Derechos humanos: setenta años defendiendo la vida digna, Boletín ECOS, núm. 45, diciembre 2018 - febrero 2019.

FUHEM Ecosocial

En FUHEM Ecosocial abordamos las relaciones del ser humano con su entorno social y natural a partir de tres áreas temáticas: la sostenibilidad, la cohesión social y la calidad de la democracia, considerando la paz y la justicia como ejes transversales del análisis.

Con motivo de la celebración del 70º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –y cuando estamos asistiendo a la vulneración sistemática de los derechos humanos en relación a la libre circulación de las personas, al derecho de asilo, a la libertad de expresión, con un aumento de la discriminación y persecución por sexo, etnia, orientación sexual o religión, y cuando no se garantiza un nivel de vida digno para las personas–, conversamos con Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, con el fin de revisar los derechos humanos en clave Ecosocial.

Susana Fernández (SF): La Declaración de 1948 fue fruto de un contexto geopolítico, económico, social e histórico concreto con una componente cultural marcada por el dominio de los valores occidentales, pero, sin embargo, se le dio carácter de universalidad. ¿Puede esta Declaración mantener esa universalidad en la actualidad?

Javier de Lucas (JL): Como no soy partidario de la tendencia actual al presentismo, que permite descalificar a Julio César, a Colón, a Newton y a quien haga falta, por no ajustarse al patrón de lo politically correct aquí y ahora, soy de los que insisto en valorar esta Declaración como un enorme logro, teniendo en cuenta el contexto mundial de 1948. Pensémoslo: un mundo traumatizado por dos guerras mundiales, dividido en bloques absolutamente antagónicos, con una gran parte del planeta aún en situación colonial, con una desigualdad brutal, comenzando por la situación de «subordiscriminación» (por utilizar un término que tomo de la crítica formulada desde el feminismo jurídico) en la que vivían la inmensa mayoría de las mujeres… Y aún así, se consiguió aprobar esta Declaración universal de derechos humanos. Propongo a la legión de exigentes críticos realistas que la minusvaloran hoy, que hagan el ejercicio de preguntarse si algo parecido se podría obtener en 2018… y lo dudo.

Eso no quiere decir que la Declaración sea un documento inmejorable, que no esté lastrada por déficits que menoscaban su loable propuesta, porque no olvidemos que la Declaración es sobre todo la proclamación de unos principios en los que creen sus promotores, de un programa de actuación que se comprometen a poner en práctica, etc. En otras palabras, es cierto que acá y allí asoman en la Declaración elementos que revelan un lastre cultural y aun ideológico. Por ejemplo, la insistencia en una libertad de movimiento entendida sobre todo como libertad para salir del propio país (donde es fácil advertir la crítica al cierre practicado por el bloque del Este en relación con la libertad deambulatoria de sus propios ciudadanos). Por no hablar de una concepción del ser humano que parece tener en no poca medida los rasgos del «individualismo posesivo» denunciado por MacPherson, y que supone en cierta medida anclar la concepción de los derechos únicamente en un modelo muy poco matizable de liberalismo de mercado, desde un presupuesto no escrito que implica en buena medida la cultura, la mirada que podríamos denominar occidental.

Dicho esto, me parece evidente que la clave está en cómo entendamos la noción de universalidad. Defiendo que esta Declaración tiene la ambición universal, en la medida en que es universalizable, porque universal es su apuesta básica y tremendamente ambiciosa por la igual libertad de todos los seres humanos. Y así es como yo entiendo ese adjetivo: igual libertad de todos los sujetos, de todos aquellos a quienes se reconoce como titulares iguales de todos los derechos, desde la inmensa diversidad de su condición concreta (hombres, mujeres, niños, ancianos, de esta o aquella identidad etnocultural, nacional, lingüística, religiosa, de esta o aquella opción sexual… todos y cada uno de los seres humanos que son únicos como individuos), al tiempo que enlazados por la condición común de sujetos de la humanidad, que permite entenderlos simultáneamente como seres sociales y, aún más, como pasajeros de una misma nave, habitantes de un mismo planeta que hay que tratar de legar en mejores condiciones a las generaciones futuras.

