicios.9 Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre la servicificación se han centrado en las industrias de Europa, EEUU y Asia, y poco se sabe sobre la medida en que los servicios contribuyen a añadir valor en la extracción de minerales en los países africanos. Esperamos que nuestro artículo cubra alguna de estas lagunas y aumente el interés por los aspectos menos espectaculares de la extracción de materias primas.

Nuestro estudio de caso tiene un enfoque restringido: analizamos el papel de las empresas suizas en el sector del cobre de Zambia. Nos centramos en una materia prima y un par de países, y solo incluimos las actividades derivadas de la minería que tienen lugar en el sur de África.

Zambia, actualmente octavo productor mundial de cobre, depende en gran medida de la minería. El sector extractivo representa directamente el 10%, indirectamente hasta el 50% de su PIB y el 80% de las exportaciones en 2016. A pesar de ello, la minería solo aportó el 18% de los ingresos públicos en 2015, la mayor parte procedente de los cánones minerales.10

Según las estadísticas comerciales oficiales, la mitad del cobre de Zambia se exporta a Suiza, es decir, es comprado y vendido por empresas suizas de comercio de materias primas. Esto es típico del papel de Suiza en la economía mundial. El país se ha convertido en un centro de comercio mundial: el 60% de los metales del mundo, el 60% del café, el 50% del azúcar, el 35% de los cereales y el 35% del petróleo crudo se comercializan hoy en día a través de Suiza.11

Cuando comenzamos nuestra investigación, queríamos comprender mejor las consecuencias del papel de Suiza como centro de comercio para el cobre de Zambia. Pronto nos dimos cuenta de que el comercio de materias primas es solo una de las formas en que la economía suiza y la zambiana están interrelacionadas. En nuestra descripción y análisis de estos vínculos no queremos señalar a las empresas suizas como excepcionales, y vemos el peligro de que el enfoque nacional pueda restar importancia a las conexiones globales de capital. Demostraremos, sin embargo, que centrarnos en Suiza hace que la dinámica general del capitalismo mundial sea más claramente visible. Es una herramienta heurística útil para comprender las disparidades regionales y la captura de valor en el capitalismo global.

Metodológicamente, el artículo se basa en investigaciones etnográficas en ciudades fronterizas y mineras del sur de África. Gregor Dobler ha trabajado en este contexto durante los últimos 15 años y ha realizado trabajo de campo de corta duración para este artículo en Chirundu y Lusaka; Rita Kesselring ha llevado a cabo 18 meses de trabajo de campo etnográfico en Solwezi y Kalumbila, dos nuevas ciudades mineras del noroeste de Zambia, y, en menor medida, en Mufulira y Kitwe, dos antiguas ciudades del “cinturón del cobre” (Copperbelt). Ambos hemos entrevistado a un amplio abanico de agentes del sector en Zambia y Suiza, y hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación documental de las zonas a las que nos resultó difícil acceder.12

La estructura del artículo es sencilla. Tras una breve introducción, seguimos el viaje del cobre a través de las principales etapas de la minería, el comercio y la logística del transporte. En cada etapa, mostramos el alcance y la forma de participación de las empresas suizas. Una segunda parte, más breve, examina un vínculo diferente entre los países que surge de sus interacciones económicas: los movimientos de solidaridad entre grupos de la sociedad civil. Demostramos que para las empresas que utilizan los entornos normativos favorables como una baza importante, estos movimientos críticos se han convertido en un riesgo estratégico y en agentes normativos en sí mismos. En la conclusión, unimos estas vertientes para teorizar el papel de las empresas suizas en la partición mundial del trabajo.

 

Extracción

Nuestro interés no solo por la minería, sino por todo el entramado productivo del cobre, es una de las pocas cosas que compartimos con Glencore, la empresa suiza más conocida que opera en el sector del cobre de Zambia. Glencore empezó como comerciante de materias primas, pero ahora se ha convertido en una multinacional integrada de commodities. Un paso importante en esta dirección ha sido su inversión en minas de cobre en Zambia y la RDC desde 2000. La decisión de Glencore de comprar minas en Zambia fue anticíclica y, en retrospectiva, llegó en el mejor momento posible para la empresa.

Zambia tiene una larga historia de extracción comercial de cobre. Bajo el dominio de la British South Africa Company y, más tarde, de la colonia británica, sus minas de cobre eran propiedad de la Anglo American Corporation y la Roan Selection Trust. En 1969, cinco años después de la independencia, el gobierno zambiano nacionalizó las minas de cobre del país. En 1982, en respuesta a una larga depresión de los precios del cobre que comenzó a mediados de los años setenta, las dos empresas mineras estatales se fusionaron para crear Zambia Consolidated Copper Mines Limited (ZCCM). Los principales accionistas de ZCCM eran el gobierno zambiano, con un 60,3%, y la Anglo American Corporation, con un 27,3%. La consolidación no pudo detener el declive del sector. En un entorno de liberalización y desregulación mundial, el aumento de la deuda externa y la falta de ingresos obligaron al presidente Kaunda a ceder a las presiones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros prestamistas para privatizar las minas y otros activos estatales.13

El alcance y el ritmo del programa de privatización y liberalización del país aumentaron bajo el Movimiento para la Democracia Multipartidista (MMD) dirigido por Frederick Chiluba.14 En 1996, el gobierno zambiano empezó a disgregar la ZCCM en paquetes de activos y a venderlos a diversos inversores, al tiempo que mantenía una participación minoritaria en cada nueva empresa. Debido a la caída de los precios mundiales en la década de 1990, hubo que esperar hasta 2000 para que se privatizaran todos los activos, tras años de duras negociaciones, ofertas bajas y un aumento de la deuda.

Glencore adquirió una participación mayoritaria en las minas de cobre de Mopani, el mayor empleador del cinturón de cobre, que comprendía las minas de Nkana y Mufulira, dos concentradores, una fundición, una refinería y dos plantas de cobalto.

En 2000, Carlisa Investments Corp, empresa conjunta de First Quantum Minerals Limited (FQM, véase más adelante) y Glencore International AG, constituida en las Islas Vírgenes británicas, adquirió una participación del 90% en Mopani. Muy pronto, FQM diluyó su participación en la empresa, lo que redujo sus acciones en las minas de cobre de Mopani del 45,9% al 16,9% y aumentó las de Glencore del 44,1% al 76,3%. El 10% restante sigue siendo propiedad de ZCCM.15

Desde los 2000, Glencore fue una de las primeras comercializadoras de materias primas en ampliar su alcance a lo largo de la cadena de valor.

Al igual que con todos los activos de ZCCM, las condiciones para la venta de Mopani se codificaron en un Acuerdo de Desarrollo bilateral secreto que posteriormente se filtró al público. El acuerdo definía un "periodo de estabilidad" de 15 años durante el cual las condiciones contractuales permanecerían estables. Eximía a Glencore y FQM de cubrir los pasivos financieros de ZCCM (incluidas las pensiones de los trabajadores de ZCCM) y los legados medioambientales, y de pagar la mayoría de los impuestos.16 Aunque los acuerdos de desarrollo dejaron de ser vinculantes tras su anulación en la Ley de Desarrollo de Minas y Minerales de 2008, muchas de sus disposiciones siguen vigentes.

En la actualidad, Glencore es el cuarto productor de cobre por producción en Zambia, por detrás de FQM, Barrick Gold y Vedanta. También posee Sable Zinc Kabwe Limited, una planta de procesamiento de cobre y cobalto en Kabwe,17 la mina Mutanda y el 74,4% de Katanga Mining en la vecina RDC.

La historia suiza de Glencore es bien conocida. La empresa se remonta a Marc Rich & Co AG, registrada en Zug (Suiza) en 1974. Rich, que por entonces figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado, entre otras cosas, de evasión fiscal, chantaje y evasión de las sanciones de EEUU en el comercio con Irán, vendió su negocio comercial a los directivos de la empresa en 1993. (Más tarde, Bill Clinton le concedió el famoso indulto en su último día de mandato, después de que Denise Rich, esposa de Rich, donara más de un millón de dólares al Partido Demócrata). La nueva empresa, Glencore, salió a bolsa en 2011 y se fusionó con el gigante minero suizo Xstrata en 2012/13. Hoy es la mayor empresa comercializadora de materias primas del mundo. Glencore plc está constituida en Jersey y domiciliada en Baar (Suiza). Entre los accionistas de Glencore plc se encuentran inversores institucionales, como Qatar Holding (8,47%) y BlackRock Inc. (5,69%), pero grandes acciones de la empresa son propiedad de directivos, por ejemplo, el consejero delegado Ivan Glasenberg (8,40%) y Aristotelis Mistakidis (3,12%).18 19

Desde la década de 2000, Glencore fue una de las primeras grandes comercializadoras de materias primas en ampliar su alcance a lo largo de la cadena de valor, una estrategia que ahora siguen muchos de los gigantes del sector, ya que los márgenes del arbitraje han disminuido en una era de información de precios más fácilmente disponible.20] Su expansión en la minería ha generado muchos debates, algunos de ellos vinculados a los beneficios económicos o los peligros de la integración vertical, otros a las prácticas empresariales o los efectos medioambientales de sus minas y fundiciones. Los empleados de otras empresas mineras zambianas con las que hablamos consideran que Glencore se rige por una lógica diferente, no minera,21 mientras que los empleados de otras empresas comerciales suizas ven a Glencore como un gigante opaco y algo turbio.

Los precios mundiales del cobre se multiplicaron por seis tras la adquisición de Mopani por parte de Glencore, pasando de 1.500 dólares por tonelada métrica en 2000 a más de 10.000 dólares por tonelada en febrero de 2011. Después de 2012, el precio cayó gradualmente por debajo de los 5.000 dólares en 2016, para recuperarse hasta los 6.000-7.000 dólares en el momento de escribir estas líneas. Debido a la privatización de los activos mineros y a un régimen fiscal desfavorable, pocos de los beneficios resultantes se quedaron en el país. Los múltiples intentos del gobierno de aumentar los ingresos procedentes de la minería han fracasado en gran medida debido al poder de negociación de las empresas.22

 

Comercio

Las empresas mineras con sede en Zambia no utilizan el cobre para la producción, sino que venden su producto a otras empresas. Las minas rara vez venden cobre directamente a los agentes económicos que necesitan cobre físico para la producción. En su lugar, el cobre pasa a manos de comerciantes especializados que lo venden a otros comerciantes o consumidores.

Los comerciantes tienen un doble papel. Por un lado, prestan servicios a productores y consumidores asignando el cobre de forma más rentable de lo que podrían hacerlo los consumidores o los productores por sí solos. Los comerciantes tienen acceso a un gran número de productores y consumidores y pueden ahorrar costes de transporte ajustando la oferta y la demanda en distintas regiones del mundo; financian el transporte y el almacenamiento de las materias primas, lo que permite a productores y consumidores optimizar el flujo de caja y ahorrar costes; y pueden protegerse de los riesgos del mercado de forma más eficaz que los agentes más pequeños, manteniendo estables y predecibles los costes para los demás agentes. Por estos servicios, reciben una parte de los beneficios globales de la red de producción. Esta participación es, al menos en la teoría económica de los libros de texto, inferior a los costes que tendrían los demás agentes de la red de producción sin los comerciantes; de lo contrario, los clientes los eludirían y obtendrían su cobre directamente de las minas. Así pues, lo ideal es que las empresas comerciales aumenten la eficacia de la red de producción. Si su negocio se centra en el elemento de asignación del comercio, las empresas comerciales suelen obtener beneficios relativamente pequeños pero predecibles en cada transacción. Sus beneficios se deben más a los grandes volúmenes que a los grandes márgenes.

Por otro lado, las empresas comerciales realizan operaciones especulativas para aumentar sus propios beneficios. Tratan de anticiparse a la evolución de los precios y apuestan contra los mercados.  En esta vertiente de su negocio, los comerciantes no son agentes ni de los productores ni de los consumidores, sino que actúan en interés de los propietarios del capital (y de sus propias primas). Los operadores sostienen que gran parte del comercio especulativo redunda en beneficio de todos los participantes en el mercado, ya que contribuye a la fijación de precios justos y a la estabilidad general de los precios. Sin embargo, los críticos señalan que el comercio especulativo genera grandes riesgos y contribuye a concentrar los beneficios en manos de los grandes propietarios de capital, al tiempo que externaliza los riesgos del mercado a los inversores menos poderosos.

Las empresas comerciales realizan operaciones especulativas para aumentar sus propios beneficios; tratan de anticiparse a la evolución de los precios y apuestan contra los mercados.

El centro de comercio suizo. Mientras que la minería y, en menor medida, la producción industrial está estrictamente localizadas, las materias primas pueden comprarse y venderse independientemente de su ubicación física. Esto ha permitido a Suiza, un país sin salida al mar y sin muchos recursos naturales, convertirse en uno de los centros más importantes del comercio mundial de materias primas.23

Suiza tiene una larga historia comercial y a menudo se ha beneficiado del comercio con materias primas africanas, desde los esclavos24 hasta el cacao y el café. El comercio suizo de materias primas se ha desarrollado de forma sorprendente en las dos últimas décadas, sobreviviendo indemne a la crisis financiera.25 En 2016, Suiza generó el 3,7% de su PIB gracias al comercio de materias primas, un porcentaje superior al de la banca o el turismo.26 En 2017, las cinco mayores empresas suizas por volumen de negocio eran comercializadoras de materias primas: Glencore, Vitol, Trafigura, Cargill y Mercuria Energy Trading.27 El sector ha atraído recientemente la atención de académicos, activistas y reguladores,28 pero incluso en Suiza, su importancia sigue siendo apenas conocida fuera de los círculos especializados.

Una serie de factores se han combinado para convertir a Suiza en un centro de comercio de materias primas. El país cuenta con toda la infraestructura que necesitan los comerciantes. Acceso rápido y seguro a financiación y seguros, excelentes conexiones globales virtuales y físicas, una industria naviera vibrante, normativas favorables a los comerciantes, la proximidad a los organismos normativos internacionales (sobre todo las diferentes organizaciones de la ONU y la plétora de grupos de presión internacionales en Ginebra), una mano de obra altamente cualificada, un mercado laboral flexible y un tipo del impuesto de sociedades muy bajo son solo los factores más importantes. La neutralidad suiza y su no pertenencia a la ONU hasta 2002 fue otro elemento crucial, ya que permitió a las empresas comerciar con países sometidos a sanciones de la ONU, como la Sudáfrica del apartheid o Irán.

Un gran número de comerciantes internacionales de materias primas tienen hoy su sede en Suiza. Su variedad es enorme: desde el gigante integrado de la minería y el comercio Glencore hasta grandes empresas comerciales especializadas como Gunvor o Cargill, pasando por divisiones comerciales de bancos y empresas de inversión y pequeños comerciantes independientes. Aproximadamente la mitad de las 400 empresas de trading tienen menos de 10 empleados, mientras que el 10% supera los 300 empleados. El número total de empleados en el sector se sitúa probablemente entre 7.500 y 10.000.29

¿Qué papel desempeñan estas empresas comerciales suizas en la red mundial de producción de cobre zambiano?

Las estadísticas de exportación ofrecen una primera aproximación. Según las cifras de UN Comtrade, alrededor del 40-50% del cobre zambiano se ha exportado a Suiza todos los años entre 2006 y 2017. Estas estadísticas subestiman sustancialmente el porcentaje de cobre comercializado por empresas suizas, ya que el comercio de tránsito es difícil de clasificar en las estadísticas aduaneras. Las aduanas de Zambia suelen clasificar las exportaciones de cobre según los países de destino (es decir, el país al que se envían las mercancías). Solo cuando no se conoce el destino final en el momento de la venta, se registra en su lugar el país del comprador.

El cobre zambiano comprado por comerciantes suizos nunca se envía a Suiza. Gran parte se vende en tránsito, a menudo desde depósitos aduaneros. Este cobre se registrará como exportado a Suiza; el cobre comprado por empresas suizas y enviado a un tercer país conocido se registrará como exportado a este tercer país. Cuando, por ejemplo, una empresa comercial suiza tiene un acuerdo de compraventa con una empresa minera zambiana y suministra la mitad de este cobre a una empresa en China, mientras que vende la otra mitad desde un depósito aduanero en Johannesburgo, la mitad del cobre comprado en la mina se registrará como exportado a China y la otra mitad como exportado a Sudáfrica, aunque todo haya sido comercializado por una empresa suiza. Por tanto, el porcentaje de cobre zambiano comercializado por empresas suizas es probablemente mucho mayor de lo que muestran las cifras de exportación.

El cobre zambiano comprado por comerciantes suizos nunca se envía a Suiza. Gran parte se vende en tránsito, a menudo desde depósitos aduaneros.

Empresas comerciales suizas en Zambia. Para entender cómo se lleva a cabo este comercio, utilizaremos Glencore y Metal Corp Trading como dos ejemplos diferentes. Hablaremos de Trafigura, otro gran comerciante de materias primas, en la sección sobre el transporte de cobre.

Las minas de Glencore comercializan gran parte de su cobre a los segmentos comerciales de Glencore, muy probablemente a través de Glencore UK.30 Además, la división comercial de la empresa compra cobre extraído por otras minas de Zambia y la RDC. Dado que las operaciones de extracción y fundición de Glencore son difíciles de ocultar y que la empresa tiene una merecida mala reputación, está sometida a un escrutinio relativamente estrecho por parte de las ONG y la prensa.

Otros operadores suizos suelen pasar desapercibidos, salvo para los conocedores del sector. El brazo comercial de First Quantum Minerals, Metal Corp Trading AG (Suiza), es un buen ejemplo. First Quantum Minerals (FQM), con sede en Canadá, es la mayor empresa minera de cobre de Zambia. Su mina Kansanshi y el nuevo proyecto Trident producen aproximadamente un tercio del cobre de Zambia. En sus formularios de información anual, FQM afirma que tiene "un número limitado de compradores".31 Se trata de un eufemismo. FQM vende todo su cobre a solo otras dos empresas: Trafigura, con sede desde hace tiempo en Ginebra, y Metal Corp Trading, registrada en Zug.

Metal Corp se remonta a Republic House, una empresa registrada en Zug en 2000 y formada principalmente por operadores que habían trabajado para MRI, otra empresa comercial suiza. Republic House era propiedad, al menos desde 2005, de Energem Resources, una antigua empresa del sector minero sudafricano. (Fundada como DiamondWorks, había cambiado de nombre en 2004 tras las acusaciones de tráfico de diamantes de sangre). Como preparación para la adquisición total de Republic House por FQM en 2010, Energem fundó Metal Corp Trading AG en Zug.32 En la actualidad, la empresa es una filial propiedad al 100% de Metal Corp (Suecia) AB, que a su vez es una filial propiedad al 100% de FQM.

En resumen, la empresa minera zambiana de FQM vende su cobre a la empresa comercial suiza de FQM. De hecho, Metal Corp Trading «compra y vende todos los metales de FQM y, en el proceso, lleva a cabo una sofisticada gestión de derivados para gestionar el riesgo de los precios».33 Aunque la empresa tiene una placa de latón y un buzón en Zug, su actividad principal se lleva a cabo a través de oficinas en la londinense Great Portland Street, situadas en el mismo edificio que la sede británica de First Quantum Minerals Ltd.

Para los acuerdos comerciales de Metal Corp, Suiza no es importante como lugar físico. El cobre que compra y vende no llega al país. Sus comerciantes no trabajan a orillas del lago Zug, en Suiza; quizá ni siquiera los beneficios se almacenan en bancos suizos. “Suiza” es un régimen regulador al que Metal Corp alquila el acceso pagando la cuota mínima de los impuestos de Zug . Por supuesto, esta Suiza virtual se cruza con el lugar físico. Muchas otras empresas comerciales tienen una huella física mucho mayor en Suiza, pero para todas ellas el acceso al régimen regulador suizo es un activo primordial.

 

Transporte y logística

Transporte. Prácticamente todo el cobre zambiano se exporta en buques portacontenedores desde los puertos de Durban (Sudáfrica), Walvis Bay (Namibia), Dar es Salaam (Tanzania) y Beira (Mozambique). En su camino –normalmente por carretera– desde las minas y fundiciones hasta los almacenes y puertos, tiene que cruzar al menos una frontera nacional, a menudo varias. Los camioneros y los propietarios tienen que hacer frente a las difíciles condiciones de las carreteras, los frecuentes atascos y retrasos en las fronteras y, a veces, los robos.

“Suiza” es un régimen regulador al que Metal Corp alquila el acceso pagando la cuota mínima de los impuestos de Zug.

Dado que el cobre es caro de transportar por tierra, los costes de envío a los puertos son un factor crucial para la fijación de precios y los beneficios. Hoy en día, los precios del cobre en el mercado mundial son muy transparentes, y las oportunidades de arbitraje son cada vez más escasas con la omnipresencia de los medios electrónicos y la información, de modo que los beneficios obtenidos en la figurativa "primera y última milla" son cada vez más importantes para los ingresos de los comerciantes.34 Aquí –en el transporte por camión en Zambia, en el almacenamiento, en el papeleo transfronterizo–, la presencia sobre el terreno, el conocimiento local y las buenas conexiones tanto con las autoridades locales como con los actores transfronterizos son indispensables,35 y la información sobre los costes de transporte es mucho menos transparente que la información sobre los precios del mercado del cobre. En consecuencia, algunos comerciantes mundiales de materias primas invierten cada vez más en toda la cadena de transporte para independizarse de las empresas de logística y obtener el control de los beneficios en estos segmentos cruciales.36 Las empresas suizas no son una excepción. Mientras que Glencore ha invertido principalmente en empresas de camiones que transportan cobre desde la RDC, Trafigura se ha dedicado, por un lado, al almacenamiento y, por otro, a la logística del petróleo que alimenta todo el transporte (véase más adelante).

Glencore utiliza la empresa de camiones Muzuri Sana para transportar el cobre desde su mina de Mutanda, en la RDC, hasta los almacenes de Zambia. Esta empresa, según los entrevistados zambianos, es una joint venture entre Mutanda y Hakuna Matata, el negocio de camiones propiedad del ex gobernador de Katanga, magnate minero y candidato presidencial de la oposición Moïse Katumbi. (En un acuerdo muy similar, la vecina mina de Tenke Fungurume transporta su cobre a Zambia utilizando los camiones de Habari Kani, también copropiedad de Hakuna Matata).37

Estas empresas transportan cobre y cobalto desde la provincia de Katanga, en la RDC, a Zambia a través del puesto fronterizo de Kasumbalesa. Descargan en el cinturón del cobre zambiano y llevan los suministros mineros de vuelta a la RDC. El transporte posterior desde el cinturón de cobre hasta los puertos corre a cargo de distintas empresas. La razón principal de este arreglo es la dificultad de transportar mercancías a través de la RDC. Legalmente, las mercancías extraídas en la RDC deben ser transportadas por empresas registradas en la RDC con conductores congoleños. Y lo que es más importante, los camioneros con los que hablamos indicaron que necesitaban muchos conocimientos y conexiones locales para sortear los controles en las carreteras de la RDC, un conjunto de cualificaciones bastante diferente del que se necesita para las rutas a Gauteng o Dar es Salaam.

El papel de las empresas suizas en el transporte no se detiene en los puertos. Aunque Suiza no tiene puertos marítimos, la Mediterranean Shipping Company (MSC), el segundo mayor transportista de contenedores del mundo, tiene su sede en Ginebra. Junto con sus competidores Maersk y CMA-CGM, la compañía es un actor importante en los envíos de cobre desde los puertos del sur de África. Las tres compañías ofrecen servicios de desembarque directo para Zambia, pero dado que el transporte de cobre puede planificarse con antelación y está muy rutinizado, la mayoría de los cargadores prefieren organizar su propio transporte, de modo que los armadores como MSC solo entran en juego en la terminal portuaria.38

Almacenamiento. El almacenamiento es una parte integral de la gestión logística. En el pasado, el cobre zambiano solía almacenarse en los terrenos de la mina a la espera de ser embarcado. Hoy en día, el cobre se envía inmediatamente después de la extracción y se almacena en depósitos aduaneros en el cinturón de cobre o en países vecinos. Muchos de estos almacenes están gestionados por empresas internacionales de logística. Para estas empresas, los almacenes son cruciales para optimizar las cargas por camión y ferrocarril, para almacenar, reempaquetar y mezclar, y para regular los flujos de caja almacenando y liberando valor.

En Zambia, la mayoría de las empresas internacionales de logística concentran sus esfuerzos en la ruta hacia un puerto concreto. J&J, por ejemplo, una empresa mozambiqueña, se concentra en el transporte a Beira, mientras que el gigante francés de la logística Bolloré se especializa en la ruta a Durban. El principal actor suizo del sector es Impala Terminals, la rama logística de Trafigura. Impala ha invertido mucho en infraestructuras a lo largo del corredor Kolwezi-Lubumbashi-Ndola-Dar es Salaam. La empresa explota la mayor terminal de un solo cliente en el puerto de Dar es Salaam y utiliza sus recursos para canalizar los transportes de cobre a Dar (y para influir en las políticas comerciales de Tanzania, como la fiscalidad y el desarrollo ferroviario). La empresa posee almacenes aduaneros en Kolwezi, Lubumbashi, Ndola y Dar, todos ellos con conexiones por carretera y ferrocarril, y puede manipular contenedores de 20 y 40 pies, así como carga fraccionada. A lo largo de la carretera a Dar es Salaam, Impala ha construido paradas de camiones específicas como puntos de parada seguros para los transportes de cobre.39

Además de servir a los propios transportes de Trafigura, su almacén de Ndola es un centro importante para los transportes de cobre de terceros desde la RDC y Zambia a Walvis Bay y Durban. Lo mismo ocurre con el segundo almacén de cobre de nueva construcción, el centro de Chingola de Bolloré. Su principal objetivo es servir de entrepuerto para el cobre de la RDC y de punto de encuentro de las flotas de camiones del sur y del norte. Esta inversión de 10 millones de dólares se inauguró en mayo de 2014 y hoy maneja unas 360.000 toneladas al año de cobre, cobalto y reactivos mineros. Además de sus almacenes, camiones y terminales, Bolloré es también el mayor agente de aduanas de Zambia para envíos de terceros.40]

La mayor parte del transporte, ya sea por carretera o ferrocarril, lo siguen realizando empresas sudafricanas como BHL, J&J o GSM, algunas registradas en Zambia y otras en Sudáfrica, Namibia o Mozambique. Las estrictas condiciones contractuales del transporte de cobre solo pueden cumplirlas las grandes empresas de transporte, que suelen poseer y explotar unos cientos de camiones. Los cátodos de cobre se transportan a los almacenes en camiones de plataforma o contenedores, mientras que los transportes a los puertos se hacen exclusivamente en contenedores para evitar la recarga. Antes de ser cargado en contenedores, el cobre transportado en camiones de plataforma tiene que ser lavado, un servicio que no todos los almacenes pueden ofrecer.41 Los contratos de transporte suelen insistir en que haya convoyes, seguimiento por GPS y personal de seguridad armado.

Combustible. Al igual que las excavadoras y los camiones mineros, los camiones y trenes diésel necesitan combustible. El suministro de combustible a Zambia y a los países vecinos es una parte integral de la logística del cobre, en la que una empresa suiza desempeña un papel importante. Trafigura posee una participación del 49% en Puma Energy, una de las empresas de distribución de productos petrolíferos más importantes del sur de África.

Puma ha sido controvertida desde el principio, especialmente en lo que respecta a su inversión angoleña. El 28% de la empresa, que posee la mayor parte del negocio de distribución de petróleo de Angola, está en manos de Sonangol, la compañía petrolera estatal angoleña; otro 15% es propiedad de Chochan Holdings, una empresa fundada y propiedad del general Leopoldino ("Dino") Fragoso do Nascimento, uno de los empresarios y políticos angoleños más ricos y mejor relacionados. En 2011, la empresa compró participaciones en las estaciones de BP de Namibia (100%), Botsuana (100%), Zambia (75%), Malaui (50%) y Tanzania (50%) y se hizo con un enorme depósito de almacenamiento en Walvis Bay.42 En 2014, Puma Energy Africa Holdings adquirió una participación del 49% en la empresa zimbabuense Sakunda Energy, una empresa monopolística de distribución de combustible fundada por Kudakwashe Tagwirei, un empresario bien relacionado con el ejército de Zimbabue. A través de Sakunda, Puma controla el oleoducto Feruka entre sus instalaciones de almacenamiento en Beira y Harare, que se ha convertido en un importante problema político en el conflicto entre el presidente Mnangagwa y los militares.43

Más recientemente, Trafigura, a través de DTS, una empresa conjunta al 50% entre Trafigura y Cochan del general Dino, ha invertido en la reapertura de una ruta ferroviaria crucial desde Kolwezi, en la RDC, hasta el puerto de Lobito, en Angola.44 Puma, por supuesto, no es la única compañía petrolera en estos países, pero una buena parte de los transportes de cobre, sea cual sea la compañía naviera, beneficia indirectamente a Trafigura.

Pruebas, certificación y vigilancia. Otro elemento muy importante de la logística, pero que a menudo se pasa por alto, es la certificación y vigilancia de las mercancías. A menudo, los propios comerciantes no tienen la posibilidad de evaluar la calidad de las mercancías que compran y venden. Los bancos que financian operaciones comerciales tienen que saber que sus valores valen lo que el deudor reclama. Las compañías de seguros tienen que asegurarse de que la cobertura del seguro se corresponde con el valor de las mercancías. Los compradores quieren asegurarse de que los productos se ajustan a sus especificaciones antes de que se los envíen. Los organismos estatales evalúan los derechos en función del contenido metálico. En todos estos casos, los servicios independientes de inspección y verificación aumentan la confianza y permiten realizar transacciones anónimas.

Quizá no sorprenda que una de las mayores empresas de inspección tenga su sede en Suiza: SGS (antes Société Générale de Surveillance). SGS tiene una
gran presencia en todo el mundo y certifica todo tipo de productos, desde la crema de avellanas hasta las centrales nucleares, desde los derechos laborales hasta el contenido de metales y desde el comercio justo hasta la seguridad alimentaria. Gracias a su participación en organismos industriales e iniciativas de múltiples partes interesadas, es uno de los organismos privados de normalización más importantes de la economía mundial.45 La empresa opera en muchos países africanos. Dirige la inspección de vehículos de Uganda, opera básculas puente, servicios de seguimiento electrónico de cargas y servicios de verificación de importaciones para el gobierno de Kenia y supervisa a los contratistas de carreteras en Senegal.

Quizá no sorprenda que una de las mayores empresas de inspección tenga su sede en Suiza: SGS, firma global que certifica todo tipo de productos.

En Zambia, SGS posee un laboratorio en la pequeña ciudad de Kalulushi, en el cinturón de cobre, en el que confían muchas minas para las pruebas de mineral; Glencore, por ejemplo, utiliza el laboratorio para las muestras de Katanga Mining.46 Laboratorios similares de SGS operan en Sudáfrica. Y lo que es aún más importante, SGS supervisa el embalaje de los contenedores en los almacenes de Sudáfrica y Tanzania y certifica su contenido. Este servicio es crucial para el comercio, los seguros y la financiación, y junto con sus competidores Alfred H. Knight y Alex Stewart, SGS es uno de los actores más importantes de África y del mundo. Las tres empresas figuran también entre los muestreadores que cotizan en la bolsa de metales de Londres.

Aduanas. Una última aportación suiza a las partes zambianas de la red mundial de producción de cobre necesita al menos ser mencionada: cada mercancía que se importa o exporta de Zambia, ya sea maquinaria, cobre, ácido sulfúrico o naranjas, pasa por un servicio suizo de exportación. Como la mayoría de los países del mundo, Zambia utiliza Asycuda (Sistema Automatizado de Datos Aduaneros, actualmente Asycuda World) para tramitar todos los documentos aduaneros. Este programa informático de gestión aduanera integrada ha sido desarrollado por la UNCTAD en Ginebra. Es uno de los medios técnicos menos conocidos, pero más importantes, de facilitación y normalización del comercio. En un servicio basado en la nube que funciona en servidores de Lusaka, los transportistas, agentes de aduanas y expedidores pueden introducir electrónicamente los envíos para el (pre)despacho de aduanas. A pesar de muchos problemas, la mayoría relacionados con la inactividad de los servidores, el uso de Asycuda ha mejorado significativamente los flujos de trabajo y la transparencia de las aduanas de Zambia y ha acortado considerablemente los tiempos de tramitación en las fronteras. Proporciona al Estado los instrumentos necesarios para recaudar ingresos y recopilar datos comerciales precisos, facilita la financiación y los seguros y permite a los transportistas y propietarios controlar mejor sus envíos. El software es, por tanto, un factor crucial para reducir los costes de transporte y aumentar la eficiencia, y ni los corredores de transporte ni los puestos fronterizos de ventanilla única funcionarían realmente sin él.

Esto puede sonar universalmente benigno, pero también crea efectos de distribución importantes y poco estudiados. Los menores costes de transporte modifican la distribución de los beneficios dentro de la red de producción mundial: los beneficios para los países productores y consumidores se generan al disminuir los ingresos en los países mineros y de tránsito. En el caso de los países exportadores de recursos, podrían contribuir a una mayor externalización de los beneficios, que tendrían que compensarse con impuestos o cánones para financiar las infraestructuras de las que dependen.

 

Desafíos al extractivismo suizo: actores de la sociedad civil en Zambia y Suiza

Hasta ahora hemos examinado la sorprendente importancia de los actores empresariales suizos en algunos segmentos de la red mundial de producción de cobre de Zambia. Nos hemos centrado en el poder corporativo y en la capacidad de las empresas suizas para capturar valor, puntos sobre los que volveremos con más detalle en la conclusión.

La imagen del extractivismo suizo estaría incompleta sin incluir el clima público en el que operan las empresas. Las OSC, las ONG, los políticos (y a veces los investigadores) tienen el potencial de influir en el valor que las empresas pueden y no pueden capturar, y forman una parte crucial del entorno en el que las empresas toman decisiones estratégicas. El clima público tanto en Zambia como en Suiza se ha vuelto cada vez más crítico hacia la extracción de materias primas, pero la regulación en Suiza sigue siendo en gran medida favorable para las empresas internacionales

Los diferentes cantones de Suiza compiten en la carrera nacional e internacional por los tipos más bajos del impuesto de sociedades. La media mundial para los impuestos sobre los beneficios, el impuesto sobre el capital y el impuesto sobre la propiedad combinados es del 29%; la media suiza es del 16,6%, mientras que algunos cantones se mantienen por debajo del 12%.47 Este es un incentivo importante para que las empresas se trasladen a Suiza y optimicen los impuestos trasladando los beneficios al país.48 Para las empresas mineras internacionales, el comercio intraempresarial con sucursales suizas puede ser una vía importante para reducir la carga fiscal y aumentar los beneficios de los accionistas. Esto aumenta las dificultades de los países exportadores de materias primas para gravar eficazmente las industrias extractivas.49 Trafigura Group, por ejemplo, da su tasa impositiva global efectiva en 2017 como 8,4%.50

El clima público tanto en Zambia como en Suiza se ha vuelto cada vez más crítico hacia la extracción de materias primas.

