EN FOCO: Crisis en la frontera Sur

 

Foto: WOLA

 

Nuria del Viso
FUHEM Ecosocial
noviembre de 2014

«Ya estoy muerto si voy para atrás; si sigo adelante tengo el 50% de
posibilidades de morir y el 50% de posibilidades de vivir»
Declaraciones de un inmigrante a Helena Maleno en esta entrevista.

 

Dos de las fronteras entre el Norte y el Sur global –la que separa Estados Unidos del sur del continente americano y la que se extiende entre Europa y África− sintetizan algunas de las principales brechas que marcan las crisis de nuestro tiempo. En estas dos fronteras se topan y chocan, como placas tectónicas, el mundo enriquecido con el mundo empobrecido. Aunque hay otras fronteras simbólicas y físicas, algunas trazadas a base de muros –actualmente existen un total de 14 muros−, las dos fronteras señaladas expresan las profundas fracturas de desigualdad, injusticia, discriminación y exclusión que caracterizan el mundo actual.

A pesar de la distancia geográfica que las separan, ambas presentan rasgos comunes preocupantes: la violencia organizada y violencia de Estado −también violencia de género−, la fortificación legal de unos y desamparo de otros, la “subcontratación” a “países amigos” del control (y represión) de fronteras, la esperanza y la desesperación. Este texto repasa algunas tendencias en los flujos migratorios y recoge enlaces a una selección de materiales relevantes.

 

Securitización de la inmigración

Los flujos migratorios de Sur a Norte son entendidos y gestionados desde los países de destino, cada vez más, en términos de seguridad con orden social, lo que se traduce en políticas de tolerancia cero a la migración irregular, la militarización de las fronteras y un control férreo haciendo uso ya sea de tecnología futurista o de las más clásicas prácticas represivas. Poco se alude a las condiciones estructurales del país que abandonan los migrantes hasta el punto de jugarse la vida en peligrosas travesías, de las responsabilidades de los países ricos en la creación de esas condiciones y de las posibles medidas para enfrentarlas; los programas de cooperación oficial que podrían paliar esta situación se conciben, cada vez más, como piezas al servicio del objetivo fundamental: sellar las fronteras y mantener alejados a los posibles migrantes.

El enfoque securitario se ha ido extendiendo en las últimas décadas de la mano de las concepciones neoliberales. Tanto en Estados Unidos (EEUU) como en la Unión Europea (UE) se ha desarrollado todo un entramado legal e institucional que endurece las medidas de control migratorio. Las permisivas políticas migratorias de EEUU hasta hace unas pocas décadas que permitieron la creación del melting pot se han transformado en medidas legislativas crecientemente restrictivas y en la consecuente securitización de su frontera sur a través de vallas, patrullas, soldados y tecnología de control.

Mucho más reciente es este proceso en la UE, donde a partir de la firma del acuerdo de Schengen (1985), suscrito por España en 1991, y su entrada en vigor en 1995 se han desarrollado una serie de medidas de control del perímetro exterior al que se aplica una visión militarizada y policial. Paralelamente, se ha acelerado la creación de instituciones y dotación de recursos para este fin, cuyo exponente más palmario es la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión, o simplemente FRONTEX, un ente relativamente desconocido para los europeos, a pesar de la trascendencia de sus competencias y de sus operaciones. Para comprender mejor este entramado institucional, recomendamos el artículo «Control migratorio más allá de las fronteras oficiales de España y de la UE», firmado por Producciones Translocales, publicado en Boletín ECOS nº 24, sept.-nov. 2013.

La UE marcó su posición respecto a la inmigración no regular con la aprobación, en junio de 2007, de la llamada Directiva de Retorno, que, distanciándose del espíritu de los principios constitutivos de la Unión, encaminó el rumbo a enfoques restrictivos limitando sus derechos y autorizando su privación de libertad (a este respecto, recomendamos el artículo de Luis Carlos Nieto, «Derechos humanos e inmigración. Europa y la directiva de retorno», publicado en la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, nº 104, invierno 2008/09).