En ese sentido, diría que hoy debemos aspirar a una mayor universalidad que en 1948. Porque hoy somos mucho más conscientes de aquello que nos iguala y nos hace comunes. Hablo de la toma de conciencia hoy de nuestra condición de mutuo reconocimiento e interdependencia, no sólo con los demás seres humanos, sino con la vida misma, en todas sus manifestaciones. Lo que hace potencialmente más universal la Declaración es la lectura que hoy podemos hacer de la misma en clave de la vinculación entre derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, en una clave que no puede no ser ecológica, para superar el mayor riesgo al que nos enfrentamos, esto es, que se haga real el terrible diagnóstico del Antropoceno.

Pero no quiero dar pábulo a la crítica fácil de los supuestos “realistas” que presentan la Declaración como papel mojado, como vaga retórica ajena a la realidad de la mayor parte de los seres humanos. Este 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos debe ser abordado, a mi juicio, lejos de dos extremos: ni autocomplacencia, ni ocasión para la frustración o el cinismo, sino para la esperanza. Es el momento de reconocer la capacidad de quienes trabajaron para hacer posible la Declaración, como Eleanore Rooselvelt, John P. Humphrey o René Cassin, y mujeres como la india Hansa Metha, la pakistaní Begum Shaista Ikramullah o la dominicana Minerva Bernardino, a quienes ha querido rendir homenaje el Secretario General ONU. Todos ellos eran perfectamente conscientes de que la mayoría de esos derechos que querían proclamar, para la gran mayoría de los seres humanos, eran poco más que utopía en ese momento, en la mitad de un siglo XX que apenas salía de lo que quizá haya sido la página más sombría de la historia de la Humanidad. Entre las cenizas de la guerra y en un mundo enfrentado en dos bloques, podrían haber dicho que no se daban las condiciones, pero todos ellos tenían la convicción y la decidida voluntad política de proclamar como imprescindibles esos principios, esa encarnación histórica del ideal de justicia que son los derechos humanos, y dejar así claro que ningún régimen político, ningún orden jurídico podría aspirar a presentarse como legítimo sin reconocerlos, primero, y sin tratar de garantizarlos a continuación. Y tenían el compromiso, la voluntad, de trabajar por lo que siempre será una tarea inacabada. Porque nunca podremos declararnos satisfechos con el estado de los derechos, aunque eso no nos impida reconocer los progresos conseguidos en estos 70 años.

SF: Tanto en el preámbulo como en los primeros artículos, la Declaración habla de libertad, justicia, paz, dignidad, derecho a la vida, a la seguridad y a no sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que hacia el final menciona el derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en ella se hagan plenamente efectivos. ¿Crees que el actual orden social e internacional es el adecuado para garantizar y vigilar el cumplimiento de estos derechos?

JL: Las relaciones internacionales, hoy, no se caracterizan precisamente por la referencia a un “orden” desaparecido, ni tampoco por la propuesta de multilateralidad que daba potencialmente más protagonismo a potencias emergentes y a actuaciones regionales, sino más bien por el incremento de la fragmentación y la incertidumbre a una escala global. La multilateralidad, por cierto, no significa necesariamente ni fragmentación ni incertidumbre, pero es que estamos muy lejos del proyecto multilateral. La acción disruptiva de la administración Trump, empeñada en deshacer todos los pasos que dio la administración Obama en pos de esa multilateralidad como vía más adecuada de reforzar la legalidad y legitimidad del modelo onusiano, unida a la habilidad de la Rusia conducida por Putin para aprovechar en su interés todas las líneas de crisis y la ausencia de sinergias en el bloque occidental, dificulta enormemente ese proyecto de multilateralidad. Por no hablar de la creciente influencia de China y su capitalismo de Estado, particularmente depredador de las reservas de energía y muy poco preocupada por el modelo de un desarrollo sostenible. Si a ello sumamos que las relaciones internacionales están en buena medida mediadas por grandes empresas transnacionales, la conclusión es que el deseable modelo de multilateralidad y el reconocimiento del protagonismo de los agentes no estatales representantes de la sociedad civil y de los intereses y necesidades reales de los seres humanos de a pie, parece alejarse considerablemente. La garantía eficaz de los derechos exige concertación de todos los agentes, institucionales o no y a todos los niveles y requiere, por ejemplo, la voluntad política de poner en marcha las piezas básicas de una justicia universal que no tenga como objetivo únicamente a líderes de países menores, caídos en desgracia.