Es notoriamente difícil evaluar si todas las estrategias de optimización fiscal son legales. En abril de 2011, la ONG suiza Berne Declaration (hoy Public Eye) presentó junto con otras ONG internacionales una denuncia formal ante la OCDE contra Glencore y FQM por presunto incumplimiento de las Directrices de la OCDE.51 La denuncia se basaba en un informe de auditoría de 2009 realizado en nombre de las autoridades de Zambia.52 En él se alegaba que la filial de FQM, Mopani Copper Mines, manipuló sus cuentas financieras con el fin de reducir su factura fiscal mediante la sobreestimación de los costes de explotación, la subestimación de los volúmenes de extracción, la manipulación de los precios de transferencia y el incumplimiento del principio de plena competencia. El Punto Nacional de Contacto (PNC) suizo de la OCDE tramitó la denuncia y facilitó la mediación. El resultado fue decepcionante para los actores de la sociedad civil. Como se describe en la declaración final del PNC de noviembre de 2012, las partes solo pudieron "acordar estar en desacuerdo", e incluso este acuerdo sigue siendo confidencial.

A pesar de su éxito limitado, el ejemplo es típico de los desafíos contemporáneos al extractivismo. La oposición a las supuestas irregularidades de una empresa no surgió de las autoridades reguladoras de los estados, sino de actores de la sociedad civil que se perciben a sí mismos como vigilantes de la ética en relación con las empresas mundiales. Al aumentar los riesgos para la reputación y la regulación, los actores de la sociedad civil pueden cambiar las estrategias empresariales y la captura de valor.53 No permanecen al margen de las redes mundiales de producción, sino que pueden convertirse en una fuerza importante que les dé forma.

En Suiza, la conciencia pública del peso económico y político del sector del comercio de materias primas, así como de sus aspectos problemáticos, ha ido creciendo en los últimos años. La opinión pública suiza recibe más información que nunca sobre la mala conducta de empresas suizas en otros países. Un punto central es la iniciativa de referéndum "Iniciativa Empresarial Responsable", puesta en marcha por una alianza de más de 80 ONG, OSC e iglesias.54 La iniciativa pretende hacer legalmente obligatorio el cumplimiento global de las normas medioambientales y de derechos humanos para todas las grandes empresas, e introducir el derecho a recurrir a los tribunales suizos en caso de infracción. Se basa en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011, que el Consejo Federal Suizo solo aplicó como recomendaciones voluntarias. En el momento de escribir estas líneas, ambas cámaras del Parlamento suizo han rechazado una contrapropuesta reducida, lo que significa con toda probabilidad que el pueblo suizo votará sobre la iniciativa en referéndum en 2020.55]

La iniciativa se basa en décadas de solidaridad y trabajo de campaña de las OSC y ONG suizas. A nivel internacional, la organización más conocida que lucha por unas relaciones justas entre Suiza y los países más pobres es Public Eye, pero varias organizaciones más pequeñas realizan un trabajo similar a nivel de base, a menudo en cooperación con socios del Sur. Los políticos de izquierdas también han intentado sistemáticamente cambiar la política a nivel cantonal, como Josef Lang, del partido Alternativa Verde, o los Jóvenes Verdes del cantón de Zug, donde Glencore y muchos otros comerciantes tienen su sede. Una estrategia ha consistido en llamar la atención de la población sobre las malas condiciones de vida y las violaciones de los derechos humanos en los alrededores de las plantas de las empresas suizas, un esfuerzo en el que los medios de comunicación públicos suizos han desempeñado un papel importante.56

En Zambia, la oposición a la industria minera ha estado presente desde que existe la minería comercial, y los sindicatos han criticado duramente la privatización en la década de 1990.57 La influencia tanto de los sindicatos58 como de la sociedad civil se ha visto debilitada por la liberalización y la falta de fondos, así como por la creciente opresión estatal bajo el Gobierno del Frente Patriótico desde 2011. Las ONG, a menudo con financiación extranjera, como Publish What you Pay (PWYP), ActionAid y Cáritas, celebran anualmente indabas nacionales y regionales para debatir el estado del sector minero y, de forma limitada, las alternativas a la minería con representantes de la industria y el Gobierno. Frente a un Estado cada vez más autoritario, solo un pequeño número de ONG está en condiciones de denunciar la explotación de los recursos del país, la mala gestión y la corrupción. Aunque trabajan en condiciones mucho más difíciles que sus homólogos suizos, estas iniciativas han planteado retos muy importantes a las empresas mineras de Zambia.

La más exitosa de estas iniciativas es probablemente la demanda judicial presentada por el viudo de Beatrice Mithi. Mithi, comisaria del distrito de Mufulira, murió tras inhalar dióxido de azufre liberado por Mopani Copper Mines, filial de Glencore, en 2013. El año anterior, la Autoridad de Gestión Medioambiental de Zambia (ZEMA) había encontrado pruebas de que las nieblas ácidas perjudicaban a las personas y al medio ambiente en las comunidades de Mufulira y ordenó el cierre de una de las plantas de Mopani debido a sus niveles de contaminación. En 2016, el Tribunal Superior de Kabwe dictaminó que las emisiones de dióxido de azufre de la planta de cobre causaron la muerte de Mithi, y ordenó a la filial de Glencore que cotiza en Londres pagar 400.000 kwachas zambianos por daños y perjuicios al viudo.59 Glencore había rechazado la demanda alegando un acuerdo de indemnización medioambiental firmado con el gobierno zambiano en 2000. El juez dictaminó que el acuerdo no era aplicable porque las emisiones de dióxido de azufre habían superado los límites legales. Glencore ha recurrido la sentencia ante el más alto tribunal de Zambia.

Otro caso digno de mención no está directamente relacionado con Suiza, pero tanto la sociedad civil como las empresas lo siguen de cerca como posible precedente importante. Lungowe y otros contra Vedanta Resources y Konkola Copper Mines se presentó extraterritorialmente ante un tribunal del Reino Unido en 2015. Con la ayuda del bufete de abogados Leigh Day, 1.826 zambianos alegan que, como consecuencia del vertido de efluentes tóxicos de la mina de Nchanga, en Chingola (Copperbelt), sufrieron pérdidas de ingresos al resultar dañadas las tierras y las vías fluviales de las que dependían sus medios de vida. Alegan además que muchos sufren lesiones personales como consecuencia del uso de agua contaminada. Los demandados, Vedanta y su filial Konkola Copper Mines, impugnaron la competencia de los tribunales ingleses. En 2016, tras una vista de tres días, el juez consideró que un tribunal inglés era el foro más adecuado para la resolución de las demandas y permitió que estas siguieran adelante. El recurso de las empresas fue desestimado por el Tribunal de Apelación el 13 de octubre de 2017.

A pesar de su éxito provisional, ambos casos también demuestran que los largos procesos de apelación juegan a favor de las empresas, ya que pueden agotar fácilmente los recursos y la paciencia de los demandantes.60 Las alianzas con ONG del Norte o con bufetes de abogados que disponen de mejores recursos parecen una forma de abordar este desequilibrio inherente.

No todas las iniciativas de la sociedad civil zambiana son tan destacadas. Muchas OSC trabajan a nivel local y nunca llegan más allá de sus circunscripciones. Un ejemplo reciente es el Foro de ONG de Mufulira, que exige agua potable a Mopani Copper Mines y hace campaña tanto en el municipio como en la mina. Su trabajo está financiado en parte por Solifonds, una ONG suiza fundada por la Federación Suiza de Sindicatos y varias otras instituciones, y muy activa cuando se trata del papel global de las empresas suizas.61

Otros desafíos para las empresas mineras tienen su origen en los gobiernos de los estados exportadores de materias primas. Varios gobiernos africanos introdujeron recientemente nuevos códigos mineros (por ejemplo, RDC) o emitieron grandes facturas a las empresas por impuestos pendientes (por ejemplo, Tanzania y Zambia). A principios de 2018, la Autoridad Tributaria de Zambia (ZRA) facturó a FQM derechos de importación pendientes por valor de 150 millones de dólares e intereses y sanciones asociados por valor de 8.000 millones de dólares. La ZRA alegó que los consumibles para uso en la mina Sentinel (Kalumbila) se clasificaron incorrectamente como maquinaria minera, que no devenga derechos de importación, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017. FQM refuta la acusación y, en el momento de escribir estas líneas, está llevando a cabo su propia auditoría. Aunque algunos sostienen que la factura fiscal es principalmente un esfuerzo del Gobierno de Zambia para posponer su crisis de deuda evitando los reembolsos pendientes del IVA,62 el pago fue noticia internacional y llevó a Moody's a revisar su perspectiva de calificación de FQM de estable a negativa.

Tales esfuerzos estatales para frenar el poder corporativo hoy en día siguen siendo a nivel nacional y a menudo fracasan debido al poder de negociación de las empresas mineras. Aunque el anterior sistema zambiano de minas nacionalizadas y comercialización nacionalizada del cobre tenía muchos problemas, dejaba oportunidades algo mayores para presionar en favor de precios más altos y un entorno de mercado más justo. El Conseil Intergouvernemental des Pays Exportateurs de Cuivre (CIPEC), fundado en Lusaka en 1967 y disuelto finalmente en 1988, fue una iniciativa estatal para aumentar el poder de mercado de los países que dependían de las exportaciones de cobre. Aunque el CIPEC nunca ha tenido éxito,63 incluso el intento de formar un grupo de este tipo se enfrentaría a obstáculos mucho mayores hoy en día. El gobierno de Zambia depende en gran medida de los impuestos de las empresas mineras. En todos los aspectos de la política minera, el gobierno tiene que negociar con empresas multinacionales cuyos directivos están sometidos a presiones para reducir costes y que pueden enfrentar a distintos países entre sí. A pesar de los esfuerzos estatales por aumentar el impacto de la minería en el desarrollo,64 el margen de actuación de los gobiernos es reducido, lo que deja a los actores de la sociedad civil, tanto en los países del Norte como en los del Sur, como los grupos de presión más importantes.

Nuestros ejemplos de desafíos al extractivismo en Zambia y Suiza muestran la importancia, pero también algunos problemas y limitaciones de la acción de la sociedad civil.

En primer lugar, todas las iniciativas existentes se centran en la dimensión minera de las empresas, en las consecuencias directas para las comunidades afectadas y en ejemplos extraordinarios de mala conducta empresarial, cuestiones en torno a las cuales pueden organizarse campañas significativas. Abordar las prácticas empresariales cotidianas y las consecuencias de los aspectos menos visibles de la extracción –por ejemplo, el comercio, la logística y el transporte– es mucho más difícil. El funcionamiento interno de las empresas sigue siendo opaco para las personas ajenas a ellas, y las consecuencias de las fuerzas anónimas del mercado son mucho más difíciles de mostrar que las consecuencias de, por ejemplo, un vertido de ácido.

En segundo lugar, tanto los grupos de la sociedad civil como los estados se enfrentan al carácter transnacional de las empresas y a su distanciamiento de un lugar concreto. Debido a la compleja estructura jurídica de las empresas internacionales, a menudo ninguna jurisdicción nacional específica parece ser el lugar adecuado para exigirles responsabilidades.  Ningún órgano judicial transnacional está facultado para investigar las prácticas de las empresas a través de las soberanías estatales65 y, debido a los desequilibrios de poder entre las empresas mineras internacionales y los gobiernos, las posibilidades de una acción supranacional de los países exportadores parecen escasas.

En tercer lugar, a pesar de las críticas públicas, el extractivismo suizo sigue gozando de un considerable apoyo estatal, tanto en Suiza como en Zambia. Se considera que la economía suiza se beneficia enormemente del comercio de tránsito.66 Zambia, por su parte, no tiene más remedio que depender de los inversores internacionales para obtener ingresos fiscales y empleo, lo que deja al gobierno con pocos recursos frente al poder de negociación de las empresas.

 

Conclusión: la captura de valor en el extractivismo global

Hemos rastreado las diferentes formas en que las empresas suizas participan en las redes mundiales de producción del cobre extraído en Zambia. Nuestro enfoque ha sido muy restringido. Solo hemos analizado el segmento relativamente pequeño entre la minería y los puertos del sur de África. No hemos considerado lo que ocurre aguas arriba de la minería, por ejemplo, en maquinaria minera, suministros, patentes o formación en ingeniería, ni hemos analizado el procesamiento posterior una vez que el cobre sale del continente. Hemos ignorado por completo las finanzas y los seguros, en los que las empresas suizas desempeñan un papel crucial a escala mundial, y hemos dejado de lado el papel del capital suizo invertido en otros lugares.

A pesar de tales limitaciones, ha empezado a surgir una imagen clara. Hemos conocido el papel de Suiza en el sector del cobre de Zambia y podemos aprender de él.

Debido a la compleja estructura jurídica de las empresas internacionales, a menudo ninguna jurisdicción nacional específica parece ser el lugar adecuado para exigirles responsabilidades.

¿Qué hemos aprendido sobre el papel de Suiza? En primer lugar: es más importante de lo que la mayoría de la gente, incluidos nosotros, habríamos supuesto. Aunque solo una de las cinco principales empresas mineras de Zambia tiene su sede en Suiza, una parte sustancial del comercio, la logística, la certificación y, hasta cierto punto, el transporte del cobre corre a cargo de empresas suizas. Es muy difícil cuantificar la participación suiza; las cifras exactas son difíciles de obtener y el nexo suizo de las empresas multinacionales es a menudo imposible de medir. Sin embargo, para un país de poco más de 8 millones de habitantes, Suiza desempeña un papel de primer orden. Mientras que el comercio de tránsito del país ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años, otros aspectos de la participación suiza han permanecido en gran medida desapercibidos.

Si nuestros datos pueden generalizarse, las empresas suizas dedicadas a la extracción de materias primas suelen invertir en servicios más que en la extracción propiamente dicha. Los servicios, a diferencia de la extracción, requieren una inversión comparativamente baja o móvil y proporcionan beneficios estables relativamente independientes de los precios. Las técnicas y los conocimientos técnicos, que por supuesto son muy importantes para estos servicios, suelen ser mucho más adaptables a diferentes materias primas que en el caso de la extracción. En resumen, los servicios son más móviles y menos dependientes de un solo país o de un solo mercado de materias primas que la minería.

Esta tendencia a la flexibilidad explica las vías por las que las empresas suizas de servicios suelen expandirse en los mercados en desarrollo. Adquieren empresas locales de éxito y las integran en una marca global. Mediante estas adquisiciones, pueden apropiarse de la experiencia y la credibilidad locales y combinarlas con su propio alcance global y su reputación internacional. Esto, además, permite a las empresas equilibrar diferentes mercados entre sí, manteniendo las pérdidas locales y apropiándose de las ganancias.67

En resumen: la economía de servicios suiza puede beneficiarse de la extracción global en gran medida sin sufrir los inconvenientes de la dinámica extractivista. Las empresas suizas suelen construir y mantener la infraestructura del comercio mundial de materias primas en lugar de comprometerse con la gran inversión localizada necesaria en la minería. Al hacerlo, continúan una larga historia de facilitación suiza del comercio mundial, desde la trata de esclavos hasta el oro del apartheid.

No todas las empresas suizas son iguales. Algunas tienen su origen en Suiza, mientras que otras se han trasladado allí recientemente. Diferentes empresas mundiales se sienten atraídas por distintos aspectos del modelo suizo tal como lo hemos descrito; algunas buscan un régimen fiscal favorable y no necesitan mucho más que un buzón en Zug, mientras que otras buscan el acceso al centro de comercio y finanzas y al personal cualificado que trabaja en él. Algunas empresas suizas –Glencore o Trafigura– están integradas verticalmente y extienden sus actividades a muchos países, mientras que otras –Metal Corp– son simplemente una parte local de una empresa mundial.

Sea cual sea su papel y su alcance, ya no pueden confiar en permanecer sin cuestionamiento. La marcada diferencia en las condiciones de vida entre Suiza y muchos países en los que operan empresas suizas suscita críticas y, cada vez más, peticiones de regulación y control. El mayor activo de las empresas con sede en Suiza, su capacidad para tender puentes entre los mercados y extraer valor de todos ellos, puede convertirse entonces en un pasivo. La interconexión mundial de las empresas suizas también puede crear las condiciones para que la presión de la sociedad civil en Suiza genere cambios materiales para las personas que viven en otros países.

¿Qué nos enseñan estas percepciones de las relaciones económicas entre Suiza y Zambia sobre las estructuras económicas del extractivismo?

En primer lugar, sería un error que todas las personas implicadas –estudiosos, activistas, reguladores – se centraran únicamente en las minas y los pozos cuando intentan comprender el extractivismo. Los lugares de extracción son masivos, prominentes y visibles. Tienen un enorme impacto ecológico, económico y social. Esta prominencia tiende a ocultar la infraestructura que les permite funcionar. El sector servicios es una parte importante de esta infraestructura, y uno en el que se puede obtener una parte considerable de los beneficios de la extracción.

La servicificación afecta a la distribución de los beneficios tanto como la globalización de la minería. Los economistas han argumentado que las estructuras de poder asimétricas en las cadenas de valor mundiales conducen a una distribución desigual de los beneficios,68 y que el valor añadido nacional puede disminuir con la integración en las cadenas de valor mundiales «debido a una inyección de contenido de mano de obra extranjera altamente cualificada en sus exportaciones»,69 un proceso tan claramente visible en la proporción de trabajadores expatriados en las categorías salariales más altas de las minas de Zambia como en la dependencia de las empresas de logística de los conocimientos técnicos producidos en países mejor pagados. Cuando se trata de la extracción de minerales en África, los análisis de estas tendencias rara vez han tenido en cuenta el sector servicios. No disponemos de datos cuantitativos suficientes para corroborarlo claramente, pero nuestro análisis cualitativo muestra que las tareas de servicios de mayor cualificación que crean un valor añadido estable son asumidas cada vez más por empresas internacionales.

Estas tendencias modifican la distribución de los beneficios en las redes mundiales de producción. En dichas redes, un gran número de actores de diferentes países crean conjuntamente valor que, cuando satisface la demanda del mercado, puede traducirse en beneficios. La red de producción no solo organiza la cooperación entre los actores, sino que también es un mecanismo para asignar un valor relativo a cada una de las contribuciones de los actores y remunerarlas en consecuencia. Los distintos agentes tienen distintas capacidades para convencer a los demás del valor de sus actividades y, por consiguiente, para captar valor dentro de la red.

La dependencia de la extracción de materias primas es problemática para los países más pobres por dos razones principales. En primer lugar, les deja en la red de producción solo con los segmentos de relativamente poco valor de lo que se produce (definido como “producción”). En segundo lugar, un porcentaje comparativamente elevado de los beneficios generados incluso en estos sectores se exporta a otras economías nacionales como dividendo sobre la inversión de capital, de modo que no puede invertirse para desarrollar alternativas económicas a la extracción en los países mineros.

Como muestra nuestro análisis del papel de Suiza en Zambia, ambos argumentos son válidos para la infraestructura de extracción. Entre las minas y los puertos, un gran número de actores añaden valor al cobre: desde los estados que construyen carreteras y ferrocarriles hasta las empresas de logística, pasando por los camioneros, los encargados de las gasolineras, los guardias de seguridad o los vendedores de comida al borde de la carretera. Cada uno de ellos crea valor, pero su capacidad para captar partes de la creación de valor global difiere enormemente. Las empresas suizas se encuentran entre las que más éxito han tenido a la hora de hacerse con una parte del valor añadido del cobre entre su extracción y su uso en la producción industrial. Sus ventajas competitivas les permiten invertir con flexibilidad en los segmentos más lucrativos de las redes de producción del cobre. Como consecuencia, pueden generar y apropiarse de una parte cada vez mayor de los beneficios generados en los segmentos sudafricanos de la cadena de valor del cobre, beneficios que luego mejoran la vida a orillas del lago Zug, no en Zambia.

Las condiciones previas para que Suiza ocupe un lugar favorable en las cadenas mundiales de materias primas son los conocimientos técnicos, el acceso a la financiación, la reputación mundial y, no menos importante, la estabilidad política. Estas condiciones también han convertido al país en un centro de organizaciones internacionales y de regulación mundial, una proximidad que, de nuevo, crea una ventaja para las empresas establecidas allí. Todas estas ventajas permiten a las empresas suizas controlar partes esenciales de la red mundial de producción de cobre, y generar una gran cantidad de beneficios en el camino.

La desigual distribución de los beneficios también debería hacer que los gobiernos se pensaran dos veces la utilidad de los proyectos de infraestructuras que conectan los lugares de extracción con los mercados mundiales.70 Puede que aumenten la actividad económica, pero sin cambios adicionales, lo más probable es que las empresas mundiales se lleven las ganancias inesperadas mientras que los contribuyentes nacionales tendrán que hacer frente a las deudas.71

La minería se ha presentado a menudo como un negocio sucio vinculado a la degradación medioambiental, las violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la evasión fiscal. La sociedad civil y, al menos en parte, los actores gubernamentales se han centrado en estos problemas. El estudio de caso que comentamos muestra que, si bien es importante centrarse en las prácticas corruptas, la sociedad civil también debería debatir la asignación desigual normalizada de beneficios, salarios, impuestos y prestaciones. En la economía mundial financiarizada, la participación de los propietarios del capital en los beneficios lleva décadas aumentando. Dado que el capital invertido en las industrias extractivas y los servicios relacionados suele proceder de los países ricos del Norte, esto también ha desplazado el equilibrio de los beneficios entre el Norte y el Sur globales. Los intentos de corregir este cambio y aumentar la parte de los beneficios que se queda en un país exportador de materias primas pueden utilizar cada uno de los factores de producción clásicos como palanca: la tierra aumentando los cánones mineros, la mano de obra negociando mejores salarios, puestos de trabajo mejor pagados o tasas de empleo más altas, y el capital aumentando los impuestos o la propiedad. Zambia lo ha intentado y ha fracasado en todos estos frentes, y a pesar del éxito comercial de su sector minero, el país se enfrenta a una creciente inseguridad económica.

Para Suiza, la industria minera de Zambia ha tenido el efecto contrario. Las empresas suizas han encontrado en Zambia oportunidades de inversión lucrativas y de bajo riesgo, centrándose en la logística y el comercio de minerales. La minería en Zambia crea así un flujo constante de ingresos para las empresas registradas en Suiza, mientras que gran parte de los costes económicos, políticos y medioambientales de la minería recaen sobre los zambianos.

Gregor Dobler es profesor en el Instituto de Etnología, Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Friburgo (Alemania).

Rita Kesselring forma parte de la sección de Etnología en el Departamento de Ciecias Sociales de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de Basilea (Suiza).

NOTAS:

1 Este artículo es una traducción del texto publicado por los mismos autores en The Journal of Modern African Studies, vol. 57, núm. 2, pp. 223-245, con licencia libre, y disponible en su versión original. La investigación para este artículo ha sido financiada por SNIS, la Red Suiza de Estudios Internacionales. Damos las gracias a todos los socios del proyecto Valueworks. Terminamos el artículo como Fung Global Fellow en el Institute for International and Regional Studies (PIIRS), Universidad de Princeton (Rita Kesselring), y como Visitor en el Institute for Advanced Study, Princeton (Gregor Dobler); estamos muy agradecidos a ambas instituciones por el inspirador entorno de escritura que nos ofrecieron. Dos revisores anónimos han aportado críticas muy valiosas. Sobre todo, queremos agradecer a nuestros compañeros de investigación zambianos su hospitalidad, su interés por nuestra investigación y su paciencia ante nuestra curiosidad.

2 Alberto Acosta, «Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse», en Miriam Lang y Dunia  Mokrani, eds. Beyond Development: alternative visions from Latin America, Fundación Rosa Luxemburgo, Quito, 2013, pp. 61–86; Eduardo Gudynas, «Extractivism», en Ronaldo Munck y Raúl Delgado Wise (eds.), Reframing Latin American Development,  Routledge, Nueva York, 2018, pp. 61–77.

3 Womin, African Women Unite Against Destructive Resource Extraction, Women, Gender and Extractivism: a collection of papers, Johannesburgo, 2013; Jasper Abembia Ayelazuno, «The “new extractivism” in Ghana: a critical review of its development prospects», The Extractive Industries and Society, vol. 1, núm. 2, 2014, pp. 292–302; Gregor Dobler, «China and Namibia, 1990 to 2015: how a new actor changes the dynamics of political economy», Review of African Political Economy 44, 153, 2017, pp. 449–65; Bettina Engels y Kristina Dietz (eds.), Contested Extractivism, Society and the State – Struggles over Mining and Land, Palgrave Macmillan, Londres, 2017; Jon Schubert, Ulf Engel, U. y Elísio Macamo (eds.),  Extractive Industries and Changing State Dynamics in Africa: beyond the resource curse, Routledge, Nueva York, 2018.

4 Ching Kwan Lee, The Spectre of Global China: politics, labor, and foreign investment in Africa, University of Chicago Press, Chicago, 2017.

5 Rita Kesselring, «The local state in a new mining area in Zambia's Northwestern Province», en Jon Schubert, Ulf Engel Elísio Macamo, (eds), Extractive Industries and Changing State Dynamics in Africa: beyond the resource curse, Routledge, Nueva York, 2018, pp. 129–147.

6 Stuart Kirsch, Mining Capitalism: the relationship between corporations and their critics. University of California Press, Berkeley, 2014; Marina Welker, Enacting the Corporation: an American mining firm in post-authoritarian Indonesia, University of California Press, Berkeley, 2014; Asanda Benya, «The invisible hands: women in Marikana», Review of African Political Economy 42, 146, 2015, pp. 545–60¸ Catherine Dolan Dinah Rajak (eds.),  The Anthropology of Corporate Social Responsibility, Berghahn Books, Nueva York, 2016.

7 Gary Gereffi, «Global value chains in a post-Washington consensus world», Review of International Political Economy vol. 21, núm. 1, 2014, pp. 9–37.

8 Henry Wai-chung Yeung, y Neil Martin Coe, «Toward a dynamic theory of global production networks», Economic Geography vol. 91, núm.1, 2015, pp. 29–58.

9 Sébastien Miroudot, The Servicification of Global Value Chains: evidence and policy implications, UNCTAD, Ginebra, 2017.

10 Zambia EITI, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), 8º Informe para el Año Fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2015, EITI, Lusaka, 2017.

11 Anu Lannen, Elisabeth Bürgi Bonanomi, Stephan Rist, y Judith Wehrli, Switzerland and the Commodities Trade: taking stock and looking ahead, Swiss Academies Factsheets 11 (1), Swiss Academies of Arts and Sciences, Ginebra, 2016.

12 Parte de la información contenida en este artículo procede de, o fue corroborada por, entrevistas con altos directivos de la mina de Kansanshi, propiedad de First Quantum Minerals (FQM). Durante un periodo de 2016, tuvimos acceso a varios altos empleados y directivos. Las entrevistas se grabaron con el consentimiento de los entrevistados. Sin embargo, cuando nos dirigimos al director general de la mina para solicitar una entrevista, denegó la petición. Dejó claro que, en su opinión, los entrevistados habían violado los procedimientos internos al hablar con nosotros sin autorización del consejo de administración de FQM. En consecuencia, hemos decidido utilizar el material obtenido a través de entrevistas concedidas libremente, aunque sin dar los nombres de los entrevistados ni asignarles citas. Gran parte de la información facilitada en las entrevistas fue corroborada por otras fuentes.

13 Neo Simutanyi, «The politics of structural adjustment in Zambia», Third World Quarterly vol. 17, núm. 4, 1996, pp. 825–39; John Craig, «Putting privatisation into practice: the case of Zambia Consolidated Copper Mines Limited», Journal of Modern African Studies 39, 3, 2001, pp. 389–410.

14 Alastair Fraser y Miles Larmer, «Introduction: boom and bust on the Zambian Copperbelt», en Alastair Fraser y Miles Larmer, (eds.), Zambia, Mining, and Neoliberalism: boom and bust on the globalized Copperbelt, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010, pp. 1–30.

15 First Quantum Minerals Ltd., First Quantum to Reduce Its Interest in Mopani Copper Mines Plc, FQM 2002, acceso: 7/2/2019.

16 Christopher S. Adam y Anthony M. Simpasa, «The economics of the copper price boom in Zambia», en Alastair Fraser y Miles Larmer, (eds.), Zambia, Mining, and Neoliberalism: boom and bust on the globalized Copperbelt, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010, pp. 59–90, pp. 67-68.

17 Glencore, Informe Anual 2017, Glencore plc, Baar, 2018, p. 192.

18 Ibid., pp. 106-107.

19 Mistakidis dimitió como jefe de comercio mundial de cobre de Glencore a finales de 2018 en medio de las investigaciones de la Comisión de Seguridad de Ontario y del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las minas de Katanga de Glencore. Véanse, por ejemplo, Bloomberg, 2018.  y Canadian Lawyer, 2019.

20 Bloomberg, Commodity Traders Have a Really Big Problem, 2017, acceso: 7/2/2019.

21 Véase también Lee, 2017, op. cit., p. 65.

22 David Manley, Ninth Time Lucky: is Zambia's mining tax the best approach to an uncertain future?, Natural Resource Governance Institute, Nueva York, 2017; Richard Saunders y Alexander Caramento, «An extractive developmental state in Southern Africa? The cases of Zambia and Zimbabwe», Third World Quarterly 39, 6, 2018, pp. 1166–90, pp. 5-9.

23 Lea Haller, Transithandel: Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus, Suhrkamp, Frankfurt, 2019.

24 Hans Fässler, Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine zur Sklaverei, Rotpunktverlag, Zürich, 2005.

25 Elisabeth Beusch, Barbara Döbeli, Andreas M. Fischer y Pinar Yesin, Merchanting and Current Account Balances, Swiss National Bank, Basilea, 2013.

26 Anu Lannen, Elisabeth Bürgi Bonanomi, Stephan Rist, y Judith Schäli, Switzerland and the Commodities Trade: taking stock and looking ahead, Swiss Academies Factsheets 11 (1), Swiss Academies of Arts and Sciences, Ginebra, 2016.

27 Ralph Pöhner, Glencore ist das grösste Unternehmen der Schweiz, Handelszeitung, 2018. La mayoría de estas empresas tienen diferentes sedes; Cargill opera principalmente desde Minnesota, Estados Unidos, mientras que Trafigura tiene su sede en Singapur. Las cifras reflejan las estadísticas económicas oficiales suizas sobre las empresas con sede en el país.

28] Erklärung von Bern (ed.), Rohstoff: Das gefährliche Geschäft der Schweiz, Salis Verlag, Zürich, 2011; Interdepartmental Platform on Commodities, Report of the Interdepartmental Platform on Commodities to the Federal Council – Background Report: Commodities, EDA, Berna, 2013; Public Eye, «The ‘Paradise Papers’, Switzerland and Commodities», Berna, 2017.

29 Nina Eggert, Giovanni Ferro-Luzzi y Difei Ouyang, Commodity trading monitoring report. SRIC e IREG, Ginebra, 2017; Andreas Missbach, Alternative Facts from the Swiss Commodity Trading Lobby, Public Eye, Berna, 2017.

30 "Glencore tiene un acuerdo de compra del 100% con Mopani para toda la vida de las minas, con la propiedad transferida a Glencore a la puerta de la mina y la fijación de precios basada en los precios de la LME", según el folleto de la OPI de Glencore de 2011 (Véase Glencore, 2011, p.85. Véase también la nota a pie de página 23 de la denuncia de la OCDE Sherpa et al contra Glencore International AG, OECD Watch, 2011.

31 Por ejemplo, FQM, First Quantum Minerals Ltd. Annual Information Form. As at December 31, 2016, 2017, p. 116, acceso: 7/2/2019.

32] Wikileaks, 2005, acceso: 7/2/2019; Metal Bulletin, 2010a, <https://www.metalbulletin.com/Article/2397816/Republic-House-sets-up-Metal-Corp-Trading-ahead-of-First-Quantum-takeover.html>, acceso: 7/2/2019; Metal Bulletin, 2010b, acceso: 7/2/2019.

33 Mineman, 2015, acceso: 7/2/2019.

34 Alexander Franke, Roland Rechsteiner y Graham Sharp, The Endgame for Commodity Traders, Oliver Wyman, Zürich, 2017, p. 5.

35 Gregor Dobler, «The green, the grey and the blue: a typology of cross-border trade in Africa», Journal of Modern African Studies 54, 1, 2016, pp. 145–69.

36 Craig Pirrong, The Economics of Commodity Trading Firms, Trafigura, Ginebra, 2014, p. 40.

37 Según el perfil de LinkedIn de su director de tráfico. No hemos podido verificar de forma independiente la titularidad de la empresa.

38 El servicio de conocimiento de embarque directo tiene dos ventajas principales para los clientes de Zambia: Garantiza el acceso a contenedores vacíos para la carga (dado que Zambia no dispone de un depósito de contenedores vacíos, los contenedores utilizados por cargadores independientes tienen que encargarse previamente a Sudáfrica, a menudo con varias semanas de antelación); y traslada el riesgo de sobreestadía (multas que se pagan por la llegada tardía de las mercancías cargadas en los buques) a los transportistas contratados por el transportista. Ninguna de estas ventajas suele compensar su coste para el transporte de grandes volúmenes de cobre a través de almacenes. Sobre el papel de MSC en el desguace de buques, uno de los puntos finales de la cadena de valor del cobre, véase Ebe Daems y Gie Goris, Behind the Hypocrisy of Better Beaches: shipbreaking in India, ship owners in Switzerland, lobbying in Belgium, Shipbreaking Platform, Bruselas, 2019.

39 Impala Terminals, Folleto de Impala Terminals Corporate, Impala Terminals, Ginebra, 2016, p. 35.

40 Bolloré, 2018, acceso: 7/2/2019.

41 Daniela Smal, Zambia's Dependability: imports and exports, (Premio a la empresa novel de transporte internacional del año), Publicación privada, Lusaka, 2015.

42 Sonangol y el entorno de José Eduardo dos Santos están vinculados a Suiza de diferentes maneras, supuestamente utilizando sus bancos como conductos para el dinero obtenido en tratos corruptos. A pesar de varias acusaciones, hasta ahora ningún tribunal suizo ha declarado a nadie culpable en este sentido; por ejemplo, OSISA, 2014.

43 Africa Confidential, «Trafigura in a tug-of-war», 59, 22, 9 de noviembre de 2018, pp. 1–3.

44 Zambia Chamber of Mines, Trafigura Group helps re-establish historic African trade route, 2018, acceso: 7/2/2019.

45 Anne Peters,  Lucy Koechlin, Till Förster y GrettaFenner Zinkernagel (eds.), Non-State Actors as Standard Setters, Cambridge University Press, Cambridge, 2009; Tim Bartley, Rules Without Rights: land, labor, and private authority in the global economy,  Oxford University Press, Oxford, 2018.

46 Katanga Mining Ltd., NI43-101 Technical Report on the Material Assets of Katanga Mining Limited, 2018, p. 74 y 127, acceso: 7/2/2019.

47 BAK Economics, 2018, acceso: 7/2/2019.

48 Alex Cobham, Petr Janský  y Alex Prats, Estimating Illicit Flows of Capital via Trade Mispricing: a forensic analysis of data on Switzerland, Center for Global Development, Washington, DC, 2014; Public Eye, 2017, op. cit.