La creación de una cartera de Migración en la nueva Comisión Europea es una noticia agridulce: si bien por un lado presupone una mayor atención a estos asuntos, por otro puede deslizarse a una mayor securitización de la cuestión migratoria, que es lo que parecen indicar los primeros indicios; en primer lugar, la persona designada para ocupar el cargo: el ex ministro de defensa griego Dimitris Avramopoulos, durante cuyo mandato fueron detenidos miles de inmigrantes en base a su fisonomía; por otro lado, la política que se pretende impulsar de relajar los controles interiores supone reforzar los exteriores y fortificar aún más la fortaleza. En este sentido, es ilustrativo el artículo «Avramopoulos: una nueva caraq para una agenda migratoria ya marcada», de Elena Sánchez-Montija, CIDOB.

En el Estado español se observa el endurecimiento legislativo en una serie de leyes que se suceden, con gobiernos de distinto signo. Algunas pinceladas a este respecto son la reforma de la Ley de Asilo y Refugio y la Ley de Extranjería en 2008 (véase el artículo de Javier de Lucas «Reforma del marco jurídico de la inmigración: políticas que no superan el test básico», Papeles, nº 105, primavera 2009), y la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en julio de 2014 (recomendamos el análisis de Luis Carlos Nieto «Rompiendo las costuras de las garantías», Papeles, nº 124, invierno 2013/14).

Después de la norma jurídica viene su implementación con mano dura. La securitización proporciona respuestas militarizadas a una verdadera crisis humanitaria en marcha. El cierre de fronteras obliga a los migrantes a la elección de opciones cada vez más peligrosas y mortales. Medidas como las “devoluciones en caliente” que el Gobierno de M. Rajoy pretende legalizar1 (ver aquí y aquí) utilizando una argucia legal (como asevera este editorial de El País), o el desamparo a los refugiados que llegan de Siria o Mali –que se arriesgan a una orden de expulsión− (a este respecto, es recomendable La situación de las personas refugiadas en España. Informe 2014 de CEAR) vulneran la legislación nacional e internacional y minan las bases de normas jurídicas consensuadas.

Además, esta política nutre una espiral perversa de destinar más y más recursos para obtener más medios de control y represión con los que detener el flujo, alimentando así lo que podríamos llamar un “negocio de las fronteras” en torno al que confluyen cuerpos fronterizas, agencias de inteligencia y entidades de defensa de los países involucrados, organismos estatales de diversa naturaleza, organizaciones internacionales y humanitarias, institutos de investigación y medios de comunicación.2

La securitización del control migratorio tiene su correlato en la imagen amenazante de la inmigración que ofrece instituciones políticas, una parte de la academia y medios de comunicación. La llegada de migrantes se presenta hasta la saciedad en clave de “avalancha” o “asalto masivo” que es necesario “repeler”, lo que justifica su regulación, control represivo y, si es necesario, su expulsión. Este enfoque alarmista acarrea la estigmatización de los migrantes al etiquetarles de “ilegales”, “irregulares” o “sinpapeles”. Todo ello alimenta visiones xenófobas y afianza la falsa asociación de inmigración a “problemas” y a delincuencia. La intensa cobertura mediática desde esta imagen deformada logra, sin embargo, la presión necesaria para que la UE apruebe más fondos, como denuncian activistas que trabajan estas cuestiones.

Pero los mensajes públicos sobre la migración ofrecen una visión distorsionada en otro sentido: se presta una atención desproporcionada a la inmigración ilegal que llega en patera o a través del “salto a la valla” de Ceuta o Melilla. Sin embargo, esa imagen alarmista se desintegra en contacto con la realidad: no existe tal “avalancha”; de hecho, el “salto a la valla” de Ceuta y Melilla supone solo el 15,75% del total de entradas de inmigrantes a través de la frontera sur de Europa,3 y algo similar ocurre con el flujo magnificado de pateras (solo una fracción de emigrantes no regularizados utiliza este medio). Aunque como consecuencia del bombardeo de información que recibimos en España sobre las pateras y las vallas, nuestro país no es la principal puerta de entrada a Europa de migrantes no regularizados, sino que ocupa una modesta cuarta posición por detrás de Italia, Grecia y Bulgaria.4

 

Externalización de fronteras

El control fronterizo, que tradicionalmente han realizado directamente las fuerzas de seguridad de los países receptores está viviendo también su “involución neoliberal” con la llamada “externalización de fronteras”, es decir, la creación de una segunda línea de control que aleja las “zonas calientes” a terceros países, donde a menudo los estándares de derechos humanos son más laxos. A este respecto, recomendamos el artículo de Mercedes Jiménez, «Fronteras deslocalizadas» (Boletín ECOS, nº18, marzo-mayo 2012).