Sin embargo, estamos viviendo el incremento de dos elementos que reequilibran ese déficit, tanto en lo que se refiere a la garantía como, sobre todo, en la vigilancia de los derechos. Me refiero en primer lugar al papel de ONG, de organizaciones elementales de ciudadanos y aun de individuos particulares a los que las nuevas tecnologías y, en concreto, las redes sociales dan la posibilidad de vigilar y denunciar las violaciones de derechos, conseguir llamar la atención de la opinión pública sobre ello. De otra parte, se multiplican las instancias de control dentro de la arquitectura institucional y convencional del sistema de las Naciones Unidas y también de organizaciones internacionales de carácter regional, particularmente en el ámbito americano y en el europeo.

SF: La Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y creencia, la libertad de opinión y expresión, así como el derecho a no ser molestado a causas de estas opiniones. Sin embargo, vivimos una ola de involución que parece estar cercenando estos derechos y libertades, ¿qué opinión te merece esta represión y cómo está afectando al estado de salud de la democracia?

JL: Sabemos por experiencia hasta qué punto la calidad y diría incluso la pervivencia del sistema democrático están vinculadas a esas libertades. En realidad, la democracia existe como sistema de garantía de la igual libertad de los ciudadanos respecto al disfrute de esos que son bienes jurídicos de primera necesidad. El ideal de autonomía y emancipación de todos y cada uno de los seres humanos es imposible de conseguir si no se dan dos condiciones: la ausencia de interferencias del poder (del poder de cualquier tipo) para pensar libremente con la propia cabeza, por parafrasear el lema kantiano, para comunicarlo, para debatirlo con los otros. La libertad de expresión es condición sine qua non de ese requisito y al mismo tiempo garantía de la existencia de un foro público en el que todos puedan participar libremente. Pero no nos engañemos: ese ideal es inviable no sólo cuando la presión de los poderes públicos limita, coarta o ahoga esa libertad, sino también cuando no actúa de salvaguarda, de barrera y límite frente a la acción de interferencia y manipulación guiada por los intereses corporativos de los grandes agentes del mercado. En otras palabras, el peligro para estas libertades no reside sólo en el riesgo de Estados autoritarios, en la deriva reaccionaria de no pocos gobiernos, como vemos hoy en EEUU, en la UE, en América y en el todo el mundo, sino también en la manipulación del espacio público, por parte de los grupos que controlan la información y la «industria del entretenimiento» en régimen casi de oligopolios. La salud de las democracias depende de la posibilidad de una ciudadanía educada y activa y ese objetivo es imposible sin un alto standard de libertad de pensamiento y expresión.

SF: En tu artículo para el número 132 de nuestra revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, cuyo Especial está dedicado a las migraciones forzadas, abordabas las respuestas que se están dando ante la mal llamada “crisis de refugiados”. Respuestas que no garantizan la protección jurídica vinculante derivadas del Derecho Internacional, y que tampoco se están poniendo los medios materiales y personales para hacer efectivo los derechos de los refugiados. Un derecho de asilo recogido en la Declaración pero que vulneramos de forma sistemática mediante la securitización de las fronteras, levantando muros y colocando concertinas sobre las vallas ya existentes. ¿Qué medidas habría que adoptar para proteger a las personas que huyen de situaciones de guerra, conflicto, distintos tipos de violencias o persecución, o de las consecuencias de las catástrofes naturales y otros efectos producidos por el cambio climático?