49 Mick Moore, Wilson Prichard y  Odd-Helge Fjeldstad, Taxing Africa: coercion, reform and development, Zed Books, Londres, 2018.

50 Trafigura Group Pte., 2017 Annual Report: advancing trade, Trafigura, Singapur, 2018.

51 OECD Watch 2011, acceso: 7/2/2019.

52 GrantThornto, Pilot Audit Report: Mopani Copper Mines Plc., 2010, acceso: 7/2/2019.

53 Henry Wai-chung Yeung y Neil Martin Coe, N. 2015. «Toward a dynamic theory of global production networks», Economic Geography 91, 1, 2015, pp. 29–58; Chris F. Wright, «Leveraging reputational risk. Sustainable sourcing campaigns for improving labour standards in production networks», Journal of Business Ethics 137, 1, 2016, pp. 195–210.

54 Humanrights.ch., 2017, acceso: 7/2/2019.

55 N. de la E. La Iniciativa Empresarial Responsable fue rechazada en referendum el 29 de noviembre de 2020 a pesar de haber obtenido el 50,7% del voto popular debido a que solo obtuvo el 8,5% de las 12 mayorías regionales necesarias en los cantones suizos.

56 Un ejemplo importante son las contribuciones televisivas de Res Gehriger, que ayudaron a sacar a la luz la contaminación excesiva de la fundición de Glencore en Mufulira; véase SRF, Glencore-Xstrata und die Asthma-Toten von Mufulira, 2014  y SRF, Gericht in Sambia verurteilt Glencore-Kupferwerk, 2016.

57 Miles Larmer, «Reaction and resistance to neo-liberalism in Zambia», Review of African Political Economy 32, 103, 2005, pp. 29–45; Miles Larmer,  Mineworkers in Zambia: labour and political change in post-colonial Africa, Tauris Academic Studies, Londres, 2007.

58 Esther Uzar, «Contested labour and political leadership: three mineworkers’ Unions after the opposition victory in Zambia», Review of African Political Economy 44, 152, 2017, pp. 292–311.

59 Tribunal Superior de Kabwe,  Juicio Mithi vs Mopani, 2016.

60 Rita Kesselring, Bodies of Truth: law, memory and emancipation in South Africa, Stanford University Press, Stanford, 2016.

61 Solifonds, «AnwohnerInnen in Mufulira fordern sauberes Wasser jetzt!», Solifonds Informationsbulletin 106, 2018, pp. 1–3.

62 Africa Confidential, «As the debts balloon, Lungu avoids the spotlight», 59, 8, 20 de abril de 2018, pp. 1–3.

63 Mikdashi Zuhayr, «Collusion could work», Foreign Policy 14, 1974, pp. 57–68; Wolfgang Kohler, Multinationale Konzerne und die Chance von Entwicklungsländern auf eine eigenständige Rohstoffpolitik: das Beispiel der CIPEC,  Universität Konstanz, Constanza, 1979.

64 Véase Kesselring 2018a, op.cit.; Saunders y Caramento 2018, op.cit..

65 Lucas Bastin, «Transfer pricing and the WTO», Journal of World Trade 48, 1, 2014, pp. 59–80.

66 Beuch et al. 2013, op. cit.

67 Véase también Rachel Parker, Stephen Cox, y Paul Thompson, «Financialization and value-based control: lessons from the Australian mining supply chain», Economic Geography 94, 1, 2018, pp. 49–67, p. 56.

68 William Milberg, The Changing Structure of International Trade Linked to Global Production Systems: what are the policy implications?, International Labour Organization Policy Integration Department, Ginebra, 2004; Jamez Heintz, «Low-wage manufacturing and global commodity chains: a model in the unequal exchange tradition», Cambridge Journal of Economics 30, 2006, pp. 507–20.

69 José Caraballo y Xiao Jiang, «Value-added erosion in global value chains: an empirical assessment», Journal of Economic 50, 1, 2016, pp. 288–96.

70 Paul Nugent, «Africa’s re-enchantment with big infrastructure: white elephants dancing in virtuous circles?», en Jon Schubert, Ulf Engel y Elísio Macamo (eds.), Extractive Industries and Changing State Dynamics in Africa: beyond the resource curse, Routledge, Nueva York, 2018, pp. 22–40.

71 Rita Kesselring, «The electricity crisis in Zambia: blackouts and social stratification in new mining towns», Energy Research & Social Science 30, 2017, pp. 94–102; Rita Kesselring, «At an extractive pace: conflicting temporalities in a resettlement process in Solwezi, Zambia», The Extractive Industries and Society 5, 2, 2018b, pp. 237–44.

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Lectura Recomendada: El papel del Estado en la Economía

La búsqueda de un enfoque económico que reuniera aproximaciones potencialmente convergentes, pero, a veces, de facto, con cierta distancia entre ellas, llevó a la creación de la colección Economía Inclusiva de FUHEM Ecosocial dentro de la que este libro se ubica.

En el proyecto, tal como lo presentaron Santiago Álvarez Cantalapiedra y Ángel Martínez González-Tablas (2020), se anunciaba la publicación de materiales que sirvieran para construir una perspectiva integradora de diferentes enfoques procedentes de la económica heterodoxa y, en ese sentido, facilitaran un entendimiento de una realidad que es necesariamente compleja.

Como señalan ambos autores, son cuatro las fuentes tradicionales de provisión de recursos en una economía: la familia, el mercado, la comunidad y el Estado. En este sentido, con este libro pretendemos contribuir, desde nuestras posibilidades, a esos objetivos generales que hemos enunciado en el párrafo anterior, centrándonos en el estudio de esa cuarta fuente: el Estado.

El contexto en el que nos encontramos resulta proclive para materializar esta propuesta. En efecto, desde la crisis económica de los años setenta, se impuso en la teoría y en las políticas económicas un paradigma que cuestiona el modelo intervencionista anterior, y sin embargo, por razones que trataremos de explicar, salvo algunas excepciones, las siguiente décadas no vieron una caída notable ni del gasto ni de los ingresos públicos, sino más bien una transformación en el cometido que se reservaba al Estado.

La crisis de 2008 dio argumentos a los (numerosos) autores y autoras que situaron precisamente en los rasgos distintivos del capitalismo de las últimas décadas la causa de los problemas que derivaron en ella. No obstante, los primeros programas de estímulo y de rescate bancario enseguida dieron paso a nuevas políticas de recorte que situaban la responsabilidad de la crisis en esos mismos Estados.

Desde entonces, y cuando parecía que el retorno al cuestionamiento del papel económico del Estado era inevitable, una pandemia mundial y el subsiguiente parón de la economía capitalista global han vuelto a poner de manifiesto la importancia de ese intervencionismo para reactivar la economía, más aún teniendo en cuenta que esas crisis, incluso las debidas a shocks externos, dejaban entrever problemas estructurales, como los derivados del impacto de la acción humana en la biosfera y la consiguiente degradación medioambiental o la vieja tendencia del sistema económico a crecer engendrando los mismos desequilibrios que culminan en dañinas crisis.

Estos problemas, enraizados en el propio sistema económico, han llevado a muchos autores y autoras, para quienes la actuación pública puede ser una solución, a pensar en el Estado como mecanismo para su resolución o, al menos, para la atenuación de sus consecuencias más perniciosas.

La cuestión es si estas mayores demandas de intervención pública van a consolidarse como ya hicieran tras la Segunda Guerra Mundial, dando lugar por lo menos a una interrelación entre Estado y mercado ahora diferente, o si, por el contrario, en realidad volveremos a asistir a una nueva vuelta a la primacía del mercado. Parecen, pues, regresar debates de hace varias décadas acerca del papel que el Estado puede y debe desempeñar en un sistema económico mundial que, a decir de Milanovic (2019), es ya exclusivamente capitalista.

¿Tiene capacidad el Estado para atemperar las crisis del sistema económico?

¿Serviría tal acción para algo más que para hacer al sistema, con todas sus contradicciones y problemas, más fuerte?

¿Hay resquicios para una acción colectiva que utilice al Estado para construir una sociedad mejor?

Este libro no pretende responder a estas preguntas, sobre todo, por razones de espacio, pero sí contribuir a los debates que suscitarían sus respuestas. Queremos por ello aportar un conjunto de reflexiones acerca del papel que está desempeñando en la actualidad el Estado, incluyendo su caracterización, y de lo que asoma como porvenir con el fin de enriquecer los debates ligados a esas preguntas.

Iremos para ello más allá de la cuestión estrictamente cuantitativa (que, eso sí, en un libro de estas características estará de todos modos presente) para desentrañar, más bien, el aspecto cualitativo de las funciones de ese Estado, que en todo caso es un Estado, como hemos dicho, dentro de un sistema económico capitalista, no una institución flotante en un vacío histórico. Se trataría, por tanto, de funciones que irían desde la legitimación del propio sistema económico a la protección social y la redistribución, pero también la producción y la regulación, para lo cual será necesario también observar el modo en que se articulan los movimientos sociales (realmente existentes) con esa intervención pública, es decir, los mecanismos en que la sociedad organizada trata de traducir sus demandas en acciones efectivas por parte del Estado (entendido en sentido amplio, por lo que incluimos cualquiera de los niveles de las Administraciones públicas). Y sin olvidarnos de la función que se le achaca en la necesaria transición energética que habrá que recorrer en los próximos años.

Así pues, con el fin de facilitar la comprensión del papel actual del Estado, hemos dividido el libro en nueve capítulos, más esta introducción y unas reflexiones finales.

En los dos primeros, se realiza un recorrido sintético por diferentes posiciones que, desde la teoría económica han convivido con respecto al papel que el Estado debe desempeñar en la economía. Así, en el capítulo 1, de la mano de Luis Buendía García y Alberto Ruiz Villaverde, se repasan diferentes corrientes utilizando como hilo conductor los cambios de paradigma dominante entre el liberal y el intervencionista desde el siglo XIX al XXI, terminando con una revisión de los elementos que apuntan (quizá) a un nuevo paradigma en estos últimos años.

Por su parte, June Sekera en el capítulo 2 recoge el testigo del capítulo anterior para, a través del contraste de ideas, en particular entre la escuela alemana de economía pública y la public choice, contribuir a esta obra con un examen de los rasgos que adopta la intervención pública en el ámbito de la producción, en el sentido, sobre todo, de los servicios y actuaciones de no mercado que proporciona hoy en día, y reivindicar en última instancia una propuesta analítica para su estudio que, por su propia naturaleza, debe alejarse de los manuales y libros que predominan en el pensamiento económico dominante.

En el capítulo 3, Rafael Muñoz de Bustillo, tras explicar los cambios que se han producido en el seno de los Estados de bienestar de los países industrializados en las últimas décadas, se ocupa de los principales retos que afrontan, incluyendo los problemas demográficos, los de la digitalización y el dilema existente entre el crecimiento económico (muy ligado al desarrollo de esos Estados de bienestar) y la crisis medioambiental, terminando con una recopilación de las posibles respuestas que se pueden dar a cada uno de ellos.

A continuación, en el capítulo 4, Pablo García García desarrolla uno de los dilemas planteados en el capítulo previo, a saber, la cuestión de las transiciones energéticas justas (es decir, transiciones energéticas que atenúen las consecuencias negativas de los cambios que es necesario acometer) y el papel que el Estado puede ejercer en su promoción. Tras explicar la genealogía del propio concepto de transiciones energéticas justas con el fin de comprender toda su naturaleza, muestra los desafíos a los que se enfrenta, incluyendo en particular la necesidad de compensar a los colectivos más perjudicados por el proceso, y repasa los argumentos que la literatura académica ha incorporado sobre el papel que los Estados de bienestar pue[1]den desempeñar en este proceso, incorporándose a ese debate con un análisis propio que le sirve de base para vincular esas transiciones a herramientas como la renta básica universal o los servicios básicos universales, como propuestas que se están planteando dentro del sistema económico vigente para resolver o, al menos, atenuar esos efectos perniciosos.

En el capítulo 5, Miguel Artola Blanco aborda un enfoque que ha ido ganando peso en los últimos años cuando se estudia el papel de la intervención pública, a saber, su impacto en la desigualdad, y lo hace por medio de una aproximación metodológica, la de las cuentas nacionales distributivas, que se ha desarrollado de manera muy reciente y, a pesar de lo cual, cuenta con un importante apoyo académico. Para ello, y con el fin precisamente de resultar clarificador, se explican las fuentes y las metodologías que requieren este abordaje para pasar a continuación a exponer los resultados de la desigualdad antes y después de la intervención pública, poniendo de manifiesto su efecto final.

Nuria Alonso y David Trillo revisan en el capítulo 6 los cambios en las políticas fiscales que se han puesto en marcha, en particular, desde la crisis de 2008, prestando atención a sus cambios y, dentro de Europa, el efecto que han tenido las directrices que manan de los órganos de poder de la Unión Europea. Se incide asimismo en cuestiones particulares del caso español, como las vinculadas al sistema impositivo, tema sobre el que se adopta igualmente una perspectiva más amplia y nos sitúa en el debate sobre el margen de maniobra existente que tienen los países a este respecto.

El capítulo 7 lo dedica Julián Sánchez a exponer las políticas monetarias que se han aplicado en la realidad, centrándose en el papel que el Banco Central Europeo ha desempeñado desde sus orígenes hasta la actualidad. Tras explicar pormenorizadamente su funcionamiento tradicional, se ocupa del programa de expansión cuantitativa puesto en marcha en los últimos años, incluyendo sus orígenes teóricos, así como los efectos que las tesis monetaristas han tenido en el diseño de las políticas monetarias que se han venido aplicando. El capítulo termina reivindicando la alternativa analítica contenida en la perspectiva del dinero endógeno y, por último, la Teoría Monetaria Moderna.

En el capítulo 8, Ángel Martínez González-Tablas se adentra en la cuestión de otra de las tareas asumidas desde la intervención pública: la regulación. Tras diseccionar los elementos que compondrían el análisis de la realidad que nos rodea, se ocupa de estudiar el efecto de la regulación pública en la economía actual y su contraste con la regulación privada de mercado, terminando con unas reflexiones acerca de cómo sería necesario abordar esa regulación pública con el fin de optimizarla.

Por último, el capítulo 9, escrito por María A. Ribón, se ocupa del gran elemento ausente en los análisis que le preceden: la articulación entre los movimientos sociales y el sector público, centrándose en el caso español. En efecto, si hasta el momento se han ido examinando diferentes aristas de la intervención del Estado en la economía, en este capítulo se trata la cuestión de la influencia que la sociedad organizada tiene en la forma que adopta dicha intervención, con el fin de terminar de dotar de mayor complejidad al objeto de estudio al que hemos dedicado el libro. En este sentido, se plantea un diálogo entre esos movimientos sociales y la economía heterodoxa para reclamar una economía inclusiva como mecanismo de transformación social en el perímetro del actual sistema económico.

El libro se cierra con unas breves reflexiones en las que trataremos, por un lado, de sintetizar las ideas expuestas en cada uno de los capítulos previos y, por otro, apuntar algunas otras que han quedado fuera del libro y que nos llevarían a un programa de investigación sobre el Estado y la economía también más allá del capitalismo. Con él terminamos un recorrido que, confiamos, sirva para entender mejor el tipo de intervención que el Estado está poniendo en marcha en las economías del siglo XXI, tanto desde una perspectiva cuantitativa como, sobre todo cualitativa, aunque también desde el enfoque de la evolución de las ideas, y permita asimismo vislumbrar las líneas por las que puede discurrir su evolución en los próximos años.

No queremos concluir esta Introducción sin explicitar nuestros agradecimientos a quienes han hecho posible este libro. En primer lugar, a Santiago Álvarez Cantalapiedra y a FUHEM, en cuyo seno tuvieron lugar los debates del Grupo de Economía Inclusiva que supusieron el punto de partida y la idea inicial del libro, y dieron pie a un encargo que nos ha dado la oportunidad de juntar una serie de ideas (y de diferentes autores y autoras) que nos llevaban años rondando la cabeza.

En segundo lugar, el esfuerzo y la paciencia con mis requerimientos que han desplegado esos autores y autoras de los diferentes capítulos no ha sido pequeño, lo que ha facilitado mucho nuestra labor de coordinación. Y por último, de suma importancia ha sido también la labor de Monica Di Donato, también de FUHEM Ecosocial, y de Carmen Pérez, de La Catarata, quienes han contribuido de manera decisiva en la forma final del libro, pero además, a pesar del caótico ritmo de trabajo que otras obligaciones nos han impuesto en los últimos tiempos, se han mostrado siempre comprensivas aportando además grandes dosis de optimismo.

 


Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia

Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia

Nueva sesión del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo, un espacio de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles, y que esta ocasión, abordará la Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid, bajo el título Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia, el evento tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2023 a las 18 h.

Los conflictos ecosociales y la nueva geopolítica de recursos perfilan escenarios que replantean luchas y extienden espacios de resistencia.

La creciente pugna por unos recursos estratégicos escasos y las exigencias derivadas de la progresiva digitalización o la transición energética de los países del centro capitalista, aventuran un recrudecimiento de los conflictos (en todos los planos: el comercial, el tecnológico o el militar) y un incremento de la importancia de la geopolítica para preservar esferas de influencia y garantizar el acceso y la seguridad en el abastecimiento de los recursos (colonialismo verde).

Ejemplos paradigmáticos en ese sentido podrían también relacionarse con la actual etapa del capitalismo verde, asociada al proceso de descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas, que en el fondo siguen manteniendo un modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y aceleran la destrucción de los territorios y de los ecosistemas.

De ese modo, hablar de conflictos ecosociales, geopolítica de los recursos o colonialismo verde hace necesario abordar y analizar el escenario de nuevos y/o ampliados extractivismos que se viene perfilando, así como de sus consecuencias, en clave tanto interna (conflictos y polarización territorial) como externa (influencia en los grandes conflictos socio-ecológicos globales y geopolítica de los recursos). Y esto requiere complejizar nuestros análisis de diferentes maneras, hasta extender la mirada hacia nuevas experiencias y formas de resistencias territoriales en todo el mundo.

Reflexionaremos sobre todo ello al hilo de la reciente publicación del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a profundizar en estas temáticas.

En el acto contaremos con la presencia de:

Breno M. Bringel, investigador en UCM.

Bonnie Campbell, profesora en Universidad de Quebec, Canadá.

Francisca Fernández Droguett, activista Plataforma Defensores de la Tierra y el Territorio de Chile.

Presenta y modera: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Organizan: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial y La Casa Encendida.

FECHA: 16 de noviembre de 2023, 18 h.

El acto es gratuito previo registro.

La actividad se desarrolla en una sala Zoom. Una vez realizada la inscripción, y antes de la sesión, se enviará un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.

Organizan:

Colabora:


El estado de la agricultura y la alimentación 2023

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El estado de la agricultura y la alimentación 2023

La escalada de los desafíos mundiales —la falta de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los alimentos debido a la crisis climática; la pérdida de biodiversidad; las desaceleraciones y recesiones económicas; la pobreza que se agrava; y otras crisis superpuestas—, hace que nos encontramos en una coyuntura crítica.

Las decisiones que adoptemos ahora, las prioridades que establezcamos y las soluciones que apliquemos determinarán la trayectoria de nuestro futuro común. Como consecuencia de ello, las decisiones que tomemos sobre los sistemas agroalimentarios mundiales deben reconocer estos desafíos interrelacionados.

Nuestra recomendación es el Informe de El estado mundial de la agricultura y la alimentación de 2023: Revelar el verdadero costo de los alimentos para transformar los sistemas agroalimentarios, elaborado por FAO.

El informe examina el verdadero costo de los alimentos para lograr sistemas agroalimentarios sostenibles. En el informe se introduce el concepto de beneficios y costos ocultos ambientales, sociales y sanitarios de los sistemas agroalimentarios y se propone un enfoque (la contabilidad de costos reales [CCR]) para abordarlos.

Con el fin de poner en marcha el enfoque de la CCR, en el informe se propone un proceso de evaluación de dos fases, que inicialmente consiste en evaluaciones a nivel nacional basadas en la CCR para sensibilizar sobre la cuestión y después pasa a evaluaciones más profundas y específicas destinadas a priorizar soluciones y orientar la adopción de medidas transformadoras.

El análisis revela la necesidad urgente de tener en cuenta los costos ocultos en los procesos de adopción de decisiones para la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Los sistemas agroalimentarios generan importantes beneficios para la sociedad, incluidos los alimentos que consumimos y los puestos de trabajo y medios de vida de más de 1 000 millones de personas. Sin embargo, sus efectos negativos derivados de actividades y prácticas insostenibles orientadas al mantenimiento de las condiciones actuales están contribuyendo al cambio climático, la degradación de los recursos naturales y la inasequibilidad de las dietas saludables.

Abordar estos efectos negativos es complicado porque las personas, las empresas, los gobiernos y otras partes interesadas no tienen una visión general de cómo afectan sus actividades a la sostenibilidad económica, social y ambiental cuando toman decisiones en su día a día.

En el informe se presenta un primer intento de evaluación a escala nacional de 154 países, el cual sugiere que los costos ocultos mundiales derivados de los sistemas agroalimentarios ascienden a, al menos, 10 billones de dólares PPA de 2020. Las estimaciones indican que los países de ingresos bajos soportan la carga más elevada de los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios en relación con los ingresos nacionales.

Se necesitan innovaciones en materia de investigación y datos, así como inversiones en recopilación de datos y creación de capacidad, que permitan ampliar la aplicación de la CCR, especialmente en los países de ingresos medianos y bajos, de forma que se pueda convertir en un instrumento viable para fundamentar los procesos de adopción de decisiones y formulación de políticas de manera transparente y coherente.

Transformación de los sistemas agroalimentarios para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para todos sin dejar a nadie atrás.

Mensajes principales:

  1. No cabe duda del valor de los sistemas agroalimentarios. Proporcionan alimentos, mantienen las economías y conforman las identidades culturales. Sin embargo, también han de tenerse en cuenta los costos ocultos ambientales, sociales y sanitarios asociados a estos sistemas.

  1. La contabilidad de costos reales (CCR) permite estimar los costos ocultos, generados por las ineficacias del mercado, las instituciones y las políticas. Proporciona a los encargados de adoptar decisiones los datos objetivos necesarios para corregir dichas ineficacias y transformar los sistemas agroalimentarios a mejor.

  1. La CCR orientada a la adopción de decisiones se basa en una larga tradición de valoración económica; sin embargo, la falta de disponibilidad de datos de alta calidad, tanto sobre los costos ocultos como los relativos a la adopción de medidas, suele limitar su aplicación.

  1. En el presente informe se propone un proceso de evaluación de dos fases, basándose primero en evaluaciones a nivel nacional basadas en la CCR para dar a conocer la cuestión (presentadas en este informe) y pasando después a evaluaciones más profundas y específicas destinadas a priorizar soluciones y orientar la adopción de medidas transformadoras (que será el tema central de la edición del informe que se publicará en 2024).

  1. El informe de este año presenta un primer intento de evaluación a escala nacional de 154 países. Incluso con una gran incertidumbre y excluyendo algunas repercusiones, existe un nivel muy elevado de certeza de que los costos ocultos cuantificados mundiales derivados de los sistemas agroalimentarios ascenderán a 10 billones de USD de paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2020 o más, lo cual pone de manifiesto la necesidad urgente de tener en cuenta estos costos en el proceso de adopción de decisiones para transformar los sistemas agroalimentarios.

  1. A nivel mundial, los costos ocultos cuantificados predominantes son los que se derivan de los hábitos alimenticios que provocan enfermedades y una productividad inferior de la mano de obra. Estos costos relacionados con la salud varían considerablemente según el país, pero son los más destacados en los países de ingresos medianos y altos.

  1. Los costos ocultos ambientales, aunque no se han calculado de manera exhaustiva, constituyen más del 20 % de los costos ocultos cuantificados y equivalen a casi un tercio del valor añadido agrícola. Están asociados principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y nitrógeno, y resultan pertinentes para todos los grupos de países por nivel de ingresos.

  1. Los costos ocultos parecen constituir una carga mayor en los países de ingresos bajos, donde se estima que ascienden, de media, al 27 % del producto interno bruto (PIB), en comparación con el 11 % registrado en los países de ingresos medianos y el 8 % en los países de ingresos altos.

  1. Abordar la pobreza y la subalimentación sigue siendo una prioridad en los países de ingresos bajos, pues representan en torno a la mitad de los costos ocultos totales cuantificados en estos países.

  1. Las nuevas estimaciones a nivel nacional constituyen un primer paso hacia la sensibilización, aunque estén incompletas e incluyan un elevado grado de incertidumbre. Se precisan evaluaciones específicas basadas en la CCR que también tengan en cuenta el costo de las diferentes medidas de reducción —el aspecto en el que se centrará el informe del próximo año— para proporcionar información a los encargados de adoptar decisiones sobre cómo aprovechar las políticas, los reglamentos, las normas y el capital privado para realizar una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles.

  1. Para ampliar la escala de las evaluaciones basadas en la CCR, se necesitan innovaciones en materia de investigación y datos, así como inversiones en recopilación de datos y creación de capacidad, que permitan ampliar la aplicación de la CCR, especialmente en los países de ingresos medianos y bajos, de forma que se pueda convertir en un instrumento viable para fundamentar los procesos de adopción de decisiones y formulación de políticas de manera transparente y coherente.

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Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia

 

Nueva sesión del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo, un espacio de encuentros para reflexionar y debatir sobre las grandes tendencias y cuestiones que atañen a nuestro tiempo, y que definen el funcionamiento y los objetivos del sistema socioeconómico en el que vivimos, para imaginarnos entre todos y todas, alternativas justas, inclusivas y sostenibles, y que esta ocasión, abordará la Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia.

Organizado por la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial con la Casa Encendida de Fundación Montemadrid, bajo el título Geopolítica de los recursos: extractivismos, conflictos y resistencia, el evento tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2023 a las 18 h.

Los conflictos ecosociales y la nueva geopolítica de recursos perfilan escenarios que replantean luchas y extienden espacios de resistencia.

La creciente pugna por unos recursos estratégicos escasos y las exigencias derivadas de la progresiva digitalización o la transición energética de los países del centro capitalista, aventuran un recrudecimiento de los conflictos (en todos los planos: el comercial, el tecnológico o el militar) y un incremento de la importancia de la geopolítica para preservar esferas de influencia y garantizar el acceso y la seguridad en el abastecimiento de los recursos (colonialismo verde).

Ejemplos paradigmáticos en ese sentido podrían también relacionarse con la actual etapa del capitalismo verde, asociada al proceso de descarbonización y a las formas mercantiles de afrontar el cambio climático y las transiciones ecológicas, que en el fondo siguen manteniendo un modelo de crecimiento económico ilimitado, aumentan las vulnerabilidades, las desigualdades e injusticias y aceleran la destrucción de los territorios y de los ecosistemas.

De ese modo, hablar de conflictos ecosociales, geopolítica de los recursos o colonialismo verde hace necesario abordar y analizar el escenario de nuevos y/o ampliados extractivismos que se viene perfilando, así como de sus consecuencias, en clave tanto interna (conflictos y polarización territorial) como externa (influencia en los grandes conflictos socio-ecológicos globales y geopolítica de los recursos). Y esto requiere complejizar nuestros análisis de diferentes maneras, hasta extender la mirada hacia nuevas experiencias y formas de resistencias territoriales en todo el mundo.

Reflexionaremos sobre todo ello al hilo de la reciente publicación del número 163 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global dedicado a profundizar en estas temáticas.

En el acto contaremos con la presencia de:

Breno M. Bringel, investigador en UCM.

Bonnie Campbell, profesora en Universidad de Quebec, Canadá.

Francisca Droguett, activista Plataforma Defensores de la Tierra y el Territorio de Chile.

Presenta y modera: Monica Di Donato, FUHEM Ecosocial.

Organizan: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global de FUHEM Ecosocial y La Casa Encendida.

FECHA: 16 de noviembre de 2023, 18 h.

El acto es gratuito previo registro.

La actividad se desarrolla en una sala Zoom. Una vez realizada la inscripción, y antes de la sesión, se enviará un correo electrónico de confirmación con los datos de acceso al encuentro.

Acceso a las anteriores sesiones del ciclo Debates para un pensamiento inclusivo.


Ética del Rewilding

Ética del rewildingCon la adopción de soluciones basadas en la naturaleza como herramientas para la lucha contra el cambio climático, y la necesidad de emprender acciones para detener la pérdida de biodiversidad, en los últimos años viene tomando fuerza la idea de la renaturalización del territorio, lo que se conoce actualmente como rewilding.

Ética del rewilding

Cristian Moyano

Plaza y Valdés Editores, Madrid, 2022

338 págs.

Frente al tecnooptimismo generalizado y las propuestas de nueva modernidad ecológica basadas en un mayor control humano de los ecosistemas a todas las escalas, no sin polémica, se han puesto en marcha o se proyectan ya multitud de acciones, configurando todo un abanico de propuestas de naturaleza muy diversa alrededor de este concepto. Y precisamente, tratando de concretar la naturaleza del término rewilding y sus diferencias/similitudes con otros conceptos comienza este trabajo de Cristian Moyano, filósofo y doctor en Ciencia y Tecnología Ambientales dentro del ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyo objetivo es plantear algunos de los principales desafíos éticos que implica la práctica y pensamiento del rewilding.

Así, en un primer bloque de dos capítulos, el autor realiza una revisión de los principales antecedentes, significados y debates alrededor del rewilding, así como del aporte que potencialmente podrían realizar distintas visiones filosóficas la mismo.

En el primer capítulo, el autor argumenta su elección de usar el concepto rewilding en inglés porque otros términos no recogerían toda la fuerza explicativa y carga de sentido de este.[1] De esta forma, elige diferenciar rewilding de renaturalización, resalvajización o reasilvestramiento, a los que atribuye significados menos amplios que el de rewilding. Y también lo diferencia de restauración ecológica, dentro de la cual otros muchos autores integran el rewilding.

A su vez, describe diversas clasificaciones de rewilding, según la escala temporal (pleistocénico y holocénico), según la escala espacial (micro, meso y macroescala) y según el enfoque (pasivo, ecológico, trófico, y otros). También entra en la disyuntiva entre aquellos proyectos de rewilding que parten de espacios en buenas condiciones, y tratan de llegar a cuantos más espacios mejor, que califica de ecoutilitarismo cuantitativo, frente a aquellos otros que parten de espacios en peores condiciones, y tratan de mejorarlos, lo que califica como ecoutilitarismo cualitativo. Finalmente, en este capítulo del libro se abordan las diferencias entre un rewilding basado en uso diferenciado de los espacios (land sparing) y un rewilding basado en el uso compartido de los espacios (land sharing). En el otro capítulo, se hace un repaso de distintas teorías filosóficas y sus conexiones más o menos directas con el rewilding, desde los antiguos filósofos griegos hasta enfoques filosóficos más modernos, tratando de entender qué categorías y marcos conceptuales pueden servir al objetivo de construir una ética del rewilding.

En una segunda parte del libro, se aborda lo que el autor denomina las tensiones éticas de las diferentes prácticas de rewilding.

Cuando se trata el rewilding holocénico, el autor hace referencia a varios debates. El primero tiene que ver con la idea de a qué especies se dirige la acción, es decir, si tendríamos que considerar o no que hay especies que son más importantes que otras en aras de recuperar la funcionalidad en los ecosistemas (especies ingenieras, especies clave, etc.) o, por el contrario, todas lo son por igual, sin que tengan una función determinada para el ser humano o el ecosistema, en aras de una moral individualista basada en la sintiencia. También, se aborda la diversidad de intereses humanos, en ocasiones radicalmente contradictorios, que pueden girar alrededor de un determinado proyecto de rewilding, y que potencialmente pueden desembocar en problemas e incluso una situación peor que la de partida. Otro debate es el que tiene que ver con la relatividad del concepto de especie invasora, según criterios espaciotemporales y criterios tróficos, que puede conducir a proyectos con consecuencias negativas a pesar de las intenciones originales. Además, también se aborda el asunto del potencial prejuicio paternalista en los proyectos, a través de barreras prácticas (p.ej. intervenir demasiado) o psicológicas (p.ej. ver mortalidades masivas sin actuar), estableciendo tres aspectos (quiénes se benefician, qué o quiénes han provocado los cambios ambientales, y cómo se ha conocido el problema), cuyo análisis derivaría en una serie de consideraciones éticas y líneas de actuación. Finalmente, se cuestiona la mayor o menor idoneidad de las hibridaciones como estrategias para favorecer la funcionalidad de los ecosistemas y la resiliencia ecológica de estos.

Por su parte, el rewilding pleistocénico conlleva un conjunto de debates y desafíos distintos. Aparte de la ya mencionada instrumentalización de las especies, el primero tiene que ver con la distinción entre un tipo de rewilding basado en la reintroducción de especies holocénicas parecidas a las pleistocénicas (rewilding pleistocénico débil) y otro basado en la desextinción de especies pleistocénicas a través de ingeniería genética (rewilding pleistocénico fuerte), lo cual añade debates éticos ligados a la bioingeniería y la propia necesidad de una fuerte componente tecnológica, con los aspectos de desigualdad que esto supone, así como a un uso diferenciado de los espacios con especies desextinguidas. También se plantea el debate sobre si la propia escala temporal del pleistoceno puede ser idónea o no para la práctica del rewilding en la actualidad, dado que durante el Pleistoceno la especie humana, como tal, no existía, y que los ecosistemas que había, por no decir, la propia configuración de las áreas terrestres y marinas, eran completamente ajenos a los actuales.

Finalmente, el autor trata los desafíos éticos del rewilding pasivo, partiendo de las diferencias con el abandono, que residirían en la intencionalidad de la ausencia de intervención. En primer lugar, tratando el problema de si la causa de esa intencionalidad es voluntaria o involuntaria, y si es más o menos deseada, con sus correspondientes ventajas y desventajas. Por otra parte, también analiza cuáles son las implicaciones prácticas de las condiciones de partida del ecosistema dentro de una práctica que consistiría en dejar intencionadamente de intervenir. Otro debate tiene que ver con el efecto que el propio aislamiento, necesario para la ausencia de intervención, puede provocar en la funcionalidad de los ecosistemas y su relación con ecosistemas limítrofes. Finalmente, se aborda aquí la dialéctica entre dos formas de no intervenir, aquella que parte del principio de precaución, donde la atención está en las posibles consecuencias de la actuación, y se interviene lo mínimo, cuando se conocen los riesgos que puede comportar la acción, y aquella otra que parte del “dejar hacer”, es decir, que asume que la naturaleza lleva a cabo sus propios procesos sin necesidad de intervención alguna.