La externalización de fronteras de la UE beneficia a Estados como Marruecos, que recibe fondos comunitarios y destina fuerzas de seguridad a reprimir y controlar a los inmigrantes que cruzan su territorio o surcan sus aguas. De hecho, Marruecos utiliza la cuestión migratoria como válvula de presión –endureciendo o relajando el control− en virtud de los fondos recibidos. Esta cuestión se aborda en el artículo «Por qué y cómo maneja Marruecos la compuerta de la inmigración» (eldiario.es, 18 de agosto de 2014).

En el caso de EEUU, la externalización de su frontera sur a México es tratada en el informe Mexico’s Other Border: Security, Migration, and the Humanitarian Crisis at the Line with Central America, de Adam Isacson, Maureen Meyer y Gabriela Morales, (Washington Office on Latin America, WOLA, junio 2014), que recoge los resultados de un viaje de investigación desde la frontera sur entre México y Guatemala, línea que cruzan cada mes unas 8.000 personas, y las rutas que siguen los migrantes centroamericanos a través del país (versión en castellano: La otra frontera de México. Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica).

 

Mural del Centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova, Tapachula, México. Foto: WOLA

 

Vulneración de derechos

El tratamiento de los flujos migratorios en clave de seguridad nacional y enfoque restrictivo crea el caldo de cultivo idóneo para la vulneración de los derechos de los migrantes, incluidos derechos humanos básicos, como tráfico y trata de personas, trabajo en condiciones de esclavitud, abuso y explotación sexual, e inserción en redes de crimen organizado. En uno y otro continente los migrantes no regularizados son muy vulnerables y se convierten en presas fáciles para las mafias. Buena parte de los abusos se producen en los países de tránsito, donde los migrantes pueden verse atrapados durante meses sobreviviendo en condiciones de extrema precariedad, mientras sortean la clandestinidad y la violencia de redes criminales o de las fuerzas de seguridad.

A medida que se endurecen las medidas de control, los migrantes con menos recursos, tanto subsaharianos que se dirigen a Europa como centroamericanos que viajan a EEUU, se ven obligados a emprender vías y medios de transporte más peligrosos, esperando eludir las temidas detenciones: por tierra o por mar desde las costas africana en patera, cayuco o, recientemente, lanchas de juguete, o a través de México en tren −el denominado “La Bestia”− o a pie, evitando el bus y el camión. En el Mediterráneo, entre enero y septiembre de 2014 unas 3.000 personas fallecieron tratando de alcanzar la fortaleza Europa, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). En el caso de México, cruzar la porosa frontera sur es fácil; el reto es atravesar el país y llegar indemne. La mayoría elige la ruta central o la de la selva, donde abundan las redes criminales; algunos intentan la vía del Pacífico, menos peligrosa, pero tres veces más larga. Para conocer por dentro los vericuetos de la travesía, recomendamos la serie de artículos de Jon SistiagaA lomos de la bestia” publicados en El País y los programas realizados en Canal Plus.

Al otro lado del Atlántico, son muchos los informes que analizan las violaciones de los derechos humanos de los migrantes; recogemos una breve selección: los materiales de la campaña de Médicos sin Fronteras Atrapados en Marruecos y los informes El coste humano de la fortaleza Europa: violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas y Vidas a la deriva, ambos de Amnistía Internacional, 2014, junto al informe de WOLA antes mencionado.

Si son detenidos, los migrantes también sufren la represión de las fuerzas de seguridad, como expone el informe de APDHA Derechos Humanos en la frontera sur 2014, o bien se exponen a ser retenidos en centros de internamiento de extranjeros, los CIE, aspecto que trata el informe Derechos vulnerados, (Migreurop, 2011) o ser expulsados, si no abandonados en el desierto de un país intermedio. Sobre la situación concreta en la frontera de Melilla, la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH) ha presentado recientemente el informe Vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur – Melilla, que pone de manifesto el contraste entre la "hipervisibilidad" política y mediática de la verja fronteriza, mientras quedan ocultas las deficientes condiciones del centro de internamiento, la exclusión sanitaria y el desamparo de los refugiados.