JL: Me he sumado en distintas ocasiones a campañas impulsadas por el ACNUR y sobre todo por ONG especializadas, como CEAR, respecto a la necesidad básica del establecimiento de vías legales, seguras y accesibles para que las personas que tienen necesidad de la protección en la que consiste el derecho de asilo y la protección internacional subsidiaria puedan plantear su demanda sin riesgo para sus vidas.

Hay un error común acerca de los que llamamos refugiados, y es que la inmensa mayoría no llegan a serlo porque ni siquiera les dejamos plantear la demanda de asilo. No es ya que sean reconocidos como refugiados y obtengan la protección en que consiste el ser titulares del derecho de asilo, sino que puedan llegar a plantearlo, esto es, que puedan ser en efecto demandantes de refugio, asylum seekers, porque la realidad es que una parte importante de las personas a las que llamamos refugiados no lo son, porque encuentran todas las dificultades imaginables para conseguir plantear su petición. Me parece, a este respecto, que la definición de «refugiados» que ofreció el anterior Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, sigue siendo absolutamente gráfica: «These are people with death at their back and a wall in their face». Los refugiados son personas que huyen de todo tipo de persecuciones que ponen en peligro su vida, sus derechos y frente a las cuales no les protegen las autoridades de su propio Estado o, peor aun, son esas autoridades las que les persiguen. Nosotros no nos ocupamos de evitar esas guerras, esos conflictos que les obligan a huir de sus países para evitar la muerte. Y encima, les ponemos muros, vallas, obstáculos cada vez más difíciles de salvar, para llegar a plantearnos su petición. Les obligamos a arriesgar sus vidas para llegar hasta nuestras fronteras y una vez que están allí, endurecemos los requisitos para concederles protección. O, lo que es peor, violando la primera necesidad de todo refugiado, que es lo que el derecho internacional de refugiados conoce como principio de non refoulement, les devolvemos a ese peligro del que huyen, como estamos haciendo ahora mismo con quienes quieren llegar a Europa desde Libia y a los que los guardacostas libios, formados y protegidos por Italia y la UE, devuelven al infierno de los campos que gestionan mafias de explotación y tráfico de personas y en los que viven hacinados, esclavizados, sometidos a las peores violaciones de derechos humanos.

Esto es así en los EEUU, en Australia y, desde luego, para nuestra vergüenza, también en el caso de los Estados miembros de la UE, en el caso del supuesto Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en el que basta pensar en el efecto perverso del sistema del reglamento de Dublín, que obliga a plantear el asilo al llegar a territorio de un país de la UE y luego vincula todo el sistema de asilo a ese país al que se llegó. Esto refleja la falta de solidaridad entre los propios Estados miembros, como se vio en el fracaso del tímido intento de la Comisión Europea para establecer cuotas obligatorias de reubicación de los refugiados llegados a Italia y Grecia en 2015 es elocuente.

La solución, en el caso de la respuesta europea ante la existencia de centenares de miles de personas que intentan obtener refugio en nuestros países (una gota, comparada con el número de los que lo plantean en los países mas próximos a los suyos: Pakistán, Jordania, Líbano, Siria, Turquía, Uganda, etc.) pasa por un verdadero sistema común, coordinado, con estándares homogéneos de protección y con cuotas obligatorias, solidarias, de reparto de esos refugiados.

Pero el desafío es aún mayor respecto a lo que se nos viene encima: los refugiados o desplazados (algunos se empeñan en llamarlos migrantes) climáticos, las millones de personas que cada vez de forma más significativa se verán obligados a huir de sus países, devastados por las consecuencias del cambio climático.

SF: El derecho humano a disfrutar de un medio ambiente saludable y no degradado no ha sido recogido como derecho hasta la tercera generación, y aunque en las sucesivas Cumbres y Conferencias de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se han aprobado distintos documentos, estrategias y declaraciones, estas medidas resultan insuficientes. ¿Cómo podemos proteger la salud ambiental frente al negacionismo sobre el cambio climático de los países que más contribuyen al deterioro ambiental, y cómo defender los derechos de los más vulnerables, de aquellos que menos han contribuido al problema?