El tercer bloque de dos capítulos tiene que ver, por una parte, con la práctica del rewilding en entornos urbanos y en espacios agrícolas y ganaderos. En primer lugar, con la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza en espacios urbanos (restauración de ríos, atracción de fauna, plantación de especies autóctonas, etc.), que plantea diversos aspectos de justicia social y desigualdad (gentrificación verde, determinantes ambientales de la salud, etc.), problemas relacionados con el grado de convivencia con especies más o menos silvestres, y el control de plagas o de los microorganismos que pueblan los ecosistemas urbanos y son huéspedes de estos animales o plantas, y finalmente los problemas relativos a cómo el propio metabolismo urbano condiciona la situación más allá de sus fronteras, y cómo la artificialización del territorio puede suponer un sumidero de especies silvestres. En cuanto al segundo, el libro aborda la disyuntiva entre dedicar el territorio a la alimentación humana o dedicarlo al rewilding, el nuevo intento de vender la intensificación agraria como una herramienta para la conservación, el potencial económico que aporta el rewilding, la disyuntiva entre el control animal a través de la caza o el rewilding con depredadores, así como el potencial en términos de integridad ecológica que nos proteja de enfermedades zoonóticas.

En el último bloque se tratan nuevamente dos asuntos. Por un lado, la vertiente cultural del rewilding, donde aborda cómo distintos contextos culturales condicionan nuestra actitud hacia la naturaleza, llegando a generar, a través de las dimensiones psicológica, cosmológica y simbólica la idea de especies culturalmente claves. En este sentido, se hace aquí un llamamiento hacia una nueva cultura no antropocéntrica, y se pone la atención en la influencia que puede tener la ecoalfabetización en el despertar de una conciencia ecológica. En el último capítulo del libro, el autor llama a una responsabilización por el rewilding, que parte de la necesidad de un cambio estructural y político (acción y responsabilidad social), pero también de una responsabilidad individual, a veces culturalmente diluida, pero siempre presente.

Un libro extenso, pero conscientemente no exhaustivo, donde el autor plantea de modo didáctico y asequible a un público no especializado, algunos de los grandes debates de carácter ético que la conceptualización y la práctica actual y potencial del rewilding están poniendo sobre la mesa, en un contexto de agitadas discusiones y urgentes decisiones sobre la crisis de la biodiversidad, en el que el necesario y constante replanteamiento de los modelos de conservación está sufriendo las embestidas del capitalismo ecomodernista, tanto en el ámbito académico como en la propia toma de decisiones.

Pedro L. Lomas

FUHEM Ecosocial

[1] El autor de esta reseña, aunque prefiere el uso de renaturalización, empleará el término inglés rewilding en coherencia con el contenido del trabajo reseñado.


El papel del Estado en la economía

El papel del Estado en la economíaEl próximo 15 de noviembre de 2023, a las 18 h.,  presentamos el libro El papel del Estado en la economía, la entrega más reciente de la Colección de Economía Inclusiva de FUHEM Ecosocial y La Catarata, que en esta ocasión dedica sus reflexiones al papel del Estado en la economía.

El acto tendrá lugar en el Ateneo La Maliciosa, un espacio con vida propia, diseñado para acoger iniciativas y actividades sociales.

Editado por Luis Buendía García, profesor de Economía en la Universidad de León, el libro recoge textos de varios expertos que ofrecen un debate sobre el papel que el Estado puede y debe desempeñar en el sistema económico mundial.

¿Tiene capacidad el Estado para atemperar las crisis del sistema económico?

¿Serviría tal acción para algo más que para hacer el sistema, con todas sus contradicciones y problemas, más fuerte?

¿Hay resquicios para una acción colectiva que utilice al Estado para construir una sociedad mejor?

Al hilo de estas y otras preguntas, el libro se propone contribuir a los debates que suscitarían sus respuestas. Para ello, los autores y las autoras que participan aportan un conjunto de reflexiones acerca del papel que está desempeñando en la actualidad el Estado y de lo que asoma como porvenir.

Más allá de la cuestión estrictamente cuantitativa, el libro desentraña más bien el aspecto cualitativo de las funciones de ese Estado, dentro de un sistema capitalista y para entender este papel cuenta con nueve capítulos más una introducción y unas reflexiones finales.

Se trata, así, de un libro coral que aborda y visualiza una nueva definición de qué se entiende por intervención pública, contemplando los diferentes aspectos o dimensiones que reclama la situación actual.

En el acto contaremos con la presencia de:

Luis Buendía, profesor de economía en la Universidad de León, autor y coordinador del libro.

Bibiana Medialdea, economista y profesora de Economía Aplicada en la UCM

Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director de FUHEM Ecosocial.

Presenta y modera: Monica Di Donato, Fuhem Ecosocial

 

Entrada libre hasta completar aforo, previo registro, rellenando el siguiente formulario.

Anota en la Agenda:


El impacto de los pesticidas en nuestra salud. Entrevista a Nicolás Olea

Según datos recientes, entre 2002 y 2019, el número de nuevos productos químicos, incluidos plaguicidas, productos químicos industriales y productos farmacéuticos aumentó de 20 millones a 156 millones.

La investigación médica estima que nueve millones de muertes están relacionadas con la contaminación cada año. En ese sentido, hablar de “exposoma” permite identificar y tener en cuenta ese mapa complejo de los efectos interactivos en nuestra salud no solo de factores ambientales como las sustancias químicas presentes en el aire, el agua y los alimentos, sino también de todo los factores sociales y personales como la respuesta individual de nuestro cuerpo al entorno en el que está inmerso.

FUHEM Ecosocial entrevista a Nicolás Olea, Catedrático/Facultativo Especialista de la Facultad de Medicina/Hospital Clínico S. Cecilio Universidad de Granada y socio fundador del think tank para la transición alimentaria Alimentta, sobre “EXPOSOMA”: el impacto de un ambiente tóxico sobre nuestra salud por vía alimentaria, con el objetivo de analizar y reflexionar sobre los efectos negativos de la exposición a los pesticidas y otras sustancias tóxicas por vía alimentaria para la salud de las personas, perfectamente conscientes de que existen otras dimensiones e impactos a tener en cuenta, también sobre la salud del medio natural.

En un estudio del 2021 la Agencia AESAN alertaba de que 46 plaguicidas no autorizados por la UE seguían presentes en los alimentos, como consecuencia de autorizaciones excepcionales para su uso, porque son contaminantes persistentes o porque se hace un uso ilegal de los mimos. Además, sabemos, por el mismo estudio, que el 43% de las muestras de frutas y verduras y el 40% del conjunto de alimentos contienen residuos de plaguicidas, es decir, restos de insecticidas, herbicidas o fungicidas. Esto quiere decir que en los alimentos se han detectado 125 tipos de plaguicidas diferentes, aunque “sólo” el 2,5% de las muestras supera los límites legales permitidos por la normativa.

Las preguntas surgen espontáneas: si existe legislación en materia, ¿Qué hacen esas sustancias en nuestros alimentos? Si miramos los biomarcadores, ¿Cuántos de estas sustancias volvemos a encontrar? ¿Cuánto de peligroso es el efecto sumatorio debido a tanta exposición? Estas y muchas otras preguntas son las que Nicolás Olea intenta responder en esta entrevista.

Consideramos que de cara a los nuevos retos y expedientes que se abren en Europa con el objetivo de definir y perfilar una ley de sistemas alimentarios sostenibles, una nueva normativa comunitaria sobre plaguicidas, la desregulación en materia de nuevos OGM y las dudas que plantea, contar con la opinión y reflexión informada de uno de los mayores expertos con una larga trayectoria académica a nivel internacional, puede resultar de gran ayuda si queremos ampliar el conocimiento y la conciencia de las repercusiones problemáticas de comer alimentos contaminados y estar expuestos de manera permanente a sustancias toxicas.

A continuación ofrecemos el video de la entrevista completa.

 

 

Para profundizar sobre la temática recomendamos:

Recursos publicados por FUHEM ECOSOCIAL:

I Informe sobre la calidad de vida en España, FUHEM Ecosocial, Madrid, 2023.

La Alimentación en disputa, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 139, otoño 2017, disponible en:

¿Jugando a aprendices de brujo con la comida? Luces y sombras de la polémica sobre transgénicos y arroz dorado. Entrevista a Tiziano Gomiero,  FUHEM Ecosocial, 2017.

V Diálogo Ecosocial: ¿Comer es un acto peligroso?, FUHEM Ecosocial, 2015.

Publicaciones de Nicolás  N. Olea:

Publicaciones recopiladas en Pubmed de la National Library of Medicine.

Nicolás Olea Serrano, “Libérate de tóxicos. Guía para evitar los disruptores endocrinos”, RBA, 2019, 416 p.

Otros:

Proyecto Europeo HBM4EU.

Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission Summary Report on healthy diets from sustainable food systems:


malestares

Malestares e ilusiones (Horizonte 2008-2023)

malestares
Portada del número 158 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global

Jordi Mir, profesor de filosofía moral y política en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona, escribe Malestares e ilusiones (Horizonte 2008-2023), para la sección A FONDO del número 158 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, que gira en torno a los malestares de la sociedad actual.

El autor reflexiona sobre los malestares invisibilizados de forma forzosa, como la pobreza, la precariedad y desigualdades cada vez más clamorosas dentro de sociedades que se empobrecen y se enriquecen al mismo tiempo a tenor de las crisis encadenadas que se suceden en este siglo: la de las hipotecas en 2008, la del COVID-19 en 2020 y la de la energía con la guerra de Ucrania en 2022. Malestares que se vuelven súbitamente visibles en periodo electoral. Sin embargo, el “autismo” de los partidos tradicionales ha llevado a una frustración en parte de la ciudadanía que ha ayudado a alumbrar nuevos proyectos políticos.

Malestares que no se quieren ver. «Yo no lo veo», así se expresaba el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ante los resultados del Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid de la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada).1 Negaba objetividad al informe y ante el aumento de la pobreza señalado en el informe se preguntaba: «¿Por dónde estarán?». Siempre con buenas palabras sobre los informes y la necesidad de atender a las personas que lo necesitan, Ossorio, como portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid negaba la realidad, negaba el conocimiento y lo existente. Los principales resultados de este informe, que se centra en la Comunidad de Madrid, pero que FOESSA también elabora sobre otras comunidades autónomas y se une sus trabajos sobre el conjunto de España, alertan de que la cohesión social ha sufrido un impacto sin precedentes como consecuencia de las crisis relacionadas con la pandemia del SARS CoV-2.

Este informe se elaboró junto con el informe global Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España,2 y fue desarrollado por 30 investigadores de diez universidades y entidades de investigación. El equipo encargado de la encuestas llamó a más de 90.000 hogares de toda España.

Los resultados negados por el gobierno de la Comunidad de Madrid muestran que un millón y medio de personas en ese territorio se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone cinco puntos más que antes de la pandemia (del 17% en 2018 al 22%), es decir, 370.000 personas más en exclusión social. Hay que señalar el aumento del 25% de las situaciones de exclusión severa, alcanza ya a 800.000 personas.

Este informe, como otros de los desarrollados en los últimos años, nos muestran una tendencia constante en nuestra sociedad. Somos una sociedad que se enriquece y se empobrece al mismo tiempo. Los resultados de este último informe indican un aumento de la desigualdad entre los más pobres, que han visto reducidas sus rentas un 22%, que contrasta con el crecimiento del 18% de las rentas de las personas con mayores ingresos. La pobreza aumenta, cada vez afecta a más personas, y se agudiza, mientras la riqueza de las personas más ricas también aumenta.

Cada nueva crisis se encadena con una anterior que está lejos de estar superada. Toda crisis tiene impactos que consolidan precariedad y pobreza

Esta tendencia a la desigualdad, a la pobreza que va a más mientras que la riqueza de pocos también, es una constante de los últimos años y de las últimas crisis. Pero se continúa hablando como si la sociedad fuese una. Se habla de si el país va bien, de si la economía se recupera o está en crisis, y se desconoce, se olvida o se quiere ocultar lo que realmente ocurre. Nuestra sociedad se enriquece y se empobrece a la vez: cada vez hay más personas pobres y con casos de pobreza más severa mientras que podemos encontrar algunos indicadores que se utilizan para señalar lo positivo de nuestra situación económica.

Cada nueva crisis se encadena con una anterior que está lejos de estar superada. Toda crisis que estamos viviendo tiene impactos que consolidan precariedad y pobreza. Negar este conocimiento de la realidad que tenemos es negar la realidad.

Se trata de una realidad que no afecta exclusivamente a una comunidad autónoma, a un país, a un continente. Hace unos años se popularizó la expresión “los perdedores de la globalización”. Se trata de una expresión que puede tener la capacidad de mostrar, de señalar, la dimensión de lo que estamos hablando. Es algo que va más allá de unas fronteras y que, aunque no se quiere ver, acaba emergiendo.

 

Malestares que sí se ven cuando llegan elecciones

En los últimos años se ha recurrido a los malestares existentes para explicar resultados electorales no esperados. La victoria electoral de Donald Trump generó mucha literatura para intentar entender cómo podía ganar la presidencia de los Estados Unidos de América una persona que para un determinado sentido común era inaceptable.3 Lo inconcebible había sucedido. ¿Cómo explicarlo?

Algo parecido ha ocurrido con el crecimiento del proyecto de extrema derecha de Marine Le Pen en Francia. En las dos últimas elecciones presidenciales ha conseguido pasar a la segunda vuelta y disputar a Emmanuel Macron la presidencia. En esta última ocasión también hemos podido leer un gran número de artículos dedicados a los malestares que explicarían estos resultados. Le Pen para un determinado sentido común también era inaceptable. Lo inconcebible había sucedido, aunque en este caso no llegara a la presidencia.

Estas realidades no se limitan a Estados Unidos de América o a Francia, podemos pensar en la evolución de la sociedad española, en el Brexit del Reino Unido, y en tantos otros países. Los malestares conducen a diferentes sectores de la población a opciones de votos que para otros son inconcebibles, inaceptables.

La significativa reducción de apoyos a los partidos políticos tradicionales puede ser vista como señal de su agotamiento, o incapacidad, para dar respuestas a los problemas que vive una parte de sus sociedades. No está escrito en ningún sitio, no obstante, que las nuevas opciones que han ido surgiendo y ocupando su espacio lo lograrán, pero parece evidente que la confianza se ha roto con las tradicionales. Los partidos tradicionales sufren una considerable crisis de representatividad.

Una parte importante de la población ha considerado que los proyectos políticos tradicionales son parte del problema y no puede representar a unos sectores de la ciudadanía que habían confiado en ellos durante décadas. En buena parte de estas sociedades los sistemas de partidos han vivido un significativo vuelco en pocos años.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos de América de 2016 nos mostraron cómo su sólido bipartidismo fue cuestionado por dos opciones que surgían desde la enmienda a sus propios partidos. Es el caso de Trump y Sanders. Bernie Sanders no logró ser designado candidato por el Partido Demócrata, pero ganó una repercusión muy considerable que llevó incluso a comportamientos reconocidos como no honestos durante las primarias por parte de las estructuras del partido. Trump ganó la representación por el Partido Republicano con una gran enmienda al propio partido. Trump acabó imponiéndose a Hillary Clinton, quien era asociada por amplios sectores de la sociedad con los problemas que vivían ellos mismos y su país.

En las elecciones de 2020, pese a todo lo vivido, la victoria de Biden se dio con un gran resultado por parte de Trump. Está por ver la evolución de esa sociedad, incluso tras el episodio del asalto al Capitolio y la afirmación del robo electoral.

Ante malestares en aumento y respuestas en descenso por los partidos tradicionales, una parte significativa de la sociedad ha decidido buscar alternativas políticas

En Francia hemos visto algo comparable durante los últimos años. Emmanuel Macron abandonó el partido socialista en declive para crear rápidamente un nuevo proyecto que le permitió llegar a la presidencia. La propuesta de Le Pen también debe ser vista como un proyecto que ha ido evolucionando con voluntad de convertirse en un partido capaz de ocupar la centralidad de su sociedad.

En el Reino Unido asistimos a la gran recomposición de los partidos tradicionales alrededor del gran acontecimiento que fue el Brexit. De un modo parecido a lo vivido en los Estados Unidos, en el Reino Unido el bipartidismo ha vivido mutaciones relevantes. Si en Estados Unidos llegaba con opciones Sanders en las primarias demócratas, en el Reino Unido fue Jeremy Corbyn quien alcanzó el liderazgo del Partido Laborista. Y algo comparable a lo vivido con Trump se puede ver con Boris Johnson.

Ante malestares en aumento y respuestas en descenso por parte de los partidos políticos tradicionales una parte significativa de sus sociedades, viviendo una crisis de representatividad, ha decidido buscar alternativas. Trump era una alternativa al poder tradicional de Washington, demócrata o republicano. El Brexit era una alternativa al poder tradicional del bipartidismo. Macron era una alternativa a los partidos tradicionales… pero a las alternativas también les acaba llegando su caducidad.

En España se ha vivido un proceso parecido alrededor de las movilizaciones del 15M de 2011 y la ola democratizadora que impulsaron.4 El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español están siendo capaces de mantener sus posiciones dominantes, pero fueron cuestionadas seriamente por nuevos proyectos como Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos y Podemos estuvieron a punto de descabalgar al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español de sus posiciones dominantes en el centro-derecha y el centro-izquierda.

El bipartidismo sólidamente asentado en el Congreso de los diputados estuvo en disputa. Y durante los últimos años hemos vivido la lucha de los partidos tradicionales para volver a sus posiciones de dominio, pero han quedado alteradas.

En España el gran cambio electoral se dio en las elecciones municipales de 2015. Lo vivimos en mayo de ese año. Cómo explicar que en ciudades como Barcelona y Madrid (y podemos ampliar la lista con Iruña, A Coruña, Santiago de Compostela, Cádiz, Zaragoza…) llegaran a gobernar proyectos políticos que representaban una significativa novedad frente a la tradición. Proyectos políticos que a pesar de confluir con opciones políticas preexistentes tenían muy poco tiempo de vida.

Este cambio en los gobiernos municipales no se puede explicar sin las movilizaciones sociales vividas entre 2008 y 2014, aproximadamente. Si nos centramos con más detalle en el ámbito catalán también habría que incorporar el proceso independentista como respuesta a los malestares y atender a la severa alteración del mapa de partidos.

Hubo quien rápidamente intentó explicar lo que empezaba a ocurrir recurriendo a un concepto que hizo fortuna: el populismo. Hubo quien no perdió ocasión de presentar como iguales todas estas novedades con unos argumentos muy cuestionables. Se ha querido poner en el mismo saco a Le Pen y Jean-Luc Melénchon en Francia, a VOX y Unidas Podemos en España... Lo que está claro es que estos proyectos han significado una novedad, que ha contribuido a mostrar malestares, y diferentes maneras de abordarlos.

Estos proyectos tienen concepciones de la democracia bastante antagónicas en algunos casos. Mientras unas surgen desde la reivindicación de más y mejor democracia, otras parecen hacer hincapié en el control y las restricciones que hay que establecer en la democracia. Algunos de estos proyectos han nacido de la voluntad de ampliar la democracia y dotarla de mayor calidad y otros buscan redefinirla limitando su alcance a determinados sectores de nuestra sociedad sin incorporar la preocupación por su calidad y su profundización. Tienen diferentes conceptos de lo que es la democracia y de cómo hacerla vivir.

 

Relatos y concreciones

Estos nuevos proyectos políticos surgidos de diferentes malestares existentes, no reconocidos, negados, invisibilizados han llegado a gobernar en diferentes lugares, dentro y fuera de España. Pero no siempre han querido o podido entrar a solucionar los malestares existentes. En ocasiones, su apelación a esos malestares ha formado parte de relatos para la captación de apoyos que no se han concretado. En ocasiones, su llegada al gobierno se ha concretado en cambios más o menos profundos limitados por los apoyos necesarios para hacer efectivas las políticas que querrían implementar.

Tenemos pendiente un gran trabajo de análisis de los impactos que han podido generar estos nuevos proyectos desde su aparición y desde su obra de gobierno. Por ejemplo, pensando en el caso español, ¿qué diferencias podemos encontrar en las políticas públicas que se han desarrollado o se están desarrollando para actuar ante las crisis vinculadas a la pandemia y las aplicadas en las crisis iniciadas en 2008?

En el escenario español tenemos un caso especialmente útil para acercarnos a estas posibilidades y limitaciones. El lunes 18 de octubre de 2021 el grupo parlamentario de Unidas Podemos organizaba en el Congreso unas jornadas dedicadas a la ley estatal de la vivienda que está impulsando (18 y 19 de octubre). En la presentación de las jornadas Ley Estatal de Vivienda: un nuevo paradigma estaba la ministra Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Alejandra Jacinto, secretaria de Derecho en la Vivienda de Podemos.

No se puede entender a Podemos sin la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca y las movilizaciones del 15M. Podemos surge de esas movilizaciones, de los malestares que allí se expresaron. Esto no quiere decir que Podemos sea su traducción en la política institucional, pero las movilizaciones surgidas hace una década hicieron posible la construcción de un proyecto político que ahora gobierna en España, en un gobierno de colación con el PSOE, partido que ya gobernaba cuando tuvieron lugar estas movilizaciones.

La PAH nació en 2009 para reivindicar el derecho a la vivienda en un momento en el que la situación económica empezaba a afectar a personas que se habían endeudado durante un período de alto crecimiento económico y alza de los precios de las viviendas que compraron. La situación en 2009 había cambiado y empezaban a emerger las graves dificultades para pagar las deudas. A la crisis de las hipotecas después se sumó el impago de alquileres. Alrededor de la PAH creció el movimiento por el derecho a la vivienda, pero también nacieron nuevos espacios como los Sindicatos de inquilinas, las Asambleas de vivienda o se reactivaron otros ya existentes. El movimiento por el derecho a la vivienda es diverso. La PAH en 2009 era una movilización pequeña que creció y creció a partir de las movilizaciones del 15M de 2011. Casi podríamos decir que el mapa de las acampadas del 15M en 2011 en 2012 se sustituyó por el de las diferentes PAH que iban naciendo. Llegarían a ser más de 200 en el conjunto de España.

Estas organizaciones siempre han tenido como objetivo el derecho a la vivienda, reconocido en la Constitución española, pero no garantizado. La PAH no ha logrado el cambio legal para hacer posible este objetivo, pero son múltiples los logros y los aprendizajes que ha generado.5

Ante las limitaciones de la movilización y el escenario que se había abierto para entrar en la política institucional hubo gente que quiso intentarlo. En Unidas Podemos encontramos a diferentes personas que han surgido de la movilización de la PAH. En Barcelona en Comú también. Ada Colau, Lucía Martin forman parte del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona hoy y vienen de la PAH de Barcelona, ​​la primera en constituirse. En el Gobierno español, por la parte de Unidas Podemos también encontraremos diferentes personas que han hecho este recorrido. Y más allá de estas figuras públicas encontraríamos más. Y la PAH continúa con su trabajo y empujando al gobierno.

El derecho a la vivienda no se ha garantizado nunca en España, y no entramos ahora en la grave situación que esto supone en buena parte del planeta.  Si hoy en España se está un poco menos lejos de hacerlo posible es gracias al movimiento por el derecho a la vivienda y a Unidas Podemos. ¿Se conseguirá? No parece fácil. Nunca lo ha sido y hay una mayoría de partidos que no parecen estar trabajando en ese objetivo. ¿Se adelantará al establecer medidas que contribuyan a ello? Lo han hecho en ayuntamientos donde gobiernan y lo han llevado a gobiernos autonómicos. Estas reivindicaciones han ganado un apoyo social que no tenían hace unos años y cuesta negarlas o enfrentarse a ellas; sin embargo, una parte importante de los partidos encuentran la manera de conseguir que no avancen.

La movilización social ha logrado conectar calles y parlamentos para abordar un elemento clave de nuestro sistema social: el derecho a la vivienda. Está por ver qué transformaciones se conseguirán. Pero conviene reconocer esos cambios que estamos viviendo. Hay una cierta tendencia a menospreciar estos cambios impulsados ​​por la movilización o a camuflarlos, hacerlos pasar por propios de los partidos. Sin la movilización social, que es expresión de malestares e ilusiones, no estaría pasando.

Hoy todavía no sabemos qué saldrá de este intento por conseguir garantizar de forma efectiva el derecho a la vivienda. Lo que sí sabemos es que los debates están abiertos, alguien ha logrado que se abran y convendría que no se cerraran en falso. Hay quien nunca le ha interesado hablar del derecho a la vivienda, ni de la pobreza, ni de la emergencia climática, ni del patriarcado, ni de las distintas opresiones que se viven en nuestra sociedad.

Hoy, tras años de movilizaciones, la hegemonía discursiva ha cambiado. Costará encontrar un partido que no hable en nombre del derecho a la vivienda, nadie lo negará. Y lo mismo ocurrirá con los demás asuntos que la movilización social ha logrado introducir en los parlamentos... Pero no es suficiente con el relato, con ganar la hegemonía discursiva, hay que conseguir la concreción, la hegemonía efectiva que concrete y garantice el derecho.

«España es una democracia plena» es un lema que se repite con insistencia para responder al cuestionamiento del funcionamiento de nuestra sociedad. En los últimos meses, por ejemplo, como respuesta a los espionajes que se han conocido, pero también contra otras reivindicaciones. Hoy España no es una “democracia plena”, como mínimo a ojos del índice de The Economist que la rebajaba a “democracia con defectos”. Más allá de los criterios de The Economist, justo hace 11 años se popularizaba otro lema: «Democracia real ya». Un grito presente en las manifestaciones del 15M. Un grito que daba nombre a uno de los colectivos convocantes. Un grito que no nacía de la nada, daba continuidad a un canto clásico de las movilizaciones de décadas anteriores: «Le llaman democracia y no lo es».

Las sociedades que se quieren democráticas acostumbran a profundizar en ella si están dispuestas a criticar y cuestionar lo existente. Más allá de la discusión nominal sobre si son democracias o no, lo relevante acostumbra a ser la exigencia que se decide tener. Lo que conocemos como 15M fue una movilización de exigencia democrática, una nueva ola de democratización en una sociedad con carencias significativas. La exigencia de «democracia real ya» surgía de las condiciones materiales de vida, de la crisis de representación política, de una legalidad que se consideraba favorecedora de los poderes existentes, de las corrupciones…

¿Es democrática una sociedad en la que no se garantiza el derecho a la vivienda? ¿Es democrática una sociedad en la que existe una parte tan amplia de la población en riesgo de pobreza o en precariedad laboral y vital? La idea de democracia nació en las sociedades modernas como ideal revolucionario. Hoy, en demasiadas ocasiones, se defiende como justificación de lo existente. Hoy comparten gobierno en España, y en el Ayuntamiento de Barcelona, quien insiste en que España es una democracia plena y quien llegó allí reivindicando democracia real ya.

La pandemia nos muestra aquello que es esencial, que no funciona en nuestra sociedad y ha contribuido al desencadenamiento de este enorme malestar

Se hace política con quien se puede y no siempre con quien se quiere. Y más allá de las dinámicas partidistas y de los gobiernos de coalición, convendría recordar el apoyo mayoritario a la democratización que consiguió el 15M, y cómo en tiempos de grandes malestares y crisis la respuesta mayoritaria en nuestras sociedades continúa siendo la de la profundización de la democracia. Pero no tenemos suficiente con relatos y discursos, necesitamos poder afrontar los graves problemas que tenemos como sociedad. Necesitamos concreciones. Necesitamos concreciones que den respuestas a los malestares existentes y que contribuyan a hacer posibles las ilusiones necesarias.

 

Ilusiones necesarias

«Saben inventar mundos futuros que nos pueden ayudar a identificar sorpresas estratégicas, nuevas amenazas y nuevos conflictos en 2060»7 declaraba Emmanuel Chiva, director de la Agencia de Innovación para la Defensa (AID) del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, al presentar el proyecto Red Team. Se trata de un grupo de personas creadoras de ciencia ficción que han recibido el encargo de imaginar futuros para preparar al ejército francés ante riesgos que ahora no pueden prever, no importa que no sean realistas. La población no veía como realista la pandemia de la COVID-19. Hay que prepararse para todo lo que pueda llegar en los próximos años. Lo que no deja de llamar la atención es que se dediquen recursos a posibles males no imaginados y no seamos capaces de ver los malestares ya existentes hoy. Nuestros gobiernos no suelen hacer el encargo de imaginar utopías; han preferido imaginar desastres, amenazas, que necesiten una respuesta militar.

La pandemia nos está mostrando aquello que es esencial, aquello que no funciona en nuestra sociedad y ha contribuido al desencadenamiento de este enorme malestar. Hemos visto cómo nuestra deforestación planetaria nos acerca a enfermedades para las que la selva antes actuaba como vacuna. Hemos visto cómo disponer de un sistema sanitario insuficiente, tensionado, colapsado en determinados momentos del año sin necesidad de añadir ninguna circunstancia excepcional, tiene múltiples efectos negativos. Hemos visto cómo una pandemia nos puede igualar ante la enfermedad, pero las características de nuestra sociedad nos hacen vivir grandes desigualdades que se suman a las que ya se han convertido en estructurales. En nuestras sociedades hay graves problemas relacionados con el acceso a la vivienda, al trabajo, a suministros básicos…

No son problemas nuevos, vienen de lejos y se agudizan con cada nueva crisis: la crisis de las hipotecas basura de 2008, la crisis de la pandemia, las crisis de la guerra de Ucrania, la crisis de la inflación… Todo son crisis. Cada una con sus características, sus causas y sus efectos, pero todas teniendo un fuerte impacto en el conjunto de la ciudadanía y permitiendo que una pequeña parte de nuestras sociedades se enriquezca. Es una constante. Nuestras sociedades se enriquecen y empobrecen a la vez, todo depende de qué parte de nuestra sociedad observemos.

En las últimas elecciones de Francia o en las de Andalucía hemos vuelto a ver la ausencia en las urnas de distintos sectores de la sociedad. Las personas jóvenes, las personas con menos recursos… Personas que parecen necesitar de la ilusión por ir a votar. Lo hemos visto en otras convocatorias electorales. Lo hemos visto en distintas sociedades. Hemos visto también qué ocurre cuando hay alguna ilusión que se extiende por una sociedad: de repente sectores que hacía tiempo que no votaban lo hacen y se pueden producir cambios. No parece haber nada más poderoso que una ilusión. Y también hemos visto algunas respuestas ante esto: si tu proyecto no puede ser el de la ilusión el objetivo será acabar con el que lo pueda ser.

Vivimos tiempos de falta de ilusiones, incluso podíamos decir que son tiempos de resignación y desesperación. Cuando más falta nos hacen las ilusiones más se echan de menos. La pandemia debía servirnos para pensar en qué nos había llevado hasta ella para evitarlo y salir mejor. No lo había logrado hacer la emergencia climática que sufrimos. La guerra ha llevado a hablar de mayor inversión militar, de nuevos frentes de batalla, de enemigos a vencer, y de pasar página rápidamente de todas aquellas necesidades sociales que la pandemia había contribuido a situar en primer plano. Nos vuelven a hablar de la OTAN como futuro, como solución a problemas que están causados ​​por el propio militarismo8/ que esta organización impulsa.

Nuestras sociedades se enriquecen y empobrecen a la vez, todo depende de qué parte de nuestra sociedad observemos

El «No hay alternativa» de Margaret Thatcher –TINA: There is no alternative– siempre hay quien lo recupera. Lo hace de forma explícita o implícita, nos lo demuestra con palabras y hechos o solo con hechos y utilizando palabras que escondan la realidad. No hay alternativa a la guerra. No hay alternativa a la OTAN. No hay alternativa a las fronteras donde matamos a quien quiere entrar en nuestro país. No hay alternativa a los desahucios. No hay alternativa a los precios de los alquileres que nos hacen marchar de nuestras localidades. No existe alternativa a la precariedad laboral. No existe alternativa a la crisis ecológica. No existe alternativa a las violencias y opresiones que vivimos. No hay alternativa a que no te hagamos caso… Este es otro de nuestros malestares, el pensar que no hay alternativas posibles.

Una parte de estas personas que ya no van a votar lo hacen asumiendo o resignándose al «no hay alternativa» o, dicho de forma más cercana, «es lo que hay». El crecimiento de la extrema derecha debe entenderse también en este escenario.8 La extrema derecha aporta ilusiones cuando otras ilusiones parecen haberse apagado, cuando otras opciones ya se han probado y la extrema derecha intenta convencer de que su tiempo ha llegado... Las ilusiones pueden comportar desilusiones. Necesitamos someter las ilusiones a la crítica y la autocrítica. No caer en engaños y tampoco tirar a la criatura con el agua sucia. Hay que valorar lo que se consigue en cada ola ilusionada que logra producir cambios.

Francisco Fernández Buey, que dedicó mucho más que una obra9 a las ilusiones y las utopías, decía que era necesario distinguir entre tener ilusiones y hacerse ilusiones. Necesitamos tener ilusiones, que es necesario fundamentar bien y que no dejaremos de trabajar. Ilusiones que mucha gente nos dirá que son irrealizables, utopías… Estas ilusiones serán utopías, no en el sentido negativo que se ha ido imponiendo para hablar de realidades imposibles. Estas ilusiones serán utopías en el sentido de lo que todavía no es, pero que mejorará nuestra sociedad cuando sea. Estas ilusiones serán utopías como lo fueron antes de que existieran derechos y libertades que ahora tenemos. Aquellos derechos y aquellas libertades que mucha gente dijo que jamás serían, que nunca podrían ser. Las libertades y los derechos de hoy fueron utopías ayer y las ilusiones de hoy, las utopías de hoy, serán las libertades y los derechos de mañana.

Acceso al texto completo en formato pdf: Malestares e ilusiones (Horizonte 2008-2023).

NOTAS:

[1] El informe completo se puede leer aquí: https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2022/03/Informes-Territoriales-2022_MADRID.pdf

[2] El informe completo se puede leer aquí https://www.caritas.es/producto/evolucion-de-la-cohesion-social-y-consecuencias-de-la-covid-19-en-espana/

[3] Una lectura interesante desde la perspectiva de los malestares y las ilusiones puede ser Extraños en su propia tierra. Réquiem por la derecha estadounidense,  de la socióloga Arlie Hochschild, Capitan Swing, 2018.

[4] Para profundizar en lo que el autor ha trabajado sobre el 15M, véase: Ola 15M 10 años de movilización y cambio, Bellaterra edicions, Barcelona, 2021.

[5] Para profundizar sobre la PAH se puede destacar la reciente obra de João França La PAH. Manual de uso, Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2022. Disponible en: https://www.rosalux.eu/es/article/2025.la-pah.html

[6] «Cuando el ejército se une a la ciencia ficción para imaginar lo peor», publicado en Radio France Internationale, 9 de julio de 2021. Disponible en: https://www.rfi.fr/es/francia/20210709-cuando-el-ej%C3%A9rcito-se-une-a-la-ciencia-ficci%C3%B3n-para-imaginar-lo-peor

[7] Para profundizar en el militarismo es muy recomendable el número 157 de esta revista. Disponible en: https://www.fuhem.es/2022/05/04/papeles-157-militarismo/

[8] Puede ser interesante aproximarse a las actuaciones de una referencia para la extrema derecha como es Steve Bannon para entender sus ideas y sus comportamientos. Véase Jordi Mir, «Steve Bannon: Fogonazos en los diagnósticos, oscuridad tenebrosa en las respuestas», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 155, 2021 (ejemplar dedicado a: Ritmos autoritarios), págs. 119-125, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/steve-bannon-fogonazos-en-los-diagnosticos-oscuridad-tenebrosa-en-las-respuestas/ 

[9] Francisco Fernández Buey, Utopías e ilusiones naturales, El Viejo Topo, Barcelona, 2007.