Mujeres, homosexuales y menores son colectivos especialmente vulnerables entre los migrantes. En el caso de las mujeres, además de las amenazas comunes, a menudo sufren también abusos sexuales o son capturadas y obligadas a prostituirse, tal como recoge el informe Violencia sexual y migración (Médicos sin Fronteras, 2010) sobre las mujeres subsaharianas en su tránsito hacia Europa. Las mujeres también sufren peores condiciones en los CIE, tal como pone de manifiesto el informe Mujeres en los Centros de Internamiento de Extranjeros: Realidades entre rejas, de Women’s Link Worldwide, 2012.

Pese al alto coste humano, las duras medidas de control de fronteras en EEUU y en la UE no han logrado incidir en el número de personas que decide abandonar su país y jugarse la vida en el trayecto migratorio. Causas más profundas, estructurales, como se ha señalado antes, están detrás de la necesidad de migrar.

Los migrantes que llegan a Europa lo hacen motivados por una variedad de razones, entre ellas la búsqueda de oportunidades económicas y una vida mejor. Pero hay otros motivos, como la búsqueda de seguridad física, esquivando la violencia organizada o los conflictos armados, la falta de oportunidades económicas que acarrea el deterioro medioambiental −a este respecto, resulta ilustrativo el testimonio del senegalés Sini Sarry−, o bien un afán vital por conocer y mejorar la situación personal.

Los migrantes, desposeídos de sus derechos, acaban convirtiéndose en el eslabón más débil de la cadena. Pero no por ello pierden su poder y capacidad de agencia, como muestran las dinámicas de autoorganización y articulación que han cristalizado en numerosos colectivos, tal como exponen Rafaela Pimentel y Daouda Thiam en estas entrevistas publicadas en Boletín ECOS, nº 24, septiembre-noviembre 2013.

 

Alza de menores migrantes

Los niños, niñas y adolescentes migrantes constituyen un nuevo actor en el panorama de las migraciones transnacionales y, como se ha señalado, uno de los más vulnerables. Este fenómeno ilustra nuevas pautas en las estrategias migratorias vinculadas al proceso de globalización, a veces empujados por las familias para conseguir recursos adicionales para el núcleo familiar, otras en las que es el menor el impulsor de la iniciativa, con apoyo de su familia, y otras en los que el menor emigra por su cuenta sin el permiso familiar.

La creciente llegada de menores migrantes no acompañados está causando una verdadera crisis humanitaria en EEUU y, de forma mucho más discreta, en la UE. Los menores no acompañadas, los denominados MENA son nacionales de terceros países o apátridas menores de dieciocho años que llegan a la UE o a EEUU sin ir acompañados de un adulto a su cargo, o los menores que quedan sin compañía después de su llegada. Aunque muchos viajan de forma autónoma, cada vez más lo hacen junto a mafias de trata de personas.

Este fenómeno, relativamente novedoso −no fue identificado hasta mediados de los años noventa−, presenta rasgos distintivos que les diferencia de otros colectivos migrantes. Por una parte, los derechos básicos de los menores, incluidos los menores migrantes, son objeto de protección por la legislación internacional (Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño), y los Estados deben garantizar la protección de los menores, a través de las instituciones públicas, hasta su mayoría de edad, además de garantizar su derecho a la educación y la salud. En el caso del Estado español, las comunidades autónomas son las competentes en esta materia. Pero por otra parte, como migrantes no regularizados están sujetos a las leyes migratorias del país de llegada, en el caso español la legislación sobre migración y la Directiva de Retorno. Esto pone de manifiesto tensiones evidentes entre distintas normativas, y las limitaciones de las leyes migratorias, que no están concebidas para este tipo de migrantes. Su estatus ambiguo, a caballo entre el mandato de protección y el de expulsión, ha invisibilizado el fenómeno de los MENA y les ha condenado a la exclusión. Recomendamos el artículo de Liliana Suárez y Mercedes Jiménez «Menores en el campo migratorio transnacional. Los niños del centro (Drari d’ sentro)» (revista Papers nº 96 (1), 2011, pp. 11-33. También, la tesis doctoral de Jiménez, «Intrusos en la fortaleza menores marroquíes migrantes en la frontera sur de Europa», Universidad Autónoma de Madrid, 2011).