JL: Lo cierto es que el fracaso de las sucesivas cumbres en las que se ha tratado de afrontar la enorme amenaza del cambio climático, el riesgo para el desarrollo sostenible que cada vez está más presente, hace muy difícil responder a esa cuestión e incluso llegar a atisbar cómo frenar la degradación propia de lo que algunos llaman el Antropoceno. Me parece que necesitamos un enorme esfuerzo educativo y de comunicación y no sólo acciones políticas, sin duda urgentes. Lo que sucede es que, desde la cumbre sobre el clima y el cambio climático celebrada en Paris en junio de 2016, no hemos dejado los pasos de tortuga, en lugar de las verdaderas decisiones necesarias. Lo acabamos de comprobar en estos días de diciembre en la COP24 de 2018, la cumbre del clima en Katowice que debía servir para desarrollar el acuerdo de París en la década de los 20, cuando se aborda el momento decisivo de aplicación. Insisto: necesitamos un enorme esfuerzo educativo para entender que vivimos un desafío civilizatorio, y para comprender también que no sólo se trata de decisiones políticas globales (para las que no existe consenso ni voluntad política suficientes), sino también que desde nuestra vida cotidiana está a nuestro alcance adoptar decisiones relativamente sencillas que pueden ayudar a revertir ese horizonte cada vez más próximo. Ese esfuerzo está bien formulado en los objetivos de la Agenda 2030 pero no puedo extenderme ahora en glosar ese programa que debiera constituir la prioridad en la agenda de derechos humanos de cualquier gobierno.

SF: El artículo 25 de la Declaración habla del derecho a un nivel de vida adecuado que asegure la salud y la asistencia médica, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda y la protección a la maternidad y a la infancia. Derecho que vuelve a ser recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cómo podemos proteger jurídicamente un “nivel de vida digno” en un contexto de crisis ecosocial como el actual? ¿qué sugerirías?

JL: Vasta cuestión… Las posibles sugerencias chocan con una primera dificultad evidente: la ausencia de voluntad para tomar en serio los derechos económicos, sociales y culturales, que son la respuesta a la satisfacción de las necesidades primarias sin las que la noción de vida digna carece de sentido. Vivimos en un mundo dominado por la ideología neoliberal de mercado global: «Es el mercado, amigos, no los derechos», podemos escuchar en alguna grosera versión del certero dictamen de Adam Ferguson en su Ensayo sobre la historia de la sociedad civil (1767) en el que apuntó la línea de colisión entre la lógica del mercado y la lógica de lo público, la que estaría guiada por la democracia, por los derechos. Lo que son los derechos vinculados a las necesidades básicas se quieren convertir, se han convertido ya en buena medida en mercancías sujetas a la capacidad adquisitiva, no en bienes comunes que los Estados deben garantizar por encima de los intereses que guían los mercados.

En consecuencia, mi primera propuesta es trabajar en una cultura de los derechos que nos haga conscientes de cuáles son las prioridades a garantizar. Y ahí, sin duda, lo primero es la satisfacción de esas necesidades básicas, comenzando por la defensa de la vida, de lo que nos da vida, que es el primer imperativo: nuestro planeta. Afrontar también el reto de que ya no podemos seguir pensando en el trabajo como núcleo del vínculo social, en un mundo en el que la noción de trabajo estable, la misma categoría de jornada de trabajo y de trabajador, deja de tener sentido ante la transformación tecnológica.

Creo que el programa global de la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se complementa con 169 metas asociadas a ellos y que arrancan de la prioridad de prioridades, la defensa de la vida, es hoy una buena agenda de prioridades en eso que podemos llamar la inacabable lucha por los derechos.

Acceso a la entrevista (PDF): Revisar los Derechos Humanos en clave ecosocial.

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