 

 

 

 

 


Qué significa la paz ambiental en el siglo XXI

Paz Ambiental
Paz Ambiental en el siglo XXI

La paz ambiental pretende dar respuesta al desafío de la crisis climática y ecosocial mediante la solución de los conflictos socioambientales por medios pacíficos.

Es una paz positiva centrada en los ecosistemas y en las personas, en sus derechos y en la justicia social y de género. Es una paz que nos lleva a actuar con conciencia global y de especie, porque los grandes problemas del siglo XXI son planetarios, no entienden de fronteras y, aunque de forma diferenciada, afectan a todas las personas y especies vivas.

La paz ambiental se contrapone al modelo de vida del norte global impuesto por el capitalismo y a sus sistemas de seguridad militar, que actualmente mantienen los modelos de crecimiento capitalista y de explotación neocolonial de recursos, tanto no renovables como renovables, que son causa de la crisis ecosocial, con un uso intensivo de los combustibles fósiles que origina el calentamiento global, la degradación ambiental y la crisis climática.

Su objetivo es el de ofrecer protección a la naturaleza y a las personas, armonizando las tensiones entre política y seguridad, para poder satisfacer las necesidades básicas de las comunidades sin destrucción de su hábitat y abordando los conflictos con métodos pacíficos y de diálogo; además de acompañar y visibilizar los movimientos de defensa del territorio y las resistencias a una destrucción socio-ambiental que, a menudo, tiene un marcado componente de clase, género y raza. La paz ambiental conlleva inevitablemente el desarme y la renuncia a las soluciones violentas, desde la constatación de que no hay paz sin paz ambiental.

El Grupo de Paz Ambiental de la Asociación Española de Investigación para la Paz, AIPAZ, y por FUHEM Ecosocial −y apoyado por el Centre Delàs de D'Estudis per la Pau , el Instituto de la Paz y los conflictos de la Universidad de Granada - IPAZ  y la Fundación Cultura de Paz, con la colaboración de Ateneo La Maliciosa−organizaron un Seminario cuyo objetivo era reunir una serie de personas expertas para examinar el concepto de paz ambiental en el siglo XXI, el del Antropoceno, o el Siglo de la Gran Prueba, en palabras de Jorge Riechmann.

Se exploraron los impactos para la paz de la crisis ecosocial a través de un examen de los marcos en los que se sitúa y también de sus impactos en forma de conflictos socioecológicos y de delitos contra el mundo natural. Pero no nos quedamos ahí; también se expusieron otros marcos y alternativas que permitan superar estas condiciones, o al menos, amortiguarlas: las aproximaciones desde el derecho, la economía, la tecnología, los nuevos enfoques de la seguridad y la alfabetización ecosocial.

A continuación ofrecemos los videos resultantes de  cada una de las sesiones:

Presentación y Conferencia Inaugural.

Presentación a cargo de  Santiago Álvarez Cantalapiedra, director del Área Ecosocial de FUHEM, y Co y  Ana Barrero presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz - AIPAZ y directora de la Fundación Cultura de Paz y  Conferencia inaugural:  El derecho humano al agua para la construcción de paz, por parte de Pedro Arrojo, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

 

https://www.youtube.com/live/iVF5Dx3qEeg?si=LMfVsZcmaoPLqd80

 

BLOQUE I: DIAGNÓSTICO

Sesión 1. La paz ambiental ante los desafíos de la crisis ecosocial.

Modera: Nuria del Viso, investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

https://www.youtube.com/live/O7AUksyLMBo?si=KgzV5j3cFXxj46sM

 

Sesión 2. Ecocidio y propuestas de protección de la naturaleza desde el derecho

Modera: Beatriz Arnal Calvo, investigadora del Seminario e Investigación para la Paz -SIP y WILPF- España.

https://www.youtube.com/live/tC_FdcCmni8?si=l-NvBoNSGxV7fHQc

 

Sesión 3. Presentación informe Alfabetización Ecosocial para la Construcción de la Paz

Modera: Luis Sánchez Vázquez, profesor de la Universidad de Córdoba / STAND UGR.

 

https://www.youtube.com/live/qG9cEEqcDGY?si=vv14_F9xrJujRxhc

 

Sesión 4. Conflictos socioecológicos, nuevas manifestaciones de la conflictividad global

Modera: Jesús Andrés Sánchez Cazorla, coordinador de Miradas al Mundo. Instituto de la Paz y los conflictos - IPAZ. Universidad de Granada.

 

https://www.youtube.com/live/mggvIBwzxU8?si=1Eyp9KaRmUd9UoZy

BLOQUE II: Alternativas

Sesión 5. De la violencia a la paz: Nuevos enfoques de la seguridad para la paz ambiental

Modera: Pere Brunet - Centre Delàs de D'Estudis per la Pau

Conclusiones y cierre, Pere Ortega, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

 

https://www.youtube.com/live/-MArv5kaQ2k?si=TMufQhnKnvY6Mgl3

 

Organizan:                                                              Apoyan:                                                                                           Colabora:


Entrevista a Juan Manuel Vera

Entrevista a Juan Manuel VeraNuria del Viso, del equipo Ecosocial de FUHEM entrevista a Juan Manuel Vera, publicada en el número 158 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.

La entrevista, en torno a los temas planteados por Juan Manuel Vera en su libro Contra las oligarquías, repasa el actual contexto de desposesión de numerosos resortes democráticos debido al poder de las élites y las oligarquías, para detenerse en los impactos de la COVID-19 sobre el cuerpo social. Vera examina las posibilidades de los movimientos sociales para revertir la situación de múltiples malestares.

En un contexto de élites saludables y hercúleas oligarquías reflexionar sobre los valores de la democracia libertaria y antioligárquica en el presente, sin renunciar a sus raíces históricas, es una necesidad inaplazable. A esta tarea dedica Juan Manuel Vera su ensayo Contra las oligarquías, que examina el papel de los movimientos sociales en la transformación de este presente. Juan Manuel Vera, economista especializado en la lucha contra el fraude fiscal, ha publicado numerosos textos sobre temas históricos, políticos, tributarios y sociales y es uno de los máximos divulgadores en España del pensamiento de Cornelius Castoriadis. En esta entrevista conversamos sobre los problemas que han motivado su libro y sobre los elementos que han confluido para alimentar los distintos malestares contemporáneos.

Nuria del Viso (NV): Acabas de publicar Contra las oligarquías. Ensayos sobre la memoria socialista y democracia libertaria. ¿Qué persigues con este libro?

Juan Manuel Vera (JMV): Este libro es una reflexión sobre lo que me parece una notable paradoja del mundo contemporáneo. Vivimos una época en la que el dominio del capitalismo neoliberal aparece como absoluto y, sin embargo, muestra permanentemente su notoria incapacidad para cumplir las expectativas sociales que genera. De hecho, en las décadas transcurridas del siglo XXI se han manifestado abiertamente los flujos sociales que se resisten a esa dominación. Pero no aparece una alternativa política y social visible.

La paradoja consiste en que la fuerza del sistema presenta debilidades potencialmente explosivas y, a la vez, la debilidad de quienes se resisten al mismo está llena de potenciales de reconstrucción social. Los ensayos incluidos en el libro oscilan entre ambos niveles de análisis.

La aparente ausencia de alternativa al orden neoliberal es la razón por la que la primera parte del libro tiene un enfoque histórico. Aunque las reflexiones contenidas en Contra las oligarquías se orientan al presente me ha parecido oportuno prestar atención a las raíces históricas y sociales de la decadencia de las tradiciones de la izquierda. Pero siempre teniendo muy presente, como decía la Reina en Alicia detrás del espejo, que «es una triste clase de memoria aquella que solamente funciona hacia atrás».

Me gustaría desarrollar un poco esta elección. En la primera parte del libro se explica que la izquierda se había construido en la segunda mitad del siglo XIX como expresión política y parte de un movimiento de los de abajo, un amplio movimiento social con metas de libertad política y de igualdad social. La izquierda del siglo XX dejó de beber de esa fuente social para construir organizaciones plenamente estatalistas, ya fueran adaptadas a las estructuras capitalistas o empeñadas en construir un poder burocrático supuestamente socialista. La izquierda del siglo XX estaba obsesionada por el poder estatal. Frente a las ideas originarias libertarias-democráticas-socialistas se hicieron muy presentes las experiencias autoritarias-totalitarias-estatalistas. Esa mirada histórica hace inevitable preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de izquierda. El culto a los líderes, el instinto oligárquico y una gran desconfianza por la autoorganización de la sociedad han sido algunos de sus elementos constitutivos.

Por otra parte, la izquierda política ha dejado de ser la referencia de un movimiento por la igualdad social. El igualitarismo ya no encuentra en el eje izquierda/derecha una formulación adecuada. El programa igualitario necesita reconstruirse sobre unas bases sustancialmente distintas de las que lo sostuvieron en el pasado, cuando la fe en la estatalización de la propiedad creció al mismo tiempo que la influencia del marxismo.

Finalmente, otro factor de la decadencia de la izquierda tiene carácter civilizatorio: es el declive de todas las visiones fundamentadas en un crecimiento constante de las fuerzas productivas, en el crecimiento económico ilimitado, en la fe en el progreso y en la creencia en la neutralidad de las tecnologías.

La izquierda sigue atrapada en viejas fórmulas que no abren los ojos, sino que los cierran. Puede seguir alimentándose de las melancolías sobre el mundo sencillo de la Guerra Fría o en un antiamericanismo primario. O en el caso de la socialdemocracia, conciliar su participación en el consenso neoliberal con la melancolía sobre la leyenda feliz del Estado de bienestar. Nada de ello ayudara a construir un proyecto que merezca la pena.

La segunda parte del libro se centra en las cuestiones relacionadas con la democracia y la necesidad de un impulso antioligárquico. Mi reflexión pone su foco en todo aquello que se opone al dominio de las oligarquías, desarrollando procesos colectivos que buscan la igualdad social, la democratización y la autogestión social. Defender esas ideas es la pretensión fundamental de Contra las oligarquías.

 

NV: Desde la crisis de 2008, los recortes de 2011, la pandemia y ahora la subida acelerada de los precios de la energía, amplios sectores de la ciudadanía española vienen encadenando estrecheces y sumando malestares en un clima de desigualdades e injusticias que se amplían mientras observan cómo las oligarquías nuevas y viejas obtienen beneficios récord y se embolsan “dinero caído del cielo”. ¿Cuáles son los principales efectos de esta situación?

JMV: Cada episodio de los últimos años, como los que mencionas, ha supuesto un instrumento en manos de las élites en su intento de atenazar más a la población tanto en España como en el resto del mundo. Ya sea la crisis de 2008 y las políticas de austeridad, los efectos de la pandemia o el repunte de la inflación por la situación generada por los cuellos de botella en China y la invasión de Ucrania. El mundo neoliberal ha seguido plenamente su curso, con sus valores insolidarios y sus poderosas imágenes individualistas y economicistas, utilizando las circunstancias para seguir profundizando en sus políticas.

En cuanto a la pandemia, ha mostrado algo más. La incapacidad del mundo neoliberal para poner en primer plano la defensa de la salud y las condiciones de vida añade una nueva confirmación de una crisis civilizatoria que se profundiza, mientras las élites se atrincheran en una primacía de los valores mercantiles que no solo genera desigualdad, sino que pone en riesgo las condiciones de vida de la mayoría de los seres humanos. De esta pandemia no salimos con un mundo mejor; se ha convertida en una experiencia más del mundo neoliberal generando más desigualdad, más precariedad, más insolidaridad.

A mí me parece que la desigualdad es la enfermedad del siglo XXI. Desde aproximadamente 1980, la desigualdad de ingresos se ha incrementado rápidamente en Norteamérica, China, India y Rusia. También ha crecido significativamente, aunque sea más moderadamente, en Europa. Las estimaciones sobre el crecimiento de la desigualdad mundial desde 1980 y de su distribución entre la totalidad de la población revelan que el 1% de mayores ingresos a escala global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre.

El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza constituye una de las principales consecuencias del éxito de las trasformaciones neoliberales de las últimas décadas. Las políticas tributarias en favor de los más ricos es uno de los ejes olvidados de esa regresión social. El capitalismo neoliberal aparece como desregulado y desregulador, pero en realidad es un regulador de nuevo tipo, mercantilizador y desfiscalizador en beneficio de los grupos privilegiados.

El desmantelamiento parcial de las políticas sociales en los países occidentales ha permitido que se desplieguen los peores efectos de un capitalismo sin control. Sabemos desde hace mucho tiempo que el capitalismo solo cambió y se hizo más soportable durante algunas etapas de su historia, al menos en los países occidentales, como reacción a las luchas que, en nombre de la libertad y la democracia, de los derechos de los trabajadores y de los derechos sociales, le hicieron frente y le obligaron a adaptarse si quería sobrevivir.

El éxito de la ofensiva de las ideas liberistas ha representado un sistemático proyecto socialmente reaccionario, cuyos efectos prácticos han socavado fuertemente, en Europa y en el resto del mundo, algunos de los aspectos más importantes de la ciudadanía social. El nuevo espíritu del capitalismo, por mencionar la obra de Luc Boltanski y Ève Chiapello, ha vinculado su reorganización y expansión con la degradación de la situación social de la mayoría de la población.

El neoliberalismo ha destruido gran parte de la legitimidad del viejo sistema sin aportar realmente una legitimación alternativa. La expansión de comportamientos que trasladan en todos los ámbitos reglas basadas en la competencia individual y la gestión empresarial, hasta constituir una lógica social y una subjetividad propia, apunta a una nueva e inestable creación histórica del capitalismo. El deterioro de la ciudadanía social ha facilitado a las élites económicas reforzar su grado de control e influencia sobre los gobiernos y las agendas públicas. Esa posición reforzada ha sido utilizada, además, para obstruir el desarrollo de las instituciones supranacionales imprescindibles para someter a control el nuevo impulso tecnoeconómico.

La precarización ha producido una crisis de la ciudadanía que nos encamina a una sociedad del malestar

Este poder social no está determinado por ciegas fuerzas anónimas. El mundo global está gobernado por oligarquías políticas y económicas profundamente entrelazadas. El capitalismo neoliberal sigue fomentando el consumismo, pero también la precarización de las relaciones laborales y el deterioro de la protección social y de los servicios públicos. Todo ello ha producido una crisis de la ciudadanía que nos encamina a una sociedad del malestar, cada vez más ajena al proyecto de una sociedad democrática.

 

NV: Nos hallamos ante una profunda crisis civilizatoria que cruza todos los ámbitos. Valores como el de progreso, uno de los puntales civilizatorios de los últimos tres siglos, hace aguas, pero las oligarquías están dispuestas a seguir adelante cambiando mínimamente las reglas del juego. En tu libro mencionas la oligarquización de la política y el ascenso de sentidos fuertes y heterónomos (religión, nacionalismo, racismo…) ¿Puedes comentar sobre estos y otros posibles impactos? Por ejemplo, el uso de la tecnología a favor de las élites y las oligarquías.

JMV: En las últimas décadas el riesgo de colapso ecosocial se ha hecho una realidad. Como dijo en alguna ocasión Castoriadis, la humanidad se encuentra en un callejón sin salida, cortando afanosamente la rama del árbol en el que está sentada.

La crisis de civilización en que estamos inmersos afecta inevitablemente al conjunto de ideologías y concepciones imaginarias. Hay que tener presente que el capitalismo supuso el nacimiento de una nueva y muy poderosa significación imaginaria social: el “dominio” económico seudo racional, que implica que las principales finalidades humanas sean el crecimiento ilimitado de la producción y el consumo. Ese sueño del crecimiento económico ilimitado ha supuesto el centro de las concepciones sociales imaginarias del mundo capitalista en que vivimos. Y ello ha sido así tanto en la concepción burguesa del mundo como en gran parte de las concepciones supuestamente alternativas. No podemos olvidar que en la visión marxista el gran objetivo era el desarrollo de las fuerzas productivas, hasta el punto de que la necesidad del socialismo se hacía derivar de que el capitalismo suponía un freno a su desarrollo.

Mencionas la cuestión del uso de las tecnologías en favor de las élites. El problema es que las tecnologías no son neutrales, su propia naturaleza es consustancial a la organización económicosocial. La supuesta neutralidad de las tecnologías es otro de los elementos ideológicos más persistentes tanto del liberalismo económico como de Marx. Los socialistas pensaban que bastaría sustituir la forma de propiedad para que las tecnologías se volvieran virtuosas. Hoy sabemos que eso no es así, ni nunca ha sido así. No son los seres humanos los que deberían adaptarse a las tecnologías sino estas a nuestras necesidades y objetivos. Pero eso supone una transformación radical de la sociedad en que vivimos.

La lógica del capitalismo realmente existente es una lógica sin proyecto, tanto en los países y entre las clases privilegiadas, como en el resto. Una huida hacia adelante de una civilización que no está dispuesta a pensar a fondo sobre sí misma y en hacia dónde va, y que ya se enfrenta a los límites materiales de la sostenibilidad del sistema. Los peligros propios de nuestro tiempo siguen procediendo, pues, de ese imaginario extraordinariamente activo y destructivo, el imaginario capitalista. La cuestión central es que la ilusión del progreso, aunque esté en crisis, no tiene alternativa en el marco del capitalismo. La significación imaginaria central del capitalismo se está desmoronando sin que aparezca una nueva. Esa crisis genera un gran vacío. La ausencia de auténticas significaciones o representaciones colectivas creativas afecta a todo el sistema-mundo. Ese es el marco estricto en donde deben comprenderse fenómenos como el ascenso de nuevas formas de heteronomía que, en muchos casos retoman o actualizan viejos monstruos, desde los integrismos religiosos a los nuevos populismos de derecha.

La capacidad de crear simulacros de sentido por las sociedades capitalistas avanzadas creció sobre la base del consumo de masas y la universalización del ocio como vida ilusoria. Pero a esos simulacros de sentido cada vez les resulta más difícil enfrentarse a la emergencia de identidades y sentidos fuertes, radicalmente heterónomos, que dan a la gente algo en qué creer.

 

NV: El maridaje capitalismo/democracia representativa, que funcionó desde la Segunda Guerra Mundial, toca a su fin. Pero si la democracia se encuentra en crisis y en fase de “destitución” es en buena parte por las malas prácticas de las propias oligarquías… ¿Cómo salimos de esta encrucijada sin llevarnos por delante lo bueno que ha podido haber en el modelo de las democracias liberales?

JMV: Para empezar, debemos ser conscientes de que uno de los rasgos más negativos de nuestras democracias electorales es la facilidad con que las élites políticas y económicas y los grupos oligárquicos consiguen el control y la determinación de las agendas públicas y sus decisiones. En esas condiciones la participación ciudadana se limita al mero ejercicio periódico de un voto electoral.

La dominación por las élites y las oligarquías es un problema que ha acompañado siempre al desarrollo de la democracia ya desde la antigua Grecia. La compleja arquitectura política que diseñaron los demócratas griegos se debía a que temían la capacidad de las oligarquías de manipular en su favor las instituciones democráticas. Por ello se dotaron de un conjunto de instituciones elegidas por sorteo para evitar las tendencias aristocráticas de las asambleas y, salvo el puesto de estratego y aquellos cargos que requerían una específica cualificación técnica, entendían que debían designarse por sorteo.

La construcción de las democracias liberales no ha sido capaz de establecer un conjunto mínimamente eficaz de dispositivos antioligárquicos. La separación de poderes, que es una importante garantía de los derechos de los ciudadanos, no sirve para evitar el excesivo poder de presión que las minorías privilegiadas, las élites y grupos oligárquicos ejercen sobre las instituciones.

El riesgo que en el siglo XXI corren las democracias es muy grande. El populismo de las nuevas derechas es un factor que no es ajeno al peso determinante de las oligarquías políticas, sociales y económicas sobre las instituciones nacionales y supranacionales. Debería servirnos de aviso la trágica experiencia de los años treinta del siglo pasado, con el derrumbe de las democracias continentales europeas, sometidas a la impotencia de sus instituciones y constituciones frente a los fascismos y al giro autoritario de las oligarquías económicas.

El imaginario democrático solo es activo cuando se desarrolla. Defender la democracia exige una profundización en todos sus ámbitos: locales, regionales, nacionales y supranacionales. Avanzar en un sentido que llamo democrático libertario que, tal y como lo entiendo, supone introducir en la actual democracia electoral contrapesos perdidos de la democracia representativa y, sobre todo, asignar protagonismo a nuevas formas de participación directa y al uso de mecanismos antioligárquicos. Indudablemente, una evolución democrático libertaria de los sistemas democrático electorales los haría más complejos, es decir, mejor adaptados a la propia complejidad de la sociedad contemporánea.

Me parece que la posibilidad de una radicalización y regeneración democrática pasa por cuatro ejes fundamentales:

  1. Introducción de dispositivos antioligárquicos. Ahí la democracia griega sigue siendo una fuente de inspiración, no tanto en los mecanismos concretos, como en el objetivo esencial que se plantearon de limitar el poder de las élites.
  2. Activación de la participación directa de la ciudadanía. Los mecanismos posibles son múltiples, desde la creación de órganos deliberativos preparatorios elegidos por sorteo, a formas de democracia directa virtual sobre determinadas decisiones en algunos ámbitos. Significaría una transformación importante de los actuales sistemas pues limitaría la endogamia de las élites burocráticas impidiendo adoptar decisiones relevantes sin un debate y voto ciudadano. Sobre todo, podría ser un modelo capaz de desarrollar una ciudadanía responsable, informada y activa.
  3. Desarrollo de las perspectivas de autogestión social. La vieja cuestión de la democracia industrial y de la autogestión puede resucitar bajo nuevas formas. Ahora que muchas organizaciones aspiran a ser redes y pueden entenderse como redes, el problema de la distribución del poder en su seno debería resurgir. Reducir la democratización exclusivamente a las macroinstituciones es renunciar a la humanización de las organizaciones donde trabajamos y actuamos.
  4. Reconstrucción del vínculo entre democracia e igualitarismo. La democracia política solo puede ser ejercitada adecuadamente por personas que se encuentran en un estado de ciudadanía. Para ello el ciudadano político debe ser al mismo tiempo un ciudadano social. Personas más libres y menos vulnerables que tienen asegurado no solo el derecho a la educación y a la sanidad, sino también una subsistencia vital y cultural.

Ningún procedimiento político es intrínsecamente emancipatorio. Los dispositivos deseables son aquellos capaces de responder a los elementos de degradación y corrupción que, siempre en beneficio de las minorías dominantes, aparecen en todos los sistemas de organización política. La necesidad de una transformación de las democracias no es una discusión sobre si los procedimientos electorales deben ser más proporcionales o mayoritarios, o sobre las virtudes y vicios del presidencialismo respecto al parlamentarismo. La cuestión decisiva es otra: la necesidad de una nueva relación entre ciudadanos e instituciones, así como evitar que los poderes económicos sigan dominando las decisiones políticas.

Es necesaria una nueva relación entre ciudadanos e instituciones, y evitar que los poderes económicos sigan dominando las decisiones políticas

NV: Hacia el final de su vida Castoriadis, a quien ya has mencionado, reflexionó sobre el ascenso de la insignificancia en la sociedad. ¿En qué medida ves signos de esta tendencia en la actual sociedad española? ¿Cómo se relaciona con el vaciamiento del espacio público y la falta de protagonismo de la ciudadanía? ¿Qué papel desempeñan las redes sociales?

JMV: Creo que la primera vez que Castoriadis habló explícitamente de ascenso de la insignificancia fue en una entrevista de 1993. En los últimos años de su vida –falleció en 1997– reflexionó sobre ello en el contexto de lo que describe como una sociedad a la deriva o una época de conformismo generalizado vinculado a un triunfo del imaginario capitalista en sus más crudas y groseras formas. Pero esa reflexión se relaciona con una tendencia general que analizó en 1960-1961 en el texto «El movimiento revolucionario bajo el capitalismo moderno», que se expresaría en la creciente privatización e individualismo de las sociedades occidentales y la degradación del espacio público.

Estas consideraciones conducen a la interrogación sobre el grado de decadencia de una parte de los valores de Occidente, los relacionados con la libertad y la igualdad, e incluso sobre la posibilidad de una crisis antropológica que obstruya la propia capacidad de autorreproducción del sistema. El concepto de insignificancia también advierte sobre el riesgo de un proceso de destitución en la actual democracia electoral, el contradictorio régimen de compromiso entre las oligarquías liberales y las mayorías sociales. Todo eso conllevaría una creciente autodestrucción de cualquier cohesión social. Castoriadis parecía tener en mente uno de los posibles rostros de la barbarie: una sociedad que se desgarra internamente sin ser capaz de crear nada. Por ejemplo, la evolución de las redes sociales en la última década parece ejemplificar ese desgarro que no produce algo nuevo, esa habla que no escucha, esa rabia que no expresa ni construye, ese individualismo que no permite construir colectividad.

El pensamiento de Castoriadis es sustancialmente antielitista y, por tanto, esas valoraciones de tono pesimista sobre el devenir de la sociedad occidental son un aviso premonitorio del peligro de degradación que genera la falta de protagonismo de la ciudadanía. Por ello, la cuestión de la destitución y de la insignificancia debe ser evaluada cuidadosamente mediante su contrapeso, la creatividad que en las últimas décadas han mostrado algunos movimientos ciudadanos por todos los rincones del planeta.

Indudablemente la crisis de las democracias electorales se manifiesta en el creciente desapego de la gente respecto a los partidos que supuestamente les representarían. Ese desapego en un hecho que en sí mismo no tiene un sentido unívoco, puede ser la base tanto del auge de la derecha populista como de la emergencia de un proyecto democrático orientado a transformar sustantivamente nuestras instituciones.

En cuanto a la sociedad española, observo los mismos rasgos esenciales que en el resto de sociedades occidentales en cuanto a la crisis de las significaciones imaginarias sociales. Evidentemente, como en cualquier otro país, hay rasgos singulares. Por ejemplo, es relevante que tanto España como Portugal hayan sido receptores tardíos del desarrollo de la ciudadanía social propia del Estado de bienestar. Ello ha permitido una fortaleza algo mayor de la vieja izquierda y de los aparatos de la socialdemocracia. Por otra parte, la mayor singularidad española de las últimas décadas me parece que está representada por un movimiento como el 15M, cuyo aparición y desarrollo reveló la profundidad del descontento social con el sistema de poder y de representación. La incapacidad del régimen para una regeneración democrática añade dramatismo a nuestra actual situación.

 

NV: Actualmente conviven alrededor del mundo varias tendencias sociales: un cierto nihilismo con un aumento de la protesta. ¿Hasta qué punto se trata de corrientes paralelas y sin cruces? ¿Existen puntos de encuentro entre las dos tendencias?

JMV: Los grandes acontecimientos sociales nunca son puros, ya que expresan procesos de lucha y de creación anónima que reflejan el conflicto de imaginarios sociales existentes en un tiempo dado.

La última década ha sido pródiga en acontecimientos. Parece que fue hace mucho, pero en 2011 tuvo lugar el 15M en las plazas españolas. Y las movilizaciones en las plazas europeas y americanas, y en muchos otros lugares. O las primaveras árabes, que no gozaron en Occidente del apoyo que debían haber tenido en su lucha contra las dictaduras y el fundamentalismo islámico. Y el comienzo de la tragedia de la guerra civil siria. O la lucha kurda por instituciones autogestionadas socialmente y los derechos de las mujeres.

La aparición y desarrollo del 15M reveló la profundidad del descontento social con el sistema el poder y de representación

Merece la pena recordar algunas de las luchas sociales del período 2018-2019, antes de la pandemia. Una mera enumeración no exhaustiva de algunos de esos acontecimientos es impactante. Empecemos por el movimiento histórico de las mujeres que recorrió gran parte del mundo y que ahora es objeto del ataque de todos los proyectos reaccionarios del mundo contra el derecho al aborto.

Recordemos que en Hong Kong se desarrolló el movimiento democrático más potente que ha conocido el continente asiático... En Irak, un gran movimiento popular... En el continente africano, en Argelia y Sudán, movilizaciones históricas masivas para conquistar derechos y libertades... En Nicaragua, una rebelión popular ahogada en sangre en 2018. En Puerto Rico, una inmensa protesta supuso un terremoto político que abrió en Latinoamérica el camino a poderosas movilizaciones populares en Haití, Ecuador. En Chile el movimiento popular fue lo suficientemente fuerte para imponer un proceso constituyente... A pesar de la pandemia, en 2020, un intenso movimiento popular se desarrolló en Colombia y se produjo un gran movimiento democrático en Bielorrusia contra la dictadura de Lukashenko. En enero de 2022, un movimiento social de protesta fue reprimido sangrientamente por el gobierno kazajo con el apoyo del ejército de Putin.

Todos esos acontecimientos tienen un componente antioligárquico muy visible, pero son procesos complejos, necesitados de análisis singulares, con efectos probablemente distintos en el corto y en el largo plazo. No son agregables mecánicamente y están abiertos a consecuencias directas e indirectas muy heterogéneas.

Entender y aprender de las luchas sociales que expresan el magma social, que se desarrollan simultáneamente a todas las tendencias regresivas de las que hemos hablado, debería ser una prioridad para quienes pensamos en un mundo mejor. Ello exige una mirada limpia de anteojeras ideológicas y de los prejuicios de la izquierda.

 

NV: En este presente de oligarquías fortalecidas, ¿qué alternativas se pueden esperar? ¿Cómo las iniciativas emancipadoras pueden abrirse camino y sembrar cambios verdaderos?

JMV: En la actual crisis civilizatoria nadie nos salvará. No hay salvadores. Solo desde una sociedad organizada y movilizada se podrán afrontar esos retos. No debemos olvidar que los grandes movimientos emancipatorios y libertarios del pasado fueron siempre híbridos y no hay ningún motivo para pensar que no vaya a ser así en el futuro. Por tanto, un nuevo momento emancipatorio, como movimiento social de creación de nuevas institucionalidades, solo excepcionalmente puede surgir de un impulso único desde abajo, mientras que la regla general sería su aparición como eclosión de los instrumentos heterogéneos desarrollados en el conjunto de la sociedad y en sus distintos ámbitos de participación y de lucha.

En la actual crisis civilizatoria nadie nos salvará. Solo desde una sociedad organizada y movilizada se podrán afrontar esos retos

Tal y como la entiendo, una política de la autonomía no es ajena a un pragmatismo radical, estableciendo y privilegiando los enganches entre las luchas del presente y el tipo de sociedad futura que se desea; lo cual, en cada momento, significa reconocer los movimientos sociales que impulsan la lucha por nuevos derechos y libertades (y la defensa de los existentes) e incorporan la pretensión de la participación más amplia posible de la ciudadanía.

El avance en el sentido de una democracia libertaria (y, por tanto, igualitaria) solo puede ser el resultado de un movimiento social democrático. La apuesta es por la posibilidad de un poderoso movimiento capaz de fomentar una acción instituyente mediante vectores creativos alimentados tanto de las fuerzas de la cooperación como de los conflictos permanentes entre los de abajo y los de arriba. Un movimiento consciente de que su objetivo no es construir un aparato de mera delegación, generar un liderazgo en sentido populista o ser una pieza más del entramado institucional. La emergencia de un movimiento social de esa naturaleza se puede desear, pero no es predecible ni es seguro que tenga lugar. Los acontecimientos históricos son imprevisibles, indeterminados e indeterminables.

Lo que cada uno de nosotros puede hacer en favor de esa apuesta es desarrollar, en la medida de nuestras posibilidades una praxis consistente con el deseo de un mundo distinto. Nos encontramos con las prácticas cotidianas de transformación social, que se presentan bajo múltiples formas e iniciativas, generando nuevas imágenes y lenguajes desde cualquier rincón de cualquier lugar, en un sentido cooperativo, libertario e igualitario.

Nuria del Viso Pabón es miembro de FUHEM Ecosocial y editora de la revista PAPELES

Acceso al texto completo en formato pdf: Entrevista a Juan Manuel Vera.

 

 

 

 


Hacia la ecologización del conocimiento

Hacia una ecologización del conocimiento

Curso de Justicia Ecológica organizada por las entidades miembros del Proyecto Speak4Nature, en el que participa FUHEM Ecosocial, que plantea desarrollar nuevos recursos legales que den valor a la naturaleza ante los desafíos ecológicos actuales.

El curso, que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre de 2023 en el Centro Cultural “La Corrala”, abordará un amplio panorama de perspectivas dentro del ámbito de la Justicia Ecológica, que irán desde el Derecho hasta la Ecología Política Feminista, pasando por las Humanidades, la Ecología o la Economía.

Desde el área ecosocial de FUHEM se aportarán algunas lecciones críticas de varias décadas del proceso de ecologización de la Economía que puedan tener interés para la futura ecologización del Derecho en el ámbito de la Justicia Ecológica. Participarán también ponentes del Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro Rachel Carson de la Universidad de Munich (Alemania), el Centro de Ciencias Jurídicas de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y del Departamento de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica de la Universidad del Piamonte Oriental (Italia).

Se trata de un curso gratuito (se emitirá certificado de asistencia previa solicitud), al que invitamos a unirse a todos aquellos interesados en estos campos emergentes.

PROGRAMA:

9.30 h. – Bienvenida y presentación de la web del Proyecto Speak4Nature - Jennifer Lertola – UPC.

10.00 h. – Justicia ecológica: una agenda de problemas - Luis Lloredo – UAM.

10.45 h. – Debate.

11.00 h. – Pausa café.

11.30 h. – El derecho ecológico como nuevo paradigma - Tania Duha – UFSC.

12.15 h. – El derecho ecológico en acción - Rodrigo Míguez – UPO.

13.00 h. – Debate.

13.30 h. – Comida.

15.00 h. – Humanidades ecológicas - Carmen Madorrán – UAM

15.45 h. – Ecologizar la economía: algunas lecciones - Pedro L. Lomas – FUHEM Ecosocial.

16.30 h. – Debate.

17.00 h. – Pausa café.

17.30 h. Ecología política feminista - María del Pilar Peralta – LMU.

18.15 h. – Clínica privada UAM: el caso de las Lagunas de Ambroz - Blanca Rodríguez-Chaves, Marina Corral, Yanna Winkler – UAM

18.45 h. – Despedida y cierre.

RECUERDA:

FECHA: 29 de septiembre de 2023.

HORA: 9.30 h. – 19 h.

LUGAR: Centro Cultural “La Corrala”

C/ Carlos Arniches, 3 y 5

28005 Madrid


Inflación en tiempos de distopía

La sección A FONDO del número 158 de Papeles de relaciones ecosociales y cambio global incluye un artículo de Albert Recio Andreu , profesor honorífico de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulado Inflación en tiempos de distopía.

La crisis financiera de 2008 puso en evidencia la mala calidad de las políticas neoliberales y la fragilidad del capitalismo financiarizado. Quebró un sueño, y provocó pesadillas a millones de personas. No es que antes las cosas fueran maravillosas. Los problemas de todo tipo ya formaban parte de la vida cotidiana de mucha gente común en los países desarrollados (en el resto nunca ha habido una experiencia sostenida de bienestar).1 Cuando estalló la crisis, ya llevábamos unos cuantos años analizando la precariedad laboral, el desempleo masivo y el crecimiento de las desigualdades.