En EEUU, unos 63.000 menores no acompañados cruzaron la frontera sur del país entre octubre 2013 y julio 2014, casi el doble que el año anterior. De ellos, el 75% proceden del triángulo Honduras-El Salvador-Guatemala. Casi un 30% de ellos vienen de Honduras, con una pequeña porción procedentes de México y del resto de América Latina. Aunque la pobreza figura entre las razones para migrar –junto al deseo de reunificación familiar−, los menores migrantes, predominantemente niños, alegan, sobre todo, la violencia como motivo de su migración. Honduras registra la tasa de homicidios más alta del mundo, mientras que El Salvador y Guatemala ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente.5 Aunque esta zona sufre la violencia desde los años ochenta, se ha disparado recientemente como resultado de la débil institucionalidad, la incapacidad de los gobiernos para hacer respetar la ley y la expansión y fortalecimiento de bandas criminales –las maras−, que extorsionan a las comunidades y presionan a los adolescentes tanto con víctimas como para unirse a sus filas. La situación institucional en Honduras es especialmente preocupante, en parte como resultado del golpe de Estado de 2009, que ha dejado grandes zonas del país al margen de la ley y a sus habitantes expuestos a la violencia de narcotraficantes y maras.

 

CUADRO 1. Detenciones en EEUU de menores no acompañados de México y países centroamericanos

 

Fuente: WOLA, http://www.wola.org/publications/mexicos_other_border

 

Bajo la William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, de 2008, EEUU trata de diferente forma a los inmigrantes de países no fronterizos que a los de México y Canadá. Cuando se detiene a menores mexicanos, se les deporta inmediatamente sin procedimiento legal, siempre y cuando el o la menor no exprese su temor a volver. En contraste, los menores no acompañados de América central tienen el derecho legal a una audiencia (aunque no necesariamente a la defensa). Desde que entran en custodia, deben ser entregados al departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en un plazo de 72 horas.6 Aunque acogidos en centros de refugio, pueden estar con familiares mientras esperan la audiencia previa a su deportación, los menores tienen derecho a asistir a la escuela y ser vacunados. Otra norma aprobada en 2012, Deferred Action on Childhood, permite a los menores no documentados diferir su deportación por un periodo de dos años, lo que ha ocasionado airadas críticas por parte de los sectores más conservadores. El informe de WOLA antes citado analiza también la situación de los menores migrantes a EEUU.

En el caso de la UE, todavía no existes datos armonizados de los menores migrantes no acompañados que entran sin regularizar en el espacio comunitario, ya que hasta ahora el reglamento sobre las estadísticas en el ámbito de la migración obligaba a los países de la UE a proporcionar únicamente datos de los menores no acompañados que solicitaban protección internacional. Para superar esta limitación, en 2010 se puso en marcha un proyecto que finaliza este año –el Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)− que permitirá contar con cifras consolidadas. Por el momento, los datos disponibles ponen de manifiesto que 2008 unos 15.700 menores no acompañados solicitaron asilo en la UE, mientras que en los seis primeros meses de 2009 lo hicieron 8.500. Datos de FRONTEX indican que aunque la cifra total de MENA desciende en números absolutos, crece proporcionalmente en el conjunto de migrantes irregulares que llegan al espacio comunitario, como pone de manifiesto el infome Unaccompanied Minors in the Migration Process, FRONTEX, 2010.

Según el mismo informe, estos migrantes procedían de Afganistán, Irak, Somalia y Nigeria y el principal punto de entrada es a través de Grecia. Las rutas, estrategias, modos de viaje y motivaciones varían en buena medida en función del lugar de origen. Mayoritariamente, los migrantes eran varones, excepto en el caso de Nigeria.

Los menores extranjeros no acompañados que entran sin regularizar en España proceden en su mayoría de África, y específicamente de la zona del Magreb y del Sahel, como indica el informe La política de acogida, repatriación y acuerdos para la integración de menores extranjeros no acompañados, de EMN Red Europea de Migraciones, España, junio 2009. Sin embargo, no existen estimaciones sobre su número debido a la dispersión de las fuentes de información, la insuficiencia de datos, la propia clandestinidad de una parte de ellos y su elevada movilidad por el territorio español. Sí se conoce que a fines de 2008 estaban acogidos en nuestro país un total de 6.000 menores extranjeros no acompañados.

Buena parte de estos MENA llegan a España después de realizar peligrosas travesías, a menudo ocultos en los bajos de alguno de los vehículos, camiones o autobuses que cruzan el estrecho de Gibraltar, aunque también en coche o en avión, en compañía de algún pariente, de los que se separan una vez alcanzado su objetivo; otras veces, llegan utilizando pateras o cayucos. Proceden de distintos ámbitos económicos, sociales y familiares, aunque la mayoría vienen de familias estructuradas con carencias económicas. Y son precisamente razones económicas y el objetivo de enviar dinero a sus familias lo que les mueve a migrar en la mayor parte de los casos.