El auge constructivo que precedió al estallido de la burbuja inmobiliaria no había servido para garantizar una vivienda digna a todo el mundo. Más bien al contrario. Esto es indicativo del cúmulo de contradicciones que se generaron en esta fase de la acumulación capitalista, bien diferente al anterior período expansivo de la postguerra mundial. Sin contar que el crac bancario de 2008 había venido precedido por una serie de crisis financieras (la de 1997, la del efecto tequila, la rusa, la asiática, la de las punto.com…) que apuntaban a la existencia de una fragilidad sistémica del mundo financiero.  Que la mayoría de economistas de postín  no se hubieran enterado  dice más de hasta qué punto se habían creído su propia ficción, que del poder analítico de sus esquemas teóricos. Habían ayudado a edificar un campo jurásico que, como el del film de ficción, se transformó en un mundo invivible para mucha gente.

Desde el estallido de la crisis financiera el mundo rico entró en una continua repetición de sobresaltos. El resto del mundo nunca ha salido de ellos. El crac inicial fue, posiblemente menos grave en términos sociales de lo que vendría a continuación. La primera oleada de la crisis trajo consigo el consiguiente crecimiento del paro y en países como España, donde la burbuja inmobiliaria había sido especialmente intensa, la primera oleada de desahucios, que acabarían convirtiéndose en una cuestión endémica. En esta primera oleada se adoptaron modestas medidas de expansión del gasto público para paliar la recesión y, sobre todo, se optó por salvar a toda costa al núcleo del sistema financiero. La segunda fase, caracterizada por la imposición en muchos países de las políticas de austeridad, fue posiblemente más dura y de efectos más duraderos que la recesión inicial.  Sobre el pretexto del endeudamiento externo de muchos países –y el claro objetivo de proteger a los grandes bancos acreedores– se desarrollaron políticas neoliberales extremas, especialmente recortes drásticos del gasto público, reformas “estructurales” del mercado laboral y los sistemas de protección sociales, privatizaciones, etc. Los países que implementaron estas políticas, como España, experimentaron una segunda recesión, más profunda que la inicial, una pérdida de derechos sociales y una escalada de desigualdades.2  Al final solo una política monetaria heterodoxa implementada  por parte del Banco Central Europeo consiguió impedir que las políticas de austeridad acabaran generando una debacle económica colosal. Pero los efectos de aquellas políticas ya habían provocado importantes daños económicos y sociales de largo plazo: aumento de las desigualdades, de la precariedad laboral, del acceso a la vivienda, deterioro de los servicios públicos, etc.

Solo una política monetaria heterodoxa implementada por parte del Banco Central Europeo consiguió impedir que las políticas de austeridad acabaran generando una debacle económica colosal

Cuando los grandes organismos económicos decretaban la superación de la crisis del 2008, llegó la pandemia. Y provocó otra crisis económica, en este caso asociada a la promulgación de políticas sanitarias que frenaron en seco gran parte de la actividad productiva. La crisis de 2020 probablemente es la primera crisis capitalista en la que el detonante no es uno de los habituales “fallos de mercado”, sino una decisión gubernamental adoptada para atajar un grave problema sanitario. Por esto para muchos economistas del mainstream puede considerarse que se trata de un shock externo al funcionamiento normal de una economía capitalista. Analizado con más detalle, la cuestión es más compleja: la pandemia y su extensión tienen una relación bastante clara con las dinámicas de la globalización. Por una parte, la propia pandemia parece estar relacionada con la presión que experimentan los sistemas naturales que facilita el traslado a la especie humana de virus procedentes de otras especies. De otra, más obvia, la enorme cantidad de flujos interterritoriales de la economía global favoreció la rápida difusión de la COVID-19 generando, en un plazo muy breve, una crisis sanitaria universal. Una crisis que además ha puesto en evidencia los efectos del debilitamiento de los sistemas sanitarios públicos, la vulnerabilidad de los sistemas productivos superespecializados y las indecentes desigualdades de poder entre países y entre sectores multinacionales. Si en la crisis financiera los grandes gobiernos protegieron por todos los medios a los grandes bancos, en la crisis de la COVID-19 hemos asistido a una protección parecida de los derechos de propiedad de la industria farmacéutica. Al igual que la crisis anterior, la crisis de la COVID-19, si bien ha sido más corta en su duración, ha dejado un reguero de efectos secundarios no solo en términos de desigualdades, sino también de salud (especialmente el incremento de las enfermedades mentales que forman parte del marco endémico de las sociedades modernas).

Las respuestas sociales a estas crisis no han sido homogéneas por diversas razones. Apuntaré las que considero más relevantes. En primer lugar, aunque la crisis financiera y la crisis de la COVID-19 se han experimentado en todo el mundo, sus efectos han sido localmente diferentes. Tanto porque las estructuras económicas, políticas, sociales o el despliegue de los servicios públicos difieren de un país a otro como porque las respuestas políticas han sido en algunos casos diferentes. A ello contribuye de forma relevante el hecho que la propia economía política y económica mundial está jerarquizada y concede un mayor o menor grado de acción en función de la posición concreta de cada país. Esto ayuda a entender, por ejemplo, por qué a algunos países se les impusieron grados de austeridad mientras otros pudieron adoptar medidas más “socialdemócratas”.3 O porque la COVID-2019 fue más dramática en Estados Unidos que en Europa, por la inexistencia en el primer país de un verdadero servicio público de salud. En segundo lugar, las estructuras sociales de las sociedades capitalistas son hoy más complejas que antes, especialmente por lo que respecta a la población asalariada donde se han desarrollados segmentos sociales que mantienen situaciones laborales, de renta y estatus diferenciadas.  Ello implica que el impacto de las políticas y la crisis afecta de forma asimismo desigual a diferentes grupos de la población, lo que condiciona sus respuestas. Por ejemplo, el deterioro de la asistencia sanitaria pública está dando lugar a protestas y movilizaciones, pero también a una respuesta de salida en forma de aumento de la afiliación a los seguros médicos privados. Es obvio que esta última respuesta solo es viable para determinados niveles de ingresos y lo que puede acabar generando es una sanidad pública solo orientada al segmento más pobre de la sociedad. No se trata solo de posibilidades materiales, de poder de “salida” individual.

Los procesos de socialización y la propia experiencia laboral generan experiencias vitales que conforman la subjetividad individual y esta se traduce en respuestas sociales diferenciadas ante una misma situación de partida. En tercer lugar, la enorme transformación del proceso de socialización e información que incide en las formas como las personas se relacionan, captan la realidad, interaccionan y que por tanto influye en las respuestas que adoptan ante un mismo fenómeno. Destacar al respecto que estos cambios han tendido a debilitar las viejas formas de organización colectiva y, condicionan a muchos movimientos sociales.

 

Llegó la inflación y la guerra

La dinámica de los acontecimientos parece corresponder a un guión escrito por un autor de narraciones apocalípticas: después de la pandemia, la guerra.  El origen de la inflación –algo que nos remonta a décadas anteriores, en las que se produjo la eclosión de las políticas neoliberales– es incierto y está por dilucidar. En todo caso, se inició antes del estallido de la guerra de Ucrania. En todo caso, esta última ha servido para realimentar un incendio que ya estaba declarado.

No está claro el origen de la situación, es posible que sea una combinación de factores.  Hay un cierto paralelismo con la situación de los años 1970 en el hecho de que la subida de los precios ha sido especialmente pronunciada en los combustibles fósiles (petróleo y gas) y en las materias primas agrícolas. Sin embargo, en aquel momento el factor determinante fue la política de precios de la OPEP la que generó el impulso inicial y ahora no se detecta una actuación semejante. No hay un agente único al que culparle del alza.

Una de las explicaciones plausibles es la que asocia el crecimiento de los precios energéticos con las perspectivas de caída futura de la producción y la necesidad de recurrir a explotar yacimientos donde la extracción es más costosa.4 En una línea similar se situarían los que argumentan que el alza de las materias primas agrarias tiene en parte su origen en las peores perspectivas de cosechas provocadas por los efectos del cambio climático, así como por la dependencia que tiene la agricultura convencional de los combustibles fósiles y sus derivados.  En su conjunto estas hipótesis pondrían en relación diversos elementos de la crisis ecológica –crisis energética, cambio climático– con el proceso inflacionario. De ser ciertos, estarían indicando que tras el alza de precios hay un problema de incremento de costes y de carestía de materiales que apuntan a un problema fundamental del futuro: la imposibilidad de mantener un modelo productivo en el que el despilfarro de recursos es una condición esencial de su funcionamiento.

El funcionamiento real de las economías capitalistas es demasiado complejo para atribuir toda la carga del proceso a un solo elemento. Los procesos de fijación de precios son mucho más variados que los simplistas modelos de adoctrinamiento económico. Lo podemos constatar en el caso de los precios eléctricos donde el precio final es el resultado de una particular regla –en este caso determinada por normas públicas– que ha permitido convertir las alzas del aumento del precio del gas en un negocio redondo para las eléctricas. A pesar que el gas solo representa una parte menor del proceso de producción eléctrica y que, como se ha mostrado en España, durante muchos días las centrales a gas no han intervenido en la producción. Los derechos de propiedad de que gozan las eléctricas les permitía “ofrecer” la energía de origen hidráulico a un precio ligeramente inferior al del gas (con el efecto colateral que en pleno agosto vaciaron pantanos con el consiguiente impacto ambiental). El escándalo de las eléctricas lo conocemos porque su sistema de precios depende de  una regulación pública, pero los oligopolios de diverso grado operan en gran parte de sectores posiblemente con mayor opacidad que el caso comentado.

En la medida que la mayor inflación se concentra en energía y alimentación obliga a considerar cómo operan estos oligopolios

Sin una investigación específica sobre el funcionamiento de mercados concretos va a resultar difícil saber cuáles han sido los motores desencadenantes de la inflación actual.  En algunos casos puede que se trate de un efecto “rebote”, de una actualización de precios para cubrir las caídas que las empresas tuvieron que hacer en plena pandemia (por ejemplo, en el sector de hostelería y restauración). También, que los distintos bloqueos que se forman en los cada vez más saturados circuitos logísticos y los parones experimentados en diversos momentos en la gran fábrica del mundo –China– pueden dar lugar a aumentos de precios. Pero en la medida que la mayor inflación se concentra en energía y alimentación obliga a considerar, más allá de los elementos estructurales ya señalados, la forman como operan estos mercados, los oligopolios que operan en los mismos, los elementos especulativos habituales en los mercados de futuros.

La invasión rusa de Ucrania realimenta estas tendencias y ofrece justificaciones a los especuladores de siempre.  Todas las guerras son situaciones propicias a la inflación y la especulación. El papel que tienen Rusia y Ucrania en el suministro mundial de petróleo, gas, cereales y aceite de girasol impactan en los mercados y generan respuestas que refuerzan estas tendencias: busca de suministros alternativos de mayor coste, acaparamiento, etc. También la guerra estuvo presente en el episodio inflacionario desatado en 1973, aunque la corta duración de la guerra del Yom Kipur no explica por si solo el cambio; más bien fue una cobertura de un proceso económico de mayor alcance.  Pero de nuevo la combinación de guerra –que puede evolucionar hacia situaciones mucho más peligrosas y ya está sirviendo de coartada para un rearme criminal– e inflación, nos sitúa en una perspectiva de enorme riesgo.

 

La inflación en el contexto actual

Que suban los precios no siempre tiene la misma importancia y gravedad. Depende del grado en que lo hacen y cómo afecta a diferentes grupos sociales.  Si todas las rentas y los precios estuvieran indexados, la inflación no tendría ningún impacto distributivo. Si, por ejemplo, subieran precios y salarios al mismo ritmo, pero no se pudieran indexar los alquileres y los productos financieros, gran parte de la gente mejoraría su nivel de vida a costa de los rentistas. Siempre hay que analizar qué precios suben más que otros, quienes tienen capacidad de indexar sus ingresos y quiénes no. La inflación, además de un fenómeno monetario, tiene un importante papel distributivo. Si lo único que ocurre es que sube el precio de unos determinados productos y el resto se mantiene inalterado, los vendedores de estos productos encarecidos aumentan sus ingresos a costa del resto. Pero a menudo un aumento inicial genera una cascada de respuestas por lo que los aumentos se transmiten a la mayoría de bienes y servicios y se acaba generando un proceso inflacionario sostenido en el tiempo. Como habitualmente no todos los que intervienen en el mercado tienen la misma capacidad de trasladar los aumentos de precios casi todo proceso inflacionario acaba con ganadores y perdedores. Y en tanto dura genera muchas tensiones que, en el momento presente, son especialmente peligrosas.

En primer lugar llegamos a esta nueva situación tras un largo período de caída de las rentas del trabajo como resultado combinado de las políticas adoptadas en el período anterior, los cambios en la estructura y organización del trabajo, el debilitamiento de la acción colectiva. En el caso de España, las rentas salariales perdieron cinco puntos del PIB tras la crisis anterior y los salarios de amplios sectores se encuentran a niveles sustancialmente bajos. Ahora una gran parte de convenios colectivos carecen de los mecanismos de indexación salarial que protegen de la inflación. Por tanto hay muchas posibilidades que este proceso aumente las desigualdades y amplíe la devaluación salarial.

En segundo lugar, no se puede perder de vista que el control de la inflación constituye el único objetivo que institucionalmente se ha encomendado al Banco Central Europeo.  Su obsesión antiinflacionaria y su despreocupación por otras cuestiones como el desempleo está en el origen de las perversas políticas de austeridad. De hecho, en los primeros años de la crisis, cuando se produjo un repunte de los precios energéticos el BCE optó por una subida de tipos de interés que no hizo más que ahondar los problemas. En especial con esta operación aumentó el coste de las hipotecas y ayudó a precipitar la crisis de impagos que sigue pesando en los problemas de vivienda de mucha gente. El problema no es solo la fijación de las autoridades monetarias por la inflación, sino que la considere como una cuestión monetaria para la que solo tiene un instrumento a utilizar: la subida de los tipos de interés. Cuando escribo estas notas ya sabemos que se va a poner en marcha este mecanismo. Y la subida de los tipos de interés tiene un efecto devastador para los deudores (entre los que se encuentran las haciendas públicas de los países que experimentaron más duramente la crisis anterior y los tenedores de hipotecas) y para el empleo. Es más o menos como algunas terapias contra el cáncer que no solo atacan al tumor sino a todo lo que tiene alrededor. Y además, resulta particularmente inútil para hacer frente a las causas profundas de una inflación generada por problemas de abastecimiento, sobreuso de recursos y maniobras oligopolistas. Puede que al final volvamos a experimentar una nueva versión de las viejas políticas de austeridad.

Hay muchas posibilidades de que este proceso inflacionario aumente las desigualdades y amplíe la devaluación salarial

En tercer lugar, en la medida que la inflación se produce de forma descentralizada y la capacidad de respuesta es muy desigual para diferentes grupos de personas favorece la propagación de tensiones sociales, en muchos casos parciales, focalizadas en los problemas específicos de cada grupo. Estas ya son visibles y pueden alimentar protestas radicalizadas en las formas, cohesionadas por identidades de grupos particulares, y, al mismo tiempo,  sin un horizonte claro de respuesta. No se puede pasar por alto que, en muchos países, algunas de las protestas más sonoras se han producido como respuesta a los aumentos de los precios de los combustibles, al estilo de los chalecos amarillos. La incapacidad de dar respuesta con las políticas actuales refuerza además el desprestigio de los gobiernos y favorece culturas autoritarias y antidemocráticas.

Los economistas suelen dar importancia a otros efectos de la inflación tales como la pérdida de competitividad exterior, cuando un país tiene un importante diferencial de inflación respecto a los países de su entorno comercial –lo que no es el caso en el momento presente–, así como su impacto sobre las decisiones de inversión en la medida que las fuertes variaciones de precios aumentan las incertidumbres en una actividad ya de por sí compleja (o generan un desplazamiento hacia bienes especulativos que los inversores consideran más seguros). Pero en el momento presente considero que los problemas centrales se encuentran en el peligro de que la inflación actual refuerce la tendencia a las desigualdades y aumente la pobreza, se traduzca en nuevos recortes de las políticas públicas por el problema de la deuda y sea una fuente de deslegitimación democrática que genere un conflicto social descontrolado.

La cuestión más importante con todo es que en el actual marco de diseño de las políticas económicas es imposible hacer frente a los problemas que generan la inflación actual porque se ha renunciado a los mecanismos que serían necesarios para hacerlos.  En concreto, sigue sin desarrollarse una política que tome en consideración el conjunto de cuestiones que plantea la crisis ecológica y adopte medidas para que esta no acabe generando una verdadera catástrofe social. Y también se ha renunciado a intervenir en los mercados concretos para atacar los oligopolios que son los principales generadores del modelo de capitalismo rentista que condiciona las vidas de millones de personas.

 

Cómo encarar la nueva convulsión

La inflación actual suma sus efectos y los reactualiza.  La crisis de la deuda vuelve a ser una amenaza, que nunca desapareció, con el previsible aumento de los tipos de interés. Sin un potente giro de guión, se profundizarán las ya insoportables desigualdades y se abren las puertas a salidas reaccionarias de la situación.  Por esto es necesario pensar en qué tipo de respuestas pueden ser más adecuadas para hacer frente a estos peligros.

De entrada hay que recordar que la inflación no es un proceso homogéneo. Los habituales parámetros utilizados para medirla (IPC, deflactor de la renta) son meros índices construidos a partir de seleccionar una serie de productos, darles un peso en la cesta de la compra y medir la variación de cada precio. Su valor puede cambiar simplemente cambiando sus componentes (por citar un caso relevante, durante muchos años el precio de compra de vivienda no se ha tenido en cuenta en la elaboración del IPC porque se consideraba una inversión, esto tendía a subvalorar el crecimiento real del coste de la vida en momentos en que gran parte de la población destinaba una parte sustancial de sus ingresos a la compra de vivienda). De la misma forma tampoco las subidas del IPC afectan por igual a cada persona o grupo familiar. Las estructuras de gasto son tan variadas como los cambios en los precios, y por esto, un mismo aumento afecta de forma desigual a gente con diferente tipo de consumo. Por ejemplo, el aumento del precio de la gasolina no reduce la renta de quién nunca utiliza el coche, el de los alquileres a quién vive en una vivienda propia, el de los viajes a quién nunca hace turismo. Tener una evaluación precisa del impacto personal es complicado, pero hay la posibilidad de generar un conocimiento aproximado a partir de las informaciones que ofrecen las estadísticas de gasto familiar. Y en el momento actual la evidencia es que la inflación afecta más a las rentas más bajas (por el aumento del suministro doméstico de energía y de los alimentos).5

Sin un potente giro de guión, se profundizarán las ya insoportables desigualdades y se abren las puertas a salidas reaccionarias de la situación

Las propuestas oficiales, ante el temor a que las subidas de precios se retroalimenten y conduzcan a una inflación descontrolada, oscilan entre dos únicas alternativas: la ya comentada del ajuste monetario, que conlleva un aumento del desempleo, y la más “socialdemócrata” de un pacto de rentas en las que, teóricamente, empresarios y trabajadores aceptan una reducción de renta real y renuncian a trasladar los aumentos de precios de los mercados internacionales a precios y salarios, con el objeto de impedir que se desarrolle una espiral inflacionista. Es cierto que esta segunda alternativa es menos salvaje que la monetaria, pero es difícil que se produzca y contiene en sí misma problemas importantes.

En el caso de las rentas salariales el compromiso habitual es sencillo, aceptar aumentos de salarios inferiores  a la inflación. Lo mismo puede aplicarse a las prestaciones públicas: se puede acordar que el aumento de las pensiones es más moderado que el de la inflación.  Mucho más difícil es el control de  las rentas empresariales. Mientras las empresas tienen autonomía para fijar precios no es claro cómo se pueden limitar sus rentas. Por esto, una fórmula utilizada es la de limitar el reparto de dividendos. Lo que no es en absoluto una moderación de rentas puesto que la parte de beneficios no repartidos quedan en la empresa y pueden ser recuperados posteriormente con fórmulas diversas (dividendos extraordinarios, devoluciones de capital, etc.). Tampoco suelen figurar en las políticas de rentas la desindexación de los alquileres –algo que debería hacerse en todo proceso inflacionario porque los rentistas ven actualizadas sus rentas sin aportar nada nuevo a la sociedad–. Muchas políticas de rentas acaban siendo un eufemismo de moderación salarial. Una moderación tanto más injusta porque los salarios llevan más de una década acumulando caídas y una parte de la población asalariada se ubica alrededor de la frontera que marca la línea de la pobreza.

Un pacto de momento no parece posible porque los sindicatos son conscientes de la reducción salarial experimentada en los últimos años y por esto siguen exigiendo acuerdo que garanticen el mantenimiento o recuperación de la renta real. Los empresarios tampoco están muy dispuestos al acuerdo no solo por el temor que les llevara a hacer concesiones y porque se sienten en una posición de fuerza real (propiciado por reformas laborales, la externalización de actividades, las nuevas tecnologías de la información, el lavado de cerebro cultural…) que no les obliga a ofrecer concesiones innecesarias para sus intereses.

Evitar que la inflación derive en otro desastre social exige aplicar una visión diferente a la de la economía convencional y tratar de responder a las cuestiones básicas que están presentes en la situación actual. En la sección anterior he tratado de destacar tres cuestiones básicas: el aumento de las desigualdades que provoca el proceso actual y que solo refuerza dinámicas anteriores; la importancia de las estructuras olígopólicas que generan hiperbeneficios en manos de determinados grupos y que en muchos casos dependen de las regulaciones institucionales en vigor; y por último, y quizás más relevante, la conexión de la inflación actual con el modelo productivo dominante, especialmente enfrentado a una crisis ecológica multiforme, con especial incidencia en la falta de materiales y los problemas derivados de la crisis climática.

La cuestión distributiva central es la de reducir las desigualdades elevando sobre todo los ingresos bajos y medios. Aunque la inflación afectará a todo el mundo por igual no es lo mismo una pérdida del 5% del poder adquisitivo para alguien con ingresos elevados que para quien esta en situaciones de subsistencia. Por esto, es básico que se plantee una política de garantía de ingresos a las rentas más bajas y pensar cual es la forma mejor de articular la medida. Es difícil que ello se consiga en la negociación colectiva directa, entre otras cosas por el bajo poder sindical en los sectores de bajos salarios, que coinciden en muchos casos con grupos empresariales sometidos a su vez al poder de los grandes grupos. Se podría diseñar una extensión de la renta básica financiada con un impuesto a las rentas altas, aunque los esquemas concretos habrá que estudiarlos a fondo, así como incluir reformas del sistema público que permita que estos derechos topen con una pared burocrática como ya ha ocurrido con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), y en otros muchos casos.

Hay que combatir los oligopolios, los variados mecanismos que generan rentas excesivas en detrimento de la colectividad

En segundo lugar, hay que combatir los oligopolios, los variados mecanismos que generan rentas excesivas en detrimento de la colectividad. En unos casos sabemos, como el ya comentado de la electricidad, de la existencia de un mecanismo de fijación de precios inadecuado, o de una sobreprotección excesiva a los derechos de propiedad, como en el caso de las patentes farmacéuticas. Hay mucho espacio de reforma en este campo. Hasta ahora inexplorado porque partimos de un mundo institucional que sobreprotege a la propiedad privada y de una cultura económica que recela de todo lo que suponga intervenir en los mercados. Hace tiempo que perdió fuerza el viejo populismo antimonopolista y en la academia se enterró a la vieja política industrial. Un primer paso debería ser el contar con buena información y trasparencia sobre cómo funcionan realmente los distintos mercados, la trazabilidad de las rentas, donde están los cuellos de botella. Sin buena información es imposible actuar con buen tino. Y analizar todas las regulaciones que inciden en la formación de los precios y de los derechos de los diferentes participantes en la sociedad. Y reformar lo que fuera necesario o imponer impuestos elevados allí donde se detectan rentas parasitarias. No es una política sencilla, sabemos del poder organizado de los lobbies empresariales, de su brutalidad a la hora de defender sus privilegios, pero es precisamente ahora cuando esta línea de actuación resulta más necesaria y tiene más posibilidades de conseguir audiencia.

Y está, sin duda, la cuestión más crucial. La que plantea la crisis ecológica. Si puede discutirse que esta sea el desencadenante de la actual inflación debe tomarse como un aviso de lo que vendrá en un futuro próximo. Porque es indudable que, en una crisis de oferta de energía y materiales, una sucesión de malas cosechas acaba siendo traducida en alzas de precios. Si percibimos que los precios son un mecanismo de racionamiento, que raciona en función de la renta de cada cual, resulta obvio que esta va a ser una de las conexiones entre crisis ecológica y desigualdad. Por esto es urgente adoptar reformas e iniciativas que puedan favorecer unas formas de producción y consumo adaptadas a los límites de nuestro planeta, sin desigualdades insoportables. Hasta ahora, gran parte de lo que se ha llamado transición verde es solo un intento de prolongar las estructuras actuales, los negocios fundamentales en un nuevo contexto. Por ejemplo, en los planes Next Generation se dedican grandes sumas a financiar el coche eléctrico, mientras no hay una sola partida sustancial para el transporte colectivo y la remodelación de las pautas de movilidad. Hace falta mucho más, y la inflación va a ser una de las manifestaciones de las contradicciones de las políticas actuales. En este replanteamiento de la organización productiva debe incluirse también el cuestionamiento de la hiperespecialización espacial generado por la globalización y que no solo es fuente de crecientes embotellamientos, sino que también impide los intentos serios de generar circuitos cerrados y minimizar despilfarros.

El episodio actual es una etapa más de una dinámica económica que lleva años generando desastres, víctimas, malestar. Es el resultado de un modelo de globalización cuyas contradicciones y costes son cada vez más visibles. Pero que hasta el momento ha podido sobrevivir recurriendo a políticas de parches ad hoc, a la propia inercia social, al monumental esfuerzo cultural y propagandístico del marketing, a las políticas de control social y, sobre todo a la ausencia de proyectos transformadores capaces de dar cuenta de la complejidad de los problemas y de generar dinámicas sociales suficientemente poderosas. Sabemos dónde están los problemas, pero no tenemos claras las respuestas.  Pero hemos llegado a un punto donde esta ausencia puede abrir paso a dinámicas sociales aún más perversas y peligrosas. Toca pensar, proponer, experimentar, transformar, organizar.

 

Albert Recio Andreu es profesor honorífico de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Acceso al artículo completo en formato pdf: Inflación en tiempo de distopía.

NOTAS

1 Por ejemplo, el libro de Andrew Glyn, Capitalismo desatado: finanzas, globalización y bienestar,  FUHEM/Catarata, Madrid, 2010, publicado inicialmente en 2006, antes del estallido de Lehman Brothers, ya adelantaba cuestiones que después se mostraron relevantes.

2 El libro de Mark Blyth, Austeridad. Historia de una idea peligrosa, Crítica, 2014, analiza con detalle el proceso que llevó de la crisis de 2008 a las nefastas políticas adoptadas por la UE en 2010.

3 En Steffen Lehndorf, El triunfo de las ideas fracasadas. Modelos de capitalismo europeo en la crisis, FUHEM/Catarata, 2015 se compara el diferente modelo de acción aplicado en diez países europeos.

4 Sobre esta cuestión inciden diversos trabajos de Antonio Turiel publicados en su blog Oilcrash.

5 Como apuntaba el artículo sin firma de Eldiario.es de 17 de enero de 2022, «La batalla por subir los salarios en 2022 está servida», basado en parte en el trabajo de Luis Ayala y Olga Cantó, Radiografía de medio siglo de desigualdad en España, Observatorio Social de la Caixa, 2022.

 

 

 

 

 


El malestar en época de crisis concatenadas

José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología social en la Universidad Autónoma de Madrid, escribe para el número 158 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global sobre algunas claves psicosociales para comprender el malestar producido por la experiencia vivida de crisis concatenadas en los últimos años.

El malestar en época de crisis concatenadas: algunas claves psicosociales analiza como las expectativas y planes de muchas personas y el ritmo de su propia vida cotidiana se han visto truncados. El síntoma más evidente puede describirse como sensación de malestar con múltiples indicadores económicos, emocionales y de salud mental. Se mencionan algunos indicios de las alteraciones de la salud mental y el bienestar. Y se proponen algunas claves descriptivas de este malestar como la incertidumbre, la parálisis de la acción y el vacío existencial.

Vivimos momentos de incertidumbre, que se convierte en angustia.

Siempre me ha fascinado la seguridad existencial de algunas personas a la hora de planear su vida y, sobre todo, a la hora de explicarse las circunstancias de sus decisiones. Durante un tiempo, he tenido que visitar periódicamente un centro de fisioterapia en el que me obligaban a permanecer durante más de una hora sin poder hacer gran cosa. Escuchaba las conversaciones que se mezclaban en ese ambiente de aparatos y de idas y venidas pausadas. En cierta ocasión, un grupo de personas hablaban, escandalizados, de la decisión que un conocido común había tomado en su vida. Y realmente no lograban ponerse de acuerdo en la explicación de esa decisión. Hasta que una persona de autoridad (la propia fisioterapeuta) dijo que «eso es la costumbre». Todos aceptaron la explicación como explicación definitiva. Me di cuenta, una vez más, del modo en que engañan las falsas respuestas que agotan el caudal de interrogantes ante una situación.

Una sensación similar tuve cuando leí, hace años, el best-seller sobre economía de J. K. Galbraith, titulado La era de la incertidumbre.1 En el prólogo de ese libro, Galbraith, aun asumiendo el éxito de imagen de un título así (que, por ejemplo, le reportó incluso una serie de televisión en la BBC sobre esta cuestión), se veía obligado a reconocer que, en realidad, todas las etapas de la historia de la humanidad podrían ser consideradas eras de incertidumbre. Y, sin embargo, hay momentos en los que las personas y los grupos sociales generan una atmósfera de incertidumbre que, a veces, puede llegar a ser tan intensa que se convierte en un rasgo característico y compartido de un espacio social en un tiempo dado. Quizás sea este uno de esos momentos en los que se comparte una cierta sensación de agobio y un clima generalizado de ansiedad por las circunstancias vitales. Y así, se termina asumiendo que, en efecto, estamos viviendo en una era de incertidumbre, cerrando el paso a indagaciones ulteriores sobre las causas de esa incertidumbre.

La más íntimas experiencias personales se ven atravesadas por la incidencia, a veces perturbadora, de la condiciones sociales de la existencia.

La respuesta, a diferencia de la que proporcionaba la fisioterapeuta en el caso anteriormente mencionado, no tranquiliza, sino que se convierte en un motivo de angustia más. Se traduce en un ansia infinita de que pase todo de una vez. Como el caso de Don Quijote cuando tranquilizaba a Sancho con una apelación, apenas explicable, en la conocida sentencia inspirada en el refranero popular: «Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo, y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca».2

 

Amenazas y angustia

Estamos viviendo unos tiempos de borrascas encadenadas cuyos efectos inciden no solo en los ritmos existenciales y las rutinas de la vida cotidiana, sino, sobre todo, a la capacidad de elaborar los significados personales de las propias experiencias.  El filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han –aunque no acertó en muchas de sus predicciones sobre el fin de los riesgos bacterianos y víricos–, sugiere que este tipo de experiencias conducen al lamento personal de que nada es posible:3 «No-poder-más conduce a un destructivo reproche de sí mismo y a la autoagresión» (p. 31). El conjunto de rutinas que estructuran las vidas personales –y a las que se adhiere con intensidad la persona– se rompen y también se truncan las expectativas. Las condiciones sociales –de optimismo irracional extremo o de angustia existencial máxima– se acaban traduciendo en una sensación de parálisis a la hora de actuar: la persona activa, adopta un patrón de respuesta expectante, y la inquietud en un patrón de mirada borrosa, víctima de lo que el propio Han denomina la “guerra interiorizada”.

Esta guerra interiorizada incrusta las condiciones históricas en la propia biografía personal. Una idea similar ya fue planteada (en un libro originalmente publicado en 1959) por Charles Wright Mills,4 cuando planteaba la necesidad de elaborar constructos que permitiera analizar simultáneamente “historia” (experiencia colectiva) y biografía (experiencia personal), inquietudes personales y problemas de la estructura social. Las más íntimas experiencias personales se ven atravesadas por la incidencia, a veces, perturbadora, de las condiciones sociales de la existencia.

Este enfoque es especialmente relevante cuando el horizonte que describe el escenario vital es, en realidad, una fuente de incertidumbre, si no un telón de fondo de amenazas que alteran los planes personales trabajosamente construidos. Esto afecta especialmente en momentos de crisis reconocidas, como las actuales. Surgen, así, dos incisivas preguntas que afectan al bienestar existencial de las personas; la primera hace referencia a los riesgos personales en este tipo de circunstancias (¿cómo me afecta?) y la segunda a las estrategias de afrontamiento (¿qué puedo hacer?) y el eventual compromiso ante esa situación.

Además, a ello se suma la presencia de riesgos invisibles que se hacen visibles, como destacaba Ulrich Beck.5 Los riesgos más claros son los riesgos derivados de la desestabilización económica que se vive desde hace más de una década, los derivados del calentamiento global y el cambio climático, los riesgos sanitarios debido a los límites de la efectividad de medicamentos como los antibióticos, las guerras constantes y, por supuesto, los derivados de la pandemia de la COVID-19. Esta situación ha creado un contexto generalizado de incertidumbre sobre las causas y, en consecuencia, también de incertidumbre sobre las soluciones. La tentación es, sin más, como en el caso de la clínica de fisioterapia, conformarse con la falsa explicación de la incertidumbre, o, por el contrario, aunque no se pueda con las causas, indagar modestamente, al menos, algunas de las claves que describen las secuelas de la situación que vivimos.

Uno de los costes existenciales de la aparente adaptación a estas situaciones de crisis se traduce, precisamente en sentimientos (incluso íntimos) de malestar como consecuencia del desasosiego emocional vinculado a la incertidumbre y las expectativas frustradas. Nuestras biografías se llenan de planes truncados y la trama vital se convierte en una malla de hilos rotos, casi imposible de recomponer. Los costes de esta experiencia se traducen en síntomas de alteración de la salud, física, social y psicológica.

 

Indicios de malestar: la salud mental en riesgo

El lenguaje común apela con frecuencia a expresiones ilusorias, según las cuales cualquier problema, por grave que sea, tiene solución. Quizás (ojalá) eso sea cierto. Algunos especialistas, además, aluden a la casi infinita plasticidad de los recursos psicológico para adaptarse a cualquier situación. La cuestión es que la adaptación a situaciones de exceso de demanda –como son las crisis sucesivas que estamos viviendo– puede ser efectiva. En efecto, las personas de adaptan a situaciones más o menos extremas, pero esto lleva aparejado un amplio conjunto de costes que se traducen en alteraciones relevantes del bienestar físico y psicológico de las personas. Estos costes, en psicología, se reconocen con el término estrés. Uno de los aspectos en los que con más claridad se pueden identificar estos costes es en las alteraciones de la salud mental. Vamos a repasar algunos de los indicios sobre estos problemas, una selección de los cuales se recoge en la tabla 1.

En octubre de 2021, la Fundación Adecco (en colaboración con Johnson & Johnson) publicó un informe sobre salud mental,6 basado en una doble encuesta a 101 empresas de 21 áreas de actividad y a 234 demandantes de empleo con certificado de discapacidad por problemas de salud mental. En dicho informe ser reconoce, entre otros datos, que la OMS predice que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el año 2030. Y, por ejemplo, que el 64,6% de los encuestados considera que la crisis de la COVID-19 ha empeorado mucho o bastante su salud (véase también la tabla 1).

 

Tabla 1. Algunos indicios del impacto en la salud mental de los cambios de los últimos años

Indicadores Fuente
·        El 25% de la población sufrirá algún trastorno de este tipo a lo largo de su vida.

·        El 64,6% cree que la crisis de la Covid-19 ha empeorado mucho (35,6%) o bastante (29%)  su salud.

Fundación Adecco y Johnson & Johnson (2021). Un empleo para la #SaludMental.
a) Trastorno depresivo mayor:

•       Incremento adicional: 27,6% de (53,2 millones, -44,8 a 62,9-), por la Covid-19.

•       La tasa de incidencia por 100.000: 3252,9 casos (2722,5 a 3654,5).

b) Trastorno de ansiedad general:

•       Incremento adicional: 25,6% (76,2 millones -64,3 a 90,6-).

•       La tasa de incidencia por 100.000: 4802,4 casos (4108,2- 5588,6).

COVID-19 Mental Disorders Collaborators (2021) The Lancet, 398(10312): 1700-1712. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7
·        Los trastornos de ansiedad en España: 6,7% de población (8,8% en mujeres, 4,5% en hombres).

·        TDAH en España: 40% de las consultas de especialistas en neuropediatría.

·        Estimación ansiedad en la población infanto-juvenil (OMS): entre un 5% y un 8%.

Sistema Nacional de Salud (2020, diciembre). Salud mental en datos. BDCAP-Series 2.
a) Buena salud física autoinformada:

·        En 2017: 86,7%

·        En 2020-21: 54,6%.

b) Trastornos mentales en la juventud:

·        En 2017:  6,2%.

·        En 2020: 15.9%.

c) Ideas suicidas en la juventud:

·        En 2019:5,8%.

·        En 2021: 8,9%.

·        35,4% lo ha pensado alguna vez

d) Otras alteraciones:

·        56%: Dificultad para concentrarse y control de impulsos (edad 15-20).

·        47%: Inquietud/desasosiego (edad 20-24).

·        38%: irritación, explosividad (edad 20-24).

·        48%: cansancio y apatía (edad 20-24).

·        45%: miedo e incertidumbre ante el futuro (edad 20-24).

·        44% dificultades para dormir (edad 20-24).

Sanmartín, A., Ballesteros, J. C., Calderón, D. y Kuric, S. (2022), Barómetro Juvenil 2021, Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación FAD Juventud.

(ver también: https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2022-06-03/peor-salud-fisica-y-mental-jovenes-espanoles_3435341/)

 

•       Tasa de emancipación juvenil: El 14,9%. de las personas jóvenes está emancipado. Consejo de la Juventud de España (2021).

Fuente: Elaboración propia

 

Un trabajo, publicado en la revista Lancet,7 realizado por un equipo internacional de investigadores sobre trastornos mentales y COVID-19, basado en una revisión sistemática de 40 estudios publicados entre enero de 2020 y enero de 2021 en todo el mundo, concluye que globalmente se ha producido un incremento adicional de 53,2 millones de casos adicionales de trastorno depresivo mayor (un incremento del 27,6%) como consecuencia de la pandemia. En este mismo estudio se apunta el dato de que el incremento adicional de trastornos de ansiedad es del 25,6% (esto supone una cantidad absoluta estimada de 76,2 millones de personas afectadas). Los cálculos, bastante rigurosos, de este este estudio no permiten, sin embargo, estimar cuánto de este crecimiento de las tasas de depresión y ansiedad se deben a efectos exclusivos de la pandemia, y cuántos se deben al efecto acumulado de otras amenazas derivadas de la crisis económica desencadenada después de la caída de Lehman Brothers (2008), de las ocasionadas por otras alertas sanitarias, las guerras en el mundo, los movimientos migratorios forzados o las amenazas derivadas del calentamiento global y el cambio climático. Lo que parece claro, tal y como se recoge en la tabla 1, es que las vidas personales y los niveles de salud y bienestar están claramente marcados por las circunstancias extremadamente demandantes que estamos viviendo.

Otros indicadores recogidos en la mencionada tabla aluden a indicios sustanciales de alteraciones de los indicadores de salud mental que afectan a la población española. Llama la atención, por ejemplo, el registro de la incidencia de los trastornos de ansiedad generalizada en la población española que afectan al 6,7% de población total, con una diferencia en la incidencia entre mujeres (8,8%) y hombre (4,5%), según un informe de 2020 del sistema Nacional de Salud.8

Igualmente, merece la pena destacar que en la población juvenil española la tasa de incidencia de trastornos mentales en el año 2020 es del 15,9%, mientras que tres años antes esta tasa era del 6,2%, lo cual puede ser un indicador de la incidencia diferencial de los efectos de las crisis en grupos especialmente vulnerables. También llama la atención el incremento de la ideación suicida en tres puntos en este mismo grupo de edad. Estos datos, tomados del Barómetro Juvenil 2021. Salud y bienestar,9 y otros que se recogen en la tabla 1, según reconocen las personas encuestadas, son síntomas que están estrechamente relacionados con el estrés que les produce el trabajo y los estudios (63%) y la situación económica (51,4%). Teniendo en cuenta este tipo de datos, no puede llamar la atención la baja incidencia de otro indicador de vulnerabilidad de la población juvenil como el que se refleja en las dificultades de emancipación juvenil (solo el 14,9% de está emancipado), tasa esta que, según reconocen el informe del Consejo de la Juventud de España,10  es la tasa más baja de emancipación juvenil de las dos últimas décadas.

Los datos recogidos son un indicador de la soterrada situación de trauma compartido que se está viviendo. Y muestran, en conjunto, la extremada vulnerabilidad de grupos particulares y de la sociedad en su conjunto. En algunos foros de discusión, normalmente de personas acomodadas relativamente blindadas ante las más negativas secuelas de estas situaciones, se alude a la “generación de mantequilla”, para aludir a la escasa capacidad de resiliencia que algunos modelos educativos han generado en las nuevas generaciones y que contrastan con la capacidad de aguante y sacrificio de otras personas en otros momentos históricos. No puede ser más desenfocada esta alusión, como algunas otras muchas derivadas de superficiales libros de autoayuda. Realmente, las borrascas encadenadas que estamos viviendo no serán el fin del mundo, pero exigen de las personas y los grupos estrategias de adaptación y afrontamiento con elevados costes psicológicos, de los cuales los datos anteriores son solo indicios de las alteraciones globales que se están produciendo. Además de mostrar un bajísimo nivel de empatía ante el sufrimiento humano que estas crisis desencadenan, los acomodados líderes que argumenta estas ideas pretenden incrementar la responsabilidad individual en las consecuencias. Este argumento convierte a la víctima en su propio verdugo, agravando aún más los síntomas del estrés, al convertir la propia situación de malestar en un destructivo reproche a sí mismo, cuyas consecuencias se traducen en un incremento de los sentimientos de culpabilidad e, incluso, un motivo para la propia agresión.

Más allá de los síntomas, estos datos plantean la necesidad de recurrir a algunas claves que nos ayuden a mejor comprender estas situaciones de vulnerabilidad, que obviamente no pueden agotarse en la extensión limitada de este artículo. Algunas de estas claves son, en realidad, dimensiones emocionales vinculadas a la experiencia de estas situaciones de amenazas encadenadas que estamos viviendo, que actúan como lastre que dificulta comprender mejor la situación así como tranquilizar sobre nuestras capacidades personales para hacerles frente.

 

Clave 1. Tratar con la incertidumbre y miedo

El filósofo Han, antes mencionado, alude a que el prototipo ideal de la persona en las sociedades modernas (en el momento en el que él escribe, en el tránsito de siglo pasado al actual) es el del «sujeto del rendimiento». Y este referente, sin duda, ha planteado un horizonte axiológico basado en el planteamiento de metas y consecución de objetivos coherentes, basados en el principio de racionalidad en la gestión de la información disponible. Sin duda, este modelo es, en exceso, artificial y voluntarioso. Y todo ello se desmorona cuando la ecuación de metas-objetivos-acciones se llena del ruido que produce la incertidumbre extrema de una situación.

Pero, ¿por qué atribuir tantos efectos negativos a la exposición a situaciones de incertidumbre? En realidad, el funcionamiento psicológico está preparado para la acción en situaciones de incertidumbre. Algunos investigadores defienden, incluso, que la alerta que produce cualquier señal imprevista y sorprendente desencadena el mecanismo, evolutivamente adquirido, de la curiosidad. La curiosidad es un tipo de respuesta que pone en alerta a la persona ante el peligro que pudiera entrañar una señal o información imprevista. De hecho, como se ha escrito, la selección natural ha favorecido a los individuos más sensibles a las alarmas, sean reales o infundadas.  Dos psicólogos sociales, Haselton y Nettle, acuñaron en el año 200611 el término de «paranoia optimista». La paranoia optimista alude al hecho de que los costes de alarmarse inútilmente son, en términos funcionales, menores que los riesgos derivados de no alarmarse. Podría conectarse con el refrán castizo de «mejor prevenir que lamentar». En términos evolutivos, podríamos decir que los individuos de las comunidades de nuestros ancestros que se alarmaban por la rápida aparición de un nubarrón en el cielo y corrían a protegerse se adaptaron mejor que aquellos que despreciaron esa señal de alarma, que, de haberse producido, podrían haber tenido consecuencias fatales. El coste funcional de alarmarse es menor que el coste potencial de no alarmarse (que puede tener consecuencias irreversibles). Desde este punto de vista, el miedo ante señales inciertas no tiene nada de irracional; al contrario, constituye un recurso de sagacidad que asegura la supervivencia. En otras palabras, como reconoce Gérald Bronner,  «somos descendientes de los miedosos».12

La paranoia optimista precisamente alude al sesgo de estimar de manera diferente el estado personal de la situación social. De hecho, como sugieren los autores, este fenómeno del optimismo paranoico predice «paranoia sobre el entorno, pero optimismo sobre uno mismo». Y Haselton y Nettle, en el artículo antes citado, reconocen que hay evidencias en la literatura que sugieren este doble rasero. Y citan varios de estos trabajos.13 Por ejemplo, un metaanálisis de más de 70 estudios de satisfacción con la vida de nueve países muestra que las personas tienden a creer que su propia vida está mejorando, al mismo tiempo que creen que la vida en general en el país donde viven está empeorando.14 Igualmente, citan el trabajo de McKenna,15 en el que se confirma que las personas creen que tienen menos riesgo de ser víctima de un accidente de coche si son conductores, pero no son pasajeros. Este mecanismo regulador se ve afectado por la intensa propaganda del terror, tal y como describiera hace algunos años Naomi Klein.

Este fenómeno de la paranoia optimista debe tranquilizar sobre el papel adaptativo del miedo, procurando evitar el miedo a tener miedo. Pero, este enganche, de origen evolutivo, con los mensajes alarmantes tiene un efecto perverso que deriva del hecho de que concede a aquellos que actúan como “productores del miedo” una “ventaja competitiva”. Y esta ventaja competitiva, además, se justifica en que, como se ha mostrado en la psicología social, las informaciones negativas son más seguidas que las positivas.16  Es mucho más probable que se sigan los mensajes de miedo e incertidumbre que cualquier otro mensaje. Esta idea ya fue anunciada por Naomi Klein en su libro de 2007,17 donde anunciaba la difusión de mensajes de miedo como estrategia controladora de las respuestas de las personas antes situaciones difíciles, explicando el contexto político y económico de este abuso del miedo que ella denominó la «doctrina del shock».

Así pues, más allá de visiones conspiranoicas, a mí me preocupa que, frente a los discursos infundados que prometen futuros felices de estética Disney, se generalice lo que Bronner ha denominado el «embotellamiento de temores», que agotan la capacidad de respuesta humana ante las situaciones de desastres y que pueden describir la sensación de falta de futuro que muchas personas tienen en el momento presente.

¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos en estas situaciones? El rasgo más característico que emerge es precisamente el de la indefensión, la creencia en la imposibilidad de afrontar estas situaciones, lo que explica alguna de las altas tasas de incidencia de trastornos de la salud mental que se comentaron anteriormente.  Frente a esto, hay que asumir, como condición normal de desenvolvimiento, un óptimo nivel de incertidumbre como una vacuna frente a la inoculación de temores y miedos infundados.

En otras palabras, hay que definir estrategias sociales y personales basadas en tratar (negociar) con un cierto nivel de incertidumbre, asumiendo compromisos y riesgos derivados de ello, pero sin caer en indefensión. No todo está asegurado, pero tampoco todo está condenado fatalmente. Un ejemplo que podría ilustrar esta reacción es la respuesta humana ante el calentamiento global. Obviamente, el riesgo y el miedo es real, y los factores que amenazan la supervivencia están relacionados con acciones, estilos de vida y patrones de organización económica y social, y no surgen como consecuencia de dinámicas autónomas de la naturaleza. Una difusión mera y descarnada de los mensajes de miedo puede hacer que las personas desconecten de los mismos y de las ideas y propuestas en que se apoya. Y, sin embargo, hay que negociar entre la inoculación del miedo y la difusión de información sobre las medidas de mitigación más adecuadas. No es suficiente el mensaje del miedo, aunque sea más probable que este sea el mensaje que llegue. Para negociar y tratar con la incertidumbre es decisivo abrir caminos a la acción y la intervención humana. Por eso, es muy importante recuperar el principio de la responsabilidad (básico en el ecologismo contemporáneo, como el de James Lovelock), que no solo conduce a imaginar siempre lo peor, sino a asumir los cambios en los patrones y estilos de vida que puedan mitigar o evitar el potencial colapso. Siempre habrá algo que se pueda hacer y, de hecho, el miedo no es necesariamente paralizante, si va acompañado de la difusión de estrategias que refuercen la adopción de medidas de afrontamiento sin renunciar a establecer consecuencias.

Tabla 2. Contradicción en la opinión sobre política y cambio climático

Pregunta 17

Y, ¿Qué importancia, mucha, bastante, poca o ninguna, cree Ud. que deberían dar en sus programas los partidos políticos españoles a luchar contra el cambio climático?

Mucho 36,9
Bastante 24,7
Poca 9,5
Ninguna 3,2
N.S. 5,3
N.C. 0,6
(N) (2.974)

 

Pregunta 18

En general, ¿Cuánto influye en usted la problemática ecologista y medioambiental la hora de vota por un partido político o por otro: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho 7,4
Bastante 24,7
(NO LEER) Regular 10,8
Poco 30,2
Nada 20,7
No sabe, duda 5,5
N.C. 0,7
(N) (2.974)

 

Fuente: CIS.18

Un caso claro de esta contradicción podemos observarlo en los datos de uno de los estudios del CIS sobre el cambio climático de 2018. En este estudio (véase la tabla 2), observamos el registro de dos datos esencialmente contradictorios. Cuando se pregunta a la muestra de participantes hasta qué punto considera conveniente que los partidos políticos introduzcan en sus programas medias de lucha contra el cambio climático, se obtiene que un porcentaje superior al 80% de las personas encuestadas creen que es muy y bastante necesario. Sin embargo, cuando se pregunta hasta qué punto tiene en cuenta las propuestas sobre medio ambiente en general a la hora de votar, el porcentaje de personas que lo tienen en cuenta bastante o mucho se reduce a poco más del 30%. Es un indicio claro de falta de “consecuencialismo”. O quizás es solo el reflejo de una cierto “ecofatalismo”. La tendencia al ecofatalismo refuerza el carácter inevitable de los datos de la evolución del cambio climático. El ecofatalismo no se basa en el miedo y en la incertidumbre, sino en la certidumbre del desastre inevitables, del “naufragio inminente” que ya se está produciendo.

Y esto se relaciona con la segunda de las claves que quiero mencionar: la parálisis de la acción,

 

Clave 2. Parálisis de acción: «bostezando en el Apocalipsis»

En el año 2018, dos psicólogos de la Universidad de Cambridge escribieron un pequeño artículo titulado «Bostezando en el Apocalipsis».19 Intentan explicar la falta de respuesta ante la gravedad de algunas de las amenazas, especialmente las derivadas del cambio climático. En realidad, la imagen que sugiere este trabajo intriga más que aclara. Pero, sin duda, plantea una cuestión relevante sobre las razones de la aparente inacción ante los graves problemas actuales, incluidos, por supuesto, los de la emergencia climática. Para más enganche, proponen una interesante interpretación del cuento sobre el cerdo y el cuervo del fabulista ruso Ivan Andreevich Krylov (1769-1844). Esta fábula cuenta la historia de un cerdo que, después de haber comido hasta hartarse las bellotas que están debajo de un roble, se dedica, jugueteando, a hozar las raíces del árbol dejándolas al descubierto. El cuervo le advierte del riesgo que eso supone para el roble, que podría llegar a secarse. Y el cerdo le replica: «a quién le importa un árbol cuando uno está harto de bellotas». Esta imagen ilustra la despreocupación por las consecuencias futuras de las acciones que se desarrollan buscando una ganancia inmediata y, en cierta medida, puede ser aplicable para definir algunas claves de la percepción humana de problemas como el cambio climático. Reposando después de una suculenta comida, uno queda inactivo ante los riesgos que atenazan el futuro. En efecto, una posible explicación de la falta de implicación se deriva de la incapacidad para estimar las consecuencias de las decisiones que se toman, así como de los hábitos que conforman los estilos de vida cotidiana.

Esta no es la única explicación de la inacción. William Rees publicó un artículo de divulgación en 2017 con el título «What, Me Worry? Humans Are Blind to Inminnent Environmental Collapse». Basándose en una contribución previa,20 aduce, como han hecho otros investigadores, que la cuestión no es tanto que no preocupe el cambio climático como que el problema es tan enorme e inabarcable que incluso las personas preocupadas se sienten impotentes y sin saber qué se puede hacer. De hecho, algunos autores como Glenn Albrecht han hablado de «ecoparálisis»21 y otros investigadores han señalado directamente la ansiedad por el cambio climático22 e, incluso, en algunas contribuciones se alude específicamente a la significación clínica de la ansiedad o preocupación por el cambio climático.23 Los resultados de este último artículo sugieren, entre otras cosas, que la ansiedad por el cambio climático no es infrecuente, especialmente entre los adultos más jóvenes, dato confirmado también con muestras adolescentes y jóvenes en nuestro país por un estudio que hemos realizado hace unos meses. Pero lo que me parece más importante de este artículo es que se confirma empíricamente que la ansiedad por el cambio climático está correlacionada con respuestas emocionales, pero no conductuales, ante el cambio climático. Y aquí nos encontramos, otra vez, con la inacción. Aunque sea exagerado decir que «bostezamos ante el apocalipsis», está claro que este elevado nivel de preocupación no cambia necesariamente las acciones de las personas. Aunque el problema obviamente preocupa y es objeto de interés, las causas y las consecuencias son realmente inabarcables y acaba suscitando intensas respuestas emocionales –como la compasión e incluso angustia– sin encontrar las estrategias para dar rienda suelta a estas respuestas emocionales.

Una vez más, la cuestión no se refiere solo a la dimensión real y objetiva de los problemas que nos atenaza, sino al modo en que percibimos (vale decir, “experimentamos”) los problemas de nuestra época. Y el rasgo más importante es que están fuera de nuestro control. La experiencia concatenada de crisis sucesivas refuerza, aún más, esta respuesta de indefensión que se asocia a pautas depresivas según las cuales no hay nada que hacer. De hecho, aunque sin connotación clínica, en muchos estudios de opinión se suelen registrar dos tipos de respuesta con frecuencias bastante elevadas. La primera podría ser etiquetada como ineficacia («cambiar mi comportamiento no tendrá efectos reales»); y la segunda, como desconocimiento («no sé lo que yo puedo hacer contra el cambio climático»). Por ejemplo, en un estudio de referencia de 2014 sobre cambio climático en España de GFK, estas categorías agrupan respectivamente el 24% y el 19% respectivamente del total de la muestra de participantes. En conjunto, el 43% de las respuestas. Especialmente relevante es la percepción de ineficacia de la propia acción, que refuerza el sentimiento de dependencia de la persona y desmotiva para implicarse en acciones que puedan tener impacto en las circunstancias de la propia existencia. La disminución del sentimiento de control sobre las situaciones avala la generalización de patrones de respuestas inactivas y la tendencia a la parálisis.

Esto se ve reforzado, en la situación actual, por la existencia de amenazas concatenadas y seguramente relacionadas entre sí. El mismo hecho de la proliferación de amenazas –económicas, sanitarias, ambientales y de todo tipo– redunda en la tendencia a convertirse en espectador y no en actor. Uno se refugia, agobiado por el exceso de exhibición de riesgos, en su propia esfera privada, rumiando incesantemente argumentos paralizantes y los juicios sobre la esterilidad de la acción misma. La tendencia a la inacción surge como consecuencia del exceso de señales, sean positivas o negativas. Un experimento que narra el psicólogo alemán Gerd Gigerenzer24 sobre el comportamiento ante un estante repleto de 24 productos (en este caso, confituras) y otro con solo 4 de estos productos, muestra que, obviamente, el estante con más productos ocupó más tiempo de atención de los clientes, pero suscito menos decisiones de compra. El segundo de los estantes atrae menos la atención, pero facilita diez veces más decisiones de compra que el primero. Es decir, es mucho más probable que adoptemos acciones efectivas en contextos no saturados que en situaciones que provocan un alto nivel de estimulación. Esta evidencia puede ser generalizada a otros muchos contextos, más allá del ámbito de comportamiento de compra del estudio original. Y, en efecto, en situaciones de demandas múltiples y excesivas, es mucho más probable que los planes de acción se paralicen, sea por miedo o por simple prudencia. O quizás como consecuencia del estado de confusión mental que puede generar estar expuesto a una ingente cantidad de señales que demandan nuestra atención.

Y, en momentos como los presentes, evidentemente hay muchas señales –la mayor parte de ellas de alerta– que llaman nuestra atención. En la sociedad digital podría pensarse en una excepción de esta regla que se refiere sobre todo al desplazamiento de nuestras intenciones de acción (o incluso nuestra indignación) a través de las redes sociales. Así, las redes sociales pueden llegar a convertirse en canales a través de los cuales se expresan, como si fueran acciones simuladas, dosis ingentes de indignación y cólera. Diversos autores (por ejemplo, Gerald Bronner, ya citado) han reconocido el interés, a este respecto, del comentario de Crockett en la revista Nature (Human Behaviour) de 2017 sobre la expresión de la indignación moral en redes sociales25 que, junto a muchas luces que presenta –expresión de críticas, ámbito de acciones fuera de circuitos controlados, etc.–,  puede tener un “lado oscuro” y servir como sustituto de acciones y compromisos efectivos, reducir los discursos sociales elaborados más productivos y, como este autor reconoce en sus conclusiones, «puede exacerbar conflictos sociales, deshumanizar a los demás y aumentar el riesgo de peleas destructivas».

 

Clave 3. Vacío existencial: soledad y solastalgia

La expresión de vacío existencial quizás resulte un tanto retórica, y, en efecto, lo es. Pero con ella quiero referirme a la experiencia de fragilidad que nos invade cuando sentimos que los puntales de nuestra existencia se desvanecen. Esencialmente, los dos puntales más importantes de nuestra existencia son la relación con los otros y la vinculación emocional y apego a los lugares que habitamos. Ambos referentes son cruciales en la construcción de la propia identidad. El vacío existencial, pues, fundamentalmente, se produce cuando se difumina los patrones de nuestra propia identidad por la falta de referentes sociales o la desaparición de los lugares que nos anclan al territorio.

La soledad. La disminución de los lazos sociales o la falta de apoyo social percibido constituye el primero de los eslabones que desencadenan esta experiencia de vacío existencial. Como es bien sabido, desde la vieja teoría de Cooley del «yo espejo», los otros son un apoyo fundamental en el manejo de nuestra propia vida. Sin ellos, sin su referencia, quizás nos convirtamos en ciclistas alocados que deambulan por una ruta sin sentido. Siempre me ha impresionado la imagen del conejo blanco que se describe en el libro Alicia en el país de las maravillas, y que mira compulsivamente su reloj insistiendo en que llega tarde sin que quede claro ni el motivo ni el destino, reflejando, mucho tiempo antes de que se describiera, el comportamiento ansioso compulsivo. La falta de referencias de la presencia, real o imaginaria, de los otros es una fuente de esta respuesta ansiosa. Así, emerge como un problema clave la denominada experiencia de soledad.

La soledad puede definirse como la experiencia subjetiva relacionada con la insatisfacción con las relaciones sociales esperadas. La soledad, por definición, es, pues, la experiencia de una persona que quiere abrirse a los demás y no tiene éxito, siendo, en mi opinión, redundante el uso de la coletilla “no deseada”.

Uno de los más interesantes informes sobre el sentimiento de soledad ha sido publicado en el año 2020, pero con datos referidos a 2018.26 Según este informe, el 10,2% de la población de Madrid (aproximadamente, 400.000 personas) se ha sentido sola siempre, casi siempre o bastantes veces. Y de ellos, el 21,5% viven solos, aunque también aparece este sentimiento en el 8,5% de las personas que viven acompañadas. De hecho, en algunos textos se ha etiquetado este problema como una verdadera epidemia en ascenso y un problema de salud pública.27 Según esta nota de Cacioppo y Cacioppo, publicada en la revista The Lancet, la experiencia de la soledad puede producir un 26% más de riesgo de mortalidad y, según su estimación, afecta a alrededor de un tercio de la población de los países desarrollados. Cabe imaginar que las condiciones vividas en la pandemia posiblemente hayan incrementado la tasa de población afectada, así como la gravedad de sus secuelas. También estos autores plantean algo que es lógico y es que, tanto las condiciones extremas de soledad como sus más graves efectos, están relacionado con variables como el nivel de ingresos, la educación, el género, la raza. Y en determinadas situaciones resulta contagiosa. La experiencia de la soledad también se explica por las condiciones estructurales de la sociedad.

La explicación de este fenómeno es bastante compleja y requiere recurrir a causas de nivel macrosistémico (como la organización espacial de los entornos urbanos), mesosistémico (como la disminución de la intensidad de los lazos comunitarios) y microsistémico (como quizás el exagerado aprecio de la autonomía individual en algunas etapas de la vida). Tanto las causas como las consecuencias deberían ser objeto de estudio, más aún después de la experiencia de la pandemia, en la que muchos grupos y colectivos se dieron cuenta de la vulnerabilidad añadida de las personas en soledad, acometiendo programas e iniciativas de apoyo social a las personas más vulnerables. En cualquier caso, la experiencia de la soledad no puede considerarse fruto exclusivo de una decisión personal (por rasgos caracteriales de la persona afectada o por el denominado síndrome del ermitaño), sino el reflejo de desajustes graves en el flujo de interacción social que se reduce también como consecuencia de la exposición a entornos gravemente afectados por la crisis económica, ambiental y sanitaria, entre otras. De los muchos efectos que se pueden registrar, uno de los más importantes en el desdibujamiento de la propia identidad como consecuencia de la falta de contacto social, sea intencional o no. De hecho, se hace necesaria una especie de cirugía social a través de programas comunitarios, intervenciones conductuales e incluso recursos online para hacer frente al problema de la soledad. Una de las potenciales consecuencias –además de los riesgos para la salud física y psicológica, así como el incremento de la fobia social– es, precisamente, la restricción del horizonte vital que, en algún lugar, se ha denominado déficit de futuro.

El apego al lugar y la solastalgia. El vacío existencial también puede estar motivado por la ruptura o el deterioro de la estrecha vinculación emocional que se construye en la relación con los lugares. De hecho, los lugares son un referente importante en la formación de la propia identidad. En la psicología ambiental se aborda este proceso con la etiqueta del apego al lugar,28 que ha sido estudiado especialmente –aunque no solo– en relación con el ambiente residencial. El apego hace referencia «al vínculo que las personas establecen con los entornos en los que llevan a cabo sus actividades diarias y el desarrollo de sus historias personales, donde la persona se siente segura y a salvo y en el que, por tanto, quiere permanecer».29 Este vínculo (unidireccional, a diferencia del apego social) supone establecer lazos afectivos con el entorno que acaba actuando como una extensión del propio yo. La cuestión es cuáles son los efectos que tiene la ruptura de este vínculo. Cabe imaginar que los efectos son corrosivos. De hecho, en este mismo artículo se apunta que «la mayoría de la evidencia disponible parece consistente al señalar que hay una influencia positiva del apego al lugar sobre la felicidad, independientemente tanto de que esta se conceptualice como calidad de vida, satisfacción con la vida o bienestar».30  En consecuencia, se puede deducir que la ruptura del apego al lugar puede afectar seriamente tanto al equilibrio emocional como al desempeño psicológico.

Un caso específico que podría relacionarse o deducirse del apego al lugar es el que se plantea con el concepto de solastalgia.31 Glenn Albrecht explica la génesis del término relacionando la primera parte del término con el verbo latino solari (aliviar, calmar, apaciguar) y la conocida terminación de origen griega de -algia para referirse al dolor o tristeza. De esta forma, el término, ampliamente reconocido, aunque aún poco investigado empíricamente, alude a la experiencia de desolación que puede describir, simultáneamente, el sentimiento personal de abandono por una crisis existencial y la apreciación de un lugar o un paisaje con un alto nivel de degradación y/o deterioro. Albrecht define la solastalgia como «el dolor y la angustia causada por la pérdida continuada de consuelo y la sensación de desolación producida por el estado actual del entorno y del territorio».32 Este tipo de emoción negativa genera una experiencia existencial de malestar que se produce como consecuencia de la observación de un cambio ambiental negativo que rompe el vínculo afectivo de la persona con el lugar. Es, en definitiva, el trauma producido por la destrucción del “sentido del lugar” que trabajosamente las personas construimos a lo largo de nuestra experiencia ambiental.  Se supone que ello se traduce, entre otras cosas, en una crisis existencial que afecta tanto a la persona como a las comunidades. En suma, la solastalgia describe la respuesta emocional negativa que surge por el hecho de que la degradación y pérdida del territorio que produce también el deterioro del sentido del lugar, a la vez que socava elementos claves de la propia identidad.

Pero la ansiedad solastálgica no está motivada únicamente por el impacto paisajístico y territorial de la actividad minera o cualquier otra actividad humana que directamente degrada el entorno. Se puede relacionar con el juicio de la irreversibilidad de la destrucción de un entorno (natural o urbano) que puede aparecer como consecuencia de una sequía persistente, las inundaciones, los incendios o los procesos de gentrificación urbana, entre otros factores. En definitiva, define la experiencia vivida de los efectos negativos de los procesos de degradación del entorno que vive una persona.

Entre otras consecuencias, la hipótesis de la solastalgia supone una pérdida personal puesto que con la pérdida del lugar se pierden las emociones a él asociadas y en él guardadas en las distintas etapas de la vida. Y esto altera el nivel de bienestar existencial que el territorio y los lugares proporcionan. También puede hacer emerger un sentimiento que podemos denominar déficit de futuro, un sentimiento producido por una pérdida que personalmente se considera irrecuperable. Los procesos de degradación ambiental actúan como desencadenantes de una angustia irremediable por la imposibilidad de recuperar los recuerdos y emociones que guardamos en los lugares que habitamos y los daños colaterales que estos procesos de cambio ambiental negativo producen a la propia identidad.

El estudio de estas emociones negativas se encuentra en un estado incipiente y muchas de nuestras suposiciones se encuentran en un estado embrionario, basado en intuiciones; es necesario el desarrollo de líneas de trabajo e investigación que empíricamente puedan mostrar la incidencia psicológica de los procesos de degradación ambiental en la degradación de la propia identidad.

La soledad y la solastalgia son solo dos ejemplos con los que se pretende mostrar que los graves problemas globales tienen secuelas que afectan a dimensiones íntimas de la vida cotidiana, que, en este caso, se vinculan con lo que se ha denominado el vacío existencial.

 

Conclusión

Este trabajo pretende ofrecer algunas claves para la lectura existencial de algunos efectos de las crisis concatenadas que vivimos en el momento presente y que afectan a prácticamente todos los escenarios en los que transcurre nuestra vida cotidiana. Es cierto que el momento presente, quizás más que otros períodos del pasado, puede describirse como una experiencia traumática.

Las emergencias intensas repentinamente entran en nuestra biografía y la evolución de los parámetros estructurales –ecológicos, económicos, políticos, geopolíticos y de emergencia sanitaria, entre otros– incrementa el catálogo de riesgos que nos amenazan. Tan importante como este catálogo de amenazas es el modo en que las personas construyen significados de esta experiencia de trauma compartido. No está claro que compartir experiencias traumáticas genere espontáneamente más redes solidarias. Estas tienen que aparecer como consecuencia de un esfuerzo voluntarioso y comprometido por descubrir que el destino personal es indisociable del destino colectivo. Y poder reconstruir redes de apoyo social e institucional para hacer frente a las situaciones de grupos y personas más vulnerables.

Junto a este esfuerzo, es necesario alertar del riesgo de colapso ecológico. Algunos especialistas defienden que el origen de estas crisis concatenadas hay que buscarlo en la inadecuada relación que nuestras sociedades y nosotros mismos tenemos con los hábitats y los recursos que contienen. Recuperar la importancia del vínculo con el territorio puede ser clave para asumir con más detalle la responsabilidad en su cuidado y el apoyo a políticas públicas que mitiguen los graves y alarmantes indicadores de crisis ecosocial.

La experiencia de estos últimos años, como hemos visto, nos ha hecho más vulnerables. Si algo estamos aprendiendo de esta situación es que, como en los contagios víricos, dependemos unos de otros. Avishai Margalit, en un libro de referencia de hace algunos años,33 dice que la sociedad civilizada nos ha permitido aprender, aunque se olvide con mucha frecuencia, a no humillarnos entre nosotros. Propone, además, que la sociedad sea decente. La sociedad decente es aquella en la que las instituciones asumen el compromiso de no humillar a las personas. Exigir a las instituciones públicas un compromiso para defender y no humillar a las personas, es una tarea de siempre. Es aún más imperioso exigir este compromiso en el momento presente.

José Antonio Corraliza Rodríguez es catedrático de Psicología social en la Universidad Autónoma de Madrid.

NOTAS

1 John Kenneth Galbraith, La era de la incertidumbre, Plaza & Janés, Barcelona, 1981.

2 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, capítulo XVIII (primera parte), Alfaguara, Madrid, 2015 [1605].

3 Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio (segundo ensayo: «Más allá de la sociedad disciplinaria»), Bilbao, Herder, Bilbao, 2012.