Cuando alcanzan suelo europeo, suelen presentarse voluntariamente a las fuerzas de seguridad. Una vez que se determina su minoría de edad, los servicios de protección de menores de las Comunidades Autónomas se encargan de declarar su desamparo, asumir su tutela y ejercer las medidas de protección necesarias, que, en todo caso, no excluyen la aplicación de la Directiva de Retorno. En los últimos años se ha desarrollado un dispositivo de acogimiento residencial paralelo a los centros de acogida de menores tradicionales. Se trata de centros exclusivos para menores extranjeros no acompañados que son gestionados por ONG. Sin embargo, existe un número sin determinar de menores que permanecen en la clandestinidad y no reciben ninguna protección. Su minoría de edad, por debajo de la edad legal para trabajar, les hace más vulnerables al mercado de trabajo irregular.

La antropóloga Mercedes Jiménez, que ha trabajado estos aspectos en profundidad, y la organización Al Jaima en la que participa, trabajan desde Tanger la cuestión de los menores migrantes no acompañados, haciendo acompañamiento a los chicos y chicas y realizando la localización, contacto y seguimiento con sus familias, a través del enfoque de investigación-acción participativa. La naturaleza flexible de los movimientos de los menores migrantes desafía tanto los corsés de la legislación sobre migración comunitaria como el sistema de protección de menores, no pensado para menores extranjeros. Por ello, Jiménez defiende el desarrollo de una mediación social transnacional. De todo ello habla en este vídeo.

La mayoría de los menores no acompañados que llegan a España son varones; apenas se han registrado casos de muchachas en situación de protección. Las menores no acompañadas son con frecuencia utilizadas en la trata y contrabando de seres humanos para su explotación sexual. Se mueven por circuitos paralelos al resto: su movilidad es todavía mayor que la del resto de los MENA a fin de esquivar controles policiales y de las agencias de protección. El análisis de las pautas de migración diferenciadas de la migración adolescente femenina es el objeto del artículo de Esther Torrado «Las migraciones de menores no acompañados desde una perspectiva de género», Dilemata, nº 10, 2012.

Para más información, una selección de organizaciones, realizada por Lucía Vicent, y de recursos, realizada por Susana Fernández, apareció en el Boletín ECOS nº 24, 2013.

 

Recursos didácticos

Ruth García Herrero, María González Reyes, Marta González Reyes, Paloma Pastor Vázquez, Virginia Pulido Gómez, Mbolo moy dole. La unión hace la fuerza, FUHEM Educación, 2012. Librería on line.

Marta González Reyes, Virginia Pulido Gómez, Ruth García Herrero, Paloma Pastor Vázquez, María González Reyes, Viaje hacia el encuentro, FUHEM, 2010.

Mª del Carmen Cava Valenciano, María González Reyes, Marta González Reyes, Milagros Muñoz Arévalo, Paloma Pastor Vázquez, Rompiendo muros, abriendo ventanas, FUHEM, 2009.

La situación de las personas migrantes, entrada del blog Tiempo de actuar que recoge diversos recursos audiovisuales para trabajar la inmigración en el aula.

Stop rumores, material interactivo elaborado por la organización Andalucía Acoge y que permite trabajar los estereotipos negativos hacia los migrantes.

 

Notas

1 El Gobierno español presentó en octubre de 2014 una enmienda en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana para incluir una nueva Disposición adicional que otorgue a Ceuta y Melilla un especial tratamiento en el ordenamiento jurídico español que permita legalizar las devoluciones en caliente. Estas expulsiones contravienen el Protocolo VI del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra del Estatuto de Refugiados y a la actual Ley de Extranjería.

2 Algunos autores no dudan en denominar a este entramado como “industria de la legalidad”, tal como hace el antropólogo Ruben Andersson en su reciente libro, Illegality Inc.: Clandestine migration and the business of bordering Europe, University of California Press, 2014.

3 Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Derechos humanos en la frontera Sur 2014, APDHA, 2014.

4 Ibid.

5 Fuente: UNODC.

6 Danielle Renwick, «The U.S. Child Migrant Influx», Council on Foreign Relations, 16 de septiembre de 2014. Disponible en: http://on.cfr.org/1r3lD14

 

Acceso a Crisis en la frontera Sur (pdf)