4 Charles Wright-Mills, La imaginación sociológica, FCE, Madrid, 1999.

5 Ulrich Beck, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Paidós, Madrid, 2006.

6 Fundación Adecco/Johnson & Johnson, Un empleo para la #SaludMental, 2021, disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Art%C3%ADculo%20de%20FUHEM%202022/ADecco,%201921%20Informe-Un-empleo-para-la-salud-mental.pdf

7 COVID-19 Mental Disorders Collaborators, «Global Prevalence and Burden of Depressive and Anxiety Disorders in 204 Countries and Territories in 2020 Due to the COVID-19 Pandemic», The Lancet, 398(10312): 1700-1712, 2021, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02143-7

8 Sistema Nacional de Salud, Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos y fármacos relacionados a partir de registros clínicos de atención primaria. BDCAP-Series 2, diciembre de 2020, disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Salud_mental_datos.pdf

9 Anna Sanmartín, Juan Carlos Ballesteros, Daniel Calderón y Stribor Kuric, Barómetro Juvenil 2021. Salud y bienestar: Informe Sintético de Resultados, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación FAD Juventud, Madrid, 2022, DOI:  https://doi.org/10.5281/zenodo.6340841

10 Consejo de la Juventud de España, Observatorio de Emancipación del primer semestre de 2021, Consejo de la Juventud de España (CJE), Madrid, 2021, disponible en: http://www.cje.org/es/publicaciones/novedades/observatorio-emancipacion-primer-semestre-2021/#:~:text=Observatorio%20de%20Emancipaci%C3%B3n%20primer%20semestre%202021&text=La%20presente%20edici%C3%B3n%20registra%20la,j%C3%B3venes%20en%20Espa%C3%B1a%20est%C3%A1%20emancipado.

11 Martie G. Haselton y Daniel Nettle, «The “paranoid optimism”: An integrativee evolutionary model of cognitive bias», Personality and Social Psychology Review, 10 (1), 2006, pp. 47-66.

12 Gérald Bronner, Apocalipsis cognitivo. Cómo nos manipulan el cerebro en la era digital, Paidós, Madrid, 2021, p. 90.

13 Haselton y Nettle, op. cit., p. 29.

14 Michael R. Hagerty, «Was life better in the “good old days”? Intertemporal judgments of life satisfaction», Journal of Happiness Studies, 4, 2003, pp. 115-39.

15 Frank P. McKenna, «It won’t happen to me: Unrealistic optimism or illusion of control?», British Journal of Psychology, núm. 84, 1993, pp. 39-50. https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1993.tb02461.x

16 Michael Siegrist y George Cvektovichc, «Better negative than positive? Evidence of a bias for negative information about possible health dangers», Risk Analysis, 21, 2001, pp. 199-206. https://doi.org/10.1111/0272-4332.211102.

17 Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Paidós, Madrid, 2007.

18 Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Barómetro, noviembre de 2018.

19 Cameron Brick y Sander van der Linden, «Yawning at the Apocalypse», The Psychologist, 31, 2018, pp. 30-35.

20 William Rees, «What´s blocking sustainability? Human, nature, cognition and denial», Sustainability: Science, Practice and Policy, 6(2), 2010, pp. 13-25. https://doi.org/10.1080/15487733.2010.11908046

21 Glenn Albrecht, Las emociones de la tierra, mra ediciones, Barcelona, 2020, pp. 116 y ss.

22 Susan Clayton, «Climate Change and Mental Health», Current Environmental Health Reports, 8, 1-6, 2021. https://doi.org/10.1007/s40572-020-00303-3.

23 Susan Clayton y Bryan Karazsia, «Development and validation of a measure of climate change anxiety», Journal of Environmental Psychology, 69, 101434, 2020. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101434.

24 Gerd Gigerenzer, Decisiones instintivas: la inteligencia del inconsciente, Ariel, Barcelona, 2018.

25 Molly J. Crockett, (20117). «Moral outrage in the Digital Age», Nature Human Behaviour, 1, 2017, pp. 769-771, DOI: 10.1038/s41562-017-0213-3

26 Rodríguez Pérez M., Díaz-Olalla J. M., Pedrero Pérez E. J. y Sanz Cuesta M. R., (2020). «Informe monográfico: Sentimiento de Soledad en la Ciudad de Madrid», en Díaz Olalla J. M. (Dir.); Benítez Robredo M. T., Rodríguez Pérez M., y Sanz Cuesta M. R. (Coord.) Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018, Madrid Salud: Ayuntamiento de Madrid, Madrid, 2020, pp. 429-503.

27 John T. Cacioppo y Stephanie Cacioppo, «The growing problem of loneliness», The Lancet, 391(10119), 426, 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30142-9.

28 Bernardo Hernández, «Place Attachment: Antecedents and Consequences, PsyEcology, 12:1, 2021, pp. 99-122, disponible en: https://doi.org/10.1080/21711976.2020.1851879.

29 Ibid., p. 110.

30 Ibid., p. 117.

31 Albrecht, 2020, op.cit. Ver también José Antonio Corraliza, «¿Por qué nos duele la tierra? Emociones negativas y naturaleza», Hoja verde (ADENEX), 5, 2022, pp. 7-11.

32 Albrecht, op. cit., p. 59.

33 Avishai Margalit, La sociedad decente, Paidós, Barcelona, 2010.

 

Puedes descargar el texto del artículo en formato pdf: El malestar en época de crisis concatenadas: algunas claves psicosociales

 

 

 


Migraciones internacionales y justicia global a la luz de la filosofía política

Ensayo escrito por Nuria del Viso para el número 158 de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, que aborda uno de los problemas contemporáneos más relevantes: los derechos de los migrantes internacionales en un marco de justicia global.

Se considera esta cuestión partiendo de los planteamientos más relevantes para el caso de estudio. Se repasan las ideas de John Rawls para, a continuación, analizar las críticas a Rawls enunciadas por Thomas Pogge, Michael Walzer, Nancy Fraser e Iris Marion Young, para finalizar con algunas propuestas en los comentarios finales.

La cuestión de las migraciones internacionales emerge como una de las principales encrucijadas contemporáneas donde se entrelazan cuestiones de justicia, derechos, desigualdades y experiencias de sufrimiento humano.

Las actuales migraciones son reflejo de una determinada organización del mundo, fracturado –grosso modo– entre Norte y Sur global. En el capitalismo tardío, la organización de las migraciones desde el Norte global sirve a las necesidades económicas de trabajadores abundantes y baratos, tanto en la actividad fabril deslocalizada como en los países del Norte en empleos de menor estatus y salarios nimios. Es, precisamente, el desequilibrio entre el mundo rico y el pobre lo que mueve a muchas personas a desplazarse en busca de un futuro mejor.

El mundo contemporáneo vive la paradoja de una globalización de mercancías, capitales y personas pudientes, pero de fronteras infranqueables para el resto de seres humanos, situación que profundiza la brecha Norte-Sur, resultando en lo que Velasco (2020: 2) denomina con el oxímoron de “globalización fronterizada”.1

En las últimas dos décadas se ha configurado un nuevo orden migratorio internacional en el que las restricciones a la movilidad constituyen la regla y la libertad de circulación de las personas la excepción.2 Actualmente se da la coincidencia de, al menos, tres factores sobre esta cuestión:

1) Una profundización de las desigualdades y de la brecha Norte-Sur;

2) Un progresivo endurecimiento de las políticas migratorias en los países del Norte global, que conlleva un control más estricto de las fronteras a través de sofisticadas tecnologías. En paralelo, se produce la externalización de la gestión fronteriza a terceros países, alejando los espacios fronterizos de los países ricos;

3) La conceptualización de la migración como problema, cuyo foco es un tipo muy concreto, la denominada migración irregular, que justifica, a pesar de que constituye una porción exigua de los flujos migratorios, elevadas inversiones en la fortificación de las fronteras.

Estas tres dinámicas confluyen en la producción de una categoría de migrantes “ilegales” a la que se criminaliza, persigue y aplica toda clase de instrumentos punitivos. Quienes logran traspasar las fronteras del mundo rico no corren mejor suerte. Se ven amenazados por el internamiento indefinido y la expulsión y, en el eventual caso de lograr establecerse, se les niegan los derechos de ciudadanía. Como contrapunto, conviene recordar que la migración es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 13.2)3

Así, la posibilidad de viajar o no, de atravesar fronteras internacionales se ha convertido actualmente en un nuevo mecanismo de estratificación social y de segregación selectiva4 Estas dinámicas convierten los espacios fronterizos globales en limbos legales donde las leyes quedan en suspenso; un espacio de alegalidad donde que se producen graves violaciones de los derechos humanos. Todo ello plantea claros problemas de injusticia y abusos. ¿Cómo responden los filósofos políticos a estas cuestiones?

 

John Rawls: de la justicia nacional a la esfera global

Las ideas sobre la justicia han estado largo tiempo marcadas por la teoría de John Rawls desde la publicación de A Theory of Justice en 1971. Esta obra sentó las bases de un marco liberal igualitario todavía vigente. La justicia pertenece a la estructura básica de instituciones porque influye en la perspectiva de vida de las personas en la sociedad5 Las instituciones sitúan a los diferentes miembros (o incluso a los no-miembros) de una sociedad en diferentes posiciones que determinan sus opciones y oportunidades para desarrollar sus capacidades y alcanzar bienestar. En el modelo de Rawls, el Estado nación marca los límites de aplicación de la justicia, siendo la nacionalidad el elemento que condiciona los derechos y oportunidades de los sujetos. Así, se aplica un rasgo heredado o circunstancial, producto de una “lotería natural” como es nacer en un determinado país como salvoconducto para la movilidad planetaria.6 Caracteriza a una sociedad injusta el que determinados grupos de personas tengan menos oportunidades que otras, especialmente por rasgos no elegidos. En estas circunstancias, «el sentido de justicia se resiente».7 ¿Se aceptaría el actual régimen fronterizo en una hipotética situación de “velo de la ignorancia”, como teorizó Rawls? Parece que no, a la vista de las atrocidades y abusos de los derechos humanos que ocurren cada día en múltiples espacios de frontera a lo largo del planeta.

A medida que avanzaba el proceso globalizador en los años noventa, la tesis de la justicia limitada a las demarcaciones nacionales perdió base. En 1993, Rawls publicó Law of Peoples, o Derecho de gentes, la extensión al ámbito de las relaciones internacionales de su teoría de justicia como equidad, y donde sitúa los derechos humanos como elemento clave que establece los límites morales al pluralismo entre los pueblos.8 Si el liberalismo igualitario defiende que hacer justicia entraña «implementar algún tipo de reparación compensatoria a favor de quienes son víctimas de una mala suerte bruta que no han provocado ni elegido», en la senda del “igualitarismo de la suerte” marcada por Dworkin, esta idea solo se aplica en el interior de los estados. En Derecho de gentes Rawls cambia inexplicablemente el criterio primordial de la justicia: ya no es la redistribución de recursos, sino la estabilidad del sistema de estados. La atención a la injusticia en el mundo no constituye un deber de asistencia internacional, sino que queda a merced de la ayuda humanitaria. Así, la teoría de Rawls se queda corta para abordar los problemas globales, al tiempo que genera nuevos problemas de justicia en el interior de los estados, ya que al considerar sujetos de la redistribución –y, eventualmente de derechos políticos– estrictamente a los ciudadanos de cada unidad política implícitamente supone que los extranjeros que se hallen en ese territorio no son destinatarios natos de tales derechos.

Por su parte, Joseph Carens, también desde el liberalismo igualitario, parte del carácter moral arbitrario de las fronteras y concluye que el liberalismo igualitario conduce a la defensa de un mundo con fronteras territoriales abiertas en el que cada persona debe poder elegir su lugar de residencia.9 Carens señala que el estatus de ciudadanía en las democracias liberales occidentales es el equivalente moderno del privilegio feudal, un elemento heredado que multiplica nuestras oportunidades en la vida.10 De ser así, los principios de justicia deberían neutralizar esos factores. Siguiendo a Loewe, «un modo de hacerlo sería mediante el reconocimiento de obligaciones de justicia distributiva global (que Rawls expresamente rechaza. Otro modo, mediante el reconocimiento de un derecho a la movilidad sin fronteras».11

El modelo rawlsiano de justicia global fue contestado desde visiones más progresistas que criticaron que no hay razones para que los efectos de las asimetrías socioeconómicas globales sean tratados de manera diametralmente distinta en el plano nacional y global. Muy pronto se planteó un debate entre nacionalistas liberales, internacionalistas y cosmopolitas en torno a si tenemos obligaciones de justicia más allá del Estado nación. Cosmopolitas e internacionalistas coinciden en señalar que la posición liberal falla a la hora de asegurar una distribución equitativa de derechos y recursos en el plano global. Frente a la posición nacionalista de los liberales, la corriente cosmopolita afirma que el objeto de la justicia son las relaciones entre todos los seres humanos, y la unidad básica de distribución es el plano global. Por su parte, los internacionalistas plantean una estructura con dos niveles, nacional e internacional, que entraña distintos grados de obligaciones.

Las influyentes tesis de Rawls despertaron, no obstante, críticas desde diferentes visiones. Se destacan a continuación cuatro autores cuyos argumentos iluminan otros tantos elementos cruciales para pensar las migraciones internacionales desde la perspectiva de la justicia que están ausentes en la teoría rawlsiana. Estos autores son Thomas Pogge, que introduce en el campo de la justicia el elemento de la pobreza y los derechos humanos; Michael Walzer, quien explora la convivencia como base de la pertenencia y de la ciudadanía; Nancy Fraser, que examina la cuestión del sujeto de la justicia en la era de la globalización; y, finalmente, Iris Marion Young, con una singular reflexión sobre la injusticia estructural que resulta iluminadora aplicada a las migraciones internacionales.

 

Thomas Pogge: la pobreza en el marco de la justicia y los derechos humanos

Una de las críticas más contundentes al enfoque rawlsiano a escala global fue la de Thomas Pogge, cuya teoría trata la pobreza y los derechos humanos, lo que el autor denomina “cosmopolitismo moral en el lenguaje de los derechos humanos”.12 Para Pogge, la organización de la economía internacional produce externalidades que influyen en el desarrollo econoómico de las naciones. Aunque los factores internos de los países desempeñan un papel, la pobreza de algunas naciones solo se puede explicar si se atiende las consecuencias de otros factores con un carácter global en las políticas nacionales, tales como las reglas del comercio internacional. Así, Pogge entiende que los efectos de un sistema internacional que favorece a unos más que a otros se derivan obligaciones de justicia distributiva global. Este autor sitúa los derechos humanos como el mínimo básico debido a todos los seres humanos. El ideal de justicia se vincula así a los derechos humanos. En el caso de las migraciones internacionales, situar los derechos humanos como medida del mínimo exigible a todas las instituciones evitaría numerosos abusos y posibilitaría mejorar la situación y los derechos de los migrantes, tanto en tránsito como aquellos asentados en el interior de un estado.13

Aunque Pogge considera inadecuada la apertura de fronteras para eliminar la pobreza, pues solo lograría resolver la situación de unos pocos, sostiene que en el mundo contemporáneo se dan estructuras lo bastante sólidas como para garantizar la aplicación de principios jurídicos en las relaciones entre individuos de comunidades políticas distintas, y señala que «A los ciudadanos más privilegiados e influyentes de los países más poderosos […] les corresponde una responsabilidad compartida por el papel que desempeñan sus gobiernos […] en ese orden global».14 Este autor defiende que los países ricos deben modificar las condiciones de entrada de migrantes y, sobre todo, las aplicadas a su permanencia para aquellos en situaciones de necesidad extrema.15

Pogge aboga por un cosmopolitismo institucional en el que se da la distribución vertical de la soberanía ciudadana entre diferentes escalas de unidades políticas en las que ninguna domina al resto, con un doble movimiento de centralización y descentralización. Sin duda, la aplicación a las migraciones redundaría en un reequilibrio del poder, ya que unidades subnacionales podrían democráticamente acordar otras normas para la entrada y establecimiento de extranjeros, algo que desafortunadamente no es posible en la actualidad, como muestra la experiencia del Ayuntamiento de Riace (Italia)16 y el encausamiento y condena de su alcalde. Igualmente, la propuesta de Pogge permitiría el avance de una gobernanza global y la configuración de instituciones supranacionales con capacidades para instituir normativas de movilidad humana.

 

Michael Walzer: la convivencia como base de la pertenencia

En un importante texto,17 Walzer repasaba cuestiones relevantes a las migraciones internacionales cuando analizaba los entresijos de la pertenencia a una comunidad política y el tratamiento hacia los extranjeros que viven en ella. Walzer, desde su perspectiva comunitarista, señala que lo que se distribuye en la comunidad política es la pertenencia, que da acceso a toda otra gama de opciones materiales e inmateriales. Se trata de un bien primario que, en el actual modelo migratorio se niega o se restringe con frecuencia a ciertos extranjeros.

El autor desgrana cuál era el régimen de los extranjeros, los metecos, en la antigua Atenas: vivían en la ciudad, pero no podían acceder a la ciudadanía, y, por tanto, tampoco a los derechos que granjeaba. Walzer establece un paralelismo entre los metecos y los trabajadores huéspedes contemporáneos en las modernas economías centrales y en los países del Golfo, quienes carecen indefinidamente de todo derecho político.18

Este autor apunta otra cuestión importante: que un grupo social –los ciudadanos–, por mayoritario que sea, determine las oportunidades de los otros se traduce en opresión, y crea sociedades duales, o escindidas, con dos categorías de sujetos: los ciudadanos de pleno derecho y los extranjeros, sin derechos. Ello convierte la ciudadanía en un inesperado mecanismo de exclusión que rompe el principio de igualdad. Esta situación resulta inaceptable en una democracia donde impera el Estado de derecho. Walzer sostiene que la justicia distributiva comienza por dar acceso a la pertenencia, y aboga por revertir el actual estado de injusticia y ofrecer a los migrantes las oportunidades que brinda la ciudadanía. En este contexto, resulta crucial redefinir la institución de ciudadanía en clave inclusiva, o, dicho sinéticamente, es necesario desnacionalizar la institución de ciudadanía.19

 

Nancy Fraser: ¿Quién es el sujeto de la justicia en la globalización?

Esta filósofa plantea los límites del enfoque westfaliano-keynesiano de la justicia vinculados al Estado nación para abordar correctamente los problemas que surgen con la globalización, que ponen en cuestión no solo la sustancia de la justicia, sino también el marco de la misma. Fraser enuncia un modelo de justicia democrática postwestfaliana que se sostiene en tres pilares: la redistribución, el reconocimiento y –tras las críticas de Young a su enfoque dual original– la dimensión política, con la “paridad de participación” como principio.20

Esta autora se detiene a examinar las cuestiones de marco, que denomina «la política del enmarque», y que implica, en primer lugar, distinguir entre quiénes son parte de la comunidad, a quienes les corresponden derechos y obligaciones –esto es, quiénes son sujetos de la justicia– y quiénes no lo son.

Nancy Fraser también analiza los distintos niveles de la justicia metapolítica. El tercer nivel alude a las injusticias creadas por los procesos no democráticos con los que se establece el marco, y que adolece de paridad participativa. Fraser lo denomina representación fallida metapolítica, y surge «cuando los Estados y las élites transnacionales monopolizan la actividad de establecimiento del marco, negando voz a quienes pueden resultar perjudicados en el proceso e impidiendo la creación de foros democráticos» en los que se diriman sus reivindicaciones21 Es un hecho resaltable que, en particular en el caso de las migraciones internacionales en el ámbito de la UE, las políticas se han aprobado no solo sin participación de los afectados –se han desarrollado a nivel institucional estatal–, sino que además la aplicación de las normas en la UE se ha otorgado a una institución de nueva creación, Frontex (hoy denominada Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), que es una institución opaca y exentas de control democrático. Así, las migraciones internacionales podrían considerarse, en términos de Fraser, como un caso de representación fallida metapolítica.

 

Iris Marion Young: la injusticia estructural. Aplicación al caso de las migraciones

Young parte de que la conexión social surge antes que las instituciones políticas, y las obligaciones jurídicas son fruto de las relaciones institucionales de cooperación. Concibe la injusticia como una cuestión estructural, con cinco aristas –explotación, marginación, carencia de poder, imperialismo cultural y violencia–, y junto a las cuestiones de distribución añade tres fuentes de limitaciones: procedimientos de toma de decisiones, división del trabajo y cultura. Además, analiza cómo se experimenta la opresión y la dominación, y sus diferentes aristas en relación con la justicia. De acuerdo con Young, «la injusticia estructural existe cuando los procesos sociales sitúan a grandes grupos de personas bajo la amenaza sistemática del abuso o de la privación de los medios necesarios para desarrollar y ejercitar sus capacidades, al tiempo que estos procesos capacitan a otros para abusar o tener un amplio espectro de oportunidades para desarrollar y ejercitar capacidades a su alcance».22 La injusticia social, apunta Young, remite en verdad a una injusticia estructural que se asienta en una serie de procesos que lo permiten, con cuatro componentes:

1) los hechos sociales objetivos, experimentados por los individuos como algo que limita y capacita a la vez;

2) el espacio macro social en el que las posiciones están relacionadas;

3) lo que ya existe, pero solo en las acciones;

4) lo que involucra de forma cotidiana las consecuencias no intencionadas de la combinación de actos de muchas personas.

Si aplicamos este esquema a las migraciones internacionales, no cabe duda de que esta situación representa un caso de injusticia estructural. Veamos cómo. En primer lugar, resulta evidente cómo los sujetos afectados experimentan el modelo migratorio del Norte como restrictivo en derechos, lo que impacta en sus oportunidades y su acceso a bienes y servicios –también al mercado laboral legal–, creando una precariedad que afecta al devenir de sus vidas; pero que impacta paralelamente de una forma biopolítica: en el “secuestro” de su tiempo de vida mientras están recluidos en instituciones donde pasan meses y años sin saber cuándo se resolverá su caso.23 Así, las estructuras limitan sus vidas de forma directa, aunque también de forma indirecta, como señala Young, de un modo más tangencial y acumulativo.

En segundo lugar, el espacio macro social donde se desarrollan las migraciones viene marcado por aspectos históricos –la experiencia de la colonización del resto del planeta por parte de Europa–, por procesos geopolíticos más recientes: imperialismo, neoimperialismo de los recursos, formación de bloques, etc., que conforman las estructuras y guían el establecimiento de normas, y por procesos simbólicos: la construcción de la oposición “nosotros”-“el otro”. El resultado es la jerarquización de los sujetos por nacionalidad y nivel económico que se establece en base a criterios políticos, de cercanía cultural, pero también por prejuicios raciales/étnicos que determina quiénes acceden al derecho al movimiento y, en concreto, a traspasar las fronteras del mundo rico. Las barreras de entrada al sistema son muy distintas para unos y otros, lo que da cuenta de que los criterios utilizados funcionan para filtrar a quienes se desplazan de acuerdo a los deseos y necesidades laborales de los países receptores. La existencia de un mercado de trabajo irregular es funcional al sistema económico. Así pues, se trata de una “desigualdad persistente” que en la actualidad opera profundizando la categorización o jerarquización de los seres humanos a quienes corresponderán distintos grados de privilegio o marginación/exclusión/depauperación.

En tercer lugar, señala Young que las reglas o recursos que definen las estructuras sociales «existen solo en la medida en que los individuos de la sociedad tienen conocimiento de ellos».24 En el caso de las migraciones, en general, es así, pero la legislación y normativa actual se aplica tras un velo de discrecionalidad y opacidad, por lo que a veces ni los ciudadanos de pleno derecho ni los irregulares afectados conocen las disposiciones; se opera en un ambiente de ocultamiento: vuelos de madrugada de “devolución” de migrantes, instalaciones de internamiento en emplazamientos discretos, etc. que parecen no existir, son una especie de no-lugares, como diría Marc Augé, fuera de la mirada pública y donde los internos son números anónimos despersonalizados; sin embargo, se trata de acciones que construyen ladrillo a ladrillo una realidad. Como recuerda Young,  las estructuras «se producen solo mediante la acción… son recursivas».25

En cuarto lugar, las consecuencias no intencionadas –no calculadas sería mejor, ya que sí hay una intención de criminalizar a ciertas personas y de que existan mercados laborales paralelos y precarios– del actual modelo migratorio producen un daño ingente: vidas que se pierden, pero también vidas que se malogran por la precariedad, graves violaciones de los derechos humanos que llegan a la esclavización (como está ocurriendo en Libia), abusos sexuales sistemáticos a las migrantes, daños psicológicos persistentes por el daño sufrido… En ello intervienen una cadena de agentes, desde los responsables de políticas estatales, partidos políticos que criminalizan a los migrantes, el sistema jurídico y policial que hace cumplir las normas pero a veces “se les va la mano”, medios de comunicación que hacen de altavoz, empresarios que demandan trabajadores baratos, ciudadanías acomodadas que desean delegar las tareas de cuidados, pasando por los gobiernos de países que realizan la gestión externalizada de las migraciones, su utilización política de esta prerrogativa, sus  fuerzas armadas y policiales que hacen el trabajo sucio, los propios gobiernos y estados de origen que no crean condiciones para el bienestar de su ciudadanía, sino juegos de equilibrios políticos, clientelismos y corruptelas… Quienes participan de un modo u otro tienen su parte de responsabilidad en afianzar o no la injusticia estructural que limita las oportunidades de los sujetos “sujetados”. Todos estos elementos se entrecruzan con un resultado nefasto sobre las personas que se desplazan.

Desde su enfoque socioestructural, Young propone un esquema de conexión social como modelo de responsabilidad para interpretar las obligaciones jurídicas. Este modelo se basa en que «todos los agentes que contribuyen con sus acciones a los procesos estructurales que originan injusticias tienen la responsabilidad de trabajar para solucionar estas».26 Para Young, las obligaciones jurídicas exceden lo que es debido por mera humanidad. Lo desmarca del modelo más común de la responsabilidad enfocado a identificar al culpable directo de un daño porque en un sistema complejo como el actual, con injusticias socioestructurales, como argumenta Young, los responsables de una injusticia pueden no presentar relaciones directas con los perjudicados. Es decir, las relaciones entre el agente o agentes de una primera acción en una larga cadena de eventos y los perjudicados finales de ese proceso pueden estar invisibilizadas, pero no por ello deja de existir un nexo.  Por ello, Young sostiene la necesidad de un concepto ampliado de la responsabilidad, y propone el modelo de conexión social que otorga responsabilidad a los individuos respecto a las injusticias estructurales más allá de las fronteras del Estado nación, incluso aunque no haya una cadena causal directa. Este modelo de conexión social es aplicable a las migraciones internacionales, ya que, si bien no participamos en el diseño de las políticas restrictivas, sí tenemos una responsabilidad compartida en la injusticia estructural a través de distintos canales: como votantes, como consumidores, como vecinos, como empleadores de migrantes, como activistas, etc. Sin embargo, aunque coincidiendo con el análisis de Young, cabe alegar que la cadena de responsabilidad puede entrar en terrenos pantanosos difíciles de seguir la pista en los vericuetos de la sociedad global, lo que plantea una pregunta legítima: ¿Hasta dónde alcanza la cadena de responsabilidades?

Young enumera las características de este modelo, que recojo sucintamente:27

1) no pretende aislar, es decir, identificar al responsable principal de una injusticia porque hay distintos sujetos con responsabilidades;

2) evalúa las condiciones originales a las que normalmente se atribuye la culpa, y amplía este enfoque;

3) más proyección (a futuro) que reconsideración (del pasado), así, no busca la reparación por injusticias pasadas, sino más bien evitar que tales injusticias se sigan reproduciendo;

4) responsabilidad compartida entre quienes participan con sus acciones en los procesos que conducen a injusticias estructurales;

5) solo es posible abordarlos mediante la acción colectiva.

El modelo remite estrechamente a la responsabilidad política de organización colectiva para transformar las estructuras. Esta responsabilidad compartida no entrañaría, sin embargo, como aclara Young, una igual responsabilidad. La “responsabilidad compartida pero diferenciada” ha sido precisamente uno de los mantras de la ONU respecto al cambio climático.

En la senda de lo apuntado por Young, pueden señalarse, tal como apunta Velasco, dos deberes básicos de los países prósperos: uno, resarcir a los injustamente perjudicados; y dos, rediseñar el orden jurídico-económico internacional para que no se sigan generando tales daños. Velasco alega que se trata de una responsabilidad no solo moral, sino también legal acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos, y aboga no solo por marcos conceptuales distintos, sino también nuevas estructuras político-institucionales.28 Este autor propone un modelo de gestión inclusiva de las fronteras basado en una concepción de las mismas como membranas, estables al tiempo que permeables y reguladas –moral y jurídicamente– bajo criterios de justicia y equidad. Esto permitiría mantenerlas habitualmente abiertas. El cambio de perspectiva implica saltar de pensar las migraciones como “problema de seguridad” y como “competencia exclusiva del Estado” a considerarlas en clave de justicia global y de responsabilidad compartida.

 

Comentarios finales

Los autores recogidos en el texto exponen numerosas propuestas para la transformación del modelo de las migraciones internacionales desde una perspectiva de justicia global. Sintetizo algunas de las ideas que considero más prometedoras para este fin, a saber:

Primero, considerar las migraciones internacionales desde un marco integral que revele su condición de injusticia estructural.

Segundo, situarlas en el marco de los derechos humanos, un imperativo universal cuyo cumplimiento evitaría muchos de los presentes abusos que sufren quienes se desplazan.

Tercero, revisar los derechos de los migrantes tanto en el plano distributivo como de reconocimiento y derechos políticos bajo el principio de “paridad de participación”.

Cuarto, redefinir las normas que otorgan los derechos de ciudadanía para aquellos extranjeros que habitan en una unidad política a fin de que la ciudadanía se ligue a criterios de convivencia.

Quinto, para iniciar transformaciones más profundas, considerar un modelo institucional multiescalar de responsabilidad en las migraciones, así como activar un enfoque de “conexión social”.

Sexto, a escala supranacional, trabajar por desarrollar un orden institucional global capaz de gobernar las migraciones internacionales, aplicando criterios de justicia que se dan por sentados en el interior del Estado nación. Ya existen numerosos documentos que dan contenido y directrices para dicha gobernanza, como la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes (2016), el Pacto Mundial para los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (ambos de 2018), junto a la anterior Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Asamblea ONU, 1990, que entra en vigor en 2003).

Séptimo, operar bajo un esquema de fronteras abiertas y de libre circulación de personas como norma, con el cierre de forma excepcional.

En el desarrollo de estas tareas, resulta urgente la democratización de la esfera internacional.

 

Nuria del Viso Pabón es miembro del Área Ecosocial de FUHEM y editora de la revista PAPELES.

Disponible el contenido del artículo a texto completo en: Migraciones internacionales y justicia global a la luz de la filosofía política

NOTAS:.

1 Juan Carlos Velasco, «Hacia una visión cosmopolita de las fronteras. Desigualdades y migraciones desde la perspectiva de la justicia global», Revista Internacional de Sociología, vol. 78 (2), e153, abril-junio 2020, p. 2.

2 Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, FCE México, 2016, p. 284.

3 Puntualizar que este ha sido el caso para las migraciones internacionales, aunque el conflicto de Ucrania ha creado una situación de acogida de ciudadanía ucraniana en la Unión Europea bien diferente a los usos habituales empleados en las dos últimas décadas para otros refugiados. Esta situación ha puesto en evidencia los principales argumentos empleados por el Norte global a la hora de justificar sus prácticas restrictivas, como analiza Juan Carlos Velasco en este artículo: https://www.madrimasd.org/blogs/migraciones/2022/03/09/133243 y en este: https://theconversation.com/la-respuesta-europea-a-los-refugiados-ucranianos-una-excepcion-178738

4 Bernardo Bolaños, «Migración, derecho consular y justicia global», Isonomía, núm. 30, abril de 2009, p. 3, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/is/n30/n30a1.pdf

5 John Rawls, «La estructura básica como objeto», en: John Rawls, Liberalismo político, Barcelona, Crítica, capítulo 1, 2006, pp. 1-32.

6 John Rawls, «Los principios de la justicia», en: Rawls, John, Teoría de la justicia, Madrid, Fondo de Cultura Económica, cap. 2, 1995, pp. 62-118.

7 Juan Carlos Velasco, 2016, op. cit., p. 15.

8 John Rawls, «El derecho de gentes», Isegoría, 16, 1997, pp. 5-36, p. 5.

9 Bernardo  Bolaños, 2009, op. cit.; Velasco, 2016, op. cit., pp. 243-248.

10 Joseph Carens, «Aliens and citizens. The case of open borders», The Review of Politics, vol. 49, núm. 2, primavera, 1987, pp. 251-273, citado en Daniel Loewe, «Justicia distributiva global e inmigración», REMHU, Revista Interdiscip. Mobil. Hum., vol. 25, núm. 50, agosto de 2017, pp. 25-45, p. 33.

11 Daniel Loewe, 2017, op. cit., p. 33.

12 Thomas Pogge, «Cosmopolitismo y soberanía», en: La pobreza en el mundo y los derechos humanos, cap. 7, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 215-248, p.217.

13 A esta postura se suma Ariadna Estévez, quien señala que se podrían evitar los conflictos que sufren los migrantes bien a través de la ampliación de la ciudadanía, bien a través del reconocimiento y aplicación de los derechos humanos. Ariadna Estévez, Derechos humanos, migración y conflicto: hacia una justicia global descolonizada, Centro de Investigaciones sobre América del Norte (Cisan), Universidad de México, México, 2014, p. 178.

14 Thomas Pogge, 2005, op. cit., p. 220.

15 Juan Carlos Velasco, 2020, op. cit,  pp. 9-10.

16 Para más información, véase: https://www.itanol.com/2019/05/riace-pueblo-italiano-famoso-modelo-de-acogida-de-migrantes/ y https://www.elsaltodiario.com/italia/escandalosa-sentencia-al-ex-calcalde-de-riace-y-su-modelo-de-acogida-solidaria-

17 Michael Walzer, «La pertenencia», en: Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México, FCE, capítulo 2, 1997 [1983], pp. 44-74.

18 Ibid., p. 65 y ss.

19 Juan Carlos Velasco, 2016, op. cit., pp. 277-284.

[20 Nancy Fraser, «Reenmarcar la justicia en un mundo en globalización», en: Escalas de justicia, cap. 2, Herder, Barcelona, 2008, pp. 31-64, p. 39.

21 Nancy Fraser, 2008, op. cit., p. 60.

22 Iris Marion Young, «La estructura como objeto primario de la justicia», en: Responsabilidad por la Justicia, Fundación Paideia Galiza, A Coruña, 2011, pp. 61-88, p. 69.

23 Ruben Andersson, «Beneficios y depredación en la bioeconomía humana», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 145, primavera 2019, pp. 27-56, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/beneficios-y-depredacion-en-la-bioeconomia-humana/

24 Iris Marion Young, 2011, op. cit., p. 76.

25 Ibid., p. 77.

26 Iris Marion Young, «Responsabilidad y justicia global: un modelo de conexión social», Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 2005, pp. 689-708, p. 689.

27 Ibid., p. 702 y ss.

28 Juan Carlos Velasco, «Alternativas a la funesta manía de erigir muros», Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, núm. 153, primavera 2021, pp. 101-112, disponible en: https://www.fuhem.es/papeles_articulo/alternativas-a-la-funesta-mania-de-erigir-muros/